La historia se repite. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar el número de magistrados de 20 a 32.

Tras un cambio que en 2022 redujo la cantidad a la veintena original, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32, blindando la mayoría chavista en una institución clave para el control del poder en Venezuela.

¿Por qué Chávez incrementó el número de miembros de la Sala Plena? El 11 de abril de 2002, el difunto comandante sufrió un golpe de Estado que lo sacó de Miraflores por unas 48 horas.

En agosto de ese mismo año, con una votación de 11 a 9, la mayoría del máximo juzgado determinó que el hecho no había sido una rebelión sino un “vacío de poder” que se había provocado por la supuesta renuncia del Presidente, lo que exoneraba a los jefes militares involucrados de ser procesados.

El líder revolucionario montó en cólera. “Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen moral, son unos inmorales. Lo que pusieron fue una plasta”, bramó.

En ese momento sobre el TSJ ejercía una gran influencia Luis Miquilena, mentor del propio Chávez y quien desde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente había intervenido directamente en la “remodelación” de los poderes públicos. Miquilena rompió públicamente con Chávez el mismo 11 de abril.

Tan pronto se alteró la composición del máximo juzgado, en marzo de 2005, la Sala Constitucional anuló el fallo que había favorecido a los oficiales relacionados con el golpe.

Alineados

En 2022, el chavismo decidió regresar a los 20 magistrados en el TSJ “a los fines de fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”, según plasmaron en la exposición de motivos de la reforma de la ley.

El resultado de esta transformación fue un máximo juzgado hecho a la imagen y semejanza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunciaron actores políticos y organizaciones civiles. Varios de los jueces tenían vínculos directos con la pareja presidencial, incluidos los presidentes de las salas Social, Edgar Gavidia Rodríguez, y Penal, Elsa Gómez, el primero hermano del ex esposo de Flores y la segunda tía de la ex esposa de un hijo de Flores.

El ataque de Estados Unidos del 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y Flores, ha dado pie a un “nuevo momento político”, en palabras de Delcy Rodríguez. Esta etapa vendría marcada por la renovación de las instituciones. La Asamblea Nacional ya nombró a un nuevo fiscal general, Larry Devoe, ficha cercana a la mandataria interina, que reemplazó en el cargo a Tarek William Saab, fiel a Maduro.

Si hace cuatro años el chavismo justificó la disminución de magistrados invocando “eficiencia, eficacia y efectividad”, en estos momentos aúpan el aumento declarando que es “una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

No más

“Se plantea nuevamente elevar el número de magistrados a 32, un cambio meramente cuantitativo que no implica una reforma significativa en un Poder Judicial que ni es autónomo ni es independiente”, reaccionó la ONG Acceso a la Justicia tras conocer el proyecto aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista.

Esta asociación civil recuerda que “varias veces se ha cambiado la composición del TSJ y la situación de la justicia no ha hecho sino empeorar: ¿por qué ahora sería diferente?”. “Aumentar el número de magistrados no es la solución a los gravísimos problemas del Poder Judicial, la solución es elegir magistrados imparciales”, sostiene.

En la misma línea, la ONG Provea expresa tajante: “No necesitamos más magistrados en el TSJ”. “Necesitamos que actúen con independencia, apegados a la Constitución y con su obligación de garantizar justicia conforme al derecho”, exige Provea, al advertir que “una reforma que no parta de estos principios no transforma el sistema, lo maquilla”.

Nuevos jefes

La fracción opositora en el Parlamento dijo verse sorprendida por la propuesta chavista, entregada apenas una hora antes de la primera discusión que se llevó a cabo el martes 5 de mayo.

“Claro que debemos avanzar hacia una reforma del sistema judicial venezolano, pero esa transformación tiene que construirse con responsabilidad, equilibrio y absoluto respeto constitucional”, manifestó el diputado Stalin González, jefe de la bancada que salvó su voto.

El abogado y profesor universitario Rafael Chavero Gazdik observó que “el aumento o reducción de magistrados del TSJ debe atender a criterios técnicos y estadísticos serios” como “número de sentencias, plazos de decisión y causas pendientes, entre otros. Nada de eso vimos en el debate de la AN”.

Chavero Gazdik alerta que este movimiento promovido por Delcy Rodríguez “huele a un nuevo ‘court-packing’”, término que se refiere a la manipulación del número de jueces para favorecer al gobierno en funciones.

La llegada de Bayly a la Feria Internacional del Libro de Bogotá marcó el retorno del autor a la narrativa política, con la presentación de una obra que revive el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela.

El escritor y periodista peruano aseguró que lleva más de veinte años con esta historia en la cabeza. El resultado es una novela de 200 páginas publicada por Galaxia Gutenberg y lanzada de forma simultánea en todos los países de habla hispana.

La publicación de Los golpistas de Jaime Bayly representa un nuevo abordaje ficcional sobre las luchas de poder en Venezuela, al explorar tanto los golpes de Estado como la figura de Hugo Chávez y su condición de “golpista serial”. Bayly califica a los protagonistas del golpe de 2002 como “amateurs”, resaltando la improvisación y las contradicciones que marcaron ese intento fallido de derrocar a Chávez en el Palacio de Miraflores.

“Los golpistas”, la novela de Jaime Bayly, narra de manera crítica e irónica los intentos de golpe de Estado en Venezuela, centrándose en el fracasado derrocamiento de Hugo Chávez en 2002 y en los propios levantamientos de Chávez en 1992. El autor analiza las motivaciones cruzadas en el golpe contra Chávez, en el que, asegura, intervinieron militares, curas, empresarios y políticos, y subraya el papel clave de Fidel Castro en el destino venezolano.

“Mi vida ahora es tan feliz, tan predecible, tan plácida, tan aburguesada, que ya no encuentro en mi propia vida historias para novelar, porque la felicidad no da buena literatura”, confiesa Bayly sobre el origen de su libro. El escritor plantea: “He partido de un interrogante: ¿por qué el golpe que le dieron a Chávez en 2002 triunfó el primer día y fracasó al tercer día?”

Bayly explica que la trama central no solo abarca el golpe contra Chávez, sino también los dos golpes que el propio Chávez intentó en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, un mandatario al que el autor califica de impopular pero de origen democrático.

“No solo alude a los golpistas que durante tres días asaltaron el poder en Venezuela… También alude a los otros golpistas, a Chávez y a su banda de golpistas”, explica el autor.

Sobre el golpe contra Chávez, Bayly recuerda que durante años entrevistó en su programa de televisión en Miami a figuras de la vida politica venezolana como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Antonio Ledezma o Henrique Capriles; escritores y periodistas, como el dueño de El Nacional, Miguel Enrique Otero, tratando de descubrir por qué fracasó, pero si encontrar una explicación satisfactoria.

Asegura que fueron finalmente militares venezolanos retirados y exespías —“aunque yo creo que no hay tal cosa como un exespía”, acotó— quienes le aportaron las claves que necesitaba para armar el rompecabezas.

El golpe de Estado de 2002 y los golpistas según Bayly

Bayly describe a los involucrados en el golpe de 2002 como “aficionados”, desprevenidos ante su propia osadía y sin un plan definido para el futuro. “Eran, por lo visto, no unos golpistas profesionales, y Chávez sí que lo fue, y Fidel Castro mucho más, sino unos golpistas amateurs, aficionados”, apunta el escritor.

Bayly ironiza sobre la ineficacia de militares y civiles implicados: “No sabían qué hacer con Chávez. Tampoco sabían cuál de esos generales obesos, muy gordos, mucho más que yo, y esto ya es decir…, debía ser el jefe o el presidente interino de la Junta de Gobierno Militar”. Rememora las disputas internas y la falta de liderazgo, factores que, asegura, se vieron agravados por las presiones y amenazas telefónicas de Fidel Castro desde La Habana.

Uno de los ejes narrativos más potentes de la obra es la figura de Fidel Castro y su intervención directa durante la crisis. Según la reconstrucción de Bayly, fue Castro quien llamó uno a uno a los generales golpistas para amenazarlos: “Ustedes matan a Chávez, yo voy a mandar a mis agentes y los van a matar a todos ustedes, uno a uno, y luego a sus hijos y a sus mujeres y a sus madres”.

Chávez, Fidel Castro y el entorno golpista

Desde la perspectiva de Bayly, Hugo Chávez no solo fue víctima de un intento de golpe, sino también un golpista él mismo. “Chávez era un golpista serial, un golpista que, por lo menos, tramó y ejecutó dos golpes de Estado, ambos el año 92, contra un presidente impopular, pero de origen democrático, Carlos Andrés Pérez”.

Insiste el periodista y novelista en que el ascenso y supervivencia de Chávez se deben en gran parte a la influencia de Fidel Castro. “Chávez evidentemente era un discípulo de Fidel Castro… Fidel le dice: ‘Tienes que fundar un partido, presentarte como candidato y vas a arrasar, porque el pueblo te ama’”.

Tras ser indultado en 1994, Chávez viaja a La Habana, donde recibe instrucciones del líder cubano para, asegura el periodista peruano, alcanzar el poder mediante elecciones y luego desmantelar la democracia desde dentro. “Olvídate de dar golpes de Estado. Tienes que fundar un partido, presentarte como candidato y vas a arrasar, porque el pueblo te ama”, le dijo Castro a Chávez, según Bayly.

Baduel, traiciones y el desenlace trágico

La novela termina con la historia del general Raúl Baduel, el único oficial que se negó a sumarse a la conspiración de 2002 y que fue quien rescató a Chávez de la isla de La Orchila para devolverlo al poder.

Años después, Chávez lo envió a prisión, convencido de que Baduel aspiraba a la presidencia. Murió encarcelado. “Eso describe bien la catadura moral de Chávez, afirmó Bayly.

El destino de Baduel ejemplifica para el autor la traición y el tono trágico de los protagonistas de esta historia. Chávez, temiendo que Baduel se convirtiera en un rival político, terminó tomando represalias siguiendo la lógica de Fidel Castro, quien no dudaba en apartar del camino a sus competidores más cercanos.

La visión de Bayly sobre los golpes de Estado en Venezuela combina acidez, sarcasmo y profundidad analítica. “He querido, como digo, describir unos golpes, pero, sobre todo… recrear la vida golpista de Hugo Chávez”, señala el autor. Matiza, además, que el humor del libro es un recurso estilístico, sin restar seriedad a los acontecimientos retratados.

Bayly también apuntó que el fracaso de la conspiración de 2002 privó a Venezuela de una salida democrática. Los golpistas podrían haber convocado elecciones en tres meses, con participación chavista pero sin Chávez como candidato. “Estamos hablando de casi veinticinco años”, dijo, en referencia al tiempo transcurrido desde entonces sin que Venezuela haya recuperado un gobierno libre y legítimo.

Jaime Bayly describió su novela como una crónica de insubordinaciones trágicas y dolorosas de consecuencias profundas: tres golpes de Estado, dos en 1992 y uno en 2002, que precipitaron la consolidación del chavismo y de una democracia fulminada desde dentro.

La estrecha relación con el odiado “imperio”. El retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI). Una amnistía que se le ha atragantado a los sectores más radicales. Y, por supuesto, las sospechas de traición sobre lo ocurrido el 3 de enero. El chavismo ha sufrido demasiadas cosas en apenas cuatro meses.

En distintas intervenciones públicas, el ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha reconocido que la reconciliación con el FMI ha caído mal entre sus filas. “A algunos chavistas no les gustó porque inmediatamente van al facilismo de pensar que nos queremos endeudar”, admitió Cabello.

El principal agitador mediático del oficialismo, Mario Silva, histórico azote de la oposición venezolana, ha sido tendencia en redes, pero por sus cuestionamientos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “Al comandante (Hugo Chávez) lo están borrando, sobre todo cuando el comandante era tan contundente con relación a que nosotros somos una nación antiimperialista, soberana y bolivariana”, fustigó Silva.

La cúpula cívico-militar del régimen ha evitado debatir públicamente los detalles que rodearon el ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero. Sin embargo, el portal chavista La Tabla ofreció su propia interpretación al afirmar que la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fue posible por la “inacción radical de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Esa “inacción radical” la define como la “abstención deliberada o estructural del alto mando para activar capacidades disponibles frente a una amenaza identificada y neutralizable. No es falta de recursos. Es parálisis decisoria”.

Consciente de las resistencias que genera la Ley de Amnistía dentro de la revolución, el jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, advirtió: “En el chavismo y en la oposición debemos tener sabiduría del momento político que afrontamos. Que nadie confunda esta iniciativa del Ejecutivo con impunidad y cartas blancas”.

Delcy Rodríguez dio por finalizada la aplicación del instrumento legal el 23 de abril y al día siguiente el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la norma, aclaró que continuaba vigente. Los defensores de Derechos Humanos subrayaron la aparente contradicción y exigieron respeto al texto.

Largo camino

En su condición de antiguo miembro del buró político del comité central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Carlos Aquino apoyó a Chávez. No obstante, siempre mantuvo una perspectiva crítica y por ello considera que para analizar las tensiones actuales, deben revisarse los eventos que precedieron al ataque del 3 de enero.

“Ya desde 2009 el chavismo no atraía a nuevos adeptos y cada vez más aumentaba la desmotivación en las bases ante un proyecto que se evidenciaba personalista, autoritario y demagógico”, sostiene Aquino, quien observa que “el progresivo desgaste del chavismo, iniciado en los últimos años de gobierno de Chávez, tuvo un punto de inflexión durante el período más agudo de la crisis económica entre 2016 y 2018”.

El ex director de Tribuna Popular, órgano divulgativo del PCV, indica que “frente a la pérdida de apoyo popular y a la constatación de que el chavismo era minoría, situación que quedó en evidencia tras la derrota en las parlamentarias de diciembre de 2015, el gobierno arreció su esencia autoritaria e inescrupulosa”.

Giro sorpresivo

Aquino considera que las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin presentar las actas de escrutinio, marcaron un punto de inflexión en la crisis política venezolana.

Apunta que tras aquel proceso, el líder chavista comenzó un tercer mandato con “grandes debilidades institucionales, políticas y de legitimidad, y con enorme fragmentación en los restos de las bases chavistas”.

La ausencia de respuesta ante el ataque del 3 de enero “demostró que toda la histórica verborrea del liderazgo chavista sobre ‘la defensa de la patria’, ‘las capacidades militares’ y ‘la unidad cívico-militar’ es un discurso vacío, aire caliente para elevar egos e inflar imágenes publicitarias”, resalta el comunista.

Delcy Rodríguez dice que Venezuela entró en un “nuevo momento político”. Aquino cree que la mayoría del país duda de la sinceridad de ese planteamiento, que respondería más a la presión de Estados Unidos que a un acto de contrición de la cúpula.

“Además, la presidenta encargada no ha sido discreta en mostrar su distanciamiento con sectores del PSUV y su preferencia hacia el grupo encabezado por su hermano, todos, desde los tiempos de Chávez, en constante -aunque casi siempre discreta- pugna por espacios de influencia y de poder político y económico”, manifiesta Aquino.

A flote

Nicmer Evans pasó de militante a preso político del chavismo. Hasta en dos ocasiones fue detenido. La última vez ocurrió el 13 de diciembre de 2025 y recobró la libertad un mes después. Politólogo y director de una página web, argumenta que las contradicciones en el seno del chavismo son “evidentes” y en buena medida provocadas por la forma en que Delcy Rodríguez accede a la Presidencia.

“Se trata de un hecho de fuerza, sobrevenido, que ha generado muchísimas dudas y sospechas de traición, razón por la cual pierden el control hegemónico de las fuerzas y del discurso”, recalca el analista.

Evans nota que en sectores de base y medios del oficialismo avanza un “profundo resquebrajamiento”, que se expresa a través de las redes sociales y medios digitales.

“Delcy Rodríguez intenta rescatar los valores del chavismo y darle continuidad al madurismo, pero está sometida a un tutelaje que presiona y exige que haya una serie de cambios para acceder a recursos, que es el objetivo fundamental del gobierno en estos momentos”.

El comunicador subraya que el chavismo no solo se está desdiciendo en temas como el FMI, cosa que “le obliga a hacer maromas con su narrativa”, sino que incluso está probando con otros colores, simbolismo “y hasta robando elementos de significación de María Corina Machado -líder de la oposición- como el uso del crucifijo”.

“Todo eso genera un ruido intenso en las bases y cuadros medios, especialmente entre quienes dicen estar dentro de un proceso revolucionario o aquellos que tratan de ser medianamente coherentes”, puntualiza Evans, quien concluye que “está colapsando un proyecto que es inviable y tiene dificultades para sostenerse en el tiempo por sus contradicciones”.

Según trascendió, el lugar dejó de exhibir retratos y referencias al ex jefe de Estado argentino. La decisión modificó uno de los ámbitos internos del palacio presidencial que había sido incorporado como parte de la simbología política entre Caracas y Buenos Aires.

El salón había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011, en el marco de una visita oficial de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner a Venezuela. En esa jornada, la mandataria mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.

Tras la reunión, ambos encabezaron el acto de inauguración del espacio, que desde ese momento llevó el nombre del ex presidente argentino. “Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!”, expresó Chávez durante la ceremonia.

Por su parte, Fernández de Kirchner agradeció el homenaje y lo definió como “este gesto de amor”. En ese contexto, sostuvo: “Es un honor que la Sala de Acuerdos de ministros del gobierno de Venezuela lleve, no solamente el nombre, sino sus imágenes... Es muy fuerte”.

Durante esa visita oficial, los mandatarios desarrollaron una agenda conjunta que incluyó la firma de acuerdos de cooperación en áreas comercial, industrial, científica, de vivienda y educativa. Los convenios fueron suscriptos por funcionarios de ambos gobiernos tras el encuentro en el despacho presidencial.

El denominado “Salón Néstor Kirchner” formó parte desde entonces de los espacios utilizados para reuniones y actividades oficiales dentro del Palacio de Miraflores. Su denominación y características respondieron al vínculo político entre ambos gobiernos en ese período.

Hasta diciembre de 2025, el lugar se mantuvo con imágenes y elementos vinculados al ex presidente argentino, lo que reflejó la continuidad del homenaje dentro de la sede gubernamental venezolana.

Las publicaciones difundidas por la cuenta oficial de la presidencia venezolana permiten observar los cambios en ese ámbito entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026. En una imagen del 26 de diciembre de ese año, en la que aparece Nicolás Maduro, todavía se veían distintos elementos asociados a Kirchner y a la Argentina.

En ese registro se distinguían una frase atribuida al ex mandatario, una pintura en la que aparecían Chávez y Kirchner —réplica de un cuadro realizado por el propio líder venezolano—, otra obra con la imagen del ex presidente argentino sobre fondo celeste y blanco, además de objetos vinculados a la historia regional y símbolos argentinos.

También se observaban fotografías de Chávez junto a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, imágenes con Luiz Inácio Lula da Silva y reproducciones de retratos históricos, entre ellos uno de José de San Martín.

Una nueva imagen difundida el 4 de enero, correspondiente a una reunión de Rodríguez con su gabinete, mostró un escenario distinto. En esa instancia ya no estaban los objetos ni las imágenes vinculadas a Kirchner o a la Argentina, y en la pared principal solo se veían fotografías de Chávez, de Maduro junto a Cilia Flores y una imagen de Simón Bolívar.

Las paredes laterales conservaron su tonalidad celeste y blanca, mientras que la mesa ovalada continuó ocupando el centro del salón, tal como en las imágenes anteriores.

Luego de ese registro no se publicaron nuevas fotos del lugar durante varias semanas. Recién el 13 de marzo se difundió otra imagen del mismo espacio, en la que se evidenció un cambio más amplio: desaparecieron los elementos asociados a la Argentina y el salón presentó paredes completamente blancas, con excepción de un sector decorado en el fondo.

En esa última imagen se mantuvieron sin modificaciones el techo, la mesa central y el piso, mientras que el resto del ambiente mostró una configuración distinta a la que había tenido durante años.

En medio de la disputa pública entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República por el reciente ajuste en la tasa de interés, un video desempolvado en redes sociales recordó las declaraciones del fallecido dictador de Venezuela Hugo Chávez desatando una ola de críticas en el escenario político colombiano.

El material, citado por el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, en la red social X, introdujo un ángulo inesperado en una discusión marcada por la tensión entre el Ejecutivo y el emisor colombiano.

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El clip muestra al fallecido mandatario cuestionando la autonomía de los bancos centrales en contextos de gobiernos socialistas. El punto central del video es la afirmación de Chávez de que un banco central no puede operar con independencia bajo un modelo socialista.

Las palabras de Chávez retumbaron en redes luego de que Mac Master compartiera el fragmento para advertir sobre los riesgos de eliminar la autonomía del banco emisor.

La referencia directa al contexto venezolano y la crítica a la intervención política en los organismos monetarios se situaron en el centro de la conversación digital.

“Esto decía Hugo Chávez Frías cuando quería terminar de apropiarse del poder, supuestamente ‘a nombre del pueblo’. No solo lo utilizó, sino que lo empobreció como nadie”, escribió Mac Master en su cuenta, acompañando el mensaje con el video del expresidente venezolano.

En el registro audiovisual, Chávez planteó: “¿Cómo es ese manejo de un banco central autónomo que ahora se acaba su autonomía en la roja rojita? No puede ser el banco central autónomo”.

Más adelante, insistió en que la independencia del banco contradice la esencia del socialismo, expresando: “No puede ser autónomo como lo sigue siendo en Venezuela, a pesar de que su presidente hoy, un eminente venezolano, y su directiva conformada por venezolanos honestos, han estado dando un viraje allí y cooperando con nosotros. Pero todavía falta cambiar la constitución, porque ahí quedó sembrado el principio neoliberal de que el banco central es autónomo. No puede ser autónomo”.

El intercambio entre el ejecutivo del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República se intensificó tras la decisión de subir la tasa de interés, lo que generó cuestionamientos desde el Gobierno.

El uso del video de Chávez por parte de Mac Master buscó alertar sobre las consecuencias de intervenir en el funcionamiento autónomo de los bancos centrales, recordando el caso venezolano como advertencia.

Esto dijo Gustavo Petro por desacuerdos con el Banco de la República: “Es una posición política de oposición”

El presidente Gustavo Petro cuestionó el papel de la junta directiva del Banco de la República tras la decisión de mantener altos los tipos de interés.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario afirmó: “La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros”. Petro sostuvo que estas políticas “ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”.

El presidente planteó que “es una posición política de oposición” y criticó la lógica que asocia la inflación únicamente con la emisión monetaria.

“La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos”, señaló Petro, quien viene defendiendo que el fenómeno inflacionario reciente responde más a factores de oferta que a variables monetarias.

Además, Petro advirtió que la subida de las tasas de interés “solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda”. El jefe de Estado advirtió que estas medidas “buscan por allí un colapso fiscal”.

Las declaraciones surgen en medio de una discusión nacional sobre el rumbo de la política monetaria, en un contexto donde el gobierno y el banco central mantienen posturas enfrentadas sobre el impacto de las tasas en la economía real y el bienestar social.

El presidente colombiano Gustavo Petro reiteró su preocupación por la falta de garantías democráticas en Venezuela, recordando que, junto con Brasil, optó por no reconocer el triunfo electoral de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024, de acuerdo con información publicada por diferentes medios. Petro señaló que desde ese momento se interrumpió cualquier contacto personal con el mandatario venezolano, subrayando que la decisión respondió a fuertes dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

Según consignó el medio, Petro argumentó que las elecciones celebradas en Venezuela no fueron libres, destacando que se llevaron a cabo bajo el marco de sanciones impuestas por Estados Unidos. El jefe de Estado colombiano sostuvo que el pueblo venezolano votó "bajo extorsión de hambre", debido a las difíciles condiciones económicas agravadas por las restricciones internacionales. Petro criticó la exclusión de figuras prominentes de la oposición, haciendo referencia directa a la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado, lo que, a su juicio, impidió una verdadera competencia democrática en el país vecino.

En sus declaraciones, Petro relató que mantuvo una conversación directa con Maduro, en la cual le transmitió la necesidad de acatar la voluntad popular. Petro aseguró haberle dicho al líder venezolano que debía someterse a la decisión de la ciudadanía y, en caso de derrota, prepararse para ejercer la oposición, recordando la experiencia colombiana, marcada por décadas de alternancia política en medio de situaciones adversas. Petro expresó que tanto Maduro como su círculo cercano tenían una fuerte dependencia del poder y del sector petrolero, describiendo esa actitud como un "embrujo petrolero" que, según palabras del presidente colombiano, dificultó una transición pacífica y el abandono de la presidencia tras los comicios.

De acuerdo con la información difundida, Petro también lamentó que Maduro no hubiera logrado desligarse de la dependencia petrolera, ni continuar con la revolución iniciada por el expresidente Hugo Chávez. El presidente colombiano defendió que en Colombia se está apostando por un desarrollo alejado de los hidrocarburos, afirmando que la renta petrolera no contribuye a la creación de socialismo ni riqueza, sino que genera conflictos y tensiones internacionales.

El intercambio de opiniones entre Petro y uno de sus exfuncionarios, Luis Gilberto Murillo, también fue motivo de atención. En una reciente entrevista, Murillo, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y ahora es candidato presidencial, consideró que Petro era consciente de que Maduro no había obtenido la victoria de manera legítima. Según reportó el medio, Murillo explicó que Petro eligió actuar con cautela, privilegiando una vía negociada frente a la crisis venezolana para evitar que la situación escalara hacia un conflicto mayor.

Ante estas declaraciones, Petro defendió su postura afirmando que desde el inicio existían serios cuestionamientos sobre la integridad de las elecciones venezolanas, lo que lo llevó a tomar públicamente la distancia política junto con Brasil. Petro enfatizó en repetidas ocasiones que esas elecciones no ofrecieron condiciones de participación equitativas para todos los sectores, y que la respuesta internacional debía priorizar el diálogo y la búsqueda de consensos para evitar mayores desestabilizaciones en la región.

En el contexto actual, Petro propuso que Venezuela atraviese un periodo de transición política, durante el cual se establezcan mecanismos de gobernabilidad y se fomente el diálogo entre las distintas fuerzas. El mandatario colombiano ofreció su colaboración a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el fin de contribuir a la estabilidad del país y de promover un clima de confianza entre los diferentes sectores venezolanos, según detalló la fuente. Petro agregó que considera clave facilitar un escenario institucional en el que todos los actores puedan alcanzar acuerdos para el futuro de Venezuela.

La junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificó esta semana a Asdrúbal Chávez como presidente de sus tres filiales en Estados Unidos —PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum—, según un documento al que tuvo acceso Reuters. El nombramiento llega días después de que la administración de Donald Trump reconociera formalmente al régimen encabezado por Delcy Rodríguez, y abre un nuevo frente de incertidumbre sobre el futuro de la séptima refinadora más grande del país norteamericano por volumen procesado.

El movimiento de Caracas tiene un obstáculo inmediato: Chávez y su equipo necesitan una autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para asumir el control efectivo de la refinadora. Sin esa licencia, las sanciones vigentes sobre Venezuela bloquean cualquier transferencia real de mando. El abogado José Ignacio Hernández, experto en derecho constitucional y administrativo, advirtió este martes que el reconocimiento diplomático a Rodríguez “deja a salvo los controles derivados de la regulación de sanciones económicas”, según publicó en la red X. El reconocimiento político y la autorización regulatoria son, en ese sentido, dos procesos separados.

No es la primera vez que Chávez choca con ese muro. El directivo fue presidente interino de Citgo entre noviembre de 2017 y enero de 2019, hasta que Washington le revocó la visa por su presunta vinculación con actos de corrupción y violaciones de derechos humanos en Venezuela, según la OFAC. Primo del fallecido presidente Hugo Chávez, Asdrúbal acumula cuatro décadas en la industria petrolera estatal: fue viceministro de Petroquímica, ministro de Petróleo y Minería entre 2014 y 2015, y presidente de PDVSA entre 2020 y 2023. Su carrera ascendió bajo la sombra de su primo y sobrevivió a los sucesivos cambios de guardia en la cúpula chavista.

La ratificación de Chávez se enmarca en un proceso de reconfiguración más amplio del aparato petrolero venezolano. La junta directiva de PDVSA, encabezada por Héctor Obregón, también fue ratificada en el mismo movimiento. Nelson Ferrer, Alejandro Escarrá y Ricardo Gómez fueron incorporados como directores en las tres filiales estadounidenses. No quedó claro si el gobierno de Rodríguez ya solicitó ante el Tesoro una nueva licencia para habilitar a Chávez y a estos directivos.

El contexto diplomático que rodea la designación es inédito. El 7 de marzo, Trump reconoció públicamente al régimen venezolano en una cumbre celebrada en Miami con líderes de la derecha latinoamericana. Días después, el Departamento de Estado notificó formalmente a la Justicia estadounidense —a través de una carta del encargado para América Latina, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton— que reconoce a Rodríguez como “la única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela”. La carta también mencionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, suspendidas desde 2019, y un acuerdo sobre oro venezolano valorado en 165 millones de dólares. Rodríguez agradeció el gesto y lo calificó como “el reconocimiento a un país”.

El problema de fondo, sin embargo, trasciende la cuestión de las sanciones. Citgo enfrenta un proceso judicial que amenaza con quitarle la propiedad a Venezuela de manera definitiva. Un tribunal federal de Delaware, supervisado por el juez Leonard Stark, aprobó en noviembre de 2025 la venta de PDV Holding —la matriz estadounidense de Citgo— a Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares. La operación surgió de una subasta organizada para saldar deudas venezolanas con hasta 15 acreedores internacionales, entre ellos las mineras Crystallex y Rusoro, y la petrolera ConocoPhillips, que litigan desde 2017 por expropiaciones e impagos. Evercore, firma asesora del tribunal, valoró Citgo en unos 13.000 millones de dólares; Venezuela argumentó que supera los 18.000 millones.

La venta aún no se ha materializado. La transacción requiere aprobación de la OFAC y de otros reguladores financieros, y Amber Energy prevé cerrarla a lo largo de 2026. Si el Tesoro aprueba el traspaso, la propiedad de Citgo cambiaría de manos y el nombramiento de Chávez quedaría sin efecto práctico. Es esa doble espera —la autorización para dirigir la empresa y la decisión sobre su venta— la que convierte el movimiento de Caracas en una apuesta de resultado incierto.

De acuerdo con la información difundida por Foro Penal, la última semana mostró una serie de decisiones judiciales que negaron la aplicación de la amnistía a personas que, según la organización, cumplen con los criterios exigidos por la ley. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la entidad, expresó que los jueces que se oponen a la excarcelación de estas personas “están desconociendo la ley y además la orden (que es una orden, no una 'sugerencia') que les dio la AN el 19 de febrero de 2026”. Esta situación ocurre a pesar de los anuncios oficiales sobre los avances en el proceso de liberación de detenidos en el contexto de la ley de amnistía.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó en sus redes sociales que desde el 8 de enero de 2026 se han registrado 690 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Según lo publicado por la organización, este proceso responde al anuncio formal realizado por parte de las autoridades venezolanas en esa fecha, cuando se hizo público el comienzo de las liberaciones en el marco de una nueva legislación.

Según informó Foro Penal, la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2026 establece la posibilidad de otorgar la libertad a personas condenadas por delitos, o bajo proceso penal, por hechos que ocurrieron desde el año 1999. De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, hasta el momento han ingresado 1.557 solicitudes de amnistía relacionadas con esta disposición. El Ejecutivo también calcula que la amnistía ha posibilitado la “libertad plena” para más de 7.365 personas desde su entrada en vigor.

La norma jurídica se aplica a trece eventos identificados en el artículo 8 del texto. Entre estos, se incluyen episodios como el golpe de Estado ocurrido en abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y una serie de manifestaciones antigubernamentales desarrolladas en años siguientes: 2007, 2013, 2017 y 2024. De acuerdo con el Gobierno venezolano, estos hechos constituyen el listado principal de causas beneficiadas por la medida de excarcelación.

El medio que detalló la información expone que, pese a la cifra de liberaciones y al avance en la aplicación de la amnistía, existen denuncias sobre la falta de cumplimiento por algunos jueces encargados de ejecutar la ley. Tal como resaltó Himiob, la orden de la Asamblea Nacional a favor de la amnistía ha sido desatendida en casos donde los beneficiarios cumplen de forma clara los criterios exigidos.

A pesar del volumen de solicitudes y de las cifras divulgadas por las autoridades, el seguimiento realizado por Foro Penal muestra que persisten casos de personas que reúnen los requisitos legales, pero que no han alcanzado la libertad debido a decisiones judiciales que, según la ONG, “indiscutiblemente” contradicen la normativa y la disposición oficial.

Las cifras oficiales y la información publicada por Foro Penal reflejan un proceso en evolución en torno a la aplicación de la ley de amnistía y las excarcelaciones en Venezuela. El seguimiento realizado por organizaciones civiles y las declaraciones de sus representantes permiten evidenciar tanto el alcance del proceso como los desafíos derivados de su cumplimiento en los ámbitos judicial y administrativo.

La polémica por la grabación de una película en homenaje al almirante José Prudencio Padilla, para la que se destinaron cerca de USD 4 millones y que incluye la participación del presidente de la República, Gustavo Petro, en el reparto, generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Entre los comentarios, destacó la comparación del mandatario colombiano con el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez Frías, que rápidamente se difundió en las plataformas digitales.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fue uno de quienes comparó al mandatario colombiano con el exjefe del régimen venezolano. La referencia se centró en el uso de recursos públicos para megaproducciones cinematográficas: así como Gustavo Petro destinó fondos nacionales a la película protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., Hugo Chávez también empleó recursos estatales para financiar este tipo de proyectos.

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Lafaurie, que recientemente fue noticia por su decisión de abandonar el Centro Democrático y recalar en Salvación Nacional, calificó la reciente apuesta del Gobierno por la película sobre el Almirante Padilla como una estrategia tomada de la experiencia venezolana, replicada “sin disimulo” en medio de la crisis nacional: en la que se han decretado dos emergencias económicas en los últimos tres meses y el desempeño fiscal del país pasa por momento crítico.

“El mismo libreto... No disimulan”, fue el corto, pero contundente mensaje de Lafaurie, que replicó un artículo de 2007 del diario inglés The Guardian. Para el dirigente gremial, la similitud radica, precisamente, en que ambos destinaron sumas millonarias del presupuesto estatal a proyectos de este tipo en los que tuvieron algún tipo de injerencia, pues al otro lado de la frontera el beneficiado con un presupuesto astronómico fue el reconocido actor Danny Glover.

El parangón de Petro con Chávez: Cuba Gooding Jr. y Danny Glover

El caso venezolano durante el periodo de Chávez se toma como referencia, en este caso, para analizar la situación colombiana. La Asamblea Nacional del país fronterizo, que es el órgano legislativo, destinó en mayo de 2007 hasta 18 millones de dólares para que Glover dirigiera una película sobre la revuelta de esclavos en Haití, mientras atravesaba crisis económica interna. No siendo suficiente, en abril de 2008, se autorizaron más de US9 millones adicionales.

En ese entonces, el Ministerio de Cultura venezolano se sumó como socio creativo de proyectos de gran escala, al financiar la creación del estudio Villa del Cine para impulsar un legado visual y contrarrestar la influencia cultural extranjera, al presentar el cine como herramienta para el “socialismo del siglo XXI”. Producciones estatales, como la adaptación de El general en su laberinto y proyecciones de clásicos internacionales, fueron parte de esta estrategia.

Por su parte, en Colombia, la asignación del multimillonario recurso, que en pesos ascendería a más de $15.000 millones de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) a la producción, provocó el rechazo social, particularmente ante la crisis en el sistema de salud y otros asuntos para los que el Ejecutivo ha hecho sendos recortes; lo que alimentó la controversia frente a lo que serían las prioridades del Estado ante la necesidad de austeridad en las finanzas.

Ante las críticas, Petro reivindicó la obligación pública de invertir en cultura. “Que tal, salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión”, declaró el jefe de Estado, que hizo que las criticas hacia el producto audiovisual arreciaran, pese a que negó que fuera su deseo participar en la cinta.

“El país necesita plata para desarrollar su arte, su cultura, su educación... no necesitamos plata por la plata. El cine colombiano se puede desarrollar y será una gran industria si contiene la belleza del país y la historia de Colombia”, dikp Petro, que aludió a ejemplos como Noviembre, la película sobre la toma del Palacio de Justicia y Cien años de soledad, producidas con fondos extranjeros, que, al igual que la del almirante Padilla, muestran “el camino de desarrollo”.

A esto se suma la polémica por la presencia de Gooding Jr., que afrontó denuncias por violencia de género y violación, lo que despertó las denuncias de gremios de actores y colectivos feministas. En ese sentido, acusaron al Gobierno Petro de incoherencia, al señalar que la selección de Gooding Jr. contrasta con las promesas de inclusión y representación.

El expresidente y candidato al Senado por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, afirmó que el Gobierno nacional “confisca” el campo mediante impuestos y comparó al mandatario con Hugo Chávez.

“Chávez expropiaba el campo, en Puerto Berrío nos dicen que Petro con los impuestos, lo confisca (sic)”, expresó Álvaro Uribe.

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Ante las declaraciones del exmandatario, el presidente Gustavo Petro respondió con un corto mensaje en su cuenta oficial de X.

Para el presidente Gustavo Petro, un impuesto sobre las grandes haciendas fomenta una mayor producción.

“Un impuesto sobre una gran hacienda lo que hace es que el hacendado la hace producir de verdad (sic)”, indicó el presidente Petro.

En otra publicación, el presidente Petro destacó la política agraria que han imprentado desde su gobierno, afirmando que los campesinos se han visto beneficiados.

“Este grupo de campesinos beneficiados por nuestra política agraria muestra una realidad inocultable (sic)”.

Según el jefe de Estado, “hoy los colombianos y las colombianas tiene más comida en sus neveras y en sus casas (sic)”.

¿Qué dijo Álvaro Uribe?

Desde Puerto Berrío, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que Ecopetrol enfrenta una crisis financiera y señaló que, según él, el Gobierno “asfixia” a Colombia con impuestos.

“Esta es una correría de tristezas. Ecopetrol está quebrado. El Gobierno, que ayudó a que se lo robaran, como ya no da utilidades, lo que hace es asfixiar de impuestos al pueblo colombiano”, indicó.

Según el líder natural del Centro Democrático, el Gobierno de Petro “ha expropiado”, refiriéndose a las declaraciones que ha recibido desde su llegada a Puerto Berrío.

“Llego a Puerto Berrío y dicen: ‘Aquí no hay con qué pagar el predial, no hay con qué pagar esos avalúos tan altos’, ni los locales comerciales ni el que tiene una tienda, sea local propio o ajeno. Han expropiado. Ni en el campo ni el ganadero”, aseveró.

Álvaro Uribe volvió a comparar al presidente Gustavo Petro con Hugo Chávez y afirmó que el Gobierno nacional “confisca” mediante impuestos, mientras que Chávez “expropiaba”.

“Entonces decían: ‘No, Petro es diferente a Chávez’. ¿Cuál diferente? Chávez expropiaba y Petro confisca con impuestos", aseveró.

Críticas a la política económica

Recientemente, Álvaro Uribe Vélez expuso su visión sobre la situación económica y social del país, señalando que la crisis persiste a pesar de ciertos alivios temporales provenientes del narcotráfico, el crecimiento del sector cafetero y el flujo de remesas. A su juicio, estos factores no resuelven las dificultades de fondo que enfrenta Colombia.

En entrevista con el Nuevo Siglo, Uribe criticó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro, apoyándose en un informe de la Contraloría General que advierte sobre prácticas irregulares en la contratación pública. Para el exmandatario, estas acciones muestran un desprecio por la legalidad y representan un riesgo para la estabilidad financiera nacional.

Considera que el actual Gobierno actúa con irresponsabilidad y prioriza intereses electorales sobre la salud de las finanzas públicas y la seguridad de los colombianos.

En su análisis, Uribe insistió en la necesidad de adoptar un modelo económico que promueva la solidaridad y no la confrontación de clases. Sostuvo que la sostenibilidad del bienestar laboral depende del buen desempeño empresarial y de un entorno propicio para la inversión privada. Según su perspectiva, la generación de empleo formal y de calidad solo será posible si se garantiza la seguridad, se reducen los impuestos, se aumenta la eficiencia estatal y se combate la corrupción.

En el ámbito político, Uribe resaltó el liderazgo de Paloma Valencia, a quien definió como una dirigente íntegra y honesta. Destacó que la senadora representa una renovación generacional y una visión que combina firmeza en el manejo de las Fuerzas Armadas con sensibilidad hacia los sectores más vulnerables.

Mencionó que Valencia tiene un compromiso especial con las madres cabeza de familia, los jóvenes en situación de desempleo y los adultos mayores, proponiendo respaldarlos a través del presupuesto público.

En el encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, diversas víctimas de episodios de violencia política en Venezuela recibieron la invitación a unirse a los esfuerzos de reconciliación impulsados por las autoridades durante esta nueva etapa política encabezada por Delcy Rodríguez. Así lo reportó el medio Europa Press, que detalló que la presidenta encargada expuso ante los presentes la importancia de dejar atrás el rencor y apostó por una reparación integral de la sociedad venezolana. En el marco de la reciente ley de amnistía, que permite la excarcelación de personas detenidas por razones políticas, Rodríguez subrayó que la superación del odio constituye un paso fundamental para la consolidación de la paz y la cohesión social.

Según informó Europa Press, Delcy Rodríguez enfatizó ante los afectados que el perdón tiene un papel doble en la actualidad venezolana: más allá de ser una exigencia legal, representa un acto voluntario y necesario para restaurar la convivencia nacional. En palabras de la mandataria: “Un ser humano no puede estar tomado por el odio”, en alusión a la necesidad de transformar la memoria del dolor en motor de reconstrucción social. Durante el encuentro, también reclamó la construcción de una “nueva justicia para todos, para toda Venezuela”, subrayando la urgencia de superar prácticas pasadas que, según denunció, derivaron en la criminalización de la pobreza y la exclusión política y socioeconómica.

El medio Europa Press consignó que Rodríguez contextualizó la violencia política atribuyéndola a factores estructurales, entre los que mencionó la exclusión social y económica, así como la marginación de sectores con proyectos orientados a la defensa de la soberanía nacional. La presidenta encargada aludió a la existencia, tanto en el pasado como en el presente, de sectores que, al sentirse traicionados, terminaron impulsando proyectos que calificó como antinacionales. Dirigiéndose a los jóvenes, Rodríguez reconoció que hubo visiones de país que aspiraban a libertad e independencia, pero que resultaron frustradas por las decisiones de líderes políticos. Según indicó Europa Press, esta mirada crítica se complementó con una reafirmación del legado de Hugo Chávez, destacando su labor al incluir a amplios grupos pobres en la vida nacional y lamentando que la raíz del odio social no haya sido erradicada completamente en los últimos años.

Europa Press también señaló que la presidenta encargada reivindicó la Ley contra el Odio, aprobada durante su gestión ante la Asamblea Nacional, en respuesta a lo que describió como una situación inédita y compleja, vinculada a la agresión militar externa del 3 de enero. Rodríguez hizo referencia al ataque armado efectuado por Estados Unidos, que resultó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como en la muerte de un centenar de personas. En este contexto, manifestó que la convocatoria al programa de convivencia democrática surgió a raíz de la magnitud del odio experimentado, que habría llevado, según su análisis, a algunos sectores a solicitar la intervención extranjera en lugar de buscar la solución en el ámbito nacional.

El evento producido en Miraflores también contó con la intervención de Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía. De acuerdo con Europa Press, Arreaza informó sobre la implementación de la nueva legislación, señalando que desde su entrada en vigor el viernes previo al acto se registraron 177 liberaciones de personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, la ONG Foro Penal tambíen mencionada por Europa Press, indicó que hasta la mañana del lunes había contabilizado solo 65 excarcelaciones, cifra que su director, Alfredo Romero, elevó más tarde a “más de 30 liberados” adicionales.

Europa Press explicó que las cifras brindadas por Jorge Arreaza suman más de 800 liberaciones desde diciembre de 2025 y la concesión de 2.021 “libertades plenas”. Además, las autoridades otorgaron más de 2.735 medidas sustitutivas de presentación bajo condiciones cautelares. Arreaza precisó que los tribunales del país continúan recibiendo escritos de defensores públicos, privados y del Ministerio Público, con más de 3.000 solicitudes para acogerse a la amnistía desde su aprobación. El presidente de la Comisión Especial insistió en que el espíritu de esta ley es promover la paz y la convivencia democrática. Durante su discurso exhortó a la ciudadanía y a los actores políticos a no retornar a episodios de confrontación ni polarización, que según su análisis, facilitaron la ocurrencia de hechos violentos en el pasado reciente.

A lo largo de la sesión, Rodríguez y Arreaza confrontaron lo que calificaron como intentos de sabotaje a la reconciliación nacional, tanto desde fuera como desde dentro del país. Según reportó Europa Press, Rodríguez expresó su preocupación por movimientos en el extranjero que, aseguró, buscan perturbar el proceso de reconstrucción social tras el 3 de enero. También criticó a opositores venezolanos residentes en hoteles de lujo en Estados Unidos y Europa, a quienes acusó de tratar de boicotear el proceso de unidad nacional. Ante una de las víctimas presentes, la mandataria reconoció los efectos psicológicos del bombardeo del 3 de enero y la captura de líderes del Ejecutivo, reiterando que la petición de intervención extranjera constituyó, a su juicio, el fracaso de la política interna para resolver las diferencias.

En las palabras de Arreaza, reproducidas por Europa Press, el funcionario llamó a la unidad de la sociedad venezolana “como un monolito” para defender la soberanía nacional, vulnerada tras el ataque militar reportado el 3 de enero. Sostuvo que la fragmentación de la población favorece a quienes, desde el exterior, buscan tomar el control del país. A lo largo del acto, los portavoces del Gobierno insistieron en que la Ley de Amnistía y el programa nacional de convivencia representan un esfuerzo para avanzar en la pacificación política, y atribuyeron responsabilidad a las fallas históricas de la justicia y la discriminación social como causas profundas de la violencia y el odio.

La reunión incluyó testimonios de las víctimas y una invitación explícita para que participen de los mecanismos de reconciliación, describiéndose con detalle, según Europa Press, las nuevas medidas judiciales y procesos de excarcelación. Varios intervinientes incidieron en el valor de la reparación integral frente a los efectos de la violencia en Venezuela y la importancia de construir soluciones duraderas orientadas a la cohesión social, dejando constancia de los desafíos pendientes en el proceso de diálogo y reconstrucción.

Salieron a la luz varias conversaciones, con fecha del 2009, entre Jeffrey Epstein y el sultán Ahmed Bin Sulayem en las que se hizo mención a las tensiones entre el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y su homólogo venezolano Hugo Chávez.

El fallecido magnate estadounidense actuó como asesor estratégico para el entonces directivo de DP World, con el fin de salvaguardar los intereses emiratíes en la región, según una investigación de Cambio.

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Cabe recordar que, entre julio y agosto de 2009, el contexto diplomático entre Colombia y Venezuela estaba gravemente afectado por confrontaciones entre ambos presidentes. La presencia de bases militares estadounidenses en Colombia, el bombardeo al campamento de alias Raúl Reyes, de la narcoguerrilla de las Farc, en Ecuador y las acusaciones del Gobierno colombiano contra Venezuela por acoger terroristas aumentaron la presión.

En ese escenario, DP World, empresa emiratí dedicada al manejo de terminales portuarias, tenía inversiones importantes en Venezuela, sobre todo en Puerto Cabello, en sociedad con la familia Boulton. La decisión del régimen chavista de nacionalizar todos los puertos puso en peligro la posición de los emiratíes, de acuerdo con la reconstrucción del medio citado.

El 12 de agosto de 2009, el sultán Bin Sulayem, entonces director ejecutivo de DP World, informó a Epstein sobre la situación crítica en Venezuela. Al día siguiente, los contactos venezolanos del grupo Capriles comunicaron novedades sobre el futuro de los negocios portuarios tanto al empresario árabe como a Epstein, que funcionaba como asesor informal en asuntos regionales.

La revisión de esos correos, seleccionados y verificados por Cambio, muestra cómo Epstein adoptaba el rol de consultor geopolítico ante el empresario dubaití.

En un mensaje del 14 de agosto de 2009, recomendó precaución ante un posible encuentro con el presidente colombiano. “Chávez es muy sensible; podría decidir, como una chica celosa, que quiere ser tu pareja, en lugar de Uribe... sus celos podrían favorecerte”, escribió Epstein, enfatizando la dimensión emocional en las dinámicas políticas.

El acaudalado financiero alertó que si dicha visita tenía solo un objetivo social, Chávez podría verlo como una alianza con su adversario. De ese modo, Epstein aconsejó calibrar el propósito de cualquier acercamiento a Uribe Vélez para no intensificar las suspicacias en Caracas.

En comunicaciones posteriores, Epstein orientó a los emiratíes a enfocar su atención en Cuba y en Colombia, dejando en segundo plano a Venezuela tras la nacionalización de los puertos. “Los puntos de influencia son Cuba y Columbia. [...] Deberías invitar a los cubanos a Dubái para que lo vean por sí mismos (sic)”, recomendó, sugiriendo oportunidades de expansión en la isla caribeña.

De acuerdo con la correspondencia obtenida por el medio citado, el objetivo era ampliar la presencia de DP World a todas las terminales portuarias de ambos países, aunque Epstein indicó que sería un proceso largo. Propuso dedicar esfuerzos personales a Cuba y aplazar cualquier intento de reunión con Chávez por el entorno político cambiante.

Ese agosto, Bin Sulayem resumió ante sus socios emiratíes las conversaciones con su contacto en Venezuela, señalando que había hablado con Chávez y, siguiendo el consejo de su fuente, consideraba viajar a Cuba después de la Asamblea General de Naciones Unidas. En sus comunicaciones, reiteró la recomendación recibida: el reto esencial para los emiratíes era diversificar fuera de Venezuela.

Tras estos intercambios, la relación entre Emiratos Árabes Unidos y Venezuela se profundizó. En diciembre de 2010, el canciller emiratí visitó Caracas y fue recibido tanto por Chávez como por Nicolás Maduro. De forma paralela, Emiratos reforzó sus vínculos con Cuba y mantuvo contactos con Colombia: en marzo de 2009, una delegación emiratí fue recibida por Uribe Vélez, aunque no consta ninguna reunión directa entre el mandatario colombiano y el sultán Bin Sulayem.

En sus mensajes, Epstein insistía en la complejidad del equilibrio político entre los líderes sudamericanos y en la dificultad de lograr alianzas sin generar suspicacias, subrayando la necesidad de adaptar cada movimiento a las condiciones en continua transformación de la región.

Durante una presentación ante medios internacionales en Madrid, el escritor peruano Jaime Bayly manifestó su creciente desencanto respecto a la política de Estados Unidos hacia Venezuela bajo la presidencia de Donald Trump. Según consignó el medio, Bayly planteó que la administración de Trump prioriza los intereses económicos estadounidenses, especialmente el control petrolero, por encima del apoyo a procesos democráticos en Venezuela. En ese contexto, Bayly expresó que desde su perspectiva, cada día se siente "más descorazonado", al analizar lo que describió como una "luna de miel" entre el mandatario norteamericano y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que en su opinión desincentiva cualquier presión internacional por la convocatoria de elecciones libres en el país sudamericano.

El medio informó que el autor presentó en Madrid su más reciente novela, "Los golpistas", editada por Galaxia Gutenberg, en la que recrea los episodios del golpe de Estado contra Hugo Chávez ocurrido en abril de 2002. A propósito del argumento de la obra, Bayly reflexionó sobre las repercusiones actuales de esos tres días en que Chávez fue derrocado y detenido, y su relación clave con Fidel Castro en Cuba, así como el papel de actores internacionales en la dinámica venezolana. Bayly afirmó: "Me temo que si Estados Unidos controla el negocio petrolero, Trump no va a ejercer una presión sobre Delcy Rodríguez para que convoque elecciones. Y va a estar cómodo con ella". El medio detalló que, a juicio del escritor, Trump observa a Venezuela más como una fuente de petróleo que como una democracia en riesgo, y que la prioridad del gobierno estadounidense bajo Trump sería mantener el acceso a los hidrocarburos por encima de impulsar cambios políticos internos. "No me sorprendería que Trump de instrucciones de que si Delcy coopera y entrega el petróleo, le deje en el poder. Y eso sería una tragedia", abundó Bayly, según reportó el medio.

Durante su intervención, el autor se distanció abiertamente de la figura de Trump, declarando que "nunca" ha votado por el actual presidente estadounidense, y que siente "vergüenza" de que sea jefe de Estado, según publicó la fuente. Añadió que Trump muestra una actitud "servil con los poderosos y es cruel con los débiles", lo que considera contrario a los principios que deberían regir a un líder o gobernante. Bayly criticó también la relación entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, señalando que el estadounidense mantiene una postura "sospechosamente amable" hacia Putin, a pesar de los antecedentes del ruso en el envenenamiento de sus opositores, lo que calificó como motivo de alarma considerando la hostilidad manifestada por Trump hacia los inmigrantes indocumentados. Además, cuestionó la actuación de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), refiriéndose a ellos como "matones" que operan ocultando su identidad.

Según dio cuenta el medio, el escritor peruano también criticó que la opositora venezolana María Corina Machado hubiera entregado la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, señalando que en su opinión es un "error" puesto que el presidente estadounidense ni merece la distinción ni el propio galardón Nobel. Bayly argumentó que Trump habría "ensangrentado las calles de Estados Unidos" y consideró posible que busque manipular los resultados de las próximas elecciones presidenciales.

"Los golpistas", la nueva novela de Bayly, se centra en los acontecimientos del 11 de abril de 2002, cuando una sublevación militar logró derrocar temporalmente a Hugo Chávez y recluirlo en un calabozo, forzando incluso una renuncia bajo presión en la que el mandatario solicitó no ser ejecutado y pidió ser trasladado a La Habana, donde Fidel Castro lo esperaba. Bayly planteó una serie de preguntas fundamentales para entender esos sucesos: "¿Por qué el golpe que le dieron a Chávez en 2002 triunfó el primer día y fracasó al tercer día? Fue un golpe que duró apenas tres días. Pero el primer día había triunfado, Chávez estaba capturado, encerrado, en un calabozo. Lo obligaron a renunciar. Chávez solo pedía que no lo mataran, que lo despacharan en un vuelo a La Habana. Y Fidel lo esperaba, claro, en un vuelo. ¿Por qué no mataron a Chávez? ¿Por qué Fidel les salvó la vida? ¿Por qué esa conspiración se torció, se achantó, se replegó?", recogió el medio. El autor explicó que su investigación incluyó numerosas entrevistas con intelectuales venezolanos, entre ellos María Corina Machado, sin que ninguno lograra responder satisfactoriamente a esas interrogantes. En su diagnóstico, los golpistas "no estaban preparados para capturar el poder y para ejercer el poder con astucia, con frío cálculo político, sin piedad ninguna con sus enemigos", por lo cual el golpe terminó por fracasar y, en palabras del escritor recogidas por la fuente, aquel desenlace "privó a Venezuela en aquel año 2002 de una salida a la libertad".

Como parte del análisis ofrecido en Madrid, Bayly recordó sus trabajos previos, entre ellos "Los genios", también publicado por Galaxia Gutenberg, donde abordó en clave de ficción la compleja relación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, incluyendo el episodio del famoso puñetazo que supuso la ruptura definitiva de su amistad en 1976. El autor trazó un paralelismo al comparar el afán de poder de figuras tan disímiles como García Márquez, Vargas Llosa, Fidel Castro y Hugo Chávez, señalando que a los cuatro "les interesaba el poder muchísimo". Bayly manifestó que tanto los escritores como los políticos se movían en lógicas de conspiración, con los autores literarios conspirando desde la creación artística, mientras que Vargas Llosa llegó incluso a aspirar a la presidencia del Perú y García Márquez rechazó las numerosas ocasiones en que se le ofreció ser candidato en Colombia. Sin embargo, hizo hincapié en que Vargas Llosa rompió públicamente con la dictadura cubana, a diferencia de García Márquez, que mantuvo su cercanía con Fidel Castro y su entorno.

En el encuentro con los medios, Bayly insistió en que ve con preocupación el curso de la política estadounidense hacia Venezuela, reiterando que "si Venezuela para Trump es un negocio más, estamos fritos", apuntó según la cobertura ofrecida por el medio. Añadió que no confía en que Trump impulse una democratización efectiva en Venezuela, concluyendo que "no se puede contar con Trump para que haya elecciones libres", dado que su interés primordial se asocia con los recursos energéticos y la estabilidad de acuerdos económicos con el poder vigente en Caracas.

Dice Jaime Bayly que, últimamente, y casi exclusivamente gracias a su mujer y a su hija, anda demasiado feliz como para imaginarse “buenas historias”. Quizá por eso, reflexiona el famoso escritor, periodista y youtuber de origen peruano afincado en Estados Unidos, se ha pasado los últimos años asaltando “como un corsario” algunas de las vidas ilustres que mejor encarnan la historia de Latinoamérica.

Fue precisamente en el Hotel Wellington de Madrid cuando, en 2023, presentó la novela que lo ha consagrado como uno de los grandes cronistas de la región, Los genios, dedicada a la historia de amistad y violenta ruptura entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Poco más de dos años después, los protagonistas de su nueva historia son también personajes a quienes “les interesaba mucho el poder”, aunque en esta ocasión lo ejercieran con mucha mayor violencia y tiranía: Hugo Chávez y Fidel Castro.

