La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de 303 mil litros de probable hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del ejido Las Puentes, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. En el predio también se encontraron productos químicos, decenas de contenedores y maquinaria industrial.

La diligencia se ejecutó luego de que una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, autorizara la orden de cateo. La investigación corresponde al Ministerio Público de la Federación (MPF), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos.

Inventario de bienes asegurados

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), documentaron un inventario amplio durante la inspección del predio.

Además del inmueble y los 303 mil litros de probable hidrocarburo, las autoridades aseguraron seis tanques de almacenamiento y dos contenedores tipo frac tank. A esto se suman 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.

El operativo también permitió asegurar cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad y una revolvedora de concreto. Entre los elementos localizados destacó una tarima con 50 costales que contenían un polvo blanco cuya composición aún no ha sido determinada por los peritos.

La FGR precisó que también se recuperó documentación diversa considerada de interés para la investigación en curso. El material será analizado para establecer su vínculo con las probables actividades ilícitas que se realizaban en el predio.

Participación institucional en la diligencia

En el cateo participaron peritos de la propia FGR, encargados de documentar técnicamente los hallazgos realizados en el inmueble. También intervino personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya presencia resulta habitual en este tipo de operativos vinculados a hidrocarburos.

La seguridad perimetral de la zona estuvo a cargo de tres corporaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Montemorelos resguardaron el área mientras se desarrollaba la inspección.

Esta combinación de fuerzas federales, estatales y municipales es consistente con el protocolo que la FGR ha empleado en otros operativos similares relacionados con el robo o almacenamiento ilegal de combustibles en el norte del país.

Investigación por delitos en materia de hidrocarburos

La FECOR en Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el origen de las sustancias localizadas en el predio de Las Puentes. Las autoridades buscan determinar tanto la procedencia como la naturaleza exacta del líquido asegurado.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la dependencia continuará las indagatorias correspondientes para definir las posibles responsabilidades penales derivadas de estos hechos. La investigación se dirige contra quien o quienes resulten responsables, sin que hasta el momento se haya identificado a una persona o grupo específico.

El polvo blanco localizado en los costales permanece sujeto a análisis pericial, por lo que su composición y eventual relación con el caso aún no han sido confirmadas por la Fiscalía. No se registraron detenidos durante las diligencias realizadas por los efectivos policiales.

Antecedentes: la escalada del huachicol en Nuevo León

El hallazgo en Montemorelos se suma a una serie de decomisos de combustible ilegal que Nuevo León ha registrado a lo largo de 2026. La FGR reportó 4 millones 702 mil 850 litros de hidrocarburo asegurados en 15 operativos realizados en ocho municipios del estado durante el año, una cifra 51 % superior a los 3 millones 111 mil 908 litros decomisados en todo 2025.

El antecedente de mayor volumen ocurrió el 26 de agosto en Guadalupe, donde agentes federales localizaron aproximadamente dos millones 232 mil litros de una sustancia entonces sin identificar, junto con tres mil 304 tambos, 270 cubitanques, diez ferrotanques y once depósitos verticales.

El 21 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Nuevo León como una de las entidades donde se detectaron irregularidades vinculadas al mercado ilegal de combustibles, luego de un cruce de información que identificó que parte del producto ilícito llegaba al estado. En respuesta, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, expresó disposición a colaborar con las autoridades federales en el combate al delito.

Tras la suspensión definitiva que resolvió la jueza federal Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del amparo que interpuso el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, contra su vinculación a proceso por las acusaciones de huachicol, él afirma que esto es una posibilidad para que se revise su caso.

Ruffo Appel detalló al periodista Ciro Gómez Leyva su situación legal actualmente, indicando que el juez de amparo iniciará el 23 de noviembre el análisis de las razones constitucionales, la forma y el fondo de la determinación que tomó el juez de control a petición de la Fiscalía. “Esta es una parte procesal al respecto de la solicitud de amparo por la vinculación a proceso que me hizo el juez de arranque desde que me detuvieron”, explicó.

El exfuncionario sostuvo que la suspensión definitiva representa una medida favorable para su defensa, debido a que frena el avance del procedimiento hasta que exista una resolución sobre el juicio de amparo que promovió.

“Esto de la suspensión definitiva es algo muy importante porque da el preámbulo para que el juez de amparo pueda determinar si se me vincula o no al proceso”, declaró. “Eso es lo que implica y es algo positivo, muy positivo”.

La suspensión no implica el fin del proceso penal

El 1 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que, si bien aplica la suspensión otorgada a Ruffo Appel, no significa el fin del proceso penal. La medida solo suspende de manera momentánea el procedimiento, una vez que concluya la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo.

La FGR a señalado a Ruffo Appel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa a la que atribuye la presunta importación ilegal de gasolina y diésel desde Estados Unidos por medio de ferrotanques. De acuerdo con la acusación, habrían provocado un perjuicio estimado en 4 mil millones de pesos para el erario.

El efecto de la resolución es que no inicie la etapa de juicio oral mientras el juez de amparo define el fondo de la impugnación contra la vinculación a proceso.

Ruffo Appel describió que existe un procedimiento promovido por la Fiscalía y admitido por el juez de proceso, quien ordenó su vinculación. No obstante, dijo que el juez de amparo deberá decidir si aquella determinación se ajustó a derecho.

“El juez de amparo es otro juez, es el que dice: ‘Suspendan definitivamente el proceso que le han iniciado a Ruffo Appel hasta que yo determine si fue correcto el auto de vinculación al proceso’”, señaló.

El exgobernador precisó que la suspensión no modifica por sí misma su condición jurídica ni resuelve la acusación. Su alcance consiste en detener de forma temporal el juicio mientras se estudia la legalidad de la vinculación.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó tres operativos entre el 13 y el 21 de octubre contra redes dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos. Las acciones se realizaron en Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y la Ciudad de México.

Los casos forman parte de una estrategia de investigación que, según la fiscalía, busca llegar hasta los accionistas y empresas detrás de las estructuras de huachicol, y no solo a quienes operan en el terreno.

Aprehensiones en Veracruz por una red con empresas fachada

Entre el 13 y el 14 de octubre, autoridades ejecutaron en cuatro entidades federativas órdenes de aprehensión contra Rodolfo “N”, Rafael “N”, Luis “N”, Ulises “N”, Juan “N” y Rodolfo “C”.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR. Las seis personas fueron vinculadas a proceso y un juez les decretó prisión preventiva oficiosa.

El origen de esta investigación se remonta a septiembre de 2020, cuando una dependencia de gobierno denunció que una embarcación de bandera mexicana no contaba con la documentación necesaria para poseer o almacenar hidrocarburos. Desde entonces, la FEMDO llevó a cabo revisiones documentales con autoridades del sector energético, aduanero y de seguridad, además de comparecencias de personas físicas y representantes legales de las empresas involucradas.

El análisis contractual, corporativo, financiero y fiscal arrojó indicios de que la red operaría a través de empresas fachada, con una estructura corporativa compleja detrás del esquema.

Cateos en Reynosa con aseguramiento de pipas y combustible

El 16 de octubre se realizó el cateo de cuatro inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron detenidos Manuel “N” y Andrés “N”, ya vinculados a proceso.

En el operativo se aseguraron más de 100 vehículos, 71 de ellos pipas, además de aproximadamente 1.5 millones de litros de hidrocarburos entre diésel, nafta, gasolinas y otros combustibles.

Esa investigación inició en julio de 2026, cuando la FEMDO comenzó a documentar en campo los productos, las personas y las empresas probablemente involucradas. La documentación y el análisis de cada activo asegurado permiten, de acuerdo con la fiscalía, reunir evidencia adicional para construir investigaciones más sólidas contra los responsables.

Órdenes de aprehensión en Querétaro y la Ciudad de México

El 21 de octubre, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), se ejecutaron órdenes de aprehensión obtenidas por la FEMDO contra José “N” y Ricardo “N”, en el estado de Querétaro, y contra José “N”, en la Ciudad de México.

A las tres personas se les investiga por su posible participación en delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Esta investigación comenzó en agosto de 2025 con cateos autorizados por un juez en al menos dos entidades, donde se aseguraron equipo, hidrocarburos y documentos. El proceso incluyó entrevistas y la revisión documental de estructuras corporativas y contratos.

El análisis de lo asegurado permitió detectar que se mezclaban distintos tipos de hidrocarburos. La fiscalía identificó al menos dos gasolineras que vendían al público final combustible que no cumplía con las normas oficiales mexicanas. A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre toda la cadena de suministro, método que la FEMDO aplica actualmente para identificar a los accionistas y las empresas relacionadas con cada esquema.

Balance de la FEMDO y continuidad de las investigaciones

Los tres expedientes comparten una misma lógica de trabajo: investigación documental y de campo, entrevistas con personas físicas y representantes legales, y análisis de estructuras corporativas, contratos y finanzas.

La fiscalía sostiene que este tipo de indagación, sostenida durante meses o incluso años antes de solicitar cateos y órdenes de aprehensión, permite construir casos con mayor respaldo probatorio. En los tres casos, así como en los demás que investiga la FEMDO, el trabajo continúa de forma permanente. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

De enero a octubre, la FEMDO llevó a 121 personas a proceso y obtuvo 60 sentencias condenatorias por delitos en materia de hidrocarburos. La cifra supera a la registrada durante todo 2025, cuando se alcanzaron 103 personas vinculadas a proceso y 34 sentencias condenatorias.

Este fortalecimiento de la labor ministerial se ha dado en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con el objetivo de desarticular redes de empresas, servidores públicos y personas que cometen delitos en materia de hidrocarburos.

Carlos César Cruz Muñoz, de 42 años y conocido como “El Semáforo” o “El Señor de las Luces”, fue detenido la madrugada del 28 de octubre en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en un operativo de la Secretaría de Marina coordinado con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SSPC y la FGR.

Las autoridades lo señalan como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y como sucesor directo de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Durante el operativo, que incluyó más de 15 vehículos oficiales, varios de ellos blindados, y helicópteros sobrevolando colonias de Tuxtepec y zonas cercanas de Veracruz, también fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, señalada como presunta operadora logística de la organización.

Los bienes asegurados —sustancias ilícitas, armas, granadas, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble— fueron valuados en 8 millones 837 mil pesos, según el Gabinete de Seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados en helicóptero naval desde Tuxtepec hasta la Base Aeronaval de Veracruz y luego en avión a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Los corridos narraron su trayectoria antes de que las autoridades la documentaran

Dos canciones grabadas antes de la detención de Cruz Muñoz describen con precisión su perfil y posición dentro de la estructura del CJNG.

La primera, Semáforo, interpretada por Tony Aguirre, lo presenta como un operador que ascendió desde abajo: “De andar batallando pasamos a estar arriba / no crean que estuvo pelada”. La segunda, El Señor de las Luces, de Sueños de la Clika, lo muestra ya en el mando: “Me les presento, soy el ‘Sema’, quien controla esta ciudad”.

La filiación con el CJNG no estaba velada en las letras. Semáforo lo enuncia sin rodeos: “La camisa es de cuatro letras / pa’ que se den cuenta, al 100 con el cartel”. El Señor de las Luces repite el mismo mensaje: “Cuatro letras, la familia, y mis ancudas que me cuidan”. Las “cuatro letras” es una referencia consolidada al CJNG.

La cadena de mando también quedó registrada. Semáforo dice: “Gracias al señor de la T”, señalando a Cazarín Molina como superior y patrocinador. Y luego El Señor de las Luces lo confirma: “El Señor Tanque patrocina”.

La geografía que las autoridades atribuyen a Cruz Muñoz aparece en las dos canciones con el mismo trazo. Semáforo dice: “Mi Oaxaca la echo de menos / pero acá andamos por el puesto”.

El Señor de las Luces lo reitera: “Oaxaqueño y orgulloso, son las tierras que me admiran”. Las referencias a “el puerto” y a Veracruz como plaza de operación coinciden con lo que el Gabinete de Seguridad confirmó sobre sus operaciones en ambas entidades.

Los otros alias que ventilan las canciones

Ambas canciones mencionan los mismos apodos secundarios, con las mismas palabras, lo que sugiere que corresponden a personas reales dentro de la estructura.

Semáforo nombra: “Compadre 84 fiel / al Hook, al Coyote también / al Perro, buenos compañeros / que ponen el pecho si se ha de ofrecer”.

El Señor de las Luces repite: “84, bien la cuidan al norte conmigo / el que me cuida es un amigo, con el fierro fajado al cinto / el Perro, listo para el topón / Señor Chaparrito y Jefe Coyote, una gran admiración”.

Cabe apuntar que el alias del “Señor Chaparrito” también aparece en el corrido de Javier Rosas sobre Iván Cazarín Molina: “un fuerte abrazo a mi compadre Chaparrito”. Las notas periodísticas sobre la detención de Cruz Muñoz lo identifican como Roberto Oseguera Jaramillo, alias “Señor Chaparrito” o “La Pulga”, señalado como otro presunto mando de la zona.

El mismo patrón que siguió el corrido de “El Tanque” seis años antes

El fenómeno no es nuevo en esta célula. En 2020, Javier Rosas y su Artillería Pesada grabaron Comandante Tanque, un corrido que narraba en primera persona el origen y el negocio de Iván Cazarín Molina con versos como “hasta el tope van las pipas en el puerto circulando” —referencia directa al robo de combustible— y “de Jalisco viene el cartel / pura gente de Nemesio”, que lo ubicaba en el círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina en septiembre de 2024 a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo señaló como operador de una red de tomas clandestinas de ductos de Pemex cuyos productos se vendían en gasolineras fachada hasta Texas.

Este 22 de octubre, un gran jurado federal en Washington lo acusó formalmente por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, con penas que van de 40 años a dos cadenas perpetuas.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de ejecutar una orden de cateo que permitió hallar una excavación tipo túnel a pocos metros de un paso de ductos de Pemex. El operativo se enmarca en una investigación por la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos.

La diligencia se realizó con base en una orden librada por un juez de control, como parte de las indagatorias abiertas por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Durante la inspección del predio, personal de la FGR documentó las características del túnel y procedió al aseguramiento del inmueble.

Dimensiones y ubicación del túnel

Durante la inspección, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron la excavación tipo túnel dentro del predio catado.

Las dimensiones registradas por la autoridad fueron de 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. Se trata de una estructura subterránea de proporciones reducidas, apenas suficiente para el desplazamiento de una persona en su interior.

El dato que la FGR destacó como relevante para la investigación es la distancia entre la excavación y la infraestructura petrolera: el túnel se encuentra a 20 metros de un paso de los ductos de Pemex. Esa cercanía es el elemento que vincula el hallazgo con la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos, categoría bajo la cual se abrió la carpeta de investigación.

La diligencia de cateo se llevó a cabo en un predio ubicado sobre una brecha dentro de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Participación de corporaciones policiales

En la ejecución del cateo participaron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes brindaron la seguridad respectiva durante el desarrollo de la diligencia. Esta corporación acompañó a los agentes federales de la PFM-AIC, encargados de la inspección técnica del predio y del registro del hallazgo.

La coordinación entre autoridades federales y municipales se circunscribió, de acuerdo con lo informado, a labores de resguardo del perímetro durante el operativo, mientras el personal de la AIC realizaba las tareas de verificación y documentación del túnel localizado.

Aseguramiento del predio y seguimiento judicial

Al concluir la diligencia, el predio fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

Esta instancia del MPF es la encargada de continuar con la integración de la investigación correspondiente, con el objetivo de determinar responsabilidades sobre quien o quienes resulten vinculados con los hechos que motivaron la orden de cateo.

Así operan los túneles usados para robar combustible

Los llamados “huachituneles” son excavaciones construidas desde predios privados para alcanzar ductos de Pemex sin ser detectados en superficie.

El proceso comienza con una fase de inteligencia previa: exempleados de Pemex, contratistas o informantes identifican el punto exacto del ducto, el tipo de hidrocarburo que transporta y los horarios de vigilancia.

Después, brigadas de entre 5 y 30 personas excavan de forma nocturna, generalmente entre la 1:00 y las 4:00 horas, con brocas industriales y herramienta especializada. Una vez que el túnel conecta con el ducto, se instalan válvulas y mangueras de alta presión para extraer el combustible sin que caiga la presión de la tubería, lo que podría alertar a Pemex.

El hidrocarburo extraído se traslada a pipas, tinacos o bidones, y de ahí a bodegas clandestinas en ranchos, predios o inmuebles urbanos. En casos de mayor escala, como el túnel hallado en Santa Catarina, Nuevo León, la estructura puede operar como una terminal paralela de extracción, almacenamiento y distribución, con conexiones soldadas directamente al ducto.

Pemex reportó 11 mil 774 tomas clandestinas en sus ductos durante 2024, y datos oficiales indican más de 70 mil tomas registradas entre diciembre de 2018 y octubre de 2024.

Qué dice la ley sobre el robo de hidrocarburos

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos tipifica como delito la sustracción de combustible de ductos, vehículos, equipos o instalaciones sin derecho ni consentimiento de quien puede disponer de ellos legalmente, según el texto vigente de la norma.

El artículo 8 de la ley establece una pena base de 20 a 30 años de prisión y multa de entre 20 mil y 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de forma ilegal.

La sanción varía según el volumen sustraído. Cuando la cantidad es menor o equivalente a 300 litros, la pena va de 4 a 6 años de prisión; si es igual o mayor a 2 mil litros, la condena puede alcanzar de 12 a 17 años, de acuerdo con la escala establecida en la propia ley.

La norma también castiga conductas relacionadas con el financiamiento de estas actividades. El artículo 18 prevé de 17 a 25 años de prisión para quien aporte o recaude fondos a sabiendas de que serán utilizados para cometer delitos tipificados en la ley, mientras que el artículo 19 sanciona con 10 a 14 años a quien recurra a la violencia o intimidación para facilitar estas conductas.

Las penas se incrementan hasta en una mitad cuando el responsable es o fue trabajador de la industria petrolera, prestador de servicios para asignatarios, contratistas o permisionarios, o servidor público vinculado al sector, conforme a lo dispuesto por la legislación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el contrabando de combustible no es un delito exclusivo de la delincuencia organizada, al señalar que las investigaciones también alcanzan a quienes articulan esquemas ilegales desde la importación, la comercialización, el transporte y la venta de hidrocarburos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria sostuvo que las irregularidades no se reducen a las tomas clandestinas o al robo físico de hidrocarburos, sino que también incluyen contrabando, evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), alteraciones en controles volumétricos y facturación de ventas sin respaldo en combustibles adquiridos legalmente.

“Hay grupos delictivos (...) que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada”, dijo en Palacio Nacional.

La presidenta señaló que el Gobierno de México inició el reforzamiento de sus controles después de detectar un buque que declaró el ingreso de un producto distinto al combustible que transportaba. Esa maniobra permitió evadir el pago de IEPS.

A partir de esa investigación, las instituciones federales comenzaron a cruzar sus registros para identificar diferencias entre los combustibles importados, comprados, vendidos, facturados y declarados ante las autoridades fiscales.

Sheinbaum dijo que el objetivo es sancionar a quienes participaron en los esquemas irregulares y evitar que se repitan. Para ello, las dependencias federales construyeron una base de datos conjunta sobre la cadena de suministro.

Suman más de 2 mil detenidos en un año

Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, informó que los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República derivaron en la detención de 2 mil 539 personas.

Las autoridades también decomisaron 5,572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques. El reporte incluyó el aseguramiento de 173,7 millones de litros de diversos combustibles.

Vidal Amaro precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos.

La Procuraduría Fiscal de la Federación, por su parte, presentó 127 casos por defraudación fiscal. La Comisión Nacional de Energía promovió 150 denuncias penales por inconsistencias en los volúmenes despachados por estaciones de servicio.

Petróleos Mexicanos (Pemex) acumuló 10 mil 674 denuncias por robo de combustible. La Agencia Nacional de Aduanas de México presentó otros 11 casos por contrabando y falsedad en la declaración de volúmenes importados.

Comercializadoras concentraron el 72% de las inconsistencias

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el cruce de información de 2025 identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible entre los registros de compra, venta y facturación.

Ese volumen equivale a 61 mil 700 millones de pesos anuales, de acuerdo con la estimación presentada por el Gobierno federal.

El 72% de las inconsistencias se concentró en el segmento de comercialización. Las estaciones de servicio reunieron el 13% de los desbalances, mientras que el resto se repartió entre otros participantes de la cadena.

Sheinbaum afirmó que la investigación más amplia se concentra ahora en las empresas comercializadoras. Según explicó, esos intermediarios pueden comprar y vender combustible sin contar necesariamente con activos de transporte o almacenamiento.

“La investigación más profunda está sobre la comercialización y el objetivo incluso es cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores”, expuso la presidenta.

La mandataria planteó que el combustible podría pasar de los importadores directamente a las empresas de transporte o que la intermediación quede limitada. El Gobierno busca reducir los espacios donde se generan diferencias entre los volúmenes físicos y las facturas.

Cancelación de empresas y multas a gasolineras

El SAT canceló a 2 mil 224 empresas por vender combustible sin contar con los permisos correspondientes, informó el subsecretario de Hidrocarburos.

La autoridad fiscal también impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 032 gasolineras que reportaron de forma inadecuada sus controles volumétricos, una obligación que permite comparar el inventario, las entradas, las salidas y las ventas declaradas.

Además, 180 empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores por contrabando. Otras 175 fueron catalogadas como factureras, con avisos enviados a las autoridades competentes.

La Comisión Nacional de Energía canceló 264 permisos de expendio y comercialización. Otros 307 permisos permanecen en procedimientos de sanción y posible revocación.

Vidal Amaro informó que la Comisión Nacional de Energía identificó, registró y dio seguimiento a 61 mil 557 unidades de transporte de combustible mediante códigos QR y sistemas de geolocalización.

La Agencia Nacional de Aduanas de México recuperó 1,952 millones de litros de combustible que pretendían ingresar al país de forma irregular. El volumen representa un equivalente de 13 mil 664 millones de pesos en IEPS.

La revisión aduanera derivó en 500 multas por información errónea, tardía o inexacta en declaraciones de importación. También se iniciaron procedimientos contra ocho agentes aduanales.

Registro de IEPS aumentó 48 mil mdp

Sheinbaum sostuvo que durante 2025 dejaron de registrarse alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto de IEPS relacionado con combustibles.

La presidenta señaló que, entre enero y septiembre de 2026, el registro adicional del impuesto alcanzó 48 mil 411 millones de pesos. Aclaró que una parte de ese monto está vinculada con el subsidio vigente para contener el precio de los combustibles.

El subsecretario de Hidrocarburos indicó que las declaraciones de volúmenes de combustible vendidos legalmente aumentaron 4.4% entre 2024 y 2025. El incremento fue de 13.4% entre 2025 y 2026.

Las declaraciones de IEPS crecieron 7.2% de 2024 a 2025 y 11.8% de 2025 a 2026, según las cifras expuestas durante la conferencia.

Las importaciones declaradas aumentaron 10.54%, al pasar de 23 mil 933 millones de litros a 26 mil 455 millones de litros. Sheinbaum relacionó estos resultados con el cierre de espacios para el ingreso y comercialización ilícita de combustibles.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración busca fortalecer el marco legal para combatir el comercio ilícito de combustibles, luego de detectar que las principales inconsistencias en las operaciones del sector se concentran en la comercialización de hidrocarburos.

Entre las alternativas que se analizan está reducir la participación de intermediarios que compran y venden combustible sin contar necesariamente con infraestructura propia para transportarlo o almacenarlo.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria explicó que las investigaciones abarcarán toda la cadena de suministro, desde la importación hasta la venta en gasolineras, con el propósito de identificar a los responsables de las irregularidades y determinar si corresponden inspecciones, sanciones administrativas o denuncias penales.

Como parte de las medidas, el Gobierno federal estudia la posibilidad de que los importadores comercialicen directamente con empresas transportistas u otros participantes de la cadena, con el objetivo de acotar las operaciones de los intermediarios.

“Existe un centro de monitoreo de combustibles que permite identificar al importador, comercializador, distribuidor, transportista, almacenador y expendedor. La base de datos está vinculada con el SAT, aduanas y los permisos de importación, e incluye información sobre los buques que llegan a cada aduana y los tanques y ferrotanques que ingresan por las aduanas terrestres”, explicó la presidenta.

Sheinbaum también informó que, durante 2025, se dejaron de pagar alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con los combustibles. En contraste, entre enero y septiembre de 2026 se recuperaron 48 mil 411 millones de pesos por ese gravamen, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal.

“Estimamos que en 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado ya del registro del IEPS en 2026?, hasta septiembre son 48 mil millones de pesos de pesos adicionales a lo que se reportó el año pasado”, agregó la presidenta.

Las inconsistencias, identificadas en la comercialización y en las estaciones de servicio

El diagnóstico de las operaciones de 2025 identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible, equivalente a 61 mil 700 millones de pesos, detalló la secretaria de Energía, Luz Elena González.

La funcionaria precisó que el 72% de las inconsistencias se ubicó en la comercialización y el 13% en las estaciones de servicio. El resto correspondió a otros participantes del sector.

Las anomalías se detectaron mediante el análisis de facturas y registros de compra y venta, a partir de diferencias entre los volúmenes de combustible adquiridos, vendidos y facturados por las empresas permisionarias.

Cruce de información para rastrear el combustible

Sheinbaum sostuvo que la estrategia también busca identificar a cada participante de la cadena mediante un sistema de monitoreo que reúne información de 16 dependencias federales. La plataforma permite rastrear las operaciones de importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y venta de hidrocarburos.

El mecanismo integra registros fiscales, aduaneros, regulatorios y operativos, además de información sobre permisos y movimientos de combustible. También utiliza sistemas de posicionamiento global (GPS) para dar seguimiento a las unidades de transporte.

La presidenta agregó que las autoridades mexicanas intercambian información aduanera con Estados Unidos para contrastar los volúmenes de hidrocarburos que salen de ese país con los que ingresan a México.

“Existe comunicación entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y su contraparte en Estados Unidos para verificar cuánto combustible transporta un buque al salir de ese país y comprobar que llegue a una aduana mexicana con el mismo volumen certificado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)”, afirmó Sheinbaum.

Huachicol fiscal: cómo se introduce y comercializa combustible sin pagar impuestos

A diferencia del robo tradicional de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos, el llamado huachicol fiscal está relacionado con la introducción y comercialización irregular de combustibles, la evasión de impuestos y el uso de documentación falsa para simular operaciones legales.

La Fiscalía General de la República ha señalado que estos esquemas pueden involucrar empresas fachada, importadores y operadores logísticos, así como documentación utilizada para encubrir el origen o las condiciones de ingreso del producto, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Una de las modalidades identificadas por las autoridades consiste en declarar mercancías con una clasificación aduanera distinta de la que les corresponde o introducirlas sin los permisos requeridos, lo que puede permitir la omisión de contribuciones. También se investigan operaciones en las que las facturas y los volúmenes reportados no coinciden con los movimientos reales del combustible.

En este contexto, el rastreo de las importaciones y de las transacciones entre comercializadores, transportistas, distribuidores y estaciones de servicio busca detectar discrepancias que no necesariamente pueden identificarse mediante la inspección física de ductos o instalaciones.

La estrategia anunciada por Sheinbaum incorpora el cruce de registros fiscales, aduaneros y operativos para seguir el recorrido de los hidrocarburos y contrastar la información de las operaciones.

El objetivo es distinguir las transacciones legales de aquellas en las que existan indicios de contrabando, evasión fiscal u otras irregularidades.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvo a P. A. A., identificado con el alias de “El Perico” y señalado como brazo derecho de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, alias “El H”, en la localidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende. La captura fue resultado de acciones de la Agencia de Investigación Criminal Estatal (AIC) contra el hombre señalado como objetivo prioritario en la entidad.

“El Perico” contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de la intervención. Las autoridades lo ubicaron como uno de los operadores de mayor rango dentro de “Los H”, estructura criminal que opera en la región de Tula-Tepeji, zona marcada por disputas internas entre células dedicadas al robo de combustible y al narcomenudeo tras la captura de su antiguo líder, “El H”.

Tras su detención, “El Perico” quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que lo presentará ante un juez de control para definir su situación jurídica conforme a derecho. El golpe se suma a una serie de capturas que las corporaciones estatales han dado contra integrantes de la organización desde la fractura de su mando.

Las autoridades aseguraron droga, una pistola y cuatro cargadores abastecidos

Durante el operativo, los elementos de la AIC localizaron dosis de una sustancia con las características de la cocaína y hierba verde con apariencia de marihuana. El material fotografiado por la Procuraduría mostró decenas de envoltorios de hierba distribuidos en más de 100 bolsas individuales, junto con aproximadamente 90 dosis de la sustancia blanca presentadas en empaques pequeños, un formato asociado a la venta al menudeo.

Las imágenes del aseguramiento también exhibieron un arma de fuego corta, identificada como una pistola semiautomática Smith & Wesson modelo M&P 9 Shield Plus, calibre 9 milímetros, equipada con mira holográfica Holosun. Junto con el arma, las autoridades encontraron cuatro cargadores abastecidos adicionales y una veintena de cartuchos útiles.

El volumen de la droga asegurada y el tipo de arma con mira óptica incorporada apuntan a una estructura con capacidad de distribución y protección armada en la zona de Tula de Allende, donde la organización mantiene presencia desde hace años.

El Perico lideraría una de las dos facciones en que se dividieron Los H

Según reporte previos de Infobae México, “El Perico” no solo operó como brazo derecho de “El H”, sino como cabeza de uno de los dos grupos rivales surgidos tras la detención del líder de la organización.

Esa facción se encargaría de la perforación de ductos, el almacenamiento y la venta de combustible robado, con el respaldo de otros operadores identificados como “El JR” y “El Lobo”, este último vinculado también al robo de transporte de carga.

El bloque opuesto, encabezado por “El Cuquis”, “El Selva” y “El Pacheco”, agrupó a otro operador identificado como “El Curro”, asesinado la tarde del martes 3 de febrero sobre la carretera estatal Michimaloya-Xijay de Cuauhtémoc, en Tula de Allende. Ese homicidio se inscribió en la disputa interna que fracturó a la organización y que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad de la entidad.

La ruptura de Los H se originó con la detención de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo la tarde del 15 de marzo de 2025 en la colonia Lindavista, del municipio de Zempoala, a 13 kilómetros de la capital hidalguense. En ese operativo, en el que participaron la Procuraduría estatal, la AIC y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta de lujo.

Muñoz Marmolejo, también identificado con los alias “El Mongol” y “Don Hugo”, tenía 38 años al momento de su captura y fue descrito como un hombre de complexión robusta y tez morena. Tras su detención quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La fractura del liderazgo se agravó con el asesinato posterior del hermano de “El H”, José David Muñoz Marmolejo, alias “El Sola”.

Con el liderazgo fragmentado, los dos bloques rivales compitieron por el control de los puntos de extracción y venta de combustible, lo que derivó en enfrentamientos armados y homicidios selectivos entre operadores de ambos bandos a lo largo de 2025. En noviembre de ese año, un comando atacó un centro nocturno de la región y dejó seis personas muertas, además de ocho lesionados, en uno de los episodios más violentos registrados desde la fractura de la organización.

La detención de “El Perico” representa el golpe más reciente contra la cúpula de uno de los dos bloques en disputa, en un contexto donde las corporaciones estatales continúan con operativos focalizados en los municipios de la región Tula-Tepeji.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer el pasado jueves, por medio de un comunicado difundido en redes sociales, que fue localizado y detenido Juan N., alias “El Moco y/o Chaparro”, a quien identificaron como un presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo. La detención se llevó a cabo en el municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla.

La detención del sujeto fue resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, El Moco era un objetivo prioritario y está vinculado con actividades ilícitas, como el robo de hidrocarburos, también conocido como huachicol, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

Además, se señaló, labores de inteligencia permitieron saber que operaba en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como diversas zonas del estado de Hidalgo.

Durante la intervención, se lee en el comunicado, las autoridades federales, estatales y municipales aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego.

“Esta acción refrenda el compromiso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de fortalecer la coordinación interinstitucional y sumar capacidades para combatir de manera frontal a la delincuencia”, se señala.

Medios locales identifican a Juan N. como candidato de las elecciones de 2024 para la presidencia municipal de Chignahuapan por el partido Fuerza por México. En el proceso se había proclamado ganador, sin embargo, esas elecciones fueron anuladas por inconsistencias.

Ya había estado detenido

Los reportes también señalan que El Moco ya había sido arrestado en 2020, sin embargo, salió años después de prisión por un amparo.

Fue el primero de octubre de ese año que el sujeto fue detenido en Huauchinango. Durante ese operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le encontraron 97 bolsitas con sustancia con características similares a la metanfetamina, además de una escopeta recortada.

Las autoridades lo señalan por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla, así como por sus posibles actividades de narcomenudeo en la región.

También fue relacionado con el homicidio de tres personas en la localidad de Tres Cabezas y con posibles nexos con Óscar N, alias El Loco Téllez.

En 2022 fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero. La investigación se centró en la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos de lujo entre 2014 y 2020, operaciones que presuntamente se habrían realizado mediante personas interpuestas o prestanombres.

En ese periodo, el entonces gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, identificó publicamente a El Moco como uno de los principales presuntos generadores de violencia en la Sierra Norte y lo relacionó con actividades de robo de combustible, narcomenudeo, homicidio y extorsión.

Pese a los señalamientos y procesos judiciales, el sujeto salió del penal de Tepexi de Rodríguez, en octubre de 2023, luego de permanecer recluido aproximadamente tres años.

Para diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Juan N dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al resolver el amparo en revisión 127/2024, la Primera Sala determinó que las disposiciones del Código Penal de estado impugnadas eran constitucionales en los aspectos analizados. Dicha resolución dejó sin efecto la protección federal que buscaba obtener EL Moco contra esas disposiciones, lo que reactivó la búsqueda por parte de las autoridades ministeriales.

Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘Capitán Sol’, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público Federal podrá incorporar nuevos datos al expediente.

La acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coloca a Miguel Ángel ‘N’ dentro de una estructura denominada Los Primos, relacionada con el llamado huachicol fiscal, particularmente con operaciones para introducir combustibles de manera irregular al país.

El exmarino fue detenido el 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo realizado por la FGR en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su captura ocurrió después de que permaneciera prófugo en relación con la investigación federal.

El enlace entre los Farías y las aduanas

Las indagatorias de la FGR identifican a Miguel Ángel Solano Ruiz como un presunto operador de la estructura conocida como Los Primos, relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Solano Ruiz habría funcionado como enlace con funcionarios de aduanas y participado en gestiones relacionadas con embarcaciones, permisos y documentación para facilitar operaciones de ingreso de combustibles.

Investigaciones periodísticas y testimonios incorporados a la carpeta también lo ubican en operaciones realizadas en aduanas marítimas como Tampico y Guaymas. En uno de los casos, su nombre aparece relacionado con las gestiones posteriores al aseguramiento del buque Challenge Procyon, que en marzo de 2025 llegó a Tampico con alrededor de 10 millones de litros de combustible.

El expediente también contiene señalamientos sobre movimientos financieros atribuidos al exmarino. La FGR documentó que en 2025 habría adquirido una joyería por más de 400 mil pesos y que entre 2018 y 2025 habría gastado más de seis millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

Señalamientos que mencionan a Andy López Beltrán

El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece de manera indirecta en testimonios relacionados con la investigación contra la red de huachicol fiscal.

Las referencias no provienen de una acusación directa contra López Beltrán. En los testimonios difundidos, funcionarios aduanales atribuyen a Miguel Ángel Solano Ruiz expresiones en las que habría mencionado al “hijo del Presidente” y a “Andy” durante conversaciones relacionadas con operaciones de combustible.

Uno de los testimonios corresponde a Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien declaró ante la FGR en mayo de 2025. De acuerdo con el contenido difundido de esa declaración, Torres atribuyó a Solano Ruiz una referencia a supuestos “choques políticos” entre Omar García Harfuch y el “hijo del Presidente”, además de afirmar que el conflicto ya había sido resuelto.

La segunda referencia aparece en la declaración de Juan Carlos Soto Picha, funcionario de la Aduana de Guaymas, quien relató que Solano Ruiz habría dicho que informarían al entonces secretario de Marina que una operación relacionada con un buque de combustible era un asunto de “Andy”.

Estas declaraciones no establecen por sí mismas una comunicación directa entre López Beltrán y los funcionarios que rindieron testimonio ni acreditan que el hijo del expresidente haya participado en las operaciones investigadas.

La FGR, de hecho, negó que exista una investigación penal contra López Beltrán por estos hechos y sostuvo que no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria en su contra.

Una investigación que comenzó antes de su captura

El nombre de Miguel Ángel ‘N’ ya había aparecido en una investigación federal antes de su detención. En octubre de 2025, una jueza federal le concedió una suspensión provisional que impedía temporalmente ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

En esa carpeta, la FGR lo señaló como probable integrante de Los Primos y lo relacionó con los hermanos Farías Laguna. La investigación lo ubicó como un posible intermediario para coordinar movimientos de embarcaciones y trámites necesarios para las operaciones bajo investigación.

Ahora, con la vinculación a proceso, la Fiscalía tendrá seis meses para ampliar las indagatorias y establecer la participación que habría tenido Miguel Ángel ‘N’ dentro de la estructura, además de profundizar en las operaciones y en los posibles vínculos con otros involucrados.

El proceso penal continuará con Miguel Ángel ‘N’ sujeto a prisión preventiva oficiosa. La FGR deberá acreditar durante las siguientes etapas procesales la responsabilidad que le atribuye.

El acusado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, reactivó el interés por un corrido de 2020 que narra en primera persona su origen y su papel dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El tema, titulado Comandante Tanque, fue interpretado por Javier Rosas y su Artillería Pesada seis años antes de que el Gabinete de Seguridad confirmara este martes su captura. Sólo en el canal de YouTube el video suma más de 3.5 millones de visualizaciones y más de 25 mil “me gusta”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención de “El Tanque” fue resultado de una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la SSPC.

La corporación identifica a Iván Cazarín Molina como líder regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, delitos que la letra del corrido había insinuado años atrás.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina en septiembre de 2024 a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo señaló como integrante de una red de robo de combustible vinculada al CJNG. Esa red, según la dependencia estadounidense, generaba decenas de millones de dólares al año para el cártel.

Las pipas de El Tanque

El video oficial de Comandante Tanque refuerza con imágenes el relato que narra la canción. En los primeros segundos aparecen pipas para transportar combustible, efectos con fuego, autos de lujo y maletines con fajos de billetes, una estética que acompaña visualmente las referencias al huachicol y al poder económico que describe la letra.

Además, tras la caída de “El Tanque” el clip acumula comentarios recientes de usuarios lamentando la captura, pero celebrando el corrido: “Ya me lo agarraron, ánimo que siga sonando este rolón”, se lee en uno de ellos.

El corrido inicia hablando del tráfico de combustible: “todo limpio y despejado, hasta el tope van las pipas en el puerto circulando” y “ni modo que se queden peladas las pipas del Tanque”, versos que aluden de forma directa al robo de hidrocarburos.

De acuerdo con la información del Tesoro estadounidense, este personaje tenía un modelo de negocio basado en tomas clandestinas de los ductos de Pemex. El combustible robado se almacenaba en tanques de gran capacidad cerca de la ciudad de Veracruz. Desde ahí, según la OFAC, familiares y asociados de Cazarín Molina operaban una red de gasolineras aparentemente legítimas para vender el producto a terceros, parte de los cuales lo comercializaban después en Texas.

La filiación directa con “El Mencho”

Después de presentar el negocio, la letra se detiene en la cadena de mando: “cero fallas de mi parte, de Jalisco viene el cartel, pura gente de Nemesio; mucho gusto, soy El Tanque”. El verso coloca al personaje como subordinado directo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el exlíder del CJNG hoy ya abatido.

García Harfuch confirmó ese vínculo el mismo 6 de octubre al señalar que “El Tanque” pertenecía al círculo de colaboradores de confianza de Oseguera Cervantes.

La cercanía entre ambos, de acuerdo con autoridades estadounidenses, permitió a Cazarín Molina participar en el ascenso y la consolidación del cártel desde sus primeros años. Esa posición le dio margen para construir una red propia de tráfico de hidrocarburos en el sur del país, sin depender de otros mandos regionales del CJNG.

El verso de la estructura familiar

La canción continúa con el origen geográfico y familiar del personaje: “aquí las cosas son claras, si les digo, con orgullo, que yo soy veracruzano. Y ahorita estoy ejerciendo todo lo que le he aprendido al Tornado, que es mi hermano”.

La frase remite a César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, hermano mayor de “El Tanque” y también miembro fundador del CJNG, detenido en 2012 y sentenciado en 2024 a 60 años de prisión por secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

La OFAC documentó que “El Tornado” mantuvo actividades relacionadas con el CJNG en Veracruz desde prisión y recibió parte de las ganancias derivadas del robo de combustible operado por su hermano. Ambos hermanos utilizaron además el mismo alias falso, Víctor Hugo Delgado Rentería, lo que generó confusiones entre las autoridades sobre cuál de los dos encabezaba determinadas operaciones.

A los dos hermanos se les vincula con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, durante un operativo que buscaba la captura de “El Mencho”. El ataque dejó ocho militares y un policía federal muertos, según el expediente oficial retomado por el Gabinete de Seguridad.

El mapa territorial que coincide con el expediente

El coro resume el territorio de operación: “y con mi plebada, yo quiero decir salud, allá por Guanatos y también por Veracruz”. El término “Guanatos”, apodo popular de Guadalajara, marca los dos ejes territoriales que las autoridades atribuyen hoy a Cazarín Molina: Jalisco como cuna del CJNG y Veracruz como la plaza bajo su control operativo directo.

El comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del 6 de octubre amplía esa geografía a cuatro estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La coincidencia entre el corrido de 2020 y el expediente armado seis años después no es un dato menor para entender cómo circulaba públicamente información sobre la estructura del cártel antes de las sanciones oficiales y su caída.

La segunda estrofa del tema cierra con dos menciones: con un saludo a “compa’ Tigre” —el mismo personaje que, según la letra, coordinaba “la entrega” de combustible al inicio de la canción— y un abrazo a “mi compadre Chaparrito”, del que se desconoce más información.

Letra completa del corrido

Todo limpio y despejado

Hasta el tope van las pipas en el puerto circulando

Ya le dieron la luz verde

Todo listo pa’ la entrega que El Tigre va coordinando

Cero fallas de mi parte, de Jalisco viene el cartel

Pura gente de Nemesio; mucho gusto, soy El Tanque

Aquí las cosas son claras

Si les digo, con orgullo, que yo soy veracruzano

Y ahorita estoy ejerciendo

Todo lo que le he aprendido al Tornado, que es mi hermano

El respeto a los civiles, sobre todo, ser humildes

Aquí nadie es más que nadie y aquí estamos pa’ servirles

Y con mi plebada, yo quiero decir salud

Allá por Guanatos y también por Veracruz

Por un sentimiento, por los buenos tiempos

Porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento

Y ni modo que se queden peladas las pipas del Tanque

Saludos, compa’ Tigre

Y así suena Javier Rosas, mi viejo, ¡ea!

Me verás que soy calmado

Pero yo les recomiendo que se acerquen por las buenas

Porque por donde lo miran

Lo acompaña su plebada y trae fajada su 40

Tiene mucha valentía, sabe andar en la movida

Y el mayor de sus talentos es su buena puntería

Qué bonito es el dinero

Pero tengo más que claro que primero es la familia

Por eso a quien me los toque

Ojalá que el ocurrente me aguante la carrilla

Un saludo pa’l equipo, a los que están firmes conmigo

Y también, un fuerte abrazo a mi compadre Chaparrito

Y con mi plebada, yo quiero decir salud

Allá por Guanatos y también por Veracruz

Por un sentimiento, por los buenos tiempos

Porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento.

Cuatro operadores señalados como piezas de alto valor del crimen organizado cayeron en Zapopan, Jalisco, en menos de 30 días. Entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre de 2026 fueron detenidos Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”; Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”; Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”.

Los cuatro operativos ocurrieron en fraccionamientos residenciales del municipio, sin enfrentamientos y en acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad federal, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

La racha de detenciones también abarca casos con mayor tracción mediática del año: el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la red de huachicol fiscal y el combate al fentanilo.

La caída de El Brilloso

Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, de 31 años y originario de Uruapan, fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan por una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Con su captura suman 32 personas detenidas por ese crimen.

