El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) continuará después de que una nueva reunión terminara sin una fecha definitiva para cancelar los salarios pendientes a cientos de profesionales.

El presidente del CMH, Samuel Santos, confirmó que las asambleas informativas seguirán porque, aunque las autoridades explicaron que los procesos administrativos avanzan, el gremio continúa sin recibir una respuesta concreta sobre cuándo llegará el dinero.

“No se ha llegado contundentemente a una fecha exacta para el pago”, señaló Santos tras el encuentro.

Uno de los grupos que genera mayor preocupación está formado por 1.067 médicos contratados, cuyos procesos contractuales todavía están siendo completados.

Según Santos, algunos documentos apenas están terminando de firmarse y todavía no existe una fecha precisa de pago.

El dirigente explicó que el problema tiene dos componentes: por un lado, existen atrasos administrativos dentro de Salud y, por otro, todavía hay procesos pendientes en Finanzas.

Esa combinación explica por qué una obligación salarial aparentemente sencilla puede extenderse durante semanas: antes de realizar un desembolso deben completarse contratos, registros, trámites presupuestarios y autorizaciones internas.

La posición del Colegio Médico sigue siendo firme.

Santos aseguró que las bases del gremio instruyeron a sus dirigentes para mantener las medidas de presión hasta que los pagos sean efectivos, no solamente prometidos.

“No se termina el movimiento hasta que no se pague”, sostuvo.

El presidente del CMH también rechazó que los médicos sean responsabilizados por el impacto que las protestas generan en los pacientes y afirmó que los profesionales continuaron atendiendo hasta que la falta de salario los llevó a suspender determinados servicios.

“El sufrimiento del paciente no lo ha generado el médico”, afirmó.

Desde el Gobierno, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que durante la reunión se explicó paso a paso el estado de cada proceso pendiente.

“Como Secretaría de Salud no quedaremos debiendo un solo lempira, a todos se les va a pagar”, sostuvo.

La promesa, sin embargo, todavía no resuelve el punto que mantiene vivo el conflicto: cuándo.

Mientras no exista una fecha verificable de desembolso, el Colegio Médico considera insuficientes las garantías ofrecidas por las autoridades.

Midence pidió al gremio evitar acciones que bloqueen el acceso a los servicios, especialmente porque muchos pacientes recorren seis u ocho horas para conseguir una cita médica.

El funcionario sostuvo que los conflictos administrativos deben resolverse dentro de las instituciones y no mediante acciones que puedan afectar consultas o procedimientos.

“No es en las calles, no es bloqueando el acceso a servicios de salud”, expresó.

El enfrentamiento reproduce un problema que se ha vuelto recurrente dentro del sistema sanitario hondureño: cuando los pagos se retrasan, los trabajadores recurren a medidas de presión y el costo termina trasladándose parcialmente a los usuarios.

Las dos partes coinciden en algo: los médicos deben recibir su dinero.

La diferencia está en qué hacer mientras eso ocurre.

Salud pide mantener las atenciones mientras completa los procesos administrativos; el Colegio Médico sostiene que continuar trabajando indefinidamente sin salario tampoco puede considerarse normal.

Por eso, después de reuniones, promesas y explicaciones técnicas, el conflicto quedó reducido a una pregunta concreta:

¿Cuándo recibirán su salario los 1.067 médicos que todavía esperan una fecha?

Mientras esa respuesta no exista, las asambleas informativas continuarán.

Una recién nacida fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la Ermita de Suyapa, en Tegucigalpa, en un hecho que movilizó a las autoridades después de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de la pequeña en el lugar.

La bebé estaba acompañada de una nota escrita por quien sería su madre, en la que la mujer explicó las difíciles condiciones que atravesaba y el dolor que, según sus palabras, le provocaba tomar la decisión de separarse de su hija.

El caso fue reportado por la Policía Nacional de Honduras, que informó que la alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras conocer la situación, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 4 (UMEP-4) se desplazaron hasta las inmediaciones de la Ermita de Suyapa para verificar lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la pequeña recién nacida y procedieron a ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica, mientras las autoridades activaban el procedimiento correspondiente para garantizar su protección y bienestar.

Sin embargo, además de la presencia de la bebé, hubo un elemento que llamó particularmente la atención de los agentes: el mensaje dejado junto a ella, en el que la mujer que sería su madre intentó explicar las razones que la llevaron a dejarla en el lugar.

“Con un dolor en mi alma dejo a mi hija, pero al lado mío va a sufrir. No tengo un techo donde dormir”, se lee en la nota, según el contenido divulgado sobre el caso.

Las palabras reflejan, de acuerdo con el propio relato, una situación de extrema vulnerabilidad. La mujer aseguró que no contaba con una vivienda en la que pudiera resguardarse junto a la pequeña y manifestó que permanecer a su lado significaría exponerla a condiciones que consideraba perjudiciales.

El mensaje también aportó detalles sobre los primeros días de vida de la bebé. Según lo escrito, la pequeña habría nacido el miércoles por la noche, aproximadamente a las 10:30.

“Ella nació el miércoles en la noche a las 10:30; durante esos tres días ha estado durmiendo en el suelo porque no tengo dónde…”, continúa el escrito encontrado junto a la recién nacida.

La mujer expresó que tomó la decisión desde el dolor y no ocultó el conflicto emocional que le generaba separarse de su hija. En el mensaje aseguró que consideraba que la bebé sufriría si permanecía junto a ella debido a las condiciones en las que se encontraba.

La situación también pone de manifiesto una realidad de vulnerabilidad social, particularmente cuando la ausencia de un lugar seguro para vivir puede convertirse en un obstáculo para garantizar las necesidades básicas de un recién nacido.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de la mujer que habría escrito el mensaje ni sobre las circunstancias específicas que la llevaron hasta el lugar donde fue encontrada la bebé.

Después de ser localizada, la prioridad de los agentes fue garantizar la integridad de la recién nacida. La Policía informó que los uniformados la pusieron a salvo y gestionaron su traslado para que recibiera la atención médica correspondiente.

El procedimiento continuará con las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió antes de que la bebé fuera abandonada y determinar las condiciones en las que permaneció desde su nacimiento.

Las autoridades también deberán establecer las medidas de protección para la menor, tomando en cuenta que se trata de una recién nacida que fue encontrada sin la compañía de un adulto responsable.

El caso permanecerá bajo seguimiento de las instituciones correspondientes, que deberán determinar las acciones legales y de protección que procedan a partir de las circunstancias documentadas.

La decisión de dejar a la pequeña, sin embargo, activó la respuesta de las autoridades después de que ciudadanos reportaran su presencia mediante el 911. Gracias a esa alerta, agentes de la UMEP-4 acudieron al sitio y pudieron poner a la recién nacida bajo resguardo.

Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad será garantizar que la bebé permanezca protegida y reciba atención adecuada, al tiempo que se reconstruyen las circunstancias que rodearon su abandono.

La joven había muerto de forma violenta en la aldea San Antonio, municipio de La Masica, Atlántida, después de un hecho que, según las primeras investigaciones, habría estado precedido por una discusión con su pareja sentimental.

El cadáver ya había sido preparado para el funeral cuando agentes y personal vinculado con las diligencias fiscales llegaron para recuperarlo y ordenar la autopsia.

Un velorio interrumpido por una investigación pendiente

Videos difundidos desde el lugar muestran a familiares observando entre llantos cómo el ataúd era retirado bajo presencia policial.

La escena generó cuestionamientos porque, tratándose de una muerte violenta, la autopsia puede ser determinante para establecer la trayectoria de los disparos, número de lesiones, distancia aproximada y causa precisa del fallecimiento.

Esos elementos pueden terminar siendo decisivos en un eventual proceso penal.

Por eso, la pregunta que deja el procedimiento es por qué el cuerpo llegó a ser entregado y preparado para sepultura antes de completar esa diligencia forense.

La pareja aparece en la investigación

La información preliminar señala que Vivian se encontraba dentro de una vivienda cuando se produjo una discusión con su pareja.

Durante el altercado, el hombre habría utilizado un arma de fuego y posteriormente abandonado el lugar.

La joven fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Por ahora, la pareja figura como principal sospechoso en las primeras diligencias, pero su responsabilidad todavía debe ser establecida por las autoridades y eventualmente por un tribunal.

Hasta el momento no se ha informado de una captura.

La autopsia puede reconstruir lo que ocurrió

El examen médico-legal permitirá documentar lesiones que después de un proceso de preparación funeraria pueden resultar más difíciles de interpretar visualmente.

También permitirá contrastar los hallazgos científicos con declaraciones de testigos, inspecciones de la vivienda y cualquier evidencia balística recuperada.

En investigaciones por homicidio, esa combinación puede determinar si la versión reconstruida por los investigadores coincide con la evidencia física.

La autopsia no establece por sí sola quién disparó, pero sí puede ayudar a responder cómo, cuándo y de qué manera murió la víctima.

Una familia obligada a despedirse dos veces

Más allá de la investigación, el procedimiento tuvo un costo emocional evidente.

Los familiares ya habían iniciado el proceso de despedida cuando tuvieron que entregar nuevamente el cuerpo a las autoridades.

En los videos se escuchan llantos y expresiones de angustia, mientras uno de los presentes habría sufrido una descompensación.

La situación muestra por qué los protocolos posteriores a una muerte violenta no son simplemente trámites administrativos.

Una omisión o retraso puede afectar tanto la investigación penal como a una familia que ya atraviesa un duelo.

El caso ahora depende de dos respuestas

La investigación tendrá que aclarar primero quién mató a Vivian del Ángel Vega y en qué circunstancias.

Pero existe además una segunda interrogante institucional:

¿Cómo fue posible que una muerte bajo sospecha criminal llegara hasta un velorio antes de que Medicina Forense practicara la autopsia correspondiente?

La respuesta a la primera pregunta podría llevar ante la justicia al responsable.

La segunda servirá para determinar si hubo una falla en los procedimientos que nunca debió añadir más sufrimiento a la familia.

El Gobierno de Honduras confirmó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país entre finales de octubre y la primera semana de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa económicovigente, en una visita que también marcará el inicio de conversaciones sobre un eventual nuevo acuerdo para los próximos años.

La confirmación fue realizada por el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, quien explicó que sostuvo un encuentro con Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante el cual se ratificó la fecha prevista para la visita de la misión internacional.

“Estuvimos con Nigel Chalk, que es el director para el hemisferio occidental para el Fondo Monetario, que nos ha dado a conocer que nos ha confirmado que va a estar aquí en Honduras para lo que va a ser la sexta visita y la revisión del programa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Hernández Hércules, la misión se desarrollará entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del programa que Honduras mantiene actualmente con el organismo financiero internacional.

El ministro señaló que el Gobierno espera que esta sexta revisión pueda concluirse con normalidad y permita completar el programa vigente, al tiempo que el país pueda acceder a los recursos que todavía están pendientes de desembolso y que corresponden dentro del acuerdo.

Honduras prepara un nuevo programa con el FMI

Más allá de la revisión final, el Gobierno hondureño ya contempla iniciar conversaciones con el FMI para un nuevo programa económico que tendría una duración de aproximadamente tres años y medio, período que coincidiría con buena parte del mandato de la actual administración.

Hernández Hércules explicó que el programa vigente fue diseñado para traslapar dos gobiernos, cada uno con posiciones ideológicas diferentes, por lo que la administración actual pretende plantear un nuevo esquema acorde con su visión económica.

“Recordemos que el programa actual era un programa que traslapaba dos gobiernos con un pensamiento ideológico muy distinto”, manifestó el titular de Finanzas.

Según el funcionario, el nuevo planteamiento estaría orientado a impulsar el crecimiento económico, pero bajo medidas de disciplina fiscal y dentro de los parámetros establecidos por la legislación hondureña.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá como uno de sus principales principios la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que establece reglas para el manejo de las finanzas públicas y busca limitar desequilibrios que puedan comprometer la estabilidad económica del país.

“Este es un gobierno de crecimiento económico que va a llevarse a cabo mediante medidas estrictas bajo la ley de responsabilidad fiscal que siempre hemos abanderado”, afirmó Hernández Hércules.

El eventual nuevo programa será, por tanto, uno de los temas que comenzarán a discutirse paralelamente al cierre del acuerdo actual. Para el Ejecutivo, la negociación representaría una oportunidad para establecer una nueva hoja de ruta económica que acompañe sus prioridades durante los próximos años.

FMI destaca acciones económicas de Honduras

Durante los encuentros con representantes del organismo internacional, el Gobierno también recibió, según Hernández Hércules, una valoración positiva sobre algunas de las medidas económicas implementadas por Honduras.

El ministro aseguró que el FMI ha “aplaudido” varias de las acciones adoptadas por la administración y que existe particular atención internacional sobre los problemas que enfrenta Honduras a causa de la sequía, una situación que, según explicó, también está afectando a otros países de la región.

La falta de lluvias ha generado presiones sobre diferentes sectores productivos y también representa un desafío para el sistema energético hondureño, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica.

Para el funcionario, el tratamiento de esta problemática requiere una visión que trascienda las fronteras nacionales, debido a que la sequía se ha convertido en un problema regional que puede tener consecuencias sobre la producción, los precios y la generación de electricidad.

Reformas energéticas reciben respaldo

Otro de los asuntos destacados por el titular de Finanzas fue la aprobación de las reformas energéticas, que el Gobierno considera un paso importante para enfrentar la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hernández Hércules afirmó que no solamente el FMI ha valorado positivamente estas reformas, sino que también han recibido respaldo de agencias del Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario calificó la aprobación de estas medidas como un paso “trascendental” para Honduras y defendió que las modificaciones planteadas no constituyen un experimento, sino que se basan en mecanismos que ya han sido aplicados en otros países de Centroamérica.

“No estamos inventando el agua caliente”, expresó el ministro al referirse a las reformas, y señaló que mecanismos similares ya han funcionado en países como Guatemala y El Salvador, donde, según sostuvo, han generado resultados positivos.

Para el Gobierno hondureño, estas reformas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la situación de la ENEE, empresa estatal que durante años ha acumulado problemas financieros y operativos.

Hernández Hércules, sin embargo, reconoció que las reformas energéticas constituyen solamente una parte de la solución. “Esta solamente es una pieza en el rompecabezas, que es salvar la ENEE”, afirmó.

La llegada de la misión del FMI se producirá así en una etapa relevante para la política económica de Honduras, ya que además de evaluar el cumplimiento de los compromisos del programa vigente, podría sentar las bases para una nueva negociación entre el organismo internacional y el Gobierno.

La sexta revisión será determinante para cerrar el actual acuerdo y avanzar hacia la obtención de los recursos que todavía están pendientes. Posteriormente, las conversaciones sobre un nuevo programa permitirán discutir las metas económicas y fiscales que Honduras deberá cumplir durante los próximos años.

Con la visita prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre, el Gobierno de Nasry Asfura busca mantener la relación con el FMI y utilizarla como parte de su estrategia para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas, impulsar el crecimiento y avanzar en las reformas consideradas prioritarias para el país.

El Ejecutivo también tendrá que enfrentar durante este proceso desafíos como la sequía, la situación financiera de la ENEE y las presiones fiscales, asuntos que podrían formar parte de las discusiones con el organismo internacional mientras Honduras define la ruta económica que seguirá durante los próximos tres años y medio.

Un nuevo hecho violento sacudió Siguatepeque, Comayagua, luego de que un empresario fuera asesinado a balazos dentro del negocio donde terminaba su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Fernando Josué Fiallos Reyes, de 39 años, propietario de un minisúper ubicado en el bulevar Morazán, barrio San Miguel, establecimiento que anteriormente era conocido como “Tienda Toledo”.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron al comercio y dispararon varias veces contra Fiallos Reyes antes de escapar del lugar.

Un ataque dentro de su propio negocio

El crimen ocurrió cuando el empresario se encontraba finalizando sus actividades comerciales, una circunstancia que lleva a los investigadores a reconstruir si los atacantes conocían previamente sus horarios y movimientos.

Los primeros reportes indican que los sospechosos se habrían desplazado en una motocicleta, un detalle que ahora forma parte de las diligencias para intentar establecer su ruta de llegada y huida.

Personas que se encontraban cerca del establecimiento solicitaron auxilio después del ataque y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender a la víctima.

Sin embargo, al realizar la evaluación, los socorristas confirmaron que Fiallos Reyes ya no presentaba signos vitales.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el motivo del asesinato.

Tampoco se reportan capturas vinculadas directamente con el crimen.

Ese punto obliga a mantener abiertas distintas líneas de investigación y evitar atribuir el homicidio a extorsión, robo, conflictos personales o crimen organizado mientras no exista evidencia que respalde alguna de esas hipótesis.

Los equipos policiales deberán analizar la escena, revisar posibles cámaras de seguridad de negocios y viviendas cercanas, entrevistar testigos y reconstruir los últimos movimientos del empresario.

Un crimen que golpea al sector comercial

El asesinato dentro de un establecimiento comercial también vuelve a colocar bajo atención la seguridad de pequeños y medianos empresarios, especialmente aquellos que permanecen en sus negocios hasta horas de la noche y manejan dinero en efectivo.

Sin embargo, el hecho de que la víctima fuera comerciante no permite concluir automáticamente que el crimen esté relacionado con su actividad económica.

Determinar si Fiallos Reyes fue elegido específicamente como objetivo o si existió alguna otra circunstancia detrás del ataque será uno de los principales retos de la investigación.

Honduras acumula más de 1.400 homicidios

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) citados en la información disponible, entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026 se habían contabilizado 1.461 homicidios en Honduras.

Los departamentos con mayor cantidad de casos eran Francisco Morazán, con 223; Cortés, con 215; Yoro, con 162; y Olancho, con 135.

Las cifras nacionales permiten dimensionar el fenómeno, aunque no explican por sí mismas las dinámicas particulares de cada asesinato.

En el caso de Siguatepeque, ahora la pregunta principal es quién ordenó o ejecutó el ataque contra Fernando Fiallos y por qué.

Mientras no exista una respuesta, su muerte se suma a los homicidios que dejan detrás no solamente una víctima, sino también una familia, empleados y una comunidad comercial esperando justicia.

Los combustibles volverán a encarecerse en Honduras a partir del lunes 14 de septiembre, en medio de nuevas presiones del mercado internacional que obligaron al Gobierno a ampliar el apoyo temporal destinado a contener parte de las alzas.

La Secretaría de Energía informó que el porcentaje de apoyo para la gasolina regular y el diésel pasará del 50% al 65%, una medida con la que el Ejecutivo busca evitar que todo el incremento internacional llegue directamente a los consumidores.

Aun con esa intervención, los precios subirán.

Tegucigalpa: el diésel superará los L148

En Tegucigalpa, la gasolina súper aumentará L3,85 (US$0,14) y se venderá a L143,73 (US$5,37) por galón.

La regular subirá L1,47 (US$0,05) y quedará en L130,51 (US$4,87). El Gobierno aplicará sobre este combustible un apoyo temporal de L2,76 (US$0,10) por galón.

El diésel, uno de los combustibles con mayor impacto sobre transporte y costos productivos, aumentará L2,32 (US$0,09)hasta L148,01 (US$5,53), mientras el Estado absorberá otros L4,35 (US$0,16) mediante el apoyo económico.

El queroseno llegará a L129,86 (US$4,85) después de subir L3,86 (US$0,14).

San Pedro Sula también recibe aumentos

En San Pedro Sula, la súper subirá L3,76 (US$0,14) y alcanzará L139,49 (US$5,21).

La regular aumentará L1,42 (US$0,05) hasta L126,37 (US$4,72), con un apoyo gubernamental equivalente a L2,67 (US$0,10).

Por su parte, el diésel llegará a L143,83 (US$5,37) después de aumentar L2,25 (US$0,08). El Ejecutivo asumirá L4,23 (US$0,16) adicionales por galón para contener el incremento.

El queroseno subirá L3,77 (US$0,14) y se venderá a L125,58 (US$4,69).

El gas doméstico será la excepción

El cilindro de GLP doméstico de 25 libras conservará su precio.

En Tegucigalpa continuará en L249,62 (US$9,32) y en San Pedro Sula en L228,47 (US$8,53).

Para conseguirlo, el Gobierno mantendrá un apoyo de L33,46 (US$1,25) en Tegucigalpa y L33,81 (US$1,26) en San Pedro Sula.

El GLP vehicular sí aumentará L0,96 (US$0,04): quedará en L49,94 (US$1,86) en Tegucigalpa y L46,41 (US$1,73) en San Pedro Sula.

El subsidio evita una subida mayor, pero no elimina el impacto

La decisión de incrementar el apoyo del 50% al 65% muestra la presión que el mercado internacional está colocando sobre la estructura interna de precios.

En la práctica, el Estado absorbe parte del incremento que de otro modo llegaría completo al consumidor.

Pero ese alivio tampoco es gratuito: la diferencia termina trasladándose a las cuentas públicas, por lo que mientras más tiempo permanezcan elevados los combustibles internacionales, mayor será el costo fiscal de mantener el mecanismo.

El diésel merece especial atención porque su precio puede trasladarse indirectamente a otros productos mediante transporte, agricultura, generación y distribución de mercancías.

Honduras comienza así otra semana con una paradoja: el Gobierno aumenta el subsidio para proteger el bolsillo, pero los consumidores pagarán más de todos modos.

Más de 500.000 personas podrían movilizarse por Honduras durante la Semana Morazánica de 2026 y el Gobierno quiere que la mayor cantidad posible de ese gasto permanezca dentro de la economía nacional.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) lanzó una campaña bajo una idea sencilla: salir de vacaciones, pero quedarse en Honduras.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, llamó a los hondureños a aprovechar el feriado para recorrer playas, montañas, sitios arqueológicos, pueblos y destinos gastronómicos, en lugar de viajar hacia otros países.

Para el sector privado, el descanso comenzará al mediodía del miércoles 7 de octubre y concluirá al mediodía del sábado 10.

Medio millón de viajeros también significan millones en consumo

Según las estadísticas citadas por Turismo, un visitante que pasa al menos una noche fuera de casa durante la Morazánica gasta en promedio L2.200, unos US$81,94 por persona.

Para quienes realizan viajes de un solo día, el gasto promedio ronda los L1.000, aproximadamente US$37,24.

Eso incluye alimentación, transporte, hospedaje, entradas, compras y actividades recreativas.

Sin embargo, no puede calcularse todavía cuánto dinero moverá realmente el feriado únicamente multiplicando esas cifras por los 500.000 viajeros, porque no se conoce qué proporción pernoctará y cuántos serán excursionistas de un solo día.

Ese dato será clave para medir posteriormente el impacto real de la temporada.

La apuesta es sacar turistas de las rutas tradicionales

La estrategia busca además desconcentrar los viajes.

Roatán, Tela, La Ceiba y Copán suelen captar buena parte de la atención durante los feriados, pero Turismo está promocionando también Olancho, Choluteca, Danlí, Intibucá, Comayagua, Siguatepeque y el Lago de Yojoa.

Para quienes no puedan realizar desplazamientos largos, se impulsan alternativas cercanas a Tegucigalpa como Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

La lógica consiste en repartir el gasto entre más comunidades y negocios.

El IHT también anunció una estrategia de paquetes turísticos que combine transporte, alojamiento, alimentación y actividades.

Ese mecanismo intenta atacar uno de los problemas del turismo interno: que organizar por separado un viaje dentro del país puede terminar resultando poco competitivo frente a promociones internacionales que ya incluyen vuelo, hotel y servicios.

La presidenta de la Asociación de Hoteles Preciosos de Honduras, Dina Núñez, pidió respaldar directamente a empresarios nacionales y explorar ciudades que normalmente reciben menos visitantes.

“Aproveche hondureño, conozca su país”, expresó.

No todo será sol y playa

La campaña también quiere utilizar el feriado para promover turismo cultural.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia destacó sitios como Copán Ruinas, El Puente, el parque ecoarqueológico Los Naranjos y la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo.

La intención es que la Morazánica no concentre todo el movimiento en playas y hoteles, sino que incorpore patrimonio, gastronomía y naturaleza.

La movilización de 500.000 personas es importante, pero por sí sola no determina si el feriado fue exitoso.

Para medir su impacto habrá que observar ocupación hotelera, gasto promedio, duración de las estadías y cuánto consumo llegó efectivamente a pequeños negocios y comunidades.

Porque el objetivo de “quedarse en Honduras” no es solamente evitar que un turista cruce una frontera.

Es conseguir que el dinero que habría gastado afuera se quede circulando dentro del país y genere ingresos para otros hondureños.

Globos, piñatas, regalos y actividades escolares suelen marcar la celebración del Día del Niño en Honduras. Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad: 665 menores de 18 años murieron en 2025 por causas externas, según el Boletín número cuatro sobre violencia contra niños y niñas del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

Esta cifra detalla el informe representa un incremento de 17,9% respecto del año anterior, según el boletín del ONV. Del total de víctimas, 71,3% eran varones, lo que confirmó una mayor exposición de los niños y adolescentes a determinadas formas de violencia y riesgo.

El informe registró 161 homicidios de niñas, niños y adolescentes, un aumento de 22% respecto del año anterior.

La violencia homicida se concentró principalmente en los adolescentes: 78,9% de las víctimas tenía entre 12 y 17 años. Los niños representaron la mayoría de las víctimas, con 127 casos, frente a 34 niñas.

Además, 62.7% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que en 39.8% de los casos la investigación aún permanecía abierta.

La violencia en el entorno familiar

La exfiscal de la Niñez, Nora Urbina, dijo a Infobae uno de los principales desafíos se encontraba en los hogares que no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la protección de los menores, detalló.

En determinados entornos familiares pueden presentarse situaciones de violencia sexual, maltrato infantil y castigo corporal excesivo, por lo que la intervención estatal no debería producirse únicamente cuando el daño ya está hecho.

Urbina planteó la necesidad de mirar con mayor atención las condiciones en las que viven las familias y fortalecer las acciones de prevención. Cuando un menor es retirado de un entorno de violencia o vulneración, comienza otro desafío: garantizar que el lugar al que será trasladado sea realmente seguro.

Así mismo cuestiona que es fundamental que las instituciones responsables de la niñez realicen una adecuada verificación, supervisión y seguimiento de los espacios de protección y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) tiene en este proceso un papel determinante.

Trabajo infantil

No basta con retirar a un niño de un ambiente donde ha sido vulnerado. El Estado debe asegurarse de que el nuevo entorno no reproduzca las condiciones de violencia que motivaron su intervención explica la experta.

Datos citados del Instituto Nacional de Estadística (INE) y UNICEF señalaron que alrededor de 3,900 niños se encuentran bajo cuidado en Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (IRCAS).

Estos espacios cuentan con metodologías destinadas a la atención de menores que necesitan protección, pero también enfrentan limitaciones económicas y dependen de donaciones y transferencias estatales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes trabajan en Honduras.

La mayor concentración se encuentra en el sector agrícola, con 36,4%. Le siguen las actividades comerciales, con 17.8%; la construcción, con 6.2%; y la industria manufacturera, con 5.8%.

Realidades de la niñez

El trabajo infantil representa un desafío para el acceso a la educación y para el desarrollo integral, especialmente cuando las condiciones laborales implican riesgos o sustituyen el tiempo que debería estar destinado al estudio.

Los datos fueron presentados durante el foro “Cifras que exigen acción: Evidencias, desafíos y respuestas frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Honduras”.

El Día del Niño representa una oportunidad para celebrar a la infancia, pero también para revisar qué condiciones ofrece Honduras a sus niños para crecer, estudiar y vivir con seguridad.

También demanda políticas públicas que reduzcan la violencia, garanticen el acceso a la educación y a oportunidades y fortalezcan a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Hay victorias que se consiguen con suerte, pero hay triunfos que se construyen con determinación, carácter y una fe inquebrantable en los propios sueños. La noche de ayer 11 de septiembre el certamen de Miss Universe Honduras 2026 no fue solo una fiesta de glamour y elegancia; fue la confirmación de que la constancia siempre rinde frutos.

Ante una audiencia entusiasta en el prestigioso Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula, Luisa Paola Pineda Barahona se alzó con la ansiada corona nacional, demostrando que caerse solo sirve para levantarse con más fuerza.

Representando con orgullo por primera vez al municipio de San Francisco de Yojoa, Luisa conquistó al jurado y al público desde su primer paso en la pasarela. Sin embargo, su camino hacia el título principal no comenzó hace un par de meses, sino un año atrás, marcado por una historia de resiliencia que hoy inspira a toda una nación.

En la edición de Miss Universe Honduras 2025, una joven y ambiciosa Luisa Pineda compitió portando la banda de San Pedro Sula. En aquella oportunidad, su belleza y desenvolvimiento la llevaron a posicionarse dentro del codiciado Top 5 de finalistas. Aunque la corona terminó en manos de Alejandra Fuentes, Luisa no tomó el resultado como un final, sino como el primer capítulo de su aprendizaje.

En lugar de retirarse, decidió convertir la experiencia en su mayor fortaleza. Con la mirada puesta en la revancha, trabajó incansablemente durante meses para perfeccionar cada detalle: su oratoria, su presencia escénica y su preparación intelectual.

Al volver a inscribirse para la edición 2026, asumió el reto de llevar la representación de San Francisco de Yojoa, dispuesta a escribir una historia completamente diferente. Toda la madurez acumulada en su primer intento se reflejó de inmediato en el escenario, convirtiéndola en la rival a vencer desde los primeros juzgamientos.

Dominio absoluto en la ronda final de preguntas

Si bien la belleza física de Pineda es innegable con sus 1.73 metros de estatura y su inigualable porte, fue su mente brillante la que selló de forma categórica su triunfo. Al avanzar al Top 3 definitivo, las finalistas se enfrentaron a una exigente doble ronda de preguntas diseñada para evaluar su preparación integral bajo extrema presión.

En ese instante crucial, donde los nervios traicionaron a otras competidoras, Luisa demostró el temple de reina experimentada:

• Elocuencia y templanza: Respondió con una serenidad pasmosa, hilando argumentos lógicos, claros y sin dudar ni un solo segundo.
• Contenido de impacto: Su discurso integró su visión de sostenibilidad ambiental, respaldada por su labor en la organización Guardianes de la Naturaleza de Honduras y el rol estratégico de la mujer moderna en la logística y el desarrollo socioeconómico del país.
• Formación académica al servicio del escenario: Como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudiante de Ingeniería en Operaciones y Logística de 26 años, proyectó la imagen de una líder preparada para impactar globalmente.

Esa combinación de solidez conceptual, elegancia y aplomo le otorgó el respaldo unánime de los jueces, superando categóricamente en la recta final a Anaís Vargas y Kat Sarmiento.

Con la corona resplandeciendo sobre su cabeza y las lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, Pineda inicia ahora una nueva y emocionante etapa. La reina hondureña representará formalmente al país en la 75.ª edición de Miss Universo, programada para celebrarse en el mes de noviembre de 2026 en la hermosa isla de Puerto Rico.

El Gobierno hondureño anunció un incentivo económico de L2.500, equivalentes a unos US$93, para los migrantes que regresen al país desde Estados Unidos, en momentos en que Honduras se prepara para recibir gradualmente a más compatriotas.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, explicó que el dinero será entregado mediante una tarjeta que permitirá retirar los fondos en cajeros automáticos.

El programa también incluirá a personas que ya regresaron.

“Los que vinieron desde el 27 de enero y todos los que vengan” podrán acceder al beneficio una vez que el mecanismo entre en funcionamiento, aseguró Cordero.

El incentivo busca ofrecer liquidez inmediata a una persona que puede regresar sin empleo, vivienda propia o recursos disponibles en Honduras.

Pero su alcance económico es limitado. Los L2.500 (US$93) pueden cubrir gastos iniciales como transporte, alimentos o comunicaciones durante los primeros días, pero difícilmente permiten financiar un proceso completo de reinserción.

Ese es precisamente el desafío que enfrenta el Estado.

Un migrante que retorna después de años fuera del país puede necesitar algo más que dinero en efectivo: documentación, acceso al mercado laboral, capacitación, atención médica, apoyo psicológico o incluso ayuda para encontrar vivienda.

Cordero indicó que los hondureños que retornaron previamente recibirán instrucciones sobre el procedimiento para obtener la tarjeta.

El funcionario aseguró además que el beneficio será otorgado sin distinción política.

“Aquí somos el Gobierno de la República y el Gobierno de la República es para todos los hondureños”, señaló.

Todavía no se ha divulgado una fecha exacta para comenzar la entrega.

Tampoco se informó cuántas personas podrían resultar beneficiadas ni cuál será el presupuesto total necesario para mantener el incentivo hasta el final de la administración actual.

El costo puede crecer rápidamente

Ahí aparece una de las principales preguntas financieras del programa.

Por ejemplo, cada 10,000 retornados representarían un desembolso aproximado de L25 millones, unos US$932.000.

Si el número llegara a 50.000 personas, el costo ascendería a alrededor de L125 millones, unos US$4,66 millones.

Estas cifras son únicamente ejercicios matemáticos para dimensionar el programa; el Gobierno no ha anunciado todavía que esos sean los números esperados de beneficiarios.

El presupuesto final dependerá del ritmo de retornos desde Estados Unidos y de las reglas de elegibilidad que adopte el INM.

El reto no termina en el aeropuerto

El anuncio llega mientras Honduras enfrenta preocupación por el retorno de compatriotas procedentes de Estados Unidos y por las consecuencias económicas y sociales que puede generar una llegada más numerosa.

Durante años, muchos migrantes han enviado remesas, sostenido hogares y construido experiencia laboral en sectores como construcción, servicios, agricultura y transporte.

Su regreso puede convertirse en un problema si no encuentran oportunidades, pero también en una fuente de capital humano si existe una política capaz de aprovechar las habilidades adquiridas.

Por eso, la tarjeta de L2.500 puede resolver la primera necesidad, pero no la segunda.

La prueba real será saber cuántos retornados consiguen empleo o emprenden después de llegar y cuántos terminan intentando migrar nuevamente ante la falta de oportunidades.

El Gobierno ya definió cuánto entregará cuando regresen. La siguiente pregunta será más difícil: qué ofrecerá Honduras para que puedan quedarse.

El número de víctimas de la muerte múltiple registrada en Las Cañas, Sulaco, Yoro, aumentó a cinco después de que las autoridades localizaran otros dos cuerpos a aproximadamente dos kilómetros de la vivienda donde inicialmente fueron encontrados tres cadáveres, en un caso que ahora es investigado como una masacre.

La actualización fue confirmada por las autoridades del Ministerio Público, que identificaron a las cinco personas fallecidas como Reynaldo David Deras Gutiérrez, de 25 años; Pedro Antonio Cruz Garay, de 55; Itzel Emiliana Márquez Escobar, de 2 años; José Cruz Márquez Escobar, de 46; y José Antonio Escobar Medina, de 57 años.

El hallazgo amplía la información conocida inicialmente sobre el caso, luego de que la Policía y los equipos de investigación confirmaran que no eran tres, sino cinco las personas asesinadas en hechos ocurridos en distintos puntos del sector de Las Cañas.

Entre las víctimas se encuentra Itzel Emiliana Márquez Escobar, una niña de apenas 2 años. Su muerte convierte el caso en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en esta zona de Yoro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, tres de las víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda, mientras que los otros dos cuerpos fueron localizados posteriormente a una distancia aproximada de dos kilómetros.

La ubicación de los cadáveres será uno de los elementos que deberán ser reconstruidos por los investigadores para establecer cómo ocurrió el ataque, si las cinco víctimas fueron asesinadas durante un mismo episodio y qué relación existía entre las personas encontradas en ambos puntos.

El Ministerio Público informó que equipos fiscales, junto con personal de la Dirección General de Medicina Forense y autoridades policiales, realizaron el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios en las escenas.

Las diligencias buscan obtener evidencias que permitan establecer la dinámica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que cuatro de las cinco víctimas llevan el apellido Escobar, por lo que las autoridades deberán establecer si existe un vínculo familiar entre ellas.

Entre los fallecidos figuran Itzel Emiliana Márquez Escobar, José Cruz Márquez Escobar y José Antonio Escobar Medina, además de Pedro Antonio Cruz Garay, quien también fue identificado como parte de las víctimas.

La posible relación familiar será una de las líneas que deberán ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué parentesco existía entre las personas asesinadas.

También será necesario determinar qué relación tenía Reynaldo David Deras Gutiérrez, originario de La Lima, Cortés, con las demás víctimas y por qué se encontraba en el sector de Las Cañas.

Mientras avanza la investigación, el comisionado Wilber Mayes informó que las autoridades manejan como principal hipótesis la posible participación del denominado “Cártel del Diablo”, una estructura criminal a la que se le atribuyen otros hechos violentos registrados en Sulaco.

Según explicó Mayes, los agentes desplazados en la zona han comenzado a recabar declaraciones de habitantes, algunos de los cuales habrían señalado a presuntos integrantes de esa organización como los responsables del ataque.

La Policía, sin embargo, deberá confirmar esta hipótesis mediante pruebas, testimonios y demás elementos de investigación, por lo que la señalización de la estructura criminal debe entenderse por ahora como una línea investigativa y no como una responsabilidad judicialmente establecida.

El caso vuelve a poner bajo atención la situación de seguridad en Sulaco, Yoro, un municipio donde las autoridades han reportado operaciones y capturas relacionadas con esta estructura criminal.

De acuerdo con el comisionado Mayes, las autoridades han logrado capturar a 15 presuntos integrantes del “Cártel del Diablo”, quienes permanecen recluidos en distintos centros penitenciarios del país.

Las capturas forman parte de las acciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad para intentar desarticular a la organización señalada de operar en la zona y vinculada preliminarmente con distintos hechos violentos.

La investigación de esta nueva masacre deberá determinar si existe una conexión directa entre los cinco asesinatos y esta estructura criminal, así como establecer cuál habría sido el móvil del ataque.

Por ahora, las autoridades no han informado de manera concluyente qué motivó el crimen ni si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

La masacre ocurre además apenas dos días después de otro doble homicidio registrado en Sulaco, un hecho que también fue relacionado preliminarmente con el denominado “Cártel del Diablo”.

El miércoles 9 de septiembre, una pareja fue asesinada y sobre sus cuerpos fue colocada una manta con un mensaje que hacía referencia a esa estructura criminal. Una de las víctimas fue identificada como Cecilia Flores.

La sucesión de ambos episodios violentos ha incrementado la preocupación en una zona que permanece bajo presión de estructuras criminales, mientras las autoridades buscan establecer quiénes están detrás de los ataques.

La Policía ha señalado en ocasiones anteriores al denominado “Cártel del Diablo” como una estructura que opera en el sector, mientras desarrolla investigaciones y operaciones para capturar a sus integrantes.

El médico Edgar José Velásquez Orellana volvió este jueves 10 de septiembre de 2026 a la madrugada en la que Keyla Martínez murió bajo custodia policial, al rendir declaración ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y reconstruir las últimas horas que ambos pasaron detenidos en la estación de La Esperanza, Intibucá.

Velásquez aseguró que permaneció despierto durante toda la noche y que podía comunicarse con Keyla desde celdas distintas. Según su testimonio, la situación cambió cuando la joven dejó de responderle, lo que provocó que comenzaran los llamados de auxilio y posteriormente observó cómo varias personas la sacaban de la celda.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, declaró el médico ante los jueces, al recordar el momento en que intentó acercarse a Keyla para comprobar su estado.

El testimonio de Velásquez forma parte de las declaraciones que el tribunal escucha durante el juicio por la muerte de Keyla Martínez, ocurrida el 7 de febrero de 2021, un caso que continúa bajo análisis judicial más de cinco años después de aquella madrugada.

Velásquez explicó que conocía a Keyla Martínez desde aproximadamente tres años antes, cuando comenzó a trabajar en la clínica San Rafael. Durante su declaración, la describió como una persona amable con los pacientes, colaboradora y con quien mantenía una relación cordial.

La noche del 6 de febrero de 2021, ambos coincidieron en el bar La Meseta, ubicado en el barrio El Centro de La Esperanza. El médico aseguró que Keyla se encontraba sola cuando él llegó y que posteriormente se reunió con conocidos que lo invitaron a sentarse en su mesa.

Durante el tiempo que permanecieron en el establecimiento, Velásquez afirmó que no observó en Keyla un comportamiento que le llamara particularmente la atención.

“Keyla tuvo una actitud normal esa noche”, manifestó ante el tribunal al referirse a las horas previas a la detención.

La situación cambió cuando ambos salieron del establecimiento y posteriormente fueron interceptados por agentes policiales mientras se movilizaban en una camioneta blanca.

El médico recordó que la intervención policial ocurrió en un sector donde anteriormente funcionaba la terminal de buses que viajaban hacia Intibucá. Dijo no recordar el número exacto de agentes, aunque afirmó que observó dos patrullas policiales.

De acuerdo con su declaración, ni él ni Keyla recibieron en ese momento una explicación clara sobre el motivo de la detención. Velásquez sostuvo que insistía en que únicamente se dirigían a dejar a la joven en su vivienda.

Sin embargo, ambos fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados en una patrulla.

“Nos bajamos, nos pusieron las esposas y nos subieron a la paila de la patrulla”, relató durante el interrogatorio de la acusación privada.

Los dos fueron trasladados a la estación policial de La Esperanza, donde permanecieron detenidos durante la madrugada del 7 de febrero. En aquel momento, la versión que trascendió públicamente fue que habían sido detenidos por incumplir el toque de queda establecido durante la pandemia de covid-19.

Una vez en la estación policial, Velásquez declaró que solicitó realizar una llamada telefónica, pero que su petición fue denegada.

Mientras los agentes tomaban sus datos, Keyla permaneció inicialmente cerca de él. Posteriormente, una agente policial llevó a la joven hasta una celda.

El médico calculó que pasaron aproximadamente diez minutos entre el momento en que Keyla fue trasladada a la celda y cuando él también fue encerrado.

Velásquez señaló que en su celda había alrededor de diez personas, mientras que Keyla permanecía sola en otra. Desde el lugar donde se encontraba podía observar el reloj de la torre de la iglesia y, según afirmó, todavía podía conversar con ella.

“Era un lugar oscuro”, recordó durante su declaración.

El médico aseguró que ambos continuaron comunicándose durante un período de tiempo, aunque admitió que había perdido la noción exacta de la hora. La conversación se interrumpió cuando Keyla dejó de responder.

Según Velásquez, fue ese silencio el que llamó su atención. Después de intentar comunicarse con Keyla, comenzaron los llamados de auxilio desde el interior de la estación.

Posteriormente, aseguró haber observado cómo varias personas sacaron a Keyla de la celda. El médico declaró que eran cuatro personas las que la llevaban, aunque no pudo precisar ante el tribunal si en ese momento el cuerpo estaba boca arriba o boca abajo.

Fue entonces cuando, según su versión, intentó intervenir como profesional de la salud y pidió que le permitieran examinar a Keyla.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, reiteró ante los jueces.

Velásquez también manifestó que no recuerda haber escuchado comentarios específicos de los policías sobre lo que estaba ocurriendo. Aseguró que únicamente observó cómo se llevaban a Keyla mientras él permanecía detenido.

Horas después, según su relato, llegó una persona a quien identificó como el responsable de la estación policial, quien le solicitó su documento de identidad para elaborar un acta y tomarle declaración.

Fue entonces cuando recibió la noticia sobre la muerte de su amiga.

“Su amiga está muerta”, recordó que le dijeron.

Velásquez señaló que finalmente recuperó su libertad aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Después del médico declaró David Ricardo Mejía, agente policial que se encontraba asignado a La Esperanza cuando ocurrieron los hechos.

Mejía afirmó que conocía a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, uno de los acusados en el proceso, porque ambos habían sido compañeros de trabajo. Sobre Keyla, aseguró que no la conocía previamente.

El agente relató que alrededor de la medianoche del 7 de febrero de 2021 se levantó para recibir su turno y observó a varias personas del sexo masculino en una celda y a una mujer en otra.

De acuerdo con su declaración, posteriormente se solicitó apoyo para verificar el estado de la joven.

Mejía afirmó que Keyla fue movida y que en ese momento se rio y manifestó que se iba a morir. Según el policía, después la dejaron nuevamente dentro de la celda.

Más tarde, relató que se encontró con el agente Elmer Domínguez, quien le informó que habían encontrado a Keyla colgada con una prenda de vestir que llevaba consigo.

Durante su declaración, Mejía sostuvo que observó cuando Jarol Perdomo bajó a Keyla y la colocó en el piso de la celda.

Sin embargo, esta descripción generó un punto de tensión durante la audiencia debido a que contradice una declaración anterior del mismo agente, realizada durante la audiencia inicial del proceso

Ante la diferencia entre ambas versiones, el juez ordenó que se leyera la declaración previa de Mejía.

En aquella primera versión, el agente había señalado que su compañero permanecía afuera de la celda y no ingresó. Durante el nuevo juicio, en cambio, sostuvo que observó a Jarol bajar a Keyla y agregó que Elmer Domínguez ya no se encontraba en el lugar.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre sus dos declaraciones, Mejía respondió que no recordaba con precisión debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

La contradicción quedó incorporada al debate y deberá ser valorada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque junto con las demás pruebas y testimonios que se presenten durante el juicio.

La jornada también dejó cambios en la lista de personas llamadas a declarar. La defensa informó que renunciaba al testimonio de Jean Carlos Reyes, decisión que fue aceptada por el tribunal.

El juicio continúa así con la evacuación de testimonios y demás elementos probatorios relacionados con la muerte de Keyla Martínez, mientras los jueces deberán determinar el valor de cada una de las declaraciones y las contradicciones que han surgido durante el proceso.

La declaración de Velásquez volvió a colocar bajo escrutinio las últimas horas de Keyla dentro de la estación policial, particularmente el momento en que dejó de responder, los llamados de auxilio y la atención que, según el médico, intentó brindarle cuando fue sacada de la celda.