Estos dos nombres son los que protagonizan, en buena medida, la trama de Los golpistas (Galaxia Gutenberg), una novela que trata de indagar en el golpe de Estado contra el gobierno chavista en 2002, por el que Chávez fue derrocado y encarcelado... hasta que tres días después volvió a subir al poder. “He partido del interrogante de por qué el golpe triunfó al primer día y fracasó al tercero”, explica Bayly durante la rueda de prensa, “pero también he querido investigar la vida del Chaves golpista, que desde que era cadete ya quería asaltar el palacio de Miraflores”.

Los “cabrones de mala entraña” y la sed por el petróleo de Venezuela

En Los golpistas, ya disponible en todos los territorios de habla hispana, Bayly retrata tanto externa como internamente cómo Castro supo ver en esa ambición de Chávez a la “marioneta” perfecta. En esa línea, cuando este último salió de la cárcel por el fallido golpe de Estado que dio en 1992, fue el dictador cubano quien lo recibió con todos los honores y lo convenció de alcanzar el poder por la vía democrática. “Una vez llegues”, le profetizó, “vamos a dinamitar desde dentro la democracia”, estrategia que sin duda se llevó a cabo al pie de la letra y que solo peligró cuando, al menos durante unos días, el líder venezolano volvió a estar entre rejas.

La novela de Bayly narra el “forcejeo” entre golpistas de un lado y de otro; unos, los que perdieron el pulso contra Chávez (y muy especialmente con Fidel Castro, a quien el escritor le atribuye el mérito de salvarle la vida a su “discípulo”), fueron “bobos y tontos del culo” al desperdiciar la oportunidad que habían conseguido, mientras que a los otros nada los define mejor para el autor que el título previo que tenía la novela: “Cabrones de mala entraña”. Eso sí, ha incidido en que al líder del chavismo finalmente sí lo derrotó, y por sus partes más íntimas, otro golpe de Estado: “El de la enfermedad”.

Al concluir su explicación sobre la novela, Bayly no ha esquivado los paralelismos entre la historia de su novela y la situación actual en Venezuela. De este modo, si advierte que Fidel veía a Chávez como un “barril de petróleo”, ha situado las acciones de Donald Trump en el país hacia esa misma dirección. “Solo parece interesado en liberar el petróleo y no a los venezolanos”, lamenta el escritor, quien además expresa sus dudas de que se celebren elecciones mientras al actual presidente de Estados Unidos le siga resultando “cómodo” tratar con Delcy Rodríguez.

La perfidia de los hermanos Rodríguez y el error de María Corina Machado

Sobre ella se centraría, afirma, una hipotética futura novela sobre la caída de Nicolás Maduro. “Empezaría en Doja, con ella ya de vicepresidenta, cuando se reúne con agentes de la CIA y les dice: ‘Ya estoy lista’”. A la lista de situaciones que recrearía en su novela, también añade la de una anécdota que alguien cercano le contó: que no mucho antes de la captura de Maduro, a Trump le pusieron un vídeo donde aparecía este cantando en inglés y bailando, y se pensó que el venezolano lo estaba imitando. “A lo mejor decidió capturar a Maduro porque no le gustó cómo bailaba o que estaba siendo un insolente”.

Además, añade que en la novela no podría faltar “la perfidia de los hermanos Rodríguez”, lo que incluye en la ecuación al psiquiatra y político venezolano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea de Venezuela. Señala Bayly que tanto él como Delcy “quieren todo el poder”, y que ahora que lo tienen, les da igual a quién obedecer y qué entregar a cambio con tal de seguir en lo más alto. La fórmula de Castro y Chávez se repite, palabra por palabra, con Trump: “Ve Venezuela como un barril de petróleo”.

Así, para Bayly el presidente de Estados Unidos no debe ser visto como un garante de la democracia y la libertad. Al contrario, lo describe como “servil con los poderosos y cruel con los débiles”. Como ejemplo, señala que, pese a que el presidente de Venezuela debería ser Edmundo González Urrutia, a este el máximo mandatario del gobierno de Estados Unidos no le ha concedido ninguna audiencia. “Ya verás cuando vaya Delcy Rodríguez que la reciben con alfombra roja”, ha protestado, “mientras que cuando fue María Corina Machado entró por una puerta lateral”.

Defender la libertad

Sobre esta última, dice que se equivocó al regalarle la medalla del Nobel de la Paz, puesto que Trump (a quien ha definido como un “hombre de negocios” a quien “no le interesa la democracia”) es responsable de “ensangrentar” las calles de Estados Unidos en los disturbios de Mineápolis y “el autor intelectual de un golpe de Estado fallido”, el asalto al Capitolio de 2021. “La política no es un negocio y ser presidente de un país no es un negocio, pero él siempre se pregunta: ‘¿Qué gano yo?’“.

La relación entre el pasado y el presente que se respira en Los golpistas guarda, sin embargo, otra reflexión sobre los “aspirantes” a seguir los pasos de Chávez y Castro. Estos no tienen que ver con Trump, ni siquiera con sus amigos, sino que son aquellos que “admiran” a los dos dictadores “y los sitúan como arquetipos morales”. “Hugo Chávez fue funesto para los venezolanos y Fidel Castro fue trágico para los cubanos”, sentencia Bayly, cuyas últimas palabras van hacia su hija, presente en la rueda de prensa, y a la libertad con la que esta ha podido crecer y que su padre, al ser testigo de ello, tanto ama.

Vuelve Jaime Bayly. Jaime Bayly el mordaz, Jaime Bayly el provocador, Jaime Bayly el escritor. Todo junto. Vuelve con Los golpistas una novela que se lanza este miércoles 11 por Galaxia Gutenberg y donde reconstruye con su estilo los tres días de abril de 2002 en que Hugo Chávez perdió —y recuperó— el poder en Venezuela tras un golpe militar fallido. A partir de una investigación periodística y literaria, Bayly narra el desconcierto de los golpistas, la confusión en los cuarteles y el papel de Fidel Castro en la supervivencia del presidente.

La novela, de 240 páginas, retrata la lógica interna de un golpe descrito por el propio autor como “esperpéntico, chapucero, de aficionados, un golpe del que los propios conspiradores se arrepintieron al tercer día”. El relato alterna la reconstrucción de los hechos con episodios de la vida de Chávez, su ascenso militar, su pasión por el espectáculo.

El autor peruano explora la personalidad contradictoria de Chávez, un militar fascinado por la televisión: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión. Era un militar atípico: le encantaban las cámaras, le gustaba hablar en público, era un comediante ocasional, vivía para salir en la televisión. Por eso tuvo tanto éxito en sus primeros años en el poder. Los pobres lo querían, no se perdían sus apariciones en la televisión, se reían con él. Para bien o para mal, era el gran animador del país y vivía obsesionado con los ratings de audiencia”, dijo a la prensa.

El libro recurre al humor y al realismo irónico. Bayly apunta: “El golpe fallido pudo cambiar la historia de Venezuela, de haber triunfado. Pero los jefes golpistas eran todos bastante cortos de miras”.

En la novela, los diálogos y las escenas cargadas de ironía permiten ver las motivaciones y contradicciones de los personajes: “—Tienes mi palabra. Serás mi embajador en Madrid. —Y si no te molesta, Efraín, a mi hermano lo nombrás embajador en Lisboa. —¿Y eso, por qué? —Porque me estoy cepillando a mi cuñada”.

Bayly, que entrevistó a Chávez en 1998, utiliza su experiencia como periodista para trazar el retrato de un líder que, según afirma, “era un dictador popular”: “El año mismo en que Chávez tomó posesión como presidente, el golpista fallido de 1992 reveló que seguía siendo un espadón camuflado en 1999, solo que ahora podía dinamitar la democracia desde las entrañas mismas del poder”.

Aquí, el comienzo de la novela:

Los golpistas (Fragmento)

Abril, 2002

–¡Firme su renuncia ahora mismo! –le gritó el general Efraín Velásquez, comandante general del Ejército, al presidente venezolano Hugo Chávez.

Sentado en el despacho presidencial del palacio de Miraflores, vestido con uniforme militar a pesar de que ya había pasado al retiro, Chávez, quien llevaba poco más de tres años ejerciendo la presidencia de la nación, desafió al general insubordinado mirándolo a los ojos, se arrepintió de haber confiado en él, desenfundó la pistola calibre nueve milímetros que llevaba en la cintura, la puso sobre la mesa, apuntando a Velásquez, y respondió, levantando la voz:

–¡No firmo nada, carajo! ¡No renuncio ni renunciaré! ¡Soy el presidente constitucional de este país!

Luego bebió agua, encendió un cigarrillo y buscó consuelo en la añosa mirada de José Vicente Rangel, su ministro de Defensa, quien, sentado a su lado, le dijo, alisándose un bigote crecio en canas:

–No firmes nada, Hugo. Si no firmas, es un golpe de Estado.

–¡No es un golpe de Estado! –rugió el general Velásquez, poniéndose de pie. Era gordo, sorprendentemente obeso para ser un general de división en actividad. Tenía la cara rechoncha, el hocico prominente, el morro abultado y un adefesio de pelusa sobre el labio superior. Miraba como miraría un jabalí ante el peligro.

A su lado, se apandillaban dos altos jefes militares: el general Manuel Rosado, todavía más gordo que el amotinado Velásquez, tan gordo que su rostro parecía un globo y su cuerpo embutido en el uniforme daba la impresión de estar a punto de reventar, y el general Lucas Rondón, de pelo negro y anteojos de intelectual, quienes, comandados por Velásquez, el jefe de la conspiración, habían llegado al palacio de Miraflores en un corto vuelo en helicóptero desde Fuerte Tiuna.

–¡No es una traición! –prosiguió, todavía de pie, golpeando la mesa, agitando sus mofletes, el general Velásquez–. ¡Es una posición de solidaridad con el pueblo venezolano! –bramó, y los generales sentados a su lado asintieron, moviendo dócilmente la cabeza.

El general Velásquez estaba indignado con el presidente Chávez. Se sentía humillado, desairado por el jefe del Estado.

Chávez le había pedido que sacara los tanques a la calle para reprimir una marcha pacífica de los opositores, quienes deseaban llegar al palacio de Miraflores, hartos de sus exabruptos autoritarios, para forzar su renuncia. Pero Velásquez se había negado a obedecerlo y dispuso que la marcha no se detuviera.

Acorralado, temeroso de que la multitud llegase hasta su despacho y lo linchase o quemase vivo, como él sabía que a veces morían los déspotas, Chávez había dado instrucciones para que sus brigadas paramilitares se apostaran en los techos de los edificios vecinos al recorrido y, desde allí, los francotiradores más avezados disparasen contra la multitud, en particular contra la vanguardia de aquella algarada. Al ver por televisión que el presidente Chávez había ordenado a sus francotiradores que disparasen a los opositores que se dirigían a la casa de gobierno, el general Velásquez y los jefes de la Armada, la Guardia Nacional y la Aviación decidieron, ardiendo en furia, sintiéndose traicionados, que Chávez, el felón, debía caer, que Chávez, el pérfido, debía ser desalojado del poder, que Chávez, el golpista, debía ser depuesto mediante un golpe de las fuerzas armadas.

–¡Le fui leal hasta hoy, señor presidente! –gritó el general

Velásquez, temeroso de que Chávez cogiese la pistola y se disparase un tiro en la cabeza–. ¡Le he perdido el respeto, señor!

¡Ni mis compañeros de armas ni yo toleramos las violaciones a los derechos humanos ni los crímenes que su gobierno ha cometido hoy, atacando a una marcha pacífica y matando a personas inocentes!

De pronto se puso de pie el general Lucas Rondón, miró fríamente al presidente y le dijo, las palabras ardiendo en las llamas del odio y la venganza:

–Si no firma su renuncia, señor presidente, yo anunciaré en la televisión que usted ha renunciado y la gente me creerá y habrá júbilo en las calles. Le ruego que firme. Porque si usted entra en razón y firma su renuncia, no irá a la cárcel y lo dejaremos salir al extranjero.

–Al país que usted elija –añadió el general Velásquez.

–¡No firmo nada, carajo! –rugió Chávez, y arrojó al piso el papel que Velásquez y Rondón habían redactado en Fuerte Tiuna, el acta de renuncia del jefe de Estado–. ¡A mí me eligió el pueblo, y solo el pueblo puede sacarme del poder! ¡Ustedes, miserables, no han sido elegidos por el pueblo! ¡Yo los he nombrado en los cargos que ocupan! ¡Me deben lealtad a mí, partida de escuálidos traidores!

El general Velásquez se acercó al presidente Chávez, lo cogió del pescuezo, como si quisiera estrangularlo, y le dijo, transfigurado en el hombre más poderoso del país:

–No es un golpe. Es un pronunciamiento institucional apegado a la Constitución.

Asustado, Chávez se resignó, bajando la voz:

–Estoy en sus manos, señores generales. Hagan conmigo lo que ustedes crean conveniente. Pero yo no voy a renunciar ni a firmar esos papeles apócrifos que me han traído.

El dirigente criticó que la entidad exija a las compañías informar sobre los criterios jurídicos, técnicos y comerciales para fijar precios, así como detallar descuentos y explicar cómo las variables de costo afectan sus productos. Según el gremio, las peticiones constituyen “una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales” y buscan transformar a la entidad en “una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función”.

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Cabal remarcó que la libertad de empresa está protegida por la Constitución Política y pidió al Gobierno recordar la esencia del artículo 333, que garantiza el derecho a ejercer actividades económicas sin restricciones injustificadas. “Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, afirmó.

De acuerdo con el pronunciamiento, la exigencia de la SIC generaría una carga administrativa que muchos negocios no pueden asumir. “Pretender que un establecimiento comercial desglose la forma en que fija los precios de más de 40.000 referencias es, sencillamente, una exigencia imposible de cumplir”, reiteró el líder gremial.

Precios que cambian a diario

De igual manera, señaló que resulta evidente que los precios de productos perecederos cambian a diario porque la oferta en las centrales mayoristas se modifica de manera constante. Igualmente, explicó que los descuentos, en general, se aplican cuando el inventario es alto, para renovar existencias, en sectores como el de confecciones y calzado.

Cabal cuestionó los fundamentos del Gobierno para impulsar estas medidas al sugerir que hay un desconocimiento de la economía básica. “A las cabezas visibles del Gobierno les vendría bien empaparse, aunque sea mínimamente, de los fundamentos de la teoría económica, en particular de la microeconomía, para no incurrir en la pena de formular solicitudes traídas de los cabellos”, declaró.

Según el gremio, este tipo de intervención puede tener efectos contraproducentes, ya que puede intensificar las presiones inflacionarias y provocar más complicaciones. “Atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno, a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía”, señaló el dirigente.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de las amenazas de sanción a las empresas, en especial, con relación al aumento del salario mínimo. “Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no es la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”, declaró Cabal.

Fomento de prácticas ilegales

Además, Fenalco alertó que la política de la Superintendencia de Industria y Comercio puede fomentar prácticas ilegales y escasez de productos en el mercado. “Al contrario, pueden profundizar aún más el problema de la inflación porque se podría registrar contrabando y desabastecimiento de las mercancías sometidas a controles administrativos”, añadió el presidente del gremio.

En el análisis, Jaime Cabal recordó experiencias internacionales donde los controles de precios produjeron efectos negativos para la empresa privada y la economía general. “Tratar de detener los efectos inflacionarios del desbordado incremento del salario mínimo a punta de intervenir a las empresas, es algo absolutamente equivocado y que ya dejó secuelas graves en otros países, como el caso de la Venezuela chavista”, indicó.

Políticas para definir los precios

De igual manera, el dirigente gremial enfatizó en que cada sector y cada empresa dispone de políticas internas para definir los precios, que dependen de la dinámica de la oferta y la demanda, no de controles impuestos por las autoridades. Recalcó que la intervención administrativa en la economía no soluciona los problemas, sino que los agrava.

Finalmente, la federación reafirmó su rechazo a la intervención estatal. Señaló que un modelo de control de precios puede conducir a un deterioro social y económico similar al observado en otros países, comprometiendo la prosperidad y la estabilidad en Colombia.

El exmandatario Álvaro Uribe ha lanzado graves acusaciones públicas contra el senador y candidato presidencial por el Pacto Historico, Iván Cepeda, a quien señala como responsable del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, situándolo como protagonista de las políticas que permitieron la impunidad para exguerrilleros de las Farc.

“Cepeda, creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc, es altamente responsable de que Colombia hubiera pasado de 48 mil hts de droga a 300 mil hts. (Entiéndase ‘hts’ como ‘hectáreas’)“, escribió Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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En su declaración, el exjefe de Estado asocia al senador con Fidel Castro ―político revolucionario marxista y dictador cubano― y Hugo Chávez ―militar, político y líder de la dictadura venezolana hasta 2013―, a quienes atribuye la creación de un entramado de políticas de no persecución penal hacia quienes integraron grupos armados.

El expresidente sostiene que la candidatura de Cepeda cuenta con el respaldo de “28 mil personas en armas que quieren la segunda versión del Pacto de la Picota”, expresión que se utiliza en el país para aludir a posibles acuerdos entre políticos y sectores armados fuera de la ley.

Las afirmaciones encienden el debate sobre el papel de los actores políticos y armados en el rumbo político y judicial de Colombia.

El expresidente Uribe cuestiona el eventual protagonismo de Iván Cepeda en la política nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 28 de enero del 2026, intensificó en Pasto sus advertencias respecto al rumbo que podría tomar Colombia si Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, llegara a asumir un papel protagónico en el futuro político del país.

Uribe enfatizó que, bajo el liderazgo de Cepeda, “ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”. En el mismo evento, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, respaldó estos señalamientos y calificó a Cepeda y sus aliados de izquierda como “carnívoros”.

En fechas cercanas, Uribe afirmó haber recibido comunicaciones de ciudadanos en Arauca que denunciaron presuntas presiones ejercidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que votaran por Cepeda.

El exmandatario expresó públicamente esta preocupación: “Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda”, en un video difundido a través de sus redes sociales.

Durante su intervención desde Pasto (Nariño), donde continúa su recorrido nacional, Uribe profundizó en la distancia ideológica que lo separa de Cepeda. Atribuyó al senador afinidad política y económica con regímenes como los de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuestionando la preferencia de Cepeda por estos modelos: “¿Por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Fidel Castro? No sé por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Chávez y con Maduro. Cinco generaciones de cubanos maltratadas. Diecisiete mil presos políticos torturados en Venezuela. Derrochada y robada la bonanza petrolera”, declaró el exjefe de Estado.

Uribe vinculó directamente la propuesta política de Cepeda con lo que denominó como una búsqueda de “estatismo” y responsabilizó a estas ideas de un aumento de la pobreza, que, según sus cifras, alcanzaría el 40%.

En contraste, defendió la candidatura de Paloma Valencia, quien participará en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo. Para Uribe, Valencia representa “un concepto puro de la democracia” y un enfoque orientado al compromiso social y al emprendimiento.

El expresidente subrayó que las políticas impulsadas por Cepeda y el actual gobierno tendrían efectos adversos en el desarrollo económico nacional. Sostuvo que el incremento del salario mínimo y las obligaciones laborales podrían volverse ilusorios ante la falta de condiciones propicias para la inversión privada. Alertó que estas circunstancias debilitarían la capacidad del sector privado para generar nuevos empleos y mantener el crecimiento económico sostenido.

Al referirse a la visión económica que promueve su propio partido, Uribe insistió en la necesidad de una economía “fraterna” y recordó su historial de motivar estas ideas junto a Franco Salazar Bucheli, haciendo un reconocimiento público a su memoria. Desde esa perspectiva, Uribe mantuvo sus críticas sistemáticas contra la campaña de Cepeda, a quien identifica como el principal oponente en la próxima contienda electoral.

El expediente judicial que documentó la implicación de Piedad Córdoba en la llamada ‘Farcpolítica’ revela, tras su clausura en 2024 por su fallecimiento, detalles inéditos sobre las relaciones entre la exsenadora, la dirigencia de las Farc y el régimen chavista.

Este dosier, ahora en poder de autoridades estadounidenses tras la condena y extradición por narcotráfico de su hermano Álvaro Córdoba, incorpora información sobre el aumento patrimonial de Córdoba y de nueve de sus familiares.

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Según datos incluidos en el proceso judicial, en menos de un año se detectó la constitución de una decena de empresas familiares, fundadas con montos desde un millón de pesos y valoradas después en más de 500 millones.

El testimonio de Andrés Vásquez, exasesor de la exsenadora y desde 2007 uno de los enlaces entre Córdoba, las Farc y funcionarios de Venezuela, amplía el mapa de esa relación.

Vásquez detalló ante la Corte Suprema, de acuerdo al interrogatorio obtenido por El Tiempo, múltiples encuentros entre Córdoba y altos mandos guerrilleros.

Un escenario clave fue el Fuerte Tiuna de Caracas, donde, según relató, presenció reuniones a las que asistieron altos líderes de la guerrilla y se abordaron temas de liberación de secuestrados, supuestamente empleados por la excongresista como instrumento político con miras a su aspiración presidencial.

La influencia de prácticas religiosas marcó también esa relación. Vásquez describió cómo la confianza entre Córdoba y las Farc se consolidó tras la realización de rituales de santería, dirigidos a miembros como Santrich, con el objetivo de “arreglarle los ojos”.

El testigo indicó: “Las Farc empezaron a creerle a Piedad de verdad, verdad, te digo, y terminaron haciendo sesiones de santería para arreglarle los ojos a Santrich, cosas de ese estilo. Pero eso ya vino después, no en el 2007, fue todo un proceso de Piedad en la creación de confianza de ellos”, según consta en el interrogatorio publicado por el medio citado.

Estas prácticas espirituales incluyeron, según Vásquez, sesiones con Iván Márquez —quien hoy lidera la disidencia conocida como Segunda Marquetalia— en las cuales buscaban, incluso, la legendaria espada de Bolívar. Vásquez destacó que la relación entre Córdoba y Márquez se caracterizaba por una admiración mutua y por la disposición de Córdoba para apoyar al guerrillero en todo lo relacionado con ritos y rituales espirituales para “ayudarlo a él, a sus perros y a su gente, y para encontrar la espada de Bolívar”.

“La relación entre Piedad e Iván Márquez puedo definirla como afectuosa, respetuosa y, en algunos casos, de admiración. Es una percepción personal, pero sí había admiración de Piedad hacia Iván Márquez. Su cercanía y su interés en apoyarlo llegaron a puntos —como lo he relatado varias veces— de respaldarlo en todo el tema de la santería”, agregó Vásquez en su declaración.

Un suceso descrito en el testimonio relata que, durante estos rituales, Córdoba afirmó haber tenido una comunicación espiritual con el Libertador. Vásquez relató: “Hay un evento que sucede dentro de todos estos rituales de santería, en el que el Libertador baja y le habla a Piedad. Una de las cosas que le dice es: ‘la paz la vas a firmar con Iván Márquez; no es ni con Raúl Reyes ni con el Mono Jojoy, es con Iván Márquez. Sigue trabajando con Iván Márquez’. A partir de ahí, Piedad se mete de lleno a hacer todo lo que Iván Márquez diga y a llevar todo el tema de la negociación con Iván".

El material recopilado también muestra, según El Tiempo, que las reuniones abordaron detalles operativos, como la planeación de la presentación pública de los secuestrados a liberar. Andrés Vásquez señaló que en estos encuentros se definió que “no salieran sucios, sino mejor vestidos”.

Estos datos se suman a las pruebas documentales que muestran la evolución del patrimonio de la exsenadora y su entorno familiar, una investigación cuya relevancia permanece en el contexto del enjuiciamiento internacional a figuras como Nicolás Maduro por conspiración para traficar cocaína, según consta en los expedientes judiciales revisados por el medio citado.

Desde Pasto, en donde continuó con su correría por diferentes parajes del país, Uribe Vélez sostuvo que Cepeda representa un proyecto político alineado con los modelos de los dictadores Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al asegurar que “quiere estatismo”. Así prosiguió con sus recurrentes señalamientos contra el congresista del Pacto Histórico, con el que, además de diferencias políticas, tiene también profundos desencuentros personales.

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El exmandatario cuestionó de forma directa la posición política de Cepeda y su relación con líderes históricos de la izquierda latinoamericana. “¿Por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Fidel Castro? No sé por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Chávez y con Maduro. Cinco generaciones de cubanos maltratadas. Diecisiete mil presos políticos torturados en Venezuela. Derrochada y robada la bonanza petrolera", advirtió el exgobernante en el evento.

Al mismo tiempo, el ex jefe de Estado resaltó cómo la pobreza ha aumentado, según sus cifras, al 40%. “Eso es lo que quieren: estatismo, estatismo”, remarcó el exmandatario, que contrastó la visión de Cepeda con la de la senadora Paloma Valencia, candidata de su partido, el Centro Democrático. “Es todo lo contrario. Paloma es un concepto puro de la democracia. Paloma es un compromiso con los problemas sociales, un compromiso con el emprendimiento”, acotó.

Las críticas de Álvaro Uribe al modelo económico y advertencias sobre empleo

En su discurso, advirtió sobre el impacto que tendrían las políticas de Cepeda y el Gobierno en la economía nacional. “Uno de los problemas que nosotros estamos viendo en Colombia es que la ilusión de los trabajadores, con el aumento del salario mínimo y de los recargos, puede morirse, ser en vano, porque en el país hoy no hay condiciones para que el sector privado invierta, para que el sector privado crezca, para que el sector privado genere nuevos empleos”, declaró.

Y también se refirió a la visión económica de su partido. “Para nosotros, la economía tiene que ser fraterna, varias veces hablé de ese tema cuando me atreví a motivarlo ante los colombianos con Franco Salazar Bucheli, cuyo recuerdo hoy me emociona aquí en su tierra”, afirmó el exgobernante, que continúa haciendo énfasis en toda clase de denuncias contra la campaña de Cepeda, al que considera como el gran rival de esta contienda electoral.

El pasado 25 de enero, el exmandatario aseguró haber recibido comunicaciones de ciudadanos en Arauca sobre presuntas presiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para favorecer a Cepeda en las urnas. “Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda”, afirmó el líder del Centro Democrático, en un video publicado en sus redes sociales.

De hecho, el expresidente vinculó estos hechos con episodios electorales previos, que tuvieron en el centro de la tormenta mediática. “Entonces, hace cuatro años, el candidato le impuso el Pacto de la Picota”, afirmó el exmandatario en su mensaje, con lo que reafirmó lo que había adelantado un día antes, el 24 de enero, durante la convención nacional del Centro Democrático, que se efectuó en Bogotá, y en la que se reafirmó el apoyo a Valencia.

En efecto, durante el citado evento, argumentó que bajo el liderazgo de Cepeda el país no superaría la economía ilegal de la droga. “Ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”, dijo el exjefe de Estado, en afirmaciones que han sido apoyadas por Valencia, como se vio en Pasto, en el que calificó a Cepeda y los movimientos de izquierda que lo secundan como “carnívoros”.

Durante años, Venezuela dejó de ser una opción para las empresas colombianas y pasó a convertirse en un riesgo imposible de asumir. Expropiaciones, controles estatales y una profunda crisis económica alejaron a inversionistas que alguna vez vieron en ese país un mercado natural. Hoy, con un nuevo escenario político, la pregunta vuelve a surgir: ¿es momento de regresar?

Esa incógnita empieza a tomar forma en los planes de Grupo Argos, uno de los mayores conglomerados de infraestructura y cemento de Colombia, que analiza un eventual retorno a Venezuela tras haber sido expropiado durante el gobierno de Hugo Chávez. Así lo señaló su presidente, Jorge Mario Velásquez, en una entrevista concedida a Bloomberg en Medellín.

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El interés surge luego de la salida de Nicolás Maduro del poder, un hecho que ha despertado expectativas entre empresas extranjeras que perdieron activos en Venezuela sin recibir compensación.

Sin embargo, el propio directivo advirtió que cualquier proceso de normalización será lento y estará condicionado a que se reconozcan los derechos de los inversionistas afectados.

Una planta que nunca fue compensada

El caso de Argos se remonta a 2006, cuando el gobierno de Chávez expropió una planta de Cementos Argos en Venezuela sin pagar indemnización alguna. Según explicó Velásquez a Bloomberg, la compañía nunca recibió compensación por una inversión realizada años antes bajo reglas de mercado y con respaldo legal.

Cementos Argos había ingresado al país vecino en 1997, tras adquirir mediante una subasta internacional la Corporación Cemento Andino, una planta ubicada en el estado Trujillo. La operación implicó una inversión cercana a los 350 millones de dólares y le permitió al grupo operar con una capacidad instalada de 750.000 toneladas métricas anuales.

Para la empresa, no se trató de una apuesta marginal. En su momento, Venezuela era un mercado clave para la industria cementera y para la expansión regional de compañías colombianas. La expropiación no solo frenó ese crecimiento, sino que dejó una deuda que, según el grupo, supera los 300 millones de dólares y sigue siendo un punto central en cualquier eventual negociación.

Del auge comercial al desplome

La historia de Argos es reflejo de una relación comercial mucho más amplia entre Colombia y Venezuela. Durante años, el país vecino fue uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas y un socio estratégico para sectores como alimentos, comercio e industria.

De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, las exportaciones de Colombia a Venezuela alcanzaron un máximo de 6.100 millones de dólares. Sin embargo, el deterioro económico y la intervención estatal provocaron un colapso abrupto. Para 2017, las ventas externas habían caído hasta apenas 320 millones de dólares.

Ese desplome marcó el retiro de numerosas empresas y profundizó la desconfianza frente al mercado venezolano. La crisis no solo afectó el comercio bilateral, sino que convirtió cualquier inversión en una decisión de alto riesgo.

Expectativa, pero con cautela

Pese al nuevo escenario político, Grupo Argos no ha tomado decisiones definitivas. Velásquez señaló que los ejecutivos del grupo aún no han viajado a Caracas, aunque existe la intención de hacerlo en el futuro. Persisten preocupaciones relacionadas con la seguridad y con la ausencia de un marco jurídico sólido que garantice la inversión privada.

El directivo también dijo observar con optimismo la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido los derechos de compañías extranjeras expropiadas en Venezuela, especialmente en el sector petrolero, y espera que ese mensaje se extienda a otras industrias.

Aun así, el recuerdo de experiencias pasadas pesa. Empresas colombianas como Grupo Éxito y el ingenio azucarero Ciamsa también sufrieron expropiaciones que golpearon la confianza empresarial. Por eso, aunque la posibilidad de volver a Venezuela empieza a discutirse, la decisión final dependerá de algo más que un cambio político: de si esta vez existen garantías reales para no repetir la historia.

Durante la transmisión de su programa 'Con el Mazo Dando', Diosdado Cabello ofreció una evaluación del contexto nacional tras los recientes acontecimientos, afirmando que la población venezolana ha comenzado a superar gradualmente las consecuencias del ataque militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En sus declaraciones, recogidas por la prensa y la emisión oficial, hizo referencia expresa a la actitud asumida tanto por oficialistas como por opositores frente a la crisis, estableciendo como elemento central la existencia de una "unidad" que trasciende las posturas políticas tradicionales, según reportó el medio.

En ese mismo espacio, de acuerdo con la información difundida, el ministro del Interior venezolano y también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) detalló que esa postura unánime implica, también, un sentimiento común de rechazo a los sucesos ocurridos a principios de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses lanzaron una ofensiva en territorio venezolano y detuvieron a Maduro y Flores. “La única manera de salir adelante es permanecer unidos”, subrayó el funcionario, señalando que la cohesión nacional es presentada como la principal vía para enfrentar los desafíos generados por acciones externas.

Según informó el medio, Cabello expresó que la reacción ante el ataque no se limitó solo a los sectores que respaldan al gobierno o a la llamada Revolución Bolivariana, sino que incluyó también a ciudadanos alejados de esos círculos. Acentuó que entre todos existe el deseo compartido de defender la patria y rechazar “cualquier ataque sin dobleces ni hipocresía”. Además, manifestó que “uno los conoce y sabe quiénes son”, en referencia a quienes abogan por intereses ajenos a los del país.

En sus declaraciones, citadas por la prensa, el ministro mencionó a venezolanos que residen fuera del país y que han apoyado la posibilidad de intervenciones armadas contra Venezuela, afirmando que tales personas “no les preocupa su familia, ni los niños”, y calificó su actitud de negativa para los intereses nacionales.

El medio consignó también que Cabello vinculó la capacidad de recuperación de la sociedad venezolana a las enseñanzas recibidas por el comandante Hugo Chávez, atribuyéndole la idea de enfrentar la adversidad con determinación. Para el dirigente del PSUV, lo vivido en los primeros días de enero resultó en un golpe significativo para toda la población, sin distinción de tendencias políticas.

Durante la emisión, según detalló la fuente, el funcionario hizo énfasis en la proliferación de campañas mediáticas que —afirmó— buscan desinformar y promover divisiones dentro del país. Cabello señaló: “No solo buscan repetir mentiras sino que su único propósito es sembrar discordia entre la población venezolana”, apuntando contra lo que califica como estrategias destinadas a debilitar la cohesión nacional y a fragmentar a la ciudadanía.

Tal como publicó la prensa, las palabras de Cabello se enmarcan en un momento en que el país enfrenta desafíos derivados de la crisis provocada por la incursión exterior y la detención temporal de sus principales autoridades. Los llamamientos a la unidad y la condena a los hechos de violencia han sido parte del discurso oficial, articulados como respuesta a una situación definida por tensiones tanto internas como externas.

En este contexto, el funcionario insistió, de acuerdo a lo citado por el medio informativo, en que para superar el escenario posterior al ataque, la única opción es mantener la cohesión social y la voluntad de recuperación. Asoció los recientes episodios de desinformación a intentos de dividir a la población y desestabilizar el panorama nacional, subrayando la importancia de identificar y combatir ese tipo de iniciativas.

Por último, el medio reportó que Cabello retomó la idea de que todas las expresiones de rechazo y solidaridad tras la acción militar estadounidense demuestran la presencia de un sentimiento nacional fuerte, capaz de proyectar al país fuera de la crisis. De esta manera, la intervención del ministro durante su programa reflejó la línea argumental gubernamental y subrayó la centralidad de la unidad como mecanismo para hacer frente tanto a los desafíos externos como a los internos.

Según consignó la agencia EFE, la denuncia de Veppex alertó sobre el “traslado arbitrario y extremadamente peligroso” de Varela, detallando que en Fort Bliss se han documentado muertes recientes de migrantes bajo custodia, entre ellas la de Víctor Manuel Díaz, nicaragüense, el 14 de enero, y Geraldo Lunas Campos, cubano, el 3 de enero, cuyas muertes han generado acusaciones de negligencia por parte de las autoridades. Esto, de acuerdo con los exiliados venezolanos, coloca al exoficial en una situación de alto riesgo mientras se decide su futuro migratorio.

Veppex también recordó la trayectoria de Varela, quien huyó de Venezuela hace más de veinte años tras haber denunciado públicamente, vestido con uniforme militar, al gobierno de Hugo Chávez en el contexto de las protestas de Plaza Altamira en 2002. A raíz de ello, en 2005 Varela recibió protección definitiva de un juez estadounidense bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), una medida que buscaba garantizar su seguridad ante una potencial persecución si regresaba a su país de origen.

De acuerdo con EFE, la agrupación informó que Varela fue detenido en noviembre en territorio estadounidense a pesar de haber cumplido todas las obligaciones migratorias, formar una familia con tres hijos en Estados Unidos y mantener una vida integrada y sin antecedentes delictivos. En su declaración pública, Veppex advirtió que el proceso que afecta a Varela podría sentar “un precedente alarmante para miles de venezolanos protegidos” en el país norteamericano, especialmente para quienes se encuentran amparados por medidas internacionales de protección.

La denuncia instó al Gobierno de Estados Unidos, al Congreso y a organizaciones civiles a intervenir de inmediato para evitar una tragedia que consideran irreparable. Veppex expresó que “no permitiremos que la persecución política venezolana se extienda a territorio estadounidense mediante detenciones y deportaciones encubiertas”, subrayando la gravedad del caso a través de EFE.

El caso de Varela se presenta en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias hacia venezolanos en Estados Unidos bajo la administración del expresidente Donald Trump. El medio EFE detalló que en ese periodo se eliminaron mecanismos de protección como el Estatus de Protección Temporal (TPS), se restringieron los viajes desde Venezuela, se suspendió la expedición de visas de inmigrantes y se detuvieron los trámites de tarjetas de residencia para nacionales venezolanos. Estas acciones han afectado a miles de venezolanos que buscaban protección frente a la persecución política o amenazas en su país de origen.

EFE recogió también la preocupación de los exiliados venezolanos, quienes consideran que deportar a Varela a México podría desencadenar una devolución no solo contraria a tratados internacionales, sino también poner en riesgo la vida del militar opositor, ya que México podría proceder a enviarlo posteriormente a Venezuela, donde enfrenta una amenaza directa. La relación del militar disidente con las protestas de 2002 y su condición de opositor lo convierten, según Veppex, en un objetivo de represalias por parte del actual régimen venezolano.

La organización describió las condiciones en Fort Bliss como “inhumanas” y denunció la existencia de abusos por parte de las autoridades migratorias. De acuerdo con la información que difundió EFE, las recientes muertes en ese centro migratorio habrían intensificado las críticas hacia el trato permitido por ICE y otras agencias encargadas de la custodia de migrantes, en un entorno ya marcado por saturación y precariedad.

Finalmente, EFE informó que los exiliados instaron a que se revise la deportación de Varela y se consideren las implicaciones políticas y humanitarias que conllevaría devolver a un disidente protegido a un entorno donde su vida estaría en peligro. El caso ha generado reclamos en defensa de los derechos humanos y la protección de refugiados políticos que se han establecido en Estados Unidos tras huir de la persecución por razones ideológicas o de oposición a gobiernos autoritarios.

El líder del Centro Democrático no dudó en calificar a Cabello como “el más peligroso de todos”, al destacar su papel crucial en la estructura de poder de la dictadura que devastó al país vecino, pese a que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, logró la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen.

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La crítica de Uribe se centró no solo en el régimen de Nicolás Maduro, sino en las raíces de la crisis venezolana, que él señala como el resultado de la gestión de Hugo Chávez: “Toda esa agresión con la droga, con los peajes a terroristas. No solamente es Maduro, eso empezó con Chávez. Y ha habido un equipo que lo rodea”.

Para el expresidente colombiano, el problema no se resolvería mientras este grupo, al que considera “la tiranía y la crueldad”, siga en el poder. En medio de esta crítica, Álvaro Uribe hizo énfasis en la figura de Cabello, que, según él, continúa siendo una amenaza para la estabilidad de Venezuela y para la región.

Uribe comentó que, aunque le habían dicho que Diosdado Cabello se encontraba “muy calmado”, lo consideraba aún “el más peligroso de todos”. La declaración de Uribe resaltó la percepción que tiene sobre la figura del “número del chavismo”.

“Líbrame, Señor, del Cabello calmado y liso de Diosdado, que del Cabella erizado de Diosdado yo me protejo”, con esta metáfora, el expresidente colombiano comparó al “número dos del chavismo” con una figura temible y agresiva, cuyo control sobre las fuerzas de seguridad del Estado le otorga un poder casi absoluto en la Venezuela actual.

Diosdado Cabello se mantiene como el hombre más poderoso de Venezuela

Cabello, conocido como el rostro más radical del chavismo, sigue siendo el segundo hombre más poderoso en Venezuela, controlando no solo las fuerzas de seguridad, sino influyendo en la política represiva que mantiene el régimen de Maduro.

Su rol como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde agosto de 2024, le permite manejar con absoluta autoridad las fuerzas de seguridad del país, incluidas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional. A través de esta posición, Cabello controla la represión a la oposición y es responsable de la ejecución de las políticas de persecución y criminalización de quienes desafían al régimen.

La presencia de Cabello en el poder es considerada por muchos como uno de los principales factores que perpetúan la tiranía chavista. Conocido por su uso de grupos armados civiles, los colectivos, el líder no solo controla el aparato de seguridad, sino los medios de comunicación oficiales, a través de su programa de televisión Con el mazo dando. En este espacio, el dirigente chavista construye constantemente una narrativa de defensa del régimen, atacando a los opositores y manteniendo el control ideológico dentro de las bases militares y políticas del chavismo.

Además, desde las entidades de inteligencia de Estados Unidos, se conoce de la estrecha vinculación de Cabello con el crimen organizado, en especial con el Cartel de los Soles, una red de tráfico de drogas que involucra a altos funcionarios del régimen.

Esta relación provocó preocupación internacional, ya que varios organismos, han identificado a Cabello como uno de los principales actores detrás de este oscuro entramado. De hecho, Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de USD10 millones por información que conduzca a su captura, pero hasta la fecha, Cabello sigue siendo intocable en el aparato de poder chavista.

Para Uribe, la continuidad de Cabello en el poder representa una de las principales amenazas para cualquier intento de transición democrática en Venezuela. Aunque la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026 podría haber marcado un cambio significativo en la estructura del poder, el expresidente colombiano resaltó que la situación no se resolvería mientras Cabello siga siendo parte integral del régimen.

El fin de semana recién pasado, el Partido Comunista (PC) celebró su tradicional “Fiesta de los Abrazos”, ocasión en la que su timonel, Lautaro Carmona, fustigó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, calificó de “secuestro” la extracción de Nicolás Maduro y exigió su liberación inmediata, junto a su esposa, Celia Flores.

Y hace solo unos días, el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, reconoció que Venezuela financió campañas políticas en otros países, al declarar que “es un acto de cobardía imperdonable que los presidentes a los que les hemos financiado las campañas no nos estén dando la mano en estos momentos”, sin dejar en claro, eso sí, a qué países y mandatarios se refería.

Debido a esto, este lunes los parlamentarios Henry Leal y Sergio Bobadilla, en representación de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunciaron que pedirán al Departamento de Estado de Estados Unidos investigar los presuntos aportes del régimen chavista al PC chileno.

“Cuando el presidente de un partido político en Chile reivindica de esta forma la narcodictadura y exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, deja en evidencia una relación que podría no ser solo política, sino también financiera”, partieron su alocución.

A renglón seguido, los diputados recordaron los USD 9 millones (de USD 13 millones comprometidos) que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) habría transferido tras el otorgamiento de un Doctorado Honoris Causa a Hugo Chávez en 2008 a la Universidad Arcis, la que era administrada por la ONG ICAL, de propiedad del PC.

Por ello, sostuvieron que “existen antecedentes suficientes que demostrarían que los vínculos no solo serían de carácter político, sino que también financieros, por lo que resulta imprescindible que esto se transparente a la brevedad posible”.

De acuerdo a los parlamentarios, “ningún aporte o financiamiento puede entenderse como un gesto desinteresado, sino que su principal objetivo es influir en la política y en los asuntos internos de nuestro país, lo que constituye una situación de extrema gravedad que debe ser investigada”.

Así las cosas, “si el propio régimen reconoce públicamente que han financiado campañas políticas en otros países y, al mismo tiempo, vemos a dirigentes del PC rindiendo pleitesías a la dictadura, resulta imposible no establecer una conexión. No estamos frente a una simple disputa ideológica, sino ante una eventual injerencia de un régimen dictatorial en la política chilena”, remataron los diputados gremialistas.

El presidente Gustavo Petro anunció la apertura de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra empresas que hagan incrementos de precios considerados irracionales ante el aumento del salario mínimo, una medida que ya generó una amplia controversia. El mandatario aseguró que la ciudadanía puede presentar denuncias ante la entidad si detecta aumentos injustificados en bienes o servicios.

La decisión del jefe de Estado se dio como respuesta a la inquietud expresada por el economista Javier Mejía, que expuso su preocupación por la escalada de precios observada en enero tras el ajuste del salario mínimo y el índice de precios al consumidor. “Ese desconcierto al ver los precios de todo subir y la ansiedad de sentir que si uno no empieza a cobrar más se estará empobreciendo es el desanclaje de las expectativas de inflación. Así luce. Es un fenómeno de psicología colectiva y pa’ eso no hay decreto que sirva”, escribió Mejía en X.

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El mandatario respondió en la misma red social que “por eso se actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios al cliente”. Además, recordó a los ciudadanos que “la ciudadanía puede denunciar esas empresas a la superintendencia”.

La reacción de Petro se produce en medio de una coyuntura marcada por el incremento del salario mínimo a $1.750.905 mensuales, lo que representa un alza de 23,7% frente al año anterior. El aumento, por supuesto, tiene efector en sectores clave como la vivienda, en especial en las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), cuyos precios máximos están indexados al salario mínimo.

Profunda preocupación de los constructores

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su “profunda preocupación” por el impacto de la medida en los precios de la vivienda y la generación de empleo en el sector. De acuerdo con cifras del gremio, cerca del 25% de los costos directos de construcción en Colombia corresponde a mano de obra, por lo que el ajuste salarial podría elevar los costos totales de construcción en torno al 4%. Esto, a su vez, se trasladaría a los precios finales de las viviendas sociales, que podrían experimentar un aumento de hasta $49.000.000 en 2026.

Al respecto, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, advirtió que “mejorar el ingreso de los trabajadores formales no debe hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social”. Enfatizó en la necesidad de una estrategia integral en política social y económica, por lo que señaló que “el resultado de estas medidas podría ser más exclusión y menor bienestar para la población”.

En respuesta a la preocupación por la inflación, el Gobierno anunció la intención de desindexar ciertos productos y servicios del salario mínimo, con el objetivo de evitar que el alza salarial se traslade de forma automática a los precios y deteriore el poder adquisitivo de los hogares. La medida del Ejecutivo busca contrarrestar el impacto inflacionario y garantizar la viabilidad del acceso a la vivienda.

Incluso, el Ministerio de Vivienda dio a conocer un borrador de decreto que busca evitar que las VIS y las VIP suban de precio con el salario mínimo. Dentro de lo que propone está que todo se establezca en pesos colombianos. Y es que, para 2026, el precio máximo de una VIS podría pasar de $192.000.000 a $236.000.000, mientras que la presión inflacionaria podría afectar la demanda y la sostenibilidad del sector formal de la construcción.

A Petro se le salió el tema de las manos

Las nuevas declaraciones de Petro generaron reacciones en sectores políticos y empresariales. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, aseguró que el mandatario perdió el control del tema.

“Se te desbordó el tema. Era obvio que un aumento desproporcionado en el salario mínimo iba a generar más inflación y esto es una bola de nieve difícil de parar. Cualquier intento por hacerlo genera desabastecimiento y escasez, así ha sucedido en muchos países que siguieron su camino equivocado”, afirmó Restrepo.

La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera expresó dudas sobre la capacidad estatal de fiscalizar todos los incrementos. “Adicionalmente el consumidor en mayoría no es tan conocedor de los mecanismos para reclamar. Ya se ven los aumentos y la presión en los precios de muchos rubros de la economía”, escribió Higuera en X.

Mientras que el ingeniero civil David Baquero agregó que “los precios suben o bajan por oferta y demanda, trate de que los precios bajen obligando el mercado a competir”.

La discusión también alcanzó el ámbito legislativo. El representante a la Cámara Andrés Forero, candidato al Senado por el Centro Democrático, sostuvo que Petro reconoció la irracionalidad del alza del salario mínimo y denunció una supuesta persecución a las empresas que ajustan sus precios.

“Petro es Chávez”

“Petro es Chávez”, calificó Forero. Añadió que “su discurso populista es pan para hoy y hambre para mañana”. En su publicación, el congresista acompañó las críticas con un video del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, que defendió en su momento el control de precios en Venezuela y amenazó con nacionalizar empresas que no acataran las decisiones oficiales.

A su vez, el concejal de Bogotá Humberto Amín, del Centro Democrático, explicó el efecto del alza salarial sobre los costos empresariales: “No hace falta ninguna investigación, presidente Petro. Si un colombiano tiene una empresa y tiene a su cargo cinco empleados con el salario mínimo, el costo mensual de operación se le incrementó solo por factor salarial un 23,7%. Es obvio que los precios de los productos suban”, sentenció.

La muerte de 32 ciudadanos cubanos pertenecientes a la escolta personal del expresidente venezolano Nicolás Maduro tras una incursión militar de Estados Unidos en Caracas ha desembocado en el cese inmediato de los envíos de petróleo y fondos venezolanos a Cuba. Según consignó el medio Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de esa asistencia y conminó a las autoridades cubanas a buscar una salida negociada con urgencia, advirtiendo que podrían enfrentar consecuencias graves si no reaccionan a tiempo ante estas nuevas condiciones.

En una serie de mensajes difundidos a través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense comunicó a la cúpula de La Habana que Venezuela ya no proporcionará más recursos energéticos ni financieros al país caribeño. Según detalló Europa Press, Trump expresó: "Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!". El presidente destacó que, durante años, el Gobierno cubano dependió de grandes volúmenes de petróleo y transferencias económicas provenientes de Venezuela.

En sus publicaciones, Trump subrayó que ese intercambio implicaba también la prestación de servicios de seguridad por parte de agentes cubanos a los mandatarios venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. "Durante muchos años, Cuba recibía enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", mencionó Trump, según citó Europa Press. El jefe de la Casa Blanca destacó el cambio en la relación entre ambos países tras los recientes acontecimientos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Trump responsabilizó a La Habana de ejercer presión y control sobre el proceso político venezolano a través de su presencia de seguridad en el entorno de los anteriores presidentes de Venezuela. El mandatario estadounidense sostuvo que la operación militar de principios de mes concretó un giro en el equilibrio geopolítico, al afirmar que "la mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes".

Por otra parte, Trump afirmó que el Ejército de Estados Unidos garantizará la seguridad de Venezuela. En palabras del presidente, reproducidas por Europa Press, "ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el Ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos". Esta declaración marca un nuevo alineamiento en la política exterior estadounidense hacia ambos países.

El medio Europa Press explicó que el final de los suministros petroleros y financieros representa un cambio de magnitud en la relación entre Cuba y Venezuela, marcada históricamente por la cooperación energética, las transferencias de fondos y el apoyo político mutuo en contextos regionales adversos. Desde los tiempos de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, el envío de crudo y fondos fue clave para la economía cubana.

Europa Press reportó que Trump utilizó también sus redes sociales para interactuar sobre el futuro político de Cuba. En una conversación digital separada, el usuario Cliff Smith planteó en la plataforma X que Marco Rubio, actual secretario de Estado de origen cubano, podría ser presidente de Cuba. Ante esa sugerencia, Trump respondió: "¡Me suena bien!", reacción que genera debate acerca de las intenciones del mandatario respecto al futuro político de la isla y el papel de Estados Unidos en posibles transiciones de poder.

El escenario que describe Europa Press evidencia un endurecimiento de las condiciones externas para La Habana, que afronta nuevas sanciones y la interrupción total del apoyo estratégico de Caracas. Frente a la advertencia planteada por la administración Trump, la cúpula cubana se ve presionada a redefinir sus alianzas internacionales y sus estrategias energéticas internas, en tanto continúa el embargo económico de Estados Unidos sobre la isla y se multiplican las dificultades para obtener divisas o abastecimiento de petróleo por otras vías.

La candidata presidencial del partido de oposición Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó la pertinencia de la medida, contemplada en la Constitución Política de 1991, señalando que el mandatario colombiano está abusando del populismo para ganar los comicios presidenciales.

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A juicio de Valencia, el presidente Petro está ejecutando estrategias similares a las de Hugo Chávez en Venezuela, en particular, destacó el aumento de impuestos para el sector empresarial.

“Y yo creo que la razón es el populismo con el que la combinan. Cuando a usted le dan noticias que suenan positivas, cuando a usted le dicen: «Es que le estamos cobrando-- son impuestos a los ricos». Decía Chávez: «Voy a quitarle las empresas a los ricos para dárselos a los trabajadores». Y entonces la gente pensaba: «¡Wow! Los trabajadores se van a volver ricos»”, expuso.

En efecto, la senadora de la República sostuvo que los planes de Chávez para mantener a sus seguidores unidos ocasionaron graves consecuencias para el empresariado, ya que miles de negocios quebraron o pasaron a ser del Estado, lo que hizo que perdieran competitividad en el mercado.

Incluso, señaló que el pueblo venezolano no advirtió la dimensión del deterioro del sistema productivo bajo el chavismo, puesto que, según su análisis, lo tapaba la bonanza petrolera que permitió financiar subsidios.

“¿Qué pasaba? Al poco tiempo de que entregaban la empresa, pues se daban cuenta que ser empresario no era fácil, que faltaba quién supiera dirigir esa empresa, que no había quien la pudiera sacar adelante y la empresa se quebraba. Pero pasaba tiempo, porque con la plata del petróleo había para subsidios, había para puestos, había para opciones de educación. Entonces, la gente no se fue dando cuenta del deterioro del sistema productivo, sino hasta mucho después”, explicó la aspirante presidencial.

De igual manera, la legisladora comparó las propuestas de Petro con el contexto cubano marcado por un discurso antiimperialista y de rechazo a las políticas capitalistas que permearon la economía de la isla hasta llevarla a puntos críticos.

“ Y cuando usted mira el escenario cubano, pues era lo mismo, ¿no? Vivían del discurso, de las falsas hinchazones de la soberanía nacional, de la dignidad latinoamericana, del antiimperialismo. Y ese tipo de discursos que llega al corazón de la gente y que los hace sentir felices porque piensan: «Ay, ahora todo el mundo nos ve distintos, nos sentimos distintos», van cubriendo la realidad económica de las naciones. Un poco lo que le ha pasado a Colombia, doctor Londoño. Que usted pensaría: «Bueno, ¿por qué los colombianos no se dan cuenta de los daños que ha hecho Gustavo Petro?”.

Paloma Valencia sacó los ‘trapitos al sol’ a Petro antes de su visita a la Casa Blanca

La lideresa del Centro Democrático también centró su crítica en la política antidrogas del Gobierno Petro y aprovechó los anuncios del mandatario de una conversación bilateral con Estados Unidos para cuestionar la coherencia entre sus declaraciones y sus decisiones frente a la lucha contra el narcotráfico.

Valencia recordó las concesiones del presidente Petro a grupos armados, citando el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, entre otros, que están vinculados con el negocio del narcotráfico como principal fuente de financiación para sus operaciones.

“Del dicho al hecho. Presidente @petrogustavo ¿qué compromisos sobre erradicación del mar de coca, desmonte del Pacto de La Picota y su ‘paz total’ con las narcotraficantes ELN, FARC y Clan del Golfo, y un Plan Colombia 2.0 lleva a Washington? (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Con este mensaje, la senadora sacó al presidente Petro los trapitos al sol, señalando las polémicas más fuertes que incluyen el desarrollo de las políticas de paz y antidrogas del Gobierno nacional.

“El pueblo venezolano se equivocó al darle apoyo a Chávez, un señor carismático. En Perú se equivocaron con Alberto Fujimori, que impuso una dictadura sanguinaria, lo hicieron en Alemania con Hitler. Afortunadamente se puede rectificar. Todos los pueblos se han equivocado, lo que no hay es que persistir en el error”.

Con esa advertencia, lanzada en 2014, Mario Vargas Llosa resumía décadas de observaciones sobre los peligros del populismo y la concentración de poder, un diagnóstico que aún se percibe en cada rincón de Venezuela. Durante una visita a Caracas, el Nobel de Literatura calificó al modelo socialista del chavismo como un “anacronismo radical”, comparable con Cuba y Corea del Norte, y advirtió que generaba aislamiento económico, pérdida de libertades y un deterioro profundo de la vida cotidiana.

Frente a un foro de Cedice Libertad -un think tank venezolano-, el Premio Nobel peruano describió a Venezuela como un país que retrocede voluntariamente, atrapado entre la inflación más alta del continente, el desabastecimiento crónico y la violencia que azota a la población. Según La Nación, sostuvo que Maduro “insiste en una fórmula fracasada en el mundo, llevando al país al retroceso de un modelo colectivista y estatista”.

Vargas Llosa -un referente del pensamiento liberal- no dejó dudas sobre el impacto de estas políticas: la pobreza crece, los derechos fundamentales se restringen y la criminalidad marca la vida diaria. Criticó el silencio de los gobiernos democráticos de la región: “No se puede ser neutral ante la peste bubónica, que amenaza con extenderse, porque el colectivismo y el estatismo tienen la vocación de extenderse. Es una vergüenza que países latinoamericanos no muestren solidaridad más intensa con Venezuela”.

El escritor destacó la fuerza de los movimientos estudiantiles y ciudadanos, que definió como un “movimientos libertarios” capaces de impedir que Venezuela se convierta en una “segunda Cuba”, gobernada por una élite cerrada. Aunque crítico del gobierno de Maduro, expresó esperanza en los diálogos políticos recientes, que podrían abrir un camino hacia la pacificación del país, golpeado por décadas de crisis.

Sus advertencias vienen de lejos. En 1999, en su artículo “El suicidio de una nación” para el diario español El País, analizó la llegada de Hugo Chávez al poder y el impacto sobre la democracia: un “demagógico hombre fuerte” que aprovechó la frustración ciudadana. Recordó la responsabilidad de Rafael Caldera, quien liberó a Chávez, permitiéndole consolidar su poder y avanzar hacia la militarización de las instituciones y la confusión ideológica de su proyecto constitucional.