Las autoridades lo identifican como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, Michoacán, posición que habría asumido tras la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, en noviembre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Michoacán lo vincula con el grupo de mensajería cifrada de la aplicación Threema desde donde, según la investigación, se planeó y monitoreó el ataque contra el exalcalde.

Un juez lo vinculó a proceso el 15 de septiembre por homicidio calificado y lesiones calificadas. El 28 de septiembre fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, tras permanecer inicialmente en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Charo, Michoacán.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, denunció que “El Brilloso” era un joven que su esposo había acogido para alejarlo del crimen organizado. “Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”, escribió tras conocer su vinculación a proceso.

Es hermano de Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”, exboxeador profesional detenido un mes antes, el 7 de agosto, en la localidad de Tiamba, Uruapan, también señalado como integrante del CJNG y vinculado a extorsiones contra productores de aguacate en Michoacán.

El Canguro coordinaba el tráfico de fentanilo

Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”, fue detenido el 13 de septiembre en Zapopan como presunto operador logístico de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, dentro de la organización Beltrán Leyva. El Gabinete de Seguridad federal informó que coordinaba el transporte, distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, Washington, Estados Unidos.

Durante el operativo, la Marina aseguró un revólver Smith & Wesson, seis cartuchos calibre .38 Súper, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo, 4,900 pesos en efectivo y un teléfono Samsung A15. La captura derivó de un intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos.

Según el FBI y el Departamento del Tesoro estadounidense, la red de “Chapo Isidro” distribuye fentanilo y drogas sintéticas en al menos nueve estados de Estados Unidos, entre ellos California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts, mediante células logísticas independientes que responden a un mando central en Guasave, Sinaloa.

“El Chapo” Isidro figura en la lista de los fugitivos más buscados del FBI desde febrero de 2025, con una recompensa de 5,000,000 de dólares por información que conduzca a su arresto.

La detención del Capitán Sol

Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina, fue capturado el 1 de octubre en el fraccionamiento Villa Verona, Zapopan, tras casi 300 días de búsqueda en domicilios de México, Francia, Grecia, Mónaco y España.

Las autoridades lo señalaron como “el último elemento que restaba por detener” de la organización conocida como “Los Primos”, una red que al momento tiene a 13 personas capturadas.

Solano Ruiz es identificado como operador financiero clave en la red de huachicol fiscal ligada a los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Según las investigaciones, este esquema movió al menos 564,000,000 de litros de combustible disfrazado como aditivos para aceites lubricantes, en 69 barcos petroleros, desde 2023.

El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Farías Laguna ha afirmado que en la carpeta de investigación, al “Capitán Sol” se le atribuye haber creado la organización y haber manejado la distribución de recursos económicos.

Un testigo protegido declaró ante la FGR que, cuando se intentó frenar la descarga irregular del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora, en marzo de 2025, Capitán Sol intervino telefónicamente para impedir el aseguramiento e involucró el nombre de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente AMLO: “Solano me dijo que no, que ya había hablado con sus jefes y que ya no iban a ir... me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos”, se lee en un acta ministerial.

El Tanque, otro orquestador del huachicol

Finalmente, la última detención fue la de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, capturado el 5 de octubre en Zapopan durante un operativo con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo identificó como operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas, además de un ataque con arma de fuego contra un helicóptero del Ejército en 2015 que dejó nueve muertos en un intento de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Su nombre apareció también en audios difundidos por el medio Latinus, en los que Luis Alberto Olán, hermano del empresario Amílcar Olán, cercano a los hijos de AMLO, habría mencionado una relación con “El Tanque” para que integrantes del CJNG dejaran de extorsionar al propietario de una mina de balasto usada en obras del Tren Maya.

Van nueve objetivos prioritarios detenidos en Zapopan en diez meses

La racha de septiembre y octubre no es un fenómeno aislado. Desde el 23 de diciembre de 2025, cuando cayeron Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Zapopan acumula nueve detenciones de objetivos prioritarios en 10 meses.

Entre ellas está Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder de la facción armada “Los Deltas” del CJNG y hombre de confianza de Juan Carlos González Valencia, alias “03″, hijastro de “El Mencho” y nuevo líder del CJNG.

También José Gabriel Soto Martínez, “El Uber”, jefe de plaza del CJNG en Guadalajara, capturado el 13 de enero de 2026 en el fraccionamiento Las Cañadas.

El patrón se repite en los nueve casos: ninguna detención ocurrió en una base operativa o bodega, sino en fraccionamientos residenciales o casas particulares del municipio, lo que las autoridades atribuyen a labores de inteligencia y seguimiento técnico previo.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó órdenes de cateo y de aprehensión en distintas regiones del país por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada, tráfico de personas y portación de armas. Como resultado de las acciones, quedaron aseguradas seis personas, además de inmuebles, vehículos y cientos de ejemplares de fauna.

Las diligencias se extendieron a siete entidades: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz, con la participación adicional de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y policías estatales, según el estado y el tipo de delito investigado.

Cateos en Chihuahua, Coahuila y Durango por tráfico de personas

En los tres estados del norte del país, personal de la AIC, la SSPC y la Marina ejecutó cateos en cinco inmuebles vinculados con la posible comisión de los delitos de tráfico de personas, delincuencia organizada y contra la salud.

Durante estas diligencias se incautaron cartuchos, tabletas electrónicas y nueve vehículos. El hallazgo de mayor volumen correspondió a 701 ejemplares de fauna, entre aves y ganado bovino, ovino y caprino, que fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para su resguardo.

El operativo conjunto entre fiscalía, seguridad federal y marina en el norte del país dejó como saldo cinco inmuebles asegurados y 701 animales rescatados, entregados a la autoridad ambiental, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y tráfico de personas que aún continúa abierta.

Operativo en Mazatlán por delitos en materia de hidrocarburos

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la AIC, la SSPC y la Defensa catearon un inmueble por la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como resultado de la diligencia, se aseguraron un cargador, 17 cartuchos, dos vehículos y 32 ejemplares de fauna bovina, además del inmueble donde se realizó el cateo.

Las especies animales localizadas en el lugar fueron entregadas a personal del Santuario Ostok Park, ubicado en el propio municipio de Mazatlán, para su resguardo y atención.

Seis órdenes de aprehensión cumplimentadas en distintos estados

De manera paralela a los cateos, elementos de la AIC y la SSPC ejecutaron seis órdenes de aprehensión en igual número de entidades, por delitos que van desde la posesión de armas hasta el contrabando de combustible. En todos los casos, las autoridades dejaron a los detenidos a disposición de la instancia judicial que solicitó su captura.

En Acapulco de Juárez, Guerrero, fue detenido Javier “N” por un delito contra la salud. En San Pedro Cholula, Puebla, la orden se cumplimentó contra Eduardo “N”, señalado por portación de equipo que bloquea señales de telecomunicaciones.

En Ecatepec, Estado de México, se ejecutó la orden contra Israel “N”, por la posible comisión de los delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En León, Guanajuato, la detención por reclusión correspondió a Obey “N”, también por portación de arma de uso exclusivo.

En Cancún, Quintana Roo, fue detenido un segundo hombre identificado como Israel “N”, en este caso por posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo.

Detención en Veracruz con apoyo de Defensa y Guardia Nacional

La sexta orden de aprehensión se cumplimentó en Pánuco, Veracruz, en contra de Francisco “N”, por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

A diferencia de las otras detenciones, en esta diligencia participaron de manera conjunta la AIC, la SSPC, la Defensa, la GN y la Policía Estatal, lo que reflejó un despliegue interinstitucional más amplio para esta captura puntual.

Con esta acción, la Fiscalía y la SSPC cerraron un conjunto de diligencias que combinó cateos por delincuencia organizada y tráfico de personas en el norte del país, un operativo contra el huachicol en Sinaloa, y seis órdenes de aprehensión ejecutadas de manera simultánea en entidades del centro, sur y sureste de México.

Ernesto Ruffo Appel describió su llegada al penal del Altiplano como una experiencia “terrible” y “humillante”, según relató a la periodista Carmen Aristegui. El exgobernador de Baja California, de 74 años, aseguró que no desea esa vivencia a ninguna persona y atribuyó su equilibrio emocional al respaldo de otros reclusos.

De acuerdo con su declaración, el exmandatario panista compartió módulo con otros exgobernadores procesados por delitos graves, entre ellos Mario Marín, Ángel Aguirre, Tomás Yarrington y César Duarte, así como con el almirante Fernando Farías Laguna. Ruffo Appel sostuvo que esa convivencia le permitió evitar el llamado “carcelazo”, término con el que describió la pérdida de la seguridad psicológica de una persona privada de la libertad.

Durante las noches, ese grupo de reclusos discutía sobre la reconstrucción institucional del Estado mexicano desde los pasillos del penal, al punto de que otros internos respondían con aplausos desde pisos distintos. Ruffo Appel mencionó en particular a Aguirre, exgobernador de Guerrero, quien compartió su punto de vista sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El exgobernador admitió, sin embargo, que la mayoría de los reclusos con los que convivió durante traslados y horarios de comida se declaraba inocente, por lo que decidió mantener su propio criterio ante cada relato.

Esa reclusión, que se extendió más de dos meses, terminó el 26 de septiembre, cuando Ruffo Appel salió del Altiplano rumbo a la prisión domiciliaria que ahora cumple en Ensenada. Un juez federal autorizó el cambio de medida cautelar un día antes tras considerar el deterioro de salud del exgobernador: su defensa documentó una pérdida de casi seis kilos, atribuida a las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal, junto con dictámenes médicos y forenses.

El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a los mayores de 70 años cumplir la prisión preventiva en su domicilio, sustentó la resolución de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. La defensa acreditó además el arraigo de Ruffo Appel en Ensenada, ciudad donde fue detenido y donde gobernó como presidente municipal entre 1986 y 1989, así como su copropiedad sobre el inmueble por herencia familiar.

La medida impuesta mantiene a Ruffo Appel bajo prisión preventiva oficiosa, aunque ya no dentro de un penal federal. La resolución judicial ordena vigilancia permanente de la Guardia Nacional sobre el domicilio, videollamadas diarias con la autoridad judicial y la prohibición de salir del país, para lo cual le retiraron el pasaporte y la visa; también le impide todo contacto con testigos u otros imputados de la causa.

El traslado hasta Ensenada tardó 39 horas por carretera bajo custodia de la Guardia Nacional. Ruffo Appel relató a la periodista Azucena Uresti que viajó esposado durante todo el trayecto y que apenas pudo dormir mientras conversaba con los elementos que lo acompañaban, aunque calificó de “muy buen trato” el recibido por los custodios.

El proceso que enfrenta Ruffo Appel se desprende de una investigación de la Fiscalía General de la República sobre una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, que la fiscal general Ernestina Godoy describió como la más grande detectada hasta el momento. La pesquisa identificó miles de operaciones de importación irregular vinculadas con Ingemar, empresa en la que el exgobernador posee entre 39% y 40% del capital, y calculó un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos.

Ruffo Appel se declaró inocente ante Uresti y aseguró que su participación en Ingemar se limitó a su condición de accionista, sin funciones directivas. Su defensa mantiene abierto un segundo amparo contra la vinculación a proceso, mientras la investigación complementaria, con un plazo fijado en seis meses, continúa su curso desde el domicilio del exgobernador en Ensenada.

Un juez concede a Ernesto Ruffo Appel la prisión domiciliaria en Ensenada

El abogado Arturo Germán Rangel presentó dictámenes médicos y forenses que documentaron el deterioro físico de Ruffo Appel durante su reclusión. El defensor añadió testimoniales de familiares y vecinos para respaldar la solicitud de cambio de medida cautelar.

La defensa explicó que la resolución no representa una victoria procesal, sino la aplicación de los requisitos previstos por la ley. “No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, declaró el abogado a los reporteros presentes en el Altiplano.

De acuerdo con el dictamen, el exgobernador deberá realizar videollamadas diarias con el centro de justicia y no podrá acercarse a los testigos ni a otros imputados de la causa. La jueza también le retiró el pasaporte y la visa, y le impidió abandonar el territorio nacional.

La prisión domiciliaria mantiene a Ernesto Ruffo Appel sujeto a prisión preventiva oficiosa, pero le permite cumplirla en su vivienda de Ensenada en lugar de un penal federal. La medida incluye vigilancia permanente de la Guardia Nacional, videollamadas diarias con la autoridad judicial y la prohibición de salir del país mientras continúa la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República investiga a Ingemar por huachicol fiscal ferroviario

La fiscal general Ernestina Godoy presentó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento en México. La investigación se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila.

La Fiscalía documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025. Los investigadores calcularon que la red no declaró más de 15 millones de litros de combustible ante las autoridades aduaneras durante ese periodo.

El esquema causó un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos, según la Fiscalía. La evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados.

Las autoridades detectaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. La Fiscalía identificó también operaciones cambiarias superiores a USD 1,386 millones mediante un patrón de cuentas puente hacia empresas extranjeras.

La empresa Ingemar, dedicada a servicios portuarios y dragado, obtuvo en 2023 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Ruffo Appel posee entre el 39% y el 40% del capital de esa compañía, según precisó su defensa.

El abogado Arturo Germán Rangel negó que su representado tuviera funciones directivas dentro de Ingemar. “No, no, no, él no tiene ni oficina en la empresa”, afirmó el defensor ante los reporteros que cubrieron la audiencia del 25 de septiembre.

La causa penal 253/2026 identificó a 25 presuntos integrantes de la red y derivó hasta ahora en nueve personas detenidas. Cuatro coacusados permanecen recluidos en el Altiplano, dos cumplen prisión domiciliaria por motivos de salud y dos más están en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Sur.

Ruffo Appel se declaró inocente ante la periodista Azucena Uresti y aseguró que su participación se limitó a su condición de accionista. “Yo me declaré inocente, estaba dispuesto a ir a comparecer. En la empresa soy accionista, no participé en nada más”, dijo el exgobernador, quien además atribuyó una dimensión política a su proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, según la información que recibió de su gabinete, el traslado de Ernesto Ruffo Appel desde el penal de El Altiplano hasta Ensenada, Baja California, se realizó por vía terrestre porque así lo determinó el juez que concedió al exgobernador la prisión preventiva domiciliaria.

Durante ‘La Mañanera’, Sheinbaum explicó que preguntó este lunes por la mañana en el gabinete por qué Ruffo había sido trasladado por tierra, debido a que el recorrido hasta Ensenada tomó más de 40 horas. La respuesta que recibió, dijo, fue que se siguió la orden judicial y que este tipo de procedimiento se ha realizado en otras ocasiones.

“Me dijeron que se siguió la orden del juez. Eso es, esa fue la contestación que me dieron”, declaró la presidenta durante su conferencia de prensa.

A partir de la información que le proporcionó el gabinete, Sheinbaum señaló que los traslados de personas que salen de El Altiplano para cumplir una medida cautelar en otro sitio normalmente se realizan por tierra cuando así lo determina el juez, salvo que exista alguna circunstancia adicional de riesgo que requiera otro mecanismo.

La presidenta también sostuvo que, según la versión que recibió, la defensa de Ruffo estuvo de acuerdo con el traslado terrestre. Sin embargo, aclaró que no cuenta con certeza propia sobre esos detalles y que se trata únicamente de la información que le fue comunicada por integrantes de su gabinete.

“Pregunté hoy en la mañana en el gabinete por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido. Me dijeron que se siguió la orden del juez”, precisó Sheinbaum, quien agregó que la Fiscalía General de la República podría proporcionar mayores detalles sobre las condiciones en que se realizó el traslado.

Ruffo llegó a Ensenada tras 39 horas de carretera

Ernesto Ruffo Appel llegó este lunes a su domicilio en Ensenada, donde continuará bajo prisión preventiva domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.

Después de su llegada, el exgobernador relató que el traslado desde El Altiplano duró aproximadamente 39 horas y que fue llevado en distintos vehículos de la Guardia Nacional conforme el convoy atravesó varios estados.

Ruffo explicó que permaneció esposado durante el recorrido como parte del protocolo y que no pudo dormir. También señaló que los elementos que lo custodiaron le dijeron que los regresos desde El Altiplano se realizan por tierra y que ese procedimiento implica un gasto considerable de recursos cuando se trata de un trayecto hasta Baja California.

La familia cuestionó el traslado por carretera

Durante la llegada de Ruffo a Ensenada, su hija, Verónica Ruffo, cuestionó que el exgobernador hubiera sido trasladado por tierra después de haber sido llevado previamente por vía aérea al Estado de México.

En entrevista en vivo con la periodista Azucena Uresti, Verónica Ruffo señaló que se enteró de que el traslado sería terrestre a través de un teniente de la Guardia Nacional. Dijo que durante las últimas 48 horas su principal preocupación había sido conocer dónde se encontraba su padre y mantenerse pendiente de las comunicaciones relacionadas con el recorrido.

La hija del exgobernador manifestó su inconformidad con la duración y la vía utilizada para regresar a Ruffo a Baja California y cuestionó que el traslado no se hubiera realizado nuevamente por vía aérea.

“Estamos indignados por esta terrible decisión. Las últimas 48 horas mi prioridad era saber dónde estaba, cómo iba, estar atenta al teléfono. Un teniente de la Guardia Nacional me informó que el traslado sería vía terrestre, así es como yo me enteré. En estos días ya estaremos decidiendo los siguientes pasos. No le encuentro ninguna explicación, yo espero y quiero escuchar las explicaciones. Si se lo llevaron en avión toda esta faramalla, no entiendo por qué lo regresaron vía terrestre”, dijo Verónica Ruffo.

Ruffo continuará el proceso bajo prisión domiciliaria

El exgobernador permaneció 72 días en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, después de ser detenido el 16 de julio en Ensenada por una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República.

El 23 de julio fue vinculado a proceso junto con otros imputados por la investigación relacionada con una presunta red de introducción ilegal de combustibles al país. El cambio de medida cautelar autorizado el 25 de septiembre no implica el cierre del proceso penal ni una declaración de inocencia, sino que modifica el lugar donde Ruffo cumple la prisión preventiva.

En su domicilio de Ensenada deberá permanecer bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial mientras continúa el proceso en su contra.

Ernesto Ruffo Appel llegó este lunes 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará bajo prisión preventiva domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

El exgobernador, de 74 años, fue recibido por familiares y atendió brevemente a medios de comunicación que se encontraban afuera de su vivienda.

Durante una entrevista en vivo con la periodista Azucena Uresti, Ernesto Ruffo relató que su traslado tuvo una duración de 39 horas en carretera desde el Estado de México. Explicó que fue llevado en distintos vehículos de la Guardia Nacional conforme el convoy atravesaba varios estados y que permaneció esposado como parte del protocolo.

Aunque dijo que recibió un “muy buen trato” por parte de los elementos que lo custodiaron. También señaló que no pudo dormir durante el trayecto y que las esposas le provocaron molestias en las muñecas.

Ruffo afirmó que los propios elementos de la Guardia Nacional le explicaron que el traslado terrestre forma parte del protocolo aplicado para los regresos desde el penal federal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez. Según su relato, durante el recorrido los agentes comentaron que realizar por tierra el trayecto hasta Ensenada implicaba un gasto considerable de recursos. El exgobernador dijo que, pese al cansancio, pudo conversar con los elementos que lo acompañaron y que actualmente sus signos vitales se encuentran bien.

“Es protocolo, así lo tienen ellos —la Guardia Nacional—, a todo mundo lo regresan por tierra. Cuando te regresan el protocolo es que todos los regresos son por tierra, ellos mismos venían comentando que es un desperdicio de recursos desde Almoloya a Ensenada. Ahora mismo estoy en medio del proceso, mis signos vitales están bien”

Durante la entrevista y sobre el proceso penal que enfrenta, Ruffo sostuvo que se declaró inocente y aseguró que, desde que comenzaron los señalamientos, él estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades antes de su detención. Explicó que su participación en la empresa investigada se limitaba a su calidad de accionista y negó haber intervenido en las actividades que la Fiscalía le atribuye.

También señaló que, por instrucciones del juez, no puede referirse a aspectos específicos de la causa ni conversar sobre esos asuntos con otros imputados, aunque afirmó estar enterado de lo que se ha difundido públicamente.

El exgobernador también atribuyó una dimensión política a su detención, una interpretación que presentó como parte de su postura frente al proceso. “Esto tiene dimensiones políticas”, afirmó, al tiempo que sostuvo que su caso debe analizarse dentro de una discusión más amplia sobre la legalidad de los procedimientos judiciales y el funcionamiento de las instituciones. Ruffo dijo que su intención es mantener una posición orientada a “construir” y no a confrontar, pero manifestó preocupación por lo que considera problemas que deben ser atendidos en el país.

“Yo me declaré inocente, estaba dispuesto a ir a comparecer. En la empresa soy accionista, no participé en nada más. Sin embargo, decidieron tomar el camino de apresarme, esto tiene dimensiones políticas, esto es lo que está pasando”, dijo.

Al referirse al llamado huachicol fiscal, Ruffo sostuvo que el fenómeno puede tener consecuencias para la seguridad y las finanzas públicas si existen volúmenes de combustible que no son reportados. Planteó que una mayor transparencia en los datos sobre importación, distribución y consumo de hidrocarburos permitiría conocer con mayor precisión la magnitud del problema. En ese contexto, sostuvo que el caso que enfrenta no debería limitarse a su situación personal, sino relacionarse con asuntos como la seguridad nacional, la legalidad de los procesos judiciales y la transparencia de las instituciones.

La hija del exgobernador, Verónica Ruffo, expresó su indignación

En la entrevista también participó la hija del exgobernador, Verónica Ruffo, explicó que su padre se encontraba al interior de su departamento recibiendo atención médica luego de su traslado por tierra.

La hija del exmandatario afirmó que la familia está indignada por la decisión de realizar el traslado desde el Estado de México hasta Baja California por vía terrestre. Explicó que durante las últimas 48 horas su principal preocupación había sido conocer dónde se encontraba Ruffo y mantenerse pendiente de las comunicaciones relacionadas con el recorrido. Verónica señaló que fue un teniente de la Guardia Nacional quien le informó que el traslado se efectuaría por carretera, por lo que así se enteró de la ruta que seguiría su padre.

La decisión sobre la vía utilizada para el traslado generó cuestionamientos de la familia, particularmente porque, según Verónica Ruffo, su padre había sido llevado previamente por vía aérea. “Si se lo llevaron en avión toda esta faramalla, no entiendo por qué lo regresaron vía terrestre”, declaró. Añadió que en los próximos días la familia analizará los siguientes pasos y que espera conocer las explicaciones sobre la decisión de trasladarlo de esa manera.

“Estamos indignados por esta terrible decisión. Las últimas 48 horas mi prioridad era saber dónde estaba, cómo iba, estar atenta al teléfono. Un teniente de la Guardia Nacional me informó que el traslado sería vía terrestre, así es como yo me enteré. En estos días ya estaremos decidiendo los siguientes pasos. No le encuentro ninguna explicación, yo espero y quiero escuchar las explicaciones. Si se lo llevaron en avión toda esta faramalla, no entiendo por qué lo regresaron vía terrestre”, dijo Verónica Ruffo.

La acusación de la FGR por contrabando de hidrocarburos

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos federales, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR). La investigación está relacionada con Ingemar, empresa de la que el exmandatario es accionista y que fue vinculada por la Fiscalía con una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México. Ese mismo día también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, identificado como socio de Ingemar.

De acuerdo con la investigación presentada por la FGR ante el juez, Ruffo y otros imputados habrían utilizado un esquema de operaciones mediante 11 compañías para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques. La acusación sostiene que los cargamentos eran declarados ante las autoridades aduaneras por volúmenes inferiores a los que realmente transportaban, con lo que se habrían evadido contribuciones y controles aplicables a la importación de hidrocarburos.

La investigación también señala operaciones financieras relacionadas con Ingemar. Según información atribuida a la FGR, entre junio de 2024 y julio de 2025 la empresa realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, vinculadas por la Fiscalía con recursos provenientes del contrabando de combustible. La defensa de Ruffo ha rechazado las acusaciones y el exgobernador ha sostenido que desconocía actividades ilícitas relacionadas con la empresa.

72 días en El Altiplano antes de volver a Ensenada

El 23 de julio, una jueza federal vinculó a proceso a Ruffo y a siete coacusados por delincuencia organizada y delitos relacionados con el llamado huachicol ferroviario. En ese momento, el exgobernador quedó sujeto a prisión preventiva y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permaneció hasta este sábado 26 de septiembre.

Durante las semanas siguientes, la defensa promovió distintos recursos para modificar la medida cautelar. Uno de los argumentos centrales fue la edad de Ruffo y sus condiciones médicas. El 25 de septiembre, un juez federal autorizó que la prisión preventiva se cumpliera en su domicilio de Ensenada, bajo condiciones específicas de vigilancia y restricción de movimientos.

La resolución establece que elementos de la Guardia Nacional vigilen de manera permanente el domicilio y que Ruffo permanezca en la vivienda autorizada mientras continúa el proceso. También se le prohibió salir del país, por lo que deberá entregar su pasaporte y visa; además, tiene restringido el contacto con otros imputados y no podrá acudir a la empresa relacionada con la investigación. En caso de una emergencia médica podrá salir únicamente para recibir atención y bajo custodia.

Así fue la salida de Ruffo de El Altiplano este sábado

La salida de El Altiplano ocurrió la tarde del sábado 26 de septiembre. Ruffo fue entregado a elementos de la Guardia Nacional después de cumplir los protocolos médicos correspondientes y comenzó el traslado hacia Baja California. La ruta terrestre desde el Estado de México hasta Ensenada implicó un recorrido de alrededor de 3 mil kilómetros.

Antes de su llegada, personal de la Guardia Nacional inspeccionó el domicilio de Ensenada para verificar las condiciones en las que se cumpliría la medida cautelar. La familia realizó adecuaciones en la vivienda y esperaba que Ruffo llegara este lunes, después de más de dos meses recluido en el penal federal.

El regreso a Ensenada ocurre, además, en el mismo municipio donde fue detenido el 16 de julio. A partir de ahora, el exgobernador continuará el proceso penal desde su domicilio, pero seguirá sujeto a prisión preventiva y a las restricciones impuestas por la autoridad judicial mientras avanza la causa en su contra. Las acusaciones de la Fiscalía, como ocurre con cualquier imputación penal, deberán resolverse dentro del proceso judicial y no constituyen por sí mismas una sentencia.

Un megaoperativo en tres estados del país, encabezado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) contra el Cártel del Golfo, culminó con la detención de Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, presunto operador financiero de la facción de Los Metros.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones implicaron la ejecución de 19 cateos en inmuebles ubicados en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde Jesús Manuel “N” y dos personas más fueron arrestadas.

El despliegue se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia militar, en el que participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, el “Bebo” está vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos procedente del extranjero, además de que cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones de la Defensa refieren que Jesús Manuel “N” trabaja bajo las órdenes directas de César Morfín Morfín, alias “Primito”, identificado como jefe de la facción de Los Metros, que mantiene presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

En el despliegue también fueron asegurados diversos objetos relacionados con el contrabando de hidrocarburo, entre ellos:

• 13 inmuebles
• 4 tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo
• 2 aeronaves
• 50 vehículos
• 107 remolques tipo cisternas
• 11 bombas despachadoras

• 84 tractocamiones
• 49 camiones recolectores de basura
• 11 bombas despachadoras
• Cerca de 500 mil litros de combustible
• 1.3 kilogramos de metanfetamina
• 219 cartuchos
• 7 motocicletas
• Dinero en efectivo

Las autoridades destacaron que estas detenciones y aseguramientos se realizaron como parte de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener una estrategia permanente contra el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de grupos criminales y capturar a quienes se beneficien de ellas.

El Cártel del Golfo de expande hacia el Pacífico y centro de México

El Cártel del Golfo dejó de operar como una estructura unificada, pero su fragmentación no significó su desaparición: la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detectó una expansión hacia el Pacífico y el centro de México, con presencia registrada en entidades donde antes no tenía injerencia relevante.

El hallazgo consta en la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA, que documenta la presencia del grupo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además de nuevas zonas de actividad en el occidente y el centro del país, incluida la periferia de Ciudad de México.

La organización criminal es una de las más antiguas en el país, ya que sus inicios se remontan a la década de 1930 en Matamoros, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó con el contrabando de licor hacia Estados Unidos, y se consolidó como cártel de narcotráfico en 1984 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego.

La organización alcanzó uno de sus periodos de mayor poder con García Ábrego y, posteriormente, con Osiel Cárdenas Guillén; sin embargo, su estructura comenzó a fracturarse tras las detenciones de sus principales dirigentes y, en particular, después de la ruptura con Los Zetas, el grupo que había surgido como su brazo armado.

De acuerdo con la DEA, sus dos principales facciones son Los Metros y Los Escorpiones, que se enfrentan por rutas de tráfico, territorio y el control general de la estructura criminal, con puntos estratégicos en disputa como el puerto de Altamira, en Tamaulipas.

A esas dos facciones se suman Los Ciclones, Los Rojos y Las Panteras, cada una con liderazgo y control territorial propios en distintas zonas de Tamaulipas, de acuerdo con un análisis de InSight Crime.

Los Escorpiones mantienen además una confrontación con el Cártel del Noreste y con otras facciones del propio Cártel del Golfo por el control de Reynosa, mientras que Los Ciclones aparecen como una tercera facción de menor peso, también enfrentada con grupos rivales.

Uno de los elementos que explican el crecimiento territorial señalado por la DEA es la alianza entre Los Metros y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la agencia estadounidense, ese pacto proporciona protección a Los Metros frente a Los Mayos, el Cártel del Noreste y otras facciones del propio Cártel del Golfo.

A cambio, la relación facilita el flujo de drogas hacia Estados Unidos y permite al CJNG obtener acceso a puntos de entrada fronterizos y al puerto de Altamira, utilizado para la importación de precursores químicos.

Según la agencia estadounidense, esta alianza explicaría la presencia del Cártel del Golfo registrada en Jalisco y Nayarit, territorios donde el CJNG tiene una posición histórica de mayor relevancia.

Actividades que van más allá del narcotráfico

Las redes del Cártel del Golfo participan en el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos, según la DEA. La organización también utiliza rutas para el tráfico de personas, particularmente de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.

A esas actividades se suma el llamado huachicol, mediante el cual redes criminales participan en el contrabando de hidrocarburos. La agencia estadounidense vincula al cártel con el robo de petróleo y su traslado hacia Estados Unidos para su comercialización, dentro de esquemas financieros basados en operaciones comerciales.

Un juez determinó este viernes modificar la medida cautelar que pesaba sobre Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y ordenó que el resto de su proceso penal se desarrolle en prisión domiciliaria. La decisión llegó tras una audiencia de carácter incidental centrada en el caso conocido como huachicol fiscal.

Hasta ese momento, el exmandatario panista permanecía recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su defensa había insistido en que el proceso no debía seguir su curso dentro de esas instalaciones.

La diligencia de este viernes se realizó de manera virtual, aunque los abogados del exgobernador sí ingresaron al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Los abogados sostuvieron que la edad del exgobernador, mayor de 70 años, y sus condiciones de salud justificaban que cumpliera la medida cautelar en su domicilio.

El equipo jurídico sostuvo que Ernesto Ruffo Appel cuenta con arraigo y que no existe riesgo de que evada la acción de la justicia. La petición se apoyó en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a las personas mayores de 70 años cumplir la prisión preventiva en su domicilio, según reportó Infobae.

“Mi papá está bien, dentro de lo que cabe estar dentro de lo que significa una persona de 74 años de edad, con una operación de cadera, con la movilidad limitada y abajo de peso”, señaló previamente Verónica Ruffo, hija del exgobernador, ante el medios locales. La familia había confiado en que la audiencia programada modificara la situación legal de Ruffo Appel.

A raíz de los hechos, el juez de control a cargo del expediente estableció un nuevo esquema de medidas cautelares, donde Ernesto Ruffo Appel deberá permanecer en el domicilio designado para el cumplimiento de la medida, bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional durante las 24 horas.

La resolución también obliga al exgobernador a mantener comunicación constante con un centro de justicia y a someterse a su supervisión. Como parte de las condiciones, deberá entregar su pasaporte y su visa a las autoridades correspondientes.

El juez determinó que Ruffo Appel no portará brazalete electrónico, debido a la posibilidad de que requiera atención hospitalaria de urgencia en cualquier momento. En su lugar, el exgobernador tendrá que realizar videollamadas diarias con las autoridades y tiene prohibido abandonar el país, aunque no existe restricción para salir de su vivienda.

La determinación judicial otorgó un plazo de 48 horas para su cumplimiento. Durante ese lapso, la Guardia Nacional y las autoridades involucradas deberán coordinar los trámites necesarios para concretar el traslado del exgobernador.

Antes de esa diligencia, la defensa ya había obtenido una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo relacionado con la medida cautelar.

Esa suspensión, publicada el 22 de septiembre y correspondiente al expediente 889/2026, no precisó los efectos concretos de la medida. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, explicó que la resolución obligó a las autoridades a citar la audiencia para ratificar o modificar la prisión preventiva.

Guadalupe Acosta Naranjo y Verónica Ruffo denunciaron condiciones del Altiplano

Acosta Naranjo visitó a Ruffo Appel en el penal junto con Verónica Ruffo y parte del equipo de defensa. “Lo vi delgado, efectivamente, ha perdido un poco más de seis kilos estando ahí adentro, pero es un hombre muy fuerte de carácter y muy fuerte de voluntad”, relató el dirigente de Somos al medio.

El presidente de Somos describió además las condiciones de reclusión que enfrentaba el exgobernador dentro del penal de máxima seguridad. “Estar en la penal de Almoloya no es ningún trato digno para nadie, mucho menos para una gente inocente”, expresó Acosta Naranjo.

Según el dirigente, Ruffo permanecía veinte horas recluido y solo contaba con cuatro horas de convivencia con otros internos. Sus abogados, agregó Acosta Naranjo, únicamente podían visitarlo hora y media al día pese a que la defensa debía ejercerse en todo momento.

Verónica Ruffo constató un deterioro físico notorio en su padre después de una operación de cadera. La hija del exgobernador relató que Ruffo Appel arrastraba movilidad limitada desde esa intervención.

La familia también cuestionó las declaraciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad del exgobernador. “Es muy penoso, sinceramente, que estas instituciones del país estén saliendo a decir así a la ciudadanía, porque crea una confusión muy grande y es desinformación”, afirmó Verónica Ruffo a medios de comunicación.

La FGR investiga una red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar

La Fiscalía General de la República vinculó a Ruffo Appel a proceso el 23 de julio de 2025 junto con siete coacusados. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó la vinculación tras considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, calificó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento. De acuerdo con datos recogidos por Infobae, la estructura operaba a través de Ingemar, empresa de servicios portuarios y dragado en la que Ruffo figuraba como accionista mayoritario.

El esquema introducía gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, y declaraba apenas el 10% del volumen real transportado en cada carro tanque. El combustible cruzaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

La investigación documentó 4.238 operaciones de importación irregular en un periodo de seis meses. Se estima que más de 15 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades entre enero y julio de 2025.

El esquema causó un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos durante ese periodo. Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada ascendió a 88 millones 511 mil 516 pesos, cifra a la que se sumaron 18 millones 289 mil 304 pesos por Impuesto al Valor Agregado.

La FGR identificó movimientos por más de 3.075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. Las autoridades detectaron además operaciones cambiarias superiores a 1.386 millones de dólares, con un patrón de cuentas puente que recibían recursos y los transferían casi de inmediato.

El punto de partida de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hallazgo, las autoridades reconstruyeron la red mediante el cruce de información sobre personas, empresas y documentación administrativa.

Acosta Naranjo atribuyó las acusaciones contra Ruffo a fallas dentro del sistema aduanero y no a una responsabilidad directa del exgobernador. “Él no administraba la empresa, él no tenía ningún cargo directivo, él no hacía las compras, él no hacía la distribución”, dijo el dirigente de Somos ante Infobae.

La defensa del exgobernador mantiene un segundo amparo contra la vinculación a proceso, según confirmó Acosta Naranjo. Con la prisión domiciliaria ya resuelta, la familia adelantó que continuará ese litigio hasta esclarecer la inocencia de Ruffo Appel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las primeras diligencias del megadecomiso de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, no lograron comprobar si el producto asegurado era huachicol. El operativo, realizado el pasado 17 de septiembre en las inmediaciones de la empresa Gas Natural del Noreste, derivó en el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible y, días después, en la destitución del entonces delegado estatal de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala.

Según explicó, el hallazgo ocurrió dos semanas antes de que se diera a conocer públicamente la noticia, debido a que la investigación no fue producto de una sola acción, sino de dos o tres diligencias distintas realizadas en la entidad.

Asimismo, subrayó que el caso no se originó en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la instancia que habitualmente conduce los operativos relevantes con detenidos y aseguramientos de hidrocarburo. El origen estuvo en la delegación estatal de la FGR, con apoyo de informes de la Policía Estatal.

Fue la propia delegación, junto con la corporación estatal, la que dio a conocer el aseguramiento. En ese punto, la Fiscalía General de la República detectó observaciones que motivaron la atracción del expediente.

Por esa razón, el expediente pasó a manos de la FEMDO y de la dirección de hidrocarburos, áreas responsables de esclarecer el origen del producto. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado si se trató de huachicol o de un aseguramiento por irregularidades documentales.

Sheinbaum ubica el operativo en San José Iturbide

La presidenta Claudia Sheinbaum situó el caso en San José Iturbide, Guanajuato, donde el 17 de septiembre se realizó un operativo que terminó en el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible. El hallazgo está vinculado a la empresa Gas Natural del Noreste.

En conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, la mandataria confirmó que la dependencia aún revisa los permisos de la compañía. Según relató, todo el aseguramiento partió de la delegación de la FGR en Guanajuato, sin intervención inicial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Además, detalló que la investigación original se centró en el control de entradas y salidas de pipas, que ingresaban al predio sin contar con toda la documentación requerida. La delegación estatal actuó de manera autónoma en esas primeras diligencias, sin participación de ninguna fiscalía especializada de la Ciudad de México.

Sheinbaum relató que la FGR informó al Gobierno federal sobre el caso mientras ella se encontraba en Guanajuato y adelantó que las diligencias continuarían, con posibles detenciones posteriores.

“Todavía no termina”, afirmó la presidenta sobre el estado del expediente, mientras las autoridades verifican si la operación de la empresa se ajusta a los permisos vigentes o si existe alguna irregularidad.

Antecedentes del caso: del cateo del 17 de septiembre a la postura de Simsa

El operativo original se ejecutó en un predio de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, tras una autorización judicial. Ahí quedaron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentación relacionada con los hechos.

La pesquisa había comenzado meses antes, a partir de la detención de un chofer el 3 de julio en una gasolinera de San Luis de la Paz. Ese conductor no pudo acreditar la procedencia de 33 mil litros de diésel que transportaba.

Esa primera detención derivó en tres órdenes de cateo ejecutadas por la FGR. La segunda diligencia se realizó en un despacho de gas LP en Dolores Hidalgo, y la tercera, la de mayor magnitud, en el predio de San José Iturbide.

El volumen total asegurado en esa tercera intervención se distribuyó en tres tipos de combustible: 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de litros de gasolina premium y 18,2 millones de litros de diésel. La cifra equivale a llenar 371 mil barriles de Pemex.

El conglomerado Simsa, operador de la terminal, negó ser propietario del hidrocarburo hallado en sus instalaciones. La empresa sostuvo que su función se limita al almacenamiento de combustible de terceros con permisos vigentes desde 2016.

Gas Natural del Noreste, propietaria de Simsa, afirmó que sus clientes son permisionarios de la Comisión Nacional de Energía. Según la compañía, esos clientes deben acreditar ante la terminal la propiedad y la procedencia legítima de los productos que depositan.

Especialistas en energía consultados por este medio señalaron que este tipo de instalaciones opera mediante contratos de depósito. Los expertos añadieron que el volumen almacenado, por sí mismo, no permite concluir que se trate de combustible de contrabando.

La cifra de 59 millones de litros representa el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país. El volumen supera en 35 veces el mayor decomiso de huachicol registrado previamente en Guanajuato, ocurrido en octubre de 2025.

El caso también superó al aseguramiento de 15.480.000 litros realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. Aquella intervención había sido calificada entonces por el gobierno federal como la de mayor magnitud de la actual administración.

La presidenta Sheinbaum también descartó, durante la misma conferencia, que el caso guarde relación con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. El expediente continúa centrado en establecer el origen y el destino del combustible asegurado.

García Harfuch adelantó que podrían producirse detenciones conforme avance la investigación. La definición de responsabilidades penales dependerá de si la FGR acredita irregularidades en la documentación revisada.

El caso queda ahora en manos de la FEMDO y de la dirección de hidrocarburos de la FGR. Ambas instancias deberán determinar si Gas Natural del Noreste y sus clientes cumplieron con la normativa vigente o si existió alguna operación irregular con el combustible asegurado.

Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.

Uno de los casos documentados por Washington es el de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien OFAC señaló por su participación en el robo de combustible en Veracruz y Jalisco. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Cazarín utilizaba familiares y asociados como prestanombres para administrar una red de estaciones que aparentaban ser negocios legítimos.

‘El Tanque’: una red de gasolineras en Veracruz

Según la OFAC, “El Tanque” obtenía combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos y posteriormente almacenaba los hidrocarburos en instalaciones con capacidad para millones de litros.

El combustible era vendido a través de una red de 11 gasolineras, que de acuerdo con el gobierno estadounidense operaban aparentemente como establecimientos legales. La propia OFAC señaló que Cazarín administraba estas estaciones mediante familiares y asociados que fungían como propietarios o representantes formales.

Entre las empresas identificadas por las autoridades estadounidenses se encuentra Etanofuel, S.A. de C.V., que comercialmente se anunciaba como G Energy, además de otras razones sociales relacionadas con estaciones de servicio.

La acusación de Washington no implica que cualquier persona que haya cargado combustible en esos establecimientos tuviera conocimiento del origen del producto. El señalamiento estadounidense se dirige contra quienes, según su investigación, controlaban o utilizaban las empresas para comercializar combustible robado.

‘El Jardinero’ y la gasolinera Petrocoda

Otro de los casos señalados por el Departamento del Tesoro involucra a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los operadores de alto nivel del CJNG.

En una acción posterior, OFAC identificó a Petrocoda S.A. de C.V. como una compañía de gas vinculada con Flores Silva. De acuerdo con la dependencia estadounidense, “El Jardinero” mantenía el control de la empresa mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La empresa fue incluida directamente en las sanciones de OFAC, que sostuvo que Petrocoda era propiedad, estaba controlada o era dirigida, directa o indirectamente, por Flores Silva.

El señalamiento forma parte de una estrategia estadounidense para identificar no solamente a integrantes armados de organizaciones criminales, sino también a empresas y personas que presuntamente facilitan sus operaciones financieras.

Familiares y empresas alrededor del CJNG

El patrón señalado por las autoridades estadounidenses aparece también en otras actividades empresariales relacionadas con operadores del CJNG.

OFAC ha documentado el uso de familiares, subordinados, prestanombres y empresas aparentemente legítimas para ocultar intereses económicos de integrantes del grupo criminal. En junio de 2026, por ejemplo, el Tesoro informó de nuevas sanciones contra personas y compañías relacionadas con esquemas de robo y contrabando de combustible, además de empresas utilizadas para facilitar esas operaciones.

En el caso de “El Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez, investigaciones periodísticas identificaron a familiares del presunto operador del CJNG como propietarias de Gasolineras HG, cuyo nombre coincide con las iniciales de Guerrero.

Sin embargo, existe una diferencia importante: hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG, por lo que el caso debe distinguirse de empresas como Petrocoda, que sí fue incluida directamente en una designación de OFAC.

El Departamento del Tesoro ha ampliado en los últimos años sus investigaciones sobre las fuentes de ingresos del CJNG. Además del narcotráfico, Estados Unidos ha señalado al robo y contrabando de combustible como una fuente importante de recursos para la organización.

Así, detrás de algunas estaciones que funcionan aparentemente como negocios convencionales, las autoridades estadounidenses han identificado estructuras empresariales que, según sus investigaciones, pueden servir para almacenar, comercializar o introducir al mercado combustible obtenido mediante actividades ilícitas.

Para el consumidor, una carga de gasolina puede parecer una operación cotidiana. La investigación estadounidense, sin embargo, muestra que detrás de algunas estaciones señaladas existen redes que involucran a operadores criminales, familiares, subordinados y empresas utilizadas para ocultar el control o el origen de los recursos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación por el hallazgo de más de 59 millones de litros de presunto huachicol en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) instruyó la medida este 19 de septiembre, ante la complejidad del caso y la necesidad de verificar la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del combustible localizado.

