La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras se pronunció este martes sobre el incidente ocurrido en un punto fronterizo con El Salvador, asegurando que las autoridades hondureñas actuaron conforme a la legislación nacional y en apego a los mecanismos diplomáticos vigentes entre ambos países.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno hondureño explicó que una delegación de la República de El Salvador se presentó en la frontera con el propósito de realizar la entrega de materiales educativos destinados a comunidades de la zona fronteriza.

Según detalló la Cancillería, las autoridades hondureñas permitieron en todo momento el ingreso de los miembros de la delegación en calidad civil, así como el libre tránsito de los materiales educativos. Sin embargo, aclararon que surgió un inconveniente relacionado con la presencia de personal militar salvadoreño en uniforme activo.

El comunicado señala que, de acuerdo con el artículo 205 numeral 26 de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

La Cancillería indicó que ninguno de estos requisitos había sido cumplido antes del arribo de la delegación, por lo que las autoridades hondureñas procedieron a aplicar el protocolo correspondiente en estricto apego a la normativa nacional.

“Honduras desea dejar constancia expresa de que en ningún momento existió intención alguna de obstaculizar una acción humanitaria”, manifestó el Gobierno hondureño en el documento divulgado este 19 de mayo de 2026.

Asimismo, la administración hondureña sostuvo que se ofrecieron todas las facilidades necesarias para que tanto los materiales educativos como el personal civil pudieran ingresar al país y cumplir con el propósito de asistencia a las comunidades fronterizas.

La Cancillería subrayó que la aplicación de la norma se limitó exclusivamente al ingreso de personal militar activo, argumentando que el Estado hondureño no puede hacer excepciones que comprometan los principios de soberanía territorial establecidos en la Constitución.

En el comunicado también se recordó que Honduras y El Salvador cuentan con diversos mecanismos de cooperación binacional, entre ellos la Comisión Binacional de Seguimiento, creada precisamente para coordinar actividades conjuntas de beneficio mutuo en zonas fronterizas.

El Gobierno hondureño reiteró su disposición de utilizar estos canales diplomáticos para facilitar futuras iniciativas de cooperación, asistencia o intercambio entre ambas naciones.

“Nuestro país continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades fronterizas, en un marco de respeto mutuo y diálogo diplomático”, expresó la Cancillería hondureña en una publicación difundida en redes sociales.

Además, Honduras reafirmó el valor histórico, cultural y humano de la relación bilateral con El Salvador, destacando que ambas naciones mantienen lazos de hermandad que trascienden las diferencias coyunturales.

La Cancillería confirmó que continúa en comunicación con las autoridades salvadoreñas a través de los canales diplomáticos correspondientes con el objetivo de resolver este tipo de situaciones de manera expedita y bajo un clima de respeto mutuo.

El pronunciamiento oficial de Honduras surge luego de la postura expresada por el Gobierno de El Salvador, que denunció públicamente que una comitiva encabezada por la ministra de Educación salvadoreña no logró ingresar paquetes escolares destinados a estudiantes con doble nacionalidad en la zona fronteriza de Nahuaterique.

Ante ello, la Cancillería hondureña aseguró que el ingreso del personal civil y de los insumos educativos sí fue permitido, pero señaló que la restricción se aplicó únicamente al ingreso de personal militar uniformado, en apego a la legislación y los protocolos diplomáticos vigentes entre ambos países.

El incidente generó reacciones en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad y soberanía en las zonas fronterizas de Centroamérica, especialmente en actividades vinculadas a cooperación internacional y asistencia humanitaria.

En medio de un contexto marcado por el aumento de la violencia contra las mujeres en Honduras, el municipio de Gracias, Lempira, inauguró una Casa Refugio destinada a proteger a mujeres víctimas de agresiones, desplazamiento, trata y otras situaciones de vulnerabilidad.

El espacio busca convertirse en un lugar seguro para quienes se ven obligadas a huir de sus hogares para salvar su vida.

El municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, Honduras dio un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres con la inauguración de una Casa Refugio destinada a brindar atención integral, seguridad y acompañamiento a víctimas, sobrevivientes de violencia de género.

La apertura de este espacio representa una nueva alternativa de protección para mujeres que enfrentan situaciones extremas de violencia, amenazas, desplazamiento forzado o abandono, en un país donde los índices de agresiones y femicidios continúan generando preocupación.

La Casa Refugio también atenderá a mujeres migrantes, retornadas, refugiadas y víctimas de trata de personas, ofreciendo un entorno seguro bajo principios de igualdad, dignidad y no discriminación.

Durante el acto inaugural, autoridades nacionales y municipales subrayaron que este proyecto busca responder a una necesidad urgente que enfrentan muchas mujeres hondureñas que, al escapar de la violencia, no cuentan con lugares seguros donde resguardarse junto a sus hijos o familiares.

Esperanza y protección

La titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de los Asuntos de la Mujer (SEMUJER) sostuvo que la apertura de este refugio simboliza mucho más que la inauguración de un edificio.

“Hoy es un día de enorme trascendencia para Gracias. Esta Casa Refugio representa mucho más que una infraestructura; representa una decisión política y humana que les dice a las mujeres: no están solas”, afirmó durante su discurso.

La funcionaria subrayó que muchas víctimas de violencia atraviesan procesos dolorosos y complejos cuando deciden abandonar entornos peligrosos para proteger su vida.

Cada mujer merece encontrar un espacio donde pueda sentirse segura, escuchada y atendida con respeto y dignidad, según manifestó.

“Este refugio debe convertirse en una puerta abierta hacia la protección de derechos, la recuperación emocional y la esperanza de una nueva vida”, puntualizó.

Según lo informado por las autoridades, la Casa Refugio ofrecerá protección temporal, acompañamiento psicosocial, orientación legal y atención especializada para mujeres en situación de riesgo.

Además, se busca fortalecer mecanismos de respuesta inmediata frente a casos de violencia basada en género y crear redes de apoyo para mujeres que requieren asistencia urgente.

Respuesta inmediata y atención integral

SEMUJER señaló que la institución continuará coordinando acciones interinstitucionales para garantizar que este tipo de espacios funcionen de manera efectiva y con atención especializada.

Esta dependencia estatal recordó que es la entidad encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas orientadas a la protección de mujeres víctimas de violencia en Honduras.

Por su parte, el alcalde José Mario Cálix, explicó que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia y brindar apoyo real a mujeres que atraviesan momentos críticos.

También indicaron que la creación de espacios seguros resulta fundamental para combatir la violencia de género y reducir la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

La inauguración de esta Casa Refugio ocurre en un contexto nacional en el que las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan alertando sobre el aumento de la violencia contra las mujeres.

Los femicidios, agresiones físicas, amenazas y casos de violencia doméstica siguen representando una de las principales problemáticas sociales del país.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las recientes reformas penales aprobadas por el Legislativo y aseguró que Honduras implementará una nueva etapa de combate frontal contra la delincuencia organizada, con mayor presencia militar en las calles y una reestructuración del sistema penitenciario.

Durante sus declaraciones, el titular del Poder Legislativo descartó de manera definitiva la construcción de cárceles de máxima seguridad en islas del país, incluyendo las Islas del Cisne, propuesta que había generado debate en años anteriores.

Según Zambrano, la iniciativa de trasladar centros penales a zonas insulares nunca fue viable desde el punto de vista logístico y financiero.

“Eso era prácticamente imposible. Honduras tiene terrenos adecuados donde pueden construirse nuevos centros penales sin necesidad de llevar proyectos a islas alejadas”, expresó.

El diputado explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) cuenta con propiedades disponibles para desarrollar futuras cárceles bajo estándares modernos de seguridad.

Honduras ampliará infraestructura penitenciaria

Zambrano reconoció que el actual sistema penitenciario enfrenta serios problemas de capacidad y control, situación que obliga al Estado a ampliar la infraestructura carcelaria.

También señaló que parte de los problemas históricos en las cárceles hondureñas han estado relacionados con corrupción interna y fallas administrativas dentro de los recintos penitenciarios.

Indicó además que las Fuerzas Armadas tendrán mayores facultades en el manejo y seguridad de los centros penales, conforme a las reformas aprobadas recientemente por el Congreso Nacional.

Operativos de seguridad

El presidente del Legislativo confirmó que Honduras mantendrá el despliegue conjunto de militares y policías en tareas de seguridad ciudadana.

La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Estado para enfrentar extorsiones, homicidios, narcotráfico y operaciones de maras y pandillas en diferentes regiones del país.

“Se exige orden y acciones concretas contra la criminalidad. La población quiere seguridad y respuestas”, afirmó Zambrano.

El funcionario aseguró que la participación militar seguirá siendo clave para reforzar operativos y aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en barrios y colonias consideradas de alta incidencia delictiva.

Agencia Nacional contra el Crimen

Otro de los puntos destacados por Zambrano fue la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una nueva estructura que dependerá del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

La institución tendrá funciones relacionadas con inteligencia, investigación criminal y coordinación entre distintas dependencias encargadas de combatir estructuras delictivas.

El parlamentario adelantó que las reformas podrían entrar en vigencia en los próximos días una vez sean publicadas en el diario oficial La Gaceta.

Posteriormente, se iniciará el proceso de reglamentación de la ANC para que pueda comenzar operaciones en el menor tiempo posible.

Combatir el crimen organizado

Zambrano reiteró que las reformas penales fueron solicitadas por operadores de justicia y organismos de seguridad que demandaban herramientas legales más fuertes para enfrentar el avance del crimen organizado.

Entre las medidas aprobadas figuran penas más severas contra la extorsión, nuevas disposiciones contra asociaciones terroristas y mayores capacidades operativas para instituciones de seguridad e inteligencia.

Además, la Secretaría de Finanzas deberá identificar mecanismos de financiamiento para proyectos relacionados con infraestructura penitenciaria y fortalecimiento institucional.

El presidente del Congreso pidió evitar la politización del tema y sostuvo que las medidas responden a la necesidad de recuperar la seguridad en Honduras.

Los testimonios de quienes han pasado por el Centro de Descanso Temporal Sagrada Familia en Danlí, al este de Honduras, revelan la transformación que experimentan cientos de migrantes tras días o meses de trayecto.

Una nota elaborada por el Organización para las Migraciones (OIM) y publicada este martes, para muchos, el paso por este albergue marca el primer momento de seguridad y calma desde que abandonaron sus países de origen.

Entre 2023 y 2024, de acuerdo a la publicación de la OIM, Honduras se consolidó como un punto de tránsito para cientos de miles de personas que huyen de la violencia, la falta de oportunidades y las consecuencias del cambio climático.

En ese contexto, el centro gestionado por Caritas Honduras y apoyado por la OIM se convirtió en un refugio clave, especialmente para quienes viajan con niños o en condiciones de vulnerabilidad extrema.

El valor de un refugio en la ruta migratoria

Para quienes preguntan qué representa el paso por Danlí para las personas migrantes, la respuesta se resume en una oportunidad para recuperar fuerzas, acceder a cuidados básicos y encontrar apoyo emocional.

El centro no solo proporciona cama y comida: entrega kits de higiene, atención médica, orientación y apoyo psicológico, cubriendo las necesidades más urgentes de quienes llegan exhaustos.

El centro también responde a riesgos particulares. Mujeres que viajan solas, como Carol, encuentran un espacio donde pueden dormir sin miedo y recibir información sobre sus derechos.

Estas condiciones, que parecen mínimas, resultan excepcionales después de jornadas marcadas por la inseguridad y el temor a perder a sus hijos o pertenencias.

Un espacio para reconstruir la dignidad

El testimonio de Adrián, joven venezolano, sintetiza el efecto de este refugio: “La humanidad que encontramos en este lugar me recuerda que, a pesar de todo, uno puede volver a empezar”. En el centro, el apoyo va más allá de lo material y se traduce en la posibilidad de hablar, ser escuchado y recuperar la esperanza.

Desde 2023, más de 24,000 personas en situación de vulnerabilidad han pasado por este albergue. Los migrantes llegan desde África, Asia y las Américas, arrastrando historias diferentes pero compartiendo la urgencia de un lugar seguro para descansar y reiniciar su trayecto.

El acompañamiento integral ayuda a restaurar la dignidad y la estabilidad en uno de los momentos más críticos del viaje.

La importancia de fortalecer los albergues

El funcionamiento de estos espacios depende del esfuerzo conjunto entre organizaciones humanitarias, instituciones locales y equipos preparados para asistir con empatía.

El apoyo que brindan no solo cubre necesidades inmediatas, sino que ofrece orientación y protección para las siguientes etapas del viaje migratorio.

El Centro Sagrada Familia, respaldado por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas, demuestra que es posible reconstruir la confianza y el sentido de comunidad incluso en medio de la incertidumbre.

Las historias de Jairo, Carol y Adrián reflejan una experiencia compartida por miles de migrantes: la certeza de que todavía existen lugares donde la solidaridad y los cuidados abren la puerta a un nuevo comienzo.

La Secretaría de Salud confirmó que Honduras permanece libre de casos de sarampión; sin embargo, el país mantiene una alerta epidemiológica preventiva debido al incremento de contagios registrados en varias naciones de Centroamérica y América.

Entre las advertencias señalan que el riesgo regional ha aumentado considerablemente tras los brotes detectados en Guatemala, considerado actualmente uno de los principales focos de contagio en Centroamérica.

Ante este panorama, Honduras intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y reforzó controles en fronteras terrestres, aeropuertos y puntos marítimos para evitar el ingreso de casos importados.

Frente al escenario regional, el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud Homer Mejía, señalo que “El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños y personas no vacunadas”.

Esta situación según el experto se ven en la obligación de ser más enérgicos en el llamado a reforzar las campañas de inmunización y vigilancia epidemiológica. Las autoridades señalaron que actualmente Honduras no alcanza el 95% de cobertura de vacunación recomendado en ninguno de sus 298 municipios

Entre las complicaciones más peligrosas figuran neumonía, infecciones respiratorias severas, daños neurológicos y, en algunos casos, la muerte.

Campaña de vacunación

La Secretaría de Salud Odalis García coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), hizo un llamado urgente a los padres de familia de menores para “acudir a los centros asistenciales y completar los esquemas de vacunación pendientes".

Las autoridades insistieron en que la vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes y frenar la propagación de la enfermedad.

También informaron que el personal sanitario continúa realizando monitoreos permanentes, búsqueda activa de casos sospechosos y acciones preventivas en todo el país.

Mientras tanto, La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la enfermedad muestra un crecimiento sostenido en varios países del continente, impulsado principalmente por bajas coberturas de vacunación.

Guatemala epicentro regional

A nivel regional y según los reportes regionales y organismos sanitarios, Guatemala enfrenta uno de los brotes más preocupantes de sarampión en los últimos años.

Las autoridades guatemaltecas han reportado miles de casos confirmados durante 2026, con transmisión activa en múltiples departamentos del país.

El brote comenzó tras un evento religioso masivo realizado en Santiago Atitlán, Sololá, y posteriormente se extendió a distintas regiones guatemaltecas.

Incluso, autoridades sanitarias confirmaron la muerte de varios menores de edad a causa de complicaciones asociadas a la enfermedad, situación que encendió las alarmas en toda la región centroamericana.

No obstante, el avance del sarampión no solo afecta a Guatemala. México reporta actualmente uno de los mayores números de casos en América, con miles de contagios confirmados y decenas de fallecimientos relacionados con el brote.

Además de México y Guatemala, organismos internacionales han reportado transmisión activa y casos en países como Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Perú.

OPS advierte aumento de casos

La Organización Panamericana de la Salud advirtió recientemente que los casos de sarampión en América registran un crecimiento acelerado en comparación con años anteriores.

Según los informes regionales, una gran parte de las personas contagiadas no contaban con vacunación completa o desconocían su estado de inmunización.

Ante el riesgo de expansión regional, Honduras busca fortalecer la prevención y evitar que la enfermedad vuelva a circular en el país, especialmente entre la población infantil

La entrega de más de 1,900 paquetes escolares para estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en la zona de los exbolsones, en territorio hondureño, quedó interrumpida tras la decisión de militares de Honduras de impedir el ingreso de los insumos educativos enviados por el Gobierno de El Salvador.

Karla Trigueros, ministra de Educación de El Salvador, confirmó a la prensa que la caravana que transportaba los materiales tuvo que regresar al territorio nacional tras recibir la notificación en el punto fronterizo de Pasamonos, en Perquín.

Según informó la funcionaria, el plan contemplaba distribuir paquetes escolares a alumnos que asisten a más de treinta centros educativos en el exbolsón de Nahuaterique, donde viven cientos de menores salvadoreños con doble nacionalidad que cursan sus estudios.

Trigueros detalló que el proceso migratorio se realizó conforme a los requisitos establecidos, pero las autoridades hondureñas negaron la autorización para el ingreso de los materiales.

“Hemos venido hasta acá. Son mil novecientos paquetes escolares, más o menos treinta y cinco escuelas, treinta y ocho escuelas donde íbamos a llevar estos paquetes escolares. Sin embargo, en este momento me acaban de informar que no vamos a poder pasar a entregarlos”, afirmó Trigueros en declaraciones recogidas por diferentes medios de comunicación de El Salvador.

La ministra subrayó que la instrucción de entregar estos paquetes provino del presidente Nayib Bukele, quien dispuso la entrega de útiles y materiales a todos los estudiantes salvadoreños del sistema público, incluyendo a quienes residen en comunidades limítrofes y asisten a escuelas al otro lado de la frontera.

La acción de los militares hondureños afectó directamente a niños y jóvenes de comunidades remotas, quienes esperaban recibir el material educativo como parte del programa impulsado por el Gobierno de El Salvador.

De acuerdo con la maestra Cindy Pineda, entrevistada por Diario El Salvador, los útiles estaban destinados a apoyar el proceso educativo de alumnos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y enfrentan dificultades para acceder a recursos básicos.

“Es una lástima, porque esta ayuda únicamente la recibimos de El Salvador”, expresó Luz Hernández, madre de uno de los estudiantes, en declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

El operativo contemplaba beneficiar a más de 1,900 niños y jóvenes, distribuidos en esta zona fronteriza, un sector histórico de disputa limítrofe donde familias con doble nacionalidad mantienen vínculos estrechos con ambos países.

El rechazo de las autoridades hondureñas impidió la entrega de útiles y materiales, a pesar de que la comitiva salvadoreña había completado los procedimientos migratorios requeridos para su ingreso.

La ministra Trigueros agradeció la presencia de los medios y reiteró el respeto a las disposiciones de las autoridades hondureñas, señalando que el Gobierno salvadoreño mantiene su compromiso con la educación de todos los niños salvadoreños, sin importar su ubicación geográfica.

La funcionaria no precisó si se intentará nuevamente la entrega de los paquetes escolares en el corto plazo.

El incidente evidenció las dificultades que enfrentan las comunidades fronterizas de los exbolsones, cuyos habitantes dependen en gran medida del apoyo proveniente de El Salvador para sostener sus procesos educativos.

Organizaciones sociales y docentes de la zona han insistido en la necesidad de facilitar la cooperación entre ambos países para garantizar el acceso a la educación de los menores que residen en territorios fronterizos.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Honduras sobre los motivos de la restricción impuesta.

La situación ha generado preocupación entre padres, docentes y representantes de las comunidades beneficiarias, quienes recalcaron la importancia de recibir este tipo de apoyos para el desarrollo académico de los niños y jóvenes de la región.

El Gobierno de El Salvador mantiene su disposición de continuar gestionando mecanismos que permitan la entrega de insumos educativos a todos los estudiantes salvadoreños, con independencia de su lugar de residencia.

El sueño de construir un futuro en Honduras se desvanece cada vez más rápido para miles de jóvenes que, pese a graduarse de colegios y universidades, no encuentran oportunidades laborales ni condiciones de vida estables dentro del país.

Así lo advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que factores estructurales como el desempleo, la violencia y la exclusión económica están obligando a la juventud hondureña a considerar la migración irregular como única alternativa para sobrevivir.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, alertó que muchos jóvenes viven una profunda frustración luego de dedicar años de esfuerzo académico sin lograr incorporarse al mercado laboral.

“Muchos jóvenes tienen títulos universitarios, maestrías y excelencia académica, pero aun así no encuentran empleo. Para ellos es devastador estudiar durante años y descubrir que no existen oportunidades reales”, expresó la defensora de derechos humanos.

Reyes instó al gobierno hondureño a crear políticas urgentes que permitan generar empleo digno, fortalecer el emprendimiento juvenil y abrir espacios de desarrollo para evitar que miles de personas sigan arriesgando su vida en la ruta migratoria.

Hondureños sin empleo

La preocupación surge en un contexto donde el desempleo y la precariedad laboral continúan golpeando principalmente a la población joven.

De acuerdo con el boletín sobre la Situación del Mercado Laboral en Honduras publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en mayo de 2026, más de dos millones de hondureños enfrentaron problemas de empleo durante el 2025.

El informe detalla que la población más afectada corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, quienes representan el 39% de las personas con dificultades laborales en el país.

En términos numéricos, alrededor de 793.133 jóvenes se encuentran en condiciones de desempleo, subempleo o vulnerabilidad económica, una situación que especialistas consideran alarmante debido al impacto social que genera.

Para organismos defensores de derechos humanos, esta crisis laboral se convierte en uno de los principales motores de expulsión migratoria. A la falta de empleo se suma otro factor determinante: la violencia.

Según el CONADEH, muchos jóvenes deciden abandonar Honduras porque viven bajo amenazas, inseguridad o riesgo de ser víctimas de estructuras criminales.

Elsy Reyes explicó que la ausencia de condiciones de seguridad, sumada al desplazamiento forzado y al temor constante, empuja a cientos de familias a salir del país.

“Si los jóvenes no se sienten seguros y no tienen oportunidades para desarrollarse, terminan viendo la migración como la única salida posible”, advirtió.

La defensora subrayó que Honduras necesita fortalecer políticas de prevención de violencia y protección comunitaria, especialmente en sectores donde las pandillas, el narcotráfico y otros grupos criminales mantienen presencia.

Migrar un peligro extremo

El CONADEH también alertó sobre los graves riesgos que enfrentan los migrantes durante su trayecto hacia Estados Unidos, especialmente al cruzar territorio mexicano.

Desapariciones, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado y trata de personas forman parte de los peligros constantes que viven miles de migrantes centroamericanos.

Reyes recordó el reciente caso de tres jóvenes hondureños que murieron dentro del vagón de un tren de carga mientras intentaban avanzar hacia Estados Unidos.

La tragedia volvió a evidenciar las condiciones extremas y peligrosas que enfrentan quienes toman rutas irregulares para emigrar.

Además, denunció que redes criminales utilizan plataformas digitales y redes sociales para engañar a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.

Estas prácticas, explicó, exponen principalmente a mujeres jóvenes al riesgo de caer en redes de explotación sexual, trata de personas o trabajos forzados.

“Tomar la ruta migratoria sin conocer realmente a qué peligros se enfrentan puede costar demasiado caro”, alertó la defensora.

Jóvenes retornados

Aunque no existen cifras exactas sobre cuántos hondureños abandonan el país cada año, los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) reflejan la magnitud del fenómeno.

Entre 2020 y abril de 2026, Honduras recibió a 333.253 personas retornadas o deportadas desde diferentes países.

De ese total, 167.654 procedían de Estados Unidos, 149.734 de México y 15.852 de Guatemala.

Las cifras revelan además que el grupo más afectado corresponde a jóvenes entre 21 y 30 años.

Según los registros oficiales, unas 136.131 personas retornadas durante los últimos seis años pertenecen a ese rango de edad, lo que representa el 41% del total.

Solo en los primeros cuatro meses de 2026 fueron retornados a Honduras 15.449 migrantes, de los cuales el 91% llegó procedente de Estados Unidos.

Dentro de ese grupo, 5.797 migrantes tenían entre 21 y 30 años, incluyendo 5.247 hombres y 550 mujeres.

El CONADEH reiteró que el país enfrenta el desafío urgente de generar condiciones económicas y sociales que permitan a la juventud construir proyectos de vida dentro de Honduras.