Vargas Llosa concluye que el respaldo popular no legitima prácticas autoritarias ni justifica retrocesos democráticos. La historia de Venezuela, desde el despilfarro petrolero hasta la violencia y el desabastecimiento, confirma sus palabras: persistir en el error tiene consecuencias devastadoras para toda la sociedad.

Hoy, en enero de 2026, la historia da un giro dramático: Nicolás Maduro fue extraído de Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo, marcando un capítulo inédito en la crisis venezolana y poniendo a prueba la posibilidad de rectificar los errores que Vargas Llosa advirtió durante décadas.

Desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, en Colombia se ha hablado sobre la tensión que existía entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente tras las palabras del republicando en contra del mandatario cafetero.

Es por ello que, en la noche del 7 de enero, Gustavo Petro reveló que tuvo una conversación telefónica con Donald Trump, que en redes sociales invitó al colombiano a la Casa Blanca.

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En su discurso, Petro aseguró que la oposición buscó que la administración Trump lo referenciara como un “testaferro de Nicolás Maduro”, lo que fue descartado tras la charla que sostuvieron los mandatarios.

Sumado a ello, Gustavo Petro decidió recordar una anécdota de su vida para exponer que no era cercano a Nicolás Maduro ni al régimen que tomó el poder tras la muerte de Hugo Chávez.

La versión que entregó Petro sobre su relación con Nicolás Maduro

En su discurso, Gustavo Petro afirmó que sus diferencias con Nicolás Maduro comenzaron tras la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, puesto que no fue invitado al funeral del dictador.

“Él (Nicolás Maduro) no es mi aliado, es quien me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez, que era muy positiva, cuando fui a enterrarlo, no me invitaron, pero yo dije «No me van a frenar»”.

Gustavo Petro aseguró que desde ese momento cortó todo tipo de comunicación con el régimen venezolano, puesto que con ese acto entendió que Nicolás Maduro no buscaba el bienestar de la ciudadanía.

“Nunca más volví a ver ese gobierno, porque considere que iban por otra línea. Yo iba por la línea de la paz y eso fue lo que le dije a Chávez, que se volvieron ayuda de la paz en Colombia”.

En el hecho, que se registró durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Gustavo Petro viajó a Venezuela, pero aseguró que no pudo ingresar al sepelio del dictador por orden de Nicolás Maduro.

“Era una capilla pequeña, Santos no me invitó a entrar, porque estaba compitiendo por el protagonismo. Cuando fui a entrar, la señora de la guardia nacional, apenas iba a entrar, sentí el viento y la violencia de esas puertas pesadísimas. Quede ese día yo triste, no lo enterré, aunque no lo enterraron”.

Aunque ha reafirmado que la captura de Nicolás Maduro fue ilegal, Gustavo Petro se refirió a la presencia de grupos armados en territorio venezolano, que de acuerdo con informes militares, han sido avalados por la dictadura en el vecino país.

Al respecto, el presidente de Colombia aseguró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene el poder territorial de la mayoría de la zona fronteriza, se ha alejado de los ideales con los que se fundó esta guerrilla.

“Hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que se llama, hoy por hoy, Ejército de Liberación Nacional, matando campesinos. Que el ELN se acuerda del sacerdote Camilo Torres Restrepo y lo vuelve a leer, porque ya no leen”.

Gustavo Petro concluyó su discurso al indicar que buscará exponerle a Donald Trump que la transición de los cultivos ilícitos es el mejor camino para dejar a un lado el narcotráfico.

Sin embargo, también reafirmó la postura que había sido presentada previamente por el Ministerio de Defensa, sobre que no existe ningún tipo de cese al fuego con los grupos armados.

Cabe mencionar que, desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, las Fuerzas Militares de Colombia se han replegado en las zonas fronterizas ante la posibilidad de que los máximos cabecillas de los grupos armados puedan retornar al país.

El traslado a España de figuras opositoras venezolanas como Leopoldo López y Edmundo González, así como la concesión de permisos de residencia y trabajo para 200.000 ciudadanos venezolanos, ha marcado una etapa en la relación entre España y Venezuela bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, instó a todas las fuerzas políticas —con especial énfasis en el Partido Popular (PP)— a mostrar “respeto” hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus esfuerzos de mediación en la crisis venezolana, según reportó el medio 20minutos.

Durante su intervención, Albares destacó que Zapatero no actúa en representación ni por encargo del Ejecutivo español respecto a su participación en asuntos venezolanos. No obstante, subrayó que el Gobierno actual reconoce y aprecia los esfuerzos diplomáticos realizados por el exmandatario. Según detalló 20minutos, Albares recordó que esta labor de mediación se inició en 2015 a sugerencia de la oposición venezolana, y que en ese momento incluso el entonces presidente Mariano Rajoy valoró positivamente la intervención, sobre todo tras la contribución de Zapatero a la liberación del dirigente opositor Leopoldo López.

Albares rememoró episodios previos que involucran a políticos españoles y a Venezuela, como el incidente durante la Cumbre Iberoamericana de 2007 en Santiago de Chile. En ese foro, según publicó 20minutos, el entonces presidente Zapatero intervino en defensa del expresidente José María Aznar ante Hugo Chávez, situación que culminó cuando el rey Juan Carlos I solicitó al presidente venezolano que finalizara sus comentarios hacia Aznar.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por 20minutos, el ministro de Exteriores insistió en que la dignidad institucional de España queda reflejada en el trato respetuoso a expresidentes y a las figuras públicas que han desarrollado un papel relevante en el ámbito internacional. Albares enfatizó que atacar esas figuras, particularmente en lo referente a la labor de mediación, afecta la imagen del país.

El titular de Exteriores también manifestó su desacuerdo con lo que calificó como la utilización del pueblo venezolano como herramienta de enfrentamiento político interno por parte del PP. Explicó, según consignó 20minutos, que en el pasado, durante la etapa en la que la oposición venezolana solicitó la colaboración de Zapatero, el Partido Popular reconoció los avances obtenidos, pero que en la actualidad existe un uso distinto del tema venezolano por parte de esa formación política.

En referencia a la política migratoria impulsada bajo el Ejecutivo de Sánchez, Albares apuntó que la acogida de opositores venezolanos y la concesión de permisos a miles de ciudadanos del país sudamericano ha sido una de las principales diferencias respecto al gobierno anterior, al que acusó de inacción ante la situación humanitaria en Venezuela. Según subrayó, dicha política refleja un compromiso más amplio con la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de evitar que cuestiones internacionales y el sufrimiento de pueblos extranjeros se conviertan en argumentos de desgaste político en el debate nacional. Solicitó que la labor de mediación, independientemente de la adscripción política de quienes la desarrollan, sea apreciada en función de los resultados conseguidos, mencionando el caso de Leopoldo López como un precedente de cooperación fructífera avalada incluso por el entonces presidente Rajoy, de acuerdo a los registros históricos mencionados por Albares.

Por último, el responsable de la diplomacia española reiteró su petición de respeto hacia todas las figuras que han representado a España en escenarios internacionales y centró su mensaje en la necesidad de no mezclar los intereses de la política nacional con la situación de Venezuela. Destacó que la defensa de la dignidad de las instituciones españolas, en su opinión, exige reconocer el esfuerzo realizado por quienes han actuado en favor del diálogo y la solución pacífica en contextos complejos como el venezolano, reportó 20minutos.

La captura en Caracas del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores producto de la Operación Resolución Absoluta efectuada por la Fuerza Delta y con luz verde del presidente de los EE. UU. Donald Trump, sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Todo por las posiciones a favor como en contra en medio de lo que han sido las celebraciones de los migrantes alrededor del mundo producto de la diáspora venezolana.

En medio de todo esto, las publicaciones en redes han dejado ver varias posiciones, y una de esas fue la de un influencer colombiano llamado Mateo de los Ríos, que en dos videos dejó una reconstrucción histórica a grosso modo de lo que era Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez al poder.

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El creador de contenido antioqueño inició la primera parte de la grabación destacando que este es “el primer caso en el que una potencia extranjera depone a un jefe de estado que está en funciones en el siglo XXI en América Latina”.

A raíz de lo anterior, “esto ha generado muy diversas reacciones”, aclara de los Ríos, al precisar por un lado que “se neutraliza al líder de un régimen totalitario, por el otro hay una violación flagrante de la soberanía de un país (una posición en la que se encuentra el Gobierno Petro), que contrasta la búsqueda de la libertad de un pueblo con el imperialismo militar de otro”.

En consecuencia, y a raíz de la caída del líder del régimen, el influencer se hizo varias preguntas que, desde los mismos habitantes en Venezuela dentro y fuera de ese país y publicó los videos para dar una respuesta a: “¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendría eso para Colombia, así como para los demás países de la región?”

“La operación inicia a las dos de la mañana del día 3 de enero, iniciada por el sobrevuelo del caza EA-18G Growler, una versión modificada del F-18, equipado con armamento de contramedidas electrónicas. O sea, aún hay un encargado de destruir los sistemas de alerta y radar enemigos y antipulsaciones electromagnéticas”, destaca de los Ríos.

En ese momento, las defensas antiaéreas venezolanas quedaron sordas y mudas. Acto seguido, un pelotón de helicópteros Black Hawk efectúa un bombardeo sobre puntos estratégicos en Caracas, cortando el suministro de luz en el sur de la ciudad y aprovechando el caos para sitiar a Maduro y a su escolta, que en ese momento se encontraban en el Fuerte de Tiuna".

Luego de contar los detalles del operativo que hace parte de la ofensiva denominada Lanza del Sur, el influencer destacó:

“Aquí tenemos que irnos un poquito hacia atrás en la historia de Venezuela. (...) Es el país con las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, la cual se concentra en su mayoría en la franja petrolífera del Orinoco, una zona estimada con reservas de 1.2 billones de barriles de petróleo”, inicia el antioqueño con lo que era la reconstrucción histórica de lo que era Venezuela.

Debido a esta bonanza petrolífera se destaca por parte del creador de contenido que Venezuela tiene el “20% de las reservas de petróleo mundiales“, llevándola a fundar la Opep (Organización de los Países Productores de Petróleo).

“El 1 de enero de 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se decide nacionalizar el petróleo venezolano, o sea, sacar y compensar a las empresas estadounidenses que también lo estaban explotando para dejarlo en manos de Petróleos de Venezuela S. A. o Pdvsa”, recalca de los Ríos.

Y es justo en ese momento, cuando “Pdvsa estaba administrando las mayores reservas de petróleo del mundo; y en los años ochenta empieza la catástrofe venezolana”.

El influencer explicó que “la sobreproducción de petróleo saudí y soviético inundaron el mercado de petróleo, disminuyendo el precio del barril a mínimos históricos”.

Este fue el motivo que ocasionó daños en el país vecino, todo por que, en ese instante, “la economía venezolana era totalmente dependiente del petróleo”, aclaró de los Ríos.

Producto de lo anterior, todo esto se comenzaron a implementar medidas económicas con el objetivo de reducir el déficit fiscal, pero esto “se tradujo en una recesión económica que llevó a un primer intento de golpe de Estado diez años después, encabezado por un tal coronel Hugo Chávez Frías”.

“En este intento de golpe de Estado fracasa y Carlos Andrés Pérez, presidente del que hablamos que nacionalizó el petróleo venezolano en el 76, que en el 92 se encontraba en su segundo mandato, es apartado del poder el año siguiente, en 1993, y le suceden varios gobiernos interinos, hasta que en el 94 gana las elecciones Rafael Caldera”, detalla de los Ríos, para dar un contexto a lo que precedería la llegada de Chávez al poder.

En este punto el creador de contenido afirmó: “Caldera ofreció indulto para los golpistas del 92 y es cuando Chávez sale de la cárcel. Ya convertido en una figura carismática e importante en la política venezolana”.

Para de los Ríos, esta fue una de las claves, dado que “Chávez es una persona muy importante, porque en torno a él se configura el movimiento político del chavismo, un movimiento políticamente de izquierda, nacionalista, bolivariano y antiimperialista, ideológicamente distante de Estados Unidos y cercano a China y a Rusia, algo que nunca fue visto con buenos ojos por Estados Unidos”.

Adicional a lo anterior, el Gobierno Chávez también fue cercano a Cuba.

“Todo esto acompañado en unos primeros años por unos aumentos del precio del petróleo, que lograron estabilizar un poco la economía venezolana, la cual siguió siendo extremadamente dependiente al petróleo”, reseña el influencer.

“El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez fallece tras varios meses de luchar contra el cáncer y le solicita al pueblo antes de morir votar por su sucesor Nicolás Maduro” dice de los Ríos, y así ocurrió:

“Maduro es elegido y trata de gobernar bajo una imagen de presidente obrero, algo muy charro por las ocurrencias y las cosas que dice, pero desastroso para la economía venezolana”, explica el colombiano.

A raíz de la disminución de los precios del petróleo desde 2014, “Maduro opta como contramedida económica para disminuir el déficit fiscal, la impresión de dinero, lo cual llevó a Venezuela a una de las mayores hiperinflaciones en la historia de la humanidad, y a su vez causó una de las mayores crisis económicas del siglo XXI”.

Pero no solo lo anterior, porque el influencer destacó que esta crisis se dio “a la par (con) una de las mayores crisis humanitarias en la historia, debido al éxodo masivo de venezolanos y de capital venezolano hacia los demás países de la región”.

Por todo lo anterior, en palabras del creador de contenido, “Maduro es extremadamente impopular, aparte de los muchísimos señalamientos de fraude electoral que Maduro ejecutó en las siguientes elecciones, en las cuales siempre gana de manera dudosa”.

“De ahí viene que su gobierno sea considerado un régimen y él un dictador. Aparte de eso, Estados Unidos lo vincula como cabecilla de una organización narcotraficante denominada el Cartel de los Soles”, y de las que agrega que hay pocas pruebas, pero ya con el documento forma de acusación (indictment) presentado por la fiscal general estadounidense Pamela Bondi se le acusa a Maduro por los delitos de:

• Conspiración narcoterrorista.
• Conspiración para importar cocaína.
• Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Con lo anterior, y el “vacío de poder” que de los Ríos menciona, dejó lo que para él puede ser los posibles escenarios luego de que se conoció que Delcy Rodríguez asumió como presidente interina del régimen venezolano.

“Primero, y como indicó Donald Trump en la rueda de prensa, es gobernar, administrar Venezuela hasta que haya un gobierno de transición. Esa transición se va a hacer de la mano del chavismo, debido a que la líder opositora María Corina Machado, dicho por el propio Trump, no cuenta con el apoyo y el reconocimiento del país”, explica de los Ríos en el primer punto.

Ahí mismo agregó: “Este primer escenario es la continuidad del chavismo bajo la tutela estadounidense”.

Para la segunda posibilidad, “el escenario B es que el chavismo no acepte la tutela estadounidense; que Delcy Rodríguez sea la gobernante, que Venezuela endurezca su posición respecto a Estados Unidos y a la oposición”.

En tanto que para el tercer posible ambiente y que el influencer calificó como el “menos probable”, es que la oposición, “tras una revuelta civil, logre el poder al ya no encontrarse en él Nicolás Maduro, lo cual es muy improbable, porque Venezuela sigue conservando la misma constitución, las mismas estructuras de poder, la misma cúpula militar fiel al chavismo”.

Para reforzar el último punto, de los Ríos dijo que “es muy complicado que en este momento la oposición obtenga el poder; sin embargo, en este momento, la situación en Venezuela es totalmente inestable y Estados Unidos no va a ceder a sus intereses”.

“Si la intervención se hubiera hecho por fines democráticos, hace mucho tiempo hubieran invadido a Cuba, un país muchísimo más cercano a ellos, simplemente por el petróleo (una posición que comparte la izquierda en Colombia). China y Rusia no van a intervenir. Entonces, el chavismo está solo con su gente. ¿Le alcanzará para mantenerse en el poder?” cierra con una duda que le dejó el colombiano a sus seguidores en redes sociales, y dejando abierto el debate.

El comercio exterior entre Perú y Venezuela experimentó transformaciones profundas a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, proceso que derivó en un ascenso sin precedentes del intercambio bilateral, seguido por un desplome drástico y una posterior recuperación moderada en los últimos años.

Según cifras oficiales, el vínculo comercial entre ambos países pasó del apogeo regional a niveles marginales, afectado por las fluctuaciones de la economía venezolana y la crisis institucional que podría haber culminado con la captura de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, a manos de EEUU el pasado 3 de enero de 2025.

¿Cómo era la relación entre Perú y Venezuela antes de Hugo Chávez?

De acuerdo con datos de SUNAT, el comercio exterior entre Perú y Venezuela atravesó cambios profundos tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, evento que dio inicio a un ciclo de expansión inédito en el intercambio bilateral.

Antes, la relación comercial entre Perú y Venezuela se desarrollaba prioritariamente en el marco de la Comunidad Andina (CAN), con un intercambio basado principalmente en exportaciones venezolanas de productos petroleros y derivados, e importaciones de manufacturas y productos no tradicionales peruanos.

Venezuela era uno de los principales socios comerciales regionales de Perú y el intercambio bilateral, aunque importante para ambos países, estaba caracterizado por la existencia de mecanismos de integración y preferencias arancelarias andinas, pero presentaba una balanza comercial favorable a los norteños, sustentada en sus envíos petroleros.

Así, en el año 2000, el intercambio bilateral alcanzó USD 733 millones, dominado por importaciones peruanas de petróleo y derivados, y dejando un déficit comercial para Perú de USD 510 millones.

El comercio Perú–Venezuela tras el chavismo: auge, colapso y recuperación parcial

Tras el cambio de mando -democrático, por ese entonces- el auge bilateral comenzó en 2004, impulsado por la bonanza petrolera y una política cambiaria favorable en Venezuela, lo que permitió que las exportaciones peruanas se triplicaran en pocos años. Entre 2006 y 2012, los envíos peruanos a Venezuela pasaron de USD 410 millones a USD 1.212 millones.

En 2012, el intercambio total alcanzó su máximo histórico con USD 1.422 millones y un superávit para Perú de USD 1.003 millones. El 58% de las exportaciones peruanas a Venezuela en ese año correspondió al sector textil y confecciones, seguido por productos como alambres de cobre refinado, químicos y alimentos procesados.

En contraste, las importaciones peruanas desde Venezuela estuvieron concentradas en derivados de hidrocarburos, especialmente aceite crudo de petróleo, que en 2012 representó el 69% de las compras peruanas a ese país.

Cae el petróleo, caen las “democracias”: llega Nicolás Maduro

La crisis petrolera de 2014 y el deterioro económico e institucional en Venezuela provocaron una caída abrupta del comercio bilateral. Según reportes de la época, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron de USD 500 millones en 2014 a solo USD 27 millones en 2018, mientras que el intercambio total se desplomó de USD 1.422 millones en 2012 a USD 33 millones en 2018.

Este retroceso afectó a decenas de empresas exportadoras peruanas y generó importantes deudas impagas. La producción petrolera venezolana también disminuyó, pasando de 3,1 millones de barriles diarios en 2000 a 1,3 millones en 2018. Por esa época es que asume Nicolás Maduro, tras la muerte del dictador Chávez.

Una leve recuperación para el comercio bilateral Perú-Venezuela

A partir de 2018, el comercio bilateral mostró una recuperación moderada. Las exportaciones peruanas a Venezuela sumaron USD 38,9 millones en 2019 y USD 35,5 millones en 2020, año marcado por la pandemia de COVID-19.

En 2021, los envíos peruanos subieron a USD 88,4 millones y continuaron creciendo hasta alcanzar USD 137,7 millones en 2023. En ese año, el 99,7% de los productos exportados correspondió a bienes no tradicionales, en especial prendas de vestir, productos siderúrgicos, metalúrgicos, químicos y agropecuarios.

Las importaciones peruanas desde Venezuela en 2023 sumaron USD 11,8 millones, principalmente alcohol metílico, ron, mayonesa, manto asfáltico y aluminio en bruto. El número de empresas peruanas exportadoras a Venezuela pasó de 199 en 2019 a 277 en 2023, y la variedad de productos exportados alcanzó las 1.215 partidas distintas.

Una balanza totalmente rota, a la espera de mayores noticias desde el norte

Pese a la recuperación, Venezuela sigue representando solo el 0,2% del total de exportaciones peruanas y el 0,02% de las importaciones. El saldo comercial se mantiene favorable para Perú, pero la relevancia mutua es limitada respecto al comercio internacional de ambos países.

La evolución de la relación bilateral en el último cuarto de siglo muestra cómo los ciclos petroleros, las políticas cambiarias y las crisis estructurales han determinado el paso del auge al colapso y, luego, a una recuperación parcial marcada por mayor diversificación de actores y productos. ¿Será la caída del régimen chavista un nuevo comienzo para la relación comercial entre Venezuela y Perú?

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, utilizó su perfil en X para referirse a los acontecimientos recientes en Venezuela, después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una intervención militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

En una de sus publicaciones, Gustavo Petro destacó las palabras de Rosines Chávez, hija del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. Ante este gesto, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño en un mensaje en su cuenta de la red social X criticó duramente la intervención de Petro y cuestionó el papel de Rosines Chávez en la coyuntura venezolana. Briceño afirmó: “Vivía como magnate a costa de ese sufrimiento”.

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El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en X se refirió a la intervención de Rosines Chávez, hija del expresidente Hugo Chávez, quien tras la captura de Nicolás Maduro pronunció un discurso en las calles de Venezuela. Petro citó sus palabras al señalar: “Rosines Chávez de 29 años, hija del presidente Chávez, habla en las calles de Venezuela: Solo el pueblo salva al pueblo”.

Frente a lo dicho por Gustavo Petro, el candidato a la Cámara de Representantes por el partido de oposición, el Centro Democrático Daniel Briceño cuestionó el papel de Rosines Chávez durante la crisis venezolana, señalando que mientras la población enfrentaba graves dificultades, ella residía en Europa con un alto nivel de vida vinculado a los recursos de su familia.

“Rosines Chávez la hija del dictador es la que hoy vive en Europa como multimillonaria con la plata que la familia le robó a Venezuela. Mientras los venezolanos morían de hambre, Rosines Chávez vivía como magnate a costa de ese sufrimiento”, escribió el exconcejal de Bogotá por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Daniel Briceño ha publicado varios mensajes en X sobre la captura de Nicolás Maduro. En uno de ellos, criticó a sectores cercanos al Gobierno colombiano que rechazaron el operativo de Estados Unidos en el que fue detenido Maduro. Briceño señaló que estos sectores han defendido en el pasado a figuras controvertidas y cuestionó la orientación del gobierno de Gustavo Petro.

“Lloraron por el narco Santrich, nombraron gestores de paz a los peores asesinos de Colombia, subieron a las tarimas a los peores delincuentes y ahora lamentan la detención del narcotraficante y expresidente Nicolás Maduro. El gobierno Petro actúa en beneficio de los delincuentes, no de los colombianos”, aseveró Briceño en uno de sus mensajes con respecto a lo ocurrido.

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos encabezaron un operativo militar en Venezuela que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La acción incluyó bombardeos en Caracas y permitió que ambos fueran trasladados bajo custodia para enfrentar cargos judiciales.

Las autoridades estadounidenses trasladaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos, donde la Fiscalía General anunció que tendrán que responder ante la justicia por acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo.

La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi informó en X que las acusaciones contra Nicolás Maduro abarcan delitos como conspiración ligada al narcotráfico, tentativa de introducir cocaína, tenencia de armas automáticas y explosivos, y asociación para disponer de estos elementos con el objetivo de afectar a Estados Unidos. Además, Bondi precisó que tanto Maduro como su esposa enfrentan cargos oficiales en el Distrito Sur de Nueva York, donde serán juzgados ante la justicia de ese país.

La Casa Blanca comunicó que la operación militar contempló ataques aéreos dirigidos a objetivos específicos en Caracas. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó esta información tanto en sus redes sociales como en una declaración pública, donde indicó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores fueron detenidos y trasladados fuera de Venezuela de manera inmediata.

La familia de Delcy Rodríguez ha estado ligada durante décadas a la política venezolana, situación que ha influido en el camino que la llevó hasta el cargo de presidenta encargada tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según informó Europa Press, la trayectoria política de Rodríguez se ha visto marcada por su ascendencia: es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, fallecido en 1976 mientras se encontraba bajo custodia policial tras su implicación en el secuestro de un directivo estadounidense, hecho que dejó una huella determinante en la perspectiva política de la actual mandataria interina. La noticia principal radica en que Delcy Rodríguez ha asumido la jefatura del Estado tras la operación militar estadounidense, en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y Caracas.

Europa Press detalló que, luego de la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en una operación liderada por fuerzas estadounidenses, Rodríguez asumió de inmediato la presidencia encargada. Esta asunción se fundamenta en las disposiciones de la propia Constitución venezolana, que en sus artículos 233 y 234 establecen que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en caso de "ausencia forzosa". La decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que formalizó el traspaso del poder y certificó la ausencia del mandatario venezolano.

Nacida en Caracas en 1969 y con formación en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, Delcy Rodríguez inició su actividad política motivada por hechos familiares y nacionales, tales como el fallecimiento de su padre y el intento de golpe de Estado en 2002 contra Hugo Chávez. Durante ese episodio, permaneció junto a su madre en la embajada venezolana en Londres como forma de protesta, acontecimiento que marcó el inicio de su participación directa en la vida política. Más tarde, en 2003 ingresó en la Coordinación General de la Vicepresidencia del país, y asumió diversos roles en la administración pública, incluidos cargos en los ministerios de Energía y Minas, y de la Secretaría de la Presidencia.

Además, su carrera incluye un breve paso por el Ministerio del Despacho de la Presidencia en 2006, puesto otorgado por Chávez, aunque dejó el cargo tras algunas diferencias con el mandatario. Según consignó Europa Press, el ascenso de Rodríguez como una de las figuras de mayor peso político en Venezuela se produjo tras la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia en 2013. Desde entonces, ocupó la titularidad del Ministerio de Comunicación e Información entre 2013 y 2014, y más tarde dirigió la política exterior como ministra de Relaciones Exteriores desde 2014 hasta 2017, etapa en la que se situó como una de las caras visibles de la diplomacia venezolana.

Rodríguez también desempeñó un papel central en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano creado en respuesta a la pérdida de la mayoría legislativa por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras las elecciones de 2015. Como presidenta de la ANC, consolidó su influencia en el aparato estatal, ya que dicho organismo fue considerado, al menos teóricamente, con poder supraconstitucional. La ANC surgió en medio de enfrentamientos políticos, paralización de diálogos entre el Gobierno y la oposición, boicot electoral y protestas sociales ante la falta de una salida negociada a la crisis institucional, según publicó Europa Press.

A partir de su designación como vicepresidenta en 2018, tras la reelección de Maduro en unos comicios marcados por el boicot opositor y una baja participación, Rodríguez expandió su campo de acción en el Ejecutivo. Durante su vicepresidencia, protagonizó uno de los incidentes diplomáticos más notorios en Europa, conocido como el 'Delcygate'. En enero de 2020 se reunió en el aeropuerto de Madrid con el entonces ministro español José Luis Ábalos, a pesar de tener prohibido el ingreso al espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea, impuestas por "violaciones de derechos humanos y democracia" en Venezuela. La reunión provocó controversia política en España, pero la Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso, señalando que la cita no constituía delito de prevaricación por parte de Ábalos, aunque reconoció que Rodríguez sí permaneció en la zona restringida del aeropuerto.

En los últimos años, Delcy Rodríguez acumuló nuevas responsabilidades dentro del gabinete de Maduro. En 2020 asumió el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, roles con los que tuvo a su cargo la gestión de la delicada economía nacional, dependiente en buena parte de la industria petrolera. Más recientemente, en agosto de 2024, pasó a encabezar el Ministerio de Hidrocarburos, pieza clave en la estructura económica venezolana ante la relevancia de las exportaciones energéticas.

El medio Europa Press señaló también que Rodríguez permanece bajo sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2018. Estas medidas alcanzan a figuras cercanas al círculo de Maduro, incluyendo a la propia Rodríguez, a su hermano Jorge Rodríguez —actual presidente de la Asamblea Nacional y exvicepresidente durante el gobierno de Chávez—, al ministro de Defensa Vladimir Padrino y a la primera dama Cilia Flores, por conductas consideradas como atentatorias contra los derechos humanos.

Tras asumir como presidenta encargada luego de la captura de Maduro, Rodríguez enfrenta presiones externas. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, ha exigido que el Ejecutivo interino acepte las directrices propuestas desde Washington. El propio presidente Trump, en su primera reacción pública tras la operación, desestimó la figura de la opositora María Corina Machado y manifestó su disposición a colaborar con Rodríguez, a quien consideró una interlocutora pragmática. Europa Press informó que Rodríguez, tras hacerse cargo del gobierno, expresó la voluntad de "defender el derecho a la paz" de Venezuela e instó a Estados Unidos a abrir una agenda de trabajo conjunto. En paralelo, constituyó una comisión con el objetivo de gestionar la liberación de Maduro.

La familia Rodríguez sigue siendo influyente en el tablero político venezolano. Además de Delcy, su hermano Jorge ocupa una posición clave como presidente del Parlamento desde 2021 y ha tenido importantes papeles en diferentes organismos del Estado. La presencia de ambos hermanos en puestos de alto nivel denota la continuidad de su presencia en los núcleos decisorios del poder venezolano, reflejo de procesos históricos y familiares que han marcado el desarrollo político del país.

A lo largo de su carrera, Delcy Rodríguez también ha ejercido como delegada venezolana en eventos internacionales. Europa Press recordó su papel como representante en la cumbre de 2023 entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Bruselas. En ese contexto, se reunió en compañía de Maduro y del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para tratar asuntos relacionados con la crisis interna venezolana, en el marco de las gestiones de mediación del exmandatario.

Tras los acontecimientos recientes en los que Estados Unidos llevó a cabo el sorpresivo operativo militar contra Venezuela y capturó a Maduro, Rodríguez asume la presidencia en medio de expectativas de cambio y vigilancia internacional, así como de intensas negociaciones políticas para definir el futuro inmediato del país sudamericano, según indicó Europa Press.

Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente venezolano, instó a la población a mantenerse movilizada tras la detención de sus padres durante una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. El llamado, dirigido especialmente a las bases partidarias y movimientos sociales, busca fortalecer la unidad popular y exigir la liberación del mandatario, cuya audiencia judicial está programada para este lunes en territorio estadounidense. Según consignó Radio Miraflores, la captura afectó tanto al presidente Nicolás Maduro como a la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos.

El medio Radio Miraflores recogió las declaraciones del hijo del presidente, en las que recalcó la necesidad de “levantar las banderas de Hugo Chávez” y manifestó su compromiso en las calles junto al pueblo venezolano. El mensaje subrayó que la movilización no solo constituye una respuesta ante la operación militar extranjera, sino que representa un acto para reafirmar la dignidad nacional y contrarrestar cualquier imagen de debilidad. “No nos van a ver débiles. Vamos a levantar las banderas de (el expresidente venezolano Hugo) Chávez y a trabajar por traer sano y salvo a Nicolás Maduro”, expresó Nicolás Ernesto Maduro, según informó la emisora.

A raíz de la detención y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos, la tensión aumentó en el país sudamericano. El hijo del mandatario, a través de su discurso difundido por medios oficiales como Radio Miraflores, enfatizó la importancia de la organización y la participación activa en las movilizaciones convocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los movimientos sociales. De acuerdo con lo publicado por dicha emisora, las concentraciones callejeras buscan denunciar la intervención militar estadounidense, defender la soberanía venezolana y presionar por la pronta repatriación del jefe de Estado y la primera dama.

Nicolás Ernesto Maduro aseguró que tanto él como los dirigentes leales al gobierno permanecen “firmes” y que su participación en las calles tiene la intención de dar fortaleza moral a la población. “Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo”, indicó en su mensaje, destacando que las acciones de estos días son decisivas para demostrar solidaridad y determinación frente a la detención de sus padres. Además, convocó a “trabajar para traer sano y salvo” al presidente, en alusión directa a los esfuerzos colectivos requeridos para enfrentar la situación tras la operación militar estadounidense.

La secretaria de organización partidaria y los referentes de los colectivos sociales atendieron la convocatoria para multiplicar las marchas y concentraciones que, según Radio Miraflores, tendrán lugar mientras se desarrolla el proceso judicial en contra del mandatario en territorio estadounidense. Nicolás Maduro será presentado este lunes ante un tribunal, donde enfrentará cargos relacionados con supuesta conspiración narco-terrorista, según reportó la emisora.

El contexto político y social en Venezuela se mantiene marcado por la incertidumbre y el llamado a la cohesión social. Según detalló Radio Miraflores, las autoridades del PSUV reiteraron la consigna de rechazar cualquier intervención extranjera y reforzar la defensa de la soberanía nacional. La convocatoria de Nicolás Ernesto Maduro refuerza la posición del gobierno ante la comunidad internacional y busca evitar el desánimo entre sus seguidores, instando a mantener visibles las protestas y la expresión popular.

Radio Miraflores también informó que tanto círculos políticos oficialistas como organizaciones sociales se sumaron a la consigna de apoyo al presidente y la primera dama, pidiendo a la ciudadanía que mantenga la presión social y exprese su rechazo a la detención. Diversos grupos reiteraron el compromiso de participar en las actividades de protesta organizadas durante los días siguientes, mientras la atención se centra en el desarrollo de la audiencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Maduro y su esposa Cilia Flores, exabogada de Chávez, fueron capturados. En conferencia de prensa, Trump anunció que EE. UU. asume el manejo de Venezuela, nombrando personas y haciéndose cargo de la reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela. La transición es asumida por Washington ya que no hay todavía fecha para que juren quienes fueron electos el año pasado o para nuevas elecciones. El ataque fue estratégico y quirúrgico, con muy buena inteligencia, más CIA que militar, donde también fue derrotada Cuba, ya que tenían a su cargo la protección de Maduro. Es curioso que tanta gente dudara de este desenlace, incluyendo algunos comunicadores de radios latinas en Miami, ya que EE. UU. posee la mayor capacidad militar del mundo. Quizás Maduro puede estar arrepentido de no aceptar las numerosas ofertas que se le hicieran para renunciar.

Por ahora, se sigue la constitución venezolana y continúa la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien habría asegurado colaboración en conversación telefónica con Rubio, desde Rusia, donde la sorprendió el ataque estadounidense. La gran interrogante es cuál es la letra pequeña que han acordado los chavistas que siguen en el poder con la administración estadounidense.

En Caracas tuvo lugar el arresto del dictador Nicolás Maduro en cumplimiento de una orden emanada de tribunales estadounidenses por su evidente rol como narcotraficante y líder del Cartel de los Soles, ya que en Venezuela más que una dictadura que protegía a delincuentes, lo que existía era la misma delincuencia organizada la que gobernaba directamente al país, un régimen tan violento que casi ocho millones de personas se vieron obligadas a exiliarse, ahogándose todo tipo de democracia y a pesar de ser un país próspero con las más grandes reservas de petróleo del mundo, el empobrecimiento se generalizó.

Nos falta saber qué va a pasar con esos chavistas que sobrevivieron en una realidad que, como todas las transiciones, son de varios colores, y, por lo tanto, todavía no sabemos con seguridad qué tipo de transición tendrá Venezuela. En la teoría, se distinguen al menos tres tipos: institucionalizada cuando la hace el propio régimen que se despide, negociada cuando hay un acuerdo con la oposición democrática, y rupturista cuando el régimen en el poder simplemente se desploma, y la pregunta es cuál de ellas será la transición venezolana hacia la democracia o de regreso a ella, por la existente antes de Chávez.

La verdad es que, dentro de estos tres tipos, hay variedades, por lo que una no siempre se parece a otra, ni entre las latinoamericanas que sucedieron a golpes de Estado militares como tampoco en el postcomunismo europeo, por lo que seguramente vamos a presenciar una transición a la venezolana. Hasta ahora solo teníamos en mente la existencia de una dupla, María Corina Machado (MCM), la indiscutible lideresa, y Edmundo González (EG), el presidente electo, pero ahora se agregan EE. UU. y aquellos chavistas que dicen estar sobreviviendo a través de la colaboración. ¿Son creíbles o confiables? Por cierto que no, pero en la medida que EE. UU. mantenga una presencia, ya se muestra como superior a lo que existía con anterioridad.

El hecho más importante ya tuvo lugar. La transición ya se inició y, paralelamente, la pérdida del miedo. Maduro no era un presidente, era un ocupante ilegítimo del poder ya que dio un golpe al ser derrotado por amplia mayoría en las elecciones de julio. Suponíamos que EE. UU. haría una juramentación rápida de los legítimos gobernantes, electos el año pasado. Ya estamos viendo que ello no será así, y mientras tanto, ejerce como presidenta la vicepresidente chavista, no estando claro, por cuánto tiempo.

Por su parte, sobre Maduro había una orden de detención proveniente de un tribunal de Nueva York, por su comprobada participación en el narcotráfico. Esa es la realidad, cumplimiento de una orden judicial, más que una “acción imperialista” para arrebatar el petróleo venezolano, como lo proclaman los amigos del chavismo y también algunos senadores demócratas.

Esta acción de EE. UU. ha sido también una derrota para el régimen cubano, que para todos los efectos prácticos estaba ocupando Venezuela en lo que a seguridad se refería, con control sobre las más importantes decisiones y a cargo de la seguridad del dictador Maduro. ¿Serán los cubanos y los nicaragüenses los siguientes? No sabemos si se aplicará la teoría del dominó, según la cual, si uno cae, caerán otras dictaduras similares, pero sí sabemos que nunca esa debilidad ha sido mayor, no solo por EE. UU. sino también por el cambio de orientación regional después de las victorias electorales de fuerzas políticas conservadoras, quedando solo México, Brasil y Colombia, como países democráticos con gobiernos que protegen dictaduras, los dos últimos con elecciones este año.

Lo que dificulta también responder la pregunta de qué esperar en Venezuela es que, a diferencia de otras transiciones, no existe todavía información en detalle sobre el tipo de transición que se propone. Y si hay nuevas elecciones, cuál será el nivel de participación de los chavistas y si el triunfador o triunfadora se unirá a los gobiernos conservadores que están triunfando en la región o se seguirá la tradición de la mayoría de los gobiernos antes de Chávez, de ser más bien de centro, ya sea en la versión socialdemócrata o socialcristiana. O si inesperadamente gana alguien de trayectoria alejada de la democracia.

En estos años de dictadura, Venezuela fue prácticamente ocupada por Cuba, situación extraña, ya que generalmente el país más rico domina al más pobre y no al revés, como ocurrió con La Habana-Caracas. Al respecto, ¿habrá total desclasificación o alguna información será protegida como secreto de Estado? Más aún, la situación de dominio cubano fue solo posible por la verdadera traición que existió en gobernantes y militares venezolanos, ¿serán estas personas enjuiciadas? Y si es así, ¿hasta qué nivel? Para ello, probablemente habrá que esperar un nuevo gobierno, ya que es difícil pensar que ello puede darse bajo un gobierno presidido por Delcy Rodríguez.

Hay otras preguntas para entender el tipo de democracia que viene, si una semejante a la que existió hasta la elección de Chávez o una más perfeccionada, ya que no hay que olvidar que quien destruiría al país y a su democracia fue electo y que ganó legítimamente algunas elecciones, antes de que se iniciara la falsificación de resultados. Por ello, ¿existirá algo semejante a las comisiones de Verdad y Reconciliación de Chile y/o Sudáfrica? ¿Se informará qué ocurrió con las inmensas cantidades de dineros gastadas para permitir la supervivencia de la dictadura madre, la cubana? ¿Habrá apertura de archivos para conocer la magnitud de la intervención en tantos otros países? ¿Conoceremos los nombres de aquellos activistas políticos que fueron generosamente pagados desde Caracas? Y considerando que han fracasado instituciones exitosas en EE. UU. al ser trasladadas a otras realidades, ¿existirá esa tentación en una transición en la que EE. UU. parece ser garante?

¿Se sabrá algo de los montos de dinero que en Europa recibió el Podemos español o personas al servicio del régimen como Rodríguez Zapatero o el exjuez Baltasar Garzón? ¿Algo acerca del financiamiento del Foro de Sao Paulo? ¿En qué van a quedar las declaraciones de dirigentes chavistas que también pagaban a políticos estadounidenses? Por último, ¿qué se va a hacer con las pruebas que fiscales chilenos dicen tener que fue el propio Diosdado Cabello quien pagó al Tren de Aragua para asesinar al teniente Ojeda? ¿O para todo lo anterior, habrá que esperar a un gobierno, ya en plena democracia?

Para las relaciones internacionales, fundamental es saber qué pasará con aliados del chavismo como Cuba, quien ha sufrido una dura derrota estratégica, Irán quien está en tan mala situación que puede ser expulsado sin consecuencias para Caracas, pero, sobre todo, los casos de Rusia y China. La historia del mundo muestra que las deudas siempre se terminan pagando, así que mientras antes se inicie la negociación, mejor para la transición aunque a cambio debe pedir que se acepte la ilegitimidad de decisiones chavistas contrarias al interés nacional, como la entrega de muchas hectáreas de terreno como también de empresas venezolanas, a veces, a título prácticamente gratuito. En otras condiciones, se diría que para abordar este tema se podría esperar a un gobierno que sea electo en democracia plena, pero si se habla de la reconstrucción de la capacidad petrolera de Venezuela, clave es despejar este problema desde ya, o si no estos países pueden ganar en tribunales internacionales.

De tanta o mayor importancia para entender lo que viene ahora, es qué va a pasar con el “chavismo”, con esa inmensa maquinaria de destrucción y violación de derechos. ¿Qué ocurrirá con sus colaboradores?, con aquellos que dijeron que solo “cumplían órdenes”? ¿Qué va a decir EE. UU., que mantiene, por lo visto, poder y responsabilidad, en relación con esa boliburguesía que se enriqueció indebidamente? ¿Llegará la justicia a enjuiciar a aquellos que cometieron crímenes y delitos? ¿Habrá quizás un escenario similar al europeo de piadoso olvido, tal como ocurrió en las transiciones del comunismo a la democracia o antes en España y Portugal, después de largos gobiernos autoritarios?

¿Qué pasará con las fuerzas armadas, policiales y de seguridad? La experiencia de otras transiciones muestra que, incluso si hay leyes de amnistía, basta que se firmen los tratados internacionales de derechos humanos para que esos delitos sean considerados de lesa humanidad, y, por lo tanto, imprescriptibles y siempre perseguibles ante un juez. ¿Cómo actuará el nuevo gobierno frente a la Corte Penal Internacional y la criticable situación donde su orientación sesgada se demostró una y otra vez al negarse a perseguir los crímenes de Maduro y otros responsables?

Al respecto, hay muchas decisiones diferentes tomadas por transiciones diversas, algunas que no hicieron nada como Brasil, otras muy poco como Uruguay, aquellas que, como Argentina, enjuiciaron a quienes ordenaron el golpe militar, y casos como el de Chile, donde el general Pinochet fue procesado, pero murió sin ser condenado. Sin embargo, a cambio, se ha acusado y condenado en decenas de juicios a todos aquellos a quienes se les pudo probar crímenes, sumando algunos acusados sobre mil años en condenas.

Más aún, ¿qué hará el gobierno frente a esperables demandas en tribunales venezolanos e internacionales de los muchos expropiados por Chávez y sucesores, tanto nacionales como extranjeros? Presiones, que con seguridad llegarán a la propia Casa Blanca dada la verdadera autoría estadounidense de este proceso casi inédito e inesperado de transición. Recordemos que en este tema no encontramos una misma situación, sino varias, dependiendo de la voluntad y la arbitrariedad del gobernante de turno, comenzando por el propio Chávez y sus recordadas órdenes al grito de “Exprópiese” en actos públicos, y a no olvidarlo, recibiendo el aplauso de los asistentes. Bajo la dictadura chavista también hay diferentes tipos de expropiación, aquellas que se pagaron, total o parcialmente, hasta aquellas donde nada se pagó, e incluso algunas extranjeras donde recibieron aún más dinero del que correspondía por precio de mercado, y esto sin contar la larga cadena de corrupción.

En los casos latinoamericanos, encontramos que distintas transiciones tomaron decisiones diferentes, desde compensar la arbitrariedad, a devolver lo expropiado a cambio de retirar las demandas, o en el caso de Chile, donde poco antes de retirarse del poder, Pinochet se adelantó a Putin y los oligarcas, ya que propiedad que era estatal fue entregada por vías distintas a empresarios cercanos al régimen.

¿Qué piensa hacer el nuevo gobierno en este aspecto o en el aún más apremiante de la terrible y gigantesca corrupción? Se puede aceptar que el caso de las propiedades adquiridas por esta vía por los líderes del Cartel de los Soles puede ser fácil de abordar, como de hecho lo hizo Maduro contra rivales chavistas, pero ¿qué se hace cuando la corrupción ha existido a todo nivel?

Las preguntas en todo caso no se detienen aquí. ¿Qué pasa con esa alianza establecida con Irán, Hezbolá y quizás también Hamás? ¿Qué se hará con aquellos que entregaron más de mil pasaportes venezolanos a operativos de esos grupos terroristas y de la Guardia Revolucionaria iraní, para que pudieran recorrer el mundo sin despertar sospechas? En otro sentido, ¿ha habido mano venezolana en la violencia desatada en distintos países latinoamericanos para generar cambios, tal como se ha denunciado en Chile, Ecuador y Colombia? En lo personal, no he encontrado ninguna evidencia, pero ahora se esperaba que fuera la oportunidad de saber si había algún fundamento en esas alegaciones. Pero ¿hay alguna posibilidad si el gobierno de transición es presidido por Delcy Rodríguez? Por otro lado, ¿se debería dar una oportunidad al camino tomado por EE. UU. toda vez que en otras transiciones quienes provenían del régimen dieron buen resultado como en Brasil?

¿Y EEUU?

Washington ha seguido todos y cada uno de los pasos que requería la ley estadounidense, para que esta acción no reciba cuestionamientos en el Senado o, sobre todo, donde hoy está radicada la oposición más efectiva que tiene Trump, es decir, los tribunales. El primer paso fue la declaración que decía que el gobierno era ilegítimo, ya no más una coalición política, sino un instrumento de la delincuencia organizada transnacional. El segundo fue definirlo como un Cartel del narcotráfico, y a Maduro como líder se le duplicó la recompensa por información que condujera a su captura. El tercer paso se hizo presente cuando se señaló que el grupo en el poder era, además, un grupo terrorista que desarrollaba una guerra híbrida contra EE. UU., a lo que contribuyó en cuarto lugar, Terry Cole, director de la DEA, certificando que Venezuela era un narcoestado que enviaba droga a territorio estadounidense.

Quizás el más importante fue el quinto paso, ya que el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general Pamela Bondi, la directora de Seguridad Nacional Kirsti Noem, y todos quienes tenían algo que decir en este tema, declararon públicamente que Venezuela no tenía presidente sino que desde el 28 de julio, Maduro, además de ser prófugo de la justicia, era un usurpador que se robó la elección, lo que era rigurosamente cierto, por mucho, que otras declaraciones como la de terrorismo fueran exageradas, aunque no muy distintas a las de otros presidentes en el pasado. Esta declaración es un requisito legal, ya que desde Reagan existe una directiva presidencial que dice que EE. UU. no puede actuar contra gobiernos legítimamente electos, consecuencia de las recomendaciones del Comité Church, que en 1975-76 revisó en el Senado la intromisión de Washington en la política interna de Chile como también lo hizo con operaciones que incluyeron intentos de asesinato contra líderes extranjeros.

Coincide esta captura de Maduro con la publicación reciente de la Estrategia de Seguridad Nacional, que le pone un marco geopolítico a lo que ha hecho EE. UU., incluyendo la lucha contra las drogas y el retorno de la Doctrina Monroe, esta vez con el agregado del llamado Corolario Trump.

Entiendo la precaución de EE. UU. de no meterse en un compromiso del que sería difícil salir, sobre todo, si estimaban como parece indicarlo este acuerdo con un sector del chavismo, que tenían dudas acerca de la capacidad de las fuerzas democráticas de manejar un escenario de seguridad interna preocupante, en el sentido que la transición va a requerir mucha mano firme y el menor buenismo posible, ya que hay una posibilidad preocupante, que haya un estallido violento, delincuencial, dada la enorme cantidad de armas repartidas entre los colectivos prohijados por el chavismo como también por parte de Maduro y su relación con Petro, tal como ha ocurrido con la alianza de hecho existente en la frontera con Colombia con exguerrilleros convertidos en narcotraficantes, como también con la minería ilegal del oro.

Además, simplemente ignoramos cómo van a actuar los carteles de la delincuencia organizada que se van a ver expulsados de su control del país, en el sentido de cómo van a reaccionar, toda vez que, en el pasado, después que la política de seguridad de Uribe les dificultara la vida en Colombia, estos carteles simplemente se movieron a México, con consecuencias por todos conocidas.

Es en ese sentido, que quizás EE. UU. no va a poder desentenderse de Venezuela tan rápido como lo han declarado, y donde este problema de seguridad los puede amarrar por más tiempo del supuesto. Por todo ello, el compromiso de EE. UU. podría ser mayor que lo esperado por Rubio, y en ese sentido prefirieron concederle un futuro al chavismo en vez de agregarlo a la lista de quienes deseen torpedear el regreso a la democracia.

Solo queda sentir alegría por Venezuela y prepararse para las difíciles decisiones de toda transición a la democracia. En el caso de EE. UU. algo deprimente, que quizás esto no va a servir de mucho para derrotar a los carteles, mientras no mejore la insaciable sed por drogas de sus habitantes. Para todos, un desenlace militarmente exitoso, pero con sorpresas, ya que la realidad al igual que la vida siempre las tiene.

Sin duda, va a haber mayores libertades en Venezuela, pero lo del regreso sigue siendo una decisión difícil para tanto venezolano repartido por el mundo.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El 2024 culminó con la detención y traslado forzoso del presidente venezolano Nicolás Maduro a un buque militar estadounidense, en un episodio que pone fin a más de doce años de su administración al frente del país. Este desenlace, provocado por una ofensiva militar de Estados Unidos, ocurre en una coyuntura de sanciones internacionales, una crisis política aguda y tensiones regionales. Tal como informó el medio de comunicación, Maduro fue capturado este sábado y su custodia quedó bajo el control de las fuerzas estadounidenses, marcando el cierre de un ciclo iniciado tras la muerte de Hugo Chávez en 2013.

Según publicó la misma fuente, Nicolás Maduro nació en Caracas en 1962. Su trayectoria comenzó dentro de sindicatos y movimientos de izquierda. Su padre, Nicolás Maduro García, padeció el exilio en Colombia durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, mientras que su madre, Teresa de Jesús Moros, es de nacionalidad colombiana. Durante su juventud, Maduro participó activamente en organizaciones políticas y, en 1983, se integró al círculo cercano de José Vicente Rangel, acompañándole como guardaespaldas en una campaña presidencial. Posteriormente, realizó estudios en Cuba sobre organización política. Al regresar a Venezuela, ingresó al Metro de Caracas, donde trabajó como conductor y promovió la fundación del sindicato de trabajadores del sistema.

El medio detalló que la vida política de Maduro se entrelazó con el ascenso de Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado de 1992. En ese contexto, junto a su esposa, la abogada Cilia Flores, apoyó la campaña por la liberación de Chávez, quien finalmente salió de prisión en 1994 y, pocos años después, alcanzó la presidencia. Maduro integró la Asamblea Nacional Constituyente convocada tras la llegada de Chávez al poder en 1999, participando en la elaboración de la nueva Constitución. Entre 2005 y 2006 presidió la Asamblea Nacional, labor que abandonó para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se mantuvo hasta 2012 antes de ser nombrado vicepresidente por Chávez.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, tras el fallecimiento de Chávez en marzo de 2013, Maduro asumió la presidencia de manera interina y concurrió a elecciones especiales en abril de ese año. En esa contienda se impuso con un estrecho margen sobre el opositor Henrique Capriles, en un proceso marcado por denuncias de presunto fraude. Las protestas y las tensiones políticas aumentaron en 2014, en medio de una delicada situación económica por la caída de los precios internacionales del petróleo. El Gobierno respondió con medidas que incluyeron la detención de líderes opositores, como Leopoldo López, y la declaración de un estado de emergencia económica en 2016.

Durante ese periodo, reportó el medio, la oposición alcanzó una victoria significativa en las elecciones legislativas de 2015, arrebatando al partido de Maduro el control de la Asamblea Nacional por primera vez en dieciséis años. Esta situación derivó en disputas intensas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con intentos recurrentes de destitución del presidente. Maduro acusó a sus adversarios de promover un golpe de Estado, aunque accedió a iniciar conversaciones que permitieron algunas liberaciones de figuras opositoras detenidas y una disminución parcial de las protestas.

Como reveló el medio, en 2017, Maduro optó por rendir cuentas sobre el estado de la nación ante el Tribunal Supremo, eludiendo a la Asamblea Nacional, lo que desembocó en su disolución por decisión judicial ese mismo año. Esta acción fue contestada interna e internacionalmente, profundizando las movilizaciones en el país. Entre las repercusiones, el Tribunal Supremo inhabilitó al opositor Henrique Capriles para ocupar cargos públicos durante quince años, lo que generó un nuevo ciclo de protestas que dejó un saldo de aproximadamente sesenta personas fallecidas.

En ese ambiente, señaló la fuente, Maduro convocó la elección de una nueva Asamblea Constituyente en mayo de 2017, y la oposición respondió con un plebiscito en el que respaldó el adelanto electoral y rechazó la nueva instancia legislativa. No obstante, los resultados no fueron reconocidos por el Ejecutivo. La elección de la Asamblea Constituyente, marcada por el boicot opositor, fue seguida por sanciones adicionales de Estados Unidos, mientras el chavismo retuvo el control de la mayoría de los estados en los comicios regionales de ese año.

Posteriormente, en 2018, Venezuela atravesó unas elecciones presidenciales boicoteadas por la oposición, lo que redujo la participación ciudadana al 46 % frente al 80 % alcanzado en 2013, según informó la fuente. La comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos y el Grupo de Lima, rechazó la legitimidad de los resultados. En enero de 2019, después de que Maduro sobrevivió a un ataque con drones, asumió un nuevo mandato, circunstancia que llevó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a proclamarse presidente interino con respaldo de varios países, incluida España.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcoterrorismo contra Maduro durante la administración de Donald Trump, cuestión que retomó relevancia tras la reciente detención, de acuerdo con lo publicado. Durante esta fase, la oposición impulsó una operación para el “cese de la usurpación”, anunciada por Guaidó, aunque resultó fallida al mantener las fuerzas armadas su lealtad al mandatario. Paralelamente, el país vivió un éxodo masivo hacia Colombia y otros destinos. La oposición, al boicotear las elecciones parlamentarias de 2020, facilitó el retorno del PSUV al control del órgano legislativo.

Respecto a las elecciones presidenciales de 2024, la fuente destacó que el proceso estuvo rodeado de controversia tras la exclusión de la candidatura de María Corina Machado, quien posteriormente recibió el Premio Nobel de la Paz. Como respuesta, la oposición respaldó a Edmundo González y lo declaró vencedor, a pesar de que los resultados oficiales dieron el triunfo a Maduro. Esta situación provocó nuevas protestas y declaraciones de gobiernos extranjeros, especialmente desde Washington, que cuestionaron la transparencia electoral y endurecieron su posición tras el regreso de Trump a la presidencia estadounidense en enero de 2025.

La administración estadounidense reactivó sanciones y emprendió acciones militares focalizadas contra embarcaciones sospechosas de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Las autoridades venezolanas han negado todas las acusaciones, asegurando que el foco de Washington es el control de los vastos recursos energéticos del país sudamericano. María Corina Machado ha manifestado que, en caso de acceder a la presidencia, su plan contempla la apertura de la industria energética a la inversión extranjera tras más de veinticinco años de gestión chavista. Según reiteran las fuentes consultadas, la toma de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses marca un punto de inflexión en la historia política venezolana y redefine el escenario regional y global respecto al futuro inmediato del país.

Desde su llegada al poder en 2013, ungido públicamente por Hugo Chávez antes de su muerte, Nicolás Maduro gobernó una Venezuela que atravesó una profunda transformación. Ese primer día, todavía envuelto en los rituales del duelo nacional, heredó un país polarizado, con una economía debilitada y una estructura política diseñada bajo el proyecto fracasado del chavismo. Pero también heredó suspicacias. Su victoria por 234.935 votos sobre Henrique Capriles dejó un margen estrecho que alimentó denuncias sobre irregularidades, auditorías incompletas y la duda sobre su nacionalidad, por la afirmación opositora de que Maduro nunca presentó su partida de nacimiento venezolana ya que era oriundo de Colombia, lo cual haría inviable su ejercicio presidencial. Aquella grieta inicial se volvió el punto de partida de un período que, con el paso de los años, estaría marcado por la erosión institucional, la crisis económica y el uso creciente de la fuerza estatal.

Los primeros meses mostraron señales de un deterioro acelerado. Mientras la inflación comenzaba a presionar el poder adquisitivo, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia trabaron una disputa constante con la Asamblea Nacional. Para finales de 2014, las primeras protestas ya mostraban la magnitud de la tensión acumulada. Jóvenes, estudiantes, trabajadores y sectores populares salieron a las calles reclamando seguridad, alimentos y condiciones económicas más estables. El Estado respondió con detenciones masivas y el despliegue de fuerzas policiales y militares. Los informes del Alto Comisionado de la ONU recogieron testimonios de golpizas, abusos y uso ilegítimo de la fuerza en medio de un clima que, lejos de atenuarse, se profundizó con los años.