El operativo que originó el caso salió a la luz el 17 de septiembre, cuando el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó en sus redes sociales sobre el cateo realizado en la entidad. Horas después, la FGR confirmó los hechos mediante un comunicado oficial en el que detalló el origen de la investigación y el volumen exacto del hidrocarburo asegurado.

El inmueble donde se realizó el cateo es operado por Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, filial de Grupo SIMSA. La empresa se pronunció este mismo 19 de septiembre mediante un comunicado en el que defendió la legalidad de su operación en la Terminal de almacenamiento de San José Iturbide.

FEMDO atrajo el caso ante la falta de documentación de las empresas relacionadas

Mediante el comunicado FGR 628/26, del 19 de septiembre, la Fiscalía informó que ninguna de las empresas relacionadas había entregado la documentación necesaria para acreditar de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado. Por esa razón, la fiscal Godoy instruyó a la FEMDO ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva.

El personal de la institución inició diligencias adicionales que incluyen el acopio de información sobre las empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos. El objetivo de esas acciones es verificar la propiedad, la operación y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo asegurado.

La FGR precisó que las diligencias ministeriales continuaban en curso y reiteró que la institución seguiría trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, así como para contribuir a defender el patrimonio del pueblo de México.

El caso inició en julio con la detención de una persona en una gasolinera

Según datos oficiales compartidos previamente por la FGR, la investigación arrancó el 3 de julio de 2026, a cargo de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en Guanajuato. Ese día se detuvo a una persona en el momento en que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. El detenido no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo que transportaba.

A partir de esa detención, la Fiscalía Especializada de Control Regional ejecutó diversas técnicas de investigación en tres puntos del estado. La primera diligencia se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz. La segunda tuvo lugar en un inmueble de despacho de Gas L.P. en el municipio de Dolores Hidalgo, perteneciente al mismo propietario. La tercera y última diligencia se ejecutó en el inmueble ubicado en San José Iturbide, donde se concentró el hallazgo de mayor magnitud, los más de 35 millones de litro.

El cateo en San José Iturbide contó con la autorización de un juez federal y con el apoyo de integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como de elementos de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, quienes intervinieron como testigos del acto y en labores de asistencia.

Según el reporte del secretario de Seguridad de Guanajuato, durante el operativo se aseguraron diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. Una de las fotografías difundidas ese día mostró una pipa con el rótulo de la empresa Mobil estacionada dentro de las instalaciones intervenidas. Esa misma imagen fue compartida posteriormente por la FGR pero con censura en el logo de la empresa.

De acuerdo con el comunicado de la FGR emitido el 17 de septiembre, el hidrocarburo localizado en el inmueble de San José Iturbide se distribuyó en:

• 33 millones 504 mil 67.406 litros de gasolina Regular
• 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium
• 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel

Además del combustible, se aseguraron una caja con documentación contable, siete unidades de transporte y diez contenedores cilíndricos de gran capacidad de almacenamiento, identificados como diques.

Hasta el momento de la primera revelación del caso no se conocía el nombre de la empresa investigada. Las autoridades precisaron entonces que el aseguramiento no determinaba responsabilidades por sí mismo sobre las personas o empresas vinculadas al sitio intervenido, y que correspondería a las instancias ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho.

La empresa señalada defendió la legalidad de su operación y afirmó que fueron clave para combatir el desabasto de 2019

Este mismo 19 de septiembre, Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, filial de Grupo SIMSA, emitió un comunicado en su web oficial, en el que precisó que opera desde hace nueve años la Terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide.

La empresa indicó que contaba con el Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgado por la Comisión Nacional de Energía con una vigencia de treinta años.

La compañía agregó que disponía de autorizaciones ambientales y de seguridad industrial expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como del permiso en materia ferroviaria otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el ámbito estatal y municipal, dijo contar con el Permiso de Uso de Suelo, la licencia de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

Gas Natural del Noroeste aclaró que, conforme a su permiso, prestaba un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de empresas usuarias, las cuales, a su vez, eran permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditaban ante la empresa la propiedad y procedencia legítima de sus productos.

La compañía afirmó haber puesto a disposición de las autoridades competentes la información y documentación que acreditaban la legalidad de su operación y su relación comercial con las empresas usuarias de la Terminal.

En el mismo comunicado, la empresa recordó que en 2017 Petróleos Mexicanos almacenó en esa Terminal su primera importación de diésel vía ferroviaria, y que en 2019 la instalación resultó clave para abatir el desabasto de gasolinas en cinco estados de la República. Gas Natural del Noroeste señaló además que Grupo SIMSA fue fundado en 1967 y que generaba empleo para más de 14 mil personas en el país.

El decomiso de 59 millones 36 mil 870.527 litros de hidrocarburo en Guanajuato abrió un nuevo frente: Gas Natural del Noroeste, empresa integrante de Grupo SIMSA, rechazó cualquier irregularidad en la operación de la terminal de almacenamiento de San José Iturbide donde las autoridades localizaron el combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se trata del mayor aseguramiento de hidrocarburo de este tipo registrado en México. La investigación comenzó el 3 de julio, tras la detención de un chofer que transportaba 33 mil litros de diésel sin acreditar su trazabilidad.

¿Cómo ocurrió el decomiso de 59 millones de litros de huachicol?

La pesquisa llevó a la FGR hasta tres inmuebles relacionados con un mismo propietario. El operativo incluyó una gasolinera en San Luis de la Paz, un inmueble destinado al despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, la terminal localizada en la comunidad de La Fragua, San José Iturbide.

En este último punto se concentró prácticamente todo el volumen asegurado. Las autoridades localizaron diez tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación. El gobierno de Guanajuato señaló que el producto tenía características de diésel, gasolina regular y gasolina premium.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, sostuvo que el hallazgo fue resultado de una investigación. “No se trató de un pitazo, ni de un golpe de suerte ni algo al azar, esto nace de una investigación”, declaró en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

La FGR mantiene bajo análisis la procedencia y trazabilidad del combustible, así como la posible comisión de delitos previstos en la legislación federal sobre hidrocarburos y, en su caso, en el Código Fiscal de la Federación.

Gas Natural del Noroeste niega irregularidades en la terminal

Tras conocerse el operativo, Gas Natural del Noroeste aseguró que la terminal de San José Iturbide opera de manera legal y con permisos vigentes.

La compañía afirmó que desde hace nueve años trabaja bajo el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, con una vigencia de 30 años, además de las modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020. La documentación disponible confirma que ese permiso corresponde a Gas Natural del Noroeste y a una instalación ubicada en San José Iturbide.

La empresa también señaló que cuenta con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), así como con permisos estatales y municipales.

Entre los documentos mencionados figuran los oficios ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y ASEA/UGI/DGGPI/2835/2019, además del permiso ferroviario SCT.6.11.413.-153/2018.

Con base en esas autorizaciones, Gas Natural del Noroeste sostuvo que la operación de sus instalaciones es “completamente lícita y verificable”.

¿De quién era el combustible asegurado en Guanajuato?

La empresa estableció una distinción entre la terminal y el producto almacenado. Según su comunicado, Gas Natural del Noroeste presta el servicio de recepción y almacenamiento de petrolíferos propiedad de empresas usuarias.

Esas compañías, afirmó, cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía y deben acreditar ante la terminal la propiedad, procedencia legítima y calidad de los productos.

La firma informó que entregó a las autoridades la documentación relacionada con sus operaciones y con las empresas usuarias. Su postura es que la revisión de esos documentos permitirá corroborar que tanto la terminal como los productos almacenados se encuentran en regla.

¿Qué sigue en la investigación del megadecomiso de huachicol?

El combustible permanece bajo resguardo mientras continúan las labores técnicas para determinar su cantidad, naturaleza, procedencia y legalidad. También quedaron a disposición del Ministerio Público Federal los vehículos, contenedores y documentos asegurados durante los cateos.

Hasta ahora, la FGR no ha informado públicamente que Gas Natural del Noroeste sea imputada por algún delito. La investigación busca determinar la responsabilidad de quienes pudieran estar relacionados con el almacenamiento, distribución o procedencia irregular del hidrocarburo, conforme avance el expediente.

Este viernes, el vocero de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Federico Döring, cuestionó la falta de detenidos durante los operativos federales contra el robo de combustibles y/o huachicol fiscal.

Desde el punto de vista del panista, lo anterior, solo se explica por la existencia de infiltrados que podrían dar el “pitazo” a los delincuentes, lo que les permite huir.

PAN advierte que por infiltrados no hay detenidos durante los operativos contra el huachicol fiscal

Ante esta situación, el diputado ironizó que da la impresión de que en México el crimen organización opera Inteligencia Artificial, porque en los decomisos nunca hay delincuentes custodiando el hidrocarburo y “parecería que los criminales mexicanos son los únicos que no tiene sus fortunas mal habidas en sus guaridas”.

“Ni en Ciudad Gótica el combate al crimen es como en México con Harfuch y Sheinbaum, el único país del planeta donde solitos, por Inteligencia Artificial, se mueven millones de litros de huachicol fiscal y nunca hay ningún delincuente custodiando el producto. Nunca se detiene a nadie, nunca se decomisa dinero.

“Ahora resulta que los narcos de México son los únicos del mundo que no tienen sus fortunas mal habidas en efectivo en sus guaridas.

“La incapacidad para tener detenidos en flagrancia sólo confirma que alguien les da el pitazo, salvo cuando lo opera directamente directamente el General (Ricardo) Trevilla (titular de la Sedena) con el comando norte de Estados Unidos”, dijo el legislador panista.

Decomisan 59 millones de litros de combustible en Guanajuato y no reportan detenidos

De acuerdo con reportes periodísticos, el jueves 17 de septiembre, al menos 59 millones de litros de combustible, presuntamente ilegal, fueron decomisados por elementos federales y estatales de Guanajuato.

El operativo antes descrito fue calificado como el mayor golpe al huachicol hasta ahora; sin embargo, por enésima ocasión, las autoridades no reportaron detenidos.

Operativos de la Sedena sí son exitoso

El operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes , alias ‘El Mencho’, marca la diferencia entre el estilo del titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, y el de otras corporaciones, según Federico Döring. El legislador señaló que la clave del éxito está en no avisar a policías federales ni municipales antes de ejecutar las acciones.

Döring explicó que los operativos que resultan exitosos, como el dirigido contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, comparten un mismo patrón operativo. La Sedena, dice, evita filtraciones al mantener el hermetismo hasta el último momento.

“(Contrasta el operativo para detener a) ‘El Mencho’ que los agarran en la madrugada, dormidos, desprevenidos y es exitoso, contra el resto de todas las operaciones del supergabinetazo, que no son en la madrugada, que son en horas hábiles y con mucho tiempo para evadir la aprehensión.

“Si hubieran llegado a esta ‘huachirefinería’ en la medianoche, seguramente habría habido gente operando o custodiando el producto. Si hubieran llegado a las 4:00, 5:00 de la mañana, que es cuando despachan las pipas para abastecer los puntos de venta, seguramente habría habido gente”, explicó el vocero panista.

Federico Döring solicitó información a Harfuch sobre detenidos en operativos

Döring contó que el año pasado, mediante un oficio, solicitó a la Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) información sobre los detenidos en los dos operativos del 28 de marzo y 31 de marzo de 2025 en los que decomisaron 20 millones de litros de hidrocarburos en Baja California y Tamaulipas.

Además, le reiteró la petición al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en la Junta de Coordinación Política por el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reveló que a pesar de que durante la comparecencia Harfuch se comprometió a entregarle la información en cuanto concluyeran las investigaciones, más de un año después, no le ha dado nada.

Crítica que no logren localizar “refinerías” ilegales

También criticó que la Guardia Nacional no detectara la “huachirrefinería” hallada en Guanajuato, un episodio que, señaló, se repite tras el caso similar en Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, cuestionó la capacidad de vigilancia de la corporación en una zona de alto tránsito.

Döring subrayó que la instalación clandestina se ubicaba sobre la Carretera 57, una de las vías más transitadas y reconocidas del país. Para el legislador, la visibilidad de la ruta hace inexplicable que la Guardia Nacional no advirtiera la operación ilegal.

“Otra vez la gran pregunta para la súper Guardia Nacional y el Ejército es ¿no se dieron cuenta de lo que entraba y salía de ahí?”, cuestionó.

¿Quién combate al huachicol a nivel nacional?

Por último, Federico Döring recordó que Israel Benítez López, conocido como “Jefe Máximo”, encabeza el combate al huachicol a nivel nacional desde su cargo como director general de Pemex Logística. El funcionario fue subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México y es considerado mano derecha de Omar García Harfuch.

Asimismo, destacó que Benítez López ocupa el cargo en Pemex Logística desde octubre de 2024. El legislador lo describió como “un personaje con la peor reputación posible” al frente de esta responsabilidad.

Lo anterior, porque de acuerdo con investigaciones periodísticas citadas por el panista, Benítez López ocultó tres propiedades en su declaración patrimonial. Entre ellas, figura un rancho de lujo en Tula, Hidalgo, que no fue reportado en su declaración patrimonial.

Sí resulta muy extraño que las autoridades federales no reporten detenidos durante los operativos contra el huachicol fiscal, y eso, para el PAN es porque hay “infiltrados” que dan el pitazo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo desde Irapuato, Guanajuato, que el decomiso de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en instalaciones ubicadas en tres municipios de Guanajuato, no están relacionadas al caso del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado mes de julio, y acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Ruffo, de 74 años de edad, fue detenido en el municipio de Ensenada, Baja California. Él fue identificado como el principal accionista mayoritario de la empresa Ingemar, firma relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionado con huachicol fiscal.

Habrá detenidos, asegura Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo, ante la pregunta de un periodista, que en los casos más importantes donde ha habido aseguramientos de este tipo, por ejemplo, el buque con más de 10 millones de litros, o en el norte del país, donde se hizo un gran aseguramiento, hay detenciones, sin embargo, estas ocurren después de que se encuentra el combustible.

“En este caso, esto empezó el 3 de julio del 2026 con la detención de una pipa, y de una pipa se sacó toda la información para este predio, como ya lo dijo la señora presidenta, el aseguramiento está, y las detenciones y la investigación, por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después, en ese predio, en ese momento, no había nadie por lo evidente, era una movilización grande entre el gobierno, de las autoridades estatales y del gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que en los otros casos, se van a dar”.

Señaló que no ha habido un solo caso de este tipo, donde haya habido aseguramientos grandes, que no hubiera detenidos.

Harfuch dijo que en el momento en el que se realizó el cateo, no había nadie que cuidara el predio. “Repito, en todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos, y en este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos y lo vamos a reportar aquí”, aseguró Harfuch.

El secretario de seguridad dijo que el lugar era una instalación de almacenamiento, que más adelante se dará la explicación de qué era exactamente esa instalación. Además, dijo que tenía entendido que el lugar no pertenecia a Petróleos Mexicanos, y señaló que otros detalles los dará a conocer la Fiscalía, pues es un aseguramiento muy reciente.

“Aquí lo relevante es que se operó, se hizó un aseguramiento sumamente importante, y fue precisamente, no solo con el gobierno Federal, fue con las autoridades estatales también”, expuso, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) daría a conocer qué grupo delictivo operaba el sitio, para evitar dar una información incorrecta o especular.

El pasado jueves 18 de septiembre, se dio a conocer el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, lo que es el mayor operativo de este tipo registrado en el país.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, el pasado 3 de julio, un chofer de una pipa que transportaba combustible, fue detenido mientras descargaba el hidrocarburo en una gasolinera de San Luis de la Paz.

El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo de los 33 mil litros de diésel que transportaba. El hallazgo derivó en diligencias adicionales que, con el tiempo, escalaron hasta convertirse en el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país.

A partir de esa detención, el Ministerio Público Federal autorizó técnicas de investigación que permitieron rastrear la red de distribución vinculada al mismo propietario en distintos puntos del estado.

La cifra exacta que maneja la FGR es de 59 millones 036 mil 870.527 litros, distribuidos en tres tipos de combustible:

• 33,504,067.406 litros de gasolina regular
• 18,265,989.504 litros de diésel
• 7,266,813.617 litros de gasolina premium

El volumen equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos.

Tres cateos en cadena hasta llegar a San José Iturbide

La FGR ejecutó tres órdenes de cateo derivadas de la misma pesquisa. La primera se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz, donde comenzó todo. La segunda se llevó a cabo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, propiedad del mismo dueño.

El tercer cateo, el de mayor magnitud, se ejecutó en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. Ahí se concentró la totalidad del volumen reportado: diez contenedores cilíndricos descritos como diques de gran capacidad de almacenamiento, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable.

En las diligencias participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, que actuaron como testigos de asistencia durante los cateos.

La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó la investigación que llevó al aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, el mayor operativo de este tipo registrado en el país.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, Todo comenzó el 3 de julio de 2026, cuando un chofer fue detenido mientras descargaba combustible de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz.

El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo de los 33 mil litros de diésel que transportaba. Ese hallazgo derivó en diligencias adicionales que, con el tiempo, escalaron hasta convertirse en el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país.

A partir de esa detención, el Ministerio Público Federal autorizó técnicas de investigación que permitieron rastrear la red de distribución vinculada al mismo propietario en distintos puntos del estado.

La cifra exacta que maneja la FGR es de 59 millones 036 mil 870.527 litros, distribuidos en tres tipos de combustible:

• 33,504,067.406 litros de gasolina regular
• 18,265,989.504 litros de diésel
• 7,266,813.617 litros de gasolina premium

El volumen equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos.

Tres cateos en cadena hasta llegar a San José Iturbide

La FGR ejecutó tres órdenes de cateo derivadas de la misma pesquisa. La primera se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz, donde comenzó todo. La segunda se llevó a cabo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, propiedad del mismo dueño.

El tercer cateo, el de mayor magnitud, se ejecutó en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. Ahí se concentró la totalidad del volumen reportado: diez contenedores cilíndricos descritos como diques de gran capacidad de almacenamiento, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable.

En las diligencias participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, que actuaron como testigos de asistencia durante los cateos.

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, confirmó el operativo en sus redes sociales antes del comunicado oficial de la FGR. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, el funcionario precisó que el hallazgo no fue producto de la casualidad: “No se trató de un pitazo, ni de un golpe de suerte ni algo al azar, esto nace de una investigación”, dijo González Martínez al programa.

La FGR investiga posibles delitos fiscales y de hidrocarburos

Según el comunicado de la dependencia federal, las indagatorias buscan acreditar la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. La FGR también contempla los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en caso de que no se acredite la propiedad y trazabilidad de la totalidad del hidrocarburo localizado.

Hasta el momento no se ha determinado el nombre de la empresa propietaria del inmueble en San José Iturbide, ni se han reportado detenciones adicionales a la registrada en julio en San Luis de la Paz. La FGR precisó que el hidrocarburo permanece bajo resguardo mientras avanza la cuantificación técnica del producto.

El expediente quedó integrado con los vehículos, la documentación contable y las facturas asegurados durante los tres cateos. Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar responsabilidades conforme a derecho, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

Cómo se compara con otros decomisos de hidrocarburo en México

El aseguramiento en Guanajuato supera por amplio margen los antecedentes más recientes de este tipo de operativos en el país.

En julio de 2025, autoridades federales aseguraron 15,480,000 litros de combustible distribuidos en 129 carrotanques ferroviarios en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, un caso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana calificó entonces como el de mayor magnitud de la administración federal en curso.

El hallazgo de San José Iturbide equivale a 3.8 veces aquel volumen. También supera en cinco veces el caso de un buque detectado en marzo de 2025 en Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, que dio origen a la investigación conocida como huachicol fiscal, de la trama de los hermanos Farías Laguna.

A nivel estatal, la cifra representa 35 veces el mayor decomiso de huachicol registrado previamente en Guanajuato: 1.65 millones de litros asegurados en octubre de 2025 en un predio sobre la carretera Silao-San Felipe. El aseguramiento también supera los 25 millones de litros que en conjunto se asignaron a las redes de contrabando vinculadas con exmandos de la Secretaría de Marina-Armada de México y con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de hidrocarburo en un cateo realizado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. El operativo, autorizado por un juez federal, resultó de trabajos de investigación y coordinación entre ambos órdenes de gobierno. El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó el resultado de la acción en sus redes sociales.

Según los datos oficiales revelados hasta el momento, durante el cateo también fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. Las imágenes compartidas del operativo mostraron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con integrantes de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado trabajando en el sitio. Además, el mismo material reveló que se trata de una instalación establecida de manera formal, con personal de seguridad en los accesos e infraestructura de una empresa regular.

El volumen asegurado exigió una intervención coordinada entre dependencias

La cifra de 59 millones de litros ubica a este cateo entre los operativos de mayor escala reportados recientemente en la entidad. El despliegue conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Fuerza de Seguridad Pública del Estado reflejó la magnitud logística que requirió intervenir el inmueble.

La autorización judicial previa -una orden de cateo- permitió a los elementos ingresar al predio donde se localizaron los tanques, las unidades de carga y los contenedores. Esa documentación asegurada durante la diligencia quedó integrada al expediente que ahora revisan las autoridades ministeriales.

El caso se suma a las acciones recientes del gobierno federal en coordinación con las autoridades locales para desmantelar posibles redes ilegales de tráfico de combustibles en el país.

El hallazgo obligó a activar protocolos especializados de manejo

Según los reportes oficiales, por la magnitud del volumen localizado, las maniobras de medición, identificación y manejo del producto continuaron bajo supervisión especializada. La tarea buscó garantizar condiciones de seguridad ante el riesgo que representa el manejo de grandes cantidades de hidrocarburo en un solo punto.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Esa instancia determinará la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto asegurado, un proceso que en operativos de esta escala suele extenderse por la complejidad técnica que implica cuantificar y clasificar el combustible. Hasta el momento la FGR no ha emitido algún pronunciamiento sobre el caso, únicamente el secretario de Seguridad de Guanajuato ha brindado detalles de la operación.

El manejo de un volumen de esta magnitud implica además coordinar equipos técnicos capacitados en el trasiego y resguardo de hidrocarburos. Ese trabajo se realiza de forma gradual, para evitar incidentes durante el traslado o almacenamiento temporal del producto asegurado.

En una de las fotografías difundidas este 17 de septiembre se observa un tanque tipo pipa, de los que se transportan mediante tráiler, con el rótulo de la empresa Mobil, dedicada a la comercialización de lubricantes y combustibles. La unidad aparece estacionada dentro de las instalaciones donde se realizó el cateo, mientras elementos de seguridad y personal con casco de protección dialogan en el lugar.

Investigar el manejo irregular de combustibles reduce riesgos para las comunidades

El secretario Juan Mauro González afirmó que investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames en las zonas donde se ubican los puntos de almacenamiento. La medida también busca proteger a las comunidades cercanas y al medio ambiente frente a estos riesgos.

El operativo persigue además afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas que operan en torno al robo y manejo irregular de hidrocarburos.

Los riesgos asociados al almacenamiento irregular de combustible no se limitan al entorno inmediato del predio intervenido. Explosiones, incendios o derrames en instalaciones sin condiciones adecuadas pueden extender sus efectos hacia poblaciones cercanas, motivo por el cual las autoridades subrayan la importancia de este tipo de intervenciones de forma segura.

El cateo forma parte de una investigación en curso sin responsabilidades determinadas

El cateo y los aseguramientos realizados en San José Iturbide forman parte de una investigación en curso y hasta el momento no se conoce el nombre de la empresa investigada. Las autoridades precisaron además que estas acciones no determinan responsabilidades por sí mismas sobre las personas o empresas vinculadas al sitio intervenido.

Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Ese principio rige sobre cualquier persona relacionada con el inmueble hasta que exista una resolución judicial firme.

El secretario de seguridad de Guanajuato reiteró que continuará trabajando con las autoridades federales para proteger a las comunidades y combatir los delitos relacionados con hidrocarburos. Esa colaboración interinstitucional se mantiene como parte de la estrategia estatal frente a este tipo de ilícitos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al número 089 cualquier punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible detectado en la entidad.

A través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’, el exmandatario afirmó que no existen documentos, fotografías, bitácoras de vuelo ni transferencias financieras que comprueben una relación de negocios o de financiamiento entre su administración y los empresarios señalados por tráfico ilegal de combustible.

Cabeza de Vaca recordó que cuando supo de la relación entre los hermanos Carmona y el subsecretario, Horacio García Rojas, quien fue destituido de su cargo en 2019, año en el que iniciaron las investigaciones contra el huachicol fiscal.

La exfuncionaria aseguró en una grabación que Cabeza de Vaca dirigió la asignación de contratos públicos por un monto de 343.9 millones de pesos a compañías vinculadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos entre 2017 y 2018. Atribuyó al exgobernador las instrucciones para adjudicar contratos públicos a las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.

Las empresas señaladas pertenecen a la red corporativa de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien fue ejecutado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Investigaciones publicadas por la revista Proceso señalan que las empresas vinculadas a la familia Carmona obtuvieron al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con las dependencias del gobierno estatal entre 2018 y 2021.

Cabeza de Vaca señala a la administración estatal de presionar a exfuncionarios

En su video, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) en América del Norte sostuvo que las declaraciones de la exsecretaria de Salud fueron hechas tras ser obligada por autoridades locales y federales; señaló directamente a Américo Villarreal Anaya, gobernador morenista de Tamaulipas, por orquestar una persecución política en su contra con el objetivo de desacreditar su imagen pública.

“Comprendo las presiones por las que fue usted sometida y sé, porque la conozco bien, que este video que la obligaron a grabar no refleja la realidad del trabajo y resultados que se dieron durante la gestión de la Secretaría de Salud que usted encabezó”, afirmó el panista.

“Entiendo perfectamente la presión a la que ha enfrentado, porque en su momento usted me la hizo saber, al igual que a mis abogados”, afirmó García Cabeza de Vaca al dirigirse a la exsecretaria de Salud.

El político opositor aseguró que diversos integrantes del partido Morena recibieron financiamiento de origen ilícito suministrado por la red de los hermanos Carmona durante los procesos electorales para renovar la gubernatura, incluyendo a Villarreal Anaya.

El exgobernador aseveró que defenderá su honorabilidad a través de las vías legales correspondientes y que no permitirá que versiones sin sustento alteren la percepción de su gestión.

Cabeza de Vaca pide pruebas ante señalamientos

Francisco Cabeza de Vaca llamó a que futuras acusaciones en su contra sean sustentadas con evidencia “y no con presiones, versiones manipuladas o declaraciones construidas con fines políticos”.

El exmandatario indicó que las personas que presionaron a la exsecretaria de Salud para grabar la declaración forman parte de investigaciones encabezadas por autoridades de estadounidenses.

“Quienes la hayan presionado, hoy en día están siendo observados, investigados acá en los Estados Unidos. Y pronto, muy pronto, los verá rendir cuentas ante la verdadera justicia”, expresó el Exgobernador.

“No tengo nada que ocultar. No voy a permitir que nadie, por intereses políticos, pretenda convertir una mentira en verdad”, afirmó.

La revelación se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales, en el que la exfuncionaria explicó que decidió hablar públicamente debido a que enfrenta denuncias penales relacionadas con contratos celebrados durante la administración estatal en la que ella participó. Las acusaciones en su contra derivan de un presunto quebranto financiero de 343.9 millones de pesos en la Secretaría de Salud del estado.

Una división de funciones, según su testimonio

De acuerdo con el relato de Molina Gamboa, al inicio de su gestión el propio Cabeza de Vaca habría establecido una separación clara de responsabilidades dentro de la dependencia:

• Ella se encargaría de los asuntos técnicos y operativos.
• El exgobernador controlaría la proveeduría y los contratos con relevancia económica o política, a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

“Al asumir el cargo, el exgobernador estableció con claridad una separación de funciones”, relató la exfuncionaria en el video.

Molina Gamboa afirmó que recibió indicaciones directas —siempre por conducto de dicha subsecretaría— para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas del Grupo Industrial Permart y Joser (identificada en algunos reportes también como Hosur), firmas que habrían mantenido vínculos con Carmona Angulo. De acuerdo con una investigación de Proceso publicada en mayo de 2022, los hermanos Carmona Angulo obtuvieron a través de estas compañías al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con el gobierno de Tamaulipas entre 2018 y 2021.

El papel de la Subsecretaría de Administración y Finanzas

Según su declaración, el cumplimiento de estas instrucciones era supervisado por Alejandro Aguilar Poener, entonces subsecretario de Administración y Finanzas. Molina Gamboa recordó que el tema fue expuesto el 25 de agosto de 2025 durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del gobierno actual.

Estos contratos, dijo, forman parte de las denuncias penales presentadas en su contra y en contra de otros exservidores públicos estatales. De acuerdo con reportes recientes, Molina Gamboa es al menos la cuarta exfuncionaria de la administración de Cabeza de Vaca con procesos judiciales activos por presunto desvío de recursos, junto con el extitular de Educación, Mario Gómez Monroy —sentenciado en agosto de 2025 a 19 años de prisión— y el extitular de SEBIEN, Rómulo Garza Martínez, vinculado a proceso en julio de 2025.

“No busco evadir responsabilidades”, afirma

La exfuncionaria sostuvo que no pretende deslindarse de lo que legalmente le corresponda, pero pidió que la investigación no se concentre únicamente en cargos subalternos.

“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, señaló.

Molina Gamboa destacó que cuenta con más de 35 años de servicio público sin antecedentes disciplinarios y solicitó a las autoridades investigar toda la cadena de mando involucrada en estas decisiones.

Solicita protección ante posibles represalias

Como parte de su mensaje, la exsecretaria pidió a las autoridades competentes que, en caso de que ocurra algún acto de intimidación o amenaza en su contra o contra su familia tras esta declaración, se investigue tomando en cuenta el contexto de lo declarado.

Contexto: Cabeza de Vaca y sus procesos judiciales

Cabeza de Vaca ha enfrentado, desde el fin de su gestión en 2022, múltiples investigaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo una orden de aprehensión emitida en 2021. El exmandatario ha sostenido en distintas ocasiones que es víctima de persecución política, y su defensa —encabezada por los despachos de Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth— ha rechazado en el pasado señalamientos similares, argumentando que las acusaciones en su contra derivan de una operación inmobiliaria de 2019.

Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta pública por parte de Francisco García Cabeza de Vaca ni de Alejandro Aguilar Poener respecto a estas acusaciones específicas sobre los contratos de Salud.

La Guardia Nacional aseguró el 10 de septiembre de 2026 un tractocamión acoplado a un autotanque con 50 mil litros de hidrocarburo en el estado de Coahuila, en el marco de recorridos de inspección y vigilancia desplegados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El operativo se realizó porque los elementos detectaron indicios de que la unidad podría estar vinculada al traslado ilícito de combustible, práctica conocida en México como huachicol.

El hallazgo fue confirmado por el Gabinete de Seguridad en su reporte de acciones relevantes del 10 de septiembre. El aseguramiento se suma a una serie de decomisos registrados en la entidad durante los primeros días de septiembre de 2026.

La Guardia Nacional detectó la pipa en la zona de Paila, Parras de la Fuente

De acuerdo con los primeros reportes, el personal adscrito a la Subestación Paila realizaba recorridos preventivos para detectar actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos cuando ubicó la unidad tipo pipa. La presencia y las características del vehículo despertaron sospechas entre los agentes, quienes procedieron a una inspección.

Tras la revisión, los elementos confirmaron indicios de traslado ilícito de combustible y aseguraron tanto el vehículo como el hidrocarburo que transportaba. La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que la instancia competente iniciara las investigaciones formales.

Las diligencias tienen como objetivo determinar la procedencia del hidrocarburo y la situación legal de la pipa. Las autoridades también deben establecer si existen personas vinculadas a algún delito en relación con el cargamento.

El operativo se inscribe dentro de las acciones permanentes de vigilancia que la Guardia Nacional mantiene en esa región de Coahuila. La corporación federal enfoca esos recorridos específicamente en la detección del robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.

El mismo día, tres pipas con 120 mil litros de diésel fueron decomisadas en la carretera Saltillo-Torreón

En un operativo separado registrado también el 10 de septiembre, las autoridades aseguraron tres pipas con más de 120 mil litros de diésel a la altura del kilómetro 118 de la carretera Saltillo-Torreón, en el paraje conocido como “Paila”, de acuerdo con Telediario. El combustible y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que conduce las investigaciones para determinar la procedencia del hidrocarburo.

Las corporaciones involucradas en ese segundo decomiso incluyeron a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). La FGR deberá establecer posibles responsabilidades y el origen de los más de 120 mil litros asegurados en esa acción.

En paralelo, las mismas corporaciones estatales y federales localizaron un predio en el fraccionamiento Campestre Las Casas, en la Región Sureste de Coahuila, donde se presume que se almacenaba hidrocarburo de procedencia irregular. La cantidad de combustible encontrada en ese inmueble aún estaba en proceso de contabilización al momento del reporte.

El predio en Saltillo también quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias para determinar su uso y relación con el combustible asegurado en otros puntos. La acumulación de operativos en un solo día refleja la intensidad del despliegue federal en Coahuila contra el huachicol.

El Gabinete de Seguridad reportó acciones simultáneas en Jalisco, Chiapas y Sinaloa el 10 de septiembre

El reporte del Gabinete de Seguridad del 10 de septiembre no se limitó a Coahuila: en Tecalitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía Estatal detuvieron a cinco hombres y una mujer, y liberaron a ocho personas privadas de su libertad. En Buenavista, en la misma entidad, un cateo arrojó el aseguramiento de dos artefactos explosivos improvisados, 47 cargadores, seis armas largas, tres fornituras, un equipo de radiocomunicación y tres vehículos con reporte de robo, dos de ellos con blindaje artesanal.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de Semar, la SSPC y Aduanas aseguraron más de 8 millones de cigarros apócrifos ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China. En la colonia Los Amates de esa misma ciudad, la Sedena y la Policía Municipal decomisaron una cuatrimoto, seis armas largas, 43 cargadores, milm364 cartuchos, una granada, seis chalecos tácticos y siete placas balísticas.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, la Guardia Nacional y la Sedena detuvieron a una persona y aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, un chaleco táctico y un vehículo. En Concordia, Sinaloa, elementos de la Defensa y la Policía Estatal detuvieron a un hombre al que le aseguraron un arma larga, siete cargadores, tres mil 206 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

Todos estos resultados forman parte del reporte coordinado por el Gabinete de Seguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. El Gabinete publica este tipo de informes de forma periódica para dar cuenta de los resultados de los operativos en todo el territorio nacional.

El contexto de los decomisos en Coahuila adquiere mayor dimensión cuando se considera que, apenas el 9 de septiembre, un operativo federal desmanteló en la zona centro del país una red criminal dedicada a la comercialización ilícita de hidrocarburos, con 32 detenidos tras seis meses de investigación, según consignó Los Reporteros. Ese operativo incluyó acciones simultáneas en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, y arrojó el aseguramiento de 12 inmuebles, 21 tractocamiones y casi 16 millones de pesos en efectivo.

El Gobierno federal busca reforzar el seguimiento fiscal de la gasolina y el diésel desde su origen hasta la venta al público mediante la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un mecanismo que permitirá contrastar los volúmenes de combustible importados o adquiridos con los que posteriormente son distribuidos y comercializados.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta no contempla crear un nuevo gravamen ni establecer una sanción específica para las gasolineras, sino utilizar el impuesto que ya se aplica a los combustibles para identificar inconsistencias en la cadena de comercialización.

“Más que una sanción, es una trazabilidad de un impuesto que se paga por combustibles, que es el IEPS”, explicó la presidenta.

La medida busca que las autoridades puedan seguir los movimientos del combustible y comparar la información reportada por importadores, Petróleos Mexicanos (Pemex), distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio.

Sheinbaum planteó una hipótesis para explicar cómo funcionaría

La presidenta utilizó un ejemplo hipotético para explicar cómo podría detectarse una diferencia entre el combustible por el que se pagó el impuesto y el que posteriormente aparece como vendido.

“Si por ejemplo, se paga IEPS porque entraron 10 barriles y después en la gasolinera se venden 12, pues algo pasó”, señaló.

El ejemplo también contempló una cadena en la que participan varias empresas. Una compañía puede importar combustible, venderlo a una comercializadora y esta, a su vez, suministrarlo a una gasolinera. En cada operación, los volúmenes registrados deben permitir identificar el origen y destino del producto.

En el escenario planteado por la presidenta, si aparecen dos barriles adicionales en las ventas, la empresa tendría que cubrir el IEPS correspondiente a ese volumen.

“Y si llegan a vender 12, pues tienen que pagar el IEPS de esos dos barriles adicionales que vendieron”, afirmó, continuando con su ejemplo.

Para Sheinbaum, esta obligación busca reducir el margen para introducir combustible al mercado sin cubrir las contribuciones correspondientes, particularmente mediante importaciones ilegales.

“Eso desincentiva cualquier comercio ilegal de combustible, porque el objetivo del comercio ilegal es no pagar IEPS, particularmente en la importación ilegal”, sostuvo.

El SAT utilizará facturas, inventarios y controles volumétricos

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que la propuesta parte de información que las autoridades ya reciben de los participantes del mercado y no de la creación de un nuevo impuesto.

“La propuesta que nosotros hacemos no es crear un nuevo impuesto, sino trazabilidad desde el origen hasta la venta”, explicó.

El funcionario detalló que el IEPS se paga inicialmente a la Tesorería de la Federación mediante declaraciones presentadas ante el SAT por los importadores y Pemex.

A partir de ese punto, el SAT cuenta con registros de las operaciones realizadas por distribuidores, comercializadores, empresas de autoconsumo y gasolineras que venden combustible al público.

Estos participantes reportan sus facturas y controles volumétricos, además de información sobre sus inventarios, entradas y salidas de producto.

“Ya nos reportan sus controles volumétricos y nos reportan sus facturas, tenemos la información de los inventarios, de las entradas y de las salidas a través de un sistema del gobierno”, detalló Martínez Dagnino.

Con esos registros, las autoridades pueden comparar las cantidades que ingresan a una empresa con las que posteriormente son distribuidas o vendidas.

¿Qué ocurrirá cuando los registros no coincidan?

La revisión contempla las distintas etapas por las que pasa el combustible, desde su importación o adquisición hasta su llegada a una estación de servicio. La información generada en cada operación permite contrastar los volúmenes reportados por los diferentes participantes.

Martínez Dagnino explicó que el análisis se realiza en coordinación con otras instituciones para verificar que los datos correspondan con los movimientos registrados.

“Se revisa que todo lo que está entrando y se está produciendo sean los mismos litros, lo que se compra y lo que se vende”, explicó.

Si una empresa reporta un volumen de ventas superior al que aparece en sus adquisiciones, la diferencia puede ser identificada mediante el cruce de información. A partir de ahí, las autoridades pueden revisar el origen del combustible que no está respaldado por los registros de compra o importación.

La revisión no se limita a una sola operación. Si el producto pasa por un importador, una comercializadora y posteriormente una gasolinera, los registros de cada participante permiten reconstruir los movimientos y determinar en qué punto aparece una diferencia.

El objetivo es cerrar espacios al comercio ilegal de combustibles

Sheinbaum sostuvo que el comercio ilegal de combustibles ha disminuido, aunque todavía existen empresas que, de acuerdo con los registros revisados por las autoridades, comercializan cantidades superiores a las que reportan haber adquirido.

“Ha bajado mucho —el comercio ilegal de combustible—, pero aún hay un porcentaje porque aún hay empresas que venden más de lo que compran, ¿pues cómo es eso?”, señaló.

La propuesta busca que el volumen de combustible comercializado tenga respaldo en las operaciones registradas y que el IEPS correspondiente sea cubierto. De existir una diferencia, el contribuyente deberá responder fiscalmente por el volumen que no aparece en sus adquisiciones.

“Los impuestos que se pagan por lo que compran tienen que ser exactamente igual que lo que venden”, afirmó la presidenta.

Así, el Gobierno federal pretende utilizar la información fiscal y operativa que ya generan las empresas para detectar inconsistencias en el mercado de combustibles y dificultar que producto de origen no acreditado pueda incorporarse a la cadena formal sin cubrir las contribuciones correspondientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo realizado en Santa Catarina, Nuevo León. El hallazgo forma parte de una serie de operativos contra el robo de hidrocarburos y otros delitos ejecutados en distintos estados del país, según informó la dependencia.

Las diligencias se realizaron de manera coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En total, la Fiscalía reportó dos operativos vinculados al robo de hidrocarburo y la captura de cinco personas por otros delitos diversos.

Hallazgo de un túnel y tomas clandestinas en Nuevo León

En Santa Catarina, agentes de la AIC cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble por la posible comisión de un delito en materia de hidrocarburos. La diligencia contó con la colaboración del personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el cateo en Santa Catarina, la Fiscalía localizó una excavación con acceso a un túnel conectado a dos tomas clandestinas de hidrocarburo. En el lugar también se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador y cartuchos útiles.

El operativo permitió además el aseguramiento de cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras y documentación diversa. El inmueble donde se realizó la excavación quedó igualmente asegurado.

Personal de Pemex se encargó de inhabilitar las dos tomas clandestinas localizadas en el sitio. Todo lo asegurado, incluidas las armas y los vehículos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) para las investigaciones correspondientes.

Segundo operativo contra el huachicol en Hidalgo

La FGR realizó un segundo operativo relacionado con hidrocarburos en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. En esta ocasión, la Agencia de Investigación Criminal trabajó junto con elementos de la Guardia Nacional (GN).

Durante las acciones de investigación en ese municipio, las autoridades aseguraron 480 litros de posible combustible. El material se encontraba distribuido en 13 tambos, los cuales también quedaron bajo resguardo.

Como parte del mismo operativo, fue asegurado un vehículo relacionado con el presunto ilícito. La Fiscalía no detalló si se realizaron detenciones en este caso ni especificó las condiciones en las que se localizó el combustible.

Órdenes de aprehensión cumplimentadas en tres estados

Además de las acciones contra el robo de hidrocarburos, la FGR cumplimentó órdenes de aprehensión y reaprehensión contra tres personas en distintas entidades del país. Las capturas corresponden a delitos que van desde el uso de documentos falsos hasta la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, fue detenido Rafael “N” por su probable participación en el delito de uso de documento falso. La orden de aprehensión en su contra fue cumplimentada por agentes de la AIC.

En Aguascalientes, Aguascalientes, se ejecutó una orden de reaprehensión contra Marlon “N”. Este hombre es señalado por la probable comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.

Además, en Emiliano Zapata, Morelos, fue reaprehendido Daniel “N”. La orden judicial en su contra corresponde a los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Detención en flagrancia sobre la carretera federal 101

Un quinto caso se registró en Tula, Hidalgo, donde agentes federales realizaron actos de investigación sobre la carretera Federal 101, en el tramo Ciudad Victoria-Tula. Las diligencias se llevaron a cabo por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En este punto carretero, dos personas fueron detenidas en flagrancia. Junto con los detenidos, las autoridades aseguraron 121 cartuchos útiles y un vehículo relacionado con los hechos.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias específicas que motivaron la revisión en ese tramo carretero ni sobre la identidad de los dos detenidos.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que representa a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una versión parcial del caso y pidió que se revise de manera integral la investigación.

Entre sus principales señalamientos está el cateo de una bodega relacionada con uno de los hermanos y la documentación que la Fiscalía busca vincular con ellos.

La defensa afirmó que la orden para catear la bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna fue emitida desde el 1 de febrero de 2026, por lo que rechazó que el procedimiento pueda ser presentado como un hallazgo reciente dentro de la investigación.

Según el despacho, durante el cateo no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. La defensa también sostuvo que los documentos que la FGR pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no fueron firmados por ellos, sino por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

La defensa pide acceso a información de la Secretaría de Marina

A partir de esas diferencias, los abogados solicitaron acceso a la carpeta de investigación completa y a los documentos que permanecen en poder de la Secretaría de Marina. Su argumento es que esa información permitiría establecer el origen de los documentos y determinar qué funcionarios tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades.

El despacho también pidió revisar los criterios mediante los cuales determinada información fue clasificada o reservada como de seguridad nacional. La solicitud se concentra en aquellos documentos que, de acuerdo con la defensa, podrían resultar relevantes para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad individual de quienes hayan participado.

La disputa ocurre en medio de una investigación por una presunta estructura dedicada al contrabando de combustibles. Frente a ese señalamiento, los abogados sostienen que el caso no debe concentrarse únicamente en los hermanos Farías Laguna y que deben analizarse las distintas instancias que intervinieron en los controles relacionados con el movimiento de combustibles.