La institución insistió en que el combate al desempleo, la creación de oportunidades y la prevención de la violencia son fundamentales para frenar el aumento de la migración irregular.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este lunes una serie de aseguramientos e incautaciones contra bienes vinculados presuntamente a una estructura criminal relacionada con Magdaleno Meza Fúnez, considerado una de las figuras más señaladas dentro de redes ligadas al narcotráfico en Honduras.

La operación incluyó el aseguramiento de cuatro bienes inmuebles y dos empresas mercantiles que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para ocultar patrimonio de origen ilícito y facilitar operaciones financieras relacionadas con actividades criminales.

Las autoridades informaron que estos bienes no habían sido intervenidos anteriormente ni entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que permanecían fuera del control estatal.

Operativos antidrogas

De acuerdo con el expediente investigativo, las diligencias iniciaron luego de recibir información sobre un millonario préstamo suscrito en 2018 entre Óscar Roberto Acosta Zepeda y personas vinculadas a la estructura criminal.

Como parte de ese acuerdo financiero, se habría hipotecado una extensa propiedad de más de 1,200 manzanas ubicada en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.

Tras el supuesto incumplimiento de pago, integrantes de la organización criminal habrían iniciado maniobras para apropiarse ilegalmente del terreno.

Las investigaciones revelan que miembros de la estructura, junto con abogados y colaboradores, habrían utilizado amenazas, presiones y recursos legales para tomar control de la propiedad.

Uno de los hallazgos más relevantes del caso apunta a que el verdadero interés sobre el inmueble no era únicamente económico.

De acuerdo con autoridades, el terreno habría sido estratégico para la construcción de una supuesta narcopista clandestina destinada al aterrizaje de aeronaves vinculadas al tráfico internacional de drogas.

Las investigaciones señalan que la ubicación y extensión de la propiedad permitían desarrollar operaciones aéreas ilegales relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico.

Este tipo de pistas clandestinas han sido utilizadas históricamente por organizaciones criminales para movilizar cargamentos de droga provenientes de Sudamérica hacia otros países de la región.

Defraudación fiscal

La ATIC también determinó que la estructura utilizaba múltiples sociedades mercantiles, identidades y nombres de terceros con el propósito de ocultar propiedades y dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos presuntamente de manera ilícita.

Las autoridades sostienen que estas maniobras buscaban dificultar el rastreo financiero y evitar que los activos fueran vinculados directamente con integrantes de la organización criminal.

El uso de empresas fachada, prestanombres y movimientos financieros simulados forma parte de los métodos más utilizados por redes del narcotráfico para lavar activos y proteger patrimonio.

Entre los bienes asegurados destaca una propiedad ubicada en el departamento de Santa Bárbara, identificada por las autoridades como un supuesto domicilio utilizado por Magdaleno Meza Fúnez.

Durante las inspecciones realizadas en el lugar, agentes localizaron barriles enterrados que contenían supuestos precursores químicos, materiales que serán sometidos a análisis especializados para determinar su composición y posible relación con actividades ilícitas.

El hallazgo incrementó las sospechas sobre las operaciones que presuntamente se desarrollaban dentro de la propiedad.

Investigaciones continúan abiertas

El Ministerio Público indicó que las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas acciones relacionadas con esta estructura criminal.

Las autoridades buscan establecer la participación de otras personas, empresas o colaboradores que habrían intervenido en la adquisición, administración o protección de bienes vinculados al grupo investigado.

También se analiza la posible comisión de delitos relacionados con lavado de activos, asociación para delinquir, narcotráfico y testaferrato.

La operación ejecutada por la ATIC forma parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio Público para debilitar financieramente a estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en Honduras.

La lucha contra la criminalidad organizada en Honduras entró hoy en una nueva etapa luego de que el Congreso Nacional aprobara un amplio conjunto de reformas penales dirigidas a endurecer las sanciones contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.

Con respaldo unánime de los diputados, las modificaciones al Código Penal incorporan medidas más drásticas para perseguir a miembros de maras, pandillas y redes criminales, además de ampliar las facultades de investigación e intervención de las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos más contundentes de la reforma recae sobre el delito de extorsión, considerado por las autoridades como una de las principales amenazas para comerciantes, transportistas y ciudadanos en diferentes regiones del país.

A partir de las nuevas disposiciones, quienes obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar acciones bajo amenazas, intimidación o violencia enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión, acompañadas de fuertes sanciones económicas.

Cadena perpetua

El cambio más severo establece que, si la víctima fallece como consecuencia directa de la extorsión, los responsables podrán recibir prisión a perpetuidad, endureciendo el marco penal vigente.

El nuevo articulado deja claro que el delito será considerado consumado aunque el pago exigido nunca llegue a concretarse, eliminando vacíos legales que anteriormente dificultaban algunos procesos judiciales.

Además, las reformas amplían la responsabilidad penal hacia quienes colaboren indirectamente con las estructuras criminales. Bajo las nuevas normas, también serán considerados coautores quienes recojan dinero producto de extorsiones, faciliten cuentas bancarias, realicen transferencias electrónicas o administren bienes obtenidos ilícitamente.

Otro cambio relevante elimina la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en casos vinculados a extorsión, medida que busca impedir reducciones de condena mediante acuerdos judiciales.

Organizaciones terroristas

Dentro del paquete legislativo aprobado, el Congreso reformó además el artículo relacionado con asociación terrorista, incorporando formalmente a maras, pandillas y redes criminales transnacionales dentro de esta categoría.

La nueva normativa establece que estas estructuras serán consideradas organizaciones terroristas cuando operen mediante violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o vínculos con actividades de narcotráfico.

De esta forma, los cabecillas, financistas y promotores de estas agrupaciones podrían enfrentar condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que los integrantes recibirían penas de hasta 15 años.

Las autoridades sostienen que esta modificación permitirá fortalecer los procesos de investigación y facilitar acciones conjuntas contra estructuras criminales que durante años han mantenido control en distintas zonas urbanas y rurales del país.

Endurecen sanciones

El Congreso aprobó aumentar las penas contra quienes posean o utilicen uniformes, insignias o equipos similares a los empleados por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas sin autorización legal.

Según lo aprobado, las condenas irán de cuatro a seis años de prisión, aunque podrían elevarse hasta diez años cuando estos implementos sean utilizados para facilitar delitos o encubrir actividades criminales.

Las autoridades consideran que muchas estructuras delictivas han utilizado vestimenta similar a la oficial para ejecutar secuestros, asaltos y operaciones de intimidación en distintas regiones del país.

El paquete legislativo aprobado también incorpora reformas relacionadas con el manejo de telecomunicaciones y la protección de información privada.

Entre las nuevas disposiciones se establecen obligaciones más estrictas para empresas telefónicas, operadoras móviles y proveedores de internet, quienes deberán reforzar procesos de identificación y registro de usuarios.

Se contemplan sanciones vinculadas a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y al uso indebido de información privada en plataformas digitales.

Agencia Nacional contra el Crimen

Como parte de la estrategia integral de seguridad, el Congreso aprobó además la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que tendrá la misión de fortalecer la inteligencia, investigación criminal y coordinación operativa entre distintas instituciones del Estado.

La normativa también ratifica la continuidad del apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ampliando su participación en barrios y colonias consideradas de alta incidencia delictiva.

Desde el Congreso Nacional se argumentó que el respaldo militar seguirá siendo fundamental para contener el avance de estructuras criminales y reforzar la presencia del Estado en zonas afectadas por violencia y extorsión.

La aprobación unánime de las reformas refleja, según legisladores y autoridades de seguridad, la intención de endurecer el combate contra el crimen organizado en un momento en que la violencia y las redes de extorsión continúan siendo uno de los principales desafíos para Honduras.

La política migratoria implementada en Estados Unidos ha provocado una ola de detenciones que afecta de manera considerable a familias originarias de Guatemala y Honduras. Según un informe publicado por el centro de pensamiento Brookings Institution, más de 22,000 niños han experimentado la separación de ambos progenitores. Una parte significativa de estos casos corresponde a padres guatemaltecos y hondureños: los de Guatemala representan 15 % de los adultos detenidos que han dejado a sus hijos en situación de vulnerabilidad, mientras que los de Honduras alcanzan 10.7 %.

El estudio, difundido este lunes y citado por EFE, muestra el impacto de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre estas comunidades y estima que 146,635 menores estadounidenses han vivido la detención de al menos uno de sus padres desde el inicio de la segunda administración Trump. Además, advierte que la cifra real podría ser mucho mayor.

La investigación señala que el mayor porcentaje de los menores afectados corresponde a niños de corta edad: 36.5 % son menores de seis años y 36.1 % tienen entre seis y 12 años. El resto pertenece al grupo de adolescentes entre 13 y 17 años. EFE subraya, citando el informe, que la política migratoria aplicada desde enero de 2025 ha intensificado el trabajo del ICE, lo que ha generado protestas y preocupación entre organizaciones de derechos civiles y comunidades latinoamericanas en todo el país.

Niñez separada por detenciones masivas

Washington D.C. y Texas concentran las tasas más altas de niños ciudadanos estadounidenses con al menos un progenitor detenido, superando los cinco casos por cada mil. Este dato, incluido en el análisis de Brookings Institution, revela la magnitud del fenómeno en regiones con fuerte presencia de migrantes centroamericanos. El informe subraya que no existen cifras precisas sobre el destino de los menores una vez separados de sus padres, lo que incrementa la incertidumbre sobre su bienestar.

Asimismo, la Brookings Institution advierte que la nacionalidad mexicana sigue siendo la más afectada, con 53.7 % de los padres detenidos, pero el impacto sobre las familias de Guatemala y Honduras adquiere relevancia en el contexto de la migración centroamericana. El documento detalla que muchas familias quedan fragmentadas tras los operativos, y que las recomendaciones de las asociaciones migratorias apuntan a la elaboración de planes familiares de emergencia.

El informe citado por EFE señala: “Las asociaciones animan a los padres que desean que sus hijos permanezcan en Estados Unidos a designar a un amigo o familiar cercano que se haga cargo del niño si ellos no pueden hacerlo”.

Las consecuencias de las separaciones trascienden el ámbito familiar. Según la Brookings Institution, la mayoría de los padres detenidos evita el contacto con el sistema de bienestar infantil, incluso cuando las opciones de cuidado disponibles no garantizan condiciones adecuadas para los menores. El análisis puntualiza: “En muchos de estos casos, el gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás”.

El informe de la Brookings Institution también señala que el número de menores estadounidenses que enfrenta la amenaza de separación familiar supera ampliamente los casos ya contabilizados. “Se calcula que más de 4.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un progenitor en riesgo de deportación, incluidos casi 2.5 millones ante la posibilidad de que ambos padres sean detenidos”, advierte el estudio.

En este contexto, la cifra de personas detenidas por el ICE se sitúa en torno a 60,000, mientras que cerca de 400,000 han sido trasladadas a centros de detención, según la información obtenida por EFE y reflejada en el informe.

La situación de los niños de origen guatemalteco y hondureño continúa generando preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre el futuro incierto de miles de familias afectadas por la política migratoria estadounidense.

Las montañas cubiertas de humo, el olor a madera quemada y las extensas áreas reducidas a cenizas vuelven a reflejar la grave crisis ambiental que enfrenta Honduras.

Cada incendio forestal no solo destruye árboles y fauna, también deja daños irreversibles en fuentes de agua, ecosistemas y comunidades que dependen directamente del bosque para sobrevivir.

Durante el reciente fin de semana, el Cuerpo de Bomberos de Honduras atendió quince incendios forestales en diferentes zonas del país, seis de ellos registrados únicamente en el departamento de Francisco Morazán, una de las regiones más afectadas por las altas temperaturas y la sequía prolongada.

El mayor Sergio Madrid, portavoz del Cuerpo de Bomberos, indicó que la cantidad de emergencias atendidas en apenas dos días refleja la magnitud del problema ambiental que atraviesa el país.

“Se trata de bastante actividad para un solo fin de semana”, expresó el oficial, quien lamentó que cada incendio puede destruir decenas de hectáreas de bosque en cuestión de horas.

Sin control incendios forestales

Las cifras oficiales del Instituto de Conservación Forestal (ICF) muestran un panorama aún más alarmante. Hasta la fecha, Honduras registra cerca de 44 mil hectáreas de bosque afectadas por 683 incendios forestales durante 2026, una cifra que ya supera ampliamente los daños reportados en periodos anteriores.

Como referencia, entre enero y abril de 2025 el país contabilizaba 20 mil 978 hectáreas afectadas por 568 incendios forestales, lo que evidencia un incremento considerable tanto en extensión destruida como en la intensidad de los siniestros.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas continúan favoreciendo la propagación del fuego, especialmente en zonas boscosas de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Comayagua y Choluteca, departamentos que históricamente presentan alta incidencia de incendios durante la temporada seca.

El mayor Madrid informó también que este lunes permanece activo un incendio forestal en el sector de La Ciénega, en el municipio de Santa Lucía, el cual ya supera las 36 horas de combate ininterrumpido por parte de los equipos de respuesta.

Las labores para contener el avance del fuego se han visto dificultadas por las altas temperaturas, los fuertes vientos y las condiciones secas del terreno, factores que permiten que las llamas se propaguen rápidamente hacia áreas de difícil acceso.

Entre las principales causas de los incendios forestales, las autoridades identifican las quemas agrícolas sin control, las elevadas temperaturas y, en muchos casos, la acción deliberada de personas que provocan incendios de manera intencional.

Daño ambiental, sequía y ola de calor

El impacto ambiental también comienza a generar preocupación por sus consecuencias a largo plazo. Expertos advierten que la pérdida de cobertura forestal incrementa el riesgo de sequías, erosión de suelos, escasez de agua y afectaciones a la biodiversidad.

Además, la destrucción de bosques reduce la capacidad natural del país para enfrentar fenómenos climáticos extremos, en un contexto donde Honduras figura entre las naciones más vulnerables al cambio climático en América Latina.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar quemas ilegales y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con incendios forestales, recordando que gran parte de estos siniestros pueden prevenirse con responsabilidad y vigilancia comunitaria.

Mientras los equipos de bomberos continúan trabajando en distintos puntos del país, las cifras reflejan que Honduras enfrenta una de las temporadas de incendios más severas de los últimos años, con miles de hectáreas arrasadas y ecosistemas enteros en riesgo.

Salir a las calles al mediodía, permanecer varios minutos bajo el sol o incluso asistir a clases se ha convertido en un riesgo para miles de hondureños ante las intensas temperaturas que golpean al país. La sensación térmica sofocante, el aire cargado y el aumento de enfermedades relacionadas con el calor mantienen en alerta a las autoridades, mientras varias regiones ya experimentan condiciones propias de una ola de calor.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que durante la tercera semana de mayo continuarán las altas temperaturas y el deterioro de la calidad del aire en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones norte, centro, sur y occidente del país.

Según la institución, las actuales condiciones climáticas responden a una combinación entre la intensa radiación solar característica de esta temporada y la presencia de masas de aire secas y cálidas sobre Honduras, fenómeno que ya provocó temperaturas récord para el mes de mayo en diferentes sectores.

Los mayores niveles de calor se esperan en los valles de Quimistán, Tencoa, Naco, Sula, Comayagua, Morocelí, Jamástran, Olancho, Agalta, Aguán, Goascorán y Choluteca, además de varias zonas del sur y oriente donde durante la semana pasada se registraron temperaturas extremas.

De acuerdo con información del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), ya existe evidencia de ola de calor en sectores de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras que Tegucigalpa presenta una alta probabilidad de experimentar este fenómeno en los próximos días.

Zonas más afectadas

Por su parte, las autoridades alertaron que las regiones de occidente, noroccidente, sur y algunas áreas del centro del país podrían continuar registrando temperaturas persistentemente elevadas, incrementando los riesgos para la salud de la población.

Copeco explicó también que la sensación térmica podría ser mucho mayor a la temperatura registrada por los termómetros debido a la combinación de calor extremo y altos niveles de humedad, especialmente en la zona norte del país.

Ante este escenario, la institución hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de prevención, principalmente en ciudades como San Pedro Sula, Santa Bárbara, Yoro, La Ceiba, Nueva Ocotepeque, Comayagua y Choluteca, donde las condiciones climáticas podrían volverse más severas durante la semana.

Jornada escolar reducida

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos constantemente a las altas temperaturas.

La situación también comenzó a impactar el sistema educativo. La Secretaría de Educación informó que mantendrá la jornada escolar reducida en los centros educativos gubernamentales a nivel nacional durante la semana del 18 al 22 de mayo.

La medida busca proteger la salud de estudiantes y docentes ante las elevadas temperaturas que continúan afectando al país. Como parte de las disposiciones, se han ajustado horarios escolares y se recomendó suspender actividades al aire libre dentro de los centros educativos.

En varias ciudades del país, padres de familia y docentes han manifestado preocupación por el impacto del calor en los estudiantes, especialmente en escuelas que carecen de ventilación adecuada, acceso permanente a agua potable o infraestructura climatizada.

En amplias regiones de Honduras, la tierra agrietada, los cultivos perdidos y la escasez de agua se han convertido en parte de la rutina diaria de miles de familias campesinas.

Cada verano prolongado deja más comunidades enfrentando incertidumbre, mientras el cambio climático continúa profundizando una crisis que ya no solo afecta la producción agrícola, sino también la alimentación y la economía de los hogares más vulnerables del país.

Frente a este panorama, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) anunció la intervención de 33 municipios considerados de alto riesgo por los efectos de la sequía y la inseguridad alimentaria, situación que se ha intensificado en los últimos años en distintas zonas del territorio nacional.

El presidente de la AMHON, Juan Carlos Molina, informó que el proyecto contará con el respaldo financiero de las Naciones Unidas, organismo que destinará más de 60 millones de dólares (más de USD 60.000.000) para ejecutar programas de asistencia y fortalecimiento comunitario.

Molina detalló: “Las Naciones Unidas son quienes nos están cooperando para poder asistir a estos 33 municipios con un monto arriba de los 60 millones de dólares”.

Pérdidas en zonas productoras

Las autoridades explicaron que muchas de las comunidades priorizadas presentan afectaciones severas derivadas de la falta de lluvias, pérdidas constantes en la producción de granos básicos, escasez de fuentes de agua y dificultades para garantizar la alimentación de miles de personas, especialmente en áreas rurales del denominado corredor seco hondureño.

El corredor seco, que abarca departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, ha sido una de las regiones más golpeadas por las alteraciones climáticas. En estos sectores, pequeños productores agrícolas han reportado pérdidas recurrentes de cultivos de maíz y frijol debido a las altas temperaturas y a las lluvias irregulares.

En municipios del sur del país, comunidades enteras han enfrentado problemas de abastecimiento de agua potable durante meses, lo que ha obligado a muchas familias a depender de pozos artesanales, racionamientos o abastecimiento mediante cisternas.

Mientras tanto, en zonas montañosas del occidente, la degradación de los suelos y la disminución de fuentes hídricas han reducido considerablemente la capacidad productiva de las comunidades.

La situación también ha provocado migración interna y un aumento de la vulnerabilidad económica en hogares que dependen casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia.

Organismos internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que Honduras figura entre los países más expuestos a fenómenos climáticos extremos en América Latina.

Resiliencia Climática

El plan impulsado por la AMHON contempla medidas orientadas a fortalecer la resiliencia comunitaria y reducir el impacto de futuras emergencias climáticas. Entre las acciones previstas se incluyen proyectos agrícolas sostenibles, sistemas de captación y abastecimiento de agua, capacitación técnica para productores y programas de apoyo alimentario.

Asimismo, se busca implementar estrategias de prevención que permitan a las comunidades prepararse mejor frente a sequías prolongadas, inundaciones repentinas y otros eventos asociados al cambio climático.

Representantes municipales indicaron que el financiamiento internacional posibilitará intervenir en sectores históricamente afectados por la pobreza y el abandono estatal, donde cada temporada seca incrementa el riesgo de hambre y deterioro social.

Las autoridades sostienen que, más allá de la asistencia inmediata, el objetivo es construir mecanismos sostenibles que ayuden a las familias a enfrentar las nuevas condiciones climáticas que afectan al país. La apuesta, aseguran, es evitar que miles de hogares continúen perdiendo sus cultivos, sus ingresos y sus posibilidades de subsistencia cada vez que las lluvias dejan de llegar.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que las muertes violentas contra personas de la comunidad LGBTIQ+ continúan registrando elevados niveles de impunidad en Honduras, en medio de un contexto de violencia, discriminación y discursos de odio que afectan especialmente a las personas trans.

En un pronunciamiento público, el organismo internacional indicó que en el país persiste la ausencia de una legislación integral contra la discriminación, una situación que, según diversos sectores defensores de derechos humanos, limita la protección efectiva de las poblaciones vulnerables.

La OACNUDH expresó preocupación ante el incremento de mensajes de odio y violencia difundidos tanto en espacios públicos como en entornos digitales, y destacó que estos siguen impactando de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+, especialmente a la comunidad trans.

“El Estado hondureño tiene la obligación de poner fin a la violencia y la discriminación, investigar de manera diligente e imparcial las violencias por prejuicio y sancionar a las personas responsables”, enfatizó el organismo internacional.

Garantías de protección social

El comunicado recordó que Honduras ha reconocido los derechos de las personas LGBTIQ+ y sus aportes a la construcción de una sociedad más inclusiva, plural e igualitaria, por lo que insistió en fortalecer mecanismos de protección y garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Activistas y representantes de organismos internacionales reiteran que la impunidad en los crímenes contra personas LGBTIQ+ alimenta un clima de temor y desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

La OACNUDH subrayó que el Estado debe garantizar protección integral, acceso efectivo a la justicia y condiciones de igualdad para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y remarcó que la erradicación de la violencia y la discriminación sigue siendo uno de los principales desafíos en derechos humanos en Honduras.

Las cifras refuerzan la gravedad del problema: según organismos y organizaciones de derechos humanos, en Honduras se registran 17 muertes violentas de personas LGBTIQ+ entre enero y mayo de 2026; además, distintas fuentes advierten que la impunidad rebasa el 90 % en este tipo de casos, lo que evidencia no solo la persistencia de la violencia, sino también la deuda estructural del Estado en materia de investigación, justicia y protección efectiva para esta población.

Exigen respuestas

El pronunciamiento de Naciones Unidas surge tras el hallazgo de tres cuerpos calcinados en la aldea El Cimarrón, hecho que actualmente es investigado por las autoridades hondureñas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Laboratorio de Dactiloscopia Forense, confirmó la noche del sábado la identificación plena de una de las víctimas: Axel Oved Cerrato Pineda, de 29 años y miembro de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con la DPI, la identificación se logró mediante procedimientos científicos realizados por peritos de los laboratorios de Policía Científica y Criminalística. Las investigaciones prosiguen para esclarecer el triple asesinato y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El caso ha generado fuertes reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, que exigen una investigación exhaustiva, transparente y libre de prejuicios. Distintos sectores consideran que estos hechos reflejan la vulnerabilidad que continúa enfrentando esta población en Honduras.

Las cifras de muertes por accidentes de tránsito continúan creciendo en Honduras y reflejan una crisis que cada día deja más familias marcadas por la tragedia.

En apenas 137 días de 2026, el país ya supera los 733 fallecidos en siniestros viales, mientras miles de personas han resultado heridas en percances donde las motocicletas figuran como el principal factor de riesgo.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), casi la mitad de las víctimas mortales registradas este año son conductores o pasajeros de motocicletas.

Las autoridades reconocen que la problemática ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos de salud pública y seguridad vial del país.

Ante este escenario, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, junto al director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, y el titular de la DNVT, Lenin Andino, anunciaron el fortalecimiento inmediato de operativos y sanciones a nivel nacional para reducir la alta incidencia de accidentes de tránsito relacionados con motociclistas.

Velásquez sostuvo: “El principal problema que hay en Honduras son los accidentes de motocicleta, de los cuales cada cinco muertos, más del 60 por ciento son usuarios de motocicletas, ya sean conductores o pasajeros”.