Las autoridades hondureñas realizaron una nueva operación antidrogas en aguas del Caribe y decomisaron 55 paquetes con una sustancia sospechosa de ser cocaína, en un procedimiento que vuelve a poner bajo atención las rutas marítimas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La embarcación fue interceptada a unas 135 millas náuticas al noroeste de Gracias a Dios, en las cercanías de los bancos de pesca Rosalinda, una zona de alta actividad marítima que también ha sido utilizada en operaciones anteriores contra el tráfico de drogas.

Durante la acción fueron detenidas varias personas, aunque las autoridades todavía no han divulgado sus identidades ni el número exacto de ocupantes.

Aún falta confirmar el peso y la sustancia

Por ahora, el decomiso debe manejarse como presunta cocaína.

Los paquetes serán trasladados a una instalación naval en el litoral Atlántico, donde fiscales y técnicos realizarán pruebas químicas y el pesaje correspondiente.

Ese procedimiento permitirá establecer si efectivamente se trata de cocaína y cuál es la cantidad total incautada.

La diferencia es importante porque, aunque el número de paquetes puede dar una idea preliminar del cargamento, no permite determinar por sí solo el peso exacto ni su valor económico.

El Caribe sigue siendo una ruta clave

La ubicación del operativo vuelve a mostrar la importancia estratégica del Caribe hondureño para el movimiento marítimo de drogas.

Gracias a Dios se encuentra frente a un extenso litoral con numerosas rutas marítimas, bancos de pesca y zonas de difícil vigilancia permanente.

Para las autoridades, interceptar embarcaciones en esas áreas implica coordinar vigilancia naval, inteligencia y seguimiento de movimientos sospechosos a grandes distancias de la costa.

En este caso, la operación se desarrolló a más de 100 millas náuticas del territorio continental, lo que evidencia la amplitud de los patrullajes necesarios para controlar esa zona.

Honduras viene de una serie de decomisos

La nueva incautación ocurre después de varias operaciones relevantes contra el narcotráfico durante las últimas semanas.

Las autoridades hondureñas han reportado más de tres toneladas de presunta cocaína decomisadas en un periodo reciente de nueve días, lo que muestra un aumento de operativos tanto en carreteras como en rutas marítimas.

Eso no significa necesariamente que esté ingresando más droga al país.

También puede reflejar una mayor intensidad de vigilancia, mejores capacidades de detección o un cambio en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

Otro elemento importante es distinguir entre consumo interno y tránsito internacional.

Por su posición geográfica entre Sudamérica, el Caribe, Guatemala y México, Honduras ha sido utilizada históricamente como territorio de tránsito para cargamentos que buscan continuar hacia Norteamérica.

En operaciones marítimas, las autoridades deberán establecer además el punto de origen de la embarcación, su posible destino, quiénes financiaron el traslado y si existían contactos en territorio hondureño.

Las personas detenidas deberán ser investigadas individualmente y conservarán su presunción de inocencia hasta que un tribunal determine responsabilidades.

Una incautación de 55 paquetes puede detener un cargamento.

Pero el desafío mayor para las autoridades es reconstruir la cadena completa detrás de la operación: quién coordinó el viaje, quién entregó la droga, quién debía recibirla y qué estructura criminal estaba detrás.

Ese es el punto donde una interdicción marítima puede convertirse en una investigación de mayor alcance.

Mientras tanto, el decomiso vuelve a colocar una pregunta sobre la mesa: cuántos cargamentos logran pasar sin ser detectados por una zona marítima tan extensa como el Caribe hondureño.

Una niña de apenas 3 años y dos hombres murieron en una nueva muerte múltiple registrada en la comunidad de Las Cañas, Sulaco, Yoro, un departamento que durante 2026 ha concentrado varios episodios de violencia de alto impacto.

La Policía Nacional confirmó que las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Emili Orellana, Antonio Escobar y Cruz Márquez Murillo.

Los tres cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda.

“Lamentablemente estamos dando a conocer un nuevo hecho múltiple”, declaró el portavoz de Seguridad Mayer Río, quien explicó que equipos policiales se desplazaron a la zona para procesar la escena y recolectar evidencias.

Una niña quedó atrapada en el ataque

Las primeras versiones recogidas por la Policía señalan que las víctimas tendrían algún vínculo familiar, aunque todavía falta establecer con precisión quién era el objetivo del ataque y por qué la niña terminó alcanzada por la violencia.

Los investigadores deberán reconstruir quiénes ingresaron a la vivienda, cuántas armas fueron utilizadas, desde dónde llegaron los atacantes y cuál era la relación entre las víctimas.

El nombre del Cártel del Diablo vuelve a aparecer

Vecinos mencionaron ante las autoridades una posible relación del crimen con integrantes de una estructura conocida como Cártel del Diablo.

Esa versión forma parte de las líneas de investigación, pero todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía ha desarrollado durante los últimos meses múltiples operaciones contra personas señaladas como miembros o colaboradores de esa organización en municipios de Yoro.

Según la información policial divulgada, 15 personas vinculadas presuntamente con la estructura han sido capturadas, mientras las autoridades estiman que el grupo podría contar con entre 70 y 78 integrantes y colaboradores.

Eso significa que, incluso después de varias detenciones, las fuerzas de seguridad consideran que una parte importante de la estructura continúa activa.

El nuevo crimen también coloca otra vez a Yoro bajo atención. Según el registro citado por medios nacionales, Honduras acumula 24 muertes múltiples durante 2026, de las cuales ocho han ocurrido en Yoro.

Eso equivaldría a aproximadamente una de cada tres.

La concentración territorial puede ser un indicador importante, pero no implica que todos esos hechos tengan el mismo responsable ni respondan a una sola organización.

Cada caso requiere una investigación independiente.

Sulaco se convierte en un punto clave

Sulaco ha aparecido repetidamente en operativos relacionados con estructuras criminales, decomisos y capturas.

La dificultad para las autoridades no consiste únicamente en entrar a estos territorios.

También deben lograr mantener presencia, proteger testigos y evitar represalias contra familias que permanecen en las comunidades.

Ese reto se vuelve todavía más complejo cuando una estructura criminal cuenta con redes de apoyo local o capacidad de moverse entre zonas rurales y montañosas.

El crimen de Las Cañas abre varias interrogantes.

¿Los adultos eran el objetivo principal? ¿La niña murió como consecuencia de un ataque dirigido contra otra persona? ¿Existe realmente una relación con el Cártel del Diablo? ¿Está conectado este hecho con otros homicidios registrados recientemente en Yoro?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva.

Lo único confirmado es que tres personas murieron dentro de una vivienda y una de ellas era una niña de 3 años.

En un departamento donde ya se acumulan múltiples episodios de violencia, ese dato vuelve a mostrar que el impacto del crimen organizado no siempre se limita a quienes participan en las disputas: también alcanza a familias y menores que quedan atrapados en medio de ellas.

Un nuevo video atribuido a un supuesto integrante del Cártel del Diablo volvió a colocar bajo presión a las autoridades hondureñas.

En la grabación, difundida este 11 de septiembre, un hombre afirma encontrarse “relajado” bañándose en un río, asegura que está debajo del puente de Victoria, Yoro, y reta directamente al director de la Policía y al presidente a enviar más agentes para intentar capturarlo.

“Manden más policías”, se escucha decir al hombre antes de lanzar una frase desafiante: “Jamás van a poder conmigo, el Cártel del Diablo”.

El individuo también hace referencia a L2 millones, unos US$74.500 al tipo de cambio reciente, aparentemente en alusión a una recompensa vinculada con su captura.

La identidad exacta del hombre y la existencia, condiciones y destinatario concreto de esa recompensa deben ser confirmadas oficialmente.

Una exhibición pública de desafío

El contenido del video va más allá de una provocación en redes sociales.

El mensaje busca proyectar una imagen de control y seguridad frente a las autoridades: el hombre asegura permanecer tranquilamente en una zona conocida mientras desafía abiertamente a la Policía a encontrarlo.

Ese tipo de grabaciones puede funcionar también como herramienta de intimidación.

Para una estructura criminal, mostrarse públicamente en un territorio mientras asegura que las autoridades no pueden capturarla puede reforzar entre habitantes y colaboradores la percepción de que el grupo conserva capacidad de movimiento y presencia local.

Pero el video tampoco demuestra por sí solo que el hombre se encuentre actualmente en el lugar que menciona o que la grabación haya sido realizada en la fecha en que comenzó a circular.

Meses de operaciones contra el Cártel del Diablo

La Policía Nacional ha desarrollado durante 2026 múltiples operaciones contra personas señaladas como integrantes o colaboradores de esta estructura en Yoro.

En marzo, las autoridades capturaron a un hombre conocido como “El Cholo”, a quien vincularon con el grupo y a quien decomisaron prendas alusivas a la organización, teléfonos y equipo similar al militar.

En mayo también fueron detenidas dos mujeres, entre ellas una señalada por la Policía como hermana de uno de los supuestos dirigentes, durante operativos en Sulaco.

Ese mismo mes, DIPAMPCO informó sobre la captura de una mujer apodada “Nena”, identificada por las autoridades como presunta administradora financiera del grupo.

Y apenas el 2 de septiembre, agentes antidrogas detuvieron a Patricio Ferrera Rodas, señalado como hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, a quien distintas fuentes policiales identifican como una figura relevante de la estructura. Durante el procedimiento se decomisaron envoltorios con supuesta cocaína.

Secuestros, drogas y armas

Las autoridades hondureñas vinculan al denominado Cártel del Diablo con investigaciones por secuestros, tráfico de drogas, armas y homicidios, aunque la responsabilidad penal de cada detenido debe ser determinada individualmente por los tribunales.

En octubre de 2025, DIPAMPCO ya había informado de capturas de integrantes señalados por delitos de alto impacto en sectores de Yoro, Olancho y Francisco Morazán.

Durante 2026, además, la Policía ha mantenido operaciones en zonas rurales y montañosas donde presume que existen células o colaboradores de la organización.

El reto ya no es solamente encontrarlo

Si el hombre realmente pertenece a la organización y se encuentra en la zona que menciona, el desafío ya no consiste únicamente en identificarlo.

Se trata de demostrar que el Estado puede entrar, permanecer y ejecutar capturas en territorios donde estructuras criminales intentan proyectar la idea de que tienen ventaja sobre la Policía.

La provocación puede ser propaganda.

Pero mientras el responsable del mensaje continúe en libertad, también se convierte en un desafío directo a la capacidad de respuesta de las instituciones.

El 11 de septiembre de 2001, Manhattan despertaba con la claridad pulcra de un verano que se despedía. La brisa del Hudson era suave y las imponentes Torres Gemelas cortaban el cielo azteca con la majestuosidad de siempre.

En el corazón financiero del mundo, la rutina abría su marcha diaria: teléfonos sonando, aroma a café recién preparado y el crujido de folios al organizarse en los escritorios.

Entre los miles de almas que subían por los ascensores de alta velocidad, cuatro mujeres llevaban en sus bolsillos el acento, la calidez y el esfuerzo de la tierra hondureña. Ninguna de ellas sospechaba que esa jornada luminosa terminaría devorada por el fuego, la confusión y la historia.

Para Griselda Caro James, la distancia entre el mar azul de su natal Tela y el bullicio neoyorquino se acortaba cada mañana al pensar en sus dos hijos. Como secretaria en el Centro de oficinas internacionales, en el nivel 79, Griselda era el engranaje eficiente y sonriente que resolvía la agenda del día.

Cada documento que redactaba y cada llamada que respondía tenían un solo propósito: construir el bienestar de su familia. Cuando el primer estruendo sacudió la estructura, su instinto de protección, el mismo de madre trabajadora, se convirtió en memoria eterna.

Con solo 26 años, Claudia Martínez caminaba por los pasillos del piso 105 de la Torre 1 con la ligereza de quien se sabe feliz. Hacía apenas un año que había dado el “sí” en el altar, y sus pláticas con amigas solían desviarse, inevitablemente, hacia el deseo más grande de su corazón: convertirse en madre.

Sin embargo, aquella mañana entre la bruma de las alturas donde laboraba, sus planes de construir un hogar quedaron suspendidos para siempre en el aire de Manhattan.

Rostros de la nostalgia: La vida interrumpida en las alturas

Helen conocía Nueva York como si hubiese nacido en ella. Llegó a la metrópoli a los 12 años cargada de maletas y asombro, adaptándose con tenacidad al ritmo de la vida estadounidense. A sus 26 años, instalada en el piso 82 de la Torre Norte, Helen balanceaba su éxito profesional con el rol más dulce de su vida: el de esposa y madre de un pequeño de apenas dos años. Su jornada avanzaba entre llamadas de trabajo y la constante ilusión de volver a casa al final del día para estrechar a su niño entre sus brazos.

Unos pisos más arriba, la historia de superación encontraba otra voz. A sus 25 años, Digna Alexandra representaba la excelencia académica y la determinación de la juventud centroamericana. Graduada como abogada, vivía en Queens y cruzaba cada mañana el puente para subir hasta el piso 100 de la misma Torre Norte.

Con la nitidez de su mente jurídica y una carrera brillante por delante, Digna caminaba firme entre los despachos. La violencia del impacto truncó de golpe la trayectoria de una de las promesas intelectuales más jóvenes de la diáspora.

El impacto de un destino compartido y la huella de la memoria

A las 8:46 de la mañana, cuando el primer avión secuestrado rompió el silencio del aire, las vidas de Griselda, Claudia, Helen y Digna Alexandra se entrelazaron definitivamente con el destino trágico del World Trade Center. La rutina matutina de llamadas, documentos y proyectos dio paso a la penumbra, uniendo a estas cuatro mujeres hondureñas en un mismo pasaje de la historia contemporánea.

A 25 años de aquel día, el vacío que dejaron en sus hogares de Queens, Brooklyn y la costa hondureña no ha desaparecido. Sin embargo, su recuerdo ya no pertenece al horror, sino a la dignidad.

Las historias de estas cuatro mujeres representan a los miles de migrantes centroamericanos que, de forma anónima, contribuyen día a día al desarrollo de las grandes metrópolis. Aunque las cifras oficiales registran a poco más de ocho centroamericanos en el listado final, la posibilidad de que la cifra fuera mayor persiste debido a la condición de indocumentados o a la doble nacionalidad de varias víctimas, dejando su legado marcado para siempre en el corazón de la memoria colectiva.

La convocatoria será utilizada para estructurar una agenda de trabajo que permita reunir a las instituciones que forman parte de esta instancia y analizar de manera conjunta los asuntos que requieren una respuesta del Estado.

Durante una visita a Azacualpa, Francisco Morazán, el mandatario confirmó que actualmente se trabaja en la organización de la reunión y en la definición de los temas que serán incluidos en la agenda del Consejo.

“Estructurando la agenda para el Consejo Nacional de Seguridad va a ser la próxima semana”, afirmó Asfura al ser consultado sobre las acciones que su Gobierno prepara en materia de seguridad.

Aunque el gobernante no adelantó cuáles serán las decisiones concretas que podrían adoptarse durante el encuentro, explicó que la intención es abordar distintos asuntos de interés nacional y coordinar las respuestas entre las instituciones involucradas.

La reunión del CNDS se producirá además en un contexto marcado por los retos de seguridad que enfrenta Honduras, mientras el Gobierno ha anunciado medidas para fortalecer las capacidades de los cuerpos encargados de combatir el crimen organizado y otros delitos.

En los últimos días, Asfura también ha hablado del fortalecimiento de la Policía Nacional y la Policía Militar, así como de la incorporación de mayor tecnología y equipamiento para mejorar las operaciones en sectores afectados por la criminalidad. Entre las zonas mencionadas por el mandatario figuran Rivera Hernández y otros barrios, colonias y municipios.

El presidente sostuvo, además, que no detendrá su agenda de trabajo pese a los cuestionamientos de sus opositores.

Asfura afirmó que quienes estén en desacuerdo con sus acciones pueden expresar sus críticas por las vías que consideren pertinentes, pero aseguró que estas no lo distraerán de los objetivos que se ha planteado para su administración.

“No me voy a detener”, fue el mensaje del mandatario al referirse a su decisión de continuar impulsando las acciones que considera necesarias para avanzar en su gestión y, según sostuvo, contribuir a dejar una mejor Honduras.

En otro de los asuntos abordados, Asfura confirmó que el proyecto del Presupuesto General de la República para 2027será remitido al Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre, fecha que corresponde al plazo establecido para la presentación del proyecto ante el Poder Legislativo.

El documento continúa en proceso de revisión por parte del Gabinete Económico, que trabaja en la definición de las asignaciones para las diferentes instituciones y en las proyecciones fiscales que marcarán el próximo ejercicio.

El mandatario explicó que uno de los objetivos es mantener bajo control el déficit fiscal y continuar con el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas.

Asfura recordó que el Gobierno anterior dejó aprobado para 2026 un presupuesto de aproximadamente US$17.7 mil millones, tomando como referencia una tasa cercana a L26.5 por dólar, mientras que su administración redujo esa cifra a unos US$16.8 mil millones.

Para 2027, el mandatario adelantó que el presupuesto será inferior a los US$17.3 mil millones, equivalentes a los L458,459 millones mencionados en sus declaraciones, aunque aclaró que el monto definitivo todavía se encuentra bajo revisión. El proyecto preliminar se ha situado alrededor de esa cifra, aunque el Ejecutivo aún debe oficializar el monto final.

El presidente también se refirió a la situación del sector energético y aseguró que su administración ha logrado reducir los atrasos en los pagos que mantiene con las empresas generadoras de electricidad.

Según explicó, cuando asumió el Gobierno existían facturas pendientes equivalentes, en promedio, a entre 12 y 13 meses. Actualmente, afirmó que los atrasos se encuentran entre tres y siete meses, dependiendo del generador.

La reducción de la mora, dijo, forma parte de una estrategia para recuperar la confianza de los generadores y generar mejores condiciones para la contratación de energía en el país.

Asfura sostuvo que la intención es continuar efectuando los pagos pendientes para avanzar hacia una situación en la que las empresas tengan mayor certeza sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

El mandatario también reconoció que el incremento internacional del precio del petróleo ha generado presiones adicionales sobre las finanzas nacionales y sobre el costo de los combustibles utilizados en diferentes actividades económicas.

De acuerdo con sus declaraciones, los aumentos acumulados representan alrededor de US$49 millones adicionales en los precios de la gasolina regular y el diésel, equivalentes a aproximadamente L1,300 millones.

El Gobierno, agregó, trabaja para garantizar el suministro de combustible a las plantas generadoras y evitar que la falta de carburantes provoque interrupciones en la producción de energía.

La situación energética se suma a otros factores que presionan al sistema eléctrico hondureño, entre ellos la sequía y el encarecimiento de los combustibles. En paralelo, el Ejecutivo ha anunciado que busca ordenar los contratos con los generadores y ampliar la oferta de energía.

De esta manera, la próxima reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se perfila como uno de los espacios en los que el Gobierno buscará coordinar acciones frente a los desafíos nacionales.

Sin embargo, será hasta la definición de la agenda cuando se conozcan los temas específicos que serán sometidos a discusión y las posibles decisiones que podrían adoptarse.

Mientras tanto, la administración de Asfura avanza en paralelo con la preparación del Presupuesto 2027, el manejo de las obligaciones con los generadores y las medidas destinadas a enfrentar el impacto del mercado internacional de los combustibles.

La convocatoria del CNDS marcará así un nuevo momento para la coordinación de las instituciones de seguridad, en una etapa en la que el Gobierno busca mostrar resultados frente a las principales preocupaciones de la población y mantener su agenda de trabajo pese a los cuestionamientos políticos.

La pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos abrió una nueva pregunta: si algunos no pueden permanecer legalmente allí, ¿podrían trasladarse directamente a otro país en lugar de regresar a Honduras?

El excandidato presidencial propuso al Gobierno de Nasry Asfura iniciar negociaciones con Canadá y España para buscar oportunidades laborales para hondureños afectados por la terminación del TPS, especialmente trabajadores con experiencia en construcción y otros oficios.

“Hay que hacer un censo ahorita a través de los consulados”, planteó Nasralla, quien también sugirió buscar opciones en otros países europeos.

España tiene una puerta que ya existe

De los países mencionados, España presenta un antecedente particularmente relevante.

El Gobierno español incluye a Honduras entre los países con los que mantiene acuerdos para la regulación y gestión de flujos migratorios laborales, dentro de mecanismos de contratación en origen y migración circular.

Eso no significa que un hondureño que perdió el TPS pueda viajar automáticamente desde Estados Unidos y comenzar a trabajar en España.

Se necesitarían ofertas de trabajo, autorizaciones de residencia y empleo y el cumplimiento de los procedimientos migratorios españoles.

Pero sí existe una infraestructura institucional sobre la cual ambos gobiernos podrían intentar ampliar cupos o crear programas específicos.

Canadá también necesita trabajadores, pero impone requisitos

Canadá mantiene diferentes programas para contratar trabajadores extranjeros cuando existen necesidades de mano de obra.

En buena parte de los casos, el interesado necesita primero un empleador canadiense, y ese empleador puede estar obligado a obtener una evaluación de impacto en el mercado laboral (LMIA) antes de que el extranjero solicite su permiso.

Durante 2026, Canadá también mantiene medidas especiales para determinados empleadores rurales que recurren a trabajadores extranjeros temporales.

Por eso, una eventual negociación hondureña tendría que ir más allá de una conversación diplomática: necesitaría empresas dispuestas a contratar, perfiles laborales identificados y mecanismos legales para procesar trabajadores.

El TPS terminó, aunque su situación atravesó una batalla judicial

Estados Unidos anunció en julio de 2025 la terminación de la designación de Honduras bajo TPS, inicialmente efectiva el 8 de septiembre de 2025. El Gobierno estadounidense argumentó que las condiciones que justificaban la protección ya no persistían.

Una jueza federal bloqueó la terminación a finales de diciembre de 2025, pero en febrero de 2026 una corte de apelaciones suspendió aquella decisión mientras continúa el litigio, permitiendo nuevamente al Gobierno avanzar con la terminación.

Para los hondureños afectados que no cuentan con otra condición migratoria, perder el TPS significa perder la protección específica frente a deportación y la autorización laboral vinculada al programa.

No implica, sin embargo, que todos sean deportados inmediatamente ni que ninguno pueda tener otra vía migratoria individual.

El reto sería trasladar empleos, no solamente personas

Ahí está la parte más ambiciosa de la propuesta de Nasralla.

Después de décadas en Estados Unidos, muchos beneficiarios tienen experiencia laboral, familias, patrimonio y vínculos económicos construidos allí.

Una negociación con España o Canadá tendría sentido únicamente si consigue conectar esa mano de obra con puestos reales, permisos legales y condiciones para establecerse o trabajar temporalmente.

Nasralla los calificó como los “héroes” que sostienen al país y pidió al Gobierno evitar que sean abandonados.

La propuesta, por tanto, abre una alternativa interesante, pero todavía está lejos de ser un plan migratorio.

El verdadero desafío sería convertir la idea de “reubicarlos” en convenios capaces de garantizar algo mucho más concreto: que un hondureño pueda salir legalmente de Estados Unidos y llegar a otro país con un empleo esperándolo.

La reunión está programada para las 10:00 de la mañana en la Sala Situacional del nivel central de la Secretaría de Salud, donde autoridades de la institución y representantes de la junta directiva del gremio médico están llamados a abordar los diferentes planteamientos que han generado las medidas adoptadas por los trabajadores de la salud.

La convocatoria ocurre mientras las asambleas informativas han comenzado a provocar afectaciones en la atención médica, principalmente por la cancelación y reprogramación de citas para fechas posteriores.

La situación también ha repercutido en la consulta externa de los establecimientos del sistema público y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Para los pacientes, las medidas representan dificultades adicionales para acceder a consultas que, en algunos casos, ya habían sido programadas con anticipación. La suspensión o reprogramación de citas también puede implicar nuevos tiempos de espera para personas que requieren seguimiento médico o atención especializada.

A través de un comunicado, la SESAL explicó que la convocatoria se realiza en el marco de sus atribuciones legales y tiene como propósito abrir un espacio formal de negociación con el Colegio Médico.

La institución señaló que uno de sus objetivos centrales es garantizar el derecho a la salud y procurar la continuidad de los servicios asistenciales para la población hondureña.

Entre los asuntos que las autoridades pretenden colocar sobre la mesa se encuentra un análisis técnico-legal del talento humano de la Secretaría de Salud. Este proceso permitiría revisar la situación actual del personal sanitario, identificar posibles brechas de recurso humano y analizar las condiciones operativas que enfrenta el sistema de salud.

La revisión del talento humano constituye uno de los puntos relevantes dentro de las conversaciones, debido a que la disponibilidad de médicos y demás trabajadores sanitarios tiene un impacto directo en la capacidad de los establecimientos para mantener sus servicios y atender la demanda de los pacientes.

Otro de los temas planteados corresponde a la situación laboral del personal bajo gestión descentralizada.

La Secretaría de Salud busca revisar las condiciones en las que trabajan los empleados que prestan sus servicios mediante esta modalidad y analizar los diferentes aspectos laborales relacionados con su vinculación al sistema sanitario.

La mesa de diálogo también contempla abordar los pagos pendientes que, de acuerdo con la convocatoria, están relacionados con contratos, interinatos, bonificaciones, cesantías, quinquenios y plus administrativo.

Estos compromisos laborales forman parte de los reclamos que han generado preocupación entre los profesionales de la medicina y que deberán ser analizados durante el encuentro entre las autoridades sanitarias y la representación gremial.

La SESAL también planteó la participación del Colegio Médico de Honduras en los concursos médicos, al invitar al gremio a integrarse, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Concursos Médicos, a la comisión encargada de establecer las bases, requisitos y convocatoria para un concurso abierto.

De acuerdo con la propuesta, este proceso deberá desarrollarse bajo criterios de transparencia y mérito, con reglas y requisitos previamente establecidos para los profesionales que aspiren a ocupar las plazas disponibles.

La incorporación del CMH a esta comisión busca generar una mayor participación del gremio en la definición de las condiciones de los concursos y contribuir a un proceso que permita garantizar la selección basada en méritos de los profesionales de la medicina.

El llamado de la Secretaría de Salud se produce en un momento en que la continuidad de la atención médica se ha convertido en uno de los principales puntos de preocupación.

Las asambleas informativas han dejado a pacientes a la espera de nuevas fechas para sus consultas, mientras las autoridades buscan una salida que permita atender las demandas de los trabajadores sin profundizar las afectaciones en los servicios.

La institución sanitaria sostuvo que el objetivo del encuentro es avanzar hacia soluciones concretas mediante el diálogo con la representación del gremio médico. La intención es que los diferentes planteamientos laborales puedan ser revisados y discutidos en un espacio institucional.

La reunión prevista para este viernes será, por tanto, un nuevo intento de las autoridades sanitarias por encaminar las diferencias con el Colegio Médico y encontrar puntos de coincidencia que permitan atender las demandas planteadas por los profesionales.

El hondureño Mauricio Dubón conectó su jonrón número 50 en las Grandes Ligas de Béisbol con un batazo de dos carreras ante los Philadelphia Phillies, una marca que lo afianza como el máximo referente ofensivo de Honduras en la competencia. El jardinero de los Bravos de Atlanta alcanzó la cifra el 5 de septiembre de 2026, en una temporada en la que el equipo lideraba el Este de la Liga Nacional.

El cuadrangular llegó tras 2.416 turnos al bate y equivale a una frecuencia de un vuelacercas cada 48,3 apariciones. El periodista Kelvin N. Coello detalló en No Todo es Futbol que 32 jonrones de Dubón, el 64% de su total, fueron conectados durante las últimas cuatro campañas.

La marca también es su mejor registro anual: suma 11 cuadrangulares en la temporada 2026, junto con promedio de bateo de .268, 133 hits y 66 carreras impulsadas. Tras conectar el batazo que le permitió llegar al medio centenar, Dubón declaró: “Tuve suerte”.

Una distancia de 39 jonrones con Gerald Young

La producción de Dubón amplió la diferencia histórica con el resto de los jugadores hondureños que llegaron a las Grandes Ligas. Gerald Young, jardinero que disputó ocho temporadas entre las décadas de 1980 y 1990, terminó su trayectoria con 11 jonrones y 185 carreras impulsadas.

Los 50 cuadrangulares de Dubón representan el 82% de todos los conectados por beisbolistas hondureños en las mayores. El jugador nacido el 19 de julio de 1994 en San Pedro Sula, departamento de Cortés, también conquistó la Serie Mundial con los Houston Astros en 2022 y obtuvo un Guante de Oro en 2023.

A falta de casi un mes para el final de la temporada regular de 2026, el hondureño tenía al alcance los récords nacionales de hits y juegos disputados en las Grandes Ligas.

De Milwaukee a Atlanta, una trayectoria con varias posiciones

Dubón debutó en las mayores el 7 de julio de 2019, cuando los Cerveceros de Milwaukee lo ascendieron y lo utilizaron como bateador emergente frente a los Piratas de Pittsburgh. En aquella temporada tuvo dos turnos al bate con Milwaukee.

El 31 de julio de ese año fue traspasado a los Gigantes de San Francisco. Su primer hit en Grandes Ligas llegó el 29 de agosto, como segunda base titular frente a los Padres de San Diego.

Con los Gigantes, bateó .279/.312/.442 en 2019, con 12 carreras anotadas, cuatro jonrones y nueve impulsadas en 104 turnos. Actuó en 22 partidos en segunda base y en nueve como campocorto.

Durante la temporada 2020, registró una línea de .274/.337/.389, con 21 carreras, cuatro cuadrangulares y 19 impulsadas en 117 turnos durante 54 juegos. Su uso defensivo se concentró en el jardín central, donde participó en 44 encuentros, además de ocho partidos como campocorto y otros ocho en segunda base.

En 2021, también con San Francisco, bateó .240/.278/.377, con nueve dobles, cinco jonrones y 22 carreras impulsadas en 175 turnos y 74 partidos. Jugó 27 encuentros en el jardín central, 21 en el campocorto, 20 en segunda base y 12 en la tercera almohadilla.

Los Astros de Houston incorporaron a Dubón el 14 de mayo de 2022, lo que lo convirtió en el segundo hondureño, después de Young, en vestir el uniforme del equipo texano. Debutó al día siguiente frente a los Nacionales de Washington y consiguió su primer hit con la franquicia el 16 de mayo, contra los Medias Rojas de Boston.

El 9 de octubre de 2024 se anunció que sería sometido a una cirugía para reparar una lesión en el ligamento colateral cubital del pulgar.

Honduras sufrió este jueves una interrupción del suministro eléctrico provocada por una falla en el Sistema de Interconexión Regional, un evento que también afectó a Guatemala, El Salvador y Nicaragua y que ocurrió precisamente cuando el sistema hondureño ya enfrentaba advertencias internas sobre su capacidad para cubrir la demanda.

El evento se produjo a las 11:47 de la mañana, según informó el Centro Nacional de Despacho (CND/ODS).

Los operadores iniciaron posteriormente un proceso gradual de recuperación y estabilización de la red.

La causa exacta todavía deberá ser determinada por el Ente Operador Regional (EOR).

Las primeras señales apuntan fuera de Honduras

El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, explicó que las primeras revisiones no identificaban un evento previo en instalaciones de la ENEE que pudiera explicar la interrupción.

Eso lleva, por ahora, a considerar que la perturbación pudo haberse originado en otro país y propagarse a través de la red centroamericana.

No obstante, hasta recibir el informe técnico regional no puede establecerse definitivamente dónde comenzó la falla.

La interconexión eléctrica permite que los países compren y vendan energía entre sí, pero también significa que una alteración suficientemente fuerte puede propagarse rápidamente si las protecciones y reservas disponibles no logran contenerla.

Honduras ya estaba bajo advertencia

La noche anterior, el propio CND había advertido sobre un “riesgo significativo” para la seguridad y continuidad del abastecimiento eléctrico en Honduras.

Entre las razones mencionó el crecimiento de la demanda, condiciones climáticas extremas, limitaciones de generación térmica y restricciones dentro del Mercado Eléctrico Regional.

El organismo proyectó además un déficit aproximado de 40 megavatios durante las horas nocturnas.

Eso no significa que ese déficit haya provocado el apagón regional de este jueves.Son eventos que deben diferenciarse.

Pero sí evidencia que Honduras recibió la perturbación externa con un sistema que ya operaba bajo presión.

¿Por qué una falla en otro país puede apagar Honduras?

Centroamérica funciona mediante una red eléctrica interconectada.

Cuando un país necesita energía, puede importar excedentes disponibles en otro mercado. El problema aparece cuando una línea importante se desconecta abruptamente o desaparece de inmediato una cantidad considerable de generación o importación.

El sistema debe reemplazar esa energía prácticamente en segundos. Si no existe suficiente capacidad de respuesta, entran en funcionamiento mecanismos automáticos para desconectar carga y evitar daños mayores en la red.

El resultado puede ser un apagón que atraviesa fronteras. Deras recordó como antecedente un episodio en el que una apertura repentina de la interconexión Guatemala-México generó una perturbación regional cuando Guatemala mantenía fuertes importaciones.

El episodio también ocurre cuando sindicatos y autoridades discuten las limitaciones de generación disponibles en Honduras.

El STENEE ha señalado que parte de la capacidad térmica depende de plantas a diésel cuyo funcionamiento resulta costoso para la ENEE y sostiene que la falta de recursos para mantenerlas operativas contribuye a episodios de racionamiento.

De nuevo, eso no permite atribuir el apagón de este jueves a esas plantas, pero forma parte de un problema estructural más amplio: Honduras necesita suficiente generación propia y capacidad de respaldo para responder cuando el mercado regional también enfrenta dificultades.

El incidente deja así dos discusiones separadas pero relacionadas. Una es determinar qué provocó exactamente la falla regional.

La otra es mucho más incómoda para Honduras: qué tan preparado está su sistema eléctrico para resistir una perturbación externa cuando ya enfrenta déficits internos de generación.

Un nuevo hecho violento sacudió las primeras horas de este jueves 10 de septiembre, luego de que las autoridades policiales hallaran el cuerpo sin vida de un hombre no identificado a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conduce de Puerto Cortés hacia Choloma. El cadáver, que pertenecía a un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad, presentaba múltiples heridas de arma de fuego y se encontraba visiblemente maniatado con las manos hacia atrás.

El hallazgo se produjo tras una llamada de emergencia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 al amanecer. Tras la alerta, las patrullas policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y verificar los reportes preliminares de los vecinos del sector.

El subcomisionado de la Policía Nacional en Choloma, Allan Sauceda, brindó detalles sobre las primeras indagaciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad. Según el jefe policial, la principal hipótesis apunta a que la víctima no residía en la zona y que el crimen se habría perpetrado en otro sector del país.

Una de las particularidades que más llamó la atención de los investigadores en el sitio del crimen fue la presencia de un rótulo dejado junto al cadáver. En el cartón o cartel se apreciaba un escrito explícito que señalaba que le habrían quitado la vida «por andar con mujeres casadas». Asimismo, trascendió que en el mensaje se incluyó un número telefónico.

A pesar de este llamativo indicio, las autoridades mantienen la cautela y no descartan ninguna línea de investigación. En el lugar tampoco se recolectaron casquillos de bala, lo cual refuerza la teoría de que el hombre fue asesinado en otro punto geográfico y posteriormente lanzado desde un vehículo en la orilla de la vía pública.

Actualmente, los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los peritos de Medicina Forense recaban evidencias, testimonios e información para determinar si el escrito responde al móvil real del homicidio o si se trata de una coartada o distractor dejado deliberadamente por grupos de la delincuencia organizada.

Alza de homicidios en Honduras: más de 1,200 muertes violentas registradas en 2026

Este lamentable suceso ocurrido en Choloma refleja la grave crisis de violencia criminal que continúa golpeando a la sociedad hondureña en los distintos departamentos del país, especialmente en el corredor norte.

De acuerdo con las estadísticas oficiales y reportes de organismos de seguridad, durante el primer semestre del año 2026 se registraron un total de 1,236 muertes violentas en todo el territorio nacional. Estas preocupantes cifras representan una tasa promedio alarmante de casi siete asesinatos diarios, posicionando a la violencia homicida como una de las principales causas de muerte violenta e inseguridad en el país.

El departamento de Cortés y municipios como Choloma, San Pedro Sula y La Lima figuran históricamente entre las zonas donde operan con intensidad diversas estructuras criminales, pandillas y redes del crimen organizado. Aunque las autoridades implementan operativos constantes y estados de excepción parciales para contener la operatividad delictiva, los hallazgos de cuerpos en la vía pública siguen siendo recurrentes.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas en materia de seguridad hacen un llamado constante a fortalecer los mecanismos de prevención del delito y capacidad de investigación científica de la policía criminal.

La falta de identificación oportuna de las víctimas y la impunidad que rodea a un elevado porcentaje de los homicidios perpetrados en carreteras y zonas rurales continúan siendo desafíos pendientes para el sistema de justicia en Honduras.

Los Cuartos, Final, Copa, Centroamericana y Concacaf 2026 comienzan este miércoles 9 de septiembre con ocho clubes repartidos en cuatro series de ida y vuelta, una fase que no solo define a los semifinalistas sino también a los primeros clasificados del torneo a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

La ronda se jugará entre el 9 y el 17 de septiembre: los partidos de ida están programados para el 9 y 10, y las revanchas para el 16 y 17. Los cuatro ganadores avanzarán a semifinales, mientras que los cuatro perdedores pasarán a un Play-In que otorgará otros dos cupos para la edición 2027 del principal torneo de clubes de la región.

En total, la Copa Centroamericana entregará seis plazas a la próxima Copa de Campeones Concacaf. El campeón, además, avanzará directamente a los octavos de final de ese certamen.

La fase decisiva arranca tras una etapa de grupos con 20 clubes y cuatro fechas por equipo

El camino hasta esta instancia comenzó con una fase de grupos integrada por cuatro zonas de cinco equipos cada una. Cada club disputó cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, en una ronda jugada entre el 28 de julio y el 27 de agosto.

Los dos mejores de cada grupo obtuvieron el pase a eliminación directa. En el Grupo A, LD Alajuelense, tricampeón defensor, terminó primero con nueve puntos gracias a tres victorias y una derrota, mientras L.A. Firpo fue segundo con siete unidades y logró su primera clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

En el Grupo B, Alianza FC acabó en la cima con nueve puntos, producto de tres triunfos y una caída. CD Marathón avanzó en el segundo puesto con siete puntos, después de sumar dos victorias, un empate y una derrota.

El Grupo C dejó la mejor campaña de toda la ronda: Club Olimpia Deportivo ganó sus cuatro encuentros y cerró con 12 puntos, la cifra más alta entre todos los participantes. Deportivo Saprissa se quedó con la segunda plaza de la zona con nueve puntos, tras tres victorias y una derrota.

En el Grupo D, CS Cartaginés y FC Motagua terminaron igualados con ocho puntos y el mismo registro de dos victorias y dos empates. Cartaginés finalizó primero y Motagua ocupó la segunda posición.

Olimpia llega como líder del ranking regional antes de la serie ante Firpo

La actualización más reciente del Ranking de Clubes de Concacaf, publicada tras el cierre de la fase de grupos, ubicó a CD Olimpia como el mejor equipo centroamericano. El ascenso se produjo después de su recorrido perfecto en la primera fase.

Detrás del club hondureño aparecen Deportivo Saprissa y LD Alajuelense, segundo y tercero, respectivamente. Ese ranking será utilizado para definir la siembra y la ubicación de los equipos en el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2027.

La programación de la ida comenzará este miércoles 9 de septiembre con dos partidos. Deportivo Saprissa recibirá a CS Cartaginés a las 21:06, hora del Este, en el estadio Ricardo Saprissa Ayma, y FC Motagua será local ante Alianza FC a las 23:06 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La jornada de ida terminará el jueves 10 con CD Marathón frente a LD Alajuelense a las 21:06 en el estadio Francisco Morazán, y con L.A. Firpo ante Club Olimpia Deportivo a las 23:06 en el estadio Cuscatlán.

Los encuentros de vuelta se disputarán una semana después. El miércoles 16, CS Cartaginés recibirá a Deportivo Saprissa a las 20:30 en el estadio José Rafael Fello Meza, y Alianza FC enfrentará a FC Motagua a las 23:15 en el estadio Cuscatlán.

El jueves 17 quedarán definidas las últimas dos series: LD Alajuelense jugará en el estadio Alejandro Morera Soto ante CD Marathón a las 20:30, y Club Olimpia Deportivo será local frente a L.A. Firpo a las 23:15 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

En Estados Unidos, la competencia podrá verse a través de CBS/Paramount+ en inglés. La transmisión también estará disponible por Fox en México, por ESPN y Disney+ en Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe, y por OneSoccer en Canadá.

La crisis hídrica de Tegucigalpa dio un nuevo paso este 10 de septiembre: el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) declaró alerta roja por sequía para el Distrito Central, mientras los dos principales embalses de la capital continúan acercándose al nivel considerado crítico.

El dato más delicado corresponde a La Concepción, que se encuentra al 25,78% de su capacidad.

El umbral crítico establecido por las autoridades es inferior al 25%, por lo que la represa está apenas 0,78 puntos porcentuales por encima de esa línea.

Los Laureles presenta un margen ligeramente mayor, pero tampoco cómodo: registra 27,58% de capacidad.

Aunque el boletín municipal registra actualmente dos días consecutivos sin lluvia significativa, ese no es el origen principal de la emergencia.

Entre enero y el 9 de septiembre de 2026, el Distrito Central acumuló apenas 328,5 milímetros de lluvia, frente a un promedio histórico de 578,5 milímetros para el mismo período.

Eso representa un déficit de 250 milímetros, equivalente a 43,2% menos precipitación.

La sequía, por tanto, es el resultado de meses consecutivos en los que las lluvias no han logrado compensar las necesidades del sistema.

Agosto fue particularmente crítico: solo se registraron 2,9 milímetros, frente a un promedio histórico mensual de 113 milímetros. Hasta el 9 de septiembre apenas se habían acumulado otros 6,4 milímetros, cuando el promedio del mes ronda los 151,8.

2026 está por debajo incluso de otros años secos

Otro análisis divulgado por la Alcaldía compara 2026 con años como 1997, 2015, 2016, 2019 y 2023.

Entre enero y el 9 de septiembre, 2026 registra los 328,5 milímetros ya mencionados.

En el mismo periodo, por ejemplo, 2015 acumuló 407,8 milímetros; 1997 llegó a 461,7 y 2023 alcanzó 547,6.

El promedio de esos años comparados es de 490,2 milímetros, por lo que 2026 aparece 33% por debajo de esa referencia.

Ese porcentaje es distinto al déficit de 43,2% porque cada cálculo utiliza una base diferente: uno compara 2026 con determinados años y el otro con el promedio climatológico 1991-2020.

¿Sequía severa o extrema?

Los propios boletines municipales muestran cómo ha evolucionado el indicador.

Un reporte utiliza el índice SPI-3 de agosto, de -2,25, dentro de la categoría de sequía extrema.

La actualización de septiembre muestra un SPI-3 de -1,51, clasificado como sequía severa.

Eso supone una mejora del indicador meteorológico, pero no significa que los embalses se hayan recuperado.

Las represas reaccionan a la cantidad de agua que realmente llega desde sus cuencas y necesitan lluvias sostenidas para aumentar sus reservas.

Lo que está en juego si las lluvias no llegan

El municipio advierte sobre varios impactos potenciales: mayor demanda de agua potable, estrés sobre cultivos y pastizales, descenso de ríos y quebradas, mayor riesgo de incendios forestales y golpes de calor.

Pero para Tegucigalpa la preocupación inmediata está en los embalses.

Los Laureles almacena actualmente unos 2,897 millones de metros cúbicos, mientras La Concepción mantiene aproximadamente 9,333 millones.

La alerta roja confirma que la capital ha entrado en una etapa en la que cada lluvia importa.

Pero una tormenta aislada tampoco resolverá el problema: Tegucigalpa necesita semanas de precipitaciones sostenidas sobre las cuencas para comenzar a recuperar las reservas que perdió durante meses de sequía.

La red eléctrica de Honduras enfrenta un riesgo mayor de interrupciones durante la noche, luego de que el Centro Nacional de Despacho (CND/ODS) proyectara que la demanda superará la oferta disponible en las horas de mayor consumo. La advertencia incluye un déficit de 40 MW entre las 6:00 pm y las 10:00 pm, según informó Hondudiario.

La situación se concentra en el momento en que deja de operar la generación solar y baja la capacidad disponible del sistema. El organismo estimó que la demanda máxima rondará los 2,130 megavatios, mientras que la oferta nocturna se ubicará en un rango de 1,900 a 2,050 megavatios, sin un margen de reserva suficiente ante fallas imprevistas.

La demanda nocturna supera la energía disponible tras la caída de la generación solar

Durante el día, el sistema dispone de 430 megavatios provenientes de plantas solares, una cifra que representa 130 megavatios más que en la jornada anterior. Esa capacidad se suma a una reserva operativa de 233 MW, aunque el escenario cambia al anochecer, cuando se interrumpe el aporte fotovoltaico.

El CND/ODS explicó que la brecha se vuelve negativa durante la franja nocturna de máxima exigencia. Esa condición reduce la capacidad de respuesta de la red frente a problemas técnicos o cambios inesperados en la generación y eleva la probabilidad de cortes en el suministro.

La presión sobre el sistema también está asociada a las altas temperaturas y la sequía. De acuerdo con la evaluación del organismo, estos factores incrementaron el uso de aparatos de climatización y de equipos de bombeo de agua, con un aumento del consumo sobre la red nacional.

La falta de importaciones recortó el respaldo previsto para Honduras

La cancelación de exportaciones de Guatemala, Nicaragua y Panamá restó 80 megavatios de energía importada que estaban contemplados como respaldo. La compra de energía de oportunidad tampoco permitió compensar esa pérdida, ya que solo garantizó nueve megavatios en la hora de mayor demanda.

