La Cancillería de Honduras activó protocolos de búsqueda y localización para encontrar a 13 hondureños que permanecen desaparecidos luego de viajar a Rusia, presuntamente atraídos por ofertas laborales engañosas que circulan en redes sociales.

Entre los casos bajo investigación, las autoridades manejan la posibilidad de que cinco compatriotas hayan fallecido, aunque todavía no existe una identificación legal que confirme sus identidades ni sus nacionalidades.

La información fue brindada por Nancy Lopez, directora de de protección al hondureño migrante, quien explicó que las autoridades mantienen comunicación con los familiares de las personas desaparecidas para recopilar datos que permitan establecer su paradero.

El proceso incluye la toma de muestras de ADN a sus parientes en Honduras, con el propósito de compararlas con posibles registros que permitan confirmar si alguno de los hondureños se encuentra entre las personas fallecidas.

De acuerdo con el funcionario, los 13 compatriotas reportados como desaparecidos podrían encontrarse en distintas circunstancias.

Entre las posibilidades que contempla Cancillería está que hayan quedado extraviados en zonas de combate, que estén heridos y permanezcan en hospitales o refugios, que hayan sido capturados como prisioneros de guerra o que hayan muerto.

Trece hondureños permanecen desaparecidos

El registro oficial de Cancillería contabiliza hasta el momento 33 hondureños que viajaron a Rusia bajo engaños relacionados con supuestas oportunidades laborales.

De ese total, 12 lograron regresar a Honduras y actualmente se encuentran con sus familias, mientras que otros 13 continúan sin ser localizados.

La diferencia entre las personas que retornaron y las que permanecen desaparecidas forma parte de las gestiones que desarrolla la institución para establecer la situación de todos los compatriotas incluidos en sus registros.

Entre las personas que posiblemente se encuentren en esos países habría adultos mayores y jóvenes de entre 18 y 20 años. Por esa razón, Cancillería pidió a los familiares que tengan conocimiento de alguien que salió de Honduras después de aceptar una oferta laboral en Rusia que se acerquen a la institución para reportar el caso.

Ofertas laborales circulan en redes sociales

Sobre la forma en que los hondureños son captados, el representante de Cancillería indicó que las autoridades identifican un patrón relacionado con anuncios publicados en redes sociales, en los que se ofrecen supuestos empleos con salarios elevados y beneficios económicos que resultan atractivos para quienes buscan una oportunidad fuera del país.

Según el relato proporcionado por la directora, el proceso puede desarrollarse con rapidez. Después de que una persona responde a una publicación o muestra interés en la oferta, los responsables comienzan a gestionar los documentos necesarios para el viaje.

En algunos casos, la tramitación del pasaporte se inicia en menos de 24 horas y, en menos de una semana, el hondureño ya estaría emprendiendo el desplazamiento hacia el extranjero.

Cancillería señaló que esta modalidad no afecta únicamente a Honduras, sino que se trata de una situación que alcanza a otros países de la región.

Manifestó que, desde la institución, todavía no han identificado directamente a las personas o estructuras que estarían detrás de las ofertas, por lo que no atribuyó la captación a un responsable específico.

Pruebas de ADN para confirmar posibles fallecimientos

Uno de los principales procedimientos que debe completar Cancillería es la identificación de los cinco hondureños que posiblemente murieron. Para ello, la institución está convocando a sus familiares en territorio nacional, a quienes solicita colaborar con la información y las muestras biológicas necesarias para los análisis de comparación.

La funcionaria explicó que las pruebas de ADN permitirán cotejar los perfiles genéticos de los familiares con los registros disponibles y contribuirán a validar si las personas reportadas como fallecidas corresponden efectivamente a los hondureños buscados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que no puede confirmar los fallecimientos únicamente con la información preliminar recibida.

Primero debe completar los procedimientos legales y técnicos que permitan verificar la identidad de cada persona y establecer que se trata de los compatriotas incluidos en los reportes.

La institución ya ha sostenido reuniones con familiares de algunas de las personas desaparecidas, pero todavía espera que otros parientes respondan a las convocatorias realizadas para aportar información y participar en el proceso.

Cancillería pide verificar las ofertas antes de viajar

La institución pidió a la población desconfiar de las propuestas que prometen salarios elevados, bonos extraordinarios o condiciones laborales que no cuentan con respaldo oficial.

El representante mencionó como ejemplo anuncios que ofrecen bonos de hasta 30.000 dólares o salarios de 4.000 lempiras, y advirtió que las personas deben comprobar la legitimidad de cualquier oportunidad antes de entregar información personal o iniciar trámites migratorios.

Para verificar estas ofertas, recomendó acudir a la Secretaría de Trabajo, institución que, según explicó, es la encargada de validar la legalidad de las propuestas laborales.

La población debe buscar información por canales oficiales y evitar tomar decisiones basadas únicamente en publicaciones de redes sociales o mensajes de desconocidos.

También dirigió una advertencia a los hondureños que ya aceptaron una de estas propuestas y que se encuentran en proceso de viajar o están en el extranjero.

Les pidió no entregar sus documentos de viaje a terceros, debido a que se trata de documentos personales que deben permanecer bajo su control.

El expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue declarado culpable del delito de homicidio por la muerte de Keyla Patricia Martínez, la estudiante de enfermería que falleció en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, departamento de Intibucá.

La resolución fue emitida este viernes por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, durante la lectura del fallo del nuevo juicio oral y público.

Además de declarar la responsabilidad penal del exagente por el homicidio, el tribunal ordenó al Ministerio Público investigar a los integrantes de la cadena de mando de la Unidad Departamental de Policía N.º 10 (UDEP-10) que se encontraban en funciones cuando ocurrió la muerte de la joven, quien permanecía bajo custodia del Estado.

El fallo representa una nueva resolución judicial en uno de los casos que más indignación provocaron en Honduras por la muerte de una mujer dentro de instalaciones policiales.

Keyla Patricia Martínez era una estudiante de enfermería cuya muerte ocurrió el 6 de febrero de 2021, después de que fuera detenida por una supuesta infracción relacionada con las restricciones de circulación que estaban vigentes durante la pandemia de COVID-19.

La joven fue ingresada en una celda de la Unidad Departamental de Policía N.º 10, ubicada en La Esperanza, Intibucá, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.

La muerte de Martínez bajo custodia estatal también generó cuestionamientos sobre los procedimientos de detención, la vigilancia de las personas privadas de libertad y las obligaciones de las autoridades encargadas de garantizar su integridad física.

El 14 de septiembre de 2023, el expolicía había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de homicidio imprudente, bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, la revisión judicial dio lugar a un nuevo proceso, en el que el tribunal debía examinar nuevamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado conforme a los elementos presentados por las partes.

La repetición del juicio permitió que el caso volviera a una etapa de valoración judicial, con la participación de las partes acusadoras y de la defensa técnica del exagente.

Ministerio Público y acusación privada solicitaron condena por femicidio

Durante el segundo juicio oral y público, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron que Perdomo Sarmiento fuera condenado por femicidio agravado.

Ambas partes sostuvieron su acusación contra el expolicía y lo señalaron como responsable directo de la muerte de Keyla Martínez. Sus conclusiones estuvieron orientadas a que el tribunal adoptara una resolución condenatoria por ese delito.

Por su parte, la defensa técnica del acusado solicitó su absolución durante la etapa de conclusiones, con el propósito de que no se le atribuyera responsabilidad penal por los hechos investigados.

Finalmente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable al exagente por homicidio, una calificación que debe distinguirse del delito de femicidio agravado solicitado por las partes acusadoras.

La resolución representa un nuevo avance en el proceso judicial, aunque la determinación de la pena y las actuaciones posteriores serán relevantes para establecer las consecuencias penales definitivas de la condena.

Ordenan investigar a la cadena de mando policial

Uno de los puntos relevantes del fallo es la instrucción dirigida al Ministerio Público para que investigue a la cadena de mando de la UDEP-10 que estaba en funciones cuando murió la estudiante.

La orden busca que se examinen las posibles responsabilidades de quienes tenían funciones de dirección, supervisión o control en la dependencia policial donde Martínez permanecía detenida.

El hecho de que la joven muriera bajo custodia del Estado coloca en el centro de la investigación las obligaciones de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad y la integridad de las personas detenidas.

La muerte de Keyla Martínez continúa siendo un caso emblemático en Honduras por las exigencias de justicia que generó desde 2021.

Dos taxistas fueron asesinados en ataques armados registrados en hechos diferentes en Honduras, uno en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, y otro en el barrio Arriba de Comayagua, en el departamento homónimo. En este último caso, una mujer que acompañaba al conductor resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital.

Los crímenes movilizaron a agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron las escenas para iniciar las investigaciones y recopilar indicios que permitan identificar a los responsables.

El primero de los hechos ocurrió en un sector de la colonia Universitaria número 2, en la ciudad de Olanchito, Yoro, donde un conductor de taxi fue atacado a disparos mientras se encontraba al volante de su vehículo de trabajo.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ronny Cerrano, quien conducía la unidad de transporte público con registro número 0094. Según los informes iniciales, individuos desconocidos interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador del volante.

Los impactos de bala le provocaron la muerte en el lugar. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, dentro del vehículo comercial que utilizaba para prestar el servicio de transporte.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena, donde establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios balísticos y facilitar las diligencias correspondientes.

Horas después, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se practicarían los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles amenazas previas contra el conductor ni han establecido si el crimen estaría relacionado con su actividad laboral.

Segundo taxista asesinado en menos de 24 horas

En un hecho distinto, un segundo conductor de taxi perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en el barrio Arriba de Comayagua, donde desconocidos lo atacaron con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Elvis Barahona, quien conducía la unidad de taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo.

El ataque se registró en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará, un sector al que se desplazaron los equipos de emergencia y las autoridades policiales tras conocerse el tiroteo.

Durante el atentado, una mujer que acompañaba al conductor también resultó herida por impactos de arma de fuego. La lesionada fue identificada como Alexa García.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para comenzar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Los investigadores deberán establecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y determinar si existen testigos o registros que contribuyan a esclarecer el caso.

Al igual que en Olanchito, las autoridades no han comunicado capturas relacionadas con este hecho ni han confirmado una hipótesis sobre las razones detrás de la agresión armada.

Los asesinatos de ambos taxistas se registraron en escenarios diferentes y, hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación entre los dos casos.

En Olanchito, el conductor murió dentro de su unidad después de ser interceptado por desconocidos, mientras que en Comayagua el ataque dejó como saldo la muerte de Elvis Barahona y una mujer herida.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público (MP), requirió a un ciudadano en la zona norte de Honduras, señalado por presuntamente difundir amenazas de atentados con artefactos explosivos contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

La intervención se produjo después de que las autoridades hondureñas recibieran información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, relacionada con posibles planes de ataques contra puntos considerados estratégicos para la seguridad nacional, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por las instituciones.

Las alertas internacionales indicaban que el sospechoso habría difundido mensajes en los que expresaba su intención de utilizar explosivos.

Entre los posibles objetivos mencionados figuraban puentes e instalaciones portuarias ubicadas en la zona norte del territorio hondureño.

Ante la naturaleza de las amenazas, los equipos especializados iniciaron diligencias para identificar al ciudadano y establecer su ubicación. Una vez localizado, fue requerido y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso investigativo.

Las autoridades buscan determinar el alcance de los mensajes, establecer si existía una planificación concreta para ejecutar los supuestos atentados y esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas.

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones también vinculan al ciudadano requerido con una presunta estructura criminal de alcance transnacional.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el nombre de la organización, el papel que supuestamente desempeñaría el individuo ni los posibles vínculos identificados hasta el momento.

La información disponible tampoco establece si durante las diligencias se localizaron explosivos, materiales para fabricar artefactos o algún otro elemento que confirme la existencia de un plan operativo para atacar la infraestructura señalada.

Estos aspectos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes, que permitirán determinar si las amenazas representaban un riesgo concreto y si existen otros involucrados en los hechos.

El Ministerio Público tendrá a su cargo la evaluación de los elementos recabados para establecer las posibles responsabilidades penales y definir las acciones legales que procedan conforme a la legislación hondureña.

La Secretaría de Seguridad destacó la importancia de la cooperación internacional con las agencias estadounidenses y la coordinación operativa con el Ministerio Público para responder a amenazas que puedan comprometer la seguridad de la población y el funcionamiento de instalaciones esenciales.

Según la institución, la intervención permitió avanzar en la ubicación del ciudadano señalado a partir de la información recibida y activar los procedimientos de investigación correspondientes.

La participación de Interpol en las diligencias también refleja la dimensión internacional que pueden adquirir las investigaciones cuando existen alertas que involucran posibles estructuras criminales con operaciones en distintos países.

Las autoridades hondureñas consideran que el intercambio de información entre organismos de seguridad permite identificar amenazas con mayor rapidez, orientar las investigaciones y facilitar la adopción de medidas preventivas.

La Secretaría de Seguridad señaló que la respuesta oportuna busca prevenir riesgos relacionados con posibles actos de terrorismo y proteger instalaciones esenciales para el país. Sin embargo, no se detallaron medidas específicas adicionales de seguridad implementadas en los puentes o las instalaciones portuarias mencionadas en las alertas.

¿Qué es el Buró Federal de Investigaciones?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal de Estados Unidos que forma parte del Departamento de Justicia y tiene entre sus principales responsabilidades investigar delitos federales, combatir el terrorismo y contrarrestar amenazas relacionadas con la inteligencia extranjera.

La institución también brinda apoyo y servicios de investigación a organismos federales, estatales y locales, además de colaborar con agencias internacionales en casos que requieren cooperación entre países.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron y aseguraron una plantación con aproximadamente 16,000 arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso de Ojo de Agua, en la aldea El Carbón, departamento de Colón, durante un operativo desarrollado este viernes como parte de las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información divulgada por la institución castrense, el cultivo se encontraba distribuido en un terreno de unas tres manzanas de extensión, en una zona montañosa donde se ejecutaron labores de vigilancia y reconocimiento para identificar posibles actividades ilícitas.

El hallazgo se produjo en el marco de las operaciones de apoyo a la Agencia Nacional contra el Crimen, con la participación de equipos tácticos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, que se desplazaron hasta el sector de Ojo de Agua para desarrollar las acciones operativas.

Durante la intervención, los efectivos militares ubicaron los arbustos que, según la información preliminar, corresponderían a una plantación de coca. Posteriormente, procedieron a asegurar el área donde se encontraba el cultivo.

Las autoridades no detallaron en la información divulgada si durante el operativo se registraron capturas, si se identificó a los responsables de la plantación o si se encontraron otros elementos que permitan establecer quiénes estarían detrás de la actividad.

Además de la plantación, los militares encontraron una infraestructura artesanal presuntamente destinada al manejo de insumos relacionados con actividades de narcotráfico, según informó la institución a través de sus redes sociales.

El hallazgo de esta estructura constituye otro de los elementos relevantes de la intervención, debido a que podría estar relacionado con las actividades desarrolladas en el terreno.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no ofrecieron detalles adicionales sobre las características de la instalación, los materiales que se encontraban en su interior ni el posible uso específico que se le daba.

La información oficial se limita a confirmar la localización y el aseguramiento de los aproximadamente 16,000 arbustos, así como de la estructura artesanal encontrada durante las operaciones en el departamento de Colón.

Este tipo de intervenciones forma parte de los esfuerzos de las autoridades hondureñas para identificar terrenos utilizados presuntamente para el cultivo de plantas relacionadas con la producción de drogas y detectar posibles instalaciones asociadas con estas actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas señalaron que mantienen el desarrollo de operaciones estratégicas en diferentes sectores del territorio nacional, con el objetivo de prevenir y combatir actividades ilícitas, desarticular posibles estructuras vinculadas al narcotráfico y fortalecer las condiciones de seguridad para la población hondureña.

La institución militar indicó que continuará ejecutando acciones de vigilancia y control en zonas identificadas como puntos de interés para las autoridades, con la finalidad de localizar cultivos ilícitos y contribuir a su erradicación.

En el caso de la aldea El Carbón, la operación se concentró en un sector montañoso de Ojo de Agua, donde los equipos tácticos encontraron la plantación que abarcaba aproximadamente tres manzanas de terreno.

La extensión del cultivo y la cantidad de arbustos reportados convierten el hallazgo en una intervención relevante dentro de las acciones anunciadas por la institución.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo llevaba establecida la plantación, el terreno no había sido identificado previamente como un posible punto de cultivo de coca. Tampoco se proporcionaron estimaciones sobre la cantidad de producto que podría obtenerse de los arbustos localizados.

Estos datos serán importantes para establecer la dimensión de la actividad detectada y determinar si el lugar estaba vinculado con una estructura de mayor alcance dedicada al narcotráfico.

El Gobierno de Honduras investiga posibles aumentos especulativos en el precio del cartón de huevos y advierte que impondrá sanciones a los responsables si comprueba que los incrementos superan los valores acordados con los productores.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, informó este jueves que las autoridades realizan inspecciones y solicitan documentación para determinar si las variaciones en los precios responden a los costos de producción o a prácticas que afectan a los consumidores.

Ordóñez explicó que la Dirección de Protección al Consumidor solicitó formalmente a los productores de huevos del país sus tablas de costos, con el propósito de comparar los gastos de producción con los precios de comercialización y comprobar si los aumentos tienen una justificación económica.

“Nosotros a todos los productores de huevo del país les solicitamos de manera formal, oficial, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, que nos facilitaran toda la información de su tabla de costos”, manifestó el funcionario.

Según el ministro, esta información es fundamental para establecer si los productores están respetando los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Las autoridades buscan identificar posibles incrementos injustificados sin generalizar los señalamientos a todo el sector.

El funcionario indicó que, aunque se han registrado incrementos progresivos en distintos productos, algunos productores de huevos estarían aplicando aumentos que duplican o triplican los valores acordados con el Gobierno.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Económico envió una solicitud oficial para que los proveedores entregaran sus tablas de costos en un plazo de dos días hábiles. Sin embargo, Ordóñez aseguró que algunos productores no presentaron los documentos requeridos dentro del tiempo establecido.

“O sea, no están respetando los acuerdos con el Gobierno, algunos productores, no todos. Entonces, nosotros enviamos una solicitud formal donde le damos dos días hábiles para que nos facilitaran la información y no nos enviaron la información”, declaró.

La falta de documentación es uno de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer durante las investigaciones. Las tablas de costos y las facturas permitirán determinar si los precios actuales corresponden a los gastos reportados o si existen incrementos por encima de los parámetros acordados.

El ministro aclaró que los señalamientos no involucran a todos los productores, sino a aquellos sobre los que existen indicios de posibles incumplimientos. Por ello, las autoridades deberán verificar cada caso antes de establecer responsabilidades.

Como parte de las acciones, el Gobierno desarrolla operativos de inspección en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Protección al Consumidor y la Policía Militar.

Las intervenciones tienen como objetivo revisar inventarios, verificar facturas relacionadas con los costos y prevenir posibles prácticas de acaparamiento.

Con estas medidas, las instituciones buscan recopilar información que permita comprobar las denuncias y determinar si existen irregularidades en la comercialización de los huevos.

La revisión de inventarios permitirá conocer las existencias disponibles en los establecimientos inspeccionados, mientras que el análisis de las facturas ayudará a contrastar los gastos documentados con los precios cobrados a los consumidores.

La participación de varias instituciones busca reforzar la supervisión y facilitar la identificación de posibles incumplimientos. Los resultados de estas actuaciones serán relevantes para determinar si corresponde iniciar procedimientos sancionatorios contra los responsables.

Ordóñez advirtió que los negocios en los que se compruebe especulación podrían enfrentar multas de hasta 10 mil salarios mínimos. El funcionario sostuvo que las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes cuando las investigaciones permitan establecer que los incrementos superan los parámetros acordados.

Por ahora, el ministro no detalló cuántos establecimientos han sido inspeccionados, cuántos productores omitieron entregar la documentación ni si ya se han impuesto sanciones relacionadas con estas denuncias.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves luego de que la defensa presentara cuatro recursos de recusación contra la magistrada Anny Ochoa, designada como jueza natural para conocer el caso.

Los abogados cuestionaron la imparcialidad de la funcionaria judicial y alegaron posibles conflictos de interés relacionados con su supuesta afiliación política y declaraciones públicas sobre el expediente. Las recusaciones deberán ser analizadas por una Corte de Apelaciones, que determinará si Ochoa continúa al frente del proceso.

El relacionador público de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Salinas, explicó que la jueza natural deberá presentar un informe ante el órgano judicial correspondiente para que se resuelvan los recursos planteados por la defensa.

La suspensión impide, por ahora, que se desarrolle la audiencia en la que los imputados debían comparecer ante la justicia para conocer formalmente los señalamientos en su contra.

Defensa cuestiona imparcialidad de la jueza

El abogado Omar Menjívar expresó su inconformidad con la designación de Ochoa y cuestionó que una jueza a la que atribuye vínculos con el Partido Nacional conozca un expediente relacionado con exintegrantes de la Comisión Permanente, en su mayoría vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre).

La defensa presentó cuatro recursos de recusación antes del inicio de la audiencia. Entre los argumentos expuestos figura un supuesto conflicto de interés por la presunta militancia política de la magistrada, además de señalamientos sobre opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas que, según los abogados, evidenciarían parcialidad.

El diputado de Libre Fabricio Sandoval sostuvo que la afiliación política de Ochoa es de conocimiento público y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial.

Por su parte, el congresista Edgardo Casaña manifestó que el expediente pasará a un Tribunal de Alzada, instancia que deberá examinar los planteamientos y resolver conforme a la legislación hondureña.

La exdiputada Silvia Bessy Ayala también expresó que, a su criterio, la imparcialidad de la jueza está comprometida para conocer el caso.

Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los recurrentes y deberán ser examinados por las autoridades judiciales competentes antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de Ochoa en el expediente.

Doce imputados comparecieron ante la CSJ

Durante la jornada de este jueves, 12 de los 14 imputados se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para someterse a la audiencia de declaración de imputado. Algunos acudieron acompañados de militantes del partido Libre.

Entre quienes no comparecieron figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia hondureña, según la información proporcionada sobre el caso.

Tampoco se presentó Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), contra quien existe una orden de captura.

La audiencia tenía como objetivo avanzar en el procedimiento judicial contra los señalados por presuntas irregularidades relacionadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, la presentación de las recusaciones obligó a detener el proceso hasta que se resuelva si la magistrada puede continuar conociendo la causa.

La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para establecer los siguientes pasos procesales, aunque todavía no se informó una nueva fecha para la audiencia suspendida.

Luis Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La diputada Luz Angélica Smith es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso de Edis Antonio Moncada, exgerente de la ENAG, la acusación comprende tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Los otros señalados son Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga. Todos enfrentan acusaciones por el presunto delito de usurpación de funciones.

La Ley de Justicia Energética comienza a mostrar sus primeros resultados en Honduras. A 30 días de su entrada en vigencia, más de 1,800 abonados reciben el beneficio de condonación de deudas residenciales y otros 200 clientes se han acercado voluntariamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para regularizar sus servicios sin multas ni sanciones.

Los avances fueron presentados por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, desde Casa Presidencial, donde explicó que la normativa busca ordenar las obligaciones pendientes de los usuarios residenciales, comerciales y municipales, además de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del sector eléctrico.

El funcionario detalló que la regularización voluntaria está disponible para clientes con servicios en viviendas y negocios que deseen ponerse al día con sus cuentas.

Para facilitar el procedimiento, la institución habilitó sus oficinas a nivel nacional y canales de atención mediante redes sociales y WhatsApp.

“Ya tenemos más de 200 clientes que se han acercado a la empresa voluntariamente a regularizarse sin multa y sin ningún castigo”, manifestó Peña Panting.

Uno de los principales beneficios de la normativa está dirigido a los usuarios residenciales que mantienen obligaciones pendientes con la ENEE.

Según explicó el gerente de la institución, más de 1,800 abonados ya reciben la condonación de sus deudas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la ley.

El beneficio contempla a los clientes residenciales que mantienen obligaciones pendientes por más de 120 días y cuyo consumo mensual de energía eléctrica es inferior a 250 kilovatios hora.

Los usuarios que cumplen estos requisitos pueden realizar sus gestiones en más de 30 oficinas de atención de la ENEE distribuidas en el territorio nacional, así como mediante los canales digitales habilitados por la institución.

La medida busca ofrecer una alternativa a los hogares que acumularon compromisos económicos por el servicio eléctrico y facilitar que puedan regularizar su situación.

Además de los abonados residenciales, el proceso contempla a empresas grandes y medianas, así como pequeños comercios. Peña Panting explicó que la intención es ordenar las cuentas pendientes de los distintos sectores y facilitar que los usuarios puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Otro de los componentes de la Ley de Justicia Energética está relacionado con las deudas y obligaciones de las municipalidades con la empresa estatal.

El gerente de la ENEE anunció avances en la coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para intervenir inicialmente las cuentas de 215 alcaldías clasificadas en las categorías C y D.

El proceso contempla la instalación y actualización de medidores, como parte de las acciones para mejorar el control del consumo y ordenar los registros de facturación de las municipalidades.

Una vez completada esta etapa, las autoridades prevén continuar con las alcaldías clasificadas en las categorías A y B.

La iniciativa pretende mejorar la administración de los servicios eléctricos municipales y establecer mecanismos que permitan conocer con mayor precisión el consumo de energía y las obligaciones económicas de cada gobierno local.

Peña Panting también destacó el plan de contingencia contemplado en la Ley de Justicia Energética, cuyo objetivo es reducir el impacto de las presiones inflacionarias provenientes de los mercados internacionales de energía y combustibles.

El funcionario explicó que estas medidas buscan evitar que los incrementos de los costos internacionales se trasladen directamente a las tarifas que pagan los usuarios hondureños.

La normativa contempla un período de seis meses durante el cual se pretende preservar la estabilidad tarifaria y financiera, mientras se desarrollan las acciones de reorganización del sector eléctrico.

Este componente adquiere relevancia debido a la exposición de Honduras a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de generación eléctrica y, posteriormente, en las facturas de los consumidores.

Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, calificó la normativa como una transformación de gran alcance para el sector eléctrico hondureño, debido a la dimensión de la infraestructura que administra la ENEE.

El funcionario recordó que la empresa estatal tiene bajo su responsabilidad plantas generadoras distribuidas en diferentes regiones del país, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y aproximadamente 11,000 kilómetros de redes de distribución.

“Significa la transformación más importante en cualquier empresa de Honduras en toda su historia”, declaró Oviedo al referirse al alcance de la reforma.

Como parte de su implementación, informó que ya fue instalado el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico y conformada la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Ley.

Esta última instancia tendrá la responsabilidad de coordinar la hoja de ruta integral, dar seguimiento a las disposiciones establecidas y acompañar el desarrollo de las diferentes medidas contempladas en la normativa.

El proceso contará con el acompañamiento de expertos internacionales y organismos multilaterales de crédito, con el propósito de fortalecer la implementación de los cambios en el sector energético.

El siniestro ocurrió a las 8:54. El AVE llevaba 378 pasajeros registrados por Renfe, mientras que el Iryo transportaba a 174 personas, incluido un bebé, según información de Infobae.

Hugo, que trabaja en la construcción de jardines, se dirigía a Córdoba para supervisar una obra. Había subido al tren y, tras media hora de marcha, la formación se detuvo entre ocho y 10 minutos antes de que el conductor avisara que reanudarían el recorrido.

El sobreviviente contó que se trasladó con un compañero desde el vagón ocho, cercano al conductor, hasta la cafetería situada en el otro extremo del tren. El impacto ocurrió cuando regresaban a sus asientos y atravesaban el quinto vagón.

El impacto y la salida por el cristal de emergencia

El golpe no estuvo precedido por otra advertencia, relató Hugo durante una entrevista exclusiva con HCH. “No escuché nada, solo sentí que volé. Eso es claro, volé como a diez metros y empezó como un terremoto todo. Los asientos del tren arrancándose, gente gritando, gente sin piernas, gente con la cara deshecha”.

Tras el descarrilamiento, aseguró que varias personas cayeron sobre él dentro del vagón. Cuando el tren se detuvo, logró liberarse de los heridos que tenía encima y buscó una forma de salir.

Los martillos destinados a romper los cristales de emergencia no funcionaron, según su relato. “Entonces, entre la adrenalina, nervios y todo, yo he deshecho una mesa, he sacado la pata de la mesa y con eso pude romper el cristal de emergencia, y ahí empezamos a salir todos”.

Hugo señaló que quienes podían moverse abandonaron el tren por esa abertura, mientras que los pasajeros con heridas graves debieron ser rescatados. Al llegar al exterior, describió escenas de personas con amputaciones y lesiones mortales.

El momento que más lo afectó fue ver a su compañero intentar rescatar a una joven que tenía ambos pies cortados. “Y eso no pude yo, por más que quisiera ayudarle, no pude ayudarle, porque no estaba preparado, ya venía con nervios”, dijo.

El hondureño afirmó que, durante los primeros instantes posteriores al choque, temió que otro tren los impactara por detrás o que el vagón se incendiara. Su prioridad, explicó, era salir y que los demás pasajeros también lograran hacerlo.

Hugo consideró que sobrevivió porque se había alejado del lugar donde originalmente debía viajar. El vagón en el que pensaba permanecer quedó devastado tras el impacto.

Hasta la fecha no se conoce datos de centroamericanos fallecidos en el accidente. Sin embargo otros países como Argentina confirmó que una ciudadana del país figura entre los fallecidos y que hay varios heridos. Entre las personas aún buscadas está Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el coche ocho de un AVE de Renfe.

La Guardia Civil recibió 64 denuncias de familiares de posibles víctimas españolas y extranjeras. Para avanzar en la identificación de los desaparecidos, habilitó oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para recopilar información y muestras de ADN.

Italia reportó que nueve de sus ciudadanos residentes en España viajaban en el tren: tres siguen sin ser localizados, cinco resultaron ilesos y uno está hospitalizado. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, pidió crear una unidad de crisis en la embajada para coordinar las gestiones con la Policía y las autoridades sanitarias españolas.

México confirmó un ciudadano desaparecido y siete heridos leves, todos dados de alta. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que su embajada en Madrid activó el protocolo de protección consular y que la desaparición fue notificada a la Guardia Civil de Toledo.

También permanecen sin información Sharona, una ciudadana canadiense, y Alice, estadounidense, quien viajaba con familiares de la primera. Una sobrina relató a ABC: “Viajaba en el tren con la novia de mi primo, con mi primo y con mi tío. Los chicos están bien, pero de mi tía y de Alice, la novia de mi primo, que es estadounidense, por el momento no tenemos noticias”.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que dos ciudadanos japoneses estaban entre los pasajeros, aunque no se informó cuál era su estado. Corea del Sur comunicó varios heridos entre sus nacionales y el presidente Lee Jae Myung indicó que la embajada envió a un cónsul para evaluar la situación, asistir a los afectados y colaborar con su eventual traslado.

La administración de Donald Trump anunció este jueves que restringió visas a más de 15 personas acusadas de organizar, facilitar o promover caravanas migrantes con destino a Estados Unidos. La medida alcanza a individuos que, según el Departamento de Estado, reclutaron y coordinaron grupos que atraviesan Centroamérica y México rumbo a la frontera sur estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que Washington aplicará controles adicionales sobre quienes participen en esas actividades y soliciten una visa. La política también contempla la posibilidad de rechazar o revocar permisos de ingreso al país.

“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El anuncio ocurre en momentos en los que una caravana que partió de Honduras avanza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron la identidad, nacionalidad ni el papel específico de las personas alcanzadas por las restricciones. El anuncio se produjo cinco días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

Controles adicionales para solicitantes de visa vinculados a caravanas

El gobierno estadounidense sostuvo que las investigaciones identificaron a personas que “reclutaron, coordinaron y dirigieron” a grupos numerosos de migrantes durante su trayecto por Centroamérica y México. Según el comunicado, esas acciones tienen como objetivo facilitar el ingreso irregular al territorio estadounidense.

La administración afirmó que está dispuesta a usar su política de restricciones de visa contra quienes organicen, promuevan, respalden o financien caravanas migrantes. También advirtió que los participantes de esos grupos podrían enfrentar un examen adicional si piden autorización para viajar a Estados Unidos.

“Cualquier persona involucrada en facilitar o participar en esa actividad ilegal será considerada para restricciones de visa”, indicó el Departamento de Estado. La dependencia añadió que el cruce no autorizado de la frontera sur puede derivar en arrestos, detenciones, deportaciones y prohibiciones futuras de ingreso.

Una caravana salida de Honduras avanza por el sur de México

La decisión forma parte de la estrategia migratoria de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en 2025 con la promesa de endurecer los controles fronterizos. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han presentado la reducción de los cruces irregulares como uno de los ejes de su gestión.

Una caravana de cerca de 100 migrantes salió el 20 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras, y se encuentra en el estado mexicano de Chiapas. El grupo busca avanzar hacia el norte de México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, según informó la agencia EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional ha difundido imágenes y mensajes sobre el recorrido de la caravana en redes sociales. En una de sus publicaciones, la agencia afirmó que Estados Unidos acumula “17 meses de frontera segura”, una expresión que integra el discurso oficial de la administración sobre la política migratoria.

Las caravanas adquirieron visibilidad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas partieron desde Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida. Desde entonces, se convirtieron en asunto recurrente del debate electoral estadounidense.

La inseguridad preocupa al sector privado hondureño por sus efectos sobre la actividad económica, la inversión y la generación de empleo. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, señaló que tanto las familias como las empresas necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus actividades sin amenazas de grupos criminales.

Gallardo sostuvo que el principal desafío no consiste necesariamente en aumentar las penas, sino en garantizar que las disposiciones vigentes se apliquen de manera efectiva.

“Tal vez a veces no hay que decir que las leyes sean más duras, sino que las leyes se cumplan”, expresó.

La dirigente empresarial indicó que el sector privado está dispuesto a respaldar las medidas dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana y reducir los delitos, con el propósito de que los trabajadores puedan desplazarse a sus empleos y los empresarios operar sin temor a represalias.

La extorsión representa una de las principales preocupaciones para los negocios. Según Gallardo, en algunas zonas los empresarios deben pagar cuotas a grupos delincuenciales para mantener sus establecimientos en funcionamiento.

Más extorsión menos inversión

Esos pagos elevan los costos operativos y reducen los recursos disponibles para invertir, contratar personal o mejorar los servicios. También pueden afectar los precios finales y dificultar la competencia con empresas de otros mercados de la región.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en Honduras un sistema penitenciario similar al impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Gallardo indicó que no conoce a fondo ese modelo y consideró que corresponde a las autoridades evaluar sus resultados y determinar si el país cuenta con las condiciones necesarias para adoptar medidas similares.

La empresaria también se refirió a los cambios relacionados con el sistema penitenciario hondureño y señaló que es necesario examinar si las instalaciones existentes tienen capacidad para aplicar las nuevas disposiciones o si será necesario ampliar y mejorar la infraestructura.

La discusión sobre el sistema carcelario implica evaluar las medidas de seguridad, los recursos humanos, la capacidad de los centros penitenciarios y las condiciones necesarias para que las disposiciones puedan ejecutarse.

Cambio climático y cierre de maquilas

Gallardo advirtió que Honduras enfrenta un crecimiento económico más lento y que factores externos, entre ellos el cambio climático, han afectado la producción, en particular en el sector agrícola.

Ante ese escenario, planteó la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura de riego para reducir las pérdidas de cultivos durante los períodos de sequía y aprovechar mejor el potencial productivo de las tierras hondureñas.

La propuesta busca reducir la dependencia de las lluvias y dar mayor estabilidad a las cosechas, un aspecto relevante para los productores que enfrentan condiciones climáticas cada vez más difíciles.

En el sector textil, la presidenta del Cohep señaló que el cierre de maquilas registrado en los últimos años plantea nuevos desafíos para el empleo y la actividad industrial.

Entre los factores que, a su juicio, deben evaluarse figuran la inseguridad, la seguridad jurídica y la capacidad de Honduras para competir con otros países centroamericanos.

Para el sector privado, mejorar las condiciones de seguridad, fortalecer la infraestructura productiva y ofrecer reglas claras para las empresas son elementos necesarios para sostener la actividad económica y ampliar las oportunidades laborales en Honduras.

Las autoridades penitenciarias de Honduras reubicaron a 1,373 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), en una operación que busca reforzar la seguridad, mejorar los mecanismos de control interno y reducir el hacinamiento en uno de los principales establecimientos carcelarios del país.

El operativo, coordinado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), comenzó a las 6:00 de la mañana.

Los internos fueron trasladados a un módulo recientemente reinaugurado, donde estarán sometidos a vigilancia permanente y no tendrán acceso al sistema eléctrico ni al control de la iluminación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la población penitenciaria movilizada estaba distribuida en dos sectores del centro carcelario. Un total de 286 personas permanecían en el Módulo de Retirados, mientras que otras 1,087 se encontraban en el Módulo de Sentenciados 1.

Ambos grupos fueron trasladados al pabellón que fue objeto de trabajos de remodelación y adecuación antes de recibir a los nuevos ocupantes.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para fortalecer la infraestructura penitenciaria y establecer mayores controles sobre las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

La movilización inició con la llegada de oficiales, suboficiales y personal de las instituciones participantes al Módulo de Retirados, donde se informó a los internos sobre el procedimiento que se desarrollaría durante la jornada.

Desde las primeras horas del día, los equipos responsables ejecutaron las labores de coordinación y organización para realizar el traslado de manera ordenada. El personal penitenciario, militar y policial trabajó de forma conjunta durante las diferentes etapas del operativo.

Las autoridades establecieron un procedimiento de seguridad para movilizar a los reclusos desde sus antiguos espacios de alojamiento hasta las instalaciones habilitadas para recibirlos.

La operación implicó el desplazamiento de más de mil personas, por lo que se requirió la intervención coordinada de los equipos encargados de la seguridad y el control de la población penitenciaria.

El mismo procedimiento se aplicó a sus pertenencias, que también fueron sometidas a revisión antes de autorizar su ingreso al nuevo alojamiento.

La inspección formó parte de las medidas implementadas para reforzar los controles y evitar que artículos prohibidos ingresaran a las instalaciones durante el proceso de reubicación.

Uno de los principales cambios en el módulo reinaugurado está relacionado con el control del sistema eléctrico y de iluminación. Según lo informado por el INP, las personas privadas de libertad no tendrán acceso al sistema eléctrico ni podrán manipular los controles de iluminación.

Además, las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y otros mecanismos de vigilancia, que permitirán mantener un control permanente de las áreas habilitadas para el alojamiento de la población penitenciaria.

Las autoridades indicaron que los reclusos permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta disposición busca reforzar la supervisión de las actividades dentro del módulo y mantener un mayor control sobre los espacios de convivencia.

Según el planteamiento institucional, la habilitación de espacios remodelados permite reorganizar a la población penitenciaria y fortalecer la administración de los establecimientos bajo responsabilidad del INP.

El hacinamiento constituye uno de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario hondureño, debido a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de alojamiento, garantizar la seguridad y asegurar el control de las personas recluidas en los distintos centros del país.

El establecimiento figura entre los principales centros carcelarios de Honduras, por lo que las intervenciones dirigidas a mejorar sus instalaciones forman parte de las medidas anunciadas para reforzar la administración penitenciaria.

El INP señaló que estas acciones responden a las instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura, orientadas al fortalecimiento y la modernización del Sistema Penitenciario Nacional.

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, confirmó este jueves la canciller hondureña, Mireya Agüero, a la agencia EFE.

El encuentro será clave para fortalecer la presencia diplomática del país y comenzar los preparativos para la edición de 2028, cuando Honduras asumirá la organización de esta reunión internacional.

Agüero destacó que la designación de Honduras como sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana representa una oportunidad para recuperar espacios internacionales y mejorar el posicionamiento del país ante la comunidad global.

La canciller explicó que los 22 países miembros del mecanismo iberoamericano respaldaron de manera unánime a Honduras durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

Según la funcionaria, este apoyo constituye una señal de reconocimiento y abre oportunidades para que el país participe activamente en las discusiones internacionales sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales.

Agüero también resaltó la importancia de que Centroamérica fortalezca su cohesión y presente objetivos comunes dentro de la comunidad iberoamericana. Consideró que Honduras puede contribuir a acercar posiciones entre los países en un contexto geopolítico marcado por la influencia de las grandes potencias.

La diplomática defendió el multilateralismo como una herramienta para garantizar que los países pequeños tengan espacios de participación y puedan expresar sus intereses en igualdad de condiciones dentro de los organismos internacionales.

Durante la cumbre, Honduras tiene interés en abordar temas relacionados con la inteligencia artificial, la creación de un gobierno digital y la movilidad académica, explicó Agüero.

En el ámbito tecnológico, el país busca impulsar iniciativas que permitan aprovechar los avances de la inteligencia artificial y fortalecer la modernización de la administración pública mediante herramientas digitales.

Otro asunto relevante será la sequía que afecta al corredor seco hondureño, especialmente en la zona sur. Agüero señaló que este fenómeno también perjudica a Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por lo que representa un desafío compartido que requiere atención regional.

La problemática climática afecta la disponibilidad de agua y las actividades agrícolas, lo que convierte la cooperación entre los países centroamericanos en un componente importante para buscar respuestas a sus consecuencias.

En materia de política exterior, Agüero indicó que Honduras procura mantener un equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

La canciller describió a Estados Unidos como un aliado estratégico tradicional, con el que Honduras mantiene una relación multifacética.

Al mismo tiempo, destacó los vínculos con la Unión Europea, particularmente por las oportunidades de inversión y comercio que ofrece el acuerdo de asociación entre ambas partes.

La funcionaria señaló que el Gobierno ha tratado de equilibrar sus relaciones con ambos actores internacionales, considerando las estrategias impulsadas en el hemisferio occidental y las posibilidades de cooperación económica con Europa.

Como parte de la transición institucional, Mireya Agüero asumirá la próxima semana en Madrid la secretaría pro tempore del mecanismo iberoamericano, con el acompañamiento de España.