Las autoridades informaron que durante las últimas semanas ya se han intensificado los operativos policiales orientados a reducir la conducción irresponsable, principalmente entre motociclistas que circulan sin documentación, sin licencia o irrespetando las normas básicas de tránsito.

Control vial

Como parte de las nuevas disposiciones, se fortalecerán las operaciones de regulación vial, controles de velocidad, pruebas de alcoholemia, patrullajes preventivos y campañas de educación vial en distintas ciudades del país.

También se aplicarán sanciones más estrictas a quienes incumplan la normativa de tránsito.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, advirtió que la siniestralidad vial ya representa una emergencia que impacta directamente los sistemas de salud y seguridad pública en Honduras.

“La protección de la vida no solamente es un tema de buscar un aspecto de sanciones o sistemas de control; también buscamos promover cambios culturales en nuestra sociedad orientados al respeto a las normas de tránsito”, expresó Oseguera.

Las autoridades revelaron además que el pasado fin de semana fueron decomisadas más de 2.300 motocicletas a nivel nacional por distintas infracciones, principalmente relacionadas con la falta de documentación y licencias de conducir.

Por su parte, Lenin Morell, director de Vialidad y Transporte, aseguró que Honduras todavía no cuenta con una estrategia realmente efectiva para frenar la incidencia vial y detalló que el 60 por ciento de los accidentes involucra a conductores que no poseen licencia.

Impacto económico

La problemática también comienza a reflejarse con fuerza en los hospitales públicos del país. El Hospital Escuela reporta una saturación constante debido al aumento de pacientes lesionados por accidentes de motocicleta.

En el área pediátrica, la situación también genera preocupación. La doctora Scheybi Miralda, jefa de Emergencia de Pediatría del Hospital Escuela y vicepresidenta de la Asociación Pediátrica de Honduras, advirtió que el 75 por ciento de los traumas infantiles atendidos actualmente están relacionados con accidentes en motocicleta.

El impacto no solo es humano, sino también económico. Especialistas detallan que atender a un paciente afectado por un accidente de motocicleta puede costar alrededor de 150 mil lempiras (unos 5,637 dólares) debido a los múltiples procedimientos médicos requeridos por politraumatismos, cirugías, hospitalización y rehabilitación.

El Ministerio Público de Honduras citó a comparecer a los integrantes propietarios y suplentes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, misma que era dirigida por el expresidente del Legislativo, Luis Redondo Guifarro, como parte de una investigación que busca esclarecer posibles actuaciones ilegales relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas durante distintos períodos de sesiones.

Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que investiga presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y otros ilícitos contra la administración pública.

De acuerdo con información oficial, las pesquisas se enfocan en una serie de decisiones adoptadas por la Comisión Permanente, las cuales, según los primeros indicios, habrían excedido las facultades establecidas en la Constitución de la República y en la normativa que regula el funcionamiento del Congreso Nacional.

La citación alcanza a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente. Algunos de los señalados continúan ejerciendo cargos como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público deberá aplicar el procedimiento especial correspondiente para funcionarios con inmunidades y prerrogativas legislativas.

Citados a declarar

Entre los convocados figuran, además de Luis Redondo Guifarro, diputados como Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.

Las autoridades informaron que aún está pendiente la definición de fecha y hora para que comparezcan otros actuales congresistas, entre ellos Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

La investigación surge en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el alcance de las atribuciones de la Comisión Permanente, órgano legislativo que asume funciones específicas durante los recesos del pleno del Congreso Nacional.

En los últimos meses, distintas decisiones tomadas por dicha comisión generaron controversia entre sectores políticos, constitucionalistas y organizaciones civiles, algunos de los cuales consideran que determinadas actuaciones pudieron haberse realizado fuera de los límites legales establecidos.

¿Acciones fuera de ley?

Otros sectores sostienen que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de mantener la operatividad legislativa en momentos de crisis política y estancamiento parlamentario.

Analistas consideran que el proceso podría convertirse en uno de los casos más relevantes relacionados con el control y fiscalización de la actividad legislativa reciente en Honduras, debido a las implicaciones políticas e institucionales que rodean a la Comisión Permanente.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán con la recopilación de testimonios, revisión documental y análisis técnico de las actuaciones bajo investigación, sin descartar la ampliación de requerimientos fiscales o nuevas acciones penales conforme evolucionen las diligencias.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia, rendición de cuentas y control sobre las decisiones adoptadas por funcionarios públicos, especialmente en instituciones clave del Estado.

Sectores políticos permanecen atentos al desarrollo de las comparecencias programadas para esta semana, en medio de expectativas sobre el alcance que podría tener la investigación en el ámbito legislativo y político nacional.

El caso ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre las facultades de la Comisión Permanente durante los recesos del Congreso Nacional.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión temporal de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Patuca III, en Olancho, debido a la reducción crítica del nivel de agua en el embalse, situación que las autoridades atribuyen a la prolongada temporada seca que afecta al país.

La medida, coordinada junto a la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, entró en vigencia desde la noche del domingo 17 de mayo, luego de que el embalse alcanzara el límite mínimo permitido para operar: 280 metros sobre el nivel del mar.

Según el comunicado oficial, las actuales condiciones ya no permiten mantener la rotación adecuada de las turbinas generadoras bajo los estándares técnicos y de seguridad establecidos.

La paralización de Patuca III, una de las principales plantas hidroeléctricas del país con capacidad instalada de 77 megavatios, genera preocupación en distintos sectores debido al impacto que podría tener en el suministro energético de Olancho y otras zonas del territorio nacional.

Racionamientos de energía

De acuerdo con la ENEE, la suspensión podría extenderse entre una y tres semanas, dependiendo de la llegada de las primeras lluvias de invierno previstas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) hacia finales del presente mes.

Mientras tanto, la estatal eléctrica confirmó que recurrirá al respaldo de generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa para intentar mantener la estabilidad del servicio energético en la región oriental del país.

Racionamientos de energía

Autoridades locales reconocen que la capacidad de las plantas térmicas aún resulta insuficiente para cubrir completamente la demanda energética mientras Patuca III permanezca fuera de operación.

El alcalde de Juticalpa, Wlaner Castro, confirmó que las unidades térmicas ya comenzaron a operar y advirtió que el sistema continúa bajo presión.

“Las térmicas ya están funcionando, pero no son suficientes para abastecer toda la demanda energética mientras Patuca III logra recuperar los niveles de agua necesarios para volver a operar”, expresó el edil.

La situación también ha generado diversas reacciones entre ciudadanos y sectores productivos de Olancho, quienes temen posibles interrupciones en el servicio eléctrico si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

Algunos pobladores consideran que la crisis refleja la vulnerabilidad del sistema energético nacional ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de diversificar las fuentes de generación.

Otros sectores consideran que la suspensión era inevitable debido a las limitaciones técnicas de la represa y respaldan la decisión de la ENEE de priorizar la seguridad operativa de la infraestructura hidroeléctrica.

Interrupciones programadas

El comunicado oficial también recordó que esta no es la primera vez que Patuca III enfrenta interrupciones derivadas de fenómenos naturales. Desde su entrada en funcionamiento, la central ha suspendido operaciones en al menos dos ocasiones previas: durante un mes en 2024 y por aproximadamente dos semanas en 2025, ambas relacionadas con condiciones climáticas adversas.

Kevin Rodríguez experto en energía señalan que la dependencia de los embalses hidroeléctricos durante períodos prolongados de sequía representa uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico hondureño, especialmente en temporadas donde las lluvias registran retrasos o disminuciones significativas.

La ENEE aseguró que la central retomará operaciones tan pronto las lluvias permitan recuperar el nivel óptimo del embalse. Asimismo, la institución pidió comprensión a la población y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico en todo el país.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento climático y la evolución del embalse, mientras crece la expectativa por el inicio oficial de la temporada lluviosa, considerada clave para restablecer la operación normal de Patuca III y reducir la presión sobre el sistema energético nacional.

Honduras atraviesa un momento complejo en materia de transparencia y combate a la corrupción, Datos oficiales y percepción ciudadana coinciden en un diagnóstico preocupante: apenas el 14 % de la población considera prioritario el combate a la impunidad, mientras el país continúa reflejando altos niveles de debilidad institucional, según el informe Estado de País 2026 del Instituto de la Justicia.

El informe, enfocado en democracia y transparencia, revela un escenario preocupante: en 2025 se interpusieron 2,148 denuncias por corrupción, pero solo seis concluyeron en condena, lo que demuestra una respuesta judicial escasa ante la magnitud de los casos reportados.

El estudio también ubica a Honduras como el segundo país con peor desempeño en servicio civil en América Latina, una condición que, según el análisis, ha favorecido durante años prácticas como el clientelismo político, la falta de profesionalización estatal y la ineficiencia administrativa.

Tal debilidad institucional impacta la gestión pública y restringe la posibilidad de acceder a mecanismos internacionales de cooperación y desarrollo, como la Cuenta del Milenio.

En el ámbito internacional, la realidad es igualmente adversa: Honduras figura en el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro progresivo en transparencia y gobernanza.

Transparencia bajo presión

De acuerdo con indicadores de 2023, Honduras obtuvo la calificación más baja de la región en transparencia parlamentaria, con apenas un 23,6 %. El informe señala que el Congreso Nacional (en los últimos años) mantiene altos niveles de opacidad en el manejo de fondos y en la toma de decisiones, alejándose de estándares internacionales de parlamento abierto.

Durante 2025 se registraron 12.431 solicitudes de información; de ellas, 2.054 quedaron sin respuesta y 1.498 fueron atendidas fuera del plazo legal. En total, el 28 % de las solicitudes incumplieron los tiempos establecidos o no recibieron respuesta, evidenciando debilidades persistentes en los mecanismos de transparencia estatal.

Esta falta de apertura se agrava por el debilitamiento del derecho ciudadano al acceso a la información pública. Durante 2025, se recibieron 12,431 solicitudes de información, de las cuales 2.054 quedaron sin respuesta y 1,498 se atendieron fuera de plazo legal.

En conjunto, el 28 % de las solicitudes incumplieron los tiempos o no recibieron respuesta, lo que evidencia serias fallas en la transparencia activa del Estado.

Sofía Ochoa, oficial de investigación de sociedad civil, puntualiza que el informe muestra una fragilidad democrática que el país arrastra desde hace varios años. “Honduras mantiene un promedio de 46,5 puntos en indicadores de democracia durante la última década, sin avances significativos”, señala.

Ochoa también advierte acerca de la persistencia del clientelismo electoral. “Uno de cada ocho hondureños asegura haber recibido ofertas de beneficios a cambio de su voto”.

Eliminar la burocracia

Diversas organizaciones de sociedad civil sostienen que el problema tiene raíces estructurales y requiere reformas profundas. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de transparencia: “Honduras debería migrar hacia un modelo donde la información pública sea accesible de manera automática, eliminando trabas burocráticas que restringen el acceso a datos de interés público”.

Hernández, además, pone énfasis en la limitada capacidad operativa en áreas sensibles como la investigación ambiental. Según explica, un reducido grupo de fiscales atiende casos en todo el país.

Especialistas consultados resaltan la necesidad de revisar de manera integral los procesos de contratación pública y el funcionamiento del aparato estatal. El abogado y analista político Kenneth Madrid considera que es “indispensable realizar una evaluación integral del personal del sector público”, según declaraciones ofrecidas a Infobae.

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de 2026 alcanzaron los 4,134.2 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 14.3 % en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe divulgado por el Banco Central de Honduras.

El comportamiento positivo de las remesas confirma la creciente dependencia de la economía hondureña de los recursos enviados por los migrantes, principalmente desde Estados Unidos, país de origen del 85 % de las transferencias recibidas por las familias hondureñas.

El informe del BCH detalla que durante enero ingresaron 870,7 millones de dólares; en febrero la cifra aumentó a 939 millones; marzo registró el monto más alto del cuatrimestre con 1.219 millones de dólares; mientras que abril cerró con 1,105.1 millones.

Las autoridades monetarias señalaron que el flujo constante de remesas continúa representando un alivio económico para miles de hogares hondureños, especialmente en un contexto donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según estadísticas oficiales.

De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 1,8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, tanto de manera regular como irregular, convirtiéndose en el principal soporte financiero para numerosas familias en Honduras.

El BCH indicó además que las madres hondureñas son las principales receptoras de las remesas, representando cerca del 40 % de los beneficiarios.

La mayor parte de estos recursos se utiliza para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y pago de servicios esenciales.

Más del 80 % del dinero enviado desde el extranjero se destina al consumo familiar inmediato, una dinámica que ha permitido sostener la economía doméstica en miles de comunidades del país.

Las remesas representan actualmente más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, consolidándose como la principal fuente de divisas de la nación centroamericana, incluso por encima de sectores tradicionales como las exportaciones de café, camarón y la industria maquiladora.

Economistas consideran que este comportamiento refleja tanto la solidaridad de los migrantes con sus familias como la limitada capacidad de generación de empleo e ingresos dentro del país.

Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 12,212 millones de dólares en remesas, cifra que significó un incremento del 25.3 % respecto al año anterior y marcó uno de los niveles más altos registrados en la historia económica nacional.

Economistas consideran que este comportamiento refleja tanto la solidaridad de los migrantes con sus familias como la limitada capacidad de generación de empleo e ingresos dentro del país.

Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 12,212 millones de dólares en remesas, cifra que significó un incremento del 25.3 % respecto al año anterior y marcó uno de los niveles más altos registrados en la historia económica nacional.

Las proyecciones oficiales del Banco Central estiman que el ingreso de remesas continuará creciendo en los próximos años. Para 2026 se prevé un flujo de 12,724.7 millones de dólares y para 2027 la cifra podría ascender hasta 12,979.2 millones.

diversos sectores advierten sobre los riesgos de depender excesivamente de recursos externos para sostener la economía nacional, especialmente ante posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos o eventuales desaceleraciones económicas internacionales.

El aumento en las remesas ocurre además en medio de una persistente migración de hondureños hacia el extranjero, motivada por factores como el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

Para miles de familias hondureñas, el dinero enviado por sus parientes en el exterior representa la principal fuente de ingresos y, en muchos casos, el único mecanismo para garantizar alimentación, acceso a servicios médicos y permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.

La violencia contra los defensores del ambiente en Honduras se ha convertido en una crisis sostenida que combina asesinatos, amenazas, criminalización y elevados niveles de impunidad, en un contexto donde la protección estatal sigue siendo insuficiente ante los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

En la última década, organizaciones de derechos humanos y el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han advertido que Honduras figura entre los países más peligrosos para el activismo ambiental.

La conflictividad se concentra principalmente en zonas como el Bajo Aguán, Yoro, Colón, Comayagua y Atlántida, donde convergen disputas por la tierra, proyectos agroindustriales, minería y tensiones comunitarias.

Entre los casos más emblemáticos figuran el ambientalista y defensor del agua Juan López, asesinado en 2024. Este hecho generó una fuerte condena nacional e internacional y reactivó las alertas sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientales en el país.

Su muerte ocurrió a pesar de que, según el CONADEH, existían alertas tempranas que advertían sobre el riesgo que enfrentaba.

Así mismo, se suma el asesinato de la líder ambiental y defensora indígena Berta Cáceres en 2016, considerado el crimen contra ambientalistas más mediático en la historia reciente de Honduras, y que expuso la participación de estructuras organizadas, así como la fragilidad de los mecanismos de protección estatal.

Su caso continúa siendo un referente internacional sobre la violencia contra defensores del ambiente en Centroamérica.

Asesinatos en la impunidad

Se han registrado también otros asesinatos de alto impacto, como el del ambientalista Aly Domínguez, en el contexto de conflictos socioambientales en el norte del país, así como múltiples casos de líderes comunitarios en el Bajo Aguán, donde las disputas por la tierra han dejado una larga lista de víctimas vinculadas a la defensa de derechos ambientales y territoriales.

El CONADEH subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón estructural de violencia recurrente en territorios donde existe presión sobre recursos naturales, ausencia de institucionalidad efectiva y respuesta limitada del sistema de justicia.

¿Y los mecanismos de protección?

En este escenario, la comisionada nacional de los derechos humanos, Blanca Izaguirre, urge al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección y señala: “Las alertas tempranas emitidas por la institución en varios casos no han sido atendidas con la debida prioridad, lo que ha derivado en desenlaces fatales”.

El organismo también advierte: “La impunidad supera el 90% en los casos de asesinatos contra ambientalistas”, lo que, según el CONADEH, genera un efecto de repetición de la violencia y aumenta el riesgo para quienes continúan defendiendo el ambiente en sus comunidades.

En paralelo, investigaciones recientes del Ministerio Público han logrado algunos avances en casos específicos. Organizaciones sociales sostienen que “estos progresos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema”.

En los últimos cinco años, Honduras ha registrado aproximadamente 70 ambientalistas asesinados entre 2020 y 2025. Esta cifra, sumada a casos emblemáticos como los de Berta Cáceres, Juan López y otros líderes comunitarios del Bajo Aguán, refleja la persistencia de una grave crisis de violencia contra defensores del ambiente, marcada por altos niveles de impunidad y débiles mecanismos de protección estatal.

En el muelle de San José El Hueyate, una pequeña comunidad pesquera del sur de México, Óscar Hernández recorre cada rincón con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su hermano desaparecido. Viajó desde Honduras impulsado por la angustia y la incertidumbre que comparte con decenas de familias más, todas unidas por una misma situación: la desaparición de sus seres queridos en la peligrosa ruta migratoria marítima que conecta Centroamérica con México y Estados Unidos, según reportó la agencia AP.

El hermano de Óscar, Ricardo Antonio Hernández Barahona, de treinta y tres años, había decidido dejar Honduras tras siete años como repartidor en una empresa de alimentos. El cierre de la compañía, provocado por la extorsión del crimen organizado, lo dejó sin empleo y sin alternativas para mantener a su esposa y sus dos hijos. Como tantos otros migrantes centroamericanos, Ricardo apostó por la travesía hacia el norte con la esperanza de hallar una vida mejor. Esa decisión marcó su última comunicación con su familia.

A fines de 2024, Ricardo y otros treinta y nueve migrantes —provenientes de Honduras, Guatemala, Cuba y Ecuador— desaparecieron después de abordar una lancha en San José El Hueyate. “Como familiares vivimos un tormento, una angustia y deseamos encontrarles”, relata Óscar Hernández. Junto a otros padres, madres y hermanos, ha recorrido muelles, albergues y hospitales en la frontera sur de México, preguntando a pescadores, comerciantes y autoridades, sin obtener respuestas, indica AP.

La ruta marítima de los migrantes centroamericanos

La ruta marítima utilizada por los migrantes es considerada una de las más peligrosas del continente. Según la Organización Internacional para las Migraciones, agencia de la ONU, los traficantes embarcan a los migrantes en lanchas con doble motor desde Puerto de Ocós en Guatemala, realizan paradas de abastecimiento en puertos chiapanecos como Puerto Madero y Barra de Zacapulco, y continúan hacia Salina Cruz o Huatulco, en Oaxaca. Desde allí, el trayecto sigue por tierra rumbo al norte.

Las desapariciones no solo afectan a familias hondureñas. Desde Guatemala, también llegan testimonios de familias que han visto partir a sus hijos y hermanos por la misma ruta, empujados por la violencia, la falta de empleo y las presiones del crimen organizado. Muchos migrantes atraviesan primero Honduras y Guatemala antes de cruzar a México, donde se exponen a nuevos peligros, extorsiones y al acecho de redes de tráfico de personas, según testimonios recogidos por AP.

La historia se repite para migrantes de Nicaragua. Jóvenes y adultos arriesgan todo en un viaje que implica largas caminatas, cruces clandestinos y finalmente la travesía marítima, donde el control lo ejercen grupos criminales. La Organización Internacional para las Migraciones, agencia de la ONU, reporta que, desde 2014, se ha registrado la desaparición o muerte de 11,475 migrantes en la ruta hacia Estados Unidos; la mayoría de los casos se concentra en territorio mexicano.

Consecuencias colectivas y búsqueda organizada

En diciembre de 2024, la cubana Elianis Caridad Morejón Pérez llamó a su madre por última vez antes de abordar una lancha en Chiapas. Su desaparición, junto con la de otros migrantes, motivó a familias de Cuba, Ecuador, Honduras y Guatemala a organizarse con el apoyo de la Red Regional de Familias Migrantes, una alianza civil dedicada a la búsqueda, para buscar pistas en los puertos y comunidades del sur de México.

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses a partir de 2025 —que supuso un incremento en las detenciones y deportaciones inmediatas en frontera, así como mayores controles marítimos y terrestres— redujo visiblemente el flujo de migrantes por esta ruta, según datos de autoridades mexicanas citadas por la agencia de noticias AP. No obstante, la persistente necesidad de huir de la pobreza y la violencia mantiene la búsqueda activa de los familiares centroamericanos, que no dejan de buscar a sus desaparecidos.

Entre julio y noviembre de 2025, la Secretaría de Marina rescató a veintidós migrantes en la costa chiapaneca, aunque la cifra de desaparecidos sigue en aumento. La vigilancia en alta mar se ha reforzado con operaciones conjuntas entre México y Guatemala, pero los traficantes continúan explotando la necesidad de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Óscar Hernández y otros familiares siguen su búsqueda, impulsados por el dolor y la esperanza. “No queremos venganza, solo saber qué pasó.” Las historias de los migrantes desaparecidos exponen la realidad cotidiana de miles de centroamericanos que arriesgan todo en la ruta hacia el norte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) acordaron impulsar una alianza estratégica orientada a fortalecer la atención integral de los migrantes hondureños retornados, en medio de un escenario marcado por el incremento sostenido de deportaciones en 2026.

El convenio busca articular esfuerzos entre el Estado y la academia para mejorar los servicios de acompañamiento psicológico, capacitación técnica y reinserción social de las personas que regresan al país tras procesos migratorios, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

En la reunión participaron autoridades de la Cancillería hondureña y representantes de la UNICAH, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante el creciente volumen de retornos y la demanda de servicios especializados.

Por parte del Gobierno participó la subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores Iráchez, quien resaltó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para brindar una atención más humana y efectiva.

En representación de la universidad estuvieron autoridades académicas de áreas de vinculación, psicología y relaciones internacionales, que manifestaron su disposición de aportar desde la formación profesional y la investigación aplicada al fenómeno migratorio.

Aumenta cifra de retornados

El acuerdo se produce en un contexto en el que Honduras continúa recibiendo un flujo constante de migrantes retornados desde distintos países, principalmente Estados Unidos.

Datos del CONADEH reflejan que más de 15 mil hondureños han sido retornados al país en los primeros meses de 2026, manteniéndose un promedio diario cercano a 129 personas deportadas

El informe detalla que la mayoría de los retornos provienen de Estados Unidos, seguido de México y Guatemala, lo que evidencia la persistencia de la migración irregular como fenómeno regional.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) también confirman la tendencia al alza: solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizan más de 11,600 hondureños deportados, lo que representa un incremento cercano al 20 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Reintegración y atención integral

Las autoridades han advertido que el retorno masivo de migrantes plantea desafíos importantes en materia de reintegración social, acceso a empleo, salud mental y acompañamiento familiar.

Muchos de los retornados llegan a Honduras tras procesos migratorios prolongados, generando en varios casos rupturas familiares, dificultades económicas y afectaciones psicológicas que requieren atención especializada.

Por ello, la alianza entre Cancillería y UNICAH busca fortalecer los Centros de Atención al Migrante Retornado, además de ampliar los programas de apoyo psicológico y formación técnica para facilitar la reinserción laboral.

Las instituciones subrayaron que la articulación entre el sector público y la academia permitirá generar mejores herramientas para comprender y atender el fenómeno migratorio, así como diseñar políticas públicas más efectivas.

También resaltaron la importancia de fortalecer la capacitación del personal técnico encargado de atender a los retornados en los puntos de ingreso al país, con el objetivo de brindar una atención más integral y digna.