En 2016, la falta de alimentos y medicinas se volvió cotidiana. Las imágenes que circularon entonces —familias haciendo filas durante horas frente a supermercados para comprar productos escasos, ancianos esperando durante horas frente a farmacias vacías, hospitales sin agua ni insumos— se convirtieron en símbolos de una crisis humanitaria que avanzaba sin freno. La hiperinflación, que superaría el millón por ciento según estimaciones del FMI (2018), desfiguró la economía y empujó a millones de venezolanos a migrar.

Otro estallido social alcanzó su punto más álgido en medio de la crisis en 2017. Las protestas en Caracas, Maracaibo, Valencia y otras ciudades dejaron escenas registradas por organizaciones de derechos humanos y posteriormente verificadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Los informes incluyeron fotografías de cuerpos con impactos de bala en el pecho o la cabeza, señales de tortura en centros de detención y casos de desapariciones forzadas. Las fuerzas de seguridad, incluidos los servicios de inteligencia, fueron señaladas por la ONU como responsables de patrones sistemáticos de abusos.

Con ese telón de fondo, Maduro buscó su primera reelección fraudulenta en 2018. La campaña transcurrió sin los principales partidos opositores —inhabilitados, divididos o con líderes en el exilio— y sin observación internacional independiente. Para organismos como la Unión Europea, la OEA y agencias de Naciones Unidas, no existieron condiciones mínimas para una elección competitiva.

Los resultados fueron desconocidos por buena parte de la comunidad internacional. La legitimidad presidencial de Maduro quedó cuestionada para los años siguientes y el país quedó envuelto en una dualidad institucional. Más de cincuenta gobiernos reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado, mientras el líder del chavismo mantuvo el control de las instituciones y del territorio. Ese periodo estuvo acompañado por denuncias sostenidas de represión, documentadas por la ONU, que registró casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales vinculadas a fuerzas de seguridad como la FAES.

Durante los años siguientes, las denuncias de corrupción estructural en Venezuela se expandieron. Investigaciones federales en Estados Unidos identificaron a altos funcionarios venezolanos como parte del llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico presuntamente operada desde estructuras militares y políticas, y de la que Nicolás Maduro era el cabecilla. El Departamento de Justicia emitió acusaciones formales y ofreció recompensas por información que condujera a las capturas, señalando a figuras clave del régimen venezolano, como el dos chavismo Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Las sanciones económicas y financieras congelaron activos y bloquearon transacciones, aumentando el aislamiento del país.

El deterioro de los servicios públicos se convirtió en un rasgo permanente. Los apagones que dejaron al territorio a oscuras durante días, las fallas en la distribución de agua y las colas para obtener gasolina marcaron la vida cotidiana. Fotografías difundidas por organizaciones humanitarias mostraron a niños con desnutrición severa, familias rebuscando comida entre contenedores de basura, pacientes siendo atendidos en pisos de hospitales y morgues sin capacidad para manejar la cantidad de fallecidos por enfermedades prevenibles o falta de atención.

Para entonces, Venezuela ya estaba en una etapa marcada por la formal instauración de Nicolás Maduro como dictador, la profundización de la crisis económica y una reconfiguración social sin precedentes. La crisis económica alcanzó niveles inéditos. La hiperinflación, que había escalado en 2018, derivó en una dolarización de facto, visible en comercios, mercados y transacciones cotidianas. La población se adaptó a un sistema informal donde el acceso a divisas marcaba la diferencia entre relativa estabilidad y precariedad extrema. Con el colapso de los servicios públicos, amplias zonas del país quedaron sin suministro eléctrico constante, con fallas prolongadas en el abastecimiento de agua y hospitales que funcionaban con equipos dañados o sin insumos básicos. Fotografías verificadas por organizaciones humanitarias mostraron escenas de desnutrición infantil, quirófanos detenidos y morgues saturadas.

La migración venezolana se convirtió en un fenómeno estructural. Entre 2018 y 2023, millones de ciudadanos abandonaron el país, las imágenes de personas caminando a través de la frontera, atravesando el Tapón del Darién o viajando durante días en autobuses hasta naciones tan distantes como Chile o Argentina, le contaron al mundo el horror de lo que la censura chavista se ocupaba de ocultar en Venezuela. La ONU calculó años más tarde que más de ocho millones de venezolanos abandonaron el país huyendo de las calamidades del chavismo, la mayor diáspora en la historia moderna de América Latina.

En paralelo, el régimen enfrentó tensiones internas del chavismo. Facciones vinculadas al poder militar, líderes regionales y figuras históricas disputaron influencia mientras la dictadura recurría a redes clientelares, asistencia focalizada y control territorial para asegurar lealtades. La oposición, debilitada y fragmentada, atravesó cambios que incluyeron intentos fallidos de negociación y el final del llamado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

En el plano internacional, Maduro se ocupó de fortalecer sus vínculos con Rusia, China e Irán, que proporcionaron asistencia técnica, militar y energética en medio de las sanciones de Estados Unidos. En paralelo, las operaciones de grupos criminales y estructuras delictivas vinculadas a sectores del Estado adquirieron un rol más visible en el contrabando de combustible, la minería ilegal y el narcotráfico, ampliando la presencia de actores armados en diversas regiones del país.

Hacia 2024, el escenario combinaba desgaste institucional, una economía parcialmente dolarizada y un tejido social reorganizado en torno a la supervivencia. Ese contexto marcó la antesala del proceso electoral de 2024, que reeditó el patrón de fraude. La oposición denunció la ausencia de auditorías confiables, la falta de observación internacional y resultados que no coincidían con actas recopiladas por sus propios testigos. Tras la proclamación oficial de Maduro, estallaron protestas que dejaron decenas de víctimas fatales y centenares de nuevos presos políticos, esta vez simples civiles que se atrevieron a protestar contra el resultado que se anunció. La ONU y Human Rights Watch documentaron asesinatos de manifestantes, desapariciones forzadas y detenciones de menores de edad. Fotografías verificadas por expertos mostraron heridas letales causadas por disparos a corta distancia y lesiones compatibles con armas menos letales empleadas de manera indiscriminada.

La escalada de tensiones internas derivó en el exilio del verdadero ganador de los comicios presidenciales, el opositor Edmundo González Urrutia, y en la clandestinidad de María Corina Machado, la líder opositora que orquestó el triunfo del antichavismo y se encargó de recopilar las actas que pusieron en evidencia el gran fraude cometido por la dictadura.

El 10 de enero de 2025, Maduro fue juramentado en un acto breve, con baja presencia institucional y sin los protocolos habituales. Gobiernos de América y Europa declararon que la ceremonia carecía de sustento constitucional. La crisis política interna se transformó entonces en un conflicto de alcance hemisférico. Venezuela entró en una fase de mayor aislamiento diplomático. La legitimidad interna del nuevo mandato quedó quebrada desde el inicio, con instituciones bajo control del Ejecutivo y una estructura represiva activa en las principales ciudades. El país atravesaba un clima de vigilancia ampliada, restricciones a la movilización y nuevas detenciones de dirigentes locales que denunciaban el proceso electoral.

La economía continuó en caída. La dolarización informal sostuvo transacciones urbanas, pero vastos territorios del interior del país siguieron dependiendo de esquemas de trueque o de la circulación limitada de billetes en mal estado. Los apagones se volvieron más extensos y el sistema de salud experimentó nuevos colapsos por falta de suministros, agravados por la interrupción de importaciones tras el endurecimiento de sanciones estadounidenses.

A nivel regional, los países vecinos reforzaron sus fronteras ante el aumento de cruces irregulares. La diáspora venezolana volvió a crecer en los primeros meses del año, con registros de familias que abandonaban el país por rutas fluviales o trochas controladas por grupos armados. Informes de agencias internacionales señalaron que bandas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal ampliaron su control territorial, aprovechando la ausencia de una autoridad institucional con capacidad de respuesta.

A nivel internacional, la presión contra el régimen de Nicolás Maduro se intensificó de manera sostenida durante 2025. Estados Unidos endureció sanciones financieras y migratorias contra altos funcionarios, emitió nuevas imputaciones por narcotráfico y reiteró sus acusaciones sobre la participación del Estado venezolano en el Cartel de los Soles. En Europa, varios gobiernos reclamaron la liberación de presos políticos y ajustaron sus relaciones bilaterales, mientras organismos multilaterales denunciaban el deterioro de las condiciones humanitarias y la falta de garantías institucionales. Para mediados de año, Caracas y Washington mantenían un intercambio de advertencias que anticipaba una fase más agresiva, en medio de un aislamiento global creciente y de un régimen cada vez más dependiente del aparato militar y policial para sostenerse.

Ese escenario preparó el terreno para la Operación Lanza del Sur, anunciada por Donald Trump. El plan, impulsado por años de denuncias sobre narcotráfico y vínculos del Estado venezolano con estructuras criminales, escaló desde tareas de vigilancia marítima hasta operaciones directas en el Caribe. La decisión de Washington respondió tanto a la expansión del contrabando y las rutas ilícitas como al colapso institucional interno, que impedía cualquier cooperación judicial o policial con autoridades estadounidenses.

El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con unidades aéreas y navales, marcó la mayor demostración de fuerza militar estadounidense en la región en décadas y representó la mayor escalada de tensiones entre ambos países a niveles históricos que generaron el escenario para lo que pudiera ser el inicio del fin del chavismo en Venezuela.

Después de meses de confrontaciones con embarcaciones sospechosas y luego de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, Washington ejecutó un operativo puntual que culminó con la detención de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero de 2026. La operación alteró el equilibrio político regional y obligó a gobiernos vecinos a redefinir sus posiciones ante una crisis que llevaba años desbordando fronteras.

El arresto del sucesor de Hugo Chávez cierra un ciclo de veinticinco años marcado por censura sostenida, represión documentada por organismos internacionales, persecuciones políticas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, crisis económica persistente y un deterioro institucional que se profundizó con el paso del tiempo. Tanto el período de Hugo Chávez como los doce años de Nicolás Maduro se caracterizaron por el control sobre el sistema electoral, la ausencia de garantías verificables y el uso de estructuras estatales y paraestatales para consolidar el poder.

La salida de Maduro a manos de fuerzas estadounidenses tras la ofensiva regional deja al país ante un escenario frágil, enmarcado en las expectativas de renovación política. El vacío en el Palacio de Miraflores devolvió la posibilidad de que Venezuela retome un camino democrático después de décadas marcadas por el desgaste institucional y los agravios acumulados, aunque bajo la incertidumbre de las futuras acciones del remanente del chavismo que aún permanece en Venezuela ocupando espacios de poder.

El anuncio del salario mínimo Colombia para 2026, fijado en $2.000.000, ha situado la política salarial del gobierno de Gustavo Petro en el centro del debate nacional.

El incremento, que representa un aumento superior al 23% respecto a 2025 y duplica la cifra de 2022, fue presentado por el Ejecutivo como el inicio de “la era del salario vital para Colombia”.

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Mientras el Gobierno destaca el ajuste como un cambio relevante para los trabajadores, la oposición, a través de la senadora María Fernanda Cabal, expresó una crítica frontal y recurrió a la comparación con las políticas implementadas en Venezuela bajo el mando de Hugo Chávez.

A través de la cuenta oficial de X de María Fernanda Cabal el 30 de diciembre. En su mensaje, la senadora afirmó: “Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza. Un economista que no entendió cómo se maneja la economía”.

Cabal acompañó su publicación con un video de Hugo Chávez firmando un decreto de aumento del salario mínimo en Venezuela, enfatizando el paralelismo entre ambos gobiernos.

El video compartido muestra a Hugo Chávez anunciando: “el salario mínimo, a partir del 1 de mayo, decreto su incremento en un 30% (...). Setecientos noventa y nueve bolívares fuerte va a quedar el salario mínimo... Es un impacto fiscal, eh, grande, ¿no? Pero bueno, ustedes lo merecen. Ustedes lo merecen... Es justicia, más nada”. Con la difusión del material, la opositora pretendió advertir sobre posibles riesgos económicos similares para Colombia en caso de replicar experiencias como la venezolana.

El incremento salarial aprobado representa un cambio relevante en la política laboral, reafirmando los principios constitucionales y la intención del Estado de garantizar mejores condiciones para millones de trabajadores.

El presidente Petro anuncia incremento salarial del 23,7% que beneficiará a empleados colombianos

El Gobierno nacional de Colombia decretó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que incluirá un total de $2.000.000 mensuales al sumar el auxilio de transporte, según anunció Gustavo Petro el 29 de diciembre.

El nuevo monto impactará directamente a 2.4 millones de empleados, bajo el concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y está diseñado para cubrir alimentación, vivienda y salud.

Durante su alocución, Petro subrayó que el incremento representa un aumento real del 18.7%, “una cifra que supera los resultados obtenidos durante los tres primeros años de su administración”.

El mandatario sostuvo que esta política fomenta el consumo interno, “medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más”.

La decisión del Gobierno estableció un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, aunque el auxilio no será aplicable en todas las regiones del país.

El presidente defendió que “el salario real creció más que en los tres años previos, con un aumento acumulado cercano al 36% en términos reales”, y comparó el logro con gestiones anteriores afirmando: “no hay un gobierno que haya logrado este hecho, por lo menos desde los años sesenta”.

Frente a críticas que anticipan un fuerte impacto en la generación de empleo y alertan sobre el aumento de los costos empresariales, Petro recordó que Colombia registra “la tasa de desempleo más baja en lo que va del siglo y las tasas de pobreza más reducidas”, y pronosticó una caída mayor en 2026.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la medida garantiza mejores condiciones para los trabajadores y constituye “un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”.

De acuerdo con Petro, este aumento busca mejorar el ingreso real de los colombianos, permitiendo que las familias trabajadoras puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, entre otras.

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El incremento se distribuye en dos componentes: un salario “vital” de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. El anuncio del presidente se produjo a tan solo dos días de finalizar el año, lo que provocó reacciones inmediatas dentro de la política colombiana.

Si bien el objetivo de la medida es fortalecer la calidad de vida de las familias más vulnerables, el aumento desató un fuerte debate político y económico en el país, sobre todo ante una inminente semejanza con el inicio del régimen en Venezuela, durante la dictadura de Hugo Chávez.

Reacciones en el ámbito político: alertan de un caos económico

Las reacciones a la decisión del presidente Petro fueron diversas y, en su mayoría, críticas. Los opositores al Gobierno nacional no tardaron en pronunciarse, al alegar que la subida del salario podría generar más problemas que soluciones para los colombianos.

Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, que a través de su cuenta de X, expresó que el incremento era irresponsable y que el próximo gobierno tendría que asumir las consecuencias: “El aumento irresponsable del 23% del salario mínimo decretado por Petro debe ser asumido por los políticos. El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático y acabar el derroche para darle paso a una gran reducción de impuestos a las empresas que compense el alza”.

Por su parte, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, no dudó en comparar al presidente Petro con el exlíder del régimen de Venezuela Hugo Chávez.

A través de un mensaje en X, Miranda escribió: “Bienvenidos al chavismo colombiano! Populismo e irresponsabilidad en toda su expresión!”. En otro mensaje, la congresista publicó: “PETROCHAVISMO (sic)”.

Esta declaración resalta la creciente preocupación entre los opositores sobre el estilo de Gobierno de Petro, al que algunos consideran cercano a las políticas de Chávez, que generaron un colapso económico en Venezuela.

Otro político que se mostró crítico fue el senador Carlos Fernando Mota, del partido Cambio Radical, que aseguró que el aumento tendría consecuencias negativas para el bolsillo de los colombianos, al señalar que “ni la temporada navideña evitó que @PetroGustavo irrumpiera en la programación habitual de los colombianos para desinformarlos”.

Luego señaló: “Ya que, anunciar incrementos ‘históricos’ del salario mínimo a la vez que declara emergencias para subir impuestos dejará sin efectos lo primero. En ese orden de ideas, si la apuesta es incrementar el poder adquisitivo de los colombianos, desista del estado excepción, permita que sus supuestos ‘logros’ se sientan en el bolsillo de la gente”.

El representante Christian Munir Garcés, desde el Centro Democrático, también criticó la decisión, al recordar que el Gobierno no había tomado en cuenta las advertencias de los empresarios sobre el impacto negativo que tendría un aumento tan elevado.

Garcés señaló: “El Gobierno de @PetroGustavo decide, por decreto, nuevamente el salario mínimo, aumentándolo en 23% ignorando las alertas de empresarios y expertos. Un aumento desbordado puede sonar socialmente atractivo, pero termina afectando a quienes dice defender: los trabajadores que perderán oportunidades de ingresos formales. El aumento es puro populismo salarial”.

Por su parte, el partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también mostró su descontento con la medida y por medio de un mensaje en su cuenta de X advirtieron que el aumento era una jugada política más que una verdadera solución para los colombianos.

“¿@petrogustavo de verdad está pensando en los trabajadores o en las elecciones de 2026? Valoramos el bienestar de los trabajadores, la necesidad de mejorar sus ingresos y de garantizar su protección”, escribió el partido.

Y añadió: “Pero un aumento del 23% del salario mínimo —que lo lleva a $2 millones mensuales—, sin medidas serias para contener la inflación ni para proteger el empleo, puede terminar afectando precisamente a quienes dice querer ayudar”.

La comparación más resonante fue, sin duda, la de Petro con Hugo Chávez —como se presenta anteriormente—. Pues durante su mandato en Venezuela, Chávez implementó políticas económicas similares, incluyendo aumentos salariales significativos, que terminaron exacerbando la crisis económica del país.

El incremento del 30% en el salario mínimo que Chávez decretó a principios de su régimen en 2008 es uno de los puntos de comparación más citados por los críticos de Petro.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, recordó el aumento de Chávez y advirtió sobre las consecuencias de medidas similares en Colombia: “Ahora bien. El salario mínimo… decreto su incremento en un 30%” @petrogustavo es Chávez y es pan para hoy y hambre para mañana. Los venezolanos pueden dar testimonio (sic).

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal también hizo referencia a la situación venezolana, al señalar los efectos negativos de los aumentos salariales sin una política económica sólida.

En su mensaje, la legisladora uribista expresó: “Petro anuncia un salario mínimo de $2 millones para 2026 con un aumento del 23,7%, mientras la inflación y el desempleo siguen siendo la realidad de millones de colombianos”.

“Esto ya lo vivimos con Chávez: aumentos nominales que destruyen el poder adquisitivo, cierran empresas y empujan a la informalidad. Populismo que nos saldrá muy caro”, alertó Cabal.

La comparación entre Petro y Chávez se ha convertido en un tema recurrente, con muchos de los opositores al gobierno señalando que el aumento salarial podría ser una maniobra populista para ganar apoyo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

De manera similar, el expresidente Iván Duque se unió a las críticas sobre la relación de Petro con el fallecido dirigente venezolano, al señalar que con esta medida el Gobierno está alejando la inversión y destruyendo la economía.

El exmandatario escribió en su cuenta de X: “Aumentar el salario mínimo de manera desmedida, con un crecimiento mediocre de la economía, es un acto de irresponsabilidad que conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios. Es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman ‘progresistas’, pero son pobresistas porque espantan la inversión, destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales”.

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, distintas figuras del ámbito político expresan opiniones y, en ocasiones, formulan críticas hacia algunos de los aspirantes a ocupar la presidencia de la República. Este escenario refleja un clima de debate público en el que se analizan propuestas, trayectorias y posturas de quienes buscan liderar el país.

En ese contexto, la candidata al Senado y exfiscal Angélica Monsalve utilizó su cuenta de X para cuestionar a quienes respaldan al aspirante presidencial Abelardo de La Espriella. Monsalve afirmó: “Se parecen mucho a los que defendían a Hugo Chávez”, marcando distancia y lanzando una crítica directa hacia los seguidores del abogado.

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La candidata al Senado y exfiscal Angélica Monsalve publicó en su cuenta de X una serie de señalamientos contra quienes respaldan la candidatura presidencial de Abelardo de La Espriella. Según Monsalve, existe una similitud entre estos seguidores y quienes en el pasado apoyaron a Hugo Chávez en Venezuela.

La exfiscal calificó a De La Espriella como un “impostor” y un “abogado sin escrúpulos”, y lo acusó presuntamente de haber defendido causas cuestionables, incluyendo la representación de figuras asociadas con el gobierno de Nicolás Maduro y Alex Saab, a quienes responsabilizó de la crisis venezolana.

“Quienes defienden a @DELAESPRIELLAE en Colombia, son iguales o se parecen mucho a los que defendían a Hugo Chávez en Venezuela, lo están haciendo ver como un mesías que va a salvar a los pobres. Cuando se sabe que es un impostor, un farsante. Un abogado sin escrúpulos que hizo billete defendiendo malas causas, incluso tildado de ser defensor del dictador Maduro y de Alex Saab, los mismos que tienen a Venezuela en la más profunda pobreza y sumido en el terror y la arbitrariedad”, escribió la candidata a ocupar una curul en el siguiente periodo del Congreso de la República por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Monsalve finalizó su mensaje advirtiendo sobre las posibles consecuencias para Colombia si no se rechaza la candidatura de De la Espriella. De acuerdo con la exfiscal, el país podría enfrentar escenarios similares a los vividos en Venezuela si no se toma distancia del aspirante presidencial.

Además, utilizó calificativos contundentes para cuestionar las intenciones de De la Espriella y lo vinculó, presuntamente, con hechos perjudiciales para la nación.

“Eso mismo es lo que le espera a nuestro país, si no reflexionamos para expulsar a este payaso de su aspiración, que lejos está de hacer algo grande por el país. Cualquiera, será mejor que esa hiena, que quiere devorarse a Colombia, así como se comieron a DMG y al vecino país”, concluyó la exfiscal.

El comentario de Angélica Monsalve no pasó desapercibido y generó reacciones en la red social. El usuario @EDUARDOCASMED respondió de forma directa a las críticas, señalando que Abelardo de La Espriella lidera las encuestas y cuestionando la postura de Monsalve, a quien acusó de respaldar a un grupo con antecedentes de corrupción.

“Lo más amargo para ti es que ADLE va arriba en las encuestas. Paradójico que la tinterilla destile tantas falacias cuando está apoyando y va con el Grupo más corrupto y delictivo de la historia del país … el chiste se cuenta solo”, contestó el internauta a la publicación de la exfiscal.

Angélica Monsalve no dejó sin respuesta el comentario y replicó al usuario, retomando la comparación con los seguidores de Hugo Chávez.

Monsalve insistió en el paralelismo entre quienes apoyan a De La Espriella y los defensores del expresidente venezolano, mencionando, según ella, las difíciles condiciones en las que se encuentran muchos de ellos actualmente.

“Eduardo, me recuerdas tanto a los chavistas que defendían a Chávez, y que hoy, están pobres, pidiendo en la calle y arrepentidos”, escribió la candidata al Senado en su respuesta al usuario de X.

De acuerdo con información difundida por Panamerica Televisión, la remoción del monumento no se realizó de manera improvisada. Por el contrario, formó parte de un procedimiento administrativo coordinado con las autoridades municipales, luego de solicitudes presentadas durante varios meses y de trámites que se remontan, al menos, a un año atrás.

En el mismo emplazamiento donde se encontraba la estatua de Chávez se inauguró oficialmente la Plaza Simón Bolívar. La iniciativa tuvo como objetivo redefinir el significado histórico y simbólico del espacio público, en línea con los valores que, según los promotores, representa la figura del libertador sudamericano.

Iniciativa de la comunidad venezolana

Según informó el movimiento Venezolanos en Perú, la propuesta de retirar la estatua surgió desde la propia comunidad migrante asentada en Chincha. Sus integrantes señalaron que la figura de Hugo Chávez no los representaba ni reflejaba su experiencia como ciudadanos venezolanos que residen fuera de su país de origen.

Para este colectivo, el exmandatario simboliza el inicio de la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela desde hace más de una década. En ese sentido, indicaron que el pedido se formuló a través de canales institucionales y con respeto a las normas locales, buscando una solución consensuada con las autoridades.

Las gestiones incluyeron solicitudes formales ante la municipalidad, evaluaciones administrativas y coordinaciones previas para ejecutar el retiro del monumento y la posterior instalación del busto de Simón Bolívar, considerado una figura histórica compartida por varios países de la región.

Algunos vecinos se opusieron

La decisión no estuvo exenta de controversia. Un sector de vecinos de Chincha expresó su desacuerdo con el retiro de la estatua de Hugo Chávez, recordando que esta fue instalada como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria brindada por el gobierno venezolano tras el terremoto de 2007.

Algunos residentes señalaron que, tras el sismo, se entregaron viviendas a familias de bajos recursos, lo que generó un sentimiento de gratitud que, a su juicio, justificaba la permanencia del monumento. Estas posiciones contrastaron con las de la comunidad venezolana, que sostuvo su rechazo a la figura del fallecido dictador.

El reclamo para retirar la estatua se venía gestando desde 2024, cuando ciudadanos venezolanos residentes en la provincia solicitaron públicamente la eliminación del busto, al que calificaron como una figura no grata. La molestia se intensificó en un contexto marcado por cuestionamientos a los procesos electorales en Venezuela y denuncias sobre el deterioro democrático en ese país.

Significado simbólico del reemplazo

En conversación con el citado medio, Euclides Sánchez, representante de la comunidad venezolana en Chincha, calificó el monumento retirado como una “apología a una persona que ha hecho mucho daño a Venezuela”. Precisó, además, que el pedido se realizó desde el respeto a la población peruana y el agradecimiento al país que acoge a miles de migrantes.

Con la instalación del busto de Simón Bolívar, los promotores de la iniciativa buscan cerrar un episodio de confrontación simbólica y promover un espacio de integración regional. La figura del libertador fue elegida por su carácter histórico y por representar valores compartidos como la libertad y la independencia.

Las autoridades locales indicaron que el procedimiento se ajustó a los marcos administrativos vigentes y que el nuevo espacio público queda abierto a la ciudadanía. En tanto, la comunidad venezolana señaló que el cambio de monumento representa un gesto de reconciliación simbólica y una apuesta por la convivencia en el ámbito local.

El vicepresidente Richard Nixon temió por su vida. Una turba, indignada porque Estados Unidos había concedido asilo a un brutal dictador venezolano recién depuesto, había emboscado a su comitiva en la capital, Caracas, al grito de “¡Muerte a Nixon!”.

La gente atacó los vehículos atrapados en el tráfico con puños, piedras, tuberías y tantos escupitajos que el conductor de Nixon encendió los limpiaparabrisas. “Por un instante, me di cuenta de que nos podían matar”, escribió Nixon más tarde.

Tras varios minutos aterradores, los coches consiguieron alejarse a toda velocidad y el vicepresidente continuó con su visita. Pero en Washington, la Casa Blanca no corría riesgos: un portaaviones se dirigió a Venezuela en caso de que Nixon necesitara ser rescatado.

No fue necesario. Nixon abandonó Venezuela al día siguiente sin incidentes. (Horrorizados por la revuelta, los funcionarios venezolanos suplicaron a Nixon que no acortara su viaje y desplegaron soldados para asegurar su ruta de salida). Y aunque la crisis de mayo de 1958 en Caracas empañó la gira de buena voluntad de Nixon por Latinoamérica, tuvo un efecto extrañamente positivo en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela.

Venezuela iniciaba una transición hacia la democracia. Culpando de la emboscada a agitadores comunistas y a la debilidad del incipiente gobierno, Nixon calificó el episodio como “un tratamiento de choque muy necesario que nos sacudió de una peligrosa complacencia” y enfocó la atención de Washington en el país.

Así comenzó una alianza entre Estados Unidos y Venezuela que duraría cuatro décadas, hasta que un dramático cambio político en Caracas la interrumpió hace unos 25 años.

Ahora, con el presidente Trump concentrando fuerzas militares en la región y amenazando con atacar Venezuela si su hombre fuerte de izquierda, Nicolás Maduro, no abandona el poder, los otrora amigos podrían estar al borde de una guerra total, lo que cerraría el círculo de su relación.

“Hubo un tremendo alineamiento” entre Estados Unidos y Venezuela durante el siglo XX, dijo Brian Fonseca, profesor adjunto de la Universidad Internacional de Florida y experto en Venezuela. Esa relación, dijo Fonseca, tenía sus raíces en la competencia de Estados Unidos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría y en las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

A medida que el nuevo gobierno de Venezuela se afianzaba, se convirtió rápidamente en el socio ideal de Estados Unidos: estable, democrático e inundado de petróleo. También era firmemente anticomunista, lo que resultó especialmente atractivo en los años posteriores al triunfo de la revolución de Fidel Castro en Cuba en 1959.

En 1963, el presidente John F. Kennedy, recién salido del enfrentamiento con La Habana en la crisis de los misiles en Cuba, ofrecería una cena de Estado al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, a quien calificó como “el mejor amigo de Estados Unidos” en Sudamérica.

Washington no tardó en vender armas a Caracas mientras las empresas energéticas estadounidenses extraían petróleo venezolano. A veces, ambas cosas iban unidas: cuando el presidente Nixon consideró la venta de aviones F-4 Phantom II al país en 1971; un asesor de la Casa Blanca le advirtió que la decisión podría afectar la legislación en el Congreso de Venezuela, lo cual “podría afectar negativamente a los intereses petroleros de Estados Unidos”.

Nixon acabó vendiendo a Venezuela un avión aún más avanzado, pero los intereses petroleros estadounidenses sufrieron a pesar de todo cuando Caracas nacionalizó su industria petrolera unos años más tarde. Sin embargo, la reacción estadounidense fue moderada. Venezuela fue uno de los muchos países en desarrollo que nacionalizaron sus recursos en aquella época, y Caracas pagó a las compañías petroleras estadounidenses más de mil millones de dólares en compensación.

Además, a Estados Unidos le interesaba mantener buenas relaciones con un miembro clave del cártel petrolero de la OPEP como Venezuela.

Y todavía había que preocuparse por los soviéticos. El presidente Ronald Reagan elogió públicamente a Caracas como una “inspiración para el hemisferio” democrático en un momento en el que luchaba contra los movimientos comunistas de la región, una causa que el gobierno de Venezuela apoyaba, especialmente en El Salvador.

Reagan recompensó el respaldo con la venta en 1981 de 24 aviones de combate F-16 a Venezuela, por el equivalente a unos 1.750 millones de dólares de 2025. Fue la venta de armas estadounidense más importante a la región en más de una década.

La retórica estadounidense sobre la democracia modelo de Venezuela a menudo pasaba por alto los numerosos defectos políticos y económicos del país, señaló Fonseca, en nombre de intereses estratégicos. “A los estadounidenses les preocupaban mucho menos cuestiones como la corrupción y los derechos humanos, y mucho más la afinidad política”.

El interés de Estados Unidos se desvió de América Latina después de la caída de la Unión Soviética. Venezuela siguió siendo un proveedor crucial de petróleo, tras haber permitido discretamente que empresas privadas, incluidas grandes compañías estadounidenses, firmaran lucrativos acuerdos de explotación y reparto de beneficios. A finales de la década de 1990, Venezuela había superado a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo de Estados Unidos.

Pero pocos en Washington siguieron de cerca el ascenso de un revolucionario de izquierda llamado Hugo Chávez, quien ganó las elecciones presidenciales de Venezuela en diciembre de 1998. Chávez, un incendiario que emulaba a Castro, aprovechó la ira popular contra la corrupción y la pobreza rampantes, que persistían a pesar de los enormes recursos petrolíferos del país, y prometió importantes reformas constitucionales y económicas.

Estados Unidos reaccionó con cautela al principio, y esperaba que Chávez se suavizara una vez en el poder. El Presidente Bill Clinton incluso lo recibió en la Casa Blanca a principios de 1999, donde Chávez aseguró a los funcionarios que quería mantener buenas relaciones y dio a entender que no tenía planes radicales.

Un intento de derrocar a Chávez en abril de 2002 lo cambió todo para siempre. Mientras el líder venezolano seguía adelante con su programa político de izquierda, una alianza de políticos, generales y empresarios lo detuvo en medio de protestas callejeras masivas contra su gobierno.

Pero el golpe fracasó después de que una multitud aún mayor se congregara para exigir el regreso de Chávez, y este fue restituido dos días después. Volvió con saña, reprimiendo a sus rivales políticos y transformando su democracia modelo en un Estado autoritario.

Chávez dirigió su ira contra Estados Unidos, y acusó al gobierno del Presidente George W. Bush de intentar derrocarlo. Los funcionarios de la Casa Blanca negaron la acusación, pero los documentos desclasificados en 2004 revelaron que los funcionarios estadounidenses estaban al tanto del complot con antelación. (Los documentos también mostraban que los estadounidenses advirtieron a los líderes de la oposición contra la destitución de Chávez por medios inconstitucionales).

A partir de ese momento, Bush se convertiría en un rival muy útil para Chávez, sobre todo porque enfureció a gran parte del mundo con su invasión de Irak en 2003 y su despiadada persecución de terroristas. Chávez atacó al presidente estadounidense con fruición, incluso durante su infame discurso de 2006 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciado desde el mismo atril en el que Bush había hablado un día antes.

“Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía”, dijo Chávez a los delegados reunidos.

Al año siguiente, el gobierno de Chávez reafirmó el control estatal sobre la industria petrolera de Venezuela al hacer retroceder los pasos previos del país hacia la privatización y obligar a las empresas extranjeras a aceptar participaciones minoritarias en nuevas empresas conjuntas dominadas por la petrolera estatal. Cuando los gigantes petroleros estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips se negaron, Chávez confiscó sus activos.

Las medidas de Chávez fueron políticamente populares en su país y contribuyeron a afianzar su poder. Tras su muerte en marzo de 2013, su protegido, Maduro, continuó con sus políticas, preparando el terreno para años de creciente aislamiento y castigo por parte de Estados Unidos.

En respuesta, Venezuela se ha vuelto cada vez más dependiente de algunos de los principales rivales de Estados Unidos, como Rusia y China, así como de Cuba.

La tensión está llegando a un punto álgido bajo el mandato de Trump, quien afirma que el papel de Venezuela en la migración y el contrabando de drogas hacia Estados Unidos la ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional que justifica el uso de la fuerza militar. Algunos de los principales asesores de Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, están presionando para que Maduro sea destituido como una forma de aumentar la presión sobre el Gobierno comunista de Cuba.

A principios de este año, Trump desplegó un portaaviones en aguas del Caribe cerca de Venezuela, posicionándolo para un posible ataque militar. El movimiento se produjo unos 50 años después de que el presidente Dwight Eisenhower hiciera lo mismo, para la potencial misión de rescate de Nixon, la cuan resultó innecesaria. La gran pregunta ahora es si el resultado será tan tranquilo esta vez.

c. 2025 - The New York Times

“El proyecto original del Libertador sigue vigente”, proclamó Nicolás Maduro en un acto celebrado en Caracas, donde reafirmó la identidad bolivariana del gobierno y el vínculo con figuras históricas venezolanas. El presidente realizó este pronunciamiento en el contexto de renovadas sanciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos, que han agravado las dificultades económicas del país, según reportó El Universal. Durante el evento, Maduro ratificó su juramento de lealtad al fallecido Hugo Chávez y aseguró que la principal meta de su administración es “romper con el maleficio de la traición”, un compromiso que, afirmó, asumió “con el alma arrugada pero con decisión absoluta, a riesgo de la propia vida”.

En el desarrollo de este mensaje público, según consignó El Universal, el jefe de Estado venezolano centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional, denunciando que la política exterior estadounidense busca impedir la estabilidad interna y la autonomía del país. Maduro solicitó la cohesión de la población venezolana ante lo que consideró una intensificación de presiones externas, en particular a raíz de la declaración de “bloqueo completo” a la navegación de embarcaciones venezolanas emitida por Washington. Esta medida limita la entrada y salida de navíos desde puertos nacionales, una acción que, de acuerdo con el gobierno de Caracas, representa un intento de asfixiar la economía.

El Universal detalló que Maduro extendió su denuncia hacia acciones militares recientes en el océano Pacífico atribuidas a las fuerzas estadounidenses, vinculando estas operaciones a un saldo superior a noventa víctimas mortales. Si bien la administración de Estados Unidos presenta estos operativos como parte de una campaña internacional contra el narcotráfico, el gobierno venezolano sostiene que las motivaciones son políticas y buscan debilitar la gobernabilidad de la nación. El periódico también informó que se han presentado acusaciones sobre ataques similares en el mar Caribe, una situación que ha elevado la tensión diplomática y militar en la región.

Durante su discurso, el mandatario hizo referencia a la “conciencia patria” y resaltó, de acuerdo con la cobertura de El Universal, la capacidad organizativa y el nivel de conciencia alcanzado por la sociedad venezolana. Para Maduro, estos avances en la organización social y la conciencia revolucionaria refuerzan los mecanismos nacionales de defensa ante intentos de desestabilización. Además, el presidente vinculó la lucha actual de su gobierno con el legado histórico de Simón Bolívar, definiendo a este líder como el “gigante de gigantes y gran guerrero”, y enmarcando la acción institucional como continuación directa del ideario bolivariano.

La cobertura publicada por El Universal expuso que las sanciones y bloqueos estadounidenses forman parte de una serie de castigos comerciales que han deteriorado diversos sectores de la economía venezolana. El gobierno interpreta estas medidas como una táctica orientada a restringir la capacidad de maniobra nacional e incidir sobre la vida institucional y el desarrollo económico. Como respuesta, Maduro ha intensificado los llamados a la resistencia y la movilización interna, reclamando a la población cerrar filas en defensa de los principios ideológicos y de la soberanía estatal.

Durante el acto simbólico, en el que participaron figuras del oficialismo y representantes de la sociedad civil, Maduro afirmó: “La lealtad al comandante Hugo Chávez es absoluta”, según recogió El Universal, reiterando su promesa de mantener la integridad y dar continuidad al legado del fundador de la llamada revolución bolivariana. El medio especificó que el presidente venezolano considera fundamental fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones para hacer frente a lo que percibe como estrategias externas de debilitamiento y aislamiento.

El Universal señaló asimismo que la visión del gobierno es rechazar los argumentos esgrimidos por Washington en torno a las operaciones militares y las restricciones comerciales, consideradas por Caracas como injerencia directa en los asuntos internos. Según los funcionarios venezolanos citados por el periódico, estas políticas integran una ofensiva más amplia destinada a erosionar la estructura del Estado y limitar la autonomía política de la nación caribeña.

El relato recogido por El Universal destaca que, como parte de la respuesta institucional, Maduro ha priorizado el fortalecimiento de la “conciencia histórica y patriótica” de los ciudadanos, haciendo un llamado a la movilización y la organización popular ante la coyuntura de sanciones y presión internacional. Estos lineamientos se inscriben dentro de una estrategia orientada, según la versión oficial, a consolidar la unidad nacional y preservar el camino hacia el desarrollo y la independencia en un contexto regional caracterizado por la confrontación institucional y una hostilidad creciente en la relación bilateral con Estados Unidos.

Finalmente, el mismo medio detalló que las acciones recientes y las declaraciones del presidente forman parte de una dinámica recurrente en la política venezolana, en la que la defensa del legado bolivariano y de la soberanía constituyen ejes centrales del discurso tanto en el plano nacional como internacional.

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de abrir una nueva licitación para la adjudicación del espectro electromagnético del Canal 1 desató una ola de críticas en su contra, en especial entre los sectores de oposición, en un nuevo episodio que dejaría al descubierto las intenciones del Gobierno frente a este espacio: así como el debate sobre la propiedad y el control de los medios en Colombia, a tal punto de ser comparado con regímenes venezolanos y cubanos.

El Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, no dudó en elevar el tono de sus críticas al comparar las acciones del primer mandatario con las de regímenes autoritarios, mientras que Petro defendió la medida como parte de su ejercicio ejecutivo. En consecuencia, el conflicto, que involucra investigaciones de entidades de control, ha alimentado, aúin más, la discusión sobre la libertad de prensa y la vigencia de la concesión del canal.

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Desde la colectividad, la reacción fue inmediata y contundente. “Presidente Petro: el espectro electromagnético no es suyo, es del Estado. Pero usted lo trata como ‘exprópiese’, al estilo Chávez, Maduro y Castro. Abrir una licitación para tumbar una concesión vigente hasta 2037 no es democracia: es mordaza. Hoy es Canal 1, mañana la libertad de prensa… y pasado mañana la cuenta la pagan los colombianos, no usted y su candidato Cepeda”, remarcó el partido.

Este mensaje se dio en respuesta a lo que dijo el jefe de Estado, que cuestionó el pronunciamiento del Senado de España, que emitió una moción en defensa de la libertad de prensa en Colombia. “El Canal 1 es del estado, señor Uribe, ¿no sabía? Nadie expropia su propiedad. Aunque hay quienes creen que la propiedad pública es como manejar su propia hacienda, se apropian hasta de baldíos”, dijo el mandatario, defendiendo la potestad estatal sobre el canal.

¿Cuál es la situación del Canal 1?

El trasfondo de esta controversia se remonta a agosto de 2025, cuando Petro ordenó al Ministerio de las TIC abrir una nueva licitación para el Canal 1, al argumentar que la concesión había llegado a su fin. Sin embargo, Plural Comunicaciones, actual concesionario, señaló que el contrato está vigente hasta 2037, lo que ha dado pie a una batalla legal y administrativa entre las partes, y en la que han tomado partido los diferentes colectivos contrarios a Petro.

La situación se ha agravado con la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al mando de Cielo Rusinque, confesa seguidora del primer mandatario, que investiga presuntas irregularidades en el control del canal y su alianza con Prisa Media, así como la Superintendencia de Sociedades, que examina la estructura accionaria de Plural Comunicaciones. Estas investigaciones también causaron malestar en la opinión pública y alertas sobre posible censura.

El presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, ha denunciado ante los medios un “hostigamiento sistemático” por parte del Gobierno Petro y calificó la medida como un “atentado a la libertad de prensa”; mientras sectores políticos han descrito la decisión como una “expropiación” de facto destinada a controlar la narrativa mediática. Así como lo hizo el Centro Democrático en su más reciente comunicación a través de las redes sociales.

En medio de la escalada, la justicia colombiana aceptó en diciembre de 2025 una tutela presentada por Plural Comunicaciones contra el Ejecutivo, en la que se expuso la existencia de un patrón de hostigamiento para forzar la entrega del canal. Por su parte, el jefe de Estado ha manifestado su intención de que la nueva licitación permita que el canal sea gestionado por periodistas y cooperativas, con el objetivo de descentralizar la propiedad de los medios.

En diálogo con Infobae TV, Revilla reconstruyó su experiencia como testigo y víctima de la connivencia entre el régimen chavista y organizaciones criminales internacionales, así como las consecuencias personales de haber denunciado estos hechos.

“Desde que empecé me di cuenta de lo que era el conflicto, de la dinámica fronteriza, el contrabando, el secuestro. Sin embargo, en el año 2000, cuando mi unidad es asignada al Catatumbo venezolano, comienzo a detectar que existían unos apoyos directos de miembros de la inteligencia militar venezolana hacia los grupos narcoterroristas que hacían vida”, relató Revilla a Infobae TV.

Su relato detalla cómo, tras recibir informes de inteligencia y realizar operativos en la frontera con Colombia, su unidad interceptó materiales estratégicos y precursores de estupefacientes que eran autorizados por superiores militares para cruzar hacia el frente treinta y tres de las FARC.

Revilla describió un episodio en el que detuvo a un ciudadano con setenta y dos millones de pesos colombianos, unos 38.500 dólares en promedio, de acuerdo con la tasa de cambio de la época, quien justificó el dinero como pago para los “raspachines”, los trabajadores que recolectan hojas de coca.

“A los dos días, esa misma persona pasó por el puesto fronterizo con documentos venezolanos. O sea, en solo dos días, él tenía una cédula venezolana y un pasaporte venezolano”, afirmó Revilla a Infobae TV, subrayando la facilidad con la que los detenidos eran liberados y legalizados por órdenes superiores.

La denuncia de estas prácticas lo convirtió en objetivo de represalias. Revilla explicó que en 2002 las FARC enviaron una carta al vicepresidente y al fiscal general de Venezuela solicitando su neutralización.

“Yo fui obligado a una baja forzosa en el año 2004 bajo amenaza. Fui objeto de tres atentados contra mi vida. El último fue contra mi vida y contra la vida de mi hijo de diez años”, declaró Revilla a Infobae TV.

La persecución culminó en su detención en 2010, cuando intentaba salir del país. Según su testimonio, fue trasladado a los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIN), donde fue sometido a torturas sistemáticas.

“Comienzan las torturas sistemáticas en los sótanos de la DIN. Y para mi asombro, la pregunta no era: ‘¿Dónde están los campamentos?’, sino todo el interrogatorio giraba en torno a quiénes eran los agentes de la DEA, dónde estaban esos agentes, dónde yo me iba a entrevistar con ellos y la forma de ubicarlos. Entendí yo que lo que querían en ese momento era ubicar a los agentes de la DEA y asesinarlos. Y luego asesinarme a mí”, sostuvo Revilla a Infobae TV.

El ex comandante describió con precisión los métodos de tortura empleados: “En ese primer dormitorio de ahí al lado tienes un tubo servido de aguas negras de la parte superior del techo. Ahí te guindan sobre las manos y comienzan a golpearte con diferentes objetos contundentes. Hay un cuarto que lo llaman el cuarto de los locos, forrado completamente por colchones verdes, con control de calefacción. Allí te desnudan, te insertan dentro de esa habitación y comienzan a controlar hasta el frío extremo, hasta que te desmayas, o el calor extremo, hasta que te desmayas por el calor. Utilizan tortura de distorsión espacio-temporal”. dijo.

“Hay otro cuarto que yo le llamo la tumba, que es un cuarto de uno punto cinco metros de ancho por tres metros de alto, con filtración de moho que afecta los pulmones. Tienen los choques eléctricos, maltratos verbales, de golpearte, de desnudarte delante de militares femeninas, de intentar violarte delante de las personas con la finalidad de quebrar tu voluntad”, detalló Revilla.

La presión internacional y la intervención de activistas de derechos humanos resultaron determinantes para su liberación. Revilla logró enviar una carta firmada con sangre a Estados Unidos, que fue presentada ante la Comisión Interamericana.

“El presidente Chávez ordena a mí que me saquen, que me dejen tranquilo. Ya el presidente sabía del atentado que habían hecho contra mí y contra mi hijo. Hugo Carvajal da la orden que me saquen de los sótanos del DIN, pero me da la orden de que yo tengo que salir del país”, narró Revilla.

A pesar de la orden de exilio, decidió permanecer en Venezuela para enfrentar el proceso judicial, donde, según su testimonio, tanto el juez como el fiscal que participaron en su caso le confesaron que actuaron bajo órdenes superiores y ambos fueron posteriormente asesinados.

Tras ser condenado a siete años y cuatro meses de prisión y pasar dos años en Ramo Verde, Revilla obtuvo una medida alternativa de cumplimiento de pena tras la muerte de Hugo Chávez y la salida de Carvajal de la Dirección del Inteligencia Militar del chavismo (DIM).

En 2017, al finalizar su condena, la persecución continuó y debió abandonar el país. Desde el exilio, ha sido testigo protegido en España y Colombia, aunque los procesos judiciales en ambos países y ante la Corte Interamericana permanecen paralizados.

“Todos los órganos del poder público en Venezuela sabían y conocían de las relaciones entre elementos de inteligencia militar, miembros de las FARC, miembros de Hisbolá y miembros de ETA. Todos lo sabían”, concluyó Revilla.

Durante una entrevista televisiva, Alexander Lukashenko abordó los rumores sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro abandone Venezuela y especificó que, pese a que nunca han discutido el tema, escuchó en varias ocasiones que el mandatario venezolano podría buscar refugio en Bielorrusia. El presidente bielorruso aprovechó el diálogo para pronunciarse sobre la postura de su país respecto a la figura de Maduro y la situación en la nación sudamericana, en el contexto de los ataques estadounidenses a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

Según reportó la cadena Newsmax, Lukashenko expresó su disposición a ofrecer asilo a Nicolás Maduro en caso de que el dirigente venezolano se vea forzado a abandonar su país. "Si quiere venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él", afirmó Lukashenko, subrayando que Venezuela nunca ha representado una amenaza o adversario para Bielorrusia y que Maduro tampoco ha sido considerado un enemigo por el Gobierno que él encabeza.

El medio estadounidense detalló que estas declaraciones surgieron en un momento de aumento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, marcado especialmente por operaciones militares estadounidenses dirigidas a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, conocidas como narcolanchas, en el mar Caribe y el Pacífico. Estos operativos han resultado en un número mantenido de muertos y han elevado la tensión internacional sobre la situación venezolana.

Durante la conversación, Lukashenko explicó que no existe un diálogo directo con Maduro sobre su posible salida del país. "Esto, sin embargo, nunca se ha abordado", recalcó, al tiempo que manifestó sus impresiones personales sobre el mandatario venezolano. "No es el tipo de persona que lo dejaría todo para irse, para huir. Es un hombre fuerte; es un chavista. Es como Chávez. Un hombre fuerte, decente, sano y con el que se puede hablar y negociar", añadió, en alusión al fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor político de Maduro.

El presidente de Bielorrusia también aclaró que la comunicación sobre posibles movimientos políticos en Venezuela suele producirse más a través de conversaciones con autoridades estadounidenses que con el propio Maduro. "Francamente, hablamos más con los estadounidenses de Venezuela que con Maduro sobre su posible dimisión y otras acciones de este tipo. Es un hombre heroico", señaló Lukashenko, según recogió Newsmax.

El medio estadounidense resaltó que las operaciones militares de Estados Unidos en la región han generado alarma tanto dentro como fuera del continente americano, debido a su impacto en la seguridad y la estabilidad política de Venezuela. Al mismo tiempo, la presencia de figuras internacionales como Lukashenko en la conversación pública subraya el papel de Bielorrusia como potencial destino para líderes aliados de su política exterior frente a presiones occidentales.

En su diálogo televisivo, Lukashenko insistió en la fortaleza personal y política de Maduro, sugiriendo que no espera una salida voluntaria del líder venezolano a pesar de las circunstancias actuales. La oferta de asilo, según el presidente bielorruso, permanece abierta como una muestra de amistad y respaldo frente a situaciones de crisis. Aunque estas declaraciones no suponen una negociación formal ni un acuerdo específico, añaden un nuevo componente diplomático a la crisis venezolana en un contexto de presión internacional reforzada e intervenciones militares extranjeras señaladas por la prensa internacional.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, realizó una comparación entre el senador Iván Cepeda y el fallecido venezolano Hugo Chávez en una publicación en X (antes Twitter) el 13 de diciembre de 2025 a las 10:43 a. m. En esta sugirió que Cepeda buscaría replicar la estrategia del exdictador respecto al sector privado.

En su mensaje, Uribe afirmó que “Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó”. Con esta declaración, el exmandatario insinuó que Cepeda intentaría captar el apoyo del empresariado para después perjudicarlo desde el poder.

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Además, añadió que, a diferencia de Chávez, Cepeda tendría más dificultades para lograr ese objetivo, ya que, según su percepción, el senador colombiano no genera la misma simpatía que caracterizaba al líder venezolano.

Esta opinión del expresidente, se inscribe en el contexto de la confrontación política en Colombia, en la que las referencias a la experiencia venezolana y la relación con el sector privado suelen ocupar un lugar destacado en el debate público.

El expresidente Uribe cuestiona la seguridad de las candidatas del Centro Democrático frente a la campaña de Cepeda

Las acusaciones de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda han intensificado el clima político en Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026.

El exmandatario afirmó que el senador del Pacto Histórico puede recorrer el país sin temor a amenazas gracias a la supuesta protección de grupos narcotraficantes, mientras que las precandidatas del Centro Democrático enfrentan riesgos constantes para su integridad. Uribe sostuvo que esta situación refleja una “revolución” en la que, según él, los carteles buscan influir en los resultados electorales y respaldan abiertamente la candidatura de Cepeda.

En su intervención, Uribe recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el once de agosto de 2025, tras dos meses en cuidados intensivos por un atentado.

El exgobernador de Antioquia utilizó este hecho para ilustrar el nivel de amenaza que enfrentan figuras de su partido. Según sus palabras: “La revolución ética del candidato Cepeda consiste en que mientras candidatas como las del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, tienen que hacer campaña generalmente desde la casa porque están seriamente amenazadas de asesinarlas, como asesinaron a Miguel Uribe, el candidato Cepeda anda por todo el país muy tranquilo porque está protegido por los fusiles terroristas de los narcos que han anunciado públicamente que votarán por él”, declaró Uribe en el video difundido en sus redes sociales.

El líder del Centro Democrático también criticó la política de seguridad del Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, y comparó la situación actual con la de sus propios mandatos. Uribe afirmó que durante su presidencia todos los candidatos, sin importar su afinidad política, contaron con protección estatal suficiente para hacer campaña en condiciones de tranquilidad.

En sus palabras: “Durante los gobiernos que presidimos, todos los candidatos que mostraban afinidad con el gobierno o estaban en la oposición tuvieron seguridad. Ellos dieron el testimonio que pudieron recorrer el país con la protección del Estado en muy alto nivel de tranquilidad”.

Durante un evento del Centro Democrático realizado el ocho de diciembre de 2025 en Medellín, Uribe profundizó sus críticas hacia Cepeda, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia los antioqueños y de querer profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro.

El exmandatario expresó: “¿Quién nos odia más a los antioqueños? ¿Si Petro o Cepeda? (…) ¿Qué ha dicho Cepeda? Que su plataforma es profundizar las reformas de Petro. Entonces, Petro lleva la salud por el despeñadero. Todavía podemos arreglarla. Cepeda la va a llevar a la muerte total. Estamos bregando a que Petro no se alcance a llevar los fondos de pensiones, que son de propiedad de los trabajadores (…) Cepeda se los lleva enteritos”.

También cuestionó la propuesta de austeridad de Cepeda para enfrentar la crisis fiscal, señalando que, en su opinión, las cifras oficiales contradicen ese discurso.

El exmandatario enumeró: “¡Cepeda habla de austeridad! ¿Cuál austeridad? Once embajadas, veinticuatro consulados, ciento veinte mil cargos adicionales entre contratos y nómina. ¿Cuál austeridad? Cuarenta por ciento más de gastos de funcionamiento. ¿Cuál austeridad? Ahora otros ochenta mil empleados. ¿Cuál austeridad? Toda, toda esa corrupción, todo ese vergreño, todos esos gastos innecesarios”.

Las declaraciones de Uribe se producen en un contexto de alta polarización, donde las precandidatas del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, han denunciado amenazas que las obligan a limitar sus actividades públicas, mientras que la campaña de Cepeda avanza sin restricciones visibles, según la versión del exmandatario.

Esta semana, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, explicó en Oslo que el reconocimiento recibido correspondía a “todos los venezolanos” que hoy se enfrentan a una guerra declarada por parte de Nicolás Maduro. Machado argumentó cómo la dictadura chavista se valió del apoyo de regímenes como los de Cuba, Rusia e Irán, y de “organizaciones criminales como Hamas y Hezbollah”. Sostuvo que “así como el régimen se apoya en los regímenes del mundo, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”. También señaló que los recursos petroleros del país eran utilizados para “la persecución política y la tortura”, hechos investigados por mecanismos internacionales como posibles crímenes de lesa humanidad. Consultada por la posibilidad de una intervención militar, indicó que la sociedad venezolana ha apostado por una transición “en orden y paz”, que ha sido entorpecida sistemáticamente por el chavismo.

Durante más de dos décadas, distintos gobiernos y actores internacionales aliados y beneficiarios del chavismo afirmaron que la crisis venezolana debía resolverse “entre venezolanos”, sin presión externa, guardando así un silencio cómplice frente a las violaciones constitucionales y de derechos humanos que se perpetraron en el país caribeño. Esa posición se consolidó en foros multilaterales y comunicados oficiales, limitando el margen de acción diplomática y restringiendo la capacidad de la sociedad civil para activar mecanismos internacionales de protección.

En febrero de 2019, el representante permanente de China ante Naciones Unidas, Ma Zhaoxu, afirmó que su país rechazaba cualquier forma de intervención extranjera y que “los asuntos de Venezuela deben ser decididos por el propio pueblo venezolano”, según Xinhua y los registros del Consejo de Seguridad. Rusia expresó la misma línea: entre 2019 y 2021, el canciller Sergei Lavrov sostuvo que las sanciones y presiones externas buscaban “forzar cambios de poder”. Cuba, mediante comunicados de su canciller Bruno Rodríguez, reiteró el principio de “respeto a la soberanía venezolana” y rechazó pronunciamientos internacionales. En la región, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador adoptaron siempre posiciones grises y evitaron críticas directas al régimen venezolano.

En paralelo, organismos internacionales documentaron el deterioro progresivo de la institucionalidad venezolana. Informes de la ONU, la OEA, HRW y Amnistía Internacional registraron, desde mediados de los años 2000, la erosión de la independencia judicial, el cierre del espacio cívico, el uso político de la Fuerza Armada y el avance del control estatal sobre medios, instituciones electorales y administración pública. A partir de 2014, estos organismos reconocieron patrones de represión sistemática, con detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. ACNUR y la OIM estimaron más de 7,7 millones de migrantes y refugiados para 2024, una de las diásporas más grandes de la región.