El costo de ese recurso fue de USD 300 por megavatio hora. El Centro de Despacho indicó que la disponibilidad adicional no alcanza para resolver la diferencia prevista entre el consumo y la oferta nocturna.

Hondudiario informó que el organismo considera prioritaria la normalización del suministro de combustible para la Central Brassavola y para las plantas arrendadoras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La recuperación de esa generación térmica permitiría reforzar la capacidad del sistema cuando las fuentes renovables no cubren la demanda.

La generación térmica es el principal respaldo ante las restricciones de la red

El CND/ODS señaló que las centrales térmicas cumplen una función de respaldo cuando la producción renovable resulta insuficiente o presenta variaciones. Parte de esa capacidad firme, no obstante, quedó limitada por problemas logísticos y operativos.

La entidad sostuvo que las acciones sobre el combustible y las plantas térmicas son necesarias para recuperar los márgenes de reserva. El objetivo es estabilizar la oferta de energía y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico hondureño.

El organismo mantendrá la vigilancia sobre variables como la nubosidad y la velocidad del viento, que inciden en la producción de fuentes renovables. También planteó la necesidad de “controlar cada megavatio disponible” y de aplicar medidas preventivas para preservar la integridad de la red.

La capital industrial del país vive una jornada inolvidable vestida de elegancia, inspiración y empoderamiento. El ambiente vibra con un entusiasmo desbordante ante la llegada de una visitante ilustre: Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025. La soberana universal mexicana arribó a suelo hondureño como invitada de honor de la organización Miss Universe Honduras, marcando el inicio de una agenda oficial que combina el compromiso social con el arte de la belleza internacional.

El punto culminante de la jornada de ayer, miércoles 9 de septiembre tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula. El auditorio del centro educativo se transformó en un escenario repleto de aplausos, euforia y muestras de profundo cariño desde el instante en que la reina universal hizo su entrada triunfal.

Programado para las 6:00 de la tarde, el esperado conversatorio titulado “Creyendo en ti” reunió a cientos de asistentes, entre estudiantes, académicos, medios de comunicación y las propias candidatas que aspiran a la corona nacional. Durante el encuentro, Bosch no solo deslumbró por su porte y distinción, sino por la calidez y autenticidad de su mensaje.

A través de una charla cercana y reflexiva, la reina de belleza compartió las vivencias, obstáculos y aprendizajes que marcaron su trayectoria en el exigente mundo de los certámenes hasta lograr la ansiada victoria internacional.

Su intervención se centró en la importancia de la autoconfianza, el trabajo constante y la resiliencia ante la adversidad. Bosch enfatizó que las plataformas de belleza actuales van mucho más allá de la estética visual: representan verdaderos espacios de liderazgo, voz y gestión de cambio para la mujer contemporánea. Su discurso resonó profundamente en las jóvenes hondureñas, inspirándolas a perseguir sus sueños con determinación y autenticidad.

El camino hacia la gran final y el relevo de la corona

La estadía de Fátima Bosch en San Pedro Sula continuará con una agenda rigurosa que culminará el día de mañana, 11 de septiembre. El Centro de Convenciones de San Pedro Sula será el escenario de la gran gala final del Miss Universe Honduras 2026, donde se conocerá a la nueva embajadora de la belleza nacional.

Uno de los momentos más esperados de la velada será la participación activa de Bosch, quien integrará la mesa de honor y tendrá el privilegio de coronar a la sucesora de Alejandra Fuentes, actual soberana hondureña.

Esta visita cobra además una emotividad especial, ya que representa uno de los compromisos internacionales finales de Fátima Bosch antes de entregar su cetro universal. El próximo mes de noviembre, la soberana mexicana cederá su título en la esperada edición de Miss Universo que se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

Por lo que, la presencia de Bosch en territorio hondureño reviste una importancia estratégica y cultural que trasciende el brillo de una corona. En primer lugar, constituye un hito para la organización del Miss Universe Honduras, posicionando al certamen nacional en el escaparate internacional y fortaleciendo las relaciones de intercambio cultural dentro de la industria.

La visita de la soberana brinda un valor incalculable a la preparación de las candidatas departamentales. Tener un contacto directo con la mujer que ostenta el título de belleza más codiciado del planeta ofrece a las aspirantes catrachas una perspectiva real sobre las exigencias, la disciplina y la mentalidad requeridas para competir en la cima del circuito mundial.

El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exsecretario de Defensa durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, fue procesado el 1 de septiembre por una jueza que dictó auto de formal procesamiento en su contra y fijó la audiencia preliminar para el 14 de septiembre.

La fiscalía lo acusa de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión, en un caso que organizaciones de derechos humanos consideran capaz de sentar precedente.

La defensa de Hernández, sin embargo, apeló la decisión el 4 de septiembre y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, con el argumento de que el tribunal excluyó de forma indebida dos peritajes y varios documentos presentados por su representación legal. Según un relevamiento de LatAm Journalism Review, el proceso es inédito por el rango del acusado y por el tipo de hechos investigados.

Las acusaciones se originaron en la confrontación entre las Fuerzas Armadas y periodistas

La secuencia que desembocó en el caso se remonta al ciclo electoral que terminó con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó ante el Ministerio Público una denuncia para abrir procesos contra 12 medios de comunicación por presunta calumnia y difamación.

La tensión creció el 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias. Thelma Mejía, periodista hondureña y directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo a LatAm Journalism Review que ese día marcó un aumento de la hostilidad hacia la prensa, en medio de retrasos que afectaron al 72% de los centros de votación por demoras en la entrega de material electoral custodiado por las Fuerzas Armadas.

Periodistas pidieron explicaciones e incluso reclamaron una investigación del Ministerio Público sobre ese episodio, algo que —según le dijo Mejía a ese medio— provocó el malestar de Hernández.

El 26 de mayo de 2025, la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió en portada y páginas interiores acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra bajo el título “sicarios de la verdad”. Allí se les atribuyó la difusión de información falsa, algo que los denunciantes interpretaron como estigmatización, incitación al odio y difamación.

El requerimiento fiscal también incorporó publicaciones en redes sociales con esas mismas acusaciones, a las que se sumó un señalamiento público de Hernández contra el periodista José Adán López, a quien vinculó con el crimen organizado.

La fiscalía añadió además la aparición de mantas en distintos puntos de Tegucigalpa con fotografías de periodistas y la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. Quienes se adjudicaron esas pancartas se identificaron como Movimiento Popular Hondureño y no establecieron un nexo con las Fuerzas Armadas.

El caso llega en un contexto de aumento de agresiones contra la prensa

Un informe reciente de C-Libre registró un alza de 19,6% en las agresiones contra prensa y personas defensoras en el contexto electoral hondureño. Ese reporte señaló como principal agresor al aparato estatal: 49% de los ataques provinieron de las Fuerzas Armadas, 22,8% de funcionarios del gobierno de Castro y 17% de la Policía Nacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también incluyó en su informe anual de 2025 actuaciones de las Fuerzas Armadas que coinciden con los hechos descritos en el requerimiento fiscal. La oficina advirtió: “En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”.

La relatoría agregó que esas acciones se expresaron “tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), dijo a LatAm Journalism Review que el expediente no habría avanzado sin la presión sostenida de periodistas y organizaciones: “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”.

Meza calificó el expediente como “un caso emblemático e histórico” y afirmó que el trabajo de Asopodehu y de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos fue decisivo para que la fiscalía hiciera pública la investigación.

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), le dijo a LatAm Journalism Review que la presentación del caso en noviembre de 2025, poco antes del cambio de gobierno, puede alimentar dudas sobre motivaciones políticas.

Aun así, sostuvo que la causa puede convertirse en un “parteaguas” para sancionar actos de coerción contra periodistas: “Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”. También afirmó que podría alentar nuevas denuncias en un país donde, según sus palabras, persiste una alta impunidad en los delitos contra periodistas.

Para Mejía, en declaraciones al mismo medio, el proceso también puede funcionar como límite ante futuras tensiones con la nueva administración. “Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.

Una ola de indignación y conmoción ha sacudido a la sociedad hondureña tras conocerse un atroz hecho de violencia infantil registrado en la capital. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron la captura preventiva de Denis Josué Carvajal, señalado como el presunto responsable de haber agredido brutalmente, intentado estrangular y arrojado desde un muro a su propio sobrino, un menor de apenas cuatro años de edad identificado como David Emanuel Durón Rosales.

El sospechoso enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y maltrato familiar agravado. La pronta intervención de los agentes policiales se activó luego de que la desesperada madre de la víctima acudiera a los medios de comunicación para hacer una denuncia pública, visibilizando la gravedad del estado de salud de su pequeño y la falta de respuesta institucional inicial que experimentó al buscar auxilio legal.

De acuerdo con las declaraciones proporcionadas por la madre de la víctima, al medio hondureño HCH el trágico suceso ocurrió en las inmediaciones de la colonia El Hatillo, en Tegucigalpa. El menor se encontraba jugando tranquilamente en las cercanías de su vivienda junto a otros familiares cuando desapareció repentinamente de la vista de sus allegados.

Al percatarse de la ausencia del niño, la familia comenzó a indagar de inmediato. Los pequeños que jugaban con él alertaron que Denis Josué Carvajal, hermano paterno de la madre y, por ende, tío del niño se lo había llevado. Horas más tarde, el pequeño David Emanuel fue localizado en condiciones alarmantes con signos de estrangulamiento en el cuello y severas contusiones en su cuerpo.

Según el testimonio maternal, el agresor lanzó al pequeño desde un muro de gran altura, un obstáculo sumamente peligroso e inaccesible. Aunque existen sospechas de un posible intento de abuso sexual interrumpido, las autoridades continúan realizando las evaluaciones médico-forenses pertinentes para confirmar o descartar cualquier otra tipificación penal dentro de la investigación en curso.

Actualmente, el pequeño David Emanuel se debate entre la vida y la muerte. El menor permanece ingresado bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el barrio La Granja de Tegucigalpa. Los informes médicos señalan que el niño requirió asistencia de oxígeno inmediato debido a las severas marcas de asfixia en su cuello y al trauma craneoencefálico sufrido por la caída.

Penas y tiempo en cárcel de ser encontrado culpable según la legislación de Honduras

De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras (Decreto No. 130-2017), si el imputado es hallado culpable por los delitos formulados por el Ministerio Público, enfrentaría una condena sumada que se determina de la siguiente manera:

• Homicidio en grado de tentativa: El delito de homicidio consumado contempla penas de prisión de entre 15 y 20 años. Al tratarse de un grado de tentativa, la legislación procesal hondureña aplica una reducción de la pena asignada en un tercio o un grado, fijando la condena para este delito en un rango aproximado de 10 a 13 años y 4 meses de prisión.
• Maltrato familiar agravado: En su modalidad básica, el maltrato familiar conlleva de 1 a 4 años de reclusión. No obstante, al concurrir agravantes específicas —como cometer la agresión contra un menor de edad o causar lesiones graves dentro del entorno familiar— la pena se incrementa hasta en un tercio, situando la condena en un rango estimado de 2 a 5 años de cárcel.

De confirmarse indicios o cargos adicionales derivados de las pericias médico-forenses (como tentativa de abuso sexual), el tiempo en la cárcel se incrementaría conforme a los tipos penales que sume la representación fiscal.

La crisis eléctrica de Honduras tiene una contradicción cada vez más difícil de administrar: la ENEE necesita generación disponible para evitar déficit de energía, pero parte de esa capacidad puede resultar demasiado costosa para utilizarla permanentemente.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, aseguró que esa ecuación está detrás de algunos de los racionamientos registrados en el país.

Según el dirigente, la estatal mantiene contratos de arrendamiento por más de 400 megavatios de generación a base de diésel y debe adquirir directamente el combustible utilizado por esas plantas.

“Esto le sale extremadamente caro a la empresa”, afirmó.

La denuncia señala contratos suscritos durante la administración anterior de la ENEE. Sin embargo, la responsabilidad específica de esos acuerdos sobre los apagones actuales deberá sustentarse con información técnica del despacho eléctrico y de la propia estatal.

Ese es el punto central del problema. Una central puede estar instalada y técnicamente disponible, pero su operación depende de cuánto cuesta producir cada kilovatio-hora.

Aguilar sostiene que algunas de esas unidades pueden superar los US$0,45 por kWh, equivalentes a unos L12,09 por kWh, tomando como referencia el tipo de cambio utilizado por la CREE para el trimestre.

Para dimensionar esa cifra, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica calculó para el tercer trimestre un costo promedio de generación de US$152,15 por MWh, equivalente a aproximadamente US$0,152 por kWh o L4,09 por kWh. Es un 15,08% superior al trimestre anterior.

Si la estimación del sindicato sobre determinadas plantas es correcta, esa generación específica sería considerablemente más cara que el promedio del sistema.

¿Cómo puede terminar esto en apagones?

El planteamiento del STENEE es que cuando la ENEE no dispone de suficiente efectivo para comprar combustible, no puede mantener operando continuamente toda esa generación térmica.

Si al mismo tiempo otras fuentes no son suficientes para cubrir la demanda, aparece un déficit que puede traducirse en racionamientos.

Pero no todo apagón tiene el mismo origen: Honduras también registra interrupciones programadas por mantenimiento, fallas en transmisión y distribución y otros problemas operativos.

Por eso, atribuir cada corte reciente al precio del diésel sería ir más allá de lo demostrado.

Las tarifas ya reflejan parte de la presión

La CREE aprobó para julio-septiembre un incremento promedio de 12,48%, llevando el precio promedio calculado de L5,32 a L5,98 por kWh, debido principalmente a mayores costos de generación y variaciones del tipo de cambio.

Aguilar afirma que el aumento real que debía absorber el sistema era todavía mayor y que una parte quedó pendiente de trasladarse al consumidor. Esa estimación del 22,5% corresponde al sindicato y no coincide con el ajuste oficialmente aprobado por el regulador.

El problema es que congelar o contener una tarifa no elimina el costo: si el usuario no lo paga directamente, alguien dentro del sistema debe absorber la diferencia.

El STENEE propone nuevas licitaciones nacionales e internacionales que permitan contratar potencia con diferentes tecnologías y precios más competitivos.

Honduras necesita suficiente capacidad para responder cuando aumenta la demanda o disminuye otra fuente de generación, pero depender de plantas caras como respaldo puede convertirse en una factura difícil de sostener.

La discusión, entonces, ya no es únicamente por qué se va la energía. Es cuánto cuesta evitar que se vaya y quién terminará pagando esa factura: la ENEE, el Gobierno o los consumidores.

La crisis de agua en Tegucigalpa se acerca a uno de sus puntos más delicados de 2026.

El gerente interino de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Raúl Lanza, advirtió que el embalse La Concepción podría entrar en nivel crítico de riesgo hídrico en apenas dos días si no se registran lluvias suficientes sobre las cuencas que lo alimentan.

Actualmente, la represa se encuentra a 0,93 puntos porcentuales del umbral de 25%, nivel que las autoridades utilizan como referencia para entrar en una etapa de mayor riesgo.

“Dentro de dos días ya estaríamos entrando a esta etapa roja”, señaló Lanza.

El problema no es que llueva en la ciudad

La advertencia llega pocos días después de que Tegucigalpa registrara nuevamente precipitaciones tras varios meses marcados por sequía y altas temperaturas.

Pero para los embalses existe una diferencia importante entre que llueva sobre la ciudad y que llueva de forma sostenida sobre sus cuencas.

Una tormenta puede aliviar temporalmente las condiciones urbanas sin producir suficiente escorrentía para recuperar de manera significativa La Concepción o Los Laureles.

Por eso, UMAPS mantiene seguimiento de los pronósticos de CENAOS y Copeco y espera que las precipitaciones aumenten después del 15 de septiembre.

Según Lanza, Los Laureles está aproximadamente tres puntos porcentuales por encima de su propio nivel crítico.

Ambos embalses son fundamentales para el abastecimiento de Tegucigalpa y Comayagüela, por lo que una reducción simultánea de sus reservas restringe el margen operativo de UMAPS.

La estrategia actual es conservar cada metro cúbico disponible mientras se espera que septiembre y, especialmente, octubre aporten lluvias suficientes.

De nueve a 12 días sin agua

El racionamiento vigente se mantiene en aproximadamente nueve días, pero podría endurecerse.

Lanza explicó que si los embalses bajan a un rango de entre 20% y 25% de su capacidad, UMAPS tendría que evaluar ampliar el intervalo de distribución hasta 12 días.

Eso significaría que miles de hogares tendrían que esperar alrededor de tres días adicionales entre un suministro y otro.

La medida no está aprobada todavía y dependerá tanto del comportamiento de las lluvias como de los aportes reales que reciban los embalses.

Conservar agua hoy para no quedarse sin ella mañana

El reto para las autoridades es evitar consumir rápidamente la reserva durante las próximas semanas.

“Cada metro cúbico tenemos que racionarlo”, sostuvo Lanza.

El problema tiene además una dimensión de largo plazo.

Tegucigalpa ha venido enfrentando una combinación de sequía, infraestructura limitada, dependencia de pocos embalses y pérdidas dentro de la red de distribución, lo que reduce la capacidad de respuesta cuando las lluvias fallan.

UMAPS informó que mantiene alrededor de 15 pozos en evaluación, mientras tres ya fueron reactivados.

Entre ellos figura el pozo de Los Almendros, con una producción estimada de 300 galones por minuto.

Estas fuentes pueden aportar agua adicional, pero no sustituyen por sí solas la capacidad de los grandes embalses.

La verdadera prueba llegará en las próximas semanas.

Si las lluvias de septiembre y octubre se concentran sobre las cuencas, Tegucigalpa podría ganar margen para cerrar 2026 con mayores reservas.

Si no ocurre, la capital entrará al final de la temporada lluviosa con un problema mucho más serio: menos agua disponible y más días de espera entre cada servicio.

La desaparición de Angie Peña abrió un nuevo frente, esta vez entre su familia y una de las principales agencias de investigación criminal de Honduras.

La familia Peña-Melgares reaccionó este miércoles a las declaraciones del director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ángel Fernando Murillo Paz, quien aseguró que esa institución no lleva actualmente ningún caso relacionado directamente con Angie Peña y que otras agencias mantienen las investigaciones sobre su desaparición.

“Son mentiras”, sostiene la familia en un comunicado divulgado por Michelle Melgares, madre de Angie, quien cuestionó que la ATIC pretenda ahora desligarse de actuaciones que, según ellos, sí ocurrieron.

La familia dice tener documentos

Los familiares aseguran contar con elementos que demostrarían que la ATIC tuvo conocimiento de diligencias relacionadas con Angie.

Entre ellos mencionan reuniones con funcionarios del Ministerio Público, comunicaciones con agentes, documentos con acuse de recibo y la supuesta entrega del teléfono celular de Angie para una pericia vinculada con una nueva línea de investigación surgida después de actuaciones contra integrantes de los denominados Delta Teams.

Ese señalamiento introduce una diferencia importante.

Una cosa es que la ATIC haya sido la agencia responsable formal del expediente de desaparición y otra que haya participado en diligencias específicas vinculadas con investigaciones relacionadas.

Determinar cuál de esas dos situaciones ocurrió puede ser clave para resolver la contradicción.

ATIC: “Nunca hemos llevado un caso”

Murillo ha sido categórico al señalar que la institución no maneja el expediente particular de Angie.

“Hasta el momento la ATIC no maneja ningún caso relacionado con esta ciudadana”, declaró, aunque confirmó que la agencia sí desarrolla investigaciones contra estructuras de trata de personas y crimen organizado en la zona insular.

La familia interpreta esa posición como un intento de desmarcarse.

“¿Cómo es posible que quieran desmarcarse?”, cuestionaron, y pidieron que las instituciones expliquen públicamente quién investigó qué, qué evidencia recibió cada organismo y dónde se encuentra actualmente esa información.

El asesinato de Dereck McNeil vuelve a aparecer

El pronunciamiento también menciona a Dereck Isaac McNeil, testigo asesinado en Roatán y quien dejó grabaciones con fuertes acusaciones contra funcionarios y agentes.

McNeil aseguró haber visto a Angie con vida y formuló señalamientos contra miembros de la ATIC y otras instituciones.

Esas afirmaciones han adquirido mayor atención después de su asesinato, pero siguen siendo acusaciones que deben ser corroboradas de manera independiente.

Que McNeil haya muerto después de formularlas no demuestra por sí solo que su asesinato esté relacionado con Angie ni valida automáticamente todo lo que afirmó.

La familia insiste en una búsqueda activa

Más allá del enfrentamiento con la ATIC, el núcleo del reclamo sigue siendo el mismo: Angie permanece desaparecida desde enero de 2022.

Los familiares sostienen que ningún proceso judicial paralelo debería sustituir la obligación del Estado de continuar buscándola.

También dirigieron un llamado al presidente Nasry Asfura, a quien pidieron impulsar una revisión profunda del caso y reforzar la búsqueda en Roatán. Asfura ejerce la Presidencia desde enero de 2026.

El conflicto ya no gira únicamente alrededor de dónde está Angie. Ahora existe otra pregunta institucional:

¿Qué organismos participaron realmente en las investigaciones, qué información recibió cada uno y por qué la familia y la ATIC presentan versiones tan distintas sobre esas actuaciones?

Mientras esa contradicción no sea aclarada con documentos y expedientes, cada nueva declaración continuará alimentando la desconfianza.

Y más de cuatro años después de la desaparición, el dato más grave sigue siendo el mismo: Angie Peña continúa sin aparecer.

Honduras podría recibir una nueva ola de capital extranjero si las reformas al subsector eléctrico aprobadas recientemente son publicadas en el diario oficial La Gaceta, según las proyecciones expuestas este martes por el ministro de Inversión, Epaminondas Marinakys.

El funcionario aseguró que actualmente existen alrededor de 10 empresas extranjeras que preparan proyectos de inversión en el país. “Tenemos como 10 empresas que están empezando un proyecto grande en Choloma, que son cerca de 400 millones de dólares de inversión en manufactura textil”, declaró Marinakys a periodistas.

Marinakys explicó que las empresas interesadas pertenecen a distintos sectores de la economía. Además de la manufactura, mencionó compañías vinculadas con la producción de cemento y la agricultura.

La expectativa del Gobierno es que las reformas aprobadas generen condiciones que incentiven la llegada de nuevos capitales y faciliten la ejecución de proyectos que, de acuerdo con el funcionario, ya se encuentran en distintas etapas de preparación.

El sector eléctrico es estratégico para atraer nuevas inversiones, especialmente para empresas que requieren condiciones de suministro y estabilidad energética para establecer o ampliar sus operaciones.

Uno de los puntos centrales para concretar estas expectativas es la entrada en vigencia de las reformas al subsector eléctrico.

Marinakys manifestó su deseo de que las modificaciones sean publicadas próximamente en el diario oficial La Gaceta, paso necesario para que las disposiciones puedan comenzar a aplicarse.

Reformas e inversión extranjera

El ministro consideró que la publicación de las reformas enviaría una señal favorable a las empresas que actualmente analizan sus posibilidades de inversión en Honduras.

Según explicó, durante los últimos seis meses desarrolló acciones para promocionar al país como destino de inversión y, en paralelo, facilitar los trámites para compañías que ya tenían proyectos definidos.

La estrategia, según el funcionario, busca atraer nuevos inversionistas y agilizar los procesos de empresas que ya han mostrado interés concreto en instalarse o ampliar sus operaciones en el territorio hondureño.

Marinakys aseguró que varias empresas de ese país están pendientes de la publicación de las reformas y podrían tomar decisiones de inversión una vez que estas entren en vigor. El interés, de acuerdo con el ministro, no se limita a la generación de energía.

Entre las áreas que podrían beneficiarse mencionó los ecoparques, el turismo y las exportaciones de productos como café y tabaco.

Choloma concentra una de las principales apuestas

La inversión proyectada en Choloma, departamento de Córtes, al norte de Honduras representa uno de los anuncios de mayor dimensión realizados por el funcionario.

Marinakys no detalló el nombre de las empresas involucradas ni proporcionó un calendario específico para el inicio de las operaciones, pero sostuvo que los proyectos forman parte del grupo de inversiones que avanzan.

El ministro reconoció que existe una diferencia entre el interés inicial de los inversionistas y la concreción de los proyectos. Por ello, señaló que las oportunidades identificadas deben transformarse en inversiones reales.

El Gobierno apuesta a que la aprobación y posterior publicación de las reformas eléctricas contribuya a despejar parte de las condiciones que las empresas consideran antes de tomar decisiones de inversión.

Un repartidor fue despojado de su motocicleta a punta de pistola en Miramontes y semanas antes una mujer fue asaltada por motociclistas en Lomas del Mayab.

Dos videos grabados por cámaras de seguridad en sectores residenciales de Tegucigalpa volvieron a poner bajo discusión la seguridad cotidiana en la capital hondureña.

El caso más reciente ocurrió la noche del martes en la colonia Miramontes, donde un repartidor que acababa de entregar un pedido fue interceptado por hombres armados y obligado a entregar su motocicleta.

La secuencia duró apenas segundos. El joven había estacionado frente a una vivienda y se disponía a marcharse cuando fue amenazado con armas de fuego.

Los asaltantes huyeron con la motocicleta, su herramienta de trabajo, mientras vecinos auxiliaron a la víctima.

El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia y la Dirección Policial de Investigaciones inició el análisis de las imágenes para intentar establecer identidades y la ruta de escape, de acuerdo con los reportes preliminares.

El episodio recuerda otro asalto registrado semanas antes en Lomas del Mayab.

En aquella ocasión, una cámara captó a varios motociclistas pasando frente a una mujer que se encontraba junto a su vehículo. Tres de ellos regresaron posteriormente, la rodearon y le quitaron la cartera.

Dos presuntos implicados fueron detenidos posteriormente, según los reportes difundidos sobre el caso.

Aunque se trata de hechos distintos, ambos comparten elementos: ocurren rápidamente, utilizan motocicletas para movilizarse y quedan expuestos gracias a sistemas privados de videovigilancia.

La paradoja entre estadísticas y sensación de inseguridad

La difusión de estos videos ocurre mientras las autoridades presentan resultados positivos en otros indicadores de seguridad.

La Secretaría de Seguridad informó recientemente que más de 100 municipios registraban cero homicidios, además de 117 estructuras criminales desarticuladas, más de 5.000 capturas y cerca de 4.000 armas decomisadas.

Pero reducir los homicidios no significa necesariamente que desaparezcan otras formas de criminalidad.

Los robos, asaltos callejeros, extorsiones y hurtos forman parte de la experiencia diaria de seguridad de una población y pueden mantener una elevada percepción de riesgo incluso cuando bajan los asesinatos.

Ese contraste ayuda a explicar por qué un video de pocos segundos puede generar una reacción ciudadana muy distinta a la que sugieren algunos indicadores oficiales.

Las motocicletas están en el centro del problema

La propia Policía reconoce el peso que tiene el robo de automotores en la capital.

Hasta julio, la DPI reportaba haber recuperado 277 vehículos robados durante 2026: 230 motocicletas y 47 automóviles, mediante operaciones desarrolladas principalmente en Tegucigalpa y Comayagüela.

La institución también ha advertido que algunas unidades robadas son modificadas mediante alteraciones de números de motor y chasis para dificultar su identificación y facilitar su comercialización ilegal.

Para un trabajador de delivery, además, perder la motocicleta significa algo más que sufrir un robo: puede representar quedarse sin la herramienta que genera sus ingresos.

Las cámaras se convierten en testigos

Los dos casos muestran además la importancia creciente de la videovigilancia privada.

Las cámaras permiten reconstruir movimientos, vestimenta, vehículos y rutas utilizadas por los sospechosos. En Lomas del Mayab, las imágenes habrían contribuido a seguir la pista de los presuntos asaltantes.

Pero su utilidad comienza después del delito. El reto de seguridad sigue siendo evitar que el asalto ocurra.

Honduras puede exhibir menos homicidios, más capturas o vehículos recuperados y, al mismo tiempo, enfrentar ciudadanos que siguen sintiéndose vulnerables al salir de casa, estacionarse frente a una vivienda o realizar una entrega.

Por eso, la seguridad no se mide únicamente por cuántas personas dejan de morir, sino también por cuántas pueden vivir, trabajar y desplazarse sin miedo a convertirse en la próxima imagen viral de una cámara de vigilancia.

La producción nacional de papa y cebolla enfrenta un nuevo desafío: colocar la cosecha en el mercado hondureño en condiciones que permitan a los agricultores recuperar su inversión y mantener activa una actividad de la que dependen miles de familias.

Productores de ambos cultivos, llevaron sus preocupaciones ante autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, al señalar al contrabando como uno de los principales factores que afectan la comercialización de sus productos.

Los agricultores sostienen que la entrada ilegal de papa y cebolla desde otros países presiona los precios y reduce las oportunidades para la producción nacional, especialmente durante los períodos en que Honduras cuenta con cosecha disponible para abastecer el mercado.

Durante el encuentro con funcionarios de la SAG, los productores plantearon la necesidad de contar con mecanismos que permitan ordenar el mercado y establecer condiciones más equitativas para quienes producen dentro del país.

Reclamo de los productores

Héctor Hernández, productor de papa, destacó la importancia de que el reglamento avance y se convierta en una herramienta para mejorar la comercialización y reducir el impacto del ingreso ilegal de productos.

“El reglamento es importante porque nos generará protección en el proceso de comercialización y ayudará a evitar el contrabando de productos desde otros países”, manifestó.

Para los agricultores, el problema no termina en el campo. Después de invertir en semillas, fertilizantes, mano de obra, riego y otros insumos, deben enfrentarse a un mercado en el que la presencia de producto extranjero que ingresa de manera ilegal puede dificultar la colocación de la cosecha nacional.

La preocupación se concentra especialmente en los períodos en los que existe suficiente producción hondureña para abastecer la demanda interna.

Ante esta situación, las autoridades agrícolas trabajan en una propuesta de reglamento para papa y cebolla.

La intención es establecer reglas que permitan ordenar los procesos relacionados con la producción y comercialización, además de generar mejores condiciones para las cadenas productivas.

El reglamento que prepara la SAG

El planteamiento busca involucrar los diferentes eslabones de la actividad agrícola y avanzar hacia un mercado con reglas más claras, particularmente en un contexto en el que los productores demandan medidas frente al contrabando.

La regulación también podría convertirse en una herramienta para fortalecer la producción nacional y mejorar las condiciones en las que los agricultores llevan sus cosechas hasta los mercados.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, informó que se contempla brindar apoyo con fertilizantes para impulsar la producción durante la presente temporada.

La medida busca contribuir a que los agricultores puedan mantener sus cultivos y aprovechar las condiciones actuales para incrementar la disponibilidad de productos nacionales.

Para los productores, producir más no es suficiente si posteriormente no existen condiciones adecuadas para comercializar la cosecha a precios que permitan cubrir los costos y generar ingresos.

Mercado nacional

De acuerdo con las estimaciones expuestas, Honduras consume entre 78 y 84 contenedores de cebolla cada mes. Si se toma como referencia una carga promedio de 27.000 kilogramos por contenedor, el consumo mensual se sitúa alrededor de 2,2 millones de kilogramos.

Para los productores, una mayor participación de la cosecha hondureña en este mercado permitiría generar más ingresos en las zonas productoras y fortalecer las cadenas que dependen de estos cultivos.

La cebolla, además de formar parte de la dieta habitual de los hogares hondureños, representa una actividad económica para las comunidades donde se concentra su producción. El panorama de la papa muestra la capacidad productiva del país.

Honduras genera aproximadamente 1,3 millones de quintales de papa al año, una producción que permite abastecer una parte del mercado nacional y generar excedentes destinados a países vecinos.

Parte de esta cosecha se comercializa en El Salvador y Nicaragua, lo que convierte a la actividad papera en una fuente de ingresos que trasciende el mercado interno.

La producción se concentra principalmente en zonas agrícolas de Intibucá, Ocotepeque, Francisco Morazán y las partes altas de La Paz, donde las condiciones climáticas y geográficas favorecen el cultivo.

El impacto del contrabando

El ingreso ilegal de productos agrícolas es señalado por los productores como uno de los principales obstáculos para competir en igualdad de condiciones.

Los agricultores argumentan que cuando papa o cebolla ingresan al país sin cumplir con los controles y procedimientos correspondientes, pueden llegar al mercado con una ventaja frente al producto cultivado localmente.

La consecuencia puede reflejarse en una reducción de precios y en mayores dificultades para vender la cosecha hondureña.

El problema adquiere mayor dimensión cuando los productores ya han realizado las inversiones necesarias para cultivar y cosechar, pero encuentran compradores que optan por productos que compiten en el mercado bajo condiciones diferentes.

Por ello, el reglamento que prepara la SAG es visto por los productores como una oportunidad para establecer un marco que permita ordenar la actividad y reforzar los mecanismos de control.

Los agricultores consideran que combatir el contrabando debe ir acompañado de estrategias para aumentar la demanda de productos cultivados en Honduras.

La Policía Nacional lanzó una alerta ante el involucramiento de jóvenes en actividades delictivas en Honduras. Según el director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, la situación refleja la capacidad de las estructuras criminales para captar a nuevas generaciones.

Oseguera Mass señaló que, durante lo que va del año, las autoridades detuvieron a más de mil jóvenes relacionados con distintos delitos. Para el jefe policial, esa cifra constituye un indicio de la dimensión que estaría alcanzando el reclutamiento de menores y jóvenes por parte de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

El director de la Policía sostuvo que enfrentar esta problemática no corresponde únicamente a los cuerpos de seguridad. A su criterio, se requiere una respuesta integral en la que participen las familias, las iglesias y las instituciones gubernamentales encargadas de atender a la niñez, adolescencia y juventud.

La preocupación radica en que el acercamiento de las estructuras criminales hacia los jóvenes puede producirse de manera progresiva, al aprovechar condiciones de vulnerabilidad y entornos con dificultades económicas, violencia, desintegración familiar o falta de oportunidades.

Ante ese escenario, Oseguera Mass consideró necesario que el reclutamiento criminal sea identificado como una situación que requiere una alerta temprana, para que las autoridades y las familias puedan detectar oportunamente los riesgos y dar seguimiento a los jóvenes expuestos.

Alerta temprana y prevención

El funcionario hizo un llamado directo a los padres de familia para que fortalezcan la educación y supervisión de sus hijos, con el propósito de reducir las posibilidades de que sean captados por grupos criminales.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las familias mantengan una participación activa en la formación de niños y jóvenes y puedan identificar cambios de comportamiento o situaciones que representen señales de riesgo.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales constituye un fenómeno que va más allá de la persecución del delito, porque también está relacionado con las condiciones sociales y económicas en las que crecen miles de menores en el país.

En Honduras, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez advirtieron que factores como la pobreza, la violencia y la desintegración familiar pueden aumentar la vulnerabilidad de niños, adolescentes y jóvenes frente a las estructuras criminales.

Esos grupos pueden aprovechar las condiciones de precariedad y falta de oportunidades para acercarse a menores y jóvenes, ofrecerles dinero, protección u otras formas de incentivo e incorporarlos a distintas actividades ilícitas.

Casos documentados por Casa Alianza

Entre junio de 2024 y junio de 2025, el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (ODNNAJ), de Casa Alianza Honduras, identificó 66 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado por estructuras criminales.

La cifra documentada por la organización muestra que el problema afecta directamente a menores de edad y que la captación por parte de grupos criminales puede convertirse en una amenaza para su integridad, desarrollo y permanencia en sus comunidades.

El reclutamiento forzado también está relacionado con otro fenómeno que afecta a numerosas familias hondureñas: el desplazamiento interno provocado por la violencia.

Cuando las estructuras criminales buscan incorporar a menores o jóvenes a sus actividades, las familias pueden verse obligadas a abandonar sus comunidades para proteger a sus hijos.

El rol de familias e instituciones

Frente a este panorama, el llamado de la Policía apunta a fortalecer las acciones preventivas antes de que los jóvenes sean incorporados a estructuras criminales.

La familia ocupa un papel central en esa estrategia, pero la magnitud del fenómeno demanda también la intervención de otros sectores. La participación de las iglesias, centros educativos, instituciones públicas y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez puede contribuir a identificar situaciones de vulnerabilidad y generar alternativas para los jóvenes.

La prevención implica, además, ofrecer espacios seguros, educación, acompañamiento y oportunidades que permitan a niños y adolescentes desarrollar sus capacidades sin quedar expuestos a la influencia de grupos delictivos.

Los resultados de la prueba PISA 2025 volvieron a poner sobre la mesa las profundas brechas educativas que persisten en Centroamérica. La prueba PISA 2025 mostró que Costa Rica obtuvo los mejores resultados de la región entre los países participantes, El Salvador registró avances y Guatemala sufrió una caída en sus indicadores, mientras Honduras no apareció en la evaluación y no cuenta con datos comparables en ciencias, lectura, matemáticas ni resolución computacional.

La ausencia no significa que Honduras haya obtenido una posición determinada ni que haya registrado un descenso en sus resultados. Simplemente, el país no cuenta con datos de PISA 2025 (no participa desde el 2022) que permitan compararlo directamente con sus vecinos.

La situación generó cuestionamientos entre especialistas hondureños, que consideran que las evaluaciones internacionales pueden servir como una herramienta para conocer las fortalezas y debilidades del sistema educativo y contrastar el desempeño nacional con las tendencias internacionales.

Según el informe denominado “Resultados de PISA 2025″ Costa Rica obtuvo 424 puntos en ciencias, 416 en lectura, 387 en matemáticas y 452 en resolución computacional, con lo que registró el mejor desempeño regional en las cuatro áreas evaluadas.

El país también registró una evolución favorable respecto de 2022. En ciencias aumentó 13 puntos, mientras que en lectura avanzó un punto y en matemáticas, tres.

A pesar de esa mejora, Costa Rica todavía se encontró por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), particularmente en matemáticas, donde alcanzó 387 puntos frente a los 463 del promedio de los países de la organización.

El peso de la desigualdad

El Salvador también presentó una tendencia positiva. Alcanzó 385 puntos en ciencias, 366 en lectura, 346 en matemáticas y 401 en resolución computacional. En ciencias, el país mejoró 12 puntos frente a la medición anterior, mientras que avanzó dos puntos en lectura y tres en matemáticas.

Los resultados salvadoreños también revelaron la magnitud del desafío. Alrededor del 61% de sus estudiantes presentó bajo desempeño simultáneamente en ciencias, lectura y matemáticas.

Guatemala obtuvo 351 puntos en ciencias, 337 en lectura, 334 en matemáticas y 369 en resolución computacional.

Más allá de los puntajes, PISA volvió a mostrar el peso de las condiciones socioeconómicas sobre el aprendizaje.

En Guatemala, por ejemplo, el nivel socioeconómico explicó el 17,1% de la variación del rendimiento en ciencias, por encima del promedio de la OCDE, que se situó en 11,6%.

En El Salvador, esta variable explicó el 13,7% de la variación. El indicador reflejó que las condiciones en las que viven los estudiantes tienen una relación importante con sus posibilidades de alcanzar mejores resultados académicos.

Por qué Honduras no apareció

La pregunta tras conocerse los resultados regionales fue qué ocurrió con Honduras.

El país no figuró entre los 91 países y economías participantes en PISA 2025, por lo que no existieron resultados hondureños que pudieran compararse con los obtenidos por Costa Rica, El Salvador o Guatemala.

Por esa razón, no sería correcto afirmar que Honduras ocupó un lugar determinado, que obtuvo una mala calificación o que perdió posiciones en esta edición. Lo que sí quedó establecido es que Honduras no contó con mediciones de PISA 2025, debido a decisiones de gobiernos anteriores y actuales.

Para expertos nacionales, la discusión fue más allá de participar o no en una prueba internacional.

Mario Alas, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, dijo a Infobae que este tipo de evaluaciones permite conocer la situación del sistema educativo y establecer referencias frente a lo que ocurre en otras partes del mundo.

“Estas pruebas implican conocer qué se puede mejorar, cómo estamos con las tendencias globales y la preparación de nuestros niños y jóvenes. Es necesario conocer cómo estamos enseñando y aplicando la enseñanza”, señaló.

Su planteamiento apuntó a que las evaluaciones no deberían ser vistas únicamente como una clasificación entre países, sino como una herramienta para identificar las áreas en las que los sistemas educativos necesitan intervenir.

Cuestionamientos por la no participación

El experto en materia educativa Armando Euceda sostuvo que la decisión de Honduras de no participar en esta edición de PISA impidió contar con una referencia internacional actualizada sobre el estado de los estudiantes hondureños.

“Fue en el gobierno de Libre que se decidió no participar”, afirmó Euceda, así como otros gobiernos y aunque considera que algunos resultados pueden ser previsibles, las mediciones de organismos internacionales permiten conocer con mayor precisión la evolución del sistema educativo.

Para Euceda, el problema educativo hondureño es más profundo y puede observarse en indicadores internos que ya reflejan dificultades en la continuidad y calidad del aprendizaje.

Euceda señaló que uno de los principales problemas aparece en la transición entre la educación primaria y los siguientes niveles.

De acuerdo con los datos citados por el experto, una proporción importante de estudiantes no logra continuar su formación después de concluir el sexto grado, lo que representa una pérdida de oportunidades educativas para los jóvenes.

El especialista relacionó este escenario con el concepto de pobreza de aprendizaje, utilizado para describir la situación de niños que, pese a encontrarse en edad escolar, no cuentan con las capacidades básicas de lectura y comprensión necesarias para desenvolverse adecuadamente.

PISA y los estudiantes de 15 años

Dennis Cáceres, quien funge hoy como subsecretario de Educación, y tuvo participación en el proceso anterior de PISA en Honduras (2022), señalo a Infobae que la evaluación tiene características específicas y está dirigida a estudiantes de aproximadamente 15 años que se encuentran dentro del sistema educativo.

“Yo coordiné el estudio anterior en 2019, yo lo preparé, pero no debe ser una opción de cada gobierno. Todo país está libre de participar siempre que quiera”, manifestó Cáceres.

El exfuncionario también explicó que participar en PISA no consiste únicamente en presentar una solicitud, sino que requiere una estructura técnica y un equipo responsable de desarrollar el proceso.

“En los resultados pasados, donde participó Honduras, PISA evalúa estudiantes de 15 años dentro del sistema y esto responde a este mecanismo”, explicó.

En 2025, más de 760 000 estudiantes, que representan a unos 33 millones de jóvenes de 15 años de 91 países y economías, participaron en la evaluación PISA.

El intento de organizaciones y ciudadanos de los departamentos de Colón y Atlántida para promover un juicio político contra más de 80 diputados del Congreso Nacional no continuará, luego de que la verificación de las firmas presentadas no alcanzó el mínimo establecido por la legislación hondureña.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que la solicitud será archivada debido a que no logró reunir las 3.000 firmas válidas requeridas para que una iniciativa ciudadana pueda avanzar dentro del Poder Legislativo.

La petición había sido presentada con más de 12 mil rúbricas y estaba dirigida contra el presidente del Congreso, el diputado proyectista y los parlamentarios que participaron en la aprobación y firma del dictamen relacionado con la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, así como con proyectos vinculados a los sectores de energía, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas.

De acuerdo con la información proporcionada por Zambrano, el expediente fue remitido al Registro Nacional de las Personas para realizar el proceso de verificación correspondiente, tal como establece la normativa que regula los mecanismos de participación ciudadana.

Verificación de las firmas

El resultado de la revisión estableció una diferencia entre las firmas presentadas por los promotores de la iniciativa y aquellas que pudieron ser corroboradas oficialmente.

De las rúbricas sometidas a cotejo, 1.710 fueron consideradas coincidentes, mientras que 11.281 no coincidieron con los registros utilizados para la verificación.

Zambrano sostuvo que este resultado impide que la solicitud continúe con el procedimiento establecido para este tipo de iniciativas. El titular del Poder Legislativo señaló que, al no alcanzarse las 3.000 firmas válidas exigidas, corresponde a la Secretaría del Congreso Nacional proceder con el archivo de la solicitud ciudadana.

La acción cuestionaba particularmente las actuaciones relacionadas con un dictamen legislativo y las mociones planteadas para reconsideraciones al acta en torno a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

Además, la petición involucraba proyectos relacionados con sectores del país, entre ellos energía, turismo, ganadería y apoyo a pequeños productores agrícolas.

El objetivo de los promotores era que la solicitud superara la etapa de admisibilidad y llegara al pleno del Congreso Nacional para que los diputados conocieran y debatieran la petición.

Qué establece la ley

La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana establece los requisitos que deben cumplir las iniciativas promovidas directamente por ciudadanos para ser admitidas dentro del procedimiento legislativo.

Uno de los pasos consiste en comprobar la autenticidad de las firmas que respaldan la solicitud. Por esa razón, el documento fue enviado al RNP, institución encargada de realizar el cotejo correspondiente y determinar cuántas de las rúbricas presentadas podían ser verificadas.

En este caso, el resultado estuvo por debajo del umbral requerido: de las más de 12 mil firmas entregadas inicialmente, solamente 1.710 fueron confirmadas.

La cifra representa 1.290 firmas válidas menos de las 3.000 necesarias para que la iniciativa pudiera continuar su recorrido en el Congreso. Por ello, según explicó Zambrano, la solicitud no cumple con los requisitos legales y debe ser archivada.

El rechazo de la solicitud en esta etapa significa que los diputados no tendrán que entrar a discutir su admisibilidad en el pleno del Congreso Nacional.

La legislación contempla que una iniciativa ciudadana que sí logre reunir las 3.000 firmas requeridas debe pasar posteriormente a conocimiento y debate de los diputados. Es decir, la verificación de las firmas constituye una etapa previa antes de que el pleno pueda pronunciarse sobre la procedencia de la iniciativa.