Con este acuerdo, Honduras busca consolidar un modelo de respuesta más coordinado ante el aumento de retornos migratorios, en un contexto regional donde la movilidad humana continúa siendo uno de los principales retos sociales y económicos.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Óscar Márquez, anunció que la próxima semana presentará una moción en el Congreso Nacional para exigir la implementación obligatoria de la clase de educación vial en los centros educativos del país, ante el aumento sostenido de los accidentes de tránsito.

El legislador recordó que la propuesta ya había sido aprobada por unanimidad en 2024, pero hasta el momento no ha sido ejecutada por la Secretaría de Educación ni por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), lo que ha generado preocupación en torno a su aplicación efectiva.

Márquez advirtió que la falta de implementación representa un retroceso en materia de prevención, especialmente en un contexto donde los accidentes viales se han convertido en una de las principales causas de muerte en Honduras.

“Desgraciadamente no se está poniendo en práctica”, lamentó el congresista, quien subrayó que la educación es la herramienta más efectiva para reducir la siniestralidad en las carreteras.

Educación vial obligatoria

La iniciativa plantea que los estudiantes de noveno grado reciban formación obligatoria en educación vial como parte del plan de estudios, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención desde edades tempranas y reducir especialmente los accidentes relacionados con motocicletas, uno de los principales factores de riesgo en el país.

El diputado por el departamento de Comayagua calificó la crisis vial como una “pandemia silenciosa”, debido al impacto constante que tiene en la pérdida de vidas humanas.

“No hay un día en que no ocurra un accidente”, expresó Márquez, remarcando que la educación vial debe convertirse en una política pública urgente para enfrentar la problemática.

También adelantó que solicitará informes a la Secretaría de Educación y a la DNVT para conocer las razones por las cuales el decreto aprobado por el Congreso no ha sido aplicado hasta la fecha.

La preocupación del legislador coincide con los datos más recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que confirman la magnitud de la crisis en las carreteras del país.

Más de 700 muertes

Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 se registran más de 701 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que confirma una tendencia alarmante de mortalidad en las vías.

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que el 46,7 % de las víctimas corresponde a motociclistas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de este sector en la movilidad nacional.

Las estadísticas también revelan que se han reportado más de 5.900 accidentes de tránsito en el país durante los primeros meses del año, y que alrededor de siete de cada diez incidentes involucran motocicletas, consolidando a este tipo de vehículo como el principal protagonista en la mayoría de siniestros.

Ante este panorama, autoridades de tránsito y sectores legislativos coinciden en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, educación y control, en un intento por reducir las cifras de mortalidad que diariamente afectan a las familias hondureñas.

La propuesta de incorporar educación vial en el sistema educativo vuelve así al debate legislativo como una posible medida estructural para enfrentar una problemática que, según los datos oficiales, continúa en aumento y sin señales de desaceleración.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó que en Honduras se estarían registrando en promedio tres nuevas infecciones de VIH por día, lo que equivale a una cada ocho horas. Esta situación mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias y de los organismos defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, que se recuerda este próximo 18 de mayo, la institución hizo un llamado público a fortalecer las campañas de prevención, ampliar el acceso a servicios de salud y combatir el estigma y la discriminación que aún enfrentan miles de personas diagnosticadas con el virus.

La coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del CONADEH, Francia Maradiaga, recordó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de esta población en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales suscritos por el país.

Explicó que las personas con VIH continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, empleo, educación y oportunidades laborales, debido a prácticas discriminatorias que persisten tanto en instituciones públicas como privadas.

“El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados”, expresó la defensora.

VIH en cifras

Datos del Subsistema de Información de VIH de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud reflejan que entre 1985 y 2025 Honduras acumula 44.620 casos de VIH.

De ese total, 17.563 personas permanecen en condición asintomática, mientras que 27.057 presentan infección avanzada. Las estadísticas indican además que el 58 % de los casos corresponde a hombres y el 42 % a mujeres.

Las cifras oficiales muestran que los departamentos con mayor incidencia continúan siendo Cortés, con 15.881 casos registrados; Francisco Morazán, con 8.987; Atlántida, con 4.609; además de Yoro, Colón y Choluteca. En conjunto, estas regiones concentran el 82 % de los casos reportados a nivel nacional.

El informe también detalla que la epidemia afecta a personas de todas las edades, desde menores de cuatro años hasta adultos mayores de 60 años. No obstante, la población económicamente activa continúa siendo la más vulnerable.

En los casos de infección avanzada, el 74 % corresponde a personas entre 20 y 44 años, mientras que entre los pacientes asintomáticos el 78 % se ubica en ese mismo rango de edad.

Las autoridades sanitarias señalaron además que entre 2024 y 2025 se diagnosticaron 2.272 nuevos casos, lo que equivale a 95 contagios mensuales.

En cuanto a fallecimientos, durante 2025 se contabilizan 115 muertes relacionadas con VIH, con un promedio de 10 por mes o una cada tres días. El 70 % de las víctimas fueron hombres y el 30 % mujeres.

Las mayores cifras de mortalidad se registran en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, que concentran el 66 % de los decesos reportados.

Mortalidad en Honduras

Maradiaga explicó que la reducción de fallecimientos en comparación con años anteriores se relaciona con mejoras en el acceso a medicamentos antirretrovirales, diagnósticos más oportunos y una mayor cobertura de atención médica especializada.

No obstante, muchos pacientes continúan llegando tarde a los servicios de salud, lo que complica los tratamientos y eleva el riesgo de muerte.

La defensora también expresó preocupación por los casos de transmisión de madre a hijo que todavía se registran en el país, indicando que algunas mujeres embarazadas rechazan los tratamientos luego de recibir un diagnóstico positivo.

Advirtió que esta situación incrementa el riesgo de contagio neonatal, pese a que actualmente existen tratamientos efectivos para prevenir la transmisión vertical del virus.

Otro de los problemas señalados por el CONADEH es la persistencia de despidos laborales y actos discriminatorios contra personas diagnosticadas con VIH.

“Tenemos despidos tanto en el sector público como en el privado y las personas con VIH requieren de un trabajo para mantener un estándar de vida que les permita estar en condición de indetectable e intransmisible”, indicó Maradiaga.

Responsabilidad de prevenir

La especialista explicó que una persona que recibe adecuadamente su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable no transmite el virus, por lo que insistió en la importancia de garantizar acceso continuo a medicamentos y estabilidad social para los pacientes.

También se hizo un llamado a la población a realizarse pruebas de detección y acudir a los servicios médicos de manera temprana. La prevención y la atención oportuna siguen siendo fundamentales para reducir nuevos contagios.

Bajo el lema “Prevenir el VIH es posible, eliminar el estigma es urgente”, el CONADEH, junto a organizaciones de sociedad civil y entidades gubernamentales, desarrollará actividades este lunes en el Parque Central de Tegucigalpa para promover la prevención, sensibilización y respeto hacia las personas que viven con VIH.

La institución reiteró que eliminar la discriminación y garantizar los derechos humanos de esta población continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras en la lucha contra la epidemia.

Un vagón de tren procedente de Long Beach, California, fue el escenario de una tragedia que reavivó el debate sobre el tráfico ilegal de personas en la frontera sur de Estados Unidos: seis migrantes de Honduras y México fueron hallados muertos por posible golpe de calor en Laredo, Texas, el domingo pasado, según informaron funcionarios policiales a Los Angeles Times.

Las autoridades federales consideran que estas muertes evidencian las consecuencias mortales de los métodos cada vez más arriesgados empleados por las redes de tráfico humano.

Autoridades federales investigan presunto caso de tráfico de personas tras el hallazgo en Laredo

La tarde del domingo, a las 15:21, la Policía de Laredo recibió el aviso sobre la presencia de los cuerpos en el vagón, según explicó el jefe policial Miguel A. Rodríguez Jr.

El hallazgo fue realizado por un empleado de Union Pacific, la empresa ferroviaria, quien notificó a las autoridades y posibilitó la apertura de una investigación federal dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, en colaboración con la policía local y los Texas Rangers (Los Angeles Times).

Un vocero federal confirmó que todas las líneas de indagatoria apuntan a un episodio de tráfico de personas, aunque la investigación permanece en curso y los detalles todavía son reservados.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por Rodríguez, la formación ferroviaria inició su recorrido en Long Beach el 7 de mayo y llegó a Del Rio, Texas, el 9 de mayo.

La hipótesis principal es que los migrantes subieron al vagón durante esa escala en Del Rio. Tras pasar por el área de San Antonio, el tren llegó finalmente a Laredo, donde se produjo el hallazgo de los cuerpos.

Entre las víctimas hay una mujer y dos hombres originarios de México, así como tres hombres procedentes de Honduras, de acuerdo con la identificación preliminar realizada por las autoridades.

Las pruebas iniciales sugieren que el fallecimiento se debió a golpe de calor durante el viaje en el vagón cerrado, según confirmó Rodríguez.

“Esa fue la escena que encontramos y comenzamos la investigación de inmediato”, detalló el jefe de policía a Los Angeles Times.

Declaraciones oficiales subrayan la gravedad del tráfico de personas en la frontera sur

En una conferencia de prensa el jueves, el alcalde de Laredo Victor D. Treviño calificó el hecho de “tragedia que pesa sobre todos” y fue más allá al señalar que existen “crímenes que son contra la humanidad y contra nuestros principios estadounidenses”.

Tanto Treviño como Rodríguez advirtieron sobre el riesgo letal de estas travesías, e instaron a los migrantes indocumentados a no exponerse a estas situaciones extremas.

“Este caso es un recordatorio contundente de los peligros del tráfico de personas”, afirmó Treviño durante el encuentro con la prensa.

Insistió en la necesidad de que los responsables de poner a personas en “condiciones tan peligrosas e inhumanas sean llevados ante la justicia”.

Por su parte, Union Pacific expresó a través de un comunicado electrónico su conmoción por estos hechos y aseguró estar colaborando estrechamente con la investigación de las autoridades.

Rodríguez aseguró a Los Angeles Times que, tras determinar que se trataba de un caso de tráfico de personas, la policía activó de inmediato los protocolos cooperativos con Homeland Security Investigations y la Patrulla Fronteriza. También manifestó su confianza en que habrá arrestos a medida que avance el proceso judicial.

La ruta del tren y los riesgos del tráfico de personas en la región

El vagón en el que perdieron la vida los seis migrantes formaba parte de un tren de Union Pacific que se desplazó desde el corazón portuario de Long Beach hacia el este, hasta llegar a la frontera texana.

Durante su trayecto, la formación hizo escala en Del Rio, lo que permitió el abordaje ilegal en una zona frecuentemente utilizada para el ingreso de migrantes a Estados Unidos.

La reconstrucción oficial establece que tras la escala en Del Rio el 9 de mayo, el tren continuó hacia San Antonio antes de dirigirse a Laredo.

El descubrimiento de los cuerpos, encontrado inicialmente por personal ferroviario, reflejó las condiciones extremas y los peligros que enfrentan quienes intentan entrar al país sin documentos a través de rutas de tráfico controladas por redes criminales.

Hasta el momento, la investigación dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional y con apoyo de la policía local, permanece abierta.

Las autoridades insisten en que la urgencia es desmantelar los circuitos delictivos responsables de exponer a personas a situaciones que han costado vidas como las de estos seis migrantes encontrados sin vida en el interior de un vagón que cruzó el suroeste estadounidense.

Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras continúan fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad regional y combate al narcotráfico mediante programas conjuntos de capacitación naval y operaciones de interdicción marítima.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó sobre el desarrollo de un nuevo proceso de entrenamiento impartido por instructores de la Guardia Costera estadounidense a miembros de las unidades especiales de la Fuerza Naval de Honduras.

Según la representación diplomática, la formación tuvo lugar en la Base Naval de Castilla y estuvo dirigida a integrantes del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval hondureña. Las capacitaciones incluyeron procedimientos de aplicación de la ley marítima, técnicas de abordaje e inspección de embarcaciones, operaciones de interdicción marítima y protocolos de seguridad en el mar.

La embajada estadounidense subrayó que estos entrenamientos permiten fortalecer la capacidad operativa de Honduras para responder ante actividades ilícitas en aguas territoriales y zonas estratégicas del Caribe. También explicó que la cooperación bilateral busca mejorar la capacidad de desarticulación de organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

La misión diplomática detalló en un comunicado: “Instructores de la Guardia Costera de Estados Unidos capacitaron miembros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras en aplicación de la ley marítima y seguridad en el mar”.

Honduras, punto estratégico en rutas del narcotráfico

La cooperación entre ambos países se mantiene en un contexto en el que Honduras continúa siendo considerada un territorio estratégico para el tránsito de drogas hacia Norteamérica. Informes internacionales y organismos de seguridad han señalado que las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico hondureño siguen siendo utilizadas por redes criminales para el traslado de cargamentos ilícitos.

En respuesta a este escenario, las operaciones de vigilancia marítima y la capacitación de unidades navales se han convertido en herramientas fundamentales para fortalecer el control territorial y reducir el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han reiterado en distintas ocasiones que la cooperación con Honduras es clave para reforzar la seguridad regional y contener el avance del crimen organizado transnacional.

Relación bilateral en seguridad y migración

Además del combate al narcotráfico, Honduras y Estados Unidos mantienen alianzas en áreas vinculadas a la seguridad regional, migración irregular y fortalecimiento institucional. La cooperación bilateral incluye asistencia técnica, intercambio de información, entrenamiento especializado y apoyo logístico destinado al refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad hondureñas.

Analistas en seguridad consideran que estos ejercicios conjuntos buscan mejorar la coordinación regional frente a amenazas asociadas a tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas y otras actividades criminales que utilizan rutas marítimas.

Con esta nueva jornada de capacitación naval, ambos países refuerzan los mecanismos de cooperación en seguridad, en el marco de los esfuerzos regionales por contener el narcotráfico y fortalecer la vigilancia en aguas del Caribe centroamericano.

En los últimos años, Honduras y Estados Unidos han incrementado las operaciones conjuntas y los programas de asistencia orientados al combate del crimen organizado, particularmente en zonas costeras consideradas estratégicas para el tránsito de drogas.

La delegación de Honduras, encabezada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez Ibarra, asumió por primera vez la presidencia pro tempore de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento coloca a Honduras al frente de la coordinación regional en materia de prevención, persecución y atención de la trata de personas, un delito que continúa afectando principalmente a niñas, niños y adolescentes en el país.

Durante su intervención, Martínez Ibarra señaló el compromiso del Gobierno de Honduras con la defensa de los derechos humanos y la protección de la dignidad humana. Reafirmó que la lucha contra la trata de personas es una prioridad nacional que involucra a los tres poderes del Estado.

La funcionaria agregó la importancia de fortalecer la cooperación regional, el intercambio de información y la capacidad institucional de los países miembros para enfrentar redes criminales que operan de manera transnacional.

En el marco de este liderazgo regional, Honduras buscará impulsar una agenda alineada con los ejes estratégicos de la OEA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, priorizando la protección integral de las víctimas y la prevención del delito.

La vicepresidencia de esta instancia regional quedó a cargo de la delegación de República Dominicana.

Víctimas de violencia

Aunque el país asume un rol de liderazgo internacional, las cifras más recientes evidencian la persistencia del delito en territorio hondureño.

De acuerdo con registros de la CICESCT, en lo que va de 2025 se han reportado decenas de víctimas rescatadas y atendidas por este delito.

Un informe reciente detalla que al menos 42 víctimas han sido rescatadas durante el año, de las cuales más del 85 % son niñas, niños y adolescentes, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de la niñez frente a las redes de explotación.

Otros reportes institucionales indican que el número total de víctimas atendidas durante el año podría ascender a alrededor de 96 personas, con una proporción significativa de menores de edad entre los casos identificados.

Las estadísticas también muestran que la mayoría de las víctimas son sometidas a distintas formas de explotación, incluyendo explotación sexual comercial, material de abuso sexual infantil, reclutamiento forzado y otras modalidades de trata.

Igualmente, las autoridades han señalado que las zonas con mayor incidencia suelen concentrarse en departamentos como Francisco Morazán, Cortés y Atlántida, donde la movilidad poblacional y los entornos urbanos aumentan el riesgo de captación.

Prevención y la protección

En su mensaje, la secretaria ejecutiva reiteró que el abordaje del delito debe centrarse no solo en la persecución penal, sino también en la prevención, la educación y el fortalecimiento de los sistemas de protección a víctimas.

Organismos de derechos humanos y autoridades nacionales coinciden en que la trata de personas sigue siendo uno de los delitos más complejos de combatir en la región debido a su carácter transnacional y a la vulnerabilidad social de las víctimas.

En ese contexto, el liderazgo asumido por Honduras en la OEA representa una oportunidad para reforzar la cooperación internacional, aunque el desafío interno sigue siendo reducir los casos, fortalecer la denuncia y garantizar la atención integral a las víctimas.

Con esta designación, el país entra en una etapa clave en la agenda regional contra la trata de personas, mientras enfrenta el reto de contener un fenómeno que continúa afectando principalmente a la niñez y adolescencia hondureña

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que mientras no se impulsen reformas electorales que garanticen mayor blindaje y transparencia en los procesos democráticos, será difícil avanzar en la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El titular del Legislativo sostuvo que la comisión especial encargada del proceso continúa trabajando en la evaluación de aspirantes y recordó que el plazo para presentar la nómina oficial vence el próximo 25 de mayo.

Zambrano indicó que el actual escenario político evidencia la necesidad de introducir cambios al sistema electoral, especialmente tras las controversias y crisis registradas en procesos anteriores.

De acuerdo con sus declaraciones, una de las reformas que podrían discutirse es permitir que las concejales restantes y sus suplentes puedan continuar el proceso electoral si hay bloqueos internos o situaciones que paralicen las funciones del ente electoral.

“El CNE está paralizado y se necesitan reformas que permitan garantizar el funcionamiento institucional y proteger los procesos democráticos”, manifestó el congresista.

Las declaraciones del presidente del Congreso se producen en medio de crecientes dificultades para alcanzar acuerdos políticos dentro del Legislativo sobre la integración de los órganos electorales.

Sin consensos políticos

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión Especial Evaluadora, Eder Mejía, reconoció públicamente que todavía no existen consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para elegir a los nuevos magistrados y consejeros del CNE y el TJE.

El parlamentario admitió que las diferencias entre bancadas continúan retrasando el proceso, aunque ya se avanzó en varias etapas del concurso público impulsado por la comisión multipartidaria.

“Tenemos que reconocer ante el pueblo hondureño que todavía no existen esos consensos entre las diferentes fuerzas políticas que conformamos el Congreso Nacional”, señaló Mejía.

El diputado explicó que más de un centenar de ciudadanos participaron inicialmente en el proceso de postulación; sin embargo, solamente 53 profesionales avanzaron a la etapa de comparecencias presenciales, las cuales contaron con observación social y académica.

Al persistir la falta de acuerdos definitivos, la comisión solicitó formalmente una prórroga para ampliar el tiempo de deliberación y construir una nómina consensuada que permita reunir los 86 votos requeridos en el pleno legislativo.

Mejía advirtió que, de no alcanzarse pactos entre las distintas bancadas políticas, la renovación de las autoridades electorales podría seguir estancada, lo que generaría incertidumbre de cara a futuros procesos democráticos y aumentaría la desconfianza ciudadana sobre la independencia de los organismos electorales.

Llamado a pensar en Honduras

En medio de este ambiente político marcado por tensiones y negociaciones, la Iglesia Católica también lanzó un mensaje orientado a fortalecer la unidad nacional y combatir los problemas estructurales que afectan al país.

Durante la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó a los sectores políticos, funcionarios públicos y ciudadanía en general a trabajar por la construcción de una Honduras más humana, justa y solidaria.

El líder religioso abogó por la promoción de valores como la fe, la esperanza, el trabajo y el bienestar colectivo, en un contexto donde persisten preocupaciones por la violencia, la corrupción y el avance del crimen organizado.

Rodríguez precisó que cada acción orientada a mejorar las condiciones de vida de la población representa un aporte relevante para transformar el país y recuperar la confianza social.

“Cada vez que uno de los servidores públicos, los políticos, los gobernantes, los educadores, los empresarios y los ciudadanos luchamos por la promoción humana y cristiana, damos esperanza a las personas”, dijo el cardenal.

El mensaje de la Iglesia surge mientras Honduras atraviesa un complejo escenario político relacionado a la elección de las nuevas autoridades electorales, una falta de consensos que según expertos políticos mantiene en suspenso designar a quienes conformarán de manera definitiva del CNE y el TJE.

El debilitamiento del sistema energético hondureño continúa generando preocupación entre autoridades, empresarios y sectores políticos, tras advertencias sobre el impacto que la crisis eléctrica está teniendo en la economía nacional y en la capacidad del país para atraer nuevas inversiones.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, reconoció que el sector eléctrico se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de Honduras debido a las limitaciones operativas y financieras que enfrenta la estatal energética.

De acuerdo con el funcionario, la ENEE atraviesa una etapa compleja, marcada por dificultades para cubrir compromisos financieros, deudas acumuladas y una infraestructura insuficiente para responder a la creciente demanda energética del país.

Peña Panting explicó que empresas interesadas en invertir en Honduras y conectarse al sistema nacional de energía encuentran limitaciones, ya que la capacidad instalada y las redes de transmisión no están preparadas para soportar nuevas cargas eléctricas de gran escala.

“El sector eléctrico es el que más le atrasa el crecimiento económico actualmente”, manifestó el titular de la estatal, al referirse al impacto directo de la crisis energética en la competitividad nacional.

Reestructuración presupuestaria

En tanto señala que la administración trabaja en un proceso de transformación interna de la ENEE, orientado al ordenamiento financiero y administrativo de la empresa pública. La estrategia, según expuso, contempla fortalecer las áreas de distribución, transmisión y generación, además de impulsar mecanismos de transparencia dentro de la institución.

Ante los cuestionamientos sobre el futuro de la estatal eléctrica, Peña Panting rechazó la existencia de un proceso de privatización, afirmando que las acciones impulsadas por el gobierno buscan mantener el control estatal del sistema energético.

Aseguró también que las decisiones sobre la reestructuración de la ENEE responden a lineamientos directos del Poder Ejecutivo, y que los cambios se desarrollarán con esquemas transparentes.

Mientras tanto, desde el sector generador privado persisten las alertas sobre el deterioro financiero del sistema eléctrico nacional.

La vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Karla Martínez, destacó que la deuda acumulada de la ENEE con las empresas generadoras ya alcanza aproximadamente 26 mil millones de lempiras, una cifra que, según indicó, mantiene al sector en una condición crítica.

Deudas millonarias

Martínez explicó que la mora millonaria representa un riesgo para la estabilidad del suministro eléctrico en el país, por las dificultades que enfrentan las empresas generadoras para sostener operaciones y cumplir compromisos financieros.

La representante del sector energético declaró que la falta de liquidez y los retrasos en los pagos siguen debilitando la confianza de los inversionistas, en un momento en el que Honduras requiere ampliar su capacidad energética para responder al crecimiento de la demanda.

El diputado del Partido Liberal, Fernando Castro, consideró necesario implementar mayores controles y mecanismos de focalización en la entrega de subsidios al servicio eléctrico, argumentando que actualmente hay beneficios que no llegan exclusivamente a los sectores más vulnerables.

El congresista reclamó que personas con capacidad económica continúen recibiendo subsidios estatales, mientras miles de familias en condiciones precarias siguen necesitando apoyo para cubrir el costo de la energía.

“No podemos darle subsidios a una persona que vive en Lomas del Guijarro. Nosotros ya sabemos cuáles son las colonias a nivel nacional donde viven las personas que necesitan hacer uso de esos subsidios”, afirmó el parlamentario.

Castro propuso que el Gobierno impulse un censo nacional que permita identificar con precisión a los hogares que realmente requieren asistencia estatal para el pago de energía eléctrica, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y reducir distorsiones en el sistema de subsidios.