La siguiente cronología reconstruye las 21 principales ocasiones en las que el antichavismo y la sociedad civil intentaron abrir una salida democrática, y cómo cada intento fue bloqueado por un aparato estatal que se ha cohesionado, militarizado y desarrollado la capacidad de revertir o neutralizar cualquier avance:

1. Ley de la Constituyente y reorganización del Estado (1999–2000)

En 1999, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) constituyó el primer paso hacia un modelo político centrado en la concentración del poder ejecutivo en Venezuela. Según informes recogidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el análisis de organismos multidisciplinarios, la ANC fue electa con la encomienda de redactar una nueva Constitución, pero se proclamó por encima de todas las instituciones estatales, anulando así el rol del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

La Constitución de 1999, sometida a referendo popular, introdujo cambios significativos, como la creación de los Poderes Ciudadano y Electoral y el rebautizo del país. Las elecciones denominadas “megaelecciones” en 2000 permitieron la reelección de Hugo Chávez y un control total sobre el Ejecutivo y Legislativo, consolidando la subordinación institucional de los demás poderes bajo aliados del gobierno.

Durante este proceso, los partidos opositores, principalmente Acción Democrática (AD) y Copei, intentaron denunciar irregularidades y activar recursos legales ante la Corte Suprema. Sin embargo, la proclamación de poder originario de la ANC y el respaldo popular neutralizaron la resistencia de la oposición y debilitaron sus posibilidades de acción efectiva. Las reformas incluyeron la ampliación de funciones de la Fuerza Armada Nacional, que ganó mayor injerencia en asuntos políticos y sociales.

2. 11 de abril de 2002: ruptura y retorno

El 11 de abril de 2002 marcó una ruptura institucional cuando sectores de la oposición y parte del alto mando militar anunciaron el cese de funciones de Chávez y la asunción de Pedro Carmona como jefe provisional. Sin embargo, menos de 48 horas después, fuerzas leales y movimientos populares lograron el retorno de Chávez al poder, afianzando su control sobre la estructura estatal.

La reacción internacional fue convocar al restablecimiento de la institucionalidad democrática. Las consecuencias inmediatas incluyeron un incremento en la polarización política y el fortalecimiento de la alianza entre el Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Dicho episodio dejó un precedente en cuanto al uso del aparato militar como puntal del poder presidencial y validó la respuesta represiva ante crisis de gobernabilidad. El quiebre institucional agudizó el enfrentamiento entre el oficialismo y sus detractores, marcando el inicio de una política sistemática de represión, descrita posteriormente por organismos internacionales como una constante en los años siguientes.

3. Paro petrolero y despidos masivos en PDVSA (2002–2003)

El paro cívico y petrolero desarrollado entre 2002 y 2003 paralizó temporalmente la infraestructura energética nacional. Diversas fuentes, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relataron cómo el gobierno de Hugo Chávez respondió despidiendo, de forma pública y masiva, a miles de trabajadores de PDVSA, principal empresa estatal petrolera.

La medida fue ejecutada directamente por Chávez en transmisiones televisivas, donde utilizó un silbato y gritos para cesar a empleados señalados de participar en el paro. Organizaciones como HRW documentaron la pérdida de derechos laborales, antigüedades y la imposibilidad de reincorporación mediante recurso judicial, en lo que consideraron un proceso discriminatorio vinculado a motivaciones políticas.

Posterior al paro, el gobierno restructuró radicalmente la industria petrolera eliminando cargos técnicos y consolidando el control político. La militarización de puestos clave en PDVSA, según informes independientes del Foro Penal y la OEA, marcó el inicio de la intervención militar en la economía venezolana y debilitó cualquier resquicio opositor en la administración pública.

4. Referendo revocatorio de 2004

La oposición venezolana afrontó obstáculos legales para impulsar el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004. El proceso, supervisado por un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señalados como parciales, estuvo afectado por la ausencia de una ley específica y la imposición de reglas administrativas que dilataron y entorpecieron la validación de firmas.

Dicha situación generó la anulación de firmas y exigió verificaciones adicionales, mientras la automatización del voto mediante una empresa cercana al régimen chavista elevó las sospechas de fraude. Herramientas como la “Lista Tascón” sirvieron para identificar a los firmantes y generar represalias laborales, limitando la participación ciudadana, según denuncias documentadas por la OEA y la ONU.

El referendo realizado el 15 de agosto de 2004 otorgó la victoria oficial a Chávez con el 59,25% de los votos. El resultado fue validado por observadores del Centro Carter y otras entidades, aunque opositores insistieron en señalar irregularidades. El fracaso en revertir la permanencia presidencial mediante vías institucionales reforzó el dominio oficialista y debilitó la moral opositora.

5. Reelección de 2006, reforma y cierre de RCTV (2007)

Luego de la incapacidad opositora para enfrentar las elecciones legislativas de 2005, Chávez resultó reelegido en 2006. En 2007 impulsó una reforma constitucional que pretendía formalizar la reelección indefinida; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la ciudadanía en referendo que significó la primera derrota electoral de Hugo Chávez desde su llegada al poder.

Ese mismo año, el gobierno decidió no renovar la licencia de transmisión de RCTV, uno de los principales canales de señal abierta. El hecho fue denunciado como un atentado contra la libertad de expresión y un giro en el control mediático estatal. La cancelación generó rechazo internacional y mostró la capacidad del Ejecutivo para limitar la información y acallar el disenso interno.

A pesar de esta derrota en las urnas, en 2009 Chávez logró aprobar la reelección indefinida a través de una enmienda constitucional votada en referéndum. La oposición, debilitada institucionalmente y restringida en el acceso a medios de comunicación, no logró evitar la consolidación de un esquema que permitiría la perpetuidad presidencial.

6. Protestas estudiantiles de 2009

Las protestas estudiantiles se intensificaron en 2009 como resultado de la disminución presupuestaria impuesta a las universidades venezolanas y la violencia denunciada por la comunidad académica. La reducción de fondos, congelados desde 2005, provocó la reacción inmediata de estudiantes y profesores.

Durante enero fallecieron dos jóvenes en el estado Mérida, lo que catalizó manifestaciones, huelgas de hambre y acciones tendientes a visibilizar la situación ante organismos internacionales. La OEA recibió una delegación estudiantil tras constantes solicitudes y denuncias de represión policial y falta de garantías para la protesta pacífica.

Estas protestas coincidieron con el debate y aprobación de la enmienda constitucional que habilitó la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. El movimiento estudiantil se posicionó como actor clave articulando acciones en rechazo tanto al recorte como a la ampliación de poderes presidenciales. Aunque las movilizaciones obtuvieron resonancia mediática y respaldo internacional, la reforma fue aprobada y las demandas del movimiento no lograron revertir el avance del chavismo en las instituciones.

7. Ley Habilitante y mayor concentración de poder (2010)

En diciembre de 2010 la Ley Habilitante concedió a Hugo Chávez poderes para legislar por decreto durante dieciocho meses con el argumento de la emergencia causada por lluvias e inundaciones. La medida fue avalada por la Asamblea saliente dominada por el oficialismo, e intentaba frenar el envión de la nueva legislatura con representación mayoritariamente opositora recién electa y que no había asumido funciones.

El decreto facultó al Ejecutivo para dictar leyes en múltiples ámbitos, eliminando el control regular del Parlamento. El resultado fue una profundización de la centralización y una reducción de los contrapesos democráticos, lo que favoreció la consolidación de poderes en torno a la figura presidencial.

La acumulación de atribuciones por medio de instrumentos como la Ley Habilitante fue denunciada nacional e internacionalmente como un factor de transición hacia el modelo autocrático, debilitando la posibilidad de debate y fiscalización legislativa. Las decisiones adoptadas bajo este marco legal se tradujeron en normativas de alto impacto social, político y económico, que limitaron severamente la acción opositora.

8. Expropiaciones y reconfiguración económica (2005–2012)

El ciclo que abarca desde 2005 hasta 2012 fue testigo de un programa de expropiaciones formalizado bajo la justificación de instaurar un modelo productivo socialista. Se estima que el chavismo decretó la adquisición forzosa de unas 1.200 empresas por parte del Estado, agudizando la dependencia de los recursos públicos y generando dificultades económicas que tendrían sus mayores consecuencias en los años siguientes.

Las respuestas opositoras recurrieron a recursos legales y protestas, señalando contradicciones con los principios constitucionales de propiedad privada. No obstante, la ocupación institucional por parte de autoridades oficiales limitó la efectividad real de cualquier reclamo, tal como certificaron informes parlamentarios y ONG independientes.

La movilización de trabajadores afectados, empresarios y agricultores logró captar atención internacional, pero fue contenida por el aparato policial y judicial alineado con el Ejecutivo. El avance del proyecto expropiador resultó en una disminución de la inversión privada y en una mayor presencia militar en la economía, con mandos militares incorporándose a la dirección empresarial estatal.

9. Avances opositores y estructuras paralelas (2008–2012)

Entre 2008 y 2012, la oposición tuvo logros electorales notables, logrando el control de estados estratégicos y la Alcaldía Mayor de Caracas. La elección de gobernadores y alcaldes opositores fue vista entonces como un indicio de aperturas institucionales para la alternancia.

La respuesta del régimen encarnado aún en Hugo Chávez vino en la forma de recentralización y creación de estructuras administrativas paralelas. Competencias esenciales como la administración de servicios públicos y recursos financieros fueron traspasadas a ministerios o entes controlados directamente por el Ejecutivo, desplazando a las autoridades electas por voto popular.

El Tribunal Supremo de Justicia validó legalmente la transferencia de atribuciones y la creación de organismos paralelos, evidenciando así la limitada capacidad de gestión real de los funcionarios opositores. Este esquema, documentado por medios internacionales y analizado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, implicó un vaciamiento efectivo de las victorias democráticas en el ámbito regional y municipal.

10. Última elección de Chávez y ascenso de Maduro (2012–2013)

El periodo 2012–2013 estuvo marcado por la última reelección de Hugo Chávez, cuya salud en deterioro fue minimizada en campaña. La evidente ventaja oficialista y el uso de recursos públicos resultaron en un 55% de los sufragios a su favor. Las denuncias opositoras sobre manipulación institucional quedaron consignadas en el escrutinio internacional y sin efectos dentro del país.

Tras el fallecimiento de Chávez, el TSJ permitió la asunción total de poderes por parte de Nicolás Maduro, una interpretación constitucional rechazada por la oposición y considerada irregular por diversas ONG. La convocatoria anticipada de elecciones derivó en la primera victoria ajustada de Maduro sobre Henrique Capriles, en medio de protestas por falta de auditoría integral del proceso.

El Consejo Nacional Electoral, con mayoría chavista, validó el resultado sin atender completamente las exigencias de revisión total. Las limitaciones estructurales y la parcialidad denunciadas por la oposición pasaron a fortalecer aún más el aparato estatal chavista.

11. Protestas de 2014

Las protestas de 2014 fueron desencadenadas por el agravamiento de la crisis social, caracterizadas por la inseguridad, inflación y escasez. El movimiento estudiantil y la oposición lideraron las movilizaciones, enfrentando una respuesta estatal definida por el uso excesivo de la fuerza, tal cual documentó el Foro Penal Venezolano.

El saldo fue de al menos 43 muertos —según la OEA—, centenares de heridos y aproximadamente 3.000 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con relatos de tortura, abuso sexual y allanamientos sin orden judicial, de acuerdo con Amnistía Internacional. Organizaciones señalaron la complicidad entre fuerzas del orden y colectivos armados oficialistas.

Las principales figuras opositoras, como Leopoldo López y María Corina Machado, sufrieron persecución e inhabilitación. López fue condenado tras un proceso judicial señalado por falta de garantías, mientras Machado fue destituida y acosada judicialmente, episodios analizados por la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.

12. 2015: victoria legislativa y anulación del Parlamento

El 6 de diciembre de 2015, la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Nacional, lo que en teoría permitiría promover cambios estructurales. Sin embargo, el TSJ alineado con el oficialismo comenzó de inmediato a bloquear la agenda parlamentaria, declarando desde sus primeras acciones el “desacato” del Poder Legislativo.

El conflicto inició tras la impugnación de diputados indígenas y la jura de estos, momento desde el cual todas las leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento fueron anulados por el TSJ. El Tribunal conformado por magistrados cercanos al chavismo asumió de facto todas las competencias legislativas.

De 2016 a 2017, la Sala Constitucional invalidó prácticamente toda la actividad de la Asamblea, incluyendo la Ley de Amnistía y propuestas de referendo revocatorio. En marzo de 2017 el TSJ asumió total control, desplazando cualquier posibilidad de balance de poderes y de acceso institucional de la oposición.

13. Intento de referendo revocatorio (2016)

En 2016 se intentó nuevamente activar un referendo revocatorio contra Maduro. La MUD logró recolectar 1,85 millones de firmas, superando el 1% legalmente requerido, pero el CNE impuso trámites adicionales y retrasos que dilataron el proceso.

Pocos días antes del inicio formal de la segunda fase, tribunales penales regionales anularon la validez de la primera fase por presunto fraude. La decisión fue acatada por el CNE y ratificada judicialmente, suspendiendo indefinidamente el proceso y negando la ruta institucional para una consulta nacional.

Las apelaciones y recursos legales de la oposición no consiguieron reactivar el referendo. El episodio reveló la consolidación del aparato partidista dentro de las instituciones y el bloqueo sistemático de la vía constitucional de la revocatoria.

14. 2017: protestas y Asamblea Nacional Constituyente

Durante 2017 las protestas se intensificaron tras la decisión del TSJ de asumir competencias de la Asamblea y el agravamiento de la crisis económica. Según la Fiscalía venezolana, las protestas dejaron 121 muertos, aunque organismos internacionales como la ONU elevaron las cifras y denunciaron uso excesivo de la fuerza y detenciones masivas.

En paralelo, Maduro promovió la constitución de una nueva ANC sin referendo consultivo previo. Las elecciones para elegirla, celebradas el 30 de julio, fueron señaladas por la empresa Smartmatic —encargada del sistema de votación— y la propia oposición como manipuladas y carentes de transparencia. La ANC, integrada únicamente por oficialistas, asumió atribuciones plenas y desplazó al Parlamento.

Más de 40 países desconocieron la legitimidad de la ANC, junto a la OEA y la Unión Europea. El proceso acentuó el aislamiento diplomático y la ruptura del orden democrático en Venezuela, según los análisis de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

15. 2017–2018: crisis económica y ola migratoria

Desde 2017 la economía venezolana entró en hiperinflación, con tasas superiores al 2.000% anual, mientras la producción petrolera se desplomaba, de acuerdo con datos de la OIM y la ACNUR. La escasez, el colapso de servicios y una contracción de casi el 50% del PIB generaron protestas a gran escala.

Se documentó un éxodo estimado de más de tres millones de personas entre finales de 2017 y 2018. Según información de la ONU, los migrantes buscaron refugio principalmente en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, convirtiendo el fenómeno en la mayor diáspora de la región. Los intentos opositores de intervenir en la gestión de la crisis se vieron frustrados por su destitución de competencias institucionales.

La oposición optó por denunciar internacionalmente el contexto, logrando originar acciones diplomáticas como la conformación del Grupo de Lima y la imposición de sanciones internacionales, reportadas por la OEA y órganos multilaterales. No obstante, la injerencia limitada no logró frenar la crisis humanitaria ni revertir la ola migratoria.

16. Elección presidencial sin garantías (2018)

El 20 de mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales bajo condiciones catalogadas de ausencia de garantías. La mayoría de los partidos opositores se abstuvo por considerarlas viciadas y sin competencia real, pues líderes como Henrique Capriles y Leopoldo López estaban inhabilitados judicialmente.

La convocatoria y cronograma electoral dificultaron la organización opositora. El uso de recursos públicos en la campaña y la presencia de “puntos rojos” en centros de votación para registrar a portadores del “Carnet de la Patria” fueron documentados por organismos internacionales como mecanismos de coacción. La falta de observación internacional independiente limitó la credibilidad del resultado.

El proceso electoral fue desconocido tanto por la Unión Europea como por la OEA y Estados Unidos. La reelección de Maduro generó una deslegitimación adicional de las instituciones venezolana y cerró de nuevo el camino de la alternancia por la vía electoral.

17. 2019: presidencia encargada y 30 de abril

La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado el 23 de enero de 2019 fue respaldada en cuestión de días por más de 50 países. La oposición alegó que la reelección de Maduro, carente de garantías, constituía una usurpación del poder. Organizaciones como la OEA y la Unión Europea apoyaron diplomáticamente a Guaidó.

El 30 de abril, Guaidó, acompañado de Leopoldo López y un grupo militar minoritario, intentó un alzamiento denominado “Operación Libertad” cerca de la base aérea La Carlota. El llamado no encontró eco en la cúpula militar, que se mantuvo fiel al régimen. Las jornadas posteriores se caracterizaron por enfrentamientos y detenciones.

No obstante, la represión aceleró la emergencia humanitaria y migratoria. Organizaciones como la ONU y Human Rights Watch documentaron miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Solo entre enero y mayo de 2019, la ONU reportó unas 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales y una migración de más de cinco millones de venezolanos.

18. 2020–2022: legislativas sin oposición principal y diálogos

Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 se celebraron sin la participación de la Plataforma Unitaria ni de los principales partidos opositores, que denunciaron manipulación judicial de sus siglas. El Gran Polo Patriótico obtuvo la totalidad de la Asamblea con una participación reportada del 42%, que no fue reconocida por la OEA ni la Unión Europea.

En este contexto, la oposición perdió la legitimidad internacional de la presidencia encargada. Durante 2021 y 2022 se intentaron negociaciones en México, con mediación de Noruega, Rusia y Países Bajos. Si bien se alcanzaron acuerdos parciales, la extradición del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a EEUU provocó el retiro de los representantes de la dictadura venezolana de la mesa.

El breve retorno al diálogo en 2022 resultó en la firma de un fondo fiduciario manejado por la ONU para programas sociales, pero los avances se detuvieron permanentemente. Las condiciones electorales y la liberación de presos políticos quedaron irresueltas, según la ONU y HRW.

19. Diálogos fallidos y confrontación política (2023–2025)

Durante este periodo, nuevos intentos de negociación fueron impulsados, con la firma en Barbados de un acuerdo parcial para “condiciones electorales” en las presidenciales de 2024. Sin embargo, la negativa a restituir los derechos políticos de María Corina Machado, vencedora en las primarias opositoras, llevó a la congelación de las conversaciones y a sanciones adicionales de EEUU.

El ambiente político se deterioró aún más con el incremento de detenciones arbitrarias y la persecución de equipos de campaña opositores. Los reportes de estos hechos documentaron el empleo sistemático de inhabilitaciones judiciales y desapariciones forzadas, confirmando que las garantías judiciales seguían ausentes.

Las instituciones nacionales se vieron incapaces de proveer condiciones para la competencia política. Los organismos internacionales coincidieron en que la solución al cierre democrático debía venir del exterior, ante la cooptación total del sistema judicial venezolano.

20. Primarias opositoras e inhabilitaciones (2023)

En octubre de 2023 la Plataforma Unitaria organizó primarias autogestionadas, sin intervención del CNE. Más de 2,3 millones de personas participaron, pese a bloqueos y cierres arbitrarios de centros de votación. María Corina Machado obtuvo más del 90% de los votos, pero la jornada fue seguida por declaraciones del régimen descalificando su legitimidad.

La inhabilitación de Machado, originalmente impuesta en 2021 y ratificada por el TSJ en 2024, impidió su postulación a la presidencia, contradiciendo compromisos previos en el diálogo internacional. Además, se incrementaron las detenciones y persecución contra miembros de su equipo.

Los más importantes organismos internacionales señalaron que el uso sistemático de inhabilitaciones y acciones judiciales ha sido la herramienta principal para excluir a la disidencia política en Venezuela, neutralizando cualquier avance electoral logrado por la oposición.

21. 2024: elección presidencial y represión posterior

Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el CNE declaró como ganador a Maduro sin mostrar las actas de votación que avalaran esos resultados se desató una serie de manifestaciones en el país que fueron cruelmente reprimidas por las fuerzas del régimen. Amnistía Internacional reportó más de 2.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos y episodios de violencia que podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales. El Foro Penal documentó unas 1.900 personas detenidas, incluidos 129 menores de edad, y la Misión Internacional de la ONU advirtió sobre prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En 2025, Human Rights Watch y otros organismos informaron la continuación de los patrones represivos, incluyendo la operación denominada “Tun Tun”, asociada a arrestos masivos y persecución de críticas. El Foro Penal elevó a cerca de 18.000 los arrestos por motivos políticos desde 2014, incluyendo adolescentes, y Amnistía Internacional documentó casos de desapariciones forzadas sistemáticas.

Las acciones opositoras, que reivindicaban el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia con las actas de votación publicadas y difundidas en todo el mundo, fueron contrarrestadas por un aparato estatal cohesionado, apoyado por los cuerpos de seguridad, militares y la administración de recursos estratégicos. Según la OEA y la ONU, el proceso resultó en la clausura permanente de las vías de alternancia política y judicial interna, dejando a la sociedad venezolana sin canales efectivos para una transición democrática.

La secuencia histórica evidencia que la sociedad venezolana recurrió de forma reiterada a los recursos institucionales con el propósito de frenar la consolidación del poder estatal. A pesar de movilizaciones ciudadanas y victorias electorales opositoras, estos intentos no lograron revertir el cierre político. Informes de organismos internacionales corroboran que el proceso represivo superó la capacidad de resolución interna en Venezuela.

Entre los ejemplos registrados, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expuso la falta de independencia judicial y el uso de inhabilitaciones políticas contra figuras opositoras, como en el caso de María Corina Machado. Estas prácticas, adoptadas sin procesos judiciales imparciales, vulneran las normas internacionales y restringen la competencia política. Paralelamente, la Organización de los Estados Americanos señaló la anulación de funciones de la Asamblea Nacional a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, lo que significó una ruptura del orden constitucional y una transferencia de competencias al poder ejecutivo.

Human Rights Watch consignó que, pese a la magnitud de las protestas sociales en distintos años, la respuesta estatal fue la represión y el uso de instancias judiciales tanto militares como ordinarias para perseguir la disidencia. Esta misma semana, Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron señalados por cometer crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos durante más de una década, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por la ONU.

Este cierre de las vías institucionales y judiciales fortaleció la consolidación gubernamental y limitó seriamente la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución interna para enfrentar la crisis política que hoy lleva a la oposición al chavismo a exigir el respaldo de las democracias del mundo para la restitución de las libertades perdidas en Venezuela.

Milton Revilla ha vivido varias vidas en una a sus 57 años. Cuando tenía 16 años entró en el Ejército venezolano y se convirtió en uno de los paracaidistas más especializados de las Fuerzas Armadas de su país. Ascendido a mayor (rango de comandante en España) y fue destinado al paso fronterizo de Catatumbo, donde combatió al Frente 33 de las FARC. Allí fue testigo de la connivencia del régimen de Hugo Chávez con ETA, el IRA y otros grupos terroristas. Lo denunció, le detuvieron, le acusaron de espía, le torturaron, le condenaron a prisión... “La fe y el recuerdo de mi hijo me mantuvieron vivo”, asegura. Consiguió la libertad, se convirtió en abogado, en testigo protegido aquí en España citado por la Audiencia Nacional y ahora vive oculto en otro país, alzando la voz para quien quiera escucharle para “salvar a Venezuela del narcotráfico”.

La asociación Dignidad y Justicia, que dirige el diputado del PP Daniel Portero (hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA), intenta reabrir la causa, recogida en el sumario 75/09, que investigaba las conexiones entre ETA y las FARC. Milton es clave por todo lo que sabe y por las pruebas que pueda aportar.

- Pregunta: ¿Por qué no se reabre la causa?

- Respuesta: La Audiencia Nacional se niega a reabrirlo. Según el fiscal, los elementos necesarios para reabrir el caso no existen. Y hemos aportado hechos relevantes como los correos que fueron conseguidos en la computadora de Raúl Reyes [uno de los históricos líderes de las FARC], que la Justicia en Colombia rechazó, no porque no fueran válidos o porque fueran manipulados, sino que sencillamente el momento político era otro, no venía bien para las necesidades del gobierno de Juan Manuel Santos. Existen una serie de elementos graves que no tienen nada que ver con estos correos, pero que corroboran el apoyo que ETA en su momento brindó a las FARC. Pero todo esto ha sido una caja negra de manipulación política para encubrir toda una operación de infiltración del narcotráfico y el terrorismo a nivel mundial, con un objetivo político, que convenientemente hoy lo dice Hugo Carvajal [ex director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela].

- P: ¿No confía en la Justicia española?

- R: Decir que las pruebas con que cuenta la Fiscalía no son suficientes creo que es temerario. Aquí hay algo detrás de este caso que impide que se reabra y no puede ser jurídico. Porque jurídicamente hablando tiene todos los elementos de convicción para reabrir la investigación y con los nuevos elementos que se están aportando en el contexto internacional por parte de algunos actores políticos de Venezuela, tiene completamente toda la posibilidad de que se reabra y que se llegue, en realidad, a hacer justicia, en este caso, con las víctimas del terrorismo en España. Hemos presentado un escrito para reabrir la causa, pero la Fiscalía no quiere.

- P: Su vida cambia cuando le destinan al puesto fronterizo de Catatumbo, entre Venezuela y Colombia.

- R: Sí, yo era el comandante de ese puesto al mando de 120 hombres. Protegíamos la frontera y combatíamos a las FARC. En el otoño de 2001 dos destacados etarras, Iñaki de Juana Chaos y José Arturo Cubillas, pasaron de Venezuela a Colombia. Quería ir a Colombia para preparar las primeras coordinaciones del entrenamiento que iban a realizar miembros de ETA a los integrantes del Frente 33 de las FARC.

- P: ¿Cuándo los paró sabía quienes eran?

- R: Ni idea. Pero es cuando me di cuenta que que la DIN, entonces se llamaba DIN [la Contrainteligencia militar], está apoyando a la guerrilla colombiana en contra de lo que son los preceptos operacionales. Yo esto lo notifico a mis superiores. Estaban pasando combustible, botas, materiales logísticos... para el Frente 33. Mi comandante de batallón me dice: “Documenta todo. Revilla, documenta todo”. Y yo lo documento. También empiezan a pasar materiales precursores para la cocaína.

Esto no podía pasar porque son sustancias controladas por el Estado venezolano, pero ellos le buscaban una vuelta jurídica. Y entonces venía una orden del general: “Se autoriza al ciudadano tal para que pase unos elementos, unos materiales que necesita para...”. “Ok, perfecto, dame una copia. Si tú no me das una copia de lo que usted está pasando, por aquí no pasa nada”. Deme la copia. Yo guardaba la copia. Lo guardaba todo. Y yo notifico que está pasando ese material. Siempre decían que la orden venía de arriba, como si fuera de Dios. Ok, perfecto, viene de arriba, pero yo tengo que registrarlo.

- P. Fue algo inteligente guardarlo todo...

- R: Años después me contacta un oficial de inteligencia de Colombia, que conocía porque habíamos trabajado juntos en la frontera. Y este oficial me dice: “Revilla, ¿tú te acuerdas la vez que nos transmitiste la información referente a dos españoles? ¿Recuerdas el número?” Claro, lo tenía todo registrado. Fue en noviembre de 2001. Anteriormente ya habían pasado miembros del IRA. Y me dice: “Perfecto, Revilla, no te preocupes. Estamos pendientes”. Es él quien me dice: “Revilla, necesito conversar contigo. Vamos a buscarnos unos teléfonos de seguridad, búscate una comunicación donde podamos comunicarnos con seguridad”. Y él me dice: “Eso es parte de una investigación que está haciendo España conjuntamente con Colombia, porque las dos personas que tú controlaste en el paso de Catatumbo son miembros del grupo ETA”.

- P: ¿Cuándo empiezan sus problemas?

- R: Cuando yo empiezo a controlar eso. Y lo notifico. Habíamos neutralizado y disminuido la capacidad logística del Frente 33 de las FARC. Y entonces envían una comunicación al vicepresidente de Venezuela, al presidente Hugo Chávez y al fiscal general de la República, denunciando que yo había estado violando derechos humanos de algunos campesinos y había hecho desaparecer forzosamente a otros. Todo parte de una ONG que se llama PROVEA. Pero PROVEA fue la organización que recibió a los etarras y empezó a proteger a los etarras en Venezuela. Yo nunca entendí estos entramados inicialmente, pero cuando me atacan comienzo a investigar. ¿Qué es lo que está pasando?, ¿por dónde viene todo esto? Me citan a Caracas y me enfrento al Fiscal General y al vicepresidente y les digo que quien me está denunciando es la fachada política de las FARC. Les digo que si usted le da curso a esta investigación y no coloca todas las pruebas que yo puedo aportar ustedes son cómplices. Venezuela va a ser cómplice de una organización terrorista.

- P: Su respuesta fue...

- R: Me quitaron el comando de unidades. Ya no podía ser comandante de unidades de combate y me destinan a un cargo administrativo. Pero en 2004 me fuerzan a una baja forzosa y me dicen o te vas del país o te metemos preso. Ellos necesitaban encubrir lo que yo sabía. Si yo seguía avanzando como comandante con las convicciones que tenía y seguía avanzando dentro del Ejército, como teniente coronel, coronel, etc, yo iba a ser una persona incontrolable.

- P: ¿Le echan del Ejército y de qué vivía?

- R: Sobrevivía. Tuve muchas personas que me ayudaron con trabajos no registrados. Empecé a sacarme un doctorado y me pagaban por dar clases. Yo mantenía alejado de todo esto a mi hijo para evitar que él supiera lo que estaba pasando conmigo. Porque no solo me amanezaban a mí, también a la gente que me daba trabajo. Yo era viudo e incluso amenazanban a cualquier mujer que tuviera una relación conmigo: “Vas a terminar muerta”, le decían. Y el 28 de mayo de 2010 intentaron matarme delante de mi hijo. Una emboscada con varios policías cerca de la universidad donde yo trabajaba como docente en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo daba clases de geopolítica y planificación. Son unos profesores de la universidad los que me salvan. Me dije que nos teníamos que ir del país, a Perú.

Paralelamente agentes de la DEA [agencia antidroga norteamericana] me contactan para que les dé información sobre los campamentos de las FARC en la frontera con Colombia, donde se estaba produciendo cocaína. En ese momento, en el Catatumbo venezolano, se producía la cocaína más pura. Y ahora es la zona donde están saliendo todas las toneladas de cocaína que inundan los Estados Unidos y Europa. Mi único objetivo era que Venezuela se liberara del narcotráfico. Yo seguía creyendo románticamente en eso. Y me detienen en el aeropuerto. No es que me detienen, me secuestran. Fue el 8 de junio de 2010.

- P: ¿Y llegan las torturas?

- R: Sí, yo ya había sido citado como testigo protegido en España por la Audiencia Nacional. Cuando me secuestran los único que quieren saber es quiénes eran los agentes de la DEA y dónde estaban. Y segundo, ¿qué era lo que yo sabía de ETA? O sea, Hugo Carvajal estaba interesado en que yo no diera la información de que Arturo Cubillas y De Juana Chaos habían cruzado la frontera para entrenar a los miembros de las FARC.

- P: No sé si quiere hablar de esa fase de su vida... [A Milton se le humedecen los ojos]

- R: Bueno, me dañaron el nervio ciático. Yo traté de conseguir el apoyo de algún periodista, pero todos estaban amenazados. Hugo Carvajal fue el gran creador del sistema de coaccionar a los periodistas al estilo de Pablo Escobar: plata o plomo, o aceptabas plata para que trabajaras para ellos o te daban plomo.

Yo siempre admití cuando me detuvieron y me torturaron que yo me iba a entrevistar con la gente de la DEA y que les iba a dar la información sobre las coordenadas de los campamentos donde se estaba produciendo la droga en la frontera con Venezuela. La pregunta es la siguiente: si eso lo supo Hugo Carvajal en el 2010 y él escuchó de mi persona que yo estaba diciendo eso, ¿por qué no se hizo ninguna operación militar para neutralizar esos campamentos? Raro, ¿verdad?

- P: Creo que estuvo varios meses retenidos en los sótanos de la sede de Contrainteligencia Militar

- R: En las celdas de la tercera planta del sótano. Allí estuve ocho meses. En una celda hay un tubo en el techo donde te cuelgan desnudo. Ahí te golpean. Ellos te colocaban papel periódico en las muñecas para evitar que te quedaran las marcas, pero igual te quedaba. Había detenidos que al cogarlos se les discolaban las muñecas. Y esa gente, lo único que pedía gritando, era que no los siguieran golpeando. Decían: “Mátame, pero no me pegues más”. Porque lo que hacían era sádico. Ahí es la primera vez que a mí me meten un tubazo en el coxis, que yo no sentí las piernas durante tres días. Era un circuito.

Pasabas por el cuarto de los golpes, después te pasaban al cuarto de los locos, que era un cuarto cubierto por colchones, de color verde. Tienen conductos de aire que ellos controlan desde fuera el aire frío o el aire caliente. O te mataban de frío o te morías de calor. Hasta que caes desmayado. Allí mismo tienes que orinarte. Ponen ahí un pote y en ese pote te orinas, en ese pote defecas y no tienes papel para limpiarte. Son unas condiciones infrahumanas hasta que te destruyen. Yo creo que mi fe en Dios fue lo que me hizo salir vivo. Y el amor por mi hijo.

- P: ¿Y te sacaron la información? Perdone por ser tan directo

- R: Querían saber mis contactos con la DEA y en España. Y qué es lo que sabía de los trabajos que ETA hizo para las FARC. ETA entrenó a los guerrilleros en 2003 y 2004. Porque esto no tiene nada que ver con ideología. Esto tiene que ver con narcotráfico, con terrorismo. Yo quiero el poder en Colombia para poder controlar un país, que fue lo que hicieron con Venezuela. Quien controla el poder político en Venezuela no es el PSUV, no es el Foro de São Paulo, es una organización criminal, que es el narcotráfico. Así de sencillo... Luego te pasaban al cuarto del moho, moho en las paredes, que cuando este se reproducía, soltaba las esporas y de ahí salía todo el mundo con los pulmones destruidos,

- P: Menudo infierno...

- R: Sí, hasta que conocí a otro preso, un empresario al que el régimen había quitado todo el dinero. Pero se llevaba bien con el jefe de investigaciones penales y tenía ciertas comodidades dentro de las celdas. Al empresario le dio un infarto y yo, militar de Fuerzas Especiales, fui el que le hice el RCP y lo saqué del infarto. Por cierto, él es de familia canaria. Entonces, él me empezó a proteger. Me daba comida, me pasaba periódicos para que leyera... hasta que un día me dijeron: “Tu hijo está en la calle, ¿tú no has pensado en eso? Que tu hijo está en la calle y cualquier cosa le puede pasar“. Siempre amenazas. Pero un día un guardia, quizás por bondad, sacó una carta que había escrito y firmado con mi sangre. Esa carta llegó a los Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El coronel que me tenía preso me dijo: “Mira, maldito, sigue escribiendo y aquí te vas a morir”. Pero como mi caso ya se conocía fuera, al final Chávez ordenó que liberaran al espía, como me llamaban.

- P: ¿Cuándo consiguió la libertad?

- R: En 2011. Y me dicen que me tengo que ir del país. Pero si me iba voy a quedar como un fugitivo y todo lo que yo digo es verdad. Yo me quedo. Entonces, yo me quedé en Venezuela.

- P: Mientras instruían una causa contra usted por espionaje.

- R: Yo empecé a buscar la verdad de mi expediente. Yo jamás vi mi expediente porque mi expediente lo estaban elaborando. O sea, para hacer real mi detención. De hecho, cometieron tantos errores. Se cometieron tantos errores que el juez de la causa, que le habían prometido un premio si él validaba lo que me estaban haciendo, y no lo hizo, y lo intentaron asesinar y el juez mató a las personas que lo iban a sicariar. Lo terminaron sacando de Venezuela, y a su regreso lo mataron de dos tiros en el pecho a la salida de su casa.

Me acusaban de espionaje, traición a la patria y delitos contra la seguridad de las Fuerzas Armadas. Al final solo me condenaron por el último. Pero no revelé secretos de las Fuerzas Armadas. ¿A quién se los revelé? A nadie. ¿Qué fue lo revelado? Nunca revelé nada. ¿Qué rédito obtuve yo por la revelación que hice? Tampoco. Si la información que yo iba a dar era en materia de drogas. O sea, que Hugo Carvajal me llevó a la jurisdicción militar para juzgarme por intentar revelar información a la DEA sobre campamentos de las drogas y por intentar revelar información a la Audiencia Nacional de España referente a las relaciones del terrorismo. Me sentenciaron a siete años de cárcel y ahí empezó mi segunda tanda de torturas. Me condenaron el 15 de febrero de 2012.

- P: Y no pudo declarar en España en la Audiencia Nacional.

- R: No pude. El juez Eloy Velasco pudo haber enviado a alguien de la Guardia Civil para que me entrevistara en Venezuela. Si hubiese habido realmente la voluntad política o la voluntad judicial, no digamos política, la voluntad jujudicial de entrevistarme, lo hubiesen hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Solamente lo sabe la Fiscalía de España y la Audiencia Nacional de España. ¿Por qué nadie tomó la decisión de ir? La Fiscalía siempre ha querido cerrar esta causa desde que empezó.

- P: Y le metieron el la prisión de Ramo Verde.

- R: Allí me intentaron matar, pero un sargento que estaba preso en Ramo Verde, Carlos Carreño Muñoz, me protegió. Eso me salvó de la cárcel. Que en paz descanse Carlos Carreño, que está muerto. Extrañamente, el fiscal de mi causa, que después me entregó otras pruebas, lo mataron. Toda persona que me ayudaba, desde el punto de vista jurídico, lo mataban, lo asesinaban. Solo cumplí dos años en Ramo Verde. Hasta el 30 de diciembre del año 2013.

- P: ¿Cómo salió?

- R: No me preguntes por qué, pero obtuve un beneficio procesal. Entonces me dan destacamento de trabajo, me envían a Barquisimeto a un centro de rehabilitación social donde yo tenía que estar de lunes a viernes y los fines de semana podía compartirlo con mi hijo. En esa situación estuve por tres años más, hasta que en el año 2017 me dictan ya definitivamente el cumplimiento de la pena.

Durante todos esos años yo seguí escribiendo a los ministros, yo le escribí a todo el mundo. A todo el mundo. Yo le escribí al presidente de Bolivia, a todo el mundo. Yo le decía: “Mire, yo soy un preso político que está en Venezuela”. Escribí al ministro de la Defensa, al presidente del TSJ, al fiscal general de la República, a la defensora del pueblo, todo el mundo se enteró. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ETA apoyó a las FARC entrenándolos en el carácter operativo del terrorismo. ¿Qué recibían a cambio? Dinero producto del narcotráfico. ¿Dónde se lavaban esos activos?, ¿ha querido el Gobierno de España trabajar en conjunto con la inteligencia financiera de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, del Mossad y de otros países para determinar eso?

- P: ¿Es muy numerosa la colonia de exetarras en Venezuela?

- R: Hay en torno a 15 . Venezuela recibió un grupo de etarras inicialmente por petición de Felipe González para lograr la pacificación, entre comillas, de ETA. Yo siempre he dicho que ETA nunca se pacificó. Yo creo que ETA lo que hizo fue poner a dormir sus células. Y ahora, según las investigaciones que yo me he dedicado a hacer de este tipo de temas de terrorismo y narcotráfico, las células están activas para trabajar para el mejor postor. Con la llegada de Hugo Chávez, muchos otros miembros de ETA llegaron a Venezuela. Promovidos, ¿por qué? Justamente por el poder y la confianza que tenían en el sistema de Arturo Cubillas, que llegó a ser director general de Administración del Ministerio de Agricultura y Tierras y de su pareja, que llegó a ser nada más y nada menos que la secretaria privada del director ejecutivo de PROVEA en Venezuela.

- P. Sus problemas no acabaron con el cumplimiento de la sentencia en 2017

- R: No. yo había denunciado a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Allí estuvo parada hasta 2017, cuando se reactiva en la Comisión Interamericana. Pero ningún abogado quiso llevar el caso en Venezuela, ninguno. En mayo de 2022 recibo una comunicación de la Comisión Interamericana diciendo que mi caso es trasladado a la Corte Interamericana. Cuando esto ocurre, días después, pocos días después, yo recibo una llamada de una persona a la que yo había entrenado en el Ejército y me dice: “Mi mayor, le tengo una noticia negativa. Estamos preparando una orden de captura”. Entonces yo dije: la primera vez me agarraron descuidado y me secuestraron. La segunda, si me agarran después de que me están avisando, es estupidez. Entonces trabajaba de abogado en Venezuela.

- P: Y por fin salió de Venezuela

- R: Volé a República Dominicana y de ahí a otro país, donde estoy ahora protegido. Todos los que me conocen saben que yo no estaba conspirando, que yo no era ningún traidor, que yo no era ningún espía. Insisto, cuando a mí me detienen, yo reconozco que me iba a entrevistar con gente de la DEA. ¿Sobre qué? Sobre la posición de los campamentos de las FARC. Pero se me condena por revelación de datos. Porque ahí estaban todos metidos en el negocio. Pero esto supone también una contradicción en el sentido de que si revelar eso supone un problema para Venezuela... lo que suponía era un problema para el Pollo Carvajal y para todos los que estaban arriba en el cártel de los Soles. El objetivo era favorecer a las organizaciones de narcotráfico y terrorismo para lograr desestabilizar los Estados Unidos. Y yo me voy más allá, desestabilizar los Estados Unidos es desestabilizar al mundo.

- P. ¿Venezuela es un narcoestado?

- R: Venezuela está controlado por una serie de criminales. Venezuela es el paraíso del sueño de Pablo Escobar. Un grupo de políticos y militares controlan toda una estructura gubernamental para realizar actividades de narcotráfico y de terrorismo, sin importarle a la comunidad internacional.

- P: ¿Cuál puede ser el futuro de Maduro?

- R. Cualquier cosa puede pasar. Nadie de Venezuela, nadie, puede entregar el poder fácil. Nueve millones de venezolanos huyeron de Venezuela porque los mataban, los asesinaban en la calle, violaban a las mujeres. No me lo contaron. ¿Esos nueve millones van a aceptar una amnistía? A donde vayan Maduro y su gente, los va a perseguir la justicia. Se van a Irán, a Rusia, a China, a Corea del Sur. Bueno, vivirás ahí, no podrás salir. La pregunta es ¿tú crees que con el dinero que te robaste, que lo tiene en otros países del mundo ya listos, se van a ir? Prefieren inmolarse. Van a aguantar hasta el final. La resistencia que venden ellos es mentira. Los militares venezolanos no tienen la capacidad de combate para resistir. Aparte de que no tienen la vocación, no tienen esa vocación suicida. Esa es nuestra realidad militar. No tenemos capacidad para enfrentarnos a EEUU.

Ante el creciente escrutinio internacional sobre el denominado Cartel de los Soles y organizaciones criminales como el Tren de Aragua, como objetivos de Estados Unidos en la Operación Lanza del Sur, el régimen venezolano ha desplegado una estrategia propagandística para contrarrestar las acusaciones. Esta campaña incluye la difusión de vídeos, fotografías y relatos sobre las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra el narcotráfico y la minería ilegal. Durante varios meses, Diosdado Cabello intentó, sin éxito, posicionar la lucha contra el narcotráfico como prioridad nacional. En ruedas de prensa semanales, el ministro del Interior y Justicia destacaba la incautación de toneladas de droga y la detención de alcaldes y militares, en un esfuerzo por mostrar avances en la materia.

Es un desesperado intento por desmontar los señalamientos que ubican al alto poder en Venezuela como cabecillas de una poderosa red criminal, reforzado en los señalamientos del Mayor General retirado (Ej) Hugo Armando Carvajal Barrios, en una reciente misiva dirigida al presidente Donald Trump. El ex jefe de la Inteligencia Militar en gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no deja lugar a dudas del gran negocio que el narcotráfico ha significado para la revolución bolivariana.

Propaganda de la FANB

Desde hace varios meses, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), bajo la dirección del GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, ha intensificado la difusión de material audiovisual, principalmente vídeos y fotografías, con el objetivo de consolidar el mayor aparato propagandístico visto en la institución militar venezolana. Los mensajes oficiales insisten en la “lucha contra el narcotráfico”, el combate a la “minería ilegal” y la “persecución a los grupos Tancol (terroristas, armados, narcotraficantes, colombianos)”, nombre con el que se cuidan de no mencionar a los integrantes de la guerrilla colombiana.

La estrategia comunicativa incluye la promoción de operaciones como “Escudo Bolivariano” y “Neblina 2025”, entre otras. En las imágenes difundidas se observa a efectivos militares destruyendo campamentos, maquinaria utilizada para la minería ilegal, centros de acopio de narcóticos, aeronaves y pistas de aterrizaje. En algunos de estos vídeos, un oficial, comandante de la unidad militar o responsable de la operación, repite los mensajes institucionales, acompañado de lemas como “Chávez vive”, a los que los subalternos responden “la patria sigue” y otras consignas de corte ideológico.

Sin embargo, en los reportes oficiales, tanto verbales como escritos, rara vez se muestran narcotraficantes detenidos, pilotos de aeronaves capturados en tierra, irregulares de campamentos de la guerrilla colombiana, armas o dinero incautado. Estos elementos suelen permanecer ausentes en la narrativa oficial.

Blanco de interés

Las redes de la Fuerza Armada difunden mensajes masificados con frases y palabras que intenta posicionar la labor de la FANB en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “en defensa de la soberanía nacional”. Uno de ellos hace referencia a la Operación Escudo Bolivariano 2025, resaltando que los sistemas de exploración de radares del comando aeroespacial integral detectaron un vector sobrevolando a baja cota e ilegalmente el espacio aéreo venezolano en el estado Bolívar.

Dicen que llevaba el transponedor apagado, sin responder a los llamados y procedimientos de comunicaciones dirigiéndose a Apure, otro estado fronterizo. “Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo fue declarada Blanco de Interés (BDI)”.

Aunque no manifestaron tener certeza alguna asumieron que “estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico, tráfico de armas u otros delitos, ordenándose la intersección e inmovilización con los medios aéreos de las FANB”. La neutralizaron en coordenadas correspondientes al municipio Pedro Camejo, estado Apure; “tratándose de una aeronave bimotor color blanco, sin matricula”, dice la FANB mientras agrega los mensajes de “Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia, nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico La soberanía se ejerce y debe ser respetada”.

Así registran que esta fue la aeronave número 27 neutralizada durante el 2025, de las 418 que van “desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. La orden emitida fue “su interdicción con 3 sistemas caza F-16 de la Aviación Militar, siendo interceptada la aeronave bimotor tipo Cessna 310, color blanco con franja verde, sin matricula visible, la cual durante los procedimientos no acató el protocolo establecido en la Ley de control para la defensa integral del espacio aéreo venezolano”.

El reporte dice que la aeronave fue declarada hostil “siendo conminada a realizar aterrizaje forzoso en las coordenadas en el municipio Pedro Camejo del Estado Apure para su consecuente inmovilización en tierra”. Nada se dice del piloto. Agregan los mensajes “Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico, no producimos, no procedamos ni consumimos, y mucho menos seremos plataforma del narcoterrorismo transnacional”.

Mencionan que hasta ese momento “se han inutilizado 419 aeronaves desde la promulgación de la ley sancionada en 2013 y 28 durante el año 2025”.

Combustible para la minería

En cuanto a las operaciones que la Fuerza Armada ventila en sus reportes de propaganda, para demostrar su lucha contra la minería ilegal, está la “Neblina 2025”. La Región de Defensa Integral (REDI) N° 6 Guayana, reporta que en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, la Fuerza Armada empleó cinco Destacamentos de Unidades de Reacción Rápida de Combate, (URRA) de FFEE, localizó ocho cilindros de combustible, que se utiliza “para el funcionamiento y operatividad de las balsas succionadoras contaminantes” usadas en la minería ilegal.

El Ceofanb dijo que el hallazgo ocurre cuando se realizaba patrullajes y reconocimientos terrestres y fluviales a lo largo del eje y riberas del río Cunucunuma. Lo que encontraron fueron un motor de ocho cilindros que funciona con diésel y seis contenedores plásticos con 220 litros de combustible tipo diésel cada uno, lo que da unos mil trescientos veinte litros de Gasoil, entre otros materiales logísticos.

Según la FANB esos “equipos e insumos eran utilizados para el funcionamiento y operatividad de las balsas succionadoras contaminantes y destructoras del medio ambiente empleadas en actividades ilícitas, vinculadas a la minería ilegal”, luego destruyeron el material logístico. En esa misma operación Neblina, el teniente Jesús Alejandro Guillén Guillén, dijo que en el sector Mata de Palma, parroquia Yapacana, estado Amazonas, empleando una URRA de Combate Mixta, en misiones de patrullaje de área y zona detectaron y destruyeron materiales y equipos mineros.

Asegura que se encontraron 800 litros de combustible tipo gasolina, dos motobombas de 13HP, una moto bomba de 20HP, dos tubos plásticos de PVC de 4″, una manguera tipo maraca de 4″ y 45 metros de plástico negro. Todo el material y equipo fueron incinerados en el lugar “por servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano, de acuerdo a lo establecido en la Ley Penal del Ambiente”

Hugo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que denuncia la existencia de una “guerra narco-terrorista” orquestada desde Caracas contra Estados Unidos.

El documento, publicada por Dallas Express a través del abogado de Carvajal, Robert Feitel, expone por primera vez de manera pública las advertencias del ex general venezolano tras declararse culpable este año en un tribunal federal estadounidense por cargos de narco-terrorismo.

En la misiva, Carvajal, conocido como “El Pollo”, sostiene que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en una “organización narco-terrorista” que, de forma deliberada, dirige sus acciones contra Estados Unidos. Según sus palabras, el régimen venezolano ha utilizado la cocaína como arma, colaborando con grupos como las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah, y ha facilitado la expansión de redes criminales violentas, entre ellas el Tren de Aragua, en territorio estadounidense. Carvajal afirma que tanto la inteligencia venezolana como la cubana han infiltrado instituciones estadounidenses durante dos décadas, incluyendo instalaciones militares, y que el sistema electoral Smartmatic fue desarrollado en Venezuela como herramienta de manipulación electoral, exportándose posteriormente a otros países.

El ex jefe de inteligencia, extraditado desde España tras una prolongada persecución internacional, explica que su objetivo al escribir la carta es “redimirse” y alertar a la sociedad estadounidense sobre lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el Estado venezolano. Carvajal subraya su apoyo a las políticas de Trump hacia Venezuela y manifiesta su disposición a proporcionar más detalles a las autoridades federales.

En su relato, Carvajal detalla cómo presenció la transformación del gobierno de Chávez en una organización criminal, actualmente liderada por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Describe la existencia del Cartel de los Soles, una red de oficiales militares venezolanos acusados de utilizar el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Según Carvajal, “los cargamentos de drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”.

El ex general atribuye el origen de este plan al régimen cubano, que lo habría sugerido a Chávez a mediados de la década de 2000, y asegura que la estrategia se ejecutó con éxito gracias a la colaboración de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. Afirma que el régimen venezolano proporcionó armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones para operar libremente desde Venezuela contra Estados Unidos.

Carvajal también revela la génesis y expansión del Tren de Aragua, una organización criminal que, según él, fue organizada y armada por orden de Chávez para proteger al régimen, reclutando líderes criminales dentro y fuera de las cárceles a cambio de impunidad.

Tras la muerte de Chávez, Maduro habría ampliado esta estrategia, exportando criminalidad y caos al extranjero para atacar a exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad interna. Carvajal sostiene que, cuando la política de fronteras abiertas de la administración Biden–Harris se hizo conocida, el régimen aprovechó para enviar a estos operativos a Estados Unidos, donde ahora cuentan con personal armado y obediente.

“Para financiar sus operaciones, se les instruyó explícitamente a continuar secuestrando, extorsionando y matando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, afirma Carvajal en la carta proporcionada a The Dallas Express.

En materia de espionaje, Carvajal relata que fue testigo de la llegada de agentes rusos a Caracas para proponer a Chávez la intervención de cables submarinos de internet que conectan Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense.

En 2015, advirtió a Maduro sobre el riesgo de permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una estación de escucha secreta en la isla La Orchila, pero sus advertencias fueron ignoradas. Carvajal asegura que durante veinte años el régimen venezolano envió espías a Estados Unidos, muchos de los cuales aún permanecen en el país, algunos incluso disfrazados de miembros de la oposición venezolana. Según su testimonio, la inteligencia cubana le mostró sus redes dentro de bases navales estadounidenses en la costa este y se jactó de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de los cuales ahora son políticos de carrera.

El ex jefe de inteligencia va más allá y acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de haber recibido pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder, actuando como espías para Cuba y Venezuela, y asegura que algunos de ellos siguen activos.

Respecto al sistema electoral, Carvajal sostiene que Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano y evolucionó para perpetuarlo en el poder. Afirma que él mismo colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su cargo y que este le reportaba directamente.

“El sistema Smartmatic puede ser alterado —esto es un hecho. Esta tecnología fue exportada posteriormente al extranjero, incluyendo a Estados Unidos. Los operadores del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para hacerlo”, escribió Carvajal en la carta entregada a The Dallas Express.

El ex general advierte a la sociedad estadounidense sobre el peligro de permitir que una organización narco-terrorista opere libremente en el Caribe y América Latina, financiando el antiamericanismo en el continente y facilitando las operaciones de otras organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos tanto en Venezuela como dentro de sus fronteras.

“El régimen que serví no es simplemente hostil: está en guerra con ustedes, utilizando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”, afirma Carvajal, quien respalda las políticas de Trump contra el régimen de Maduro y considera que “no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”.

Añade que el régimen cuenta con planes de contingencia para cualquier escenario extremo con el fin de no perder el control.

Carvajal concluye reiterando su apoyo a la política de Trump hacia Venezuela, argumentando que se trata de una acción en defensa propia y basada en la verdad, y se declara dispuesto a proporcionar información adicional al gobierno estadounidense.

El impacto de estas declaraciones ha generado reacciones en distintos ámbitos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en el programa Hannity que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Lo que es, es una organización de transbordo… que permite que la cocaína y otras drogas se muevan por Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos”.

Actualmente, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, cifra anunciada públicamente por la fiscal general Pam Bondi a comienzos de este año.

Según The Dallas Express, Carvajal ha manifestado su disposición a proporcionar detalles adicionales a las autoridades estadounidenses, incluso en sesiones clasificadas. Si los fiscales federales consideran que su cooperación constituye una “asistencia sustancial”, podría beneficiarse con una reducción de su condena.

De confirmarse sus dichos, la información aportada por Carvajal podría modificar la política estadounidense hacia Venezuela, fortalecer los procesos judiciales en curso por narco-terrorismo y arrojar nueva luz sobre las operaciones de inteligencia extranjera en el hemisferio occidental.

El seguimiento de esta situación involucra a líderes del Congreso, gobiernos sudamericanos y agencias de inteligencia estadounidenses, que observan de cerca las posibles repercusiones de las revelaciones de Carvajal.

Robert Feitel, el abogado de “El Pollo” desde 2024, en el ámbito de la defensa penal afirma tener una combinación de experiencia en procesos internacionales y una dedicación a la representación de acusados en casos de alta complejidad. Tras más de dos décadas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Feitel asumió el papel de abogado principal en más de ochenta juicios penales y participó en miles de procedimientos judiciales, lo que le permitió adquirir conocimiento en áreas como el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el fraude postal y electrónico, las investigaciones financieras complejas y los delitos violentos relacionados con pandillas.

Nieto Quintero, fundador de CARIVE y parte del Estado Mayor Especial Operacional, subrayó que los miembros de Carive y otros exiliados no responden a partidos políticos ni intereses personales, económicos o mediáticos. “Amamos a nuestra patria y a nuestra bandera, y juramos ante Dios defenderlas”, afirmó. El mensaje de Carive no solo responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro y a la cúpula chavista de la crisis nacional, sino que también acusa a potencias extranjeras como Cuba y Rusia de ser cómplices en la destrucción institucional de Venezuela, justificando la intervención externa como única vía de rescate nacional

El capitán instó a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, a recordar los crímenes cometidos por el régimen, mencionando el asesinato de Óscar Pérez y sus seis compañeros, así como la muerte del capitán Acosta Arévalo tras pedir atención médica en un tribunal militar. También evocó la represión sufrida por estudiantes durante las protestas conocidas como “guarimbas”.

Sin negociación

Nieto Quintero denunció que Venezuela atraviesa “el peor momento económico, financiero, social e institucional de su historia”, responsabilizando directamente a los líderes chavistas y a una “camarilla de generales inmorales”. Exigió que la respuesta internacional sea “tan contundente como el daño causado al país”, rechazando cualquier narrativa de victimismo y responsabilizando a regímenes extranjeros por la crisis venezolana. “La República se encuentra sumida en una profunda degradación, consecuencia de la gestión del régimen chavista-madurista y de sus principales figuras, entre ellas Diosdado Cabello y altos mandos militares. Esta estructura de poder, conformada por una cúpula de generales que actúan con servilismo e inmoralidad, debe rendir cuentas por sus acciones y asumir las responsabilidades que les corresponden”.