Rafael Ojeda comparecerá como testigo

Rafael Ojeda Durán deberá comparecer ante una jueza después de que la defensa solicitara que declarara como testigo. Los abogados buscan conocer qué información recibió el entonces secretario de Marina sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas y qué acciones emprendió posteriormente.

Entre los puntos que la defensa pretende esclarecer está si Ojeda Durán recibió al contralmirante Rubén Guerrero y qué información pudo haber recibido durante ese encuentro. La comparecencia busca incorporar al expediente la versión del exsecretario sobre los hechos investigados.

La defensa también planteó que una estructura dedicada al contrabando de combustibles habría tenido que superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de distintas dependencias y entidades federales. Por ello, pidió que las autoridades sigan otras líneas de investigación y determinen de manera individual la responsabilidad de cada persona involucrada.

El despacho insistió en que los hermanos Farías Laguna deben tener acceso a la evidencia que obra en el expediente y que la investigación debe considerar tanto los documentos que la FGR presentó como aquellos que permanecen bajo resguardo de otras autoridades.

El cateo en la bodega que llevó a la FGR a reportar armas y documentos de la Marina

La controversia surgió después de que la FGR informara sobre el cateo de una bodega arrendada por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México, donde aseguró haber localizado armas sin registro, documentación de la Secretaría de Marina y expedientes relacionados con personal y altos mandos de la institución.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, presentó el hallazgo como parte de la investigación contra una presunta red de contrabando de hidrocarburos en la que Manuel Roberto y su hermano, Fernando Farías Laguna, están señalados. De acuerdo con la FGR, entre los objetos asegurados había listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentos clasificados como reservados y confidenciales por razones de seguridad nacional.

La Fiscalía no detalló públicamente el contenido de los documentos ni precisó a qué funcionarios correspondían los expedientes localizados. También informó del aseguramiento de armas de fuego que, según su versión, no contaban con el registro correspondiente.

La investigación federal se originó en 2024 y avanzó hasta el aseguramiento de un buque con aproximadamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. A partir de ese caso, la FGR sostuvo haber identificado una estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos y lo declaraba como aceite o aditivo para evadir el pago de impuestos.

Según la versión presentada por Godoy Ramos, la red contaba con servidores públicos, agentes aduanales y otros colaboradores que presuntamente facilitaban el ingreso de los cargamentos mediante registros manipulados y revisiones simuladas. Las investigaciones alcanzaron operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

La FGR ha señalado a los hermanos Farías Laguna como presuntos integrantes de esa estructura. Sin embargo, su defensa, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, sostiene ahora que la información presentada sobre el cateo es parcial y rechaza que los documentos señalados puedan atribuirse directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantuvieran investigaciones abiertas contra Andrés (Andy) Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Durante su conferencia matutina en Guadalupe, Zacatecas, sostuvo que las indagatorias vigentes se concentraban en redes de contrabando de combustibles y en esquemas para evadir impuestos, no en esas dos figuras políticas.

La mandataria explicó que una de las pesquisas más avanzadas surgió por un buque detenido el año pasado en Tampico. La embarcación ingresó con documentos que declaraban “naftas”, pero un análisis de laboratorio solicitado por la aduana permitió establecer que en realidad transportaba diésel.

Sheinbaum dijo que ese hallazgo conectó con otras indagatorias previas de la Fiscalía y abrió una ruta más amplia sobre el ingreso de combustibles al país sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También señaló que, a partir de ese caso, se identificó una red que operaba desde Estados Unidos y distribuía el producto en gasolineras nacionales.

La respuesta de la presidenta fue directa ante los señalamientos que habían colocado los nombres de Adán Augusto López y Andrés López Beltrán alrededor de ese expediente: hasta donde le había informado la Fiscalía, no existía ninguna investigación contra ellos. Añadió que la autoridad competente para confirmarlo o descartarlo formalmente era la propia FGR.

La ruta del combustible ilegal incluyó puertos, ferrotanques y gasolineras

Sheinbaum detalló que la investigación sobre el buque en Tampico no fue el único frente abierto. También describió una segunda línea centrada en ferrotanques que ingresaban por la frontera terrestre, en particular por Piedras Negras, con permisos falsos que ocultaban cargas de gasolina o diésel.

Según explicó, ese mecanismo consistía en declarar sustancias distintas a los combustibles para evitar impuestos y controles. Esa línea llevó a pesquisas sobre la empresa Ingemar y derivó en la detención del exgobernador Rufo, a quien mencionó como parte de las consecuencias de esas averiguaciones.

La presidenta también habló de una tercera vertiente relacionada con el robo de hidrocarburos en ductos internos de Pemex. En ese punto, indicó que el gobierno federal había mantenido coordinación entre el SAT, la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina para frenar tanto el contrabando como el robo de combustible.

Su explicación buscó separar las investigaciones penales en curso de los nombres que habían aparecido en testimonios o versiones difundidas alrededor del caso. El eje de las indagatorias, insistió, estaba en las redes de importación ilegal, el uso de documentos falsos, la evasión fiscal y la distribución de combustibles en el mercado nacional.

La presidenta remitió a la Fiscalía la validez de los testimonios

Al referirse a las menciones de personajes públicos en audiencias judiciales, Sheinbaum reconoció que en un testimonio alguien podía señalar nombres. Pero aclaró que ese dicho, por sí mismo, no significaba la apertura automática de una investigación formal.

La presidenta sostuvo que correspondía a la FGR analizar si esos testimonios tenían validez y si estaban respaldados por pruebas. Bajo ese criterio, remarcó que no bastaba con una mención en audiencia para concluir que existiera una carpeta contra Adán Augusto López o Andrés López Beltrán.

En su mensaje, repitió que “no hay investigaciones” contra ambos, según la información que le había transmitido la Fiscalía. La frase cerró el margen de interpretación sobre una posible indagatoria activa de carácter penal en ese momento.

También hizo una precisión sobre el ámbito administrativo. Explicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigaba a personas que eran o habían sido servidoras públicas, por lo que distinguió entre la condición de cada uno de los señalados.

La Secretaría Anticorrupción solo podría actuar sobre exservidores públicos

Sobre Andrés Manuel López Beltrán, Sheinbaum subrayó que no era servidor público. A partir de esa calidad, dejó claro que no tenía conocimiento de ninguna pesquisa en su contra dentro del ámbito de esa dependencia.

En el caso del senador Adán Augusto López, recordó que había sido secretario de Gobernación. Aun así, sostuvo que, hasta donde sabía, tampoco existía una investigación abierta en su contra.

La presidenta añadió que, si fuera necesario, la secretaria Raquel Buenrostro podría ofrecer información adicional sobre ese componente administrativo. Con esa referencia, diferenció nuevamente las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción de las facultades penales que recaían en la Fiscalía.

Otro de los puntos que expuso fue el papel de la Secretaría de Marina en el origen de las averiguaciones. Señaló que esa dependencia detectó irregularidades en la documentación del buque, promovió denuncias y aportó información sobre cómo funcionaba la red de contrabando.

Según su recuento, de esas acciones derivaron detenciones, entre ellas la de dos personas pertenecientes a la propia dependencia. También se reforzaron las fronteras marítimas y terrestres para contener el ingreso ilegal de combustibles.

La descripción del esquema dejó ver dos modalidades principales: embarcaciones que declaraban productos distintos para ocultar diésel y ferrotanques que cruzaban la frontera con permisos falsos. En ambos casos, el objetivo era introducir combustible sin pagar impuestos y colocarlo después en estaciones de servicio del país.

Sheinbaum ubicó esos hechos dentro de investigaciones que venían desde la administración pasada. No presentó nuevos nombres de responsables fuera de los ya mencionados en las líneas de indagación y se limitó a reiterar que la Fiscalía debía informar sobre cualquier avance formal.

La respuesta presidencial ocurrió después de que un reportero le preguntó por las menciones recurrentes de Adán Augusto López y Andrés López Beltrán en el contexto del huachicol fiscal. Su contestación mantuvo el mismo criterio durante toda la exposición: una cosa eran los testimonios o señalamientos, y otra una investigación abierta con sustento ministerial.

En ese marco, la mandataria cerró la discusión pública sobre una eventual pesquisa vigente contra ambos políticos con una definición puntual: hasta la información que le había proporcionado la Fiscalía, no existía ninguna. El resto, dijo, dependía de lo que la autoridad ministerial determinara sobre las pruebas y sobre la validez legal de los dichos vertidos en audiencias.

• Claudia Sheinbaum negó que hubiera investigaciones abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López por huachicol fiscal.
• La presidenta explicó que las indagatorias se enfocaban en redes de contrabando detectadas en Tampico, Piedras Negras y ductos de Pemex.
• Sheinbaum sostuvo que solo la FGR podía validar testimonios, abrir carpetas y confirmar públicamente cualquier pesquisa formal.

La Fiscalía General de la República realizo un operativo en donde se aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo en un inmueble de Huejotzingo, Puebla, perteneciente a Lubyrec de México, pero fuentes federales confirmaron a Infobae que la empresa mantenía todos sus papeles en regla.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Las autoridades afirmaron que la diligencia se dio como parte de una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles.

Operativo en Huejotzingo: qué se aseguró

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron tres tractocamiones con tanques de almacenamiento, todos abastecidos con producto líquido al momento del cateo.

El primero era de color verde, con capacidad aproximada de 20 mil litros. El segundo, de color blanco, estaba acoplado a un tanque de 39 mil 500 litros. El tercero, también blanco, contaba con un tanque de 20 mil litros.

Además de los vehículos, se aseguraron muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, las cuales serán sometidas a análisis periciales para determinar su composición, naturaleza y procedencia.

Valor del hidrocarburo asegurado

La dependencia aseguro que el total del hidrocarburo asegurado fue valuado en 16 millones 851 mil pesos. Las autoridades habrían señalado que con este aseguramiento se afectó la capacidad operativa relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de combustible.

También se retuvieron equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, así como documentación diversa considerada de interés para la investigación.

Inmueble sellado bajo resguardo oficial

Agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR procesaron los indicios en el lugar. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades conforme a las disposiciones legales aplicables.

La diligencia fue realizada por personal de la FGR y la SSPC, mismas que no se pronunciaron sobre la documentación en regla de Lubyrec de México S.A. de C.V.

El contexto: ofensiva federal contra el huachicol

El cateo se produce en medio de una escalada de operativos federales contra el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. Solo entre el 28 y el 30 de agosto, el Gabinete de Seguridad reportó aseguramientos en Matamoros, Tamaulipas (164 mil litros); Chihuahua (442 mil 70 litros), y Poncitlán, Jalisco (71 mil 394 litros).

En paralelo, la FGR investiga una red de huachicol fiscal por vía ferroviaria con 9 detenidos, entre ellos el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y 16 personas prófugas de un total de 25 objetivos identificados. La indagatoria documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular y un daño estimado a la hacienda pública superior a 4 mil millones de pesos.

Esa investigación arrancó tras el aseguramiento, en abril de 2025, del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en cuyo operativo se detectaron 10 millones de litros de diésel de procedencia irregular almacenados en predios del municipio de Altamira.

Quién es Lubyrec de México

Lubyrec de México S.A. de C.V. tiene su sede en el Boulevard Huejotzingo No. 6, en el municipio de Huejotzingo, Puebla. La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de combustibles industriales alternos al diésel y al combustóleo, producidos a partir de la valorización de aceites usados e hidrocarburos residuales.

Según su sitio web, acumula más de 100 clientes y 1 millón de toneladas de combustible producidas. Su modelo de negocio incluye también un servicio de recolección de aceites usados para su reaprovechamiento.

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció un acuerdo con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda para la detección de contrabando de combustible en empresas del sector.

“Con respecto al convenio que firmamos con Pemex, es efectivamente para que pueda tener acceso a información que ellos nos requieran cuando quieran verificar alguna empresa que quiera contratar con Petróleos Mexicanos o que nosotros tengamos acceso a información de Petróleos Mexicanos para poder identificar cualquier riesgo que pueda poner, cualquier riesgo que pueda poner en duda la credibilidad de Petróleos Mexicanos”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 28 de agosto en Palacio Nacional.

UIF, Hacienda y Pemex firman convenio para combatir el huachicol fiscal

La SHCP y Pemex reforzaron su colaboración institucional al firmar un convenio para el intercambio de información gestionado por la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual busca mejorar la coordinación y establecer mecanismos ágiles y eficaces para el cumplimiento de atribuciones en ambas entidades.

Con este pacto, la empresa petrolera entregará al organismo datos financieros, económicos, contables, jurídicos y administrativos. Con estos datos podrán identificar y prevenir operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, así como hechos de corrupción, fraude o robo de hidrocarburos. A su vez, la UIF compartirá productos de inteligencia con Pemex, con el objetivo de fortalecer la prevención y evaluación de riesgos en las actividades financieras de la empresa y sus filiales.

La colaboración se inserta en los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. El intercambio de información y la capacitación conjunta buscan desarticular las estructuras financieras, logísticas y comerciales que sostienen el huachicol fiscal.

Con estas acciones, estas organizaciones consolidan la protección del sistema financiero y de los recursos estratégicos nacionales, en línea con la política energética conducida por la Secretaría de Energía. Además, el convenio responde a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contribuyendo a la denuncia de posibles hechos de corrupción y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.

Nuevas estrategias contra el lavado de dinero con criptomonedas en el país

Por otro lado, la UIF dio a conocer que ha fortalecido la vigilancia sobre el uso de criptomonedas, enfocándose en prevenir el lavado de dinero a través de activos digitales. Según Omar Reyes Colmenares, titular de la institución, existe un área especializada que investiga transferencias con criptoactivos y mantiene acuerdos con empresas del sector para intercambiar información, además de colaborar con la Fiscalía General de la República en la judicialización de casos sospechosos.

El organismo exige a las plataformas de divisas digitales que reporten operaciones inusuales de inmediato cuando se detecte alguna transacción fuera del perfil habitual. Ante esto se comenzará un análisis detallado y, en caso de riesgo, denuncia ante la fiscalía para que se realice la investigación correspondiente. Este sistema de alertas automáticas permite actuar en tiempo real para frenar intentos de este delito, adaptándose a las nuevas formas de crimen financiera.

La defensa de Fernando Farías Laguna prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, según reveló a Infobae México el despacho de abogados Mendieta y Asociados.

La defensa del excontralmirante reveló que los nombres de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del senador Adán Augusto López Hernández, fueron mencionados por representantes del Ministerio Público en la audiencia contra Farías Laguna, quien fue vinculado a proceso la mañana del 27 de agosto, por los delitos de delincuencia organizada.

Durante una conversación con Infobae México, la defensa de Farías Laguna detalló que la decisión de denunciar a López Beltrán y Adán Augusto se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) mencionó sus nombres en audiencia del excontralmirante de la Marina, a partir de los testimonios de dos testigos protegidos, uno identificado como “El Santo” y el otro identificado como “JCSP”, los cuales vinculan a ambos personajes con presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.

La defensa explicó que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega podría citar a López Beltrán y López Hernández dado que ya fueron mencionados dentro de audiencia.

En el caso del almirante Rafael Ojeda Durán, quien todavía está activo en la Secretaría de Marina, el despacho puntualizó que la Fiscalía había argumentado no localizarlo, y que por eso no ha acudido aún. Detalló que se proporcionó un domicilio en Cancún y se solicitó apoyo a la Marina para que se le notifique de su citatorio; sin embargo, aún no hay respuesta de la dependencia.

“Durante la audiencia, quienes verbalizaron esos testimonios y quienes verbalizaron los nombres de estos dos personajes fueron los representantes del Ministerio Público”, puntualizó la defensa, explicando que ya se encontraban dentro de la carpeta. Agregó: “Lo que procedería, y va a proceder, es que, ya que fueron mencionados por el Ministerio Público, la defensa tiene la posibilidad de presentar denuncias contra uno y contra otro”.

Esas denuncias serán presentadas por delincuencia organizada vinculada al tráfico de hidrocarburos y otros probables delitos. Hasta ahora, el despacho descarta incluir a más personas en la acusación, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar la denuncia conforme avance la investigación.

Acusación contra Farías Laguna, exalmirante de la Marina, por huachicol fiscal

El excontralmirante Fernando Farías Laguna permanece vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La resolución judicial lo mantiene bajo prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, tras una serie de audiencias privadas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

La causa penal establece que Farías Laguna habría encabezado una red dedicada al tráfico y ocultamiento de combustibles, conocida como “Los Primos”, junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, esta organización operó en al menos cinco estados del país. El mecanismo utilizado consistía en introducir buques tanque a puertos mexicanos con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Empresas legalmente constituidas transportaban y distribuían el combustible, mientras que agentes aduanales manipulaban los pedimentos y volúmenes declarados. Parte de los recursos obtenidos de manera ilícita se lavaban a través de esas mismas compañías.

El caso se volvió mediático tras el aseguramiento en marzo de 2025 del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, que transportaba cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. La afectación económica documentada por las autoridades federales supera los 340 millones de pesos en los primeros golpes a la red. Hasta ahora, hay al menos 16 personas detenidas por estos hechos, incluidas 12 exservidores públicos.

Farías Laguna fue entregado a las autoridades mexicanas el 21 de agosto de 2026, después de ser detenido en Buenos Aires bajo una identidad falsa y deportado a México tras la intervención de agencias internacionales.

Un túnel clandestino de 50 metros de largo equipado con aire acondicionado, iluminación eléctrica y dos mangueras de alta presión conectadas a un ducto activo de Pemex fue descubierto esta semana en el municipio de Villagrán, Guanajuato. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos ejecutaron un operativo conjunto tras recibir una denuncia anónima que alertó sobre la existencia de una toma clandestina de hidrocarburo en la periferia de la ciudad.

La denuncia ciudadana fue el detonador de una investigación previa de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que derivó en el despliegue de las fuerzas de seguridad al punto exacto señalado por el informante. La operación culminó con el aseguramiento del predio y de toda la infraestructura ilegal hallada en su interior.

Al llegar al lugar, las autoridades identificaron un inmueble en la periferia de Villagrán delimitado por un portón de color blanco. Ese portón funcionaba como fachada y como único acceso visible al socavón subterráneo.

Desde la entrada del túnel sobresalían mangueras de distintos diámetros, el primer indicio de la magnitud de la operación que se desarrollaba bajo tierra. Las autoridades descendieron al interior y constataron una excavación de cuatro metros de ancho, reforzada con polines de madera y sacos de tierra para prevenir derrumbes.

Infraestructura del túnel: electricidad, herramientas y clima artificial

El interior del túnel contaba con tendido eléctrico completo, cableado de iluminación y herramientas dispersas sobre el suelo. El hallazgo más llamativo fue un sistema de aire acondicionado, instalado para permitir el trabajo prolongado de personas bajo tierra sin riesgo por calor extremo.

La galería de 50 metros terminaba en conexión directa con un ducto activo de Pemex. De ese ducto salían dos mangueras de alta presión, el mecanismo con el que se extraía el combustible de forma ilícita.

El nivel de acondicionamiento del espacio indica una operación planificada para funcionar durante periodos prolongados y con varios operadores simultáneos. La infraestructura eléctrica y el sistema de climatización elevan este caso por encima de las tomas clandestinas convencionales detectadas en la región.

Villagrán y el Cártel de Santa Rosa de Lima

Villagrán no es un municipio elegido al azar para este tipo de operaciones. La localidad de Santa Rosa de Lima, que pertenece a ese municipio, es el bastión histórico del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal que tiene en el robo y el trasiego de combustible una de sus principales fuentes de ingreso.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo. Tampoco precisaron la dirección exacta del inmueble asegurado.

Pemex presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, autoridad que asumió la investigación para identificar a los responsables de la operación y determinar las responsabilidades penales correspondientes. El inmueble y el túnel quedaron a disposición de la autoridad federal para la integración de la carpeta de investigación y la clausura definitiva de la toma.

El operativo en Villagrán no fue un hecho aislado dentro del estado. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que, en un decomiso reciente, integrantes de la Policía Estatal de Caminos aseguraron más de 21 mil litros de hidrocarburo durante un patrullaje sobre la carretera federal Irapuato–La Piedad, en el municipio de Pénjamo.

En esa ocasión, los oficiales detectaron un tractocamión cisterna detenido sobre la vialidad sin señalamiento preventivo. Una persona fue detenida en ese operativo.

La dependencia estatal también reportó que entre octubre de 2024 y la fecha del hallazgo en Villagrán se aseguraron más de 7.6 millones de litros de hidrocarburos y sus derivados en toda la entidad. El valor estimado de ese volumen supera los 182 millones de pesos.

La cifra refleja la escala del problema en Guanajuato, uno de los estados con mayor actividad de robo de combustible en el país. La Secretaría de Seguridad y Paz subrayó que en la entidad no existe tregua en la lucha contra el huachicol.

El descubrimiento del “huachitúnel” de Villagrán suma un nuevo episodio a una disputa territorial y criminal que tiene en los ductos de Pemex uno de sus principales frentes. La investigación federal determinará si el caso se vincula formalmente con estructuras del crimen organizado que operan en la zona.

Cerrar los ductos de Pemex en 2019 redujo el robo de combustible por perforación de tuberías, pero abrió la puerta al mayor esquema de huachicol fiscal de la historia de México: los cárteles trasladaron su modelo de negocio hacia los puertos y las aduanas marítimas, aprovechando la misma infraestructura de almacenamiento y distribución que ya tenían construida.

Esa es la hipótesis central que el investigador Francisco José Barnés de Castro, exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía, desarrolló en un análisis publicado en la revista Energía a Debate.

La pérdida recaudatoria acumulada entre 2019 y mediados de 2026 supera los 730 mil millones de pesos, según estimaciones de Barnés de Castro construidas con datos oficiales de tres fuentes: la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la Secretaría de Energía y el Banco de México. Solo en 2025, la evasión del IVA y el IEPS por contrabando de diésel de Estados Unidos se estima en 29 mil millones de pesos.

El volumen total de combustible ilícito que entró al país en ese periodo asciende a aproximadamente 935 millones de barriles de gasolina y diésel combinados. Solo el contrabando de diésel proveniente de Estados Unidos acumula 141.5 millones de barriles en siete años y medio, equivalentes a 22,500 millones de litros, según los datos cruzados por Barnés de Castro.

Durante el gobierno de AMLO el contrabando fue 7 veces mayor que con Peña Nieto

La comparación por sexenio es el dato más contundente del análisis. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre enero de 2007 y noviembre de 2012, México llegó a reportar más importaciones de diésel de las que Estados Unidos dice haber exportado, lo que arroja una diferencia negativa de 13.1 millones de barriles: sin contrabando detectable a gran escala.

Con Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, la diferencia entre lo que exportó Estados Unidos y lo que México registró como importación legal fue de 10.5 millones de barriles, equivalente al 2.6% del volumen exportado. Un contrabando presente pero marginal.

El quiebre ocurre con Andrés Manuel López Obrador. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, la diferencia acumulada entre exportaciones estadounidenses e importaciones legales mexicanas ascendió a 112.5 millones de barriles, el 18.9% del volumen total exportado por Estados Unidos a México en ese periodo. Es decir, casi uno de cada cinco barriles de diésel que salió de Estados Unidos con destino a México no fue registrado como tal al entrar al país.

En el actual sexenio, entre octubre de 2024 y abril de 2026, el contrabando acumula ya 29 millones de barriles, con un porcentaje que escala al 22.8% del volumen exportado, el más alto registrado. Barnés de Castro atribuye ese dato no a una expansión del esquema sino a que los operativos de la actual administración aún no han logrado cerrar del todo las rutas activas.

En 2021, el año pico

La metodología de Barnés de Castro es directa: comparar mes a mes cuánto diésel exportó Estados Unidos a México con cuánto registró México como importación legal. Cuando la diferencia es notable y sostenida, la explicación es una sola: el excedente entró declarado como otro producto.

“Si las cifras son similares o hay pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo, puedes suponer que no hay contrabando o que el contrabando es mínimo”, explicó Barnés de Castro en una entrevista con Aristegui Noticias. “Cuando la diferencia es notable entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que importa México oficialmente, está claramente una diferencia de que está entrando diésel que fue exportado de Estados Unidos como diésel y que se importó a México bajo otro rubro diferente.”

Los datos anuales muestran la progresión con precisión: en 2019 entraron 12 millones de barriles de contrabando, en 2020 subieron a 23 millones y en 2021 llegaron al pico de 35 millones de barriles. Ese año, el huachicol fiscal representó el 32.4% del diésel importado de Estados Unidos y el 25% del consumo total de diésel en el país. Pemex importó el 40%, el sector privado legal otro 30%, y el resto lo introdujo el sector privado de manera ilícita.

“Estamos hablando de más de 140 millones de barriles solo de Estados Unidos, que es lo que puedo identificar aquí”, dijo Barnés de Castro a Carmen Aristegui.

El crimen organizado no tuvo que construir nada: la red ya existía

La hipótesis de Barnés de Castro sobre el origen del disparo del huachicol fiscal tiene una lógica operativa que los datos respaldan: cuando el gobierno federal cerró y militarizó los ductos de Pemex en 2019, el robo de infraestructura cayó, pero los cárteles no desaparecieron. Tenían bodegas, pipas, rutas de distribución y contactos en gasolineras. Solo necesitaban otra fuente de combustible barato.

“¿Qué ocurrió en ese hueco donde el crimen organizado se quedó sin material de trabajo? Pues se coludió, seguramente, con las autoridades necesarias para empezar el negocio del huachicol fiscal, porque es justo esos tres años cuando se dispara”.

La coincidencia temporal es la evidencia más contundente de su argumento: los años en que cae el robo de ductos son exactamente los años en que crece el contrabando marítimo. “Cuando hay ausencia de piquetes de ductos es cuando crece de manera impresionante el huachicol fiscal”, señaló el investigador en la misma entrevista.

La infraestructura reutilizada explica además la velocidad con que el esquema escaló. Armar desde cero una red capaz de mover 35 millones de barriles al año habría tomado años. Adaptarla a partir de una ya existente, con almacenes, transportistas y distribuidores conocidos, es otra historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece identificado por Barnés de Castro como uno de los actores activos en ambas modalidades, tanto en el robo de ductos como en el huachicol fiscal posterior.

La misma estrategia que cerró los ductos transfirió el control de las aduanas marítimas a la Secretaría de Marina. Fueron precisamente mandos navales los que, según la FGR, terminaron facilitando el esquema: el excontralmirante Fernando Farías Laguna y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fueron vinculados a proceso en agosto de 2026 por encabezar la red de contrabando que operó en los puertos de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Los datos desmienten la versión de Morena sobre el origen del fenómeno

El análisis de Barnés de Castro choca de frente con la versión que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ofreció el 18 de agosto de 2026, cuando afirmó que el huachicol fiscal se originó en las políticas energéticas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Barnés de Castro lo refutó con un argumento que invierte la lógica del planteamiento: “No requieres permiso para contrabandear diésel. Todo lo contrario: estás contrabandeando para evitar usar el permiso y evitar pagar el IEPS y el IVA. El permiso te estorba. Evades usarlo e importas bajo otro producto que no requiere permiso de la Secretaría de Energía, porque lo estás declarando bajo otro nombre.”

Los números por sexenio son la refutación más directa: con Calderón no hay contrabando detectable, con Peña Nieto es marginal al 2.6%, y con López Obrador escala al 18.9%. La diferencia entre el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador, en términos de volumen de contrabando, es de 102 millones de barriles.

Las cifras de Barnés de Castro consideran únicamente el diésel proveniente de Estados Unidos. El contrabando que llega de Canadá y otros países no aparece en sus cuentas, advirtiendo que las cifras son una estimación conservadora: “Sabemos que hay una cantidad adicional de contrabando de diésel que está llegando de otras partes del mundo”.

Un operativo contra el huachicol en Tamaulipas derivó en un golpe estimado en 33 millones 955 mil 145.89 pesos a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo-Los Rojos, luego del cateo de cinco inmuebles en Tampico y Altamira, donde fueron asegurados combustible, vehículos, equipo para su almacenamiento, armas y otros bienes.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales, como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

En cuatro de los inmuebles fueron localizados aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques, bombas de presión, tanques reactores, depósitos de almacenamiento, una motobomba y mangueras.

También fueron aseguradas dos armas de fuego y cartuchos, además de equipos de comunicación y otros objetos relacionados con las actividades investigadas.

El aseguramiento de estos bienes, junto con los demás efectos encontrados durante los cateos, fue valuado de manera preliminar en 33.9 millones de pesos, monto con el que las autoridades estimaron una afectación a la capacidad operativa y financiera de la facción del Cártel del Golfo conocida como Los Rojos.

Uno de los cinco inmuebles correspondía a un rancho en el que fueron encontrados 135 animales exóticos. Entre los ejemplares había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos, además de bisontes, búfalos, un camello y tortugas sulcata.

El hallazgo de fauna quedó bajo una investigación distinta en materia ambiental. Al menos 35 ejemplares fueron identificados como especies en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que otros se encuentran regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Una persona fue detenida durante el operativo y quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Los cinco inmuebles fueron asegurados y permanecieron bajo vigilancia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La intervención ocurrió en Tampico y Altamira, municipios del sur de Tamaulipas donde se ha documentado la presencia de Los Rojos, una de las facciones que integran actualmente al Cártel del Golfo.

¿Quiénes son Los Rojos del Cártel del Golfo?

El Cártel del Golfo se encuentra actualmente fragmentado en distintas facciones que mantienen estructuras y áreas de influencia propias en Tamaulipas. De acuerdo con el análisis actualizado de InSight Crime, entre ellas se encuentran Los Rojos, Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Metros y Los Panteras.

La organización conserva su principal zona de actividad en Tamaulipas, aunque su estructura actual es distinta a la de años anteriores debido a la división entre grupos que compiten por el control territorial y de distintas economías criminales.

InSight Crime señala que las facciones del CDG participan en actividades como tráfico de drogas, armas y migrantes, además de extorsiones.

Dentro de esta estructura fragmentada, Los Rojos mantienen presencia en el sur de Tamaulipas.

Insight Crime los ubicó particularmente en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, precisamente la zona donde se desarrollaron los cateos.

La presencia de la facción en esa región también quedó expuesta con la detención, en febrero de 2026, de un presunto integrante identificado como Serapio “N”, alias “El Sapo” o “R-105”, señalado por autoridades como generador de violencia en Tamaulipas.

InSight Crime advierte que la fragmentación del Cártel del Golfo dificulta identificar una estructura de mando única. Los Rojos operan como una facción con liderazgo y control territorial propios, dentro de una organización que mantiene disputas internas y enfrenta además la presión de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La importancia del operativo radica así no sólo en el volumen de combustible asegurado, sino en el valor económico atribuido al conjunto de bienes intervenidos. Los 33.9 millones de pesos representan, de acuerdo con la información obtenida, una afectación directa a recursos e infraestructura asociados con Los Rojos en una de las zonas donde la facción mantiene presencia documentada.

Cateos en inmuebles relacionados con huachicol destaparon la presencia de 135 animales exóticos en un rancho del estado de Tamaulipas, entre los que se encuentran hienas, tigres, un camello y hasta monos araña.

Las diligencias se llevaron a cabo como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con este delito, por lo que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, de desplegaron en cinco domicilios ubicados en los municipios de Tampico y Altamira.

Como parte de las acciones, fueron cateados un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y el rancho donde se localizaron los animales.

Infobae México pudo conocer que los cateos contra la venta de combustible ilegal se realizaron contra la célula de Los Rojos del Cártel del Golfo, en un golpe que representó una afectación económica de 33 millones 955 mil 145 pesos.

La célula criminal de Los Rojos mantiene presencia en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, de acuerdo con información de la agencia especializada en narcotráfico Insight Crime.

Las autoridades localizaron una amplía variedad de ejemplares, entre ellos:

• 5 tigres de Bengala
• 3 jaguares
• Un ligre

• 21 monos araña
• 2 hienas
• 3 leones africanos

• Bisontes
• Tortugas sulcata
• Búfalos
• Un camello

Las autoridades informaron que al menos 35 de los animales se encuentran en riesgo en México conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre los que se identificaron monos araña mexicanos, jaguares. un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, que están catalogados en peligro de extinción; así como borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, que están sujetos bajo protección especial.

Además, en el rancho fueron halladas especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Todos los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Aseguran 68 mil litros de huachicol y detienen a un hombre

Las autoridades informaron que en los cuatro inmuebles restantes se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, 2 pipas, un vehículo tipo pick up, 2 frac tanks, 2 autotanques, 4 bombas de presión, 2 tanques reactores, 4 tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, equipos de comunicación, 2 armas de fuego y cartuchos.

Un hombre fue detenido en las acciones, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada y salvaguardar para proteger y preservar la vida silvestre de México”, aseguró la Marina en un comunicado.

Acciones contra el huachicol también alcanzaron en CDMX a red vinculada a Ernesto Ruffo

Estos cateos se suman a los realizados en dos bodegas de la Ciudad de México en el marco de la investigación contra la red de contrabando de combustible por vía férrea presuntamente encabezada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

La acción fue encabezada por la FGR, y con respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En los inmuebles —identificados por sus portones corredizos color naranja, propios de servicios comerciales de renta por módulo— los ministerios públicos y personal de la FGR localizaron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que, según la fiscalía, acreditan la simulación de operaciones de comercio exterior. También se hallaron documentos vinculados a otros esquemas delictivos que la institución ya tiene bajo pesquisa.

Qué reveló la fiscal Godoy Ramos sobre el operativo

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, difundió un video en el que precisó que el material asegurado permite identificar indicios sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa investigada en el caso, y de la que el exgobernador sería accionista. A su juicio, los hallazgos aportan nuevos elementos sobre el modo de operar de la red y abren líneas adicionales de investigación.

Godoy Ramos también aclaró que, hasta el momento, la FGR no había recibido notificación alguna de que la defensa de Ruffo Appel hubiera solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario y añadió que durante su reclusión en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se le garantiza atención médica y sus derechos.

Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, reconoció el operativo que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Champotón, Campeche. Desde su cuenta oficial en ‘X’, publicó:

“Reconocemos la importante labor y coordinación de la SEMAR y FGR (...) que permitió la detención de seis personas y el aseguramiento de una avioneta, hidrocarburo, armas, vehículos y numerario”, expresó Sansores.

De acuerdo con la mandataria estatal, ambas instituciones trabajan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Campeche, “donde sumamos esfuerzos y trabajamos de manera coordinada para combatir la delincuencia y proteger la seguridad de nuestra gente”. Reafirmó que en el estado “no hay espacio para la impunidad (...) Nuestro reconocimiento a quienes trabajan todos los días por la paz y la tranquilidad de las familias campechanas”.

Aseguran 9,912 litros de hidrocarburo y 61 vehículos en operativo en Champotón

El pasado sábado 22 de agosto, la FGR y la Semar, aseguraron en Champotón una avioneta, 5 mil 912 litros de combustible, armas, dinero en efectivo y 61 vehículos durante un cateo en un rancho ubicado dentro de la comunidad de El Cerrito, en Campeche, donde también se detuvieron a seis personas en una investigación por probable manejo y traslado ilegal de hidrocarburos iniciada en abril de 2026.

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron 5,912 litros de hidrocarburo y 3 mil litros de gas avión. También aseguraron dos tanques con gas LP, una avioneta y documentación diversa, de acuerdo con la Fiscalía.

El operativo se realizó con autorización de un juez de Control. La diligencia derivó de una carpeta abierta tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada de Control Regional en Campeche, donde se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se trasladaban hidrocarburos de forma irregular desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

El cateo dejó seis detenidos, armas y 61 vehículos bajo resguardo federal

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: en el rancho cateado fueron detenidas seis personas y todo lo localizado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, que definirá la situación jurídica de los asegurados dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Según la FGR, los detenidos fueron identificados como José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42, Luis Andrés Chi Buenfil de 53, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49.

El aseguramiento también incluyó 61 vehículos terrestres. A eso se sumaron $777,750 en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como indicios de la investigación.

En materia de armamento, la Fiscalía informó el aseguramiento de cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de distintos calibres. En el lugar había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

El inmueble también quedó asegurado mientras continúan las indagatorias para establecer el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades bajo investigación. La Fiscalía señaló que los hechos podrían constituir delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de otros que resulten de la investigación.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que las pesquisas siguen para determinar si los detenidos estarían vinculados con el traslado irregular de combustibles denunciado y con el resto de los indicios localizados en el rancho de Campeche. También precisó que las seis personas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

La FGR cateó dos predios en Jalisco y aseguró combustible presuntamente robado, decenas de vehículos de carga, equipos de análisis químico y un arma, en una operación coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) contra el robo de hidrocarburos en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, Jalisco.

La diligencia se enmarca en la Estrategia Nacional para Combatir el Robo de Hidrocarburos. El cateo fue autorizado por la autoridad judicial competente tras la solicitud del agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Denuncia anónima detonó la investigación

El caso comenzó con una denuncia anónima que alertó sobre el trasvase y almacenamiento sospechoso de combustible en una empresa de transportes ubicada en Guadalajara, Jalisco.

El primer predio, localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, concentró los hallazgos más voluminosos de la operación.

A partir de esa información, el MPF abrió una carpeta de investigación por el delito de resguardar, almacenar, distribuir, poseer, suministrar u ocultar hidrocarburos, petróleos o petroquímicos sin derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quienes puedan disponer de ellos conforme a la ley.

La investigación apuntó a personas físicas y morales aún no identificadas públicamente, y derivó en la solicitud y posterior autorización judicial de los cateos.

Combustible, pipas y equipos de análisis en Tlajomulco

También se aseguraron cantidades considerables de líquido traslúcido: 10 tambos azules con aproximadamente 2.000 litros, 11 bidones con cerca de 220 litros y dos cubos tanques con alrededor de 1.620 litros.

El primer predio, localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, concentró los hallazgos más voluminosos de la operación.

Los peritos del Centro Federal Pericial Forense y elementos de Defensa aseguraron 26 contenedores de combustible: seis grises, uno con el 3% de su capacidad, cinco con la leyenda Premium, uno al 60% y 15 con la leyenda Magna, dos con cargas del 15% y el 40%, respectivamente. Los restantes estaban vacíos.

En el mismo lugar se hallaron seis tanques casi llenos de capacidad desconocida, 30 tractocamiones, 21 pipas cilíndricas vacías, cuatro cilindros, 18 Frac tank y cinco cilindros verticales.

También se aseguraron cantidades considerables de líquido traslúcido: 10 tambos azules con aproximadamente 2.000 litros, 11 bidones con cerca de 220 litros y dos cubos tanques con alrededor de 1.620 litros.

Los investigadores encontraron además seis aparatos especializados: un analizador de azufre, un analizador automático de punto de inflamación, un regulador de voltaje eléctrico, un densímetro digital de sobremesa, un espectrómetro y un probador automático de destilación.

Se aseguraron también dos laptops, un DVR, una computadora de escritorio, un vehículo particular y diversos documentos.

Arma, equipo digital y dinero en efectivo en Zapopan

El segundo predio, en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, presentó un perfil distinto: menor infraestructura de almacenamiento y mayor presencia de equipos de comunicación, tecnología y efectivo.

Ahí fue asegurada un arma corta abastecida, junto con tres vehículos y numerario, cuya cantidad no fue especificada en el comunicado oficial.

En materia digital, la diligencia arrojó 21 laptops, cuatro discos duros, una tableta, 19 memorias USB y un radio de comunicación.

FGR continúa las indagatorias

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones continúan para determinar la identidad y responsabilidad de las personas físicas y morales implicadas en los delitos de robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburos.

Operativos previos contra el robo de hidrocarburos en Jalisco

Los operativos contra el robo de hidrocarburos en Jalisco se han intensificado en los últimos meses. En enero de 2026, la FGR aseguró más de 2 mil litros de hidrocarburo en Tototlán e inició una investigación por más de 6 mil litros en Ayotlán, ambos municipios jaliscienses. A escala nacional, fuerzas federales documentaron entre julio de 2025 y julio de 2026 el aseguramiento de al menos 27 millones 329 mil litros de hidrocarburos en Coahuila, Tamaulipas y Baja California.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar como un “censor” luego de las medidas cautelares emitidas contra su dirigente nacional y senador, Alejandro Moreno, por expresiones relacionadas con presuntos vínculos entre la política y el crimen organizado.

El representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, cuestionó la actuación del organismo y sostuvo que el debate sobre la llamada narcopolítica no debe ser limitado por las autoridades electorales.

PRI cuestiona al INE por medidas contra Alejandro Moreno

Durante sus declaraciones, Suárez Licona sostuvo que las expresiones de los legisladores forman parte de asuntos que, afirmó, son de conocimiento público.

Señaló que su partido continuará abordando los posibles vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos, particularmente cuando estos tengan una relación con los procesos electorales.

El priista también reclamó al INE no haber actuado, según su postura, ante los señalamientos sobre el supuesto ingreso de recursos provenientes del huachicol fiscal a campañas políticas, así como frente a los asesinatos relacionados con la actividad político-electoral.

El representante priista ya había cuestionado públicamente la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al considerar que las medidas cautelares contra Moreno constituyen una forma de censura bajo el argumento de que sus declaraciones podrían ser calumniosas.

Emilio Suárez acusa censura y defiende debate sobre narcopolítica

En una columna publicada previamente, Suárez Licona comparó la decisión electoral con antecedentes históricos relacionados con la libertad de expresión parlamentaria y sostuvo que la discusión pública no debería limitarse cuando aborda posibles hechos de interés nacional.

El priista afirmó que el problema central no son las declaraciones de la oposición, sino los hechos que dieron origen a los señalamientos.

Entre ellos mencionó investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles, acusaciones contra integrantes de grupos delictivos y casos de violencia política.

En ese contexto, el PRI anunció que impugnará la decisión del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y que también recurrirá a instancias internacionales.

Huachicol fiscal abre nueva disputa entre Morena y oposición

El reclamo del PRI ocurre en medio de una confrontación entre partidos por el posible uso político de recursos derivados del contrabando de combustibles.

Tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, Morena planteó solicitar al INE una investigación para determinar si recursos relacionados con el presunto huachicol fiscal pudieron llegar a Somos México, organización en cuyo consejo consultivo participa el exmandatario.

Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada, no existe una determinación del INE que confirme que ese instituto político recibió recursos de procedencia ilícita.

Entre los principales puntos de la controversia se encuentran:

• El posible financiamiento político con recursos procedentes del contrabando de combustibles.
• Las acusaciones cruzadas entre Morena, PRI y PAN.
• La petición para que autoridades electorales y ministeriales investiguen el origen de los recursos.
• Las medidas cautelares emitidas contra Alejandro Moreno.
• El debate sobre los límites de la libertad de expresión de los legisladores.

Sheinbaum pide pruebas sobre dinero del huachicol en campañas

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre los señalamientos relacionados con el financiamiento de campañas.

Después de que autoridades estadounidenses vincularan ganancias del huachicol fiscal con posibles actos de corrupción y financiamiento político, la mandataria pidió que se presentaran pruebas.

Sheinbaum aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ya investigaba a personas y empresas relacionadas con la red señalada por Estados Unidos. También destacó las acciones realizadas por autoridades mexicanas para combatir el contrabando de combustibles.

Las autoridades estadounidenses han señalado que las ganancias obtenidas mediante estas operaciones podrían destinarse al lavado de dinero, adquisición de bienes, sobornos y financiamiento de actividades políticas.

Sin embargo, los señalamientos sobre campañas requieren investigaciones y pruebas que permitan establecer responsabilidades concretas.

INE enfrenta presión política por investigación de financiamiento

La disputa coloca nuevamente al INE en el centro de una confrontación política sobre el papel de las autoridades electorales frente al presunto financiamiento ilícito.

Mientras el PRI considera que el organismo está limitando el debate público, desde Morena se ha planteado que el instituto revise posibles vínculos entre recursos del huachicol fiscal y organizaciones políticas.

Por ahora, las acusaciones permanecen dentro del terreno de las investigaciones y los señalamientos partidistas.

El PRI sostiene que continuará denunciando lo que considera una posible infiltración del crimen organizado en la política, mientras que el debate sobre la actuación del INE y los límites de la libertad de expresión electoral podría continuar en los tribunales.

La Fiscalía General de la República desmintió este lunes tener testigos protegidos ni elementos legales para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por delitos en materia de hidrocarburos. A través de su cuenta oficial de X, la dependencia calificó de “falsa” la información periodística que circulaba al respecto y cerró la puerta a cualquier indagatoria en curso contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La FGR afirmó que “El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

Qué desmiente exactamente la FGR

El mensaje acotó su desmentido a un punto preciso: las versiones que afirmaban que la fiscalía contaba con testimonios de testigos protegidos capaces de sostener una investigación contra “el hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos”.