La crisis financiera de la ENEE, el aumento de la deuda con generadores y las limitaciones de infraestructura mantienen al sistema energético hondureño bajo presión, en un contexto donde expertos y sectores productivos coinciden en que resolver los problemas estructurales del sector será clave para impulsar la inversión, la estabilidad económica y el crecimiento del país.

El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este sábado auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por su presunta implicación en el asesinato del líder ambientalista Juan López.

La resolución judicial también fue emitida contra Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, quienes junto al exfuncionario son acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Según informó el Poder Judicial, a los tres imputados se les considera presuntos autores intelectuales del crimen cometido contra Juan Antonio López, reconocido ambientalista, líder comunitario y exregidor de la alcaldía de Tocoa, en el departamento de Colón.

El tribunal detalló que la audiencia inicial comenzó el pasado viernes y concluyó este sábado con la determinación de mantener a los acusados bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades judiciales señalaron que el caso involucra delitos de alto impacto relacionados no solo con el asesinato del ambientalista, sino también con afectaciones a los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, pocas horas después de exigir públicamente la renuncia de Adán Fúnez, a quien señalaba por supuestos actos de corrupción dentro de la municipalidad de Tocoa.

El ambientalista pertenecía al partido Libertad y Refundación (Libre), la misma fuerza política a la que pertenecía el exalcalde ahora procesado judicialmente.

Además de desempeñarse como concejal municipal, López era ampliamente reconocido por su oposición a proyectos extractivos y por su defensa de los recursos naturales en la zona atlántica del país.

El líder ambientalista mantenía una férrea oposición al proyecto de minería a cielo abierto operado por la empresa Inversiones Pinares, anteriormente conocida como Emco Mining Company.

López denunciaba que la concesión minera operaba presuntamente bajo irregularidades y advertía sobre el impacto ambiental que generaba en áreas protegidas y fuentes de agua de la región de Tocoa.

Debido a las amenazas constantes derivadas de su labor ambientalista y comunitaria, el dirigente contaba desde 2023 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su asesinato generó fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos ambientalistas que exigieron justicia y castigo para los responsables.

La captura de Adán Fúnez se produjo esta semana en Tocoa, municipio ubicado en el departamento de Colón, una zona marcada históricamente por conflictos relacionados con tierras, recursos naturales y actividades extractivas.

El exalcalde también ha sido mencionado anteriormente en investigaciones y señalamientos vinculados a presuntos nexos con estructuras del narcotráfico.

Uno de los hechos más polémicos relacionados con Fúnez corresponde a una reunión ocurrida en 2013 en la que participó junto al exdiputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

Según investigaciones divulgadas en años recientes, en dicho encuentro presuntamente se discutía financiamiento político para campañas electorales del partido Libre.

La reunión habría quedado registrada en un video grabado con cámara oculta por Devis Leonel Rivera, uno de los principales líderes del cartel de Los Cachiros, material que posteriormente fue entregado a la Administración de Control de Drogas.

En el video, según reportes judiciales y mediáticos, el narcotraficante propone entregar dinero al partido político y se escucha a Carlos Zelaya afirmar que “la mitad debe ir para el comandante”, en aparente referencia a Manuel Zelaya.

Los productores de granos básicos en Honduras enfrentan un escenario de alta incertidumbre de cara al ciclo agrícola 2026, marcado por la inminente canícula y la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño, factores que amenazan la producción nacional de maíz, frijol y arroz.

Así lo expresó el dirigente agrícola Darwin Cálix, quien alertó que las condiciones climáticas y económicas actuales colocan al sector en una situación cada vez más complicada.

Según explicó, los productores observan con preocupación el impacto que podrían tener las sequías prolongadas sobre los cultivos, especialmente en zonas donde no existen sistemas de riego adecuados.

Cálix señaló que la situación resulta aún más difícil para los agricultores que dependen de financiamiento bancario para sembrar, ya que la falta de certeza climática convierte cada inversión en una apuesta de alto riesgo.

“Sacar un crédito en este contexto representa un enorme riesgo, porque no hay certeza de que la inversión pueda recuperarse”, manifestó.

El dirigente lamentó que invertir en el campo hondureño se haya convertido en una verdadera “odisea”, debido al incremento constante de los costos de producción y la vulnerabilidad del sector ante fenómenos naturales.

Ante este panorama, productores de distintas regiones han comenzado a exigir al Gobierno mayor inversión en infraestructura de riego como una de las principales medidas para reducir las pérdidas agrícolas.

Cálix explicó que actualmente se analiza la posibilidad de que los créditos agrícolas sean otorgados prioritariamente a productores que cuenten con sistemas de riego, con el objetivo de disminuir el riesgo de pérdidas por sequía.

El representante del sector advirtió que las cifras de producción reflejan ya una situación alarmante para el agro nacional.

De acuerdo con sus estimaciones, durante 2026 se reporta una reducción de aproximadamente un millón de quintales de frijol, cuatro millones de quintales de maíz y cerca de 600 mil toneladas de arroz que no lograron producirse.

“Vamos de mal en peor”, lamentó el dirigente.

Cálix atribuyó parte de la crisis a la ausencia de seguros agrícolas en Honduras, situación que deja a los productores completamente expuestos ante pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos.

A esto se suma la fuerte dependencia de insumos importados, como fertilizantes, pesticidas y productos químicos, cuyos costos continúan incrementándose debido a factores internacionales y al aumento en los precios del combustible.

El dirigente explicó que el encarecimiento de los combustibles impacta directamente toda la cadena productiva, desde la preparación de la tierra hasta el transporte de alimentos hacia los mercados.

“No es posible mantener precios bajos cuando los costos siguen subiendo”, expresó.

Según Cálix, muchos agricultores continúan produciendo pese a las dificultades con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos para la población hondureña, aunque advirtió que el sector necesita apoyo urgente para mantenerse operativo.

En ese sentido, pidió al Gobierno considerar la implementación de un seguro agrícola que permita compartir las pérdidas entre productores y el Estado, evitando que las consecuencias económicas recaigan únicamente sobre quienes trabajan la tierra.

El dirigente sostuvo que sin mecanismos de protección financiera, miles de productores podrían abandonar la actividad agrícola debido a las constantes pérdidas económicas.

Asimismo, reiteró que la seguridad alimentaria del país depende directamente de la capacidad de los agricultores para continuar sembrando y produciendo alimentos básicos.

“Si el Gobierno quiere que los alimentos lleguen a precios accesibles, también debe apoyar al productor”, enfatizó.

Cálix indicó que además de apoyo financiero, el sector necesita asistencia técnica, acceso a sistemas de riego, programas de prevención climática y políticas públicas que permitan fortalecer la producción nacional.

Finalmente, el dirigente reiteró que si no se toman medidas concretas y urgentes para fortalecer al agro nacional, Honduras podría enfrentar mayores dificultades en materia de abastecimiento y seguridad alimentaria durante los próximos meses.

El titular del legislativo Tomas Zambrano, afirmó que la elección de nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) dependerá de la aprobación de reformas electorales orientadas a fortalecer el sistema democrático y evitar posibles irregularidades en futuros comicios.

Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, Zambrano sostuvo que el Legislativo no procederá a elegir sustitutos dentro del órgano electoral mientras no existan “candados” y mecanismos de blindaje que garanticen transparencia, estabilidad y funcionamiento adecuado del ente encargado de organizar las elecciones en el país.

El parlamentario señaló que aunque la comisión especial encargada del proceso tiene hasta el próximo 25 de mayo para presentar la nómina de candidatos, la prioridad actualmente es discutir reformas profundas al sistema electoral hondureño.

Zambrano también aclaró que las solicitudes de permiso presentadas por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López no significan que ya exista una designación oficial de nuevas autoridades dentro del CNE.

Asimismo, explicó que todavía falta completar procesos administrativos internos dentro del organismo electoral antes de avanzar hacia posibles sustituciones.

“No vamos a elegir mientras no se hagan reformas de candados, de blindajes sobre cómo se integra, cómo obedece, cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla el Consejo Nacional Electoral. Las atribuciones y funciones del CNE se tienen que revisar y no se va a dejar libre como están pidiendo ellos”, expresó Zambrano.

El titular del Congreso indicó que actualmente el Consejo Nacional Electoral se encuentra paralizado, situación que ha generado preocupación en distintos sectores políticos debido a la cercanía de futuros procesos electorales.

En ese contexto, adelantó que una de las reformas que podrían discutirse contempla permitir que las consejeras restantes junto a los suplentes puedan continuar desarrollando el proceso electoral en caso de ausencia de uno de los miembros propietarios.

De igual manera, advirtió que no permitirán que vuelva a ocurrir un supuesto “boicot” dentro de un proceso electoral, haciendo referencia a conflictos y disputas registradas en procesos anteriores.

Las declaraciones de Zambrano también incluyeron referencias al exconsejero Marlon Ochoa, quien —según expresó— habría sido destituido mediante un juicio político por “abusar de la democracia”.

El presidente del Congreso manifestó que entregar nuevamente a Libertad y Refundación (Libre) la representación vacante dentro del CNE podría provocar escenarios similares a los registrados anteriormente.

“Luego de la destitución de Marlon Ochoa bajo un juicio político por abusar de la democracia, darle otra vez a Libre un representante podría significar repetir lo mismo del proceso pasado. Una persona neutral defendería la democracia”, manifestó.

Zambrano aseguró que, aunque dirigentes y diputados del partido Libertad y Refundación exigen que el sustituto corresponda nuevamente a esa institución política, la legislación hondureña no establece expresamente que el reemplazo deba pertenecer al mismo partido político.

“Los de Libre están exigiendo, pero la ley no establece que el sustituto tenga que ser de Libertad y Refundación”, señaló.

El diputado nacionalista recordó además que la elección de nuevos consejeros requiere mayoría calificada dentro del Congreso Nacional, es decir, al menos 86 votos favorables.

En ese sentido, reconoció que el Partido Nacional no cuenta por sí solo con los votos necesarios para impulsar las reformas y elecciones pendientes, por lo que será indispensable alcanzar consensos con otras bancadas legislativas, principalmente con sectores del Partido Liberal.

Mientras tanto, el Congreso Nacional continúa enfrentando presión para avanzar tanto en la elección de nuevas autoridades electorales como en la discusión de reformas que permitan recuperar la confianza ciudadana en los procesos electorales del país.

Cálix, advirtió que el rubro atraviesa una situación crítica marcada por pérdidas económicas, incremento de costos operativos y la persistencia de la extorsión, factores que —según afirmó— mantienen al sistema “en números rojos”.

Durante una entrevista, Cálix manifestó que el transporte público continúa operando bajo condiciones adversas, mientras los empresarios y conductores enfrentan dificultades para sostener el servicio.

El dirigente explicó que el aumento constante en los precios de combustibles, repuestos, lubricantes y mantenimiento de unidades ha generado una fuerte presión financiera sobre el sector.

“Estamos trabajando prácticamente en números rojos”, expresó, al señalar que muchos transportistas continúan operando únicamente para evitar la paralización total del servicio público.

A pesar del complejo panorama, Cálix aseguró que los operadores siguen prestando servicio a la población hondureña, aunque advirtió que la situación se vuelve cada vez más insostenible si no se adoptan medidas urgentes.

En ese contexto, insistió en la necesidad de revisar la estructura tarifaria del transporte urbano e interurbano para evitar el colapso financiero del sistema.

El dirigente recordó que desde hace cuatro años no se realiza una revisión tarifaria y señaló que el pasaje de los buses rapiditos se mantiene en 13 lempiras desde el año 2014, pese al incremento generalizado de costos en el país.

Según explicó, los ingresos actuales ya no permiten cubrir adecuadamente los gastos operativos de las unidades, situación que afecta directamente a transportistas, conductores y usuarios.

Cálix también confirmó que recientemente el gobierno realizó el desembolso correspondiente a cuatro meses de subsidio atrasado, correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo.

No obstante, indicó que aunque el pago representa un alivio parcial para el rubro, no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el transporte público en Honduras.

Asimismo, sostuvo que las políticas de subsidio pueden ser positivas cuando están dirigidas a beneficiar a la población más vulnerable y garantizar la continuidad del servicio.

“Las políticas de subsidio focalizadas a los más pobres son buenas”, reflexionó.

Durante la conversación el dirigente también abordó uno de los problemas que más golpea al sector: la extorsión.

Cálix aseguró que este flagelo continúa afectando gravemente a transportistas y conductores, quienes diariamente enfrentan amenazas, cobros ilegales y riesgos para su seguridad.

Afirmó que lejos de disminuir, el problema se ha arraigado aún más en el país, afectando la operatividad de las rutas y generando temor entre quienes laboran en el rubro.

El dirigente cuestionó la falta de respuestas contundentes por parte de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, señalando que se requiere una intervención más efectiva y permanente para proteger al sector transporte.

“Se necesitan acciones reales y no solo discursos”, sostuvo.

En relación con el papel de las autoridades, Cálix hizo un llamado a los entes reguladores y al gobierno para que prioricen soluciones técnicas y operativas sobre intereses políticos.

Indicó que el sector transporte necesita respuestas concretas y urgentes que permitan enfrentar la crisis económica y de seguridad que atraviesa actualmente.

“El gobierno cumplió 100 días, pero el pueblo quiere respuestas prontas”, expresó el dirigente, al referirse a la necesidad de medidas inmediatas para aliviar la situación que enfrenta la población y distintos sectores productivos.

Cálix subrayó que el transporte público representa uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, ya que diariamente moviliza a miles de hondureños hacia sus centros de trabajo, estudio y actividades comerciales.

Por ello, insistió en que garantizar la sostenibilidad del sistema no solo beneficia a los transportistas, sino también a toda la ciudadanía que depende del servicio para movilizarse.

Finalmente, reiteró el llamado al gobierno para generar condiciones que permitan fortalecer el rubro, garantizar la seguridad de operadores y usuarios, y asegurar la continuidad del servicio público en todo el país.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) informaron este sábado sobre el aseguramiento de una extensa plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

La operación fue ejecutada a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Según el reporte oficial, la plantación ilícita fue encontrada en la aldea Quebrada del Diablo, municipio de Iriona, una zona que en los últimos años ha sido identificada por las autoridades como punto estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades detallaron que el cultivo estaba distribuido en aproximadamente cuatro manzanas de tierra y contenía alrededor de 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca.

A través de sus redes sociales, las Fuerzas Armadas indicaron que este nuevo hallazgo forma parte de las operaciones permanentes que mantienen en distintas regiones del país para combatir estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

“Una plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca, distribuida en unas cuatro manzanas de tierra, fue localizada y asegurada por las FFAA, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con la DLCN”, señalaron las autoridades militares en un comunicado oficial.

Con este aseguramiento, las Fuerzas Armadas suman otro golpe a organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en zonas rurales y de difícil acceso en Honduras.

Las autoridades castrenses destacaron que las operaciones antidrogas desarrolladas durante este año han permitido importantes decomisos y destrucción de cultivos ilícitos en diferentes sectores del territorio nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones de supuesta hoja de coca, contabilizando más de 450 mil arbustos destruidos o asegurados.

Asimismo, informaron que durante los operativos también se han localizado y destruido al menos ocho instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga.

Según las autoridades, en dichos sitios se encontraron precursores químicos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas derivadas de la hoja de coca.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida orientada a reducir la capacidad operativa de grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Con estas acciones, las FFAA confirman su compromiso de continuar ejecutando operaciones orientadas al combate del narcotráfico y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad del pueblo hondureño”, expresaron mediante sus canales oficiales.

El departamento de Colón ha sido señalado en múltiples ocasiones como una de las zonas utilizadas por estructuras criminales para el cultivo, procesamiento y traslado de drogas debido a sus características geográficas y áreas de difícil acceso.

Las operaciones militares en esta región se han intensificado en los últimos años como parte de los esfuerzos del Estado hondureño para frenar el avance del narcotráfico y desarticular redes criminales que operan en la zona atlántica del país.

Autoridades de seguridad señalaron que continuarán desarrollando patrullajes, inspecciones y operaciones de inteligencia en distintos puntos estratégicos del territorio nacional para detectar nuevas plantaciones ilícitas y laboratorios clandestinos.

El nuevo aseguramiento también refleja la expansión de cultivos ilícitos dentro de Honduras, fenómeno que ha generado preocupación entre organismos de seguridad y autoridades internacionales dedicadas al combate del narcotráfico.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la plantación localizada en Iriona y determinar si existen estructuras criminales operando en la zona.

La crisis vial en Honduras continúa dejando cifras alarmantes. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que, en lo que va del año 2026, un total de 701 personas han fallecido en siniestros viales registrados a nivel nacional, una problemática que sigue cobrando vidas diariamente en las carreteras del país.

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que el 46.7 por ciento de las víctimas mortales corresponde a motociclistas, lo que confirma que este tipo de vehículo continúa siendo uno de los más vulnerables y protagonistas en los accidentes de tránsito.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, más de 5,900 percances viales han sido reportados durante los primeros meses del año. Además, las autoridades señalaron que siete de cada diez incidentes atendidos involucran motocicletas, situación que mantiene en alerta a los organismos de seguridad vial y salud pública.

“Lamentablemente una gran cantidad pierde la vida y una gran cantidad queda con lesiones bastante graves en los distintos centros asistenciales”, expresó Aguilar al referirse al impacto humano que provocan los accidentes de tránsito en Honduras.

La DNVT atribuye gran parte de esta problemática a la irresponsabilidad de algunos conductores que continúan infringiendo la Ley de Tránsito.

Entre las principales causas identificadas destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol, el uso del teléfono celular mientras se maneja y el irrespeto a las señales de tránsito.

El portavoz explicó que muchos conductores realizan maniobras indebidas, como adelantamientos en zonas prohibidas, además de ignorar altos y semáforos, acciones que incrementan considerablemente el riesgo de colisiones y atropellamientos.

“Al ver estos datos estadísticos, podríamos concluir que la ciudadanía sigue conduciendo de manera irresponsable, a exceso de velocidad, personas que no respetan las señales de tránsito, se cruzan un alto, no respetan los semáforos, personas que van conduciendo bajo las ingestas de bebidas alcohólicas, van utilizando el teléfono celular, van realizando adelantamientos en zonas prohibidas; estas son de las principales causantes de accidentes de tránsito”, desglosó Aguilar.

Otro de los factores que preocupa a las autoridades es la falta de educación vial entre los conductores.

Según registros de la DNVT, una considerable cantidad de personas involucradas en accidentes nunca obtuvo un permiso de conducir mediante los centros oficiales de capacitación y evaluación.

La institución considera que esta carencia de formación influye directamente en el desconocimiento de normas básicas de circulación y prevención vial.

En muchos casos, conductores sin experiencia ni preparación adecuada se desplazan en motocicletas o vehículos particulares sin medir los riesgos que representan para ellos y para otros usuarios de la vía pública.

Ante este panorama, la DNVT mantiene operativos permanentes en diferentes puntos del país con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y hacer cumplir la Ley de Tránsito.

Las autoridades reportaron que diariamente son sancionados más de 800 conductores por distintas infracciones.

Las multas más frecuentes están relacionadas con conducir sin licencia, no portar casco protector, exceso de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos y utilizar dispositivos móviles mientras se conduce.

Aguilar insistió en que muchos de los accidentes podrían evitarse si los conductores adoptaran medidas preventivas básicas, como mantener una distancia prudente entre vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas.

Asimismo, exhortó a los motociclistas a utilizar equipo de protección adecuado y a respetar las normas de circulación, ya que este grupo continúa siendo el más afectado por la siniestralidad vial en Honduras.

La creciente cantidad de fallecidos y lesionados mantiene bajo presión a los centros asistenciales del país, donde decenas de personas ingresan diariamente con heridas graves producto de accidentes de tránsito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana para evitar que las cifras sigan aumentando durante el resto del año.

Las autoridades hondureñas capturaron a un presunto integrante de la pandilla 18 señalado de participar en el brutal asesinato de tres personas halladas calcinadas en el cerro El Cimarrón, ubicado en la periferia noroeste de la capital hondureña.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes indicaron que el arresto es el resultado de una compleja investigación basada en análisis técnicos, recopilación de evidencias y labores de inteligencia desarrolladas desde el día del hallazgo de los cuerpos.

El detenido fue identificado como Víctor Javier Castro Rivas, de 37 años, originario de Residencial Plaza, en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

La importante acción operativa fue realizada mediante un automotivado de detención preventiva por especialistas de la División de Delitos Contra la Vida (DDCV), quienes ubicaron al sospechoso dentro de una vivienda situada en la colonia Monterrey de Comayagüela, entre las colonias Los Llanos y Lomas del Naboo.

Según las investigaciones preliminares, las víctimas habrían sido privadas de libertad, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas antes de que los criminales intentaran desaparecer toda evidencia incinerando los cuerpos en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.

Las autoridades presumen que las víctimas corresponden a Alejandro José Marcilla Reyes, Bowey Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado lunes 11 de mayo.

De acuerdo con la DPI, las investigaciones comenzaron inmediatamente después de conocerse el hallazgo de los restos humanos y desde entonces permitieron recolectar una serie de pruebas que condujeron al primer arresto relacionado con el caso.

El hallazgo ocurrió el martes 12 de mayo, cuando miembros del Cuerpo de Bomberos recibieron una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre un incendio forestal en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.

Al llegar al lugar para controlar las llamas, los socorristas descubrieron una escena impactante: dentro de un viejo congelador se encontraban dos cuerpos completamente calcinados. A pocos metros del sitio fue localizado un tercer cadáver igualmente quemado.

Tras el hallazgo, agentes de Inspecciones Oculares realizaron el levantamiento cadavérico y comenzaron las diligencias investigativas para esclarecer el triple crimen que ha causado consternación entre los habitantes de la capital.

Las autoridades indicaron que dentro de la vivienda donde fue capturado Castro Rivas encontraron varias evidencias que supuestamente lo vinculan junto a otros individuos con el rapto, tortura y asesinato de las víctimas.

El sospechoso enfrentará cargos por el delito de asesinato y ya fue remitido ante las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

La DPI señaló que las investigaciones continúan y no descartan nuevas capturas en las próximas 48 horas, ya que se mantiene una intensa búsqueda para identificar y localizar a otros posibles implicados en el crimen.

Además, agentes policiales informaron que continúan procesando evidencia recolectada tanto en la escena del crimen como en la vivienda allanada, donde encontraron indicios relevantes para fortalecer el expediente investigativo.

La extrema violencia con la que fueron encontrados los cuerpos complicó considerablemente el trabajo de identificación de las víctimas y convirtió el caso en uno de los más complejos registrados en los últimos meses en la capital hondureña.

Especialistas de Medicina Forense explicaron que el nivel de destrucción provocado por el fuego eliminó prácticamente toda posibilidad de utilizar métodos tradicionales de reconocimiento.

Las autoridades confirmaron que los restos humanos fueron sometidos a una calcinación extrema, situación que impidió obtener huellas dactilares o realizar análisis odontológicos.

La portavoz de Medicina Forense, Issa Alvarado, detalló que las condiciones en las que fueron encontrados los cadáveres imposibilitan recurrir a procedimientos convencionales de identificación.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reiteró el llamado al Estado de Honduras para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y fortalecer la protección de la libertad de expresión en el país, especialmente en temas de interés público.

A través de un comunicado oficial, la Oficina manifestó su preocupación por las constantes agresiones, amenazas e intimidaciones que enfrentan periodistas y comunicadores hondureños, señalando que estos hechos representan un riesgo directo para la democracia y el acceso de la ciudadanía a la información.

El organismo internacional recordó que la labor periodística cumple un papel esencial dentro de cualquier sociedad democrática, ya que permite fiscalizar el actuar de las autoridades, denunciar actos de corrupción y mantener informada a la población sobre temas de interés nacional.

En ese sentido, la OACNUDH enfatizó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para que periodistas y medios de comunicación puedan desarrollar su trabajo sin temor a represalias, amenazas o violencia.

Asimismo, subrayó que cualquier agresión o acto de intimidación contra comunicadores debe ser investigado de manera pronta, imparcial y efectiva, a fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

La Oficina recordó además que el derecho a la libertad de expresión únicamente puede estar sujeto a restricciones excepcionales y bajo estándares estrictamente necesarios y proporcionales, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.