El mensaje incluyó un llamado directo a líderes políticos, empresariales y sociales para que respalden públicamente una intervención militar: “Carive les exige que salgan a dar la cara y animar al pueblo para que le den un aplauso al Comando Sur”, dijo, agradeciendo a figuras como Marco Rubio y Donald Trump por “tender la mano a nuestra patria”.

En su discurso Nieto Quintero descarta cualquier posibilidad de diálogo, negociación o proceso electoral. “Aquí no había negociaciones, vías electorales ni vías políticas”, sentencia, marcando una línea divisoria que excluye a quienes apuestan por soluciones institucionales.

Esta postura radical implica que, para Carive, la legitimidad de cualquier autoridad política queda anulada y solo queda como opción válida la intervención armadaFinalmente, Nieto Quintero reiteró que “la única opción es la salida de fuerza”, descartando negociaciones o vías electorales, y propuso dar la bienvenida a las operaciones militares de estabilización lideradas por Estados Unidos. “No buscamos gobernaciones ni ministerios, solo amamos a Venezuela de corazón; somos independientes”, concluyó.

La Coalición Carive

La Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana (Carive) es una organización formada por militares y civiles venezolanos exiliados, con un marcado perfil nacionalista y sin vínculos partidistas. El objetivo estratégico de Carive ha sido lograr el apoyo político internacional para una intervención militar multinacional legítima en Venezuela, con la finalidad de liberar al país del régimen actual y reconstruir sus instituciones.

Se define como una organización voluntaria, plural e independiente, guiada por principios éticos y el compromiso de reivindicar la defensa del Estado venezolano y su integridad territorial. Promueve la libertad, la recuperación del control territorial, la disolución de las estructuras castristas y la cohesión social de los venezolanos, incluyendo la diáspora. La Coalición sostiene que cuenta con delegaciones en varios países y fomenta alianzas estratégicas con Estados democráticos. Han prestado apoyo, desde hace años, a presos políticos, visibilizando casos de tortura a nivel público y difundiendo su propuesta de intervención militar como única vía de solución.

Liderazgo militar

El capitán Javier Nieto Quintero retirado de la Guardia Nacional venezolana es uno de los portavoces de Carive, con una trayectoria militar sobresaliente, siendo el primero de su promoción; en el año 2004 fue acusado sin pruebas de participar en un complot para asesinar a Hugo Chávez, lo que le llevó a estar dos años preso. Tras su liberación, sufrió persecución y hostigamiento, lo que finalmente le obligó a exiliarse. Desde Estados Unidos, país en el que se radicó, ha mantenido una postura crítica y activa contra el régimen venezolano, participando en iniciativas como la Fuerza de Tarea que organizaba el Mayor General (Ej) Cliver Alcalá Cordones, que derivó en la llamada Operación Gedeón.

Nieto Quintero, autor del libro “Ramo Verde: reflexión, represión y esperanza”, ha articulado movimientos militares y civiles en el exilio sosteniendo que la única salida para Venezuela es una intervención militar internacional, descartando negociaciones o vías electorales. En el exilio, se ha convertido en empresario y conferencista, sin abandonar su convicción por la libertad de Venezuela, apoyando a migrantes venezolanos y manteniendo su activismo político.

Venezuela se encuentra en el umbral de la libertad tras 26 años de devastación. Este momento pertenece a una sociedad que se negó a ser doblegada, que defendió su voluntad democrática frente a un régimen despiadado que capturó las instituciones, criminalizó al Estado e instrumentalizó la pobreza. Hoy, Venezuela está más cerca de una transición política que nunca en los últimos veinticinco años, y esa transición puede ser, y será, pacífica.

Durante años, el régimen de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, se mantuvo a flote insistiendo en que el país estaba irremediablemente dividido. Su supervivencia dependía de esa ficción. Con billones de dólares a su disposición, el régimen intentó fracturar la sociedad venezolana: por clase, por raza, por región, por lealtad. Pero he recorrido cada rincón de mi país y conozco la verdad: los venezolanos no están fracturados. Lo que el régimen intentó imponer nunca arraigó.

Mientras tanto, el propio Estado estaba siendo infiltrado y adaptado para servir a intereses ilícitos. Una red criminal se infiltró profundamente en las fuerzas armadas, los organismos de seguridad, el poder judicial y el sector petrolero. El Cártel de los Soles opera desde dentro de la jerarquía militar, está dirigido por Maduro y, según mi equipo, genera actualmente más ingresos que la mermada industria petrolera venezolana. Los corredores de cocaína, la minería ilegal de oro, los intercambios de petróleo autorizados, las rutas de lavado de dinero y las alianzas con servicios de inteligencia extranjeros se convirtieron en el sustento del régimen.

Y aún así, los venezolanos resistieron. Aprendieron a apoyarse mutuamente frente a la represión. Los maestros mantuvieron las escuelas funcionando con salarios ínfimos. Periodistas y defensores de derechos humanos construyeron algunas de las redes de documentación más rigurosas del hemisferio. Líderes locales organizaron el flujo de información para sortear el control social y la vigilancia. Familias y barrios sostuvieron a los presos políticos con alimentos, medicinas, ropa y los gestos básicos de cuidado que el Estado les negaba. Esto no fue resistencia improvisada; fue la infraestructura operativa de una sociedad que se preparaba para un ajuste de cuentas democrático.

Esa preparación se gestó en las primarias de octubre de 2023, el momento de la reunificación de Venezuela. Los venezolanos en el extranjero —incluidos muchos de los más de 8 millones que se vieron obligados a huir— votaron junto a quienes se encontraban dentro del país.

Voluntarios supervisaron cada paso. Este esfuerzo colectivo generó un liderazgo legítimo cuando las instituciones controladas por el régimen fueron incapaces de lograrlo. Y con más del 93% de los votos, recibí un mandato nacional que ninguna prohibición autoritaria pudo revocar.

Cuando el régimen me impidió presentarme a las elecciones, los venezolanos no se rindieron. Nos reorganizamos y votamos masivamente. El 28 de julio de 2024, el veredicto fue contundente: Edmundo González, el candidato de la oposición, ganó la presidencia con el 67% de los votos. A pesar de la intimidación, la ciudadanía aseguró y resguardó más del 85% de las actas oficiales de escrutinio en 24 horas, un logro extraordinario en un país con una censura mediática extrema, escasez de recursos y ausencia de garantías institucionales.

El régimen respondió como siempre: con violencia. Se negó a reconocer los resultados y desató la ola de represión más severa en años. Las desapariciones forzadas, la tortura, los abusos sexuales y los castigos colectivos se convirtieron en herramientas para suprimir una verdad electoral que ya era irreversible.

Pero ahora, por fin, la comunidad internacional ha reconocido la naturaleza criminal de este régimen y actúa en consecuencia: trata a Venezuela no como un Estado fallido, sino como una nación secuestrada por una estructura narcoterrorista.

Durante años instamos a la comunidad internacional a confrontar las redes criminales que mantenían a Maduro en el poder. Hoy, bajo una coalición liderada por Estados Unidos —que ha desplegado buques de guerra y aviones en la región— y con el apoyo de varios aliados latinoamericanos y caribeños, las interdicciones marítimas, la aplicación de sanciones y las medidas policiales están finalmente limitando las finanzas del régimen. Y por primera vez, esta presión está resquebrajando el sistema desde dentro: sus operadores ya no confían entre sí; las facciones se culpan mutuamente por las pérdidas; y el miedo dentro del régimen es palpable. La amenaza que antes proyectaban hacia el exterior ahora los consume.

Los mercados lo han notado. Los bonos venezolanos, antes considerados sin valor, se han revalorizado. Inversores y gobiernos reconocen ahora lo que los venezolanos han demostrado: que el país se está preparando para una transición pacífica y una reconstrucción histórica. Con las mayores reservas de petróleo del mundo, vastos yacimientos de gas, minerales esenciales, un enorme potencial agrícola y una diáspora global dispuesta a regresar, Venezuela ofrece una de las oportunidades de recuperación más importantes de este siglo. Nuestro equipo estima que una transición democrática podría generar una oportunidad de negocio de 1,7 billones de dólares en 15 años.

La transición a la democracia no es hipotética; ya ha comenzado. Y avanza porque las condiciones son propicias. La oposición tiene mandato para liderar. La mayoría de las fuerzas armadas cree en la constitución. La presión internacional aumenta. Y los pilares financieros y coercitivos del régimen se debilitan.

Ante todo, la transición avanza porque los venezolanos la han hecho imparable. Los mismos ciudadanos que enfrentaron a un Estado narcoterrorista con listas de conteo en lugar de armas; que convirtieron a las comunidades en plataformas de coordinación ciudadana; que impulsaron la mayor movilización democrática de nuestra historia moderna. Su valentía, disciplina y unidad son testimonio de su determinación.

Venezuela no solo se acerca a una transición política; se acerca a un renacimiento nacional. Con reglas claras, una aplicación creíble de la ley y un compromiso internacional sostenido, nuestro país se convertirá en el milagro latinoamericano del siglo XXI: una nación que sufrió uno de los colapsos más profundos del hemisferio y forjó una de sus recuperaciones más extraordinarias.

María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz 2025.

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El congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó una advertencia sobre el panorama político en Colombia, enfocándose en la figura del senador Iván Cepeda como aspirante presidencial, tras ganar la consulta del Pacto Histórico del domingo 26 de octubre de 2025, convirtiéndose en el candidato oficial del petrismo.

Giménez cuestionó directamente la candidatura de Cepeda al considerar que implicaría “la continuidad del presidente Gustavo Petro”.

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El congresista sostuvo su postura a través de una publicación en la red social X, en la que afirmó: “Este es el que pretende ser el sucesor del petrismo. Mucho ojo, Colombia, que podrían terminar como Venezuela: un bello país carcomido por la violencia, el hambre y la miseria”.

En su señalamiento, Giménez hizo referencia a un antiguo mensaje publicado en 2013 por Iván Cepeda, donde el senador expresaba respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez.

Sobre ese episodio, Cepeda citó el texto: “Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”, considerándolo un antecedente importante para la discusión actual sobre las tendencias políticas en Colombia.

Carlos Giménez también se despachó contra el presidente Gustavo Petro: “Lo que más pesa son sus discursos”

Durante su participación en el espacio “El Debate” de Semana, el congresista estadounidense extendió sus críticas hacia el presidente Gustavo Petro, asociándolo con el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien, en palabras de Estados Unidos, es catalogado como “narcotraficante y terrorista” y por quien dan una recompensa vigente de 50 millones de dólares.

“Creemos que lamentablemente el presidente Petro es parte de estas organizaciones que están trabajando juntos para hacernos a nosotros daño”, argumentó Giménez al referirse a la presunta inclusión de Petro en la llamada lista Clinton, que reúne a personas y entidades bajo sanción estadounidense.

Desde la perspectiva de Carlos Giménez, las manifestaciones de Petro en foros internacionales como Naciones Unidas generan inquietud acerca de su postura hacia el narcotráfico.

El representante indicó que “lo que más pesa son sus discursos en materia internacional”, específicamente cuando el presidente colombiano sugirió que quienes participan en el narcotráfico lo hacen en muchos casos debido a la pobreza.

Para Giménez, ese argumento constituye un agravio hacia quienes enfrentan dificultades económicas pero prefieren mantenerse en la legalidad, al tiempo que el mandatario justificaría, según su visión, acciones ilegales.

Al comparar los contextos políticos de Colombia y Venezuela, Giménez marcó diferencias sobre la legitimidad de los gobiernos actuales, aunque advirtió riesgos para los intereses de Estados Unidos y la ciudadanía.

“El presidente Trump ha dicho que basta ya, tiene las fuerzas ahora en el Caribe, lo que es necesario para tomar cualquier acción que él desee tomar”, afirmó.

La diferencia entre Colombia y Venezuela es que allá tienen un narcotraficante que está encabezando el gobierno ilegítimo; en Colombia, el presidente Petro es el presidente legítimo, pero eso no quiere decir que lo que está haciendo sea legal y está dañando los intereses de Estados Unidos y la ciudadanía”, señaló el congresista.

Giménez reiteró su posición frente a la situación en Venezuela y Cuba, con un llamado a la comunidad internacional para respaldar a los pueblos afectados por regímenes autoritarios, tal como lo informó el medio citado: “Después de que el régimen de Maduro termine de colapsar, le seguirá la dictadura asesina de Cuba. Ya es hora de que la comunidad internacional se una a Estados Unidos para apoyar al pueblo cubano y oponerse al régimen que lo oprime. Estamos observando y tomando nombres”.

Congresista estadounidense se reunió con líderes opositores de Colombia para ganarle al “petrismo”

El representante Carlos A. Giménez reafirmó su interés en los asuntos políticos de Colombia, manifestando su apoyo a la consolidación de una candidatura única de derecha para las próximas elecciones presidenciales.

Según información divulgada a través de su cuenta en X, Giménez sostuvo encuentros con figuras de la derecha colombiana, con el objetivo de definir estrategias para respaldar a un solo aspirante que compita frente a los proyectos asociados al actual presidente Gustavo Petro.

El legislador estadounidense hizo público que las conversaciones involucraron a integrantes de partidos de tendencia centro y centroderecha y resaltó la importancia de alcanzar un acuerdo dentro de la oposición que permita presentar una alternativa sólida al “petrismo”.

“Me he reunido con muchos líderes opositores en #Colombia representando a varios partidos políticos de centro y centroderecha. Desde el Congreso de USA, instamos a la clase política de unirse detrás de un solo candidato que pueda ganarle al Petrismo por una vez y por todas”, puntualizó.

El senador Iván Cepeda se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico al obtener poco más del 60% del apoyo, superando a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien decidió abandonar la contienda antes de la votación.

Tras estos resultados, el senador del partido Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido en redes como Jota Pe Hernández, reaccionó al destacar una antigua publicación de Iván Cepeda en la que afirmó que Nicolás Maduro “es digno sucesor de Hugo Chávez”. Así lo expresó en su cuenta de X: “Por si lo niega, por si lo borra”.

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En la publicación recordada por Jota Pe Hernández, Iván Cepeda manifestó su apoyo a Nicolás Maduro resaltando su papel como continuador del legado de Hugo Chávez y sugiriendo que su gobierno mantendría un compromiso con la paz en Colombia. El mensaje hacía alusión a la confianza de Cepeda en que el liderazgo chavista tendría un impacto positivo en los asuntos regionales.

“Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la Paz en Colombia”, dijo en su publicación de X de hace más de diez años.

Jota Pe Hernández reaccionó a la publicación de Iván Cepeda, que se remonta al año 2013, cuestionando su postura frente al presidente venezolano y elogiando a Nicolás Maduro.

Hernández hizo énfasis en el respaldo que, según él, Cepeda ofreció al mandatario venezolano y dejó constancia de la publicación para evitar posibles desmentidos o eliminaciones.

“El candidato del petrismo, un admirador de Maduro. Por si lo niega, por si lo borra o por si se le cae el celular, aquí dejo el link”, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Jota Pe Hernández ya había manifestado su inconformidad con el proceso antes de conocerse los resultados oficiales. Mientras transcurría la jornada de votación de la consulta interna, expresó fuertes cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollaba el evento, poniendo en duda la integridad del procedimiento y las acciones de los líderes del Pacto Histórico.

“Hoy solo votan los petristas, los de Olmedo López, los de Nicolás Petro, los que apoyan las reformas tributarias injustas de Gustavo Petro”, afirmó el congresista en un mensaje difundido en su cuenta de X.

En un video publicado simultáneamente, Hernández amplió sus críticas hacia el proceso y la campaña previa, además en aquella ocasión también arremetió en contra del candidato presidencial Iván Cepeda.

El legislador denunció en el metraje que subió en sus rede sociales que “la suciedad que hicieron con las ciudades, las empapelaron hasta más no poder. Las dejaron sucias, no tan sucias como la boca de Iván Cepeda, pero sí las dejaron muy sucias”.

En relación con la consulta interna del Pacto Histórico, el domingo 26 de octubre de 2025, habitantes de diversas regiones acudieron a las urnas para participar en una elección abierta, sin requerimientos de militancia. Este ejercicio democrático buscaba escoger al aspirante presidencial de la coalición y ordenar los nombres de las listas cerradas al Congreso que competirán en 2026.

Al cierre de la votación, más de dos millones de electores se sumaron al proceso, lo que evidencia el amplio nivel de participación ciudadana en la selección de representantes y en la construcción del futuro político del movimiento.

En la papeleta principal figuraban Carolina Corcho e Iván Cepeda como los aspirantes a ocupar el puesto de candidato único del Pacto Histórico de cara a la próxima consulta presidencial del Frente Amplio.

A pesar del empeño mostrado por cada contendiente, Iván Cepeda, representante del Polo Democrático, consiguió una victoria amplia sobre la exministra de Salud, superando el 60% de los sufragios. Aunque Daniel Quintero había anunciado su retiro de la competencia, aún logró recibir un respaldo considerable en la jornada.

La expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en el siglo 21, además de la violencia con su modelo de crimen organizado y terrorismo de Estado, ha producido la suplantación institucional de la república y la democracia por normas que violan los derechos humanos, otorgan el control indefinido del poder, consagran la impunidad y llevan a la miseria. El seudo constitucionalismo del socialismo del siglo 21 es prueba flagrante de los crímenes dictatoriales que aún están impunes.

Es imposible recuperar la libertad y la democracia sin eliminar las leyes de la dictadura. Llegar al gobierno y mantener el sistema jurídico dictatorial del socialismo del siglo 21 equivale a tomar nominalmente gobierno pero no tener el poder.

La agrupación delictiva formada por Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva fue presentada como populismo, insurgencia popular, lucha contra la pobreza, necesidad de cambio y narrativa revolucionaria, llegando a controlar toda Latinoamérica con la subordinación y condescendencia de sus víctimas: las democracias.

La constitución, “ley fundamental del estado, con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos y que delimita los poderes e instituciones de la organización política”, fue convertida en el instrumento de dominación, de conculcación de derechos y libertades, de concentración del poder y de manipulación para someter con terrorismo de Estado e impunidad. Así lo prueban los más de 66 años de oprobio castrista en Cuba, más de 25 años de dictadura en Venezuela, la segunda parte de la dictadura desde 2007 en Nicaragua, más de 10 años de dictadura con Correa en Ecuador y más de dos décadas de dictadura/narcoestado en Bolivia.

Una Constitución Política tiene como mínimo que “garantizar derechos, limitar el poder, establecer el orden jurídico y promover la democracia”. La Constitución “es la norma suprema que debe proporcionar estabilidad y previsibilidad”. Es el instrumento que da “seguridad a los pueblos institucionalizando la libertad como fundamento de la organización política, social y económica”.

Todas las mal llamadas constituciones del socialismo del siglo 21 impuestas en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador desconocen derechos humanos como la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la protección de honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de rectificación y respuesta, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de nacionalidad, el derecho a la propiedad privad, el derecho de residencia, la igualdad ante la ley, la protección judicial y más. Todos estos derechos son mandatorios en las Américas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

En el ámbito económico simplemente liquidan cualquier posibilidad de libre iniciativa, de inversión externa o de transparencia, porque son estatistas, centralistas y confiscatorias. En estas condiciones, agregadas a la corrupción y el entreguismo a dictaduras extra continentales, el resultado es el sostenido camino a la pobreza y la miseria de los pueblos, mientras los grupos delictivos que detentan el poder amasan y lavan grandes fortunas.

Presenciamos hoy los extraordinarios esfuerzos del presidente Daniel Noboa de Ecuador para terminar con el narcoestado instalado por la dictadura de Rafael Correa, pero el marco constitucional dejado por el socialismo del siglo 21 urge una reforma que permita retornar a los principios de respeto a los derechos humanos y ejercicio de la soberanía nacional. Noboa tiene el gobierno pero no puede ejercer el poder que en parte sustancial aún continua en manos de la delincuencia organizada disfrazada de política.

La esperanza de cambio que acompaña a Rodrigo Paz en Bolivia afronta la posibilidad de que el recientemente electo sea el cuarto jefe del narco estado plurinacional de Bolivia o el presidente de la Republica de Bolivia. La diferencia está solo en si asumirá el gobierno en el marco de la constitución de la dictadura o restituirá la república y la democracia, lo que significa que asumirá el gobierno preso del sistema de crimen organizado o tomará el poder para liberar a los bolivianos.

A Venezuela le aguarda la misma disyuntiva ante la inminente caída del cartel de los soles. La transición podrá acceder al gobierno en el marco del poder de la dictadura o restituir la república y la democracia terminando el seudo ordenamiento jurídico del crimen organizado, sin impunidad y separando de la política los grupos delictivos.

La diferencia entre gobierno y poder es esencial.

Una transición debe -cuanto menos- terminar las leyes de la dictadura, evitar la impunidad y separar de la política a partidos, agrupaciones e individuos del crimen organizado.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

El exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, Hugo Carvajal alias “El Pollo”, estaría dispuesto a narrar a la justicia de Estados Unidos todo sobre el financiamiento de Venezuela a campañas de izquierda, incluida a la del expresidente peruano Ollanta Humala.

Según un informe de The Objective, Carvajal entregaría dicha información junto a la relacionada a acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras declararse culpable de cargos por narcotráfico y narcoterrorismo ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo, afirman, es que no se le dicte cadena perpetua, sino una pena considerablemente menor, la misma que no estaría obligado a cumplir en su totalidad por beneficios penitenciarios.

“El Pollo” ya había hablado sobre el financiamiento del chavismo a campañas políticas. La primera vez que confirmó entregas de dinero a líderes de izquierda latinoamericana fue en 2021, ante la Audiencia Nacional de España, país que tramitaba su extradición a Estados Unidos.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, dijo en dicha oportunidad.

Sin embargo, según el informe periodístico que cita fuentes cercanas al exjefe de inteligencia, en su intento de no recibir una pena de cadena perpetua, Hugo Carvajal entregaría a Estados Unidos “documentación inédita” sobre el financiamiento a campañas políticas, que se habría extendido por 15 años.

Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

El expresidente Ollanta Humala Tasso fue condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el 15 de abril de 2025. La condena incluye a su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, quien también recibió 15 años de prisión.

La acusación se basa en aportes ilícitos recibidos para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 del nacionalismo. La Fiscalía demostró que Humala y Heredia, como coautores, gestionaron 3 millones de dólares no declarados provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Estos fondos fueron utilizados para financiar actividades electorales sin ingresar legalmente al sistema financiero peruano, según el fallo judicial.

Actualmente, Ollanta Humala se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2025. Heredia, tras la sentencia, ingresó a la Embajada de Brasil en Lima con su hijo menor, Samín, y solicitó asilo diplomático. Brasil otorgó el refugio el 16 de abril, y el gobierno peruano emitió salvoconductos para su traslado a Brasília.

Mientras tanto, la defensa de Humala espera ser absuelto en la segunda instancia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La Sala Superior Nacional aún no inicia las audiencias de apelación. El caso podría llegar incluso a la Corte Suprema.

“En el caso que se trate de perseguir un delito monstruoso, como es el terrorismo o el narcotráfico, creo que el Derecho Internacional no solo justificaría semejante incursión, por parte de las Fuerzas Armadas, y en este caso en específico navales norteamericanas, es decir, no solo no las prohibiría sino que las legitimaría”, dice el exdiputado y catedrático venezolano Jesús Eduardo Troconis Heredia, quien conversó con Infobae en la Universidad Carlos III de Madrid.

Consideró, el profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, que “es un cinismo sin límites que el gobierno oprobioso de Maduro esté reclamando la participación, la ayuda o la cooperación de un organismo internacional como las Naciones Unidas (ONU) que es la máxima organización especializada que existe en el mundo de las naciones internacionales”.

“En definitiva, a nivel internacional, las acciones en el Caribe si es contra el terrorismo, contra la droga, creo que es perfectamente justificable. Pueden acudir a las jurisdicciones internacionales a exponer sus argumentos y a saber si la justicia internacional les da la razón. Desde mi punto de vista, no tienen ninguna razón jurídicamente hablando, no tendrían, como dicen los litigantes, la verdad procesal de su parte”.

Califica lo que vive Venezuela como consecuencia de “un gobierno opresor, un gobierno que no tiene precedentes en la historia republicana. Antonio Locadio Guzmán creó el Liberalismo Amarillo y hubo intentos de poner en pie ciertos partidos, pero los partidos de hoy en día tienen que renovarse, porque esos errores suman y esos discursos antipolítica logró desprestigiar y medir con la misma vara a todos los políticos buenos o malos, eso no tiene ningún sentido porque no es objetivo.”

Troconis Heredia, quien es Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, fue anteriormente profesor en las Universidades Central y Católica Andrés Bello de Caracas. Ha sido parte de la Fundación Gregorio Peces-Barba, así como miembro del Foro Libertad y Alternativa (L&A).

Obtuvo su Doctorado en la Universidad de París (Sorbonne); Diplomado del Instituto de Altos Estudios Internacionales. Ha participado en distintas sesiones de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y ha sido investigador del British Institute of International and Comparative Law de Londres y del Instituto Pascual Madoz.

Doctor Troconis ¿usted cree que se está violentando el Derecho Internacional cuando Estados Unidos desplegó todo este operativo en el Caribe argumentando la lucha contra carteles del narcotráfico?

No, en lo absoluto se está violentando alguna norma jurídica del Derecho Internacional. La flota que ha enviado Estados Unidos al Caribe tiene el propósito único de limitar el tráfico de drogas, los movimientos que conecta a Venezuela con organizaciones terroristas de otros países y transita la flota por las aguas abiertas, el mar libre, como lo proclamó en su ocasión el gran jurista holandés (Hugo Grocio), por ello no pensamos, en consecuencia, que Estados Unidos ha entrado en aguas del territorio venezolano.

¿Y las consecuencias de las acciones en ese mar libre que ha hecho EEUU?

En el caso que se trate de perseguir un delito monstruoso, como es el terrorismo o el narcotráfico, creo que el Derecho Internacional no solo justificaría semejante incursión, por parte de las Fuerzas Armadas, y en este caso en específico navales norteamericanas, es decir, no solo no las prohibiría sino que las legitimaría y les quitaría licencia para incursionar y medir la lamentable ejecución de delitos tan detestables como el tráfico de drogas y el terrorismo.

Estas acciones de Estados Unidos de volar las embarcaciones en el Caribe, ha recibido críticas por ejemplo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al calificarlas de asesinatos. ¿Desde el punto de vista jurídico tiene algún basamento?

Son cosas expuestas a varias interpretaciones; le das prioridad a salvaguardar los derechos humanos fundamentales o al castigo, a la sanción de los crímenes de derecho internacional, como el caso Venezuela. Petro, quien fue guerrillero, en honor a la verdad, siempre estuvo comprometido y va a entregar, en unos meses, ha respetado hasta cierto punto la convivencia, aun cuando ha perdido últimamente un poquito la sindéresis casi rozando el disparate o la demencia cuando declara; ha sido acusado de consumir drogas y de algo más, porque el alcohol cuando es exagerado, creo que solo Winston Churchill sería capaz de tomarse una botella de whisky al día sin perder la conciencia ni su buena conducta.

Para el momento de esta entrevista, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra reunido, en una sesión de urgencia, a petición del régimen venezolano que se considera bajo amenaza por esas acciones de EEUU en el Caribe.

Puro bla, bla, bla pura habladuría sin sustento jurídico alguno, porque ni siquiera tiene claro a cuál organismo de Naciones Unidas, debidamente competente, van a presentar alguna queja. Además, se necesita no solamente actuar en la comunidad internacional conforme al Derecho, sino conforme a la ética que, en muchos casos, hace del derecho consuetudinario un pilar fundamental del Derecho Internacional Público Contemporáneo.

¿Qué quiere decir entonces con la solicitud del régimen venezolano?

Que de ninguna manera tendría autoridad, para presentarse, un país que ha instituido la tortura, que ha eliminado del paisaje las libertades públicas, donde no se disfruta de la libertad, ni de la igualdad de trato del Estado para los integrantes de la sociedad, ni la solidaridad que es quizás uno de los más antiguos derechos humanos fundamentales, no solo porque vienen de la proclama de la Revolución Francesa, sino porque han sido ya incorporados a las constituciones modernas vigentes en la mayoría de los estados occidentales.

La libertad, igualdad y fraternidad que proclamó la Revolución Francesa.

Exactamente. Vale la pena recordar aquí que los comunistas, hoy enmascarados por el populismo, obedecen a una pauta muy antigua, dada por Lenin, en su famoso libro “El Estado y la Revolución” con dos objetivos: la eliminación del Estado de Occidente, es decir, la eliminación de la libertad, eso es Lenin en ese libro y su exilio en Finlandia antes del asalto bolchevique, y el otro objetivo, que era de esos contenidos era nada menos y nada más que la eliminación del sufragio y resulta ser que nosotros construimos, el Estado en Occidente, a partir de la voluntad general, de la voluntad popular, esa es la única fuente que unge de legitimidad al gobernante.

¿No es eso lo que hace la diferencia en Venezuela desde el 28 de julio 2024 cuando la gente se volcó a votar?

Por supuesto y, por esa razón, es que hoy justamente recibimos la noticia, tan extraordinaria, del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una lideresa de personalidad sobresaliente y por esa razón reafirmamos nuestro apoyo al presidente electo de Venezuela, porque fue justamente elegido presidente de todos los venezolanos por la voluntad popular, libremente expresada, directamente expresada y limpiamente expresada.

Usted fue diputado en la era democrática que Hugo Chávez llamaba la IV República. ¿Cómo era la relación en el caso de AD, partido al cual usted pertenecía, y los otros partidos. ¿Cómo manejaban las diferencias, como funcionaba, en comparación con lo que estamos viviendo hoy?

La pregunta es muy pertinente. Nosotros funcionábamos sobre la base del famoso Pacto de Punto Fijo que expandió la facultad o competencias del ciudadano no solamente en Venezuela, nos hizo exportar el producto democrático a otros países en el mundo. En Venezuela producía una rotación de acuerdo con la votación mayoritaria que sacaban los partidos políticos. Al comienzo hubo un gobierno, que presidió Rómulo Betancourt, donde la presidencia la ejercía la Social Democracia del Senado y la Cámara de Diputados con un dinamismo singular y con otras facultades o potestades y la ejercía el partido que tenía a su cargo la presidencia de la República.

¿Era cordial esa relación?

Era de una gran cordialidad y existía permanentemente para el funcionamiento las reuniones de los jefes de la fracción parlamentaria y de las comisiones, que para aquel momento eran 21 comisiones en la cámara de diputados. Ahí convergían todas las fuerzas políticas y con especial distinción las minorías porque la coalición entre Copei y Acción Democrática de los primeros gobiernos también se daban cuenta de la necesidad de ampliar esos derechos ciudadanos a todos los venezolanos.

Qué interesante.

Sí, cuando los Presidentes, al asumir el cargo, advertían en público que iban a comandar, que iban a ejercer, que iban a gestionar el cargo de presidente para todos los venezolanos y las venezolanas, enfatizando así que no era para una parcialidad, eso fue un magnífico comienzo y fue formidable durante gran parte del proceso democrático que conoció la presidencia de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera.

Eso es Gobernabilidad, democracia, pues.

Mira, una demostración que se le dio país en ese momento, por parte de los partidos políticos de tendencia ideológica, fue por ejemplo cuando Gonzalo Barrios fue vencido por apenas 25 mil votos por Rafael Caldera; Barrios entregó con esa diferencia, así Caldera sustituyó al presidente Raúl Leoni. Barrios dijo en ese momento que él, con mucho gusto, bautizaba la alternancia o la alternabilidad democrática, de manera que si a Rómulo Betancourt lo recordarían como el fundador de la democracia venezolana a él lo iban a recordar como padre de la alternabilidad democrática.

¿Eso reivindica de la llamada IV República?

La IV República reivindica muchas cosas importantes para Venezuela y desde luego podemos pensar en que el juego democrático hubiera tomado un rumbo realmente definitivo para que Venezuela hubiera disfrutado de su democracia verdadera y legítima mucho más tiempo que ellos brutalmente agredido en todos los planos.

¿Qué le sucedió a Venezuela para pasar de esa alternancia en el poder a esto de la Revolución Bolivariana?

Venezuela sufrió un decaimiento de sus organizaciones partidistas, pero luego se reponen, como sucede en cualquier parte; es el caso del partido Liberal de Gran Bretaña, el partido radical argentino sufrió mucho, después se repuso, entonces esas cosas suceden pero siempre se mantiene el debate aun ardiente y considerado democrático. La pérdida de la libertad y la pérdida de la libertad de expresión entre ellas es muy, pero muy grave y no queda otra salida que luchar en contra de un gobierno autoritario que conculca los derechos humanos y fundamentales.

¿Que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder?

Claro, vimos cómo Chávez, disfrazado de demócrata, le entrega Venezuela a Fidel Castro. Los castristas son los padres de la mentira; estuve en varias ocasiones en Cuba y constatamos, cuando empezaron aquellas ayudas médicas, que en los hospitales de Cuba no había ni lencería. Uno invitaba a los médicos o a los cubanos que producían un intercambio cultural importante a nivel de médicos o deportes, entonces no podían pasar a Varadero, porque esas playas extraordinarias no podían ser visitadas por los cubanos, solo para hacer turismo. Yo presidía entonces una misión de diputados y fui en 2 ocasiones a Cuba; nos paseaban por Varadero y nos montaban en el yate que ellos decían era ‘el yate de Raúl’, ‘el yate de Fidel’.

Cero igualdad.

Así es. Da tristeza la miseria en que viven los cubanos. Siempre lo recuerdo en programas o en actos de la democracia de Venezuela; nosotros perdimos la voluntad política y que Chávez entregó a Cuba el país. Recuerdo una frase del general Charles De Gaulle, aunque era un militar que no creía mucho en los partidos políticos, pero eso sí, decía: Un gobernante civil si no cumple con los deberes y obligaciones patrióticos, es un traidor, pero si es un militar quien trasgrede esas obligaciones y esos deberes de servir a la patria, es un doble traidor. Pues Chávez es eso, un doble traidor.

La historia del Grupo Techint en el caso de los cuadernos de las coimas, atravesada por idas y vueltas, marcada por los claroscuros tan propios de Comodoro Py, puede resumirse de la siguiente manera:

El holding siderúrgico más poderoso de Argentina, una de las corporaciones más poderosas de Latinoamérica, fue parte de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, reveladas por este cronista seis años atrás. Centeno, de acuerdo con sus diarios, llevó a Baratta en nueve ocasiones a la central de Techint en la calle Della Paolera entre abril y noviembre del año 2008.

Finalmente, el juez Claudio Bonadio le imputó ocho sobornos al grupo. Paolo Rocca, el número uno, que desconoció los pagos cuando declaró, fue procesado por el fallecido juez. Luego, fueron procesados Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, dos de sus más altos directivos. Ambos reconocieron contactos con Roberto Baratta, acusados de ser el principal cobrador en esta historia.

Pagaron, básicamente, para que el kirchnerismo interceda por ellos en Venezuela, para evitar que la firma Sidor, o Siderúrgica del Orinoco, del grupo Techint sea nacionalizada por el entonces gobierno de Hugo Chávez.

La supuesta maniobra extorsiva por el rescate de Sidor abrió un expediente paralelo a la causa principal de los cuadernos. La exigencia del poder K para salvar al grupo en Venezuela no se trataba, para empezar, de una situación doméstica, al contrario de lo que confesaron otros empresarios, que relataron haber cedido ante la presión para lubricar su acceso a la obra pública. “Imaginate la que se llevaron”, se ríe, casi a diario, un investigador clave en el caso.

Sin embargo, el 6 de noviembre próximo, ninguno de los altos mandos de Techint investigados seis años atrás entre los 75 imputados serán parte del maratónico juicio a las coimas de los cuadernos, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, con la acusación de la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF, con el fiscal federal Paul Starc. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron desvinculados del caso hace años.

Primero fue Rocca, que recibió la falta de mérito, dictada por la Cámara Federal en 2019. Segundo, Betnaza y Zabaleta, que quedaron fuera en 2021 tras decisiones de Marcelo Martínez De Giorgi y Julián Ercolini. El primer juez desvinculó de la trama de Sidor a ambos ejecutivos, así como a la cúpula kirchnerista acusada, entre ellos Claudio Uberti, el ex titular del OCCOVI, el Órgano de Control de Concesiones Viales. Sin embargo, mantuvo la acusación contra el presunto cobrador, Roberto Baratta. Luego, Julian Ercolini desligó a Betnaza y Zabaleta, asegurando que pagaron bajo presión, para salvar a su empresa bajo razones “humanitarias”.

La Unidad de Información Financiera, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, no apeló la decisión.

La trama interna del caso Sidor, una historia dentro de la historia de los cuadernos, resultó ser una de las más inquietantes. El juez Bonadio la detalló en su elevación a juicio del caso, firmada en 2019, donde incluyó a Betnaza y Zabaleta, acusados de un caso de pago de coimas que englobó todas sus entregas de dinero.

Allí, el fallecido juez detalló una suerte de reunión cumbre, ocurrida tres años antes de las anotaciones de Centeno. En ese entonces, por lo visto, estaba todo bien. Luego, estuvo todo mal. Las mayúsculas le pertenecen al fallecido juez federal.

Qué dijo Bonadio

“Corresponde destacar los sucesos ocurridos con el ‘Grupo Techint’ en relación a su empresa ‘Siderúrgica de Orinoco’ –SIDOR- que se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela. Así, durante el año 2005 el Director Corporativo del Grupo mencionado, Luis María Cayetano BETNAZA, se reunió en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, durante la Cumbre Iberoamericana con el Presidente de Venezuela Hugo Rafael CHÁVEZ FRÍAS, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, para que SIDOR no sea nacionalizada. En dicha reunión el Presidente CHÁVEZ FRÍAS indicó que la firma no iba a ser nacionalizada porque estaban contentos con su desempeño", comenzó el juez.

Luego, las cosas cambiaron:

“A comienzos del año 2008, BETNAZA se reunió con Rafael RAMÍREZ, presidente de PDVSA y ministro de Energía de Venezuela, quien le indicó que no estaban contentos con el desempeño de SIDOR y que pensaban nacionalizarla. Fue así que al poco tiempo salió por decreto presidencial su nacionalización y entre abril y julio de 2008 se indicó que debían entregar la sociedad.”

“Ante ello los directivos de la firma acudieron al Gobierno Argentino a pedir que intercediera para lograr el cobro de la impresa, pues valía mucho. Allí fue que fueron oídos por Claudio UBERTI (ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales), Julio Miguel DE VIDO, José María OLAZAGASTI y Roberto BARATTA”.

“En ese contexto, los funcionarios del Gobierno Argentino, entre los cuales tuvo una participación preponderante DE VIDO, comenzaron a pedirle a los directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de Venezuela, siendo Héctor ZABALETA el encargado de acordar con Roberto BARATTA el modo de realizar los pagos y la cantidad de los mismos”.

Después, siguió, por llamarla de alguna forma, la misión humanitaria:

“A Venezuela viajaban, entre otros funcionarios OLAZAGASTI”, secretario privado de De Vido, imputado en la causa de los cuadernos, “Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ para tratar el tema de la empresa SIDOR. Siendo OLAZAGASTI el que participó de las reuniones entre los directivos de la firma con los funcionarios venezolanos en las que se negociaba el pago de la firma y las acciones legales vinculadas. La función de OLAZAGASTI era informar al gobierno lo que ocurría. En dichas tratativas Cristina Elisabet FERNÁNDEZ indicó que quién se iba a encargar de hacer los pagos de Venezuela era el Ministro de Finanzas, Alí Rodríguez”.

“En un acto en la planta de SIDOR y luego de diferentes reuniones con funcionarios del gobierno Argentino y Venezolano, Claudio UBERTI le señaló a BETNAZA que KIRCHNER estaba enojadísimo con Techint pues no colaboraban económicamente con él”, continuó el juez. Betnaza le aseguró a Uberti que se negarían a colaborar. Uberti le susurró algo al oído al ex presidente.

Así, ambos abordaron el helicóptero oficial. De vuelta en Caracas, el chavismo comenzó su ataque contra Techint. Primero, confrontaciones legales. Luego, impidió que sus ejecutivos dejen Venezuela.

Qué declaró Betnaza

Betnaza testificó con cierto fastidio ante Bonadio en agosto de 2018: “Con toda honestidad, llevo 20 años en esta posición, y me he cansado de lidiar con pedidos de contribuciones y coimas de todo tipo de gobiernos“, aseveró. El directivo de Paolo Rocca sostuvo que en Venezuela hubo personal de la empresa amenazado, micros quemados y que en abril de 2008 SIDOR fue nacionalizada. Ante esto, Techint pidió ayuda al Gobierno de Cristina Kirchner, que había comenzado su primer mandato tres meses antes.

“Hablo con la gente de Planificación Federal, que eran quienes mantenían el vínculo con Venezuela. El ministro De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta y Claudio Uberti estaban al tanto de nuestra situación. Cuando a mí me tocó venir a las reuniones presidenciales con Chávez aquí, el dueño de casa era Uberti“, declaró Betnaza. Para ese entonces, Uberti ya había salido de su cargo, en medio del escándalo de las valijas de Antonini Wilson, por el que finalmente fue condenado. Uberti, según Betnaza, fue quien transmitió el malestar de Néstor Kirchner, por lo visto, todavía parte del esquema.

“Nos manifestaron que hagamos un aporte porque ello significaban gastos que el Gobierno argentino no tenía por qué afrontar. Esto lo planteó, como contexto, De Vido y el que arregló el quantum y la forma fue Baratta“, contó.

Así, pagaron, supuestamente, un millón de dólares, entregados por Zabaleta, según publicó Infobae en 2018. Al final, Sidor no le fue regresada a Techint. El chavismo pagó las acciones: poco más de 1900 millones de dólares. Cuando declaró, Uberti contó una historia similar, pero distinta.

En el Consejo de Ministros del lunes 29 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que dará por terminado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

En su explicación, el mandatario colombiano afirmó que las empresas carboníferas deben acatar las disposiciones o vender sus concesiones.

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Por esta razón, ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, comprarlas si resulta necesario.

“Con Israel deja de haber TLC. Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones. Y, ministro de Hacienda (Germán Ávila), las compramos, porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado”, expresó Gustavo Petro.

Al respecto, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila calificó la salida de Colombia en el TLC con Israel como muy grave.

Asimismo, indicó que el hecho de que Gustavo Petro plantee la compra de empresas carboníferas equivale a una expropiación, motivo por el cual Vicky Dávila lo comparó con Hugo Chávez.

“Esto es muy grave. Petro anuncia que se acaba TLC con Israel. Y además, amenaza a las carboneras y las conmina a venderle al Estado, como hacía Chávez. Expropiación”, aseveró Vicky Dávila.

La precandidata afirmó que en caso de llegar a la Presidencia en 2026, se protegerá las relaciones con Israel.

Además, explicó que las carboneras tendrán la posibilidad de comercializar con Israel.

“Nuestro Gobierno restablecerá relaciones con Israel el 7 de agosto del 26, protegerá el TLC. Las carboneras podrán comercializar con Israel y esta volverá a ser una industria pujante”, aseveró la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

Críticas a Rosa Villavicencio

Vicky Dávila también se pronunció de manera crítica frente a la renuncia de Rosa Villavicencio a su visa.

A través de su cuenta en X, Dávila desestimó la importancia del gesto de la canciller y lo calificó como irrelevante.

Expresó que la acción no tendría impacto en Estados Unidos, incluso ironizó sobre la reacción que podría generar en ese país. Dávila sostuvo que al gobierno de Gustavo Petro no le basta la retirada de la visa presidencial y lo acusó de buscar tensar y dañar las relaciones bilaterales.

En sus publicaciones, Dávila vinculó estos hechos con un presunto intento deliberado de afectar exportaciones, empresas y empleos en Colombia.

Señaló que la actitud del gobierno apunta al caos y sugirió que el presidente buscaría confrontación en lugar de diálogo.

Además, mediante un video difundido en sus redes, Dávila presentó estos episodios como parte de una sucesión de decisiones oficiales que, según su opinión, perjudican al país.

Consideró lo sucedido con las visas como una “novela” protagonizada por el entorno cercano a Petro, y reiteró su postura crítica contra el mandatario y su equipo de gobierno.

Críticas a Gustavo Petro

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó a Donald Trump de complicidad en posibles crímenes internacionales y cuestionó el accionar del ejército estadounidense.

A través de su perfil en X, Dávila condenó la postura de Petro y lo acusó de intentar perjudicar la economía nacional, señalando que sus declaraciones invitaban a la destrucción de empresas, negocios y empleos en Colombia.

La comunicadora sostuvo que el mandatario actúa de manera irresponsable y que busca “acabar con los negocios, las empresas y los empleos colombianos. Está suplicando sanciones. Un bárbaro, un irresponsable”.

En otro mensaje, Dávila señaló que Petro pretende dañar las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, lo que, según ella, podría afectar exportaciones y profundizar el impacto negativo en diferentes sectores productivos.

Dávila aseguró: “Él quiere destruir las relaciones entre los dos países y destruir exportaciones, negocios, empresas y empleos. Quiere caos. Nos haría mucho bien que se fuera a combatir a Gaza y se quedara por allá”.

Las reacciones por cuenta del discurso que pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sede de Nueva York (EE.UU) el martes 23 de septiembre de 2025, dejó además de memes y reacciones por parte de algunos de sus opositores políticos en el país, varios comentarios en redes sociales donde los usuarios compararon al jefe de Estado con Hugo Chávez.

El otrora líder de la dictadura en Venezuela falleció el 5 de de marzo de 2013 tras luchar contra un cáncer, y tiempo después Nicolás Maduro tomó su lugar como líder del régimen.

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Sin embargo, y tres días antes de que Petro se parara ante los presentes en el recinto, se cumplieron 19 años de la vez que Chávez brindó uno de los discursos más polémicos e incendiarios de la historia reciente.

En aquella ocasión, 20 de septiembre de 2006, Chávez siguió con el protocolo (mientras que Petro lo hizo en guayabera) y se fue de traje, dejando el uniforme con el que solía aparecer en público, y señaló al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de ser el mismísimo “diablo”, debido a que un día antes su par norteamericano habló allí.

Por cuenta de esto Chávez dijo que en ese lugar olía a “azufre”.

Por cuenta de esta intervención, los internautas han llegado a comparar los hecho por los dos latinoamericanos.

Más aún, porque Petro arremetió en su espacio contra el hoy presidente de EE. UU., Donald Trump, entre otros motivos, por la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos.

Qué dijo en su intervención ante la Asamblea General de la ONU Hugo Chávez

En esa ocasión, y cuando Nicolás Maduro oficiaba como canciller (desde 2006 hasta 2013) de la dictadura de Chávez, el entonces líder venezolano inició haciendo la recomendación del libro Hegemonía o Supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos, del lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky.

Como no pudo leer un capítulo, dejó la invitación a la lectura y lanzó su primer dardo, al asegurar: “Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, porque la amenaza la tienen en su propia casa, el Diablo está en casa pues. El Diablo, el propio Diablo está en casa”.

Seguido a esto, viene una de las frases más recordadas del dictador: “Ayer vino el Diablo aquí, ayer estuvo el Diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer señoras, señores, desde esta misma tribuna el Señor Presidente de los Estados Unidos (George W. Bush), a quien yo llamo “El Diablo”, vino aquí hablando como dueño del mundo”.

En ese ocasión Chávez incluso expuso que “un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del Presidente de los Estados Unidos”, al precisar que “como vocero del Imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo”.

“Para una película de Alfred Hitchcok estaría buena, incluso yo propondría un título: “La receta del Diablo”. Es decir, el Imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación", dijo en tono irónico aquella vez el dictador venezolano.

Chávez, igual que Petro, apuntó en su discurso a los Estados Unidos: de George W. Bush a Donald Trump

“Nosotros no podemos permitir que eso ocurra, no podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide pues, que se consolide la dictadura mundial”, siguió Chávez en su arremetida contra Bush.

Las palabras y calificativos no cesaron. Chávez calificó el discurso “del Presidente ‘tirano’ mundial, lleno de cinismos, lleno de hipocresía, el intento de controlar todo, ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las elites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos”.

Incluso, el dictador se fue hasta la Antigua Grecia para cuestionar las acciones del gobierno norteamericano: “¡Vaya qué democracia! Habría que revisar las tesis de Aristóteles y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones, y de bombas".

En uno de los puntos, y que llamó la atención porque Petro tuvo un punto en común con lo que Chávez en esa oportunidad, fue el clamor en la resolución de conflictos, como hizo el mandatario colombiano al pedir que se intervenga de forma militar en Gaza.

Chávez pidió “la aplicación de métodos eficaces de atención y resolución de los conflictos mundiales”. En su exposición el otrora líder del régimen agregó: “Métodos transparentes, de debate, de decisiones.

En otro de sus puntos, el líder venezolano, y como ha hecho Petro en varias ocasiones, sacó a colación referencias de escritores o cantautores, para expresar “que hay razones para que seamos optimistas”.

“Irrenunciablemente optimistas, diría un poeta, porque más allá de las amenazas, de las bombas, de las guerras, de las agresiones, de la guerra preventiva, de la destrucción de pueblos enteros uno puede apreciar que se está levantando una nueva era, como canta Silvio Rodríguez, ‘la era está pariendo un corazón’”.

Una de las frases finales que dejó Chávez en su intervención ante la ONU fue: “Hay un amanecer en el Planeta y se ve por toda partes, por América Latina, por Asia, por África, por Europa, por Oceanía, quiero resaltar esa visión de optimismo para que fortalezcamos nuestra conciencia y nuestra voluntad de batalla por salvar al mundo y construir un mundo nuevo, un mundo mejor”.

La congresista de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, señaló en su cuenta de X que Armando Benedetti publicó una referencia al “regalo” que Gustavo Petro habría dado de manera anticipada a los colombianos para la Navidad. Arbeláez criticó dicha publicación y expresó: “Al estilo de Chávez”.

La congresista Carolina Arbeláez respondió en su cuenta de X criticando las declaraciones de Armando Benedetti sobre el “regalo” de Navidad atribuido al presidente Gustavo Petro.

Arbeláez cuestionó la veracidad de las afirmaciones y comparó la estrategia comunicativa con la utilizada por Hugo Chávez, sugiriendo que la credibilidad de estos políticos está en entredicho.

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“Estos políticos sin credibilidad, que adelantan la Navidad con mentiras al estilo de Chávez, confirma que su tiempo se agotó”, aseveró por medio de un mensaje en su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Armando Benedetti resaltó desde su cuenta de X que, a cien días de la Navidad, Gustavo Petro ya entregó su “regalo” a los colombianos, refiriéndose al estado de la economía nacional, que describió como sólida, fuerte y en desarrollo, asegurando que tanto los ricos como los pobres son ahora más ricos.

“Faltan 100 días para Navidad y ya el presidente @petrogustavo dio su regalo para celebrar esta fecha: una economía sólida, fuerte y en desarrollo donde los ricos son más ricos y los pobres también son más ricos”, escribió en su mensaje de la red social X el ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro.

Junto con su mensaje, Armando Benedetti compartió un video en el que reiteró sus elogios a la gestión económica de Gustavo Petro, resaltando logros como la disminución de la inflación, el desempleo, la pobreza monetaria y el valor del dólar, así como el crecimiento económico. Benedetti presentó estos resultados como el “regalo” de Navidad que, según él, el presidente entregó con anticipación a los colombianos.

“Y ya hoy mi presidente dio los regalos para esa fecha. Resulta que bajó la inflación, bajó el desempleo, bajó la pobreza monetaria, el dólar también bajó, la economía ha subido. Dígame, ¿Qué más quisiera un colombiano? Hoy los ricos son más ricos y los pobres son más ricos. Ese es el regalo de Navidad que ha entregado el presidente Petro a los colombianos: una economía sólida, fuerte y en desarrollo”, comentó el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro.

Las afirmaciones de Armando Benedetti generaron diversas reacciones en redes sociales. En respuesta al mensaje de Carolina Arbeláez, un internauta identificado como @opositorunido cuestionó la veracidad de los comentarios y criticó las estrategias de movilización política, señalando que la población ya no cree en esos discursos.

“@AABenedetti no se cansa de mentir, ya el pueblo del común y el resto de los estratos no le creen, están solos, a punta de lechona, mercados, guadañas y carretillas, pagas con los impuestos, llenan plaza pública, ya nos los muchileros le creen, saben que compran votos volteados”, comentó el usuario de la red social X.

La anterior no fue la única publicación reciente de Carolina Arbeláez en la que criticó al Gobierno. La congresista también se pronunció sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, responsabilizando al actual gobierno de las consecuencias negativas para el país.

La representante de Cambio Radical comentó que quienes sufren las consecuencias de esta medida son el país y sus instituciones, y no el presidente Gustavo Petro. Además, destacó la importancia de los recursos estadounidenses para la Fuerza Pública y resaltó el compromiso internacional con la seguridad y la democracia en Colombia.

“Con la descertificación no pierde Petro, pierde Colombia por culpa de su pésimo gobierno. Afortunadamente, Estados Unidos mantuvo el respaldo a nuestra Fuerza Pública: cerca de USD 450 millones que, aunque Petro desprecie y llame ‘limosna’, son vitales para que soldados y policías defiendan a los colombianos y garanticen en 2026 unas elecciones libres y democráticas. Colombia no está sola y es más grande que este mal Gobierno”, comentó la legisladora.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia histórica que cambia el panorama para miles de víctimas en Venezuela. En su decisión sobre el caso Chirinos Salamanca y otros (Polichacao) vs. Venezuela, el tribunal internacional dejó en claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue plenamente vigente en el país desde 1977 y que mantiene competencia para conocer los casos de violaciones cometidas por el Estado venezolano.

Defiende Venezuela asumió la representación de las víctimas del caso en el año 2017, presentando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declarara la responsabilidad internacional del Estado por los abusos sufridos por los peticionarios. Posteriormente,  Defiende Venezuela solicitó a la Comisión el elevamiento del caso a la Corte IDH.

Una batalla jurídica contra la impunidad

El fallo, adoptado por la Corte Interamericana el pasado 21 de agosto, se dictó en la etapa de excepciones preliminares en la que el tribunal determina si tiene competencia para conocer del caso y tiene una importancia singular: es el primer caso que analiza hechos ocurridos después de la denuncia de la Convención presentada por Hugo Chávez en 2012 y efectiva desde 2013.

En 2017, Nicolás Maduro intentó consolidar esa ruptura, mediante la denuncia de la Carta de la OEA, convencido de que podía blindar a su régimen de la justicia internacional. La Corte le respondió ahora con contundencia y unanimidad: Venezuela nunca dejó de estar obligada y las puertas de la justicia interamericana siguen abiertas.

El caso Polichacao

El proceso tiene un rostro humano.  En agosto de 2016,  12 funcionarios de la Policía de Chacao fueron detenidos por el SEBIN, que los mantuvo presos incluso después de recibir órdenes judiciales de excarcelación. La arbitrariedad fue tal que ni siquiera un mandato de los jueces logró imponerse sobre los designios del aparato de inteligencia del régimen.

La Corte resolvió que el acto de ratificación de la Convención realizado en 2019 por el presidente encargado Juan Guaidó, siguiendo el mandato de la Asamblea Nacional, fue válido y surtió plenos efectos jurídicos. Y lo más relevante: estableció que ese acto tiene carácter retroactivo, confirmando que Venezuela ha estado sometida a la Convención Americana de manera ininterrumpida desde 1977.

Las implicaciones son claras:

• Chávez y Maduro fracasaron en su intento de sacar al país del Sistema Interamericano.
• La decisión de la Asamblea Nacional de 2019 prevalece como expresión de legitimidad democrática.
• Las víctimas venezolanas tienen garantizado el acceso a la justicia internacional, más allá del control político sobre el poder judicial interno.

Este fallo no solo restablece derechos, sino que reafirma la vigencia democrática, incluso en contextos de ilegitimidad institucional. Al reconocer la ratificación de 2019 del presidente (E) Juan Guaidó —como expresión de la voluntad de la Asamblea Nacional legítima— con efectos retroactivos, la Corte IDH envía un mensaje contundente: en el sistema interamericano, la legitimidad democrática opera como criterio jurídico, no meramente simbólico.

Esto constituye un importante avance jurisprudencial al subrayar que solo un gobierno constitucional y democráticamente investido puede comprometer al Estado en materia de derechos humanos.

Estamos frente a un triunfo del derecho sobre la arbitrariedad, de la justicia sobre la represión y de las víctimas sobre la impunidad. Con esta decisión, la Corte Interamericana no solo mantiene viva la esperanza de quienes han sufrido persecución en Venezuela: también recuerda al mundo que ningún régimen, por autoritario que sea, puede decretar su propia impunidad.

* Los autores son abogados especialistas en Derecho Internacional y Derechos Humanos.-

En los últimos meses, el actor Andrés Parra ha revelado que su intención es dejar de actuar, asegurando tener el capital financiero para vivir sin problemas.

Esto ha provocado que el colombiano hable con más confianza sobre su experiencia en diferentes producciones, incluyendo las que consolidaron su carrera y las que no terminaron siendo tan bien recibidas por el público.

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En diálogo con el De cero, Parra volvió a hablar sobre uno de los personajes que más le trajo problemas a su vida, el de Hugo Chávez en la serie El Comandante,

“Todas, de todo el mundo”, respondió Parra cuando el presentador le preguntó si su papel como el dictador venezolano había provocado que recibiera amenazas.