La dependencia no solo negó la existencia de esos testimonios. Fue más lejos al señalar que el Ministerio Público carece de los elementos probatorios mínimos para activar una carpeta de investigación con respaldo legal.

En términos procesales, esa distinción es relevante: una denuncia no obliga a la FGR a investigar si no hay datos de prueba que la sustenten. La fiscalía dejó en claro que no hay causa abierta ni en trámite.

Las acusaciones del PAN y sus denuncias previas

El dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera sostuvo que el nombre de Andy López Beltrán aparece en una carpeta de investigación relacionada con el huachicol fiscal, en la que también figuran los hermanos Farías Laguna, Manuel Roberto, detenido en 2025, y Fernando, capturado en Buenos Aires en abril de 2026.

Romero cuestionó el argumento oficial de que no existe denuncia formal y exhibió acuses de dos presentadas por el PAN ante la FGR: la primera el 27 de agosto y una ampliación el 23 de septiembre, esta última junto con el diputado Marcelo Torres.

El diputado federal Federico Döring mostró en conferencia de prensa esos documentos. Hizo referencia a un oficio atribuido al entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el que se menciona a Juan Carlos Madero dentro de la estructura aduanera relacionada con el huachicol fiscal.

Lo que señalan los expedientes y los testigos

El vocero panista Jorge Triana afirmó que el nombre de Andy aparece en un expediente filtrado de la propia FGR vinculado a la trama de huachicol fiscal. Según un testimonio incluido en ese documento, operadores de la red habrían utilizado la frase “es un tema de Andy” para intentar facilitar el paso de cargamentos de combustible ilegal por la frontera.

La posición del gobierno federal y de López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado la postura oficial días antes. Sostuvo que no procede abrir una investigación sin denuncia formal y advirtió que, de comprobarse algún delito, “no se va a cubrir a nadie”.

La cancelación de visa que detonó la polémica

El pronunciamiento de la FGR llega días después de que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa de López Beltrán, por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

La medida encendió la disputa política. El Partido Acción Nacional (PAN) vinculó el retiro del documento migratorio con presuntos nexos del morenista con el crimen organizado y con una red de tráfico de combustible conocida como huachicol fiscal.

El Departamento de Estado no reveló públicamente la razón específica de la cancelación. López Beltrán la calificó de “politiquera y propagandística” y negó que exista prueba alguna de acto inmoral o delictivo en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) desplegó entre el 9 y 10 de agosto operativos en ocho estados del país que dejaron cateos, aseguramientos y detenciones vinculadas a robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y tráfico internacional de narcóticos.

Según un comunicado oficial emitido la tarde de este 12 de agosto, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encabezó las acciones en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las entidades donde la FGR ejecutó acciones fueron:

• Sinaloa
• Michoacán
• Tamaulipas
• Puebla
• Estado de México
• Baja California
• Morelos
• Colima

Entre los operativos destacó la detención de Gladys “N”, alias “La Patrona”, extranjera señalada como posible operadora logística de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y Australia. La aprehensión de la mujer se ejecutó en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante una orden judicial. Posteriormente quedó a disposición de las autoridades en Colima, donde tiene los cargos en su contra.

AIC decomisó combustible robado en Sinaloa y un tractocamión en Michoacán

El despliegue de acciones incluyó dos operativos contra el robo y contrabando de hidrocarburos en el noroeste y occidente del país. Agentes de la AIC catearon un inmueble en Mazatlán, Sinaloa, por delitos en materia de hidrocarburos. El operativo arrojó el aseguramiento de 14 mil 10 litros de combustible, cuatro vehículos, 15 contenedores, un cargador de arma, 13 cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y el propio inmueble.

El segundo frente contra el huachicol se abrió en Nahuatzen, Michoacán, donde actos de investigación por el mismo tipo de delito permitieron localizar y asegurar un tractocamión. Todo lo decomisado en ambas entidades quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Cuatro personas detenidas en cuatro estados por delitos con armas de fuego

Las acciones incluyeron también la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión contra cuatro personas señaladas por delitos relacionados con armas de fuego, cada una en entidades distintas.

Un hombre identificado como Alex “N” fue detenido en Nuevo Progreso, Tamaulipas, por portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Por otra parte, Luis “N” fue aprehendido en Tepeaca, Puebla, por portación de arma sin licencia.

Además, un sujeto identificado como Salvador “N” fue detenido en Chicoloapan, Estado de México, por el mismo delito que Luis “N”. Por último, un sujeto que responde a la identidad de Federico “N” fue aprehendido en Tijuana, Baja California, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los cuatro quedaron a disposición de la autoridad judicial en sus respectivas entidades, sin que la FGR revelara el estatus del proceso en su contra.

La Patrona" y los cateos en Morelos y Colima: cocaína impregnada en ropa

El despliegue de acciones incluyó el desmantelamiento de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína mediante un método de impregnación química en prendas de vestir para su envío, vía paquetería aérea, a Estados Unidos, Europa y Australia. Gladys “N”, alias “La Patrona”, de quien hasta el momento no se ha revelado la nacionalidad, fue señalada como posible operadora logística de esa estructura.

La Fiscalía federal reveló que de manera paralela al arresto de “La Patrona”, la AIC cateó tres inmuebles; en Jiutepec, Morelos, así como en Colima y Villa de Álvarez, Colima, por delitos contra la salud vinculados con la misma organización transnacional, con operaciones también hacia Asia.

En los domicilios se aseguró equipo de cómputo, un arma larga y documentación diversa. Sin embargo, no se reportaron más arrestos.

Red logística desarticulada en Manzanillo y un servidor público detenido en Morelos por abuso de cargo

El despliegue de acciones incluyó además operativos contra estructuras de apoyo criminal. En Manzanillo, Colima, la AIC cateó dos inmuebles por robo y detuvo en flagrancia a Alejandro “N” y Gabriela “N”. El aseguramiento incluyó dos armas cortas, tres vehículos, 26 dispositivos electrónicos, 32 dispositivos de almacenamiento de datos, 28 tarjetas bancarias, tres rastreadores, dos inhibidores de señal y los dos inmuebles. Las autoridades no confirmaron que ese cateo esté vinculado con “La Patrona”.

En Jiutepec, Morelos, la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra Apolonio “N” por la posible comisión del delito de uso indebido de credenciales de servidor público. La institución ha sostenido que la lucha contra la impunidad no distingue entre quien delinque desde la sociedad civil y quien lo hace desde un cargo público.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló en el comunicado que el compromiso de la institución es investigar para erradicar la impunidad. “La Fiscalía no se mide en el discurso, sino en los hechos. Nuestro compromiso es investigar para erradicar la impunidad, actuar con firmeza y servir, sin excepción, a la justicia del pueblo de México”, sostuvo.

Hasta el momento las autoridades no han revelado imágenes de las detenciones anunciadas. El comunicado, emitido como un resumen de acciones ejecutadas en dos días, no precisó el estatus procesal de los detenidos ni ofreció detalles sobre el avance de las investigaciones vinculadas a cada operativo.

Una nueva causa: presunto lavado de dinero

De acuerdo con medios como Milenio y Reforma, esta segunda carpeta de investigación (FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025) señala a Rocha Cantú por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La causa se sustenta en una querella presentada el 2 de diciembre de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo identifica como el “probable beneficiario controlador” de una estructura financiera bajo investigación.

Entre los elementos señalados:

• Adquisición de inmuebles mediante cheques de caja por cerca de siete millones de pesos.
• Movimientos atribuidos a distintas sociedades mercantiles, algunas con operaciones por decenas y hasta cientos de millones de pesos.
• El aseguramiento de alrededor de 500 cuentas bancarias presuntamente vinculadas al caso.

Esta investigación es adicional a la que existe desde 2025 en su contra por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos procedentes de Guatemala, causa por la que ya existe una orden de aprehensión vigente.

Aparición en Mónaco

En medio de este nuevo movimiento judicial, cuentas especializadas en el certamen, como Misses México, difundieron un vídeo reciente que ubica a Rocha Cantú en Mónaco, luego de que en diciembre de 2025 ya había sido captado en París. Hasta el momento, la FGR no ha detallado si esta aparición pública influirá en la reactivación de la orden de aprehensión ya emitida en su contra.

Vínculos políticos señalados en reportes

Diversos medios han documentado que Rocha Cantú mantuvo, según registros en redes sociales y reportes periodísticos, cercanía con figuras políticas de distintos partidos, incluyendo encuentros públicos con el entonces secretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto López. Reportajes de Proceso han señalado además presuntas conexiones de empresas ligadas a Rocha Cantú con estructuras que operaron en Tabasco durante la administración estatal de López Hernández, aunque estos señalamientos no han derivado en una acusación formal en su contra por parte de la FGR.

Postura de la Fiscalía

Al pronunciarse sobre la nueva orden de aprehensión, la FGR aseguró que todas las acciones del proceso son legales. La dependencia no ha confirmado si Rocha Cantú mantiene su calidad de testigo protegido, condición que —según reportes previos— le había sido otorgada antes de que, de acuerdo con la propia Fiscalía, incumpliera obligaciones como comparecer ante el Ministerio Público.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Guadalupe “N”, identificada como Guadalupe Hernández Hinojosa, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, investigación en la que también está involucrado el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.

Con esta captura, las autoridades reportan nueve personas detenidas como parte de uno de los principales casos de contrabando de hidrocarburos investigados actualmente por la FGR.

La mujer fue localizada y detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La orden de aprehensión fue cumplimentada por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Posteriormente, Guadalupe Hernández Hinojosa fue puesta a disposición de la jueza que lleva el caso.

La acusan de operar desde Ingemar

De acuerdo con la investigación de la FGR, Hernández Hinojosa era apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que el exgobernador Ernesto Ruffo Appel es señalado como socio.

La Fiscalía sostiene que la compañía habría sido utilizada para realizar operaciones de contrabando de hidrocarburos mediante ferrotanques, una modalidad que habría permitido introducir combustible al país mediante operaciones de comercio exterior con información presuntamente irregular.

Según los datos de prueba recabados por la dependencia, en diversas operaciones se habrían declarado volúmenes de hidrocarburo considerablemente menores a los que realmente eran transportados.

La diferencia entre las cantidades declaradas y las que presuntamente ingresaban habría formado parte del mecanismo investigado por las autoridades.

La FGR también señala que Hernández Hinojosa habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de Ingemar, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos.

Además, habría realizado gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías que fueron detectadas con irregularidades.

También tenía acceso a las cuentas

Otro elemento considerado por la Fiscalía es que Hernández Hinojosa habría sido firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de Ingemar.

Esta condición, de acuerdo con la investigación, le habría permitido intervenir en la administración financiera de la compañía y participar en operaciones relacionadas con los recursos de la empresa.

La FGR considera que su posible participación habría estado relacionada con tareas de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos y comerciales vinculados con la compañía bajo investigación.

Estas actividades forman parte de las líneas de investigación que la Fiscalía mantiene abiertas para determinar el nivel de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

Nueve detenidos por el caso

Con la captura de Guadalupe “N”, la investigación suma nueve personas detenidas.

Además de Hernández Hinojosa, las autoridades han detenido a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.

Entre ellos se encuentra el exgobernador de Baja California, quien actualmente permanece preso y es investigado por su presunta participación en la estructura de contrabando de hidrocarburos.

La FGR sostiene que se trata de una investigación relacionada con una operación de gran escala que habría ocasionado un daño al erario superior a los 4 millones de pesos, aunque el monto y las responsabilidades individuales deberán ser determinados dentro del proceso judicial.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el funcionamiento de la red, determinar la participación de cada uno de los detenidos y evitar que el caso de contrabando de hidrocarburos mediante ferrotanques quede impune.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, además de armas, cientos de cartuchos, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible, durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de los poblados El Vainillo y El Pozole, en la zona rumbo a Villa Unión, donde militares realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte sobre unidades que presuntamente transportaban combustible de procedencia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses desplegaron un operativo para verificar la información y localizaron un importante volumen de hidrocarburo almacenado en el sitio.

Aseguran combustible, armas y equipo de almacenamiento

Durante la intervención, los soldados aseguraron cuatro tanques de almacenamiento y un total de 124 mil litros de gasolina, cantidad que representa uno de los decomisos de combustible más relevantes registrados recientemente en el municipio de Mazatlán.

Junto con el hidrocarburo fueron localizadas dos armas largas, nueve cargadores y 270 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos.

Las autoridades también aseguraron un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el traslado o almacenamiento del combustible.

El hallazgo cobra relevancia debido al volumen de gasolina localizada y a la infraestructura encontrada en el inmueble, pues las autoridades deberán establecer si el sitio era utilizado de manera habitual para almacenar, transportar o distribuir combustible presuntamente obtenido de manera ilícita.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas por los elementos del Ejército Mexicano. Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica.

La investigación buscará establecer tanto el origen de los 124 mil litros de gasolina como su posible destino, además de determinar la responsabilidad de los detenidos y la procedencia de las armas, municiones y vehículos asegurados.

Los objetos decomisados serán sometidos a los peritajes correspondientes y podrían incorporarse a la carpeta de investigación que integren las autoridades ministeriales.

Cártel de Sinaloa se atribuye masacre en Zacatecas

El aseguramiento en Mazatlán ocurre en un contexto de operativos de seguridad reforzados en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde se registra actividad de grupos del crimen organizado.

En Zacatecas, un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En la grabación, un supuesto integrante del grupo criminal se atribuye la responsabilidad por la masacre de 10 personas ocurrida el pasado 18 de julio.

En el material, el presunto vocero asegura que el grupo no asesinó a personas inocentes, en respuesta a versiones difundidas sobre los hechos, y califica el ataque como un “pequeño golpe de autoridad”.

Tras la violencia registrada en Zacatecas, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en el estado para reforzar las labores de seguridad y apoyar a las autoridades locales.

El despliegue forma parte de las acciones implementadas por las fuerzas federales ante la violencia relacionada con las disputas entre organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un predio de la comunidad Tlamaco, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde localizaron combustible almacenado, recipientes utilizados para su manejo y siete vehículos, varios de ellos presuntamente con reporte de robo.

El operativo fue desplegado durante la tarde del miércoles por corporaciones de los tres órdenes de gobierno como parte de las acciones contra el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburo en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del inmueble fueron encontrados vehículos que transportaban contenedores con capacidad aproximada de mil litros, además de diversos bidones utilizados para almacenar combustible.

Tras concluir la diligencia, las unidades y el material asegurado fueron trasladados a un corralón ubicado en la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de Tula de Allende. El movimiento se realizó bajo resguardo de elementos de la Policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Dos grúas participaron en el traslado de parte de los contenedores decomisados, mientras que las autoridades mantienen bajo investigación el origen del hidrocarburo localizado y la posible relación de los vehículos asegurados con actividades ilícitas.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las corporaciones que participaron en el operativo no han informado la cantidad exacta de combustible asegurado, si el hidrocarburo tenía un origen ilegal confirmado o si hubo personas detenidas durante el cateo.

Tula-Atitalaquia, una zona marcada por el combate al huachicol en Hidalgo

El cateo realizado en Atitalaquia ocurrió en una de las regiones de Hidalgo donde las autoridades han concentrado operativos contra el robo de combustible debido a su cercanía con infraestructura energética de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ductos que atraviesan el Valle del Mezquital.

Municipios como Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Tepetitlán han sido identificados como puntos donde se han registrado aseguramientos de hidrocarburo, vehículos utilizados para su traslado y predios presuntamente empleados para el almacenamiento clandestino.

En los últimos años, fuerzas federales y estatales han desplegado cateos en inmuebles de la zona para localizar centros de almacenamiento y distribución de combustible extraído ilegalmente. Estos operativos han incluido el aseguramiento de pipas, camionetas con contenedores, bidones y miles de litros de hidrocarburo.

La región cobró relevancia nacional en materia de huachicol tras el hallazgo de tomas clandestinas y redes dedicadas al robo de combustible, particularmente en el corredor industrial de Tula, donde se encuentra una de las principales instalaciones de refinación de Pemex.

Además de los aseguramientos de combustible, las autoridades han investigado la operación de grupos dedicados al almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburo, una actividad que ha generado disputas criminales y otros delitos asociados en municipios del centro de Hidalgo.

El nuevo operativo en Tlamaco se suma a las acciones implementadas para desarticular puntos utilizados para el manejo ilegal de combustibles, aunque hasta ahora las autoridades no han informado si el predio cateado estaba vinculado con alguna organización delictiva específica.

Los grupos criminales que disputan el huachicol en la región Tula-Atitalaquia

Entre los grupos identificados en investigaciones y reportes de seguridad se encuentran Los H, una organización local señalada por autoridades como parte de las disputas criminales en la región de Tula, así como Los Solas, una célula vinculada a actividades como el robo de combustible y narcomenudeo. Además, reportes periodísticos han documentado la presencia de grupos locales como Los Cotorros y otras bandas regionales que han participado en conflictos por el control territorial.

Aunque autoridades hidalguenses han señalado que en la entidad predominan grupos locales por encima de grandes estructuras nacionales, distintos análisis han documentado la presencia de células relacionadas con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente mediante alianzas o grupos locales dedicados al robo de hidrocarburo.

Como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, autoridades federales desmantelaron cuatro presuntos centros clandestinos dedicados al procesamiento ilegal de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados cientos de miles de litros de petrolíferos, infraestructura industrial, maquinaria especializada y diversa documentación relacionada con las operaciones.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, como resultado de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la FGR, las acciones derivaron de labores de inteligencia, trabajos de investigación, intercambio de información entre dependencias del Gabinete de Seguridad y denuncias ciudadanas que permitieron ubicar los inmuebles utilizados presuntamente para el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

San Luis Potosí concentró los principales aseguramientos

La investigación inició tras diversas denuncias anónimas que alertaban sobre una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde ingresaban constantemente autotanques, lo que levantó sospechas sobre actividades relacionadas con el manejo ilegal de combustibles.

Con una orden judicial, las autoridades ejecutaron un cateo en el inmueble, donde aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem, con capacidad para mil litros cada uno.

Asimismo, fueron decomisadas una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, aproximadamente entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en operaciones de transporte de combustibles.

En un segundo operativo realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado otro predio que presuntamente funcionaba como centro de procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante la diligencia fueron localizados 18 tanques verticales, dos líneas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación.

Cateos también alcanzaron Hidalgo y Morelos

Las investigaciones también llevaron a las autoridades hasta el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde una denuncia ciudadana señalaba la existencia de otra instalación utilizada para el procesamiento ilegal de combustibles.

Durante el cateo fueron asegurados 32 contenedores con capacidad para mil litros, otros 25 contenedores con capacidad para cinco mil litros, así como 456 mil 300 litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados en su procesamiento.

En ese inmueble también fueron asegurados equipos electrónicos, monitores, computadoras y documentación relacionada con las actividades investigadas.

El cuarto operativo se realizó en el municipio de Cuautla, Morelos, luego de que autoridades recibieran reportes sobre el constante ingreso de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas provenientes del predio.

Tras ejecutar la orden de cateo, los agentes aseguraron el inmueble, diversas muestras obtenidas de los contenedores encontrados en el lugar, documentación y talones de cheques que serán integrados a la carpeta de investigación.

Estrategia contra el robo de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República señaló que estas acciones forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, el cual establece como una de sus prioridades el combate a los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Según la dependencia, la desarticulación de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras utilizadas para el manejo ilegal de combustibles, una actividad que genera importantes pérdidas económicas y riesgos para la infraestructura energética del país.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables de operar estos inmuebles, así como las redes criminales que podrían estar detrás de estas actividades.

Asimismo, reiteraron que las instituciones de seguridad mantendrán los trabajos de inteligencia y las acciones operativas para localizar nuevas instalaciones clandestinas, detener a los involucrados y fortalecer la protección de la infraestructura estratégica de México.

Monserrat Ramírez, reconocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’, estaría bajo investigación ante la sospecha de una vinculación con actividades ilícitas relacionadas con el huachicoleo.

La actriz enfrentaría un escenario judicial complicado luego de que se revelaran presuntos lazos con una red delictiva encabezada por su esposo, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (C4).

El comunicador aseguró que Monserrat Ramírez está bajo observación por parte de organismos federales, debido a su supuesto nexo con Iker Andoni de Gandiaga Morales, a quien se señala como líder de una estructura de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en varias entidades mexicanas.

Según la información difundida, el caso también involucra a otros familiares del principal sospechoso.

Detención de Iker Andoni

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional realizaron operativos simultáneos el pasado 30 de julio.

Durante estas acciones, los agentes irrumpieron en dos residencias ubicadas en Valle de Bravo y Atizapán, además de oficinas en Interlomas y un pent-house en Fuentes de las Lomas.

Ahí aseguraron propiedades y vehículos de alto valor. El resultado incluyó la detención de Iker Andoni, junto con su hermano Iñaki de Gandiaga y su cuñada Natalia Balderón, por su presunta participación en la red criminal.

Cargos contra los presuntos implicados

Durante el operativo encabezado por la FGR, los agentes aseguraron no solo propiedades de lujo, sino también automóviles de alta gama.

El principal acusado, Iker Andoni, enfrenta cargos que incluyen el robo de hidrocarburos, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

La detención de los tres familiares marca un avance relevante en la lucha contra el huachicoleo, una problemática que afecta gravemente el sector energético mexicano.

El proceso judicial apenas comienza y las autoridades no han cerrado la puerta a nuevas detenciones o citaciones, dependiendo del avance en la revisión de las cuentas y bienes incautados.

A la fecha, la actriz se encuentra bajo la lupa de las autoridades, aunque no se conocen medidas cautelares en su contra.

El arresto de Iker Andoni de Gandiaga Morales, conocido como “Iker”, marca un nuevo episodio en la lucha contra el huachicol fiscal en el centro de México.

Las autoridades federales lo señalan como presunto líder de una estructura que operó durante al menos dos años en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México, utilizando empresas fachada para comercializar combustible extraído ilícitamente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La detención se realizó en el marco de una investigación que también involucra a Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en combate al robo de hidrocarburos.

Según reportes periodísticos, Manrique Miranda habría brindado protección institucional a la organización, instruyendo a elementos de seguridad para no intervenir durante el traslado del hidrocarburo y permitiendo la circulación de autotanques con combustible ilegal.

Cómo operaba la red de huachicol fiscal

El esquema presuntamente liderado por Iker combinaba la colaboración de un operador civil con el conocimiento interno de un exfuncionario de la FGR.

Las actividades consistían en distribuir combustible robado mediante empresas ficticias, lo que permitió a la red moverse con relativa libertad y obtener ganancias considerables.

Las imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4” Jiménez, muestran a De Gandiaga Morales en vehículos y viajes de lujo, supuestamente adquiridos con los recursos provenientes de estas actividades.

El seguimiento periodístico de Jiménez comenzó en 2024, año en que denunció públicamente los presuntos vínculos del detenido con mandos de la fiscalía.

Las autoridades federales detuvieron a Iker Andoni de Gandiaga Morales, mejor conocido como “Iker”, por su presunta responsabilidad en una red de huachicol fiscal activa desde al menos 2024 en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México. La captura se produjo en el marco de una investigación que también apunta a Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República (FGR) en el área de combate al robo de hidrocarburos, quien presuntamente otorgó protección institucional a la organización.

El presunto esquema consistía en el uso de empresas fachada para distribuir y comercializar combustible extraído ilegalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex). La red operó durante al menos dos años en tres entidades del centro del país antes de que las autoridades concretaran la detención.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4” Jiménez, Manrique Miranda instruía a elementos de seguridad para que no intervinieran durante la sustracción y el traslado del hidrocarburo. Esas instrucciones habrían garantizado la libre circulación de autotanques con combustible de procedencia ilícita en la región central del país.

El nombre del excomandante no aparece por primera vez en este tipo de investigaciones. Manrique Miranda también figura en indagatorias vinculadas al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del 50% del certamen Miss Universo, quien enfrenta una investigación de la FGR por una presunta red de huachicol que habría operado en México y Guatemala.

La combinación de un presunto operador civil y un exfuncionario con conocimiento del sistema de vigilancia de ductos describe un esquema de huachicol fiscal de mayor complejidad que el robo directo de combustible: se trata de una estructura que, según las fuentes periodísticas, utilizó el aparato corporativo y la cobertura institucional de forma simultánea.

Las imágenes difundidas por C4 Jiménez muestran a De Gandiaga Morales en viajes y vehículos de lujo que presuntamente adquirió con los fondos generados por la red. Esos registros visuales formaron parte del seguimiento periodístico que el comunicador realizó desde 2024, cuando exhibió públicamente al imputado y sus presuntos acuerdos con mandos de la FGR.

La detención: ficha, traslado y situación jurídica pendiente

La ficha de detención de De Gandiaga Morales no especifica el lugar exacto donde se concretó la captura ni la autoridad que ejecutó la orden de aprehensión. El documento sí describe la vestimenta del detenido al momento de su captura: pantalón café claro, playera del mismo color en tono más oscuro, chamarra gris y tenis blancos.

Según el registro oficial, el imputado se encontraba en traslado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. La ficha lo identifica únicamente por el alias “Iker” y sus características físicas, sin precisar los cargos formales en ese documento inicial.

Latinus reportó que la orden de aprehensión fue girada en su contra, pero que la ficha no aclara qué dependencia la ejecutó. La ausencia de un comunicado oficial de la FGR al cierre de los reportes dejó pendiente la confirmación institucional de los delitos que se le atribuyen.

El caso De Gandiaga Morales se suma a una serie de operativos recientes contra redes de huachicol en el Estado de México. En semanas previas, las autoridades desarticularon dos células ligadas al operador conocido como “Don Checo” en la misma entidad, con un saldo de casi 20 detenidos.

La presunta vinculación de un excomandante especializado en combate al robo de hidrocarburos con una red de ese mismo delito plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión interna dentro de la FGR. Hasta la publicación de los reportes, la fiscalía no se pronunció sobre la situación de Manrique Miranda ni sobre posibles cargos en su contra.

El principio de presunción de inocencia aplica para todos los señalados en tanto no exista una sentencia condenatoria firme. Los hechos descritos en este artículo corresp

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló dos células vinculadas a la organización de Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, dedicadas al robo y comercialización ilícita de Gas LP en el Estado de México.

Los operativos, coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y personal de Pemex Logística, dejaron 17 personas detenidas —6 ya vinculadas a proceso tras el primer operativo y 11 detenidas en el segundo— y el aseguramiento de 47 mil litros de hidrocarburo, armas, narcóticos, vehículos y 20 inmuebles, según un comunicado de la FGR publicado este 29 de julio de 2026.

“Don Checo” fue detenido en junio de 2025 junto con 31 personas más. Tras su caída, el mando habría pasado a Mauricio “N”, detenido en abril de 2026 con seis personas más. La FGR identificó después a Andrés “N” como el posible responsable de dar continuidad a las operaciones, lo que derivó en los dos operativos más recientes.

Empresas gaseras de fachada y ductos perforados: así operaba la red en seis municipios del Edomex

En el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que varios integrantes de la organización usaban empresas gaseras como fachada para extraer y comercializar Gas LP de forma ilícita.

La red también perforaba ductos de Pemex de manera clandestina y trasladaba el combustible en tractocamiones con cajas adaptadas que ocultaban tanques en su interior.

Según las indagatorias, la organización mantuvo presencia en los siguientes municipios:

• Chimalhuacán
• Ecatepec
• Jaltenco
• Nextlalpan
• Tecámac
• Tonanitla

Desde esos puntos coordinaban la extracción del hidrocarburo y su distribución hacia otros predios del Estado de México, donde el combustible era almacenado en cajas con tanques ocultos antes de su comercialización.

Un túnel bajo una caja seca de tráiler conectaba a un ducto de Pemex en Tecámac

Datos oficiales revelaron que en el primer operativo se ejecutaron órdenes de cateo en 14 inmuebles del Edomex. Ahí se localizaron 47 mil litros de Gas LP, dinero en efectivo, narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos, cuatro vehículos de alta gama, tractocamiones y tanques de almacenamiento.

Once inmuebles fueron asegurados y seis personas quedaron vinculadas a proceso.

El segundo operativo se ejecutó a partir del análisis de la información obtenida en los cateos previos. Las órdenes abarcaron nueve inmuebles más e iban dirigidas contra otra célula integrada presuntamente por familiares de uno de los líderes del grupo, quienes posiblemente coordinaban las actividades ilícitas desde adentro.

En esa segunda acción fue asegurado un inmueble de más de 3 mil metros cuadrados en Tecámac, que funcionaba como centro clandestino de abastecimiento para tractocamiones.

En el predio también se identificó una toma clandestina de un ducto de Pemex oculta bajo una caja de tráiler, conectada mediante un túnel que posiblemente era usado para extraer el Gas LP y llenar las pipas, que después eran trasladadas a otro predio del Estado de México donde se almacenaban cajas con tanques ocultos.

Como resultado de la segunda fase del operativo fueron detenidas 11 personas, dando como resultado final 17 personas detenidas y vinculadas con la red criminal de “Don Checo”.

La FGR afectó todos los niveles de mando: desde los líderes hasta la operación logística

Ambos operativos formaron parte de una investigación desarrollada por las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según reportes, la estrategia afectó de forma escalonada los distintos niveles de mando: primero los líderes, luego quienes asumieron el control tras cada detención y, finalmente, los integrantes responsables de sostener la operación logística.

Con el aseguramiento de los 20 inmuebles, los vehículos, el hidrocarburo y el desmantelamiento de la toma clandestina en Tecámac, la FGR señaló haber desarticulado una parte de la infraestructura logística de la organización de “Don Checo”.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad indicaron que continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar y llevar ante la justicia a quienes participen en el robo de hidrocarburos.

“Don Checo”, uno de los 10 operadores civiles detenidos por la red de huachicol fiscal en México

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, figuraba en una lista de 10 operadores civiles detenidos en el marco de la investigaciones por huachicol fiscal, compartida por fuentes de seguridad a Infobae México en mayo de 2026.

Entre los otros nombres de esa lista aparecían Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”; Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”; Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”; y Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Todos enfrentaban procesos judiciales por su posible participación en el trasiego, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos ilegales. El modus operandi principal consistía en ingresar hidrocarburos bajo la declaración de aceites o lubricantes, lo que permitía evadir impuestos y dificultaba el rastreo en aduanas.

Su detención en junio de 2025, junto con 31 personas más, fue resultado de seis meses de trabajos de inteligencia coordinados. El operativo incluyó cateos en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, con cerca de 400 elementos desplegados. Dejó el aseguramiento de 16 millones de pesos en efectivo, 21 tractocamiones, ocho pipas, 48 vehículos —algunos blindados y de lujo— y 36 armas de fuego.

Tras su captura, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, rechazó acusaciones de que “Don Checo” habría recibido protección de elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, la FGR y personal de inteligencia de Pemex para operar: “Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta Red criminal”, señaló en su cuenta de X. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y advirtió que “no se pueden señalar a todas las instituciones que combaten este tipo de delitos”.

La red de “Don Checo” fue identificada como parte de un entramado más amplio vinculado a Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”. Empresas de transporte y logística como Ikon Midstream, Mefra Fletes, Intanza, Transportista Roca, Hevi Transport, Logística Enerpol, Naviera Altamarítima y Azteca Cone habrían sido utilizadas para mover y almacenar combustible de procedencia ilícita dentro de circuitos aparentemente formales.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la investigación por presunto huachicol fiscal en la que está implicado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga un trasfondo político, como acusó el Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas suficientes para sustentar el caso.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos de dirigentes panistas, quienes acusaron al Gobierno federal de utilizar la justicia con fines políticos tras las acciones emprendidas contra el exmandatario estatal. Ante ello, Sheinbaum rechazó esa versión de manera categórica.

La presidenta sostuvo que la investigación de la FGR no está centrada únicamente en Ruffo Appel, sino que forma parte de una indagatoria más amplia relacionada con una presunta red dedicada al contrabando de combustibles, esquema conocido como huachicol fiscal, mediante el cual se evade el pago de impuestos y se comercializan hidrocarburos de manera irregular.

“No, es falso, absolutamente falso (el uso político del caso). Y la Fiscalía dio muchísimas pruebas. No es solamente el exgobernador, sino, por lo menos, de ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano”, respondió Sheinbaum.

No es la primera vez que la presidenta rechaza que exista una motivación política detrás del caso contra Ernesto Ruffo. Durante su conferencia matutina del pasado viernes, Sheinbaum aseguró que la investigación por presunto huachicol fiscal se originó a partir de las indagatorias realizadas por la FGR tras el aseguramiento de carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita.

La mandataria señaló que las investigaciones se desarrollaron durante aproximadamente un año y sostuvo que el Gobierno federal únicamente ha difundido la información presentada por la Fiscalía.

“No tiene absolutamente nada que ver con un asunto político”, afirmó el viernes desde Cuernavaca, Morelos.

También explicó que las pesquisas no se limitan al exgobernador de Baja California, sino que abarcan a una presunta red dedicada al contrabando de combustible.

La mandataria indicó que ya se habían ejecutado ocho órdenes de aprehensión y que las autoridades continúan identificando a empresas y empresarios que presuntamente participaron en la introducción y distribución ilegal de hidrocarburos.

Sheinbaum añadió que las investigaciones también buscan esclarecer cómo ingresaron al país diversos cargamentos de combustible mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Ruffo y otros siete implicados ya fueron vinculados a proceso

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que, el pasado 23 de julio, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal.

El exgobernador enfrentará el proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al igual que Ricardo “N” y José “N”. En tanto, Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentarán cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la organización introducía combustible al país mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas para ocultar la cantidad o el tipo de hidrocarburo transportado y así evadir el pago de impuestos. La dependencia estima que el esquema provocó un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

Como parte de las medidas derivadas de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ruffo. Según la carpeta de investigación, el exmandatario mantenía cuentas e instrumentos financieros en Intercam Grupo Financiero y BBVA, los cuales quedaron sujetos a las acciones de la autoridad financiera.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron el pasado martes 21 de julio un cateo al interior en un predio del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Seguridad Física de Pemex.

El operativo derivó en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, según información oficial contenida en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Reportes extraoficiales apuntaron a que el lugar habría operado como una refinería clandestina, dedicada a tratar productos robados de ductos de Pemex. La inferencia se basó en la complejidad de la infraestructura localizada, sin embargo, ninguna autoridad confirmó esa versión de forma oficial.

El predio reunía equipo de almacenamiento, distribución y plantas de energía

Las fuerzas federales aseguraron dentro del inmueble once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales de almacenamiento, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.

La combinación de ese equipo —motobombas para el trasiego de líquidos, tanques de gran capacidad y generadores propios— fue lo que llevó a medios locales a describir extraoficialmente el lugar como una presunta refinería clandestina.

La Defensa no precisó la ubicación exacta del inmueble dentro del municipio de Reynosa ni informó sobre personas detenidas durante el despliegue del operativo. El comunicado señaló únicamente que la intervención se realizó “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

La FGR resguardó los bienes asegurados

Todo lo decomisado quedó a disposición de la FGR con sede en Reynosa para la realización de acciones periciales. Las investigaciones buscarán determinar el origen de los casi 3.8 millones de litros de sustancia asegurada, el uso que se le daba al equipo encontrado y las responsabilidades legales que se deriven del hallazgo.

En el comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron lo que describieron como “la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la Delincuencia Organizada” en Tamaulipas.

La operación se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las autoridades no emitieron información adicional sobre el estado de la investigación ni sobre posibles vínculos del inmueble con grupos de la delincuencia organizada activos en la frontera norte del país.

407 personas procesadas por huachicol fiscal desde diciembre de 2025

El operativo en Reynosa se produjo en el marco de una ofensiva federal contra el tráfico ilegal de combustible. La FGR informó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 llevó a proceso a 407 personas vinculadas a redes de contrabando de hidrocarburos que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

El 16 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de encabezar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.

La red presuntamente operó a través de empresas que declaraban ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaban: reportaban alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Además, informaban a las autoridades mercancías diferentes a las que en realidad contenían los contenedores, evadiendo impuestos.

El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, con entrada al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

La fiscalía también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de triangulación financiera hacia empresas extranjeras.

Ruffo y siete personas más vinculadas a proceso, en el caso del exgobernador panista fue por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Edomex. En el caso están involucrados exfuncionarios de aduanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró en su conferencia matutina de este viernes los avances de investigaciones a diversas empresas ligadas a huachicol, es decir transporte ilegal de hidrocarburos que dejó millonarias ganancias a empresarios en Baja California y otros estados.

“Es la Fiscalía es quien está haciendo las investigaciones, lo que todos conocemos que difundió la Fiscalía es que no solo se trata de un número de ferrotanques o de tanques que venían en ferrocarril y nada más, sino que estos ferrotanques que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían”, dijo la mandataria.

Además señaló que hay muchos otros empresarios relacionados con esta empresa que también este tipo de traslados ilegales, por eso la investigación duró un año.

“Después se identificó cómo esperaba y distribuía esta empresa (Ingemar) a las gasolineras y ahí es donde se vincula con empresarios vinculados con esta red de contrabando de combustibles y distribución de los mismos”, abundó Sheinbaum.

Los Thompson: ellos serían los millonarios operadores de huachicol ligados a Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra Los Thompson, ocho personas señaladas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y delitos en materia de hidrocarburos, tras la captura de Ernesto Ruffo Appel. El caso apuntó a un esquema empresarial que habría operado durante décadas en Ensenada, con empresas portuarias y de almacenamiento usadas como soporte para la importación, distribución y comercialización irregular de petrolíferos.

La acusación incluyó a Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentaron cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

El PAN acusó una persecución política contra Ernesto Ruffo Appel y exigió que el proceso se desarrolle con respeto al debido proceso.

De acuerdo con la imputación, el esquema consistió en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. La maniobra permitía reportar menos volumen del realmente transportado o declarar otros productos para evadir el pago de impuestos.

La audiencia continuó después de que las defensas se acogieron a la duplicidad del término constitucional. Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO, el juez también ratificó la prisión preventiva oficiosa para cinco de los imputados.

Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N” quedaron sujetos a esa medida en el CEFERESO 1 Altiplano. Guillermo “N” y José María “N” la cumplieron en domicilio, mientras Adriana “N” quedó internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La investigación ubicó a Ingemar como eje del presunto tráfico ilegal

La indagatoria describió un trabajo de alta complejidad coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las detenciones derivaron de la revisión de operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La Fiscalía sostuvo que este tipo de conductas provocó una afectación económica directa para el país. También señaló que el contrabando de hidrocarburos se convirtió en fuente de ingresos para organizaciones criminales.

Morena y PAN se enfrentan por proceso contra Ernesto Ruffo Appel.

Dentro del expediente, Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez aparecieron como socios funcionales del entramado vinculado con Ernesto Ruffo Appel. La acusación no los colocó como jefes de la estructura, pero sí como piezas de apoyo corporativo en el modelo de operación.

Uno de los documentos judiciales sostuvo que Thompson Navarro no detentaba funciones de administración dentro de la organización, aunque estaba directamente vinculado con la red empresarial que sirvió como soporte operativo. La misma resolución lo ubicó como participante en personas morales relacionadas corporativamente con Ingemar, identificada como eje del presunto esquema delictivo.

La ruta empresarial comenzó en 1993, cuando Ricardo Thompson Navarro fundó Servicios Portuarios en Ensenada. Esa empresa incluyó entre sus objetos el almacenamiento de mercancías, entre ellas minerales, productos manufacturados y combustible.

Sus accionistas y fundadores fueron Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro como socio mayoritario y María Lizete Guiza Legaspy. Años después, el 15 de noviembre de 2018, la sociedad amplió su objeto para incorporar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de la construcción y operación de terminales intermodales, parques industriales, bodegas, silos y talleres.

Ese cambio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a inicios de 2019. Para entonces, la empresa ya había entrado de lleno al sector energético.

Las empresas portuarias se conectaron con permisos y capital de Ingemar

El 7 de noviembre de 2008, Thompson Navarro y Thompson Ramírez crearon Dragados y Puertos, S de RL de CV, también en Ensenada. Su objeto inicial se centró en construcción de puertos, marinas, terminales, escolleras, dragados y obra civil marítima y portuaria, además de la gestión de concesiones para infraestructura.

Esa sociedad amplió su objeto en asamblea del 3 de enero de 2024. Desde entonces incluyó comercialización, transportación y acopio de productos petrolíferos, gas y derivados del petróleo, entre otros materiales.

En esa misma asamblea, Ricardo Thompson Navarro fue designado gerente general y mantuvo el cargo dentro de la sociedad. Antes, el 27 de julio de 2018, José Merino Valdez Cuervo había sido nombrado apoderado legal de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Poco después, el 9 de agosto de 2018, Valdez Cuervo constituyó Ingemar, SA de CV, como asociada de ambas empresas. La Fiscalía identificó a esa compañía como el eje principal del presunto robo de combustible y calculó que en 2025 el daño a la hacienda pública ascendió a $4,456,577,425.

El consejo de administración de Ingemar quedó integrado por Valdez Cuervo como presidente, Thompson Ramírez como secretario y Thompson Navarro como vocal. Yolanda Navarro Samano apareció como comisaria de la sociedad.

En asamblea del 12 de octubre de 2018, Ingemar amplió su objeto social para prestar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como recepción, conservación y servicio auxiliar de terminal de carga ferroviaria. Esa modificación le abrió la puerta al mercado energético antes del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de noviembre de 2021, la empresa aumentó su capital fijo de $50 mil a $60 mil y revocó apoderados y funcionarios del consejo. En esa misma asamblea ingresó Ernesto Ruffo Appel como accionista con $30 mil y el mismo número de acciones; Valdez Cuervo quedó con 55 mil 500 acciones, Dragados y Puertos con 12 mil 500 y Servicios Portuarios con 12 mil.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra Los Thompson, ocho personas señaladas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y delitos en materia de hidrocarburos, tras la captura de Ernesto Ruffo Appel. El caso apuntó a un esquema empresarial que habría operado durante décadas en Ensenada, con empresas portuarias y de almacenamiento usadas como soporte para la importación, distribución y comercialización irregular de petrolíferos.

La acusación incluyó a Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentaron cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la imputación, el esquema consistió en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. La maniobra permitía reportar menos volumen del realmente transportado o declarar otros productos para evadir el pago de impuestos.

La audiencia continuó después de que las defensas se acogieron a la duplicidad del término constitucional. Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO, el juez también ratificó la prisión preventiva oficiosa para cinco de los imputados.

Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N” quedaron sujetos a esa medida en el CEFERESO 1 Altiplano. Guillermo “N” y José María “N” la cumplieron en domicilio, mientras Adriana “N” quedó internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La investigación ubicó a Ingemar como eje del presunto tráfico ilegal

La indagatoria describió un trabajo de alta complejidad coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las detenciones derivaron de la revisión de operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La Fiscalía sostuvo que este tipo de conductas provocó una afectación económica directa para el país. También señaló que el contrabando de hidrocarburos se convirtió en fuente de ingresos para organizaciones criminales.

Dentro del expediente, Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez aparecieron como socios funcionales del entramado vinculado con Ernesto Ruffo Appel. La acusación no los colocó como jefes de la estructura, pero sí como piezas de apoyo corporativo en el modelo de operación.

Uno de los documentos judiciales sostuvo que Thompson Navarro no detentaba funciones de administración dentro de la organización, aunque estaba directamente vinculado con la red empresarial que sirvió como soporte operativo. La misma resolución lo ubicó como participante en personas morales relacionadas corporativamente con Ingemar, identificada como eje del presunto esquema delictivo.

La ruta empresarial comenzó en 1993, cuando Ricardo Thompson Navarro fundó Servicios Portuarios en Ensenada. Esa empresa incluyó entre sus objetos el almacenamiento de mercancías, entre ellas minerales, productos manufacturados y combustible.

Sus accionistas y fundadores fueron Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro como socio mayoritario y María Lizete Guiza Legaspy. Años después, el 15 de noviembre de 2018, la sociedad amplió su objeto para incorporar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de la construcción y operación de terminales intermodales, parques industriales, bodegas, silos y talleres.

Ese cambio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a inicios de 2019. Para entonces, la empresa ya había entrado de lleno al sector energético.

Las empresas portuarias se conectaron con permisos y capital de Ingemar

El 7 de noviembre de 2008, Thompson Navarro y Thompson Ramírez crearon Dragados y Puertos, S de RL de CV, también en Ensenada. Su objeto inicial se centró en construcción de puertos, marinas, terminales, escolleras, dragados y obra civil marítima y portuaria, además de la gestión de concesiones para infraestructura.