Según el pronunciamiento, las autoridades deben abstenerse de cualquier tipo de interferencia indebida que limite el ejercicio periodístico o afecte el trabajo informativo de los medios de comunicación.

El organismo internacional sostuvo que los periodistas deben poder desempeñar su labor de manera libre y segura, sin presiones políticas, criminales o institucionales que pongan en riesgo su integridad física o su credibilidad profesional.

El pronunciamiento de Naciones Unidas ocurre en un contexto en el que diversos sectores nacionales e internacionales han denunciado el aumento de discursos estigmatizantes, amenazas y campañas de descrédito contra comunicadores y medios críticos.

La OACNUDH también hizo referencia a las declaraciones emitidas recientemente por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, quien visitó Honduras y sostuvo reuniones con periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades del Estado.

Tras concluir su visita, Khan llamó a las autoridades hondureñas a reconocer y respaldar la labor que realizan los periodistas en el país, destacando que el periodismo es fundamental para garantizar la transparencia y fortalecer las instituciones democráticas.

La relatora además instó a los funcionarios públicos a abstenerse de emitir mensajes o declaraciones que puedan fomentar actos de estigmatización contra periodistas, ya que este tipo de discursos pueden incrementar los riesgos de violencia y debilitar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación.

Honduras continúa siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.

De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos y asociaciones de prensa, más de 100 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en los últimos 25 años en el país.

La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad, situación que ha sido señalada constantemente por organismos internacionales como uno de los principales factores que alimentan la violencia contra la prensa.

Según datos citados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, más del 90 % de los casos de asesinatos de periodistas en Honduras no han sido resueltos judicialmente, lo que evidencia debilidades en los procesos de investigación y acceso a la justicia.

A ello se suma la creciente presión que enfrentan comunicadores que cubren temas relacionados con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, conflictos territoriales y procesos electorales.

En la más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras ocupa la posición 132 de 180 países evaluados.

La madrugada del 4 de mayo de 2026 parecía una jornada de retorno rutinaria en Puerto Cortés, Honduras. La brisa marina de la playa municipal envolvía el trayecto de dos hermanas que, tras cumplir con su jornada laboral, solo anhelaban llegar a casa.

Yorleni Alas, de apenas 18 años, caminaba junto a su hermana cuando la fatiga del camino se vio interrumpida por el rugido de una motocicleta. Un desconocido les ofreció un traslado por 150 lempiras; una oferta que, en la oscuridad y la vulnerabilidad de la hora, pareció una alternativa segura de transporte. Nadie imaginó que ese viaje en dos ruedas se convertiría en el inicio de una pesadilla familiar que hoy mantiene en vilo a todo el país.

El trayecto, sin embargo, se desvió rápidamente hacia el horror. En un punto del camino, el viaje se fracturó en violencia. La hermana de Yorleni sobrevivió para contar una historia desgarradora: fue víctima de abuso sexual y posteriormente abandonada a su suerte en la penumbra. En medio de la confusión, el trauma y la agresión, perdió por completo el rastro de la joven de 18 años. El motociclista se había marchado, y con él, se esfumó la presencia de Yorleni.

Desde el amanecer de ese fatídico 4 de mayo, los días para la familia Alas se han transformado en un conteo agónico de horas vacías. La desesperación de no saber el paradero de una hija, sumada al dolor profundo de acompañar y sostener a la hermana sobreviviente tras un ataque tan brutal, ha colocado a los padres en una posición de sufrimiento absoluto.

El caso ha dado en los últimos días un giro crítico y sombrío el pasado 13 de mayo, cuando las autoridades locales localizaron una osamenta humana en un sector de la colonia Nuevos Horizontes, en Puerto Cortés. El hallazgo encendió de inmediato las alarmas de los cuerpos forenses y policiales.

Aunque la descomposición del cuerpo impide una identificación visual directa, la escena del hallazgo arrojó indicios que hielan la sangre de los familiares: la vestimenta encontrada y unas pulseras que permanecían en una de las extremidades coinciden de manera casi exacta con las descripciones de la ropa y los accesorios que Yorleni llevaba el día que desapareció.

Ante la gravedad del hallazgo, los padres de la joven se trasladaron de inmediato para entregar muestras biológicas y someterse a las pruebas científicas de ADN. El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, confirmó a los medios locales que, si bien todos los indicios físicos y la vestimenta apuntan fuertemente a que se trata de la joven, las autoridades deben mantener la prudencia técnica.

Medicina Forense se encuentra trabajando a contrarreloj para cotejar los perfiles genéticos, un proceso cuyos resultados definitivos se esperan para los próximos días y que arrojará la verdad legal sobre la identidad de los restos.

La captura de “Tellito” y la batalla en los tribunales

En el ámbito judicial, la respuesta policial avanzó con la captura de Henry Joseph Turcios Hernández, conocido en la zona bajo el alias de “Tellito”. Las autoridades procesaron formalmente a este individuo tras la denuncia directa interpuesta por la hermana sobreviviente, quien lo señala como el autor del ataque sexual y el responsable de la separación de las jóvenes en la motocicleta.

Actualmente, Turcios Hernández enfrenta cargos directamente relacionados con la agresión a la hermana, mientras permanece bajo una investigación exhaustiva y rigurosa por su presunto vínculo con la desaparición y el posible homicidio de Yorleni. A pesar de la gravedad de los señalamientos y de la consistencia en el relato de la testigo presencial, el acusado se ha declarado inocente ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía del Ministerio Público, consciente de la enorme sensibilidad social que rodea este caso en Honduras, continúa recopilando pruebas testimoniales, análisis de rutas y peritajes científicos para robustecer el expediente. Mientras tanto, en Puerto Cortés, una familia devastada espera frente a los laboratorios forenses, atrapada entre el dolor de la confirmación de una tragedia y la dolorosa necesidad de justicia para sus dos hijas.

El Gobierno de Honduras anunció oficialmente la designación del grupo islamista palestino Hamás y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas, según un comunicado divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

La decisión fue adoptada por instrucciones del presidente hondureño Nasry Asfura, quien ordenó formalizar esta medida como parte de la política exterior y de seguridad del Estado hondureño.

A través de sus canales oficiales, la Cancillería informó que esta declaratoria responde al compromiso del país con la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad.

“El Gobierno de Honduras informa a la comunidad nacional e internacional la designación de Hamás como entidad terrorista, reafirmando su compromiso con la paz, la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”, señaló el comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La institución añadió que esta postura se enmarca dentro de los principios diplomáticos impulsados por el Gobierno hondureño y su rechazo absoluto al terrorismo y al financiamiento de grupos armados considerados amenazas internacionales.

Asimismo, la Cancillería destacó que la medida también incluye a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), organismo militar iraní señalado por diversos países occidentales de participar en operaciones vinculadas a conflictos regionales y apoyo a organizaciones armadas en Medio Oriente.

“El Gobierno de Honduras reconoce a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como entidades terroristas”, detalla el documento oficial divulgado por las autoridades hondureñas.

La administración de Nasry Asfura aseguró además que esta decisión reafirma la condena del país “al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones”, así como el compromiso de Honduras con la cooperación internacional para prevenir y combatir este tipo de amenazas.

Con esta determinación, Honduras se suma a la lista de países aliados de Estados Unidos y otras naciones occidentales que han catalogado oficialmente a Hamás como una organización terrorista.

Hamás gobierna la Franja de Gaza desde 2007 y ha sido señalado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea como un grupo extremista debido a diversos ataques armados y acciones violentas vinculadas al conflicto con Israel.

El conflicto entre Israel y Hamás se intensificó drásticamente tras el ataque perpetrado por el grupo islamista el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, hecho que dejó cientos de muertos y desencadenó una amplia ofensiva militar israelí en Gaza.

Desde entonces, la región atraviesa una de las peores crisis humanitarias de los últimos años, con miles de víctimas civiles, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructura en distintos sectores de la Franja de Gaza.

Diversos organismos internacionales y líderes mundiales han solicitado reiteradamente un alto al fuego y acuerdos humanitarios para reducir el impacto del conflicto sobre la población civil.

En el caso de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, varios gobiernos han cuestionado su participación en operaciones regionales y el supuesto apoyo logístico y financiero a grupos armados en Medio Oriente.

Israel agradece apoyo a Honduras

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, reaccionó positivamente a la decisión del Gobierno hondureño de declarar a Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas, calificando la medida como un “importante paso” en la lucha contra el terrorismo internacional.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el diplomático destacó que la determinación adoptada por Honduras fortalece la seguridad tanto en América Latina como a nivel global.

Goren también elogió la postura asumida por el presidente Nasry “Tito” Asfura, asegurando que se trata de una decisión “basada en principios” y alineada con los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento.

La reacción del representante israelí se produjo luego de que la Cancillería hondureña reafirmara su compromiso con la cooperación internacional para prevenir amenazas vinculadas a organizaciones extremistas y fortalecer la seguridad internacional.

La decisión del Gobierno hondureño también busca fortalecer sus relaciones diplomáticas y de cooperación con países aliados que mantienen políticas internacionales enfocadas en el combate al terrorismo global.

Las autoridades hondureñas reiteraron que el país continuará trabajando junto a organismos internacionales y naciones aliadas para fortalecer mecanismos de cooperación orientados a preservar la paz, la estabilidad y la seguridad mundial.

La denuncia fue presentada por la Asociación Colectivo Violeta, el Grupo Transfenix, Grupo Labry’s Artemis y el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras, organizaciones que exigieron al Estado hondureño acciones urgentes para frenar los crímenes de odio y combatir la impunidad.

Según el informe divulgado por estos colectivos, las víctimas fueron asesinadas entre enero y el 8 de mayo de 2026 debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.

El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras, Francisco Mencía, aseguró que estos hechos violentos reflejan un problema estructural profundamente arraigado en el país.

“Estos crímenes no son aislados, sino una manifestación de un patrón estructural histórico de discriminación y exclusión que amenaza el derecho fundamental a la vida”, expresó Mencía.

El defensor de derechos humanos detalló además que el observatorio mantiene un registro histórico de 599 muertes violentas de personas LGBTIQ+ ocurridas en Honduras desde 1997 hasta mayo de 2026.

Las organizaciones denunciaron que la población diversa continúa enfrentando condiciones extremas de vulnerabilidad debido a décadas de discriminación, exclusión social y falta de acceso a la justicia.

También señalaron que los discursos de odio promovidos desde distintos sectores sociales contribuyen al incremento de la violencia contra personas trans, lesbianas, gays y bisexuales.

“Atribuimos este aumento a la transfobia, homofobia, lesbofobia y bifobia alimentadas por sectores conservadores, fundamentalistas, algunos medios de comunicación y figuras públicas”, advirtieron los colectivos en su pronunciamiento.

Además, indicaron que factores como la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y la ausencia de políticas públicas inclusivas profundizan aún más la situación que enfrenta esta población.

Los colectivos recordaron que organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado en reiteradas ocasiones que Honduras figura entre los países más peligrosos para las personas trans en América Latina.

Las organizaciones también cuestionaron la falta de respuestas efectivas por parte del sistema judicial hondureño y denunciaron que la impunidad en estos casos supera el 95%.

“Esto evidencia un fracaso estatal en materia de investigación y acceso a la justicia”, sostuvieron.

Ante este panorama, calificaron la situación como una verdadera “emergencia humanitaria” y exigieron al Gobierno hondureño implementar medidas inmediatas para proteger a las personas de la diversidad sexual.

Entre las acciones solicitadas figuran la creación de planes de prevención, sistemas de alerta temprana, refugios seguros y protocolos especializados para investigar crímenes de odio bajo estándares internacionales.

Asimismo, pidieron al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial agilizar los procesos investigativos y garantizar sanciones contra los responsables de estos hechos violentos.

Las organizaciones también solicitaron el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para fortalecer el acceso a la justicia y brindar apoyo a familiares de víctimas.

El pronunciamiento se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo.

Los colectivos insistieron en que el Estado hondureño tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la protección de todas las personas sin distinción por orientación sexual o identidad de género.

Finalmente, las organizaciones agradecieron el apoyo técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidad que respalda proyectos enfocados en la inclusión y defensa de los derechos de la población LGBTIQ+ en Honduras.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Sergio Madrid, informó que al menos 640 incendios forestales se han reportado a nivel nacional, provocando graves afectaciones en miles de hectáreas de bosque en distintas regiones del país.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), más de 30 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas, una situación que mantiene en alerta a las autoridades debido al impacto ambiental y al riesgo que representan los incendios para las comunidades cercanas.

Madrid explicó que las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, sumadas a las acciones provocadas por pirómanos, han contribuido al incremento de estos siniestros en diferentes sectores del territorio hondureño.

“Sí, es correcto, según las cifras que mantiene el Instituto de Conservación Forestal, aproximadamente 640 incendios forestales a nivel nacional y más de 30 mil hectáreas de bosques, zonas que han sido afectadas”, manifestó el portavoz bomberil.

Bomberos han atendido más de 300 incendios

El representante del Cuerpo de Bomberos destacó que la institución ha tenido una participación activa en la atención de las emergencias forestales, logrando intervenir en más de 300 incendios desde el inicio de la temporada seca.

Según detalló, para combatir las llamas se ha desplegado personal especializado, unidades contra incendios y equipo logístico en distintas zonas del país, en coordinación con otras instituciones del Estado.

“Quiero decirle que, como institución benemérita, nosotros hemos atendido más de 300 incendios de estos 640 que le estamos hablando, utilizando todo el recurso humano, nuestro equipo para poder controlar estos incendios día a día, junto con las demás instituciones”, expresó Madrid.

Las autoridades han reiterado que muchos de los incendios son provocados de manera intencional, lo que agrava aún más la crisis ambiental que enfrenta Honduras cada año durante la temporada de verano.

Uno de los incendios que más preocupa actualmente a las autoridades se mantiene activo en el departamento de Francisco Morazán, específicamente en el sector de Zambrano.

De acuerdo con el informe brindado por los bomberos, el siniestro se localiza en la comunidad de La Chorrera, cerca de la represa El Coyolán, donde cuadrillas continúan realizando labores intensivas para evitar que el fuego siga propagándose.

“Bueno, el incendio que está activo principalmente en Francisco Morazán es aquí en el sector de Zambrano, principalmente en un lugar denominado La Chorrera, esto es cerca de la represa El Coyolán, donde estamos haciendo todos los refuerzos por controlar y extinguir este incendio”, explicó el portavoz.

Los cuerpos de socorro han advertido que las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca, favorecen la rápida expansión de las llamas y dificultan las labores de control.

Los incendios forestales representan una de las principales amenazas ambientales en Honduras, ya que provocan la pérdida de cobertura boscosa, afectación a la fauna silvestre, contaminación del aire y daños a las fuentes de agua.

Especialistas han advertido que la destrucción de bosques también incrementa el riesgo de sequías, erosión del suelo y deslizamientos durante la temporada lluviosa.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar quemas agrícolas no controladas y denunciar a las personas que provoquen incendios de manera intencional.

Asimismo, recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales y colaborar con las instituciones de socorro en caso de emergencias forestales en sus comunidades.

Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos continúa desplegado en distintos puntos del país intentando contener los incendios activos y minimizar los daños ecológicos provocados por esta temporada crítica.

Las fuerzas de seguridad hondureñas capturaron en las últimas horas a una mujer identificada como Jesús Arteaga, conocida con el alias de “La Chuy”, en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán, por su supuesta vinculación con la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.

La detención se ejecutó mediante un operativo desarrollado por agentes policiales y cuerpos de inteligencia como parte de las acciones encaminadas a desarticular una de las organizaciones criminales más perseguidas en Honduras y que, según las investigaciones, mantiene operaciones tanto en la zona norte como en el centro del país.

Con esta nueva captura, ya suman diez los integrantes detenidos en apenas 21 días, en una ofensiva de seguridad que ha dejado múltiples allanamientos, enfrentamientos armados y decomisos de drogas y armas en distintos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por las autoridades, “La Chuy” sería propietaria de un negocio de bebidas alcohólicas en Marale, establecimiento que presuntamente era utilizado como punto de reunión y coordinación de actividades ilícitas por miembros de la organización criminal.

Durante la operación, los agentes decomisaron varios envoltorios conteniendo supuesta droga, evidencia que será incorporada al expediente investigativo que ahora permanece en manos de las autoridades competentes.

La detenida será remitida ante los tribunales correspondientes para continuar el proceso judicial por los delitos que el Ministerio Público determine tras las investigaciones.

La captura de alias “La Chuy” ocurre en medio de una serie de operativos ejecutados en varios departamentos del país, principalmente en Yoro, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y Santa Bárbara, zonas donde las autoridades aseguran que el “Cártel del Diablo” mantiene fuerte presencia.

Las acciones de las fuerzas del orden también han provocado violentos enfrentamientos entre miembros de estructuras criminales rivales, hechos que recientemente derivaron en una masacre y en el repudiado asesinato de un pastor evangélico en la zona norte del país.

Las autoridades sostienen que esta organización delictiva se dedica al narcotráfico, extorsión, distribución de drogas, tráfico ilegal de armas, secuestros y lavado de activos, actividades que le habrían permitido expandir su influencia en distintas regiones de Honduras.

Según las líneas investigativas, el grupo utiliza áreas montañosas y cuevas naturales como escondites estratégicos para evadir los cercos policiales y militares desplegados por el Estado hondureño.

Alias “El Diablo” continúa prófugo

Durante varios meses, las investigaciones señalaron a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, como el máximo cabecilla de la estructura criminal.

Sin embargo, recientes investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelan que el verdadero líder sería Yonatan Levi Estrada Villanueva.

El director de la DPI, Rolando Ponce Canales, explicó que Esteban Ferrera funge como jefe operativo y rostro visible de la organización, mientras que Yonatan Estrada sería el encargado de dirigir estratégicamente las operaciones criminales y mantener alianzas con redes internacionales.

De acuerdo con las autoridades, Yonatan Estrada habría residido varios años en México, donde presuntamente estableció contactos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que permitió fortalecer las capacidades operativas del grupo criminal hondureño.

Las investigaciones apuntan a que la organización mantiene nexos con estructuras delictivas transnacionales dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica, utilizando corredores clandestinos entre Honduras, Guatemala y El Salvador para movilizar cargamentos ilícitos.

Uno de los episodios más polémicos relacionados con esta estructura ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando trascendió información sobre una supuesta masacre en Sulaco, Yoro, en la que habría muerto alias “El Diablo”.

En aquel momento circularon videos en redes sociales donde presuntos integrantes del cártel aseguraban que el cabecilla había sido asesinado e incluso decapitado por una banda rival.

No obstante, los organismos de inteligencia del Estado desmintieron la versión y concluyeron que todo se trató de una estrategia para despistar a las autoridades y facilitar la huida del líder criminal.

Actualmente, Esteban Ferrera continúa prófugo de la justicia y las autoridades mantienen una recompensa de 500 mil lempiras para quien proporcione información que conduzca a su captura.

Mientras tanto, los operativos continúan desarrollándose en diferentes sectores del país con el objetivo de debilitar las operaciones financieras y logísticas del denominado “Cártel del Diablo”, estructura que, según las autoridades, representa una amenaza creciente debido a sus conexiones internacionales y capacidad armada.

Seis personas migrantes de México y Honduras murieron por golpe de calor en un vagón de tren en Texas, según confirmaron las autoridades de Laredo. La tragedia, atribuida a una operación de tráfico de personas, generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre los riesgos de la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el domingo por la tarde tras la alerta de un empleado de Union Pacific. La investigación inicial indicó que los seis fallecieron varias horas antes de llegar a Laredo, luego de soportar temperaturas de hasta 36 ℃ dentro del vagón.

Las víctimas tenían entre 14 y 56 años y procedían de ambos países, según precisaron fuentes policiales.

Cómo ocurrió la tragedia

El tren partió de Long Beach, California, el 7 de mayo y llegó a Del Rio, Texas, el 9 de mayo. En esa ciudad fronteriza, los migrantes ingresaron al vagón, de acuerdo con la reconstrucción del jefe de policía Miguel Rodríguez Jr. Desde Del Rio, el tren siguió su trayecto por San Antonio y finalmente arribó a Laredo, donde se produjo el descubrimiento de los cuerpos.

Las autoridades locales consideran que el hecho está vinculado a una operación de tráfico de personas. El Departamento de Seguridad Nacional asumió la investigación para identificar a quienes colocaron a los migrantes en condiciones que calificaron de peligrosas e inhumanas. El dato fue confirmado por el alcalde Víctor Treviño y reproducido por NBC News y Reuters.

Quiénes eran las víctimas

La Oficina del Médico Forense del condado de Webb identificó a las víctimas como cinco varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 14 y los 56 años. Tres de ellas eran originarias de México y las otras tres de Honduras. Hasta el momento, las autoridades no han difundido los nombres de las personas fallecidas.

No se hallaron sobrevivientes en el vagón. Además, un séptimo cuerpo apareció cerca de las vías en San Antonio un día después, aunque todavía no se ha confirmado si existe relación directa con el caso de Laredo, según la policía local.

Qué motivó el suceso

La policía y las autoridades municipales atribuyeron la tragedia a una operación de tráfico de personas. El alcalde de Laredo, quien también es médico, advirtió sobre la peligrosidad de confiar en traficantes: “Los traficantes no se preocupan por tu seguridad y te pondrán en una situación o condición que puede costarte la vida sin dudarlo”, enfatizó Treviño en declaraciones recogidas por NBC News.

El funcionario instó a quienes consideren migrar a Estados Unidos a que lo hagan solo por vías legales. “Entendemos el deseo de una vida mejor, pero no vengan de manera ilegal”, insistió el alcalde, quien repitió su mensaje en español para la comunidad latinoamericana.

Dónde y cuándo sucedió

El hallazgo se produjo el 12 de mayo en Laredo, Texas, la ciudad portuaria más grande del interior de Estados Unidos junto a la frontera con México. El tren había iniciado su recorrido en California y, tras pasar por varias ciudades texanas, llegó a Laredo, donde el empleado de Union Pacific descubrió los cuerpos tras horas de exposición al calor.

La tragedia se suma a una serie de hechos similares en la frontera sur. En 2022, 53 migrantes murieron en San Antonio dentro de un camión abandonado con fallas en el aire acondicionado. El caso de los seis migrantes en el vagón de tren expone el alto riesgo de quienes buscan ingresar sin autorización, confirmó Reuters.

Por qué sigue ocurriendo

Las autoridades locales y federales señalaron que el tráfico de personas utiliza métodos como el ocultamiento en trenes y camiones para eludir los controles migratorios. El jefe de policía de Laredo recordó que este tipo de operativos suele derivar en tragedias, especialmente cuando las temperaturas ascienden y las personas quedan atrapadas sin ventilación ni agua.

El Departamento de Seguridad Nacional lidera la investigación para identificar a los responsables del traslado y abandono de los migrantes. El alcalde Treviño reclamó justicia para las víctimas y remarcó: “No importa de dónde vinieran, los responsables de traficar y poner en peligro la vida de seres humanos en condiciones tan peligrosas e inhumanas deben rendir cuentas”, según declaraciones reproducidas por Reuters.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves un encuentro en Tegucigalpa con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y atraer inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la reunión se centró en el desarrollo y la seguridad, en un contexto en el que se busca incrementar la presencia estadounidense en la región.

Durante la comparecencia posterior, Asfura detalló que el diálogo incluyó puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión extranjera, seguridad nacional, narcotráfico, trata de personas y migración. El mandatario manifestó que se abordaron estos asuntos en conjunto con los enviados especiales del gobierno estadounidense, según informó EFE.

La delegación visitante estuvo compuesta por el director ejecutivo de la agencia estadounidense de financiamiento al desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black; la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey; y la canciller de Honduras, Mireya Agüero. Las discusiones se enfocaron en una agenda económica y de seguridad con miras a potenciar la inversión externa.