Después de reconocer que él tenía claridad sobre los mensajes que le llegarían por protagonizar una serie sobre Chávez, el colombiano recordó algunos de los mensajes que recibió en redes sociales tras el estreno de la producción.

“Es que claro, yo me metí en la boca del lobo. Me ponían cosas como que por qué no iba al barrio 23 de enero, que me iban a trozar a puñaladas”.

Parra recordó que con la producción entendió la polarización que existe en Venezuela sobre la dictadura, ya que recibió mensajes de seguidores y opositores de Hugo Chávez.

“Es que era el personaje, era mucho hate (odio), lo peor es que era del chavista y del antichavista; unos que por qué me prestaba para eso, y otros: «Coño, que así no era el comandante»“.

Parra puntualizó que en su momento cerró sus redes sociales para no recibir más amenazas; además, reconoció que la serie sobre Chávez provocó que no volviera a visitar Venezuela.

“Yo en esa época cerré Facebook por eso, me quedé quieto y pues no ir a Venezuela, yo no sé si vuelva a ir allá, a mí me da miedo ir allá“, puntualizó Andrés Parra.

La depresión que le generó el personaje de Chávez a Andrés Parra

A pesar de que en la actualidad Parra ha protagonizado varias series y películas exitosas a nivel mundial como Los protectores, en donde actuó al lado de Lionel Messi, o El robo del siglo, que cuenta la historia del asalto en efectivo más grande de la historia, el colombiano reveló a El Comercio que estuvo a punto de retirarse en 2017.

El actor recordó que luego de interpretar a Pablo Escobar, pensó que la serie sobre la vida de Hugo Chávez tendría el mismo impacto que la producción anterior, creyó, además, que provocaría que fuera llamado para participar de producciones en Estados Unidos; sin embargo, el fracaso de la producción le generó depresión.

“Al interpretar a Escobar, contaba con la ventaja de la ingenuidad y la inocencia; no sabía lo que iba a suceder. En cambio, al asumir el papel de Hugo Chávez, era más ambicioso. Creí que este personaje me llevaría a Hollywood, pero resultó ser un rotundo fracaso. Fue un duro golpe, me deprimí, me llené de rabia y pensé en retirarme”, recordó Parra.

El colombiano indicó que esa fue la primera vez que experimentó un fracaso, puesto que antes había participado como secundario o en producciones con menor presupuesto que el que tenía la serie que financió Prime Video.

“Porque había puesto todas mis expectativas, energías y emociones en ese proyecto. Nunca había experimentado un fracaso real, o si lo había hecho, no lo había percibido porque antes no esperaba tanto. Con Chávez, esperaba todo”, declaró el actor colombiano, que afirmó que está en un momento “más consciente y más feliz”.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó fuertes críticas al ahora precandidato presidencial Iván Cepeda recordándole un trino que hizo en el 2013, donde el senador alagaba la llegada de Nicolás Maduro al poder.

“Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”, afirmó en dicha publicación Cepeda.

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El anterior mensaje fue replicado por la congresista, quien le dijo que la izquierda siempre ha defendido la narco dictadura de Venezuela, que lleva más de 25 años en el poder, afectando a más de ocho millones de venezolanos que salieron huyendo.

“Han vivido aplaudiendo la narco dictadura de más de 25 años en Venezuela. Los más de ocho millones de ciudadanos de ese país desplazados por el mundo, los cientos de muertos causados por los criminales Chávez y Maduro no les importa”, aseguró.

La senadora fue muy radical en afirmar que si cae la dictadura de Venezuela, se logrará la paz en Colombia.

“Si cae la dictadura en Venezuela, lograremos la paz de Colombia”, puntualizó.

Cabe destacar que María Fernanda Cabal siempre ha cuestionado las alianzas que ha tenido el actual presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro.

Recientemente, la llamada “zona binacional” entre ambas naciones para promover la paz en la zona fronteriza desató la furia de la senadora afirmando que “Maduro es el jefe del cartel de Los Soles”.

“El narco-dictador de Venezuela Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles, no el mandatario de Colombia. La idea de una zona binacional debe pasar por el Congreso de la República y las instituciones incluidas las altas Cortes deben impedir que se viole la soberanía del país para proteger a los narcotraficantes de los Soles”, precisó la congresista.

Cabal afirmó que el dictador Nicolás Maduro deberá responder por el genocidio de su pueblo

La senadora colombiana María Fernanda Cabal emitió declaraciones contundentes respecto al régimen de Nicolás Maduro tras una publicación de Carlos Antonio Giménez, congresista estadounidense, sobre el inminente arribo de tres buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela.

Giménez cuestionó en su red social X cuál será la reacción del presidente venezolano ante la llegada de estas embarcaciones y recomendó que huyera a Cuba.

En respuesta a ese mensaje, Cabal, integrante del Centro Democrático, advirtió que Maduro deberá afrontar las consecuencias de sus acciones ante el pueblo venezolano.

“¡Venezuela libre ya! Maduro y sus bandidos deben responder por el genocidio a su pueblo y por el narcotráfico del Cartel de los Soles”, declaró Cabal.

La senadora sostuvo que el mandatario venezolano tendrá que rendir cuentas por lo que calificó como crímenes de lesa humanidad.

La legisladora ha criticado en reiteradas ocasiones los vínculos existentes entre el Gobierno colombiano y la administración de Maduro, incluyendo acuerdos como la llamada “alianza binacional”.

Cabal forma parte del sector opositor que mantiene una postura firme contra cualquier acercamiento con el régimen venezolano.

Gobierno de Estados Unidos impulsa estrategia para debilitar el narcotráfico en Venezuela

La administración de Estados Unidos impulsó una estrategia coordinada para debilitar el sistema de narcotráfico en Venezuela, con el objetivo de restar poder a Nicolás Maduro y sus aliados.

La Casa Blanca sostiene que la caída del dictador sería posible si sus socios militares y políticos perciben que ya no pueden garantizar los beneficios de operaciones ilícitas bajo el control del régimen.

En el centro de este plan se encuentra la premisa de que, al limitar los ingresos provenientes de negocios clandestinos, se afectaría la lealtad de las fuerzas armadas y de seguridad hacia Maduro.

La política estadounidense, liderada por Donald Trump y diseñada por el secretario de Estado Marco Rubio, articula acciones legales, diplomáticas y militares para proteger la seguridad de Estados Unidos y presionar la transición en Venezuela.

El aparato represivo venezolano, compuesto por militares, policías, carceleros, espías y civiles, ha sido señalado por delitos graves.

El régimen de Maduro ha utilizado la represión para consolidar su poder y favorecer una red de corrupción vinculada a altos funcionarios.

El futuro político del país enfrenta presiones nacionales e internacionales por la continuidad del régimen.

Después del fracaso de su primera convocatoria, el régimen del dictador Nicolás Maduro llamó a una nueva jornada de alistamiento militar para los días viernes 29 y sábado 30 de agosto, según comunicó el dictador este lunes a través de su canal de Telegram. Maduro indicó que el objetivo de esta nueva jornada es “completar” el registro de milicianos iniciado el fin de semana, alegando la necesidad de responder a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos tras la movilización de buques estadounidenses al Caribe para combatir el narcotráfico.

El mandatario atribuyó la nueva convocatoria a la supuesta saturación de los centros de alistamiento por una “presencia masiva” de ciudadanos interesados en inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo civil armado creado en 2009 por el ex presidente Hugo Chávez para reforzar el sistema de defensa nacional. Sin embargo, medios y líderes opositores reportaron plazas públicas desiertas en numerosos estados del país durante la jornada previa, contradiciendo la versión oficial sobre la participación ciudadana.

Durante el primer llamado, realizado el pasado jueves como parte del “Plan Nacional de Soberanía y Paz”, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que el proceso era de carácter “voluntario” y pidió evitar el “nerviosismo” ante la situación, diferenciando la acción de una movilización nacional obligatoria. El chavismo, fiel a su manual de prácticas comunes, se apresuró a armar campañas en los medios del Estado para mostrar algunos centros lleno de personas que “querían inscribirse”.

En contraste, la líder opositora María Corina Machado exhortó a la población a desobedecer la convocatoria, declarando en la red social X: “Hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen. Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro que se aproxima. No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”.

De acuerdo con reportes de organizaciones políticas y plataformas ciudadanas como Vente Barinas y Comando Con Venezuela, espacios públicos en regiones tradicionalmente afines al oficialismo, incluyendo plazas conmemorativas como la de “Hugo Chávez” en Sabaneta, permanecieron inactivos y sin la afluencia esperada. Voceros opositores y colectivos civiles destacaron la ausencia de voluntarios y reservistas en lugares emblemáticos como Catia La Mar, Carayaca y El Junko en el estado Vargas, reiterando que “ningún venezolano se alista con criminales”.

El contexto de la convocatoria transcurre en una Venezuela marcada por una prolongada crisis económica y social, con hiperinflación, escasez de productos básicos y una emigración que supera los 7 millones de personas desde 2014. Además, tras las elecciones de julio de 2024 consideradas fraudulentas por organismos independientes, el régimen ha incrementado la represión política, según datos de la ONG Foro Penal.

La reciente movilización de buques estadounidenses al Caribe, iniciada el 14 de agosto y presentada por el Pentágono como parte de operativos antinarcóticos regionales, no ha sido enmarcada oficialmente como una medida contra el gobierno venezolano. No obstante, el chavismo insiste en presentar esta acción como una amenaza a la soberanía nacional, justificando la activación de mecanismos de defensa y el llamado a filas de la Milicia Nacional Bolivariana.

El fracaso en la respuesta ciudadana a la convocatoria oficialista pone en relieve el distanciamiento entre la narrativa gubernamental y la realidad social venezolana, en un escenario donde las tensiones políticas y económicas continúan profundizando la incertidumbre sobre el futuro político y social del país.

Uno de los momentos más comentados surgió cuando De la Espriella le preguntó por la característica que más admiraba en las mujeres. Uribe respondió con un recuerdo de su hijo menor, que llegó de una fiesta de quince años diciendo que le había tocado bailar con una muchacha fea. “Le dije: no, mujeres feas no hay. Las hay más bonitas y menos bonitas”, relató entre risas, para luego añadir que a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de trabajar con muchas mujeres y que hoy su partido cuenta con un grupo de dirigentes femeninas “extraordinarias”. Para Uribe, “no hay nada más bello que las mujeres, y respetarlas y reconocer su valía es fundamental”.

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En la conversación también revivió un episodio con Hugo Chávez, cuando en un encuentro bilateral decidió declamarle un poema. Según contó, el entonces mandatario venezolano le respondió simplemente: “Uribe, cópiamelo”. El expresidente accedió y, poco después, lo llevó personalmente al aeropuerto. “Le pedí a uno de los muchachos de la Presidencia las llaves del carro, montamos al presidente Chávez de pasajero y yo mismo manejé. Le dije a Carolina Barco, que era canciller: tú te vienes atrás porque hay que tener testigo de esta conversación”.

Uribe, que en sus años de gobierno enfrentó tensiones permanentes con Chávez, relató la anécdota con picardía, demostrando que incluso en medio de las diferencias políticas hubo momentos de trato personal y hasta de complicidad inesperada.

El tono de la entrevista permitió mostrar a un Uribe más cercano, menos acartonado, que se mueve con naturalidad entre la memoria política y la vida personal. Sus frases sobre las mujeres y sus historias con líderes de la región lo retratan como alguien que busca dejar un legado no solo en la arena pública, sino también en lo humano. En palabras del expresidente, “coincidimos en que no hay nada más bello que las mujeres, y respetarlas y reconocer su valía siempre será un principio de vida”.

Uribe en libertad

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a quedar en libertad después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejara sin efecto la medida de detención domiciliaria que había sido dictada en su contra. La decisión se dio tras revisar una tutela presentada por su defensa, en la que se alegaba vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el debido proceso.

El fallo del tribunal cuestionó duramente la argumentación de la jueza Sandra Heredia, que el 1 de agosto había condenado a Uribe a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos. En esa sentencia, la magistrada ordenó su arresto domiciliario inmediato, lo que generó una tormenta política y jurídica sin precedentes al convertirse Uribe en el primer expresidente colombiano condenado por la justicia ordinaria.

Para los magistrados de segunda instancia, la jueza fundamentó la medida restrictiva en elementos de carácter subjetivo, como la supuesta influencia pública de Uribe, en lugar de basarse en hechos concretos. El fallo fue explícito al afirmar que “el sujeto solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad ni por percepciones externas”. Con ese argumento, el alto tribunal concluyó que no había razones jurídicas sólidas para mantener la detención preventiva.

Tras conocerse la decisión, Uribe, de 73 años, anunció públicamente su retorno a la vida política con un mensaje cargado de simbolismo: “Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”. El día anterior ya había dejado ver la misma línea discursiva al agradecer las muestras de apoyo y reiterar que usará su tiempo libre para defender lo que él denomina la “libertad del país”.

Con esta resolución, el expresidente enfrentará el proceso judicial en libertad mientras se define el recurso de apelación. El caso continúa en curso y mantiene dividido al país entre quienes ven en Uribe un líder perseguido políticamente y quienes lo consideran responsable de graves irregularidades ante la justicia.

León, quien nació el 2 de febrero de 1925 en el estado Trujillo (oeste), viajó en 1948 a Londres con un boleto donado por el Gobierno británico para participar en los Juegos celebrados entonces en la capital inglesa, donde se ubicó en el decimocuarto puesto de la prueba de los 1.000 metros contrarreloj del ciclismo de pista, según notas oficiales.

Ingeniero egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, fue campeón nacional durante tres años consecutivos, de 1941 a 1943, y posteriormente se incorporó al equipo italiano de Bianchi apadrinado por el ciclista Fausto Coppi, señaló el Comité Olímpico Venezolano (COV).

En Pekín 2008, el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) lo incluyó como invitado especial de la delegación que viajó a China para los Juegos, con el fin de celebrar los 60 años de su debut en Londres.

El pasado mes de febrero, las autoridades venezolanas homenajearon a León con motivo de su centenario y para celebrar su legado, el cual "será eterno por su arrojo y determinación para enaltecer" al país caribeño, expresó el Ministerio de Deporte en una nota.

"Son 100 años y después vienen 100 más", recordó la institución que dijo entonces el exciclista.

En un mensaje publicado en Telegram, Maduro aseguró que el "ejemplo de perseverancia y dedicación" de León, a quien llamó "una verdadera gloria del deporte venezolano", perdurará "por siempre en el corazón de los atletas y en el alma" de la nación suramericana.

Por su parte, el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, expresó que su legado "queda grabado para siempre en la historia deportiva del país como una de las hazañas más memorables del olimpismo nacional". EFE

La polémica que dejaron los dos mensajes de la hermana de Dilan Cruz, Denis Cruz, no fueron los únicos que generaron una oleada de comentarios por parte de los usuarios en la red social X.

Todo por cuenta de un mensaje que dejó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado el 28 de julio de 2025 en primera instancia a 12 años de prisión (medida que cumple bajo detención domiciliaria) por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Dichas palabras se escribieron a comienzos de abril de 2025.

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En esa ocasión salió a colación el nombre de la abogada y política colombiana Piedad Córdoba, y varios usuarios le recordaron el mensaje cargado de un tono sarcástico, cuando se cumplía poco más de un año y cuatro meses del fallecimiento de la congresista y presidente del Partido Liberal en su momento, el 20 de enero de 2024 en Medellín, por culpa de un infarto.

Todo lo anterior surgió debido al mensaje que dejó Uribe Vélez después de una de las audiencias que se desarrolló el 4 de abril de 2025, y como parte del juicio que se extendió por 12 años.

En dicha ocasión, Uribe escribió en su cuenta de X: “En el Cielo hay una protesta por una larga fila que no se mueve, crece y crece, ya que San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio a Piedad Córdoba”.

Por estas palabras, y el cambio en el tono del mensaje que dejó el 11 de agosto de 2025 tras confirmarse la muerte de Miguel Uribe Turbay: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Debido a esto, algunos internautas han vuelto a compartir el mensaje el expresidente Uribe, que ha dado de qué hablar, y se suma a las reacciones del país político, donde se ha condenado el magnicidio y se ha pedido, hasta por el jefe de Gobierno, Gustavo Petro, que se investiguen los hechos hasta las últimas consecuencias.

Pero en esa ocasión, hasta el mismo senador Iván Cepeda, su contraparte en el juicio que lo dejó como el primer presidente de condenado en la historia de Colombia, no se quedó callado y le respondió a Uribe, y le pidió que respetara a Córdoba.

“Qué lamentable no respetar ni siquiera a alguien difunto. Hasta en los más duros debates judiciales y las más álgidas confrontaciones políticas se debe respetar a los seres humanos”, dijo Cepeda.

Al expresidente Uribe también le recordaron cuando se pronunció tras la muerte de Hugo Chávez

El poder que tienen las redes sociales y los usuarios es que lo que allí se publica queda registrado vuelve a surgir cuando menos se espera, o en medio de la coyuntura por alguna temática o suceso, y en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo le dieron una, sino dos pastillas para la memoria, debido a otra publicación que también realizó en X, antes conocida como Twitter.

En ese entonces, el martes 5 de marzo de 2013, algunos usuarios afirmaron que Uribe también usó un tono sarcástico en el escueto mensaje que escribió en la red social.

“A los designios de Dios respeto”, fue lo único que dijo el exmandatario de Colombia, que lideró el país entre 2002 y 2010. Todo se dio después de que aquel martes, y a través de la televisión pública y la radio nacional venezolana, se interrumpiera la programación habitual para dar paso al entonces vicepresidente del régimen, Nicolas Maduro (y que tomó el mando de la dictadura), que confirmó el deceso de Chávez, víctima de un cáncer.

Durante la administración de Álvaro Uribe, la relación entre Colombia y Venezuela se caracterizó por la tensión, un escenario que cambió tras la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia.

En el primer periodo de Uribe (2002-2006), coexistió con Hugo Chávez, pero la convivencia se deterioró de forma crítica en su segundo mandato (2006-2010), hasta convertirse en una confrontación pública marcada por frecuentes intercambios verbales en medios y redes sociales.

El deterioro culminó con la ruptura de relaciones diplomáticas en 2010.

Desde la primera presidencia de Donald Trump, Maduro está acusado de los delitos de narcotráfico y terrorismo.

A continuación los hechos más destacados en las relaciones bilaterales desde que Maduro está en el poder.

30 septiembre.- Maduro anuncia la expulsión de la encargada de negocios estadounidense, Kelly Keiderling, y de otros dos diplomáticos norteamericanos por alentar acciones de sabotaje.

2 octubre.- EE.UU. confirma la expulsión de tres funcionarios venezolanos, incluido el encargado de negocios en Washington.

2014 16 febrero.- Maduro anuncia la expulsión de tres funcionarios consulares de EE.UU. y acusa al Gobierno de Obama de estar detrás de las protestas para derrocarlo.

2015 28 febrero.- Maduro ordena a Estados Unidos reducir el centenar de funcionarios de su embajada a 17, anuncia que requerirá visado a los estadounidenses y prohíbe el ingreso al país a siete políticos, entre ellos George W. Bush.

9 marzo.- Obama emite un decreto con sanciones a funcionarios venezolanos y declara una "emergencia nacional" por el riesgo de la situación en Venezuela para EE.UU.

2016 6 julio.- El Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra funcionarios venezolanos.

2017 13 enero.- Obama emite una orden de continuidad de un año de la "emergencia nacional" declarada en 2015.

13 febrero.- EE.UU. sanciona al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por narcotráfico.

31 julio.- Trump impone sanciones económicas directas contra Maduro, al que califica de "dictador".

2018 18 mayo.- EE.UU. anuncia sanciones económicas contra el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros tres venezolanos.

22 mayo.- Maduro declara persona no grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson.

2019 10 enero.- Estados Unidos no reconoce la toma de posesión de Maduro, que califica de "ilegítima".

23 enero.- Trump reconoce al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones.

28 enero.- EE.UU. anuncia sanciones contra Petróleos de Venezuela.

12 marzo.- Maduro ordena la expulsión de los diplomáticos estadounidenses de su país y un mes después, Estados Unidos suspende los vuelos con Venezuela.

28 junio.- Sanciones al hijo del presidente venezolano, Nicolás "Nicolasito" Maduro Guerra.

31 julio.- EE.UU. declara fugitivo por narcotráfico al vicepresidente económico, Tarek El Aissami.

5 agosto.- Trump impone un bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.

2020 13 febrero.- Venezuela denuncia las sanciones de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

26 marzo.- EE.UU. presenta cargos por narcotráfico contra Maduro y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

27 de abril.- Maduro nombra como ministro del Petróleo a su vicepresidente económico, Tareck El Aissami, acusado por EE.UU. de narcotráfico y por cuya captura ofrece diez millones de dólares.

21 julio.- Recompensa de 5 millones de dólares por el presidente del TSJ de Venezuela, Maikel Moreno.

2021 16 octubre.- Alex Saab, presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde, es extraditado a EE.UU.

2022 1 octubre.- Canje de presos: EE.UU. libera a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Nueva York, a cambio de la excarcelación de siete estadounidenses presos en Venezuela.

5 octubre.- La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denuncia "el injerencismo" de EE.UU. en la disputa territorial que Venezuela sostiene con Guyana por la región del Esequibo.

2023 19 julio.- España extradita a EE.UU. al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como 'Pollo Carvajal', acusado de narcotráfico.

18 octubre.- EE.UU. anuncia el levantamiento temporal de algunas sanciones sobre el oro y petróleo venezolanos y son excarcelados en Venezuela cinco opositores.

20 diciembre.- EE.UU. libera a Alex Saab a cambio de diez estadounidenses y una veintena de venezolanos presos.

2024 17 abril.- Reactivación de las sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos por incumplimiento de los compromisos electorales de Maduro.

27 noviembre.- Estados Unidos sanciona a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de "represión" en las elecciones del 28 de julio.

2025 21 febrero.- Trump restringe el acceso a la tecnología estadounidense a los "adversarios extranjeros", entre ellos Venezuela.

16 marzo.- Maduro rechazó la decisión de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Caracas considera que Washington "criminaliza, de forma infame e injusta", a los migrantes venezolanos. EFE

La alocución del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la noche del martes 5 de agosto de 2025, en la que hizo un balance de algunos de sus logros en educación y salud, al cumplirse tres años de su Gobierno, desató una serie de comentarios en las redes sociales. En especial, por algunos de sus apuntes, si se quieren al margen de la discusión principal de su intervención, pero con los que encendió la controversia entre sus contradictores.

Uno de ellos estuvo relacionado con la intención de Petro -o al menos así lo expresó- de comprar la Radio Cadena Nacional, más conocida como RCN: conglomerado de radio y televisión que pertenece a la Organización Ardila Lülle (OAL), y que se ha caracterizado por marcar distancia de su administración, desde el punto de vista de sus contenidos periodísticos. Más allá de un anuncio a la ligera, este tuvo fuertes repercusiones.

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“Le pedí al señor Lülle que me dijera ‘¿cómo vender Postobón o RCN?’, no sé, yo le compro RCN, pero ¿cómo va a vender Postobón?”, se cuestionó Petro durante la intervención al espectro electromagnético en el horario prime, en la que se refirió a la supuesta venta -o el deseo de hacerlo- de otra de las grandes firmas de OAL, como lo es Gaseosas Postobón; una de las marcas icónicas de la industria nacional, y que viene siendo objeto de rumores.

Y agregó, sobre el impacto real del sistema tributario sobre los trabajadores, que existe un estigma histórico que hay que cambiar. “Aquí hay una consigna en la justicia, en el Congreso, y en la prensa de Colombia, de que los ricos no deben pagar impuestos, entonces la secretaria de la oficina del más rico de Colombia paga más impuestos que el rico de Colombia, eso se llama injusticia tributaria y por eso es que no salimos de los problemas”.

Esta frase hizo que se le comparara a Petro con el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, que solía hacer este tipo de propuestas en sus consabidas alocuciones, entendido esto como un método de presión al sector privado, al que atacó durante su administración, que inició en 1999 y se extendió hasta su muerte, en 2013; aunque posteriormente asumió el poder su entonces vicepresidente, Nicolás Maduro Moros.

La arremetida de Vicky Dávila, que comparó a Gustavo Petro con Hugo Chávez

En la red social X, la periodista y precandidata presidencial, que el fin de semana anterior destapó una serie de conversaciones entre Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, y su exesposa Day Vásquez, en la que se detallan lo que serían las conductas impropias del jefe de Estado durante la campaña del 2022, expresó cómo estas conductas de Petro en cadena nacional son iguales a las que hacía el entonces jefe del régimen venezolano.

“‘Yo le compro RCN’, dijo Petro. Una amenaza más a los medios que ya viene amenazando con cerrarlos. Su lenguaje es traqueto, ‘yo le compro’. La plata que maneja el Gobierno no es suya, es de los colombianos. Así procedía Chávez. Así hablaba Chávez. Los colombianos tienen que DESPERTAR. Y luego retando a Postobón, ¿Desde cuándo la empresa privada no puede vender cuando se le da la gana en este país?“, comentó Dávila en su mensaje.

Así pues, indicó que no tiene certeza de si la organización tiene pensado vender o no sus compañías. “Pero Petro, usted no decide sobre eso. Un presidente abusivo y autoritario. Que quiere arrodillar al empresariado con ‘terrorismo’ mediático. Le fascina sentir que le tienen miedo”, agregó Dávila, que salió en una fuerte respuesta contra el primer mandatario, que ocupó el espacio de los canales privados durante una hora y media.

La senadora María Fernanda Cabal criticó la reciente distinción concedida al presidente Gustavo Petro por la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina.

Cabal sostuvo que recibir un honoris causa de la UNLa no representa un mérito, dado que en el pasado la misma universidad ha conferido ese reconocimiento a figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

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La senadora agregó que estos líderes, a quienes calificó como narcodictadores, “solo han dejado muerte, miseria y hambre” en sus países.

Para Cabal, la inclusión de Petro en esta lista de galardonados evidencia que fue ubicado junto a quienes considera sus aliados políticos y referentes ideológicos.

"Recibir un “Honoris Causa” de la UNLa no es precisamente un honor, Petro. Es la misma distinción que han entregado a personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Nicolás Maduro narco dictadores que solo han dejado muerte, miseria y hambre. Lo ubicaron al lado de sus amigos“, afirmó Cabal en su cuenta oficial de X.

María Fernanda Cabal, integrante del Senado de Colombia, reiteró así su postura crítica hacia el mandatario colombiano y el significado del reconocimiento recibido, cuestionando el valor simbólico del título académico ante la trayectoria de otras figuras distinguidas por la institución.

Las declaraciones de la senadora nacen luego de que el presidente Gustavo Petro, en su cuenta oficial de X, compartiera la noticia de su título doctorado de la universidad argentina: “He recibido un título de doctorado ‘Honoris Causa’ de la Universidad Nacional de Lanús de la Argentina, de la que soy profesor emérito”.

Cabe aclarar que si bien Petro fue docente en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Externado, se desconoce algún documento oficial y público que confirme su labor docente en Lanús.

El reconocimiento a Gustavo Petro y el simbolismo de la integración latinoamericana en tiempos de polarización

Durante la ceremonia en la que recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Petro evocó la figura de Ernesto Che Guevara y su paso por Colombia.

“Por aquí pasó el Che”, expresó Petro, en referencia al tránsito del revolucionario argentino por Sudamérica en su ruta hacia Centroamérica, México y Cuba.

El mandatario colombiano utilizó esta referencia histórica para recalcar la “amistad” entre Colombia y Argentina: “Esa amistad nos ha llevado a juntarnos en muchos momentos en la historia. Por aquí pasó (Ernesto) el Che (Guevara), un argentino. Decidió seguir con su camino hasta seguir la frontera con Nicaragua. Quiso irse hasta Centroamérica, después a México, después a Cuba, después al mundo”.

La entrega del doctorado, la máxima distinción que otorga la Universidad Nacional de Lanús, se realizó el 31 de julio en la Casa de Nariño.

El acto contó con la presencia del rector Daniel Bozzani y figuras del Gobierno colombiano, como el jefe de Despacho Alfredo Saade y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

La ceremonia tuvo un carácter académico e institucional. Petro agradeció a la universidad: “Es un reconocimiento que genera gratitud en el corazón y el alma recibir un honoris causa; mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Lanús”.

El presidente también abordó las diferencias políticas que atraviesan su gobierno y el de Argentina. En palabras de Petro: “Dos maneras de gobernar distintas. Dos maneras de entender el mundo. Dos maneras de construir una gobernanza distinta. ¿Cuál de las dos prevalecerá? Es la pregunta. No es fácil contestarla porque la historia tiene zigzags, retrocesos y avances. Es confusa, pero es un flujo”.

En su cuenta oficial en X, Petro compartió la noticia y se autodenominó “profesor hemérito” de la universidad, aunque con un error ortográfico. Durante su intervención, reafirmó el deseo de regresar a la Universidad Nacional de Lanús y a otras instituciones para “dictar cátedra”, mostrando su interés en el intercambio intelectual.

El rector Daniel Bozzani destacó: “Es tradición de nuestra Universidad entregar esta distinción máxima a los presidentes hermanos latinoamericanos. Así que, agradezco la posibilidad de llegar hasta aquí y hacer la entrega de esta distinción”.

Además, recordó la ocasión previa en la que Petro recibió el título de profesor honorario: “Estamos muy complacidos, evidentemente, porque lo habíamos recibido en nuestra casa, en nuestra universidad, en octubre del 2018, cuando era senador”.

El lunes 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, dará a conocer su fallo en el proceso judicial contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

En ese contexto, la candidata presidencial se refirió a la fecha seleccionada para la lectura del fallo, lo que se interpretó como una crítica.

Vicky Dávila trajo a colación el cumpleaños de Hugo Chávez, y el exalcalde de Duitama José Luis Bohórquez respondió: “Y si el fallo fuera el Día del Niño también sería un plan macabro de la infancia comunista”.

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Vicky Dávila destacó la coincidencia entre la fecha de la lectura del fallo judicial y el cumpleaños de Hugo Chávez, sugiriendo una intencionalidad detrás de la elección. Consideró que este hecho no era casualidad, sino parte de una estrategia coordinada.

“Justo hoy cumpliría años Hugo Chávez, el símbolo del mal en América Latina, justo hoy. Un mensaje macabro. Nada es coincidencia, actúan juntos y con la misma partitura”, comentó la periodista y precandidata presidencial por medio de su cuenta de X.

Frente a la afirmación de Vicky Dávila, el exalcalde de Duitama José Luis Bohórquez respondió en tono irónico, poniendo en duda la relación entre la fecha del fallo y una supuesta intención encubierta.

“Vicky, ¿y si el fallo fuera el Día del Niño también sería un plan macabro de la infancia comunista para acabar con el uribismo?”, contestó el político en un mensaje por medio de la misma red social.

Vicky Dávila no se limitó a un solo comentario sobre la coincidencia de fechas. En otro mensaje, volvió a señalar lo que percibió como una sincronía entre acontecimientos políticos en América Latina y la lectura del fallo judicial. Refiriéndose específicamente a las controversiales elecciones en Venezuela del 2024.

“Hoy, justo hoy, también el narcodictador Nicolás Maduro se robó las elecciones de Venezuela. Hoy, justo hoy. Nada es coincidencia, actúan juntos y con la misma partitura”, comentó la comunicadora en otra de sus publicaciones del tema en la red social X.

Pero estos no han sido los únicos mensajes de la candidata presidencial con respecto al juicio contra Álvaro Uribe. En otro de sus mensajes comentó lo siguiente: “Los mismos que aplaudieron la “impunidad” para criminales de lesa humanidad de las Farc, hasta se dan la manos con ellos, se dejaron enredar por la paz total, que fracasó, han promovido que los negociadores y los tales impunes gestores de paz se reproduzcan en cantidades industriales, todos esos son los mismos que sí quieren ver a Álvaro Uribe condenado".

 Y agregó: “Los mismos que defendían al narco de Santrich y no salían de La Habana, haciendo “gestiones de paz”, esos son los que gritan que condenen a Uribe, el que combatió a los terroristas de las Farc, al ELn y q todos y enfrentó el narcotráfico con firmeza. Los mismos que votaron por Petro, que perteneció al grupo terrorista M-19, e indujeron a muchos a votar por él, aún sabiendo quién era y lo que se venía para Colombia, esos son los que quieren ver a Uribe condenado, él que recuperó a Colombia".

En abril de 2024, un sorteo del sistema judicial determinó que la jueza Heredia asumiría el expediente relacionado con Álvaro Uribe. Debido a la relevancia del proceso, la magistrada solicitó quedar eximida de recibir nuevos casos, para concentrar todos sus esfuerzos en este juicio ampliamente seguido tanto dentro como fuera de Colombia.

A lo largo del trámite judicial, Heredia debió responder a tutelas, pedidos de postergación y recusaciones. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó su continuidad, rechazando las iniciativas que procuraban que se apartara del caso.

Durante cinco meses logró avanzar, sin demoras, en las fases claves del juicio oral, que incluyeron la exposición de pruebas, testimonio de testigos y presentación de alegatos de conclusión. Ahora solo resta la decisión de la jueza, que se espera genere impacto jurídico y político.

Desde Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió nuevas críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro y comparó la postura del mandatario con la de Hugo Chávez y Fidel Castro.

“Chávez llegó al poder con un discurso político de engaños. Decía que respetaba la libertad de prensa y la anuló. En Colombia ya hay amenazas; decía que respetaba la empresa privada y la redujo a los mínimos”, afirmó el expresidente colombiano (2002-2010).

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El líder natural del Centro Democrático, que está a punto de conocer el fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia en el juicio en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, se refirió al discurso del mandatario en la instalación del Congreso para su cuarta legislatura.

Según Álvaro Uribe, las palabras del presidente Petro le recordaron a Fidel Castro y Hugo Chávez.

“Cuando escuchábamos las dos horas y media del discurso presidencial de Colombia hace una semana, yo me regresaba a la adolescencia y me parecía oír a Fidel Castro. O regresaba a los años en los que me tocó confrontar a Hugo Chávez. Pero, no, era el presidente de Colombia. Un discurso de dos horas y media, un balance entre amenazas e ilusiones que no correspondían a la realidad”.

El expresidente aseguró desde la capital de Antioquia, donde también participó de una eucaristía, que el gobierno de Gustavo Petro es una “naciente dictadura”, motivo por el cual pidió “derrotarla” en las próximas elecciones de 2026.

“Aquí crece diariamente el propósito acerado de los colombianos de combatir esta naciente dictadura y derrotarla”, aseveró Uribe Vélez.

El exmandatario colombiano afirmó que la persona elegida en 2026 debe mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Nosotros tenemos que decir en las calles que necesitamos nuevamente un acuerdo con Israel, que ha sido el proveedor de tecnología. Por su puesto, queremos la paz con el Medio Oriente. No queremos que muera un solo palestino e israelí, pero esa lucha por la paz no se puede confundir con el fanatismo de este gobierno que utiliza a las víctimas de Palestina para defender al grupo terrorista Hamas y atacar a Israel”, indicó el expresidente.

Y agregó: “Nuestra lucha sigue en las calles en medio de dificultades: Miguel Uribe Turbay sigue en la clínica. Todos orando para que la ciencia médica, con la ayuda de Dios, lo recupere. Varios de nuestros compañeros: Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, seriamente amenazados. La candidata Vicky Dávila también”.

Álvaro Uribe cuestionó al presidente Petro por las cifras que entregó en materia de seguridad y secuestro. Afirmó que en 900 municipios han habido asesinatos y que el secuestro creció en un 40%.

“Nos presentaron un país seguro. Nos dijeron que teníamos 600 municipios sin homicidios. En el Gobierno de Gustavo Petro, en 900 municipios ha habido asesinatos. El secuestro de un año para otro creció el 40%. Este es un país que hoy va viendo el camino de volver a estar secuestrado. Parece que se hubiera perdido el sacrificio de nuestros soldados y policías que de la mano de nuestra Constitución construyeron la seguridad democrática. El país no estaba perfecto, pero iba mejorando”, expresó el líder natural del Centro Democrático.

Además, hizo un balance del Gobierno en temas como la salud, pidiendo a los colombianos no respaldar la reforma en el Congreso de la República. El exmandatario también habló de seguridad, empleo y otros factores, cuestionando al Gobierno de Gustavo Petro.

Las palabras del expresidente Álvaro Uribe se dan a un día de conocerse el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia, que decidirá si absuelve o condena al exmandatario colombiano por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

"En estos 14 años, el régimen no solo ha sido incapaz de transformar el sistema carcelario, sino que ha dejado un saldo trágico que revela la magnitud del fracaso institucional: 3.528 personas murieron y 5.094 resultaron heridas en centros de reclusión, lo que eleva a 8.532 el número total de víctimas por violencia y falta de atención médica", dijo el OVP en una nota de prensa.

La organización sostuvo que con la fundación de un ministerio para la atención de las cárceles en el país se ha "creado un aparato burocrático sin capacidad de transformación real, con ministros que rotan sin dejar huella y con políticas que se quedan en el papel".

"El sistema penitenciario venezolano no necesita más planes ni promesas: necesita transparencia, rendición de cuentas, voluntad política y respeto por la dignidad humana", añadió.

El OVP recordó que en junio del año pasado, más de 50.000 presos se unieron a una huelga en 19 cárceles de Venezuela, exigiendo mejores condiciones de reclusión.

"Uno de los aspectos más reveladores del fracaso institucional ha sido la proliferación de planes oficiales. Entre 2011 y 2024 se han anunciado 18 planes, desde el 'Plan Cayapa' hasta el más reciente 'Plan Nacional de Redenciones 2024-2025'", explicó.

La ONG dijo que "no existe evidencia pública que permita conocer cuántas personas han sido beneficiadas ni cuál ha sido el verdadero alcance de estas políticas".

Además, agregó que en el país hay cárceles "sobrepobladas", así como "personal sin formación, bandas armadas con poder interno, falta de atención médica, alimentos en descomposición y la constante violación del derecho a ser juzgado por un tribunal competente en un plazo razonable".

El 26 de de julio de 2011, el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) ordenó la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, luego de concluir una de las crisis más largas y masivas del sistema penitenciario en Venezuela, en la que un millar de presos, de un complejo carcelario cercano a Caracas, resistió con armas de fuego y durante casi un mes un intento gubernamental por controlar el recinto con unos 5.000 soldados.

En la operación de aquel momento murieron dos militares y un preso, y 22 soldados fueron heridos.EFE

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esa gesta, encabezada por Fidel Castro (1926-2016) marcó un "hito irreversible en la historia de la lucha por la justicia social y liberación de los pueblos".

"El 26 de julio de 1953 no fue solo una acción militar, fue el despertar de una revolución que se convirtió en símbolo de dignidad, soberanía y autodeterminación para toda América Latina y el Caribe", añadió.

La cancillería considera que aquella fecha encendió "la llama de un proceso transformador que, siete décadas después, continúa de pie con firmeza y dignidad, enfrentando el bloqueo criminal con creatividad, resistencia y solidaridad".

El Ejecutivo chavista reafirmó su "compromiso inquebrantable" con la "revolución cubana y con la causa común por la justicia social y la integración regional".

El asalto al cuartel Moncada, ocurrido el 26 de julio de 1953, tenía como propósito derrocar al entonces presidente de Cuba, Fulgencio Batista.

El intento de la guerrilla cubana liderada por Fidel Castro fracasó, pero marcó el inicio de la revolución, que finalmente triunfó en 1959.

Cuba y Venezuela son aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, comandada por Hugo Chávez, y mantienen una estrecha relación con su sucesor, Nicolás Maduro. EFE

Durante el acto protocolario celebrado en la capital venezolana, Saade aseguró: “Este es el inicio de un sueño, de un sueño que nació en Bolívar, de un sueño que continuó el presidente Chávez, un sueño que tiene hoy el presidente Maduro, el presidente Petro, es el inicio de una transformación social, política y económica en una región que lo necesita”.

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Esta frase, pronunciada en medio de un encuentro de cooperación bilateral, fue interpretada por sectores opositores como una validación ideológica del proyecto chavista por parte del alto funcionario del Gobierno colombiano.

El acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela contempla tres líneas de acción fundamentales: en primer lugar, se impulsará la interconexión eléctrica entre ambos países con el fin de optimizar el abastecimiento energético en las regiones limítrofes; en segundo lugar, se promoverán inversiones estratégicas en los sectores de gas y petróleo, consideradas áreas clave para el desarrollo económico compartido; y, finalmente, se establecerán normativas orientadas a regular las operaciones cambiarias en la zona fronteriza, con el propósito de facilitar y fortalecer el comercio binacional.

Así reaccionaron en redes al tratado que firmó Colombia con el régimen de Venezuela

Frente a este acuerdo, las críticas no tardaron en tomar cuerpo en las redes sociales, en las que figuras reconocidas de la política nacional reaccionaron al viaje y al contenido de la alianza, el cual contempla la creación de una zona económica especial de paz entre Colombia y Venezuela. Así mismo, las menciones al legado de Hugo Chávez y al papel de Nicolás Maduro como continuidad de dicho ideario, fueron particularmente polémicas.

La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático, fue una de las primeras en rechazar el anuncio, pues por medio de su cuenta en X advirtió sobre una supuesta cesión del territorio del Catatumbo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con respaldo del régimen venezolano: “Blanco es, la gallina lo pone y frito se come: GAZATUMBO. El Catatumbo en manos del ELN y de Maduro a través de Diosdado Cabello, los socios de Petro".

En un tono similar, Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, que mostró su intención de postularse a la Presidencia en 2026, utilizó la misma plataforma para dirigirse directamente a actores internacionales.

“Petro y Maduro, como lo he venido diciendo, están montando una zona de control binacional de narcotráfico en el Catatumbo. La intención última es romper la soberanía y el orden constitucional en Colombia como ya lo lograron en Venezuela. Le pido a @realDonaldTrump y a @marcorubio que implementen una vigilancia especial para atajar a este par de dictadores”, denunció, haciendo un llamado a la vigilancia extranjera sobre el nuevo acuerdo binacional.

Otro que se sumó a las críticas fue el economista y asesor político Luigi Parra, que abordó el tema desde una perspectiva religiosa y cuestionó la autenticidad espiritual del jefe de gabinete.

“Evidentemente Saade no es ni Pastor, ni cristiano, un cristiano sabe que el comunismo y en este caso el socialismo, lo que busca es que el Estado sea cada vez más grande y ocupe el lugar de Dios, desplazando a Dios, se pierde la libertad y la gente se vuelve esclavo del Estado”, escribió en la plataforma digital.

De igual forma, el representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, expresó que las declaraciones de Saade confirmaban lo que considera una admiración oficial hacia el proyecto chavista.

“‘Este es el inicio de un sueño que nació en Bolívar, continuó el presidente Chávez y tiene hoy el presidente Maduro’ dice el Pastor Saade. Está claro, quieren llevarnos al camino de Venezuela. ¡Adoran y sueñan con Chávez!”, publicó en X, al dejar ver su preocupación ante lo que considera un giro ideológico.

Por su parte, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt expresó un rechazo enfático, al considerar que el acuerdo firmado socava los fundamentos democráticos y la independencia del país.

“Colombia no quiere esta banalización del mal. Si unirse con el dictador Maduro es uno de los sueños de Petro, somos millones de colombianos los que lo repudiamos. Por la vía de estos acuerdos fronterizos, Petro quiere aniquilar la defensa de nuestra soberanía y empujarnos al abismo de la tiranía mafiosa y terrorista venezolana”, sentenció, al acudir a un lenguaje severo para describir las implicaciones del memorando.

Dos jóvenes fueron contratadas por funcionarios policiales vestidos de civil, luego de las elecciones del 28J, para imprimir camisetas con la foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez. Fue un falso positivo para recibir ascensos y que ellas fueran imputadas. Doce de esos funcionarios están presos actualmente por la fuga de un ex alcalde. Ahora un Tribunal acaba de condenar a las dos muchachas a 10 años de prisión.

Por instrucciones del Comisario Jefe del SEBIN, Jairo Pernía, Coordinador de la División de Investigación Penal de Mérida, los funcionarios bajo su mando dicen que encontraron en el Facebook de Marketplace “Publitex” la venta de franelas con imágenes de una persona tumbando la estatua de Hugo Rafael Chávez Frías en Guarenas, estado Miranda y unas de Nicolás Maduro.

Lo que en realidad sucedió es que los funcionarios, vestidos de civil, contrataron a las jóvenes, que apenas tenían un mes con la tienda, para hacer las camisetas con esa foto, así luego levantan un expediente inculpándolas por “incitación al odio”.

El 16 de agosto de 2024 los funcionarios: Inspector Jefe (PNB) Yunior Marquina, Inspector (PNB) Richard Blanco, Oficial Jefe (PNB) Ronald Parra y el oficial (PNB) Dely Rojas Dely, detienen a Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen, dueñas de la tienda.

Dos meses después de que las muchachas emprendedoras Pabón y Rodríguez fueran víctimas de la instigación a delinquir por los policías, 16 funcionarios fueron detenidos por la fuga de Abraham Hayon Chocrón, ex alcalde de Mucuchíes, municipio Rangel, de las instalaciones de la PNB El Boticario, en Ejido, municipio Campo Elías, Mérida, luego de 52 días tras las rejas.

Entre ellos está el comisario Jairo Pernía, el Inspector Jefe (PNB) Yunior Marquina y el Inspector (PNB) Richard Blanco, quienes se encuentra en Zona 7 de la Policía Nacional (PNB) en Caracas, quienes fueron imputados por traición a la patria, asociación para delinquir y evasión de privado de libertad.

Instigación para delinquir

Genesis Gabriela Pabón Paredes, de 27 años y oriunda de El Vigía, Mérida, es Técnico Superior en Radiología, relató en el tribunal que un chico las contactó por WhatsApp e insistió más de cuatro veces que le hicieran las camisetas con la foto, pero no había pagado aún, hasta que un jueves dijo que necesitaba con urgencia el pedido, por el que pagó 45 dólares.

El muchacho les envió las fotos al WhatsApp y les dijo que pasaría el viernes en la mañana; al llegar, también lo hicieron los funcionarios, quienes “sacaron las franelas de las bolsas, no nos dijeron nada y nos llevaron detenidas”.

Ese día los funcionarios le dijeron a quien contrató el pedido y a su acompañante que estaban detenidos “pero estaban tranquilos, no fueron esposados y no los volvimos a ver más”, dijo Pabón.

Ella aseguró, ante el tribunal, que en la página de la empresa Publitex no se habían publicado imágenes de las franelas que se estamparon. Con el tiempo se dieron cuenta que fue una trampa montada por los funcionarios.

La Audiencia de Presentación se realizó el 18 de agosto de 2024 ante la juez Yuly Coromoto Durán Gutiérrez del Tribunal de Control Nº 03 de El Vigía, Circuito Judicial Penal del estado Mérida. La Defensora Pública, Yoleidi Estrada.

La Fiscal que las imputó por “incitación al odio, traición a la patria y terrorismo” fue la Nro. 6 Elda Contreras; caso MP-144880-2024, asunto LP11-P-2024-000621. Después, Lupe Fernández, también de la Fiscalía Sexta, las acusa.

Los testigos fueron Eudis Rodríguez y Enrique Centeno. ¿Dónde están los que contrataron la realización de las camisetas con esas fotos específicas?

A Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen las condenaron a 10 años de prisión por el delito de Incitación al Odio de la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en perjuicio de la Convivencia Pacífica y el Estado Venezolano, el arma jurídica más efectiva del régimen venezolano para la injusticia.

Dos muchachos

Rocío Del Mar Rodríguez Guillen, 24 años, de Mérida y Técnico Superior en Administración de Empresas, 15 días antes en Facebook ofrece “franelas personalizadas” aclarando que “eran franelas blancas con imágenes de Venezuela, la frase de Venezuela, el mapa de Venezuela, la mujer de la harina Pan, de la Polar y de la estatua de Chávez tumbándola” y al día siguiente borró la publicación.

El muchacho que hizo el pedido la contactó por Facebook y ella le dio el número de WhatsApp, pero el muchacho dejó de reportarse hasta que semanas después reapareció con el pedido. Eran dos muchachos.

Cuando la decena de funcionarios, incluyendo una mujer, llegaron al negocio “nos dijeron que esa investigación era para ellos, se llevaron todas las máquinas, las impresoras, franelas”, les pidieron subirse al vehículo. “Supimos que estábamos detenidas como a las seis de la tarde”.

Rodríguez dijo que aceptar el pedido “fue un error” y reconoce que “nos pasó por tontas, por ganarnos un poquito de dinero para pagar nuestras deudas”, pero también porque el muchacho “insistió demasiado para comprarnos y en el WhatsApp se pueden dar cuenta”.

“No somos personas de incitar al odio, yo estoy recién graduada, somos personas trabajadoras que hemos salido adelante como para que nos pase esto por un error por confiadas”.

No sabe el nombre del muchacho, pero lo describe: “Era alto moreno, tenía huecos en la cara como si tuvo acné, no era barbudo” y del otro muchacho que lo acompañaba “era más bajito, no tan moreno, cargaba una gorra plana”.

Precisa lo que se llevaron los funcionarios: “Dos impresoras, como noventas franelas sin estampados, la laptop, el cuaderno donde llevábamos las anotaciones, la hoja donde se colocaron lo que vendemos”, también unas nueve “pinturas de serigrafías”, “se llevaron arreglos también, la plancha, todo lo que trabajamos, hasta las muestras”.

Parte de lo que se llevaron no apareció en la cadena de custodia N SE-0493-2024. Solo están dos impresoras marca Epson, “en regular estado de uso y conservación”, además “un Plotter de corte”, “una máquina de prensa de calos para camiseta”, “una máquina de sublimación vinil y transferencia de calor para taza”, todo dice que está “en regular estado de uso y conservación”. “Una Laptop” entregada a la Orden de Bienes Nacionales.

Cuatro meses llevaban las dos jóvenes detenidas, cuando el 9 de diciembre de 2024, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Control extensión El Vigía, le da inicio al juicio, según el expediente LP11-P-2024-0000621.

La Defensora Pública, Carmen Elena Ojeda, expuso en el tribunal: “Estas jóvenes están apostando a un futuro en este país, ellas estaban trabajando, estampando franelas lo que no es un delito como cualquier delincuente, si no la están juzgando por un delito que está en una Ley recién promulgada, por lo que es injusto que estén privadas de libertad por un delito que no es atroz”.

Agregó: “Estas jóvenes han pasado de todo desde que se encuentran privadas de libertad, tanto acá en El Vigía como desde que la trasladaron para Mérida, es tanto que a raíz de eso mi defendida Génesis ha vuelto a convulsionar”.

Desde el martes 8 de julio de 2025, Rosa Villavicencio, que se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores, asumirá como ministra encargada de Relaciones Exteriores de Colombia, luego de que Laura Sarabia presentara su carta de renuncia el jueves 3 de julio.

No obstante, tras conocer la designación de la funcionaria en la cartera, sectores de la oposición recordaron varios mensajes en el que defendía al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, así como recalcando el legado de Hugo Chávez en el país vecino.

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Sin embargo, la canciller encargada se defendió de los comentarios en su contra, afirmando que, si bien reconoce que ella escribió dichos mensajes, considera que es momento de avanzar hacia el futuro del país.

“Eso fue hace casi 20 años. Yo escribí allí, pero quiero hablar del futuro, no del pasado”, dijo Rosa Villavicencio en declaraciones a Semana.

En cuanto a las relaciones entre Colombia y Venezuela, la ministra encargada detalló que, pese a estar alineada con la posición del Gobierno Petro frente a lo ocurrido en las elecciones en Venezuela realizadas en junio de 2024, en el que no se reconocen los resultados de los comicios electorales, considera que es necesario mantener los vínculos comerciales entre ambas naciones.

“Como he estado tantas veces en la zona de frontera entre ambos países y sé cómo vive la gente, se necesitan las relaciones comerciales, culturales entre las dos naciones. Muchas familias son mixtas”, destacó la canciller encargada al citado medio de comunicación.

De igual forma, Rosa Villavicencio manifestó que, tan pronto fue conocida su designación, comenzó a evaluar lo relacionado con la situación de los pasaportes.

“Ahora estoy valorando todo, hay mucha información que estoy analizando con los equipos. No tengo una respuesta de momento. Seguramente el portavoz será el mismo presidente Gustavo Petro y él hablará cuando haya una respuesta a este interrogante”, explicó.

Quién es Rosa Villavicencio

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy es economista, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Migración y Relaciones. Durante más de veinte años residió en España, donde se dedicó a la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Entre 2016 y 2022, Villavicencio fue secretaria general de la organización América, España, Solidaridad y Cooperación (Aesco), centrada en la integración y el codesarrollo de comunidades migrantes.

En el ámbito político, se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid, donde fue diputada durante la VIII Legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista. En su gestión parlamentaria, ejerció como vicepresidenta de la Comisión de Educación, portavoz adjunta en la Comisión de Inmigración y vocal en la Comisión de Mujer.

En Colombia, Villavicencio trabajó como contratista en la Secretaría Distrital de Gobierno entre 2015 y 2016. Posteriormente, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde lideró el Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos con los colombianos en el exterior y facilitar su retorno al país.

En junio de 2025, fue nombrada viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, sucediendo a Daniel Ávila, quien renunció por motivos personales.

El nombramiento de Villavicencio como viceministra y ahora como ministra encargada ha sido criticado por sectores que cuestionan su experiencia diplomática y su dominio de idiomas extranjeros, competencias consideradas esenciales para el cargo.

Además, varios líderes políticos recordaron que Villavicencio cuenta con una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por presuntos conflictos de interés relacionados con la ONG Aesco, de la que fue fundadora y secretaria general.

Aunque la investigación no concluyó en una sanción pública conocida, generó críticas sobre la transparencia en el manejo de recursos y la gestión migratoria. En abril de 2024, Villavicencio participó en la firma de la Resolución 2996, que reglamenta la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, en cumplimiento de la Ley 1465 de 2011.

Rosa Villavicencio, que tomó posesión como viceministra de Relaciones Exteriores el pasado 6 de junio, ejercerá funciones como canciller encargada a partir del 8 de julio.

Así lo informó Laura Sarabia, ministra saliente, tras un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios recordaron y cuestionaron un mensaje previo de Rosa Villavicencio relacionado con la situación política en Venezuela.

La designación como canciller encargada generó críticas al Gobierno de Gustavo Petro, luego de que circulara nuevamente una publicación suya comentando sobre las controversiales elecciones en ese país.

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El mensaje de Rosa Villavicencio sobre las elecciones en Venezuela fue interpretado por algunos usuarios en redes sociales como una señal de respaldo al proceso que mantuvo a Nicolás Maduro en el poder.

La publicación fue retomada tras conocerse su designación como canciller encargada, en un contexto en el que el Gobierno venezolano ha sido ampliamente cuestionado.

En su momento, Villavicencio respondió a críticas en redes, entre ellas, las del exministro Alejandro Gaviria, quien señaló que el régimen de Maduro se había apropiado del proceso electoral.

La entonces funcionaria defendió los resultados, a pesar de que organismos internacionales denunciaron restricciones al acceso a las actas de votación.

“Qué ligero de opinión. Malintencionada y perversa. Desde su comodidad es fácil lanzar dudas y crear zozobra que poco demócrata es usted. El Consejo Nacional Electoral y los observadores, testigos y partidos en Venezuela saben que el pueblo eligió”, contestó Villavicencio en aquel momento.

La publicación de la funcionaria generó reacciones desde distintos sectores políticos, incluida la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien criticó la afinidad del Gobierno colombiano con el régimen venezolano. En respuesta, escribió en su cuenta de X: “Caramba Petro cada vez más Maduro”.

El partido Cambio Radical también reaccionó al nombramiento de Rosa Villavicencio como canciller encargada, criticando su perfil y trayectoria. A través de su cuenta oficial en X, cuestionaron el relevo en la Cancillería y lanzaron señalamientos sobre su postura política y formación.

“Cada vez que @PetroGustavo cambia un funcionario, llega uno peor. Pasamos de Laura Sarabia, que no pudo responder #PetroQueHicisteEnManta, a la nueva canciller Rosa Villavicencio, defensora de Maduro, anti Antioquia y no habla inglés”, dijeron.

Por otra parte, en marzo de 2013, tras conocerse la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, Rosa Villavicencio publicó un texto en el portal nuevatribuna.es, al que se refirió como “mi último artículo”, según sus propias palabras en ese momento.

En el texto la ahora canciller encargada dijo: “El difunto presidente reivindicó a los pobres y les otorgó la dignidad que no le dieron en 150 años los gobernantes anteriores. No era perfecto, cómo no lo ha sido nadie,y no resulta admisible que la prensa internacional, —defensora de ciertos intereses en América Latina— cuestione que gobernó 14 años”.

Sobre esta columna María Fernanda Cabal hizo otra publicación en la que dijo: “La nueva canciller de Petro. ¡Calculen! El amor de los socialistas por los genocidas dictadores es patológico. Ya estará alistando sus primeros acercamientos a Maduro para rendirle honores".

Por su parte el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero al respecto comentó lo siguiente: “La flamante canciller encargada de @petrogustavo es una admiradora de Chávez que el año pasado respaldó el grosero y violento robo electoral del dictador Maduro. En este gobierno las cosas siempre pueden empeorar”.