Esa sociedad amplió su objeto en asamblea del 3 de enero de 2024. Desde entonces incluyó comercialización, transportación y acopio de productos petrolíferos, gas y derivados del petróleo, entre otros materiales.

En esa misma asamblea, Ricardo Thompson Navarro fue designado gerente general y mantuvo el cargo dentro de la sociedad. Antes, el 27 de julio de 2018, José Merino Valdez Cuervo había sido nombrado apoderado legal de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.

Poco después, el 9 de agosto de 2018, Valdez Cuervo constituyó Ingemar, SA de CV, como asociada de ambas empresas. La Fiscalía identificó a esa compañía como el eje principal del presunto robo de combustible y calculó que en 2025 el daño a la hacienda pública ascendió a $4,456,577,425.

El consejo de administración de Ingemar quedó integrado por Valdez Cuervo como presidente, Thompson Ramírez como secretario y Thompson Navarro como vocal. Yolanda Navarro Samano apareció como comisaria de la sociedad.

En asamblea del 12 de octubre de 2018, Ingemar amplió su objeto social para prestar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como recepción, conservación y servicio auxiliar de terminal de carga ferroviaria. Esa modificación le abrió la puerta al mercado energético antes del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de noviembre de 2021, la empresa aumentó su capital fijo de $50 mil a $60 mil y revocó apoderados y funcionarios del consejo. En esa misma asamblea ingresó Ernesto Ruffo Appel como accionista con $30 mil y el mismo número de acciones; Valdez Cuervo quedó con 55 mil 500 acciones, Dragados y Puertos con 12 mil 500 y Servicios Portuarios con 12 mil.

La Fiscalía afirmó que Servicios Portuarios y Dragados y Puertos contribuyeron a la adquisición de petrolíferos sin contar con el permiso correspondiente de la Sener. También señaló que en diciembre de 2023 Ingemar recibió cuatro permisos para importar 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y diésel, pese a que en ese momento los permisos vigentes para esos combustibles se ubicaban entre 60 millones y 100 millones de litros.

Los permisos vencían en diciembre de 2024. Después fueron detectadas irregularidades en los reportes aduanales de la empresa.

Thompson Navarro se deslindó públicamente y afirmó que en 2021 fue despojado de sus acciones en Ingemar por Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, al pasar de 33% a menos de 1%. Aun así, en el Registro Público continuó apareciendo como socio con 12%.

La FGR sostuvo que Ricardo Thompson Ramírez incurrió en una especie de “ceguera voluntaria”, porque su calidad de accionista de las dos empresas que a su vez eran accionistas de Ingemar le imponía la obligación de vigilar la operación de esa compañía. En el caso de Thompson Navarro, la acusación remarcó que mantuvo vínculos directos con las empresas usadas como instrumentos base para la presunta introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional y la evasión de contribuciones fiscales.

• La FGR obtuvo vinculación a proceso contra ocho personas por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
• La investigación ubicó a Ingemar y a dos empresas portuarias de Ensenada como soporte corporativo del presunto tráfico ilegal de combustible.
• La Fiscalía calculó un daño a la hacienda pública de $4,456,577,425 y señaló permisos por 500 millones de litros otorgados a Ingemar en 2023.

Además, llamó a fortalecer las fiscalías del país al considerar que son el principal obstáculo para lograr un sistema de justicia eficaz y libre de corrupción.

Huachicol fiscal: PRI exige investigaciones sin distinción de partidos

Durante un posicionamiento en el Senado, Viggiano calificó el huachicol fiscal como “la madre de todas las estafas” y sostuvo que la magnitud del presunto fraude exige investigaciones que alcancen a todos los funcionarios y particulares involucrados, sin importar su cargo o filiación política.

La legisladora afirmó que la Procuraduría Fiscal de la Federación estimó un quebranto de aproximadamente 600 mil millones de pesos, mientras que investigaciones periodísticas, entre ellas las del periodista Raúl Olmos, elevan la cifra a cerca de 700 mil millones de pesos.

En ese contexto, cuestionó que las autoridades hayan concentrado sus esfuerzos en casos específicos, mientras el presunto fraude de mayor impacto económico continúa sin esclarecerse por completo.

Viggiano cuestiona actuación de la Fiscalía General de la República

La senadora sostuvo que buena parte de la información conocida sobre este caso ha surgido por investigaciones periodísticas y por disputas políticas, más que por las indagatorias de las autoridades.

Asimismo, señaló que una operación de esa dimensión difícilmente pudo realizarse sin el conocimiento o la participación de distintas instancias gubernamentales, por lo que insistió en que la Fiscalía General de la República debe profundizar las investigaciones y recuperar los recursos que, aseguró, pertenecen al Estado mexicano.

Esto es lo que ha ocurrido con el caso del huachicol fiscal en México

• La Procuraduría Fiscal de la Federación ha estimado un posible daño patrimonial cercano a 600 mil millones de pesos.
• Investigaciones periodísticas calculan que el impacto económico podría alcanzar 700 mil millones de pesos.
• El huachicol fiscal consiste en la importación irregular de combustibles mediante declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos.
• El caso ha derivado en investigaciones contra empresas y personas presuntamente relacionadas con redes de contrabando de hidrocarburos.
• El tema también ha generado debate político por las investigaciones abiertas contra distintos exfuncionarios y empresarios.

La senadora plantea reformar las fiscalías del país

Además del tema del huachicol fiscal, Carolina Viggiano aseguró que el principal problema del sistema de justicia penal se encuentra en el funcionamiento de las fiscalías.

Consideró que cualquier reforma judicial será insuficiente mientras no existan ministerios públicos mejor capacitados, con recursos suficientes y condiciones laborales que permitan combatir la corrupción.

A su juicio, el problema no radica en la creación de nuevas leyes, sino en la correcta implementación de las ya existentes.

Pide fortalecer investigaciones con perspectiva de género

La legisladora también sostuvo que la falta de recursos y de personal especializado ha impedido atender adecuadamente delitos como los feminicidios. Señaló que muchas investigaciones no incorporan una perspectiva de género y que la insuficiencia de agentes del Ministerio Público limita el acceso de las víctimas a la justicia.

En ese sentido, propuso replantear el modelo de investigación criminal para garantizar procesos más eficaces, transparentes y con mejores capacidades institucionales.

Cuestiona casos recientes y reclama igualdad en la aplicación de la justicia

Durante sus declaraciones, Viggiano también criticó la actuación de las autoridades en diversos casos de alto perfil, entre ellos el proceso judicial relacionado con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, al considerar que existen criterios diferenciados en la aplicación de la justicia.

Finalmente, reiteró que las investigaciones sobre el presunto esquema de huachicol fiscal deben avanzar con imparcialidad y alcanzar a todos los posibles responsables.

Afirmó que, de confirmarse el daño estimado de hasta 700 mil millones de pesos, se trataría de uno de los mayores fraudes contra las finanzas públicas del país y sostuvo que los recursos perdidos pudieron destinarse al fortalecimiento de servicios como salud, educación, infraestructura y seguridad.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un intenso intercambio de acusaciones entre Morena y el PAN a raíz del proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Durante la discusión de la agenda política, legisladores de Morena sostuvieron que el exmandatario panista representa uno de los casos más relevantes de presunto contrabando de combustibles, mientras que la bancada del PAN respondió que se trata de una persecución política y exigió que el proceso se lleve con respeto al debido proceso.

Arturo Ávila arremete contra el PAN por el caso Ruffo

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, lanzó fuertes críticas contra Acción Nacional al asegurar que el partido “no tiene autoridad moral” para señalar presuntos vínculos entre Morena y la delincuencia organizada.

Durante su intervención calificó a los panistas como los “reyes del huachicol fiscal” y afirmó que Ernesto Ruffo fue el socio mayoritario de una empresa bajo investigación por presunto contrabando de combustibles.

Además, recordó que el exgobernador fue relacionado con la empresa Ingemar, señalada en las investigaciones federales.

Ávila también hizo referencia a información periodística y a declaraciones públicas de dirigentes panistas que salieron en defensa del exmandatario, al tiempo que aseguró que el caso evidencia presuntos esquemas de evasión fiscal y operaciones de contrabando de hidrocarburos.

En su discurso, el legislador vinculó además al PAN con otros casos de corrupción, como el denominado “cártel inmobiliario”, y sostuvo que las investigaciones actuales forman parte de la estrategia del Gobierno federal para combatir el huachicol fiscal.

Contexto del caso Ernesto Ruffo

• La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de huachicol fiscal vinculada con la empresa Ingemar.
• Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio por delitos de delincuencia organizada y presunto contrabando de combustibles.
• La defensa sostiene que inicialmente había sido citado como testigo y posteriormente pasó a ser imputado.
• Los abogados del exgobernador rechazan las acusaciones y afirman que colaborará con las autoridades para demostrar su inocencia.
• La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la investigación continuará sin motivaciones políticas y conforme a derecho.

El PAN denuncia una persecución política

En respuesta, el senador panista José Máximo García López aseguró que Ernesto Ruffo es “el primer preso político de este sexenio” y acusó a Morena de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos.

El legislador afirmó que el exgobernador ha sido un referente de la transición democrática en México y sostuvo que hasta ahora no existen pruebas concluyentes que acrediten su participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles.

Asimismo, cuestionó que, mientras se procesa a Ruffo, otros casos relacionados con funcionarios y gobernadores señalados por la oposición no avancen con la misma rapidez.

Incluso mostró un cartel con críticas dirigidas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acusó a Morena de proteger a distintos mandatarios estatales.

Investigación por huachicol fiscal continúa abierta

El caso de Ernesto Ruffo se originó a partir de las investigaciones por el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, operación que derivó en diversas indagatorias sobre un presunto esquema de contrabando de combustibles.

De acuerdo con la FGR, existen elementos para investigar la participación de personas vinculadas con Ingemar, empresa fundada en 2018 y en la que Ruffo figuró como accionista y miembro del consejo de administración.

La defensa del exgobernador sostiene que su participación fue únicamente empresarial y niega cualquier intervención en operaciones ilícitas.

Polarización política en torno al proceso judicial

El debate en la Comisión Permanente reflejó nuevamente la confrontación entre Morena y el PAN en torno a los casos de presunta corrupción y delincuencia organizada.

Mientras Morena sostiene que las investigaciones contra Ruffo demuestran que el combate al huachicol fiscal alcanza a figuras de distintos partidos, la oposición insiste en que el proceso debe desarrollarse con imparcialidad y sin utilizar la justicia como herramienta de confrontación política.

El proceso judicial continúa abierto y las autoridades federales han señalado que las investigaciones podrían ampliarse conforme avancen las indagatorias sobre la presunta red de contrabando de combustibles.

La mujer afirmó que tras las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su padre, ha sido víctima de hostigamiento, tras la defensa pública que ha emprendido en los últimos días.

Acusó que Ruffo Appel es “preso político” del Gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó “de la salud y la integridad” del hombre que un día hizo historia en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndose en el primer gobernador de oposición.

Situación legal de Ruffo Appel se podría definir la madrugada del jueves

Ernesto Ruffo se encuentra en audiencia desde la tarde del viernes, donde se define si será vinculado a proceso penal o será puesto en libertad, lo que dependerá de las pruebas aportadas por la Fiscalía, este proceso se ha alargado hasta este miércoles y se prevé que por la noche o la madrugada del jueves se conozca la decisión del juez.

La audiencia para determinar la situación legal de Ruffo Appel, y de siete personas más, se lleva a cabo por videoconferencia, en la sala 1 de diligencias del Centro de Justicia del Altiplano. El encuentro es privado, por lo que el Ministerio Público y la defensa de los acusados intervienen a distancia, dejando sin acceso a la prensa que cubre el caso del político.

El exgobernador de Baja California es acusado por formar parte de “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, operación que realizaba a través de su empresa Ingemar.

PAN y Somos MX acusan persecución política

Partidos de oposición como el PAN y Somos MX se han posicionado al respecto de la detención de Ruffo Appel, señalando que se trata de un acto de persecución política. El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, ha enfatizado que la ley debe aplicarse de manera pareja, sin importar filiación partidista. Advirtió que resulta curioso que, en medio de investigaciones que vinculan a políticos de Morena con el crimen organizado, el gobierno federal inicie una “cacería de brujas” contra figuras de la oposición.

Romero señaló que corresponde a Ruffo Appel aclarar los señalamientos en su contra conforme al debido proceso, aunque advirtió que hay preocupación porque el rigor judicial no se aplica de la misma forma en casos donde existen acusaciones graves contra funcionarios oficialistas. Agregó que el PAN presentará denuncias y exigirá la comparecencia de los funcionarios responsables ante el Congreso, pues considera inadmisible que la soberanía nacional se negocie a cambio de impunidad para aliados del poder.

Somos México, por su parte, exigió la liberación inmediata de Ruffo Appel y ha calificado la detención como un atropello en contra de su integrante y consejero consultivo. Sostiene que las acusaciones contra el ex gobernador son inconsistentes, ya que la empresa de la que es socio cuenta con aval de aduanas, SAT y la Secretaría de Energía.

Han destacado que la relación directa de la empresa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México, responsable de certificar los productos que ingresan al país, y acusan a la Fiscalía de actuar de manera selectiva mientras ignora las evidencias de tráfico ilegal de combustible por parte de autoridades federales y gobernadores de Morena.

Ambos partidos coinciden en que el caso de Ruffo Appel es una cortina de humo para desviar la atención pública de los escándalos que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a otros funcionarios ligados a hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Sostienen que los responsables del mayor desfalco fiscal en la historia del país siguen operando con impunidad bajo la protección del actual régimen y que las acciones judiciales recientes buscan intimidar y debilitar a la oposición.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista una relación entre esas publicaciones y el crimen, por lo que el móvil permanece bajo investigación.

Las acusaciones que Alejandro Leyva expuso en su última publicación

El pasado 20 de julio, a través de su espacio informativo “El Zumbido del Moscardón”, Leyva retomó una publicación periodística sobre una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionada con inversiones, empresas y posibles redes de lavado de dinero en Oaxaca.

Durante su mensaje, el comunicador sostuvo que comuneros de Santiago Astata le habían señalado que el senador Antonino Morales Toledo mantenía el control de extensas zonas costeras y lo acusó de presuntos vínculos con actividades de huachicol y narcotráfico.

Asimismo, afirmó que esos hechos, según su versión, podrían formar parte de líneas de investigación que involucrarían a distintos actores políticos.

En el mismo video también mencionó al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dentro del contexto de esas versiones.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme las afirmaciones expuestas por el periodista ni que las autoridades estadounidenses hayan hecho públicos resultados en ese sentido.

El senador Antonino Morales lamenta la muerte del periodista que lo señaló días antes

Luego del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, el senador de Morena Antonino Morales Toledo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que condenó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia, amistades y al gremio periodístico.

“El asesinato de un periodista es un crimen contra el Estado de derecho. Mi condena absoluta y mi pésame a la familia, amigos y gremio de Alejandro Leyva Aguilar. Duele y nos indigna a todos”, escribió.

En la misma publicación, el legislador manifestó su respaldo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y señaló que las autoridades cuentan con el apoyo del Senado de la República para el esclarecimiento del caso.

Asesinato de Alejandro Leyva conmociona al gremio periodístico

Horas después de mantener activa su labor informativa, Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, muy cerca de su domicilio.

Sujetos armados se aproximaron al lugar y dispararon en su contra, provocándole la muerte.

El periodista contaba con una amplia trayectoria en Oaxaca; fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años ejercía el periodismo de manera independiente mediante su columna política “El Zumbido del Moscardón”, caracterizada por publicar investigaciones y críticas sobre temas de interés público.

Contexto del caso

• Alejandro Leyva publicó el video con los señalamientos el 20 de julio, dos días antes de ser asesinado.
• En esa grabación acusó al senador Antonino Morales Toledo de presuntos vínculos con el huachicol y de un supuesto despojo de tierras comunales.
• También hizo referencia a una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles operaciones de lavado de dinero en Oaxaca.
• Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado una relación entre esas publicaciones y el homicidio del periodista.
• La Fiscalía informó que todas las líneas de investigación deberán agotarse, incluida la relacionada con su actividad periodística.

La paradoja en torno a las acusaciones sobre el huachicol

Los señalamientos de Leyva cobraron relevancia debido a que, apenas unos días antes de su asesinato, el senador Antonino Morales Toledo había solicitado públicamente que la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral investigaran un presunto financiamiento de organizaciones de oposición con recursos provenientes del llamado huachicol fiscal.

El legislador sostuvo que debía esclarecerse el origen de esos recursos y rechazó los señalamientos de persecución política formulados por la oposición, asegurando que la aplicación de la ley debía ser igual para todos.

En contraste, Alejandro Leyva señalaba públicamente al propio senador por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol, acusaciones que el periodista difundió como parte de su trabajo informativo y que, hasta el momento, no han sido acreditadas por las autoridades competentes.

Fiscalía y autoridades anuncian investigaciones

Tras el asesinato, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes y anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las indagatorias.

La institución informó que ya se recaban pruebas periciales, evidencia balística y material videográfico obtenido mediante cámaras del sistema C5 para identificar a los responsables.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio, reconoció que Leyva era un periodista crítico de su administración y aseguró que no se adelantará ninguna conclusión sobre el móvil del crimen hasta que concluyan las investigaciones.

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias de hasta 29 años y seis meses de prisión contra 11 personas que construyeron un túnel para robar gasolina y diésel del poliducto Tula-Salamanca en Tlaxcoapan, Hidalgo, según informó la FGR.

La operación fue desarticulada en marzo de 2023 tras un cateo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE).

Los sentenciados enfrentaban cargos por sustracción ilícita de petrolífero de ducto, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego. La operación fue desarticulada en marzo de 2023 tras un cateo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE).

Un juez federal condenó a los 11 acusados luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó las pruebas durante el proceso. Las penas varían según los delitos acreditados a cada sentenciado y van acompañadas de multas económicas.

Penas diferenciadas según los cargos

José Emanuel Arceo Vargas recibió la condena más severa: 29 años y seis meses de prisión, además del pago de $2,220,678 pesos. El juez le acreditó los delitos de sustracción ilícita de petrolífero de ducto, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las penas varían según los delitos acreditados a cada sentenciado y van acompañadas de multas económicas.

Otros nueve sentenciados, Alejandro Jiménez Ruiz, Ángel Francisco Ortíz García, Saúl Vargas Rueda, Fidel García Gutiérrez, Gerardo Ledezma Ramírez, Isaac Emmanuel Villafuerte Ruíz, Agustín Calderón Mota, Jesús Lagunes Hernández y Christian Geovanni Villafuerte Ruiz, recibieron 25 años y seis meses de prisión y el pago de $2,208,947 pesos cada uno.

A este grupo se le acreditaron los delitos de sustracción ilícita de petrolífero de ducto y delitos contra la salud, sin el cargo de portación de arma.

Ricardo Hermenegildo Contreras fue el único sentenciado con una pena distinta: cuatro años de prisión y el pago de $12,552 pesos, exclusivamente por el delito contra la salud.

Un túnel para conectar una manguera al ducto de Pemex

Las pruebas presentadas por la FEMDO ante el juez federal revelaron el método que empleaba el grupo para extraer el combustible sin ser detectado de inmediato.

Desde ese pasaje subterráneo tendieron una manguera que conectaron directamente al poliducto Tula-Salamanca, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), para extraer gasolina y diésel.

Los sentenciados construyeron un túnel al interior de un inmueble en el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo. Desde ese pasaje subterráneo tendieron una manguera que conectaron directamente al poliducto Tula-Salamanca, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), para extraer gasolina y diésel.

Al momento de la detención, el grupo ya había sustraído 204,500 litros de petrolífero. La magnitud del volumen robado da cuenta de una operación que no era reciente ni improvisada.

El cateo que derivó en la detención

En marzo de 2023, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) ejecutó un cateo en el domicilio donde operaba la red. Los agentes sorprendieron a los ahora sentenciados en el inmueble donde habían instalado la infraestructura de extracción.

Además del combustible ya sustraído, las autoridades aseguraron un arsenal de bienes:

21 vehículos, dos inmuebles, dinero en efectivo, dosis de cannabis y metanfetamina y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La presencia de drogas y armamento militar derivó en los cargos adicionales por delitos contra la salud y posesión de arma prohibida, que elevaron de forma considerable las penas para diez de los once sentenciados.

La FEMDO, pieza central del proceso

La acusación estuvo a cargo del agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la FEMDO, unidad de la FGR especializada en delincuencia organizada.

Fue la FEMDO quien integró el expediente con las pruebas que el juez federal consideró suficientes para dictar sentencia condenatoria contra los 11 acusados. La fiscalía especializada acreditó tanto los hechos del cateo de 2023 como el volumen de combustible sustraído y la infraestructura empleada para el robo.

El proceso concluyó en la audiencia de individualización de sanciones, instancia en la que el juez fijó también los montos de las multas económicas para cada sentenciado.

Ulises Lara López, exvocero y extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), compartió este 20 de julio un comunicado en sus redes oficiales para rechazar cualquier señalamiento que le atribuya conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas durante su paso por la institución.

Es su segunda declaración desde que el 14 de julio se destapó su salida del cargo, y llega días después de que el columnista Raymundo Riva Palacio publicara en Estrictamente Personal que Lara habría sido cesado —no renunciado— tras la liberación de un hombre vinculado al Cártel del Noreste y el descubrimiento de que presuntamente habría suministrado información a EEUU.

El exfuncionario no precisó en el comunicado a qué versiones o medios respondía. La columna de Riva Palacio fue una de las más difundidas entre las publicadas tras su salida.

Lara rechaza señalamientos y pide que aclaraciones vayan por vías formales

El mensaje de este 20 de julio fue más extenso y directo que el primero. Lara escribió que, con relación a diversas versiones difundidas en medios, consideró necesario precisar su postura. Rechazó cualquier señalamiento que pretendiera atribuirle conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas.

Sostuvo que durante el ejercicio del cargo se condujo conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades. Añadió que no participaría en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes.

Asimismo, señaló que cualquier aclaración debería atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable. Cerró con una frase en la que agradeció “las muestras de confianza recibidas en estos días”.

El primer mensaje: así confirmó su salida

Cuando el periodista Irving Pineda adelantó la salida de Lara el martes 14 de julio, el propio funcionario la confirmó horas después mediante un breve comunicado en sus redes.

En ese primer texto escribió: “He presentado mi renuncia al cargo que venía desempeñando en la Fiscalía General de la República, por motivos estrictamente personales”.

En el mensaje agradeció la confianza de la institución, de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y del equipo con el que colaboró. Señaló que servir en responsabilidades públicas exige prudencia, reserva y apego a la legalidad, criterio con el que dijo concluir esa etapa.

Anunció también que su prioridad inmediata sería realizar una entrega ordenada, documentada y responsable de los asuntos bajo su cargo. No dio más detalles sobre los motivos de la salida, y las autoridades tampoco informaron en ese momento quién lo sustituiría.

Hasta el momento no han sido reveladas las razones concretas de la salida.

Riva Palacio escribió que Lara habría suministrado información a EEUU y el cese fue por una liberación

El pasado 17 de julio, Raymundo Riva Palacio publicó en Estrictamente Personal que la salida de Lara no fue voluntaria sino un cese ordenado desde las más altas esferas del Ejecutivo, haciendo posible referencia a la presidencia.

Según la columna, un trabajo de contrainteligencia realizado a espaldas de Godoy Ramos habría revelado que Lara presuntamente suministró información estratégica no autorizada a agentes estadounidenses durante aproximadamente seis años, primero desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México -donde ocupó el cargo interino tras Ernestina Godoy en 2024- y luego desde la FGR. Riva Palacio atribuyó esa información a dos fuentes, sin identificarlas.

La columna también señaló que Lara habría llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando de combustible, entre ellos el empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú, investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario.

Riva Palacio escribió que lo que rompió la confianza en Palacio Nacional no fueron los presuntos negocios ilegales de Lara sino el hallazgo del supuesto informante.

Según las hipótesis de la columna, el detonante del cese fue la liberación en el juzgado Primero Penal de Nuevo León de José Antonio Cortés, apodado “El Titán”, presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero.

Estrictamente Personal también apuntó que el trabajo de contrainteligencia encontró que Lara habría actuado en el marco de una serie de extorsiones a la familia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a cercanos del empresario Alonso Ancira, en relación con el caso Agronitrogenados.

La dirigencia nacional de Morena acusó a la oposición de intentar presentar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como un “preso político” con el objetivo de desviar la atención de las investigaciones por presunto huachicol fisca-l que enfrenta.

A través de sus redes sociales, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el PAN, el PRI y sus aliados buscan centrar el debate en una supuesta persecución política en lugar de abordar las acusaciones relacionadas con un presunto esquema de contrabando de combustibles.

“Quieren hablar de persecución para no hablar de corrupción”, afirmó la dirigente morenista, al sostener que el caso se refiere a una investigación por delitos fiscales y de contrabando, y no a motivos políticos.

Morena señala una red de contrabando y fraude millonario

Montiel sostuvo que las investigaciones apuntan a un mecanismo mediante el cual presuntamente se simulaba el cruce de ferrotanques vacíos por la frontera para introducir gasolina de forma ilegal al país, evitando el pago de impuestos.

De acuerdo con la dirigente, este esquema habría provocado un daño superior a los cuatro mil millones de pesos al erario y solo pudo operar, dijo, gracias a resoluciones judiciales que permitieron a la empresa continuar con sus actividades pese a la cancelación de permisos.

Asimismo, afirmó que la investigación federal se ha desarrollado durante aproximadamente un año y que el caso podría revelar una estructura más amplia de presuntas irregularidades.

Cronología del caso Ernesto Ruffo y el presunto huachicol fiscal

• La FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel el 16 de julio en Ensenada, Baja California.
• Es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
• La investigación relaciona el caso con la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio.
• El expediente surgió tras el aseguramiento de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible irregular en Coahuila durante 2025.
• Una jueza federal dictó prisión preventiva contra Ruffo y otros implicados mientras continúa el proceso penal.

La investigación vincula a Ingemar con importaciones irregulares

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, la empresa Ingemar habría importado combustible declarando mercancías distintas o reportando menores volúmenes para evadir impuestos aduanales.

Las indagatorias señalan que la compañía fue constituida en 2018 y que Ruffo ingresó como accionista en 2021. Posteriormente comenzaron a detectarse inconsistencias en las operaciones de importación.

Peritajes realizados por la FGR y el SAT concluyeron que varios ferrotanques ingresaban completamente cargados de gasolina, pese a que la documentación indicaba otro tipo de productos o residuos.

Sheinbaum rechaza motivaciones políticas en el proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que la investigación se basa en pruebas recabadas durante más de un año y sostuvo que el caso corresponde a un presunto fraude fiscal relacionado con la importación de combustibles.

La mandataria explicó que la empresa Ingemar habría utilizado dos mecanismos para introducir hidrocarburos de manera irregular: declarar menores cantidades de combustible o registrar productos distintos a los realmente transportados.

También recordó que durante el gobierno anterior fueron cancelados permisos de importación a la empresa, aunque posteriormente obtuvo amparos que le permitieron seguir operando.

El PAN denuncia persecución política y exige investigaciones sin distinción

En contraste, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó la detención de Ruffo como parte de una presunta “cacería de brujas” contra la oposición y pidió que las investigaciones alcancen también a funcionarios de Morena que enfrentan distintos señalamientos.

Romero sostuvo que el exgobernador deberá responder ante la justicia por las acusaciones que enfrenta, pero insistió en que el debido proceso debe respetarse y que la ley debe aplicarse sin distinción de partidos políticos.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Ernesto Ruffo continúa. El exmandatario permanece sujeto a prisión preventiva y la autoridad judicial deberá determinar los siguientes pasos dentro de la investigación por presunto huachicol fiscal.

La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se ha prolongado más de 24 horas, ante esta situación, su hija, Verónica Ruffo, difundió un video donde acusó que su padre es tratado de manera “indigna”, además, detalló que tras su detención el pasado 16 de julio, fue trasladado a más de dos mil kilómetros de su domicilio.

El exfuncionario es acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal, sin embargo, su hija negó que su estilo de vida refleje la vinculación a los delitos de los que actualmente se le vincula:

“La gente que lo conoce sabe la sencillez con la que vive y ha vivido toda su vida. De una manera modesta, sin lujos, camina por las calles de Ensenada como lo ha hecho toda la vida y la gente lo saluda porque me consta”.

Trayectoria de 40 años sin señalamientos con el crimen organizado

Destacó su trayectoria como el primer gobernador de oposición, perteneciente al PAN, de quien también dijo dedicó más de 40 años al servicio público, aseguró que en medio siglo nunca había tenido ningún señalamiento, “hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera poder hablar con su familia. Mi papá nunca se escondió”.

Ante el paso de las horas, en una audiencia privada, donde se negó el acceso a la prensa, la hija de Ruffo pidió que se respete “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas” y que el tema no se torne político, condenándolo de manera mediática.

“Exijan junto con nosotros un proceso justo y transparente. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Mi papá me enseñó a vivir con valentía, a dar la cara”, finalizó la hija del hombre de 72 años que en su momento hizo historia en la vida política de Baja California.

Este sábado se reanudó la audiencia de Ruffo Appel, y otras siete personas, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de ser parte de una red criminal de huachicol fiscal. Los cargos que se le podrían imputar al exgobernador contemplan prisión preventiva oficiosa, por lo que se podría quedar tras las rejas durante el proceso penal.

La audiencia inicial que definirá la situación legal del acusado y las otras siete personas se lleva a cabo de manera virtual, desde el Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano, tanto la defensa como el Ministerio Público continúan desahogando datos de prueba ante el juez.

Estos son los cinco puntos clave sobre la operación de la red de huachicol fisca

• Subdeclaración sistemática en aduanas. La red encabezada por Ernesto Ruffo Appel introducía gasolina y diésel desde Texas a México utilizando ferrocarriles. Declaraba solo el 10% del volumen real transportado en los pedimentos aduanales, lo que permitió el ingreso clandestino de grandes cantidades de combustible.
• Participación de agentes aduanales y servidores públicos. La operación contaba con la complicidad de agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el cruce sin revisión. Hay 25 órdenes de aprehensión contra operadores logísticos y funcionarios del sistema aduanero involucrados.
• Distribución a través de ferrocarril y espuelas ferroviarias. El combustible ingresaba por Tamaulipas y se distribuía en carros tanque de ferrocarril hasta espuelas ferroviarias en puntos clave del país. Luego era transferido a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas, principalmente hacia Coahuila, Durango y Zacatecas.
• Esquema financiero de triangulación internacional. Las ganancias del contrabando se canalizaban mediante una empresa central a compañías extranjeras usando transferencias internacionales y cuentas puente, con movimientos superiores a 3 mil 075 millones de pesos y operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.

• Impacto fiscal y operativo. Entre enero y julio de 2025, la FGR documentó más de 4 mil 238 operaciones de importación ilícita, con un daño fiscal estimado en más de 4 mil millones de pesos. El aseguramiento de 33 ferrotanques en Coahuila dio inicio a la investigación, que involucra a 407 personas procesadas por contrabando de combustible en diferentes modalidades.

La detención de Ernesto Ruffo Appel por presuntos delitos de huachicol colocó bajo presión al nuevo partido político Somos Mx, porque el exgobernador de Baja California apareció desde el 21 de febrero de 2026 como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano, un órgano con el que la organización buscó respaldar su arranque rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El caso adquirió peso político por la trayectoria de Ruffo Appel y por el momento en que ocurrió. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar Baja California con el PAN en 1989, después de seis décadas de hegemonía del PRI en esa entidad.

La investigación en su contra ya había sido confirmada desde septiembre de 2025 por la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, quien informó que la FGR lo investigaba por su vínculo con una empresa relacionada con una incautación de más de 15 millones de litros de combustible.

De acuerdo con la FGR, Ruffo Appel fue detenido en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad federal. La acusación se relacionó con presuntos crímenes de huachicol gestados por una empresa fundada a su nombre.

Hasta ese momento, Somos México no había emitido un pronunciamiento sobre la captura de su consejero ni había informado una desvinculación formal del exmandatario. Su permanencia en el consejo se volvió un foco de atención porque el partido acababa de entrar en una nueva etapa institucional.

El partido obtuvo registro nacional y alistó su debut electoral en 2027

Somos México obtuvo oficialmente su registro como partido político nacional por parte del INE. Con ese aval, la organización surgida de la Marea Rosa quedó habilitada para participar en las elecciones intermedias de 2027.

El proyecto nació del movimiento ciudadano que cobró fuerza durante el proceso electoral de 2024 al respaldar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Con el registro, la agrupación planteó la consolidación de una estructura nacional para competir en los próximos comicios.

Al frente del partido quedó Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes más visibles del nuevo organismo. Originario de Guasave, Sinaloa, inició su trayectoria como líder estudiantil en la Universidad Autónoma de Nayarit y después participó en movimientos sindicales y organizaciones de izquierda.

La secretaría general recayó en Cecilia Soto González, una figura con larga trayectoria en la oposición mexicana. Nacida en Hermosillo, Sonora, fue diputada local y federal, y alcanzó proyección nacional en 1994 al convertirse en candidata presidencial del Partido del Trabajo, entre las primeras mujeres en competir por la Presidencia de la República.

Soto también desarrolló una carrera diplomática y de análisis político. Entre 2001 y 2006 fue embajadora de México en Brasil durante el gobierno de Vicente Fox, y en años recientes volvió a la política partidista como diputada federal por el PRD antes de asumir su nuevo cargo.

Otro de los perfiles centrales fue Emilio Álvarez Icaza Longoria, sociólogo, académico y político con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Su papel dentro del partido consistió en representarlo ante el INE y encabezar los procesos de registro, así como la defensa del nombre y emblema de la organización ante las autoridades electorales.

En su carrera pública participó en organizaciones civiles como Alianza Cívica, Cencos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Consejo reunió a más de un centenar de figuras de la política, la academia y el activismo

La apuesta de Somos México no se limitó a formar una dirigencia partidista. También integró un Consejo Consultivo Ciudadano con más de un centenar de miembros entre exfuncionarios, activistas, empresarios, académicos y representantes de distintos sectores.

Ese órgano incluyó a Ernesto Ruffo Appel junto con perfiles como Ceci Flores, Israel Rivas y Adrián LeBarón. También aparecieron los académicos Diego Valadés y Lorenzo Córdova, además de los ministros en retiro José Ramón Cossío, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez.

Dentro de esa misma estructura figuraron Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos; Gustavo Madero Muñoz, exdirigente nacional del PAN y exsenador; Carlos Medina Plascencia, exgobernador interino de Guanajuato; Carlos Navarrete Ruiz, exdirigente nacional del PRD, y Agustín Basave Benítez, académico y exlíder nacional perredista.

El consejo también incorporó perfiles de la sociedad civil como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Juan Pablo Castañón, empresario y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. La presencia de ese grupo buscó dar experiencia y orientación al nuevo proyecto político.

En la parte técnica y electoral destacó Marco Antonio Baños Martínez, abogado, académico y funcionario público especializado en materia político-electoral. Fue presentado como estratega político-electoral y principal asesor técnico del partido, después de una trayectoria de más de 40 años en la construcción y evolución de las instituciones electorales del país, incluida su etapa como consejero en el IFE y en la transición al INE.

La detención de Ruffo ocurrió cuando esa red de nombres servía como carta de presentación del nuevo partido. Por eso, el caso no solo alcanzó al exgobernador, sino también a una organización que apenas había conseguido su registro nacional y que ya preparaba su primera participación electoral.

• Ernesto Ruffo Appel, integrante del Consejo Consultivo de Somos México, fue detenido en Ensenada por presuntos delitos de huachicol.
• La FGR ya lo investigaba desde septiembre de 2025 por su vínculo con una empresa relacionada con una incautación de más de 15 millones de litros de combustible.
• Somos México obtuvo su registro como partido político nacional ante el INE y alistó su participación en las elecciones de 2027.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 16 de julio al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La red que encabezaba —según la fiscal Ernestina Godoy— introducía gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el 10% del volumen real transportado en carros tanque de ferrocarril, con lo que habría causado un daño al fisco de más de 4,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, identificó lo que Godoy describió como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

Además de Ruffo Appel, la operación incluyó a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo día en la colonia Zona Playitas de Ensenada.

Así era el modus operandi de la red de huachicol de Ernesto Ruffo

El esquema arrancaba en refinerías de Texas, donde la red adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera hacia México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa —todas en Tamaulipas— las empresas vinculadas presentaban pedimentos con volúmenes muy por debajo de la realidad.

La fiscal Godoy precisó en un mensaje dirigido a medios que cada carro tanque tiene capacidad para hasta 110,000 litros, pero la red reportaba alrededor de 10,000. Eso equivale a declarar solo el 10% de la carga real. El resto ingresaba al país sin ningún registro fiscal ni aduanero.

La estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel. Con el tiempo, esa firma amplió sus operaciones hacia la importación de derivados del petróleo, actividad bajo la cual se desarrolló el esquema de contrabando.

Para que el mecanismo funcionara, la red contaba con la participación de agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso sin revisión. Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero. La investigación se sustenta en dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científico de la información, según subrayó la fiscal.

La investigación documentó 4,238 operaciones de importación en ese periodo de seis meses. En el caso del diésel, los volúmenes reales introducidos superaron en más de diez veces lo autorizado. Para la gasolina regular, la diferencia fue de más de tres veces y media por encima del permiso.

Espuelas ferroviarias: así se distribuía el combustible

Una vez en territorio nacional, el hidrocarburo viajaba en carros tanque de ferrocarril hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí, sin contar con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el producto era transferido a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas.

Esas empresas se encargaban de la distribución posterior. El combustible llegaba principalmente a Coahuila, Durango y Zacatecas. Las autoridades localizaron decenas de carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí durante la primera acción operativa, que generó una afectación de 32,808,000 pesos para la organización.

El punto de partida de toda la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, en un operativo donde participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas.

En total, la investigación determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades. La red utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Las acciones se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

Cuentas puente y triangulación internacional: la estructura financiera de la red

La operación logística tenía su espejo en una arquitectura financiera diseñada para ocultar el origen de los recursos. Una empresa central recibía los ingresos y los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, en un esquema que la FGR calificó con “indicios de triangulación de recursos”.

El análisis detectó movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. De manera paralela, se registraron operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares.

Las cuentas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, con saldos mínimos. Ese comportamiento es el sello de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen del dinero y de sus beneficiarios finales.

La reconstrucción del entramado requirió el cruce de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa en distintas jurisdicciones. Como resultado del primer bloque de investigación, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión.

Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas.

La fiscal Godoy subrayó que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre. “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, dijo al cierre de su mensaje.

El daño estimado por evasión de IEPS asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. Sumado el IVA no pagado —18 millones 289 mil 304 pesos—, el perjuicio total a la hacienda pública por esos dos impuestos llega a 106 millones 800 mil 821 pesos. Las investigaciones ampliadas entre enero y julio de 2025 elevaron la estimación global a más de 4,000 millones de pesos.

Oposición acusa que detención de Ernesto Ruffo es una “cortina de humo”

La detención del exgobernador de Baja California generó reacciones inmediatas en el espectro político. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de “orquestar” un hecho para desviar la atención del escándalo que enfrenta la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, quien enfrenta señalamientos por unos audios que la exhiben negociando con autoridades de Estados Unidos para evitar un proceso legal en ese país.

Romero afirmó en un video en redes sociales que confía en que Ruffo Appel “aclarará los señalamientos”, pero remató: “No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención”. El partido exigió que el mismo criterio se aplique contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra Del Pilar Ávila, quienes, sostuvo, enfrentan “graves señalamientos públicos” sin que las autoridades hayan actuado.

El nuevo partido Somos MX fue más lejos: calificó la detención de “atropello” y exigió la liberación de Ruffo Appel, a quien describe como consejero consultivo de esa organización. Argumentó que Ingemar está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía, y que el exgobernador había explicado “detalladamente ante las autoridades y ante los medios” lo que consideró acusaciones “irracionales e inconsistentes”.

Desde Morena, el senador Javier Corral —exgobernador de Chihuahua y excompañero de Ruffo en el PAN— tomó distancia de la narrativa de su partido y escribió en X: “Me sorprende enormemente la detención de Ernesto Ruffo, de quien —discrepancias aparte— siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”.

Corral admitió desconocer la investigación y pidió que se expliquen los elementos que sustentan la detención, aunque aclaró que confía en que el Ministerio Público federal “ha hecho valer pruebas contundentes”.

Durante décadas, el nombre de Ernesto Ruffo Appel fue sinónimo de alternancia política en México.

Su triunfo en la elección para gobernador de Baja California en 1989 marcó un antes y un después en la historia democrática del país al convertirse en el primer candidato de oposición en arrebatarle una gubernatura al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado de manera ininterrumpida desde la consolidación del sistema político mexicano.

Más de 35 años después de aquella victoria histórica, el político panista enfrenta el momento más complicado de su trayectoria.

Este 16 de julio de 2026 fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible dentro de una investigación relacionada con el llamado “huachicol fiscal”.

La captura representa un fuerte contraste para quien durante años fue considerado uno de los principales referentes históricos del Partido Acción Nacional (PAN).

El panista que abrió la puerta a la alternancia democrática

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, de padres mexicanos, Ernesto Ruffo Appel creció en Ensenada, Baja California, donde realizó sus estudios básicos antes de graduarse como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Su vida pública comenzó desde el ámbito empresarial, pero a principios de la década de 1980 decidió incorporarse al PAN, cuando el partido aún era una fuerza opositora con escasas posibilidades de competir frente al PRI.

Ruffo formó parte del grupo conocido como los “Bárbaros del Norte”, integrado por líderes panistas como Luis H. Álvarez, Manuel J. Clouthier y Francisco Barrio, quienes impulsaron el crecimiento del partido en el norte del país y sentaron las bases para la futura alternancia política.

Su primer triunfo electoral llegó en 1986 al ganar la presidencia municipal de Ensenada. Apenas tres años más tarde consiguió una victoria que transformó el escenario político nacional.

En 1989 derrotó al PRI y se convirtió en el primer gobernador panista —y el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México—, poniendo fin a más de seis décadas de hegemonía priista en una entidad federativa.

Aquel resultado fue interpretado como el inicio de la transición democrática del país y consolidó al PAN como una verdadera opción de gobierno.

Un referente para Acción Nacional durante décadas

La importancia política de Ruffo trascendió su administración estatal.

Tras concluir su mandato en 1995, permaneció como una de las figuras más influyentes del panismo. Integró el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue consejero estatal y nacional, además de participar activamente en la definición del rumbo del partido.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000, Ruffo se incorporó a su equipo como Comisionado Presidencial para la Frontera Norte, cargo que desempeñó hasta 2003.

Posteriormente fue senador de la República entre 2012 y 2018, donde presidió la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integró diversas comisiones legislativas relacionadas con economía, agricultura, pesca y marina.

Incluso buscó la candidatura presidencial del PAN, aunque finalmente fue superado por Ricardo Anaya.

Durante años, Acción Nacional lo presentó como uno de los personajes más representativos de su historia.

En su página oficial todavía lo reconoce como el político que abrió el camino de la alternancia democrática y destaca que su triunfo “marcó un antes y un después en la vida política del país”, además de resaltar su liderazgo, transparencia y compromiso con la ciudadanía.

Momentos en la trayectoria de Ernesto Ruffo Appel

• Nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California.
• Ingresó al PAN a principios de la década de 1980.
• Fue alcalde de Ensenada entre 1986 y 1989.
• En 1989 ganó la gubernatura de Baja California y rompió la hegemonía del PRI.
• Fue Comisionado Presidencial para la Frontera Norte durante el gobierno de Vicente Fox.
• Se desempeñó como senador de la República entre 2012 y 2018.
• Integró el grupo panista conocido como los “Bárbaros del Norte”, considerado fundamental para el crecimiento del PAN.

Las polémicas que marcaron sus últimos años

Aunque durante gran parte de su carrera fue identificado como uno de los principales símbolos del PAN, Ruffo también protagonizó diversos episodios de confrontación dentro del propio partido.

Mantuvo diferencias con distintas dirigencias nacionales y fue crítico de varios liderazgos panistas. En 2017 protagonizó un intercambio de acusaciones con el expresidente Felipe Calderón, luego de cuestionar la llegada de personajes que calificó como “arribistas y corruptos” al partido.