La canciller adelantó que comenzará la elaboración de un calendario prospectivo para 2027, con actividades preparatorias que conducirán a la XXXI Cumbre Iberoamericana de 2028.

El proceso permitirá organizar la agenda de trabajo y coordinar las acciones necesarias con los países integrantes del mecanismo antes de la reunión en Honduras.

Aunque todavía no se ha anunciado la ciudad que será sede, la designación representa una oportunidad para que el país fortalezca sus relaciones diplomáticas y promueva asuntos de interés nacional ante los representantes iberoamericanos.

Honduras proyecta enviar 3,200 trabajadores a España entre 2026 y 2027 mediante programas de contratación en el sector agrícola y otras actividades de servicios, informó Juan Carlos Rodríguez, viceministro de la Secretaría de Trabajo, organismo estatal encargado de la intermediación laboral.

De acuerdo con el funcionario, unos 1,200 hondureños viajarán durante 2026 para trabajar en el sector agrícola de Huelva, mientras que para 2027 se prevé seleccionar a otros 2,000 trabajadores. En conjunto, la meta alcanza las 3,200 plazas para el mercado laboral español.

Las oportunidades también comienzan a extenderse a otras ocupaciones. Rodríguez explicó que este año se puso en marcha un programa piloto con 30 hondureños contratados como ayudantes de cocina en España, una experiencia que podría abrir nuevas opciones de empleo.

La Secretaría trabaja en proyectos para colocar entre 200 y 300 trabajadores adicionales en ese sector, aunque su incorporación dependerá del desarrollo de los procesos de contratación.

Los programas de migración laboral incluyen oportunidades en Estados Unidos, donde los puestos de limpieza y mantenimiento de habitaciones —housekeeping, en la jerga del sector— y los empleos como ayudantes de feria registraron crecimiento, según Rodríguez. La meta es enviar alrededor de 400 hondureños a trabajar en ese país durante 2026 mediante estos procesos.

Más destinos laborales

En Canadá, más de 600 hondureños viajan regularmente para acceder a oportunidades laborales. La Secretaría busca aumentar las colocaciones gestionadas directamente por la institución con el objetivo de fortalecer la relación con las empresas contratantes y recuperar su confianza.

Las cifras corresponden a metas y oportunidades anunciadas por el funcionario, no necesariamente a contrataciones ya concretadas.

Junto con el anuncio de nuevas plazas, Rodríguez pidió a los hondureños interesados en trabajar en el exterior verificar la autenticidad de las ofertas antes de entregar documentos personales o iniciar trámites.

Advirtió que algunas personas se aprovechan de la necesidad de empleo para ofrecer contratos falsos, presentar documentación fraudulenta o cobrar dinero por supuestos boletos de avión y trámites relacionados con embajadas.

“Nadie le tiene que pedir dinero por adelantado a usted para un trabajo”, afirmó.

Rodríguez recordó que el proceso de intermediación laboral de la Secretaría de Trabajo es completamente gratuito. Recomendó comprobar directamente con la institución si una oferta es legítima y denunciar cualquier intento de cobro irregular. La advertencia apunta especialmente a las ofertas que prometen salarios atractivos, viajes inmediatos o contratos garantizados.

La recomendación de las autoridades es no pagar anticipos a intermediarios, verificar la identidad de las empresas contratantes y confirmar las condiciones del empleo antes de aceptar una propuesta.

El envío de trabajadores hondureños al extranjero forma parte de una estrategia que comenzó a tomar fuerza en 2017, cuando el país impulsó mecanismos de contratación temporal para facilitar la migración laboral regular.

En 2022, más de 6.200 hondureños viajaron a Estados Unidos, España y Canadá mediante estos programas, según registros publicados entonces.

Recientemente, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabilizó 3.361 beneficiarios entre 2023 y junio de 2026, distribuidos entre España, Estados Unidos y Canadá.

El Congreso de Honduras declaró que el Decreto Legislativo 08-2023, relacionado con la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, no cumplió los requisitos constitucionales para convertirse en una norma válida.

La decisión se produjo después de que se conociera que el documento había sido publicado en La Gaceta el 22 de enero de 2026, casi tres años después de que la entonces presidenta Xiomara Castro lo vetara y lo devolviera al Poder Legislativo.

La normativa había sido aprobada inicialmente el 8 de marzo de 2023. Sin embargo, tras el veto presidencial, el Congreso debía reconsiderar el proyecto y, para ratificarlo, necesitaba el respaldo de al menos dos tercios de sus integrantes, equivalentes a 86 votos, según el procedimiento constitucional señalado por el Legislativo.

Esa ratificación no consta en el expediente, de acuerdo con la resolución aprobada. Por esa razón, el pleno sostuvo que la publicación en el diario oficial no podía sustituir el procedimiento legislativo pendiente ni otorgar validez jurídica al decreto.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que es necesario investigar cómo un documento que había recibido un veto presidencial terminó publicado oficialmente.

Zambrano aclaró que no pretende atribuir responsabilidades anticipadamente, pero consideró necesario establecer qué instituciones intervinieron en el trámite y si se incumplieron las disposiciones constitucionales.

Como parte de la decisión, se dispuso que la Secretaría del Congreso y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) recopilen y remitan al Ministerio Público la documentación relacionada con la tramitación y publicación del decreto.

Qué establecía la ley

Los antecedentes incluyen oficios, comunicaciones, certificaciones y constancias de recepción que permitan reconstruir el recorrido del documento desde su devolución por el Ejecutivo hasta su aparición en La Gaceta.

La eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales deberá determinarse mediante las actuaciones de las autoridades competentes. La declaración del Congreso no constituye por sí misma una sentencia sobre la responsabilidad de alguna persona.

La Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente buscaba incorporar contenidos educativos orientados a prevenir los embarazos durante la adolescencia en el sistema educativo hondureño.

La iniciativa contemplaba la incorporación de información y contenidos pedagógicos adaptados a las distintas etapas escolares, con participación de las autoridades educativas en la elaboración de materiales y su integración en el currículo.

El proyecto generó controversia política desde su aprobación en 2023 y fue vetado por Castro. La discusión actual, sin embargo, se centra en el procedimiento seguido para su publicación, no en una nueva evaluación legislativa de sus contenidos.

El Ministerio Público y la investigación

La remisión de los antecedentes busca esclarecer cómo llegó el decreto a la imprenta oficial y qué actuaciones permitieron su publicación pese al veto presidencial.

El Ministerio Público deberá examinar la documentación y determinar, dentro de sus atribuciones, si existen elementos para iniciar una investigación formal o adoptar otras medidas.

El caso también pone bajo escrutinio el proceso de formación de las leyes en Honduras, en particular la coordinación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la institución responsable de publicar las normas oficiales.

La decisión del Legislativo establece que la publicación del Decreto 08-2023 no cumplió el procedimiento constitucional requerido. La investigación deberá aclarar las circunstancias del caso y determinar si hubo responsabilidades en la tramitación del documento.

El Club Sport Cartaginés escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva al conseguir, por primera vez, la clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, después de eliminar al Olimpia de Honduras en una serie de semifinales que se resolvió la noche del miércoles 28 de octubre en Tegucigalpa.

El conjunto costarricense empató 2-2 en el estadio Nacional Chelato Uclés y aprovechó la victoria 1-0 obtenida en el encuentro de ida, disputado en el estadio José Rafael “Fello” Meza en Costa Rica, para imponerse con un marcador global de 3-2 y asegurar su presencia en la disputa por el título regional.

Bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, los brumosos superaron una de las pruebas más exigentes de la competición. El equipo hondureño llegó al compromiso con la necesidad de remontar la eliminatoria y ejerció una fuerte presión ofensiva, pero los visitantes encontraron la manera de responder en los momentos determinantes.

El partido comenzó con dificultades para los costarricenses. Apenas al minuto 12, el defensor Luis Olivas marcó un autogol después de una acción defensiva que se originó en un despeje defectuoso del guardameta Kevin Briceño, situación que permitió al Olimpia igualar momentáneamente el marcador global.

La anotación encendió las expectativas de los aficionados hondureños, quienes observaron cómo su equipo recuperaba terreno en la búsqueda del boleto a la final.

Sin embargo, Cartaginés consiguió reaccionar antes del descanso. Al minuto 36, Joaquín Alonso Hernández apareció dentro del área para aprovechar un centro de Diego González y enviar el balón al fondo de la portería defendida por Edrick Menjívar.

El empate parcial 1-1 devolvió la tranquilidad al conjunto brumoso y obligó al Olimpia a buscar nuevamente el resultado, en un enfrentamiento que se caracterizó por la intensidad y las constantes llegadas del equipo local.

Cartaginés resistió la presión hondureña y sentenció la clasificación en el cierre

En la segunda mitad, el equipo hondureño volvió a tomar ventaja. Al minuto 52, el delantero Jorge Benguché aprovechó un error defensivo para marcar de cabeza el 2-1, resultado que mantuvo abierta la posibilidad de una remontada.

A partir de ese momento, Olimpia aumentó la presión sobre el área costarricense y buscó aprovechar su condición de local para modificar el resultado de la eliminatoria.

Los dirigidos por Amarini Villatoro debieron concentrar sus esfuerzos en el trabajo defensivo, intentando contener los ataques y aprovechar los espacios que dejaba su rival.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Concacaf, Olimpia contabilizó 19 remates, mientras que Cartaginés realizó únicamente cinco, una diferencia que refleja el dominio ofensivo del conjunto hondureño durante buena parte del compromiso.

No obstante, la efectividad de los costarricenses terminó siendo determinante.

Cuando el encuentro estaba por finalizar y Olimpia buscaba desesperadamente una anotación adicional, Geancarlo Castro apareció al minuto 90+4 para convertir el 2-2 definitivo mediante un remate de derecha desde larga distancia, después de una jugada de contragolpe.

La anotación terminó de asegurar el pase de los brumosos y desató la celebración del equipo costarricense, que consiguió superar una eliminatoria especialmente complicada fuera de casa.

Amarini Villatoro celebra una clasificación histórica

Tras finalizar el compromiso, el entrenador Amarini Villatoro destacó la capacidad de sus jugadores para mantenerse en competencia pese a las dificultades que enfrentaron durante el encuentro.

“Un partido bravo. Supimos sufrir, supimos aguantar y la buscaron por todo lado, pero enfrentaron a un equipo con mucho orden, mucho oficio y jerarquía”, manifestó el estratega en declaraciones recogidas por Teletica.

El director técnico también resaltó el recorrido del conjunto brumoso, que antes de eliminar al Olimpia había dejado fuera al Deportivo Saprissa en los cuartos de final, con un marcador global de 5-4.

“¡Qué torneo el de nosotros! Dejamos en el camino a los dos equipos más ganadores e históricos de Centroamérica”, expresó Villatoro, al referirse a las eliminaciones del Saprissa y del Olimpia.

Además, el entrenador aseguró que el equipo mantiene su ambición de conquistar el campeonato y reconoció que todavía tiene una asignatura pendiente en la competición.

Costa Rica tendrá nuevamente representación en la final

La clasificación del Cartaginés también representa un resultado significativo para el fútbol costarricense.

Según los registros oficiales de Concacaf, el equipo brumoso se convirtió en el segundo club de Costa Rica en alcanzar la final de la Copa Centroamericana, después de la Liga Deportiva Alajuelense.

Con este resultado, Costa Rica es el único país que ha contado con dos clubes diferentes disputando la final desde la creación del torneo en 2023.

Además, Joaquín Alonso Hernández consiguió un registro destacado al convertirse en el segundo futbolista que anota en ambos encuentros de una misma serie de semifinales de esta competición.

Ahora, el Club Sport Cartaginés deberá esperar al ganador de la otra semifinal, disputada entre Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Motagua de Honduras, para conocer a su rival en la final, programada para diciembre de 2026.

El conjunto brumoso buscará completar una campaña histórica con la conquista del campeonato centroamericano, luego de superar a dos clubes de amplia trayectoria en la región.

Para los aficionados cartagineses, la clasificación representa una nueva oportunidad de celebrar un acontecimiento importante en la historia de su institución, que ahora se encuentra a dos partidos de levantar el título de la Copa Centroamericana.

Honduras incorporará a su patrimonio los recursos que permanecían bajo custodia de las autoridades desde hace más de cuatro años, luego de que un juzgado especializado en privación de dominio de bienes de origen ilícito declarara las cantidades en abandono.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), recibió la notificación de la resolución que ordena el comiso definitivo de USD 62.770 y 4.620 lempiras, equivalentes a aproximadamente USD 175, En conjunto, el dinero representa cerca de USD 62.945.

La decisión judicial establece que los recursos pasen a favor del Estado hondureño, después de que el procedimiento de privación de dominio concluyera con la declaración de abandono.

Como parte de las actuaciones, el juez ordenó remitir la documentación correspondiente a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entidad encargada de administrar los bienes sujetos a este tipo de medidas, y dispuso enviar las diligencias al archivo histórico.

Decomiso en el aeropuerto de Palmerola

El caso se remonta al 25 de mayo de 2022, cuando Piedad Córdoba fue requerida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Panamá, con destino final a Colombia.

Durante un control aeroportuario, las autoridades detectaron el dinero en efectivo que transportaba la entonces senadora electa colombiana. El hallazgo dio lugar a un procedimiento de las autoridades aduaneras y migratorias para determinar si se habían cumplido las obligaciones correspondientes a la declaración de divisas y establecer la procedencia de los recursos.

Tras la intervención inicial, el Ministerio Público abrió diligencias investigativas para esclarecer el origen del dinero. La Fiscalía señaló que la procedencia de los fondos no fue justificada documentalmente durante el procedimiento.

Las autoridades hondureñas mantuvieron el dinero bajo resguardo mientras avanzaban las investigaciones, sin que Córdoba permaneciera detenida durante todo el proceso: el caso continuó por la vía administrativa y judicial correspondiente.

El origen del dinero

Durante la controversia de 2022, Córdoba aseguró que el dinero correspondía al pago por un trabajo de asesoría relacionado con inversiones empresariales en Honduras. En declaraciones recogidas entonces por medios de comunicación, afirmó que había recibido el efectivo como remuneración por sus servicios y rechazó que se tratara de dinero ilícito.

Las autoridades hondureñas continuaron con las diligencias para establecer documentalmente la procedencia de las divisas. En enero de 2024, después de conocerse el fallecimiento de la exsenadora, el Ministerio Público informó que el caso seguía abierto y que los recursos permanecían bajo custodia mientras se esperaba una justificación suficiente sobre su origen.

Muerte de Córdoba y cierre patrimonial

Piedad Esneda Córdoba Ruiz falleció el 20 de enero de 2024 en Medellín, Colombia, a los 68 años. Su muerte ocurrió casi dos años después del decomiso en Palmerola y antes de que se resolviera definitivamente el destino del dinero.

El procedimiento de privación de dominio permitió que el juzgado examinara la situación jurídica de los recursos retenidos y determinara su destino patrimonial. La decisión se refiere específicamente al dinero decomisado y no equivale, por sí misma, a una condena penal contra la exsenadora.

La resolución judicial pone fin al procedimiento patrimonial sobre esas cantidades, al declarar su abandono y ordenar que pasen definitivamente al Estado hondureño.

Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal de Honduras introducen cambios en las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales, además de ampliar determinadas facultades de las autoridades durante las investigaciones.

Las disposiciones establecen penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de las organizaciones comprendidas en la normativa, de 20 a 30 años para colaboradores y de 40 años hasta prisión perpetua para cabecillas, dirigentes y financistas, según la conducta y las condiciones legales aplicables.

También se contemplan condenas de 30 a 40 años por elaborar o difundir determinados grafitis vinculados con el dominio territorial de estas estructuras, así como prisión perpetua por asesinar a miembros de los cuerpos de seguridad o del sector justicia por razón de su cargo.

En el ámbito procesal, los cambios permiten realizar determinados allanamientos sin autorización judicial previa en operaciones urgentes contra maras y pandillas, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Los plazos para presentar ante la autoridad judicial a personas detenidas en investigaciones por asociación terrorista, narcotráfico, secuestro y extorsión se amplían de 24 a 48 horas.

Las reformas también restringen las medidas sustitutivas de la prisión preventiva para imputados por asociación terrorista y contemplan su reclusión en módulos de alta o máxima seguridad.

Más control penitenciario

En los centros penitenciarios, se prevé crear una Fuerza Especial Penitenciaria, implementar registros biométricos para reclusos, visitantes, abogados y empleados, y establecer sanciones por el uso de drones para introducir o extraer objetos prohibidos.

Además, se autoriza la eliminación de grafitis asociados con maras y pandillas en propiedades públicas y privadas bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Por su parte, el abogado Alex Navas calificó las medidas cautelares como un asunto complejo, debido a sus implicaciones en los procesos penales y en las condiciones en que los imputados afrontan la justicia.

Las observaciones de los especialistas se centran en la necesidad de establecer límites claros para las actuaciones policiales, garantizar el control judicial y evitar que las nuevas facultades se apliquen fuera de los supuestos previstos por la ley.

Mientras que, el abogado penalista Germán Licona dijo a Infobae que el endurecimiento de las penas debe acompañarse de mayores capacidades institucionales para investigar los delitos y sostener las acusaciones ante los tribunales.

“Para que puedan sumar y tener mejores resultados, necesitamos que se fortalezcan las capacidades institucionales de quienes son responsables de aplicar la justicia en Honduras”, expresó.

Licona destacó la importancia de la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los órganos jurisdiccionales, así como la necesidad de contar con personal capacitado y recursos para desarrollar investigaciones sólidas.

Riesgos constitucionales

El abogado Joaquín Mejía cuestionó que el Congreso Nacional aprobara las reformas pese a las observaciones jurídicas formuladas por la Corte Suprema de Justicia.

A su juicio, ignorar advertencias sobre posibles incompatibilidades constitucionales debilita los mecanismos de control institucional. También alertó sobre el uso de tatuajes, signos y símbolos como indicios de pertenencia a organizaciones criminales.

Mejía recordó las detenciones realizadas durante la aplicación de políticas antimaras en 2003 y afirmó que, en los primeros nueve meses de aquella legislación, 1,072 personas sin vínculos con pandillas fueron detenidas por tener tatuajes y posteriormente liberadas.

El especialista advirtió que las nuevas facultades podrían afectar especialmente a las comunidades de menores recursos si los operativos se concentran en esos sectores.

“Usted no va a ver a policías y militares allanando viviendas en Lomas del Guijarro, por ejemplo. Las va a ver en los barrios populares, lo cual implica una criminalización y una discriminación de la pobreza”, afirmó.

El abogado penalista y especialista en derecho constitucional Luis Romero expresó a Infobae. la preocupación por los cambios relacionados con los horarios y las condiciones para ejecutar allanamientos.

Según su planteamiento, estas facultades deben examinarse frente a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio.

A favor y en contra de las modificaciones

El diputado del Partido Nacional Eder Mejía respaldó las modificaciones y pidió a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos que apliquen las nuevas disposiciones conforme a la ley.

“Con estos cambios penales que hemos hecho, fortalecemos las herramientas de justicia. El llamado es a los organismos de justicia para que actúen de acuerdo con las leyes”, afirmó.

El legislador sostuvo que la coordinación entre los operadores de justicia será determinante para ejecutar acciones contra las estructuras criminales.

Un total de 40 personas detenidas en Honduras bajo la nueva legislación contra estructuras criminales ya cumplen un régimen de máxima seguridad que contempla 23.5 horas diarias de encierro, confirmó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capitán Óscar Padilla.

Los privados de libertad sometidos a estas medidas solo disponen de 30 minutos al día para exponerse al sol y deben permanecer bajo vigilancia permanente.

De acuerdo con el oficial, desde la aprobación de la nueva normativa las autoridades han detenido a 68 personas señaladas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas.

Sin embargo, las 28 restantes todavía esperan avanzar en sus respectivos procesos judiciales antes de quedar sujetas a todas las restricciones contempladas en el régimen.

Padilla explicó que la aplicación de las medidas depende de la situación procesal de cada detenido. Quienes todavía no han pasado por su primera audiencia permanecen a la espera de la correspondiente judicialización de sus casos, por lo que aún no se encuentran sometidos a la totalidad de las disposiciones de máxima seguridad.

La legislación establece condiciones especiales de reclusión para las personas capturadas por su presunta vinculación con organizaciones criminales reconocidas como terroristas.

Entre sus principales disposiciones figura el internamiento en centros penitenciarios de máxima seguridad, con permanencia en áreas de aislamiento incluso mientras se desarrolla el proceso judicial.

En septiembre pasado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una normativa que declaró asociaciones terroristas a la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.

La nueva legislación busca establecer condiciones penitenciarias diferenciadas para quienes sean identificados por las autoridades como integrantes de estas estructuras.

Su aplicación contempla medidas de control, aislamiento y vigilancia destinadas a restringir la movilidad de los reclusos y sus posibilidades de mantener comunicaciones no autorizadas.

La designación de estas agrupaciones como asociaciones terroristas también forma parte de una iniciativa regional denominada Escudo de las Américas, en la que figuran 24 organizaciones transnacionales.

La inclusión de estas estructuras en ese esfuerzo regional amplía el contexto de las medidas adoptadas por las autoridades hondureñas contra las organizaciones criminales.

Hasta ahora, la cifra proporcionada por la PMOP refleja 68 detenciones efectuadas bajo la nueva designación. Las medidas de máxima seguridad incluyen limitaciones a las visitas y aislamiento en celdas individuales.

Las personas privadas de libertad no pueden desplazarse libremente por los centros penitenciarios y deben permanecer en los espacios asignados bajo las condiciones establecidas por la normativa.

El régimen permite el ingreso de abogados, pero sus visitas deben realizarse bajo supervisión de las autoridades penitenciarias. Esta disposición regula el acceso de los defensores a sus representados dentro de las instalaciones de máxima seguridad.

En contraste, la ley prohíbe las visitas conyugales o íntimas para los reclusos sometidos a estas medidas. La restricción forma parte de un conjunto de disposiciones que limita el contacto de los internos con el exterior y establece controles específicos sobre sus actividades dentro de los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, cualquier salida de una celda debe efectuarse bajo escolta de personal de seguridad y en horarios previamente autorizados. Esto impide que los internos se movilicen por su cuenta y somete sus desplazamientos a la supervisión de las autoridades responsables de su custodia.

El régimen de aislamiento también limita el tiempo que los reclusos pueden permanecer fuera de sus celdas.

La normativa contempla, además, vigilancia continua mediante cámaras, sensores y personal de seguridad. Estos mecanismos buscan mantener un control permanente sobre los internos y sus espacios de reclusión.

Tres ciudadanos hondureños fueron capturados por las autoridades policiales al regresar al país en un vuelo de deportados desde Estados Unidos, luego de detectarse que la justicia hondureña los requería por su presunta participación en distintos delitos.

Las operaciones incluyeron seguimiento y consulta en el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), en coordinación con la Oficina de Cumplimiento de la Ley y Operaciones de Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).

A través de esas verificaciones, los investigadores establecieron que los tres hombres tenían órdenes de captura pendientes, emitidas por juzgados hondureños en distintos años y vinculadas a procesos penales por delitos contra la vida y el patrimonio.

El primer ciudadano detenido tiene 40 años, es originario de Puerto Cortés y residía en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

Contra él existía una orden de captura emitida el 22 de marzo de 2022 por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Cortés, por suponerlo responsable del homicidio de José Osman Muñoz. La orden permanecía pendiente hasta que las autoridades lo identificaron durante el procedimiento de retorno al país.

Diversos delitos

El segundo detenido tiene 31 años y es originario y residente del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Las autoridades detallaron que una orden de captura emitida el 11 de enero de 2024 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas lo señalaba como presunto responsable del asesinato de Félix Alexander Ramírez Díaz. El requerimiento fue identificado durante las verificaciones de los investigadores, quienes confirmaron que el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia hondureña.

El tercer ciudadano detenido tiene 38 años y es originario del municipio de Orocuina, Choluteca.

Su orden de captura, la más antigua de las tres identificadas en el operativo fue emitida el 16 de marzo de 2012 por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés. El hombre es señalado como presunto responsable de homicidio simple y robo en perjuicio de Giuseppe Nicolosi Chilabro.

Una vez ejecutadas las capturas, los tres hondureños quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con los procedimientos establecidos en cada caso.

La Policía Nacional indicó que estas acciones forman parte de las labores de investigación y localización de personas con requerimientos judiciales pendientes, incluso cuando se encuentran fuera del territorio hondureño.

Acciones coordinadas

La coordinación entre la DPI, Interpol y las autoridades migratorias y policiales de Estados Unidos permite realizar verificaciones de identidad y antecedentes cuando los deportados llegan a Honduras.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones de investigación y coordinación para ejecutar requerimientos judiciales y contribuir al combate contra la impunidad.

Las órdenes de captura y las detenciones no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de los tres ciudadanos deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, con respeto a las garantías legales y al principio de presunción de inocencia.

Las detenciones fueron realizadas por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante la Oficina Central Nacional de Interpol, como parte de los mecanismos de coordinación entre las autoridades de ambos países.

El Gobierno de Honduras comenzará el próximo 4 de noviembre de 2026 la entrega gradual de las primeras placas vehiculares metálicas, después de varios años de retraso que dejaron una mora superior a 1.1 millones de unidades en todo el país.

El presidente Nasry Asfura acompañó el inicio de la fabricación en Tegucigalpa, donde ya se producen los distintivos con tecnología alemana y mano de obra hondureña capacitada.

La puesta en marcha de la producción busca normalizar el suministro de placas y atender la demanda acumulada entre los propietarios de automóviles y motocicletas.

Durante los últimos años, la escasez obligó a miles de conductores a circular con identificaciones provisionales de papel, luego de que el Instituto de la Propiedad (IP) dejara de suministrar los distintivos metálicos con normalidad.

Según la información divulgada por la Presidencia, la fabricación comenzó el miércoles 28 de octubre en una planta instalada en Tegucigalpa.

El proyecto incorpora tecnología de la empresa alemana Tönnjes, especializada en soluciones de identificación vehicular, y personal hondureño que recibió capacitación para participar en las tareas de producción.

La fabricación forma parte de un contrato entre el Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes, que contempla el suministro de 2.9 millones de placas vehiculares hasta 2030.

El proyecto busca garantizar el abastecimiento de los distintivos metálicos durante los próximos años y reducir el rezago que afecta a los conductores hondureños. Además, la operación genera empleos directos e indirectos relacionados con la producción y el funcionamiento de la planta.

La mora superior a 1.1 millones de placas representa uno de los principales desafíos para las autoridades, que deberán mantener un ritmo de fabricación y distribución suficiente para atender las solicitudes pendientes.

Aunque el inicio de las operaciones marca un avance en la producción nacional, la información divulgada no precisa cuántas placas se fabricarán diariamente ni cuánto tiempo tomará entregar todas las unidades acumuladas.

El cumplimiento de los objetivos dependerá de la capacidad productiva y de la organización del proceso de distribución. La entrega será gradual y ordenada, con el propósito de atender a los propietarios que todavía utilizan placas provisionales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado el calendario que determinará qué vehículos recibirán primero las nuevas identificaciones.

Tampoco se han especificado los puntos de entrega, los requisitos que deberán cumplir los propietarios ni el procedimiento para retirar las placas.

La publicación de estas instrucciones será importante para que los conductores conozcan cuándo les corresponde recibir sus distintivos y cómo deberán realizar el trámite.

La mora acumulada hace necesario organizar la distribución para atender a los propietarios sin generar confusión sobre las fechas y los mecanismos de entrega.

La escasez de placas metálicas comenzó a afectar a los conductores desde 2023, cuando el Instituto de la Propiedad dejó de suministrarlas con normalidad y recurrió a permisos temporales de circulación.

Desde entonces, miles de propietarios han tenido que utilizar identificaciones provisionales mientras esperan la entrega de los distintivos definitivos.

Con el inicio de la fabricación en Tegucigalpa, el Gobierno busca avanzar hacia la normalización del suministro y responder a una demanda que permaneció pendiente durante varios años.

Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles en Siguatepeque, Honduras, por suponerlo responsable del delito de maltrato animal, luego de que agentes de la Policía Nacional encontraran restos de perros en el patio de su vivienda, donde también funcionaba un negocio de venta de comida.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre los restos hallados y los alimentos comercializados en el establecimiento.

La captura se ejecutó durante un allanamiento realizado después de que vecinos alertaran sobre fuertes olores a descomposición que provenían del inmueble. Las denuncias motivaron la intervención policial para inspeccionar el lugar y verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Durante el operativo, los agentes localizaron osamentas de caninos y tres perros con vida que presentaban condiciones deplorables de salud, según el reporte de las autoridades.

Los hallazgos llevaron a los investigadores a examinar el posible origen de los restos y las actividades que se desarrollaban en el negocio de comida.

El caso tomó mayor relevancia ante las sospechas de que el detenido presuntamente utilizaba carne de perro para preparar tacos que luego eran vendidos al público.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía deben determinar si los restos encontrados guardan relación con los alimentos que se comercializaban en el establecimiento.

«Queremos descartar o afirmar que la carne de estos caninos estaba siendo utilizada en esta venta de comida», explicó un funcionario policial al referirse a las diligencias que se desarrollan para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades también buscan esclarecer las condiciones en las que permanecían los tres perros encontrados con vida. El reporte policial indica que los animales estaban en un estado de salud deplorable, una situación que forma parte de las diligencias relacionadas con el presunto delito de maltrato animal.

La intervención policial se produjo después de que residentes de la zona reportaran fuertes olores a descomposición procedentes de la vivienda.

Las denuncias alertaron a las autoridades sobre una posible situación irregular en el inmueble, que además de servir como residencia al sospechoso albergaba un establecimiento de venta de comida.

A partir de esos avisos, los agentes realizaron el allanamiento y encontraron los restos de animales, así como a los tres perros que aún permanecían vivos. Los hallazgos ampliaron las líneas de investigación y llevaron a las autoridades a indagar tanto las condiciones de los caninos como el posible uso de los restos.

El caso también plantea interrogantes sobre las actividades que se realizaban en el establecimiento y las condiciones sanitarias en las que se preparaban los alimentos.

Sin embargo, cualquier conclusión sobre una eventual contaminación o sobre el origen de la carne comercializada deberá sustentarse en los resultados de las investigaciones, sin dar por confirmadas las sospechas iniciales.

Las autoridades no han informado, en los datos proporcionados sobre el caso, de resultados concluyentes que vinculen directamente los restos encontrados con los tacos vendidos en el lugar.

El hombre detenido tiene 31 años, es originario de Tegucigalpa y residía en Siguatepeque, donde se desarrolló el operativo policial. Tras su captura, fue remitido al Ministerio Público, señalado como presunto responsable del delito de maltrato animal.

El pago de salarios atrasados a médicos en Honduras registra un avance del 40% en la revisión de expedientes de interinatos, con 182 casos evaluados de un total de 337, informó este miércoles Douglas Carranza, representante del Colegio Médico de Honduras (CMH).

El proceso también permitió nuevos desembolsos a profesionales contratados, aunque 69 de estos trabajadores todavía esperan recibir sus pagos pendientes.

Carranza explicó que durante las últimas horas se revisaron 111 expedientes, de los cuales 76 correspondían a médicos que laboraron bajo la modalidad de interinato. Estos casos se sumaron a los 106 examinados el lunes, primer día de las revisiones, para alcanzar 182 expedientes evaluados.

“De estos 111 casos, 76 eran de interinatos. Recordemos que el primer día se revisaron 106 de interinatos, o sea que se han revisado 182 de interinatos de los 337 que tenían”, detalló el representante gremial.

Los avances se producen después de las reuniones y acuerdos entre el gremio médico y las autoridades gubernamentales para resolver las obligaciones salariales pendientes con los profesionales de la salud.

Sin embargo, el proceso todavía requiere revisar los expedientes restantes y gestionar los conceptos económicos que aún no han sido cancelados.

Carranza precisó que, entre los casos revisados durante la jornada más reciente, 50 médicos recibieron pagos parciales y otros 26 obtuvieron el pago completo.

Estas cifras corresponden a los expedientes de interinatos examinados y reflejan que la solución de los atrasos se está realizando de manera diferenciada según la situación de cada profesional.

Además, el representante del CMH confirmó que otros 35 médicos contratados recibieron el pago de salarios que tenían pendientes.

No obstante, indicó que 69 profesionales contratados continúan a la espera de sus desembolsos, por lo que las gestiones con las autoridades deberán mantenerse hasta completar la atención de los casos identificados.

Carranza señaló que también existen expedientes de médicos cuyos casos no habían sido identificados o procesados inicialmente, por lo que las autoridades esperan avanzar durante la semana en la revisión de esas situaciones.

“Fue un pacto que hicimos y son médicos que se les tendrá que gestionar sus pagos posteriormente”, afirmó el representante del Colegio Médico al referirse a los profesionales cuyos desembolsos todavía deben tramitarse.

Aunque las revisiones y los pagos han permitido reducir parte de los atrasos, Carranza señaló que todavía quedan pendientes algunos componentes económicos, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal.

El representante gremial indicó que la expectativa es continuar avanzando durante la semana, especialmente en los expedientes que todavía no han sido identificados o procesados.

La cantidad de expedientes revisados no significa que todos hayan concluido con el pago total, puesto que algunos profesionales recibieron desembolsos parciales y otros continúan a la espera de que se completen las gestiones administrativas.

Por ello, el proceso combina la evaluación de documentos con la ejecución de los pagos que corresponden a cada caso.

Carranza atribuyó los avances al diálogo entre el Colegio Médico y el Gobierno, así como a las reuniones ampliadas que permitieron abordar las obligaciones pendientes con los trabajadores del sector sanitario.

El representante agradeció la disposición del ministro de Salud para participar en las gestiones orientadas a resolver el problema. Sin embargo, aclaró que la solución no dependía únicamente de esa cartera, sino también de la participación y coordinación de otras secretarías involucradas en el proceso.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Sesal) informó que durante los primeros dos días se revisaron 217 expedientes de médicos interinos, equivalentes al 46% de los casos pendientes que reportaba esa institución.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó el marco legal de Honduras para destituir a jueces, magistrados y fiscales, al advertir que las causales amplias y las garantías procesales insuficientes pueden facilitar decisiones discrecionales y presiones políticas sobre quienes administran justicia.

La relatora señaló que los procedimientos de responsabilidad política deben garantizar el debido proceso, la imparcialidad de quienes investigan y deciden, el acceso de los afectados a las acusaciones y la posibilidad de refutarlas.

También destacó la importancia de contar con mecanismos efectivos de revisión independiente cuando corresponda.

La comunicación examina la compatibilidad del artículo 234 de la Constitución hondureña y la Ley Especial de Destitución, contenida en el Decreto 51-2013, con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Uno de los principales cuestionamientos es la concentración de funciones de investigación, enjuiciamiento y resolución en el Congreso Nacional, sin garantías suficientes de revisión judicial independiente.

La relatora advierte que estos procedimientos deben ajustarse a las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El documento también hace referencia al contexto político reciente. Según la comunicación, las elecciones de 2025 se celebraron en un ambiente de alta tensión y desconfianza.

Además, señala que, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno encabezado por el Partido Nacional, se produjeron destituciones de altos cargos judiciales y electorales percibidos como vinculados con la administración anterior.

Las preocupaciones de Naciones Unidas tienen antecedentes en decisiones examinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.

El 29 de noviembre de 2023, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado hondureño por la destitución arbitraria e ilegal de los magistrados en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras.

La sentencia ordenó adecuar el marco jurídico pertinente a los estándares internacionales, una obligación que la comunicación de la relatora señala como pendiente de cumplimiento.

Otro precedente se remonta a las destituciones de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Tirza del Carmen Flores Lanza, después del golpe de Estado de 2009.

En 2015, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado en el caso López Lone y otros vs. Honduras, por violaciones de derechos humanos relacionadas con las medidas adoptadas contra estos integrantes de la judicatura.

Satterthwaite advierte que las amenazas de destitución y los procedimientos de responsabilidad pueden generar un efecto intimidatorio sobre jueces, fiscales y otros operadores de justicia, especialmente cuando se perciben como represalias por sus decisiones profesionales.

Los desacuerdos con las resoluciones judiciales deben tramitarse, por regla general, mediante los recursos previstos en la ley, en lugar de recurrir a procedimientos disciplinarios o políticos para castigar interpretaciones jurídicas realizadas de buena fe.

La advertencia cobra relevancia en un escenario marcado por el endurecimiento de la legislación penal y procesal. La independencia judicial es determinante para revisar la legalidad de las detenciones, valorar las pruebas, controlar los allanamientos y garantizar que las personas procesadas puedan ejercer su derecho a la defensa.

También pregunta qué medidas impiden que la responsabilidad política se utilice como instrumento de intimidación o represalia.

La relatora aclara que los mecanismos de rendición de cuentas no son incompatibles por sí mismos con la independencia judicial. El riesgo aparece cuando carecen de criterios objetivos, garantías procesales y protección frente a la injerencia política.

La Embajada de Honduras en España inició gestiones con las autoridades de ese país para determinar si hay ciudadanos hondureños entre las personas fallecidas o heridas en el reciente accidente ferroviario, informó la embajadora Ana Paola Hall, quien confirmó que hasta el momento no existe información oficial que reporte connacionales afectados.

Durante una entrevista, la diplomática explicó que la sección consular de la representación hondureña en Madrid comenzó las consultas correspondientes para conocer la nacionalidad de las víctimas y verificar si algún compatriota figura entre las personas afectadas por el siniestro.

“Hasta ahora, después de las gestiones que ya inició la sección consular de aquí de Madrid adscrita a esta embajada, no se ha recibido confirmación de que existan víctimas ni heridos de nacionalidad hondureña”, manifestó Hall.

La embajadora aclaró que la ausencia de confirmación oficial hasta el momento no significa que las consultas hayan concluido. Por el contrario, la representación diplomática mantiene seguimiento del caso mientras espera información de las autoridades españolas competentes.

La verificación de posibles víctimas extranjeras forma parte de las gestiones consulares que se realizan ante emergencias de esta naturaleza, especialmente para establecer si hay ciudadanos hondureños que requieran asistencia o cuyos familiares necesiten información sobre su situación.

Hall señaló que la misión diplomática continuará en contacto con las instituciones correspondientes para conocer cualquier actualización sobre el accidente y determinar si existen hondureños entre las personas fallecidas, heridas o afectadas.

“Nos mantenemos, sin embargo, en contacto con las autoridades y pendientes de cualquier otra información”, expresó la funcionaria.

La embajadora también indicó que la información que se comunique sobre posibles ciudadanos hondureños deberá ser oficial, verificada y segura, con el propósito de evitar la difusión de datos incorrectos durante el desarrollo de las investigaciones y las labores de identificación.

En ese sentido, explicó que cualquier actualización será divulgada por los canales correspondientes y con respeto a las disposiciones sobre protección de datos personales. La embajada no proporcionará información que no haya sido confirmada por las autoridades competentes.

La representación hondureña mantiene así las consultas abiertas mientras se espera conocer más detalles sobre las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Hasta la información compartida por Hall, no se había recibido confirmación de víctimas ni heridos de nacionalidad hondureña.

Además de las gestiones consulares, Hall manifestó la solidaridad de Honduras con las familias de las personas que perdieron la vida y expresó sus deseos de recuperación para quienes resultaron heridos.

“Como embajada realmente nos solidarizamos y queremos expresar nuestras sinceras condolencias a todas las familias de las personas que han fallecido y deseamos que las personas que se encuentran heridas puedan tener una recuperación pronta y efectiva”, declaró.

La funcionaria no reportó nombres ni cifras de posibles connacionales involucrados, debido a que, según explicó, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre víctimas o heridos hondureños.

La misión diplomática continuará pendiente de los reportes que emitan las autoridades españolas para actualizar la información y determinar si será necesario brindar asistencia consular a algún compatriota.

Como parte de las acciones de atención, la Embajada de Honduras en España puso a disposición líneas telefónicas y correos electrónicos oficiales para recibir consultas de familiares que tengan inquietudes sobre ciudadanos hondureños que pudieran estar relacionados con el accidente.

Hall explicó que estos canales permitirán a las personas interesadas comunicarse con la representación diplomática y canalizar información mientras la sección consular continúa las gestiones de verificación.

El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, habilitó la línea telefónica 8791-2158 para que integrantes de maras, pandillas y del Cártel del Diablo puedan entregarse voluntariamente a las autoridades y someterse a la justicia.

La iniciativa busca establecer un canal directo para quienes decidan abandonar estas organizaciones criminales, en medio del endurecimiento de las medidas legales contra la delincuencia organizada.

Durante la presentación de la medida, Oseguera Mass lanzó una advertencia a los integrantes de estas estructuras: «Entréguense o serán perseguidos».

El jefe policial señaló que personal especializado en el tratamiento de testigos atenderá las llamadas de quienes estén interesados en coordinar su entrega.

La institución busca facilitar el contacto con las autoridades y ofrecer una vía para que los miembros de estas organizaciones se presenten ante la justicia.

La habilitación del número telefónico se produce en un contexto de mayor presión policial y de nuevas disposiciones legales orientadas a endurecer las sanciones contra las estructuras criminales que operan en el país.

«Es el número al que pueden llamar. Personal especializado en tratamiento de testigos les va a atender», reiteró el director policial durante el anuncio.

La advertencia de Oseguera Mass combina la posibilidad de una entrega voluntaria con el mensaje de que los operativos de búsqueda y captura continuarán contra quienes permanezcan en estas organizaciones.

La Policía Nacional mantiene acciones a escala nacional para localizar a sus integrantes.

Las reformas recientes al Código Penal hondureño endurecieron las sanciones para los grupos criminales catalogados como terroristas.

Según la información proporcionada sobre la normativa vigente, los integrantes de estas estructuras pueden enfrentar penas de entre 30 y 40 años de prisión, mientras que para los cabecillas se contemplan condenas de 40 años hasta cadena perpetua.

Estas disposiciones forman parte de las medidas con las que las autoridades buscan combatir las maras, pandillas y otras organizaciones criminales.

La aplicación de las sanciones corresponde a los procedimientos judiciales establecidos en la legislación hondureña.