El abogado Abelardo De la Espriella también se pronunció sobre el nombramiento de Rosa Villavicencio, asociándolo con un posible alineamiento del Gobierno colombiano con el régimen venezolano. En un mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió sobre el rumbo político que, a su juicio, estaría tomando el país.

“Petro está trazando el camino para convertir a Colombia en otra Venezuela. Unidos, todos juntos, a través de un gran acuerdo ciudadano nacional y patriótico, defenderemos la Patria y detendremos al tirano”, escribió De La Espriella en una publicación de su cuenta de la red social X.

Otro aspecto que generó críticas en redes sociales fue la declaración de Rosa Villavicencio sobre su nivel de inglés, incluida en su hoja de vida publicada por la Presidencia en abril de 2025. Allí, la funcionaria —quien se desempeñó como coordinadora del programa ‘Colombia Nos Une’ de la Cancillería— indicó que tiene un dominio intermedio: comprende bien el idioma al leerlo, pero su nivel al escribirlo y hablarlo es limitado, según lo informado por revista Semana.

La resolución 60474, suscrita por el ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, representa quizá el hito más negativo en la Fuerza Armada de los últimos tiempos, con la decisión de Nicolás Maduro de ascender al primer general de Brigada técnico en la Fuerza Armada de Venezuela, específicamente en la Aviación Militar, causando un rechazo silencioso en los oficiales de comando, uno de los cuales le dijo a Infobae “están regresando la institución a una montonera”.

El mes de julio es la época de ascensos, cambios militares y la celebración del 5 de Julio de 1811, Declaración de la Independencia de Venezuela. Este año en los ascensos resalta el del grado de general de Brigada en la categoría “técnico” de Fidel Ernesto Hernández Figueroa, el primero de los oficiales técnicos en llegar al generalato.

La Ley Constitucional, que fue aprobada por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 2017, establece, en la cuarta de las disposiciones transitorias y finales que el ascenso a generales de Brigada y de División “para el Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010”.

Un alto oficial de la Aviación, en conversación con Infobae, revela lo que considera “una bofetada al mancillar el grado de General” porque el ahora general de Brigada Hernández Figueroa es egresado de la Escuela Técnica de la FAV en el año 1993. “Tiene 32 años de servicio”.

Explica que Hernández es ingeniero de vuelo de C-130, de manera que “la Fuerza Aérea perdió un técnico y ganó un general, que no ayuda en nada a la institución. Es una irresponsabilidad de los otros 3 SOPC que lo ascendieron”.

Indignado el general expresa que “la cúpula militar permite esta aberración, que solo logrará que ese oficial técnico, Fidel Hernández, sea rechazado por sus compañeros y por los oficiales generales egresados de los institutos de formación de oficiales, porque está claro que lo que se busca es desmoralizar a la Fuerza Armada”.

El general que habló con Infobae dice que “una de las decisiones más perversas que tomó el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue haber homologado la antigüedad de los SOPC (Suboficiales Profesionales de Carrera) en vez de haberlo hecho sobre los sueldos”.

General de tablitas

“De ahí sobrevino la repartición de grados, relajando la disciplina y subordinación entre los Oficiales graduados en las Escuelas Militares, ahora llamados Oficiales de Comando, y los entonces Sub-Oficiales que ahora llaman Oficiales técnicos”, dice lamentando el antecedente que está lesionando a la institución castrense.

A su juicio, lo que buscan quienes están en el poder político y militar en Venezuela es “seguir destruyendo la majestad del generalato. Porque si bien es cierto que la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, promulgada en el 2020, por la ilegal Asamblea Constituyente, contempla el ascenso para General de Brigada a los oficiales técnicos, es solo aplicable para los oficiales técnicos graduados a partir del 2010”.

Destacó que oyó a un oficial utilizar para casos como este la expresión “general de tablitas” como término coloquial y despectivo “usa principalmente en algunos países de América Latina, como el caso de Venezuela, para referirse a un militar que ha alcanzado un alto rango, pero no por méritos reales o experiencia en combate, sino más bien por favores políticos, influencias, lealtades partidistas o corrupción interna”.

“Se le llama ‘tablitas’ como referencia a las insignias o charreteras que llevan los militares en el uniforme para mostrar su rango. Así que un ‘general de tablitas’ es alguien que tiene el uniforme y las insignias, pero no el respeto o la trayectoria real que justifique su rango”.

“Es similar en sentido al uso del término ‘general de escritorio’, que se refiere a un alto oficial que no ha estado en combate, pero ocupa un cargo alto en la jerarquía”.

Los méritos

Un divisionario de la Aviación, en situación de retiro, le dijo a Infobae que en su caso para General de Brigada, “no solo egresé de la Academia Militar, la Escuela de Aviación Militar, también demostré cualidades de mando y conducción, planificación de operaciones y destacar en cursos, tanto en Venezuela como en el exterior”.

“Fui director de línea de grandes unidades de combate, estado mayores, cursos de auxiliar de Estado Mayor, básico de Estado Mayor y de Estado Mayor, comandante de brigadas”.

En una fuerza militar, “un general es un oficial de alto rango que dirige unidades militares más grandes que un regimiento, como brigadas, divisiones, cuerpos de ejército, o incluso ejércitos completos o grupos de ejércitos. Son los líderes estratégicos y tácticos de la Fuerza Armada, responsables de la dirección y supervisión de las operaciones militares y estrategias”.

Expresa que lamentablemente en Venezuela “ya no existe ni Fuerza Armada ni Institución Armada ni nada que se le asemeje. Es un cuerpo amorfo de agentes políticos uniformados, que los obligan al proselitismo forzado, que los vigilan, controlan y persiguen”.Agrega que “les dan con un palo a los que piensan y una chapa a los sapos y mediocres, solo por ser serviles canallas y arrastrados. Ellos violan la propia Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que es en sí misma inconstitucional”.

La decisión de Chávez de convertir en oficiales técnicos a los suboficiales trajo “consecuencias graves principalmente a la Aviación. Fuga de plataforma tecnológica de mano de obra calificada para las líneas de vuelo, para los talleres de mantenimiento, para la organización”.

Asevera que fueron “soluciones simplistas y nefastas, sacar a los recién oficiales técnicos de la Aviación, ya que se generaron conflictos fuertes de disciplina en las unidades. La aviación fue todo un desastre en el manejo y gestión de ese aspecto”.

Responsabiliza a quienes debieron asesorar apropiadamente al entonces presidente Hugo Chávez “por culpa de ese Alto Mando que no hizo su trabajo ocupándose de asesorar al presidente, que siendo militar entendería mucho más la situación y así evitar todo lo que ocurrió después”, dice el general en retiro.

“Vi oleadas de recién oficiales técnicos que la Aviación sacó de las unidades de vuelo y logísticas, para ponerlos a la orden del Comando Estratégico Operacional (CEO) en las recientemente creadas Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI)”.

Es así como “un suboficial, acostumbrado a trabajar en su línea de vuelo, en su taller de mantenimiento, servicio logístico, casi al lado de su casa, saliendo del trabajo antes de las 5 de la tarde, cuando no tenía una comisión especial o servicio de guardia, fue enviado a una REDI en otra región, pues pide la baja y se va con sus más de 15 años de servicio, su porcentaje de pensiones y su estrella. Eso fue lo que ocurrió”, finaliza diciendo

El presidente de la República, Gustavo Petro, arribó el domingo 29 de junio a Sevilla (España) donde tiene programado participar en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4) que convocó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Como son varios los jefes de Estado los que están presentes en el país europeo, el rey Felipe VI de España y su esposa Letizia ofrecieron una cena en el histórico Palacio Real del Alcázar sevillano en una recepción protocolaria.

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En la entrada del emblemático lugar estaban los monarcas ibéricos como anfitriones recibiendo a los mandatarios, y cuando llegó Petro saludó de mano al monarca ibérico y luego intentó darle un beso en la mejilla a la reina consorte, algo que no está permitido dentro de las normas para ese tipo de eventos con la realeza, por lo que Letizia rápidamente lo detuvo y mantuvo la debida distancia, saludándolo solo con un estrechón de manos, para luego hacerlo quedar en medio de la pareja real y tomarse la fotografía oficial del evento.

Por supuesto, en las redes sociales no perdonaron ese acercamiento, no protocolario, que muchos calificaron de ridículo internacional, y que, además, compararon con un traspié similar que protagonizó el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante una gira en Europa con la también fallecida reina Isabel II de Reino Unido.

Se trató de un viaje que realizó el otrora mandatario del hermano país en 2001, durante su primer periodo, y en ese recorrido llegó a Londres, donde se reunió en el palacio de Buckingham con la monarca británica, a la que luego de estrecharle la mano, le abrió los brazos para ofrecerle un abrazo, que ella rechazó y, como pasó con Letizia, mantuvo la debida distancia de Chávez, según recogieron de ese momento en el periódico El Espectador.

“Es un gran honor tomar su mano, su majestad”, le dijo Chávez en esa ocasión, para luego ofrecerle el caluroso acercamiento, que Isabel II rechazó para decirle de amable manera: “Es muy agradable verlo aquí”.

Recientemente a Petro lo compararon con Chávez, luego de que el pasado 1° de mayo el mandatario empuñara una de las espadas originales de Simón Bolívar en un acto en la plaza homónima en el centro histórico de la Bogotá, donde anunció que radicaría la controversial consulta popular que no le aprobaron en el Senado de la República.

El venezolano había hecho lo mismo con otra de las espadas originales del Libertador en 2010, cuando ya se había enquistado en el poder y los estudiantes universitarios llevaban a cabo multitudinarias protestas en contra del naciente régimen que tiene sometido al país vecino.

Llegada de Petro a Sevilla

Petro llegó en la mañana del mismo domingo al aeropuerto internacional Sevilla-San Pablo, para luego desplazarse hasta el Palacio Real del Alcázar, lugar en el que compartió la primera de las dos cenas oficiales con el rey Felipe VI y los demás jefes de Estado que participarán en la FFD4.

El foro, programado para este lunes 30 de junio, reunirá a presidentes, jefaturas de gobierno, directivos de instituciones multilaterales, voces del sector privado y representantes de la sociedad civil. Su propósito será repensar el sistema global de financiamiento e impulsar opciones más justas y viables para respaldar el desarrollo internacional.

Al iniciar las actividades oficiales en España, el presidente Petro recibió de Carmen Cecilia Caballero Villa, líder de Procolombia —la agencia dedicada a promover el turismo, la inversión foránea, las exportaciones no minero-energéticas y la imagen internacional de Colombia—, la estatuilla del León de Oro lograda por el país en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions 2025.

Este premio representa la distinción más alta que concede el evento a las propuestas más originales y creativas a escala mundial. En esta edición, Colombia también sumó un León de Plata y un León de Bronce a su palmarés.

El ex director de la inteligencia militar venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal, se declaró culpable el miércoles de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal federal estadounidense, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Carvajal, de 65 años, que en su día fue una de las figuras más poderosas del gobierno venezolano, se declaró culpable de cuatro cargos penales, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

“La realidad profundamente preocupante es que hay poderosos funcionarios de gobiernos extranjeros que conspiran para inundar Estados Unidos con drogas que matan y debilitan”, declaró en un comunicado Jay Clayton, fiscal federal interino de Manhattan.

“Hugo Armando Carvajal Barrios se aprovechó de su cargo de director de la inteligencia militar venezolana y abandonó su responsabilidad ante el pueblo de Venezuela para causar intencionadamente un daño a Estados Unidos”, declaró Robert Murphy, Administrador en funciones de la DEA. “Tras años tratando de eludir la acción de la ley, Carvajal Barrios pasará ahora probablemente el resto de su vida en una prisión federal. Como se ha puesto de manifiesto en este caso, la DEA perseguirá implacablemente a cualquiera que utilice la violencia, las drogas y la intimidación para comprometer la seguridad de los Estados Unidos”.

Uno de los coacusados en este caso ya ha sido condenado. Cliver Antonio Alcalá Cordones fue sentenciado a una pena de 260 meses de prisión tras declararse culpable de proporcionar apoyo material, incluidas armas de fuego, a las FARC.

La investigación sobre Carvajal fue conducida por agencias estadounidenses de seguridad y control de drogas, que lo vincularon con redes del Cartel de los Soles y organizaciones armadas en Colombia. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos grupos conspiraron para exportar grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos durante más de una década.

“El Cartel de Los Soles no sólo pretendía enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también ‘inundar’ Estados Unidos de cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores estadounidenses. Para lograr estos objetivos, los líderes del Cartel de Los Soles se asociaron con los líderes de las FARC, una violenta organización terrorista con sede en Colombia dedicada al derrocamiento del gobierno colombiano, responsable de la producción y distribución de la mayor parte de la cocaína que llegaba a Estados Unidos”, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La misiva agregó que Carvajal “ocupó múltiples cargos de confianza pública en Venezuela que explotó para beneficiar al Cartel de Los Soles, incluido el de director de la DIM entre aproximadamente 2004 y 2011, y de nuevo en 2013. Aprovechó ese cargo para traficar ilegalmente con estupefacientes y apoyar a sus socios narcotraficantes, incluidas las FARC”.

“En 2006 o alrededor de ese año, por ejemplo, Carvajal Barrios se coordinó con otros miembros del Cartel de Los Soles para despachar un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela en un avión DC-9 con matrícula estadounidense. El avión partió de Venezuela y aterrizó en México, donde las autoridades mexicanas incautaron las 5,6 toneladas de cocaína a su llegada”, detalló el comunicado.

En tanto, el Departamento de Justicia concluyó: “Para llevar a cabo la distribución de cocaína a esta escala masiva, Carvajal Barrios aceptó millones de dólares de los narcotraficantes. Además, participó en actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos, para facilitar el tráfico de cocaína y proteger a sus cómplices”.

Carvajal fue extraditado desde España en julio de 2023, tras años de disputas legales para evitar su traslado a territorio estadounidense. La sentencia definitiva será determinada próximamente por el tribunal federal de Manhattan.

El ex ministro de Finanzas de Venezuela Rodrigo Cabezas fue detenido este jueves en Maracaibo, estado Zulia, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. De acuerdo con esta organización, la aprehensión ocurrió luego de que se le ordenara presentarse en una oficina de la estatal Corpoelec, tras un corte de electricidad en su domicilio.

En un comunicado publicado en la red social X, el Comité señaló que fuentes cercanas al ex funcionario informaron que, antes de la detención, se interrumpió el suministro eléctrico en su residencia. Posteriormente, Cabezas fue citado a la sede de Corpoelec en el sector Las Delicias de Maracaibo, donde fue arrestado. Según la ONG, el ex ministro alcanzó a comunicarse telefónicamente para informar de su detención.

“Su detención representa una grave violación a sus derechos fundamentales y refleja la creciente persecución contra voces disidentes en el país”, denunció el Comité. La organización exigió que se garantice la integridad física de Cabezas, su derecho a comunicarse con familiares y abogados, y el respeto al debido proceso “como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.

“Demandamos su liberación inmediata, el respeto a sus garantías fundamentales y el cese de la criminalización del pensamiento crítico en Venezuela”, agregó la ONG.

Rodrigo Cabezas, profesor de economía en la Universidad del Zulia (LUZ), fue ministro de Finanzas entre 2007 y 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez. Integró la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2017, año en que comenzó a criticar públicamente al régimen de Nicolás Maduro.

En el ciclo electoral más reciente, Cabezas apoyó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, a quien respaldó públicamente en artículos de opinión. Días antes de los comicios, publicó un texto en el medio digital La Patilla en el que afirmaba que la revolución bolivariana “resultó en una frustración en su oferta de justicia para los oprimidos; no creó riqueza ni desarrollo para el bienestar de sus mayorías y vapuleó los sueños éticos y de más libertad”.

Cabezas también integra el movimiento Zulia Humana, junto al diputado regional Eduardo Labrador, quien fue detenido en octubre. Desde entonces, la organización ha denunciado una serie de acciones represivas contra dirigentes opositores y ex miembros del chavismo que se han distanciado de la dictadura.

La detención provocó reacciones de rechazo entre dirigentes políticos y defensores de derechos humanos. “Nuevamente se usan los organismos de seguridad para perseguir, encarcelar y violar todos los derechos humanos”, escribió el dirigente Henrique Capriles en X. “¿De qué se le acusa? ¿Haber militado en sus filas y hoy ser disidente del Gobierno es delito?”.

El ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, afirmó en la misma red social: “La represión no cesa, en todas direcciones. Nadie está a salvo”. Por su parte, el ex alcalde Carlos Ocariz escribió que Cabezas “ha sido crítico de la gestión del Gobierno de Nicolás Maduro y ahora le pasan esa factura de esta forma”.

También el ex diputado Carlos Valero se pronunció: “Lo de Rodrigo Cabezas es inaceptable. Basta”.

Hasta el momento, el régimen venezolano no ha informado oficialmente sobre los motivos de la detención ni el estado actual del exministro. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos mantiene la exigencia de su liberación inmediata y reitera que el arresto constituye una violación directa a los derechos establecidos en la legislación nacional e internacional.

(Con información de EFE)

Caracas, 1 jun (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela retomó la ruta de la abstención al decidir no participar en los comicios regionales y legislativos del pasado 25 de mayo, tal como lo hizo hace 20 años, cuando se retiró de la contienda para elegir diputados, aunque esta vez en un escenario en el que cuestiona la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.

"Cuando el adversario se retira del campo, del terreno, uno avanza y toma el terreno y lo ejerce", dijo Maduro tras las votaciones de hace una semana, en las que solo participó un grupo de opositores que desoyó la directriz de la mayoría antichavista, arropada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que encabezan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Maduro trajo a colación lo ocurrido en 2005, cuando, aseguró, la oposición llamó "a abstención total".

"Y bueno -agregó el líder chavista-, nos regalaron la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y la Asamblea Nacional 2005-2010 fue la más fructífera que hubo".

Hace 20 años, el chavismo tomó las 167 curules del Parlamento ante la retirada completa de los principales partidos opositores, que expresaban desconfianza en el sistema de votación.

Esta vez, la PUD rechazó acudir a estos comicios al denunciar fraude en las presidenciales de julio del año pasado, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario, de la que aún no se difunden los resultados desagregados. El antichavismo insiste en que el ganador fue su candidato, González Urrutia.

Machado y González Urrutia ven en la abstención del 25 de mayo un "acto de dignidad".

La exdiputada consideró la abstención como una cuarta "victoria" de la oposición, luego de las primarias de 2023, de la que describió como "aplastante" elección de González Urrutia como -afirmó- "presidente" en 2024 y de la denominada 'Operación Guacamaya', en alusión a la salida del país este mes de cinco antichavistas que estuvieron refugiados, desde marzo del año pasado, en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.

Pese al llamado mayoritario, un grupo opositor se desligó de la PUD y se postuló en las votaciones del 25 de mayo, en las que logró 11 diputados al Parlamento frente a los 253 de 285 con los que se quedó el oficialismo.

Al respecto, el politólogo y subdirector del Centro Gumilla, Piero Trepiccione, dijo a EFE que los escenarios 2005-2025 son "muy distintos".

"En aquel momento, las fuerzas que respaldaban políticamente a quienes ostentan el poder en Venezuela tenían muchísimo apoyo popular, controlaban la opinión pública venezolana, tenían respaldos superiores, incluso, al 60 %, el ambiente de polarización era mucho mayor, más crispado, más duro", describió.

A su juicio, el país estaba en el proceso de consolidación del "hiperliderazgo" del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) y la oposición "estaba tratando de comprender esa dinámica, esas nuevas dinámicas de poder que surgieron en el país a partir de 1999, con la victoria electoral de Hugo Chávez".

"Por supuesto -opinó este experto-, que fue una decisión que (con) el tiempo demostró ser un error, porque efectivamente no se pudo obtener una participación mínima que hubiese sido importante en aquel momento y que hubiese servido de tribuna para los contrapesos institucionales necesarios".

Y esa no fue la única vez. El antichavismo también se retiró de las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, con las que el oficialismo retomó la mayoría de la Cámara luego de haberla perdido en 2015.

Para el quinquenio 2026-2031, el chavismo aseguró, además de la mayoría parlamentaria, 23 de 24 gobernaciones en el país.

Trepiccione considera que el antichavismo mayoritario cuenta, en materia de liderazgo, con un "gran referente" en la figura de Machado, pero "ha caído nuevamente en un proceso de fragmentación y de dispersión bastante grave".

Por eso, cree necesario un proceso de reorganización, reestructuración y de reencuentro "en función de recuperar posicionamiento en el territorio" y aprovechar "esas grandes expectativas que hay en el país".

"Si la oposición logra articular fuerzas, realinearse con ese deseo de cambio, darle direccionalidad política a ese deseo de cambio; sin duda alguna, rápidamente se puede volver a convertir en un contrapeso importante en el proceso político que se vive en el país", añadió.

El politólogo aclara que la discusión debe ir más allá de unos comicios. "Aquí el tema es cómo unificar una estrategia, cómo construir una estrategia conjunta y cómo no caer en la provocación de la fragmentación", reflexionó.EFE

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"Nosotros venimos a reconstruir el Zulia, nosotros venimos a unir, nosotros venimos a gobernar con la gente", dijo Caldera en un acto local de proclamación de los candidatos electos en las votaciones de este domingo, que fue transmitido por la estatal venezolana de Televisión (VTV).

Con su victoria frente a Rosales, Caldera consideró que la región "cierra un ciclo" y comienza otro.

"Iniciamos el capítulo del Zulia bueno, del Zulia grande, del Zulia próspero", añadió.

Según el chavista, la "reconstrucción" que propone supondrá "un proceso largo", pero -prometió- se "verán resultados".

Conforme a los resultados anunciados este domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo gobernará en 23 de 24 regiones del país, entre ellas el Esequibo, el territorio que Caracas disputa con Guyana.

El chavismo no solo repite en los 19 estados que ganó en los comicios regionales de 2021, sino que recuperó tres regiones, dos de ellas estratégicas, (Zulia y la turística Nueva Esparta) y la otra con un significado simbólico, Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

En las votaciones del domingo, el oficialismo obtuvo igualmente 253 de 282 escaños de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que ya controlaba desde 2021 y en donde todavía falta por definir tres diputados indígenas, que se escogerán el próximo 1 de junio.

Este lunes, el antichavista Rosales afirmó que se mantendrá en la "ruta electoral", luego de perder el cargo en el Zulia, deseó suerte a Caldera y dijo que le dejará el estado en "total recuperación". EFE

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"Desde la Asamblea Nacional, nosotros nos comprometemos y garantizamos que vamos a apoyar al Gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, en todas sus políticas nacionales, en función del desarrollo del país, en función de dar respuestas al pueblo", dijo tras el acto de proclamación y adjudicación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas.

En ese sentido, la expresidenta del Parlamento aseguró que Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer sexenio consecutivo en el poder tras su cuestionada reelección en 2024, va a "tener ese apoyo de la Asamblea Nacional" que, además, trabajará por la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación y de la dignidad del pueblo venezolano, según Flores.

La funcionaria adelantó que la propuesta de su esposo para reformar la Constitución, vigente desde 1999 e impulsada por el fallecido mandatario Hugo Chávez, tendrá "todo el apoyo" del Parlamento, que seguirá bajo el dominio del oficialismo, tras obtener en los comicios del domingo 253 de los 282 cargos adjudicados para el Parlamento del periodo 2026-2031.

Este mes vencía el plazo de 90 días dado por Maduro el pasado febrero para elaborar un proyecto de reforma constitucional, de lo que está encargada una comisión encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab.

Sin embargo, el pasado domingo, el jefe de Estado dijo que el proyecto será entregado en enero próximo, cuando comience la nueva legislatura, con el fin de que haya "un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo".

De momento, se conoce que uno de los puntos que estarán incluidos en la propuesta de reforma será la "amplia" incorporación del denominado "poder comunal", para un total de "cuatro instancias de poder", además de nacional, regional y municipal, según el Gobierno. EFE

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Adán Coromoto Chávez Frías, respaldado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y una docena de formaciones, se enfrentó a un grupo de candidatos en el que destaca el opositor Sergio Garrido, actual gobernador, quien venció en enero de 2022 al excanciller y exyerno de Hugo Chávez, Jorge Arreaza, en unos comicios repetidos por orden del Supremo.

Con 72 años de edad, Adán Chávez regresa a la silla principal de la Gobernación de Barinas, que ocupó durante casi una década, entre 2008 y 2017, tras lo que entró su hermano Argenis, hasta 2021, cuando renunció.

Adán, actual rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), gobernará nuevamente, durante los próximos cuatro años, la región que lo vio nacer el 11 de abril de 1953, en Sabaneta.

Físico de carrera, se relacionó con movimientos de izquierda en Venezuela desde joven, y entró en la administración pública venezolana con el ascenso de su hermano al poder, en 1999, cuando fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la carta magna vigente, aprobada en diciembre de ese año en un referendo.

Un lustro después, su hermano lo envió como embajador a Cuba, uno de los principales aliados de Caracas y donde estuvo un par de años, aunque luego, con el mandatario Nicolás Maduro en el poder, repitió, desde 2019 hasta 2023.

También ocupó varios cargos como ministro, entre ellos el de Educación, de 2007 a 2008, y el de Cultura a partir de enero de 2017 y por un lapso de solo cinco meses.

Tras la muerte de su hermano Hugo, en 2013, se ha dedicado también a mantener vivo el recuerdo y legado del fallecido gobernante, lo que hizo en el programa 'La voz de Chávez', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde resaltaba distintas facetas del llamado también "líder de la revolución bolivariana" y "comandante eterno".

El próximo gobernador de Barinas fue sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017, por su papel en "la ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente (ANC) creada ese año.

También fue sancionado por el Gobierno canadiense.

En junio de 2018, Adán Chávez dijo estar seguro de que EE.UU. asesinó a su hermano Hugo, que murió el 5 de marzo de 2013 tras sufrir de cáncer.

"A Chávez nos lo mataron, en algún momento podremos comprobarlo, ahora no tenemos pruebas suficientes pero hay evidencias, hay elementos y yo particularmente no lo dudo que el imperio mató a Chávez", dijo entonces ante la ANC.

En medio de su reciente campaña electoral para la Gobernación de Barinas, el ahora vencedor vaticinaba para la región un "renacer bolivariano" con "Chávez en el alma".

"Barinas volverá a Chávez", afirmó, y a partir de este domingo, es un hecho. EFE

"Felicitamos al Gobierno y Pueblo bolivariano y chavista de Venezuela por la exitosa jornada electoral, en la que prevaleció la paz y la voluntad de avanzar juntos, pese al contexto adverso de medidas coercitivas unilaterales y agresiones de EE.UU.", expresó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

La Habana y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

El CNE, afín al chavismo, anunció este domingo, de forma "irreversible", que el PSUV, dirigido por el mandatario Nicolás Maduro, ganó en 23 de 24 regiones, incluida la denominada Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana y que Caracas considera su estado número 24.

También informó de que el oficialismo consiguió, con una "tendencia irreversible", 40 de los 50 cargos "de listas de adjudicación nacional" para la Asamblea Nacional.

Según el CNE, la participación en el evento fue del 42,63 % del total de electores, un porcentaje que los opositores cuestionan. EFE

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"En estas tierras nuestra americanas, el triunfo de Venezuela hoy es nuestro triunfo. Celebramos con inmensa alegría esta nueva victoria en las campañas de soberanía, dignidad, y derechos de nuestros pueblos", escribieron Ortega y Murillo en un mensaje dirigido al Gobierno de Venezuela.

"Vivimos un nuevo tiempo y muchos nuevos días en el avance del trabajo, la seguridad, la paz y el bienestar de ese pueblo heroico y luchador", continuaron.

La pareja presidencial nicaragüense dijo que "el espíritu infinito del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, alienta, anima, ilumina y fortalece estos caminos de esperanza, fe y merecidos triunfos".

El CNE, afín al chavismo, anunció de forma "irreversible" que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido por el mandatario Nicolás Maduro, ganó en 23 de los 24 estados, cuando en los anteriores comicios regionales, celebrados en 2021, había vencido en 19, aunque entonces no existía la hoy llamada Guayana Esequiba.

Estos resultados fueron anunciados por el CNE con "una trasmisión correspondiente al 93,01 % de las mesas electorales", un total de 27.713 distribuidas en 15.736 centros de votación en todo el país, cuyo cierre, previsto inicialmente para las 18:00 hora local (22:00 GMT), fue extendido debido a que había "todavía muchos" electores, según el organismo comicial, que no informó luego sobre el fin de la jornada.

Por otra parte, el CNE anunció que el chavismo consiguió con una "tendencia irreversible" 40 de los 50 cargos "de listas de adjudicación nacional" para la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), y señaló que el oficialista Jorge Rodríguez, actual presidente del Legislativo, fue reelegido como diputado, mientras que el opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles obtuvo un escaño.

Tras el anuncio de los resultados, Maduro encabezó un acto en Caracas durante el que afirmó que, a pesar de "bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia", el chavismo está "más vigente y más fuerte que nunca".

En cambio, según la líder antichavista María Corina Machado, más del 85 % de los venezolanos "desobedeció" y no votó en los comicios, lo que calificó como una nueva derrota para el "régimen criminal" de Maduro. EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha felicitado este lunes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por la victoria de la alianza oficialista en las elecciones legislativas y regionales celebradas el domingo, un resultado que según el mandatario nicaragüense refleja la "defensa de la soberanía".

"En estas tierras nuestramericanas, el triunfo de Venezuela hoy es nuestro triunfo. Celebramos con inmensa alegría esta nueva victoria en las campañas de soberanía, dignidad y derechos de nuestros pueblos", han aseverado Ortega y su mujer, la copresidenta del país Rosario Murillo, en un comunicado.

Así, han destacado la defensa de la "soberanía y dignidad" en el marco de los comicios y han aludido al "buen trabajo realizado por Maduro" y "por el pueblo venezolano". "El espíritu infinito del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, alienta, anima, ilumina y fortalece estos caminos de esperanza, Fe y merecidos triunfos", recoge el texto.

Horas antes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha anunciado que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) se ha hecho con el 82,68 por ciento de los apoyos en las elecciones legislativas, por lo que se han hecho con al menos 40 escaños del total de 50 en disputa. Asimismo, la alianza oficialista se ha hecho con 23 de las 24 gobernaciones que estaban en juego en los comicios.

Caracas, 26 may (EFE).- El chavismo elevó su poder territorial en Venezuela tras las elecciones celebradas este domingo, al sumar tres regiones a su dominio, además de la Guayana Esequiba, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana y que Caracas considera su estado número 24.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, anunció de forma "irreversible" que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido por el mandatario Nicolás Maduro, ganó en 23 de los 24 estados, cuando en los anteriores comicios regionales, celebrados en 2021, había vencido en 19, aunque entonces no existía la hoy llamada Guayana Esequiba.

El PSUV recupera el estado Barinas (oeste), cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), así como el petrolero Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y la región insular de Nueva Esparta, a la que pertenece la turística isla de Margarita.

El único territorio sin tinta roja es Cojedes (oeste), donde el actual gobernador, el opositor Alberto Galíndez, ha resultado reelegido.

Estos resultados fueron anunciados por el CNE con "una trasmisión correspondiente al 93,01 % de las mesas electorales", un total de 27.713 distribuidas en 15.736 centros de votación en todo el país, cuyo cierre, previsto inicialmente para las 18.00 hora local (22.00 GMT), fue extendido debido a que había "todavía muchos" electores, según el organismo comicial, que no informó luego sobre el fin de la jornada.

Por otra parte, el CNE anunció que el chavismo consiguió con una "tendencia irreversible" 40 de los 50 cargos "de listas de adjudicación nacional" para la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), y señaló que el oficialista Jorge Rodríguez, actual presidente del Legislativo, fue reelegido como diputado, mientras que el opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles obtuvo un escaño.

Tras el anuncio de los resultados, Maduro encabezó un acto en Caracas durante el que afirmó que, a pesar de "bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia", el chavismo está "más vigente y más fuerte que nunca".

En cambio, según la líder antichavista María Corina Machado, más del 85 % de los venezolanos "desobedeció" y no votó en los comicios, lo que calificó como una nueva derrota para el "régimen criminal" de Maduro.

En un vídeo difundido en X, la exdiputada llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a "abrir el camino a la transición, en orden y con seguridad", al reiterar que el vencedor en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue Edmundo González Urrutia y no Maduro, proclamado ganador por el CNE, que aún no ha publicado los resultados desglosados de este proceso.

Por su parte, González Urrutia, exiliado en España, dijo que hoy el mundo ha visto "un acto de coraje cívico" y "una declaración silenciosa, pero contundente, de que el deseo de cambio, dignidad y futuro sigue intacto".

"El 28 de julio (de 2024), el régimen quedó al descubierto. Eligió aferrarse al autoritarismo, y para sostenerse, recurre al terrorismo de Estado", agregó el exembajador.

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) felicitó, a través de un comunicado, a los venezolanos que "no se prestaron para la farsa electoral del régimen" y respondieron "con centros vacíos y conciencia firme".

"Gracias a quienes resistieron el miedo y la manipulación. Seguimos luchando por la libertad de Juan Pablo Guanipa, de todos los presos políticos", dijo, en referencia al exdiputado detenido el viernes por un presunto plan para "boicotear" estos comicios, lo que rechaza la oposición.

Durante toda la jornada distintos partidos y miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora, que rechazó estos comicios- publicaban numerosas fotografías en redes sociales de centros de votación vacíos en Caracas y distintas regiones del país, una imagen que contrasta con la masiva participación que hubo en las presidenciales pasadas.

EFE constató durante el domingo poca afluencia en una decena de centros en el estado Miranda (norte) y en Caracas, entre ellos, uno de los más importantes de la capital, el liceo Andrés Bello, en el municipio chavista de Libertador, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos.

Una excepción fue el liceo Fermín Toro, cercano al Palacio de Miraflores -sede del Gobierno-, donde hubo temprano una cola de decenas de funcionarios de la Guardia de Honor -organismo militar encargado de la seguridad presidencial- y de cuerpos de seguridad.

En Maracaibo, capital del Zulia, donde el gobernador opositor Manuel Rosales buscaba la reelección, ocho de los diez centros recorridos por EFE estaban vacíos y los otros dos con muy poca cantidad de votantes.

Entretanto, en el municipio Sifontes de la región sureña de Bolívar, EFE constató que tampoco hubo colas en los centros electorales de los poblados que votaban por los 16 cargos para el estado Guayana Esequiba.

De hecho, miembros de partidos dijeron que se registró una "baja participación".

En cambio, en zonas más apartadas y ocupadas por poblaciones indígenas, la presencia de electores fue superior, según confirmaron a EFE varios de los candidatos a la Gobernación del Esequibo, una región que administra Guyana.EFE

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"Después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana (el chavismo) que está más vigente y más fuerte que nunca, hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI", dijo en un acto en Caracas.

El mandatario, quien juró en enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, destacó la "impresionante" victoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Zulia (noroeste) y la "recuperación" de Barinas (oeste), la cuna del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013). EFE

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Caracas, 25 may (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en julio del año pasado, dijo este domingo que el proyecto de reforma constitucional será entregado en enero próximo cuando comience el periodo 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

"He hablado con la comisión de reforma constitucional y hemos acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo para entregar en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional", señaló el mandatario luego de votar en los comicios regionales y legislativos, en Caracas.

En febrero pasado, Maduro dio 90 días a una comisión encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, para debatir y elaborar un proyecto definitivo de reforma de la Constitución, vigente desde 1999.

Durante una sesión extraordinaria del Legislativo, Maduro instó entonces a la "comisión nacional incluyente" a llevar a cabo un "debate amplio" con los distintos sectores y escuchar a "todo el país", con el fin de elaborar una propuesta "bella y perfecta" que sería presentada "definitivamente" dentro de 90 días, que vencían este mes de mayo.

Maduro explicó en ese momento que se plantea incluir "ampliamente" el "poder comunal", para un total de "cuatro instancias de poder", además de nacional, regional y municipal, así como construir una nueva sociedad "sobre las bases de los principios de la paz".

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, señaló, en un comunicado, que la misión de la comisión es la de recoger la "mayor cantidad de propuestas y de dialogar con el mayor número de sectores" para que el proceso de reforma sea lo "más inclusivo posible y contenga las propuestas que el país como un todo reclama para la actualización y mejora de la Constitución de 1999".

En ese sentido, informó que las consultas se extenderán hasta finales de este año para presentar el proyecto de reforma en la nueva legislatura, que se instalará el 5 de enero de 2026.

La actual Constitución, de cuya redacción se encargó una Asamblea Constituyente convocada mediante referéndum por Hugo Chávez (1999-2013), se aprobó, tras una consulta, el 15 de diciembre de 1999, con un 71 % de los votos a favor, en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural en el norte del país.

El 30 de julio de 2017, en medio de unas controvertidas elecciones, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no redactó una nueva Constitución ni reformó la vigente, pese a que esa era su finalidad al conformarse, sino que tomó las funciones del Legislativo oficial -entonces de mayoría opositora- hasta diciembre de 2020, cuando fue disuelta, al recuperar el chavismo el Parlamento.EFE

"He hablado con la comisión de reforma constitucional y hemos acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo para entregarle en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional", señaló el mandatario luego de votar en los comicios regionales y legislativos, en Caracas.

En febrero pasado, Maduro dio 90 días a una comisión encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, para debatir y elaborar un proyecto definitivo de reforma de la Constitución, vigente desde 1999.

Durante una sesión extraordinaria del Legislativo, Maduro instó entonces a la "comisión nacional incluyente" a llevar a cabo un "debate amplio" con los distintos sectores y escuchar a "todo el país", con el fin de elaborar una propuesta "bella y perfecta" que sería presentada "definitivamente" dentro de 90 días, que vencían este mes de mayo.

Maduro explicó en ese momento que se plantea incluir "ampliamente" el "poder comunal", para un total de "cuatro instancias de poder", además de nacional, regional y municipal, así como construir una nueva sociedad "sobre las bases de los principios de la paz".

La actual Constitución, de cuya redacción se encargó una Asamblea Constituyente convocada mediante referéndum por Hugo Chávez (1999-2013), se aprobó, tras una consulta, el 15 de diciembre de 1999, con un 71 % de los votos a favor, en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural en el norte del país.

El 30 de julio de 2017, en medio de unas controvertidas elecciones, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no redactó una nueva Constitución ni reformó la vigente, pese a que esa era su finalidad al conformarse, sino que tomó las funciones del Legislativo oficial -entonces de mayoría opositora- hasta diciembre de 2020, cuando fue disuelta, al recuperar el chavismo el Parlamento. EFE

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Durante años, el chavismo logró sostenerse con mayoría en las urnas, pero ese dominio electoral se cimentó desde el inicio en la manipulación del aparato estatal y la represión sistemática contra voces disidentes. Hugo Chávez no solo fue un líder carismático: fue el principal artífice de un modelo autoritario que utilizó el descontento social de los años noventa como plataforma para instaurar un régimen que concentró poder, criminalizó la protesta y desmanteló instituciones democráticas.

En su última elección presidencial, en 2012, Chávez obtuvo más de 8,1 millones de votos, con una participación que superó el 80%, en un proceso ya marcado por serias desigualdades entre el oficialismo y la oposición.

Pero el mito del chavismo como fuerza de masas comenzó a desmoronarse con su muerte y se profundizó bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien heredó no solo el poder, sino también la represión como método de gobierno. A lo largo de su gestión, las denuncias por violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y persecución política se multiplicaron, y la desconexión con el pueblo quedó en evidencia en cada elección posterior. Hoy, los números ya no acompañan: el chavismo ha perdido más de la mitad de los votos que una vez lo sostuvieron y sobrevive apelando al control institucional, al miedo y al aparato represivo del Estado.

Cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013, heredó un país polarizado, pero aún movilizado. En su primera elección como candidato, ganó con 7.517.999 votos, apenas un punto por encima del opositor Henrique Capriles.

Desde entonces, el retroceso del chavismo se volvió estructural. El régimen, en vez de corregir los excesos del pasado, los profundizó: estatizaciones ineficientes, corrupción institucionalizada, criminalización de la disidencia, ataques a la prensa libre y un control absoluto de los poderes públicos.

La evolución del voto chavista retrata esa decadencia, según un análisis independiente de Votoscopio.com

• 2012 (Presidencial, Chávez): 8.184.383 votos
• 2013 (Presidencial, Maduro): 7.517.999 votos
• 2015 (Asamblea Nacional): 5.599.025 votos
• 2017 (Regionales): 5.688.551 votos
• 2018 (Presidencial, cuestionada): 6.288.430 votos
• 2020 (Asamblea Nacional, con alta abstención): 4.331.388 votos
• 2021 (Municipales y regionales): 4.070.169 votos
• 2024 (Presidencial): 3.316.142 votos*

*Con más del 83% de mesas escrutadas.

El descenso representa una pérdida de casi cinco millones de votos en doce años. Y eso, en un contexto donde el chavismo maneja todos los resortes del poder, incluyendo el árbitro electoral, los medios públicos, las milicias armadas y una red clientelar financiada con recursos del Estado.

Una parte de la erosión chavista se explica por la migración masiva. Desde 2015, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, empujados por la emergencia humanitaria.

Otros, dentro del país, han optado por el silencio, la abstención o el desinterés. La represión, las amenazas y la falta de garantías reales han debilitado la participación, pero incluso dentro de esas condiciones adversas, los números revelan un rechazo inapelable al régimen. Ni siquiera el aparato de control social —CLAP, carnet de la patria, bonificaciones estatales— ha sido suficiente para conservar fidelidad política.

Maduro ya no lidera un movimiento, sino una estructura autoritaria desgastada, con escaso margen de maniobra y sin fuerza real de convocatoria. En 2018, con una oposición parcialmente marginada, logró todavía reunir más de seis millones de votos. Pero en 2024, con condiciones similares —y aún más control sobre el proceso—, ni siquiera alcanzó los 3,5 millones.

El chavismo ha perdido sus bases tradicionales: sectores populares, trabajadores, sindicatos, comunidades indígenas. Su único núcleo de poder es hoy la cúpula militar, los organismos de inteligencia, los aliados extranjeros y las mafias que controlan negocios ilícitos en el Arco Minero y otras regiones del país.

La narrativa de la revolución quedó vaciada. El discurso de soberanía y justicia social no convence a quienes viven en un país donde el salario mínimo es inferior a 5 dólares mensuales, y donde los hospitales públicos carecen de insumos básicos.

La pérdida del respaldo popular del chavismo quedó al descubierto en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por múltiples denuncias de fraude, la inhabilitación arbitraria de candidatos opositores y fuertes restricciones para que los venezolanos en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del régimen, proclamó a Nicolás Maduro como ganador para un tercer mandato, tanto dentro como fuera del país numerosos sectores denunciaron que el verdadero triunfo correspondió a Edmundo González Urrutia.

Respaldado por la mayoría democrática y por la líder opositora María Corina Machado, González Urrutia se convirtió en la figura que canalizó el deseo de cambio de millones de venezolanos. A través de la publicación de más del 85% de las actas del CNE, se revelaron los resultados reales: Edmundo González Urrutia obtuvo 7.446.394 votos (67,05%), mientras que Nicolás Maduro solo alcanzó 3.386.215 votos (30,49%). Un resultado que la dictadura se negó a reconocer, profundizando así la crisis institucional y política que atraviesa Venezuela.

Las elecciones de 2024 expusieron un fenómeno irreversible: Maduro puede seguir en el poder, pero ya no puede simular respaldo popular. La farsa electoral, montada con reglas a medida, exclusiones y censura, no logró revertir el dato más incómodo para la dictadura: el pueblo dejó de acompañar al chavismo.

Ni el fraude técnico, ni las amenazas a empleados públicos, ni la propaganda masiva impidieron el desplome. El voto oficialista se redujo a una expresión mínima, que no representa la voluntad de una nación, sino el ocaso de un régimen que se sostiene sobre el miedo.

Lo dejó claro este miércoles el presidente Nicolás Maduro, quien vaticina "una de las más grandes victorias" del chavismo en "estos 26 años".

El considerado 'hijo' del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) y que juró en enero pasado para un tercer sexenio consecutivo en el poder tras su cuestionada reelección en 2024, también considera que el domingo le darán una "gigantesca lección a los violentos" de que "más nunca volverán al poder político de Venezuela", como suele referirse a los principales líderes de oposición.

Y es que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), bloque liderado por el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyo presidente es Maduro, va a por todas: "24 gobernaciones para seguir transformando, 285 diputados que defenderán la soberanía y 260 legisladores (regionales) que llevarán la voz" del pueblo, según ha anticipado esa formación.

Es decir, el control total de las regiones, sus consejos legislativos y el Parlamento unicameral, que recuperó en 2021, tras un lustro de dominio opositor.

El chavismo acude a las urnas nuevamente con una legitimidad cuestionada dentro y fuera del país tras los comicios presidenciales de julio pasado, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro, sin que hasta la fecha haya publicado los resultados desagregados que confirmen ese triunfo, tachado de "fraudulento" por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora.

Todo queda en familia

Para su misión de ampliar el poder, de la que se ha mostrado seguro en diferentes mítines ante la división de la oposición mayoritaria, el chavismo ha apostado por figuras de trayectoria y muy cercanas a Maduro, con el objetivo de convocar a los militantes y seguidores más fieles al partido a los centros de votación.

La primera dama, Cilia Flores, busca la reelección como parlamentaria, pese a que su participación en el Legislativo ha sido muy limitada, toda vez que su mayor tarea ha sido la de acompañar a Maduro en todos sus actos de Gobierno y en sus pocos viajes al exterior, principalmente, a países aliados como China y Rusia.

Flores ha estado desde los inicios de la llamada revolución bolivariana, como presidenta del Parlamento entre 2006 y 2011, y procuradora general entre 2012 y 2013, además de segunda vicepresidenta del PSUV, del 2009 al 2011.

Igualmente, Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual gobernante, también quiere repetir como diputado de la AN, donde ha formado parte de la Comisión de Finanzas y de la Comisión Especial de Diálogo con los Partidos para la Reforma de las Leyes Electorales.

Maduro Guerra también se desempeña como vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV, donde ha impulsado el acercamiento entre el Gobierno y distintas religiones, especialmente, la evangélica.

El funcionario, conocido también como 'Nicolasito', aseguró recientemente en un acto de campaña que, a partir del 5 de enero de 2026, cuando empieza la próxima legislatura, el Parlamento va a "profundizar la revolución bolivariana", en referencia al proyecto y movimiento político de Chávez.

Los fieles de la revolución

El actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también busca la reelección en estos comicios, en los que ha pedido a la ciudadanía participar para "repudiar" con votos a los "extremistas" y "fascistas", como suele llamar a la oposición.

Rodríguez, quien también ha sido presidente del CNE, ministro de Comunicación y alcalde de Caracas, cree que estos comicios son "una oportunidad estelar para la recuperación y consolidación del diálogo nacional".

En la lista de candidatos también lo acompaña Iris Varela, actual legisladora, quien propuso en noviembre pasado anular todos los documentos de identificación de las personas a las que se le aplique la sanción de inhabilitación prevista en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que finalmente no se concretó.

Varela ha sido una de las más fieles defensoras de los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro, siendo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que reformó la actual Constitución, así como ministra del Servicio Penitenciario.

En cuanto a las gobernaciones, el chavismo se propone extender su dominio hacia los cuatro estados que perdió en los anteriores comicios regionales, entre ellos, Barinas -cuna de Chávez-, con Adán Chávez, hermano de éste y gobernador de ese estado entre 2008 y 2017, como candidato.

Entretanto, Freddy Bernal intentará reelegirse como gobernador de Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), que logró ganar en 2021, gracias a la división de la oposición en esa región.

El chavista también fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, además de ministro para la Agricultura Urbana y alcalde de Caracas.

Y como si esto fuera poco, el oficialismo insiste también en tener a un "primer" gobernador de la que considera la región número 24 de Venezuela, el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. EFE

(foto) (vídeo)

Mientras escala la situación de tensión en la frontera, después que Guyana emitió dos comunicados, el último con clara advertencia, mientras Venezuela da respuesta tardía a final de la tarde del viernes, dos de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) claves por la relación marítima, como son Falcón y Marítima Insular Occidental, se ocupaban de grabar un video sabatino, difundido por el jefe del Ceofanb, preparando una sopa de verduras y carne típica llamada “sancocho”.

El General en Jefe (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) destaca el video con el mensaje “el título del mejor sancocho del Sábado de Milicias lo obtuvo la ZODI Falcón con la ayuda del comandante de la Armada Bolivariana”.

Uno de los oficiales, junto a otros frente a los grandes recipientes del caldo, cocinándose en leña, dijo que “en la Península de Paraguaná nos encontramos con el famoso sancocho y acompañado con el honor de mi Comandante General que nos está dirigiendo y orientando de cómo hacer la confesión (de la sopa) para la tropa. Mi comandante siempre está pendiente que haya jojoto (maíz)”.

Por su parte, el almirante Ashraf Abdel Hadi Suleimán Gutiérrez, comandante General del componente Armada, se reservó no publicar el video de la sopa, pero sí un discurso destacando que “es un verdadero honor llegar a estar tierras falconianas, tierra llena de historia, de patriotismo, sudor y lágrimas, por el esfuerzo de mantener nuestra Revolución Bolivariana, nuestra integridad territorial, la lucha contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), la lucha contra los Tancol, ese flagelo del narcotráfico”. El alto oficial se refiere así a los Terroristas Armados y Narcotraficantes de Colombia (ATNCOL), término creado por el general Hernández Lárez, así como Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), que se inventó el gobierno de Hugo Chávez; ambos términos buscaron encubrir a organizaciones irregulares armadas, para no identificarlas como grupos guerrilleros, paramilitares o bandas comunes.

Los comunicados

La Fuerza de Defensa de Guyana (GDF por sus siglas en inglés) emite un primer comunicado el jueves 15 de mayo, informando que “en las últimas veinticuatro horas, hombres armados vestidos de civil en la orilla venezolana del río Cuyuní, entre Eteringbang y Makapa, llevaron a cabo tres ataques distintos contra tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana que realizaban patrullas fluviales”. Agregando que en cada uno de esos hechos la GDF “ejecutó una respuesta mesurada” por lo que no hubo heridos, pero enfatizando que protegerán su territorio y la seguridad de sus ciudadanos, de manera que responderán “a los actos de agresión a lo largo de la frontera entre Guyana y Venezuela” patrullando a lo largo del río Cuyuní.

Hubo silencio total por parte de la cancillería venezolana. Nicolás Maduro no dio respuesta. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no se quiso dar por enterada. El viernes 16 de mayo en la mañana, Guyana emite un segundo comunicado, suscrito por Mohamed Irfaab Alí, presidente de la República Cooperativa de Guyana y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en tono altisonante, donde además incluye al Esequibo, territorio en disputa, como parte de Guyana, ignorando que es un territorio en reclamación.

El presidente del país vecino a Venezuela expresa que la defensa de Guyana es una “responsabilidad patriótica, no una opción para patriotas, una conveniencia o una herramienta política”, destacándolo como deber y honor al “más alto nivel de dignidad para cualquier ciudadano”. Enfila el comunicado contra Venezuela a quien acusa de arrogante, aseverando que la posición del régimen venezolano es de “constante desprecio por el derecho internacional”, por lo que “no tienen cabida en una democracia ni en una región pacífica”. Lanza la advertencia de “no se equivoquen”, enfatizando que su gobierno y el pueblo de Guyana, “junto con nuestros inquebrantables socios internacionales”, van a hacer lo necesario “para garantizar que la soberanía y la integridad territorial de nuestro país permanezcan intactas”.

Con tono enfático se dirige a los “vecinos venezolanos residentes aquí”, en clara alusión al territorio en reclamación, advirtiendo que cumplan con el estado de derecho de Guyana “y no formen parte del comportamiento canalla de Venezuela”, porque de lo contrario, sentencia, “tendrá consecuencias legales”. Finaliza con un mensaje a los guyaneses que viven en la frontera “y a todos los demás ciudadanos” para que enarbolen “la punta de flecha dorada en celebración de nuestra herencia en estas 83.000 millas cuadradas que nos pertenecen a todos”.

La respuesta

Pasaron las horas y el régimen venezolano no daba respuesta. Hasta que casi a final de tarde se emite un comunicado que publica el canciller Yvan Gil Pinto, pero sin indicar que es de la Cancillería o de la Presidencia, sin estar suscrito, finalizando solo con el slogan “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”; se aseguraron además de no darle mayor difusión, ni siquiera en las cuentas de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.

El título del comunicado en cuestión dice “Venezuela denuncia nueva operación de falsa bandera en el río Cuyuní”, es una respuesta solo al primer comunicado de Guyana, rechazando los señalamientos de la Fuerza de Defensa de Guyana “mediante las cuales se pretende responsabilizar a Venezuela de supuestos ataques contra tropas guyanesas en el río Cuyuní”.

Con una tímida respuesta generalizada y sin elementos que respondan a los puntos de los comunicados guyaneses, agrega que “todos los registros, informes e indicios recabados por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana demuestran con claridad que tal información no es más que parte de una nueva operación de falsa bandera, orquestada para victimizar al gobierno de Guyana y fabricar tensiones artificiales en la línea de facto”.

Como en otras ocasiones vuelven a decir que son acciones que “forman parte del repertorio de propaganda barata diseñada en los laboratorios del Comando Sur de los EEUU, cuyo verdadero interés es perpetuar el saqueo transnacional sobre el territorio de la Guayana Esequiba”.

Sostienen que “Venezuela no se distraerá con provocaciones ni con mentiras”, que en Venezuela lo que avanza son las elecciones del 25 de mayo, donde se elegirán “las autoridades del Estado de la Guayana Esequiba”, en base al referéndum del 3 de diciembre 2023.

Finaliza diciendo que Venezuela “ratifica su compromiso con la paz, la soberanía y la integridad territorial. Defenderemos con firmeza y dignidad los derechos históricos que nos legaron nuestros libertadores”.

Las elecciones

La denuncia de Guyana se suma a la de febrero cuando desde Georgetown, capitán guyanesa, se denunció que resultaron heridos varios soldados del GDF, cuando en la zona fronteriza en el río Cuyuní les dispararon, hombres armados que estaban ubicado en el territorio venezolano. La respuesta desde Caracas fue que algunos de esos “hombres armados” que habrían disparado “murieron a causa de las lesiones sufridas durante su ataque” y que otros fueron arrestados, pero no indicaron los motivos ni los nombres de los muertos ni de los detenidos.

Guyana manifestó que no pudieron confirmar los informes venezolanos. Después, el 01 de marzo, hubo otro incidente cuando Guyana señaló que un buque militar venezolano incursionó en aguas de Guyana y patrulló cerca de los buques petroleros, lo que la Fuerza Armada Bolivariana negó argumentando que se encontraban en aguas venezolanas. Aunque el tema de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo no han levantado el ánimo de los venezolanos, cuya mayoría reclama el respeto a la voluntad popular del 28 de julio 2024, cuando las actas electorales demostraron que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, pero que las instituciones electorales y judiciales, se niegan a reconocer.

El tema del Esequibo ha sido un instrumento político de la revolución bolivariana para pretender el levantamiento del nacionalismo y dividir a la población, como lo intentó con el referéndum sobre el Esequibo y la elección de un gobernador y diputados para el Esequibo. En los dos casos ha habido una elevación de tensiones en la región de Esequibo cerca de la frontera con Venezuela a medida. Guyana ha criticado esa política venezolana catalogando como actos de agresión e incluso denunciándolos a nivel internacional. Debido a ello, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), le ordenó recientemente a Venezuela que suspenda la elección del gobernador y diputado para esa zona; la respuesta del régimen venezolano es acusar a la Corte de injerencia en asuntos internos.

El Parlamento unicameral, con 277 diputados, no se reunió este jueves, cuando suele hacerlo, además del martes, por lo que ya lleva 35 días sin sesionar.

En ese período, varios de sus integrantes han encabezado o participado en actos relacionados con las venideras votaciones, en las que también se elegirán los gobernadores de 24 estados, entre los que el chavismo cuenta a la Guayana Esequiba, el territorio en disputa con Guyana, así como ocho diputados más en representación de la reclamada zona, para un total de 285 escaños.

Rodríguez, presidente de la AN desde que comenzó la actual legislatura, en enero de 2021, aspira repetir en el lapso 2026-2031, así como los diputados Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, esposa e hijo, respectivamente, del jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo tras su cuestionada reelección en 2024.

Los chavistas Pedro Infante y América Pérez, primer y segunda vicepresidenta de la AN, también están en campaña, que comenzó oficialmente el pasado 29 de abril y finaliza el próximo 22 de mayo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La última sesión que celebró la AN fue el jueves 10 de abril, cuando aprobó el decreto de estado de emergencia económica firmado por Maduro en respuesta al "impacto de la guerra comercial global iniciada por el Gobierno" de Estados Unidos, que impuso aranceles del 15 % a Venezuela, país contra el que Washington también endureció su política de sanciones.

Desde entonces, los diputados que buscan ser reelegidos han relegado la agenda legislativa por la electoral, con el propósito de "profundizar la revolución bolivariana", en referencia al movimiento y proyecto político comenzado por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

En estas elecciones también competirán opositores como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el exdiputado Juan Requesens, pese a la decisión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición antichavista, de no participar en estos comicios, al insistir en que hubo "fraude" en las presidenciales de 2024.EFE