En el caso presentado por ciudadanos y organizaciones de Colón y Atlántida, el procedimiento quedó detenido en esa fase, debido a que el RNP no validó el número de rúbricas necesario.

El proceso no llegó al pleno

Incluso si una iniciativa ciudadana logra superar la etapa de admisibilidad y llega al debate del pleno, la aprobación de un juicio político requiere una mayoría calificada.

El Congreso Nacional está integrado por 128 diputados, por lo que se necesitan 86 votos para aprobar un juicio político.

Esto significa que la presentación de una iniciativa ciudadana no implica automáticamente que un funcionario o diputado sea sometido a juicio político. Primero debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley, superar el proceso de admisibilidad y posteriormente obtener el respaldo requerido dentro del pleno legislativo.

Tras conocer el informe del Registro Nacional de las Personas, Zambrano comunicó que la solicitud no reúne las condiciones establecidas en la legislación y que, por tanto, se instruyó a la Secretaría del Congreso Nacional para que proceda con su archivo.

Kervin Arriaga debutó en la Champions League con el AEK Atenas en la victoria por 1-0 ante LASK y se convirtió en el octavo futbolista hondureño que disputa la principal competencia de clubes de Europa, un hito que amplía la reducida lista de jugadores del país que llegaron a ese escenario.

El ingreso del mediocampista se produjo al minuto 90, cuando el equipo griego ya defendía la ventaja construida con el gol de Răzvan Marin a los 21 minutos. La aparición fue breve, pero le permitió sumar sus primeros instantes en el torneo y quedar incorporado a un registro histórico reservado para siete compatriotas antes que él.

Arriaga, nacido el 5 de enero de 1998 en Puerto Cortés, Honduras, actúa principalmente como mediocampista defensivo o pivote. Mide 1,91 metros y su juego se distingue por la potencia del remate de larga distancia, una característica asociada a un apodo que lo acompaña desde sus primeros años.

Arriaga se sumó a una lista de siete hondureños que ya habían jugado el torneo

Antes del estreno del volante en la competencia europea, el primer hondureño en participar había sido José “La Coneja” Cardona con el Atlético de Madrid en la temporada 1966-1967. Después aparecieron David Suazo, Luis Ramos, Wilson Palacios, Emilio Izaguirre, Andy Najar y Luis Palma.

Ese recorrido ubica a Arriaga dentro de una secuencia muy poco frecuente para el fútbol hondureño. Su presencia en el torneo no solo marca un avance personal, sino también una nueva referencia para los jugadores del país que lograron establecerse fuera de Centroamérica.

La respuesta a la pregunta central es directa: Kervin Arriaga ya forma parte de la historia del fútbol hondureño porque es el octavo jugador de su país en disputar la Champions League. Lo consiguió con AEK Atenas, en el arranque del club griego en el torneo.

Una fractura a los 11 años puso en riesgo su pie derecho

La carrera de Arriaga estuvo cerca de interrumpirse en la infancia. Cuando tenía 11 años sufrió una fractura grave mientras jugaba con jóvenes mayores en Tulián Campo, en Puerto Cortés.

La lesión fue de tal magnitud que los médicos advirtieron a su madre que debían operarlo de emergencia o existía el riesgo de que perdiera el pie derecho. La cirugía resultó exitosa y pudo continuar vinculado al fútbol.

El sobrenombre “Misilito” proviene de su padrastro, conocido como “Misil”. Con el tiempo, el apodo se afianzó por la fuerza de sus disparos en tiros libres y en balones en movimiento.

Su recorrido profesional comenzó en Platense F. C., donde debutó entre 2017 y 2019 en la Liga Nacional de Honduras. Entre 2019 y 2021 pasó a C. D. Marathón, etapa en la que elevó su rendimiento y se consolidó como uno de los volantes más reconocidos del país.

En 2022 dio el salto al exterior con Minnesota United F. C. en la MLS de Estados Unidos, donde se afirmó rápidamente como titular. Más tarde jugó en Partizán de Belgrado entre 2024 y 2025, en su primera experiencia europea, en una etapa atravesada por reclamos por derechos laborales ante impagos en el club.

Su paso por el fútbol español incluyó a Real Zaragoza y Levante U. D. entre 2025 y 2026. En ese tramo disputó 28 partidos, marcó 3 goles y ganó reconocimiento por su despliegue en el campo.

En agosto de 2026 llegó al club griego, que pagó cerca de 5 millones de euros por su traspaso y le firmó un contrato a largo plazo. Pocas semanas después, ese movimiento desembocó en el estreno que lo instaló entre los hondureños que alcanzaron la gran vitrina europea.

La crisis provocada por los eventos climáticos en Honduras vuelve a poner al país frente a uno de sus mayores desafíos: garantizar alimentos, agua y medios de vida para las familias que dependen directamente de la agricultura.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que mantiene acciones de asistencia en zonas afectadas por la sequía y trabaja junto al Gobierno en medidas para atender la emergencia y reducir la vulnerabilidad del país a futuro.

El coordinador residente de la ONU en Honduras, Alejandro Álvarez, explicó que los efectos de la variabilidad climática representan una preocupación permanente para el país, debido a la recurrencia de períodos de sequía y temporadas ciclónicas que pueden afectar la producción de alimentos y las condiciones de vida de miles de familias.

Álvarez señaló que la situación obliga a pensar en soluciones que trasciendan la atención de las emergencias y permitan al país contar con mejores mecanismos para anticiparse y responder a nuevos fenómenos climáticos.

Riesgo y seguridad alimentaria

Para el representante de Naciones Unidas, Honduras necesita avanzar hacia una estrategia de mayor alcance que permita enfrentar de manera más efectiva los impactos derivados del clima.

Entre las prioridades identificadas se encuentran el fortalecimiento de la gestión del riesgo, una política de seguridad alimentaria más sólida y una mejor administración de los recursos hídricos.

“Estábamos viendo cómo poder encarar esto de una forma más sobre el largo plazo: tener una mejor gestión del riesgo, tener un plan de seguridad alimentaria más robusto, también temas ligados a la gestión del agua”, explicó Álvarez.

El funcionario remarcó que estos asuntos forman parte de las áreas en las que el Gobierno hondureño trabaja y en las que Naciones Unidas mantiene disposición para brindar acompañamiento técnico y apoyo.

La preocupación adquiere especial relevancia porque los períodos prolongados de falta de lluvias pueden afectar los cultivos, reducir la disponibilidad de agua y deteriorar las condiciones económicas de los productores, particularmente de quienes dependen de la agricultura para garantizar los ingresos y alimentos de sus hogares.

Mientras se analizan medidas de largo plazo, los organismos de Naciones Unidas ya desarrollan acciones en diferentes municipios que han sufrido las consecuencias de la sequía.

Álvarez detalló que la asistencia contempla varios frentes, ya que el impacto de la emergencia no se limita a la pérdida o reducción de cultivos.

Asistencia en municipios afectados

Entre las acciones se encuentra la entrega de alimentos a familias que enfrentan dificultades, además del respaldo a productores mediante semillas y sistemas de riego que permitan mantener o recuperar sus actividades agrícolas.

La intervención también incluye componentes relacionados con la salud, el acceso al agua y la nutrición, sectores que pueden verse afectados cuando las condiciones climáticas adversas se prolongan.

“Estamos ya activos en varios de los municipios afectados por la sequía, también en otros municipios y la ayuda ha consistido en entrega de alimentos, también en apoyo a algunos productores con semillas, con sistemas de riego”, manifestó el coordinador residente.

A estos esfuerzos se suman acciones destinadas a fortalecer los servicios de salud en las comunidades afectadas, incluido apoyo a centros asistenciales y suministro de medicamentos.

De acuerdo con Álvarez, el acceso al agua y la atención nutricional también forman parte de las intervenciones que Naciones Unidas desarrolla en las zonas donde las condiciones climáticas han generado mayores necesidades.

Por esa razón, la ONU considera que la gestión del agua debe incorporarse a una estrategia nacional que permita reducir la exposición de la población a futuras emergencias climáticas.

El planteamiento apunta a que las respuestas no se concentren exclusivamente en entregar ayuda cuando ocurre una emergencia, sino también en desarrollar mecanismos de prevención, adaptación y preparación para enfrentar nuevos períodos de condiciones climáticas adversas.

Álvarez indicó que actualmente no existe certeza sobre cuándo terminará la sequía, por lo que las instituciones deben mantenerse atentas al comportamiento del clima y concentrar sus esfuerzos en medidas de mitigación y respuesta.

En el marco de estos esfuerzos también se destacó la visita a Honduras de Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), quien llegó al país para conocer de primera mano las prioridades nacionales en materia de seguridad alimentaria y asistencia humanitaria.

Savelli sostuvo un encuentro con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación y el acompañamiento del organismo internacional al país.

La funcionaria señaló que el encuentro con el mandatario hondureño permitió conocer directamente las principales necesidades y prioridades del país.

El acercamiento entre el Gobierno y el PMA se produce en un contexto en el que la seguridad alimentaria continúa siendo uno de los temas prioritarios, especialmente en las comunidades cuya producción y disponibilidad de alimentos han sido afectadas por las condiciones climáticas.

La posibilidad de que Honduras adopte una segunda vuelta electoral para elegir presidente volvió al centro del debate político.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, fue directo: “Si hay 86 votos, va a haber segunda vuelta; si no hay 86 votos, no hay segunda vuelta”.

La frase resume el principal desafío inmediato, pero no todo el proceso. La segunda vuelta requeriría reformar la Constitución, porque el sistema actual define la elección presidencial bajo una lógica de mayoría simple.

Y el artículo 373 establece que cualquier reforma constitucional necesita el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los diputados, es decir, 86 votos, y posteriormente debe ser ratificada por la siguiente legislatura ordinaria con la misma mayoría.

No basta con ganar una votación

Ese detalle cambia por completo la dimensión política del debate.

Incluso si 86 diputados aprobaran la segunda vuelta este año, la reforma no entraría automáticamente en vigencia.

Tendría que sobrevivir también a la siguiente legislatura.

En otras palabras, no se necesita únicamente un acuerdo coyuntural entre bancadas: se requiere un consenso suficientemente amplio como para mantenerse en el tiempo.

Esa exigencia explica por qué distintos actores han advertido que el balotaje enfrenta un camino mucho más difícil que otras reformas electorales ordinarias.

La tercera fuerza podría convertirse en árbitro

Rivera ha planteado además una reserva política sobre el modelo.

Su argumento es que Honduras tiene tres fuerzas con capacidad real de competir por la Presidencia, por lo que en una eventual segunda vuelta el partido que termine tercero podría adquirir un peso decisivo.

El escenario sería sencillo: si ningún candidato alcanza el umbral que establezca la reforma, los dos primeros pasarían a una segunda ronda y el tercero podría terminar convirtiéndose en pieza clave para inclinar la elección mediante alianzas o apoyos.

Eso cambiaría profundamente la dinámica electoral.

Hoy un candidato puede convertirse en presidente aunque obtenga menos de la mitad de los votos válidos, siempre que tenga más que sus adversarios.

Con una segunda vuelta, ganar la primera ronda podría dejar de ser suficiente.

El Congreso también discute cambios que podrían tener un impacto más inmediato sobre la forma en que se administran las elecciones.

Uno de los temas considerados prioritarios es la “ciudadanización” de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

La propuesta busca sustituir a secretarios y escrutadores vinculados a partidos políticos por ciudadanos independientes escogidos mediante sorteo, mientras los representantes partidarios conservarían otros espacios dentro de las mesas.

Rivera ha planteado reemplazar alrededor de 18.000 secretarios partidarios por ciudadanos provenientes de la sociedad civil, bajo el argumento de que quien representa a un partido no debería ser al mismo tiempo responsable de completar o transmitir el acta electoral.

Un solo dictamen para varias propuestas

La Comisión de Asuntos Electorales pretende reunir las distintas iniciativas en un único documento.

El PNUD y organizaciones de sociedad civil entregarán su propuesta el 21 de septiembre, y posteriormente comenzarán reuniones con las fuerzas políticas. La expectativa es tener un dictamen consolidado durante octubre.

Entre las propuestas también aparecen cambios al funcionamiento del CNE, transmisión de resultados, escrutinios especiales e incluso ideas sobre elecciones de medio término.

La segunda vuelta podría modificar quién gana una elección.

Pero otras reformas pueden definir algo igualmente importante: quién controla las mesas, quién llena las actas y cómo llegan los resultados al centro de cómputo.

Por eso, el debate electoral de Honduras no se reduce al balotaje.

La discusión de fondo es cómo construir un sistema en el que el resultado presidencial tenga mayor legitimidad, pero también en el que los partidos dejen de ser juez y parte en algunos de los momentos más sensibles del conteo electoral.

Honduras volvió a registrar muertes por tosferina en menores de edad y las cifras comienzan a mostrar con claridad dónde está concentrándose el mayor riesgo: los bebés que todavía no tienen edad suficiente para iniciar su esquema de vacunación.

La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Odalys García, confirmó este martes dos nuevos fallecimientos, correspondientes a menores de Francisco Morazán y Colón.

Con esos casos, el país acumula 250 contagios confirmados y 19 muertes por tosferina en lo que va de 2026, frente a siete fallecimientos registrados durante todo 2025.

Los dos últimos fallecidos no podían vacunarse todavía

Uno de los nuevos casos correspondía a un bebé de dos meses y el otro a uno de apenas 40 días.

De acuerdo con García, ambos menores no habían recibido la vacuna porque todavía no les correspondía por edad.

En los primeros meses de vida, los bebés dependen en gran medida de la protección que pueden recibir a través de la vacunación materna durante el embarazo, antes de iniciar posteriormente su propio esquema.

Por eso, Salud insiste en que vacunar a la madre durante la gestación no solo protege a la mujer, sino también al recién nacido durante una de sus etapas más vulnerables.

Once de las 19 víctimas tenían menos de dos meses

Las cifras divulgadas por Sesal muestran una concentración preocupante.

De los 19 fallecidos, 11 eran menores de dos meses, es decir, todavía no habían alcanzado la edad requerida para recibir la primera dosis de la vacuna correspondiente dentro del esquema nacional.

Además, en 12 de los 19 casos, las madres no habían recibido la vacuna durante el embarazo.

Eso convierte la cobertura materna en uno de los principales puntos débiles de la respuesta sanitaria.

Cobertura por debajo del 70%

García reconoció que la cobertura de vacunación continúa baja.

Según explicó, Honduras no alcanza siquiera el 70% de cobertura entre mujeres embarazadas, y tampoco llega a ese nivel en ninguna de las 24 vacunas incluidas dentro del esquema nacional.

Más allá de la cifra puntual de tosferina, ese dato plantea un problema mayor.

Cuando una cobertura de inmunización disminuye, aumenta el número de personas susceptibles y con ello la posibilidad de que enfermedades prevenibles encuentren más espacio para circular.

En el caso de la tosferina, el peligro es especialmente alto para recién nacidos y lactantes pequeños.

La tosferina es una infección respiratoria que puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado, pero posteriormente provocar ataques intensos de tos.

En bebés pequeños, la evolución puede ser más grave porque su sistema inmunológico todavía está en desarrollo y las complicaciones pueden aparecer rápidamente.

Por eso, la prevención no depende únicamente de reaccionar cuando un niño enferma.

También pasa por mantener altas coberturas de vacunación, identificar casos a tiempo y reforzar la protección de embarazadas y recién nacidos.

2026 ya supera con amplitud las muertes de 2025

La comparación con el año anterior es significativa. Honduras cerró 2025 con siete muertes por tosferina.

En 2026 ya contabiliza 19. Eso significa que el número de fallecimientos es casi tres veces mayor, aun cuando todavía no ha terminado el año.

El incremento obliga a observar no solo cuántos casos se confirman, sino quiénes están muriendo y por qué.

Los datos de Sesal apuntan a un patrón claro: los más pequeños están pagando el costo más alto de una cobertura de vacunación insuficiente.

El Gobierno de Honduras hizo una de sus admisiones más directas sobre el alcance territorial de las maras y pandillas.

El viceministro de Seguridad para Asuntos Policiales, Rommel Martínez, reconoció que existen zonas donde estas organizaciones mantienen una presencia capaz de superar, en determinados momentos, la capacidad de cobertura de la Policía Nacional.

“Las maras y pandillas tienen una presencia territorial donde hasta cierto punto le lleva ventaja a las limitantes que tiene la Policía Nacional de omnipresencia”, expresó el funcionario.

La declaración surgió al analizar el desplazamiento de varias familias de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, que abandonaron sus viviendas tras recibir amenazas atribuidas a estructuras criminales.

Cuando el Estado ayuda a salir, pero no evita que la familia huya

El caso de Villa Nueva abrió una discusión incómoda para las autoridades.

Martínez reconoció que agentes policiales acompañaron a las familias mientras retiraban sus pertenencias, pero cuestionó que la respuesta se concentrara en facilitar su salida en lugar de impedir que los delincuentes consiguieran expulsarlas.

Según el viceministro, esa actuación obligará a una “reconfiguración operativa”.

El problema es más profundo que un protocolo policial.

Cuando una familia abandona una vivienda por amenazas, la estructura criminal no solamente intimida a una persona: termina imponiendo quién puede vivir en determinado territorio.

Ese es uno de los efectos más graves del desplazamiento forzado interno.

Violencia, miedo y ausencia de denuncias

Martínez admitió que en algunas zonas las pandillas ejercen “violencia sistemática” y cometen delitos con impunidad.

También señaló otra dificultad: llevar a los responsables ante un tribunal cuando las propias víctimas temen testificar.

Ese silencio puede convertirse en una ventaja para las estructuras.

Sin denuncia, testigos o evidencia suficiente, una captura puede resultar más difícil de sostener judicialmente. Y si la familia amenazada ya abandonó el sector, el grupo criminal puede conservar su influencia pese a que aumenten temporalmente los patrullajes.

El funcionario agregó que Honduras cuenta con una de las fuerzas policiales más reducidas de Centroamérica en proporción a su población, lo que limita la posibilidad de mantener presencia permanente en todas las zonas vulnerables.

Seguridad dice tener identificadas 140 estructuras

El viceministro aseguró que las autoridades tienen identificadas al menos 140 estructuras criminales vinculadas con actividades delictivas y que parte de ellas pertenece a maras y pandillas.

También señaló que la Policía se encuentra preparada para realizar una ofensiva mayor si se completa el procedimiento legal para declarar formalmente como terroristas a estas organizaciones.

Martínez sostuvo que, si ese paso ocurre antes de diciembre, las autoridades podrían detener y mantener en prisión a al menos 1.000 integrantes.

La afirmación, sin embargo, plantea una pregunta jurídica importante: una declaración política o legal no sustituye la necesidad de probar individualmente la participación de cada detenido en delitos concretos y garantizar el debido proceso.

Más de 423.000 desplazados, según estudio citado por ACNUR

La representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, calificó como preocupante lo ocurrido en Villa Nueva y señaló que este tipo de desplazamientos no constituye un fenómeno aislado.

Según un estudio citado por la funcionaria, más de 423.000 personas han enfrentado desplazamiento en Honduras, de las cuales 55% serían mujeres y 21% menores de 18 años.

La cifra expone una dimensión de la inseguridad que no siempre aparece en las estadísticas de homicidios.

Una comunidad puede registrar menos asesinatos y, aun así, continuar bajo el dominio del miedo, la extorsión o las amenazas.

Por eso, recuperar territorialmente un barrio exige algo más que ingresar con patrullas.

El verdadero reto será demostrar que las familias pueden quedarse, regresar a sus casas y denunciar sin que hacerlo se convierta en una sentencia de muerte.

Estados Unidos aprobó una operación por US$10 millones, aproximadamente L268,5 millones, destinada a ampliar el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas hondureñas.

Pero el dinero no será entregado directamente al Gobierno de Honduras.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) aprobó el préstamo a MiCrédito, financiera que opera en Honduras desde 2023 y que será la encargada de canalizar los recursos hacia pequeños empresarios.

La operación fue formalizada este 8 de septiembre en Washington durante una ceremonia entre representantes de la DFC y MiCrédito.

La mitad del dinero tendrá un objetivo específico

Uno de los detalles más importantes del acuerdo es que al menos 50% del financiamiento deberá utilizarse para respaldar el comercio entre Estados Unidos y Honduras.

Eso significa que unos US$5 millones, alrededor de L134,25 millones, estarán vinculados a la adquisición de productos o servicios estadounidenses.

Entre los bienes mencionados figuran tractores, equipos de cosecha, sistemas de irrigación y bombeo, así como fertilizantes comercializados por empresas de Estados Unidos.

La lógica es doble: facilitar crédito a pequeños negocios hondureños y, al mismo tiempo, fortalecer las cadenas comerciales estadounidenses.

¿Quién puede beneficiarse?

MiCrédito trabaja principalmente con micro y pequeños empresarios de sectores como comercio, servicios y actividad agropecuaria.

La financiera reporta más de 15.200 clientes de crédito y 26 sucursales en Honduras, según la información divulgada durante el anuncio.

Eso no significa que los US$10 millones serán repartidos directamente entre 15.200 personas.

La institución deberá convertir esa línea de financiamiento en nuevos préstamos sujetos a sus propias políticas de crédito, análisis de riesgo, tasas y condiciones.

Ese será uno de los puntos que determinará el impacto real del acuerdo: cuánto costará finalmente ese financiamiento para el pequeño empresario hondureño.

La operación llega en medio de un contexto complicado para muchas mipymes.

Durante 2026 distintos sectores empresariales han advertido sobre costos elevados de electricidad, alquileres, insumos y financiamiento, factores que reducen márgenes y dificultan inversiones.

El acceso al crédito es especialmente sensible para pequeños negocios porque suelen tener menos garantías, historial financiero más reducido o mayores dificultades para obtener préstamos en condiciones competitivas.

La CNBS mantiene precisamente la inclusión financiera como uno de los ejes para ampliar el acceso de personas y empresas a servicios formales.

Agricultura y sequía entran en la ecuación

El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, vinculó el acuerdo con la necesidad de estimular empleo privado en un momento en que la sequía está afectando diversas comunidades y actividades productivas.

Ese componente es especialmente relevante para productores que podrían requerir financiamiento para sistemas de irrigación, bombeo o maquinaria agrícola.

MiCrédito ofrece precisamente productos destinados a negocios y actividad agrícola dentro de su cartera hondureña.

La naturaleza de la operación también debe quedar clara. Los US$10 millones no constituyen una donación ni un subsidio directo para las mipymes.

Es financiamiento que llega a través de una institución privada y que posteriormente será colocado mediante créditos.

Por eso, el éxito no se medirá únicamente por cuánto dinero desembolse la DFC.

Habrá que observar cuántos pequeños negocios logran acceder, a qué tasas, para qué inversiones y si esos préstamos realmente se traducen en empleo y mayor producción.

Para Washington, además, la operación tiene otro resultado buscado: que parte de ese crecimiento hondureño también compre bienes estadounidenses.

El presidente Nasry Asfura endureció este martes su respuesta frente a los reclamos del personal médico y defendió la velocidad con la que su Gobierno intenta resolver problemas acumulados en el sistema sanitario hondureño.

“Me están juzgando como que si tengo una varita mágica en la mano”, reclamó el mandatario al ser consultado sobre las críticas de médicos que mantienen acciones de presión por pagos pendientes.

Asfura sostuvo que los problemas de la Secretaría de Salud “vienen de hace décadas” y rechazó que pueda exigirse a una administración de pocos meses resolverlos de manera inmediata.

Pero al mismo tiempo lanzó un cuestionamiento directo a las asambleas informativas.

“Si los médicos están en asambleas informativas y no ven pacientes, ¿cómo recuperamos ese tiempo y esa salud? La salud no es retroactiva”, manifestó.

El paciente queda en medio del conflicto

La frase resume el principal argumento del Ejecutivo: aunque los trabajadores tengan reclamos pendientes, suspender consultas afecta a pacientes que no pueden recuperar posteriormente una cita, procedimiento o tratamiento perdido.

Asfura insistió en que no considera enemigos a los médicos y pidió trabajar conjuntamente para cumplir los acuerdos laborales.

Según el mandatario, alrededor de 30.000 trabajadores se encuentran contemplados dentro de compromisos pendientes del sector.

El conflicto plantea, sin embargo, una tensión difícil de resolver: el Gobierno exige continuidad en la atención mientras el gremio reclama que también se respeten obligaciones laborales acumuladas.

Asfura asumió directamente el control de Salud

El mandatario, quien también asumió funciones al frente de la Secretaría de Salud, aseguró que está interviniendo directamente en la administración para mejorar abastecimiento y funcionamiento hospitalario.

Sostuvo que los medicamentos adquiridos ya están llegando a los establecimientos y que los materiales quirúrgicos tendrán entregas durante esta semana y la próxima.

También mencionó caravanas médicas hacia comunidades y la apertura de 46 nuevas plazas para especialistas.

Su argumento es que los resultados deben medirse a lo largo de toda la administración.

“Todavía tengo más de 40 meses”, recordó al defender el tiempo disponible para demostrar avances.

Más de L420 millones ya pagados, pero quedan obligaciones superiores a L1.000 millones

Asfura también presentó cifras para responder a los cuestionamientos.

Según explicó, más de 380 jubilados y exempleados ya recibieron pagos superiores a L420 millones, aproximadamente US$15,64 millones.

Sin embargo, todavía existen alrededor de 800 personas pendientes, con obligaciones que superarían los L1.000 millones, unos US$37,25 millones.

El mandatario indicó además que más del 73% de los pagos correspondientes al 31 de julio ya había sido cancelado hasta la mañana de este martes, incluyendo ajustes vinculados con inflación y antigüedad.

Las cifras muestran tanto el avance que intenta destacar el Gobierno como la magnitud de los compromisos todavía pendientes.

El argumento de que los problemas vienen de administraciones anteriores es frecuente cuando un Gobierno enfrenta sistemas deteriorados.

Pero asumir una institución también significa asumir sus obligaciones pendientes.

Ahí está precisamente el desafío político para Asfura: puede señalar que no creó todos los problemas del sistema, pero sí tiene ahora la responsabilidad de administrarlos y resolverlos.

El presidente pide tiempo, los médicos piden pagos y los pacientes necesitan atención ahora.

Por eso, más allá de quién tenga razón en la disputa pública, el verdadero indicador será otro: si hospitales y centros de salud pueden seguir funcionando mientras Gobierno y trabajadores terminan de resolver una deuda acumulada durante años.

La Federación de Fútbol de Honduras decidió separar a Orlando López de la selección sub-20, publicó el diario Diez, después de la eliminación en el Premundial de la Concacaf, un resultado que dejó al equipo sin Mundial de la categoría en Azerbaiyán y sin opción de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras la dirigencia reordena todo el trabajo de selecciones menores bajo una metodología única.

La decisión, confirmada hace varias semanas al entrenador hondureño, se inscribe en un cambio más amplio dentro de la estructura deportiva que encabeza Francis Hernández.

Según la información difundida por la Federación, la búsqueda del nuevo seleccionador ya está en marcha y la principal pista apunta a un entrenador de España.

El corte con López llegó tras un torneo en México en el que Honduras evidenció debilidades ante Jamaica, Canadá y Panamá, los tres rivales con los que compartió grupo. La eliminación impidió acceder tanto al Mundial sub-20 de este año como al ciclo olímpico que desemboca en Los Ángeles.

La FFH busca un entrenador alineado con una metodología común

La salida no obedeció solo al resultado deportivo. La Federación entiende que el perfil del técnico no encaja con la visión que intenta instalar la conducción actual, orientada a conectar a todas las selecciones nacionales con una sola filosofía de juego desde las categorías inferiores.

Ese modelo, de acuerdo con la explicación oficial, toma como referencia la estructura de la Real Federación Española de Fútbol. La idea es que las selecciones catrachas trabajen bajo una metodología común, en un esquema en el que ya fueron nombrados entrenadores para varias divisiones formativas.

En ese marco, Hernández también planteó que la evaluación del proyecto no se limita al marcador inmediato. El director deportivo sostuvo que la prioridad pasa por construir una estructura que, con el tiempo, deje beneficios para la FFH, aun cuando el primer gran objetivo ya se perdió.

El paso de López terminó tras un proceso iniciado en mayo de 2025

López había asumido la sub-20 en mayo de 2025 para reemplazar al hondureño Israel Canales. Su ciclo concluyó en septiembre de 2026, luego de no conseguir los boletos internacionales en el Premundial de la Concacaf.

Antes de llegar al seleccionado juvenil, el entrenador se hizo conocido en 2024 al frente de Lobos UPNFM, cuando logró salvar al club del descenso en una serie de partidos decisivos. Su recorrido también incluye experiencias en equipos de la Segunda División de Honduras.

Su formación combina trabajo en el fútbol base y en la primera división con capacitación en Europa. Realizó estudios especializados en Alemania y cuenta con Licencia A y Licencia Pro, esta última avalada por la federación española.

La reestructuración del fútbol hondureño tiene su siguiente examen a fines de septiembre, cuando la selección mayor inicie su participación oficial en la Nations League. Honduras afrontará cuatro partidos con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y pelear por un lugar en el Final Four de Concacaf.

Aunque las lluvias han regresado a distintas regiones del país durante las últimas semanas, las autoridades consideran que las precipitaciones registradas hasta ahora no son suficientes para afirmar que la emergencia ha quedado atrás.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene algún nivel de alertamiento en 234 municipios, lo que representa cerca del 80 % del territorio hondureño. Dentro de este grupo, 103 municipios permanecen en Alerta Roja, debido a la gravedad de los efectos asociados al déficit de lluvias.

La cantidad de población que permanece expuesta refleja la dimensión de una emergencia que trasciende el ámbito agrícola. La falta prolongada de precipitaciones también afecta las fuentes de agua de las comunidades y aumenta el riesgo de dificultades para garantizar la alimentación de las familias.

El ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, explicó que la institución mantiene un seguimiento permanente de las condiciones en cada municipio para determinar si la situación mejora o se agrava.

Entre los elementos que se toman en cuenta están los días acumulados sin precipitaciones, la cantidad de lluvia registrada y el déficit existente en cada territorio. También se revisa el estado de las fuentes de agua, el comportamiento de la producción agrícola y las condiciones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Uno de los principales retos para las autoridades es determinar si las lluvias recientes representan un cambio real en las condiciones climáticas o solamente una mejoría temporal.

Sánchez señaló que las precipitaciones no han tenido el mismo comportamiento en todo el país. Mientras algunas comunidades han recibido cantidades de lluvia que han permitido observar cambios en sus fuentes de agua, otras continúan enfrentando condiciones de sequedad.

Durante recorridos por zonas afectadas, el funcionario encontró ríos que habían quedado completamente secos y que, después de las lluvias, comenzaron a recuperar pequeños caudales. Sin embargo, este tipo de recuperación todavía no es suficiente para considerar restablecidas las condiciones normales.

Por esa razón, los 5.6 millones de hondureños que residen en los municipios bajo alerta continúan expuestos a los efectos de la emergencia.

Las próximas semanas serán importantes para conocer la evolución de la situación. Las autoridades tienen especial atención en la segunda mitad de septiembre, debido a que este período puede resultar determinante para los productores que dependen de las lluvias para la cosecha de postrera.

Una temporada favorable de precipitaciones permitiría mejorar las condiciones para los cultivos y reducir parte de la presión que actualmente existe sobre la producción de alimentos.

Sin embargo, Copeco mantiene una posición cautelosa frente al comportamiento climático de los siguientes meses. De acuerdo con las previsiones mencionadas por Sánchez, noviembre podría continuar presentando dificultades, por lo que el monitoreo de la situación se contempla incluso hasta marzo de 2027.

Esto significa que, aun cuando las lluvias de septiembre puedan generar alivio en algunas zonas, la emergencia no necesariamente desaparecerá de inmediato.

Mientras las autoridades esperan una recuperación de las condiciones, algunas de las comunidades más afectadas ya requieren asistencia directa.

Actualmente, 37 municipios reciben ayuda alimentaria como parte de una respuesta coordinada entre Copeco, la Secretaría de Desarrollo Social, agencias de Naciones Unidas y la Red Humanitaria.

La respuesta no se limita al suministro de comida. Las instituciones también trabajan en acciones preventivas de salud ante posibles enfermedades relacionadas con las condiciones que puede generar una sequía prolongada.

El panorama mantiene en alerta a las autoridades porque la recuperación de las fuentes de agua y de la producción agrícola puede requerir más tiempo que el regreso de las precipitaciones.

Para que la situación comience a normalizarse será necesario que las lluvias sean suficientemente constantes para recuperar los niveles de agua y permitir que los productores retomen sus actividades con menor riesgo.

Por ahora, la cifra de 5.6 millones de hondureños que viven en municipios bajo algún nivel de alerta evidencia que el impacto de la sequía continúa siendo amplio.

Con 234 municipios bajo vigilancia, 103 de ellos en Alerta Roja y asistencia alimentaria desplegada en 37 localidades, las autoridades mantienen activa la respuesta mientras esperan que las próximas semanas definan si Honduras avanza hacia una recuperación o si la falta de agua seguirá representando una amenaza durante los próximos meses.

La llama centroamericana ya se encuentra en territorio hondureño y fue recibida en el puesto fronterizo de El Amatillo, tras su traslado desde El Salvador, para iniciar una ruta por distintos puntos del país antes de continuar hacia Nicaragua.

El recorrido se desarrolla en los días previos al 15 de septiembre y contará con la participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas. La tradición establece que la antorcha sea trasladada por distintos grupos a medida que avanza por las comunidades ubicadas en la ruta.

Después de su ingreso por Valle, la llama continuará hacia el departamento de La Paz y luego llegará a Comayagua. Desde allí, el martes 8 de septiembre está previsto que avance hacia Francisco Morazán.

Recorrido por Honduras

La ruta continuará el miércoles 9 de septiembre hacia El Paraíso, donde se desarrollarán las actividades correspondientes antes del tramo final hacia la frontera de Las Manos.

El jueves 10 de septiembre, las autoridades de Educación de Honduras entregarán oficialmente la antorcha a representantes de Nicaragua, con lo que concluirá el recorrido de la llama por territorio hondureño.

La actividad forma parte de las conmemoraciones por los 205 años de independencia de Centroamérica y mantiene una tradición que cada año conecta a los países de la región mediante el traslado de la antorcha entre las fronteras.

La recepción en El Amatillo estuvo encabezada por la secretaria de Educación, Arely Argueta, quien recibió la llama de manos de representantes de El Salvador.

Durante el acto, la funcionaria destacó la relación entre ambos países y llamó a mantener el carácter cívico de la actividad, especialmente por la participación de los estudiantes que estarán involucrados en los diferentes tramos del recorrido.

“Hoy, en esta gran celebración, una fiesta cívica que nos llama a unir nuestros lazos de amistad con nuestro país vecino, El Salvador”, manifestó Argueta.

La secretaria de Educación también resaltó la participación de niños y jóvenes en el traslado de la antorcha y pidió mantener el respeto hacia los símbolos patrios durante las actividades.

Una tradición regional

El paso por Honduras constituye uno de los tramos de la ruta regional de la Antorcha Centroamericana, cuyo significado está relacionado con la paz, la libertad, la democracia y los vínculos históricos entre los países de la región.

La presencia de la antorcha en Honduras coincide con el inicio de las actividades más visibles relacionadas con las celebraciones de independencia, que tendrán su punto central el 15 de septiembre.

La tradición de la Antorcha Centroamericana está vinculada a las celebraciones de independencia de los países de la región y simboliza el vínculo histórico surgido del proceso independentista de 1821, cuando las provincias de Centroamérica dejaron de formar parte del dominio español.

Su recorrido entre fronteras busca recordar que, pese a la posterior conformación de los actuales Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los pueblos centroamericanos comparten una historia política y cultural estrechamente relacionada.

La llama se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales símbolos de las actividades patrias de septiembre, especialmente por la participación de estudiantes, quienes cada año acompañan su traslado por carreteras y comunidades hasta llevarla de un país a otro.

De esta manera, el recorrido que actualmente atraviesa Honduras no solo forma parte del calendario de celebraciones por la independencia, sino que también mantiene presente el vínculo regional que se originó hace más de dos siglos y que continúa expresándose mediante esta tradición cívica.

La situación hídrica de Tegucigalpa y Comayagüela atraviesa un escenario delicado. El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) formalizaron la declaratoria por el déficit acumulado de precipitaciones.

La alerta no responde únicamente a la falta de lluvias de los últimos días. Los registros acumulados durante buena parte de 2026 muestran que el problema se profundizó y que las precipitaciones se encuentran muy por debajo de los niveles normales para la capital.

Uno de los principales indicadores de la situación se encuentra en el estado de los embalses que abastecen a la población del Distrito Central.

De acuerdo con información de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), la represa Los Laureles opera actualmente con apenas 28.25% de su capacidad total.

El embalse mantiene un volumen almacenado de 2.968 y registra una producción de aproximadamente 450 litros por segundo.

El panorama tampoco es favorable en La Concepción. Este embalse se encuentra al 26.08% de su capacidad, con un volumen acumulado de 9,442 y una producción estimada de 850 litros por segundo para la red de distribución.

Panorama severo y escasa reserva de agua

Aunque ambos sistemas todavía se encuentran por encima del umbral establecido como crítico, la diferencia es cada vez menor. Las reservas de Los Laureles y La Concepción se aproximan a la barrera del 25%, nivel considerado crítico por las autoridades.

La reducción de los niveles de almacenamiento limita además el margen de maniobra de las instituciones responsables de garantizar el servicio. Mientras las lluvias no permitan una recuperación de las fuentes, los embalses continuarán dependiendo de las reservas disponibles y de las medidas de administración del recurso.

El deterioro de las reservas está estrechamente relacionado con el comportamiento de las precipitaciones registrado este año.

Entre enero y septiembre de 2026, la capital acumuló apenas 328.5 de precipitación, una cifra inferior al promedio histórico de 574.4 correspondiente al período 1991-2020. La diferencia equivale a una reducción de 42.8% respecto del comportamiento histórico.

El déficit se hizo particularmente evidente durante agosto. Ese mes se registraron solamente 2.9 milímetros de lluvia , frente a un promedio histórico de 113, lo que muestra una fuerte caída en las precipitaciones.

La magnitud del déficit registrado en 2026 genera una preocupación adicional debido a que los niveles observados ya superan los correspondientes a algunos de los años que históricamente fueron identificados como períodos particularmente secos.

Entre los antecedentes se encuentran años como 1997, 2015 y 2023, todos relacionados con condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño.

La comparación con esos períodos permite dimensionar el escenario actual. Se trata de una acumulación prolongada de déficits que tiene consecuencias directas sobre las fuentes superficiales utilizadas para abastecer a la población.

El problema no se limita a los embalses utilizados para el suministro de agua potable. La reducción de las lluvias también repercute sobre los cuerpos de agua naturales de la capital y sus alrededores.

La disminución del caudal representa además una señal del estrés que atraviesan los ecosistemas debido a la falta de agua. A medida que se prolonga la temporada seca, la capacidad natural de recuperación de estas fuentes disminuye y aumenta su vulnerabilidad ante otros factores ambientales.

Impacto ambiental

La falta de agua también tiene repercusiones sobre los cultivos. La reducción de las precipitaciones puede provocar estrés hídrico en las plantas, afectar su desarrollo y disminuir la disponibilidad de humedad necesaria para sostener las actividades agrícolas.

El impacto puede ser mayor en aquellas zonas donde la producción depende directamente de las lluvias y donde existen menores posibilidades de recurrir a sistemas de riego.

Con la declaratoria de Alerta Roja, las autoridades municipales colocaron la situación hídrica entre las principales prioridades de atención y prevención.

El comportamiento de Los Laureles y La Concepción será determinante para conocer cómo evoluciona el abastecimiento de agua en la capital. Ambos embalses se encuentran apenas algunos puntos porcentuales por encima del nivel considerado crítico.

Una delegación del Gabinete Económico de Honduras se trasladó a Washington, Estados Unidos, para sostener reuniones con autoridades estadounidenses y organismos financieros internacionales. El Gobierno busca avanzar en nuevos compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y retomar el acceso a programas vinculados con la Cuenta del Milenio.

La misión estará encabezada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien viajará acompañado por el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y Melvin Redondo, de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior.

“La visita tendrá varios frentes de trabajo. Entre los principales figuran la preparación de la sexta revisión del programa vigente con el FMI y las primeras conversaciones sobre la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el organismo.” detalló Hércules.

Uno de los asuntos centrales de la agenda será el futuro de la relación entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional.

Hernández Hércules explicó que las autoridades hondureñas pretenden comenzar los preparativos para la sexta revisión del programa vigente y, en paralelo, avanzar en las conversaciones para establecer un nuevo programa con una duración estimada de tres años y medio.

Las revisiones del FMI permiten evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países dentro de los programas acordados.

En ese contexto, la delegación hondureña buscará presentar ante el organismo la situación de las principales variables económicas y fiscales del país y conocer los aspectos que deberán ser considerados en la siguiente etapa de la relación con el Fondo.

Honduras y la cuenta del Milenio

Otro de los puntos de la visita será la Cuenta del Milenio, mecanismo mediante el cual Honduras vuelve a ser elegible para optar a recursos destinados a programas de desarrollo.

La delegación tiene previsto reunirse con representantes de esta institución para conocer el proceso y las condiciones asociadas a la nueva elegibilidad del país.

El ministro explicó que la evaluación toma como referencia el desempeño correspondiente al ejercicio fiscal anterior, por lo que en esta ocasión se analiza principalmente el comportamiento de Honduras durante 2025.

De acuerdo con Hernández Hércules, entre los aspectos que han recibido una valoración favorable se encuentran las señales macroeconómicas y una reducción del riesgo económico.

También mencionó avances vinculados con el control del gasto público y la inversión, factores que forman parte del entorno económico que se analiza para determinar el desempeño del país.

La elegibilidad no significa automáticamente que Honduras tenga garantizados nuevos recursos. El país debe avanzar en los procesos y evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones bajo las cuales podría acceder a programas de la Cuenta del Milenio.

Reuniones con funcionarios de Estados Unidos

La agenda de la delegación hondureña también contempla encuentros con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En esas reuniones se prevé abordar asuntos económicos y temas relacionados con la relación bilateral entre ambos países.

La visita ocurre además en un contexto en el que el Gobierno hondureño busca fortalecer sus vínculos con la administración del presidente Donald Trump, particularmente en asuntos de interés económico.

Más allá de los organismos financieros, las conversaciones con funcionarios estadounidenses permitirán a la delegación abordar temas que forman parte de la relación económica y comercial entre ambos países.

Otro de los objetivos planteados por el ministro de Finanzas es transmitir confianza a los inversionistas internacionales.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno pretende proyectar condiciones de seguridad jurídica, confianza y gobernabilidad, elementos que considera necesarios para atraer capital y promover nuevas inversiones.

La apuesta oficial consiste en que la estabilidad de los principales indicadores económicos y un mayor control de las finanzas públicas contribuyan a mejorar la percepción internacional sobre Honduras.

Una agenda económica con varios objetivos

La misión hondureña llega a Washington con una agenda que combina asuntos fiscales, financieros, comerciales y diplomáticos.

Por un lado, está la relación con el FMI y la preparación de una nueva revisión del programa vigente. Por otro, las autoridades buscan avanzar en el proceso relacionado con la Cuenta del Milenio y fortalecer los vínculos económicos con Estados Unidos.

El Gobierno también pretende utilizar estas reuniones para presentar los avances que, según sus propias evaluaciones, se han registrado en materia de gasto público, inversión y estabilidad macroeconómica.

El ensañamiento y el silencio se apoderaron del municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, tras la trágica confirmación del asesinato de Sindy Loany Matute Morales.

La joven de apenas 21 años y madre de una pequeña de cuatro años fue localizada sin vida y con severos signos de calcinación en las inmediaciones del cementerio y la zona costera de la localidad.

Este atroz hecho no solo destruyó el futuro de una familia, sino que dejó expuesto el drama de la violencia impune que asola a la región. El rastro de Sindy Loany se perdió la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. Según relató su familia, la joven salió de su residencia con la intención de reunirse con conocidos y asistir a una fiesta.

Sin embargo, las horas transcurrieron sin que regresara a su hogar ni respondiera a las llamadas de sus allegados. De acuerdo con el testimonio de su madre, Marlen Yesenia Matute Morales, la joven habría sido asesinada ese mismo sábado, antes de que sus agresores decidieran prenderle fuego a su cuerpo para borrar evidencias del crimen.

La zozobra terminó de la peor manera posible la noche del domingo, alrededor de las siete de la noche, cuando el cuerpo fue descubierto en una solitaria zona costera, cerca del camposanto local.

A las 11:00 de la noche, los restos de la joven ingresaron a la morgue móvil instalada en la ciudad de Tocoa, donde se le practicaron las primeras periciales. El cadáver presentaba un estado avanzado de calcinación, confirmando la extrema crueldad ejercida por los perpetradores antes y después del deceso.

Un oscuro historial de persecución y presagios

El desgarrador testimonio de la madre refleja que el ataque no fue un evento fortuito, sino el desenlace de una persecución que ya se venía gestando. Entre lágrimas y visiblemente abatida, Marlen recordó las inquietantes palabras que su hija le repetía de manera constante: “Mamá, yo no te voy a durar. Yo sé que yo no voy a ser eterna”. Un presagio que atormenta a la familia y que delata el constante temor en el que vivía la joven madre.

Sindy Loany había tomado medidas en el pasado para protegerse. Meses atrás renunció a su empleo con un comerciante local tras notar la presencia constante de individuos sospechosos en su lugar de trabajo.

Posterior a ello, se mudó a la colonia Salomón, donde alquilaba una vivienda junto a su pequeña hija. A pesar de los cambios de domicilio, la sombra del acoso continuó. La madre denunció que en una ocasión ambas fueron seguidas por un vehículo tipo Hilux en pleno centro de la ciudad, viéndose obligada a esconderse dentro de una vivienda ajena para ponerse a salvo.