Además de las reformas penales, el Congreso Nacional aprobó un régimen penitenciario especial para los integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas.

La disposición quedó establecida en el Decreto 208-2026 y contempla condiciones de reclusión más restrictivas en los centros de máxima seguridad.

Los traslados fuera de las celdas deberán realizarse bajo escolta permanente y conforme a horarios establecidos por las autoridades penitenciarias.

También se contempla vigilancia reforzada mediante cámaras y sensores, además de requisas diarias para controlar las condiciones de seguridad dentro de los recintos.

Las nuevas disposiciones establecen limitaciones al acceso de dispositivos electrónicos y artículos procedentes del exterior. Los reclusos no podrán utilizar teléfonos, computadoras, televisores ni radios, y tampoco podrán recibir dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos o bebidas de personas externas.

En cuanto a las visitas, el régimen limita el ingreso de los abogados defensores a una visita semanal.

Los familiares necesitarán permisos especiales y no podrán mantener contacto físico durante los encuentros. Asimismo, la normativa prohíbe las visitas conyugales.

Las comunicaciones telefónicas quedarán restringidas a una llamada mensual de diez minutos, grabada y dirigida a números previamente autorizados. La correspondencia enviada y recibida también estará sujeta a revisión por parte de las autoridades penitenciarias.

Las condiciones de movilidad dentro de los centros serán igualmente limitadas. Los internos dispondrán de treinta minutos diarios de ejercicio en los pasillos de sus módulos, mientras que el tiempo de permanencia en los patios no podrá superar una hora semanal.

El personal penitenciario exigirá el uso permanente de un uniforme especial y las comparecencias judiciales se desarrollarán mediante videoconferencias, con el propósito de evitar traslados fuera de los recintos carcelarios.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó ante una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) los avances de su plataforma tecnológica para identificar a los beneficiarios finales de estructuras corporativas. La visita forma parte de la sexta y última revisión del programa económico vigente, que comenzó el 20 de octubre y concluirá el 2 de noviembre de 2026.

El Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) busca facilitar el acceso a información sobre las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra entidad jurídica. Su utilidad radica en contribuir a que las autoridades detecten estructuras empresariales utilizadas para ocultar recursos ilícitos, evadir controles o dificultar la identificación de los responsables de determinadas operaciones.

Durante la presentación, la CNBS expuso los procedimientos de inscripción, actualización y consulta de datos, además de los mecanismos de validación, seguridad y control implementados para proteger la integridad de la información.

La demostración permitió a los representantes del FMI conocer el funcionamiento operativo del RCBF, así como los procesos establecidos para mantener actualizados los datos y facilitar su consulta. Según la CNBS, los representantes del organismo valoraron positivamente el funcionamiento de la plataforma y los avances logrados durante su implementación.

FMI y la revisión del mecanismo

La efectividad del registro también depende de la calidad de los datos, su actualización periódica, los mecanismos para verificar la información declarada y la capacidad de las instituciones competentes para utilizarla en sus investigaciones.

La identificación de los beneficiarios finales es relevante porque las estructuras corporativas pueden involucrar varias empresas, intermediarios o entidades jurídicas, lo que en algunos casos dificulta establecer quién ejerce el control efectivo o recibe los beneficios económicos.

Conocer esa información puede ayudar a fortalecer la supervisión financiera y las investigaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.

Evaluación del GAFILAT

La CNBS presenta el programa como parte de los esfuerzos nacionales para avanzar en transparencia corporativa y mejorar los mecanismos de prevención de operaciones ilícitas.

La iniciativa también se vincula con la preparación del país para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional que examina los sistemas de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, incluidos el marco legal, la supervisión, la aplicación de controles y los resultados obtenidos por las autoridades.

En ese contexto, contar con un registro centralizado puede facilitar la identificación de los propietarios y controladores efectivos de empresas, siempre que la información sea precisa, verificable y accesible para las instituciones autorizadas conforme a la legislación aplicable.

El desafío para Honduras consiste en convertir las herramientas tecnológicas en resultados concretos: mantener información confiable, detectar inconsistencias, establecer responsabilidades por datos incorrectos y garantizar que las autoridades utilicen los registros de forma oportuna.

La delegación mantiene reuniones con funcionarios del Gabinete Económico, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, el Banco Central de Honduras y representantes del sector privado, incluido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En las instancias estratégicas de la misión participa el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

La revisión final representa un punto relevante para evaluar los compromisos y avances asociados al acuerdo. No obstante, la presentación de la plataforma de beneficiarios finales es uno de los componentes de la agenda institucional y no implica, por sí misma, que el FMI haya emitido una conclusión definitiva sobre el resultado global de la revisión.

Anthony “Choco” Lozano reveló que mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella, su excompañero en el Barcelona B, y destacó la sencillez del lateral español pese a su consolidación en el fútbol europeo y su presente en el Real Madrid.

El delantero hondureño le escribió para felicitarlo después de la conquista mundial de España en 2023. Cucurella respondió con la misma cercanía que mantenía durante su paso por las categorías formativas del club catalán.

La conversación fue relatada por Lozano durante una charla con el periodista Gustavo Roca, del canal de YouTube Gustavo Roca Gol. El atacante explicó que no habla regularmente con el defensor, pero intercambian mensajes a través de redes sociales.

El vínculo surgido en el Barcelona B

Lozano aclaró que no tiene agregado a Cucurella en WhatsApp, aunque puede comunicarse con él por otras plataformas. También señaló que el español lo identifica como uno de los futbolistas con los que compartió vestuario durante su etapa de formación.

El delantero valoró que Cucurella conserve una actitud sencilla a pesar del nivel que alcanzó en el fútbol internacional. Ambos coincidieron en el Barcelona B antes de que el lateral continuara su carrera en el fútbol europeo.

La experiencia en el club azulgrana también le permitió a Lozano entrenar con el primer equipo. El hondureño contó que llegó a las instalaciones para trabajar con el filial y encontró su nombre entre los jugadores convocados para la práctica con los mayores.

El entrenamiento con las figuras del primer equipo

La noticia le provocó alegría, aunque recordó que debía concentrarse en el trabajo y dejar de lado la admiración por las figuras del plantel. Esa oportunidad fue una de las experiencias que más recuerda de su recorrido en España.

Lozano destacó la estructura del Barcelona para desarrollar a sus jóvenes desde las divisiones inferiores. Según explicó, la filosofía de juego se sostiene desde La Masía hasta el primer equipo, con prioridad en la circulación del balón y la salida desde el fondo.

Choco Lozano confirmó contactos con Motagua, pero descartó su llegada

El delantero hondureño Antony “Choco” Lozano confirmó que Motagua se comunicó con él durante el último mercado de fichajes a través de Emilio Izaguirre, aunque descartó la posibilidad de incorporarse al club.

Lozano, exjugador de Olimpia, afirmó que mantiene una buena relación con Izaguirre y que respondió al contacto con respeto, pero no avanzó en una negociación para jugar en el equipo azul.

“Con Emilio tengo una buena relación. Si me escribió, hablé con él, estuvimos en contacto, con mucho respeto. A los equipos que me escriben les contesto con toda la buena voluntad y soy muy sincero con ellos. Se les agradece”, declaró en una entrevista con Roca Gol.

Motagua buscaba alternativas para reforzar su ataque y finalmente optó por el costarricense Jonathan Moya. Lozano, de 33 años, continúa como agente libre tras recuperarse de una lesión de rodilla que lo marginó durante gran parte de la temporada 2025-2026.

El atacante entrenó algunos días con Olimpia y no descartó un eventual regreso al club, aunque su prioridad es retomar su carrera en el extranjero a partir de enero.

La Comisión Liquidadora del Gobierno acudió este miércoles al Ministerio Público para formalizar una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción detectados en al menos 25 instituciones públicas durante la gestión gubernamental anterior, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos y establezcan las posibles responsabilidades conforme a la legislación hondureña.

La acción busca que las autoridades fiscales examinen las presuntas irregularidades identificadas en distintas dependencias estatales y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar las investigaciones.

El abogado Leonel Núñez, quien encabeza la Comisión Liquidadora, afirmó que durante las revisiones se encontraron indicios de posibles anomalías relacionadas con el manejo de los recursos públicos, entre ellas fondos cuya utilización no habría sido debidamente aclarada.

Según explicó, entre los hechos que consideran necesario investigar figuran presuntas operaciones de malversación, utilización de dinero público para actividades vinculadas con campañas políticas y transferencias de recursos sobre las cuales, aseguró, todavía no se tiene claridad respecto de sus destinatarios o del uso que finalmente recibieron.

Núñez sostuvo que la documentación presentada permitirá poner estos señalamientos en conocimiento de los órganos responsables de investigar posibles delitos contra la administración pública.

Irregularidades en 25 instituciones

De acuerdo con el titular de la Comisión Liquidadora, las presuntas anomalías abarcan al menos 25 instituciones públicas, entre ellas dependencias y programas como la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.

El funcionario indicó que los hallazgos no se limitan a una sola entidad, sino que comprenden diferentes áreas de la administración estatal. Por ello, consideró necesario que las investigaciones permitan establecer cómo se ejecutaron los presupuestos, quiénes autorizaron los gastos y cuál fue el destino de los fondos cuestionados.

La revisión de estas operaciones también podría contribuir a identificar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión y control del gasto público, siempre que las autoridades investigadoras logren documentar las irregularidades señaladas y establecer los hechos de manera verificable.

Hasta el momento, las declaraciones de Núñez no incluyen un desglose completo de los montos presuntamente comprometidos, ni una relación detallada de cada operación cuestionada o de las personas que podrían estar vinculadas con los hechos denunciados.

Perjuicio económico

Uno de los puntos destacados por el presidente de la Comisión Liquidadora es la dimensión económica de las presuntas irregularidades. Núñez manifestó que la cantidad de recursos que habría sido objeto de un manejo irregular es considerable, aunque evitó precisar una cifra global.

Explicó que corresponde a los organismos contralores y a las autoridades encargadas de la investigación establecer el monto exacto de los fondos involucrados, determinar si hubo perjuicio económico para el Estado y cuantificar los recursos cuyo uso no haya podido justificarse.

La ausencia de una cifra consolidada impide, por ahora, dimensionar con precisión el posible impacto financiero de los hechos denunciados. Para establecerlo será necesario examinar contratos, órdenes de pago, registros presupuestarios, informes de ejecución y otros documentos que permitan reconstruir las operaciones señaladas.

Además de la eventual identificación de perjuicios económicos, las investigaciones deberán determinar si las transacciones cuestionadas contaban con respaldo legal, si los servicios o productos contratados fueron efectivamente recibidos y si los recursos públicos se utilizaron para los fines autorizados.

Pagos a ciudadano venezolano

Núñez también se refirió a contrataciones de ciudadanos extranjeros realizadas durante la administración anterior, las cuales, según afirmó, deben ser objeto de revisión.

Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano venezolano que, de acuerdo con sus declaraciones, habría recibido más de 150 millones de lempiras, equivalentes aproximadamente a USD 5,7 millones.

El señalamiento abre interrogantes sobre la naturaleza de la contratación, los servicios que habrían sido prestados, las condiciones económicas acordadas y los mecanismos utilizados para autorizar los desembolsos.

Los señalamientos presentados ante el Ministerio Público se suman a actuaciones que, según la información proporcionada, la Comisión Liquidadora ya había promovido ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de que se examinaran presuntas irregularidades atribuidas a anteriores autoridades de distintas dependencias gubernamentales.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula anunció que apelará el sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres agentes de la Dirección Antiextorsión y Antisecuestros (DAET), acusados de tráfico de drogas agravado. El punto central del recurso es la validez del allanamiento en el que se obtuvieron las pruebas del caso.

El caso involucra a miembros de una unidad policial especializada en combatir la extorsión y las asociaciones terroristas, imputados por suponerlos responsables de tráfico de drogas agravado. A uno de ellos también se le atribuía tenencia de munición prohibida.

La FESCCO considera necesario someter a revisión los argumentos jurídicos utilizados por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para cerrar el proceso.

Fiscalía cuestiona la nulidad

El principal punto de desacuerdo entre el Ministerio Público y la resolución judicial es el allanamiento practicado en una vivienda que, según la investigación fiscal, era utilizada como casa de seguridad por agentes de la DAET.

En ese inmueble fueron decomisadas las pruebas que dieron origen al requerimiento fiscal contra los policías. El juzgado, sin embargo, declaró la nulidad de la diligencia, decisión que la Fiscalía busca revertir mediante los mecanismos de impugnación establecidos en la legislación hondureña.

El ente acusador argumenta que el allanamiento fue autorizado por un juez competente y que el ingreso al inmueble se realizó dentro del horario permitido por la ley. Sobre esa base, sostiene que una instancia superior debe examinar las circunstancias en que se ejecutó el procedimiento y los fundamentos jurídicos que llevaron a invalidarlo.

La apelación busca que un órgano judicial superior determine si corresponde mantener o modificar la decisión adoptada. Hasta que exista una resolución, los argumentos de la Fiscalía constituyen la posición de una de las partes, no una conclusión definitiva sobre la legalidad del procedimiento.

Con el recurso anunciado, el Ministerio Público pretende que una instancia superior examine la decisión de declarar nulo el allanamiento y excluir las pruebas obtenidas en la vivienda investigada.

La revisión deberá centrarse en los cuestionamientos planteados por la Fiscalía y en los fundamentos de la resolución impugnada, de acuerdo con el alcance del recurso que finalmente se presente y las reglas procesales aplicables.

El resultado determinará si se mantiene el sobreseimiento definitivo o si la decisión judicial debe modificarse en los aspectos objeto de revisión. El Ministerio Público no informó cuál será la fecha de presentación del recurso ni cuándo podría conocerse una resolución de segunda instancia.

La existencia de una acusación no equivale a una declaración de culpabilidad; el anuncio de una apelación, a su vez, no significa que el sobreseimiento haya sido revocado: esa determinación dependerá de lo que resuelva el tribunal competente.

La revisión permitirá determinar si los señalamientos procesales planteados por el ente acusador tienen fundamento suficiente para modificar lo resuelto en primera instancia, dentro de los límites establecidos por la legislación penal.

El expediente también mantiene la atención sobre los mecanismos de rendición de cuentas aplicables a los miembros de los cuerpos de seguridad cuando enfrentan acusaciones penales. La resolución que se adopte en las siguientes etapas deberá ajustarse a las garantías del debido proceso y a la valoración judicial de los elementos incorporados legalmente a la causa.

El chikungunya vuelve a figurar entre las preocupaciones sanitarias del país, con casos identificados en distintas localidades y una mayor concentración en la zona fronteriza con Nicaragua, según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal).

Mejía explicó que los cuatro nuevos contagios se suman a los ocho registrados anteriormente, para un acumulado de 12 casos. La situación mantiene la atención de las autoridades debido a que el virus se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados y comparte con el dengue el principal mecanismo de prevención: controlar la reproducción del zancudo.

El departamento de El Paraíso registra la mayor cantidad de casos de chikungunya, con reportes en Alauca y Danlí. También se han identificado contagios en Tegucigalpa y La Ceiba, lo que confirma la presencia de la enfermedad en diferentes puntos del territorio nacional.

La ubicación de los casos en municipios próximos a la frontera con Nicaragua constituye un elemento de vigilancia para las autoridades sanitarias, que deben dar seguimiento a la aparición de nuevos contagios y reforzar las acciones de prevención en las comunidades afectadas.

Aunque el acumulado nacional es de 12 casos, las autoridades mantienen el llamado a no descuidar las medidas de control vectorial. La eliminación de recipientes que acumulan agua y la vigilancia de posibles criaderos son acciones fundamentales para reducir la presencia del mosquito transmisor.

Salud pide eliminar criaderos

El chikungunya puede provocar fiebre y dolor intenso en las articulaciones. En algunos pacientes, las molestias articulares pueden ser incapacitantes y persistir durante semanas o incluso meses, por lo que la identificación temprana de síntomas y la atención médica son relevantes.

Mejía insistió en que las medidas aplicadas contra el dengue también deben usarse para prevenir el chikungunya. Entre las principales recomendaciones figuran desechar botellas, llantas y latas que puedan acumular agua, además de cambiar con frecuencia el agua de los floreros y mantener limpios los patios y alrededores de las viviendas.

El funcionario expresó su preocupación por la persistencia de prácticas que favorecen la reproducción de los mosquitos y pidió a la población desempeñar un papel activo en la prevención.

La prevención requiere tanto acciones individuales como intervenciones de las autoridades sanitarias. La limpieza de espacios públicos, la identificación de focos de reproducción y las campañas de orientación pueden contribuir a reducir la proliferación del vector, en particular en períodos de mayor riesgo.

Las personas que presenten fiebre acompañada de dolor intenso en las articulaciones deben buscar orientación médica para recibir una evaluación adecuada. Dado que el chikungunya y el dengue pueden compartir síntomas, conviene evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal de salud.

Dengue acumula 12 mil casos

Mejía confirmó además que Honduras registra alrededor de 12.000 casos de dengue y cuatro muertes asociadas a esa enfermedad.

Ambas enfermedades presentan diferencias clínicas y requieren una evaluación médica para establecer el diagnóstico. Mientras el chikungunya suele destacar por el dolor articular intenso, el dengue puede evolucionar hacia complicaciones graves, por lo que las señales de alarma deben atenderse a tiempo.

El control de los criaderos continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente los hogares, eliminar el agua acumulada y utilizar medidas de protección contra las picaduras.

La prolongada ausencia de precipitaciones amenaza con agravar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas, en especial en comunidades vulnerables a las pérdidas agrícolas y a la escasez de alimentos.

En ese contexto, Estados Unidos canalizó suministros humanitarios hacia Honduras mediante el Programa de Asistencia Humanitaria de su Comando Sur, con el objetivo de apoyar la respuesta a las necesidades identificadas en el departamento de Comayagua.

Aunque el donativo busca contribuir a la atención de las comunidades afectadas, la magnitud de la crisis climática plantea necesidades que van más allá de la distribución inmediata de suministros.

La emergencia se desarrolla en un período delicado para la producción agrícola. Según los datos disponibles, 103 municipios permanecen bajo alerta roja por sequía y más de 708.000 personas podrían requerir asistencia humanitaria debido a la escasez de agua y las pérdidas en los cultivos.

El déficit de precipitaciones tiene además una amplia extensión territorial: más del 75% del país ha experimentado condiciones extremas de falta de lluvia. Esta situación compromete tanto la disponibilidad de agua como las actividades productivas de las familias que dependen de la agricultura para su alimentación y sus ingresos.

Los efectos se acumulan sobre pérdidas de la primera temporada agrícola, para los hogares que dependen de sus cosechas, la caída en la producción puede traducirse en menos alimentos disponibles, menores ingresos y mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La afectación no se limita a los productores. Cuando disminuye la oferta de alimentos y se deterioran los ingresos rurales, las consecuencias pueden extenderse a los mercados locales y a las familias que destinan una parte considerable de sus recursos a la compra de productos básicos.

Entrega suministros

El donativo del Comando Sur está valorado en L 672.000, equivalentes a USD 25.000, y fue canalizado a través del Programa de Asistencia Humanitaria de esa institución.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló que la entrega forma parte de la cooperación entre ambos países para fortalecer la preparación ante desastres y promover la estabilidad y la seguridad en el hemisferio.

Este tipo de apoyo puede contribuir a cubrir necesidades inmediatas de las comunidades afectadas; sin embargo, la información divulgada no detalla el contenido de los suministros, la cantidad de beneficiarios directos ni el calendario de distribución.

La coordinación con las autoridades hondureñas será determinante para que los recursos lleguen a las zonas donde la emergencia requiere atención urgente. En situaciones de sequía prolongada, la identificación de las comunidades más afectadas y la evaluación periódica de sus necesidades son elementos fundamentales para orientar la ayuda humanitaria.

Pérdidas agrícolas y el riesgo

Las pérdidas de la primera temporada reducen las reservas familiares, mientras que la incertidumbre sobre los próximos ciclos agrícolas dificulta anticipar cuándo podrán recuperarse los ingresos y la producción.

En las comunidades rurales más expuestas, la falta de lluvia puede afectar simultáneamente los cultivos, la disponibilidad de agua y las actividades de las que dependen las familias para subsistir. Si las condiciones persisten, los hogares con menos recursos podrían enfrentar mayores dificultades para mantener su consumo alimentario y cubrir otros gastos esenciales.

Entre las prioridades están el seguimiento de las condiciones climáticas, la evaluación de las pérdidas agrícolas, la identificación de hogares en riesgo y la planificación de acciones para proteger los medios de vida de las comunidades afectadas.

El donativo estadounidense se suma a los esfuerzos de respuesta en un momento en que las necesidades humanitarias podrían ampliarse si continúan los déficits de lluvia. El alcance de la crisis dependerá, entre otros factores, de la evolución de las precipitaciones y de la capacidad de las instituciones para atender a la población que necesita apoyo.

El crecimiento de la planilla de la Secretaría de Educación (SEDUC), frente a la reducción de estudiantes matriculados, vuelve a poner en discusión la distribución del personal docente y administrativo, los mecanismos de contratación y la eficiencia del gasto público destinado a la enseñanza.

El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), identifica situaciones que, evidencian debilidades en los controles del recurso humano.

Entre los hallazgos figuran docentes registrados en oficinas administrativas, posibles duplicidades de cargos, pagos simultáneos en departamentos geográficamente distantes y salarios fuera de los rangos esperados.

Estas observaciones plantean interrogantes sobre cómo se asignan las plazas y si el personal contratado responde a las necesidades reales de los centros educativos.

Sin embargo, las inconsistencias señaladas en el documento requieren una revisión individual para determinar su origen y establecer si corresponden a errores administrativos, incumplimientos o posibles irregularidades.

Menos estudiantes en las aulas

Mientras los centros públicos registraron una pérdida de 87,134 estudiantes entre 2022 y 2026, la planilla institucional aumentó en 4,191 empleados durante el mismo período. El contraste también se refleja en las distintas áreas de la institución.

De acuerdo con el informe, la planilla docente creció 4.7%, mientras que el personal administrativo aumentó 21%. En el Nivel Central, la incorporación de 314 personas en tres años representó un incremento del 72%, según los datos divulgados por la organización.

La reducción de la matrícula no implica, por sí sola, que el sistema necesite menos maestros. No obstante, la diferencia entre el comportamiento de la matrícula y el crecimiento de las planillas hace necesario examinar si las contrataciones se concentran en las áreas que necesitan personal o si existe una distribución desigual entre las oficinas centrales y los centros escolares.

El problema adquiere mayor relevancia ante los señalamientos sobre plazas docentes ubicadas en oficinas y posibles registros de trabajadores con funciones o pagos incompatibles. Para establecer el alcance de estas situaciones se requieren procesos de verificación que permitan contrastar las planillas con la asistencia, las asignaciones laborales y las necesidades de cada establecimiento.

Los salarios y presupuesto educativo

El informe de ASJ también pone el foco en el costo que representa la planilla para las finanzas públicas. En 2025, alrededor de 85 de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación se destinaron al pago de salarios, mientras que la planilla docente alcanzó un costo mensual de L 2,019 millones, equivalente a aproximadamente USD 77.7 millones.

Con ese mismo tipo de cambio, el costo mensual de la planilla docente representa cerca de USD 932 millones al año si se mantiene constante durante 12 meses. La cifra refleja el peso financiero del personal en el presupuesto educativo.

La organización estima que cada día de clases perdido representa al menos L 121 millones, unos USD 4,65 millones, que no llegan al aula en términos del servicio educativo previsto. Esta estimación debe entenderse como una valoración del costo asociado a la interrupción de las clases, no como dinero que necesariamente se pierde en efectivo o que pueda recuperarse automáticamente al reanudar las actividades.

A las dificultades de administración del personal se suma otro desafío: la cantidad de niños y jóvenes que todavía no acceden a la educación formal. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señaló que más de 750 mil menores permanecen fuera del sistema educativo nacional.

La cifra pone de manifiesto que el desafío no consiste únicamente en administrar las plazas existentes, sino también en ampliar la cobertura y encontrar mecanismos para atender a la población que continúa excluida de las aulas. Hernández advirtió sobre la importancia de evitar que las contrataciones respondan a intereses particulares o partidarios.

La propuesta no elimina la necesidad de contar con maestros ni sustituye automáticamente la educación presencial. Abre, en cambio, la discusión sobre cómo combinar distintas modalidades para llegar a estudiantes que hoy no están matriculados, sin descuidar la calidad de la enseñanza ni las condiciones que permiten a los niños permanecer en el sistema.

En ese escenario, los datos de ASJ y las observaciones del INIEES apuntan a dos tareas que deben abordarse de forma conjunta: revisar la distribución y los controles del personal de Educación y diseñar estrategias verificables para ampliar la matrícula.

Honduras y Japón firmaron un acuerdo de cooperación por 48 millones de lempiras - unos 1.7 millones USD- para fortalecer la producción agrícola y reducir los efectos de la sequía en el corredor seco, una de las regiones más vulnerables del país ante la escasez de lluvias y el cambio climático.

La iniciativa se ejecutará mediante el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego con Aprovechamiento de Agua Subterránea (Fase I), con el objetivo de mejorar el acceso al agua, fortalecer la seguridad alimentaria y aumentar la capacidad de los productores para mantener sus cultivos durante los períodos prolongados sin precipitaciones.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero del Fondo de Contraparte del Programa 2KR del Gobierno japonés y aportes nacionales.

La inversión permitirá desarrollar infraestructura para aprovechar aguas subterráneas e incorporar tecnologías de riego adaptadas a las condiciones climáticas de las comunidades beneficiarias.

La iniciativa favorecerá a productores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso, mediante la habilitación de 25 pozos profundos, sistemas de bombeo con energía solar y riego parcelario. Con estas obras se prevé incorporar aproximadamente 125 hectáreas a la producción bajo riego.

La infraestructura busca disminuir la dependencia exclusiva de las lluvias para desarrollar las actividades agrícolas y ofrecer alternativas ante la irregularidad de las precipitaciones.

Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de la disponibilidad de agua subterránea, el mantenimiento de los equipos y el manejo responsable del recurso hídrico.

El acuerdo se concreta en medio de una grave crisis climática. Actualmente, 103 municipios hondureños permanecen bajo alerta roja por sequía, mientras se estima que más de 708,000 personas podrían requerir asistencia humanitaria debido a sus consecuencias.

Más del 75 % del territorio nacional ha experimentado déficits extremos de lluvia y períodos prolongados sin precipitaciones, condiciones que afectan la disponibilidad de agua y amenazan la producción agrícola.

La situación resulta especialmente preocupante porque coincide con un momento crítico del calendario agrícola. Las pérdidas de la primera temporada de producción ya se han materializado y existe el riesgo de nuevas reducciones en los próximos ciclos de cultivo.

Para las familias que dependen de la agricultura de subsistencia, estas pérdidas pueden traducirse en menores ingresos, dificultades para acceder a alimentos y una mayor vulnerabilidad económica.

La reducción de las cosechas también puede comprometer el abastecimiento de productos básicos en las comunidades afectadas.

Ante este panorama, ampliar la infraestructura de riego representa una alternativa para mejorar la capacidad de los agricultores de enfrentar las temporadas secas.

El aprovechamiento de aguas subterráneas permitiría complementar el agua de lluvia y facilitar la planificación de los cultivos, siempre que la extracción se mantenga dentro de límites sostenibles.

Además de las obras, el programa contempla fortalecer las capacidades técnicas de la Dirección General de Riego y Drenaje de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el propósito de promover una gestión más eficiente del agua y la adopción de tecnologías agrícolas adaptadas al cambio climático.

Los sistemas de bombeo con energía solar forman parte de las medidas previstas para facilitar el funcionamiento de los pozos y reducir la dependencia de fuentes convencionales de energía.

El acuerdo refleja el compromiso de cooperación entre Honduras y Japón para impulsar soluciones sostenibles frente a los desafíos agrícolas y climáticos del país.

La inversión combina infraestructura hídrica, tecnología y fortalecimiento institucional para mejorar las condiciones productivas de las comunidades rurales. No obstante, el impacto dependerá de la ejecución del programa y de la capacidad de mantener operativos los sistemas a largo plazo.

Con 25 pozos proyectados y 125 hectáreas previstas para producción bajo riego, la primera fase busca reducir la vulnerabilidad de los agricultores ante futuras sequías.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes, con dispensa de dos debates, una serie de reformas penales y procesales destinadas a endurecer la respuesta del Estado contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales organizadas.

La nueva normativa contempla condenas de hasta prisión perpetua para determinados delitos, amplía las facultades de las autoridades durante investigaciones urgentes y establece cambios en el sistema penitenciario.

De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, la iniciativa recibió 118 votos a favor, mientras que 10 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron.

La aprobación se produjo después de que la Comisión Especial emitiera un dictamen favorable el 27 de octubre de 2026, tras incorporar propuestas de distintas instituciones y legisladores.

La denominada Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas tiene como objetivo fortalecer las herramientas jurídicas para investigar, perseguir, juzgar y sancionar a integrantes de estas organizaciones, además de combatir los mecanismos que utilizan para intimidar a la población y ejercer control territorial.

El texto aprobado incorpora modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la legislación penitenciaria.

Entre las disposiciones más relevantes figuran el establecimiento de prisión preventiva obligatoria para personas imputadas por asociación terrorista, la ampliación a 48 horas del plazo para presentar a determinados detenidos ante el juzgado competente y la creación de una fuerza especializada para controlar los módulos penitenciarios de máxima seguridad.

Zambrano sostuvo que las reformas buscan recuperar la seguridad en barrios y colonias del país mediante una respuesta institucional más contundente frente a las estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas.

También aseguró que se realizarán reuniones periódicas para evaluar los resultados de las medidas y presentar informes sobre los avances.

Uno de los principales cambios se concentra en el artículo 587 del Código Penal.

La reforma establece penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, mientras que los cabecillas, directivos, promotores y financistas de estas estructuras podrían recibir condenas de 40 años hasta prisión perpetua, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

Las modificaciones también incorporan los tatuajes, signos, símbolos y expresiones visuales características como posibles elementos para acreditar la pertenencia a estas organizaciones. Sin embargo, su utilización como evidencia deberá sustentarse en peritajes especializados o matrices de asociación reconocidas por las autoridades competentes.

La legislación contempla, además, sanciones de 30 a 40 años de prisión para quienes elaboren, difundan o coloquen grafitis y mensajes vinculados con amenazas, intimidación o control territorial, cuando esas conductas encajen en los supuestos establecidos por la ley.

Otra disposición establece la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista, sin posibilidad de sustituirla por otras medidas cautelares, conforme al texto aprobado.

Los procesados por este delito deberán permanecer en establecimientos o módulos de máxima o alta seguridad, mientras que la revisión de las medidas cautelares quedará excepcionalmente excluida, salvo situaciones debidamente acreditadas.

El plazo para poner a disposición del juzgado competente a personas detenidas por asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión también se amplía a 48 horas, debido a la complejidad que representan las investigaciones de estos delitos.

Las reformas endurecen las penas por atentados cometidos por integrantes de maras, pandillas y estructuras criminales organizadas, con condenas de ocho a diez años de prisión.

Asimismo, se contempla prisión perpetua para quienes asesinen a integrantes de instituciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o del sector justicia cuando el crimen se cometa por razón de su función, cargo o condición.

El uso de drones también queda sujeto a nuevas restricciones. Volar estos dispositivos sin autorización sobre centros penitenciarios y otros recintos de internamiento será sancionado con cuatro a seis años de prisión.

Cuando se utilicen para introducir o extraer objetos, sustancias o dispositivos prohibidos, las penas aumentarán a seis u ocho años.

En materia penitenciaria, la normativa plantea la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, encargada de custodiar los módulos de máxima seguridad, ejecutar traslados de alto riesgo y responder ante motines o intentos de fuga.

También se establece la identificación biométrica obligatoria para privados de libertad, visitantes, abogados defensores y personal institucional que ingrese o salga de estos módulos.

Para los reclusos sometidos al régimen especial, se contemplan reglas de presentación personal, el registro de tatuajes existentes y la prohibición de realizar nuevos tatuajes dentro de los establecimientos.

La ley autoriza a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las policías municipales y otros cuerpos de seguridad a eliminar grafitis, dibujos y símbolos vinculados con estas organizaciones criminales.

En bienes públicos y espacios de libre acceso, las autoridades podrán actuar de oficio o tras recibir una denuncia, sin necesidad de una orden judicial previa.

En propiedades privadas, los propietarios, poseedores o administradores tendrán un plazo máximo de 24 horas para retirar las expresiones. Si incumplen, las autoridades podrán borrarlas o destruirlas, dejando constancia escrita o fotográfica de la actuación.

La normativa también prohíbe reinstalar estos símbolos y establece que las intervenciones efectuadas dentro de los límites legales no generarán responsabilidad civil, penal o administrativa para los agentes involucrados.

Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá adecuar los reglamentos penitenciarios en un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigor del decreto, que ocurrirá con su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Honduras registra entre 800 y 900 denuncias anuales por delitos de abuso sexual contra menores de edad, una cifra que refleja la persistencia de esta problemática y los desafíos que enfrentan las autoridades para prevenirla e investigar los casos.

Así lo informó este martes Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP), quien advirtió que las niñas continúan siendo las principales víctimas de estos delitos.

De acuerdo con la funcionaria, las denuncias involucran a menores cuyas edades oscilan entre los tres y los 16 años.

Aunque la mayoría de las víctimas identificadas son niñas, Cálix precisó que también se reciben reportes de agresiones sexuales contra niños, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la infancia en todo el país.

La portavoz explicó que las cifras no reflejan necesariamente la totalidad de los hechos que ocurren, debido a que muchos casos permanecen ocultos durante años.

El temor a denunciar, las dificultades para revelar lo sucedido y la relación de confianza entre las víctimas y sus agresores son factores que pueden retrasar la intervención de las autoridades.

En medio de este panorama, Cálix informó que el Ministerio Público obtuvo tres sentencias condenatorias durante la semana por delitos sexuales cometidos contra menores de edad en Tegucigalpa.

La funcionaria también dio a conocer la condena contra un catedrático universitario, declarado culpable mediante un procedimiento abreviado por el delito de hostigamiento sexual continuado.

Este mecanismo judicial permite resolver determinados procesos penales mediante un trámite especial, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación hondureña.

Uno de los principales obstáculos identificados por el Ministerio Público es que, en numerosos casos, los presuntos agresores forman parte del círculo familiar o del entorno de confianza de los menores.

Esta circunstancia puede dificultar que las víctimas comuniquen lo ocurrido y que sus familiares reconozcan la existencia de una situación de abuso.

Según Cálix, algunos hechos no llegan inmediatamente a conocimiento de las autoridades porque las víctimas sienten miedo de hablar o enfrentan dificultades para revelar lo sucedido.

Por ello, la institución considera fundamental promover espacios de información y sensibilización que permitan reconocer las señales de alerta y conocer las vías disponibles para presentar una denuncia.

Como parte de sus acciones preventivas, el Ministerio Público desarrolla jornadas de sensibilización en comunidades, centros educativos y espacios con presencia de estudiantes.

Estas actividades tienen como objetivo informar sobre los delitos sexuales, promover la denuncia y facilitar la identificación de posibles víctimas.

Cálix explicó que durante estas intervenciones participan fiscales, trabajadores sociales y psicólogos, quienes contribuyen a orientar a la población y detectar situaciones que requieren atención institucional.

La participación de profesionales de distintas áreas permite abordar estos casos desde una perspectiva que no se limita al procedimiento judicial.

El acompañamiento social y psicológico también puede resultar importante para proteger a los menores y favorecer que reciban atención adecuada durante las actuaciones correspondientes.

Los centros educativos constituyen espacios relevantes para estas iniciativas, debido a que permiten acercar información preventiva a estudiantes, docentes y familias.

Sin embargo, la prevención también requiere coordinación con las comunidades y las instituciones responsables de proteger los derechos de la niñez.

La funcionaria no presentó una cifra comparativa específica, pero destacó que la presencia de equipos del Ministerio Público en las comunidades puede contribuir a que más personas superen el temor a acudir a las autoridades.

Finalmente, Lorena Cálix reconoció la confianza de las familias que presentan denuncias y reiteró la importancia de informar a las autoridades sobre posibles delitos sexuales contra menores.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decretó este martes el sobreseimiento definitivo a favor de tres agentes policiales de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

La resolución, a la cual Infobae tuvo acceso exclusivo y firmada por el juez asignado, beneficia a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayín Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista, quienes permanecían bajo detención judicial mientras avanzaba el proceso penal.

En el mismo fallo, el juez decretó el sobreseimiento definitivo a favor de Rodríguez Fuentes por el supuesto delito de tenencia ilegal de municiones prohibidas, en perjuicio del orden público.

Como consecuencia, ordenó el cese de las medidas cautelares y girar los oficios correspondientes para dejar sin efecto la detención judicial y poner en libertad inmediata a los tres imputados, sin perjuicio de otros procesos pendientes.

Cómo comenzó el caso

Las investigaciones trascendieron en octubre de 2026, tras un allanamiento realizado en una vivienda del sector de Villas Mackey, en San Pedro Sula, Cortés.

Durante el operativo, las autoridades informaron el hallazgo de sustancias que presumían eran drogas, entre ellas 114 bolsitas de supuesta marihuana, 65 envoltorios de presunta cocaína y cantidades de una sustancia que se presumía era crack.

También se informó del decomiso de municiones, cargadores, indumentaria militar y otros objetos que fueron incorporados a las diligencias investigativas.

A partir de estos hallazgos, el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal contra los tres agentes por tráfico ilícito de drogas agravado. Rodríguez Fuentes también fue acusado por la supuesta tenencia ilegal de municiones prohibidas.

Los funcionarios fueron sometidos inicialmente a detención judicial, una medida cautelar que no constituye una sentencia condenatoria y que se aplica mientras avanza el procedimiento penal.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público habría presentado 24 medios de prueba, entre ellos análisis periciales de las sustancias decomisadas, actas de decomiso, análisis forenses de videos de vigilancia y declaraciones de testigos protegidos, según reportes de prensa.

La Fiscalía también formuló señalamientos sobre una presunta obstrucción a la investigación, al sostener que los agentes habrían retirado un dispositivo DVR con grabaciones de vigilancia de un inmueble cercano al lugar del allanamiento. Esos señalamientos corresponden a la hipótesis del órgano acusador y no constituyen hechos probados sin conocer la valoración judicial.

En paralelo, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) anunció una investigación administrativa para determinar si existieron faltas disciplinarias relacionadas con el presunto manejo irregular de evidencias. Las autoridades de Seguridad manifestaron públicamente que colaboraban con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Qué significa el sobreseimiento definitivo

El sobreseimiento definitivo es una resolución judicial que pone fin al proceso penal respecto de los hechos y las personas beneficiadas, conforme a los alcances legales de la decisión.

El documento disponible contiene principalmente la parte resolutiva y no permite establecer por sí solo cuáles fueron los argumentos jurídicos y probatorios que llevaron al juez a tomar esa determinación. Por ello, no puede afirmarse que el tribunal declaró inexistentes los hechos investigados o que las acusaciones fueron falsas sin revisar los fundamentos completos del fallo.

La resolución sí establece expresamente que los tres agentes deben quedar en libertad, sin perjuicio de otros procesos que pudieran existir en su contra.

El expediente generó atención pública porque involucra a funcionarios de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), una unidad vinculada con la investigación de estructuras criminales.

El caso pone de relieve la importancia de garantizar la custodia de las evidencias, la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, y el respeto al debido proceso durante las investigaciones penales.

Una estudiante de 20 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en el municipio de Las Flores, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.

La joven fue identificada por las autoridades como Bessy Johana Guerra Pinto, cuyo cuerpo fue localizado por su madre durante las primeras horas de la mañana, en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Según la información preliminar disponible, la joven había pasado la noche anterior en compañía de familiares y conocidos, sin que se hayan divulgado detalles que permitan determinar qué ocurrió durante las horas previas a su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la causa de muerte ni sobre los resultados de los procedimientos forenses.

Por ello, las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación y no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Fidelina Guerra, la noche anterior al hallazgo transcurrió en un ambiente familiar. Ambas compartieron un momento con otros parientes y conocidos en la vivienda, donde jugaron naipe durante varias horas.

Según el relato, la reunión terminó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando las personas presentes decidieron retirarse a descansar.

La información preliminar difundida sobre el caso señala que el cuerpo de la joven fue encontrado en una canaleta de la vivienda.

La documentación de la escena y los procedimientos médico-legales serán fundamentales para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras conocieron el caso y deberán contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Entre los aspectos relevantes de la investigación se encuentran la reconstrucción de las últimas horas de la estudiante, la documentación del lugar donde fue encontrada y la evaluación de los hallazgos forenses.

Los resultados de los procedimientos médico-legales permitirán aportar elementos para determinar qué ocurrió y orientar las diligencias posteriores.

Las autoridades también deberán examinar la información proporcionada por los familiares y contrastarla con las evidencias obtenidas en la vivienda.

La investigación tendrá que establecer si existen elementos adicionales que permitan reconstruir las circunstancias del fallecimiento sin anticipar conclusiones que todavía no han sido confirmadas.

En casos como este, la difusión de información precisa resulta especialmente importante para evitar que las versiones preliminares se presenten como hechos comprobados.

La muerte de Bessy Johana Guerra Pinto ha dejado de luto a sus familiares en el municipio de Las Flores, donde residía y cursaba sus estudios.

El hallazgo ocurrió en el entorno de su propia vivienda, después de una noche que, según el testimonio de su madre, había transcurrido en compañía de personas cercanas.

Mientras la familia afronta la pérdida, se espera que las autoridades amplíen la información sobre las diligencias realizadas y los resultados de los análisis correspondientes. La identificación de la causa de muerte será un paso fundamental para esclarecer las circunstancias del caso.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a la reunión familiar y establecer, con base en pruebas y procedimientos oficiales, las circunstancias en las que murió la joven estudiante en el departamento de Lempira, Honduras.

José Eladio Vásquez López, de 46 años, fue encontrado sin vida dentro de una celda de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-16) de Siguatepeque, Comayagua, donde permanecía detenido por su presunta vinculación con los delitos de violencia familiar agravada e incendio.