Como respuesta, Calderón acusó públicamente a Ruffo de haber permitido presuntos vínculos entre su gobierno en Baja California y el Cártel de los Arellano Félix, señalamientos que el exgobernador rechazó en todo momento.

En los últimos años también participó en el proceso de conformación del partido político Somos México, alejándose paulatinamente de la vida interna de Acción Nacional.

La investigación por huachicol fiscal que cambió su historia

El capítulo más delicado de su carrera comenzó con las investigaciones federales sobre una presunta red de contrabando de combustibles.

De acuerdo con la FGR, la indagatoria se centra en operaciones realizadas por Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo Appel y de la que es accionista mayoritario.

Las autoridades sostienen que la firma habría participado en un esquema para importar gasolina y diésel ocultando los volúmenes reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos, práctica conocida como “huachicol fiscal”.

Las investigaciones cobraron fuerza tras el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, uno de los mayores decomisos registrados en el país, donde autoridades federales señalaron a diversas empresas, entre ellas Ingemar.

Desde que comenzaron los señalamientos en 2025, Ruffo negó cualquier irregularidad y sostuvo que la documentación de la empresa estaba respaldada por las autoridades aduaneras, fiscales y energéticas.

Sin embargo, este 16 de julio la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, misma que fue cumplimentada por elementos federales en Ensenada.

Ahora será el proceso judicial el que determine su situación legal. Mientras tanto, la imagen del hombre que durante décadas fue considerado uno de los mayores símbolos del panismo y de la alternancia democrática enfrenta el mayor desafío de su trayectoria política.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el pasado martes 14 de julio a David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, en el Puente Internacional No. 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Medios nacionales lo han identificado como el mayor líder huachicolero con operación en el Estado de México; según los reportes preliminares, contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y era considerado objetivo prioritario de primer nivel para las autoridades mexiquenses.

El Registro Nacional de Detenciones generó dos fichas a su nombre el día de su arresto, lo que documenta el proceso de su traslado: fue detenido por la Policía Federal Ministerial de la FGR a las 9:25 de la mañana y entregado horas después a la Coordinación General de la Policía de Investigación del Estado de México, para ser remitido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

El lugar de la detención —a media altura del Puente Internacional No. 2, que conecta Nuevo Laredo con Laredo, Texas— abre interrogantes que las autoridades no han respondido: si Vargas Rivera intentaba cruzar hacia Estados Unidos, si fue entregado por autoridades estadounidenses o si su presencia en el puente fue una coincidencia.

Cabe señalar que ya contaba con un arresto previo en 2021 y no se sabe el motivo por el cual recuperó su libertad.

La primera ficha del RND lo ubica en el Puente Internacional a las 9:25 de la mañana

La Policía Federal Ministerial, brazo operativo de la FGR, aprehendió a “El Ocran” en el Puente Internacional No. 2, colonia Centro de Nuevo Laredo, a media altura del puente Juárez-Lincoln.

En ese momento vestía sudadera blanca, pantalón negro y tenis blancos. Tiene pelo corto blanco y estatura de aproximadamente 1.80 metros, con tatuajes en el cuello con la leyenda “Memento Mori” y dibujos de una brújula, leones y un Cristo en el antebrazo y brazo izquierdo.

Tras la aprehensión, quedó a disposición de personal de la Policía de Investigación del Estado de México, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el trámite administrativo ante la autoridad requirente en las instalaciones de la FGR en la subsede de Nuevo Laredo.

La segunda ficha lo registra dos horas después en la colonia Campestre, sin alias

A las 11:30 de la mañana, la Coordinación General de la Policía de Investigación del Estado de México levantó un segundo registro en la colonia Campestre de Nuevo Laredo. El registro señala que fue puesto a disposición de un juez local y trasladado al penal de Ecatepec, lo que significa que elementos federales lo entregaron posiblemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Reportes de medios nacionales señalaron este 16 de julio que “El Ocra” fue detenido en inmediaciones del AICM por personal operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina y policías adscritos a la Secretaría de Seguridad del municipio mexiquense gobernado por Azucena Cisneros.

Habría operado con un comando de al menos 30 sicarios y se le vinculó con 50 asesinatos

De acuerdo con investigaciones publicadas por Infobae México en enero de 2021, Vargas Rivera habría contado con un comando de por lo menos 30 sicarios, entre ellos policías municipales de Melchor Ocampo, Tecámac y Zumpango, a quienes pagaba por protección. Las autoridades lo relacionaron con alrededor de 50 asesinatos.

Entre los delitos que se le adjudicaron figuró el homicidio del fiscal de Zumpango, acribillado junto con sus dos escoltas mientras comía en un restaurante. La FGJEM intensificó los trabajos para capturarlo tras ese crimen.

Los reportes señalan que cuando se sintió acorralado en el Estado de México, “El Ocra” presuntamente se trasladó a Nuevo León, donde rentó una bodega y construyó un túnel con iluminación y ventilación para acceder a tomas clandestinas de combustible. El costo fue estimado en alrededor de 2 millones de pesos.

Fue capturado por primera vez en enero de 2021 en Hidalgo y remitido a un penal del Estado de México. Aun desde prisión, habría continuado vinculado a operativos de robo de combustible y tráfico de drogas con apoyo de su esposa y su cuñado.

Se desconocen los motivos por los cuales se encontraba libre hasta el pasado 14 de julio de 2026.

Elementos federales y estatales detuvieron este jueves a David “N” en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de ser identificado como presunto líder huachicolero en el Estado de México.

La operación fue el resultado de un trabajo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes ejecutaron una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de homicidio calificado.

Al momento de su detención, le fueron leídos sus derechos al imputado, en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación mexicana. Las autoridades lo pusieron de inmediato a disposición de las instancias competentes para que determinen su situación jurídica.

Actividades delictivas atribuidas a David “N” en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

Las investigaciones previas al arresto señalan a David “N” como presunto integrante de una organización delictiva con presencia en tres municipios del Estado de México: Zumpango, Tecámac y Ecatepec. En esos territorios, las autoridades lo vinculan con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro de préstamos a tasas abusivas, conocido como “gota a gota”.

Su perfil criminal lo ubicaba, de manera particular, como el presunto líder máximo de la red de robo y comercialización ilegal de combustible —el huachicol— en el Estado de México. Esa condición lo convirtió en blanco prioritario de las investigaciones interinstitucionales que derivaron en su captura.

La organización que presuntamente encabezaba operaba en municipios del norte y oriente de la entidad mexiquense, zonas con alta actividad industrial y de tránsito de hidrocarburos. La confluencia de esos factores facilita, según las autoridades, el desarrollo de redes de robo de combustible en la región.

Fuentes oficiales también lo relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las estructuras criminales de mayor presencia en el país. Su presunta posición dentro de esa red delictiva reforzó la urgencia de su localización y captura por los cuerpos de seguridad del Estado de México.

Compromiso de la Secretaría de Marina con la seguridad en el Estado de México

La Secretaría de Marina reafirmó, tras el operativo, su disposición a trabajar de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno para fortalecer el Estado de derecho. La institución señaló que acciones como esta contribuyen al combate de los grupos generadores de violencia en el país.

El papel de la Marina en operativos terrestres de seguridad pública responde a los esquemas de colaboración interinstitucional que el gobierno federal ha impulsado en zonas con presencia de organizaciones delictivas. La Fuerza de Tarea Marina y el GOES son unidades especializadas que participan en este tipo de detenciones de alto perfil.

La FGJEM, por su parte, fue la autoridad que sostuvo la orden de aprehensión ejecutada en la Ciudad de México. La fiscalía mexiquense tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el Estado de México, aunque la captura se realizó fuera de ese territorio.

La Policía Metropolitana de Ecatepec aportó inteligencia operativa al grupo interinstitucional por su conocimiento del terreno y de la estructura delictiva que presuntamente lideraba David “N” en ese municipio. Ecatepec es uno de los municipios con mayor densidad poblacional del país y una de las zonas de mayor incidencia delictiva del Estado de México.

Con esta detención, las autoridades suman un resultado más a las acciones contra el huachicol en la región centro del país. El caso de David “N” pasa ahora a la etapa judicial, donde un juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le atribuyen las investigaciones de la FGJEM.

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para siete personas detenidas en un cateo sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde fueron asegurados 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks y 10 tractocamiones. Un juez especializado impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La operación fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el municipio de Matamoros, luego de que la Guarnición Militar local alertó sobre irregularidades en el manejo de petrolíferos en ese predio. Los siete detenidos, identificados como Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, permanecerán recluidos durante dos meses en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa mientras concluye la investigación complementaria.

Una denuncia militar abrió la investigación

El caso llegó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas a través de una denuncia formal presentada por personal de la Guarnición Militar de la Ciudad de Matamoros.

En esa denuncia, los efectivos castrenses describieron haber observado tanques cisterna y contenedores tipo frac tank sin la identificación requerida por la normativa vigente. También reportaron otras irregularidades que podrían contravenir la Ley en materia de hidrocarburos y las normas oficiales mexicanas sobre transporte y manejo de materiales peligrosos.

Con base en esos datos, la FECOR inició las investigaciones y solicitó ante un juez federal la orden de cateo que permitió el ingreso al inmueble ubicado sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria.

El cateo y los bienes decomisados

Durante la ejecución de la orden judicial, los elementos de la PFM intervinieron el predio y procedieron al aseguramiento de los bienes hallados en el lugar.

El decomiso incluyó 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks, 10 tractocamiones, motobombas de combustión, mangueras y documentación diversa. El inmueble también quedó asegurado a disposición de la autoridad federal.

Siete personas ante el juez

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas. La autoridad judicial calificó de legal la detención de los siete imputados y procedió a dictar la vinculación a proceso.

El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio impuso además prisión preventiva oficiosa contra Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, medida que cumplirán en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Reynosa.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal deberá fortalecer el expediente por la probable comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La FGR precisó en su comunicado que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Patrón de operativos en Tamaulipas

El caso se enmarca en una serie de acciones antihuachicol que la FGR ha intensificado en Tamaulipas durante julio de 2026. Días antes del operativo en Matamoros, la misma institución ejecutó un cateo en el kilómetro 19 del Libramiento Sur II de Reynosa, donde fueron asegurados 16 frac tanks, 16 autotanques tipo pipa, dos tractocamiones y 26 mil 180 litros de gasóleo contaminado.

En ese operativo previo, tres personas —Miguel, David y Jorge— fueron vinculadas a proceso por posesión ilícita de hidrocarburo e igualmente sometidas a prisión preventiva oficiosa.

Ambos casos fueron atendidos por la FECOR Tamaulipas y resueltos ante jueces del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, lo que refleja una estrategia sostenida de la fiscalía federal para desarticular redes de almacenamiento y distribución clandestina de combustible en la región fronteriza del noreste del país.

Un juez federal determinó la vinculación a proceso de Milton “N” por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos, tras ser detenido el 30 de junio en la carretera federal 101, en el municipio de Tula, Tamaulipas. El sujeto trasladaba 31 mil 500 litros de combustible en un tractocamión, sin contar con documentación que acreditara su legalidad.

El trayecto de Milton “N” tenía como origen Matamoros y como destino el estado de Querétaro. En el punto de revisión, elementos de la Guardia Nacional detuvieron la unidad para realizar una inspección detallada.

Durante la revisión, el conductor no logró presentar documentos que certificaran la posesión o el traslado legítimo del hidrocarburo. Ante esta situación, las autoridades aseguraron el tractocamión, el semirremolque y toda la carga.

Una vez realizado el aseguramiento, Milton “N” quedó a disposición del Ministerio Público Federal en Tamaulipas. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró rápidamente los datos de prueba necesarios para el caso.

De acuerdo con las autoridades, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal calificó de legal la detención. Además, dictó la vinculación a proceso y decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio del Ministerio Público Federal adscrito a la FECOR, presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial. El juez consideró que el material aportado era suficiente para mantener la acusación.

Finalmente, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria. El procedimiento seguirá conforme a los plazos que establece la legislación vigente, según las autoridades.

Dónde permanecerá el imputado durante la investigación

Milton “N” cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria. El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses.

Durante ese periodo, el Ministerio Público Federal integrará los elementos adicionales que refuercen la acusación. El imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El marco legal del delito

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece las bases legales para sancionar el transporte ilícito de combustibles en México. La normativa exige que toda persona que traslade hidrocarburos porte documentación que avale su procedencia legítima.

El traslado, robo y venta ilegal de combustibles, conocidos popularmente como huachicol, representan un daño directo al patrimonio energético nacional. Estas prácticas generan pérdidas económicas significativas para el Estado.

Durante 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado las acciones contra estos delitos. La estrategia incluye detenciones, aseguramientos y sentencias judiciales en distintos puntos del país.

Un caso similar en Coahuila

Un hecho similar se registró en Coahuila el 9 de julio de 2026, cuando un juez federal condenó a Rafael “N” a ocho años de prisión. La causa fue el transporte de 12 mil 92 litros de gasolina cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

La sentencia incluyó, además de la pena de prisión, una multa equivalente a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). El proceso se llevó a cabo bajo la modalidad de procedimiento abreviado.

Elementos de la Policía Civil del estado detuvieron a Rafael “N” en el ejido San Antonio de Gurza, en el municipio de San Pedro de las Colonias. Durante la intervención, aseguraron un tractocamión y el semirremolque que contenía el combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FECOR de Coahuila, integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios. El juez consideró suficientes los elementos para emitir la condena y la sanción económica.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en aguas del Océano Pacífico, frente a costas de Oaxaca, por su probable participación en el transporte de más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína y la posesión ilícita de hidrocarburo, ambos delitos cometidos con la agravante de pandilla.

Los imputados, identificados únicamente como Wilson, Jordy, Henry y Erwin, fueron llevados ante un juez de control luego de que su detención fuera calificada de legal en audiencia inicial. El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes para obtener además prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Cómo ocurrió la detención en alta mar

La captura de los cuatro imputados se originó durante un vuelo de patrullaje marítimo de la Secretaría de Marina (Marina), en funciones de Guardia Costera. Desde el aire, el personal naval avistó dos embarcaciones ribereñas que navegaban sin matrícula ni bandera con rumbo a costas mexicanas.

Ante el avistamiento, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona. Fue el helicóptero embarcado de esa patrulla el que realizó la intercepción directa de las dos naves. Al abordarlas, los elementos navales detuvieron en flagrancia a las cuatro personas y procedieron a la inspección del cargamento.

“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en cuanto el buque arribó a puerto,” según informó la dependencia.

Dos toneladas y media de cocaína y casi mil litros de gasolina

La revisión de las embarcaciones arrojó un hallazgo de dos frentes. Por un lado, costalillas con diversos paquetes de clorhidrato de cocaína cuyo peso ministerial quedó determinado en dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. Por otro, 19 bidones con petrolífero tipo gasolina que sumaron en conjunto 988.65 litros de combustible ilícito.

La FGR imputó los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y transporte de clorhidrato de cocaína, en ambos casos con la agravante de pandilla. Con ese cargamento probatorio, el MPF adscrito a la FEMDO convenció al juez de control de dictar vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca”.

Resolución judicial y siguiente etapa del proceso

Tras la calificación legal de la detención, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FEMDO deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

Los cuatro imputados permanecerán recluidos en el CEFERESO No. 13, ubicado en Oaxaca, mientras avanza esa etapa procesal. La FGR precisó que, conforme a la ley, a Wilson, Jordy, Henry y Erwin se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El decomiso, en el marco de casi 77 toneladas incautadas en el sexenio

El operativo que derivó en estas detenciones se inscribe en una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según datos oficiales de la Marina, el aseguramiento frente a costas de Oaxaca generó una afectación económica estimada en $652 millones 941 mil 250 pesos para el crimen organizado y evitó la distribución de aproximadamente cinco millones 980 mil dosis de droga.

Con este decomiso, la Armada de México acumuló cerca de 77 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra que se actualiza conforme las autoridades competentes determinan el peso ministerial de cada aseguramiento.

El caso se suma a otros golpes recientes al narcotráfico marítimo. El 1 de julio, la Marina informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. Semanas antes, el 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de la misma sustancia ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, operativo en el que fueron detenidos cinco ciudadanos ecuatorianos.

Un juez federal condenó a Rafael “N” a ocho años de prisión por transportar 12 mil 92 litros de gasolina sin acreditar su procedencia legal en el ejido San Antonio de Gurza, dentro del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. La sentencia incluyó además una multa de 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El fallo lo obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un procedimiento abreviado, en el que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Coahuila reunió los datos de prueba que acreditaron la participación del imputado en el delito federal.

Cómo ocurrió la detención

Elementos de la Policía Civil del estado interceptaron al acusado en el ejido San Antonio de Gurza y le aseguraron un tractocamión con semirremolque acoplado. El vehículo contenía en su interior los más de 12 mil litros de gasolina cuya procedencia legal no pudo acreditarse.

Tras la detención, las autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público Federal tanto al imputado como el combustible y la unidad de transporte. La FECOR en Coahuila integró de inmediato la carpeta de investigación con los elementos necesarios para sostener la acusación ante un juez federal.

El procedimiento abreviado permitió que el juez federal emitiera la resolución con mayor rapidez, al contar el Ministerio Público con pruebas suficientes. La pena de ocho años de prisión y la multa de 8 mil UMA quedaron firmes como resultado de ese proceso.

El delito por el que se condenó a Rafael “N” está previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Esa norma sanciona el transporte de combustible sin documentación que acredite su origen legítimo.

El impacto del huachicol en México

El robo, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos —conocido popularmente como huachicol— afecta el patrimonio energético del país y genera pérdidas millonarias al Estado mexicano. La FGR ha intensificado sus operaciones en esta materia durante 2026, con sentencias y detenciones en varios estados.

Solo en los primeros días de julio, la institución reportó acciones similares en Jalisco, Ciudad de México y Tlaxcala. El combate al huachicol se mantiene como una prioridad federal dentro de la estrategia de seguridad energética.

A raíz de esta problemática, la FGR reiteró su compromiso con la persecución de estos delitos y exhortó a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el manejo, transporte o venta ilícita de combustible. La institución habilitó líneas telefónicas disponibles las 24 horas, los 365 días del año, en distintas ciudades de Coahuila:

1. Torreón: 871 749 0534
2. Saltillo: 844 416 2063
3. Monclova: 866 639 0241
4. Piedras Negras: 878 724 4343
5. Ciudad Acuña: 877 772 3745

Los ciudadanos también tienen a su disposición el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx para enviar reportes de manera confidencial. La FGR garantiza el anonimato de quienes aporten información sobre estos ilícitos.

Recomendaciones de la FGR a la ciudadanía

La institución emitió las siguientes recomendaciones para contribuir al combate del tráfico ilegal de hidrocarburos:

1. Reportar de inmediato cualquier vehículo de carga que transporte combustible en circunstancias sospechosas.
2. No adquirir gasolina ni diésel de vendedores informales o sin establecimiento oficial.
3. Utilizar los números de denuncia anónima disponibles en cada ciudad de Coahuila.
4. Enviar información por correo electrónico a vua.coahuila@fgr.org.mx si se prefiere la vía escrita.
5. Abstenerse de participar, facilitar o encubrir el almacenamiento o traslado de combustible de origen desconocido, ya que la ley sanciona también a los cómplices con hasta tres cuartas partes de la pena del delito principal.

La FGR subrayó que continuará con las investigaciones y el ejercicio de la acción penal contra quienes incurran en conductas relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 23:00 horas en un predio ubicado sobre la calle Reforma, casi en su cruce con Lorenzo Granados, en la colonia El Verde. En el lugar permanecían estacionados varios vehículos de carga, principalmente pipas que, presuntamente, contenían diésel.

Algunos testigos relataron haber escuchado entre tres y cuatro explosiones antes de que las llamas se extendieran por el inmueble. En pocos minutos, el fuego alcanzó las unidades y provocó una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La magnitud del incendio obligó a desplegar un operativo conjunto encabezado por Bomberos de El Salto, con apoyo de elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, rescatistas de Tonalá y pipas de agua del Ayuntamiento, además de unidades particulares que abastecieron las labores para contener el fuego.

El incendio ocurrió cerca de un poliducto de Pemex

El predio donde se registró el incendio se localiza a poca distancia del poliducto Guadalajara-Salamanca, en el tramo que conecta la planta de almacenamiento de hidrocarburos El Castillo con las instalaciones de Pemex en San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

Aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule el incendio con actividades relacionadas con el robo de combustible, el área cuenta con antecedentes de investigaciones federales por el presunto almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

El 14 de marzo de 2024, la Fiscalía General de la República informó sobre el aseguramiento de 214 mil 625 litros de combustible durante un cateo realizado en la colonia San José del Verde, ubicada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incendio.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre el presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburos y el ingreso de pipas sin placas de identificación a un inmueble localizado sobre la calle Gardenia.

Como resultado del operativo, el Ministerio Público Federal aseguró una pipa, cinco tractocamiones, un tanque cilíndrico equipado con bomba despachadora, 13 contenedores con válvulas, 17 tanques y tres depósitos con más de 214 mil litros de combustible. En esa ocasión no se reportaron personas detenidas.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado que exista una relación entre ese aseguramiento y el incendio registrado la noche del martes en El Salto. Las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan.

El caso más reciente documentado ocurrió en junio de 2026, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un cateo en un inmueble de El Salto, Jalisco, donde fueron asegurados aproximadamente 9 mil 750 litros de hidrocarburo, además de infraestructura utilizada para su almacenamiento. La diligencia se realizó como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde halló una toma clandestina descontrolada y aseguró 2 mil 250 litros de hidrocarburo distribuidos en 45 bidones.

El operativo fue resultado de una irregularidad que detectó Petróleos Mexicanos (Pemex) en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

El inmueble estaba pintado con fachada de refaccionaria, específicamente con la imagen y colores alusivos a Bardahl, empresa dedicada a la venta de lubricantes y aditivos automotrices. Diversos negocios en la CDMX utilizan ese tipo de brandeo como publicidad sin formar parte de la compañía.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional, Protección Civil y personal de Pemex se constituyeron en el lugar una vez que el juez de control autorizó la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público Federal.

Pemex detectó las irregularidades en un ducto de Azcapotzalco

Según un comunicado compartido este 7 de julio por la FGR, la cadena de hechos comenzó cuando Pemex identificó anomalías en uno de sus ductos en la alcaldía Azcapotzalco. Las irregularidades llevaron a las autoridades a rastrear el punto de extracción, que resultó ser el inmueble de San Felipe de Jesús.

El reporte de la FGR no especificó el tipo de combustible asegurado, únicamente lo clasificó como hidrocarburo.

Una vez ubicado el lugar, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional solicitó formalmente al juez de control la autorización para ejecutar el cateo. Con la orden en mano, el operativo conjunto se desplegó en el inmueble.

Dentro encontraron 45 bidones de 50 litros cada uno, todos con hidrocarburo, para un total de 2 mil 250 litros asegurados. La toma clandestina hallada en el lugar estaba activa y sin control al momento del cateo.

La FGR informó que continuará con la indagatoria para identificar y presentar a los probables responsables del delito en materia de hidrocarburos.

En enero, Azcapotzalco registró una toma clandestina de turbosina en un local mecánico

El antecedente más cercano en la zona ocurrió el pasado 16 de enero de 2026, cuando Pemex controló una fuga en el turbosinoducto Azcapotzalco–ASA, dentro de un local sobre la avenida Tezozómoc, en la colonia San Antonio, que operaba como fachada de taller mecánico.

En ese operativo se aseguraron 27 bidones de 50 litros con turbosina, el combustible utilizado en motores de turbina de aviones, jets y helicópteros.

Al irrumpir en el inmueble, la persona encargada se dio a la fuga y dejó abiertas las válvulas de la toma, lo que ocasionó un derrame. Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, descartó riesgo para las viviendas aledañas.

El patrón se repite: locales comerciales con fachada legal utilizados para extraer ilegalmente hidrocarburo de la infraestructura de Pemex en alcaldías del norte de la CDMX.

Otros hallazgos en la zona metropolitana de la CDMX

Esto se suma a un caso registrado en Ecatepec, municipio del Estado de México colindante con la CDMX, donde las redes de huachicol también han perforado infraestructura federal de Pemex.

El pasado 12 de junio de 2026, un reporte vecinal por olor a combustible en la colonia Viento Nuevo derivó en otro hallazgo de robo de hidrocarburo en la zona metropolitana. La Policía Municipal y elementos de la Secretaría de Marina encontraron una toma clandestina conectada mediante una manguera de alta presión al poliducto federal de 16 pulgadas del tramo Tuxpan-Azcapotzalco.

Dentro del predio localizaron un túnel de 20 metros de longitud por 5 metros de diámetro, dos camionetas tipo redilas con modificaciones artesanales —compresores de media pulgada y compartimentos habilitados para almacenar hidrocarburo— y diverso material vinculado a la operación ilícita. No había personas en el lugar al momento del operativo.

La FGR aseguró el terreno y asumió el control de las indagatorias por almacenamiento ilícito de combustible, mientras personal de Pemex Petroquímica ejecutó la clausura de la toma para neutralizar el riesgo a la población.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras un operativo realizado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fueron asegurados 92 mil 941 litros de combustible presuntamente almacenados de manera ilegal.

Además de los cargos relacionados con el llamado huachicol, la autoridad federal informó que el detenido podría estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aclaró que las investigaciones continúan y no detalló el grado de participación que presuntamente tendría dentro de esa organización criminal.

La captura derivó de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible.

Denuncia anónima llevó al operativo

De acuerdo con la información difundida por la FGR, las autoridades recibieron un reporte ciudadano en el que se describía un predio donde constantemente ingresaban pipas, se observaban grandes tanques de almacenamiento y se percibía un fuerte olor a combustible.

Con esos elementos, las autoridades federales reunieron datos de prueba para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un inmueble ubicado en San Luis de la Paz.

Durante la intervención fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

Además del combustible, los agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Aseguran bitácoras, dinero y equipo tecnológico

La Fiscalía detalló que dentro del inmueble también fue localizada una bitácora de novedades en la que presuntamente se registraban las entradas y salidas relacionadas con la operación del lugar.

Asimismo, fueron asegurados diversos equipos tecnológicos, entre ellos computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y documentación diversa que será analizada por los investigadores para determinar su posible relación con las actividades ilícitas.

Estos elementos, de acuerdo con la dependencia, serán incorporados a la investigación para establecer el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Salvador “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (CERESO Puentecillas) mientras avanza el proceso penal.

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá recabar nuevos elementos de prueba para fortalecer la acusación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

Aunque la Fiscalía señaló que Salvador “N” podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento no ha informado cuál habría sido su función dentro de esa organización ni si enfrenta investigaciones adicionales por delincuencia organizada u otros delitos federales.

El aseguramiento forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades que continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que, según sostiene, demostrarían su inocencia.

La carta, fechada el 4 de julio de 2026 en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue difundida junto con su versión manuscrita y una transcripción íntegra. En ella, el mando naval reitera que desde hace diez meses permanece privado de la libertad dentro de la causa penal 325/2025, en la que enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna insiste en que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas y afirma que la imputación se basa principalmente en un video anónimo publicado en YouTube, así como en declaraciones de un testigo colaborador que, asegura, obtuvo beneficios procesales a cambio de incriminarlo.

Denuncia violaciones al debido proceso

En el documento, el Vicealmirante sostiene que desde noviembre de 2024 solicitó, por conducto de la Fiscalía General de la República, diversos actos de investigación dirigidos a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México con el propósito de acreditar que nunca ocupó cargos relacionados con la designación o validación de personal para aduanas marítimas.

Según expone, dichos documentos demostrarían que nunca propuso ni autorizó nombramientos dentro de las aduanas, uno de los principales señalamientos que sustentan la acusación en su contra.

Asimismo, afirma haber solicitado entrevistas realizadas por la Unidad de Inteligencia Naval a diversos elementos de la Marina, las cuales —asegura— contendrían presuntas amenazas y presiones para obtener declaraciones inculpatorias contra él y otros imputados.

De acuerdo con su versión, tanto esas entrevistas como otros documentos le han sido negados bajo el argumento de que constituyen información reservada por motivos de Seguridad Nacional.

Farías Laguna sostiene que esta negativa vulnera su derecho a una defensa adecuada y representa una obstrucción a la justicia, ya que, afirma, le impide acceder a elementos que podrían favorecer su situación jurídica.

Afirma que fue exhibido como culpable

Uno de los puntos centrales de la nueva carta es el señalamiento directo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Vicealmirante afirma que la mandataria recibió información incorrecta sobre su caso y sostiene que las referencias realizadas durante la Conferencia del Pueblo lo presentan públicamente como responsable de integrar una organización dedicada al contrabando de combustible, pese a que su proceso judicial continúa abierto.

A su juicio, esas declaraciones vulneran el principio de presunción de inocencia, afectan el debido proceso y generan un “efecto corruptor” sobre el procedimiento judicial al influir en la percepción pública respecto de su responsabilidad.

En el escrito también cuestiona que, mientras otros servidores públicos reciben —según afirma— garantías para preservar su presunción de inocencia, en su caso fue detenido, vinculado a proceso y exhibido públicamente sin haber sido llamado previamente a declarar.

Incluso sostiene que ha sido utilizado como un “chivo expiatorio” para responsabilizarlo de hechos con los que asegura no tener relación.

Otro de los señalamientos contenidos en la carta apunta a la existencia de funcionarios dentro del propio Gobierno federal que, de acuerdo con su versión, conocen los hechos investigados, continúan desempeñando cargos públicos y estarían impidiendo deliberadamente que salgan a la luz pruebas favorables para su defensa.

Aunque no identifica a esas personas, solicita a la presidenta intervenir para evitar que continúe esa presunta obstrucción.

Finalmente, Farías Laguna pide a Sheinbaum instruir a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas para que entreguen la información requerida por la Fiscalía General de la República y garanticen el acceso a las pruebas que considera indispensables para demostrar su inocencia.

En la parte final de la misiva, el Vicealmirante solicita que se respete el Estado de derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que expresa su confianza en que la Presidenta reciba “la verdadera información del caso” y actúe para evitar nuevas violaciones a sus derechos durante el desarrollo del proceso penal.

La revelación de que una funcionaria de la Aduana de Matamoros es hermana de un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sancionado recientemente por el gobierno de Estados Unidos, ha reavivado las alertas sobre una posible infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas del comercio exterior mexicano.

De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del esquema de huachicol fiscal vinculado al CJNG, ocupa desde agosto de 2019 el cargo de Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas.

La investigación, basada en registros de Nómina Transparente y Declaranet, señala que la funcionaria permanece activa en la administración aduanera en uno de los puntos fronterizos señalados por autoridades estadounidenses como estratégicos para el ingreso irregular de combustible hacia México.

Departamento del Tesoro identifica a Juraidini como operador clave del CJNG

El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y a diversas empresas bajo su control, al considerar que forman parte de una red de contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero vinculada al CJNG.

Según las autoridades estadounidenses, Juraidini operaba una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, mediante la cual se importaba combustible con documentación presuntamente falsificada para evadir impuestos y generar ganancias millonarias para la organización criminal.

El Departamento del Tesoro considera a Juraidini como “la mente maestra” detrás de diversas operaciones financieras del grupo criminal.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que el empresario mantenía influencia operativa sobre los cruces fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros de combustible.

El mismo cargo que ocupó un exfuncionario extraditado

La investigación periodística también documenta que Analee de Jesús Juraidini Silva desempeña el mismo cargo que ocupó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario aduanal detenido en Texas y extraditado a México a principios de junio por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes citadas por MCCI, Benítez Orta habría facilitado el ingreso de pipas cargadas con combustible ilegal a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, presuntamente en beneficio de la red encabezada por Juraidini.

Asimismo, las declaraciones patrimoniales de Analee Juraidini correspondientes a 2020 y 2021 revelan que tuvo bajo su responsabilidad la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), plataforma utilizada para el registro y seguimiento de mercancías aseguradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La funcionaria aparece en la nómina federal vigente correspondiente al 15 de junio con una percepción bruta mensual de 30 mil 890 pesos.

Autoridades de EU advierten sobre infiltración institucional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sostenido que los recursos obtenidos mediante el huachicol fiscal permiten a organizaciones criminales financiar esquemas de corrupción orientados a colocar personas afines en posiciones estratégicas dentro de gobiernos y organismos públicos.

La investigación de MCCI recuerda que no sería la primera ocasión en que familiares de presuntos integrantes del crimen organizado ocupan cargos relevantes en el sistema aduanero mexicano. Entre los antecedentes destaca el nombramiento de Julio César Carmona Angulo, hermano del empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019.

Las investigaciones y antecedentes judiciales de Óscar Juraidini

El nombre de Óscar Guillermo Juraidini Silva también aparece en expedientes judiciales mexicanos. El 15 de febrero de 2025, autoridades federales aseguraron dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible durante un operativo realizado en el municipio de China, Nuevo León.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos. Posteriormente, un juez calificó como ilegal la detención de dos personas involucradas y dictó el sobreseimiento del caso.

Tras acreditar la propiedad de las unidades aseguradas, Juraidini obtuvo un amparo para recuperar los vehículos y el combustible incautado.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó recientemente que identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias financieras relacionadas con los sujetos sancionados por Estados Unidos, por lo que fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.

Un juez de control vinculó a proceso a José Lenin Sánchez Santos, Gerardo José Fuentes Santana, Gregorio Posadas Santiago y Luis Hernández Roldán por la probable comisión del delito de posesión ilícita de petrolífero. El fallo se produjo tras la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención de los cuatro imputados ocurrió en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los encontraron en una operación coordinada entre autoridades capitalinas y el Gabinete de Seguridad federal.

¿Qué hallaron las autoridades en el lugar?

En el sitio, los agentes localizaron un tractocamión conectado mediante una manguera a dos contenedores de 33 mil 500 litros de capacidad cada uno. Los cuatro detenidos presuntamente llenaban un bidón con ese sistema al momento de la intervención policial.

El operativo también arrojó el hallazgo de seis bidones de plástico transparente con capacidad de 50 litros cada uno. Además, había un recipiente de 30 litros con un líquido traslucido que los análisis identificaron como diésel automotriz.

El líquido encontrado en el lugar resultó ser petrolífero diésel automotriz, un combustible de uso industrial y vehicular cuya posesión sin acreditación de procedencia legal constituye un delito federal en México. Las autoridades pusieron a los cuatro detenidos a disposición del Ministerio Público Federal de forma inmediata tras el aseguramiento.

El papel de la Fiscalía Especializada de Control Regional

El Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la puesta a disposición de los cuatro imputados. Esa unidad recabó los datos de prueba suficientes para sostener la acusación ante el juez de control.

En la audiencia inicial, el fiscal federal formuló la imputación correspondiente y solicitó el auto de vinculación a proceso. El juez concedió la solicitud y dictó el auto por el delito de posesión ilícita de petrolífero.

Prisión preventiva y plazo de investigación

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados, lo que significa que permanecerán en reclusión durante el desarrollo del proceso. Esta medida es de aplicación obligatoria en delitos relacionados con hidrocarburos, conforme a la legislación federal vigente.

El juzgador también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese período, la Fiscalía Federal deberá consolidar los elementos necesarios para sustentar la acusación en las etapas procesales posteriores.

El trabajo coordinado detrás del operativo

El operativo que derivó en la detención de los cuatro imputados fue producto de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad federal. Esa articulación institucional permitió la intervención oportuna en las calles de Azcapotzalco.

La FECOR, unidad especializada de la FGR, tuvo a su cargo la integración de la carpeta de investigación y la presentación del caso ante el juez de control. Su participación garantizó que los datos de prueba reunidos cumplieran con los estándares requeridos para obtener la vinculación a proceso.

Presunción de inocencia

La FGR advirtió que a José Lenin Sánchez Santos, Gerardo José Fuentes Santana, Gregorio Posadas Santiago y Luis Hernández Roldán se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Esa presunción es un derecho constitucional que rige en todas las etapas del proceso penal mexicano.

La vinculación a proceso no equivale a una condena. Solo acredita que existen datos de prueba suficientes para sostener que se cometió un delito y que los imputados participaron en él, según los criterios del sistema penal acusatorio.

La FGR informó que el caso continúa su curso dentro del marco legal establecido por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Las investigaciones complementarias determinarán los alcances definitivos de la acusación contra los cuatro imputados.

La Fiscalía General de la República desmanteló una toma clandestina de hidrocarburo conectada al poliducto Salamanca-Guadalajara en una finca del poblado Ciénega del Pastor, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. En el lugar se aseguraron cerca de 17 mil 950 litros de petrolífero robado, junto con un vehículo, dos mangueras y 24 contenedores.

El operativo fue posible tras reconocimientos motorizados y a pie realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes detectaron un inmueble en el que, desde el exterior, se observaba un vehículo con varios contenedores. Al fondo del lugar, otros recipientes desprendían un fuerte olor a hidrocarburo.

Mandato judicial y cateo en Ciénega del Pastor

Con esa información, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco solicitó al Ministerio Público de la Federación (MPF) que gestionara una inspección perimetral del sitio ante un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

El mandamiento judicial fue librado y la diligencia ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con peritos especializados de la institución. La Guardia Nacional ofreció seguridad perimetral durante todo el procedimiento.

Manguera enterrada conectada al poliducto federal

Durante la inspección, los agentes localizaron al costado del inmueble un agujero del que salía una manguera. La tubería desembocaba en el kilómetro 172+954 del poliducto Salamanca-Guadalajara, donde estaba instalada la toma clandestina que permitía extraer el hidrocarburo directamente de la infraestructura federal.

La FGR inhabilitó la conexión ilegal en el sitio. Además del petrolífero, quedaron a disposición del MPF el vehículo hallado en el inmueble, las dos mangueras y los 24 contenedores utilizados para almacenar el combustible sustraído.

Investigación abierta por delitos en materia de hidrocarburos

El MPF continúa con la indagatoria correspondiente por los ilícitos previstos y sancionados en la Ley Federal de los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas en relación con este caso.

Cómo denunciar el robo de combustible en Jalisco

La FGR exhortó a la ciudadanía a denunciar el robo, transporte y venta de hidrocarburos sustraídos de forma ilícita. La línea de atención disponible es el 800 890 97 80, y también se puede enviar un reporte al correo visitel@fgr.org.mx.

En el estado de Jalisco, los ciudadanos pueden acudir de manera presencial a la fiscalía federal ubicada en avenida 16 de Septiembre 591, en Guadalajara.

Penas por robo de hidrocarburos en México

Conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, quien sustraiga petrolíferos de ductos sin autorización enfrenta penas de 20 a 30 años de prisión y multas de hasta 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Para quienes resguarden, transporten, almacenen o comercialicen el combustible robado, las sanciones escalan según el volumen asegurado: cantidades iguales o mayores a 2 mil litros conllevan de 12 a 17 años de cárcel. Dado que en el caso de Atotonilco el Alto se aseguraron cerca de 17 mil 950 litros, los responsables podrían ubicarse en el tramo más alto de esa escala.

La ley también sanciona a quienes faciliten o auxilien la operación: los cómplices reciben hasta tres cuartas partes de la pena correspondiente al delito principal. Si el propietario o poseedor de un predio sabe que existe una toma clandestina en su propiedad y no lo denuncia, la sanción va de 6 a 8 años de prisión; si además consiente o colabora activamente, la pena asciende a entre 9 y 16 años.

Los servidores públicos que tengan conocimiento de estos delitos en el ejercicio de sus funciones y omitan denunciarlos enfrentan de 3 a 7 años de prisión. Si el responsable es o fue trabajador de la industria petrolera o de instituciones policiales, las penas previstas se incrementan hasta en una mitad adicional.

La misma ley obliga al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva como medida cautelar en todos los procedimientos derivados de estos delitos, sin excepción.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), reveló el entramado de empresas fantasma y fachada que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba para contrabandear combustible y lavar las ganancias del huachicol fiscal, en una acción coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

El operador financiero: seis empresas a nombre de un solo hombre

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, el señalado como pieza clave del esquema es Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y “cerebro” de operaciones financieras del CJNG. Su función consistía en crear y operar empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para que el combustible cruzara la frontera con etiquetas falsas y así evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Juraidini concentraba seis empresas mexicanas en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario:

• Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
• OJ Living Trust, SAPI de CV
• RK Real King, SA de CV
• Soma Transporte y Servicios, SA de CV
• Ogui Fletes
• OF Transportes

A esta lista se suma una séptima firma con sede en el Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd, lo que apunta a una ramificación internacional del esquema más allá de la franja fronteriza.

Logística “de papel” para mover combustible robado

OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a otras dos empresas: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según las autoridades, ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin permisos y habrían pagado sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya había señalado previamente a Jomadi como una empresa de importación y exportación presuntamente vinculada al narcotráfico. Entre ambas firmas se rastrearon transacciones por decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense.

El modus operandi: facturas falsas y permisos prestados

El comunicado del Tesoro detalla que estas empresas mexicanas, aunque contaban con permisos de distribución de combustible de la Comisión Nacional de Energía, carecían de autorización de la Secretaría de Energía para importar producto desde Estados Unidos. Aun así, emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible y lo desviaban hacia redes de empresas fachada estadounidenses y mexicanas en los rubros de transporte y logística antes de cruzarlo en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o flotillas clandestinas.

Lavado a través de bienes de lujo

El Tesoro detectó que las ganancias se ocultaban mediante la compra de vehículos de alta gama, joyas, propiedades y destinos turísticos exclusivos, además de inversiones financieras, un patrón que —según FinCEN— se ha identificado en más de 160 reportes de actividad sospechosa equivalentes a 7 mil millones de dólares en el último año, concentrados principalmente entre Texas y Florida.

Esta designación se suma a las acciones recientes de la UIF mexicana, que bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por OFAC más nueve personas adicionales detectadas en el análisis nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en el resguardo ilícito de hidrocarburo y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, tras un cateo en un predio clandestino en Reynosa, Tamaulipas.

El operativo derivó del aseguramiento de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo junto con decenas de unidades de transporte, equipo de bombeo y armamento en un inmueble ubicado sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la carretera Reynosa-Monterrey.

La ubicación, alejada de vías principales y sin señalización formal, apuntaba a una operación diseñada para eludir la detección de las autoridades.

El cateo que detonó el caso

El 4 de junio, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron el cateo del inmueble como resultado de trabajos coordinados con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en atención a una denuncia anónima.

El predio se encontraba en un camino de terracería próximo a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa.

Lo que encontraron dentro del inmueble

Durante la inspección judicial, las autoridades aseguraron un total de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo, distribuidos en una infraestructura de almacenamiento y traslado de gran escala.

El decomiso incluyó 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones y seis motobombas.

El volumen y la variedad del equipo hallado apuntan a una operación con capacidad para almacenar, movilizar y distribuir combustible de forma sistemática.

Además del hidrocarburo y el equipo de transporte, los agentes recuperaron cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y documentación diversa. La presencia de armamento y sistemas de monitoreo indica que el sitio contaba con mecanismos de seguridad propios.

La resolución judicial: vinculación y prisión preventiva

La FGR en Tamaulipas presentó los datos de prueba ante la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad. La juzgadora calificó de legal la detención de Yesenia “N” y Gabriel “N”, dictó su vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Ambos imputados cumplirán la medida en el Centro Federal de Readaptación Social de Reynosa, además la jueza fijó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Los delitos imputados son resguardo ilícito de hidrocarburo y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Tamaulipas, epicentro del huachicol en México

El aseguramiento en Reynosa no es un hecho aislado. En menos de ocho meses, la FGR ha acumulado en las tres principales ciudades de la frontera tamaulipeca casi 7 millones de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

El antecedente más próximo ocurrió el 28 de marzo pasado, cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron un cateo en otro predio de Reynosa y aseguraron 2 millones 189 mil litros de combustible, junto con 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones y diversas motobombas. En ese operativo no hubo detenidos.

Antes, en julio de 2025, la misma delegación había incautado 1 millón 802 mil 650 litros en una bodega clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de Reynosa. Tampoco se registraron capturas en ese caso.

El costo nacional del robo de combustible

El problema trasciende la frontera norte. Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos en 2025 a causa del robo de combustible, es decir, un incremento de 14.4 % frente a los 20 mil 529 millones de 2024, según su reporte financiero publicado el 27 de febrero de 2026.

El monto es el más alto desde 2018, cuando el quebranto alcanzó los 39 mil 388 millones de pesos. A nivel nacional, el Gabinete de Seguridad informó que en los últimos 12 meses recuperó más de 98 millones de litros de combustible ilegal en 26 estados. Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo concentran los principales focos del delito.