En las afueras de la morgue móvil de Tocoa, la conmoción familiar se tradujo en una desesperada petición hacia el personal forense. Marlen Yesenia solicitó con vehemencia que no trasladaran el cuerpo de su hija hasta la morgue judicial de San Pedro Sula, proceso que extendería la entrega de los restos por varios días y que dificultaría el trámite debido a sus escasos recursos económicos y a la responsabilidad de cuidar a sus otras tres hijas menores.

De momento las autoridades policiales y de investigación forense continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del suceso, reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a los autores materiales e intelectuales. Hasta el momento no se registran personas detenidas en relación con este hecho que ha generado consternación e indignación entre los habitantes del departamento de Colón.

Una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana mantienen una elevada exposición a pocos mercados externos y estructuras exportadoras con escaso valor agregado regional, un cuadro que limita su capacidad de responder a las rupturas del comercio mundial.

El diagnóstico forma parte del informe Rupturas y oportunidades: Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, que plantea que la cercanía con Estados Unidos, el fortalecimiento del comercio intrarregional y la expansión de los servicios abren oportunidades para estos países. La CEPAL sostuvo, sin embargo, que esas ventajas requieren políticas de desarrollo productivo, inversión pública y capacidades estatales para traducirse en empleo formal, integración y crecimiento.

Los datos del organismo muestran diferencias dentro de la subregión. Panamá y República Dominicana concentran buena parte de sus exportaciones en servicios, mientras que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua dependen en mayor medida de la venta de bienes, en especial alimentos y manufacturas.

Estados Unidos es el principal socio externo de Honduras, Nicaragua y República Dominicana

La inserción comercial de los seis países combina una fuerte relación con Estados Unidos y un peso considerable de América Latina y el Caribe. En Honduras, el 47% de las exportaciones de bienes tuvo como destino Estados Unidos en 2024, frente al 31% que se dirigió a América Latina y el Caribe. En Nicaragua, las proporciones fueron de 48% y 34%, respectivamente.

República Dominicana mostró una dependencia aún mayor del mercado estadounidense: el 59% de sus ventas externas de bienes se concentró en ese destino. América Latina y el Caribe representó el 14%, mientras que el resto del mundo alcanzó el 17%.

Guatemala también mantuvo una distribución concentrada. El 51% de sus exportaciones se dirigió a América Latina y el Caribe y el 32% a Estados Unidos. Para El Salvador, el mercado regional absorbió el 60% de las ventas de bienes, mientras que Estados Unidos representó el 34%.

El caso de Panamá se diferenció por el peso de los vínculos regionales: América Latina y el Caribe recibió el 81% de sus exportaciones de bienes. Estados Unidos concentró el 9%, China el 2%, la Unión Europea el 3% y el resto del mundo el 5%.

En conjunto, Centroamérica y República Dominicana destinaron el 41% de sus exportaciones a América Latina y el Caribe y el 39% a Estados Unidos. La CEPAL señaló que esta cercanía geográfica y económica con la principal potencia de América del Norte puede aportar oportunidades en un escenario de reconfiguración de las cadenas de suministro, aunque también expone a los países a cambios en la política comercial y económica de Washington.

Transformación productiva con desigualdad, financiamiento y gobernanza

La estrategia comercial no aparece aislada en el informe. La CEPAL identificó tres trampas que afectan a América Latina y el Caribe: la baja capacidad para crecer, la desigualdad con baja movilidad social y las debilidades institucionales.

El documento propone 11 transformaciones indispensables, entre ellas una mayor integración regional y mundial, una política de desarrollo productivo, la ampliación de la protección social, el fortalecimiento de la educación y la formación profesional, la transformación digital, la igualdad de género y la transición ambiental.

La Comisión también subraya que el margen fiscal reducido, el endeudamiento y los altos costos de financiamiento dificultan la ejecución de estas políticas. Las limitaciones institucionales, añadió, afectan la continuidad de las estrategias públicas y reducen la capacidad de los Estados para sostener reformas de largo plazo.

Para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la CEPAL situó el desafío en transformar los vínculos comerciales existentes en plataformas productivas regionales, con mayor contenido tecnológico, diversificación de mercados y empleos de mejor calidad.

Más de 9.181 personas en Honduras recibieron durante 2026 la vacuna contra la fiebre amarilla, principalmente viajeros que necesitan protección frente a esta enfermedad antes de desplazarse a países donde existe riesgo de transmisión.

Los registros de las Regiones Sanitarias contabilizaron 9.181 dosis aplicadas entre enero y agosto de este año, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. El mayor número de aplicaciones se concentró en el Distrito Central, con 2.968 dosis, seguido por San Pedro Sula, que registró 1.516.

A estos municipios les siguieron Copán, con 834 dosis; Islas de la Bahía, con 707; Choluteca, con 627, y El Paraíso, con 525. Las cifras están relacionadas, entre otros factores, con los requerimientos sanitarios para personas que se movilizan hacia determinados destinos internacionales.

La vacuna contra la fiebre amarilla está indicada para las personas que viajan hacia zonas donde existe riesgo de transmisión de la enfermedad.

De acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Salud, el esquema contempla una dosis para personas mayores de un año que se desplacen hacia áreas consideradas de riesgo.

Quienes tengan un viaje internacional deben verificar las condiciones vigentes para su destino y los requisitos de ingreso antes de emprender el viaje. Además de la protección frente a la enfermedad, la vacunación tiene una implicación práctica para determinados viajeros.

Después de recibir la dosis, los establecimientos autorizados entregan el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, documento que debe estar debidamente firmado y sellado.

Dónde se aplica la vacuna

Este certificado puede ser solicitado por las autoridades migratorias en los casos establecidos por las disposiciones sanitarias internacionales.

Para quienes necesitan presentar el documento durante su viaje, no basta con haber recibido la vacuna: también es importante conservar el certificado y verificar que los datos estén correctamente consignados.

La vacuna está disponible en establecimientos designados de distintas regiones sanitarias del país.

Entre los lugares donde se reportó disponibilidad se encuentran La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, Tegucigalpa, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro y El Progreso.

La disponibilidad puede depender del establecimiento y de la programación de cada región sanitaria, por lo que resulta conveniente confirmar previamente el punto de vacunación antes de acudir.

Con 9.181 dosis aplicadas hasta agosto, la vacunación contra la fiebre amarilla mantuvo una demanda asociada principalmente a la movilidad internacional. La recomendación de Salud para quienes tengan previsto viajar a países o zonas donde existe riesgo es realizar el proceso con al menos 10 días de anticipación.

Quiénes deben vacunarse

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. La vacunación constituye una de las principales medidas preventivas, especialmente para personas que se desplazan a zonas donde circula el virus.

La vacuna debe aplicarse como mínimo 10 días antes del viaje, por lo que las personas deben tomar en cuenta este período al momento de organizar su salida del país.

El cumplimiento del período previo al viaje resulta relevante tanto para la protección del viajero como para los requisitos sanitarios que puedan aplicarse en el destino.

Entre los países señalados por las autoridades como zonas de riesgo figuran Panamá y varias naciones de África.

La lista incluye Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Togo y Uganda, entre otros.

Salvador Nasralla buscará la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en las elecciones internas previstas para 2029. El anuncio se generó mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que el político explicó las razones que, según dijo, lo llevaron a tomar la decisión de competir por la conducción del Partido Liberal.

Nasralla planteó que Honduras atraviesa una etapa en la que se requieren decisiones firmes para atender problemas relacionados con el empleo, la salud, la educación y la seguridad, pero también para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la posibilidad de generar cambios en el país.

En su mensaje, Nasralla sostuvo que el Partido Liberal debe recuperar una identidad política que, a su juicio, se ha debilitado con el paso de los años. El político afirmó que pretende impulsar un partido con propuestas concretas y vinculado nuevamente con las demandas de la población.

Su planteamiento gira alrededor de la recuperación del papel histórico que atribuye al liberalismo como una fuerza política vinculada a las conquistas sociales y a los sectores mayoritarios del país.

“Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales”, manifestó.

A partir de esa visión, Nasralla confirmó que buscará encabezar el máximo órgano ejecutivo del partido en el próximo proceso interno.

El nuevo movimiento político

Además de anunciar su aspiración, Nasralla adelantó que conformará una estructura política propia para competir en las internas.

El movimiento llevará el nombre de Movimiento Liberal Nasralista, según explicó, y estará integrado por mujeres, hombres y jóvenes que serán presentados públicamente en los próximos días. La organización tendrá como objetivo construir una estructura política a nivel nacional, con presencia en los diferentes municipios y departamentos.

Nasralla indicó que el trabajo de organización se desarrollará “municipio por municipio, departamento por departamento”, una estrategia que apunta a consolidar desde temprano las bases necesarias para una eventual competencia interna.

¿Vive el partido Liberal?

El político presentó su aspiración como parte de un proyecto orientado a construir una alternativa política que pueda disputar espacios de poder y, posteriormente, impulsar cambios en el país.

Entre sus principales planteamientos mencionó la generación de empleo, el acceso a medicamentos, una educación de mayor calidad y mejores condiciones de seguridad.

Nasralla sostuvo que Honduras necesita recuperar la confianza en que las cosas pueden hacerse de manera correcta y que para ello se requiere una organización política con capacidad, honestidad y personas preparadas.

Aunque las elecciones internas están previstas para 2029, el anuncio anticipa desde ahora una eventual competencia por el control de la estructura liberal.

La presidencia del CCEPL es una posición estratégica dentro del Partido Liberal, debido a que desde ese órgano se conduce buena parte de la organización partidaria y se coordinan decisiones políticas de alcance nacional.

El anuncio representa otro capítulo en la trayectoria política de Nasralla, quien ha participado en distintos procesos electorales y ha buscado llegar a la Presidencia de Honduras en anteriores ocasiones.

Ahora, su objetivo inmediato no sería una candidatura presidencial, sino asumir la conducción del Partido Liberal y desde esa posición impulsar una corriente política propia.

Su eventual candidatura deberá pasar por el proceso interno correspondiente, donde tendrá que competir por el respaldo de las bases liberales y enfrentar a otros sectores que también puedan presentar aspirantes para dirigir el partido.

La tensión entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud continuó este martes: los médicos mantuvieron asambleas informativas en los centros asistenciales y siguió suspendida la consulta externa, mientras el gremio exigió respuestas a sus demandas laborales y las autoridades sostuvieron que ya atendieron parte de los reclamos.

Los profesionales mantuvieron estas actividades, las autoridades sanitarias defendieron que avanzaron en varios de los puntos planteados por el sector.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que la institución ya destinó millones de lempiras para el pago del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el BINAL a 4.258 funcionarios.

La principal afectación para los pacientes se mantuvo en los servicios de consulta externa, cuya atención siguió suspendida mientras los médicos participaron en las asambleas informativas.

La medida no implicó necesariamente la paralización de todos los servicios hospitalarios, ya que las áreas consideradas esenciales continuaron funcionando, pero sí afectó las citas y atenciones programadas en consulta externa.

Para los pacientes que tenían una cita prevista, la suspensión representó la interrupción de la atención programada mientras se mantuvieron las acciones del gremio.

El CMH inició las asambleas para informar a sus afiliados sobre la situación laboral y los compromisos que, según el gremio, aún requerían respuesta por parte de las autoridades.

La postura de Salud

La versión de la Secretaría de Salud surgió en medio de los reclamos del gremio médico por el cumplimiento de acuerdos laborales y la atención de pagos que consideraron pendientes.

En medio de la protesta, Eduardo Midence manifestó su sorpresa por la posición adoptada por la Junta Directiva del Colegio Médico y aseguró que la Secretaría de Salud trabajó con el gremio en diferentes asuntos relacionados con sus empleados.

El funcionario afirmó que 4.258 trabajadores ya recibieron los pagos correspondientes al IPC y BINAL, con una inversión aproximada de 80 millones de lempiras.equivale aproximadamente a 2.98 millones de dólares estadounidenses

Midence señaló que estos pagos formaron parte de los reclamos planteados por el Colegio Médico y sostuvo que, históricamente, este tipo de obligaciones dentro de la Secretaría de Salud podía llegar a pagarse hasta diciembre o incluso durante el siguiente ejercicio fiscal.

Con este argumento, el funcionario sostuvo que la institución adelantó el cumplimiento de estos pagos frente a los plazos registrados en años anteriores.

Reclamos por interinatos

Otro de los puntos que permaneció sobre la mesa fue la situación de los médicos contratados bajo la modalidad de interinato. La Secretaría de Salud aseguró que trabajaba en la revisión de expedientes y en la emisión de las resoluciones necesarias para regularizar contratos anteriores.

Midence explicó que algunos profesionales llegaron a desempeñar un segundo o incluso un tercer período de interinato, lo que generó procesos administrativos que debían ser revisados antes de definir su situación contractual.

El funcionario negó que estos casos hubieran sido retrasados de manera deliberada por la institución y rechazó que existiera una decisión de no pagar o no regularizar a los médicos que se encontraban en esta condición.

Según la información proporcionada por el viceministro, hasta la semana anterior había 14 médicos con un segundo o tercer contrato de interinato cuyos casos requerían una resolución conjunta. Midence aseguró que esta situación ya fue atendida por la Secretaría de Salud.

El conflicto sigue abierto

El gremio reclamó el cumplimiento de acuerdos laborales y respuestas a asuntos relacionados con pagos y contratación de personal, mientras que la Secretaría de Salud sostuvo que una parte de esas demandas ya fue atendida.

La diferencia entre ambas posiciones se mantuvo mientras los médicos continuaron reunidos en los centros asistenciales y la consulta externa permanece suspendida.

Por ahora, las asambleas informativas continuaron y no se normalizó la consulta externa, mientras las autoridades de Salud y la dirigencia médica mantuvieron posiciones distintas sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos laborales.

Las autoridades hondureñas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Caribe con una nueva acción de interdicción que culminó con el aseguramiento de dos embarcaciones y la detención de 11 personas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la operación fueron localizados 36 fardos de supuesta cocaína. El hallazgo se produjo luego de que las unidades navales detectaran e interceptaran las embarcaciones que se movilizaban en el sector.

Entre los detenidos se encuentran cinco personas de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad y posible participación de cada uno de los ocupantes en el traslado de la droga.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron la embarcación pesquera camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, además de una lancha rápida tipo go fast.

La presencia de ambas embarcaciones forma parte de las pruebas que serán incorporadas al procedimiento correspondiente para determinar su vinculación con el cargamento de droga localizado durante la intervención.

Paquetes fueron lanzados al mar

Uno de los elementos que podría ampliar el volumen del decomiso es que, según el informe de las Fuerzas Armadas, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de las unidades navales.

Por esa razón, las autoridades no descartan que la cantidad de droga involucrada en el incidente sea superior a los 36 fardos recuperados durante la operación.

El despliegue estuvo bajo responsabilidad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

La participación permitirán avanzar con las diligencias investigativas y judiciales relacionadas con el caso, incluido el análisis de la droga incautada, la inspección de las embarcaciones y la recopilación de elementos que puedan establecer responsabilidades penales.

El capitán Mario Rivera dijo que “la operación, en un procedimiento que se suma a las acciones que las autoridades hondureñas mantienen en distintos puntos de la zona marítima del país”.

Traslado a la Base Naval de Caratasca

Tras la detención en alta mar, los 11 imputados y la evidencia decomisada serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollarán las diligencias establecidas por las autoridades competentes.

En ese lugar continuará el procesamiento de los indicios y la documentación del caso, mientras los fiscales y agentes de investigación avanzan en la determinación de la posible estructura detrás del traslado del cargamento.

La droga será sometida a los análisis correspondientes para confirmar oficialmente su naturaleza y establecer el peso total del cargamento recuperado.

El operativo se enmarca en las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad hondureñas para frenar el movimiento de drogas por las rutas marítimas del Caribe.

Las operaciones de interdicción buscan detectar embarcaciones sospechosas, interceptar posibles cargamentos ilícitos y evitar que las rutas marítimas sean utilizadas para el traslado de sustancias prohibidas hacia otros puntos de la región.

La ubicación del procedimiento, frente al sector de la Barra Patuca, también muestra la vigilancia que mantienen las autoridades en aguas del Caribe hondureño, particularmente en zonas donde pueden converger rutas utilizadas por embarcaciones pesqueras, comerciales y aquellas vinculadas a actividades ilícitas.

Un total de 800 galones de combustible, presuntamente destinados a actividades de contrabando, fueron decomisados durante un operativo marítimo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en aguas del mar Caribe, específicamente en la zona de La Mosquitia.

La operación fue desarrollada por personal especializado de la Fuerza Naval de Honduras en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las acciones las autoridades identificaron varios puntos que presuntamente eran utilizados para el abastecimiento clandestino de embarcaciones.

El despliegue permitió intervenir lo que las Fuerzas Armadas calificaron como un centro de abastecimiento ilícito, utilizado presuntamente para apoyar actividades de estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional que operan en la región del Caribe.

Además del combustible, durante el operativo fueron aseguradas tres embarcaciones menores, que, según las autoridades, serían utilizadas para desarrollar actividades de logística relacionadas con el supuesto centro de abastecimiento clandestino.

Las autoridades investigan ahora la posible relación de estas embarcaciones con las actividades ilícitas que se desarrollaban en el sector.

Operativos y aseguramientos

Durante la intervención también fue asegurado un radio de comunicación VHF, utilizado habitualmente para comunicaciones marítimas.

Asimismo, los efectivos encontraron una antena de internet satelital Starlink, que, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba activa al momento del operativo.

El hallazgo de estos equipos es considerado por las autoridades como parte de la infraestructura utilizada para facilitar las comunicaciones y la coordinación en el punto intervenido.

La combinación de combustible, embarcaciones y equipos de comunicación es analizada por las autoridades como parte de la presunta estructura logística instalada en los cayos.

Según las Fuerzas Armadas, los cayos intervenidos eran utilizados como puntos estratégicos de reabastecimiento clandestino para embarcaciones presuntamente relacionadas con estructuras del crimen organizado transnacional que operan en el Caribe.

La ubicación del área intervenida representa un punto de interés para las autoridades debido a su conexión con las rutas marítimas del Caribe y a la posibilidad de que estas sean utilizadas para diferentes actividades ilícitas.

Investigan nexos fuera de ley

Las autoridades sostienen que la identificación de estos puntos permite afectar las capacidades logísticas de las estructuras que intentan utilizar el territorio y las aguas nacionales para desarrollar sus operaciones.

Las Fuerzas Armadas señalaron que uno de los principales resultados de la operación fue la neutralización de varios puntos considerados estratégicos para la logística criminal. El aseguramiento del combustible busca impedir que este sea utilizado para abastecer embarcaciones involucradas en actividades ilícitas.

El despliegue también permitió retirar de circulación las tres embarcaciones encontradas en el área y asegurar los equipos de comunicación localizados durante la intervención.

Los operativos marítimos buscan detectar movimientos sospechosos, puntos de abastecimiento y otras actividades que puedan estar vinculadas con redes criminales que utilizan rutas marítimas.

En este caso, las Fuerzas Armadas indicaron que la operación permitió localizar un supuesto punto de abastecimiento clandestino en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca.

Tras el operativo, las Fuerzas Armadas anunciaron que continuarán con las acciones de vigilancia y control en el espacio marítimo nacional.

Las autoridades no informaron, en los datos proporcionados, sobre personas detenidas durante el operativo ni detallaron el destino final que presuntamente tendría el combustible asegurado.

Honduras acumuló 4,356 denuncias por ciberdelitos entre 2020 y agosto de 2026, de acuerdo con un análisis de Honduras Verifica elaborado a partir de datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad.

Los registros mostraron un crecimiento de estas denuncias durante los últimos años y plantearon la posibilidad de que 2026 cierre con una cifra superior a la registrada en períodos anteriores. Hasta el 24 de agosto, las autoridades contabilizaban 808 ciberdelitos.

Entre 2020 y agosto de 2026 se registraron 33 denuncias por pornografía infantil y otras 39 por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos.

El acceso de niños y adolescentes a redes sociales, teléfonos celulares, computadoras y tabletas también puede exponerlos a distintas formas de violencia y delitos sexuales.

En el caso de la pornografía infantil, el mayor número de denuncias se registró en 2021, con ocho casos.

Las denuncias por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos alcanzaron su punto más alto con ocho casos en 2021, ocho en 2022 y ocho en 2024. La información correspondió a denuncias registradas por las autoridades y no implicó que todos los casos hayan concluido en una condena.

Qué establece el Código Penal

El artículo 253 del Código Penal sanciona a quien, mediante tecnologías de información y comunicación, proponga a un menor de 14 años un encuentro con el propósito de realizar actividades sexuales, cuando la propuesta incluya actos dirigidos a concretar ese encuentro.

La pena puede incrementarse cuando existe coacción o intimidación. Entre las modalidades registradas por la Secretaría de Seguridad también aparece el descubrimiento y revelación de secretos, contemplado en el artículo 272 del Código Penal.

Entre 2021 y agosto de 2026 se contabilizaron 107 denuncias por esta figuran. Los registros fueron de 10 casos en 2021, 17 en 2022, 20 en 2023, 14 en 2024, 30 en 2025 y 16 durante 2026 hasta agosto.

Esta conducta comprende acciones como acceder sin autorización a información privada con intención de espiar, interceptar comunicaciones o grabar imágenes y sonidos sin consentimiento.

Del total de 4,356 ciberdelitos contabilizados, el acceso no autorizado a sistemas informáticos representó la mayor parte de las denuncias. Honduras Verifica registró 2,515 casos, equivalentes al 57.7% del total.

El artículo 398 del Código Penal sanciona el acceso no autorizado a un sistema informático protegido, como puede ocurrir cuando alguien vulnera las medidas de seguridad de una cuenta o plataforma para ingresar sin autorización.

La segunda modalidad más denunciada correspondió a la suplantación de identidad, con 1.579 casos, equivalentes al 36,2% del total.

El artículo 401 del Código Penal contempla esta conducta cuando una persona suplanta a otra, natural o jurídica, mediante tecnologías de información y comunicación con ánimo defraudatorio.

En conjunto, el acceso no autorizado y la suplantación de identidad representaron 4,094 denuncias, equivalentes al 93.98% de los 4,356 registros acumulados entre 2020 y agosto de 2026.

Zonas con mayor incidencia

La distribución territorial evidenció que los ciberdelitos no están repartidos de manera uniforme en Honduras. Una segunda base proporcionada por la Secretaría de Seguridad a Honduras Verifica reunió 3,474 registros y permitió observar la concentración geográfica de los casos.

Francisco Morazán concentró el 62.2%, mientras que Cortés representó el 18.2%. Entre ambos departamentos reunieron el 80.4% de los registros de esta base territorial.

Después aparecieron Atlántida, con 5.1%; El Paraíso, con 3.3%; Choluteca, con 3.1%; y Comayagua, con 1.9%. Los demás departamentos representaron porcentajes inferiores al 1.5% cada uno. La concentración fue aún más evidente cuando los datos se observaron a nivel municipal.

El Distrito Central, integrado por Tegucigalpa y Comayagüela, concentró 2,070 casos, equivalentes al 59.6% de los registros de la segunda base. Le siguió San Pedro Sula, con 517 casos, que representaron el 14.9%.

Entre ambos municipios concentraron 2,587 registros, equivalentes al 74.5% de los casos incluidos en la base territorial. Después aparecieron La Ceiba, con 4.7%; Choluteca, con 2.5%; Danlí, con 2.4%; y Choloma, con 1.9%.

Según la investigación de Honduras Verifica, los datos muestran cómo las herramientas digitales pueden utilizarse para diferentes formas de intimidación y violencia.

El 81% de los hogares evaluados en el Corredor Seco depende de la agricultura de subsistencia, una condición que deja a miles de familias de Guatemala, Honduras y El Salvador expuestas a los efectos de la sequía asociada al fenómeno de El Niño durante 2026.

El informe de Oxfam señala que la falta de lluvias y las temperaturas elevadas golpearon los cultivos de maíz y frijol, que sostienen la alimentación y los ingresos de las comunidades rurales. La situación afecta además el acceso al agua, el trabajo agrícola temporal y la crianza de animales de patio.

En el Pacífico centroamericano, las precipitaciones no superaron el 60% del promedio histórico desde julio. El inicio tardío del invierno, las canículas prolongadas y la ausencia de lluvias suficientes para recuperar la humedad del suelo redujeron la capacidad de los hogares para enfrentar un nuevo ciclo agrícola.

La sequía dejó pérdidas de maíz en 9 de cada 10 comunidades

La evaluación abarcó 354 comunidades del Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador. De ese total, el 80.8% registró al menos dos períodos de déficit de lluvia durante la siembra de primera, entre mayo y agosto. El 39.3% informó tres períodos secos.

La escasez de agua fue identificada como la principal causa de pérdida de maíz en 315 comunidades, equivalentes al 89% de las zonas consultadas. En contraste, el 84.5% no registró períodos de exceso de lluvia, lo que confirma un patrón de déficit hídrico sostenido.

El maíz tuvo pérdidas en 70,342 hogares y en 55,322 casos, los daños alcanzaron entre el 75% y el 100% de la producción. El frijol también sufrió afectaciones: 14,374 hogares reportaron pérdidas y 9,397 de ellos perdieron al menos tres cuartas partes de sus cultivos.

Para las familias campesinas, la cosecha representa alimento, semilla para la siguiente siembra y una fuente de recursos para comprar fertilizantes, medicinas o productos básicos. Cuando falla el cultivo, se reducen al mismo tiempo las reservas y las opciones de ingreso.

La postrera enfrenta menos siembras y hogares endeudados

La caída de la producción de primera ya condiciona el ciclo de la postrera, que se extiende entre agosto y diciembre. Más de 73 mil hogares sembraron maíz durante la primera, pero solo unos 27,500 prevén hacerlo en el segundo ciclo.

El descenso equivale a una reducción del 62% en el número de hogares que planean sembrar maíz y del 67.3% en el área cultivada. La falta de semillas propias, las deudas por la compra de insumos y la incertidumbre climática aparecen entre las principales razones.

En algunas zonas de Lempira, Honduras, la postrera no ofrece una alternativa para todos los productores por las condiciones del territorio y la falta de riego.

Un habitante de ese departamento resumió la situación en el informe: “Las familias que han producido más en la zona sembrando maíz ya no tienen reservas; toda la comunidad está consumiendo harina”.

La sequía también redujo las oportunidades de jornaleo agrícola, una actividad que complementa los ingresos de numerosos hogares. A esto se suman el aumento de precios de alimentos, la disminución de remesas y el retorno de migrantes que no lograron enviar recursos a sus familias.

El acceso al agua agrava la presión sobre las comunidades

La crisis se extiende a los sistemas de abastecimiento de agua. Entre los hogares que dependen de chorros públicos o sistemas comunitarios, el 67.3% informó una reducción del servicio, la proporción más alta entre las fuentes evaluadas.

La menor disponibilidad afecta el consumo doméstico, la higiene, la producción agrícola y el cuidado de animales. También aumenta la carga de trabajo de mujeres y niñas, que suelen encargarse de buscar, almacenar y administrar el agua en los hogares.

Las aves de corral fueron el activo pecuario más afectado. El 73,1% de los hogares que crían aves registró pérdidas, debido a la falta de agua, alimento y al calor. En comunidades rurales, estos animales aportan proteína y pueden venderse ante una emergencia.

Choluteca y El Paraíso, en Honduras; Morazán y San Miguel, en El Salvador; y Chiquimula y Jalapa, en Guatemala, figuran entre los territorios con prioridad muy alta por la combinación de pérdidas agrícolas, menor empleo, alza del maíz y afectaciones pecuarias.

El informe registra que 62,302 hogares priorizaron la necesidad de alimentos, mientras 58,074 solicitaron transferencias monetarias.

La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, advirtió hoy sobre el posible impacto que el fenómeno de El Niño y la sequía tendrán en la seguridad alimentaria de miles de familias hondureñas.

Durante su visita a Honduras, donde evalúa los efectos de la falta de lluvias y coordina acciones con el Gobierno, Savelli estimó que unas 500.000 personas más podrían sufrir inseguridad alimentaria como consecuencia del fenómeno climático.

“Estimamos que unas 500.000 personas más van a sufrir inseguridad alimentaria como consecuencia de la llegada de El Niño y la sequía”, afirmó Savelli ante periodistas.

La proyección se produjo mientras la falta de lluvias comenzó a generar afectaciones en diferentes comunidades y amenazó con reducir la producción agrícola, especialmente en los cultivos de los que dependen numerosas familias para su alimentación y generación de ingresos.

De acuerdo con el PMA, la sequía tendrá efectos directos sobre los cultivos y las cosechas, lo que podría reducir la disponibilidad de alimentos y afectar los ingresos de los hogares que dependen de la actividad agrícola.

La disminución de la producción puede generar mayores dificultades para las familias que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellas que dependen de sus cosechas para garantizar parte de su alimentación.

Asitencia a familias

Como parte de las medidas de respuesta, el PMA trabaja junto al Gobierno y las autoridades locales mediante transferencias monetarias y acciones anticipatorias destinadas a reducir el impacto de la emergencia.

Savelli informó que actualmente el organismo brinda asistencia a 191.000 personas en Honduras, programa que comenzó en abril.

“Entonces, por eso estamos ya apoyando a 191.000 personas en el país con transferencias monetarias, ya empezamos desde el mes de abril, de hecho, a apoyar familias afectadas por este fenómeno climático”, explicó.

Las transferencias monetarias permiten que las familias beneficiarias dispongan de recursos para cubrir necesidades básicas durante períodos en los que sus ingresos pueden verse afectados por la pérdida de cultivos o las dificultades derivadas de la sequía.

Uno de los objetivos de la asistencia es evitar que los hogares afectados recurran a medidas negativas para enfrentar la falta de alimentos o recursos económicos.

Entre estas estrategias se encuentran adquirir deudas, vender bienes o reducir la calidad y cantidad de los alimentos que consumen las familias.

El PMA busca que la asistencia llegue de manera anticipada para que los hogares puedan enfrentar los efectos de la emergencia sin verse obligados a comprometer sus bienes o sus posibilidades de recuperación futura.

Honduras y su reserva de granos

Savelli también destacó que Honduras dispone de reservas de granos que pueden ser utilizadas para enfrentar eventuales afectaciones en la producción agrícola provocadas por la sequía.

Estas reservas pueden contribuir a mantener la disponibilidad de alimentos mientras se implementan otras medidas de respuesta.

Mientras tanto, el fenómeno de El Niño está asociado con cambios en los patrones de lluvia y puede provocar períodos de sequía en diferentes regiones, con consecuencias para la agricultura y la disponibilidad de agua.

En Honduras, el impacto de la falta de lluvias representa una preocupación para las familias que dependen de la agricultura de subsistencia y de pequeños cultivos para garantizar su alimentación.

La reducción de las precipitaciones puede afectar el desarrollo de los cultivos y, posteriormente, disminuir las cosechas disponibles para el consumo de las familias y la comercialización.

Durante su visita a Honduras, Savelli también busca fortalecer la coordinación con las autoridades nacionales y locales para ampliar las acciones de respuesta frente a los efectos de la sequía.

El organismo mantiene programas de asistencia alimentaria y transferencias monetarias dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad, mientras evalúa cómo evolucionan las condiciones climáticas y su impacto sobre las comunidades.

La prioridad, según el PMA, es evitar que una reducción de la producción agrícola se convierta en una crisis alimentaria de mayores dimensiones.

Según los datos de la Policía Nacional, el tráfico de drogas concentra la mayor cantidad de casos entre las mujeres detenidas durante este período, con 195 registros. Le sigue el maltrato familiar, con 67 casos, mientras que el resto de las detenciones corresponde a otros delitos investigados por las autoridades.

Dunia Palma vocera de la institución explicó que las capturas se registraron en distintos puntos del territorio nacional, aunque la mayor incidencia se concentró en la zona central y norte de Honduras, en particular en los departamentos de Cortés y Yoro.

Del total de 641 mujeres detenidas, 307 fueron capturadas en flagrancia, mientras que otras 321 fueron detenidas mediante orden judicial, detalló la portavoz policial. La diferencia restante correspondió a otros procedimientos de captura registrados por la institución durante el período.

Las cifras corresponden a los registros de la DPI en lo que va de 2026 y reflejan las actuaciones realizadas por las autoridades de investigación en diferentes zonas del país.

La subinspectora Dunia Palma explicó que entre las mujeres detenidas por casos relacionados con narcomenudeo y microtráfico figuran personas que, según las investigaciones policiales, tendrían vínculos con estructuras criminales como la MS y la Pandilla 18.

También se identificó a mujeres que presuntamente operarían de manera independiente en actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.

La Policía sostuvo que la participación femenina en este tipo de actividades no se limita a una sola estructura criminal, sino que se presenta en diferentes modalidades y zonas del país.

Otros delitos investigados

Además del tráfico de drogas y el maltrato familiar, la Dirección Policial de Investigaciones reportó mujeres detenidas por otros delitos. Entre ellos figuran extorsión, asesinato, homicidio imprudente, lavado de activos, atentados y tráfico ilícito de personas, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

La funcionaria no precisó que todas estas personas hayan sido condenadas, por lo que los casos continúan sujetos a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña y a las resoluciones que correspondan en cada proceso.

En el caso de los delitos contra la vida, Palma señaló que se contabilizan 19 mujeres vinculadas a investigaciones por asesinatos. Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es la participación de menores de edad en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según las cifras de la DPI, dentro de las 641 mujeres detenidas durante 2026 se encuentran 12 menores de edad. La Policía advirtió que las estructuras dedicadas al tráfico de drogas también recurren a menores para desarrollar diferentes actividades vinculadas con estas operaciones ilícitas.

Zonas con mayor incidencia

Las detenciones se produjeron en diferentes departamentos del país, pero los registros policiales mostraron una mayor incidencia en la zona central y norte.

Entre los departamentos mencionados por la DPI se encuentran Cortés y Yoro, donde las autoridades desarrollaron diferentes operaciones contra estructuras dedicadas a actividades delictivas.

La concentración de capturas en estas zonas respondió, según los reportes policiales, a investigaciones relacionadas principalmente con delitos de tráfico de drogas y otras actividades criminales.

De acuerdo con la DPI, durante el mismo período de 2025 se contabilizaban más de 800 mujeres detenidas, mientras que en 2026 la cifra asciende a 641.

Aunque los registros muestran una disminución en el número de capturas, las autoridades advirtieron que persiste la participación de mujeres en actividades vinculadas con estructuras criminales y diferentes delitos.

En los casos en que existen órdenes judiciales, las capturas forman parte de procesos investigativos previamente desarrollados, mientras que las detenciones en flagrancia se producen cuando los agentes sorprenden a las personas presuntamente cometiendo un delito.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) comenzó este lunes, una jornada de asambleas informativas en distintos centros asistenciales del país, en protesta por el incumplimiento de compromisos laborales y los atrasos en el pago de salarios a profesionales que trabajan en el sistema público.

La medida fue anunciada por la dirigencia del gremio como una acción de presión para exigir respuestas a las autoridades y la solución de una serie de demandas que, según el CMH, siguen pendientes pese a los acuerdos alcanzados previamente.

El presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, señaló que la situación salarial afecta a profesionales en diferentes regiones del país y que algunos trabajadores acumulan hasta ocho meses sin recibir su remuneración.

Santos denunció que existen médicos a quienes se les adeudan hasta ocho meses de salario, particularmente en zonas como La Mosquitia, la frontera con Nicaragua y otros departamentos del país.

Santos afirmó que alrededor de 600 médicos por contrato o más todavía no han concluido el proceso de firma de sus contratos.

De acuerdo con el dirigente, estos profesionales trabajan en el sistema público, pero ya acumulan atrasos en sus pagos correspondientes a los meses de julio y agosto.

Reclamo por base salarial

Otro de los reclamos planteados por el Colegio Médico está relacionado con la aplicación de la base salarial para los profesionales que trabajan en diferentes instituciones del Estado.

Santos señaló particularmente los casos de médicos que trabajan en instituciones como la Policía Nacional, el Hospital Militar y la Secretaría de Educación.

Según afirmó, algunos profesionales estarían recibiendo salarios de entre 9.200 y 9.500 lempiras, montos que, a criterio del gremio, no corresponden con la base salarial que debería aplicarse a los médicos.

El CMH exigió que esta situación sea revisada y que se garantice el cumplimiento de las condiciones salariales establecidas para los profesionales de la medicina.

Como parte de las medidas adoptadas, el gremio anunció la suspensión indefinida de la consulta externa y de toda atención médica que no sea considerada urgente en los centros de salud del país.

Las autoridades del Colegio Médico aclararon que las emergencias continuarán siendo atendidas, por lo que los servicios destinados a situaciones que requieren atención inmediata no forman parte de la suspensión.

La medida podría generar afectaciones para pacientes que tenían programadas consultas, controles y otros servicios no urgentes, mientras las asambleas informativas se mantengan activas.

Esperan respuesta del gobierno

Santos lamentó que, pese a la firma de “más de cinco documentos” y a los diferentes compromisos alcanzados con las autoridades, las soluciones reclamadas por el gremio no se hayan concretado.

Según explicó, el Colegio Médico ha participado en diferentes procesos de diálogo y ha planteado sus demandas en reiteradas ocasiones, pero los acuerdos no habrían sido cumplidos en su totalidad.

El dirigente también afirmó que el gremio ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, quien además ostenta la titularidad de la Secretaría de Salud, sin que hasta el momento hayan obtenido una cita.

Ante la falta de respuestas, las bases del Colegio Médico decidieron iniciar las asambleas informativas y mantener las medidas hasta obtener resultados concretos.

El presidente del Colegio Médico aclaró que las acciones emprendidas por el gremio no tienen carácter político, sino que responden a una lucha de carácter laboral y a la exigencia de mejores condiciones para los profesionales de la salud.

La falta de personal, agregó, se vuelve particularmente sensible en zonas alejadas del país, donde las condiciones de trabajo y los atrasos salariales pueden dificultar la permanencia de los profesionales.

El Colegio Médico de Honduras anunció que las asambleas informativas continuarán hasta que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos con el gremio.

La Procuraduría General de la República presentó dentro del plazo legal un recurso de apelación contra la resolución que dictó el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.

A través del recurso, la institución pidió a la Corte de Apelaciones designada que revoque la decisión judicial y, en su lugar, dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.

La acción legal fue confirmada en un comunicado del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien expuso los principales argumentos con los que la institución busca que el fallo sea revisado por el tribunal de alzada.

La PGR sostuvo que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos sobre el supuesto manejo irregular de fondos públicos entre 2010 y 2014.

Uno de los principales elementos planteados por la Procuraduría está relacionado con la presunta sustracción de 288 millones 16 mil 175 lempiras del erario público durante ese período.

De acuerdo con la institución, esos recursos estaban destinados originalmente a proyectos orientados a la reducción de la pobreza, generación de empleo y emprendimiento en 80 comunidades del país.

Valoración de la decsión

Según la PGR, al menos 62 millones 26 mil 784,44 lempiras habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Juan Orlando Hernández.

La institución consideró que este elemento debe ser valorado dentro del proceso para establecer el destino de los recursos y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.

La PGR sostuvo que, de los 38 elementos documentales propuestos por la acusación, el juez inadmitió 22, lo que representa aproximadamente 58% de la prueba documental presentada.

Para la Procuraduría, esta decisión incidió en la posterior valoración de la suficiencia probatoria, debido a que, después de excluir parte de los elementos ofrecidos, se señaló que no existían pruebas suficientes para establecer el destino de los fondos o el eventual beneficio obtenido por el imputado.

Entre los medios de prueba que la Procuraduría señaló como excluidos figuran 80 constancias correspondientes a las comunidades que, según la acusación, estaban contempladas como beneficiarias de los recursos.

A criterio de la PGR, estos documentos eran relevantes para establecer si los fondos llegaron o no a los destinos previstos y, con ello, determinar la existencia del supuesto perjuicio ocasionado al Estado.

La Procuraduría también cuestionó uno de los argumentos utilizados en la resolución judicial para considerar insuficientes algunos de los elementos presentados.

Según la PGR, el juez señaló, entre otros aspectos, que determinados recibos y facturas no estaban a nombre de Juan Orlando Hernández.

Qué busca la apelación

Otro de los aspectos incluidos en el recurso está relacionado con la situación de Fernando Suárez, a quien la Procuraduría identificó como un testigo principal dentro del caso.

Con el recurso presentado, la PGR pretende que la Corte de Apelaciones revise los argumentos expuestos por el juez que dictó el sobreseimiento definitivo.

La institución solicitó que la resolución sea revocada y que se dicte un auto de formal procesamiento contra Juan Orlando Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos.

El recurso deberá ser conocido por la Corte de Apelaciones designada, que tendrá que analizar los argumentos planteados por la Procuraduría y determinar si corresponde mantener la resolución recurrida o modificarla.

En una zona donde la falta de agua puede significar cultivos perdidos, animales afectados y menos alimentos para las familias, la prevención comenzó a tomar protagonismo. Un total de 2.500 hogares rurales del Corredor Seco de Honduras concluyeron un proceso de fortalecimiento para reducir el impacto de futuros períodos de sequía.

El proyecto alcanzó a 12.500 personas de los municipios de Reitoca, Alubarén y Curarén, en Francisco Morazán, así como de Texiguat y Vado Ancho, en El Paraíso.

La estrategia combinó asistencia técnica, insumos para la producción, tecnologías para aprovechar mejor el agua, medidas de sanidad animal y mecanismos comunitarios para almacenar alimentos.

La Acción Anticipatoria busca identificar los riesgos con suficiente tiempo y activar medidas preventivas que permitan a las familias proteger sus medios de vida.

En comunidades donde la agricultura y la ganadería representan una fuente de alimentos e ingresos, contar con semillas, agua, alimento para los animales y reservas de granos puede marcar una diferencia durante los períodos de escasez.

“Prepararnos antes de que llegue la emergencia marca la diferencia para las familias rurales”, destacó Sofía Méndez, jefa de Proyectos y Programas de FAO.

Méndez también reconoció el trabajo de las corporaciones municipales, socios implementadores, familias beneficiarias y equipos técnicos que participaron en la iniciativa, así como el respaldo del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF).

Acciones orientadas a la prevención

Uno de los componentes centrales estuvo dirigido a la producción de granos básicos, una actividad especialmente vulnerable ante períodos prolongados de déficit de lluvias.

Como parte de las acciones, se distribuyeron 1.100 bolsas de semilla de maíz, 900 bolsas de semilla de frijol y 3.600 quintales de fertilizante.

Los insumos buscan contribuir a que los productores cuenten con mejores condiciones para mantener sus cultivos y reducir el riesgo de que una temporada marcada por la escasez de agua se traduzca en una disminución de la producción.

Las familias también recibieron acompañamiento técnico para mejorar sus prácticas productivas y fortalecer sus conocimientos frente a las condiciones climáticas adversas.

Situación en el Corredor Seco

En los cinco municipios se dio seguimiento a la instalación y funcionamiento de 828 sistemas y kits de riego, destinados a mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico disponible.

La incorporación de estas tecnologías busca que los productores puedan utilizar el agua de una manera más eficiente y contar con herramientas que ayuden a sostener sus actividades agrícolas ante escenarios de menor disponibilidad.

La capacitación también tuvo un papel importante, ya que las familias recibieron orientación para utilizar adecuadamente los sistemas y sacar mayor provecho de las tecnologías incorporadas a sus parcelas.

El proyecto permitió instalar 1.250 gallineros familiares y entregar 1.314 quintales de concentrado para aves, mientras que 1.800 bloques mineralizados fueron destinados a mejorar la alimentación del ganado.

A estas medidas se sumaron acciones de prevención sanitaria. En total, fueron vacunadas 45.000 aves y 3.400 rumiantes, acompañadas de capacitaciones dirigidas a los productores sobre manejo y prevención de enfermedades.

Para las familias rurales, proteger estos animales significa también proteger una fuente de alimentos e ingresos. En momentos de crisis climática.

La iniciativa fue desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante el Proyecto CERF Acciones Anticipatorias, una intervención orientada a que las comunidades actúen antes de que los efectos de un fenómeno climático adverso provoquen una emergencia.

La sequía asociada al fenómeno de El Niño podría dejar a 16 millones de personas con inseguridad alimentaria en América Latina, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, en una alerta que pone el foco sobre el deterioro de los cultivos, la falta de agua y la vulnerabilidad de millones de familias en Centroamérica y otras zonas de la región.

La advertencia fue planteada por Lena Savelli, directora regional del PMA para América Latina y el Caribe, durante una visita a Honduras, donde monitoreó los efectos de la sequía. La funcionaria sostuvo que el escenario es preocupante por el alcance que ya tiene el fenómeno y por la posibilidad de que se trate de uno de los episodios más intensos de las últimas décadas.

“En esta región hablamos de 16 millones de personas que probablemente van a sufrir inseguridad alimentaria como consecuencia del impacto de El Niño”, afirmó Savelli en declaraciones a la AFP. Según explicó, el problema no se limita a una caída temporal en la producción, sino que golpea de forma directa a las familias que dependen de la agricultura de subsistencia.

La responsable del organismo remarcó que, cuando los hogares pierden sus cosechas, sus cultivos y sus medios de vida, las consecuencias se extienden mucho más allá de una temporada. En ese marco, advirtió que la afectación sobre la disponibilidad de alimentos y los ingresos familiares puede prolongarse durante meses.

Desde abril, el PMA desplegó ayuda humanitaria en la región con entrega de raciones de alimentos y asistencia financiera para productores. Sin embargo, Savelli señaló que “las necesidades van más allá de lo que tenemos en nuestros bolsillos”, una definición con la que aludió a la brecha entre los recursos disponibles y la magnitud de la emergencia.