El hallazgo ocurrió cuando estaba previsto su traslado a los juzgados de la ciudad para comparecer en audiencia.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el hombre se habría quitado la vida mientras permanecía bajo custodia policial.

Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las circunstancias exactas en las que fue encontrado ni sobre los elementos que respaldan esa primera versión.

Vásquez López era originario de Yamaranguila, Intibucá. Su fallecimiento ha motivado diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido dentro de las instalaciones policiales y establecer la causa de muerte mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.

Tras conocerse el fallecimiento, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público realizaron las diligencias pertinentes en la escena, como parte de las actuaciones destinadas a documentar las circunstancias del caso.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Forense, en Tegucigalpa, donde se practicará la autopsia médico-legal para determinar la causa de muerte.

Los resultados forenses serán fundamentales para establecer si los hallazgos son compatibles con la hipótesis preliminar que manejan las autoridades.

Por ahora, no se ha informado públicamente sobre posibles lesiones, las condiciones específicas en las que se encontraba el detenido ni otros indicios que permitan reconstruir sus últimas horas. Estos aspectos deberán esclarecerse a partir de los peritajes y de las diligencias investigativas.

La investigación también deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento mientras el hombre permanecía bajo custodia policial, así como establecer la secuencia de los acontecimientos previos al hallazgo.

Hasta que concluyan las actuaciones correspondientes, no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

El caso ha recordado la muerte de Keyla Patricia Martínez, una estudiante de enfermería de 26 años que falleció el 7 de febrero de 2021 mientras permanecía detenida en una celda policial de La Esperanza, Intibucá.

En las primeras horas posteriores a aquel hecho, la versión policial apuntó a que la joven se habría quitado la vida dentro de la celda. Sin embargo, las investigaciones posteriores modificaron esa interpretación inicial: la autopsia determinó que Martínez murió por asfixia mecánica, y el caso fue investigado como una muerte homicida.

El fallecimiento de la estudiante provocó cuestionamientos públicos sobre los procedimientos de detención y las responsabilidades relacionadas con la vigilancia de las personas privadas de libertad en instalaciones policiales.

El caso se convirtió en un antecedente relevante dentro del debate sobre la protección de quienes permanecen bajo custodia del Estado.

La muerte de Vásquez López vuelve a poner atención sobre la importancia de esclarecer cualquier fallecimiento ocurrido en estas circunstancias mediante investigaciones independientes de las hipótesis iniciales, pruebas periciales y documentación de los hechos.

Aunque ambos fallecimientos ocurrieron en celdas policiales de Honduras, no existe información suficiente para afirmar que se produjeron en circunstancias similares.

El antecedente de Keyla Martínez sirve como referencia para comprender la importancia de las investigaciones médico-legales, pero no permite establecer conclusiones anticipadas sobre el caso de Siguatepeque.

En el caso de Vásquez López, la autopsia médico-legal deberá aportar información sobre la causa de muerte, mientras que las demás diligencias permitirán reconstruir lo sucedido antes y durante el tiempo en que permaneció detenido.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aseguró este martes que su administración continúa trabajando para cumplir con las deudas pendientes de años anteriores, al tiempo que anunció avances en proyectos de infraestructura vial destinados a mejorar la conectividad de varios municipios del departamento de Intibucá.

El mandatario destacó que las obras buscan facilitar el transporte de productos, fortalecer las actividades económicas y mejorar el acceso de la población a servicios esenciales.

Durante una actividad relacionada con la apertura de ofertas para proyectos de pavimentación, Asfura afirmó que su Gobierno mantiene el compromiso de atender las obligaciones financieras heredadas y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo del país.

“Hoy cumplimos nueve meses de Gobierno. Estamos tratando la mayor brevedad posible de salir adelante, cumplir con nuestras deudas, que vienen de muchos años atrás, poder cumplir y poder servirle”, expresó.

El mandatario resaltó la importancia de mejorar las carreteras en el sur de Intibucá, donde las condiciones de las vías inciden en el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas.

Entre los proyectos mencionados figuran trabajos para conectar Camasca, Magdalena y Santa Lucía, además de intervenciones previstas en San Antonio y Colomoncagua.

En el proceso de recepción de ofertas para las obras entre Camasca, Magdalena y Santa Lucía participaron cinco empresas, con un proyecto que comprende aproximadamente 10,9 kilómetros, según información difundida este martes por medios hondureños.

Asfura señaló que la infraestructura vial puede generar beneficios para distintas actividades productivas y sociales, debido a que las carreteras pavimentadas facilitan la movilidad y reducen las dificultades que enfrentan las comunidades para trasladarse entre municipios.

“Entonces todo eso va a cambiar enormemente”, manifestó el presidente al referirse a las transformaciones que espera generar con los proyectos.

También sostuvo que la mejora de las vías contribuirá al comercio, la agricultura, la salud y la educación, al permitir que las personas y los productos lleguen con mayor facilidad a sus destinos.

Durante su intervención, el presidente insistió en que uno de los objetivos de su administración es avanzar en el cumplimiento de las obligaciones financieras acumuladas de años anteriores.

El mandatario también hizo un llamado a los alcaldes para que trabajen de manera coordinada con las autoridades nacionales, con el propósito de atender las necesidades de sus localidades y promover oportunidades de desarrollo.

“Es un gran compromiso de todos para sacar nuestros municipios adelante. Ténganlo por seguro, alcaldes, que estamos para servirles, para que trabajemos juntos, para que logremos que el país salga adelante”, expresó.

Asfura se refirió a las transferencias destinadas a las municipalidades y afirmó que su administración se mantiene al día con esos recursos.

Estos fondos representan una fuente de financiamiento para que los gobiernos locales puedan atender distintas necesidades, aunque su ejecución depende de los presupuestos y proyectos de cada municipio.

Otro de los asuntos abordados por el mandatario fue el comportamiento de los precios de los combustibles, particularmente el diésel.

Asfura afirmó que el Gobierno está absorbiendo la totalidad de los incrementos correspondientes a ese carburante mediante recursos vinculados a los impuestos, con el objetivo de evitar que las variaciones internacionales se trasladen directamente al consumidor.

Según las cifras mencionadas por el presidente, el diésel había acumulado un incremento de 32,63 lempiras durante las cuatro semanas anteriores. Asimismo, anticipó que para el lunes 2 de noviembre se esperaba un nuevo aumento de 8,68 lempiras, cuyo costo, aseguró, también sería asumido por el Gobierno.

“Estamos tratando de hacerlo mejor para servirle a desarrollar el país”, manifestó Asfura al explicar la medida.

Asfura reiteró que su administración pretende trabajar junto con las autoridades municipales para mejorar la conectividad y ampliar las oportunidades económicas de las comunidades beneficiadas. Los resultados dependerán del avance efectivo de las obras, de los recursos disponibles y de la capacidad de mantener la infraestructura una vez concluida.

Organizaciones hondureñas expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las barreras que todavía dificultan el acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como los riesgos derivados de una demanda judicial que busca anular la disposición que restableció su uso y comercialización en 2023.

La audiencia está programada para el próximo jueves 29 de octubre. Durante la sesión, las organizaciones buscarán informar a la Comisión sobre las implicaciones de una demanda que pretende anular la disposición que restableció la PAE, así como sobre las dificultades que todavía enfrenta la población para obtener el medicamento.

La controversia surge tres años después de que Honduras levantara la prohibición de la anticoncepción de emergencia, una restricción que permaneció vigente durante aproximadamente 13 años.

Según las organizaciones convocantes, el país fue el único de América Latina que mantuvo prohibidos tanto el uso como la comercialización de este método durante ese período.

La demanda actualmente en curso cuestiona el acuerdo que restituyó el acceso a la PAE y sostiene que el medicamento tiene efectos abortivos.Las organizaciones cuestionan ese argumento y señalan que la PAE es un método anticonceptivo reconocido por la Organización Mundial de la Salud y sostienen que se trata de un método anticonceptivo que debe permanecer accesible para las mujeres que lo necesitan.

Posibles nuevas restricciones

La resolución judicial todavía es incierta. Regina Fonseca, cofundadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), explicó que las organizaciones contemplan la posibilidad de recurrir a otras instancias si el fallo resulta desfavorable.

Fonseca señaló que una eventual decisión contraria al acceso a la PAE no necesariamente tendría que traducirse en una prohibición total.

“Todavía hay salidas legales en caso de que eso ocurriera”, afirmó Fonseca, al referirse a la posibilidad de acudir a un tribunal de lo contencioso administrativo si la resolución inicial perjudica el acceso al anticonceptivo.

La posibilidad de que se establezcan nuevas condiciones genera preocupación entre los colectivos, porque cualquier requisito adicional podría representar una dificultad para quienes necesitan obtener el medicamento de manera oportuna.

Para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las implicaciones de una eventual restricción van más allá de la disputa legal. Fonseca advirtió que revertir la autorización supondría un retroceso en las garantías relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Además, sostuvo que la disponibilidad de la anticoncepción de emergencia es especialmente importante para las sobrevivientes de violencia sexual, quienes pueden necesitar atención médica para prevenir un embarazo no deseado después de una agresión.

La representante señaló que las sobrevivientes no son responsables de la violencia ejercida en su contra ni de sus consecuencias, por lo que considera fundamental que tengan acceso a medidas de prevención y atención sanitaria.

También mencionó la importancia de los kits de atención para sobrevivientes de violencia sexual, que pueden incluir intervenciones para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos, según las necesidades clínicas de cada caso.

Desde esta perspectiva, las organizaciones consideran que restringir la PAE reduciría las opciones disponibles para niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan situaciones de violencia sexual o que necesitan anticoncepción de emergencia.

Autorización legal y barreras de acceso

Aunque la PAE volvió a estar autorizada en Honduras en 2023, las organizaciones aseguran que persisten barreras que dificultan su disponibilidad. Entre ellas identifican la desinformación, la resistencia de algunas instituciones y las deficiencias en los mecanismos de distribución.

Jinna Rosales, integrante del Grupo Estratégico por la Anticoncepción de Emergencia (GEPAE), advirtió que la restitución legal de la PAE no ha garantizado que esté disponible cuando las mujeres y adolescentes la necesitan.

“A tres años de la restitución de la PAE en Honduras, la barrera principal ya no es únicamente la legalidad, sino la brecha entre la norma y el acceso real. Persisten fallas en la distribución y disponibilidad en el sector público, especialmente en el primer nivel de atención”, explicó Rosales.

Según los datos difundidos por estos colectivos, Honduras registra 97 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años. Señalan, además, que cada día dos niñas menores de 14 años son obligadas a continuar embarazos derivados de violación.

Los colectivos consideran que este contexto hace especialmente importante mantener alternativas de prevención del embarazo y garantizar atención integral para las sobrevivientes de violencia sexual.

Honduras y el contexto regional

La audiencia temática “Acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras” se realizará en el marco del 197.º Período de Sesiones de la CIDH en Ciudad de Panamá.

Las organizaciones hondureñas sostienen que en la región se han presentado acciones judiciales, campañas de desinformación y barreras administrativas que pueden limitar el ejercicio efectivo de derechos reconocidos en las leyes nacionales.

La presentación ante la Comisión busca situar el caso hondureño dentro de ese panorama regional y exponer las consecuencias que podría tener una eventual reversión de la medida que permitió recuperar el acceso a la anticoncepción de emergencia.

El Congreso Nacional de Honduras incluirá en su agenda legislativa la derogación de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, una normativa que volvió al centro del debate público tras conocerse que fue publicada en el diario oficial La Gaceta pese a haber recibido un veto presidencial durante la administración de Xiomara Castro.

La vicepresidenta del Legislativo, Lissi Cano, confirmó que se analizarán las alternativas para tramitar la derogación, luego de que distintos sectores de la sociedad hondureña expresaran su oposición a la iniciativa.

La discusión también está marcada por las interrogantes sobre el procedimiento que permitió la publicación del Decreto 08-2023, sin que se realizara una nueva votación parlamentaria para ratificarlo.

Cano explicó que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que la eliminación de la normativa será incorporada a la agenda del Legislativo.

Según la vicepresidenta, existen dos vías para abordar el caso: una resolución aprobada por el pleno o la presentación de un nuevo decreto por parte de un diputado.

La legisladora indicó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo no contempla un procedimiento específico para resolver una situación de estas características, por lo que corresponderá a los diputados determinar cuál de las alternativas resulta aplicable.

“Nunca, le repito, antes había ocurrido esto, es inédito, en la ley orgánica no establece el procedimiento para poder pues derogar o hacer lo que corresponde”, manifestó Cano al referirse a la falta de un mecanismo específico para resolver el caso.

La funcionaria reiteró que el asunto será sometido a consideración del Congreso y que la derogación forma parte de las acciones anunciadas por la actual dirigencia legislativa.

No obstante, la incorporación del tema a la agenda no significa que la ley haya sido derogada, pues el proceso deberá avanzar por la vía que determine el Legislativo.

La controversia tiene su origen en 2023, cuando el Congreso Nacional aprobó la iniciativa que buscaba establecer lineamientos de educación integral para la prevención del embarazo adolescente.

Posteriormente, el proyecto recibió el veto de la entonces presidenta Xiomara Castro, en medio de cuestionamientos de padres de familia, organizaciones civiles y representantes de las iglesias Católica y Evangélica.

Cano recordó que las manifestaciones de rechazo fueron uno de los elementos que rodearon el debate público sobre la propuesta. La oposición de estos sectores se centró en los contenidos y el enfoque de la educación sexual que contemplaba la normativa, lo que convirtió la iniciativa en un tema de discusión social y política.

“Hubo muchas manifestaciones en contra de esa iniciativa que se aprobó en el Congreso, pero que luego tenía que ir a sanción o a veto de la presidencia para que posteriormente se pudiera publicar”, señaló la vicepresidenta del Legislativo.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, anunció que promoverá la derogación mediante una nueva iniciativa y que también considera necesario esclarecer cómo llegó el documento al proceso de publicación oficial.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la documentación y las actuaciones administrativas que permitieron divulgar el decreto.

El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, también señaló que los archivos legislativos registran la recepción del veto presidencial.

Según la información difundida por medios nacionales, las autoridades han planteado que el pleno debía reconsiderar el texto y alcanzar 86 votos para ratificarlo después del veto.

La discusión sobre la publicación no se limita, por tanto, a la posición de los sectores que se oponen a la ley. También involucra cuestiones relacionadas con el procedimiento legislativo, la documentación oficial y las competencias de las instituciones responsables de tramitar y publicar los decretos.

Honduras pondrá en marcha un programa de riego agrícola valorado en 48 millones de lempiras (aproximadamente USD 1,8 millones), con apoyo de Japón, para ampliar el acceso al agua en comunidades rurales y mejorar las condiciones de producción de las familias agricultoras.

El proyecto contempla la habilitación de 25 pozos profundos equipados con sistemas de bombeo solar y mecanismos de riego parcelario en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso, territorios donde la disponibilidad de agua es un factor determinante para las actividades agrícolas.

El presidente Nasry Asfura participó en la firma de una carta de entendimiento entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Embajada de Japón en Honduras, mediante la cual se formalizó el acuerdo para impulsar el programa.

La iniciativa prevé incorporar 125 hectáreas a la producción bajo riego. Con ello, los agricultores beneficiados podrán disponer de una fuente de agua para sus cultivos y reducir su dependencia de las precipitaciones, especialmente durante los períodos de escasez de lluvias.

La falta de agua constituye uno de los principales obstáculos para los productores de las zonas rurales hondureñas, particularmente en las comunidades del corredor seco, donde las condiciones climáticas pueden afectar el desarrollo de los cultivos y los ingresos de las familias que dependen de la agricultura.

La sequía como obstáculo

Durante la firma del acuerdo, el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, señaló que la sequía tiene consecuencias directas sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas.

“En las zonas del corredor seco, incluidas las comunidades afectadas por la escasez de agua, esta situación está teniendo un fuerte impacto en la seguridad alimentaria y en la producción de alimentos”, afirmó el diplomático.

La construcción de pozos y la instalación de sistemas de riego buscan responder a ese problema mediante una infraestructura que permita suministrar agua a las parcelas agrícolas, en lugar de depender exclusivamente de las lluvias para mantener los cultivos.

Uno de los componentes centrales del programa es el uso de energía solar para operar los sistemas de bombeo de los pozos profundos. Esta tecnología permitirá extraer agua para destinarla al riego de las áreas agrícolas contempladas en el proyecto.

El sistema se complementará con riego parcelario, diseñado para llevar el agua directamente a los terrenos de cultivo. La combinación de ambas soluciones busca facilitar el acceso al recurso hídrico y apoyar las labores agrícolas en las comunidades seleccionadas.

La instalación de infraestructura de este tipo plantea también la necesidad de mantener los equipos en funcionamiento, asegurar el abastecimiento de agua y organizar su distribución entre los productores beneficiarios. La utilidad de los sistemas dependerá de que puedan operar de manera sostenida y responder a las necesidades de cada zona.

Proyecto a largo plazo

Según los detalles divulgados sobre el proyecto, la cobertura prevista es de 125 hectáreas bajo riego, aunque no se especificó cuántas familias agricultoras recibirán beneficios directos ni qué cultivos serán atendidos en cada departamento.

Nakai expresó su satisfacción por la cooperación desarrollada con las autoridades hondureñas y explicó que la iniciativa no está concebida únicamente como una respuesta inmediata a la escasez de agua.

“La importancia de este proyecto no se limita a una respuesta de emergencia frente a la sequía”, manifestó el diplomático, al referirse a la construcción de nuevos pozos y a la posibilidad de asegurar un suministro más estable de agua para las actividades agrícolas.

La cooperación entre la SAG y la Embajada de Japón se centra en facilitar estas obras en los cuatro departamentos incluidos en el programa. La inversión anunciada asciende a 48 millones de lempiras, equivalentes a unos USD 1,8 millones aproximadamente.

Los sistemas de riego se instalarán en Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso. La selección de estas zonas extenderá la infraestructura de abastecimiento de agua a comunidades agrícolas que necesitan alternativas para enfrentar los períodos de sequía.

La incorporación de 125 hectáreas a la producción bajo riego constituye la principal meta cuantificable anunciada. La superficie representa el área agrícola que se prevé beneficiar con los nuevos sistemas, aunque el alcance final dependerá de la distribución de los pozos y de las condiciones de operación de cada instalación.

Para las familias que cultivan en zonas vulnerables a la escasez de agua, el acceso a riego puede ayudar a reducir las pérdidas asociadas a la falta de lluvias y ofrecer mayor capacidad para planificar las siembras. También puede contribuir a mantener la producción durante períodos en los que los cultivos dependen de un suministro adicional de agua.

El programa se suma a los esfuerzos de cooperación entre Honduras y Japón en materia de desarrollo rural, con énfasis en infraestructura para la producción agrícola y atención a las dificultades que enfrenta el campo por las condiciones climáticas.

Honduras participó en un encuentro regional orientado a fortalecer la cooperación entre países para enfrentar las operaciones de los cárteles de la droga y otras estructuras del crimen organizado que desarrollan actividades más allá de las fronteras nacionales.

La agenda se centró en la coordinación internacional frente al narcotráfico y otras amenazas criminales que requieren acciones conjuntas entre los gobiernos, en particular en materia de intercambio de información, inteligencia y fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones de seguridad.

La representación hondureña estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien asistió a la reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante su participación, Velásquez sostuvo encuentros con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan. Las reuniones permitieron abordar asuntos de interés común relacionados con la seguridad y la cooperación entre los países.

La participación de Honduras en este espacio ocurre mientras las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de colaboración internacional para hacer frente a organizaciones criminales cuyas actividades abarcan varios territorios y aprovechan las diferencias entre los sistemas de seguridad y justicia de cada país.

Honduras contra el crimen organizado

Uno de los objetivos de la participación hondureña en la A3C es ampliar la coordinación con otros países para facilitar el intercambio de inteligencia y mejorar la respuesta institucional frente a las redes criminales transnacionales.

Este tipo de cooperación permite que las autoridades compartan información relevante para identificar operaciones delictivas, dar seguimiento a estructuras criminales y coordinar acciones frente a amenazas que no se limitan a una sola jurisdicción.

El narcotráfico constituye uno de los principales asuntos de interés dentro de estos mecanismos, dado que las redes dedicadas a esta actividad utilizan rutas internacionales y conexiones entre distintos países para movilizar drogas y desarrollar otras operaciones ilícitas.

La cooperación entre las instituciones de seguridad busca reducir las dificultades que surgen cuando las investigaciones y las operaciones criminales involucran a más de un Estado. Sin embargo, la información difundida sobre la participación de Honduras no especifica si durante la reunión se acordaron nuevas operaciones conjuntas, mecanismos adicionales de intercambio de información o compromisos con fechas concretas de ejecución.

Estrategia Nacional de Seguridad

En el ámbito interno, la participación de Honduras en la coalición está vinculada con la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla acciones contra las organizaciones delictivas y promueve mecanismos de cooperación internacional para combatir el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.

Como parte de las medidas nacionales, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa impulsó reformas orientadas a categorizar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales, dos de ellas con vínculos transnacionales, según datos de las autoridades.

La participación hondureña en la A3C busca complementar los esfuerzos internos con la cooperación de otros gobiernos, bajo la premisa de que las organizaciones que operan en distintos países requieren respuestas coordinadas.

Por ahora, la información difundida destaca la presencia de Honduras en la coalición y los encuentros del Ministro de Seguridad con representantes de República Dominicana y Estados Unidos, pero no detalla nuevos compromisos operativos derivados de la reunión.

Al llegar, según relató, descubrió que las condiciones prometidas eran falsas y terminó en instalaciones de entrenamiento militar, donde temía ser enviado al frente de guerra.

“César” explicó que aceptó la propuesta porque necesitaba ayudar a su madre y a su hermano, quien sufrió un accidente que le impide mover las manos y los pies. La oferta prometía un bono de USD 17.000 por firmar contrato y un salario mensual de USD 3.000, equivalentes aproximadamente a 79,500 lempiras, respectivamente.

Tras llegar a Moscú, según contó César, le tramitaron una tarjeta bancaria y una línea telefónica. Luego, aseguró, le quitaron el pasaporte y el teléfono, eliminaron la información que tenía sobre sus contactos y lo trasladaron a Chitá, en Siberia.

Falsa oferta laboral

Allí fue llevado a un cuartel donde, según su testimonio, recibió alrededor de dos semanas de entrenamiento antes de que se contemplara enviarlo a la guerra. El joven afirmó que nunca recibió el dinero prometido y que buscó una forma de salir porque temía por su vida.

Logró abandonar el lugar con ayuda de un hermano que se encontraba en Moscú y el acompañamiento del cónsul hondureño. “César” relató que, después de perder sus boletos por retrasos de una aerolínea, la Cancillería lo ayudó a resolver el problema en menos de 24 horas para regresar al país.

Tras reencontrarse con su familia, pidió a otros hondureños que no confíen en ofertas similares sin verificar primero su legitimidad y recomendó buscar orientación en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Diez hondureños desaparecidos

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, se han reportado 32 hondureños en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nueve han regresado al país mediante gestiones consulares, 10 figuran como desaparecidos y tres han sido reportados como fallecidos.

La Cancillería indicó que continúa realizando gestiones diplomáticas y consulares para proteger a los connacionales en situación de riesgo y facilitar su retorno cuando las condiciones lo permitan.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional alertó que algunas propuestas laborales difundidas por Facebook, WhatsApp y otros medios informales podrían utilizarse para captar personas y reclutarlas para participar en conflictos armados internacionales.

Según la institución, las ofertas pueden presentarse como empleos civiles en agricultura, limpieza, cocina, seguridad privada o remoción de nieve, con salarios elevados, alojamiento y transporte incluidos.

El riesgo, advirtió la Cancillería, es que los trabajadores descubran al llegar al destino que las condiciones reales son diferentes y enfrenten presiones o amenazas para firmar contratos relacionados con actividades militares.

Dónde pueden pedir ayuda los hondureños

La Cancillería indicó que, por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares y de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, brinda asistencia a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo en el extranjero.

Los hondureños que reciban ofertas de empleo por Facebook, WhatsApp u otros medios informales y tengan dudas sobre su legitimidad pueden comunicarse con el consulado correspondiente al país de destino antes de viajar o consultar con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Recientemente un informe oral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció una alarmante práctica dentro del conflicto armado: el reclutamiento engañoso de ciudadanos extranjeros procedente de diversos continentes entre ellos latinoamericanos para combatir en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

De acuerdo con lo detallado por Erik Møse, presidente de la Comisión, agentes e intermediarios captaron a estas personas prometiéndoles lucrativos puestos de trabajo en el sector civil dentro de Rusia.

El transporte de carga pesada amenaza con paralizar sus operaciones a nivel nacional a partir de la próxima semana, debido a inconformidades relacionadas con el precio de los combustibles y el incumplimiento de las tarifas por parte de algunas empresas contratantes.

El anuncio lo realizó Edgardo Menéndez, dirigente del sector, quien señaló que la falta de cumplimiento de los acuerdos tarifarios y los costos adicionales que enfrentan los transportistas han incrementado el malestar entre los operadores.

Uno de los principales reclamos se relaciona con el precio del combustible que pagan las empresas que cuentan con sus propias instalaciones de abastecimiento.

Según Menéndez, esas operaciones no están recibiendo el mismo beneficio del congelamiento de precios que, de acuerdo con su denuncia, se aplica en las estaciones de servicio convencionales.

El dirigente estimó que la diferencia representa un gasto adicional de entre 12 y 15 lempiras por galón equivalentes a entre 45 y 56 centavos de dólar.

Menéndez explicó que buena parte de las empresas de transporte de carga pesada dispone de bombas de patio, instalaciones destinadas al abastecimiento de sus propias unidades. Sin embargo, afirmó que el mecanismo de congelamiento de precios no se está aplicando de la misma manera en esos puntos.

El dirigente sostuvo que las dimensiones de los camiones y las características de sus operaciones dificultan el abastecimiento en una gasolinera convencional, por lo que las empresas dependen de sus propias instalaciones para mantener sus unidades en funcionamiento.

“Estamos pagando entre 12 y 15 lempiras más el galón de combustible de lo que vale en una gasolinera”, manifestó Menéndez.

Exigen revisar precios

Esta diferencia de precios, según el representante del sector, aumenta los costos operativos en una actividad que depende directamente del combustible para movilizar mercancías por las carreteras del país.

Otro de los motivos que impulsan la posible paralización es el desacuerdo sobre los incrementos en las tarifas por kilómetro recorrido.

Menéndez indicó que se estableció un ajuste de 30 centavos de dólar por kilómetro ante el encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, afirmó que algunas empresas comenzaron a reconocer ese incremento mientras otras no lo han aplicado o solo han pagado una parte.

El dirigente también sostuvo que, conforme a la normativa que citó, cuando el precio de los carburantes aumenta un 3%, el ajuste debería ser de al menos 70 centavos de dólar por kilómetro recorrido.

“Unos nos dan una parte y otras no”, expresó Menéndez al referirse a la falta de uniformidad en los pagos.

Los alcances de esa disposición y las tarifas que actualmente pagan las empresas deberán contrastarse con el texto de la normativa vigente y los acuerdos correspondientes.

Impacto en los costos

La paralización anunciada para la próxima semana podría afectar las operaciones de transporte de mercancías, dependiendo de la cantidad de unidades que se sumen a la medida y de su duración.

Hasta el momento, la información proporcionada por Menéndez apunta a una convocatoria de alcance nacional, aunque no se detallaron las rutas que podrían quedar paralizadas, el número de transportistas participantes ni la duración prevista de la protesta.

El dirigente vinculó la decisión con el aumento de los costos y con la falta de respuestas satisfactorias a los reclamos del gremio.

Menéndez afirmó que el conflicto se ha extendido durante varias semanas y cuestionó que las condiciones del congelamiento de precios no estén resolviendo las dificultades que enfrenta el sector.

“De esta cuestión del congelamiento, ya vamos a llegar a un mes”, expresó al justificar la posibilidad de emprender acciones de protesta.

Los transportistas reclaman que se revisen las condiciones bajo las cuales se aplica el congelamiento de los combustibles y que las empresas cumplan con los ajustes tarifarios que correspondan.

La revisión de los pagos pendientes a médicos interinos del sistema público de salud avanza y continúa este martes con el análisis de nuevos expedientes por parte de una mesa técnica conformada por funcionarios del Gobierno y representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH). El proceso busca establecer la situación salarial de los profesionales y precisar cuáles son los compromisos que todavía deben cumplirse.

De acuerdo con el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, de los expedientes examinados, 83 corresponden a médicos que han recibido pagos parciales, mientras que otros 23 tienen sus remuneraciones al día hasta octubre.

Los datos reflejan que la mayor parte de los casos revisados todavía requiere seguimiento para determinar si existen montos pendientes de pago.

Sin embargo, la información divulgada no especifica el valor total de la deuda acumulada, el monto individual que se adeuda a cada profesional ni el plazo previsto para completar las transferencias.

La mesa técnica tiene previsto continuar sus labores este martes a partir de las 8:00. Durante esa jornada, los participantes revisarán los expedientes restantes y analizarán las medidas necesarias para avanzar en la regularización de los pagos.

El examen de los expedientes constituye una etapa para identificar la situación particular de los médicos interinos y determinar las obligaciones salariales que deben atender las instituciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado un desglose financiero de los expedientes revisados ni una fecha definitiva para concluir todos los pagos. El resultado de las próximas reuniones será relevante para determinar si el proceso permitirá establecer un calendario concreto de cumplimiento.

Disponibilidad de recursos

En la reunión también participaron el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

El titular de Finanzas aseguró que el Gobierno cuenta con recursos presupuestarios para atender las obligaciones salariales de los médicos incluidos en el proceso de revisión.

“Se garantiza el pago a todos los médicos que estén pasando por este proceso”, afirmó Hernández Hércules, al señalar que las autoridades continuarán acompañando las gestiones hasta resolver los casos correspondientes.

La declaración establece el compromiso expresado por el Gobierno frente a las reclamaciones del personal médico. Sin embargo, la disponibilidad presupuestaria y la ejecución efectiva de los pagos. El seguimiento de esos indicadores permitirá evaluar el cumplimiento de los compromisos anunciados y ofrecer información más precisa a los profesionales afectados.

Por parte del gremio médico, Héctor Carranza agradeció la disposición del Gobierno para abordar la situación y manifestó su expectativa de que las reuniones contribuyan a resolver los compromisos salariales pendientes.

Colegio Médico en espera

La participación del CMH en la mesa técnica busca mantener la interlocución entre los profesionales y las autoridades responsables de atender las reclamaciones. La continuidad de estas conversaciones será importante para revisar las diferencias que puedan existir entre los registros administrativos y los pagos efectivamente recibidos por cada médico.

Carranza también vinculó la solución de los compromisos salariales con la continuidad de los servicios médicos en los hospitales del país. El planteamiento sitúa la discusión no solo en el cumplimiento de las obligaciones laborales, sino también en la necesidad de mantener condiciones que permitan al personal sanitario desarrollar sus funciones.

La revisión continuará este martes a partir de las 8:00, con la participación de los representantes gubernamentales y del Colegio Médico. La meta inmediata será examinar los expedientes que todavía no han sido analizados y establecer las acciones correspondientes para completar los pagos.

También será relevante conocer si los casos corresponden a salarios de uno o varios meses, si existen diferencias derivadas de trámites administrativos y qué mecanismos se utilizarán para verificar que cada profesional reciba las cantidades que le corresponden.

Por ahora, el saldo presentado por las autoridades se limita a los 106 expedientes examinados durante la jornada del lunes y a la distribución de los casos entre pagos al día y pagos parciales.

La continuidad de la mesa técnica permitirá conocer si esa revisión se traduce en desembolsos concretos y en una solución para los médicos que todavía esperan completar sus remuneraciones.

La detección de transmisión comunitaria del chikungunya en Alauca, departamento de El Paraíso, encendió las alertas de las autoridades sanitarias hondureñas ante la posibilidad de que la enfermedad se extienda a otros municipios cercanos a la frontera con Nicaragua.

Gerardo Silva, epidemiólogo de la Región Sanitaria Número Siete de la Secretaría de Salud, confirmó que en Alauca ya existe circulación del virus y señaló que la principal preocupación es evitar nuevos contagios en las comunidades vecinas.

Según el especialista, durante la semana anterior se reportaron al menos 25 casos sospechosos de chikungunya en ese municipio. Esta cifra corresponde a personas con cuadros compatibles con la enfermedad y no debe confundirse con diagnósticos confirmados mediante pruebas de laboratorio.

La situación adquiere relevancia porque la transmisión comunitaria indica que el virus ya circula dentro del territorio hondureño, sin depender exclusivamente de personas que hayan viajado al extranjero.

La presencia del mosquito transmisor y el desplazamiento frecuente de habitantes entre comunidades pueden favorecer la aparición de nuevos casos.

Vigilancia sanitaria

La Secretaría de Salud informó el 23 de octubre que Honduras acumulaba ocho casos positivos de chikungunya, distribuidos en el Distrito Central, Atlántida, El Paraíso y Olancho.

El primer contagio identificado fue importado de Nicaragua, después de que un hondureño viajara al país vecino y regresara con síntomas de la enfermedad.

El municipio de Alauca se encuentra en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua, una condición que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias debido al movimiento de personas entre ambos países.

La circulación del virus en esta zona obliga a prestar atención a las comunidades próximas, donde la presencia de mosquitos del género Aedes puede facilitar la transmisión si existen personas infectadas y condiciones favorables para la reproducción del vector.

La preocupación no se limita al número de casos sospechosos. El riesgo también está relacionado con la posibilidad de que personas infectadas sean picadas por mosquitos que posteriormente transmitan el virus a otros habitantes.

OMS y el chikunugnya

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el chikungunya se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estos insectos también pueden transmitir dengue y zika, por lo que la aparición de síntomas similares requiere evaluación médica para determinar la enfermedad.

Hasta la información divulgada por las autoridades, no se había establecido cuántos de los 25 casos sospechosos reportados en Alauca serían confirmados mediante pruebas de laboratorio. Por ello, el seguimiento de los pacientes y la actualización de los registros serán determinantes para conocer la evolución del brote.

Cómo prevenir nuevos contagios

El chikungunya es una enfermedad viral que suele comenzar con fiebre repentina y dolor intenso en las articulaciones. También puede provocar dolor de cabeza, molestias musculares, inflamación articular, cansancio, náuseas y erupciones en la piel.

Una de sus características es que el dolor articular puede ser debilitante y prolongarse durante semanas, meses e incluso años en algunas personas. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera, pueden presentarse complicaciones, especialmente en adultos mayores, bebés y personas con enfermedades preexistentes.

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y ocho días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el período puede variar entre dos y 12 días, según la OMS.

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias y los organismos internacionales recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar patios y solares, tapar depósitos de almacenamiento y mantener libres de criaderos los alrededores de las viviendas.

También se aconseja utilizar repelente siguiendo las instrucciones del producto, vestir ropa que cubra brazos y piernas y colocar mallas en puertas y ventanas para reducir el ingreso de mosquitos.

El chikungunya no se transmite habitualmente de una persona a otra por contacto cotidiano, abrazos, besos o compartir alimentos.

El virus necesita principalmente al mosquito como vector para propagarse. Sin embargo, existe la posibilidad de transmisión de una madre infectada a su hijo alrededor del parto, por lo que los casos durante el embarazo requieren atención médica especializada.

Mientras las autoridades mantienen la vigilancia en El Paraíso, la confirmación de nuevos casos permitirá establecer si la circulación del virus se limita a las comunidades identificadas o si comienza a extenderse a otras localidades del país.

El 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instaló este lunes en Panamá con una agenda que, a lo largo de la semana, abordará la situación de los derechos humanos en más de una decena de países del continente.

El organismo recibirá información sobre justicia, migración, seguridad ciudadana y protección de grupos vulnerables.

La sesión reúne audiencias temáticas y de país que van desde la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú hasta la regulación de la pena de muerte en Cuba.

El cronograma también contempla el control digital del espacio cívico en Venezuela y el impacto de la minería crítica para la transición energética en una audiencia de alcance regional.

El 197 Período de Sesiones de la CIDH es un ciclo de audiencias públicas en el que el organismo interamericano escucha a Estados y sociedad civil sobre situaciones de derechos humanos en la región.

No constituye un juicio ni determina responsabilidades estatales, pues su función es de diálogo y seguimiento de los compromisos asumidos por los países miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, centró parte de su intervención en el fenómeno de la migración irregular.

“La gestión de las fronteras debe atender las responsabilidades de los Estados, sobre todo, la de mantener la seguridad pública, pero, así mismo, garantizar la protección de las personas, especialmente los niños”, señaló.

El canciller agregó que la cooperación entre países “debe ayudar a enfrentar las causas del desplazamiento en los países de origen, así como los peligros del tránsito, con respeto a la dignidad de quienes migran y la seguridad de las comunidades que los reciben”.

Para Martínez-Acha Vásquez, el derecho internacional “es un instrumento esencial para defender nuestra independencia y soberanía”.

El funcionario sostuvo que la vigencia de los derechos humanos exige instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas a sus gobernantes.

El jefe de la diplomacia panameña planteó además que la libertad de expresión debe permitir “cuestionar a quienes gobiernan” y que el debido proceso tiene que proteger a todas las personas.

Mencionó de forma específica a los pueblos indígenas y afrodescendientes como comunidades que deben poder incidir en las decisiones públicas.

El canciller recordó que la CIDH, fundada en 1959, realizó cuatro visitas a Panamá: en 1977, 1989, 1990 y 2001. También subrayó que las relatorías temáticas y especiales del organismo tuvieron presencia previa en el país.

Para Martínez-Acha Vásquez, recibir a la Comisión “implica la voluntad de escuchar a las víctimas y a la sociedad civil, de examinar las observaciones con seriedad y de responder a ellas mediante instituciones que funcionen”.

El presidente de la Comisión, Edgar Ralón Orellana, abrió su intervención con un mensaje de solidaridad hacia las personas afectadas por el reciente terremoto en Panamá.

“Acompañamos en pensamiento a quienes han sufrido sus consecuencias, y reconocemos el esfuerzo de las instituciones y del pueblo panameño para atender la emergencia”, añadió.

Ralón Orellana destacó que el país anfitrión “abre sus puertas al diálogo regional”, pese a la adversidad reciente.

“Panamá, puente del mundo, nos recuerda que la tarea de esta Comisión es, precisamente, tender puentes: entre los Estados y la sociedad civil, entre las normas y la realidad, entre las preocupaciones y las soluciones”, afirmó.

Sobre la naturaleza de las audiencias, el presidente de la CIDH fue categórico. “No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha”, señaló ante los asistentes a la instalación del período de sesiones.

El funcionario explicó que los encuentros también sirven para recordar “las obligaciones que los propios Estados han asumido soberanamente al adoptar los instrumentos interamericanos”.

Expresó el deseo de que cada persona que tome la palabra “se sienta escuchada” y cada Estado compareciente “se sienta respetado”.

En materia de justicia e institucionalidad democrática, el calendario contempla audiencias sobre el acceso a la justicia en Granada, la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Perú.

La Comisión también escuchará sobre personas defensoras de derechos humanos en México, la situación de personas LGBTIQ+ en Centroamérica y denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile. Se sumarán audiencias sobre el pueblo raizal en Colombia y mujeres privadas de libertad.

En el terreno de las libertades fundamentales, el organismo tratará la libertad de expresión y académica en Estados Unidos, la libertad religiosa en Nicaragua y la institucionalidad democrática en Ecuador.

También figuran en la agenda los derechos sexuales y reproductivos en Honduras y la violencia obstétrica en el acceso a la salud y la justicia.

El capítulo de seguridad ciudadana incluirá la situación de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador, la responsabilidad penal adolescente en Brasil y los estándares policiales en comunidades de la Amazonía brasileña.

El cronograma cierra con una audiencia sobre las obligaciones internacionales de empresas extractivas canadienses y su impacto en los derechos humanos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabiliza 728 denuncias por robo de motocicletas y vehículos en el departamento de Francisco Morazán durante 2026, de las cuales 396 unidades han sido recuperadas, de acuerdo con datos divulgados este lunes por las autoridades.

Las estadísticas policiales indican que los robos de motocicletas representan la mayor parte de los casos registrados. De las 728 denuncias, 606 corresponden a motocicletas y 122 a vehículos.

En cuanto a las recuperaciones, la DPI informó que se localizaron 316 motocicletas y 80 vehículos, para un total de 396 unidades. El dato significa que se recuperó aproximadamente el 54,4% de los automotores denunciados como robados durante el período informado.

Por tipo de automotor, las autoridades recuperaron alrededor del 52,1% de las motocicletas reportadas y el 65,6% de los vehículos denunciados.

En total, 332 unidades permanecen sin recuperación reportada, de las cuales 290 son motocicletas y 42 son vehículos. La cifra corresponde a los registros policiales disponibles y no permite establecer por sí sola cuántos de esos automotores continúan en manos de estructuras criminales, se encuentran abandonados o permanecen en otras circunstancias.

Bandas dedicadas al comercio ilegal

Wilfredo Maldonado portavoz de la DPI explicó que las investigaciones han identificado la presunta participación de estructuras criminales, grupos familiares y bandas delictivas dedicadas al robo de motocicletas y vehículos.

Según las autoridades, algunos de esos automotores son modificados después de ser sustraídos, mientras que otros se comercializan de manera clandestina para dificultar su identificación y rastreo.

Las investigaciones también detectaron el traslado de automotores robados desde Francisco Morazán hacia otros departamentos, entre ellos Olancho, Comayagua y Choluteca, donde presuntamente son distribuidos en el mercado ilegal.

Por ello, el seguimiento de las denuncias, la verificación de números de identificación y la coordinación entre unidades policiales resultan necesarios para establecer la procedencia de los automotores.

La DPI atribuye las recuperaciones a trabajos de inteligencia, vigilancia e investigación desarrollados por sus agentes e informó que más de 30 personas han sido detenidas durante 2026 por su presunta participación en delitos relacionados con el robo de automotores.