Además de los representantes mencionados, las conversaciones contaron con la participación clave de los equipos técnicos de ambas partes. Se priorizaron temas relacionados con infraestructura estratégica —puertos, aeropuertos y carreteras—, el sector energético y la seguridad, integrando el combate al narcotráfico, la trata de personas y los desafíos en torno a la migración. Esta sinergia, según EFE, buscó delinear una hoja de ruta conjunta para el desarrollo y la estabilidad regional.

Compromisos de la administración estadounidense

Según la agencia de noticias EFE, Asfura señaló que los funcionarios de la administración de Donald Trump demostraron su respaldo a iniciativas para atraer inversión estadounidense y expresaron su confianza en la dirección económica y política del país. “Se comprometieron a respaldar iniciativas para atraer inversión estadounidense a Honduras y expresaron confianza en el rumbo del país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral”, explicó el jefe de Estado.

Asfura calificó a Estados Unidos como el “socio comercial más importante” de Honduras. Subrayó que los grandes proyectos de inversión requieren tiempo y que el trabajo conjunto busca posicionar a Honduras como un destino relevante en la región. Pidió confianza en la gestión gubernamental, asegurando la continuidad en los esfuerzos de cooperación.

Reformas legales y agenda internacional

En la agenda del encuentro cobró relevancia el avance de reformas legales y la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para mejorar el clima de negocios. El mandatario afirmó que su gobierno impulsa proyectos de ley en materia energética y reformas al Código Penal para combatir la extorsión y el narcotráfico, así como para reforzar la estabilidad jurídica y política del país. “Les explicamos las nuevas leyes que van a venir en energía, nuestras reformas a leyes como el Código Penal, extorsión, narcotráfico, la seguridad jurídica y la seguridad política del país”, afirmó Asfura, según recogió EFE.

Otro de los puntos abordados fue el avance de las negociaciones relativas a la Cuenta del Milenio, el programa estadounidense de ayuda, y las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional. El presidente presentó estas medidas como “pasos firmes” para el desarrollo nacional. La delegación estadounidense destacó el interés en mantener la cooperación para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad institucional.

Según la agencia de noticias española EFE, la visita de Caleb Orr se produce en el marco de una gira regional que incluyó una escala previa en El Salvador, lo que refuerza el interés de Estados Unidos en fortalecer los lazos con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) de Centroamérica.

En el marco de una relación diplomática de larga data y cooperación constante entre Honduras y Estados Unidos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este miércoles una reunión con una delegación de la sección política de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo y coordinación entre ambos países.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Poder Legislativo y contó con la participación del secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, así como de los diputados Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas, quienes acompañaron la reunión con la representación diplomática.

Según lo informado, la reunión tuvo como eje principal el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, así como la consolidación de espacios de comunicación entre actores políticos e institucionales de ambas naciones.

Por su parte, las delegaciones mencionaron la importancia de mantener un diálogo fluido y permanente, considerando que la cooperación bilateral incluye temas como gobernabilidad, seguridad, migración, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Cooperación internacional

La reunión forma parte de una serie de acercamientos que históricamente han sostenido autoridades del Congreso Nacional con representantes del gobierno estadounidense, dentro de la agenda diplomática establecida entre ambos países.

En los últimos años, estos encuentros han sido frecuentes, sirviendo para dar seguimiento a temas de interés común y a procesos vinculados con el fortalecimiento democrático en Honduras.

Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales socios estratégicos de Honduras durante décadas, manteniendo cooperación en áreas clave como seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, asistencia humanitaria, programas de desarrollo y fortalecimiento del Estado de derecho.

Esta relación ha abarcado también el acompañamiento de distintas administraciones estadounidenses a procesos políticos e institucionales en el país centroamericano.

Posicionamiento regional

Bajo este contexto, el Congreso Nacional ha mantenido reuniones periódicas con delegaciones diplomáticas estadounidenses, tanto en periodos de transición política como en coyunturas legislativas significativas, lo que ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación entre el Poder Legislativo hondureño y la comunidad internacional.

La reunión actual se suma a estos esfuerzos de acercamiento diplomático, en un momento en que el país debate temas de interés nacional y reformas institucionales, en un ambiente político marcado por la presencia de diversas fuerzas representadas en el Congreso.

Aunque no se detallaron los temas específicos tratados, ambas partes reafirmaron su interés en continuar fortaleciendo la cooperación y el entendimiento mutuo entre Honduras y Estados Unidos.

En el plano legislativo, el Congreso Nacional ha mantenido en los últimos años una dinámica de acercamiento con misiones diplomáticas acreditadas en el país, lo que ha permitido el intercambio de información sobre procesos internos, reformas en discusión y el seguimiento de la agenda institucional hondureña desde una perspectiva internacional.

Este tipo de encuentros forma parte de la práctica diplomática habitual entre ambos países, en la que se busca reforzar la comunicación directa con los distintos poderes del Estado, misma que se vio deteriorada en el mandato de la exmandataria hondureña, Xiomara Castro, no obstante el gobierno de Nasry Asfura ha confirmado que Estados Unidos seguirá siendo su principal socio comercial.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este miércoles el inicio de una nueva fase operativa del fideicomiso de salud administrado en conjunto con Banco de Occidente con el objetivo de incrementar de manera significativa las cirugías en hospitales públicos del país y avanzar en el abastecimiento nacional de medicamentos.

Durante sus declaraciones, el mandatario informó que hasta la fecha ya se han realizado 227 intervenciones quirúrgicas como parte del plan gubernamental para reducir la mora acumulada en el sistema sanitario hondureño.

Adelantó que en las próximas semanas el número de operaciones crecerá considerablemente en distintos centros asistenciales del territorio nacional.

“Dentro de poco van a empezar ya considerablemente las operaciones en la mora quirúrgica. Ustedes van a ver un mayor flujo de operaciones a nivel nacional”, expresó Asfura.

El gobernante señaló que el fideicomiso busca agilizar los procesos administrativos y financieros que históricamente han ralentizado la atención médica, especialmente en áreas críticas como las cirugías pendientes y la adquisición de medicamentos esenciales para hospitales y centros de salud.

Uno de los avances destacados por el presidente se registra en el departamento de Islas de la Bahía, donde, según indicó, la mora quirúrgica ya presenta una reducción considerable gracias a la implementación temprana del modelo operativo.

“Llevamos un poco adelantado el departamento de Islas de la Bahía, todo el departamento con muy poca mora quirúrgica ya”, afirmó el titular del Ejecutivo.

El Gobierno pretende replicar esta experiencia en otras regiones del país, priorizando a miles de pacientes que durante años han permanecido en listas de espera para procedimientos médicos especializados.

Como parte de las acciones complementarias, Asfura confirmó que el fideicomiso ya ejecutó la primera licitación nacional de medicamentos, proceso orientado a garantizar el suministro y la distribución eficiente de medicinas en la red hospitalaria pública.

“El Banco de Occidente, a través del fideicomiso, ya hizo la primera licitación de medicinas para distribución nacional”, subrayó el mandatario.

Las autoridades sostienen que este mecanismo permitirá reducir retrasos burocráticos en las compras públicas y mejorar el acceso de la población a tratamientos médicos esenciales, especialmente en hospitales con problemas recurrentes de desabastecimiento.

Además de los temas sanitarios, el presidente abordó asuntos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción en Honduras.

En ese contexto, reiteró su respaldo a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, recordando que desde antes de asumir la Presidencia suscribió públicamente el compromiso de apoyar la llegada de dicho organismo internacional.

“El 4 de septiembre del año pasado, junto al CNA, firmamos un documento de 12 puntos donde estaba incluido el respaldo a la CICIH, y lo sigo sosteniendo”, manifestó.

Mientras avanzan las negociaciones internacionales para concretar la instalación de la comisión, Asfura aseguró que su administración ha decidido acelerar acciones internas para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del Estado.

En ese sentido, destacó el trabajo coordinado que, según dijo, se desarrolla junto al Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación para una Sociedad más Justa y la Procuraduría General de la República.

El mandatario explicó que una de las principales decisiones adoptadas en los primeros 103 días de gestión fue trasladar las funciones de la Secretaría de Transparencia a la Procuraduría General de la República, medida que busca fortalecer las acciones legales vinculadas al combate de la corrupción.

Asimismo, destacó que el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas fue duplicado con el propósito de reforzar las capacidades de auditoría y supervisión del manejo de fondos públicos.

“La justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene mucho más trabajo y más respuestas a las necesidades del pueblo hondureño”, sostuvo el gobernante.

Asfura también indicó que actualmente se desarrollan transformaciones importantes dentro del sistema judicial hondureño y afirmó que los resultados comenzarán a evidenciarse en los próximos meses.

“Los hechos van a hablar en el tiempo. No son 100 días…”, concluyó el presidente, al insistir en que su administración continuará impulsando reformas orientadas a mejorar los servicios públicos y fortalecer la institucionalidad del país.

La ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras se realizó este jueves en el Campo de Parada Marte, después de que el Congreso Nacional aprobara la nómina remitida por la Secretaría de Defensa, lo que permitió la promoción de 148 oficiales en diferentes escalas militares.

El acto estuvo encabezado por el mandatario y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, acompañado por el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Junta de Comandantes y otras autoridades civiles y militares.

Entre los ascensos de mayor importancia estuvo el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien ascendió de General de Brigada a General de División, convirtiéndose en el oficial de mayor rango dentro de la institución castrense. Además, recibió el Bastón de Mando, símbolo de la autoridad conferida por el comandante general de las Fuerzas Armadas.

Ascensos y reconocimientos

Valerio Ardón indicó durante la ceremonia que estos ascensos representan el reconocimiento al esfuerzo, disciplina y años de servicio por parte de los oficiales promovidos en la estructura militar hondureña.

“Un ascenso no representa únicamente un cambio de grado o una nueva insignia sobre el uniforme, representa el reconocimiento de la patria al sacrificio, el deber cumplido y una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina, preparación y lealtad absoluta por Honduras”, expresó durante el acto oficial.

El jefe militar subrayó que los ascensos debieron otorgarse desde diciembre pasado; no obstante, el proceso se retrasó por factores políticos y por la discusión legislativa sobre algunos expedientes incluidos en la nómina enviada por el Poder Ejecutivo.

A pesar de las controversias surgidas en el Congreso Nacional, Valerio Ardón defendió el procedimiento, asegurando que las promociones fueron revisadas de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la comisión legislativa de defensa.

“Somos un equipo de trabajo, la comisión de defensa y las Fuerzas Armadas; de tal manera que al final el producto que se pudo presentar es el adecuado”, manifestó.

Además del ascenso de Valerio Ardón, fueron promovidos siete coroneles al grado inmediato superior: Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Othoniel Gross Castillo, Otto Fabricio Mejía Hércules y José Rodimiro Murillo Aguilar.

La jornada incluyó también el ascenso de 14 oficiales al grado de coronel, 57 al grado de teniente coronel y 69 oficiales al grado de mayor, en reconocimiento a sus méritos profesionales, historia institucional y años de servicio en las diferentes ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Ascensos avalados por el Congreso Nacional

La aprobación de los ascensos se dio tras un amplio debate legislativo en el Congreso Nacional, donde diputados de oposición cuestionaron la promoción de algunos oficiales por supuestos vínculos con decisiones tomadas durante la crisis política y electoral de 2025.

La comisión de Defensa del Legislativo defendió el dictamen favorable, afirmando que los oficiales promovidos no tienen procesos pendientes ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ni el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Durante otra intervención, Valerio Ardón hizo énfasis en que las Fuerzas Armadas continuarán con procesos internos de supervisión y depuración sobre cualquier integrante involucrado en irregularidades o actos ilícitos.

“Si hay personas dentro de la institución que cometen algún delito serán puestas a la orden de los tribunales”, afirmó el alto mando militar ante los medios de comunicación e invitados a la ceremonia.

La directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), Bessy Alvarado, detalló que actualmente cerca de un millón de vehículos circulan sin placas en Honduras, una problemática que sigue en expansión por el crecimiento sostenido en el registro de nuevas unidades.

Alvarado precisó que al inicio de la actual administración la cifra era de 830 mil vehículos pendientes de identificación, pero este número ha subido considerablemente en los últimos meses por la incorporación diaria de automotores al sistema vehicular nacional.

“Ya ascienden a casi un millón los vehículos que circulan sin placa”, sostuvo Alvarado, refiriéndose al retraso acumulado en la entrega de identificaciones vehiculares.

El problema de la mora en placas se transformó en uno de los principales desafíos para las autoridades del Instituto de la Propiedad, debido a las implicaciones en seguridad, control vehicular y recaudación estatal.

Las autoridades del Instituto de la Propiedad informaron que la mora en la entrega de placas vehiculares sigue aumentando en Honduras debido al constante ingreso de nuevos automotores al sistema nacional

La titular de Registro Vehicular precisó que diariamente se inscriben cientos de vehículos en el sistema nacional, hecho que ha dificultado reducir el atraso heredado de años anteriores.

Control Vehícular

Ante esta situación, afirmó que el Instituto de la Propiedad ya mantiene conversaciones con empresas internacionales interesadas en participar en el proceso de fabricación de las nuevas placas vehiculares.

Explicó que el objetivo es implementar un sistema moderno que agilice la entrega de identificaciones y garantice mayores estándares de seguridad en las placas que circularán en el país.

Alvarado agregó que las nuevas placas incorporarán componentes técnicos y mecanismos de seguridad, los cuales están en evaluación por parte de la institución. Entre los elementos revisados figuran materiales de fabricación, dispositivos de autenticidad y sistemas de control destinados a reducir falsificaciones y fortalecer la trazabilidad de los automotores.

La funcionaria remarcó que resolver la crisis de placas es una prioridad para el Instituto de la Propiedad y que esperan avanzar en la normalización del sistema durante la actual administración gubernamental.

La falta de placas vehiculares provocó múltiples cuestionamientos de parte de conductores y sectores vinculados al transporte, ya que miles de propietarios circulan únicamente con permisos provisionales o documentos temporales emitidos por las autoridades.

Aparte de los trámites administrativos, especialistas advierten que la ausencia de identificación vehicular representa dificultades para el control policial, la investigación de delitos y la supervisión del parque automotor nacional.

Conductores exigen placas

En los últimos años, Honduras ha registrado un crecimiento sostenido en la importación y circulación de vehículos, en especial motocicletas y automóviles usados, lo que elevó la demanda de registros y placas vehiculares.

Varios sectores coinciden en que la modernización del sistema de identificación automotriz será fundamental para reforzar los mecanismos de control estatal y limitar irregularidades relacionadas con vehículos sin registro adecuado.

Mientras tanto, miles de conductores continúan a la espera de recibir sus placas definitivas, en un problema que se ha prolongado por varios años y que todavía representa uno de los mayores desafíos administrativos para el Instituto de la Propiedad.

La Policía Nacional de Honduras confirmó la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 23 años, en el sector de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, cuando presuntamente intentaba abandonar el territorio nacional bajo un operativo de vigilancia en la zona fronteriza.

Autoridades policiales señalaron que la detención fue el resultado de una labor conjunta entre unidades especializadas de la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, en coordinación con mecanismos internacionales de cooperación con Guatemala.

En ese país, la sospechosa habría permanecido prófuga durante varios años utilizando documentación falsa.

El comisionado de policía Eduardo Lanza afirmó: “La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2016, emitida por un juzgado con jurisdicción nacional por el delito de asesinato múltiple, relacionado con la muerte de tres personas”.

Requerida por asesinato

De acuerdo con el informe oficial, la detenida está señalada por su supuesta implicación en el asesinato de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz, hechos registrados en septiembre de 2016 en el occidente de Honduras.

Las investigaciones apuntan a que Valle Aguilar habría permanecido oculta en Guatemala bajo una identidad falsa, empleando documentación guatemalteca para burlar los controles migratorios y dificultar su ubicación por parte de las autoridades hondureñas.

Fuentes policiales informaron que el proceso de localización incluyó intercambio de información con autoridades guatemaltecas, lo cual permitió rastrear los movimientos de la sospechosa y activar alertas internacionales a través de Interpol, reforzando la cooperación transfronteriza contra la criminalidad.

Doble identidad

La detención se materializó al ser interceptada en un punto de control en Corinto, donde agentes especializados ya mantenían la vigilancia ante señales de que intentaría cruzar hacia Guatemala.

Las autoridades anunciaron que Valle Aguilar será trasladada a Tegucigalpa para quedar a disposición de los tribunales competentes, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le imputan.

El expediente ha permanecido abierto por casi diez años y se enmarca en investigaciones sobre estructuras criminales del occidente de Honduras, donde también se ha vinculado a otros miembros del entorno familiar del denominado clan Valle.

Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de operaciones en el contexto de los esfuerzos binacionales e internacionales para ubicar personas con órdenes de captura pendientes. En casos de alto impacto criminal, la cooperación con países vecinos como Guatemala se ha vuelto fundamental para cerrar rutas de fuga y fortalecer la persecución penal.

Durante los últimos años, la coordinación entre Honduras y Guatemala ha sido clave para la captura de prófugos que utilizan las zonas fronterizas como refugio, promoviendo el refuerzo de mecanismos de control y el flujo de información entre los cuerpos de seguridad de ambos países.

Estructura Criminal

El caso coloca nuevamente bajo atención pública el entorno del clan Valle Valle, estructura familiar originaria del occidente hondureño y mencionada en diversos expedientes judiciales y reportes de seguridad regional por presunta vinculación con actividades ilícitas.

Autoridades de seguridad han relacionado a integrantes de esta familia con redes de narcotráfico y otros delitos, lo que ha generado procesos de extradición, capturas y condenas en Estados Unidos contra algunos de ellos.

El apellido Valle sigue ligado constantemente a investigaciones criminales de impacto internacional, convirtiendo el expediente en uno de los más seguidos por la justicia hondureña y organismos de cooperación regional.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el pleno legislativo aprobó la ampliación hasta el 25 de mayo del plazo otorgado a la comisión especial encargada de evaluar y presentar la nómina de aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La decisión se enmarca en el proceso de selección de las nuevas autoridades electorales del país, considerado clave para los próximos procesos democráticos y para fortalecer la institucionalidad electoral de Honduras.

Zambrano explicó que la extensión permitirá a la comisión continuar revisando los perfiles de quienes participaron en la convocatoria pública para ocupar vacantes en ambos organismos electorales.

“Para la gente que se ha autopostulado para las vacantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, la comisión va a tener una participación solicitando vía resolución de pleno la ampliación del periodo de tiempo”, expresó el titular del Legislativo.

El congresista indicó que la comisión solicitó días adicionales para concluir el análisis y, posteriormente, remitir al pleno legislativo la nómina definitiva de candidatas y candidatos a los cargos dentro del CNE y el TJE.

Reformas políticas

Zambrano aprovechó el anuncio para pedir que se trabaje en paralelo en una propuesta de reformas orientadas a modificar aspectos puntuales sobre el funcionamiento interno del Consejo Nacional Electoral.

Subrayó que una de las principales preocupaciones es la asistencia y participación tanto de los consejeros propietarios como suplentes en las sesiones y convocatorias oficiales del órgano electoral.

En ese sentido, precisó que la propuesta buscaría establecer la obligación formal de los consejeros de asistir a todas las convocatorias realizadas por el pleno del CNE, y garantizar que los suplentes acudan cuando un propietario no pueda presentarse.

Las reformas también incluirían la creación de sanciones concretas para funcionarias y funcionarios electorales que incumplan sus responsabilidades.

Zambrano recalcó: “Que esas sanciones puedan ser la destitución de inmediato”, en referencia a las posibles medidas disciplinarias ante ausencias injustificadas o reiterados incumplimientos.

Agregó que la discusión sobre las nuevas autoridades electorales debe enfocarse en asegurar un funcionamiento eficiente y transparente de los organismos encargados de organizar y supervisar los procesos electorales, más allá de las cuotas políticas o partidarias.

Zambrano señaló que trasladó este planteamiento a representantes del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmando que la elección de magistrados y consejeros no puede limitarse a determinar la representación partidaria en las instituciones electorales.

“La elección de órganos electorales no solo es de buscar si le pertenece a Libre o no”, enfatizó el congresista, advirtiendo sobre el riesgo de repetir prácticas que podrían generar nuevos conflictos en los organismos electorales.

Funcionamiento de órganos electorales

En este contexto, solicitó a la comisión especial avanzar simultáneamente en reformas relativas a integración, funcionamiento, prohibiciones y mecanismos de sanción aplicables a los consejeros electorales.

La ampliación del plazo ocurre en un escenario de creciente atención sobre la institucionalidad electoral hondureña, especialmente tras las tensiones políticas de procesos anteriores y los constantes llamados de diferentes sectores a fortalecer la transparencia y gobernabilidad en los entes electorales.

Analistas políticos han advertido que la estabilidad del CNE y del TJE será determinante para generar confianza ciudadana en los próximos comicios, por lo que consideran fundamental que las nuevas autoridades se seleccionen mediante consensos y criterios técnicos, evitando intereses exclusivamente partidarios.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) recomendó este jueves a la población hondureña retomar el uso voluntario de mascarillas, en especial en espacios abiertos y zonas con alta exposición a contaminantes, debido al deterioro de la calidad del aire que afecta a gran parte del territorio nacional.

Esta medida se da frente a la creciente preocupación por los elevados niveles de contaminación atmosférica reportados en Tegucigalpa y otras regiones, así como por el incremento de enfermedades respiratorias.

Aunque la recomendación proviene del Gobierno de Honduras, las autoridades subrayaron que el uso de mascarilla no es obligatorio, sino una medida preventiva para proteger la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Importancia de la protección

El contexto actual de contaminación ambiental ha motivado nuevamente a las instituciones gubernamentales a insistir en la importancia de adoptar medidas de protección personal para disminuir los riesgos asociados a la mala calidad del aire.

Copeco alertó que Tegucigalpa alcanzó niveles catalogados como “perjudiciales para la salud”, principalmente por la acumulación de partículas contaminantes suspendidas, intensificada por condiciones climáticas, incendios forestales y emisiones vehiculares e industriales.

Datos de plataformas internacionales de monitoreo ambiental indican que la capital hondureña presenta concentraciones elevadas de partículas PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos para la salud humana.

En días recientes, Tegucigalpa reportó niveles superiores a los 70 microgramos por metro cúbico de PM2.5, una cifra que supera ampliamente los parámetros recomendados por organismos internacionales de salud.

Estas partículas microscópicas tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros, lo que facilita su ingreso al sistema respiratorio, pudiendo alcanzar incluso el torrente sanguíneo.

Especialistas advierten que la exposición prolongada a altos niveles de PM2.5 puede provocar o agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otros problemas de salud. Los síntomas más frecuentes incluyen irritación en los ojos, dolor de garganta, tos persistente, dificultad para respirar y crisis asmáticas.

Evitar actividades físicas

Las autoridades también recomendaron evitar actividades físicas al aire libre en las horas de mayor contaminación, mantenerse hidratados y limitar la exposición prolongada al humo y al polvo suspendido.

Expertos y organismos ambientales coinciden en que la contaminación en Honduras se ha intensificado debido a una combinación de incendios forestales, quemas agrícolas, tráfico vehicular y condiciones climáticas adversas que dificultan la dispersión de contaminantes.

Informes recientes destacan que la densa capa de humo que cubre Tegucigalpa ha mantenido la calidad del aire durante varios días entre las categorías moderada e insalubre.

En redes sociales y foros ciudadanos se han multiplicado las expresiones de preocupación por el impacto de la contaminación. Usuarios capitalinos han denunciado afectaciones respiratorias y han apoyado el uso de mascarilla como medida temporal ante la crisis ambiental que enfrenta la ciudad.

Aunque algunos monitoreos recientes reflejan una leve mejoría en la calidad del aire, especialistas sostienen que el riesgo permanece debido a la persistencia de incendios y quemas en distintas zonas del país.

Las autoridades insisten en que la población debe mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar medidas de protección mientras persistan las condiciones adversas.