Elementos de seguridad de Guanajuato realizaron el aseguramiento de más de 5 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilícito, además de que ubicaron un centro clandestino de la sustancia referida y fue arrestada una persona.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad y Paz el 23 de junio. El operativo fue realizado en coordinación elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la colonia Joyas de Corralejo, en el municipio de Cortazar.

Los uniformados aseguraron infraestructura al parecer destinada al almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

“En el sitio se encontró una cisterna artesanal tipo fosa, acondicionada con material plástico y con capacidad aproximada para almacenar hasta 50 mil litros de combustible. Al momento de la intervención, contenía alrededor del 10 por ciento de su capacidad, equivalente a aproximadamente 5 mil litros de hidrocarburo”, es parte del reporte de la institución.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de vigilancia en caminos de terracería de la zona, donde los elementos participantes detectaron indicios relacionados con el manejo irregular de combustible. Al realizar una inspección del área, observaron a un individuo en las inmediaciones de la instalación quien, al advertir la presencia institucional, abordó un vehículo e intentó darse a la fuga. Los integrantes del operativo lograron interceptarlo y asegurar el perímetro.

Junto con la infraestructura, fueron asegurados una vagoneta marca Mercury de color azul, mangueras y diversos aditamentos presuntamente utilizados para el almacenamiento y manejo de combustible.

La persona detenida fue identificada como Juan “N”, de 53 años, con domicilio en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán. Tanto el detenido como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad estatal informó que, en lo que va de la administración, han sido asegurados 6 millones 785 mil 236 litros de hidrocarburos y derivados.

Incautaron 25 mil litros de huachicol también Cortazar

Cabe recordar que el pasado 23 de abril agentes de seguridad, en conjunto con el área de Seguridad de Pemex, llevaron a cabo un operativo conjunto en la colonia La Calzada, en el municipio de Cortazar, que derivó en el aseguramiento de 25 mil litros de posible huachicol.

El hallazgo se originó durante patrullajes en caminos de terracería de la zona, cuando los agentes detectaron un intenso olor a combustible. La pesquisa los condujo a un punto de almacenamiento subterráneo donde descubrieron una cisterna metálica enterrada, abastecida de forma directa por una instalación ilícita.

La intervención permitió además ubicar una línea de abastecimiento compuesta por cerca de 700 metros de manguera en línea recta y otros mil 700 metros adicionales, lo que facilitó la localización del punto de extracción ilegal.

“Este tipo de instalaciones representa un riesgo directo para la población. El almacenamiento clandestino de hidrocarburo carece de medidas de seguridad, lo que puede provocar explosiones, incendios o contaminación del entorno, afectando la vida y el patrimonio de las comunidades cercanas”, destaca el reporte de los hechos.

Tras el aseguramiento del sitio, elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo de la custodia del lugar, mientras que el hidrocarburo recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades difundieron un breve video aéreo del sitio, así como fotografías del personal de seguridad desplegado en la zona.

Mientras que, en otras acciones, el 22 de mayo pasado fue informado el arresto de 22 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por presunto huachicol en el municipio de Silao, entre los capturados estaba un sujeto identificado como líder de la estructura.

Una jueza federal permitió que José Antonio Cortés Huerta, alias Titán, salga seis horas al día de su domicilio mientras enfrenta su proceso, una modificación de medida cautelar que ocurre después de su captura como presunto operador de huachicol ligado al Cártel del Noreste y en medio de un litigio por su estado de salud.

El caso se inserta en una investigación más amplia sobre contrabando de combustibles desde Estados Unidos. En esa indagatoria, autoridades federales detectaron en marzo de 2025 un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente 10 millones de litros de diésel que habría ingresado de manera ilegal al país bajo declaraciones falsas para evadir controles fiscales y aduaneros.

La jueza Segunda de Distrito en Ciudad Victoria Dafne Miroslava Carrillo de León ordenó revisar en una nueva audiencia la prisión preventiva oficiosa impuesta a Cortés Huerta y fijó un plazo de 48 horas para analizar si esa medida debía mantenerse o cambiarse. El beneficio le permite ausentarse de su domicilio hasta por seis horas al día, con la condición de no salir del país.

Fuentes federales sostuvieron que la juzgadora habría invadido atribuciones de otro órgano jurisdiccional al pronunciarse sobre una medida cautelar dictada en un circuito distinto. La defensa promovió el amparo con el argumento de que hubo presuntas violaciones a los derechos del acusado.

La defensa alegó un cuadro clínico grave para sacar a Titán del penal

Según sus abogados, Cortés Huerta, de 39 años, padece problemas cardiacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda. La defensa sostuvo que no podía seguir en prisión preventiva dentro de un centro penitenciario y que debía recibir atención hospitalaria.

Antes de esta nueva resolución, un juez federal en Nuevo León ya había autorizado que abandonara el penal y permaneciera bajo custodia en el Hospital Universitario por su condición médica. Hasta ayer, seguía resguardado por fuerzas federales mientras convalecía.

La respuesta directa al punto central del caso es esta: José Antonio Cortés Huerta no quedó libre de su proceso, pero sí obtuvo un cambio en las condiciones de su resguardo. La nueva determinación judicial le permite salir de su domicilio durante seis horas diarias y le prohíbe abandonar el territorio nacional.

Cortés Huerta fue detenido a principios de mayo en la zona de Portal del Huajuco, al sur de Monterrey, durante un operativo federal. La SSPC y la FGR lo identifican como presunto líder de una célula dedicada al contrabando de combustibles, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

La captura derivó de cateos por una red que movía combustible desde Estados Unidos

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la detención ocurrió en Nuevo León tras cuatro cateos ejecutados por la Secretaría de Marina y la FGR. Expuso que esas acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento del buque usado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con García Harfuch, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Agregó que esa red mantenía vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país.

En ese operativo fueron detenidas otras tres personas. También se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres.

Las investigaciones federales vinculan a Cortés Huerta con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, señalado como socio mayoritario de la empresa Mefra Fletes, S.A. de C.V. y como una de las piezas bajo pesquisa en la red de tráfico ilegal de hidrocarburos que operaba entre Estados Unidos y México.

A Cortés Huerta lo relacionan con dos acusaciones por portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. La investigación, según el titular de la SSPC, sigue abierta y está encabezada por la FGR con apoyo de instituciones del Gabinete de Seguridad e información de la Unidad de Inteligencia Naval.

En redes sociales, Cortés Huerta aparecía en entrevistas sobre fisicoculturismo, daba clases y mostraba rutinas de ejercicio para ganar músculo. También participó en el documental Alma de León, centrado en fisicoculturistas de Nuevo León, y obtuvo el tercer lugar en la categoría superpesado del Campeonato Mexicano IFBB, donde se le atribuía capacidad para levantar alrededor de 280 kilos.

• Una jueza federal permitió que José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, salga de su domicilio hasta por seis horas al día mientras sigue su proceso.
• La defensa argumentó un cuadro médico grave con probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda.
• La FGR y la SSPC lo ubican como presunto operador de una red de contrabando de combustibles ligada al Cártel del Noreste y al caso del buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía que responder sobre una presunta acusación contra Esteban Villegas, gobernador de Durango, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, tras la detención de un empresario presuntamente vinculado a temas de huachicol que estaría relacionado con él.

“Son temas que tiene que contestar la Fiscalía, y no tengo yo ninguna información, no se ha dado ninguna información sobre estos temas en el Gabinete ni me han dado ninguna información relacionada con las dos personas, los dos gobernadores, no tenemos información”, señaló la mandataria nacional.

Esteban Villegas sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado

El pasado jueves, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el Gabinete de Seguridad, encabezado por Sheinbaum, mantenía bajo estricta investigación a Esteban Villegas, gobernador de Durango priista. De acuerdo con lo revelado por Loret de Mola, autoridades federales y agencias de Estados Unidos indagan un presunto pacto entre el mandatario estatal y el crimen organizado para mantener la estabilidad delictiva en la región, una estrategia conocida como Pax Narca.

De acuerdo con la información disponible, fuentes de primer nivel dentro del aparato de seguridad federal señalan que las alarmas se encendieron debido a la falta de cooperación de las autoridades de Durango en los operativos federales, lo que contrastaba con el desempeño de otros gobernadores de la oposición.

La desconfianza hacia Villegas se intensificó cuando la situación de violencia en Sinaloa comenzó a impactar la seguridad nacional. De acuerdo con las investigaciones, capos de la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa que operaban en Culiacán, encontraron refugio en el estado vecino.

“Los narcos que hacían la guerra en Culiacán se cruzaban a vivir protegidos a Durango. En concreto, los narcos que se quedaron operando la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García: su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, y Alfonso ‘Poncho’ Limón, su brazo derecho”, expuso el columnista.

Dicha movilización de objetivos prioritarios del Gobierno federal hacia territorio duranguense obstaculizó las acciones estratégicas para pacificar la región. Informes de inteligencia del gabinete de Sheinbaum apuntan a que en Durango “se atoraban los operativos, fracasaban las acciones, no se cumplían los arrestos, arrastraban los pies”, consolidando al estado como zona de resguardo para La Mayiza, en alianza con el grupo criminal Los Cabrera.

El escenario para el mandatario duranguense dio un giro internacional, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos solicitara formalmente información sobre sus actividades a las autoridades mexicanas.

A diferencia del hermetismo y la defensa institucional mostrada en el caso del gobernador morenista de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el gobierno de Sheinbaum optó por una postura de total apertura con las agencias estadounidenses respecto al priista, se señala.

“A diferencia de lo que hicieron en el caso del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas se mostraron notablemente cooperativas y diligentes con los americanos. Sobre Rocha, nada. Sobre Villegas, lo que quisieran", expone Loret de Mola.

Fuentes policiales indicaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA cuentan con testimonios de integrantes capturados del Cártel de Sinaloa, quienes ya han detallado la red de vínculos políticos en el llamado Triángulo Dorado, que es como se conoce a la región de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Ante esto, la reactivación de procesos judiciales en el país vecino contra Villegas concretarse en el corto plazo.

Detención de Jesús Ricardo Puente

Respecto a Samuel García, el pasado 4 de junio se dio a conocer que Jesús Ricardo Puente, empresario señalado por autoridades federales como presunto integrante de la red conocida como Los Petrofactureros, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General de la República en Nuevo León.

El caso es relevante porque apunta a más de 40 empresas presuntamente unidas para simular operaciones en sectores energético, logístico y de transporte, lo que afecta la vigilancia del mercado de combustibles y el combate al huachicol fiscal.

De acuerdo con reportes peiodísticos, Puente aparece como cliente de un despacho del padre del gobernador Samuel García. Maquiladora de Lubricantes, empresa de la que Puente es accionista y administrador único, habría pagado 15 millones 59 mil 957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones formales luego del aseguramiento de más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo, presuntamente de origen ilícito (huachicol), como resultado de dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

En la primera orden de cateo, las autoridades aseguraron un total de un millón 200 mil litros de hidrocarburo, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos y documentación diversa. En ese mismo inmueble, dos personas fueron detenidas.

Mientras que la segunda acción arrojó el aseguramiento de aproximadamente 155 mil litros de hidrocarburo, ocho frac tanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y 190 mil litros de alcohol.

Los mandatos judiciales que respaldaron ambas diligencias fueron obtenidos por la FGR en Tamaulipas a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con base en denuncias anónimas por delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Las órdenes fueron emitidas por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad y las diligencias fueron realizadas en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

El cumplimiento de las órdenes estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), encabezados por el agente del Ministerio Público, con el respaldo de personal de diversas materias del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la ejecución de las inspecciones judiciales, la FGR contó además con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil, quienes estuvieron encargados de la seguridad perimetral.

Los dos inmuebles cateados, las dos personas detenidas y la totalidad de los bienes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones por los delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Aseguran hidrocarburo con valor millonario ligado al Cártel del Golfo

Cabe recordar que el 25 de abril pasado hubo un cateo a un predio ubicado en el Ejido Progreso Agrario, en el municipio de Matamoros, que resultó en el aseguramiento de contenedores, equipo de extracción y vehículos vinculados al almacenamiento y trasiego de huachicol.

La acción resultó en la detención de dos personas y el decomiso de un inmueble, trece contenedores de almacenamiento tipo frac tank, ocho motobombas de extracción, cinco tanques, dos pipas y una caja seca.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que los bienes decomisados estarían ligados al Cártel del Golfo, específicamente a la facción “Los Escorpiones”, organización criminal dedicada, entre otras actividades, al robo y tráfico de hidrocarburos en la frontera norte del país.

De acuerdo con las mismas fuentes, la afectación económica para el grupo delictivo ronda los 8 millones de pesos, cifra que representa una pérdida directa derivada del valor estimado del material incautado.

La Marina brindó seguridad perimetral durante el cateo, el cual fue solicitado por la FGR. Al concluir la diligencia, la autoridad ministerial notificó a los dos detenidos sobre sus derechos y los puso a disposición del Ministerio Público Federal junto con la totalidad de los efectos asegurados, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, instrumento que definirá la situación legal de los implicados.

Mediante un comunicado, la Semar sostuvo que este tipo de acciones coordinadas forman parte de la estrategia institucional para debilitar la operación logística y financiera de los grupos delictivos en la región. El decomiso del equipo y del combustible, sumado a la detención de integrantes de la organización, apunta a frenar la distribución de hidrocarburos ilegales en Tamaulipas y en los estados vecinos.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, admitió este martes 9 de junio que elementos de la Policía estatal no cumplieron con sus funciones de vigilancia en Tepeaca, municipio donde el pasado 4 de junio explotaron cuatro cisternas de Gas Licuado de Petróleo en la colonia San Juan Negrete.

Como medida correctiva, relevó al comandante de la zona y a personal a su cargo, sin especificar el número de elementos. Además, reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del caso, que quedó a cargo de la delegada en Puebla, Jannette Arce.

Sánchez reconoció que la actividad de almacenaje ilegal de gas LP en predios de Tepeaca era visible y que la Policía estatal no actuó al respecto.

“Todo mundo sabe que estos patios operan como centros de almacenaje”, declaró el funcionario, quien se incluyó en la responsabilidad institucional.

Añadió que en operativos posteriores al siniestro se detectaron “salchichas” —recipientes usados para transportar combustible robado— montadas sobre camionetas de redilas.

FGR atrae el caso y la Policía estatal asume omisiones

La Fiscalía General de la República tomó la investigación por tratarse de un delito de orden federal, el robo de hidrocarburos. Sánchez precisó que los avances del caso los informará la delegada Jannette Sánchez Arce, a quien describió como “el órgano legal encargado de llevar a cabo esta investigación”.

El secretario justificó el relevo del personal policial en Tepeaca con base en su propia evaluación operativa. “Desde mi punto de vista, mi experiencia operativa, esto no puede pasar. Yo soy el primero en aceptar que mi personal no estaba haciendo bien su trabajo”, sostuvo Sánchez en la conferencia de prensa.

Aclaró que el cambio de mando se aplicó como medida preventiva, no como resultado de la investigación de la Fiscalía.

La explosión dejó tres heridos y obligó a evacuar a 2 mil personas

La detonación ocurrió cerca de las las 10:00 horas del 4 de junio en una bodega de la colonia San Juan Negrete. La columna de humo y fuego se elevó más de 15 metros.

Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a recibir atención médica; no hubo fallecidos.

La proximidad de la bodega al Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa llevó a la Secretaría de Educación Pública a ordenar la evacuación inmediata de 2 mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

También fueron desalojados el Hospital General de Tepeaca y la Escuela Preparatoria 2 de Octubre.

Protección Civil de Puebla no tiene facultades para verificar centros de distribución

Sánchez señaló que en otros estados son las direcciones de Protección Civil las encargadas de verificar los centros de distribución de combustibles, pero que en Puebla esa atribución no existe.

Según declaraciones del titular de Seguridad, el coronel Bernabé López, director estatal de Protección Civil, le confirmó durante una mesa de inteligencia celebrada el jueves previo que su dependencia no cuenta con esa facultad legal.

El secretario planteó la necesidad de revisar el marco normativo y legislar si es necesario para otorgar esa atribución a Protección Civil.

“Tenemos que revisar, tenemos que legislar si es necesario para poder verificar a estos centros”, afirmó. Asimismo, reconoció que el siniestro del 4 de junio expuso un vacío de supervisión que involucra a todas las autoridades.

Sánchez anuncia operativos, cateos y coordinación con Pemex

El secretario reconoció que los protocolos de revisión de centros de distribución de combustibles existen pero no se respetan.

“El evento que tuvimos la semana pasada denota una falta de supervisión y de control, de todos”, afirmó. Señaló que el predio donde ocurrió la explosión se ubicaba a aproximadamente un kilómetro de un ducto, y que el siniestro expuso una red de huachicol de gas activa en la región.

Sánchez informó que el día del accidente se usaron drones para rastrear la zona, lo que permitió detectar cuatro patios con salchichas de gas en su interior.

Las autoridades trabajan en las órdenes de cateo para intervenir esos inmuebles. También anunció que recibirán al delegado de Pemex para coordinar una mayor presencia operativa en el municipio.

El funcionario adelantó que el gobierno estatal presentará un plan de acciones en los próximos días, que incluirá la participación de autoridades federales y de la empresa petrolera.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos a través del 089 y el 911. “Esto pone en peligro sus vidas y la de sus hijos”, advirtió.

Luego de que la semana pasada se diera a conocer que presuntamente las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos morenistas, había sido revocada por presuntos vínculos con el crimen organizado, este martes se reportó que presuntamente la visa del senador, también morenista, Adán Augusto López Hernández, también fue revocada.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal de este martes, titulada El turno de Adán Augusto, la visa del senador, quien fue gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue revocada como parte de la profundización de la investigación de Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

De acuerdo con el comunicador, en septiembre de 2025, tras el encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, se le entregó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur de México, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual habría financiado ocho campañas políticas para gobernador en 2021.

La información que recibió Harfuch fue la razón de la insistencia de la mandataria nacional para que aceptara una embajada, misma que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por AMLO, señala el periodista, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que renunció a ella en febrero.

Sin embargo, López Hernández no fue sujeto a ninguna investigación en México, algo que había sugerido Rubio, en buena parte porque, señala Riva Palacio, esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex mandatario, sobre el cual existen evidencias en ambos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.

La confirmación del Departamento de Estado al gobierno de México de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción contra López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del ex presidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente.

En su columna, el periodista señala que los hijos de AMLO, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente con el contrabando de combustible.

De acuerdo con el texto, el gobierno de EEUU le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Sin embargo, ambos han señalado que esa información es falsa. La realidad, se asegura, “es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales”.

Apenas el pasado 14 de mayo, John Cornyn, senador republicano y miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional. Dicha iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.

La investigación contra el senador y los gobernadores, señala Riva Palacio, ha provocado que algunas de sus cuentas en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades estén en proceso de ser embargadas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó sobre la ubicación y aseguramiento de un inmueble presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburo en el municipio de Tepeaca.

En el marco de una diligencia de cateo encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), se localizaron en el lugar tres camiones con tanques de almacenamiento, una pipa y aproximadamente 17 mil 880 litros de combustible de presunta procedencia ilícita.

“Un inmueble vinculado con el robo de hidrocarburo fue ubicado y asegurado por elementos de esta secretaría”, destaca la SSP Puebla el 7 de junio en redes sociales.

Al operativo se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Con el propósito de prevenir riesgos para la población, la operación también contó con el apoyo de personal de Seguridad Física de PEMEX, Protección Civil, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas.

El inmueble quedó a disposición de la autoridad competente para la continuación de las indagatorias correspondientes. En las imágenes compartidas por las autoridades puede verse los sellos colocados en la entrada del sitio, además de algunos de los indicios encontrados en el lugar.

Detención y vinculación aproceso de “El Bukanas”

Por su parte, el 18 de abril pasado fue detenido Roberto de los Santos de Jesús, un hombre conocido como El Bukanas y señalado como el sujeto ligado al huachicol más buscado en Puebla. Fue detenido el 18 de abril en el municipio de Chignahuapan, en un operativo conjunto de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El detenido es señalado en reportes previos como uno de los principales generadores de violencia en la región del llamado triángulo rojo poblano, zona donde también se le atribuyen actividades de narcotráfico. A lo largo de varios años.

De los Santos de Jesús fue vinculado con distintos grupos criminales: primero se le relacionó con Los Zetas, organización con la que habría colaborado en actividades ilícitas en la región, y posteriormente se le atribuyó una posible cercanía con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conforme su grupo amplió operaciones en zonas de Veracruz y Puebla.

Para el 3 de junio, un juez vinculó a proceso a Roberto de los Santos de Jesús y a su hermano Saúl de los Santos de Jesús, alias El Fósil, tras investigaciones ministeriales de la Fiscalía Regional Córdoba que los relacionan con tres homicidios cometidos en la entidad de Veracruz. El órgano jurisdiccional ratificó la prisión preventiva en ambos casos.

Los crímenes atribuidos a los hermanos ocurrieron entre 2023 y 2025 en los municipios de Acultzingo y Nogales. Las indagatorias oficiales señalan a los De los Santos como líderes de una banda dedicada al robo de hidrocarburo con operaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo, organización a la que también se vincula con homicidios, extorsión, secuestro y delitos contra la salud.

Roberto de los Santos acumula además cargos en el fuero federal. La FGR obtuvo su vinculación a proceso por delincuencia organizada y el secuestro de 36 personas. Ambos hermanos se encuentran recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla.

En el marco de los procesos abiertos ante la Fiscalía de Veracruz, El Bukanas enfrentó cargos en dos expedientes. En el expediente 395/2024, el juez lo vinculó por homicidio doloso calificado por hechos ocurridos el 7 de febrero de 2024 en la colonia centro de Acultzingo, donde presuntamente accionó un arma de fuego contra una víctima y le causó la muerte.

El proceso 483/2023 lo señala por homicidio en grado de tentativa en agravio de una persona identificada con las iniciales J.M.O., en hechos registrados el 22 de noviembre de 2023 sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de Acultzingo, donde presuntamente disparó contra la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Alexis “N”, alias “El Caras”, por su presunta relación con la desaparición de 11 jóvenes en Amozoc ocurrida en agosto de 2025, un caso que vuelve a concentrar atención porque uno de ellos, Misael Romero Sombrerero, sigue sin ser localizado casi 10 meses después y porque, según las denuncias de sus familiares, el detenido habría sido quien los reclutó para trabajar como guardias de seguridad de la familia del alcalde morenista Severiano de la Rosa.

La fiscalía estatal precisó que la captura se derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión por desaparición de personas reclutadas para cometer actividades ilícitas. Ese punto fija la línea oficial del caso: la detención no fue presentada por la autoridad como parte de otra investigación, sino por los hechos vinculados con la ausencia de los jóvenes en Amozoc.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, los 11 jóvenes desaparecieron después de tres días de haber comenzado a trabajar. Diez regresaron a sus casas días después, pero Romero Sombrerero no volvió y desde entonces permanece desaparecido.

La detención se relaciona con el reclutamiento de jóvenes en Amozoc

La FGEP informó que Alexis “N” estaría implicado en la desaparición de las víctimas porque presuntamente las reclutó para realizar actividades ilícitas. En las denuncias presentadas por la familia de Misael, “El Caras” aparece como el reclutador de los jóvenes que luego fueron reportados como desaparecidos, incluido el propio Romero Sombrerero.

Los parientes del joven denunciaron hace unos días que lo último que supieron de él fue que había sido contratado, junto con otros muchachos, como guardia de seguridad de la familia del actual alcalde de Amozoc, Severiano de la Rosa. Esa versión coloca el caso en el entorno político y familiar del municipio, aunque el texto disponible no refiere una imputación formal en contra del edil.

Según lo denunciado por la familia ante reporteros, los jóvenes comenzaron a trabajar en un horario de 15:00 a 03:00 horas. También aseguraron que todos fueron marcados con un tatuaje de una cruz en el antebrazo derecho.

El caso fue denunciado por familiares en agosto de 2025, cuando reportaron la desaparición de 11 jóvenes de Amozoc, municipio conurbado con la capital poblana. La secuencia que describieron indica que el grupo empezó a trabajar, desapareció y, días más tarde, 10 de sus integrantes reaparecieron, mientras Misael no volvió a ser visto.

Ese es el dato central del expediente que ahora deriva en la aprehensión de Alexis “N”: de los 11 reclutados, solo uno continúa desaparecido, y su familia sostiene que el contacto laboral previo fue con una estructura ligada a la seguridad de la familia del alcalde.

La familia De la Rosa ya había gobernado el municipio

La familia De la Rosa tiene otro integrante con trayectoria política local: Mario de la Rosa fue alcalde de Amozoc entre 2018 y 2024, antes del actual edil. El mismo núcleo familiar también incluye una relación con la iglesia Luz del Mundo, ya que Mario de la Rosa fue pastor de esa organización religiosa.

El texto fuente indica además que en Amozoc se localiza uno de los centros ceremoniales más grandes del país de Luz del Mundo. Ese dato explica el peso público de la familia en el municipio y el interés que ha generado la denuncia de los familiares del joven desaparecido.

La detención de “El Caras” ocurrió pocos días después de que los parientes de Romero Sombrerero volvieran a exponer públicamente el caso. En esa nueva presión pública insistieron en que Misael lleva casi 10 meses desaparecido y en que la pista más reciente sobre su paradero fue ese supuesto trabajo de vigilancia.

Algunos reportes locales también han vinculado a Alexis “N” con grupos delictivos dedicados al robo y venta ilegal de gas LP. Esos mismos señalamientos lo relacionan con la explosión de pipas registrada la mañana del jueves en un depósito clandestino ubicado en Tepeaca.

La fiscalía de Puebla no presentó la captura bajo esa línea. La versión oficial difundida por la autoridad se limita a establecer que la orden de aprehensión fue ejecutada por la desaparición de personas que habrían sido reclutadas por él para cometer actividades ilícitas.

El caso mantiene abierta la principal exigencia de la familia de Misael Romero Sombrerero: conocer qué ocurrió con el joven que no regresó, pese a que los otros 10 desaparecidos sí volvieron a sus casas después de haber sido reclutados en Amozoc.

• La Fiscalía de Puebla detuvo a Alexis “N”, “El Caras”, por su presunta relación con la desaparición de 11 jóvenes en Amozoc.
• De los 11 jóvenes reportados como desaparecidos en agosto de 2025, 10 regresaron; Misael Romero Sombrerero sigue sin ser localizado.
• La fiscalía señaló que la orden de aprehensión fue por desaparición de personas reclutadas para cometer actividades ilícitas.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la ejecución de nueve cateos simultáneos en distintos puntos de los municipios de Querétaro y Corregidora, lo que derivó en la detención de 20 personas además del aseguramiento de armas y vehículos tipo pipa.

Los cateos se llevaron a cabo en las colonias y fraccionamientos Lomas de San Pablo, Jardines de Azucenas, Juríca, Rancho San Pedro, Residencial Villalba, Lourdes y La Negreta. Algunas de las personas arrestadas durante las diligencias están ligadas con investigaciones por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego, según el reporte de las autoridades compartido el 3 de junio.

Entre los bienes asegurados durante los operativos se encuentran armamento, cartuchos útiles, cargadores, un artefacto explosivo, cuatro vehículos tipo pipa, equipos telefónicos, dispositivos digitales y diversos documentos.

De igual manera, las autoridades hallaron herramientas y objetos presuntamente utilizados para la extracción ilícita de hidrocarburos, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación adicional por parte de la autoridad federal en materia de hidrocarburos.

En los cateos participó personal ministerial, pericial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Policía Estatal, policías municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

La operación contó también con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Material compartido por las autoridades muestra a los 20 individuos detenidos, de quienes no fueron divulgados sus nombres, además de las acciones realizadas por parte de los elementos de seguridad. La Fiscalía de Querétaro también publicó un video sobre el caso y añadió la condena de un hombre por robo calificado, además de la localización con vida de Arantza Chesed Núñez Araujo.

Una decena de personas detenidas en Querétaro

Cabe recordar que el pasado 6 de mayo fue informada al detención de 10 personas como resultado de uh serie de operativos simultáneos en los barrios y colonias de Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad.

En dicha ocasión, cinco hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, mientras que cuatro mujeres fueron arrestadas por la misma causa probable. Un decimo individuo fue capturado por el delito de resistencia y desobediencia de particulares.

Resultado de los cateos fue incautado más de un kilogramo y medio de metanfetamina, más de mil 100 gramos de cocaína en piedra, más de un kilo de marihuana, dinero en efectivo, armas de fuego junto con armamento hechizo y réplicas, cartuchos de varios calibres, bolsas para dosificar e inmuebles.

Un juez vinculó a proceso a Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas“, y a su hermano Saúl de los Santos de Jesús, alias “El Fósil“, tras investigaciones ministeriales de la Fiscalía Regional Córdoba que los vinculan con tres homicidios en la entidad.

Los crímenes atribuidos a los hermanos fueron cometidos entre 2023 y 2025 en los municipios de Acultzingo y Nogales. El órgano jurisdiccional ratificó la prisión preventiva en ambos casos.

Los hermanos De los Santos son señalados por indagatorias oficiales como líderes de una banda de robo de hidrocarburo con operaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo, vinculada además a homicidios, extorsión, secuestro y delitos contra la salud.

Roberto de los Santos acumula también cargos federales. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra él por delincuencia organizada y el secuestro de 36 personas.

Los hermanos se encuentran recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla.

Fueron detenidos por fuerzas federales el pasado 18 de abril en Chignahuapan, Puebla, junto con otros 5 presuntos criminales.

El juez vincula a “El Bukanas” por homicidios

Roberto de los Santos enfrentó cargos en dos procesos ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. En el expediente 395/2024, el juez lo vinculó por homicidio doloso calificado. El crimen ocurrió el 7 de febrero de 2024, en la colonia centro de Acultzingo. Presuntamente Roberto accionó un arma de fuego contra una víctima y causó su muerte.

El proceso 483/2023 lo señaló de homicidio en grado de tentativa en agravio de una persona identificada con las iniciales J.M.O. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2023 sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de Acultzingo, donde presuntamente disparó contra la víctima.

Antes de su detención el 18 de abril de 2026, la Fiscalía General de Veracruz había activado una ficha de recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera su captura. En febrero de ese año, un operativo en Chignahuapan permitió asegurar su presunto refugio —donde se decomisaron 12 armas largas, 2 lanzagranadas, 2 granadas y 1.5 kilogramos de aparente cristal—, pero una filtración frustró su detención.

“El Fósil” fue procesado por homicidio doloso en Nogales

Saúl de los Santos fue detenido el 18 de abril de 2026 en Tres Cabezas, Chignahuapan, como parte del grupo de seis personas arrestadas junto a su hermano en el operativo que incluyó a la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

En torno a las acusaciones por homicidio, un juez lo vinculó a proceso de forma independiente, en el expediente 304/2025, por homicidio doloso calificado. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2025 en la colonia 30 de mayo del municipio de Nogales, donde presuntamente privó de la vida a una víctima mediante arma de fuego.

La identidad de las víctimas en todos los procesos se encuentra legalmente resguardada.

Desde su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna volvió a tomar la pluma. Este 3 de junio de 2026, envió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la sexta carta en lo que va de su proceso penal, reiterando su denuncia de que instituciones del gobierno federal obstaculizan activamente su defensa.

Farías Laguna se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos bajo la causa penal 325/2025, y permanece en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025, acusado de presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal.

La queja central: Marina bloquea información clave bajo “seguridad nacional”

En la carta, el exmilitar apunta directamente contra dos instituciones: la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sostiene que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado actos de investigación a través de la Fiscalía, pero la Secretaría de Marina-Armada de México se ha negado a entregar información, amparándose en el argumento de seguridad nacional.

Para Farías Laguna, ese escudo institucional no es legítimo: denuncia que se trata de una estrategia deliberada para fabricar culpables y bloquear el acceso a evidencia que, asegura, probaría su inocencia. En particular, reclama no tener acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAME-CDMX/0000568/2024, que considera fundamental para su defensa.

Señala también lo que describe como una “justicia selectiva”: mientras que para algunos ciudadanos se exigen pruebas fehacientes y contundentes, para él bastó —afirma— un video anónimo de YouTube para desencadenar una investigación, abrir una carpeta en un día y obtener una orden de aprehensión en apenas diecinueve días.

Un proceso que denuncia viciado desde el origen

Esta no es la primera vez que el vicealmirante apunta a irregularidades desde el inicio de la causa. En la audiencia inicial de la causa penal 325/2025 se le vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo —según alega— víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de su audiencia de vinculación, donde se le exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

A ello se suma que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Armada de México de manera que calificó de arbitraria, lo que dejó a su familia en situación vulnerable al perder ingresos y servicios médicos, agravando lo que considera una violación sistemática a la presunción de inocencia.

¿Qué le pide a Sheinbaum?

El vicealmirante reitera dos solicitudes concretas a la mandataria:

• Intervención directa ante la Secretaría de Marina para que entregue los actos de investigación requeridos por la Fiscalía.
• Acceso a la información contenida en la carpeta de investigación, que insiste resulta indispensable para esclarecer los hechos “conforme a derecho”.

Farías Laguna argumenta que tiene 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México con un expediente que acredita que ha sido respetuoso de la ley y del deber ser. Cierra la misiva con su habitual firma: “Verdad y Justicia”.

El caso en contexto

Esta sexta carta llega apenas tres semanas después de que, el 10 de mayo de 2026, enviara una quinta misiva desde el penal de Almoloya de Juárez, en la que nuevamente denunció violaciones en su caso al debido proceso. La sucesión de cartas refleja la desesperación de un militar de alto rango que busca resonancia pública ante lo que describe como un muro institucional. Hasta ahora, la Presidencia no ha emitido respuesta pública a ninguna de las misivas.

El hallazgo de cuatro vehículos de lujo con reporte de robo dentro de la Aduana Marítima de Ensenada se suma a otros aseguramientos realizados en los últimos meses en instalaciones portuarias y zonas logísticas del municipio bajacaliforniano.

De acuerdo con la información oficial, las unidades fueron localizadas durante un cateo realizado en dos contenedores ubicados dentro del recinto portuario. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Federal Ministerial y autoridades aduaneras. Mientras se desarrollaba la diligencia, efectivos de Infantería de Marina resguardaron el perímetro de las instalaciones.

Las autoridades no dieron a conocer las marcas, modelos ni años de los vehículos encontrados. Tampoco informaron cuál era el destino de los contenedores ni si existen personas identificadas por estos hechos. Las unidades quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 2 de julio de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 200 kilogramos de cocaína ocultos en cuatro maletas dentro de un contenedor descargado de un buque en el puerto de Ensenada. El cargamento fue detectado durante una inspección aduanera y quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

En aquel operativo, la droga se encontraba distribuida en 188 paquetes ocultos dentro del equipaje localizado en el contenedor. Las autoridades no informaron públicamente el origen ni el destino final del embarque, aunque el aseguramiento se produjo durante las revisiones de mercancías realizadas en el recinto portuario.

Meses antes, en marzo de 2025, fuerzas federales aseguraron millones de litros de combustible presuntamente introducido de manera irregular al país. El hidrocarburo fue localizado en contenedores, vehículos cisterna y diversa infraestructura de almacenamiento en Ensenada, en un caso que derivó en investigaciones por presunto contrabando de combustibles y huachicol fiscal.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos entonces, el operativo involucró la inspección de predios y áreas utilizadas para el almacenamiento y manejo de hidrocarburos. Las investigaciones posteriores fueron ampliadas para determinar el origen del combustible y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso al país.

Los tres casos fueron detectados en el contexto de operativos federales relacionados con actividades de inspección y vigilancia sobre mercancías que ingresan o se movilizan a través de infraestructura logística vinculada al puerto de Ensenada.

El hallazgo más reciente de vehículos con reporte de robo se incorporó así a una serie de aseguramientos que, en distintos momentos, han involucrado droga, combustibles y bienes bajo investigación dentro de una de las principales plataformas marítimas del noroeste del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes 29 de mayo la detención de un hombre identificado como Jesús “N”, en el marco de los operativos destinados a desarticular estructuras vinculadas con el robo de hidrocarburos -huachicol- en el país.

El detenido es señalado como presunto integrante de Los Petrofactureros.

La FGR confirmó que luego de tareas coordinadas se logró el aseguramiento de lo siguiente:

• 42 tractocamiones
• 13 camiones de carga
• 62 contenedores cilíndricos
• 2 retroexcavadoras
• 1 grúa de canastilla
• Un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase

Los indicios delictivos fueron localizados tras cuatro cateos ejecutados en inmuebles de los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, estado de Nuevo León.

La operación formó parte de una serie de golpes contra una organización que simulaba actividades en los sectores logístico, energético y de transporte.

Autoridades revelaron que documentación asegurada en los inmuebles está probablemente relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las órdenes de cateo fueron solicitadas por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y autorizadas por la autoridad judicial competente.

FGR y Gabinete de Seguridad ejecutaron cuatro órdenes de cateo simultáneas

La operación se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Además de los vehículos de carga, en los inmuebles se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, camiones de volteo y diversa documentación.

Junto a Jesús “N”, las autoridades aseguraron un arma de fuego. Fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Según el reporte oficial, el predio intervenido funcionaba como centro de operaciones para el almacenamiento y trasvase de hidrocarburo.

La organización investigada habría simulado actividades empresariales legítimas para encubrir el contrabando de combustible en el noreste del país.

José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noreste, cayó el 11 de mayo en San Pedro Garza García

Semanas antes, el este 11 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR detuvieron a José Antonio “N” en una residencia de San Pedro Garza García, señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero.

Las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.

Durante los registros se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y una cantidad no precisada de dinero en efectivo. La operación también derivó en el arresto de una mujer cuya identidad no fue precisada.

Uno de los hallazgos más atípicos del operativo fue el aseguramiento de siete tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. Su presencia apuntó a vínculos entre la célula criminal y el tráfico de fauna silvestre.

Los inmuebles cateados estuvieron vinculados con Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”, socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V., señalada por la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita provenientes de Estados Unidos y con vínculos al Cártel del Noreste.

Autoridades aseguraron más de un millón de litros de huachicol en Cadereyta este 29 de mayo

Este mismo este 29 de mayo, autoridades federales confirmaron el decomiso de más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en Cadereyta, Nuevo León.

El sitio fue localizado mediante labores de inteligencia que permitieron identificar un inmueble que “sería utilizado” para resguardar probable combustible de origen ilícito.

En el operativo participaron la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial y personal de servicios periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El desglose del decomiso incluyó alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido de color negro y amarillo.

Además del combustible, en el lugar se decomisaron tractocamiones, frac tanks, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque.

La diligencia quedó a cargo del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

La localización del sitio se obtiene mediante labores de inteligencia que permiten identificar un inmueble que “sería utilizado” para resguardar probable combustible de origen ilícito, según el reporte oficial. En el operativo participan también Defensa y la Guardia Nacional.

El cateo se realiza en un predio sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el mismo municipio. La diligencia queda a cargo del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

En la ejecución intervienen elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de servicios periciales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), conforme al informe de las autoridades. El objetivo, precisan, es asegurar el inmueble y el material localizado para integrar la investigación correspondiente.

Como resultado del operativo, los efectivos federales aseguran alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido de color negro y amarillo. La suma de ambos volúmenes rebasa el millón de litros asegurados, según el reporte.

Además del combustible, en el lugar se decomisa equipo y vehículos presuntamente vinculados con el almacenamiento y traslado del material. Entre lo asegurado se encuentran tractocamiones, “frac tank”, autotanques y dollys.

El inventario también incluye alrededor de 409 cubitanques, así como silos de almacenamiento vertical y un remolque de plataforma. A ello se agregan motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos que quedan bajo resguardo de la autoridad.

Tanto el predio como los indicios asegurados quedan a disposición del MPF, que mantiene abierta la indagatoria para determinar responsabilidades y “resolver conforme a derecho” contra quien o quienes resulten responsables, según la FGR.

• Aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, según la FGR y la SSPC.
• Decomisan 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido negro y amarillo, además de vehículos y equipo.
• El predio y lo asegurado quedan a disposición del MPF para continuar la investigación y definir responsabilidades.

“Los cárteles en México se lucran con el robo de combustible y petróleo crudo, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”, compartió en sus redes sociales la senadora estadounidense Jacky Rosen el 27 de mayo. Las declaraciones de la funcionaria se enmarcan en las acciones legislativas que buscan enfrentar del trasiego de hidrocarburo, también conocido como huachicol.

Senadores de Estados Unidos buscan generar una ley acerca del robo de hidrocarburos, acciones relacionadas con los grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG).

A mediados de mayo, los senadores Jacky Rosen (demócrata por Nevada) y John Cornyn (republicano por Texas) presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo el combate al robo de combustible por parte de los grupos criminales.

En que consistiría la ley

Según lo expuesto por los senadores se trata de la Ley bipartidista para Detener el Robo de Combustible contra la Violencia de los Cárteles, la cual contempla que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tenga que presentar información sobre las acciones para contrarrestar las actividades ilícitas.

Cornyn argumenta que las estructuras criminales actualmente desarrollan métodos sofisticados con los que puedan contrabandear las sustancias, entre ellos los hidrocarburos. Las ganancias del huachicol son usadas para financiar las actividades de narcotráfico y trata de personas.

La página web del senador Cornyn destaca que la mencionada ley permitiría

• Sensibilizar sobre el problema del robo de combustible y evaluar los esfuerzos actuales para abordar la amenaza
• Exigir al Departamento de Guerra de los Estados Unidos que presente un informe al Congreso con recomendaciones para contrarrestar el contrabando de productos de hidrocarburos
• Fortalecer la economía, la energía y la seguridad nacional de EEUU

Añade que los grupos criminales han hecho del robo de hidrocarburo su principal fuente de ingresos no relacionada con el trasiego de drogas, además de que operan con esquemas que les permiten operar a los dos lados de la frontera.

El combustible robado es comercializado en el mercado negro a un precio más bajo, lo que además les permite evitar impuestos. Destaca el aumento de violencia (tiroteos, extorsión e intimidación) en las comunidades que están cerca de los oleoductos.

“La administración Trump ha sancionado a personas involucradas en redes de robo de combustible que generan cientos de millones de dólares en ganancias para cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación”, es parte de lo expuesto por el senador.

Cabe recordar que en mayo de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó un documento sobre los grupos delictivos ligados con el robo de hidrocarburo y señaló al Cártel de Sinaloa, el CJNG y al Cártel del Golfo.

Agentes de seguridad realizaron el arresto de una docena de personas, además del aseguramiento de miles de litros de hidrocarburo al parecer de procedencia ilícita como resultado de un cateo en Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 26 de mayo sobre la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tihuatlán en donde fueron hallados 256 mil 828 litros de hidrocarburo.

Tractocamiones y tanques entre lo decomisado

En el sitio ubicado en la localidad de Plan de Ayala fueron hallados los litros de hidrocarburo mencionados, además de 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y a remolques.

Aunado a ello, loa agentes hallaron cuatro vehículos lowboy (remolques), siete planas cama baja, dos fractank (contenedores portátiles), un par de góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo. También fueron encontrados:

• Frascos y material de laboratorio
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Una denuncia anónima fue la que alertó a las autoridades sobre el posible resguardo y almacenamiento de combustible de manera irregular, es por ello que fue iniciada una carpeta de investigación.

Fue compartido un video que muestra a diversos elementos de seguridad operando en el sitio, así como pate de lo hallado durante el operativo. Como resultado de la revisión, tanto los individuos, el inmueble y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para que sea determinada la situación jurídica de los individuos.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio de la FGR (FEMED), de la Policía Federal Ministerial (PFM), y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los elementos estuvieron en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional.

Cateos en Veracruz derivan en el aseguramiento de hidrocarburo

Por su parte, el 12 de febrero pasado las autoridades informaron sobre la revisión de cuatro inmuebles en el municipio de Minatitlán, lo que resultó en el aseguramiento de más de 80 mil litros de huachicol, además de:

• 25 tractocamiones
• Un camión
• Cuatro camionetas
• 29 semirremolques tipo tanque simple
• Siete semirremolques tipo tanque full
• Seis plataformas con contenedor
• 10 contenedores tipo Fractank - IBC
• 11 tanques fijos de almacenamiento

Lo anterior fue asegurado durante un primer cato. En una segunda revisión fueron hallados un par de tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

En un tercer cateo encontraron ocho semirremolques tipo tanque, un par de tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento. Mientras que e la última revisión había 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores, dos tanques cisterna, un semirremolque y un camión.