Las detenciones, sin embargo, no equivalen a condenas. La responsabilidad penal de los sospechosos debe determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes y con base en las pruebas presentadas por las autoridades.

Además de las dificultades para localizar los bienes robados, la DPI enfrenta otro problema: algunos automotores recuperados permanecen en predios policiales sin que sus propietarios se presenten a reclamarlos.

La situación obliga a las autoridades a mantener motocicletas y vehículos bajo resguardo mientras se realizan las verificaciones necesarias para confirmar la propiedad y completar los procedimientos legales para su devolución.

La DPI pidió a los afectados dar seguimiento a sus denuncias y realizar los trámites correspondientes ante las instituciones competentes. El proceso requiere coordinación con el Ministerio Público, según el reporte policial.

Para reclamar un automotor recuperado, los propietarios deben consultar con las autoridades responsables del caso cuáles son los documentos y diligencias requeridos, ya que la entrega depende de la verificación de la propiedad y de la situación legal del bien.

Las cifras divulgadas por la DPI ofrecen un panorama de las denuncias y recuperaciones en Francisco Morazán durante 2026.

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, como parte de las investigaciones contra una estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”, a la que se atribuyen presuntos vínculos con secuestros, asesinatos y tráfico de drogas.

El operativo lo ejecutó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), según el informe policial.

Las detenciones se realizaron tras labores de investigación e inteligencia orientadas a identificar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas atribuidas a esa organización.

Uno de los casos está relacionado con el secuestro agravado de una ciudadana estadounidense. Las autoridades no detallaron cuándo ocurrió el hecho, dónde se produjo ni si hay otras personas identificadas como sospechosas en esa investigación.

Investigados por secuestro

El primer detenido es un hombre de 22 años identificado por el alias “Cristian”, residente en el municipio de Yoro, señalado por su presunta responsabilidad en el secuestro agravado de la ciudadana estadounidense.

Según las investigaciones policiales, el sospechoso presuntamente forma parte activa de la estructura criminal y habría desempeñado funciones relacionadas con el cobro de dinero por los secuestros atribuidos a la organización. Las autoridades no precisaron el monto que presuntamente se habría exigido o cobrado, ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias del caso.

La investigación busca establecer el papel del detenido dentro de la estructura y determinar si hay otros involucrados. Las pruebas recopiladas deberán presentarse ante las instancias judiciales para sustentar las acusaciones correspondientes.

Dos mujeres señaladas

En el mismo operativo fueron detenidas dos mujeres, de 24 y 27 años, identificadas por los alias “Naida” y “La Negra”, respectivamente, ambas residentes en Sulaco, Yoro.

La DPI las investiga por su presunta participación en el delito de asociación para delinquir y por posibles vínculos con la estructura criminal.

Las diligencias policiales también las relacionan con actividades de venta y distribución de drogas, aunque el reporte no especifica las cantidades comercializadas ni detalla operaciones concretas que permitan establecer el alcance de esas sospechas.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas, que serán analizados para determinar si contienen información relevante. Los dispositivos podrían permitir establecer comunicaciones, contactos u otros elementos relacionados con los hechos investigados.

La DPI atribuye al “Cártel del Diablo” presuntos vínculos con secuestros, asesinatos y tráfico de drogas, y sostiene que la organización tendría presencia en varios sectores del país.

Sin embargo, el informe no identifica las localidades específicas donde operaría la estructura, el número de personas que presuntamente la integran ni los casos concretos que se le atribuyen, más allá de la investigación por el secuestro de la ciudadana estadounidense.

Las autoridades no precisaron si el operativo derivó de otras capturas recientes, si existen órdenes de detención pendientes contra otros sospechosos o si se prevén nuevas diligencias relacionadas con la misma estructura.

Los tres detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial. Mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca su responsabilidad penal.

Honduras busca ampliar sus vínculos económicos y de cooperación con Israel mediante acercamientos con inversionistas interesados en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, encabezó el encuentro con una delegación de inversionistas israelíes, en el que también participaron el embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, y representantes del American Jewish Committee, organización que promueve las relaciones entre comunidades y países.

Durante la reunión se abordaron posibilidades de colaboración entre Honduras, Israel y Estados Unidos, con énfasis en la atracción de capital extranjero y el intercambio de conocimientos técnicos. Sin embargo, no se han divulgado acuerdos comerciales concretos, cifras de inversión comprometidas ni nombres de compañías que hayan confirmado su participación en proyectos dentro del territorio hondureño.

La iniciativa apunta a identificar áreas en las que la experiencia israelí pueda contribuir a atender necesidades hondureñas, particularmente en actividades productivas, servicios sanitarios y desarrollo tecnológico.

Tecnología y soluciones a la sequía

Uno de los ámbitos identificados para una eventual cooperación es la agricultura, especialmente mediante la incorporación de tecnología que permita enfrentar los períodos de sequía y mejorar la disponibilidad de agua para las actividades productivas.

La propuesta contempla soluciones agrícolas que contribuyan a reducir los efectos de la escasez de lluvias y fortalecer la capacidad de producción de los sectores rurales.

Este componente resulta relevante para Honduras, donde las variaciones climáticas y la irregularidad de las precipitaciones pueden afectar los cultivos, los ingresos de los productores y el abastecimiento de alimentos.

La incorporación de tecnologías de riego, gestión eficiente del agua y producción agrícola adaptada a condiciones climáticas adversas podría formar parte de las áreas de interés, aunque no se especificó qué tecnologías se implementarían ni en qué zonas del país se desarrollarían los proyectos.

Profesionalización de la salud

La salud también figura entre los sectores contemplados en el acercamiento. De acuerdo con la información divulgada sobre la reunión, se planteó la posibilidad de desarrollar jornadas de cirugías oftalmológicas especializadas.

Este tipo de cooperación podría ampliar el acceso a procedimientos para personas que requieren atención visual especializada, aunque no se dieron a conocer fechas, hospitales participantes, número de pacientes que podrían ser atendidos ni los recursos disponibles para las intervenciones.

La eventual ejecución de estas jornadas requeriría coordinación con las autoridades sanitarias y los centros médicos correspondientes, además de establecer los criterios de selección de pacientes y la capacidad para brindar seguimiento posterior a las cirugías.

Por ahora, la iniciativa forma parte de las áreas de cooperación mencionadas durante el encuentro, sin que se haya informado de un calendario oficial para su puesta en marcha.

Honduras busca ampliar sus alianzas internacionales

El diálogo incluyó la seguridad y la tecnología como posibles campos de colaboración. No obstante, la información oficial disponible no precisa qué proyectos se considerarían en estos ámbitos ni si existe una propuesta técnica en fase de evaluación.

La cooperación tecnológica puede abarcar distintas actividades, desde el intercambio de conocimientos hasta el desarrollo de capacidades institucionales, pero el alcance de cualquier iniciativa dependerá de los acuerdos que eventualmente se formalicen entre las partes. En materia de seguridad, tampoco se detallaron equipos, sistemas, programas de capacitación o compromisos financieros relacionados con la reunión.

El Gobierno plantea que una mayor cooperación económica podría favorecer la generación de empleos, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de distintos sectores productivos. No obstante, esos resultados dependerán de que las conversaciones se traduzcan en inversiones efectivas, proyectos financiados y actividades que generen oportunidades económicas dentro del país.

Para medir el impacto de la iniciativa será importante conocer el capital que eventualmente se comprometa, la cantidad de empleos que podrían crearse y las condiciones bajo las cuales participarían las empresas extranjeras.

También será relevante determinar si los proyectos contemplan la contratación de trabajadores hondureños, la capacitación de personal local y la participación de productores y empresas nacionales.

Hasta ahora, no se han divulgado estimaciones oficiales sobre el número de empleos que podrían generarse ni sobre el volumen de inversión que se espera captar a través de estas gestiones.

La reunión entre la Cancillería, los inversionistas israelíes, la representación diplomática de Israel y el American Jewish Committee se enmarca en los esfuerzos por establecer nuevas formas de cooperación internacional.

El desafío para las autoridades hondureñas será convertir los acercamientos en proyectos con objetivos definidos, financiamiento identificado y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

La agricultura, la salud, la seguridad y la tecnología constituyen las principales áreas mencionadas, pero el alcance de la cooperación dependerá de las negociaciones posteriores y de los compromisos que asuman los participantes.

Honduras felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo electoral y destacó la participación de la población brasileña durante la jornada de votación, en un mensaje que reafirma la disposición de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales.

“Felicito al presidente @LulaOficial por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica”, señala el pronunciamiento difundido en redes sociales, en el que Honduras expresa su voluntad de promover una agenda de trabajo conjunto que genere beneficios para ambas naciones y para la región.

El mensaje concluye con la frase “¡Dios bendiga Brasil!” y pone el acento en la continuidad de los vínculos diplomáticos y en la posibilidad de ampliar los espacios de cooperación entre los dos países.

La felicitación se produce después de que Lula obtuviera una nueva victoria electoral en Brasil, resultado que le permitirá asumir un cuarto mandato presidencial, un hecho sin precedentes en la historia democrática del país sudamericano. Según los resultados oficiales divulgados el 26 de octubre de 2026, el mandatario superó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios.

Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Brasil se establecieron en 1906 y, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, históricamente se han caracterizado por los vínculos de amistad y la cooperación para el desarrollo.

Una relación diplomática

A lo largo de los años, ambos países han desarrollado iniciativas de cooperación técnica en áreas como agricultura, capacitación de servidores públicos, irrigación, producción de hortalizas, inspección sanitaria y desarrollo de cadenas de refrigeración para alimentos.

Estos antecedentes muestran que la relación bilateral no se limita a los mensajes diplomáticos, sino que ha incluido proyectos orientados al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de capacidades institucionales.

La cooperación agrícola volvió a figurar entre las prioridades en junio de 2026, cuando representantes de Honduras y Brasil abordaron iniciativas para facilitar la transferencia de tecnología, impulsar la investigación agropecuaria y mejorar la productividad del campo hondureño, con participación de Embrapa, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria.

El intercambio de experiencias en investigación, mejoramiento genético y adaptación de cultivos a las condiciones climáticas representa una de las áreas en las que ambos países podrían continuar desarrollando proyectos conjuntos.

No obstante, el mensaje de felicitación no anuncia nuevos convenios, inversiones específicas ni fechas para reuniones bilaterales. El pronunciamiento expresa una voluntad política de mantener los acercamientos y promover iniciativas que beneficien a ambas naciones.

Comercio, energía e inversión

Además de la cooperación técnica, el comercio y la inversión forman parte de los asuntos que Honduras y Brasil han identificado como áreas de interés bilateral.

En abril de 2026, la embajadora brasileña en Honduras, Andrea Watson, sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Finanzas para abordar posibles oportunidades de inversión, intercambio comercial y cooperación energética, incluidos los biocombustibles, un sector en el que Brasil cuenta con amplia experiencia.

Ese acercamiento muestra que la agenda bilateral puede abarcar temas con efectos directos en la economía hondureña, desde la modernización agrícola hasta la búsqueda de alternativas energéticas y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

La nueva victoria electoral de Lula ofrece un marco para la continuidad de los contactos diplomáticos, aunque el alcance de futuras iniciativas dependerá de las prioridades que establezcan los gobiernos y de los acuerdos que logren concretar.

La violencia en Honduras mantiene una fuerte concentración en los principales centros urbanos, aunque los registros policiales también reflejan una incidencia importante en municipios del interior del país.

El Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, ocupa el primer lugar de la estadística municipal, con 229 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 9 de octubre de 2026. En segundo lugar aparece San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, con 124 casos.

Ambos municipios suman 353 muertes violentas, de acuerdo con los datos publicados por el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), plataforma que recopila información sobre la incidencia delictiva en el territorio nacional.

Sin embargo, la distribución de los casos evidencia que la violencia no se limita a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, sino que también afecta a municipios de Yoro, Olancho, Atlántida, Comayagua, Copán y otras zonas del país.

Las estadísticas de SEPOL indican que, de los 298 municipios que conforman Honduras, 210 registraron al menos un homicidio durante el período analizado. En contraste, 88 municipios no reportaron incidencias de este tipo.

Operaciones contra la inseguridad

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez municipios del país registraban al menos un homicidio en los datos disponibles hasta el 9 de octubre. La cifra muestra la extensión territorial del problema, aunque no implica que todos los municipios afectados presenten la misma intensidad de violencia.

Los datos deben interpretarse con cautela, ya que las cifras correspondientes a 2026 son preliminares y están sujetas a validación por parte de las instituciones competentes.

Después del Distrito Central y San Pedro Sula, El Progreso y Olanchito, ambos en el departamento de Yoro, registran 59 y 58 homicidios, respectivamente. La Ceiba, en Atlántida, ocupa el siguiente lugar, con 56 casos.

También aparecen entre los municipios con mayor incidencia Juticalpa y Catacamas, en Olancho; Comayagua, en el departamento del mismo nombre; Nueva Arcadia, en Copán; Choloma, en Cortés; y Danlí, en El Paraíso.

La presencia de localidades de distintas regiones evidencia que la violencia homicida no se concentra exclusivamente en las dos principales ciudades del país. Los registros también incluyen municipios de Choluteca, Colón, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.

En total, los 20 municipios con más homicidios acumulan 1,027 casos, equivalentes a aproximadamente el 52.9 % de los 1,943 registrados a escala nacional entre enero y septiembre.

Población exige resultados

A escala nacional, Honduras registró 1,943 homicidios entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con las estadísticas policiales difundidas por SEPOL.

El comportamiento mensual presenta variaciones respecto al mismo período de 2025. Septiembre cerró con 241 homicidios, frente a los 205 registrados en septiembre del año anterior, lo que representa un aumento de 36 casos, equivalente a un incremento aproximado del 17.6 %.

Agosto también reportó un alza, al pasar de 222 homicidios en 2025 a 252 en 2026, es decir, 30 casos adicionales. En marzo se registró otro incremento, de 191 a 230 homicidios, una diferencia de 39 muertes violentas.

En contraste, otros meses mostraron reducciones. En febrero se contabilizaron 178 homicidios, frente a 192 en 2025. Junio registró 191 casos, 33 menos que los 224 del año anterior.

En enero se reportaron 194 homicidios, cuatro menos que los 198 contabilizados en enero de 2025. Abril cerró con 224 casos, uno menos que el año previo; mayo registró 243, frente a 254 en 2025; y julio pasó de 235 a 190 homicidios, una disminución de 45 casos.

Los registros disponibles ofrecen una referencia sobre la evolución de la violencia homicida y su distribución geográfica, pero no explican por sí solos las causas de las diferencias entre municipios.

Las estadísticas correspondientes a 2026 continúan sujetas a revisión. Por ello, tanto los acumulados nacionales como los municipales pueden experimentar modificaciones conforme avance la validación de los registros por las autoridades competentes.

La expansión de los negocios chinos en Honduras ha reavivado las preocupaciones de representantes del sector comercial sobre las condiciones en que compiten los pequeños empresarios nacionales.

Darwin Ponce, presidente de la organización Artículo 19, pidió regular el funcionamiento de estos establecimientos y advirtió que su crecimiento podría afectar a los comerciantes hondureños que enfrentan dificultades para competir en precios y variedad de productos.

Ponce sostuvo que desde hace varios años su organización cuestiona las condiciones de la relación comercial entre Honduras y China, debido a las diferencias de tamaño y capacidad productiva entre ambas economías.

Según el dirigente, los negocios chinos pueden ofrecer precios atractivos para los consumidores en el corto plazo, pero la competencia podría representar dificultades para los microempresarios nacionales que deben cubrir sus costos de operación y mantener sus negocios con márgenes limitados.

Sin embargo, la existencia de subsidios específicos y su efecto sobre los precios de los productos comercializados en Honduras requieren documentación y análisis de cada sector. La diferencia de precios, por sí sola, no demuestra que exista competencia desleal.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente presencia comercial china y de cuestionamientos sobre los resultados económicos de la relación bilateral, establecida formalmente en marzo de 2023, cuando Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para reconocer a la República Popular China.

Fiscalización de negocios chinos

La petición de Ponce coincide con una iniciativa aprobada por el Congreso Nacional el 26 de mayo de 2026. Según informó Proceso Digital, el Legislativo respaldó con 81 votos una moción presentada por el diputado Mario Pérez, orientada a solicitar a distintas instituciones del Estado que supervisen los negocios chinos que operan en Honduras.

La iniciativa contempla revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los procedimientos de importación, la situación migratoria de los propietarios y empleados, así como otros aspectos relacionados con la legalidad de las operaciones comerciales.

Entre las instituciones señaladas figura el Servicio de Administración de Rentas (SAR), al que se pidió verificar si los establecimientos cumplen con sus obligaciones fiscales.

No obstante, una solicitud de fiscalización no equivale a una comprobación de irregularidades: los posibles incumplimientos deben establecerse mediante inspecciones y procedimientos de las autoridades competentes.

En junio de 2026, medios nacionales también informaron sobre el debate relacionado con el crecimiento de estos comercios y la necesidad de aplicar las mismas normas a todos los actores económicos, independientemente de su nacionalidad.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), respaldó la fiscalización al señalar que todos los negocios deben cumplir las leyes, los reglamentos y sus obligaciones tributarias.

El tema abarca dos aspectos distintos: garantizar condiciones de competencia para los comerciantes hondureños y comprobar que los establecimientos nacionales y extranjeros operen conforme a la legislación vigente.

Por ello, recomendó que tanto las autoridades como los compradores presten mayor atención a las características de los productos antes de adquirirlos. Para determinar si existen incumplimientos, sin embargo, es necesario contar con pruebas, inspecciones o denuncias verificadas ante las entidades correspondientes.

Darwin Ponce también expresó preocupación por los compromisos financieros que los países adquieren en sus relaciones internacionales y advirtió sobre los riesgos de asumir obligaciones que posteriormente resulten difíciles de cumplir. Sus declaraciones, no obstante, no identifican un préstamo específico ni aportan datos sobre una obligación financiera concreta vinculada con China.

El debate sobre los negocios chinos coloca así en el centro la aplicación de las normas comerciales, la protección al consumidor y las condiciones en que compiten las micro, pequeñas y medianas empresas hondureñas.

El reto para las autoridades será verificar posibles irregularidades con criterios objetivos y aplicar las mismas reglas a todos los establecimientos, sin que la nacionalidad de sus propietarios sustituya la prueba sobre el cumplimiento de la ley.

Las remesas familiares continúan siendo uno de los principales soportes de la economía hondureña. Durante los primeros nueve meses de 2026, el país recibió 10.098,8 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente L272.667,6 millones, una cifra superior registrados entre enero y septiembre del año anterior.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Honduras (BCH), para las familias receptoras, estos recursos representan una fuente de ingresos que permite cubrir gastos cotidianos y necesidades básicas.

Sin embargo, el crecimiento de las remesas vuelve a poner en discusión la dependencia de la economía nacional de los recursos generados por los hondureños que residen en el extranjero.

Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de estos envíos. El dinero que los compatriotas transfieren a sus familiares tiene un peso importante en el consumo interno y en la disponibilidad de divisas para el funcionamiento de la economía hondureña.

Según el BCH, alrededor del 86% de las remesas se destina al consumo y a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación. La mayor parte de los recursos financia los gastos de los hogares, mientras que una proporción menor queda disponible para el ahorro o la inversión.

La importancia de estos ingresos se refleja también en su relación con el producto interno bruto (PIB): representan más del 25% de la economía. En un país donde más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, las transferencias familiares contribuyen a cubrir necesidades que muchos hogares no pueden satisfacer únicamente con sus ingresos laborales.

Proyección al cierre de 2026

Las remesas familiares podrían superar los 12.000 millones de dólares al finalizar 2026, equivalentes a aproximadamente L324.000 millones, según la proyección de Nancy Ochoa, jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ochoa señaló que las remesas representan una fuente fundamental de divisas para Honduras y contribuyen al sostenimiento de miles de hogares. No obstante, cuestionó que estos recursos se hayan convertido en una especie de “salvavidas” de la economía nacional.

A su criterio, aunque las transferencias familiares funcionan como un amortiguador frente a las dificultades económicas, una dependencia excesiva puede restar presión para impulsar políticas públicas dirigidas a fortalecer la producción nacional y ampliar las oportunidades de empleo.

El desafío consiste en aprovechar los recursos que ingresan desde el exterior sin convertirlos en un sustituto del crecimiento de las actividades productivas internas. Para ello, Honduras necesita condiciones que favorezcan la inversión, la expansión de las empresas, el desarrollo de las exportaciones y la creación de puestos de trabajo.

Ochoa también destacó el papel del sistema financiero en el manejo de estos recursos. Alrededor del 95% de las remesas se recibe mediante instituciones financieras, lo que abre oportunidades para ampliar la bancarización y mejorar la educación financiera de las familias.

El economista Mario Sosa señaló que las remesas familiares contribuyen al fortalecimiento de las reservas internacionales del país. Sosa explicó que el comportamiento de las remesas y el nivel de las reservas internacionales forman parte de las condiciones económicas que enfrenta el país, mientras el Gobierno mantiene las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral de crédito.

La misma preocupación planteó Eduardo Facussé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien sostuvo que Honduras no puede continuar dependiendo de las remesas como uno de los principales pilares de su economía.

El empresario urgió a fortalecer la producción nacional, impulsar las exportaciones y generar empleos para reducir la vulnerabilidad económica del país. Señaló además que los problemas de desempleo, seguridad y dificultades jurídicas, junto con la falta de una estrategia clara de desarrollo, complican las perspectivas económicas y generan incertidumbre entre la población.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia que las autoridades rusas incurrieron en el delito de trata de personas al reclutar a ciudadanos extranjeros para combatir en el frente ucraniano.

El informe- que fue compartido por la Comisión de investigación a Infobae, de manera exclusiva - fue presentado este lunes en la 27.ª sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General del organismo internacional, donde se expuso la existencia de redes estructuradas que atrajeron con engaños a decenas de latinoamericanos, entre ellos El Salvador y Honduras, hacia las filas de las Fuerzas Armadas de Rusia.

La investigación del panel de expertos contó con el apoyo de Infobae, que facilitó documentación y testimonios directos sobre casos ocurridos en El Salvador, Honduras y la República Dominicana.

De manera complementaria, este medio documentó de forma reciente el caso de un guatemalteco que combate en territorio ruso, así como la situación de panameños que continúan desaparecidos tras caer en estas redes.

Los investigadores de la ONU examinaron el escenario de nacionales de 48 estados y determinaron la existencia de pruebas contundentes sobre prácticas de captación forzada o fraudulenta en al menos 29 de ellos que son:

• Azerbaiyán
• Bangladesh
• Belarús
• Bolivia
• Brasil
• Botsuana
• Camerún
• Colombia
• República Dominicana
• El Salvador
• Ghana
• Honduras
• India
• Jordania
• Kenia
• Marruecos
• Nigeria
• Perú
• Filipinas
• Sudáfrica
• Somalia
• Sri Lanka
• Tayikistán
• Túnez
• Turquía
• Uganda
• Uzbekistán
• Yemen
• Zimbabue.

Los testimonios recogidos confirman que la instrucción militar previa resultó casi nula antes del despliegue en las áreas de mayor peligro del frente oriental en Ucrania.

Los combatientes extranjeros fueron enviados a misiones de alto riesgo que derivaron en muertes, desapariciones forzadas y capturas, según constató la comisión en su reporte.

El documento subrayó que los afectados no deben considerarse mercenarios desde el punto de vista del derecho internacional humanitario: al quedar formalmente incorporados a la estructura de las Fuerzas Armadas rusas, adquieren la condición legal de combatientes y deben recibir las protecciones consagradas para los prisioneros de guerra en los Convenios de Ginebra.

La ONU exige a Moscú la repatriación de las víctimas y el cese de los contratos

El documento detalló que los reclutadores en territorio centroamericano operaron a través de redes sociales y agencias informales, dirigidas a hombres de entre 18 y 60 años en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Las propuestas laborales iniciales no mencionaban actividades militares: prometían salarios elevados en moneda extranjera para cumplir tareas civiles en territorio ruso como guardias de seguridad, conductores, mecánicos, soldadores y personal de mantenimiento en instalaciones logísticas o almacenes.

Una vez que los interesados aceptaban las condiciones, los intermediarios organizaban visados de entrada e itinerarios aéreos con múltiples escalas por diversas capitales internacionales.

Al llegar a suelo ruso, los reclutados sufrieron la confiscación inmediata de sus teléfonos móviles y pasaportes, lo que suprimió por completo su libertad de movimiento. Las autoridades los trasladaron con rapidez a bases militares donde los obligaron a firmar contratos redactados exclusivamente en ruso, un idioma que los afectados no comprendían en absoluto. Aquellos que expresaron reticencia o intentaron rescindir el acuerdo recibieron amenazas de prisión, golpizas o deportación inmediata.

Por lo que, el informe atribuye responsabilidad directa a la estructura de mando militar del gobierno de Rusia por permitir y organizar estos mecanismos de cooptación ilegítima.

La comisión de la ONU instó al Kremlin a revocar de inmediato los contratos de servicio militar suscritos bajo engaño o coacción, liberar a los extranjeros y permitir su retorno seguro a sus naciones de origen.

A su vez, los expertos solicitaron a los gobiernos de los estados latinoamericanos que no procesen penalmente a estos ciudadanos al regresar a sus hogares, al considerarlos formalmente víctimas de trata de personas, e intensifiquen las pesquisas judiciales para desmantelar las redes clandestinas de reclutamiento que operan en sus jurisdicciones.

Los hospitales y centros de salud públicos de Honduras registraron una alta afluencia de pacientes este lunes, tras el retorno de los médicos a sus puestos de trabajo, después de más de seis semanas de interrupciones en la atención habitual debido a las asambleas informativas convocadas por el gremio.

En el Hospital Escuela y el Hospital San Felipe, en Tegucigalpa, se registraron largas filas de personas que acudieron desde tempranas horas para recibir consultas, gestionar citas pendientes y buscar medicamentos que no habían podido obtener durante el período de suspensión de los servicios.

Más de 20.000 citas médicas deberán ser reprogramadas para atender a los pacientes que quedaron pendientes durante los aproximadamente 49 días que duraron las medidas. Ese rezago es uno de los principales retos que enfrenta el sistema sanitario tras la normalización.

El retorno de los profesionales de la salud se produce en medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH), que buscan resolver las diferencias relacionadas con el pago de salarios adeudados y garantizar que no se repitan los retrasos en las remuneraciones.

Según Luis Castro,secretario privado de la presidencia de Honduras el acuerdo para suspender las asambleas informativas representa un acto de buena fe entre ambas partes, con el propósito de permitir que la población vuelva a recibir atención médica mientras continúan las conversaciones para resolver las obligaciones salariales pendientes.

Negociaciones continúan

El funcionario explicó que los equipos de trabajo siguen revisando la documentación de los profesionales de la salud y que el número de expedientes pendientes se ha reducido. Sin embargo, todavía existen casos que requieren completar información antes de avanzar con el pago de la totalidad de los salarios reclamados.

Como parte de este proceso, para este lunes estaba prevista la instalación de una mesa técnica ampliada, en la que representantes de ambas partes darían seguimiento a los expedientes que aún no han sido resueltos. La hora de la reunión no había sido definida, aunque se indicó que se desarrollaría durante la mañana.

El objetivo de las conversaciones es completar el 100% de los pagos reclamados por los médicos y establecer mecanismos que permitan evitar nuevos retrasos salariales, según las declaraciones de Castro. El avance, no obstante, dependerá de la revisión y validación de los documentos pendientes y de los acuerdos que alcancen las partes durante las reuniones técnicas.

Mediante un comunicado oficial, la Junta Directiva del CMH informó a sus agremiados sobre la decisión de suspender las asambleas informativas, luego de las negociaciones sostenidas con representantes del Gobierno. El gremio también comunicó a la población hondureña que la atención médica había sido restablecida en todo el territorio nacional.

La suspensión de las medidas abre paso a la reanudación de los servicios afectados durante el conflicto, aunque la recuperación dependerá de la capacidad de cada establecimiento para atender la demanda acumulada y reorganizar las citas que no pudieron realizarse. El regreso de los médicos implica también ordenar la agenda hospitalaria y garantizar la continuidad de los tratamientos que pudieron sufrir interrupciones.

Más de 20 mil citas reprogramadas

Durante los 49 días de asambleas informativas, miles de pacientes enfrentaron dificultades para acceder a consultas y otros servicios habituales. La situación afectó especialmente a quienes tenían citas programadas y debieron esperar a que se normalizara la atención.

La reprogramación de las citas determinará cuándo podrán ser atendidas las personas que quedaron fuera de la agenda durante la paralización. Hasta el momento, la información disponible no detalla un calendario general, los criterios de priorización ni el plazo previsto para completar la atención de todos los pacientes afectados.

Las personas con consultas suspendidas deberán mantenerse atentas a las indicaciones de los establecimientos de salud sobre las nuevas fechas y los procedimientos para confirmar sus citas.

La mesa técnica ampliada tendrá un papel importante en el seguimiento de los casos sin resolver. La conclusión de ese proceso será determinante para establecer si se logra completar el pago de las remuneraciones pendientes y evitar que las diferencias vuelvan a afectar los servicios sanitarios.

Honduras ha cumplido 11 de las 17 metas estructurales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que deberá avanzar en seis compromisos pendientes durante la sexta revisión del programa económico, informó el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

Según detalló, siete metas se cumplieron entre la cuarta y la quinta revisión, mientras que la administración anterior completó cuatro, para un total de 11 objetivos alcanzados.

“Estas 17 metas estructurales, nosotros entre la cuarta y quinta revisión cumplimos siete, la administración anterior cumplió cuatro; en total, eso suma 11 metas estructurales, por lo tanto, quedan todavía seis metas estructurales por trabajar”, manifestó Lagos.

Entre los compromisos que todavía requieren atención mencionó la implementación inicial del Registro Único de Beneficiarios, asuntos relacionados con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), auditorías y aspectos regulatorios.

Pese a los puntos pendientes, el titular del BCH consideró positivo el panorama económico y destacó que el Gobierno mantiene su compromiso con la prudencia y la disciplina fiscal. También aseguró que el Banco Central ha cumplido sus metas relacionadas con las reservas internacionales.

“Nosotros desde el Banco Central tenemos nuestras metas cumplidas de reservas internacionales, entonces el panorama es positivo y simplemente es tratar de concretar. Eso le da mucha credibilidad al país”, afirmó.

Lagos señaló que avanzar en los compromisos establecidos con el FMI contribuye a fortalecer la percepción de Honduras ante los mercados internacionales y puede abrir la posibilidad de negociar un nuevo programa de cooperación con el organismo financiero.

El funcionario destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales para completar las metas que todavía están pendientes y aseguró que, desde su perspectiva, no identifican puntos de preocupación en la sexta revisión.

Asimismo, valoró la visita de Nigel Chalk, funcionario del FMI, al cierre de la misión, y la consideró una señal relevante dentro del proceso de evaluación del programa económico.

“Llevamos 10 meses de Gobierno y claramente hemos pasado, vamos a pasar tres revisiones del acuerdo con el Fondo. No es un tema menor”, expresó el presidente del BCH.

Lagos atribuyó estos avances al trabajo coordinado del Gabinete Económico del Gobierno que encabeza el presidente Nasry “Tito” Asfura, al que señaló como parte fundamental de los esfuerzos para cumplir con los compromisos pactados.

La revisión del programa contempla el seguimiento de las medidas estructurales acordadas con el organismo internacional. Por ello, las seis metas pendientes representan los principales asuntos que las autoridades deberán atender para continuar avanzando en el cumplimiento del acuerdo.

En materia energética, el titular del Banco Central destacó que la deuda acumulada con los generadores de electricidad se redujo de aproximadamente 15,000 millones a 7,400 millones de lempiras.

De acuerdo con Lagos, esta disminución contribuye a fortalecer la credibilidad del sistema de pagos del sector eléctrico, uno de los componentes que inciden en las finanzas públicas y en el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

No obstante, señaló que todavía existen desafíos que deben atenderse para mejorar la situación financiera de la estatal eléctrica, especialmente en lo relacionado con las pérdidas que registra la ENEE.

El funcionario remarcó que las autoridades responsables del sector energético deben abordar este problema y avanzar en la aplicación de las medidas contempladas en la reforma eléctrica aprobada.

La reforma se encuentra actualmente en etapa de implementación, según explicó Lagos, por lo que su desarrollo constituye uno de los elementos relevantes para mejorar el desempeño del sector.

El caso judicial relacionado con la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional tendrá nuevos avances esta semana, con la comparecencia de personas señaladas y las órdenes de captura contra el expresidente del Legislativo, Luis Redondo, y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Ochoa, quien actúa como jueza natural del expediente, confirmó que se convocará a audiencia de declaración de imputado a las personas que ya designaron a sus representantes legales. La diligencia forma parte del proceso iniciado por el Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con las actuaciones de la Comisión Permanente.

La audiencia está prevista para esta semana, mientras las autoridades judiciales avanzan con las actuaciones correspondientes para quienes todavía no se han presentado voluntariamente. La fecha y la hora deben confirmarse con la convocatoria oficial de la CSJ.

El expediente cobró relevancia tras conocerse las órdenes de captura contra Redondo y Moncada, dos de los principales señalados en la investigación, que busca establecer posibles responsabilidades penales por decisiones y actuaciones vinculadas al funcionamiento de las instituciones públicas.

Órdenes de captura

A Redondo se le atribuyen los presuntos delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso de Moncada, la acusación comprende tres presuntos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, de acuerdo con la información divulgada sobre el requerimiento fiscal.

Las medidas forman parte del procedimiento judicial en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes examinar los señalamientos y determinar las responsabilidades individuales conforme avance el proceso.

La magistrada Ochoa explicó que se ha garantizado el derecho a la defensa de las personas que comparecieron y nombraron abogados. Por ello, las actuaciones de esta semana permitirán continuar con el trámite judicial de quienes están en condiciones de presentarse ante la autoridad.

Respecto a las personas que no han comparecido voluntariamente, Ochoa indicó que se actuó conforme a la normativa penal ante el posible riesgo de fuga.

La declaración de imputado constituye una etapa procesal y no debe confundirse con un juicio definitivo sobre los hechos. Durante el procedimiento, las defensas podrán ejercer los derechos que les reconoce la legislación hondureña.

Otros señalados en el expediente

Entre las personas incluidas en el requerimiento fiscal figura también la diputada Luz Angélica Smith, a quien se le atribuyen presuntos delitos de falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

El expediente incluye además a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga, señalados por el presunto delito de usurpación de funciones.

Los delitos atribuidos varían según cada persona, por lo que las responsabilidades deberán analizarse de manera individual. La presentación del requerimiento fiscal constituye el planteamiento de la acusación por parte del Ministerio Público y no implica que los hechos hayan sido probados judicialmente.

El expediente se mantiene bajo reserva por petición del Ministerio Público. Según explicó Ochoa, la medida busca evitar filtraciones que puedan comprometer las pruebas o afectar el desarrollo de la investigación.

La magistrada aseguró que los representantes legales de las personas que ya se presentaron fueron notificados de la resolución.

La reserva limita la información que puede divulgarse públicamente sobre las actuaciones judiciales. Algunos detalles de la investigación y de las diligencias pendientes permanecen sin divulgar mientras el proceso continúa bajo las disposiciones de la autoridad competente.

Honduras avanza hacia la temporada seca, un cambio que ya se observa principalmente en las regiones central, occidental y oriental del territorio nacional. Sin embargo, la transición no significa que las precipitaciones hayan terminado por completo, pues algunas zonas todavía podrían registrar lluvias aisladas durante los próximos días.

Jairo García, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), explicó que la influencia de condiciones provenientes del norte está favoreciendo la disminución de las lluvias que afectaron al país durante septiembre y los primeros días de octubre, cuando se reportaron precipitaciones intensas en diferentes regiones.

El cambio en las condiciones atmosféricas marcará el inicio de una etapa con menor presencia de lluvias en buena parte del territorio hondureño, aunque la evolución del clima dependerá de los sistemas que continúen ingresando al país.

En la capital hondureña aún podrían presentarse lloviznas aisladas, al igual que en algunos sectores del norte y noreste de Tegucigalpa. Según García, estas precipitaciones serían menos intensas que las registradas durante las semanas anteriores.

Pese a esta tendencia, la finalización gradual de la temporada lluviosa no descarta nuevos episodios de lluvia. Las condiciones deberán seguirse evaluando mediante los pronósticos oficiales, especialmente en las regiones donde la humedad y la influencia de sistemas atmosféricos todavía puedan favorecer las precipitaciones.

Lluvias en la zona norte

Mientras las precipitaciones disminuyen en buena parte del territorio, el panorama será diferente para algunos sectores de la región norte, donde todavía podrían registrarse lluvias capaces de incrementar los acumulados de agua.

García señaló particularmente a los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, así como a sectores de Olancho próximos a Atlántida, como áreas donde las precipitaciones podrían continuar aportando cantidades importantes de lluvia.

Estas diferencias regionales muestran que el cambio de temporada no ocurre de manera uniforme en todo el país. Mientras algunas zonas avanzan hacia condiciones más secas, otras pueden seguir expuestas a episodios de lluvia, por lo que resulta importante considerar las particularidades climáticas de cada región.

La evolución de las precipitaciones también será relevante para las comunidades que experimentaron lluvias intensas durante las últimas semanas, especialmente en áreas donde las condiciones locales pueden favorecer nuevos acumulados de agua.

Con la disminución gradual de las lluvias, Honduras también se prepara para el período en el que suelen presentarse los frentes fríos, fenómenos cuya influencia comienza a sentirse hacia el cierre del año.

De acuerdo con las tendencias climáticas mencionadas por García, estos sistemas suelen presentarse entre noviembre y marzo. Sin embargo, todavía no es posible establecer una fecha precisa para el ingreso del primer frente frío ni determinar con anticipación cuál será su intensidad.

Pronósticos oficiales

La llegada de estos fenómenos puede modificar las condiciones del tiempo, especialmente en las regiones del norte, donde su influencia suele asociarse con lluvias, descensos de temperatura y cambios en los vientos, dependiendo de las características de cada sistema.

Aunque Honduras comienza a encaminarse hacia la época seca, las condiciones atmosféricas todavía pueden cambiar y provocar precipitaciones en distintas partes del territorio. La disminución de las lluvias será más evidente en las regiones central, occidental y oriental, mientras que algunos sectores del norte podrían mantener una mayor actividad lluviosa.

Ante este escenario, García recomendó a la población mantenerse pendiente de los pronósticos oficiales para conocer cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. El seguimiento será especialmente importante para las comunidades de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y las zonas de Olancho cercanas a Atlántida, donde todavía podrían registrarse lluvias que incrementen los acumulados de agua.

La fecha de llegada del primer frente frío y su posible intensidad siguen sin definirse, por lo que el comportamiento del clima deberá confirmarse conforme avance la temporada.

Un Tribunal de Sentencia condenó a José Manuel Soto Irías y Jayson Jusde Becam, dos exagentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a 26 años de prisión por extorsión en un caso ocurrido en la ciudad de Comayagua.

Además de la pena, el tribunal impuso a cada uno una multa de 21.320 lempiras (aproximadamente USD 795), la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el pago de la responsabilidad civil correspondiente, cuyo monto se fijará en la fase de ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al 30 de noviembre de 2024, cuando los ahora condenados, junto con otros agentes policiales, interceptaron a un ciudadano cerca de la terminal de buses de Comayagua. Los funcionarios argumentaron que existía una orden de captura contra él por su supuesta vinculación con la compra y venta de vehículos robados y usaron esa situación para exigirle dinero a cambio de no proceder legalmente en su contra.

La supuesta orden de captura

Según las investigaciones, los dos exagentes solicitaron al ciudadano 70.000 lempiras, equivalentes a unos USD 2.609. La exigencia estuvo condicionada a que los agentes no ejecutaran la orden de captura que mencionaron durante la intervención. Ante la presión, el ciudadano entregó inicialmente 20.000 lempiras, unos USD 745.

La información disponible no precisa si ese dinero fue recuperado ni si se efectuaron otros pagos para completar la suma exigida. Tampoco detalla qué ocurrió judicialmente con los demás agentes que habrían participado en la interceptación.

La resolución contempla sanciones económicas adicionales a la pena de cárcel. Cada exagente deberá pagar 21.320 lempiras (USD 795); en conjunto, las multas suman 42.640 lempiras, unos USD 1.589.

A eso se añade la responsabilidad civil, cuyo monto está pendiente de determinación y será fijado durante la ejecución de la sentencia. Las consecuencias económicas definitivas para los condenados dependerán tanto del pago de las multas como de la cifra que finalmente se establezca por ese concepto.

Delito de extorsión

Los hechos describen una intervención en la que los agentes usaron una supuesta orden de captura para exigir dinero a un particular. La situación involucra a exintegrantes de la DPI, organismo encargado de desarrollar investigaciones criminales en Honduras.

Aunque el ciudadano fue señalado por una presunta relación con vehículos robados, la exigencia económica para evitar una actuación policial fue el hecho que derivó en la condena por extorsión.

La información disponible no incluye detalles sobre posibles recursos contra la sentencia, procedimientos disciplinarios ni medidas adoptadas respecto a los otros funcionarios mencionados en las investigaciones.

La captura de los entonces policías se produjo ese mismo día, tras la denuncia del comerciante y un operativo coordinado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales especializados en el enjuiciamiento de servidores del sector justicia.

Con la condena dictada por el Tribunal de Sentencia, el caso pasa a una nueva etapa en la que también deberá establecerse la responsabilidad civil correspondiente, mientras la resolución judicial marca el desenlace penal para los dos exagentes señalados.

Las investigaciones también reportaron una segunda entrega de dinero el 4 de diciembre de 2024, cuando el afectado habría entregado otros 5,000 lempiras (aproximadamente US$186) en una gasolinera.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio Ardón, planteó ante el Congreso Nacional la necesidad de dotar a la institución castrense de herramientas legales que contribuyan a mejorar su capacidad de respuesta frente a las amenazas contra la seguridad del país.