Honduras mantiene en alerta a casi el 80% de su territorio por la falta de lluvias

El caso de Honduras aparece entre los más sensibles. De acuerdo con el reporte citado por la AFP, el país mantiene desde agosto a casi el 80% de su territorio en alerta por la sequía agravada por El Niño, en un contexto que afecta la producción agrícola y la disponibilidad de agua en amplias áreas.

Otros países de la zona también activaron medidas excepcionales. El Salvador y Panamá se declararon en emergencia para enfrentar los efectos del fenómeno, mientras que otras áreas de Centroamérica siguen bajo presión por la continuidad de las condiciones secas.

Una de las regiones más golpeadas es el Corredor Seco Centroamericano, una franja vulnerable a los eventos climáticos extremos que abarca sectores de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Allí, la irregularidad de las lluvias y la pérdida de cultivos suelen impactar con rapidez sobre comunidades rurales con escaso margen de respuesta.

El Niño altera el clima a escala global y puede intensificar sequías e inundaciones

El fenómeno de El Niño corresponde a la fase cálida del sistema conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se desarrolla cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental registran temperaturas por encima de lo habitual durante varios meses, una alteración que modifica la circulación atmosférica y termina influyendo sobre lluvias, vientos y temperaturas en distintas partes del planeta.

Ese cambio no queda restringido al océano. La meteoróloga Cindy Fernández explicó en una nota reciente de Infobae que “el Niño cambia la circulación atmosférica en gran parte del planeta”. A partir de esa alteración térmica en el Pacífico, pueden desplazarse los patrones de lluvia y aparecer extremos opuestos según la región, con inundaciones en algunos puntos y sequías en otros.

No se trata de un evento permanente ni aparece con una fecha fija. Fernández sostuvo que suele presentarse cada dos a siete años, con intensidad y duración variables, y que alterna con su fase opuesta, La Niña, además de períodos neutrales. Cuando el Pacífico ecuatorial se calienta por encima de lo habitual durante varios meses, no solo cambia la temperatura del mar: también se reordenan los centros de alta y baja presión y se modifican las trayectorias habituales de las masas de aire.

Esa alteración explica por qué un fenómeno que se origina en el océano puede repercutir a miles de kilómetros. El meteorólogo Marcelo Madelón resumió en dicho artículo: “Donde antes había agua fría, ahora hay agua caliente con mucho vapor de agua, aire en ascenso que origina tormentas e intensas lluvias donde normalmente hay desiertos por falta de lluvias”. En América Latina, ese comportamiento puede traducirse en lluvias más intensas sobre algunas áreas de Sudamérica y, al mismo tiempo, en menos precipitaciones en Centroamérica y sectores del norte sudamericano, con efectos sobre cultivos, disponibilidad de agua y riesgo de incendios.

En América Latina, esos efectos varían de un país a otro. Sobre la costa pacífica de Sudamérica puede haber lluvias más intensas, mientras que en sectores del norte sudamericano y en Centroamérica el fenómeno tiende a asociarse con menos precipitaciones, daños en cultivos, reducción en la disponibilidad de agua y mayor riesgo para la seguridad alimentaria.

La ONU prevé un episodio muy fuerte con efectos que podrían extenderse hasta 2027

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió esta semana que el episodio actual se intensificará en los próximos meses y podría convertirse en uno de los eventos de El Niño más fuertes de la historia reciente. El organismo señaló además que existe una probabilidad cercana al 100% de que persista al menos hasta febrero de 2027.

Según esa agencia de la ONU, el fenómeno ya altera los patrones de precipitación y temperatura y eleva los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo en distintas regiones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó: “El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió por su parte que este episodio puede asestar “un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”. En ese marco, llamó a que las autoridades y los sectores vinculados con agricultura, salud, energía y agua preparen respuestas ante un escenario de mayor presión climática.

La ayuda humanitaria ya está en marcha, pero los organismos advierten que puede no alcanzar

La advertencia del PMA coincide con un momento en que varios países de la región ya enfrentan pérdidas en la producción agrícola, menor disponibilidad de agua y mayores dificultades para sostener ingresos rurales. En el caso de Panamá, los efectos del fenómeno incluso llevaron a restricciones en el tránsito de embarcaciones por el canal, mientras que Ecuador activó una alerta roja por la intensificación del evento.

En ese contexto, la combinación entre sequía prolongada, caída de cosechas y encarecimiento del acceso a alimentos aparece como uno de los principales riesgos para los próximos meses. La evolución del episodio y la capacidad de asistencia de los organismos internacionales serán factores centrales para determinar el alcance final del impacto sobre la población más expuesta.

Al menos 15 familias del sector 8 de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, capital de Honduras comenzaron a abandonar sus viviendas ante el temor provocado por supuestas amenazas de integrantes de estructuras criminales que operan en la zona.

Los afectados fueron vistos sacando sus pertenencias durante las últimas horas, mientras agentes de la Policía Nacional iniciaron horas despues operativos de seguridad y apoyo durante la salida de los residentes.

La situación generó la intervención de las autoridades desde la noche del domingo 6 de septiembre, cuando comenzaron a recibirse reportes sobre varias familias que estaban empacando sus enseres para salir de la colonia debido a las amenazas que habrían recibido.

Ante estos hechos, elementos policiales se desplazaron hasta el sector para recopilar información, verificar las denuncias y brindar protección a los habitantes que decidieron abandonar temporalmente sus hogares.

Durante la mañana de este lunes, la Policía Nacional puso en marcha una operación de saturación en diferentes puntos de Villa Nueva, con especial atención en el sector conocido como “La Frontera”.

El despliegue busca identificar a los responsables de las amenazas denunciadas por los pobladores, verificar las condiciones de seguridad en el lugar y prevenir nuevos hechos delictivos.

Investigación y denuncias

Las Fuerzas Armadas de Honduras también participan en las acciones mediante el despliegue de sus elementos, incluidos efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La presencia de las fuerzas de seguridad tiene como finalidad reforzar la seguridad de los vecinos y brindar protección tanto a las familias que permanecen en la colonia como a aquellas que han tenido que abandonar sus viviendas.

El comisario Cristian Nolasco confirmó que las autoridades intervenían la colonia para verificar las denuncias y brindar protección a las familias afectadas.

“Estamos interviniendo esta colonia, verificar las denuncias y darle protección a las familias afectadas”, manifestó el funcionario.

Nolasco explicó que durante las primeras acciones se encontraron 10 viviendas vacías y que algunas personas todavía no habían regresado a sus hogares.

“Hay 10 viviendas vacías, otras no han regresado las personas. Vamos a brindar la seguridad con toda nuestra fuerza policial”, señaló.

El jefe policial calificó la situación como preocupante y señaló que las autoridades deben identificar con precisión el origen del problema para establecer las acciones correspondientes.

“Es preocupante, no solo en este lugar. Ahora nosotros, como autoridad, podemos identificar el problema para darle el trato importante”, expresó.

Salida de familias y denuncias

El movimiento de familias fuera de la colonia se hizo evidente desde la noche del domingo, cuando residentes comenzaron a retirar muebles, ropa y otros objetos de sus viviendas.

El comisario Nolasco confirmó que las autoridades observaron a varias personas desplazándose con sus bienes. “Sí hemos visto que varias personas se desplazan con sus cosas”, indicó.

Según explicó, la Policía continúa recopilando información para establecer una versión oficial sobre lo sucedido y determinar si efectivamente se han producido acciones criminales contra los habitantes.

“Nosotros estamos haciendo la investigación para tener una versión oficial, si hay varias personas asaltando y metiéndose en casas”, agregó.

De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades, los presuntos responsables habrían utilizado amenazas e intimidación para obligar a algunas familias a abandonar el sector.

En distintos sectores de la colonia se han reportado históricamente denuncias relacionadas con amenazas, extorsiones, asaltos y disputas por el control territorial.

Estas condiciones han mantenido en alerta a los habitantes, quienes en diferentes ocasiones han solicitado mayor presencia de las autoridades de seguridad.

La situación registrada en el sector 8 vuelve a poner en el foco las condiciones de seguridad que enfrentan los residentes de esta colonia capitalina.

En medio de la actividad financiera de Tegucigalpa existe un espacio donde las monedas y los billetes dejan de ser simples medios de pago y se convierten en piezas capaces de contar la historia de Honduras.

Se trata del Museo Numismático Rigoberto Borjas, un escenario cultural que conserva aproximadamente 4,000 piezas relacionadas con los sistemas monetarios que han circulado en el territorio hondureño.

En sus piezas hay referencias al período prehispánico, la época colonial, la independencia, la etapa republicana y los años más recientes. Cada moneda, billete entre otras piezas forma parte de un proceso histórico marcado por transformaciones políticas, económicas y sociales.

El museo funciona en la sede actual del Banco Central de Honduras, en la capital Tegucigalpa. Su existencia forma parte de un proyecto cultural impulsado por la institución desde mediados del siglo XX, cuando comenzó a desarrollar iniciativas destinadas a acercar la educación, el arte y la cultura a la población.

Con la inauguración de la nueva sede del Banco Central en en 2016, la colección fue trasladada al edificio donde continúa como parte de la oferta cultural de la institución.

Cuando una moneda se convierte en historia

El nombre del museo rinde homenaje a Rigoberto Borjas, quien fue el primer jefe de contabilidad del Banco Central de Honduras. Borjas falleció en 1996 y su trayectoria quedó vinculada a la historia de la institución que después llevó su nombre en este espacio dedicado a preservar la memoria monetaria del país.

Para Ernesto Argueta, encargado de la unidad y con más de 20 años de trabajar en el Banco Central de Honduras, la importancia del museo va más allá de conservar objetos antiguos.

La numismática es la disciplina dedicada al estudio de las monedas y de otros medios de intercambio utilizados a lo largo del tiempo, explico Argueta, desde esa perspectiva, una moneda puede aportar información sobre una época, una sociedad y las condiciones económicas bajo las cuales fue utilizada.

El recorrido de la colección permite observar cómo fueron cambiando los medios de pago en Honduras y cómo esos cambios estuvieron relacionados con las diferentes etapas de construcción del Estado hondureño.

Las piezas también permiten comprender el camino que llevó al país hacia la consolidación de su sistema monetario y a la creación del lempira, actualmente la moneda oficial de Honduras y uno de los símbolos de identidad nacional.

Posteriormente, la colección se adentra en la etapa colonial, cuando el territorio hondureño formaba parte del dominio español y circulaban diferentes monedas vinculadas al sistema monetario de la época.

Musero Rigoberto Borjas

La independencia y la posterior formación de la República también están representadas en la colección. Los cambios políticos fueron acompañados por transformaciones en la manera de organizar la economía y establecer los mecanismos de intercambio.

De esta forma, el museo propone observar la historia hondureña desde una perspectiva poco habitual: no solo a través de documentos o acontecimientos políticos, sino mediante objetos que estuvieron literalmente en las manos de generaciones anteriores.

De acuerdo con la explicación proporcionada por Argueta, la institución surgió en un momento en que el país necesitaba fortalecer la organización de su sistema monetario y corregir irregularidades económicas. Con el tiempo, el Banco Central asumió funciones relacionadas con la política monetaria del Estado y la regulación del sistema financiero.

El proyecto cultural desarrollado alrededor del banco también nació con una finalidad educativa. La institución incorporó espacios como una biblioteca, una pinacoteca, el museo numismático y áreas destinadas a exposiciones temporales.

La idea es que la función de una institución pública no se limite a sus responsabilidades económicas, sino que también pueda contribuir a la conservación y divulgación del patrimonio cultural.

Uno de los principales objetivos del museo es acercar la historia a los jóvenes, especialmente a estudiantes que visitan sus instalaciones.

Un espacio público y gratuito

Rigoberto Argueta destacó que la “cultura necesita ser transmitida para que pueda mantenerse viva y ser valorada por las nuevas generaciones”. Bajo esa visión, las piezas de la colección funcionan como herramientas educativas que permiten explicar procesos históricos de una manera más visual y concreta.

El proyecto cultural del Banco Central mantiene una característica que busca facilitar el acceso de la población: el museo es público y gratuito.

La intención es que los hondureños puedan acercarse a este patrimonio sin que el costo represente una barrera. La propuesta combina conservación histórica y educación, con la finalidad de que las colecciones puedan ser conocidas por estudiantes, familias, investigadores y cualquier persona interesada en conocer más sobre el pasado económico del país.

En ese sentido, el Museo Numismático Rigoberto Borjas representa una conexión entre dos dimensiones que normalmente parecen distantes: la economía y la cultura.

Las aproximadamente 4,000 piezas que conserva el museo permiten reconstruir una parte de la memoria hondureña a través de objetos que fueron utilizados en diferentes momentos de la historia.

Una eventual segunda vuelta presidencial implicaría para Honduras un gasto adicional de varios miles de millones de lempiras. Según una estimación del consejero del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes, una nueva jornada electoral podría rondar los 4.000 millones de lempiras, equivalente a 148.9 millones de dólares, una cifra cercana al costo de unas elecciones generales.

La discusión sobre la segunda vuelta electoral no se limita a sus efectos políticos. Incorporar una votación adicional significaría destinar recursos públicos a una jornada que tendría que repetir buena parte de la logística utilizada en las elecciones generales.

La cifra mencionada por el funcionario es una estimación y no corresponde, según lo expuesto, a un presupuesto oficial aprobado para una eventual segunda vuelta. Sin embargo, sirve para dimensionar el impacto económico que tendría modificar el mecanismo mediante el cual se elige al presidente.

Dicho cambio implicaría volver a movilizar personal, centros de votación, material electoral, transporte, seguridad, sistemas de transmisión y otros componentes necesarios para desarrollar una jornada nacional. No se trataría únicamente de imprimir nuevas papeletas, sino de poner nuevamente en funcionamiento una estructura electoral de alcance nacional explico el funcionario.

En ese escenario, una nueva votación podría convertirse en una herramienta para definir con mayor respaldo al ganador, pero también supondría repetir un proceso electoral completo y asumir nuevamente sus costos.

El cambio del escenario político

La discusión sobre este mecanismo cobró mayor fuerza en Honduras a partir de la transformación del escenario político registrada en los últimos años. Fuentes recordó que antes de las elecciones de 2013 la competencia presidencial estaba dominada por dos partidos, mientras que la aparición de nuevas fuerzas políticas modificó la dinámica electoral del país.

La incorporación de Libertad y Refundación (Libre) como una fuerza política significativa amplió la competencia y abrió el debate sobre si el sistema hondureño debía mantener el mecanismo actual o avanzar hacia una fórmula de dos vueltas.

La lógica de una segunda vuelta es que, si ningún candidato alcanza el respaldo requerido en la primera elección, los dos aspirantes más votados se enfrentan nuevamente para definir al ganador. Este modelo busca que el presidente electo llegue al cargo con un respaldo mayoritario entre quienes participan en la segunda jornada.

El debate adquiere mayor relevancia porque una segunda vuelta no necesariamente garantiza que desaparezcan las controversias políticas alrededor de los resultados. Para Fuentes, uno de los problemas que Honduras enfrenta actualmente es la falta de confianza cuando la diferencia entre los candidatos es estrecha.

Para quienes defienden la segunda vuelta, el costo podría justificarse si contribuye a resolver disputas electorales y a garantizar que el presidente tenga un respaldo más amplio. Para quienes cuestionan el mecanismo, el gasto adicional podría resultar difícil de justificar si no existe certeza de que una segunda votación resolverá los problemas de confianza y polarización.

Lo que implicaría una reforma

Los resultados presidenciales cerrados han generado históricamente cuestionamientos y acusaciones de fraude por parte del sector que no acepta el resultado. Según Fuentes, esa dinámica puede continuar independientemente del mecanismo utilizado.

El problema, por tanto, no sería únicamente determinar quién gana una elección, sino conseguir que los actores políticos y la ciudadanía confíen en el resultado.

Además del costo financiero, una reforma de este tipo tendría que considerar otros aspectos: la organización de una segunda jornada en un período relativamente corto, la participación de los electores, el comportamiento de los partidos que queden fuera de la contienda y los posibles acuerdos entre fuerzas políticas para respaldar a alguno de los candidatos finalistas.

También habría que determinar cómo se financiaría una eventual segunda elección y qué otros programas o necesidades del Estado podrían competir por esos recursos.

Esto significa que la decisión sobre adoptar o no una segunda vuelta no podría analizarse únicamente desde la perspectiva de la representación política. También tendría que considerar la capacidad presupuestaria del Estado y los beneficios concretos que se esperan obtener con el cambio.

La discusión llega, además, en un momento en que las diferencias estrechas entre candidatos pueden convertirse en uno de los principales factores de tensión después de una elección. En lugar de desaparecer, la disputa podría trasladarse de la primera jornada a una segunda campaña electoral.

Para Fuentes, la polarización hace probable que los resultados cerrados continúen generando cuestionamientos en futuros procesos. Bajo esa perspectiva, el desafío no se resolvería únicamente cambiando la forma de elegir al presidente.

Por ahora, la cifra de 4.000 millones de lempiras funciona como una referencia para dimensionar el impacto económico que podría tener una segunda vuelta en Honduras. Más allá del dinero, el punto de fondo seguiría siendo la confianza.

Los conductores hondureños comenzarán la semana con nuevos precios en las estaciones de servicio. A partir de este lunes 7 de septiembre de 2026 entrará en vigencia una estructura con aumentos en casi todos los principales combustibles, con el diésel como el producto que registrará el mayor incremento.

En Tegucigalpa, el galón de diésel subirá L2.46 y alcanzará L145.69, un valor equivalente a aproximadamente 5.52 dólares por galón,la gasolina superior también subirá L1.97 y pasará a L139.88 por galón, unos $5.30. La gasolina regular tendrá un ajuste de L0.73 y costará L129.04, equivalente a aproximadamente a $4.89.

Los precios serán diferentes en San Pedro Sula, aunque la tendencia será la misma: todos los combustibles contemplados en la nueva estructura registrarán incrementos.

En la ciudad industrial, la gasolina superior subirá L1.85 y llegará a L135.73 por galón, equivalente a unos $5.15. La gasolina regular aumentará L0.67 y se ubicará en L124.95, alrededor de $4.74.

El diésel tendrá un incremento de L2.35 y alcanzará L141.58 por galón, unos $5.37. El queroseno pasará a costar L121.81 por galón después de un aumento de L1.81, lo que representa aproximadamente $4.62. El GLP vehicular subirá L0.52 y quedará en L45.45 por galón, unos $1.72.

En Tegucigalpa, el queroseno subirá L1.94 hasta llegar a L126.00 por galón, alrededor de $4.78. En el caso del GLP vehicular, el incremento será de L0.52 y el galón quedará en L48.98, unos $1.86. El único producto de los principales combustibles de uso cotidiano que no sufrirá un incremento será el GLP doméstico de 25 libras.

Impacto en el gasto

La diferencia entre los precios de ambas ciudades significa que llenar el tanque tendrá un costo distinto según el lugar donde se abastezca el vehículo.

El ajuste llega en un contexto de variaciones semanales en los precios de los carburantes, una dinámica que obliga a los consumidores a modificar periódicamente el presupuesto destinado al transporte.

Para quienes utilizan vehículos particulares, el impacto dependerá de la cantidad de combustible que consuman. Un conductor que recorra largas distancias o use su vehículo diariamente sentirá con mayor rapidez el incremento en el gasto.

El efecto puede ser mayor para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, como taxistas, conductores de transporte, repartidores y pequeños comerciantes que necesitan movilizarse constantemente.

El diésel, en particular, tiene una relación con el transporte de mercancías, debido a que buena parte de los vehículos utilizados para trasladar productos funcionan con este carburante.

Cuando aumenta el costo de movilizar productos, las empresas y comerciantes deben asumir mayores gastos de operación. Dependiendo del comportamiento de cada sector, parte de esos costos puede terminar reflejándose en el precio final que paga el consumidor.

Aunque no todos los ajustes han sido al alza, el comportamiento acumulado durante el año ha dejado incrementos importantes, especialmente en el diésel, que hasta el cierre de agosto acumulaba un aumento de 79.53 lempiras por galón en Tegucigalpa, según un recuento basado en las estructuras oficiales.

Con el nuevo incremento que entra en vigor este lunes, la atención vuelve a centrarse en cuánto tiempo permanecerán estos precios y si las próximas estructuras traerán nuevas alzas o permitirán algún alivio al bolsillo de los hondureños.

La falta de lluvias comienza a convertirse en un problema para comunidades vulnerables de Honduras, en especial para familias que dependen de la agricultura de subsistencia para obtener alimentos y generar ingresos. Los efectos del fenómeno de El Niño ya se sienten en varias zonas del país, con reportes de pérdidas de cultivos y dificultades para sostener los medios de vida.

En este escenario, la directora regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, llegará a Honduras esta semana para conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las comunidades afectadas.

Infobae confirmó que su gira iniciará el próximo jueves donde recorrera zonas impactadas por la sequía y participará en una jornada de distribución de asistencia humanitaria en El Triunfo Choluteca, dirigida a familias que enfrentan dificultades como consecuencia de las condiciones climáticas así como en otras zonas.

La presencia de Savelli coincide con la preocupación por la disponibilidad de alimentos y por la capacidad de los pequeños agricultores para recuperar sus cultivos.

Cuando la lluvia escasea durante las etapas clave del cultivo, las plantas pueden no desarrollarse adecuadamente y las cosechas pueden reducirse de forma considerable. Si las condiciones secas se prolongan, las pérdidas pueden extenderse a nuevas siembras y aumentar la presión sobre las familias.

En comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad económica, esa situación puede complicarse más, en especial cuando los hogares no tienen suficientes recursos para comprar alimentos o reponer las semillas y otros insumos necesarios para volver a sembrar.

La visita del PMA y la asistencia

La visita de Savelli busca observar estas condiciones sobre el terreno y conocer cómo los efectos de la sequía afectan a las comunidades.

La asistencia representa un respaldo inmediato para hogares que han visto afectados sus medios de vida, pero el problema que enfrenta el sector agrícola requiere también medidas que permitan a los productores recuperarse y prepararse para nuevos períodos de escasez.

La distribución de ayuda humanitaria en El Triunfo forma parte de las acciones de respuesta ante la situación y busca atender las necesidades más inmediatas de los hogares afectados.

El escenario también pone sobre la mesa la importancia de contar con mecanismos de preparación frente a fenómenos climáticos que pueden afectar de manera recurrente a Honduras.

Para los agricultores de subsistencia, disponer de semillas adecuadas, acceso al agua, alternativas de producción y reservas de alimentos puede marcar una diferencia cuando las condiciones climáticas se vuelven adversas.

El reto no es solo responder cuando las pérdidas ya ocurrieron, sino reducir la vulnerabilidad de las comunidades antes de que una nueva temporada seca vuelva a poner en riesgo sus cosechas.

En Honduras, donde numerosas familias rurales dependen de la agricultura para sobrevivir, las variaciones en las lluvias pueden tener consecuencias directas sobre la alimentación y los ingresos de los hogares.

La comunidad de el Triunfo, Choluteca es una de las zonas más afectadas y por ende la distribución prevista busca apoyar a familias que ya están sintiendo las consecuencias de la reducción de las lluvias.

La falta de lluvias comienza a convertirse en un problema para comunidades vulnerables de Honduras, en especial para familias que dependen de la agricultura de subsistencia para obtener alimentos y generar ingresos.

Afectaciones por El Niño

Los efectos del fenómeno de El Niño ya se sienten en varias zonas del país, con reportes de pérdidas de cultivos y dificultades para sostener los medios de vida.

En este escenario, la directora regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, está en Honduras para conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las comunidades afectadas. Durante su visita, recorrerá zonas impactadas por la sequía y participará en una jornada de distribución de asistencia humanitaria en El Triunfo.

La presencia de Savelli coincide con la preocupación por la disponibilidad de alimentos y por la capacidad de los pequeños agricultores para recuperar sus cultivos.

En Honduras, uno de los principales riesgos es que los períodos secos afecten la producción agrícola y, con ello, la disponibilidad de alimentos para las comunidades que dependen en mayor medida de sus propios cultivos.

Para los agricultores de subsistencia, disponer de semillas adecuadas, acceso al agua, alternativas de producción y reservas de alimentos puede marcar una diferencia cuando las condiciones climáticas se vuelven adversas.

En Honduras, donde numerosas familias rurales dependen de la agricultura para sobrevivir, las variaciones en las lluvias pueden tener consecuencias directas sobre la alimentación y los ingresos de los hogares.

La visita de Lena Savelli permitirá conocer de cerca cómo la falta de lluvias está afectando a las familias que dependen de la agricultura para subsistir, particularmente en comunidades donde las pérdidas de cultivos ya comienzan a reducir los ingresos y las reservas de alimentos.

La jornada de asistencia humanitaria en El Triunfo busca atender parte de esas necesidades mientras se evalúa la evolución de la situación.

Honduras busca habilitar un cuarto punto fronterizo con Guatemala, según informó el presidente Nasry Asfura, y el proyecto ya está en etapa de estudios técnicos. La iniciativa apunta a mejorar la conectividad terrestre entre ambos países y facilitar el movimiento de personas, con foco en el turismo y el intercambio comercial en las zonas fronterizas.

Asfura informó que los estudios son realizados con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como parte de los primeros pasos para determinar las condiciones necesarias para poner en funcionamiento este nuevo punto de conexión.

El mandatario señaló que la intención es mejorar la conectividad con Guatemala y avanzar en la modernización de las instalaciones fronterizas, al considerar que esos pasos son necesarios para facilitar el ingreso y la salida de visitantes.

La propuesta se vincula con el objetivo de fortalecer el turismo en Copán y en el occidente hondureño. La apertura de una nueva conexión terrestre permitiría ampliar las opciones de acceso para viajeros procedentes de Guatemala y de otros países de Centroamérica, en especial para quienes utilizan las carreteras regionales para recorrer varios destinos durante un mismo viaje.

Para Honduras, contar con una infraestructura fronteriza más amplia y funcional puede representar una ventaja para atraer visitantes que hoy deben concentrar sus desplazamientos en los puntos fronterizos existentes.

Turismo y conexión regional

El turismo genera actividad económica en distintos sectores. Hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte, comercios y pequeños emprendimientos pueden beneficiarse de un mayor flujo de visitantes, especialmente en zonas con atractivos naturales, culturales e históricos.

Copán, en particular, concentra uno de los mayores atractivos arqueológicos de la región y forma parte de las rutas utilizadas por visitantes nacionales y extranjeros.

Asfura señaló que existe interés en impulsar el desarrollo turístico de Copán y posicionarlo como un destino con mayor reconocimiento internacional. En ese objetivo, la conectividad terrestre representa uno de los elementos que pueden favorecer la llegada de más turistas.

Una nueva frontera con Guatemala permitiría complementar las conexiones actuales y ofrecer otra alternativa para el tránsito entre ambos países. Sin embargo, el alcance real del proyecto dependerá de los resultados de los estudios y de las condiciones de infraestructura que se determinen para su construcción o habilitación.

No se detalló todavía cuándo podría comenzar a operar el nuevo punto fronterizo ni cuál sería la inversión necesaria para adecuarlo. Esos aspectos deberán definirse conforme avance el proceso técnico.

La conectividad no depende únicamente de abrir un puesto de control. También es necesario contar con carreteras capaces de soportar el flujo de vehículos, señalización, servicios básicos y mecanismos que permitan agilizar los procedimientos migratorios y aduaneros.

Impacto económico y desafíos

Por eso, los estudios anunciados por la SIT serán determinantes para establecer la viabilidad de la propuesta y las obras que serían necesarias para hacerla realidad.

La iniciativa también tiene una dimensión regional. Guatemala mantiene vínculos comerciales, familiares y turísticos con Honduras, y una mayor cantidad de puntos de conexión podría facilitar el desplazamiento de personas entre ambos territorios.

Un tránsito más fluido puede favorecer especialmente a las comunidades ubicadas en las zonas cercanas a la frontera, donde pequeños negocios y emprendimientos dependen en buena medida del movimiento de visitantes.

El presidente también destacó la importancia de mejorar las fronteras existentes. El objetivo sería ofrecer condiciones más adecuadas para quienes ingresan al país y, al mismo tiempo, facilitar los procesos de salida y entrada.

En materia turística, la experiencia del visitante comienza incluso antes de llegar a un destino. Los tiempos de espera, el estado de las carreteras y las condiciones de los puntos fronterizos pueden influir en la decisión de una persona de visitar o regresar a determinado país.

El proyecto también se relaciona con la posibilidad de atraer inversión. Un mayor flujo de visitantes puede generar oportunidades para nuevos hoteles, restaurantes, servicios de transporte, agencias de turismo y otros negocios vinculados con la atención de viajeros.

Para las comunidades receptoras, esto podría significar nuevas fuentes de empleo y mayores ingresos, siempre que el crecimiento turístico esté acompañado de planificación y condiciones adecuadas para la inversión.

Visión a futuro

También será necesario establecer los procedimientos que se aplicarían una vez habilitado el paso, así como la coordinación entre las autoridades hondureñas y guatemaltecas.

Por ahora, el anuncio abre la posibilidad de que Honduras cuente en el futuro con una cuarta conexión terrestre con Guatemala.

El Gobierno sostiene que la medida busca mejorar la conectividad y facilitar el ingreso de visitantes, mientras que su impacto económico dependerá de la capacidad del país para acompañar la apertura con mejores carreteras, infraestructura turística y servicios adecuados.

Mientras avanzan los estudios de la SIT, todavía quedan por definir la ubicación exacta, el costo, el calendario de ejecución y la fecha en que podría comenzar a funcionar la cuarta frontera.

La violencia contra las mujeres volvió a dejar una jornada marcada por la muerte en Honduras. En las últimas horas, al menos cinco mujeres fueron asesinadas en hechos registrados en diferentes puntos del país, entre ellos un triple crimen ocurrido en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

El caso que más conmoción generó ocurrió en el barrio Las Acacias, donde tres mujeres fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda. Las víctimas habrían sido atacadas durante la noche del sábado y sus cuerpos fueron descubiertos hasta hoy.

De acuerdo con los primeros informes, las tres mujeres presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontradas muy cerca una de otra dentro de la casa. Una de ellas habría quedado en posición hincada.

Hasta el momento, las autoridades no establecieron el motivo del ataque ni identificaron a los responsables. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y avanzar en la identificación de las víctimas.

Dos de las mujeres fueron reconocidas preliminarmente con los nombres de Yaneth y Karla, mientras que la identidad de la tercera víctima todavía no había sido establecida oficialmente.

La información conocida hasta ahora señala que una de las mujeres alquilaba la vivienda donde ocurrió el crimen. Las otras dos habrían llegado al sector durante el fin de semana para visitar a personas privadas de libertad recluidas en el centro penitenciario de Siria, ubicado en esa zona de Francisco Morazán.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, explicó que la hipótesis preliminar es que las mujeres llegaron el sábado al sector para realizar visitas en el establecimiento penitenciario y luego permanecieron en la vivienda durante la noche.

Los investigadores intentan ahora reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar qué ocurrió dentro de la casa antes y durante el ataque.

Los otros dos casos

Mientras el caso de El Porvenir comenzaba a ser investigado, otros dos asesinatos de mujeres eran informados en diferentes zonas del país.

En Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca, una mujer fue atacada presuntamente por su esposo mientras descansaba en una hamaca dentro de su vivienda.

Según los primeros informes, el hombre habría llegado al lugar y le habría disparado. La víctima fue trasladada al Hospital General del Sur, pero murió cuando era ingresada al área de emergencia.

Las autoridades policiales indicaron que el supuesto responsable ya habría sido identificado y que se mantiene una búsqueda para localizarlo. El comisionado de la Policía José Anariba confirmó que se trabaja para dar con su paradero.

El tercer escenario de violencia se ubicó en La Ceiba, Atlántida, donde una mujer de 28 años murió tras ser atacada con arma de fuego en las cercanías del parqueo del Paseo de los Ceibeños.

La víctima fue identificada preliminarmente como Kimberly Dayana Murillo Almendares. Según los primeros informes, la joven se encontraba compartiendo con una amiga en la orilla de la playa cuando un hombre se habría acercado y la habría amenazado con un arma de fuego.

Ante la situación, Murillo habría intentado escapar corriendo, pero el ataque terminó con su vida.

Las líneas de investigación

Los tres hechos son investigados de manera independiente y, hasta ahora, no existe información que permita establecer que los asesinatos estén relacionados entre sí. Ocurrieron en un corto período y se suman a la preocupación por la violencia que continúa afectando a las mujeres en diferentes regiones de Honduras.

El triple crimen de El Porvenir concentra particularmente la atención debido a que tres mujeres fueron asesinadas dentro de un mismo inmueble. La Policía deberá determinar si fueron sorprendidas por los atacantes, si conocían a quienes ingresaron a la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al ataque.

El caso de Monjarás mantiene como principal línea la presunta participación de la pareja de la víctima, quien, según la información preliminar, habría escapado después del ataque. En La Ceiba, las autoridades buscan establecer la identidad del hombre que habría abordado a la joven en la zona de playa.

Por el momento, las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades no establecieron una conexión entre los cinco asesinatos. La prioridad en las próximas horas será avanzar en la identificación de las víctimas, recopilar pruebas y ubicar a los sospechosos en aquellos casos donde ya existen líneas de investigación.

Las principales fuentes de abastecimiento de agua para Tegucigalpa y Comayagüela registran niveles bajos: Los Laureles está en 29,51% de su capacidad y La Concepción, en 26,56%, según datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento. Si no se presentan lluvias intensas en las próximas semanas, el riesgo hídrico podría agravarse.

La situación mantiene la preocupación sobre la disponibilidad de agua para los habitantes del Distrito Central, porque las lluvias registradas hasta ahora no han sido suficientes para recuperar los niveles de los principales embalses.

Los datos divulgados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) muestran que ambas represas tienen una cantidad limitada de agua almacenada y que La Concepción está particularmente cerca de entrar en una condición crítica.

En el caso de Los Laureles, el embalse registra un nivel de 1.017,60 metros sobre el nivel del mar y alcanza el 29,51% de su capacidad. El sistema cuenta con un almacenaje reportado de 3.100 milímetros cúbicos y una producción en planta de 450 litros por segundo.

La situación de La Concepción es más ajustada. El embalse se encuentra a 1.134,34 metros sobre el nivel del mar y su almacenamiento llega al 26,56%. La represa tiene un almacenaje reportado de 9.618 milímetros cúbicos, mientras que la producción y los aportes alcanzan los 850 litros por segundo.

Aunque los niveles actuales todavía permiten mantener la operación del sistema, el margen disponible se reduce conforme pasan los días sin lluvias capaces de generar una recuperación de los embalses.

Qué puede pasar si no llueve más

También preocupa la posibilidad de que las precipitaciones previstas para la capital no sean suficientes para revertir la tendencia y recuperar las reservas antes de que avance el período seco.

Julio Quiñonez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de la Alcaldía del Distrito Central, advirtió que las condiciones meteorológicas previstas no apuntan a una recuperación considerable de las represas.

Según explicó, para conseguir una recuperación extraordinaria de los embalses tendría que presentarse un fenómeno tropical capaz de generar lluvias mucho más intensas que las esperadas bajo condiciones normales.

De no ocurrir un evento de ese tipo, la capital podría cerrar el año bajo un escenario de estrés hídrico, es decir, con una disponibilidad de agua insuficiente frente a las necesidades de la población.

La recuperación de una represa no depende únicamente de que llueva durante algunos días. Para que el nivel de los embalses aumente de manera considerable se requieren precipitaciones intensas y prolongadas en las zonas donde se encuentran las fuentes y sus cuencas de captación.

Una lluvia aislada puede aportar cierta cantidad de agua, pero no necesariamente representa una recuperación de las reservas. Cuando los suelos y las fuentes naturales también presentan condiciones de sequedad, una parte del agua puede ser absorbida o desviada antes de llegar a los embalses.

Por ello, los niveles registrados actualmente reflejan no solo el comportamiento de las lluvias recientes, sino también el déficit acumulado durante el período de escasez.

Impacto sobre el abastecimiento en la capital

Para los usuarios del sistema de agua potable de la capital, los niveles de las represas son un indicador clave de lo que podría ocurrir con el abastecimiento durante los próximos meses. Mientras menor sea la cantidad de agua disponible en los embalses, mayor será la presión sobre las fuentes y sobre la planificación de la distribución.

El escenario también puede obligar a mantener o intensificar medidas de administración del recurso, especialmente si las condiciones climáticas no cambian de manera favorable.

La preocupación aumenta porque la capital ya enfrenta una demanda constante de agua y depende de un sistema de abastecimiento que necesita recuperar sus reservas durante los períodos lluviosos para poder afrontar los meses de menor precipitación.

La advertencia de Quiñonez apunta a ese escenario. El funcionario considera que, sin un fenómeno tropical que genere precipitaciones extraordinarias, las lluvias previstas no serían suficientes para llenar las represas de la capital.

Esto significa que no se puede contar únicamente con los pronósticos de lluvia habituales para resolver el problema. La recuperación de los embalses necesitaría condiciones mucho más favorables y, mientras estas no lleguen, las reservas continuarán sometidas a presión.

La capital Tegucigalpa, ha tenido que enfrentar en distintos períodos problemas relacionados con la disponibilidad del recurso, especialmente cuando las temporadas lluviosas no logran compensar el consumo y las pérdidas acumuladas durante los meses secos.

La sequía ha complicado las condiciones para quienes dependen de la ganadería en diversas zonas del país, con menos agua y menor disponibilidad de pasto, los productores enfrentan dificultades para mantener al ganado alimentado y en condiciones adecuadas.

El problema afecta especialmente a los pequeños ganaderos, para quienes cada animal representa parte de su patrimonio y una fuente de ingresos familiar. Cuando el alimento escasea, sostener el hato puede convertirse en una carga económica difícil de mantener durante períodos prolongados.

Ante este escenario, un grupo de 400 productores del departamento de Choluteca recibió insumos para complementar la alimentación de sus animales. La ayuda incluyó alimento para atender la emergencia y semillas para generar nuevas fuentes de forraje dentro de las propias fincas.

De los productores beneficiados, 250 recibieron maíz. En total, fueron distribuidos 2.500 sacos, con una asignación de 10 sacos por ganadero, equivalentes a unas 1.000 libras de alimento para cada productor.

El ensilaje representa una alternativa para mantener alimentados a los animales durante el período en que los potreros no cuentan con suficiente pasto. Su entrega busca reducir el riesgo de que el ganado pierda peso de manera considerable o enfrente condiciones que comprometan su sobrevivencia.

Sequía sigue afectando al productor

La falta de alimento también puede generar consecuencias económicas para las familias que viven de esta actividad, ya que deben buscar otras fuentes de alimentación o asumir gastos adicionales para evitar que el ganado se deteriore.

En situaciones más críticas, la escasez puede llevar a los productores a vender parte de sus animales para reducir los costos de mantenimiento. Sin embargo, una venta bajo presión y en medio de una emergencia puede significar una pérdida importante para el productor.

Por eso, mantener el hato durante la temporada seca se convierte en una prioridad para muchas familias ganaderas. El alimento disponible puede determinar si los animales logran superar el período de escasez hasta que las condiciones permitan la recuperación de los pastizales.

La estrategia aplicada en también contempla una alternativa que busca ir más allá de la emergencia inmediata. Un total de 150 productores recibió semilla mejorada de sorgo forrajero, en cantidad suficiente para establecer aproximadamente una manzana de cultivo por finca.

La idea es que los ganaderos puedan producir parte del alimento que necesitarán para sus animales y contar con una fuente adicional de forraje cuando disminuya la disponibilidad de pastos.

Esta posibilidad cobra relevancia en una región donde las condiciones climáticas pueden poner bajo presión a la actividad ganadera. Cuando las precipitaciones son insuficientes, la recuperación de los pastizales se vuelve más lenta y los productores necesitan recurrir a otras alternativas para sostener a los animales.

Sin embargo, la semilla por sí sola no resuelve el problema. Los productores deberán establecer los cultivos y garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo, lo que vuelve a colocar al clima entre los principales factores que condicionan la actividad agropecuaria.

Honduras sigue bajo alerta

La situación también refleja la necesidad de que las fincas ganaderas cuenten con reservas de alimento antes de que los períodos secos alcancen su punto más crítico. La preparación previa puede reducir el impacto de la falta de lluvias y dar a los productores mayores posibilidades de conservar sus animales.

Para las familias que dependen de la ganadería, la disponibilidad de alimento durante la temporada seca está directamente relacionada con sus ingresos y con la conservación de su patrimonio productivo.

La situación que enfrentan los productores de varis departamentos, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la ganadería frente a las variaciones del clima. La falta de lluvias no solo seca los potreros, sino que también obliga a las familias productoras a buscar recursos adicionales para mantener una actividad de la que dependen económicamente.

Las condiciones climáticas adversas representan uno de los principales desafíos para el sector agropecuario de Honduras, con afectaciones tanto en los cultivos de granos básicos como en la actividad ganadera.

Una evaluación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) mostró el impacto de las variaciones del clima sobre los productores. El maíz figura entre los cultivos más afectados, mientras que la ganadería enfrenta una reducción en la producción de carne y leche.

El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Ricardo Peña, detalló que una de las evaluaciones realizadas en el sector maicero abarcó 71,199 manzanas, superficie en la que se estimaron pérdidas del 29.8%.

Las cifras forman parte de las evaluaciones utilizadas por las autoridades para identificar las zonas con mayores dificultades y definir medidas de asistencia para los productores.

Maíz, entre los más afectados

El impacto sobre el maíz adquiere relevancia debido al peso que este grano tiene dentro de la producción agrícola hondureña y en la alimentación de miles de familias.

Las pérdidas registradas en distintas áreas de cultivo reflejan las dificultades que enfrentan los productores cuando las condiciones de humedad y lluvia no son las esperadas.

La afectación no es uniforme en todo el territorio. Por esa razón, las autoridades realizan evaluaciones diferenciadas para establecer cuáles son las zonas que requieren mayor atención y dónde existen mejores condiciones para desarrollar nuevas siembras.

El comportamiento del clima se convierte así en un factor determinante para decidir cuándo y dónde establecer los cultivos, especialmente de granos básicos como maíz y frijol.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la producción de carne registra una disminución estimada de entre 10% y 15%, mientras que la producción de leche presenta una caída de entre 35% y 40%.

La reducción está relacionada con las dificultades que enfrentan los productores para garantizar suficiente alimento para sus animales.

La situación golpea con mayor intensidad a los pequeños ganaderos, que cuentan con menos recursos para enfrentar períodos prolongados de condiciones desfavorables.

De acuerdo con el funcionario, algunos productores se vieron obligados a vender parte de sus animales ante las dificultades para conseguir alimento.

La venta del ganado permite a ciertas familias enfrentar gastos inmediatos, pero también puede reducir su capacidad productiva y afectar sus ingresos futuros.

La ganadería también resiente

Como parte de las medidas de asistencia, la Secretaría de Agricultura y Ganadería destinó 20 millones de lempiras para proporcionar alimentación al ganado en las zonas identificadas como más afectadas.

La ayuda tiene como propósito respaldar a los productores que enfrentan dificultades para mantener sus animales y reducir las pérdidas ocasionadas por la escasez de alimento.

La asistencia forma parte de las acciones dirigidas a contener el impacto económico de las condiciones climáticas sobre las familias dedicadas a la actividad ganadera.

Además del apoyo alimentario, las autoridades utilizan las evaluaciones de campo para determinar dónde concentrar los recursos disponibles.

La SAG estableció la distribución de 86.000 incentivos para la producción de frijol a nivel nacional, además de aproximadamente 18,000 incentivos destinados al maíz.

La asignación de estos recursos toma en cuenta las condiciones de cada zona y los pronósticos climáticos, con el objetivo de favorecer las áreas donde existen mejores posibilidades para el desarrollo de los cultivos.

De esta manera, la planificación de las siembras busca reducir el riesgo de que los productores vuelvan a enfrentar pérdidas debido a condiciones meteorológicas desfavorables.

El clima y las nuevas estrategias

Para los productores, conocer las condiciones previstas de lluvia permite tomar decisiones sobre las fechas de siembra, la selección de las áreas de cultivo y el uso de los recursos disponibles.

En las regiones donde las precipitaciones son insuficientes, una siembra realizada en el momento inadecuado puede aumentar el riesgo de pérdidas.

Por ello, las autoridades mantienen mecanismos de monitoreo para identificar cambios en las condiciones climáticas y orientar la asistencia hacia las zonas que presentan mayores necesidades.

Las pérdidas agrícolas y la reducción de la producción ganadera no solo afectan los niveles de producción. También tienen consecuencias directas sobre los ingresos de las familias que dependen del campo.

Las cifras reportadas por la SAG muestran que el impacto de las condiciones climáticas puede variar entre regiones y actividades productivas.

Expertos independientes en derechos humanos pidieron a Honduras que detenga de inmediato la ejecución de más de 1000 órdenes de desalojo que afectan a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, al advertir que la pérdida de esas tierras no implica solo quedarse sin vivienda, sino también sin la base para producir alimentos y sostener sus medios de vida.

Según la información citada por los especialistas, al 1 de julio ya se habían emitido más de 1000 órdenes y algunas habían comenzado a ejecutarse. El reclamo al Gobierno incluye suspender nuevos procedimientos y consultar antes a las comunidades afectadas por reclamaciones territoriales pendientes.

La preocupación de los expertos se concentra en el Decreto 107-2026, una normativa que, según explicaron, protege determinadas tierras destinadas a actividades agroindustriales, ganaderas, energéticas y turísticas frente a reclamos vinculados con la reforma agraria o con derechos ancestrales. También advirtieron que esa legislación fue elaborada sin consulta a las comunidades que podrían ser desplazadas.

“Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias”, afirmaron. “Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”.