La petición está dirigida a los diputados del Poder Legislativo, a quienes el alto mando instó a considerar medidas que, según explicó, permitirían reforzar el trabajo que desarrollan los militares en las labores de seguridad nacional y combate a la criminalidad.

Ardón señaló que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no debe limitarse a la incorporación de personal o a la disponibilidad de equipo y recursos logísticos, sino que también debe contemplar disposiciones legales que respalden el cumplimiento de sus funciones.

“Las Fuerzas Armadas es una institución que necesita ser reforzada, no solo con personal y logística, también con leyes”, expresó el jefe militar.

El funcionario manifestó su expectativa de que los diputados puedan analizar la propuesta, aunque no precisó cuáles son las iniciativas legales que espera que sean aprobadas ni si existe un proyecto específico presentado formalmente ante el Congreso.

Seguridad nacional y combate a la criminalidad

La solicitud del jefe castrense se enmarca en la discusión sobre las capacidades de las instituciones encargadas de enfrentar las distintas manifestaciones de la criminalidad en Honduras.

Según Ardón, contar con herramientas jurídicas adecuadas es un componente necesario para fortalecer las operaciones de seguridad y mejorar las condiciones en las que las Fuerzas Armadas desarrollan sus responsabilidades.

El planteamiento apunta a que la capacidad operativa de una institución no depende exclusivamente de los recursos humanos y materiales disponibles, sino también de las facultades y los procedimientos establecidos en la legislación.

Sin embargo, para determinar el alcance de la propuesta será necesario conocer qué disposiciones legales considera insuficientes el alto mando y qué cambios específicos plantea ante los diputados.

La información disponible no detalla si la solicitud está relacionada con reformas a leyes vigentes, nuevas facultades operativas, modificaciones a los procedimientos de actuación militar u otras medidas vinculadas con la seguridad nacional.

Fortalecimiento institucional

Durante sus declaraciones, el jefe de las Fuerzas Armadas comparó las necesidades de la institución militar con las de otros organismos creados por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

A su criterio, si otras entidades han recibido herramientas para desarrollar sus funciones, las Fuerzas Armadas también deberían contar con mecanismos jurídicos que respalden sus actuaciones.

El planteamiento busca situar a la institución castrense dentro de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades estatales para responder a los problemas de seguridad.

Congreso Nacional a examinar las propuestas

La petición coloca en el ámbito del Congreso Nacional la posibilidad de examinar las necesidades legales expuestas por el jefe militar y determinar si corresponde impulsar reformas o aprobar nuevas disposiciones.

Cualquier modificación relacionada con las facultades de las Fuerzas Armadas tendría que ser evaluada conforme al marco constitucional y legal hondureño, tomando en cuenta las competencias de las instituciones involucradas y los límites de actuación de cada una.

El análisis también requeriría precisar cómo se aplicarían las nuevas disposiciones, qué mecanismos de supervisión existirían y qué responsabilidades tendrían las autoridades encargadas de ejecutarlas.

Hasta el momento, no se ha establecido un calendario legislativo para abordar la petición ni se ha confirmado que los diputados hayan iniciado el análisis de una iniciativa concreta vinculada con las declaraciones de Ardón.

La solicitud constituye, por ahora, un planteamiento del jefe de las Fuerzas Armadas a la espera de que el Legislativo considere las necesidades que expone la institución.

Las medidas de seguridad y las reformas penales corresponden a ámbitos distintos: mientras las primeras pueden definir las facultades y los procedimientos de actuación de las instituciones, las segundas establecen las consecuencias jurídicas aplicables a las personas responsables de cometer delitos.

La eficacia de estas políticas también depende de factores como la coordinación entre las instituciones, la capacidad de investigación, el funcionamiento de los tribunales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades de salud en Honduras suscribirán un acuerdo para atender la deuda salarial que el Estado mantiene con 727 médicos en distintas regiones del país, según informó el presidente del gremio, Samuel Santos. Las negociaciones también incluyen la situación laboral de profesionales que llevan hasta 20 años bajo contratos temporales o interinatos.

Santos indicó que ambas partes sostuvieron conversaciones durante el fin de semana y que la propuesta contempla organizar los casos pendientes y establecer prioridades para avanzar en el cumplimiento de los compromisos salariales.

El siguiente paso sería la instalación de una mesa técnica ampliada a partir de las 8h del lunes, con el propósito de continuar las negociaciones y definir los mecanismos para atender a los profesionales afectados. La prioridad inicial estaría dirigida a los médicos con mayor antigüedad.

Sin embargo, la firma del documento y la definición de los procedimientos para su cumplimiento serán determinantes para conocer cómo avanzará la solución planteada. Santos indicó que todavía es necesario revisar y formalizar los términos acordados entre las partes.

Además de la deuda salarial, las conversaciones incluyen la situación laboral de profesionales que han permanecido durante largos períodos bajo modalidades de contratación temporal o interinato.

Según el presidente del CMH, existen médicos que acumulan entre 10 y 20 años de servicio en esas condiciones, una situación que también se pretende abordar mediante mecanismos que permitan avanzar hacia la regularización de sus plazas.

Revisión y documentación de casos

La mesa técnica deberá revisar estos casos y buscar alternativas que permitan determinar cómo atenderlos, de acuerdo con los mecanismos administrativos que se establezcan en el acuerdo.

Uno de los planteamientos de Santos es que la mesa técnica no funcione únicamente como un espacio temporal para resolver la coyuntura actual, sino que se convierta en una instancia permanente de seguimiento.

La intención, según el dirigente, es que ese mecanismo permita atender de manera continua los problemas administrativos y salariales que afectan al personal médico, en lugar de esperar a que las dificultades se acumulen para iniciar nuevas negociaciones.

Una instancia de ese tipo tendría como propósito facilitar la revisión de los casos pendientes, dar seguimiento a los compromisos adquiridos y mantener comunicación entre las autoridades responsables y la representación gremial.

Aunque las negociaciones apuntan a una posible salida al conflicto, Santos evitó garantizar que todas las actividades médicas regresarán a la normalidad de manera inmediata.

El presidente del CMH señaló que todavía es necesario revisar y firmar los documentos correspondientes antes de establecer una posición definitiva sobre la continuidad de las medidas gremiales.

En medio de las asambleas informativas y las negociaciones, Santos aseguró que el gremio ha mantenido la atención de los pacientes, incluidos quienes padecen enfermedades crónicas y cáncer.

El dirigente sostuvo que, pese a las actividades informativas desarrolladas por los profesionales, se ha procurado mantener la asistencia a esos pacientes.

Sin embargo, el alcance de la atención durante este período no fue detallado en la información proporcionada por el gremio. Tampoco se especificaron los centros asistenciales, las especialidades o los servicios que podrían haber experimentado cambios en sus operaciones.

La información proporcionada no incluye un inventario de los medicamentos faltantes, una relación de los hospitales afectados ni cifras sobre la magnitud de la escasez.

Mayor presupuesto para la salud

Santos reiteró la necesidad de incrementar los recursos destinados a la salud pública y de impulsar medidas estructurales que permitan mejorar las condiciones laborales del personal médico y garantizar una atención oportuna a la población.

La solicitud amplía el debate más allá de la deuda que afecta a los 727 profesionales y plantea la necesidad de revisar las condiciones financieras y administrativas bajo las cuales se prestan los servicios sanitarios.

Desde la perspectiva expresada por el dirigente, resolver los pagos pendientes es una parte de la respuesta, pero no sustituye la necesidad de atender otros problemas relacionados con la contratación, la estabilidad del personal, la disponibilidad de insumos y la capacidad operativa de los hospitales.

La información disponible no detalla cuánto presupuesto adicional solicita el gremio ni qué partidas deberían recibir prioridad. Tampoco se han precisado las medidas financieras o administrativas que las autoridades estarían dispuestas a adoptar como parte del acuerdo en negociación.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) forma parte de su Programa de Fortalecimiento 2026, contempla la entrega de insumos agrícolas y mejoras en las instalaciones de almacenamiento de semillas. La meta es producir alrededor de 9.000 quintales de semilla certificada para utilizarlos en la siembra de primera de 2027.

El programa abarcará productores de Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Lempira, donde se destinarán 314 hectáreas, equivalentes a unas 450 manzanas, a la multiplicación de semilla de frijol.

La inversión busca atender una de las etapas centrales de la producción agrícola: contar con semillas de calidad y en cantidades suficientes para establecer nuevos cultivos. Sin embargo, el cumplimiento de las metas dependerá también de las condiciones climáticas, el manejo de las parcelas y el rendimiento que alcancen los productores.

De acuerdo con las proyecciones del programa, las 450 manzanas destinadas a la multiplicación permitirían obtener unos 9.000 quintales de semilla certificada de frijol, que se distribuirían entre productores durante el ciclo de siembra de primera de 2027.

Semilla certificada

Con esa disponibilidad, la expectativa es establecer alrededor de 15.000 manzanas de frijol con semilla certificada y alcanzar una producción estimada de 225.000 quintales de grano.

Estas cifras representan las metas previstas por la iniciativa y no resultados ya alcanzados. Su cumplimiento dependerá de que se concrete la multiplicación de semillas, la distribución a tiempo para la siembra y las condiciones en que se desarrollen los cultivos.

La ampliación del uso de semilla certificada busca fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de los agricultores a material de siembra de calidad. Para los pequeños productores, disponer de semillas adecuadas puede ser un factor importante al momento de establecer sus parcelas, aunque los resultados también dependen de otros insumos y de las condiciones de cada temporada agrícola.

Los fondos de la SAG se destinarán a la compra de insumos agrícolas y al acondicionamiento de cámaras de almacenamiento de semilla de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

Cada beneficiario recibirá un kit con fertilizantes potásicos, productos con nitrógeno y azufre, insecticidas, fungicidas, bioestimulantes foliares y reguladores de crecimiento, destinados a respaldar el manejo de los cultivos utilizados para multiplicar semilla certificada.

La intervención también incluye mejoras en las instalaciones de almacenamiento, componente necesario para conservar la semilla y facilitar su manejo antes de la distribución a los agricultores.

Según la información proporcionada por la institución, los insumos ya están preparados para su entrega. Los productores beneficiarios, por su parte, aportarán la semilla base como contrapartida para desarrollar el proceso de multiplicación.

Para acceder al apoyo, los participantes deben estar registrados como comercializadores de semilla certificada dentro de las organizaciones correspondientes.

Cinco departamentos en el programa

La iniciativa llegará a Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Lempira, incluidos en la estrategia para fortalecer la producción de semilla de frijol.

El trabajo se realizará mediante organizaciones de productores que participan en la multiplicación y comercialización de semillas certificadas, esquema que busca vincular a los agricultores con el proceso de producción y distribución del material que posteriormente se utilizará en nuevas siembras.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó la importancia de esta etapa para la actividad agrícola nacional al señalar que la semilla constituye el punto de partida de la producción.

El objetivo es que el respaldo no se limite a la entrega de insumos, sino que contribuya a mantener la capacidad de los productores que se dedican a multiplicar semilla y abastecer a otros agricultores.

Las dificultades asociadas al clima forman parte de las razones por las que los productores valoran este apoyo. Yadira Lobo, integrante de la Asociación de Productores de San Pedro Zacapa, en Santa Bárbara (ASOPAZ), manifestó que las condiciones de sequía han afectado la capacidad productiva y que el programa representa una oportunidad para recuperarse.

Lobo señaló que el respaldo será útil para quienes se dedican a multiplicar semilla de frijol, actividad que requiere condiciones adecuadas para mantener los rendimientos y disponer de material para futuras siembras.

Cristian Reyes, también multiplicador de semilla, expresó que los cambios en las condiciones climáticas y las pérdidas de cultivos han complicado el trabajo agrícola. Por ello, valoró la entrega de insumos destinada a fortalecer a los productores que abastecen de semilla a sus comunidades.

La disponibilidad de semilla certificada es un elemento importante para el abastecimiento agrícola, pero la inversión deberá traducirse en resultados concretos para cumplir con las metas anunciadas.

Los 9.000 quintales de semilla proyectados deberán pasar por las etapas de cultivo, cosecha, acondicionamiento y distribución antes de llegar a los agricultores que los utilizarán en la siembra de primera de 2027.

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, visitó los Jardines Vaticanos durante su gira oficial por Italia, donde rindió homenaje a la imagen de la Virgen de Suyapa, patrona del país, en un acto marcado por la oración y la tradición religiosa hondureña.

Durante el recorrido, el mandatario colocó un arreglo floral frente a la imagen y elevó una plegaria en la que encomendó al pueblo hondureño, en un gesto que resaltó los vínculos de fe y tradición que unen a Honduras con la Iglesia católica.

Asfura estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera; y la embajadora hondureña ante la Santa Sede, Gilliam Noemí Gómez Guifarro.

La visita se desarrolló como parte de las actividades del gobernante en el Vaticano, donde su agenda también ha incluido encuentros orientados a fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación entre Honduras y la Santa Sede.

La presencia de la patrona de Honduras en los Jardines Vaticanos constituye uno de los vínculos simbólicos entre la nación centroamericana y el corazón de la Iglesia católica.

La réplica de la Virgen de Suyapa fue entronizada en ese espacio el 20 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. La imagen, elaborada en bronce por el artista hondureño Jesús Zelaya, representa la devoción mariana y la identidad religiosa de miles de hondureños.

La historia de esta advocación se remonta a 1747, cuando, según la tradición católica, el campesino Alejandro Colindres encontró una pequeña imagen de madera de cedro en las proximidades de Tegucigalpa.

Décadas después, en 1925, el papa Pío XI declaró a la Virgen de Suyapa patrona de Honduras. Desde entonces, cada 3 de febrero, miles de fieles participan en celebraciones religiosas en su honor, especialmente en la Basílica de Suyapa, en la capital hondureña.

La presencia de la imagen en el Vaticano también ha estado relacionada con las prácticas de oración de los pontífices. Durante su pontificado, Benedicto XVI acostumbraba recorrer los Jardines Vaticanos y dedicar momentos a la oración y al rezo del rosario frente a la representación de la patrona hondureña.

Como parte de su agenda en la Santa Sede, el presidente hondureño también visitó la Basílica de San Pedro, uno de los principales templos de la Iglesia católica y un referente histórico y arquitectónico del Vaticano.

El recorrido se enmarca en la gira oficial que Asfura desarrolla en Italia, con actividades diplomáticas y encuentros destinados a estrechar los lazos entre ambas partes.

El pasado 22 de octubre, el mandatario firmó un tratado bilateral con la Santa Sede, junto al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, con el propósito de fortalecer las relaciones institucionales y la cooperación.

La firma del instrumento forma parte de los esfuerzos diplomáticos para profundizar los vínculos entre Honduras y la Santa Sede, que mantienen una relación histórica marcada por la cooperación y los lazos culturales y religiosos.

La visita a los Jardines Vaticanos y a la Basílica de San Pedro complementó las actividades oficiales del gobernante, quien destacó mediante este recorrido la importancia de la fe y de los vínculos históricos que conectan al pueblo hondureño con la tradición católica.

La imagen de la Virgen de Suyapa, presente en el Vaticano desde 2013, representa así un símbolo de identidad nacional para los hondureños y un punto de encuentro entre la devoción religiosa y las relaciones entre Honduras y la Santa Sede.

La Secretaría de Energía (SEN) anunció una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, con reducciones en varios derivados del petróleo y aumentos en el queroseno y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

Los nuevos valores reflejan el comportamiento de los precios internacionales y las medidas de alivio económico que mantiene el Gobierno para reducir el impacto de los combustibles en el presupuesto de los hogares y los costos de transporte.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, la gasolina superior registrará una rebaja de L2.64 por galón, mientras que la gasolina regular disminuirá L0.96. Por su parte, el diésel y el GLP doméstico mantendrán sus precios gracias a los subsidios gubernamentales.

En contraste, el queroseno será uno de los derivados que experimentará un incremento, con un ajuste de L1.22, mientras que el GLP vehicular subirá L2.15 por galón.

La nueva estructura contempla variaciones diferenciadas según el tipo de combustible y los mecanismos de apoyo económico aplicados por las autoridades.

Estos son los precios y ajustes anunciados por la Secretaría de Energía:

• Gasolina superior: baja L2.64 y queda en L154.51 por galón.
• Gasolina regular: baja L0.96 y queda en L140.01 por galón.
• Diésel: mantiene su precio en L153.53 por galón debido al subsidio gubernamental.
• Queroseno: aumenta L1.22 por galón.
• GLP doméstico: mantiene su precio en L249.62 por cilindro, gracias al subsidio.
• GLP vehicular: aumenta L2.15 y queda en L58.66 por galón.

Los ajustes representan un alivio para los consumidores de gasolina superior y regular, aunque los usuarios de queroseno y gas vehicular deberán afrontar incrementos en sus gastos.

La SEN destacó que las medidas de apoyo se mantienen como parte de la estrategia gubernamental para contener el efecto de las variaciones internacionales en el mercado nacional.

La Secretaría de Energía explicó que el precio del diésel se mantiene estable mediante la absorción del impuesto correspondiente, con el propósito de evitar que los incrementos internacionales se trasladen directamente al consumidor hondureño.

Según la institución, entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre, el diésel acumuló un incremento internacional de L35.28 por galón, una variación que no se reflejará en el precio pagado por los consumidores debido al mecanismo de apoyo estatal.

La gasolina regular también continúa bajo un esquema de respaldo económico temporal, mediante el cual el Gobierno absorbe el 70% del incremento correspondiente, según el comunicado divulgado por la SEN.

En el caso del gas licuado de petróleo de uso doméstico, las autoridades mantienen el subsidio para proteger la economía familiar y evitar aumentos en el precio del cilindro utilizado en los hogares hondureños.

Estas medidas buscan amortiguar las presiones derivadas del mercado internacional, especialmente en productos que tienen un impacto directo en el transporte, la distribución de mercancías y el consumo doméstico.

La institución señaló que el comportamiento de los precios internacionales continúa representando un desafío para el mercado energético nacional, por lo que el Gobierno mantendrá los mecanismos de apoyo económico dirigidos a los consumidores.

“Ante el incremento de los precios internacionales de los combustibles, el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, mantiene las medidas de alivio económico para reducir el impacto en el bolsillo de la población”, indicó la entidad.

La política de subsidios tiene como objetivo contener parte de los costos que podrían trasladarse a los usuarios finales, en un contexto en el que los combustibles inciden en las tarifas de transporte y en los gastos operativos de diferentes sectores económicos.

La atención médica en los hospitales y centros asistenciales de Honduras comenzará a normalizarse el lunes 26 de octubre, luego de que el gremio médico y las autoridades sanitarias alcanzaran un acuerdo para suspender las asambleas informativas que afectaron varios servicios durante las últimas semanas.

El acuerdo pone en pausa un conflicto que se prolongó durante 48 días y que provocó la interrupción de consultas externas y cirugías electivas en distintos establecimientos de salud del país. Sin embargo, la solución definitiva dependerá de los avances en las negociaciones sobre los salarios pendientes y los problemas administrativos señalados por los profesionales.

El doctor Héctor Carranza, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), confirmó que el entendimiento se alcanzó durante una reunión virtual celebrada la noche del viernes 23 de octubre, con la participación de representantes del Gobierno y delegados del gremio médico a nivel nacional.

“Tenemos buenas noticias, porque ya el lunes se vuelve a las consultas externas y a las cirugías electivas”, expresó Carranza en una entrevista concedida al medio de comunicación HCH.

La suspensión de las asambleas permitirá retomar estos servicios mientras continúan las conversaciones para atender las demandas del personal médico y resolver los retrasos en el pago de salarios.

Uno de los principales puntos que deberá resolver la mesa técnica es la situación de los profesionales de la medicina que todavía no han recibido el pago correspondiente por sus servicios.

Carranza aseguró que el gremio ha identificado a numerosos médicos afectados por estos retrasos y cuestionó los procedimientos administrativos de la Secretaría de Salud (Sesal).

“Hay mucho desorden en la Secretaría de Salud. Por lo menos hay más de 500 médicos a los que no se les ha pagado”, manifestó el representante del Colegio Médico.

La denuncia evidencia uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución definitiva al conflicto, debido a que los atrasos salariales han sido una de las razones que mantienen las diferencias entre las autoridades gubernamentales y los galenos.

Ante esta situación, las partes acordaron instalar una mesa técnica ampliada a partir del lunes 26 de octubre, con el propósito de revisar los casos pendientes y establecer mecanismos que permitan resolver las dificultades relacionadas con las planillas y la asignación de recursos para el pago del personal.

En este espacio se prevé la participación de representantes de la Secretaría de Salud, el Colegio Médico de Honduras, el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas.

La intervención de estas instituciones permitirá examinar los expedientes de los profesionales afectados e identificar los problemas administrativos que han dificultado el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Con la suspensión de las asambleas informativas, los establecimientos sanitarios podrán retomar las consultas externas y las cirugías electivas, dos de los servicios más afectados durante las semanas de conflicto.

No obstante, el regreso a la actividad habitual representa un desafío para el sistema sanitario, debido a la cantidad de pacientes que quedaron a la espera de una evaluación médica o de un procedimiento quirúrgico.

Carranza reconoció que la interrupción de las atenciones generó un rezago que deberá ser atendido por los establecimientos de salud una vez que se reanuden las actividades.

“Toda esa gente que no ha recibido consulta externa está rezagada y va a tener que evacuarse en el menor tiempo posible. Todo se va a ir resolviendo en el camino”, señaló.

El representante del CMH sostuvo que el trabajo de la mesa técnica será determinante para avanzar en la resolución de las demandas salariales y evitar que las dificultades administrativas continúen afectando al personal sanitario.

La exclusión educativa, el reclutamiento por parte de grupos criminales y la falta de oportunidades figuran entre los factores que aumentan la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en Honduras, advirtió Cándida Maradiaga, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al pedir que las estrategias de seguridad no estigmaticen a los jóvenes.

La funcionaria sostuvo que los adolescentes vinculados al sistema de justicia no representan, por sí solos, la explicación de la criminalidad que afecta al país.

Por ello, instó a las autoridades a priorizar la prevención de la violencia, la protección integral y la rehabilitación de quienes entran en conflicto con la ley.

Maradiaga respaldó su planteamiento con cifras sobre la población sometida a medidas judiciales. Según detalló, 157 adolescentes permanecen privados de libertad, mientras que otros 1,426 cumplen medidas no privativas de libertad.

En contraste, señaló que 19,374 personas adultas están privadas de libertad, una diferencia que, a su juicio, evidencia la necesidad de analizar la inseguridad desde una perspectiva más amplia, sin atribuir la responsabilidad principal a la población adolescente.

La representante del Conadeh insistió en que las políticas públicas deben tomar en cuenta las condiciones sociales que rodean a los menores y las situaciones de riesgo que pueden llevarlos a entrar en contacto con estructuras delictivas.

Uno de los aspectos que preocupa al organismo de derechos humanos es la cantidad de niños y adolescentes que permanecen fuera de las aulas, una situación que puede limitar sus oportunidades de desarrollo y aumentar su exposición a diferentes formas de violencia.

Maradiaga señaló que más de 1.2 millones de niños y adolescentes están excluidos del sistema educativo, mientras que otros enfrentan problemas como el acoso escolar, el trabajo infantil y las labores peligrosas.

La funcionaria también alertó sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales, que, según explicó, utilizan a adolescentes para actividades ilícitas como la venta de drogas y la extorsión.

Estas situaciones representan un desafío para las instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez, especialmente en comunidades donde existen condiciones de vulnerabilidad social y económica.

A este panorama se suman los menores en situación de calle y los embarazos adolescentes, incluidos casos relacionados con abusos sexuales, problemáticas que requieren respuestas coordinadas entre las instituciones estatales y los sistemas de protección.

La representante del Conadeh consideró necesario evitar que los jóvenes sean señalados de manera generalizada por los problemas de seguridad del país, sin atender los factores que los exponen a la violencia y al involucramiento en actividades delictivas.

Ante este escenario, el Conadeh planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), creado en 2019 para articular acciones dirigidas a la protección de los menores.

Maradiaga también solicitó aumentar los recursos destinados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), con el propósito de ampliar su capacidad de respuesta y mejorar la atención a la población infantil y adolescente en situación de riesgo.

La representante señaló que el Estado debe respaldar a las familias y reforzar los mecanismos de prevención, protección y rehabilitación, en lugar de concentrar sus esfuerzos únicamente en las medidas punitivas.

Desde esta perspectiva, la atención de la niñez requiere políticas que garanticen el acceso a la educación, reduzcan la exposición al reclutamiento criminal y permitan intervenir oportunamente cuando se detecten situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones responsables de proteger a los menores resulta clave para responder a las distintas formas de violencia y exclusión que afectan a esta población.

Maradiaga reiteró que las autoridades deben abordar las causas estructurales de la inseguridad y garantizar los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley.

Una jornada de duelo terminó marcada por la violencia en Comayagua, luego de que dos personas fueran asesinadas a balazos en la entrada principal del Cementerio General, mientras familiares, amigos y vecinos se encontraban en el lugar para despedir a un joven procedente del barrio La Independencia.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido como César, alias «Birimbí», quienes perdieron la vida tras ser atacados por sujetos armados que, según los primeros reportes, se movilizaban en una motocicleta.

El doble homicidio ocurrió durante la mañana de este sábado 24 de octubre y provocó momentos de temor entre las personas que participaban en las honras fúnebres.

Las detonaciones interrumpieron la tranquilidad del camposanto y generaron alarma entre quienes se encontraban cerca del acceso principal.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron a las inmediaciones del cementerio y abrieron fuego contra las dos personas. Después de cometer el crimen, habrían abandonado el lugar a bordo de la motocicleta en la que se transportaban.

El hecho causó consternación entre los presentes, debido a que ocurrió en un espacio donde varias familias se habían congregado para acompañar a sus seres queridos durante un momento de despedida.

Lo que debía ser una ceremonia marcada por el duelo se convirtió en una escena de violencia que obligó a solicitar la intervención de las autoridades.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon el ataque no han sido esclarecidas públicamente y tampoco se ha confirmado la identidad de los responsables.

Los primeros reportes señalan que varios individuos desconocidos llegaron hasta las inmediaciones de la entrada principal del Cementerio General de Comayagua y dispararon contra Mejía Márquez y el hombre conocido como «Birimbí».

Los testimonios preliminares indican que los sospechosos utilizaron una motocicleta para movilizarse y escapar después de efectuar los disparos. Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer cómo ocurrió la huida y si existen elementos que permitan identificar a los responsables.

Ana Isabel Mejía Márquez y César murieron como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego, según la información inicial sobre el doble crimen.

Personas de la zona manifestaron que ambas víctimas eran conocidas en los alrededores del cementerio y que acostumbraban permanecer en ese sector.

Este detalle forma parte de las referencias preliminares proporcionadas por habitantes del lugar, aunque no se han divulgado mayores datos sobre sus actividades o posibles vínculos con el hecho violento.

Familiares, amigos y vecinos se habían reunido en el Cementerio General para darle el último adiós cuando comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego.

La presencia de varias personas en las inmediaciones hizo que el ataque provocara alarma y momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Los disparos interrumpieron las honras fúnebres y alteraron una jornada de duelo, en la que los presentes esperaban acompañar a la familia del joven fallecido.

Tras escuchar las detonaciones, algunas personas alertaron a las autoridades policiales para que se desplazaran hasta el lugar y atendieran la emergencia. La situación generó preocupación entre quienes permanecían dentro del camposanto y en sus alrededores.

Minutos después del ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al Cementerio General de Comayagua para asegurar el perímetro e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Los funcionarios comenzaron a recopilar información sobre lo sucedido y a recabar referencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Las autoridades agrícolas hondureñas mantienen sus proyecciones de producción de granos básicos y descartan, por ahora, un escenario de escasez generalizada en el mercado nacional. El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, afirmó que las estimaciones para este año apuntan a una cosecha importante de frijol, maíz y arroz.

De acuerdo con el funcionario, el país espera alcanzar los tres millones de quintales de frijol, un millón de quintales de maíz y 550.000 quintales de arroz. Estas cifras constituyen las previsiones oficiales para el cierre del ciclo productivo, aunque su cumplimiento dependerá del comportamiento de las cosechas y de las condiciones que enfrenten los productores.

Molina sostuvo que el sector comercial presenta perspectivas favorables para responder a la demanda interna, por lo que no considera que exista, en este momento, una amenaza de desabastecimiento de los principales granos consumidos por la población hondureña.

Sin embargo, la proyección nacional no significa que todos los productores tendrán resultados positivos. El propio ministro reconoció que las condiciones climáticas pueden afectar a las familias agricultoras que dependen directamente de sus cultivos para alimentarse y que cuentan con menos recursos para enfrentar las pérdidas.

El Corredor Seco, principal riesgo

Uno de los principales desafíos para el ciclo agrícola se encuentra en el Corredor Seco, donde numerosos hogares dependen de las cosechas para cubrir sus necesidades alimentarias.

Molina reconoció que las condiciones del clima tendrán repercusiones sobre los agricultores de subsistencia, un sector especialmente vulnerable cuando las lluvias son irregulares o los períodos secos afectan el desarrollo de los cultivos.

Esta diferencia resulta clave para evaluar la situación agrícola del país: la disponibilidad de granos en los circuitos comerciales no garantiza que todas las familias rurales tengan acceso a ellos en cantidades suficientes.

El ministro no precisó cuántos productores podrían resultar afectados por las condiciones climáticas ni estimó las pérdidas que podrían registrarse en las zonas más vulnerables. Tampoco detalló si se implementarán medidas adicionales de apoyo para las familias que enfrenten una reducción en sus cosechas.

Proyectan 250.000 quintales de frijol

Entre las zonas productoras que figuran en las proyecciones oficiales está el departamento de El Paraíso, donde se espera una cosecha cercana a los 250.000 quintales de frijol.

Esa producción tendría un papel relevante en el abastecimiento nacional, dado el peso de este grano en la dieta hondureña y la necesidad de mantener una oferta suficiente durante los meses de mayor demanda.

Molina también informó que el Gobierno autorizó licencias de exportación de frijol como parte de una estrategia para incentivar la actividad agrícola. La medida busca ofrecer oportunidades comerciales a los productores y estimular la siembra, en lugar de limitar la comercialización del grano únicamente al mercado interno.

El funcionario defendió esta política al señalar que, si el país necesita complementar su oferta mediante compras en el extranjero, existe la posibilidad de hacerlo sin abandonar el objetivo de fortalecer la producción nacional: “Si es necesario traer frijol de otro lado, lo traemos, pero necesitamos estimular la producción en el campo”.

La estrategia plantea un equilibrio entre el abastecimiento interno y los incentivos para los agricultores. No obstante, su impacto dependerá de la cantidad de grano disponible, la evolución de los precios y la capacidad de las autoridades para evitar que las operaciones comerciales afecten el suministro nacional.

Intercambio comercial con Nicaragua

Consultado sobre una eventual importación de frijol desde Nicaragua, Molina explicó que el intercambio agrícola entre ambos países se desarrolla en ambas direcciones y no se limita a las compras hondureñas al mercado vecino.

El ministro señaló que parte del frijol cultivado en La Mosquitia hondureña fue trasladado a territorio nicaragüense, como parte de los movimientos comerciales destinados a fortalecer el mercado agrícola de Honduras.

Sin embargo, el funcionario no detalló los volúmenes de frijol movilizados entre ambos países, los precios de las operaciones ni las condiciones comerciales bajo las cuales se realizaron esos movimientos.

Tampoco precisó si el Gobierno contempla nuevas importaciones para el cierre del año o si las compras externas dependerán de los resultados definitivos de la cosecha hondureña.

Abastecimiento para cierre del año

Las proyecciones de producción constituyen uno de los indicadores para evaluar la disponibilidad de granos básicos en Honduras, pero el comportamiento del mercado también dependerá de la distribución de las cosechas, los costos de transporte y almacenamiento, y la evolución de la demanda.

En el caso del frijol, la autorización de exportaciones y la posibilidad de recurrir a importaciones plantean la necesidad de mantener un seguimiento de las existencias disponibles para el consumo nacional.

Aunque la SAG descarta una escasez generalizada con base en las perspectivas actuales, las proyecciones deberán contrastarse con los resultados efectivos de la cosecha.

Una cuña de alta presión influirá en las condiciones meteorológicas de Honduras durante este sábado, con vientos del norte, un leve descenso de las temperaturas y lluvias de intensidad variable, principalmente en las regiones norte y nororiental del país.

El pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), indica que se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente dispersos, en esas zonas, mientras que en el occidente y centro se prevén precipitaciones débiles y aisladas.

En el resto del territorio nacional predominarán las condiciones mayormente secas, aunque las temperaturas variarán según la región, con máximas de hasta 35 °C en el sur del país.

Temperaturas por departamento

Los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas máximas más elevadas de la jornada, con 35 °C, seguidos de Gracias a Dios, donde se esperan hasta 32 °C, y Olancho, con 30 °C.

En contraste, Intibucá tendrá las condiciones más frescas, con una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 15 °C. En Copán, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 25 °C.

En Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, el pronóstico contempla una máxima de 26 °C y una mínima de 20 °C.

Estas son las temperaturas previstas para los 18 departamentos:

• Atlántida: máxima de 27 °C y mínima de 24 °C.
• Choluteca: máxima de 35 °C y mínima de 25 °C.
• Colón: máxima de 28 °C y mínima de 25 °C.
• Comayagua: máxima de 28 °C y mínima de 22 °C.
• Copán: máxima de 25 °C y mínima de 18 °C.
• Cortés: máxima de 29 °C y mínima de 24 °C.
• El Paraíso: máxima de 26 °C y mínima de 19 °C.
• Francisco Morazán: máxima de 26 °C y mínima de 20 °C.
• Gracias a Dios: máxima de 32 °C y mínima de 26 °C.
• Intibucá: máxima de 20 °C y mínima de 15 °C.
• Islas de la Bahía: máxima de 27 °C y mínima de 25 °C.
• La Paz: máxima de 27 °C y mínima de 21 °C.
• Lempira: máxima de 25 °C y mínima de 19 °C.
• Ocotepeque: máxima de 27 °C y mínima de 19 °C.
• Olancho: máxima de 30 °C y mínima de 23 °C.
• Santa Bárbara: máxima de 29 °C y mínima de 21 °C.
• Valle: máxima de 35 °C y mínima de 24 °C.
• Yoro: máxima de 24 °C y mínima de 21 °C.

Oleaje y condiciones astronómicas

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos prevé un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca.

Para este sábado, la salida del sol está prevista a las 5:41 de la mañana, mientras que la puesta ocurrirá a las 5:24 de la tarde. La fase lunar corresponde al cuarto creciente.

La influencia de la cuña de alta presión marcará, por tanto, una jornada con mayor probabilidad de precipitaciones en el norte y nororiente, temperaturas ligeramente más bajas en algunas zonas y condiciones predominantemente secas en buena parte del territorio hondureño.

Las condiciones pueden variar durante el día, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales de Cenaos y Copeco.

Un administrador de empresas hondureño de 49 años permanece en paradero desconocido en Rusia tras viajar engañado con una falsa oferta laboral para realizar tareas de inventario, un nuevo caso de desaparición forzada en el contexto de la guerra que mantiene en zozobra a su familia.

Su hija, radicada en España, relató en entrevista exclusiva con Infobae la angustia de un proceso que comenzó con una supuesta invitación a un museo y derivó en un campo de entrenamiento militar en territorio ruso. Este testimonio fue compartido por ella a este medio para visibilizar el drama que enfrentan decenas de familias latinoamericanas.

La búsqueda de empleo del profesional se intensificó entre abril y mayo de 2026, tras perder su trabajo en una institución debido a un cambio gubernamental. El hombre ingresó su currículum en bolsas de trabajo digitales, donde presuntos reclutadores le prometieron un trabajo administrativo.

Sin embargo, los documentos de viaje no correspondían a un visado laboral, sino a una invitación cultural. “A él le dijeron que lo contactaron por un trabajo, pero a la hora de la hora, la carta de invitación no decía visa de trabajo, decía otra invitación a un museo”, afirmó la hija en declaraciones a Infobae.

El 4 de julio de 2026, el hondureño emprendió el trayecto hacia Moscú con escalas en Panamá y Turquía. En la terminal panameña, las autoridades migratorias lo retuvieron por carecer de la vacuna contra la fiebre amarilla.

No obstante, el hombre contactó a los organizadores del traslado, quienes gestionaron su salida de forma inmediata. Al pisar suelo ruso, las autoridades locales le confiscaron el pasaporte, le hicieron firmar contratos en ruso y lo trasladaron a una base militar.

Lesiones, aislamiento y el envío al frente de combate

El profesional comunicó a sus parientes que se encontraba retenido junto a cuatro compatriotas, identificados como Óscar Matute y Mario Edgardo Varela Rivera, además de combatientes de República Dominicana y Argentina.

Hacia mediados de julio, el hondureño sufrió graves lesiones en las rodillas al caer de un camión militar durante las maniobras tácticas. Ante las súplicas familiares para que abandonara las instalaciones, el hombre explicó que no tenía escapatoria. “No me van a dejar salirme, me van a golpear si ahorita que estoy así... no me dan comida, nada, tengo una semana de no comer porque no me puedo levantar de la cama”, relató el afectado a su hija.

La familia solicitó asistencia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Tras semanas de gestiones, la Cancillería remitió una solicitud formal para tramitar la baja del ciudadano ante los mandos rusos.

El 18 de agosto, en la última llamada directa con su hija, el administrador confirmó la entrega del documento. A partir del 24 de agosto, fecha en que un tercero tuvo un breve contacto con él, no hubo más comunicaciones directas.

Durante las semanas posteriores, el hogar quedó sumido en versiones discordantes. El 4 de octubre, el servicio exterior hondureño informó que el Ministerio de Defensa ruso lo registraba como combatiente activo.

Días después, un compañero aseguró que había muerto en combate, aunque un médico militar afirmó poco después que seguía con vida. La última alerta provino de otro soldado de origen dominicano que transmitió la confirmación de la baja por parte del comandante. “Que unos digan que está vivo, otros digan que falleció, yo me estoy volviendo loca”, expresó la joven a Infobae.

La búsqueda de dos hermanas hondureñas confirma que las desapariciones en la guerra no son un hecho aislado

En los últimos meses, Infobae ha documentado múltiples expedientes de latinoamericanos atrapados en la guerra de Rusia, con testimonios que involucran a ciudadanos salvadoreños, panameños, un guatemalteco y casos de Honduras.

Un antecedente significativo ocurrió a mediados de año, cuando la diplomacia hondureña coordinó la repatriación de connacionales según reflejó la crónica Seis hondureños retornan al país tras engaño de falsos empleos en Rusia.

Asimismo, la investigación especial por parte de este medio; “Iba para una empresa, pero lo mandaron al ejército”: la trampa que arrastró a dos hondureños a la guerra en Rusia expuso la lucha de Gabriela Sandoval y Rocío Medina, dos hermanas que exigen respuestas sobre el paradero de Héctor Gabriel Sandoval y Wilfredo Lemuel Medina.

Ambos desaparecieron tras viajar bajo promesas salariales extraordinarias o contratos de pesca industrial, lo que ratifica la vigencia de una red de captación que continúa sumando víctimas centroamericanas en el este europeo.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) considera fundamental que Honduras mantenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de los desafíos económicos y las reformas que enfrenta el país, especialmente en el sector energético.

Así lo expresó Manuel Hernández, directivo del Cohep, luego de una reunión con representantes del organismo internacional, en la que abordaron asuntos relacionados con la macroeconomía, el desarrollo económico y la participación de la empresa privada en el fortalecimiento de las finanzas nacionales.

Hernández explicó que durante el encuentro se discutieron temas estructurales de Honduras y las posibilidades de continuar trabajando de manera conjunta para que la revisión del programa económico concluya satisfactoriamente.

“Realmente se abordaron los temas estructurales del país, la macroeconomía, cómo el sector privado puede apoyar a la macroeconomía del país, cómo nosotros podemos seguir trabajando en conjunto para que esta revisión se lleve a feliz término”, manifestó.

El representante empresarial agregó que el sector privado proporcionó información al FMI sobre distintos aspectos de la economía hondureña.

Asimismo, consideró que las reuniones sostenidas por el organismo con el Gobierno también permitirán reunir elementos para elaborar su evaluación.

De acuerdo con Hernández, será el Fondo Monetario Internacional el encargado de analizar los insumos recibidos y emitir el informe correspondiente como parte del proceso de revisión.

Uno de los asuntos abordados durante la reunión fue la situación del subsector eléctrico, un área que el sector privado considera determinante para mejorar la competitividad y generar condiciones favorables para la inversión en Honduras.

Hernández señaló que perciben de manera positiva la postura del FMI sobre la reforma eléctrica, debido a que los cambios podrían contribuir a enfrentar los problemas que afectan al sistema energético nacional.

Entre los principales desafíos mencionó las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuya reducción es considerada necesaria para mejorar el funcionamiento del sector.

El directivo sostuvo que las reformas deben contribuir no solo a detener el deterioro del sistema, sino también a garantizar el suministro de energía que necesitan las empresas para operar y expandir sus actividades.

“Ellos ven positiva la reforma, ven que puedan mediante esto poder llegar a detener ese problema drástico que tenemos en Honduras y que podamos no solo tener energía más barata, sino tener la energía que necesitamos y la potencia requerida para las empresas en el país”, explicó.

Para el sector privado, contar con un sistema eléctrico más eficiente representa una condición importante para atraer capital, reducir costos operativos y fortalecer las actividades productivas.

La expectativa es que las medidas que se adopten permitan avanzar en la solución de los problemas estructurales del sector y mejorar la disponibilidad del servicio para los consumidores y las empresas.

Hernández también insistió en la importancia de alcanzar resultados favorables en las negociaciones con el FMI, al considerar que la estabilidad económica y el cumplimiento de los compromisos internacionales pueden contribuir al desarrollo nacional.

Desde la perspectiva del Cohep, el desempeño económico del país debe entenderse como un objetivo compartido entre el Gobierno, la empresa privada y la población hondureña, independientemente de las autoridades que se encuentren al frente de la administración pública.

“Desde el punto de vista de la empresa privada esperamos que el éxito del Gobierno es el éxito de todos en nuestro país”, expresó el representante empresarial.

Asimismo, señaló que espera que las autoridades puedan impulsar medidas que permitan mejorar las condiciones económicas y abrir oportunidades para el crecimiento de Honduras.

“Si Honduras está bien, todos estamos bien”, concluyó Hernández.

Las fuertes corrientes de agua volvieron a cobrar una vida en Honduras. Susana Sabillón murió después de que el vehículo en el que viajaba junto a su esposo fuera arrastrado por el río Dorado, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

La emergencia movilizó al Cuerpo de Bomberos y a pobladores de la zona, quienes participaron en las labores de búsqueda para localizar a la mujer.

Posteriormente, los equipos de rescate encontraron su cuerpo sin vida, mientras que su esposo consiguió salir del afluente y sobrevivió al incidente.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades confirmaron lo ocurrido, aunque hasta el momento no han brindado detalles sobre las circunstancias exactas en las que el automóvil terminó dentro del río ni sobre las condiciones en las que la pareja intentó atravesar el sector.

Sabillón era originaria de la aldea Pajuiles, en el departamento de Atlántida. Su fallecimiento ha vuelto a poner en evidencia los peligros que representan las crecidas de los ríos, especialmente cuando las corrientes aumentan y dificultan el tránsito por zonas cercanas a los afluentes.

Las crecidas de los ríos pueden convertir los cruces en puntos de alto riesgo, debido a que la fuerza del agua puede desplazar vehículos, arrastrarlos fuera de la vía y dificultar las labores de rescate.

Incluso cuando el nivel del agua parece manejable, una corriente fuerte puede comprometer la estabilidad de un automóvil y poner en peligro a sus ocupantes.

Ante estas condiciones, las autoridades de prevención recomiendan no intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas cuando presentan corrientes fuertes o niveles elevados de agua. También aconsejan buscar rutas alternas y esperar hasta que existan condiciones seguras para movilizarse.

El caso ocurrido en Tela se suma a otras emergencias registradas en Honduras en las que personas han perdido la vida en cuerpos de agua, ya sea por accidentes relacionados con corrientes o al intentar auxiliar a quienes se encuentran en peligro.

Otro hondureño murió al intentar rescatar a una persona en Danlí

Días antes del fallecimiento de Sabillón, otro hondureño perdió la vida en un incidente ocurrido en la laguna de San Julián, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Ericson Noé Sevilla Martínez, de 32 años, quien murió por sumersión el pasado 19 de octubre cuando ingresó al agua para intentar auxiliar a una persona que presuntamente estaba en peligro de ahogarse.

Según la información divulgada sobre el caso, Sevilla Martínez se percató de que alguien necesitaba ayuda y decidió ingresar a la laguna. Sin embargo, también quedó sumergido y no logró salir a la superficie.

El hombre era originario de Danlí y residía en la colonia El Arenal. Hasta la información disponible sobre el incidente, las autoridades no habían confirmado la identidad ni el estado de la persona a la que intentó rescatar.

Aunque ambos hechos ocurrieron en cuerpos de agua, las circunstancias fueron diferentes: en Tela, una corriente arrastró el vehículo en el que viajaba Sabillón junto a su esposo; en Danlí, Sevilla Martínez ingresó a una laguna para tratar de auxiliar a otra persona.

Los dos casos reflejan los riesgos que pueden presentarse en ríos y lagunas, tanto durante los desplazamientos como en situaciones de emergencia en las que alguien intenta rescatar a otra persona.

El fortalecimiento del sistema de justicia hondureño formó parte de la agenda de conversaciones entre representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Poder Judicial, en momentos en que Honduras busca avanzar en sus compromisos con el organismo financiero para acceder a nuevos desembolsos.

La reunión fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes, quien recibió a una misión del FMI para intercambiar información sobre los desafíos institucionales y los proyectos orientados a mejorar el funcionamiento de la justicia en Honduras.

De acuerdo con la información divulgada por el Poder Judicial, durante el encuentro se abordaron distintos asuntos de interés nacional, incluidos temas relacionados con la seguridad y las iniciativas que impulsa la institución para fortalecer sus servicios.

La delegación internacional estuvo integrada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de la misión; Fabiano Rodrigues Bastos, representante residente; Joaquín Gadea, del Departamento Legal del FMI, y Francia Rivera, asesora de la directora ejecutiva del organismo. También participaron otros funcionarios del Gobierno hondureño.

Durante la reunión, Vallecillo expuso los principales retos que enfrenta el Poder Judicial y las iniciativas que se encuentran entre sus prioridades para mejorar la atención a los ciudadanos y ampliar el acceso a los servicios de justicia.

Entre los temas presentados figuraron la digitalización de los procesos judiciales, la reducción de la mora y la ampliación de los servicios institucionales a diferentes regiones del territorio nacional.

La mora judicial constituye uno de los desafíos del sistema de justicia, debido a la acumulación de expedientes y los tiempos que pueden transcurrir antes de que los casos reciban una resolución definitiva.

La modernización tecnológica busca contribuir a una gestión más eficiente de los procedimientos, mientras que la expansión de los servicios pretende facilitar el acceso de la población a las instituciones judiciales.

Según el comunicado oficial, la misión del FMI manifestó interés en acompañar los asuntos relacionados con la justicia en Honduras, aunque no se detallaron compromisos financieros específicos ni acuerdos concretos derivados de la reunión.

El encuentro se produce en un momento en que el país mantiene conversaciones con el organismo internacional sobre sus compromisos económicos y las medidas necesarias para continuar con el programa vigente.

El Gobierno hondureño espera avanzar en la sexta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un proceso que resulta relevante para el seguimiento de los compromisos asumidos por el país y la posibilidad de acceder a recursos asociados al programa.

Las revisiones permiten al organismo evaluar el cumplimiento de las metas y los compromisos establecidos con las autoridades nacionales. La aprobación de una evaluación puede facilitar los desembolsos previstos, de acuerdo con las condiciones contempladas en el acuerdo.

Sin embargo, la reunión entre la misión del FMI y el Poder Judicial no implica, por sí misma, que la sexta revisión haya sido aprobada ni que se hayan autorizado nuevos fondos.

La visita permitió a los representantes internacionales conocer los proyectos y las dificultades que enfrenta una de las instituciones fundamentales del Estado hondureño, especialmente en materia de modernización, eficiencia y cobertura de los servicios.

Por ahora, el Poder Judicial destacó el intercambio de información y el interés manifestado por la misión internacional en acompañar los temas de justicia. No se anunciaron fechas para nuevos encuentros ni medidas específicas derivadas de las conversaciones.

Las autoridades hondureñas evalúan tres posibles ubicaciones para construir una nueva cárcel de máxima seguridad, en medio de la presión por ampliar la capacidad del sistema penitenciario y fortalecer las medidas contra la criminalidad.

La decisión sobre el lugar definitivo dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas que realizan los organismos responsables de la seguridad.

Uno de los sitios inspeccionados es La Acequia, en el departamento de Santa Bárbara, donde existe una edificación abandonada que podría aprovecharse para desarrollar el proyecto penitenciario.

El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, recorrió las instalaciones junto con otras autoridades para conocer las condiciones del terreno y determinar si reúne los requisitos necesarios.

De acuerdo con el titular del Legislativo, el predio dispone de aproximadamente 50 manzanas de terreno y una infraestructura en la que se habrían invertido alrededor de 500 millones de lempiras.

Esta construcción representa una inversión previa que, de cumplir con las condiciones requeridas, podría aprovecharse para reducir parte de los costos y el tiempo de ejecución del nuevo centro penal.

Zambrano explicó que existen tres alternativas bajo consideración y que la selección final estará a cargo de las instituciones responsables de la seguridad del país.

“Nosotros vamos a respaldarlo, porque ellos son los expertos, son los que saben, son los que conocen”, manifestó el presidente del Congreso Nacional al referirse a las evaluaciones que se realizan en los terrenos identificados.

El funcionario agregó que, una vez concluidas las inspecciones, se espera definir la ubicación en los próximos días y posteriormente gestionar los recursos financieros necesarios para comenzar las obras.

Las proyecciones preliminares apuntan a que la construcción de la cárcel de máxima seguridad podría comenzar a inicios de 2027, siempre que se completen las evaluaciones técnicas, se seleccione el terreno y se asegure el financiamiento.

El plan contempla la posibilidad de desarrollar dos o tres módulos penitenciarios, con el objetivo de habilitar los primeros espacios en un período aproximado de diez meses. Sin embargo, estos plazos dependerán de la planificación definitiva y de las condiciones en las que se ejecute el proyecto.

La iniciativa busca aumentar la disponibilidad de espacios para personas privadas de libertad y reforzar la capacidad del Estado para mantener bajo custodia a reclusos considerados de alta peligrosidad.

Durante su intervención, Zambrano defendió la necesidad de contar con una nueva instalación penitenciaria y vinculó el proyecto con las medidas que impulsa el Estado para combatir la delincuencia.

“Si la gente quiere paz, quiere tranquilidad, quiere vivir seguro, se necesita un nuevo centro penal de máxima seguridad”, expresó.

La construcción de una nueva cárcel se plantea en un contexto de desafíos para el sistema penitenciario hondureño, entre ellos la disponibilidad de espacios y la necesidad de mantener el control dentro de los centros penales.

Según las declaraciones de Zambrano, la capacidad de los establecimientos penitenciarios ronda los 1.300 privados de libertad, aunque no precisó si la cifra corresponde a la capacidad por centro o a otro indicador del sistema.

También mencionó que se han registrado 57 detenidos en menos de un mes, sin detallar las circunstancias ni el alcance de ese dato.

La selección del terreno será determinante para establecer las características de la obra, su distribución y los recursos que deberán destinarse a su construcción.

Aunque La Acequia figura entre las alternativas examinadas, la infraestructura abandonada todavía debe superar las evaluaciones correspondientes antes de ser elegida oficialmente.

La decisión final recaerá en las autoridades competentes en materia de seguridad, que deberán establecer si el lugar ofrece las condiciones necesarias para operar como un centro penitenciario de máxima seguridad.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Ochoa, confirmó que el proceso penal contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional continuará bajo secretividad, a solicitud del Ministerio Público (MP), mientras avanzan las actuaciones judiciales y se garantiza el derecho a la defensa de los señalados.

Ochoa, designada como jueza natural en el expediente, explicó que la medida busca resguardar los medios probatorios incorporados en la investigación y evitar posibles filtraciones de información que puedan comprometer el desarrollo del caso.

“El expediente judicial está presentado por el Ministerio Público y en las próximas fechas se dará conocimiento, en lo que derecho corresponda”, declaró Ochoa ante los periodistas.

La magistrada agregó que las actuaciones se desarrollarán conforme a la legislación vigente y respetando los límites que establece el principio de secretividad dentro del proceso penal.

“Vamos a respetar ese principio que se limita en el proceso penal y, por supuesto, aseguramos que se va a actuar conforme a derecho”, sostuvo.

Ochoa informó que 12 personas señaladas en el expediente deberán comparecer a una audiencia de declaración de imputado la próxima semana, aunque evitó precisar públicamente la fecha y la hora de la diligencia.

La convocatoria forma parte de las actuaciones posteriores a la presentación del requerimiento fiscal y a la asignación del expediente por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada indicó que algunos de los señalados ya se presentaron voluntariamente y nombraron a sus respectivos abogados defensores.

Según explicó, a estos profesionales se les ha reconocido su participación para garantizar el derecho a la defensa, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.

Los abogados también serán notificados de la resolución emitida el 22 de octubre, mediante la cual se convoca a las partes a la audiencia correspondiente.

“Vamos a ir desarrollando cada una de las audiencias en las etapas probatorias o las etapas que el proceso establece, garantizando el debido proceso, pero también la igualdad de las partes”, afirmó la jueza natural.

En cuanto a las personas que todavía no se han presentado voluntariamente, Ochoa señaló que se aplicaron las disposiciones procesales correspondientes ante el riesgo de fuga.

La magistrada explicó que la reserva del expediente fue solicitada por el Ministerio Público con el propósito de proteger las pruebas y evitar que una eventual filtración de información afecte la investigación.

Ochoa aseguró que las partes serán convocadas a las diligencias correspondientes y que sus derechos se respetarán durante el desarrollo de la causa.

La funcionaria también indicó que revisó el requerimiento fiscal y resolvió de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía y lo establecido en la normativa penal.

Aunque algunos abogados ya se han personado en representación de los señalados, la magistrada no ofreció detalles adicionales sobre el contenido íntegro del expediente, debido a la reserva que se mantiene sobre las actuaciones judiciales.

Dentro del mismo proceso, la jueza natural confirmó las órdenes de captura contra Luis Redondo y Edis Antonio Moncada, quienes figuran entre los principales señalados en el expediente relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

De acuerdo con las acusaciones atribuidas a Redondo, el exfuncionario enfrenta señalamientos por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios.

Por su parte, Moncada enfrenta tres acusaciones por presunta violación a los deberes de los funcionarios, según la información divulgada sobre el requerimiento fiscal.

Las lluvias registradas durante la mañana de este viernes provocaron inundaciones en diferentes sectores de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, donde las acumulaciones de agua dificultaron la circulación de vehículos y generaron complicaciones para los conductores que transitaban por calles y carreteras del municipio.

Entre los puntos afectados figuran la segunda avenida de Puerto Cortés, las inmediaciones de la cancha El Arenal, en el barrio El Porvenir, y el callejón Nely Brocato.

En estos sectores se reportaron calles anegadas y dificultades para movilizarse, mientras las precipitaciones continuaban afectando distintas zonas del norte de Honduras.

Uno de los tramos que presentaba mayores complicaciones era la carretera a la altura del peaje, donde las condiciones de la vía impedían el paso de motocicletas y vehículos livianos, según los reportes difundidos durante la mañana.

Las imágenes compartidas desde las zonas afectadas mostraron calles cubiertas de agua, automotores avanzando con dificultad y sectores residenciales donde las acumulaciones alcanzaban los accesos de algunas viviendas.

Las condiciones representan un riesgo para quienes necesitan desplazarse por el municipio, especialmente en los puntos donde el nivel del agua dificulta distinguir los límites de la calzada o evaluar la profundidad de las acumulaciones.

La situación registrada en Puerto Cortés se produjo en medio de una jornada de precipitaciones que también alcanzó otros municipios de la zona norte del país.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a las 7:45 de la mañana de este viernes se registraban lluvias de intensidad moderada en Puerto Cortés.

En contraste, en San Pedro Sula, Choloma, La Lima y Omoa se reportaban precipitaciones débiles durante el mismo periodo.

La institución también informó sobre lluvias en Tela, La Ceiba y Trujillo, donde las precipitaciones se mantenían en niveles débiles.

Además, Copeco reportó lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en distintas áreas de los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía.

El agua acumulada puede ocultar baches, desniveles y otros obstáculos que dificultan la conducción. Asimismo, cuando el pavimento está mojado, los neumáticos pierden adherencia y el vehículo necesita más distancia para detenerse.

En el caso de las motocicletas, el riesgo aumenta por la posibilidad de perder estabilidad al circular sobre superficies resbaladizas o atravesar zonas donde el nivel del agua impide identificar las condiciones del camino.

Ante las condiciones meteorológicas, Copeco recomendó a la población mantener las medidas de prevención y prestar especial atención a los lugares donde las lluvias puedan provocar acumulaciones de agua.

La institución también instó a los conductores a circular con precaución por los tramos carreteros afectados y evitar cruzar vados, quebradas o ríos cuando presenten incrementos en sus niveles.

Las autoridades advierten sobre la importancia de no subestimar las corrientes de agua, debido a que incluso los cruces que habitualmente parecen transitables pueden volverse peligrosos después de las precipitaciones.

Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) difundió recomendaciones dirigidas a los conductores que circulan por las carreteras del Valle de Sula, ante las precipitaciones que afectan la región.

En Puerto Cortés, las acumulaciones de agua reportadas durante la mañana obligan a los conductores a evaluar las condiciones de las calles antes de desplazarse, particularmente en la carretera a la altura del peaje y en los sectores donde se ha advertido sobre dificultades para el paso de vehículos livianos.

Las autoridades de seguridad de Honduras mantienen activo el procedimiento para ejecutar las órdenes de captura emitidas contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y Edis Antonio Moncada, exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), luego de que la jueza natural, magistrada Anny Ochoa, admitiera el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra ambos exfuncionarios.

La situación fue confirmada este viernes por el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, quien explicó que las órdenes judiciales fueron recibidas durante la noche del jueves y remitidas a los organismos correspondientes para su ejecución.

El funcionario precisó que los equipos policiales ya trabajan para cumplir las disposiciones emitidas por la autoridad judicial. Sin embargo, aclaró que las detenciones todavía no se habían concretado al momento de ofrecer sus declaraciones.

“Ya estamos siguiendo el protocolo correspondiente. Se recibieron ayer en horas de la noche y los equipos andan trabajando en ello porque es una orden judicial que debe de cumplirse, pero no se han hecho efectivas todavía”, manifestó Martínez.

El Ministerio Público atribuye a Luis Redondo cuatro imputaciones penales relacionadas con el funcionamiento de las instituciones públicas y los deberes de los funcionarios.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el requerimiento fiscal, el expresidente del Congreso Nacional es señalado por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La información disponible no detalla los hechos específicos que el Ministerio Público atribuye a Redondo para sustentar cada una de las imputaciones. Tampoco incluye el contenido íntegro del requerimiento fiscal ni los argumentos que podrían formar parte de la defensa del exfuncionario.

Por esa razón, los señalamientos deben entenderse como acusaciones formuladas por la parte fiscal y no como delitos cuya comisión haya sido establecida mediante una sentencia condenatoria.

El procedimiento judicial también comprende a Edis Antonio Moncada, quien estuvo al frente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, una institución estatal.

Según el Ministerio Público, Moncada enfrenta tres cargos por presunta violación de los deberes de los funcionarios. Al igual que en el caso de Redondo, la jueza natural admitió el requerimiento fiscal presentado en su contra y se emitió una orden de captura.

Aunque ambos exfuncionarios figuran en el mismo procedimiento, las imputaciones que enfrentan son diferentes. Mientras Redondo es señalado por tres tipos de conducta, con dos cargos relacionados con la violación de deberes, a Moncada se le atribuyen tres delitos de esta última categoría.

La información disponible no especifica cuáles son las actuaciones concretas atribuidas al exdirector de la ENAG ni detalla las circunstancias que sustentan cada uno de los cargos.

Martínez explicó que los documentos fueron remitidos a los entes correspondientes después de ser recibidos durante la noche del jueves. Desde entonces, los equipos policiales trabajan en el procedimiento necesario para ejecutar las disposiciones.

El viceministro insistió en que las autoridades mantienen activo el protocolo correspondiente y que las órdenes judiciales deben cumplirse.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre la ubicación de Redondo y Moncada, las diligencias específicas que desarrollan los agentes o un plazo estimado para concretar las detenciones.

Tampoco confirmó que se hubieran realizado operativos en domicilios u otros lugares vinculados con los requeridos.

En consecuencia, el estado del procedimiento debe describirse con precisión: las órdenes de captura fueron recibidas y su ejecución está en marcha, pero las detenciones no se habían hecho efectivas al momento de las declaraciones oficiales.

La presunción de inocencia y el derecho de defensa deben mantenerse durante el desarrollo del procedimiento. Las imputaciones del Ministerio Público deberán examinarse en el ámbito judicial antes de establecer cualquier responsabilidad penal.

La ministra de Educación en Honduras, Ivette Argueta, informó que la deserción escolar disminuyó del 2.42% al 1.31% en 2026; sin embargo, alrededor de 24,000 estudiantes se han movilizado de sus municipios de origen, en algunos casos por la sequía.

Además, anunció la implementación piloto de la jornada extendida para alumnos de séptimo, octavo y noveno grado.

La funcionaria también reportó que alrededor de 24,000 estudiantes se han movilizado de sus municipios de origen, una situación que representa un desafío para garantizar la continuidad de sus estudios.

Argueta atribuyó parte de los resultados al compromiso de los docentes y los padres de familia, quienes, según señaló, contribuyeron a mantener la asistencia de los estudiantes y el desarrollo de las actividades académicas.

La ministra calificó como un logro que los centros educativos continuaran funcionando durante el período escolar, al considerar que la permanencia de los alumnos en las aulas es fundamental para fortalecer el sistema educativo nacional.

No obstante, la titular de Educación advirtió sobre la situación de los aproximadamente 24,000 estudiantes que se han desplazado de sus lugares de origen.

Explicó que, en algunos casos, las movilizaciones están relacionadas con la sequía, un factor que afecta a determinadas comunidades y que puede obligar a las familias a trasladarse en busca de mejores condiciones.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los padres de familia para que procuren que sus hijos regresen a los centros educativos donde estaban matriculados y puedan concluir el año escolar.

La institución busca evitar que los cambios de residencia y las dificultades económicas o ambientales interrumpan el proceso de aprendizaje de los menores.

En otro tema, Argueta anunció que la jornada extendida comenzará como un plan piloto para estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado.

La iniciativa será evaluada de manera continua durante 2027, con el propósito de identificar los aspectos que funcionen adecuadamente y corregir las dificultades que puedan presentarse durante su implementación.

“Como le digo, este es un pilotaje, esperamos que nos acompañen los padres de familia, los docentes. Hay muchos jóvenes que quieren también esta calidad educativa y vamos a empezar, de la mano de Dios y de la mano del presidente Asfura, de todo el gobierno, de todo el país, que es lo que necesitamos nosotros avanzar”, expresó la ministra.

La propuesta busca ampliar progresivamente las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y fortalecer la calidad de la enseñanza.

Para ello, la Secretaría de Educación prevé dar seguimiento al funcionamiento del programa, tomando en cuenta la participación de los docentes, las familias y las comunidades educativas, así como los resultados que se obtengan durante el período de evaluación.

La funcionaria también sostuvo que la jornada extendida debe convertirse en un proyecto de Estado, en lugar de limitarse a una iniciativa de una administración gubernamental.

Según explicó, el fortalecimiento de la educación requiere continuidad y avances graduales, que puedan desarrollarse cada año o cada dos años, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo hondureño.

Bajo esa perspectiva, Argueta señaló que la transformación educativa debe asumirse como un esfuerzo conjunto, con participación de las autoridades, los maestros, los padres de familia y otros sectores del país. La evaluación del plan piloto durante 2027 permitirá identificar los ajustes necesarios antes de avanzar en su consolidación.

Por otra parte, la ministra recordó que el año escolar se encuentra en su etapa de cierre y que para este período únicamente se contempló una instancia de recuperación académica.

Por esa razón, instó a los padres de familia a acompañar a sus hijos durante el último parcial y motivarlos a reforzar sus esfuerzos para evitar que reprueben el curso.

La arquitectura del crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica atraviesa un punto de inflexión histórico. Tras décadas de despliegue territorial, violencia endémica e influencia en la vida pública, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 continúan situadas en el centro de las agendas de seguridad de la región y de Estados Unidos.

Un reciente informe de InSight Crime, publicado en 2025 y actualizado en octubre de 2026, detalla el listado de bandas designadas formalmente como organizaciones terroristas extranjeras en América Latina, destacando de manera prioritaria a la MS13 y al Barrio 18 en:

• El Salvador
• Guatemala
• Honduras.

No obstante, el caso de El Salvador representa el pilar central de la transformación en el combate a las maras. Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, medida que se ha mantenido vigente mediante sucesivas prórrogas, las autoridades salvadoreñas han implementado la campaña antipandillas más agresiva de la historia hemisférica.

Bajo este plan de seguridad, las fuerzas del orden han capturado a decenas de miles de pandilleros y colaboradores. Esta ofensiva masiva ha neutralizado operativamente a la MS13 y a las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños) en los barrios y colonias donde antes ejercían un control social y económico absoluto mediante la extorsión a comercios y al transporte público.

A medida que el estado de excepción avanzaba, el sistema judicial ajustó su marco normativo para consolidar el desmantelamiento de las redes criminales. En 2025 y 2026, el país dio paso a una fase de juicios masivos procesando a cientos de acusados en un solo expediente.

Entre estos procesos destaca el juzgamiento de 486 cabecillas de la MS13, incluidos integrantes de la cúpula conocida como la Ranfla Nacional, atribuidos de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, así como macro juicios contra líderes de las facciones del Barrio 18.

Guatemala y Honduras: fragmentación y resistencia carcelaria

A diferencia de la neutralización sufrida en El Salvador, las estructuras de la MS13 y Barrio 18 mantienen una presencia activa y peligrosa en Guatemala y Honduras. En estos países, la designación de estas pandillas como organizaciones terroristas responde a su incesante capacidad de:

• Extorsionar
• Traficar drogas a escala local
• Homicidios
• Violencia
• Entre otros.

En Guatemala, la respuesta estatal se intensificó notablemente con la retirada de privilegios a los cabecillas recluidos y su traslado a penales de máxima seguridad. La cúpula del Barrio 18, conocida como la “Rueda”, y sus rivales de la MS13 han reaccionado coordinando motines y atentados violentos desde las cárceles, lo que provocó declaraciones de estados de emergencia para contener los embates criminales.

La alianza de Barrio 18 con grupos locales para el narcomenudeo evidencia que la red sigue operativa y adaptables a las medidas gubernamentales. En Honduras, el gobierno intenta emular la estrategia salvadoreña declarando un estado de excepción para frenar el delito de la extorsión.

En Honduras, el gobierno intenta emular la estrategia salvadoreña declarando un estado de excepción para frenar el delito de la extorsión. Sin embargo, los resultados han sido dispares. Más que desmantelar la jerarquía criminal, las operaciones policiales fragmentaron a las clicas, provocando la aparición de facciones independientes que continúan ejerciendo presión violenta sobre las comunidades urbanas.

Muestra de este deterioro es que las muertes violentas han ido en aumento, registrándose 1,236 homicidios solo en el primer semestre de 2026, según cifras preliminares del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El nuevo panorama regional para la MS13 y el Barrio 18

El informe de InSight Crime subraya que la persecución de las pandillas trasciende las fronteras centroamericanas. Con líderes como César Oswaldo N., alias “El Pulpito”, capturados en estados del sur de México, y la presencia persistente de clicas en ciudades clave de EE.UU., la clasificación de organizaciones terroristas busca estrangular las conexiones transnacionales de estos grupos.

Mientras El Salvador muestra un escenario donde la MS13 y el Barrio 18 han sido diezmados operativamente en las calles mediante arrestos masivos, Guatemala y Honduras continúan enfrentando estructuras criminales profundamente arraigadas. El futuro de estas pandillas dependerá de la sostenibilidad de los modelos de seguridad aplicados y de la capacidad de los Estados para impedir que refundan sus redes financieras y territoriales fuera del alcance de la justicia.

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, participó en una celebración religiosa en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, como parte de su agenda en Italia.

La jornada incluyó un encuentro con compatriotas residentes en ese país europeo y estuvo marcada por mensajes de fe, reflexión y cercanía con la comunidad hondureña en el extranjero.

El mandatario estuvo acompañado por Mireya Agüero, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Juan Carlos García, secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia, y la embajadora hondureña ante la Santa Sede.

La misa se celebró en uno de los templos más emblemáticos del catolicismo, donde reposan los restos del papa Francisco. Durante la actividad, la delegación hondureña dedicó un espacio a la oración por el país, sus ciudadanos y los compatriotas que viven fuera de las fronteras nacionales.

La presencia del presidente hondureño en Roma coincidió con el 22 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica celebra a San Juan Pablo II, en conmemoración del inicio de su pontificado en 1978.

La jornada tiene un significado particular para Honduras, debido a que el pontífice polaco fue el último papa en visitar el territorio hondureño mientras ejercía su ministerio. Su viaje apostólico ocurrió el 8 de marzo de 1983, cuando llegó al país como parte de una gira por Centroamérica.

Durante aquella visita, San Juan Pablo II estuvo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reunió con miles de fieles católicos. Su presencia quedó registrada como uno de los acontecimientos más importantes de la historia religiosa hondureña y continúa siendo recordada por la comunidad católica nacional.

La coincidencia entre la agenda del mandatario y esta fecha religiosa añadió un componente histórico a las actividades desarrolladas en Roma, donde la delegación hondureña participó en una jornada centrada en la fe y la reflexión espiritual.

Después de la celebración eucarística, Nasry Asfura sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad hondureña residente en Italia, con quienes compartió muestras de cercanía y fraternidad.

La reunión permitió al mandatario encontrarse con compatriotas que viven fuera del país y mantienen vínculos con sus comunidades de origen, sus tradiciones y su identidad nacional.

El acercamiento con los hondureños en el extranjero también destacó la importancia de la diáspora para el país, tanto por sus lazos familiares y culturales como por su relación permanente con Honduras pese a la distancia geográfica.

Los encuentros entre representantes del Gobierno y las comunidades migrantes constituyen espacios para mantener la comunicación con los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional y fortalecer sus vínculos con las instituciones hondureñas.

Con la misa y el encuentro con compatriotas, el presidente Asfura dio por concluida su agenda en Roma, en una jornada que combinó actividades religiosas y acercamientos con la comunidad hondureña residente en Italia.

La visita tuvo como escenario la Basílica de Santa María la Mayor, un templo de gran relevancia para la Iglesia católica, y coincidió con una fecha dedicada a recordar el legado de San Juan Pablo II, cuya visita a Honduras en 1983 permanece como un referente histórico para los fieles del país.

La actividad cerró con un componente espiritual y de identidad nacional, al reunir a la delegación oficial hondureña en un espacio de oración por el país y propiciar un encuentro con ciudadanos que mantienen sus raíces hondureñas desde el extranjero.

Un hombre que fue capturado por su presunta participación en el asalto a una mujer en el sector de Rivera Hernández, en San Pedro Sula, resultó ser un prófugo de la justicia que tenía pendiente cumplir una condena de 121 años, un mes y diez días de prisión.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Samuel Orlando Martínez Aguilar, quien había escapado de un centro penitenciario y permanecía fuera de prisión hasta su reciente detención.

El individuo fue arrestado el pasado viernes cerca de una posta policial, luego de ser señalado por el supuesto asalto contra una mujer.

Sin embargo, su identidad real no fue establecida de inmediato, debido a que durante su comparecencia ante los tribunales se habría identificado utilizando un nombre falso.

La situación cambió cuando el sospechoso fue ingresado al centro penitenciario y las autoridades verificaron sus datos personales mediante sus huellas dactilares y los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP).

A partir de estas comprobaciones, se estableció que se trataba de Martínez Aguilar, quien tenía una alerta de fuga y una sentencia condenatoria pendiente de cumplir.

De acuerdo con la información judicial, el hombre había sido condenado a más de 121 años de prisión por delitos que incluyen violación, violación agravada y otros hechos criminales.

Las fuentes lo identifican como un violador serial, por lo que su localización y posterior detención permitieron establecer que se trataba de una persona que debía continuar cumpliendo su condena.

Según los antecedentes del caso, Martínez Aguilar se fugó el 20 de noviembre de 2022, cuando varios privados de libertad fueron trasladados a instalaciones utilizadas temporalmente para albergarlos, debido a las condiciones del centro penitenciario de El Progreso.

Desde entonces, permanecía prófugo hasta que fue detenido nuevamente en San Pedro Sula, esta vez por un caso relacionado con un supuesto asalto.

Tras su identificación, el imputado fue presentado ante los órganos jurisdiccionales para responder por los nuevos hechos que se le atribuyen. Durante la audiencia inicial, una jueza de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva en su contra por suponerlo responsable de los delitos de robo con violencia e intimidación en su grado de ejecución de tentativa acabada y usurpación de nombre.

El primer señalamiento está relacionado con el supuesto asalto a la mujer en Rivera Hernández, mientras que el delito de usurpación de nombre corresponde a la presunta utilización de una identidad ajena durante el procedimiento judicial.

Las imputaciones deberán continuar su curso conforme a las etapas establecidas en el proceso penal.

La audiencia preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del viernes 22 de enero de 2027, fecha en la que se prevé continuar con las diligencias judiciales relacionadas con los nuevos cargos. Mientras tanto, el imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva.

Después de las resoluciones judiciales, Martínez Aguilar fue remitido al centro penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso por los delitos que se le atribuyen.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de los mecanismos de identificación y verificación de antecedentes en los procedimientos judiciales y penitenciarios.

En esta ocasión, la comprobación de las huellas dactilares y los registros oficiales permitió establecer la verdadera identidad del detenido y confirmar que tenía una condena pendiente y una alerta por haberse fugado de prisión.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del nuevo caso, sin perjuicio de la condena que ya pesa sobre el imputado y de las resoluciones judiciales que se adopten en las etapas posteriores del proceso.

El representante de la OACNUDH, Juan Carlos Monge, cuestionó que se plantee la seguridad y los derechos humanos como objetivos opuestos e instó al Estado hondureño a perseguir a los principales responsables de las estructuras criminales sin exceder los límites establecidos por la ley.

Durante sus declaraciones, Monge enfatizó que el Estado hondureño tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de aplicar medidas de seguridad que se ajusten a las normas nacionales e internacionales, independientemente de los mecanismos que decidan implementar el Gobierno y el Congreso Nacional para enfrentar la delincuencia.

“Existen obligaciones que han asumido voluntariamente y nosotros trabajamos a partir de esas recomendaciones, de esos compromisos, de esos estándares, en la búsqueda de soluciones que permitan ser respetuosas de los derechos humanos, pero que permitan al Estado cumplir con su papel de garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población”, manifestó.

El representante de Naciones Unidas sostuvo que la protección de los derechos fundamentales no debe considerarse un obstáculo para las estrategias de seguridad, sino una condición necesaria para que estas cumplan su propósito de proteger a los ciudadanos.

En ese sentido, advirtió que cuando se vulneran las garantías reconocidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se incumplen los compromisos que los gobiernos han aceptado respetar.

“Cuando hablamos de seguridad de derechos humanos se habla de una falsa dicotomía, o de seguridad o derechos humanos, no. Derechos humanos es lo que permite que la seguridad sea una realidad para la población”, expresó Monge.

El funcionario agregó que la inseguridad también afecta el ejercicio de derechos fundamentales, debido a que limita el derecho a la vida, la libertad y el acceso a la justicia.

Por ello, insistió en que las políticas destinadas a combatir la criminalidad deben considerar las garantías de la ciudadanía.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que las autoridades hondureñas enfrentan el desafío de combatir las estructuras delictivas y responder a las demandas de seguridad de la población, una tarea que, según el planteamiento de la OACNUDH, debe ejecutarse sin apartarse de las obligaciones legales del Estado.

Monge señaló que el Congreso Nacional y el Gobierno de Honduras cuentan con la facultad de establecer los mecanismos que consideren necesarios para responder a los problemas de seguridad, pero recalcó que también tienen la obligación de actuar conforme a las reglas vigentes.

El representante de la OACNUDH subrayó que las medidas estatales deben respetar tanto la legislación hondureña como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que establecen límites a las actuaciones de las instituciones públicas.

En esa línea, planteó la necesidad de concentrar los esfuerzos de investigación y persecución penal en los principales responsables de las estructuras criminales, en lugar de limitar las acciones a los eslabones más bajos de esas organizaciones.

“Entonces el Estado tiene que buscar, y lo hemos hablado con el Ministerio Público, la forma de atacar a los principales responsables, cuáles son los grandes responsables de todo esto”, señaló.

El funcionario cuestionó que la respuesta estatal se concentre únicamente en perseguir a los pequeños distribuidores de drogas y otros actores de menor rango, al considerar que el combate a la criminalidad requiere identificar a quienes dirigen o sostienen las estructuras delictivas.

“La solución es buscar solamente a los microtraficantes del barrio o ahí no se agota el tema”, manifestó Monge al referirse a la necesidad de abordar las responsabilidades de mayor alcance dentro de las redes criminales.

Finalmente, reiteró que las actuaciones de las instituciones deben mantenerse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y los acuerdos internacionales suscritos por el país.

“¿Cuáles son los límites que tiene el Estado? Es el cumplimiento de su legislación y de los compromisos internacionales”, concluyó.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 48 horas más la alerta verde en el Distrito Central y las zonas aledañas al Lago de Yojoa, debido a los riesgos provocados por las lluvias recientes, que han generado deslizamientos de tierra, activación de fallas geológicas e inundaciones en distintos sectores.

Las autoridades mantienen la vigilancia preventiva ante la posibilidad de nuevas emergencias que pongan en peligro a las familias y sus viviendas.

De acuerdo con el boletín informativo de Copeco, la decisión responde a las condiciones de vulnerabilidad que persisten en varias comunidades, donde la saturación del suelo y la acumulación de agua incrementan la probabilidad de nuevos deslizamientos e inundaciones.

La institución advirtió que las precipitaciones registradas en los últimos días han complicado la situación en zonas que presentan antecedentes de inestabilidad del terreno.

En el Distrito Central, uno de los puntos que concentra la atención de las autoridades es el sector de las colonias La Cabaña, Buenos Aires y Villa Adela, donde las lluvias han provocado deslizamientos y actividad en fallas geológicas.

Estas condiciones representan una amenaza para las viviendas ubicadas en áreas vulnerables y para las familias que permanecen en los sectores afectados.

Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo para identificar posibles cambios en las condiciones del terreno y prevenir incidentes que puedan comprometer la seguridad de los habitantes.

La población que reside cerca de taludes, laderas y áreas donde se han observado grietas debe permanecer atenta a cualquier señal de inestabilidad y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

La situación también genera preocupación en las comunidades cercanas al Lago de Yojoa, donde todavía permanecen sectores inundados a consecuencia de las lluvias.

Las afectaciones han obligado a evacuar a familias de las zonas perjudicadas, mientras continúan las medidas preventivas para reducir la exposición de los habitantes a posibles complicaciones.

Copeco mantiene la alerta verde como mecanismo de prevención y vigilancia, con el propósito de que las instituciones y las comunidades permanezcan preparadas ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas agraven los daños existentes.

Aunque esta clasificación no implica por sí misma una emergencia generalizada, sí requiere atención constante y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales.

Ante la continuidad de las lluvias, las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, quebradas ni vados cuando presenten crecidas, debido al peligro que representan las corrientes fuertes y los cambios repentinos en el nivel del agua. Incluso cuando el caudal parezca transitable, las condiciones pueden variar rápidamente y poner en riesgo la vida de quienes intenten atravesarlo.

Asimismo, la institución pidió mantener limpios los tragantes, las cunetas y las alcantarillas para facilitar el drenaje de las aguas lluvias y reducir la posibilidad de inundaciones repentinas.

Estas medidas preventivas ayudan a evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones de agua en calles, viviendas y otros espacios públicos.

Entre las recomendaciones también figura alejarse de ríos y otras fuentes de agua durante las tormentas eléctricas, así como buscar refugio seguro cuando se registre actividad eléctrica.

Las familias que habitan en sectores vulnerables deben estar preparadas para evacuar sus viviendas si las autoridades lo consideran necesario o si identifican señales de peligro inminente.

Copeco instó además a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre las emergencias.

La institución recordó que la prevención y la atención oportuna de las advertencias son fundamentales para disminuir los riesgos asociados con las lluvias.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció que las reformas penales orientadas a combatir las maras, pandillas y otras estructuras criminales serán aprobadas la próxima semana, incluso si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no acompaña plenamente la iniciativa.

El titular del Poder Legislativo sostuvo que la propuesta busca fortalecer las acciones contra la criminalidad y establecer medidas directas contra quienes integran organizaciones delictivas.

“Aunque la Corte no nos acompaña en su totalidad con la opinión, esa reforma contundente, categórica, frontal y de manera directa contra los grupos criminales, la vamos a aprobar”, manifestó Zambrano al referirse a la postura del máximo tribunal de justicia frente a los cambios planteados en materia penal.

Las declaraciones del funcionario reflejan la intención del Congreso Nacional de continuar con el proceso legislativo, aun cuando existan diferencias con la CSJ sobre el contenido de las reformas.

Según Zambrano, las modificaciones están dirigidas a enfrentar de manera más firme a las estructuras criminales que operan en el país, en un contexto marcado por las acciones gubernamentales para reforzar la seguridad ciudadana.

Uno de los aspectos que abordó el presidente del Legislativo fue el relacionado con los tatuajes y su posible vinculación con las maras y pandillas.

Zambrano aseguró que las medidas no están dirigidas contra ciudadanos honrados que llevan tatuajes artísticos, sino contra personas que utilizan marcas alusivas a estas organizaciones criminales.

“Cada hondureño quiere y se puede tatuar lo que quiera, las orejas, la nariz, la frente, el pecho, la espalda, las piernas. Pero yo pregunto, qué hondureño honrado, qué ciudadano se va a tatuar de estos tatuajes alusivos a la mara, ninguno”, expresó el titular del Congreso Nacional al defender su posición sobre este tema.

El planteamiento introduce el debate sobre los criterios que se utilizarían para distinguir los tatuajes artísticos de aquellos que las autoridades relacionan con la pertenencia a estructuras criminales.

La aplicación de cualquier disposición deberá sujetarse al contenido definitivo de la reforma y a las garantías legales correspondientes, especialmente en lo relacionado con la identificación de sospechosos y el respeto de los derechos individuales.

Por otra parte, Zambrano informó que sostendrá reuniones con distintos alcaldes para respaldar las acciones orientadas a mejorar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población hondureña.

En esos encuentros también se abordará la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria, ante las proyecciones de las autoridades sobre la ocupación de los espacios disponibles para personas privadas de libertad.

El funcionario señaló que actualmente se dispone de capacidad para habilitar 1,300 nuevos espacios penitenciarios destinados a mareros, criminales y personas señaladas por terrorismo.

Sin embargo, advirtió que estos lugares podrían llenarse en un período relativamente corto, por lo que considera necesario comenzar a analizar alternativas para ampliar la capacidad del sistema carcelario.