La pérdida de tierras amenaza la alimentación y la supervivencia de las familias

Los especialistas señalaron que una parte de los terrenos en disputa está siendo utilizada por cooperativas y agricultores de subsistencia para cultivar alimentos. Por eso, el desalojo puede privar a las familias de recursos productivos esenciales para su supervivencia.

A juicio de los expertos, el conflicto no se limita a determinar quién puede ocupar o usar un territorio. También abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de Honduras de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, por su impacto directo sobre la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades.

Uno de los casos recientes mencionados fue el desalojo del 6 de julio contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, de un territorio ancestral que, según indicaron, había sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como perteneciente a esa comunidad.

Durante ese operativo fueron detenidos cinco defensores de derechos humanos garífunas, que luego recuperaron la libertad, aunque siguen enfrentando procesos penales por usurpación agravada. Los expertos pidieron investigaciones rápidas sobre los actos de violencia ocurridos en ese procedimiento y reclamaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de 2023 de la Corte Interamericana sobre el territorio ancestral de San Juan, así como de otras decisiones pendientes sobre derechos territoriales en el país.

También citaron el caso de más de 40 familias campesinas desalojadas el 6 de agosto de la comunidad de El Tulito, en Choluteca, en aplicación del mismo decreto. Según la información recibida, las disputas por la tierra han estado acompañadas de episodios de violencia y las personas defensoras de derechos humanos continúan expuestas a represalias por su trabajo.

Los expertos vinculan los desalojos con asesinatos, violencia y procesos penales

En una comunicación enviada al Gobierno hondureño, los especialistas plantearon la necesidad de realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz sobre el asesinato de 20 personas ocurrido el 21 de mayo en Rigores, Colón. De acuerdo con la información recogida en esa comunicación, los atacantes presuntamente vestían uniformes policiales y militares.

Ocho de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que días antes habían denunciado la destrucción y confiscación de sus propiedades por parte de la policía. Los expertos solicitaron que los hechos sean esclarecidos y que los responsables rindan cuentas.

El grupo también instó a las empresas involucradas en disputas territoriales a aplicar procesos sólidos de diligencia debida en materia de derechos humanos. El pedido incluyó evitar que las comunidades y quienes defienden sus derechos queden expuestos a riesgos indebidos, entre ellos el posible uso indebido del derecho penal.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se cierran deliberadamente todas las vías legales a través de las cuales una familia campesina, indígena o afrodescendiente de Honduras pueda impugnar el despojo”, afirmaron.

Los firmantes son relatores especiales y miembros de grupos de trabajo de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, con mandatos sobre derechos de los campesinos, vivienda, alimentación, ejecuciones extrajudiciales, libertad de asociación, defensores de derechos humanos y empresas y derechos humanos. Actúan a título individual, son independientes y sus opiniones no representan necesariamente a las Naciones Unidas ni a la Oficina de Derechos Humanos.

Dos despedidas ocurridas con pocos días de diferencia volvieron a colocar al sector gastronómico hondureño bajo los reflectores.

Ruby Tuesday anunció que cerrará sus operaciones en Honduras el próximo 4 de octubre después de 25 años, mientras Riora’s, restaurante de Ciudad Nueva, Tegucigalpa, comunicó el cierre de su establecimiento después de 14 años de funcionamiento, aunque anunció que continuará atendiendo mediante delivery.

Los anuncios generaron numerosas reacciones en redes sociales y reabrieron una pregunta que ya había planteado el gremio meses atrás: ¿qué tan difícil se ha vuelto mantener un restaurante abierto en Honduras?

Unos 200 restaurantes cerrados durante 2026

Napoleón Murillo, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, aseguró en agosto que aproximadamente 200 restaurantes habían cesado operaciones durante 2026.

Según sus estimaciones, esos cierres habrían significado la pérdida de alrededor de 2.000 puestos de trabajo, muchos de ellos ocupados por empleados que reciben salario mínimo.

El dirigente advirtió además que parte de quienes pierden esos empleos termina trasladándose hacia la informalidad.

Las cifras corresponden a estimaciones del sector gastronómico y no necesariamente a un registro oficial consolidado de cierres empresariales.

Energía: una factura que puede duplicarse o triplicarse

Entre las principales dificultades mencionadas por Murillo está la electricidad.

El representante empresarial sostuvo que algunos restaurantes han experimentado facturas que se duplicaron e incluso triplicaron, un impacto especialmente sensible para negocios que requieren refrigeradores, congeladores, cámaras frías, hornos, extractores y aire acondicionado durante buena parte del día.

A diferencia de otros comercios, reducir drásticamente el consumo eléctrico no siempre es una opción para un restaurante sin comprometer conservación de alimentos o servicio.

Alquileres altos y hasta dolarizados

Otro punto señalado por los empresarios son los alquileres comerciales.

Murillo pidió revisar el cumplimiento de la normativa porque, según afirmó, existen propietarios que establecen rentas en dólares, haciendo que el costo mensual pueda variar también con el tipo de cambio.

En redes sociales, varios usuarios reaccionaron a los cierres recientes señalando precisamente el peso de las rentas, energía, impuestos y costos operativos sobre pequeños y medianos negocios.

Esas publicaciones representan opiniones ciudadanas y no demuestran por sí mismas las causas específicas detrás del cierre de cada restaurante.

El crédito también pesa

El gremio gastronómico ha pedido al Banco Central de Honduras y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros revisar las condiciones del financiamiento empresarial.

Para un restaurante que necesita renovar cocina, mobiliario, refrigeración o cubrir capital de trabajo, una tasa de interés elevada puede convertir la deuda en otro costo difícil de absorber.

A esto se suman alimentos, salarios, alquileres, transporte y servicios.

El problema aparece cuando todos aumentan al mismo tiempo y el negocio no puede trasladarlos completamente al menú porque corre el riesgo de perder clientes.

Ruby Tuesday comunicó su despedida agradeciendo a clientes y colaboradores por 25 años de presencia en Honduras.

Riora’s hizo lo propio después de 14 años, recordando el crecimiento de un proyecto que comenzó de manera pequeña hasta establecerse en Ciudad Nueva. Sus propietarios anunciaron que continuarán cocinando mediante entregas a domicilio.

No existe en la información disponible una explicación que permita atribuir directamente ambos cierres a electricidad, alquileres o financiamiento.

Pero ocurren dentro de un sector que sí viene denunciando esas presiones.

Más que restaurantes que desaparecen

Cuando un restaurante cierra, el impacto no termina en sus propietarios.

También desaparecen plazas para meseros, cocineros, cajeros y personal de limpieza, además de compras a proveedores de carne, verduras, bebidas, gas, transporte y otros servicios.

Por eso, la sucesión de cierres está empezando a verse como algo más amplio que una colección de despedidas empresariales.

La pregunta para Honduras es si se trata simplemente de la rotación normal de negocios en un mercado competitivo o de una señal de que operar formalmente un restaurante se está volviendo cada vez más difícil.

Durante casi tres años, Ángel Noé Acosta Andara, alias “El Chele”, permaneció fuera del alcance de las autoridades hondureñas.

Su nombre terminó incluido entre los más buscados del país y la Policía llegó a ofrecer L300.000, equivalentes a USD 11, 176, por información que permitiera ubicarlo.

La búsqueda terminó la noche del viernes 4 de septiembre.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo capturaron en la colonia Independencia, en Comayagua, durante un operativo ejecutado por la Unidad Departamental de Investigación Criminal número 3.

Acosta, de 28 años, es señalado como presunto responsable de la muerte del agente policial Cristian Javier Chaver Domínguez, ocurrida el 25 de octubre de 2023.

El crimen que originó la búsqueda

Según la versión policial, Chaver Domínguez formaba parte de la entonces Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Durante un registro desarrollado en Comayagua, Acosta habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones contra el agente.

El funcionario murió como consecuencia del ataque. Después del crimen, el sospechoso logró evadir a las autoridades y comenzó una búsqueda que se prolongó durante casi tres años.

La Policía Nacional terminó incluyéndolo en sus listados de fugitivos prioritarios.

Una recompensa que elevó la presión

La recompensa ofrecida por información sobre su ubicación alcanzó L300.000 (USD 11,176).

Este tipo de incentivos busca ampliar la capacidad de búsqueda más allá de los propios cuerpos policiales, permitiendo que información proporcionada por ciudadanos contribuya a localizar a personas prófugas.

Sin embargo, la Policía no ha informado públicamente si la recompensa fue determinante para conseguir la captura ni si alguna persona podrá reclamarla.

Ese será uno de los detalles pendientes después del operativo.

Lo encontraron en la misma ciudad donde ocurrió el crimen

Uno de los elementos llamativos es que la captura se produjo en Comayagua, el mismo departamento donde ocurrió el homicidio que originó la persecución.

Los agentes lograron ubicarlo en la colonia Independencia y ejecutaron la orden pendiente.

La portavoz de la DPI, Sulay Correa, confirmó que posteriormente fue remitido a los tribunales correspondientes.

Ahora deberá comenzar la etapa judicial para determinar su responsabilidad.

Aunque permaneciera incluido entre los más buscados y exista una acusación policial en su contra, Acosta mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

De la búsqueda policial al proceso judicial

La captura no resuelve por sí misma el caso. La Fiscalía deberá presentar los elementos recopilados durante estos años para sostener la acusación relacionada con la muerte del agente.

También será necesario determinar qué ocurrió después del homicidio, cómo consiguió permanecer prófugo durante tanto tiempo y si contó con ayuda para esconderse.

Esas preguntas adquieren relevancia cuando una persona buscada durante años termina siendo localizada dentro del mismo territorio donde se originó el expediente.

Por ahora, el principal cambio es que la investigación deja de estar centrada en encontrar a “El Chele”.

Después de casi tres años, la búsqueda terminó y comienza la batalla judicial para determinar si fue realmente quien asesinó al agente Cristian Javier Chaver Domínguez.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó este viernes la importancia de fortalecer la unidad centroamericana y trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo y la prosperidad de los pueblos de la región.

Las declaraciones fueron brindadas durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), previo a la conmemoración de los 205 años de Independencia de Centroamérica, que reunió a representantes de los países de la región y miembros del cuerpo diplomático.

Al encuentro asistieron los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, además de representantes de organismos internacionales y otros integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras.

Durante su intervención, Asfura resaltó el papel del BCIE como una institución que representa parte de la historia de cooperación y de la visión compartida entre las naciones centroamericanas.

El mandatario señaló que los países de la región representan en conjunto a aproximadamente 50 millones de habitantes, por lo que consideró que existe un amplio potencial para avanzar hacia una Centroamérica con mayores oportunidades.

“Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó el gobernante.

Asfura recordó que Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten más de dos siglos de historia, además de raíces culturales e identidad regional.

Sin embargo, sostuvo que esa historia común también representa un compromiso para que los países trabajen de manera coordinada frente a los principales desafíos que enfrenta la región.

En ese sentido, el presidente hondureño aseguró que su administración mantiene el compromiso de fortalecer los vínculos entre las naciones centroamericanas mediante la cooperación y la integración regional.

“Desde Honduras reafirmamos nuestro compromiso con la integración centroamericana, con la cooperación y el fortalecimiento de nuestros lazos que nos han unido siempre”, manifestó.

El mandatario también se refirió al contexto económico internacional y señaló que los desafíos que enfrenta la economía mundial pueden convertirse en una oportunidad para que los países centroamericanos unan esfuerzos y aprovechen las capacidades de la región.

A criterio de Asfura, una mayor coordinación entre los países permitiría impulsar iniciativas orientadas a generar desarrollo, seguridad, empleo y mejores oportunidades para los habitantes de Centroamérica.

“Si miramos juntos para adelante vamos a tener esa Centroamérica fuerte, grande y unida que todos queremos”, afirmó.

El gobernante hondureño también hizo énfasis en la importancia del respeto entre gobiernos y pueblos, al tiempo que reiteró que Honduras continuará desarrollando una política exterior basada en la defensa de sus intereses nacionales y en la cooperación con los demás países.

La integración centroamericana, según el mandatario, debe mantenerse como un objetivo común para enfrentar de manera conjunta los retos que trascienden las fronteras de cada país.

Durante el encuentro, Asfura agradeció al BCIE y a las representaciones diplomáticas de Centroamérica por promover espacios de diálogo y convivencia que permiten fortalecer los vínculos históricos entre las naciones.

La actividad se desarrolló en el marco de los preparativos para la conmemoración de los 205 años de Independencia de Centroamérica, una fecha que busca recordar los acontecimientos históricos que marcaron el nacimiento de las repúblicas de la región.

Para el presidente hondureño, esta conmemoración también debe servir como una oportunidad para proyectar el futuro y reconocer los desafíos que todavía enfrenta Centroamérica en materia de desarrollo y bienestar.

“Que estos 205 años sean la oportunidad para mirar hacia adelante y que recordemos juntos que somos fuertes y que el futuro de Centroamérica lo hemos construido, lo estamos construyendo y lo vamos a construir todos”, concluyó Asfura.

Con este mensaje, el mandatario hondureño reiteró la apuesta de su gobierno por mantener los lazos de cooperación regional y promover una agenda común entre las naciones centroamericanas, especialmente ante un escenario internacional marcado por desafíos económicos y políticos.

La participación de Honduras en este tipo de encuentros también busca mantener abiertos los canales de diálogo con los países vecinos y fortalecer los mecanismos regionales que permitan avanzar hacia objetivos compartidos.

Para el Gobierno hondureño, la integración continúa siendo un instrumento para impulsar el crecimiento de los países centroamericanos y mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

Primero bloquearon a la víctima, después la llamaron y en apenas 41 minutos, desde su cuenta bancaria salieron 17 transferencias no autorizadas por un total de L586,579, aproximadamente USD 21,857.

Ese es el fraude que investiga la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y que terminó con la captura de seis hondureños señalados de actuar como presuntas “mulas financieras”.

Las detenciones se realizaron en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula, mientras la Fiscalía intenta reconstruir no solo quién recibió el dinero, sino también quién estuvo detrás del engaño inicial.

La víctima acababa de recibir un préstamo

El caso comenzó después de que un ciudadano recibiera L450,000 (aproximadamente USD 16,767) producto de un préstamo depositado en su cuenta de ahorros.

Según la investigación, posteriormente los responsables lograron bloquearle el acceso a su banca en línea.

Entonces ocurrió la segunda etapa del fraude. La víctima recibió una comunicación en la que supuestamente le indicaron que necesitaban su usuario y código de token para restablecer el servicio.

Al entregar esos datos, habría permitido involuntariamente que los delincuentes tomaran control de su cuenta.

Una vez obtenidas las credenciales, comenzaron las operaciones.

Los investigadores contabilizaron 17 transferencias digitales en apenas 41 minutos.

El dinero fue enviado hacia cuentas de distintas instituciones financieras.

La velocidad no es casual en este tipo de fraudes, cuanto más rápido se distribuyen los fondos, menor es el tiempo disponible para que la víctima detecte el movimiento y solicite al banco bloquear las transferencias.

¿Qué función cumple una “mula financiera”?

Aquí aparece la pieza que permitió seguir el rastro del dinero.

Las seis personas capturadas habrían facilitado sus cuentas bancarias para recibir y posteriormente movilizar los fondos, presuntamente a cambio de una comisión.

Ese intermediario es conocido como “mula financiera”.

Su función consiste en recibir dinero de origen ilícito y luego retirarlo, reenviarlo o entregarlo a terceros, creando varias capas entre la cuenta de la víctima y quienes organizaron el fraude.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Elvin Ernesto Osorto Galo, Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elsa Alejandra Fúnez Aguilar.

Todos mantienen su presunción de inocencia mientras un tribunal determina su responsabilidad.

El dinero digital también deja huellas

Aunque dispersar los fondos busca dificultar la investigación, las transferencias generan registros.

Los investigadores pueden reconstruir hora de envío, cuenta receptora, movimientos posteriores, dispositivos utilizados y retiros realizados.

Esa trazabilidad permitió a Feprosi y ATIC identificar las cuentas que habrían recibido el dinero.

Los seis detenidos son investigados por acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir.

Este tipo de fraude demuestra que no siempre es necesario vulnerar directamente los sistemas de seguridad de un banco.

A veces basta con convencer al propio usuario de entregar sus credenciales.

Por eso las autoridades insisten en que ninguna institución financiera debería solicitar mediante una llamada contraseñas, usuarios, PIN o códigos de token.

La investigación también deberá establecer ahora quiénes ejecutaron el acceso inicial y quién coordinó el movimiento de los fondos. Porque las seis capturas pueden representar solo una parte del esquema. Detrás de las cuentas utilizadas para recibir el dinero todavía queda una pregunta: ¿Quién estaba al otro lado de la llamada que consiguió las claves y puso en marcha 17 transferencias en apenas 41 minutos?

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, insistió este viernes en su solicitud al Gobierno de Estados Unidos para que conceda más tiempo a los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) antes de que deban enfrentar un eventual retorno al país.

El mandatario afirmó que Honduras respeta la decisión de Washington de no extender el TPS, pero consideró necesario que los compatriotas que han permanecido durante décadas en territorio estadounidense tengan la oportunidad de organizar su regreso y resolver asuntos pendientes.

“Les he pedido que les den el tiempo a los compatriotas para que puedan prepararse para un retorno al país”, explicó Asfura a los periodistas, al referirse a las gestiones realizadas por su administración ante las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el gobernante, alrededor de 55,000 hondureños se encuentran directamente afectados por la decisión relacionada con el TPS. Muchos de ellos, señaló, llevan 30 o 40 años viviendo en Estados Unidos, donde han construido sus familias, desarrollado actividades laborales y contribuido a la economía de ese país.

Asfura destacó que se trata de personas que, durante décadas, han mantenido una vida estable en Estados Unidos y que deberían contar con un período suficiente para organizar sus asuntos antes de regresar a Honduras.

“Han estado 30 y 40 años en Estados Unidos, siendo ciudadanos honorables, respetables, que han sido parte de la economía y de la sociedad”, manifestó el presidente hondureño.

El Gobierno hondureño realizó gestiones diplomáticas ante Estados Unidos con el objetivo de conseguir un período adicional que permitiera a los beneficiarios del TPS prepararse ante el cambio migratorio.

La intención, según explicó Asfura, era evitar que la medida provocara una situación de presión inmediata para miles de familias hondureñas que tienen vínculos personales, laborales y patrimoniales establecidos en Estados Unidos.

El mandatario reconoció, sin embargo, que corresponde a Estados Unidos establecer sus propias políticas migratoriasy que Honduras debe respetar las determinaciones adoptadas por Washington.

“Las políticas del Gobierno americano en temas de migración y aranceles son políticas firmes que debemos respetar”, sostuvo.

El Estatus de Protección Temporal para Honduras fue concedido por Estados Unidos en 1999, después de la devastación provocada por el huracán Mitch a finales de 1998.

El fenómeno natural causó una de las peores tragedias de la historia reciente de Honduras y dejó miles de personas fallecidas, además de una enorme destrucción de infraestructura, viviendas y cultivos.

A partir de esa situación, miles de hondureños pudieron permanecer legalmente en Estados Unidos bajo el mecanismo de protección temporal, que posteriormente fue objeto de diferentes extensiones y procesos relacionados con la situación migratoria de los beneficiarios.

Durante los últimos años, el futuro del TPS para los hondureños se ha convertido en un tema recurrente dentro de la agenda diplomática entre Tegucigalpa y Washington.

Para las familias beneficiarias, la posibilidad de perder esta protección migratoria implica no solamente un cambio en su situación legal, sino también la necesidad de tomar decisiones relacionadas con sus empleos, viviendas, propiedades y familiares.

Ante la posibilidad de que parte de los beneficiarios tenga que regresar a Honduras, el Gobierno de Asfura aseguró que trabaja en la preparación de medidas de reintegración económica y social.

El objetivo sería facilitar que los hondureños retornados puedan incorporarse nuevamente a la vida productiva del país y encontrar oportunidades laborales o de emprendimiento.

La administración hondureña también ha señalado la importancia de generar condiciones para que quienes regresen puedan aprovechar la experiencia y las capacidades adquiridas durante sus años de residencia en Estados Unidos.

No obstante, la canciller Mireya Agüero ha descartado, por ahora, que Honduras enfrente un retorno masivo inmediato, pese a la preocupación existente entre los beneficiarios y sus familias.

Las autoridades mantienen seguimiento al proceso migratorio y a las decisiones que adopte Estados Unidos para determinar los siguientes pasos de las personas que actualmente se encuentran protegidas bajo el TPS.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de la migración hondureña. Según cifras oficiales citadas por las autoridades, más de un millón de hondureños residen en territorio estadounidense.

De ese universo, alrededor de 200,000 personas han adquirido la ciudadanía estadounidense o cuentan con algún estatus migratorio regular, mientras que otro grupo enfrenta diferentes condiciones migratorias.

La comunidad hondureña en Estados Unidos también representa una fuente fundamental de ingresos para el país mediante el envío de remesas familiares, recursos que sostienen a miles de hogares y tienen un peso importante en la economía nacional.

El eventual retorno de decenas de miles de hondureños plantea, por ello, un desafío que trasciende el ámbito migratorio y alcanza áreas como el empleo, vivienda, educación, salud y reintegración económica.

Honduras confirmó este 4 de septiembre su primer caso de chikungunya de 2026, pero con una precisión importante: hasta ahora se trata de un caso importado, no de transmisión adquirida dentro del país.

El paciente es un hombre hondureño de 31 años, dedicado al transporte de carga, que realiza viajes aproximadamente cada tres semanas hacia Managua, Nicaragua, según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Tras regresar de uno de esos viajes, comenzó a presentar síntomas similares a los del dengue.

Las primeras pruebas resultaron negativas, por lo que el laboratorio de biología molecular amplió el análisis hacia otras arbovirosis y terminó confirmando chikungunya.

¿Por qué un caso importado sí importa?

Que el contagio haya ocurrido fuera de Honduras reduce, por ahora, la dimensión epidemiológica del hallazgo.

Pero no elimina el riesgo. El chikungunya se transmite principalmente mediante los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores que también pueden transmitir dengue y zika.

Eso significa que una persona infectada que llega a un territorio donde existen estos mosquitos puede, durante la fase de viremia, ser picada por un mosquito que posteriormente infecte a otras personas.

Por esa razón, las autoridades no esperan a que aparezca un segundo caso para intervenir.

Fumigaciones y búsqueda de posibles enfermos

Tras recibir la confirmación del laboratorio, Salud notificó a la región sanitaria correspondiente y activó equipos de respuesta rápida.

Las acciones incluyen fumigación, aplicación de BTI para combatir larvas y búsqueda activa de personas con síntomas entre familiares y vecinos.

El objetivo es determinar rápidamente si existe algún caso adicional y reducir la población del mosquito alrededor de la zona donde permanece el paciente.

La OPS recomendó precisamente este tipo de respuesta cuando emitió en febrero una alerta ante el aumento sostenido de casos de chikungunya en América y la reaparición de transmisión autóctona en lugares donde el virus llevaba años sin circular.

Fiebre, dolor de cabeza y molestias musculares aparecen tanto en dengue como en chikungunya.

La diferencia que puede levantar una sospecha más fuerte está en las articulaciones.

Mejía explicó que el chikungunya suele provocar un dolor articular más intenso, especialmente en manos, dedos, rodillas y pies.

Aun así, los síntomas no bastan para confirmar un diagnóstico y deben complementarse con pruebas de laboratorio.

Honduras detecta el caso en un momento sensible para la región

La confirmación ocurre en un contexto regional de mayor vigilancia.

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que desde finales de 2025 y principios de 2026 se observó un aumento sostenido de chikungunya en varios países de América, junto con el retorno de transmisión local en territorios que llevaban años sin registrar circulación.

La organización también señaló que factores ambientales como las temperaturas extremas favorecen la reproducción del mosquito.

Esto resulta especialmente relevante para Honduras, que durante 2026 ha enfrentado altas temperaturas y condiciones climáticas favorables para la proliferación de vectores en determinadas zonas.

La confirmación de un solo caso no significa que Honduras enfrente un brote.

El punto crítico será determinar si el virus queda contenido en el paciente importado o comienza a transmitirse localmente.

Por eso Salud recomendó a quienes viajan hacia Nicaragua utilizar repelente, protegerse de las picaduras y buscar atención médica si presentan fiebre, dolores musculares o fuertes molestias articulares al regresar.

El primer caso de 2026 ya fue detectado.

La siguiente prueba para el sistema sanitario será evitar que se convierta en el primero de una cadena de contagios dentro de Honduras.

La jornada forma parte de la repetición del proceso judicial ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación contra la sentencia emitida en el juicio anterior.

La portavoz del Poder Judicial, Clara López, informó que durante la audiencia correspondió a la acusación privada presentar ante el tribunal los medios de prueba que considera pertinentes para sustentar su posición dentro del nuevo proceso.

La repetición del juicio implica que los jueces deberán volver a conocer y valorar los distintos elementos probatorios incorporados al proceso, antes de emitir una nueva decisión sobre la responsabilidad penal que pudiera corresponder al acusado.

El caso se originó en febrero de 2021, cuando Keyla Patricia Martínez, estudiante de enfermería, fue detenida en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

De acuerdo con la relación de hechos presentada durante el proceso, la joven fue detenida el 6 de febrero de 2021 por presuntamente incumplir las restricciones de circulación que permanecían vigentes en Honduras debido a la pandemia de COVID-19.

Posteriormente, Martínez fue trasladada hasta la estación policial número 10 de La Esperanza, donde quedó recluida en una celda.

Horas después, durante la madrugada del 7 de febrero de 2021, la joven fue encontrada sin vida dentro de una de las celdas de la dependencia policial.

Su muerte provocó una fuerte reacción pública y dio paso a una investigación que posteriormente derivó en un proceso penal contra el entonces agente policial Harol Rolando Perdomo Sarmiento.

El caso de Keyla Martínez también generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte y sobre la actuación de los funcionarios que se encontraban en la estación policial durante aquella madrugada.

El proceso ya había llegado a una primera resolución judicial. En 2023, Perdomo Sarmiento fue condenado por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, el Ministerio Público no estuvo conforme con esa resolución y presentó en 2024 un recurso de casación, con el objetivo de que la decisión fuera revisada por la instancia correspondiente.

Tras analizar el recurso, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2026 ordenar la repetición del juicio oral y público.

De esta manera, el caso regresó al Tribunal de Sentencia de La Esperanza para que se desarrollara nuevamente el debate judicial y se efectuara una valoración de los medios de prueba conforme a las disposiciones establecidas por la instancia superior.

La nueva etapa no supone, por sí misma, una declaración de culpabilidad o inocencia del acusado, sino la apertura de un nuevo debate en el que deberán analizarse los elementos probatorios presentados por las partes.

Durante la audiencia desarrollada este viernes, la acusación privada tuvo la oportunidad de presentar sus medios de prueba ante el tribunal.

La participación de las partes en esta etapa es fundamental para que los jueces puedan conocer los elementos que cada una considera relevantes para sustentar sus argumentos dentro del proceso.

El tribunal deberá continuar con las diferentes diligencias programadas hasta completar el debate y posteriormente determinar la responsabilidad penal que corresponda, tomando en consideración la prueba que sea admitida y valorada durante el juicio.

El Poder Judicial informó que el proceso tiene previsto concluir el próximo 7 de septiembre, fecha en la que está programada una inspección judicial como parte de las últimas diligencias contempladas dentro de esta repetición del juicio.

La inspección será una de las actuaciones finales antes de que concluya esta etapa procesal.

Con la continuación del juicio, los jueces deberán analizar nuevamente los elementos presentados por las partes para establecer qué ocurrió durante las horas en las que Keyla Martínez permaneció detenida en la estación policial.

El caso Angie Peña sumó este viernes un nuevo elemento que vuelve a enfrentar públicamente a antiguos y actuales responsables de la seguridad en Honduras.

Un video grabado por Dereck Isaac McNeil James antes de su asesinato muestra al testigo protegido asegurando que existía un supuesto plan para matar a Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense.

McNeil fue asesinado el 17 de agosto en Roatán.

Ahora, semanas después de su muerte, sus palabras reaparecen justo cuando el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostiene que el homicidio no estaría relacionado con su participación como testigo en la investigación por la desaparición de Angie Peña.

“Hay planes incluso de matar a la doctora Villanueva”

En la grabación, McNeil asegura que temía por su vida y afirma que también existían supuestos planes contra Villanueva debido a su involucramiento en las investigaciones relacionadas con Angie.

El testigo dirigió además acusaciones extremadamente graves contra miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a quienes vinculó con narcotráfico, manipulación de evidencias y otros delitos.

Esos señalamientos deben tratarse con una precisión esencial: son afirmaciones de McNeil y no hechos judicialmente establecidos.

Hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que las acusaciones contenidas en el video hayan sido corroboradas mediante sentencias o investigaciones concluyentes.

La reacción de Julissa Villanueva

Villanueva respondió este viernes con un duro mensaje dirigido a las autoridades de Seguridad.

La exfuncionaria acusó a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional de intentar “desvirtuar la memoria” de McNeil después de su asesinato.

Sostuvo que el testigo identificado como AR1 contaba con un criterio de oportunidad y que su declaración estaba acompañada, según ella, por otras pruebas que respaldaban partes de su versión.

También afirmó que la muerte del testigo estuvo relacionada con la información que poseía y reclamó una depuración urgente del sistema de justicia y seguridad.

Estas afirmaciones también representan la postura de Villanueva y no una conclusión judicial.

Dos versiones completamente opuestas

La disputa pública resulta especialmente llamativa por su timing.

Horas antes, Velásquez había negado que el asesinato de McNeil estuviera vinculado con Angie Peña y aseguró que las investigaciones apuntan hacia otros conflictos personales y presuntas actividades irregulares atribuidas al fallecido.

La versión oficial plantea que, como McNeil ya había rendido una declaración anticipada, matarlo no habría eliminado esa prueba del expediente.

Villanueva sostiene prácticamente lo contrario: que desacreditarlo después de muerto busca restar fuerza a la información que dejó.

Entre ambas posiciones falta todavía el elemento decisivo: la evidencia de la investigación penal.

El video no prueba por sí mismo un complot

La aparición de una grabación póstuma puede tener un fuerte impacto público, pero no equivale automáticamente a una prueba judicial.

Los investigadores deberán establecer cuándo fue grabada, bajo qué circunstancias, qué información adicional entregó McNeil formalmente y si existen documentos, comunicaciones, testimonios o peritajes que respalden alguno de sus señalamientos.

Ese punto resulta crucial porque McNeil ya había realizado otras afirmaciones de alto impacto.

En otro video divulgado esta semana aseguró: “Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”, declaración que volvió a colocar su testimonio en el centro del caso.

La pregunta ahora alcanza a las propias instituciones

El nuevo material abre una dimensión que ya no involucra únicamente la desaparición de Angie Peña.

También obliga a preguntar si las autoridades investigaron las amenazas denunciadas por un testigo protegido antes de que fuera asesinado y si existe algún elemento que respalde sus acusaciones contra funcionarios públicos.

Seguridad insiste en que su muerte responde a otras circunstancias.

Villanueva sostiene que existe un intento de desacreditar a alguien que dejó información sensible.

Y McNeil ya no puede defender su versión.Por eso, el próximo paso no debería ser decidir públicamente quién tiene razón.

Debería ser establecer qué parte de todo lo que dijo Dereck McNeil puede demostrarse con pruebas.

Una víctima pierde el control de sus accesos bancarios. En apenas 41 minutos, desde su cuenta salen 17 transferencias electrónicas que no reconoce.

El dinero no llega a una sola persona. Es distribuido entre diferentes cuentas para intentar dispersarlo rápidamente antes de que el banco o la víctima puedan bloquear las operaciones.

Ese es el esquema que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) atribuye a una red de seis personas capturadas en Honduras por presuntamente actuar como “mulas financieras”.

El monto sustraído asciende a L586.579, aproximadamente US$21.803.

Primero engañaron a la víctima

Según la investigación del Ministerio Público, el fraude comenzó mediante ingeniería social.

Esta modalidad no necesita necesariamente vulnerar técnicamente los sistemas de un banco.

El delincuente busca engañar directamente al usuario para conseguir contraseñas, códigos, tokens u otra información que le permita ingresar a su banca electrónica.

Una llamada que aparenta venir de una institución financiera, un enlace falso o un mensaje urgente pueden ser suficientes para conseguir las credenciales.

En este caso, una vez obtenido el acceso, los responsables habrían comenzado a transferir el dinero de manera acelerada.

¿Qué hace una “mula financiera”?

La siguiente etapa es fundamental. Mover todo el dinero hacia una sola cuenta facilita que los investigadores sigan el rastro.

Por eso las estructuras de fraude utilizan cuentas de terceros.

Según ATIC, las seis personas detenidas habrían prestado o alquilado cuentas de ahorro y perfiles bancarios digitalespara recibir parte del dinero.

Después, esos fondos pueden retirarse, enviarse nuevamente o entregarse a otros miembros de la organización.

A cambio, el titular de la cuenta puede recibir una comisión.

Es precisamente ahí donde aparece la figura conocida como “mula financiera”: una persona utilizada como intermediaria para mover dinero de origen ilícito y alejarlo de quienes ejecutaron inicialmente el fraude.

Las transferencias dejan rastros

Aunque dividir el dinero entre varias cuentas busca complicar la investigación, las transacciones bancarias generan registros.

Hora, cuenta receptora, dispositivo, ubicación aproximada, retiros posteriores y movimientos entre cuentas pueden permitir reconstruir el recorrido del dinero.

En este expediente, esa trazabilidad habría permitido identificar las cuentas utilizadas para recibir las 17 transferencias.

Los seis detenidos enfrentan acusaciones por acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público.

Su responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales.

ATIC advirtió a la población sobre el riesgo de entregar o alquilar cuentas bancarias a terceros.

Pero existe una precisión jurídica importante: ser titular de una cuenta utilizada en un fraude puede convertir a una persona en objeto de investigación, aunque una condena requiere establecer su participación y responsabilidad penal en el caso concreto.

No toda transferencia recibida convierte automáticamente al propietario de una cuenta en culpable.

La Fiscalía deberá demostrar qué sabía cada acusado, qué hizo con el dinero y cuál era su relación con la estructura investigada.

La investigación deja además una advertencia sencilla.

Los bancos no deberían solicitar contraseñas, PIN ni códigos de token mediante llamadas, mensajes o enlaces enviados de forma inesperada.

Una vez que esos códigos son entregados, el dinero puede desaparecer en cuestión de minutos.

En este caso bastaron 41 minutos para repartir más de medio millón de lempiras entre múltiples cuentas.

Y aunque la tecnología permitió ejecutar las transferencias, el primer punto vulnerable habría sido mucho más humano: convencer a una persona de entregar las llaves de su propia cuenta.

El mercado del huevo en Honduras funciona con precios que cambian según el tamaño del producto, el punto de venta, el proveedor, los costos de producción y la disponibilidad de aves ponedoras.

Esa volatilidad volvió a quedar expuesta esta semana, cuando el Gobierno de Nasry Asfura y representantes del sector avícola acordaron reducir temporalmente el precio después de varias semanas de aumentos.

A partir del 4 de septiembre, el cartón de 30 huevos medianos se venderá a L95 (US$3.54) en Banasupro y a L104 (US$3.87) en el Mercado Zonal Belén.

El movimiento reciente permite entender la rapidez de los cambios.

En junio, en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa, el cartón grande pasó de L85 a L95, mientras el mediano subió de L75 a L83. Los vendedores señalaron entonces mayores costos y menor disponibilidad de huevo grande.

A finales de agosto llegó otro salto.

El huevo grande pasó de L104 a L118 (US$4,40) y el mediano de L94 a L114 (US$4.25). En otros establecimientos se reportaron precios entre L120 y L130 (US$4.84) por cartón.

Ahora, menos de una semana después, aparece un precio negociado de L95 en Banasupro.

¿Qué hace subir el huevo?

Los productores han identificado varios factores.

Uno es el costo de mantener y renovar las gallinas ponedoras. Cuando las aves terminan su ciclo productivo deben ser sustituidas, pero representantes del sector han reportado dificultades para conseguir nuevas pollitas.

Parte de esas aves es importada desde Estados Unidos, por lo que su costo también queda expuesto al comportamiento del dólar frente al lempira.

A esto se suman combustible, transporte y otros gastos operativos.

Cuando aumenta el costo de llevar alimento hasta las granjas, mantener las aves y posteriormente trasladar los huevos hacia mercados y supermercados, parte de esa presión puede terminar incorporándose al precio que paga el consumidor.

¿Por qué no cuesta igual en todas partes?

Otro elemento es la cadena comercial. El precio que recibe un productor no es necesariamente el mismo que encuentra una familia en una pulpería.

Entre ambos pueden existir transporte, almacenamiento, intermediación y márgenes comerciales.

También importa el tamaño del huevo: pequeño, mediano y grande tienen precios diferentes y su disponibilidad cambia conforme avanza el ciclo de producción de las aves.

Por eso puede existir un precio de referencia en Banasupro y simultáneamente encontrarse otro valor en mercados privados.

El nuevo precio tampoco será permanente

El acuerdo alcanzado esta semana tiene carácter temporal.

Gobierno y productores establecieron revisiones de la estructura de costos cada 30 días, lo que significa que el precio podrá volver a subir o bajar dependiendo de las condiciones del sector.

Los productores participantes representan alrededor del 80% de la producción nacional, según Desarrollo Económico, mientras Banasupro dispondrá del producto en sus puntos de venta.

El Gobierno consiguió así una reducción inmediata.

Pero el mecanismo mensual reconoce una realidad más difícil de controlar: el precio del huevo no depende únicamente de una decisión gubernamental, sino de cuánto cuesta producirlo y cuánto producto logra llegar al mercado.

El asesinato de Dereck Isaac McNeil James abrió durante semanas una pregunta inevitable: ¿lo mataron por la información que había entregado sobre la desaparición de Angie Peña?

Ahora, la Secretaría de Seguridad sostiene que la investigación avanza en otra dirección.

El titular de esa institución, Gerson Velásquez afirmó que las pesquisas desarrolladas tras el crimen del 17 de agosto en Roatán no vinculan, hasta este momento, el homicidio con la condición de McNeil como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con Angie Peña.

Por el contrario, aseguró que existían otros conflictos y procesos alrededor de McNeil que pudieron generar amenazas en su contra.

Seguridad cuestiona incluso cómo era presentado McNeil

El ministro fue más lejos y cuestionó públicamente que McNeil fuera identificado como abogado.

Según su versión, no habría concluido la carrera de Derecho ni estaría inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras.

Explicó que habría trabajado como escribiente en los juzgados y que posteriormente realizó diferentes gestiones que derivaron en señalamientos y procesos judiciales.

El funcionario llegó a describirlo como un supuesto “estafador”, una afirmación que corresponde a la versión de Seguridad y que debe diferenciarse de cualquier responsabilidad establecida mediante sentencia.

También sostuvo que McNeil había generado conflictos con diversas personas y que ese entorno constituye ahora una de las líneas examinadas para explicar su asesinato.

Un capturado, más sospechosos y una pregunta pendiente

Las autoridades aseguran tener una persona detenida por el crimen y órdenes de captura pendientes contra otros presuntos participantes.

La investigación pretende establecer no solamente quiénes ejecutaron el ataque, sino también si existió un autor intelectual.

Ese punto será determinante.

Hasta que se determine quién ordenó matar a McNeil y por qué, cualquier afirmación definitiva sobre el móvil seguirá dependiendo de los resultados de la investigación penal.

Seguridad sostiene que dispone de información que orienta el caso hacia conflictos distintos a Angie Peña, pero también ha evitado revelar detalles alegando que hacerlo podría comprometer las capturas pendientes.

Su declaración sobre Angie no desapareció con su muerte

Separar el homicidio del caso Angie Peña tampoco significa que McNeil deje de ser relevante en esa investigación.

Antes de morir había rendido una declaración que, según las autoridades, fue incorporada mediante prueba anticipada.

Eso permite que su testimonio pueda permanecer dentro del expediente aunque ya no pueda presentarse personalmente ante un tribunal.

Además, recientemente apareció una grabación en la que McNeil afirma de manera categórica: “Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”.

También aseguró conocer a personas identificadas como “Los Delta” y lanzó acusaciones sobre supuestas actividades criminales y vínculos políticos.

Esos señalamientos no constituyen por sí mismos prueba de los delitos denunciados. Corresponde al Ministerio Público determinar qué parte de sus declaraciones cuenta con evidencia independiente que permita corroborarlas.

Dos investigaciones que ahora deben separarse

El caso plantea desde ahora dos interrogantes diferentes. Una es qué sabía McNeil sobre Angie Peña y qué valor tendrá judicialmente la información que dejó.

La otra es por qué fue asesinado.

Que haya sido testigo protegido no demuestra automáticamente que esa condición haya provocado su muerte. Pero tampoco basta con señalar otros conflictos para cerrar definitivamente esa posibilidad: el móvil deberá sustentarse mediante pruebas.

Angie desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática en West Bay, Roatán. Más de cuatro años después, su paradero continúa sin esclarecerse.

McNeil ya no podrá explicar personalmente lo que aseguró haber visto.

Por eso, mientras Seguridad intenta desvincular su asesinato del expediente de Angie, la investigación enfrenta una prueba decisiva: demostrar quién quiso muerto a McNeil y qué motivo había detrás del crimen.

El ataque armado ocurrido la noche del jueves en El Coyol, Guayape, Olancho, dejó oficialmente dos personas fallecidas y cuatro heridas, según la información preliminar confirmada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos de Jesús Bardales Chirino, de 56 años, y Dasary Loani Chirinos Meraz, de 28, ambos residentes en la zona, de acuerdo con la portavoz policial Jocelyn Mairena.

La escena dejó imágenes especialmente dramáticas.

En videos difundidos después del ataque se escucha a una joven gritar “¡Ayúdame! ¡Ayúdame!” mientras intenta auxiliar a una mujer gravemente herida. Otros familiares también trataban de reanimar a las víctimas antes de que llegaran los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados habrían llegado hasta una vivienda donde se encontraban varias personas y abrieron fuego contra quienes estaban en el interior.

Una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911 alertó sobre lo ocurrido y provocó el desplazamiento de agentes hacia la zona.

Cuatro personas sobrevivieron al ataque y fueron trasladadas a centros asistenciales. Algunos reportes indican que parte de los heridos tuvo que ser remitida fuera de Olancho debido a la gravedad de sus lesiones.

La DPI mantiene equipos especializados procesando la escena y recolectando indicios para determinar quiénes participaron, por qué atacaron la vivienda y si las víctimas tenían algún vínculo previo con los agresores.

Policía descarta una masacre

Durante las primeras horas posteriores al hecho, varios medios locales informaron de manera preliminar sobre cuatro fallecidos y lo describieron como una nueva masacre.

La versión cambió posteriormente. La Policía confirmó únicamente dos muertes, por lo que descartó clasificar el episodio como un homicidio múltiple o masacre.

Esa precisión es importante porque muestra el riesgo de convertir información preliminar en un saldo definitivo durante las primeras horas de un hecho violento.

Incluso este viernes continuaban circulando reportes contradictorios que todavía hablaban de cuatro muertos, entre ellos un menor de edad.

Hasta ahora, la versión policial más reciente mantiene el saldo en dos fallecidos y cuatro heridos.

El móvil sigue sin estar claro

Las autoridades tampoco han establecido públicamente qué motivó el ataque.

Una de las líneas preliminares mencionadas en algunos reportes apunta a una posible disputa entre familias, pero todavía no existe una conclusión oficial que permita presentar esa hipótesis como causa confirmada.

Tampoco se han informado capturas relacionadas con el crimen.

Eso deja abiertas varias preguntas: si los atacantes buscaban específicamente a alguna de las personas presentes, si existían conflictos previos y cómo lograron llegar y abandonar la zona.

Más allá de la clasificación estadística, el episodio muestra otra dimensión de la violencia: un ataque armado alcanzó a varias personas reunidas dentro de una vivienda y dejó seis víctimas entre muertos y heridos.

Mientras la DPI intenta reconstruir lo ocurrido, una de las imágenes que resume la noche en El Coyol no proviene de un informe policial.

Es el grito desesperado de una joven tratando de salvar a una de las víctimas.

Y detrás de esa escena queda todavía la pregunta que los investigadores deben responder: por qué hombres armados llegaron hasta esa casa y dispararon contra quienes estaban adentro.

La crisis provocada por la sequía asociada a El Niño llevará a Honduras a recibir la próxima semana a la directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP), Lena Savelli, quien realizará una visita para evaluar las condiciones que enfrentan las comunidades más afectadas por la falta de lluvias.

Savelli llegará al país el próximo domingo y tiene previsto reunirse con el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, además de desplazarse a zonas impactadas por el déficit de precipitaciones.

De acuerdo con el WFP, Honduras se encuentra entre los países de Centroamérica donde los efectos del fenómeno climático están comenzando a sentirse con mayor intensidad, particularmente en las regiones del centro y sur del territorio nacional, donde miles de familias dependen de la agricultura para garantizar sus alimentos y generar ingresos.

Una de las zonas que concentra mayor preocupación es el Corredor Seco Centroamericano, una región caracterizada por sus condiciones climáticas vulnerables y que actualmente enfrenta una marcada reducción de las lluvias.

La falta de agua ha provocado pérdidas en los cultivos y dificultades para las familias dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia.

Durante su visita, la funcionaria regional conocerá proyectos destinados a brindar apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas.

Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los agricultores y contribuir a que puedan mantener sus actividades productivas pese a las condiciones adversas generadas por la sequía.

Entre los programas que serán revisados se encuentra ‘Ración Fresca’, una iniciativa orientada a fortalecer la alimentación escolar en municipios afectados por la crisis hídrica.

El proyecto busca vincular la producción de pequeños agricultores con la alimentación de los estudiantes, generando beneficios tanto para las comunidades productoras como para los centros educativos.