“Hoy tenemos habilitado un espacio de 1.300 para nuevos espacios para mareros, para criminales y terroristas. Esos 1,300 creería yo que en un año o menos van a estar ya saturados, porque se tiene que luchar frontal y dentro de un año sí o sí se van a necesitar nuevos espacios con el nuevo régimen especial de manejo de los privados de libertad por terrorismo”, añadió Zambrano.

Las declaraciones del presidente del Congreso colocan en el centro de la agenda legislativa la aprobación de reformas penales y la planificación de nuevas instalaciones penitenciarias como parte de la estrategia contra las organizaciones criminales.

La aprobación definitiva de los cambios dependerá del trámite legislativo correspondiente, mientras que las medidas que se adopten deberán establecer con claridad sus alcances y mecanismos de aplicación.

La Secretaría de Educación proyecta ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos a partir de 2027, con el inicio de un plan piloto en el Instituto Jesús Milla Selva, ubicado en el Distrito Central.

La iniciativa busca complementar las clases regulares con alimentación escolar y actividades orientadas al desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y manuales.

La ministra de Educación, Arely Argueta, anunció que el programa funcionará inicialmente en un centro educativo en Tegucigalpa, donde los estudiantes permanecerían en las instalaciones desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Los resultados de esta primera experiencia servirían para determinar si el modelo puede extenderse a otros centros.

La funcionaria explicó que la Secretaría sostuvo reuniones con directores de instituciones educativas para analizar la organización de la jornada y preparar su puesta en marcha. La propuesta pretende que los centros educativos no se concentren exclusivamente en la enseñanza académica, sino que también ofrezcan espacios para otras actividades formativas.

Uno de los componentes centrales del proyecto será la entrega de dos raciones de alimentación escolar durante la jornada. Argueta sostuvo que la medida busca apoyar a las familias y permitir que los padres permanezcan en sus actividades laborales mientras sus hijos continúan dentro de los centros educativos.

¿Qué abarca la propuesta?

Para llevar adelante la propuesta, la Secretaría deberá definir cómo se distribuirán los alimentos, qué personal estará a cargo de las actividades complementarias y cómo se organizarán los horarios de clases, alimentación y recreación.

La disponibilidad de espacios adecuados será otro factor determinante. Mantener a los estudiantes durante ocho horas en una institución exige condiciones apropiadas para el desarrollo de las clases, el consumo de alimentos y las actividades físicas, además de servicios básicos y mecanismos de supervisión.

Mario Alas, investigador y coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), considera que la jornada extendida puede representar una alternativa positiva para los estudiantes hondureños, especialmente si contribuye a mantenerlos en el sistema educativo y garantiza su alimentación diaria.

En declaraciones a Infobae, Alas señaló que ampliar el tiempo de permanencia escolar puede favorecer a los estudiantes, aunque advirtió que la implementación de este modelo implica costos elevados y requiere cambios que van más allá de modificar el horario de clases.

Entre los principales desafíos identificó la inversión en infraestructura, la actualización curricular y la necesidad de establecer políticas sociales que acompañen la iniciativa. También destacó la importancia de mejorar los salarios docentes y garantizar meriendas de calidad.

Sus observaciones sitúan la discusión en aspectos esenciales para la viabilidad del proyecto: extender la jornada no consiste únicamente en mantener abiertas las instalaciones durante más horas, sino en contar con los recursos y las condiciones necesarias para que ese tiempo adicional se traduzca en beneficios educativos.

Infraestructura y presupuesto

La puesta en marcha del plan piloto en un solo instituto permitirá a las autoridades identificar algunas de las necesidades operativas del modelo. No obstante, una eventual expansión a otros centros educativos exigiría considerar las diferencias en matrícula, infraestructura, disponibilidad de personal y condiciones de cada comunidad.

Las condiciones del personal docente forman parte de esa discusión. Alas señaló la necesidad de mejores salarios como parte de las políticas de acompañamiento que requiere la medida.

La permanencia dentro de los centros educativos también dependerá de otros factores, por lo que la jornada extendida no puede considerarse por sí sola una solución a todos los problemas de deserción o rezago escolar. Su alcance deberá medirse a partir de resultados concretos y de las condiciones en que se aplique.

Tres presuntos integrantes de estructuras criminales fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) durante operativos simultáneos ejecutados en el departamento de Francisco Morazán, donde las autoridades identificaron a supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.

En el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, los agentes detuvieron a dos personas identificadas con los alias de “Baika” y “La Patrona”, a quienes las autoridades vinculan presuntamente con la Mara Salvatrucha.

De acuerdo con la información policial, ambos habrían desempeñado funciones específicas dentro de esa estructura delictiva, relacionadas con el control territorial y la administración de recursos financieros.

Según las investigaciones preliminares, alias “Baika” sería un integrante activo de la MS-13 y presuntamente ejercía funciones de placero, una actividad que, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionada con las operaciones de la organización criminal en determinados sectores.

Por su parte, a alias “La Patrona” se le atribuye supuestamente la administración financiera de la misma estructura, una función que habría estado vinculada con el manejo de recursos económicos.

Los registros policiales indican que ambos detenidos cuentan con antecedentes de detenciones. En el caso de alias “La Patrona”, las autoridades reportan una detención anterior por el supuesto delito de tráfico de drogas.

Mientras tanto, alias “Baika” registra antecedentes de detenciones por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública, según la información proporcionada por los cuerpos de seguridad.

En una intervención separada, agentes de la DAET capturaron a alias “Dogor” en la residencial El Manantial, ubicada en la salida al sur de la capital.

Las autoridades lo identifican como presunto integrante de la Pandilla 18 y le atribuyen funciones de administrador dentro de esa organización criminal, responsabilidad que supuestamente habría ejercido durante aproximadamente 15 años.

La captura de los tres sospechosos forma parte de las acciones policiales dirigidas a identificar a presuntos integrantes de organizaciones delictivas, establecer sus funciones y debilitar las estructuras que operan en distintas zonas del país.

Tras las detenciones, la DAET prepara los informes investigativos correspondientes para remitirlos, junto con los sospechosos, a las autoridades competentes, que deberán continuar con las diligencias legales relacionadas con el supuesto delito de asociaciones terroristas.

En una operación adicional contra el narcomenudeo, agentes preventivos y elementos de la DAET decomisaron 1,080 piedras de supuesto crack, tres onzas y 23 puntas de presunta cocaína en la aldea de Monjarás, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca.

Durante el procedimiento, los policías identificaron a un hombre de 38 años, conocido con el alias de “Rigo”, señalado por las autoridades como uno de los presuntos principales distribuidores de drogas en esa zona.

La intervención estuvo orientada a combatir la distribución de sustancias ilícitas y reducir la actividad relacionada con el comercio de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que estos operativos se desarrollan en el marco del Plan Escudo de Honduras, una estrategia que contempla labores de inteligencia, seguimiento e intervención policial para detectar actividades delictivas, ubicar a sospechosos y actuar contra las redes criminales.

Con estas acciones, los cuerpos de seguridad buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas y frenar actividades como las asociaciones terroristas, la extorsión y la distribución de drogas.

Los casos continuarán bajo el procedimiento legal correspondiente, mientras las autoridades competentes determinan las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones.

Las personas detenidas mantienen su condición de presuntas responsables mientras no se establezca su culpabilidad mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Dos agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) recibieron detención judicial en Honduras por el delito de tráfico de drogas agravado, informó el portavoz del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona.

Los imputados fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes comparecieron voluntariamente ante las autoridades después de que se emitieran requerimientos fiscales en su contra.

La resolución judicial establece que ambos permanecerán bajo medida cautelar mientras avanza el proceso penal. El caso involucra también a un tercer agente, contra quien se mantiene vigente una orden de captura porque no se presentó ante los juzgados.

Además del tráfico de drogas agravado atribuido a ambos policías, Rodríguez Fuentes enfrenta una acusación adicional por tenencia ilegal de munición prohibida, según Barahona.

Proceso judicial en marcha

Los delitos están relacionados con perjuicios a la salud pública y al orden público del Estado de Honduras, de acuerdo con la información judicial divulgada.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre las circunstancias en que se habrían cometido los hechos, la cantidad o el tipo de droga involucrada, ni las características de la munición incluida en la acusación adicional.

Tampoco se han divulgado elementos de la investigación que permitan establecer cómo habría participado cada agente en los hechos que se les atribuyen.

Tras dictarse la detención judicial, Rodríguez Fuentes y Licona Santos fueron remitidos a la Dirección de la Policía de Fuerzas Especiales, con sede en Tegucigalpa, donde cumplirán la medida cautelar mientras continúa el proceso.

La detención judicial no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad de los acusados. La situación jurídica de ambos deberá resolverse conforme avance el expediente, con base en los elementos que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

Audiencia inicial programada

Barahona informó que la audiencia inicial quedó programada para el lunes 26 de octubre a las 10:00, en la sede judicial de San Pedro Sula.

En esa diligencia, el juzgado conocerá los elementos presentados en el caso y determinará si corresponde dictar un auto de formal procesamiento o adoptar otra resolución conforme a las disposiciones legales aplicables. La comparecencia será determinante para definir la continuidad del proceso contra los dos agentes detenidos.

El caso involucra a un tercer funcionario de la DAET que no se presentó ante las autoridades. La orden de captura en su contra continúa vigente, según Barahona, quien no proporcionó la identidad del agente ni detalles sobre su ausencia o ubicación.

La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de los tres agentes, sin que la situación procesal de uno implique automáticamente culpabilidad para los demás.

El desarrollo de las próximas diligencias judiciales permitirá conocer los elementos que sustentan las acusaciones contra los dos agentes y determinar si el proceso avanza a una etapa posterior.

El caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que aún no se han establecido responsabilidades penales contra los agentes señalados. La audiencia programada en San Pedro Sula permitirá avanzar en el análisis judicial de las acusaciones, mientras continúa la búsqueda del tercer sospechoso. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre los hechos investigados ni sobre las evidencias que sustentan los requerimientos fiscales.

La Santa Sede y la República de Honduras firmaron el 22 de octubre un Tratado de 25 artículos para reforzar sus relaciones bilaterales, garantizar la libertad religiosa y regular la cooperación entre la Iglesia y el Estado en áreas vinculadas con el bien común, la educación, la asistencia social y el acompañamiento pastoral.

La ceremonia se realizó a las 9:30 en la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico del Vaticano. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, suscribió el instrumento junto al presidente hondureño, Nasry Juan Asfura Zablah, según Vatican News.

El acuerdo ratifica las relaciones existentes entre ambas partes, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia y promueve su colaboración con el Estado para impulsar valores espirituales, humanos y culturales entre la población hondureña.

Libertad de culto y autonomía de la Iglesia

El tratado busca ampliar las garantías para la libertad de religión y de culto, así como para el desarrollo de la misión de la Iglesia. También reafirma el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Estado hondureño reconoce el derecho de la Iglesia a regirse por sus propias normas, autogobernarse y designar libremente a sus ministros de culto. El texto también contempla la objeción de conciencia y protege sin condiciones ni limitaciones el sigilo sacramental y la confidencialidad de los agentes pastorales, equiparada a la de la confesión.

La Iglesia podrá crear instituciones educativas y benéficas, además de brindar asistencia espiritual en centros sociales, educativos, sanitarios y penitenciarios, tanto públicos como privados. El acuerdo prevé igualmente facilidades para la atención pastoral de integrantes de las fuerzas armadas y de la policía.

La entrada en vigor dependerá de la aprobación del instrumento en los procedimientos previstos por los ordenamientos de ambas partes. Luego comenzará a regir el día en que se intercambien los instrumentos de ratificación.

En representación de la Santa Sede participaron el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher; el jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, Javier Domingo Fernández González; y los funcionarios Carlos Díaz Paniagua y Francisco Javier Díaz Tenza.

La delegación hondureña incluyó a la secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero de Corrales; al ministro de la Presidencia, Juan Carlos García Medina; y a la embajadora de Honduras ante la Santa Sede, Gilliam Noemí Gómez Guifarro.

Durante las conversaciones paralelas a la firma, las partes destacaron la contribución de la Iglesia al desarrollo humano, social y cultural de Honduras. También abordaron asuntos de interés común en el plano regional e internacional.

La agenda italiana y la búsqueda de inversiones

La visita de Asfura a Italia incluye reuniones con representantes empresariales para presentar a Honduras como destino de inversión, ampliar sus vínculos internacionales y buscar oportunidades comerciales entre compañías de ambos países.

Hasta el momento no se anunciaron contratos comerciales, inversiones formalizadas ni acuerdos específicos derivados de esos encuentros. La Presidencia tampoco precisó qué empresas participarán, qué sectores concentrarán las conversaciones ni el monto de capital que el Gobierno espera atraer.

Tampoco se informaron los productos hondureños que se promoverán, posibles mecanismos para facilitar exportaciones, compromisos para ampliar el intercambio bilateral ni plazos para concretar eventuales proyectos de inversión.

La Sala de lo Constitucional de Honduras admitió a trámite un recurso de amparo contra actuaciones del exfiscal general Johel Zelaya, por la supuesta omisión del Ministerio Público de investigar hechos vinculados con decisiones legislativas atribuidas a Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional.

Como parte del procedimiento, la Sala solicitó al ente acusador que remita, en un plazo de 24 horas, el expediente correspondiente a la denuncia y la documentación relacionada, con el propósito de examinar los antecedentes y continuar con el trámite judicial.

El recurso fue presentado por el abogado Leonel Humberto Núñez, quien cuestiona que el Ministerio Público no haya iniciado investigaciones ni ejercido la acción penal pública frente a hechos que considera contrarios al orden constitucional.

La denuncia se refiere a la promoción, aprobación y sanción de un decreto legislativo que ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio general de todas las urnas después de haberse emitido la declaratoria oficial de elecciones. Según el recurrente, esa disposición habría invadido competencias exclusivas del organismo electoral.

La admisión del recurso no supone una resolución definitiva sobre los hechos denunciados ni determina responsabilidad legal de Zelaya.

Tras conocerse el proceso judicial, el exfiscal general Johel Zelaya pidió que se hagan públicas las investigaciones en su contra y reclamó que se esclarezca el expediente 52 UFECIC, 002-2017, relacionado con una indagación por presunto lavado de activos.

En un pronunciamiento dirigido al pueblo hondureño, el exfuncionario aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier procedimiento legal y rechazó la posibilidad de recibir privilegios o inmunidad.

“¡Si deciden proceder, aquí estoy! No me esconderé. Defenderé mis derechos con firmeza, serenidad y la frente en alto”, expresó Zelaya.

El exfiscal sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse con transparencia, objetividad y apego a la ley. También pidió que los expedientes relacionados con su gestión sean esclarecidos y que no se apliquen criterios diferenciados por razones políticas.

Su pronunciamiento incluyó un reclamo específico sobre las actuaciones de la antigua Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), cuyo expediente, según afirmó, debe concluirse conforme a derecho.

Zelaya hizo referencia al expediente 52 UFECIC, 002-2017, en el que, según su versión, se investigaban presuntos vínculos de una diputada suplente con personas señaladas en indagaciones por narcotráfico, lavado de activos y asesinatos múltiples.

Las afirmaciones corresponden a lo expuesto por el exfiscal en su publicación y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

El exfuncionario aseguró que su salida del Ministerio Público coincidió con una etapa de avances importantes en ese expediente. Por ello, pidió que las diligencias no queden inconclusas y que se conozcan los resultados de las investigaciones.

Su exigencia se centra en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen, con base en las pruebas, las responsabilidades que pudieran corresponder.

En el proceso de amparo, la Sala de lo Constitucional requirió al Ministerio Público que remita el expediente de la denuncia y sus documentos relacionados dentro del plazo de 24 horas.

La documentación permitirá a los magistrados examinar los antecedentes de la acción presentada por Núñez y dar continuidad al procedimiento.

El abogado argumenta que el ente acusador habría incurrido en una omisión ilegal, arbitraria e inconstitucional al no actuar frente a los hechos que atribuye a las decisiones de Luis Redondo sobre el escrutinio electoral.

CD Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa empataron 0-0 en San Salvador y dejaron abierta su serie de Play-In por un cupo en la Copa de Campeones Concacaf 2027. En la otra llave, CD Marathón superó 2-1 a Alianza FC en San Pedro Sula.

El conjunto salvadoreño fue superior en cantidad de llegadas ante Saprissa, pero no logró superar al arquero Abraham Madriz, quien sostuvo el empate con 10 atajadas en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

Firpo registró 20 remates, 10 de ellos al arco, frente a los ocho disparos de su rival. Styven Vásquez, Diego Flores y Mitchell Mercado tuvieron las ocasiones más claras para el equipo local, aunque Madriz respondió en cada una de ellas.

El arquero costarricense evitó los goles de Flores a los 22 minutos y de Mercado a los 43, además de contener un remate de Vásquez dentro del área durante el primer tiempo. Felipe Amaya, guardameta de Firpo, tuvo una intervención en el encuentro.

Saprissa definirá la clasificación en Costa Rica

El empate dejó a Deportivo Saprissa con la posibilidad de resolver la serie como local. El partido de vuelta se disputará el miércoles 28 de octubre y el ganador obtendrá uno de los boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Firpo alcanzó su primer 0-0 en 11 partidos dentro de la Copa Centroamericana, mientras que Saprissa llegó a su cuarto empate sin goles en 27 presentaciones en el torneo.

El equipo costarricense conservó su invicto en las series de Play-In de la competencia, con dos triunfos y tres igualdades. La actuación de Madriz resultó determinante: sus 10 atajadas representaron el registro más alto de un arquero de Saprissa en un partido de esta edición.

Marathón remontó frente a Alianza FC

En Honduras, CD Marathón revirtió un marcador adverso y venció 2-1 a Alianza FC en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Alianza abrió el marcador a los cinco minutos a través de Harold Osorio, quien conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Matías Mier. La respuesta del cuadro hondureño llegó poco después: Nicolás Messiniti igualó a los 15 y Damián Ramírez marcó el segundo a los 22.

La victoria significó el primer triunfo de Marathón en una fase eliminatoria de la Copa Centroamericana. Además, fue la primera vez que el club logró remontar un resultado en contra para ganar un partido en la historia del certamen.

Messiniti y Ramírez alcanzaron tres goles cada uno en la competencia y se sumaron a Yairo Moreno. Marathón es el único equipo del torneo con tres futbolistas que llegaron a esa cifra de anotaciones.

La revancha se jugará el martes 27 de octubre en El Salvador. Alianza necesitará una victoria para revertir la eliminatoria y buscar la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Cartaginés derrotó a Olimpia en la semifinal

La jornada también incluyó la ida de una de las semifinales. CS Cartaginés venció 1-0 a CD Olimpia en Cartago, Costa Rica, gracias a un gol de Alonso Hernández a los 14 minutos.

Hernández definió desde el centro del área después de una asistencia de Manuel Morán desde el sector derecho. José de Jesús González tuvo una ocasión para ampliar la ventaja, aunque el arquero Edrick Menjívar evitó el segundo tanto.

Olimpia terminó con 10 jugadores por la expulsión de Yustin Arboleda a los 39 minutos. El conjunto hondureño solo consiguió un remate al arco durante los 90 minutos.

Cartaginés llegará con ventaja al duelo de vuelta, previsto para el miércoles 28 de octubre. El ganador de la serie accederá a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

El Congreso Nacional de Honduras inició un proceso de consulta con distintos sectores para discutir posibles reformas al régimen penal juvenil, entre ellas la reducción de la edad punible y el aumento de las penas aplicables a menores de 18 años.

El encuentro tuvo como objetivo conocer las observaciones de esas instituciones sobre las medidas de seguridad planteadas por el Legislativo y recoger propuestas que puedan incorporarse al dictamen de las reformas.

La presidenta de la comisión, la diputada liberal por Cortés Alejandra Vallecillo, señaló que el proceso busca escuchar a los distintos sectores antes de avanzar con la elaboración del documento legislativo.

“Vamos a escucharlos y analizar las propuestas que traen en este tema específico de la edad punible y de menores infractores, y las propuestas que traen para la elaboración del dictamen”, expresó.

163 adolescentes recluidos

Entre las cifras expuestas sobre el sistema penal juvenil figuran 163 adolescentes recluidos en distintos centros de detención y otros 1.276 que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad.

Más de 20.000 adultos permanecen privados de libertad en Honduras, una cifra que dimensiona la población penitenciaria del país, aunque corresponde a un régimen distinto del juvenil.

Esos datos forman parte del contexto para discutir las medidas de seguridad y las posibles modificaciones a las sanciones aplicables a los adolescentes que cometen infracciones penales.

La información disponible sobre la reunión no detalla qué edad mínima se propone establecer para la responsabilidad penal, cuánto aumentarían las penas ni qué delitos quedarían comprendidos en los posibles cambios.

Derechos humanos ante la reforma

La participación de organismos judiciales, entidades de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez busca incorporar distintas perspectivas al análisis legislativo.

La discusión también plantea la necesidad de precisar cómo se aplicarían los eventuales cambios al régimen juvenil y qué mecanismos acompañarían su implementación. Una vez examinadas las propuestas, la comisión deberá determinar qué modificaciones recomienda y cuáles serán los siguientes pasos para que la iniciativa continúe su trámite en el Congreso Nacional.

La Red Coiproden también se ha pronunciado contra la reducción de la edad punible y ha defendido una respuesta centrada en la prevención, la protección de la niñez y el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil, además, propuso fortalecer la justicia restaurativa y la inversión en educación, desarrollo infantil, empleo juvenil y espacios culturales y deportivos.

Mientras que, la directora de Casa Alianza Honduras, Cándida Sauceda, también cuestionó la propuesta y advirtió que aumentar las penas o reducir la edad punible no garantiza una disminución de la criminalidad y sostuvo que muchos adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado, amenazas y manipulación por parte de estructuras del crimen

Por su parte, Naciones Unidas en Honduras ha recordado que el país cuenta con un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 12 y 18 años y que los menores no están exentos de responder ante la justicia.

Durante este proceso ,a primera reunión fue convocada por la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, que recibió a representantes de la Defensa Pública de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), y la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía.

Olimpia perdió 1-0 ante el Cartaginés en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y deberá remontar en Tegucigalpa para avanzar a la final del torneo regional.

El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel tuvo que modificar sus planes tras la expulsión de su delantero Yustin Arboleda. Con un jugador menos, los albos resistieron los ataques del conjunto costarricense e intentaron contener la diferencia en el marcador.

Pese al resultado adverso, Espinel dejó claro que no considera definida la eliminatoria y que Olimpia asumirá la responsabilidad de buscar el triunfo de local para continuar en la competición.

“Si hubiéramos ganado, también tenemos que ponernos la responsabilidad nosotros de salir a ganar”, expresó el entrenador, al señalar que el equipo debe asumir un papel protagonista independientemente del resultado del primer compromiso.

La expulsión de Arboleda

Uno de los aspectos que más incidieron en el análisis del técnico fue la tarjeta roja a Yustin Arboleda. Espinel consideró que la expulsión modificó el desarrollo del partido y condicionó el planteamiento de Olimpia durante el resto del encuentro.

“Yo creo que cambió el partido”, manifestó el entrenador, al referirse a una jugada que obligó a su equipo a afrontar el compromiso en inferioridad numérica.

Los albos tuvieron que reorganizarse para contener las ofensivas del Cartaginés y evitar que la diferencia en el marcador fuera mayor. El conjunto hondureño se marchó de Costa Rica con una desventaja mínima que mantiene abierta la disputa por el boleto a la final.

Espinel expresó también su inconformidad con las decisiones arbitrales durante el primer tiempo. El uruguayo señaló que, desde su perspectiva, hubo diferencias en la manera de sancionar determinadas faltas.

“Sí vimos por ahí una tendencia en el primer tiempo, principalmente, de las mismas faltas no con el mismo criterio. A nosotros no nos pitaban, a ellos sí”, afirmó.

El entrenador manifestó además su malestar con la designación de la cuarteta arbitral para el encuentro de ida.

La remontada, en Tegucigalpa

Con el 1-0 en contra, Olimpia preparará el partido de vuelta con la obligación de buscar un resultado que le permita superar la serie. El encuentro en Tegucigalda será decisivo para determinar si el conjunto hondureño avanza a la final o si Cartaginés mantiene la ventaja obtenida en su estadio.

Espinel insistió en que sus jugadores deben asumir el protagonismo y salir a buscar el resultado, sin utilizar el marcador de la ida como excusa para renunciar a sus aspiraciones.

El margen de un gol mantiene a Olimpia en la pelea, aunque el equipo necesitará mejorar su producción ofensiva y evitar situaciones que vuelvan a comprometer su estructura en el encuentro decisivo.

Cartaginés llegará a Tegucigalpa con la ventaja mínima y el objetivo de asegurar su presencia en la final de la Copa Centroamericana.

Olimpia tendrá una nueva oportunidad el próximo miércoles 28 de octubre, cuando reciba al Cartaginés a las 9:00 de la noche en Tegucigalpa, en un partido decisivo para sus aspiraciones de alcanzar la final de la Copa Centroamericana.

Las negociaciones entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades de la Secretaría de Salud continúan sin alcanzar una solución definitiva al conflicto por el pago de salarios atrasados a profesionales del sistema público. El encuentro terminó sin un compromiso que permita suspender las asambleas informativas, una medida que se prolonga desde hace 45 días.

La reunión contó con la participación del presidente del CMH, Samuel Santos, y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, quienes expusieron sus posiciones sobre las obligaciones salariales pendientes y los mecanismos que podrían agilizar su cumplimiento.

Al término del encuentro, Santos informó que se prevé realizar un corte de datos para identificar a los 727 médicos que, según el gremio, continúan a la espera del pago de sus salarios. La intención es revisar cada caso de manera individual para determinar las gestiones que faltan.

El dirigente médico también cuestionó que profesionales incorporados al sistema sanitario durante la actual administración continúen sin recibir remuneración. Como ejemplo, señaló que 114 médicos contratados en abril todavía no habían percibido sus salarios.

Uno de los principales planteamientos del presidente del Colegio Médico fue ampliar la mesa técnica encargada de revisar los expedientes de los profesionales afectados. Santos propuso incorporar a representantes de la Secretaría de Finanzas, la Dirección General de Servicio Civil, la Secretaría de Trabajo y el despacho del secretario privado, con el objetivo de reunir en un mismo espacio a las instituciones que intervienen en los procedimientos administrativos.

Revisión caso a caso

La propuesta busca reducir los tiempos de revisión y facilitar la coordinación entre las dependencias responsables de validar nombramientos, contratos y pagos. Para el gremio, la participación de más funcionarios permitiría resolver los expedientes con mayor rapidez y evitar que los casos continúen pasando de una institución a otra sin una respuesta definitiva.

por su parte, el viceministro José Miguel Castillo manifestó que el conflicto relacionado con los médicos contratados bajo la modalidad de interinato ha tenido pagos parciales durante algunos meses. Afirmó que quedan pendientes los salarios de 158 médicos bajo la modalidad de contrato.

La cifra presentada por el funcionario difiere de los 727 profesionales señalados por el presidente del CMH. No queda establecido si ambos datos corresponden al mismo universo de trabajadores, si se refieren a modalidades de contratación diferentes o si uno de los registros contempla únicamente determinados expedientes.

Castillo aseguró que el problema no obedece a una insuficiencia presupuestaria, sino a asuntos administrativos que deben resolverse para completar los pagos. Bajo esa explicación, el desafío inmediato consiste en verificar los expedientes y completar los procedimientos necesarios para que los recursos lleguen.

Durante el encuentro, Castillo planteó que el gremio suspenda las asambleas informativas mientras se instala una mesa técnica ampliada para revisar los casos. La propuesta pretende abrir un espacio de trabajo entre las instituciones involucradas y avanzar en la resolución de los expedientes sin mantener las medidas de presión del sector médico.

La reunión terminó sin un acuerdo que formalice la suspensión de las asambleas. El CMH mantiene como prioridad que se identifique a los profesionales afectados y se establezcan mecanismos verificables para cumplir con las obligaciones salariales.

Tras 45 días de asambleas informativas, el principal punto pendiente sigue siendo el pago de los salarios reclamados por los médicos y la definición de un mecanismo que permita resolver los casos acumulados.

Por ahora, el CMH informa de 727 médicos con pagos pendientes, mientras el viceministro de Salud mencionó 158 profesionales bajo la modalidad de contrato que todavía esperan sus salarios.

La diferencia entre los registros debe aclararse para determinar el número de afectados y evitar que queden trabajadores fuera del proceso de revisión.

Al menos ocho militares resultaron heridos la mañana de este miércoles 21 de octubre tras la explosión de un artefacto encontrado dentro de las instalaciones del Primer Batallón de Artillería de Campaña, ubicado en Zambrano, Francisco Morazán, Honduras.

Las autoridades descartaron preliminarmente que se tratara de una granada de fragmentación y anunciaron investigaciones para determinar el origen del objeto.

El incidente movilizó a los equipos de emergencia y obligó al traslado de los efectivos al Hospital Militar de Tegucigalpa, donde permanecen bajo evaluación médica. Aunque tres de los afectados sufrieron lesiones de mayor consideración, las Fuerzas Armadas informaron que los ocho se encuentran estables.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, explicó que la detonación se produjo cuando un grupo de soldados realizaba trabajos de preparación de terreno para desarrollar labores de reforestación dentro del recinto militar.

Durante las actividades, los efectivos encontraron un artefacto que fue manipulado y posteriormente explotó, provocándoles heridas de distinta consideración. Las circunstancias exactas en las que se produjo la detonación todavía están bajo investigación.

Tras el incidente, los militares recibieron atención inicial y fueron trasladados de inmediato al Hospital Militar de Tegucigalpa para una valoración especializada.

La información preliminar proporcionada por las autoridades señala que cinco soldados presentan heridas leves, mientras que los otros tres sufrieron lesiones de mayor consideración. Sin embargo, los ocho permanecen estables, a la espera de que las evaluaciones médicas determinen el alcance de las heridas.

Las autoridades no han establecido públicamente si el artefacto pertenecía a las Fuerzas Armadas o si se encontraba en el lugar desde antes de las labores de preparación del terreno.

El director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, coronel Héctor Fajardo, descartó preliminarmente que la explosión haya sido provocada por una granada de fragmentación.

Según su explicación, el objeto podría corresponder a pequeños casquillos con carga propulsora, capaces de detonar cuando son manipulados o golpeados contra una superficie.

El oficial aclaró que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se trataría de una granada de fragmentación ni de un proyectil de mortero. No obstante, este tipo de material puede provocar lesiones por la expulsión de fragmentos y la onda expansiva que genera al explotar.

La identificación definitiva del objeto dependerá de las inspecciones técnicas y de las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes. Por ahora, no se ha divulgado un informe pericial que confirme la naturaleza exacta del artefacto.

Las Fuerzas Armadas informaron que solicitarán la intervención del Ministerio Público (MP) para esclarecer el origen del artefacto y establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

El área donde se registró el incidente permanece acordonada mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar cómo llegó el objeto al terreno, cuánto tiempo llevaba en el lugar y si existieron fallas en los procedimientos de seguridad durante las labores de preparación.

La investigación también deberá establecer si el material estaba relacionado con actividades militares anteriores o si se trataba de un objeto ajeno a las operaciones actuales del batallón.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado responsabilidades ni confirmado una hipótesis definitiva sobre el incidente.

El término UXO, siglas en inglés de Unexploded Ordnance, se utiliza para identificar municiones o artefactos explosivos que fueron empleados, lanzados o preparados para su uso, pero que no detonaron como estaba previsto y permanecen activos.

Entre estos materiales pueden encontrarse granadas, bombas, proyectiles de artillería y minas. Su presencia representa un riesgo porque pueden explotar ante la manipulación, el impacto o determinados cambios en sus condiciones físicas.

El CONADEH instó a las autoridades hondureñas a fortalecer las medidas de protección de la niñez y garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, la salud y un entorno familiar seguro, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de reclutamiento por organizaciones criminales.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del organismo, Cándida Maradiaga, señaló que los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal no deben ser considerados inimputables, ya que en Honduras existe un régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable a quienes tienen entre 12 y 18 años.

Maradiaga indicó que hay 157 adolescentes privados de libertad en los cinco centros pedagógicos administrados por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI). Los jóvenes cumplen medidas privativas y no privativas de libertad, que pueden alcanzar hasta ocho años conforme al marco legal vigente.

La representante sostuvo que la respuesta estatal debe abordar tanto la responsabilidad por los delitos cometidos como las condiciones sociales que pueden empujar a los menores hacia entornos delictivos.

Garantías de protección

Maradiaga recordó que el internamiento de adolescentes debe aplicarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, en consonancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en 1990.

La defensora hizo referencia a los artículos 37 al 40 de ese instrumento internacional, que establecen garantías relacionadas con la privación de libertad, el trato de los menores dentro del sistema de justicia y la necesidad de promover su reintegración social.

El enfoque busca que los adolescentes puedan asumir las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, acceder a oportunidades educativas y de desarrollo que reduzcan el riesgo de reincidencia.

La institución considera que la respuesta a la delincuencia juvenil debe tomar en cuenta la edad, las circunstancias individuales y las condiciones familiares y comunitarias de cada menor, sin dejar de lado las garantías que corresponden a las víctimas y a la sociedad.

Niñez vulnerable en cifras

Maradiaga recordó que en 2017 había alrededor de 600 adolescentes privados de libertad en el país, en un período marcado por crisis dentro de los centros, incluidos amotinamientos, enfrentamientos e incendios.

La cifra actual de 157 representa una reducción considerable frente a aquel registro. El Conadeh atribuye este cambio a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la capacitación de jueces y fiscales con apoyo de UNICEF y de la Universidad Diego Portales de Chile, así como a la implementación de un modelo de gestión socioeducativo.

La evolución señalada por la defensora refleja un cambio en el abordaje de la justicia juvenil, con mayor énfasis en las medidas alternativas al internamiento y en la atención de las necesidades de los adolescentes.

Los factores de riesgo

El Conadeh advirtió que muchos adolescentes que ingresan al sistema de justicia juvenil provienen de hogares en condiciones de pobreza y de entornos donde enfrentan distintas formas de violencia, abandono o falta de protección.

Maradiaga describió situaciones en las que los padres emigraron y los menores quedaron al cuidado de abuelos, vecinos u otras personas, así como casos de adolescentes que han sufrido violación sexual, explotación sexual comercial o trata de personas.

La funcionaria señaló que Honduras tiene alrededor de un millón de niños en situación de trabajo infantil y en situación de calle, aunque la información divulgada no desglosa cuántos corresponden a cada categoría ni el período exacto al que se refiere esa cifra.

La protección de la niñez, planteó, debe comenzar en los hogares, las escuelas y las comunidades, con servicios accesibles y mecanismos para detectar oportunamente situaciones de abuso, explotación o abandono.

El llamado también pone el foco en la necesidad de atender a las familias que enfrentan pobreza y exclusión, así como de ofrecer alternativas educativas y sociales a los adolescentes en riesgo.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con representantes de empresas y organizaciones italianas para explorar oportunidades de inversión, cooperación e innovación tecnológica que contribuyan al desarrollo económico y productivo del país centroamericano.

En la reunión participaron, por parte del Gobierno hondureño, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera; y la cónsul general de Honduras en ese país, Clarivel Vallecillo.

Por el sector empresarial italiano asistieron representantes de Dedalus, Confcommercio Roma y Leonardo, entidades con experiencia en áreas como tecnología sanitaria, comercio, servicios, industria aeroespacial y seguridad.

El acercamiento busca identificar sectores de interés común y explorar posibilidades de cooperación que permitan ampliar la presencia de empresas internacionales en Honduras, promover la transferencia de conocimientos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

Entre las compañías presentes destacó Dedalus, empresa internacional especializada en soluciones digitales para el sector salud.

Su actividad se concentra en el desarrollo de sistemas tecnológicos para hospitales, laboratorios y centros de diagnóstico, con herramientas destinadas a mejorar la gestión clínica y los servicios sanitarios.

La experiencia de esta compañía en la digitalización de los sistemas de salud representa un área de interés para explorar posibles intercambios tecnológicos y oportunidades de modernización en los servicios médicos, aunque no se anunciaron proyectos específicos derivados de la reunión.

Otra de las organizaciones participantes fue Confcommercio Roma, entidad que representa a empresas de comercio, turismo, servicios y actividades profesionales de Roma y su provincia.

La organización brinda representación institucional, asesoría, formación y apoyo al crecimiento empresarial. Su participación permitió incorporar al encuentro una perspectiva relacionada con el desarrollo comercial, la prestación de servicios y las posibilidades de establecer vínculos entre empresas de ambos países.

Por su parte, Leonardo, uno de los grupos industriales italianos de alta tecnología, cuenta con actividades en los sectores aeroespacial, defensa y seguridad. Entre sus áreas de especialización figuran la aeronáutica, los helicópteros, la electrónica, la ciberseguridad y la tecnología espacial.

La presencia de representantes de estas compañías permitió reunir perfiles empresariales de distintas industrias, desde la transformación digital de los servicios públicos hasta las tecnologías avanzadas y las actividades comerciales.

La reunión forma parte de los esfuerzos del Gobierno hondureño por atraer inversión extranjera y fortalecer la cooperación con empresas internacionales, mediante acercamientos que permitan identificar oportunidades para el crecimiento de distintos sectores productivos.

El contacto con compañías y organizaciones italianas abre un espacio para explorar posibles áreas de colaboración, compartir experiencias y conocer soluciones tecnológicas que podrían resultar de interés para Honduras.

Asimismo, el acercamiento empresarial busca fortalecer las relaciones económicas entre ambos países y ampliar los vínculos más allá de los canales diplomáticos tradicionales, mediante el diálogo directo con actores del sector privado.

La participación de representantes de la Cancillería, la Presidencia y el servicio diplomático hondureño refleja el componente institucional de estas gestiones, orientadas a promover los intereses económicos del país en el exterior.

Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado acuerdos de inversión, montos de financiamiento ni compromisos concretos derivados de la reunión. El encuentro se centró en explorar oportunidades y fortalecer el acercamiento entre el Gobierno hondureño y el empresariado italiano.

La agenda de Asfura en Italia contempla reuniones destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades de cooperación que contribuyan al desarrollo económico y tecnológico de Honduras.

El Gobierno busca ampliar sus relaciones con actores internacionales interesados en sectores estratégicos y promover condiciones que favorezcan la llegada de capital, el intercambio de conocimientos y la modernización de distintas actividades económicas.

Los resultados concretos de estos acercamientos dependerán de las negociaciones posteriores y de las oportunidades que puedan identificarse entre las empresas participantes y las instituciones hondureñas.

El Gobierno de Honduras pidió al Colegio Médico suspender temporalmente las asambleas informativas mientras instala una mesa técnica ampliada para revisar los pagos pendientes, aunque el gremio mantiene las medidas de presión al no existir todavía un acuerdo que resuelva el conflicto laboral.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, afirmó este miércoles que las autoridades están cerca de alcanzar una solución con el Colegio Médico de Honduras (CMH), cuyos agremiados permanecen en asambleas informativas desde hace más de 40 días a nivel nacional.

Tras una asamblea general celebrada por el gremio, el funcionario planteó la necesidad de alcanzar consensos que permitan avanzar en la revisión de los expedientes y establecer fechas para cumplir con las remuneraciones adeudadas a los profesionales de la salud.

“Yo creo que estamos cercanos a solucionar el conflicto y la situación. Yo creo que es un tema de llegar a consensos y de hacerle entender al Colegio de Médicos y al gremio que estamos comprometidos en pagar”, manifestó Castillo ante periodistas.

Pese a las expectativas expresadas por el viceministro, el CMH informó que continuará con las asambleas informativas, debido a que todavía no se ha confirmado un acuerdo con el Gobierno que permita resolver las demandas del sector.

La instalación de una mesa técnica ampliada figura entre las principales propuestas para destrabar el conflicto. El mecanismo, solicitado por el gremio médico, incluiría personal técnico de la Secretaría de Salud, representantes del Servicio Civil y miembros de otras instituciones vinculadas con los procesos administrativos y de pago.

La finalidad será examinar individualmente los expedientes de los profesionales afectados, identificar los obstáculos que han impedido completar los desembolsos y determinar los plazos correspondientes para cada caso.

Castillo sostuvo que el problema responde a un “desorden administrativo” y no a una falta de presupuesto, por lo que defendió la revisión particular de la documentación como una vía para establecer cuáles pagos pueden tramitarse y cuáles requieren completar nuevamente los procedimientos.

Según explicó, los médicos que tienen sus expedientes completos podrían recibir una estimación de pago durante esta semana o la siguiente.

En cambio, aquellos casos que presenten nuevos inconvenientes deberán someterse otra vez al proceso de revisión antes de determinar cuándo podrán recibir sus remuneraciones.

La propuesta busca que la mesa técnica permita resolver las situaciones pendientes de manera ordenada, aunque hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo definitivo entre las autoridades sanitarias y el Colegio Médico.

El viceministro detalló que, hasta el martes, la Secretaría de Salud registraba 158 médicos con contratos pendientes de pago. No obstante, estimó que la cifra podría disminuir a aproximadamente 50 durante este miércoles, dependiendo de la actualización de los registros administrativos.

El funcionario también aseguró que la mayoría de los médicos ya recibió sus pagos, aunque reconoció que todavía existen expedientes que necesitan atención para completar los procedimientos correspondientes.

La situación presenta particularidades en el caso de los médicos internos, cuyos desembolsos deben contabilizarse por mensualidades debido a que los períodos pendientes varían entre cada profesional.

De acuerdo con Castillo, algunos internos han recibido tres meses de salario, mientras que otros acumulan pagos correspondientes a seis o nueve meses. Esta diferencia dificulta establecer una cifra única de beneficiarios que todavía tienen remuneraciones incompletas.

El viceministro confirmó que los médicos internos han percibido pagos parciales y que los desembolsos continuarán hasta completar las cantidades correspondientes a cada caso.

Sin embargo, la petición gubernamental de suspender temporalmente estas acciones no supone, por ahora, el fin de las medidas adoptadas por los profesionales.

El gremio mantiene su postura de continuar con las asambleas mientras no exista una respuesta que permita confirmar la resolución de sus demandas.