La emergencia ha adquirido una dimensión nacional. El Gobierno mantiene en alerta roja a 103 municipios de los 298 que conforman el país debido a la crisis de agua.

La situación no solamente amenaza las cosechas, sino que también genera dificultades para la ganadería y aumenta la preocupación por el abastecimiento destinado al consumo humano.

El organismo meteorológico ha reportado un déficit de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, una situación que incrementa la presión sobre las actividades agrícolas y las fuentes de abastecimiento de agua.

La prolongación de estas condiciones podría profundizar las pérdidas productivas y afectar especialmente a los hogares con menor capacidad para enfrentar la emergencia.

La crisis también ha alcanzado a Tegucigalpa, donde las autoridades han tenido que endurecer las medidas de racionamiento de agua debido a la disminución de los niveles en los principales embalses que abastecen a la capital hondureña.

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas ha movilizado 86 millones de dólares para contribuir a la atención de la emergencia generada por la sequía en Honduras.

Los recursos están destinados a fortalecer la respuesta humanitaria y apoyar a las comunidades que enfrentan mayores dificultades como consecuencia de la crisis.

La llegada de Savelli permitirá al WFP conocer de primera mano la situación de las comunidades y evaluar las necesidades más urgentes.

El recorrido también servirá para revisar el funcionamiento de los programas que ya se encuentran en marcha y determinar dónde es necesario reforzar la asistencia alimentaria y productiva.

La situación también demanda fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático, mejorar el manejo de los recursos hídricos y respaldar a los pequeños productores frente a fenómenos meteorológicos cada vez más difíciles de predecir y enfrentar.

La visita de la directora regional del WFP ocurre, por tanto, en un escenario marcado por la combinación de sequía, pérdidas agrícolas y escasez de agua.

El organismo internacional y las autoridades hondureñas tendrán como prioridad identificar las zonas con mayores necesidades y fortalecer las acciones destinadas a proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.

Hasta septiembre de 2026, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 763 incendios estructurales a nivel nacional, de acuerdo con datos proporcionados por el mayor Sergio Madrid, portavoz de la institución.

La cifra representa un incremento respecto a los 701 incendios registrados durante 2025, lo que evidencia la frecuencia con la que los cuerpos de socorro deben movilizar unidades para atender emergencias en viviendas, establecimientos comerciales y otras edificaciones.

Pero el aumento de los incendios no es la única preocupación de las autoridades. Para controlar las llamas, los equipos de emergencia requieren grandes cantidades de agua, un recurso cuya disponibilidad podría verse comprometida debido a las condiciones de sequía que afectan diferentes zonas del país.

Los 763 incendios estructurales acumulados durante los primeros nueve meses del año reflejan una actividad constante para las estaciones del Cuerpo de Bomberos.

Al distribuir la cifra entre el período transcurrido de 2026, el promedio equivale a casi tres incendios estructurales diarios, aunque la incidencia no necesariamente se mantiene uniforme durante todos los meses.

Estos siniestros representan una amenaza particularmente grave porque las llamas pueden propagarse rápidamente dentro de estructuras y poner en peligro tanto vidas humanas como bienes materiales.

A diferencia de los incendios forestales o de zacateras, los incendios estructurales requieren una respuesta inmediata para evitar que el fuego alcance otras viviendas, comercios o instalaciones ubicadas en los alrededores.

Por esa razón, las diferentes estaciones de Bomberos permanecen preparadas para movilizar personal, vehículos cisterna y equipos especializados cada vez que reciben una alerta.

Aunque hasta el momento Bomberos no reporta una paralización de sus operaciones por falta de agua, las condiciones de sequía generan preocupación por el comportamiento que podrían tener las fuentes de abastecimiento durante los próximos meses.

El comandante Marco Antonio Artica advirtió sobre el riesgo de que algunas fuentes de agua disminuyan considerablemente o incluso lleguen a desaparecer si las condiciones climáticas adversas continúan.

El escenario representa un desafío adicional para los equipos de emergencia, debido a que el agua constituye uno de los elementos esenciales para controlar los incendios y evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Actualmente, la institución cuenta con apoyo de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para garantizar el abastecimiento necesario para sus operaciones.

Sin embargo, la preocupación está relacionada principalmente con el futuro y con la posibilidad de que una reducción considerable en las fuentes disponibles complique la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas.

La disponibilidad de agua suele pasar desapercibida hasta que ocurre una emergencia. Para los bomberos, sin embargo, contar con este recurso es fundamental para desarrollar sus labores de manera efectiva.

Las cisternas, hidrantes y fuentes de abastecimiento forman parte de la infraestructura necesaria para enfrentar un incendio, especialmente cuando las llamas alcanzan grandes dimensiones.

En una emergencia, los equipos deben garantizar un suministro constante para mantener las labores de enfriamiento y control del fuego.

Por ello, una eventual reducción de las fuentes de agua podría generar mayores dificultades para atender incendios, particularmente en zonas donde la disponibilidad del recurso ya es limitada.

Las autoridades todavía no reportan una situación en la que los bomberos hayan quedado imposibilitados de combatir un incendio debido a la falta de agua. La advertencia está enfocada en el riesgo que representa la prolongación de la sequía.

Los registros también muestran que Honduras ya superó en 2026 el número de incendios estructurales contabilizados durante todo 2025.

El año pasado se registraron 701 emergencias de este tipo, mientras que hasta septiembre de este año la cifra ya alcanza los 763 casos, es decir, 62 incendios más.

El comportamiento mantiene bajo presión a los cuerpos de socorro y refuerza la necesidad de implementar medidas preventivas para reducir la incidencia de estos siniestros.

Bomberos insiste en que muchas emergencias pueden evitarse mediante acciones básicas de prevención, como revisar instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar tomacorrientes, mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor y verificar periódicamente las condiciones de las estructuras.

La prevención adquiere mayor importancia cuando los recursos necesarios para responder a las emergencias podrían enfrentar restricciones.

Mientras Bomberos mantiene sus operaciones y continúa atendiendo las emergencias reportadas, la disponibilidad de agua comienza a convertirse en un elemento que las autoridades deberán vigilar con mayor atención.

En un país donde la sequía amenaza con reducir las fuentes disponibles, el desafío podría ser cada vez mayor: mientras aumentan las emergencias que requieren agua para ser controladas, también crece la preocupación por la disponibilidad de ese recurso.

Una zona montañosa de Tela, Atlántida, acaba de incorporarse al mapa de lugares donde las autoridades hondureñas han encontrado cultivos de presunta hoja de coca.

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) localizaron aproximadamente 70.000 arbustos distribuidos en unas 10 manzanas de terreno en la aldea Pajuiles, según informó este jueves la Policía Nacional.

En las proximidades también fue encontrada una estructura rústica presuntamente utilizada para la extracción de pasta base de cocaína, un elemento que sugiere que la actividad investigada no se limitaba al cultivo.

Plantas de hasta tres metros

Los agentes encontraron dos parcelas con arbustos que, según la DNPA, alcanzaban entre 2,5 y 3 metros de altura.

Ese nivel de desarrollo llamó la atención de los investigadores porque supera el tamaño observado en varias plantaciones aseguradas anteriormente.

El dato puede indicar que el cultivo llevaba un período considerable establecido en la zona antes de ser localizado.

Ahora deberán realizarse los análisis correspondientes para confirmar científicamente que se trata de hoja de coca y continuar las investigaciones para determinar quiénes estaban detrás de la plantación.

Hasta ahora, buena parte de las operaciones contra cultivos de coca se había concentrado en Colón y Olancho.

Solo durante 2026, las autoridades han encontrado múltiples plantaciones en zonas montañosas de Iriona, Tocoa, Bonito Oriental y otros sectores de Colón.

En junio, por ejemplo, el Ministerio Público reportó 49.000 plantas y un narcolaboratorio en Iriona, mientras otra operación realizada en la misma región encontró 5.500 arbustos adicionales.

En marzo, la DNPA había ubicado otras 48.000 plantas en Olancho, junto con un laboratorio rústico.

Honduras ya no aparece solo como corredor

Durante décadas, Honduras fue señalada principalmente como un territorio utilizado para el tránsito de cocaína procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos.

Los hallazgos de los últimos años muestran una transformación adicional: estructuras criminales también han experimentado con el cultivo y procesamiento de coca dentro del territorio hondureño.

En 2025, el Ministerio Público informó que había destruido 208.355 arbustos de hoja de coca en distintas operaciones, concentradas principalmente en Colón.

Y durante el primer trimestre de 2026, la DNPA reportó la destrucción de otros 136.000 arbustos.

Eso no significa que Honduras se haya convertido en un gran productor regional, pero sí muestra que el fenómeno dejó de ser aislado.

Encontrar una plantación ya representa una investigación por cultivo ilícito.

Encontrar además un laboratorio indica la posible existencia de una cadena más completa: siembra, cosecha y procesamiento inicial de la hoja para obtener pasta base.

Ese producto posteriormente necesita otras fases químicas para convertirse en cocaína.

Por eso, el siguiente objetivo de la investigación será establecer quién financiaba la plantación, quién la cuidaba, dónde se obtenían los insumos y cuál era el destino del producto procesado.

La pregunta que deja Tela

El operativo de Pajuiles plantea ahora una interrogante para las autoridades antidrogas.

Si Colón y Olancho habían sido los principales puntos identificados, ¿existen otros cultivos ocultos en zonas montañosas del litoral atlántico que todavía no han sido detectados?

La propia DNPA anunció que ampliará los reconocimientos territoriales en Atlántida.

Porque el hallazgo de 70.000 arbustos no solo representa una plantación destruida.

También puede ser la señal de que el mapa del cultivo de coca en Honduras está cambiando.

Un video grabado antes de su asesinato volvió a colocar a Dereck Isaac McNeil James en el centro del caso Angie Peña.

En la grabación, difundida esta semana, McNeil pronuncia una frase que vuelve a abrir preguntas sobre uno de los expedientes más complejos de Honduras:

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”.

McNeil fue asesinado el 17 de agosto de 2026 en Roatán y posteriormente confirmado públicamente como testigo protegido relacionado con la investigación por la desaparición de Angie Peña, ocurrida el 1 de enero de 2022.

McNeil asegura que conocía a personas identificadas como “Los Delta” y sostiene que había visto a Angie.

También afirma que durante un tiempo permaneció en silencio y que posteriormente decidió declarar.

En otros fragmentos lanza acusaciones mucho más amplias: habla de presuntas redes de explotación sexual, narcotráfico y supuestos vínculos con funcionarios y políticos.

Esas acusaciones no están probadas por el simple hecho de aparecer en el video.

No existe, hasta ahora, una sentencia que confirme los señalamientos generales realizados por McNeil contra personas del sector público o político. Por eso deben tratarse como declaraciones que requieren corroboración independiente.

El video no es lo mismo que la prueba judicial

Una grabación difundida en medios puede aportar contexto, revelar el estado de ánimo del testigo o mostrar qué decía públicamente, pero no necesariamente tiene el mismo valor jurídico que una declaración formal rendida ante autoridades.

En el caso de McNeil existe, sin embargo, un elemento adicional.

Fuentes vinculadas al proceso han señalado que su testimonio había sido recibido bajo la figura de prueba anticipada, mecanismo que permite conservar una declaración para incorporarla posteriormente al juicio aunque el testigo ya no pueda comparecer.

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, también sostuvo que esa declaración conserva validez jurídica.

Por eso, la pregunta no es únicamente qué dijo McNeil en este nuevo video.

Es qué parte de esa información coincide con lo que declaró formalmente ante el sistema de justicia y qué elementos pudieron ser corroborados por investigadores.

“Nunca me dieron protección”

Otro fragmento adquiere especial relevancia después de su asesinato.

McNeil aseguró que nunca recibió protección física ni apoyo económico por su condición de testigo.

Posteriormente, Seguridad explicó que su mecanismo de protección consistía en mantener reservada su identidad mediante una clave alfanumérica, y aclaró que no tenía asignada una escolta personal.

Su muerte provocó entonces un debate que va más allá del caso Angie Peña: qué significa realmente “proteger” a una persona que aporta información en investigaciones sobre crimen organizado.

Su asesinato todavía no tiene un móvil públicamente establecido

McNeil fue interceptado y asesinado a tiros en Roatán.

Aunque su condición de testigo genera inevitablemente sospechas, las autoridades todavía deben demostrar si su homicidio tuvo relación con el caso Angie Peña o con otra circunstancia.

Un sospechoso ya fue sometido a proceso por el asesinato, mientras las investigaciones continuaron contra otras personas.

Angie Peña desapareció cuando tenía 22 años durante un paseo en moto acuática en West Bay.

Cuatro años después, la familia sigue sin conocer su paradero.

El video de McNeil vuelve a aportar una afirmación extraordinariamente grave: que él la vio.

Pero en una investigación penal, una afirmación no basta.

Ahora corresponde establecer cuándo aseguró haberla visto, dónde, con quién estaba Angie y qué evidencia independiente puede respaldar esa versión.

Ese es el punto que puede convertir las palabras de McNeil en algo más que un video viral.

Honduras trasladó a Estados Unidos una advertencia que expone uno de los mayores desafíos detrás del endurecimiento migratorio de Washington: el país no está preparado para recibir abruptamente a miles de ciudadanos que han construido su vida durante décadas en territorio estadounidense.

El embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, explicó que ese fue uno de los principales planteamientos realizados durante una reunión con funcionarios de la administración de Donald Trump.

La petición no busca únicamente evitar deportaciones. Honduras está solicitando tiempo.

Tiempo para que las familias organicen su situación, resuelvan asuntos laborales y patrimoniales y, en los casos en que no exista otra alternativa migratoria, preparen un retorno gradual.

“Pedimos trabajar juntos en una forma ordenada”, resumió el diplomático.

EEUU rechazó el período de gracia solicitado por Honduras

La canciller hondureña, Mireya Agüero, confirmó que Washington descartó la petición presentada por el gobierno de Nasry Asfura para obtener un período adicional alrededor del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La decisión obliga ahora a los afectados a revisar otras alternativas migratorias disponibles según su situación particular.

Antes de la reunión, Flores Bermúdez ya había reconocido que revertir la terminación del TPS sería difícil.

La apuesta hondureña se había desplazado hacia una solución intermedia: obtener un plazo “razonable y delimitado” que permitiera asesoría legal, organización familiar y un eventual regreso coordinado.

El problema no termina cuando una persona aterriza en Honduras

El retorno de miles de migrantes implica mucho más que recibirlos en un aeropuerto.

Quienes han vivido 20 o más años en Estados Unidos pueden regresar con hijos nacidos allí, propiedades, cuentas bancarias, compromisos laborales y vínculos familiares construidos durante décadas.

Pero Honduras también tendría que enfrentar el otro lado del proceso: empleo, vivienda, acceso a servicios, educación para los hijos y reinserción económica de quienes regresen.

Por eso el Gobierno teme una llegada masiva en un período corto.

El propio embajador utilizó tres palabras para describir lo que se intenta evitar: una afectación “dramática, inmediata o masiva”.

El TPS para Honduras nació después de la devastación provocada por el huracán Mitch en 1998.

Lo que comenzó como una protección temporal terminó extendiéndose durante más de dos décadas, tiempo suficiente para que muchos beneficiarios formaran familias, compraran viviendas y desarrollaran carreras en Estados Unidos.

En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que la terminación de la protección para Honduras ya estaba en vigor.

Las autoridades hondureñas habían estimado previamente que una parte de los beneficiarios históricos consiguió otras vías de regularización migratoria, lo que significa que no todos quienes alguna vez estuvieron bajo TPS enfrentan actualmente el mismo escenario.

Honduras debe preparar ahora su propio plan

Con el período de gracia descartado, la discusión cambia. Cancillería asegura que trabaja en un plan interinstitucional de acompañamiento, mientras los consulados hondureños continúan ofreciendo orientación para que los migrantes determinen si pueden acceder a otra condición legal antes de pensar en el retorno.

Pero si Estados Unidos mantiene su línea migratoria, Honduras tendrá que prepararse para una posibilidad que durante años fue aplazada: el regreso de una población que salió del país hace décadas y que podría encontrar un Honduras muy diferente al que dejó.

La pregunta ya no es únicamente si Washington concederá más tiempo.Es si Honduras podrá crear empleo, servicios y condiciones de reinserción antes de que miles de retornados comiencen a necesitarlos al mismo tiempo.

La eventual salida de miles de hondureños de Estados Unidos tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) representa un desafío que trasciende el ámbito migratorio y alcanza directamente a la economía de Honduras.

La reducción en el envío de remesas podría significar pérdidas de hasta 380 millones de dólares, según estimaciones planteadas por el economista Santiago Herrera. El impacto adquiere mayor relevancia debido al papel que desempeñan las remesas en la economía nacional.

Durante 2025, Honduras recibió alrededor de 12 mil 100 millones de dólares por este concepto, recursos que llegan de manera directa a miles de hogares y que son utilizados para cubrir necesidades básicas, educación, salud, vivienda, alimentación y otros gastos.

La cancelación del TPS podría generar una disminución importante en los recursos provenientes del exterior, especialmente si una parte de los beneficiarios que actualmente trabajan y residen en Estados Unidos se ve obligada a regresar al país.

Herrera ha advertido que el escenario podría traducirse en una pérdida de hasta 380 millones de dólares para Honduras, al reducirse la capacidad de algunos migrantes para continuar enviando dinero a sus familias.

La disminución de estos ingresos tendría efectos que podrían sentirse no solo en los hogares receptores, sino también en diferentes sectores de la economía que dependen del consumo generado por las remesas.

Para muchas familias hondureñas, el dinero enviado por sus parientes desde Estados Unidos constituye una fuente fundamental de sustento. Por ello, una reducción sostenida en estos recursos podría limitar la capacidad de los hogares para mantener sus niveles de consumo y atender compromisos económicos.

El panorama también plantea un desafío adicional: el posible retorno de compatriotas que durante años han desarrollado su vida laboral y familiar en territorio estadounidense.

Su llegada implicaría la necesidad de crear condiciones que permitan aprovechar sus conocimientos, experiencia y capacidades dentro del mercado laboral hondureño.

La reinserción de esta población podría convertirse en uno de los principales retos para las autoridades. El país tendría que fortalecer políticas destinadas a la generación de empleo, impulsar programas de emprendimiento y facilitar mecanismos que permitan a los retornados incorporarse rápidamente a actividades productivas.

El desafío no se limita únicamente a encontrar puestos de trabajo. También será necesario generar oportunidades que permitan a quienes regresen utilizar las habilidades adquiridas durante sus años de permanencia en Estados Unidos.

Oficios especializados, experiencia empresarial, conocimientos técnicos y capacidades desarrolladas en diferentes sectores podrían convertirse en un recurso importante para la economía nacional si existen mecanismos adecuados para su incorporación.

La cancelación del TPS mantiene así un escenario de incertidumbre para miles de hondureños que han permanecido en Estados Unidos bajo esta protección migratoria.

Para ellos, la posibilidad de regresar representa un cambio significativo en sus proyectos de vida, mientras que para Honduras supone prepararse para recibir a una población que podría requerir empleo, vivienda y servicios.

Desde la perspectiva económica, el reto será doble. Por un lado, el país tendría que enfrentar una eventual reducción de las remesas y, por otro, responder a las necesidades de los hondureños que regresen.

Ambos factores podrían ejercer presión sobre una economía en la que los recursos enviados desde el extranjero tienen un peso considerable.

Ante este escenario, sectores económicos consideran necesario que las autoridades comiencen a diseñar estrategias de anticipación.

La creación de programas de capacitación, acceso al financiamiento, apoyo al emprendimiento y vinculación laboral podría facilitar la transición de los retornados y reducir el riesgo de que la falta de oportunidades incremente la vulnerabilidad de sus familias.

También se plantea la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar las capacidades profesionales y técnicas de los hondureños que regresen.

La violencia contra las mujeres continúa representando uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en Honduras.

El registro de 195 feminicidios informado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Catrachas volvió a poner sobre la mesa una problemática que organizaciones defensoras consideran estructural y que, aseguran, requiere una respuesta más contundente del Estado.

Seydi Irías, integrante de la Red Lésbica Catrachas y del Observatorio de Catrachas, señaló que el número de víctimas llevó a las organizaciones a exigir que se declare una emergencia nacional frente a los feminicidios.

La petición no se limita a una declaración política. De acuerdo con Irías, implica destinar mayores recursos a la investigación, garantizar la aplicación efectiva de las leyes y fortalecer las instituciones encargadas de responder ante los crímenes contra las mujeres.

“Lamentablemente van sumando una y otra, también las familias que pierden a sus familiares, las madres”, manifestó la defensora, al insistir en la necesidad de reconsiderar la solicitud de una emergencia nacional.

El impacto sobre las familias

Detrás de cada feminicidio existe una familia afectada y una comunidad que enfrenta las consecuencias de una muerte violenta que, en muchos casos, pudo haberse prevenido.

Para las organizaciones defensoras, la dimensión del problema no puede medirse únicamente por el número de víctimas. También debe considerarse el impacto que los asesinatos tienen sobre madres, hijos, hermanos y demás familiares de las mujeres asesinadas.

Irías sostuvo que una respuesta efectiva requiere recursos suficientes para investigar los casos y garantizar que las leyes existentes sean aplicadas.

El reclamo adquiere especial relevancia en un contexto en el que el endurecimiento de las penas no necesariamente se tradujo, según las organizaciones, en una reducción de los crímenes ni en mayores niveles de justicia para las víctimas.

La legislación hondureña elevó la pena contemplada para el delito de femicidio de 25 a 30 años de prisión. Sin embargo, Irías cuestionó que ese endurecimiento no siempre se reflejó en las sentencias y planteó la necesidad de fortalecer la aplicación de la normativa.

El debate trasciende la cantidad de años de prisión que puede enfrentar un agresor.

Para las organizaciones de derechos humanos, una política efectiva contra los feminicidios debe incluir investigación criminal, acceso a la justicia, prevención de la violencia y mecanismos capaces de identificar situaciones de riesgo antes de que terminen en asesinatos.

La violencia extrema en los crímenes

Otro de los elementos que preocupa a las organizaciones es la violencia extrema con la que son cometidos algunos de estos asesinatos.

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia, señaló que los casos no deben analizarse como hechos aislados, debido a que algunos presentan niveles de ensañamiento, tortura y crueldad que evidencian dinámicas de control y dominación sobre las víctimas.

Desde esta perspectiva, la violencia feminicida puede ser la expresión más extrema de patrones de violencia machista en los que el agresor busca ejercer control y castigo sobre la mujer.

El análisis de estos patrones resulta clave para las organizaciones, porque permite comprender que los feminicidios no ocurren de manera desconectada de otras formas de violencia contra las mujeres.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que alrededor del 95% de los casos de muertes violentas de mujeres permanecen en la impunidad, una situación que considera una alerta para el sistema de justicia hondureño.

La impunidad también representa, desde la perspectiva de los derechos humanos, una segunda afectación para las familias de las víctimas, que además de enfrentar la pérdida de una mujer deben lidiar con procesos judiciales que pueden no llegar a una resolución efectiva.

Prevención y respuesta institucional

Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, señaló que el desafío no consiste únicamente en incrementar las penas.

El planteamiento apunta a la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos, pero también de desarrollar mecanismos de prevención.

La existencia de indicadores, según este enfoque, permitiría determinar si las medidas adoptadas están contribuyendo realmente a reducir los feminicidios, mejorar las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas.

La investigación de los asesinatos requiere capacidades del Ministerio Público y de los cuerpos encargados de la investigación criminal. La judicialización depende del sistema de justicia, mientras que la prevención demanda políticas públicas que involucren a diferentes sectores del Estado.

A ello se suma la necesidad de mejorar los mecanismos de atención y protección para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, especialmente aquellas que pueden encontrarse en riesgo de sufrir agresiones cada vez más graves.

Para las organizaciones defensoras, actuar únicamente después de que ocurre un feminicidio significa llegar demasiado tarde.

La propuesta de declarar una emergencia nacional frente a los feminicidios busca colocar el problema en el centro de las prioridades del Estado. Irías explicó que la solicitud implica, entre otros aspectos, disponer de presupuestos destinados a la investigación y garantizar que las leyes aprobadas sean aplicadas de manera efectiva.

Para las organizaciones y organismos de derechos humanos, elevar las penas puede ser insuficiente si los casos no llegan a los tribunales o si las investigaciones no consiguen identificar a los responsables.

Estados Unidos recibió con beneplácito la aprobación de las reformas al subsector eléctrico de Honduras y señaló que la modernización del sistema energético puede convertirse en un factor para mejorar el suministro de electricidad y generar nuevas oportunidades de inversión en el país.

El respaldo fue expresado por Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El funcionario destacó el potencial de los cambios aprobados por el Congreso Nacional para fortalecer la infraestructura energética hondureña y facilitar la llegada de capital estadounidense.

A través de su cuenta en X, Segura planteó que un sistema eléctrico más confiable puede mejorar las condiciones para hacer negocios en Honduras y convertir al país en un destino más atractivo para las empresas.

“Un sector energético confiable convierte a Honduras en una apuesta más inteligente para la inversión estadounidense”, afirmó Segura.

Honduras enfrenta desde hace años dificultades relacionadas con las finanzas del sistema eléctrico, las pérdidas de energía y las deficiencias en la prestación del servicio, factores que también han representado obstáculos para la actividad productiva y la inversión.

Camino a la inversión

Para Estados Unidos, un sistema energético confiable también puede convertirse en un factor para mejorar el clima de inversión, en particular para compañías interesadas en instalar operaciones, ampliar sus actividades o participar en proyectos vinculados con la generación y distribución de electricidad.

Uno de los elementos destacados por el funcionario estadounidense es la posibilidad de que las empresas de ese país participen en la transformación del sector energético hondureño.

Desde la perspectiva planteada por Segura, una mejora en las condiciones del sistema eléctrico no solo tendría efectos sobre los consumidores hondureños, sino que también podría contribuir a crear un entorno más favorable para la inversión extranjera.

La llegada de nuevos capitales, a su vez, podría traducirse en proyectos de infraestructura y puestos de trabajo, según el alcance que finalmente tengan las inversiones y la implementación de las reformas.

Las reformas al subsector eléctrico fueron aprobadas por el Congreso Nacional con 72 votos, después de un proceso de discusión que se extendió durante casi tres meses.

Aprobación y aplicación

El siguiente paso corresponde a la publicación de la normativa en el diario oficial La Gaceta, requisito necesario para avanzar hacia su entrada en vigor.

Con la aprobación legislativa se cerró una etapa de debate político y comenzó otra en la que el principal desafío será llevar las modificaciones del marco legal a la práctica.

Es durante esta fase cuando deberán observarse los efectos concretos de la reforma sobre el funcionamiento del sector, las inversiones y la calidad del suministro.

Durante años, el sistema enfrentó dificultades financieras, elevados niveles de pérdidas y problemas relacionados con la confiabilidad del suministro, situaciones que han tenido repercusiones tanto para los hogares como para las empresas.

Por esa razón, los cambios aprobados son observados no solo desde la perspectiva del sector energético, sino también desde el ámbito económico.

La posición expresada por Estados Unidos coloca al sector eléctrico dentro de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera a Honduras.

En ese escenario, la reforma podría convertirse en una herramienta para impulsar inversiones vinculadas directamente con la energía, pero también para generar mejores condiciones en otros sectores de la economía.

El interés estadounidense refleja además la importancia que Washington atribuye a la relación económica con Honduras y a la posibilidad de ampliar la participación de empresas de su país en proyectos de infraestructura y desarrollo.

Aunque la aprobación de la normativa fue recibida positivamente por Estados Unidos y diversos sectores, su impacto dependerá de la forma en que sea implementada..

Para Honduras, la modernización del sector puede representar una oportunidad para atender problemas históricos y, al mismo tiempo, posicionar la infraestructura energética como un componente de su estrategia para atraer capital y fortalecer la economía.

Para Estados Unidos, un sistema eléctrico más confiable puede facilitar la participación de sus empresas en Honduras y mejorar las condiciones para nuevas inversiones.

La relación entre el Gobierno y el gremio médico volvió a entrar en una etapa de tensión después de que el Colegio Médico de Honduras (CMH) emitió un pronunciamiento en el que exigió respuestas concretas por compromisos laborales y salariales que, según la organización, siguen pendientes de cumplimiento.

El gremio estableció un plazo de 72 horas para que las autoridades desembolsen los recursos correspondientes, formalicen contratos y emitan las resoluciones que siguen pendientes.

La advertencia marcó un nuevo punto de presión en las negociaciones entre los profesionales de la salud y el Ejecutivo, por reclamos relacionados con salarios, estabilidad laboral y condiciones de trabajo.

El CMH sostuvo que espera una ejecución inmediata de los acuerdos alcanzados y advirtió que, si no recibe una respuesta satisfactoria dentro del plazo establecido, adoptará nuevas acciones a nivel nacional.

Entre los principales reclamos del gremio figuran el pago de salarios atrasados y la aplicación del nuevo salario base obligatorio para los profesionales de la medicina.

También reclamó el reintegro de médicos despedidos, así como la aplicación del descanso especial profiláctico para los trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A esos puntos sumó la solicitud de establecer un límite para las reubicaciones geográficas de los médicos y revisar las disposiciones contempladas en el Decreto 47-2020.

Exigencias del Colegio Médico

El Colegio Médico también incluyó entre sus exigencias el pago de cesantías correspondientes a profesionales jubilados y la absorción del personal que actualmente presta servicios bajo el esquema descentralizado.

La lista de demandas contempla además el reconocimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del componente bienal, así como la agilización de la firma de contratos pendientes.

Otro de los puntos planteados por el gremio es la apertura de negociaciones para establecer una nueva escala salarial nacional para los médicos.

El presidente del CMH, Samuel Santos, señaló que el retraso en el pago de salarios alcanza hasta ocho meses para unos 400 médicos.

El reclamo ubicó el tema salarial como uno de los principales puntos de conflicto entre el gremio y las autoridades, ya que los profesionales afectados continúan exigiendo la regularización de sus pagos.

Para el Colegio Médico, el cumplimiento de estos compromisos no puede seguir postergándose, por lo que decidió establecer un plazo concreto al Gobierno para obtener resultados.

El gremio sostuvo que la situación llegó a un punto en el que la estabilidad laboral y la dignidad de los profesionales de la salud no pueden quedar sujetas a nuevos retrasos.

CMH anuncia posibles medidas

El Colegio Médico advirtió que, sino existe una respuesta concreta de las autoridades, convocará de forma inmediata a asambleas informativas y progresivas en diferentes puntos del país. La organización no descartó avanzar luego hacia medidas de mayor presión, según la respuesta que obtenga del Ejecutivo.

La advertencia genera preocupación porque cualquier escalada del conflicto podría tener repercusiones en la prestación de servicios médicos, especialmente en hospitales y centros asistenciales donde ya existen dificultades para atender la demanda de pacientes.

El gremio, sin embargo, sostiene que su reclamo está vinculado con el cumplimiento de compromisos laborales y con la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional de los médicos.

Ante el anuncio del Colegio Médico, el presidente Nasry Asfura hizo un llamado a los profesionales de la salud para que no recurran a asambleas o movilizaciones que puedan repercutir en la atención de los pacientes.

El mandatario reconoció la gravedad de la mora quirúrgica que enfrenta el sistema sanitario y pidió a los médicos mantener la prestación de los servicios mientras el Gobierno trabaja en la solución de las obligaciones pendientes.

“No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”, manifestó el mandatario al referirse a la posibilidad de que el conflicto derive en acciones que afecten la atención médica.

El presidente sostuvo además que el Gobierno cumplirá con las obligaciones pendientes y defendió la seriedad de su administración para hacer frente a los compromisos adquiridos.

Mientras el CMH reclama que los acuerdos sean ejecutados sin más retrasos, el Gobierno busca evitar que el conflicto laboral se traduzca en una reducción de los servicios médicos, particularmente cuando las autoridades reconocen que existe una cantidad de pacientes esperando por procedimientos quirúrgicos.

Honduras volvió a entrar en la carrera por acceder a recursos de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) de Estados Unidos.

El país figura en la posición 35 de una lista de 91 naciones candidatas para el año fiscal 2027, publicada el 31 de agosto por la institución estadounidense.

Pero aparecer en esa lista no significa que Honduras haya recuperado la llamada Cuenta del Milenio.

En realidad, significa algo mucho más limitado: que cumple las condiciones iniciales para ser evaluada.

La MCC deberá decidir posteriormente qué países muestran suficiente compromiso con la gobernanza democrática, la libertad económica y la inversión en su población como para avanzar hacia una posible negociación de fondos.

Existe además una precisión importante. Aunque Honduras aparece como número 35 en el documento, esa posición corresponde al orden alfabético del listado de países candidatos, no a una clasificación que indique que Honduras ocupa el puesto 35 por desempeño.

Después de Guatemala aparece Honduras y posteriormente India, siguiendo precisamente el orden alfabético utilizado por MCC.

Por eso, ese número no permite concluir que Honduras esté mejor posicionada que otras 56 naciones.La competencia real comenzará con la evaluación.

El punto débil sigue estando en las instituciones

El último scorecard disponible, correspondiente al año fiscal 2026, muestra una situación ambivalente.

Honduras consiguió superar el requisito de aprobar al menos la mitad de los indicadores evaluados y también pasó las condiciones generales de libertad personal y rendición de cuentas gubernamental.

Pero continuó registrando resultados bajos en tres áreas particularmente sensibles:

• Control de la corrupción: percentil 24.
• Estado de derecho: percentil 24.
• Efectividad gubernamental: percentil 31.

En otras palabras, Honduras puede mostrar avances en algunos indicadores económicos o sociales y aun así encontrar su mayor dificultad en la calidad de sus instituciones.

La MCC considera que la corrupción limita el crecimiento económico porque aumenta costos, reduce inversión, debilita instituciones y desvía recursos que podrían financiar salud, educación y otros servicios.

Honduras ya recibió US$215 millones

En 2005, Honduras firmó un primer convenio por US$215 millones, destinados principalmente a infraestructura vial y desarrollo rural. El acuerdo convirtió al país en uno de los primeros beneficiarios latinoamericanos del programa.

Aquella experiencia dejó obras que todavía forman parte de la infraestructura nacional, pero desde entonces Honduras no ha logrado concretar un segundo pacto de la misma magnitud.

Funcionarios del gobierno de Nasry Asfura, entre ellos autoridades económicas, prevén viajar a Washington para abordar el proceso.

La gestión diplomática puede ayudar a explicar reformas, políticas y prioridades, pero no sustituye el desempeño medido por MCC.

La ley estadounidense obliga a la corporación a tomar en cuenta la calidad de la gobernanza, la libertad económica, la inversión en las personas, el potencial para reducir pobreza y la disponibilidad de fondos antes de seleccionar países elegibles.

Lo que realmente está en juego

Para Honduras, regresar a la Cuenta del Milenio tendría un significado que va más allá de recibir recursos no reembolsables.

También representaría una señal de confianza internacional sobre la calidad institucional del país.

Por eso, la noticia importante no es que Honduras esté dentro de una lista de 91 candidatos.

La verdadera pregunta es otra: ¿podrá mejorar suficientemente sus indicadores de corrupción, Estado de derecho y efectividad gubernamental para que Estados Unidos decida volver a apostar por Honduras?

La reducción de lluvias, las altas temperaturas y la degradación ambiental están afectando la disponibilidad de agua en El Salvador. Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la situación adquiere una dimensión regional en la cuenca del río Lempa, que depende de los aportes hídricos de Guatemala y Honduras y enfrenta además el riesgo de nuevos proyectos de minería metálica.

Luis González, director de Gestión Ambiental de la UNES, recalcó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que durante ese período se registraron 15 récords de temperatura, según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A su juicio, la combinación de calor y falta de precipitaciones golpea los cultivos, la ganadería, los ecosistemas y las fuentes de agua.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de radio de 105.3. González señaló que los efectos asociados al fenómeno de El Niño se suman a tendencias más amplias vinculadas con el cambio climático, con períodos secos más prolongados y lluvias concentradas en lapsos cortos.

El caudal de los ríos disminuye pese a episodios de lluvia intensa

El director ambientalista afirmó que, durante las últimas tres o cuatro décadas, las fuentes superficiales del país han reducido su caudal. “Todas las fuentes superficiales de agua en el país han disminuido su caudal, es decir, disminuyen el agua que transportan”, indicó.

Según González, la disminución responde a cambios en el régimen de lluvias, pero también a la deforestación y a la impermeabilización del suelo. Explicó que las precipitaciones intensas ya no permiten una recarga hídrica sostenida, pues gran parte del agua corre por la superficie y provoca inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos.

“Hoy no tenemos ya temporal, lo que tenemos es que está nublado, pero llueve media hora muy fuerte y se para”, afirmó. Para el especialista, este patrón reduce la infiltración y limita la recuperación de acuíferos, ríos y quebradas.

El río Lempa representa un caso particular por su carácter trinacional. “Ha disminuido su caudal, pero dependemos mucho de Guatemala y Honduras para que se mantenga”, dijo González. Añadió que el Lempa aporta cerca del 60% del agua superficial disponible en El Salvador y abastece a una parte importante de la población.

La sequía impacta en la energía, la producción agrícola y el abastecimiento

La baja de los caudales también puede afectar la generación hidroeléctrica. González señaló que una menor disponibilidad de agua obliga a recurrir a otras fuentes, como combustibles fósiles, que pueden elevar los costos de producción de electricidad.

“Cuando disminuye la matriz en el tema hidroeléctrico, pues le aumentan el tema del búnker”, expresó. Aunque mencionó que el país cuenta con fuentes fotovoltaicas y geotérmicas, advirtió que la reducción de agua añade presión sobre el sistema energético.

En el sector agrícola, la sequía ha golpeado con mayor fuerza al oriente del país, en especial La Unión, San Miguel, el sur de Usulután y parte de Morazán. González afirmó que en esas zonas ya hubo pérdidas de maíz y frijol, mientras el ganado enfrenta falta de agua y temperaturas elevadas.

La minería en países vecinos aparece como un riesgo adicional

González advirtió que la conservación de la cuenca depende también de las decisiones que se adopten fuera de El Salvador. “Si allá desarrollan minería metálica, deforestan, pues va a haber cada vez menos agua que llegue por el río Lempa”, afirmó.

Mencionó el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala, cerca de la zona de nacimiento del Lempa. Según explicó, la empresa que adquirió el proyecto prepara un nuevo estudio de impacto ambiental tras observaciones de las autoridades guatemaltecas. “Hoy por hoy está detenido, pero eso puede cambiar”, afirmó sobre ese proyecto minero en Guatemala.

En Honduras, indicó que existen proyectos mineros en la zona fronteriza que permanecen en fase de exploración. “Con solo uno podría afectar la cuenca del río Lempa u otras cuencas compartidas como Guascorán”, señaló González.

El Gobierno de Estados Unidos no concederá un plazo adicional para que los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) permanezcan bajo ese mecanismo migratorio, confirmó la canciller Mireya Agüero, tras conocerse el resultado de las gestiones realizadas por Honduras ante las autoridades estadounidenses.

La decisión fue comunicada tras una reunión entre el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Con ello, quedó descartada la posibilidad de ampliar nuevamente el período solicitado por las autoridades hondureñas para facilitar la transición de los compatriotas protegidos por el TPS.

La canciller explicó que el Gobierno de Honduras había planteado formalmente la petición a Washington con el objetivo de conseguir un período adicional para que los beneficiarios tuvieran más tiempo para analizar su situación migratoria y buscar alternativas.

Agüero señaló que, pese a que la petición de Honduras no prosperó, las autoridades nacionales continuarán acompañando a los compatriotas mediante información y orientación sobre las opciones que eventualmente podrían estar disponibles para ellos.

Ante el nuevo escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados hondureños en Estados Unidos concentrarán parte de sus esfuerzos en orientar a los ciudadanos sobre las distintas posibilidades de regularización migratoria.

Orientación caso por caso

La canciller enfatizó que no existe una única alternativa aplicable a todos los beneficiarios del TPS, por lo que la situación de cada persona debe ser revisada de acuerdo con sus circunstancias particulares.

“Hay oportunidades diferentes para muchos de nuestros conciudadanos en este proceso”, manifestó Agüero al referirse a las opciones que podrían existir para algunos de los hondureños afectados por el cierre de esta protección migratoria.

La funcionaria recomendó a los beneficiarios evitar tomar decisiones basadas únicamente en información difundida en redes sociales o por personas que no estén calificadas para brindar asesoría migratoria.

Instó a los hondureños a buscar asistencia jurídica especializada y a utilizar como referencia la información oficial preparada por la Cancillería y la red consular hondureña.

Uno de los principales mensajes de las autoridades hondureñas es que la terminación de la protección temporal no implica que todos los beneficiarios deban enfrentar exactamente el mismo escenario.

Las posibilidades migratorias dependen de factores particulares de cada persona, entre ellos su historial migratorio y las condiciones que puedan permitirle acogerse a otros mecanismos contemplados en la legislación estadounidense.

Qué implica el fin del TPS

Por ello, la Cancillería considera fundamental que los beneficiarios conozcan su situación antes de tomar cualquier determinación y que reciban asesoría profesional para identificar las opciones disponibles en cada caso.

Los consulados hondureños también forman parte de este esfuerzo de orientación, especialmente ante la preocupación que genera entre las familias la finalización de un programa que durante años permitió a numerosos compatriotas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo protección temporal.

La canciller dejó claro que la situación del TPS es uno de los asuntos que forman parte de una agenda bilateral más extensa entre Honduras y Estados Unidos.

Agüero destacó que el país norteamericano constituye uno de los principales socios estratégicos de Honduras y que ambas naciones mantienen vínculos que abarcan diferentes áreas de interés.

Entre esos ámbitos mencionó el comercio, la inversión, la seguridad, la infraestructura y la cooperación, sectores que, según la funcionaria, continúan formando parte de la relación entre ambos gobiernos.

La decisión estadounidense sobre el TPS también generó interrogantes respecto de la posibilidad de que el tema migratorio tenga repercusiones en otros programas de cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

Sobre este punto, Agüero descartó que el cierre de la protección temporal deba interpretarse automáticamente como una señal de deterioro generalizado de la relación bilateral.

Las autoridades consulares reiteran la recomendación principal es acudir a profesionales del derecho migratorio y consultar directamente los canales oficiales de la Cancillería y de los consulados hondureños en Estados Unidos.

La canciller Agüero reiteró que Honduras mantiene una relación de larga data con Estados Unidos y que el vínculo bilateral trasciende el ámbito migratorio.

La sequía convirtió en un problema que Tegucigalpa arrastra desde hace años: ¿cómo abastecer de agua a una ciudad que depende de pocas fuentes y de una infraestructura con grandes pérdidas?.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que las autoridades buscan agilizar una operación por US$150 millones, aproximadamente L4.036 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a fortalecer el sistema de agua de la capital.

Pero existe una precisión importante: el crédito todavía no está desembolsado ni definitivamente aprobado.

La negociación se encuentra en fase avanzada y se prevé que el proyecto sea sometido a consideración del directorio del BID el 30 de septiembre, según lo anunciado por Zelaya.

Otros US$32 millones para atender la emergencia

A la operación principal se sumarían US$32 millones, unos L861 millones, que serían redireccionados para proyectos de respuesta inmediata.

Entre los destinos mencionados están la perforación de pozos, adquisición de cisternas y otras intervenciones de abastecimiento de agua.

En conjunto, los recursos gestionados alcanzarían aproximadamente US$182 millones, cerca de L4.897 millones.

La diferencia entre ambos componentes es relevante: el financiamiento de US$150 millones apunta a una transformación más estructural del sistema, mientras los US$32 millones servirían para enfrentar necesidades inmediatas derivadas de la sequía.

Zelaya ha señalado que alrededor del 40% del agua producida por La Concepción y Los Laureles se pierde antes de llegar a los abonados debido al deterioro de la red.

Eso significa que el problema no se resuelve únicamente esperando que las represas vuelvan a llenarse.

Incluso con mejores lluvias, una parte considerable del agua disponible continuará perdiéndose si no se modernizan tuberías, sistemas de distribución y mecanismos de control.

Por eso, la actual sequía está funcionando como un acelerador de inversiones que probablemente habrían sido necesarias incluso en un año con precipitaciones normales.

Pozos, cisternas y la represa San José

Mientras se define el financiamiento, la Alcaldía mantiene medidas de corto plazo.

Zelaya mencionó la perforación de pozos, entrega gratuita de agua, protección de cuencas y trabajos relacionados con la represa San José.

La capital también mantiene racionamientos. En agosto, el alcalde confirmó que el suministro continuaría, de momento, en ciclos de aproximadamente nueve días, mientras las autoridades intentaban conservar las reservas existentes.

La represa San José forma parte de la estrategia para aumentar la disponibilidad futura, pero todavía no representa una solución inmediata para la actual emergencia.

La crisis del agua también se convierte en una crisis alimentaria

Durante la reunión con representantes del G-16 y Naciones Unidas, Zelaya advirtió que la sequía no afecta únicamente el acceso al agua.

La reducción de lluvias también golpea producción agrícola, ingresos familiares y disponibilidad de alimentos, especialmente entre hogares vulnerables.

Con respaldo del Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas y otros cooperantes, las autoridades reportan asistencia humanitaria para alrededor de 4.000 personas en la capital.

La prueba será transformar el crédito en obras

La operación con el BID representa una oportunidad considerable para Tegucigalpa, pero todavía falta pasar de la negociación a la ejecución.

Primero deberá completarse la aprobación. Después vendrán contrataciones, obras y plazos de implementación.

Por eso, la pregunta central no es únicamente si Tegucigalpa conseguirá US$150 millones.

Es ¿cuánto tiempo tardará ese dinero en convertirse en más agua disponible y menos pérdidas para una ciudad que ya enfrenta la crisis ahora?.