El Gobierno de Honduras acordó mantener de manera temporal el plazo tradicional de 28 días para el pago de la factura de energía eléctrica, luego de las críticas y preocupación generadas por la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de reducir el período de pago a únicamente 15 días.

El anuncio fue realizado este miércoles por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien detalló que el acuerdo fue alcanzado junto al presidente de la República, Nasry Asfura, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, y el presidente de la Comisión de Energía del Legislativo, Milton Puerto.

“El plazo de 28 días se mantendrá como una medida temporal”, adelantó Zambrano, señalando que el anuncio oficial será realizado posteriormente por el Poder Ejecutivo.

La decisión ocurre apenas días después de que la estatal eléctrica informara públicamente que, a partir de mayo de 2026, los usuarios tendrían únicamente 15 días para cancelar sus recibos de energía desde la fecha de entrega de la factura.

La medida había provocado cuestionamientos en distintos sectores debido al impacto económico que podría representar para miles de familias hondureñas, especialmente en medio del incremento del costo de vida, combustibles y alimentos.

A través de un comunicado difundido el pasado 5 de mayo, la ENEE explicó que el ajuste buscaba modificar los tiempos de facturación y cobro del servicio eléctrico.

“Tu factura deberá ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de entrega del recibo”, señalaba el documento oficial publicado por la estatal.

Sin embargo, el anuncio generó una ola de reacciones entre usuarios, sectores sociales y políticos, quienes advirtieron que muchas familias apenas logran cubrir sus gastos básicos mensuales y que reducir el plazo de pago aumentaría el riesgo de mora o suspensión del servicio eléctrico.

La energía eléctrica representa uno de los gastos más sensibles para los hogares hondureños, particularmente en zonas urbanas donde el uso de ventiladores, refrigeradoras y otros electrodomésticos incrementa el consumo debido a las altas temperaturas.

Además, pequeños negocios y emprendedores también habían expresado preocupación por el cambio, argumentando que muchos manejan ciclos de ingresos quincenales o mensuales y que el nuevo plazo complicaría el cumplimiento puntual de sus obligaciones.

Posteriormente, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, confirmó que la decisión de mantener los 28 días será temporal y estará ligada al comportamiento del precio internacional del petróleo.

Según explicó, la medida continuará vigente mientras el barril del petróleo permanezca por encima de los 90 dólares en el mercado internacional.

El funcionario señaló que los altos costos del combustible impactan directamente en las finanzas de la estatal eléctrica y en la generación energética del país.

Honduras continúa dependiendo parcialmente de generación térmica vinculada al uso de combustibles derivados del petróleo, situación que vuelve más vulnerable el sistema energético frente a crisis internacionales o aumentos abruptos en los precios del crudo.

En los últimos años, la ENEE ha enfrentado fuertes problemas financieros relacionados con pérdidas técnicas, mora, subsidios, deudas históricas y altos costos operativos.

A esto se suma el desafío de estabilizar el sistema eléctrico nacional mientras aumenta la demanda energética y persisten reclamos ciudadanos por interrupciones del servicio y variaciones en las tarifas.

La decisión de revertir temporalmente la reducción del plazo de pago busca aliviar la presión económica sobre la población mientras el Gobierno intenta mantener estabilidad financiera dentro de la estatal energética.

Aunque la medida ha sido recibida con alivio por muchos usuarios, persiste incertidumbre sobre cuánto tiempo se mantendrá vigente y si en el futuro la ENEE retomará el plan de reducir nuevamente el período de pago.

El presidente de la República, Nasry Asfura, volvió a pedir este miércoles que su administración no sea medida por los primeros 100 días de gobierno, al considerar que los verdaderos resultados de su gestión se demostrarán con hechos y no con evaluaciones anticipadas.

Durante el lanzamiento de la jornada nacional de vacunación y desparasitación impulsada por la Secretaría de Salud, el mandatario hondureño aseguró que Honduras atraviesa un proceso de transformación que requiere tiempo para consolidarse y generar resultados visibles para la población.

“Cien días no son suficientes para medir los verdaderos resultados, son con los hechos al final de la historia”, expresó Asfura, al tiempo que recordó que durante décadas el país no experimentó cambios profundos en áreas sensibles como la salud pública y los servicios básicos.

El gobernante enfatizó que su administración mantiene una meta clara orientada al bienestar de la población hondureña y afirmó que una de las prioridades es fortalecer el sistema sanitario nacional.

“La salud tenemos que cuidarla y mejorarla”, señaló durante su intervención ante autoridades gubernamentales, personal médico y ciudadanos presentes en el acto oficial.

En ese sentido, anunció que en las próximas semanas el Gobierno pondrá en marcha el programa denominado “La salud más cerca de usted”, una iniciativa con la que esperan llevar atención médica y servicios de salud a las comunidades más alejadas del territorio nacional.

“Vamos a atender y vamos a servir en cada rincón del país. Ténganlo por seguro que lo vamos a hacer”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que su administración busca acercar los servicios públicos a la población más vulnerable.

Asfura también hizo un llamado a los hondureños para que participen activamente en la campaña nacional de vacunación y desparasitación, destacando la importancia de la prevención de enfermedades y la confianza en el sistema sanitario.

“Por favor, hoy estamos dando un ejemplo aquí, no solo en Honduras, lo estamos dando a nivel mundial. Debemos cumplir y llevar a nuestras familias a vacunar”, manifestó.

El presidente insistió en que la vacunación representa una herramienta fundamental para proteger la salud de la población, especialmente de niños y adultos mayores, sectores considerados más vulnerables ante diversas enfermedades.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las acciones emprendidas por el Gobierno en materia sanitaria. “Todo va a salir bien, vamos a estar bien, estamos trabajando y viviendo un proceso decidido a un cambio para el bienestar de cada uno de los hondureños”, expresó.

Durante su discurso, el mandatario también aprovechó para agradecer el trabajo de los funcionarios de su gabinete, incluidos ministros, gerentes, directores y designados presidenciales, aunque reconoció que todavía queda mucho por hacer en los próximos meses de gestión.

“Tenemos que trabajar más, el tiempo va rápido, nos quedan 44 meses y medio, hay que rendir más. Necesitamos hacerlo porque la gente quiere respuestas”, manifestó.

Las declaraciones del gobernante se producen apenas días después de que se cumplieran los primeros 100 días de su administración, una etapa que tradicionalmente suele ser utilizada para evaluar el rumbo inicial de los gobiernos.

Sin embargo, Asfura insistió en que las transformaciones estructurales requieren continuidad y esfuerzo sostenido, por lo que pidió paciencia a la población mientras se desarrollan los programas y proyectos anunciados por su gestión.

“Aquí me tienen para trabajar. Dios mediante me tiene con salud y aquí me van a tener para responderles”, expresó el jefe del Ejecutivo al cierre de sus declaraciones.

El mandatario reiteró que su prioridad será responder a las necesidades de la población y sostuvo que espera que los resultados de su administración puedan reflejarse en áreas como salud, atención social y mejora de los servicios públicos.

La jornada nacional de vacunación y desparasitación, inaugurada oficialmente este miércoles, forma parte de las estrategias impulsadas por la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades y reforzar la cobertura sanitaria en distintas regiones del país.

Autoridades sanitarias informaron que las brigadas médicas estarán desplegadas en centros de salud, hospitales y comunidades rurales con el objetivo de alcanzar a miles de hondureños durante la campaña.

La aprobación de un nuevo paquete de amnistías por parte del Congreso Nacional abrió una ventana de alivio financiero para miles de hondureños y empresas que mantienen deudas con instituciones públicas, en medio de un contexto marcado por el alto costo de vida, dificultades económicas y problemas de morosidad acumulada en distintos sectores del país.

La medida fue aprobada en tercer y último debate y permitirá que los contribuyentes puedan ponerse al día durante un período de cuatro meses sin tener que pagar intereses, multas ni recargos por mora.

El decreto incluye obligaciones pendientes con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)y las municipalidades, además de contemplar una ampliación para amnistías municipales y relacionadas con servicios de agua potable.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, defendió la iniciativa asegurando que busca aliviar la presión económica que enfrentan miles de familias y empresas hondureñas.

“El pueblo hondureño tiene problemas por esta crisis económica y hoy se ha aprobado este paquete de amnistías para que las personas tengan cuatro meses para poder ponerse al día y poder librarse de intereses y mora”, expresó la parlamentaria tras la aprobación del decreto legislativo.

Según Pinto, muchas personas y empresas acumularon atrasos en el pago de impuestos y servicios públicos debido a las dificultades económicas que ha enfrentado el país durante los últimos años, situación que también impactó las finanzas de varias instituciones estatales.

La diputada sostuvo que el objetivo principal es incentivar el pago voluntario de obligaciones pendientes y facilitar la recuperación de recursos para el Estado.

“Esto permite que las personas se puedan regularizar, que ya no estén en mora, así como también que las instituciones capten dinero y eso se traduce en proyectos”, manifestó.

La aprobación de este tipo de amnistías se ha convertido en una práctica recurrente en Honduras durante períodos de desaceleración económica o crisis financieras, especialmente cuando las instituciones públicas enfrentan dificultades de recaudación.

En distintos momentos, gobiernos y alcaldías han recurrido a mecanismos similares para estimular que ciudadanos y empresas cancelen deudas atrasadas sin el peso de intereses acumulados, los cuales en muchos casos terminan superando el monto original adeudado.

Analistas consideran que este tipo de medidas puede generar alivio temporal para contribuyentes afectados por problemas económicos, aunque también advierten que la repetición constante de amnistías podría incentivar una cultura de incumplimiento tributario entre algunos sectores.

El anuncio ocurre en un contexto donde miles de hondureños continúan enfrentando dificultades económicas derivadas del incremento en los precios de alimentos, combustibles, servicios y productos básicos.

Pequeños negocios, emprendedores y empresas también han señalado complicaciones para mantenerse al día con obligaciones fiscales y pagos institucionales debido a la desaceleración económica y la reducción en el consumo.

Con esta aprobación, quienes mantengan deudas con las instituciones incluidas podrán realizar arreglos de pago o cancelar obligaciones pendientes sin asumir los intereses y recargos generados por mora durante el período establecido en la amnistía.

El Congreso Nacional también espera que la medida permita mejorar la captación de recursos en entidades públicas que actualmente enfrentan limitaciones financieras para ejecutar proyectos, sostener operaciones y ampliar cobertura de servicios.

En el caso de las municipalidades y sistemas de agua potable, autoridades locales han advertido en reiteradas ocasiones que la mora afecta directamente la capacidad de inversión en obras comunitarias, mantenimiento de infraestructura y prestación de servicios básicos.

Aunque la iniciativa ha sido recibida positivamente por distintos sectores, algunos economistas consideran que el reto de fondo sigue siendo fortalecer la economía nacional y mejorar la capacidad adquisitiva de la población para evitar que las deudas vuelvan a acumularse en el corto plazo.

Mientras tanto, miles de contribuyentes tendrán ahora un plazo de cuatro meses para regularizar su situación financiera y aprovechar el beneficio aprobado por el Legislativo, que elimina temporalmente intereses, multas y recargos por mora.

El exjugador y exempleado del Registro Nacional de las Personas (RNP) fue detenido durante una serie de operativos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), como parte de un requerimiento fiscal presentado contra 14 presuntos integrantes de una estructura criminal.

Las autoridades hondureñas acusan a Galo Maldonado de los delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir, luego de que las investigaciones determinaran que habría participado en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para beneficiar a un presunto líder de la Pandilla 18.

Según explicó el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, el caso se relaciona con Jesús Armando Cheves Cruz, señalado como cabecilla criminal vinculado a al menos 27 asesinatos y quien se fugó del Centro Penal de Támara en mayo de 2017.

De acuerdo con las pesquisas, el líder criminal fue inscrito oficialmente como fallecido mediante documentación supuestamente irregular elaborada sin seguir los protocolos legales exigidos por el sistema registral hondureño.

“Sin seguir los procedimientos y protocolos correspondientes, se inscribió un acta de defunción falsa”, detalló Galindo durante declaraciones a medios de comunicación.

Las investigaciones establecen que incluso se simuló el entierro del supuesto fallecido en un cementerio del departamento de Choluteca para darle apariencia de legalidad al trámite.

Las autoridades confirmaron que el nombre del presunto pandillero aparecía registrado en libros de control de un cementerio de Choluteca, aunque posteriormente se determinó que el sepelio nunca ocurrió.

“Ese entierro fue ficticio”, sostuvo el portavoz de la ATIC.

La Fiscalía sostiene que el objetivo de la maniobra era hacer creer que el líder criminal había muerto, permitiéndole permanecer prófugo y fuera del radar de las autoridades hondureñas.

El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por el Ministerio Público contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión, asociación terrorista y falsificación documental.

Según las autoridades, además de Galo Maldonado también fue capturado un supuesto tramitador que habría servido como enlace para facilitar las inscripciones irregulares dentro del sistema registral.

Las capturas se realizaron durante 19 allanamientos ejecutados a inicios de semana en diferentes zonas del país.

En total, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 14 personas, de las cuales 11 fueron capturadas recientemente y otras tres ya guardaban prisión por diferentes causas penales.

La audiencia inicial contra los acusados fue programada para las 9:00 de la mañana del día siguiente a las capturas, donde la Fiscalía buscará que se dicte auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

Durante entrevistas posteriores a su arresto, Julián Moisés Galo Maldonado aseguró ante medios de comunicación que no pertenecía a estructuras criminales y afirmó que únicamente era empleado del Registro Nacional de las Personas.

Sin embargo, las autoridades sostienen que existen elementos de prueba suficientes para vincularlo con la inscripción irregular del documento falso.

El caso ha generado impacto debido al vínculo del detenido con el fútbol hondureño y por la gravedad de las acusaciones relacionadas con la presunta protección documental de un líder criminal prófugo.

Mientras tanto, el Ministerio Público aseguró que continuará desarrollando acciones contra redes vinculadas a estructuras criminales y contra funcionarios o particulares señalados de colaborar en operaciones ilegales dentro de instituciones públicas.

El Gobierno de Honduras inició la jornada nacional de vacunación y desparasitación, una estrategia de salud pública orientada a beneficiar a más de 2,5 millones de hondureños con la aplicación gratuita de vacunas y tratamientos preventivos en todo el país.

La campaña, impulsada por la Secretaría de Salud, se desarrollará del 13 al 29 de mayo en más de 1.800 establecimientos habilitados, que incluyen centros de salud, puestos móviles y unidades fijas, para acercar los servicios médicos a las distintas comunidades del territorio hondureño.

El lanzamiento oficial contó con la presencia del presidente Nasry Asfura, autoridades sanitarias y representantes de organismos internacionales. Durante el evento, el mandatario fue el primero en recibir una vacuna para dar inicio simbólico a la jornada nacional.

Las autoridades precisaron que la iniciativa está dirigida a la población en general, no solo a los niños, e incluye a grupos vulnerables y a personas que necesitan completar sus esquemas de inmunización.

Vacunación gratuita

Odalis García, en representación de la Secretaría de Salud, explicó que todo el personal sanitario participa en la campaña con el objetivo de proteger a las familias mediante la aplicación de 24 vacunas contempladas en el esquema nacional.

La funcionaria destacó: “La vacuna que se aplica en Honduras es segura y gratuita, y se adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud”. García también subrayó el respaldo técnico y logístico proporcionado por organismos internacionales.

Entre las novedades de la campaña, las autoridades introdujeron un sistema digital para el control de vacunación. Ahora, la identificación y verificación de las vacunas aplicadas se realizará con la tarjeta de identidad, sustituyendo el carnet físico y facilitando un seguimiento más eficiente de los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reafirmó su apoyo a la jornada nacional en Honduras, considerando que estas iniciativas son herramientas seguras y eficaces para prevenir enfermedades transmisibles y reducir riesgos sanitarios, sobre todo en los grupos más vulnerables.

Ana Solís, representante de la OPS, comunicó que Honduras fue seleccionada este año como referente regional en vacunación en Centroamérica.

El mensaje del presidente Asfura resaltó la posición estratégica de Honduras en la región durante brotes de sarampión.

Población llamada a vacunarse

Por parte del UNICEF, Bastiaan Van’t Hoff llamó a los padres de familia a acercarse a los centros de salud y aprovechar la gratuidad de las vacunas. El funcionario enfatizó: “Cada vacuna salva vidas y representa una oportunidad para proteger el futuro de los niños”.

Las autoridades informaron que los proveedores de salud a nivel nacional están preparados para atender a la población y asegurar la disponibilidad de vacunas durante toda la campaña.

Además, detallaron que la iniciativa se financia con recursos del Tesoro Nacional y cuenta con el apoyo complementario de organismos internacionales dedicados al fortalecimiento del sistema sanitario hondureño.

El viceministro de Salud aseguró que la jornada refleja el compromiso del país con la salud pública y la prevención de enfermedades: “Hoy Honduras envía un mensaje claro y esta jornada de vacunación representa el compromiso con las familias hondureñas”, afirmó el funcionario.

Con la campaña, las autoridades buscan aumentar las coberturas de vacunación, prevenir brotes epidemiológicos y reforzar la cultura de prevención en la población.

Se trata de Copán: La leyenda, dirigida por Ricardo Morales y producida por Level 7 Studios, con una duración de 74 minutos.

La película narra la historia de Roberto “Papá” Agurcia, un arqueólogo desacreditado que, junto a su nieto Gabo, descubre un portal hacia Xibalbá, el legendario inframundo maya, en las ruinas de Copán.

Más allá de su argumento, el proyecto se presenta como uno de los primeros intentos en Latinoamérica de producir una película animada utilizando IA como eje central de creación visual, desde la ambientación hasta ciertos elementos narrativos.

El proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo, que ve en la producción una herramienta para promocionar internacionalmente la riqueza arqueológica y cultural de Copán Ruinas.

Durante la presentación oficial participaron representantes del sector turístico, cultural y empresarial, quienes destacaron la importancia de conectar identidad nacional con innovación tecnológica.

Sus creadores sostienen que la apuesta puede abrir una nueva etapa para el cine independiente en la región, donde los altos costos de producción suelen limitar los proyectos de animación.

Para estudios pequeños, automatizar procesos visuales representa una vía para reducir tiempos y presupuestos que antes hacían inviable este tipo de producciones.

La película se exhibe actualmente en salas de Metrocinemas en Honduras.

Uno de los aspectos que más conversación suscitó en redes sociales es que algunas instituciones educativas estarían solicitando a sus alumnos asistir a funciones del filme como parte de actividades académicas vinculadas a historia, cultura e identidad nacional. La medida dividió opiniones.

Mientras algunos docentes consideran que el filme es una oportunidad para despertar el interés por la arqueología maya y el turismo cultural en una generación habituada a los contenidos digitales, otros cuestionan el carácter obligatorio de la asistencia.

Otro aspecto que ha causado mucho revuelo es el hecho de que se haya hecho con inteligencia artificial. Sin embargo, no es la herramienta en sí, sino el resultado que llegó a la gran pantalla.

Los cibernautas reaccionaron al lanzamiento de Copán: La leyenda en cines con comentarios mayormente negativos. “Te das cuenta de la mala calidad de esta cosa que pretende hacerse pasar por peli animada, cuando incluso ya le sacaron un video parodia con el mismo estilo e incluso las voces suenan mejor”, escribió un usuario en X.

“Tantos animadores que están dando todo lo que tienen para crear animación en Latinoamérica, para que lleguen estos ridículos con sus porquerías, son un insulto, eso es lo que son”, expresó otro en la misma red social.

“Es bastante triste que, aun teniendo herramientas, financiamiento e incluso ‘IA’ (el gran “atractivo revolucionario” de la película), no hayan conseguido elaborar algo mínimamente competente para un largometraje", sostuvo el medio Cinemafilia. “Termina siendo una mezcla forzada, incapaz de desarrollar una idea con verdadero ingenio”.

Y continuó en su reseña: “Escenarios carentes de creatividad y un montaje espeluznante. Los personajes hablan con una lentitud atroz, incapaces de transmitir una sola emoción realista. Lo más deprimente llega cuando intenta construir momentos “icónicos” musicales tan vacíos que solo generan incomodidad".

Por otro lado, hay quienes reconocen los esfuerzos de dar a conocer la cultura hondureña a nivel global a través de proyectos de este tipo. “Se ve interesante, muy pocas películas exploran el mundo de las antiguas civilizaciones prehispánicas”, se lee en un comentario debajo del tráiler compartido en YouTube.

Otro aseguró: “Esto se va ir mundial, primero dios. Honduras tiene mucho para demostrar dios bendiga nuestra patria”. Un seguidor aplaudió el uso de nuevas tecnologías: “Me parece excelente la iniciativa. El uso creativo de la inteligencia artificial para dar vida a una película sobre Honduras es una idea valiosa y merece reconocimiento [...] Con lo poco de cine que se produce en Honduras, lo justo es darle una oportunidad a este proyecto”.

La IA divide a la industria de la animación

Cabe destacar que la discusión que rodea a Copán: La leyenda no es ajena a la industria global. Un informe reciente de la consultora de datos de entretenimiento Luminate, titulado “Animation and AI”, concluye que el uso de la inteligencia artificial generativa en la animación sigue siendo una cuestión divisiva.

Según el documento, quienes defienden la IA la consideran una tecnología revolucionaria capaz de acelerar la producción y reducir costos.

En la vereda opuesta, críticos y artistas tradicionales la califican de tecnología “sucia” y señalan preocupaciones legales, creativas y éticas vinculadas al scraping de datos, los derechos de propiedad intelectual, la pérdida de control creativo y el impacto en la seguridad laboral.

El informe de Luminate identifica a los artistas de concept art y storyboard, los especialistas en efectos visuales y los desarrolladores de videojuegos como los perfiles más expuestos en los próximos dos años.

El documento también destaca la solidez del género animado como inversión para estudios y plataformas. Como ejemplo, señala que Las guerreras K-Pop, de Netflix, se convirtió recientemente en la película original más vista en la historia del servicio.

Asimismo, el 29% de los aficionados al anime asistió a tres o más películas en salas durante los últimos tres meses, superando a cualquier otro género cinematográfico, según la encuesta U.S. Entertainment 365 de Luminate.

Por el momento, Copán: La leyenda enfrenta preguntas sin respuesta sobre los límites éticos y laborales de esa transformación.

Estados Unidos, a través de su Embajada en Honduras, confirmó la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y otras organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas extranjeros, en el marco de su estrategia global de combate al crimen organizado.

La representación diplomática informó que estas estructuras se financian mediante actividades ilícitas como extorsión, sobornos, asesinatos y actos de violencia que emplean para intimidar a comunidades y consolidar control territorial en distintos países de la región.

Las autoridades estadounidenses precisaron que esta nueva clasificación permite fortalecer herramientas legales y operativas de cooperación internacional con países aliados como Honduras, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a estas estructuras criminales.

Guerra al terrorismo

La sede diplomática anunció: “Al designar al Barrio 18, a la Mara Salvatrucha y a otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno de Estados Unidos cuenta con herramientas eficaces para respaldar a socios como Honduras”.

Estados Unidos sumó en el mismo pronunciamiento a otras estructuras del crimen organizado en América Latina, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, identificadas por su impacto en la seguridad regional.

Según la postura estadounidense, estas designaciones amplían la capacidad para sancionar, perseguir y desmantelar redes criminales transnacionales que afectan la estabilidad y seguridad de los países del continente.

En paralelo, el Congreso Nacional de Honduras avanza en la discusión de un paquete de reformas penales orientadas a fortalecer el combate contra el crimen organizado, incluyendo la posibilidad de declarar las maras y pandillas como organizaciones terroristas.

Las iniciativas, impulsadas a solicitud de la Secretaría de Seguridad, ya superaron su primer debate legislativo y podrían ser aprobadas en los próximos días si alcanzan el respaldo mínimo de 65 diputados en el pleno.

El proyecto contempla reformas a ocho artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, en un contexto marcado por el incremento de la violencia asociada a estructuras dedicadas a la extorsión, el sicariato y el control territorial.

El analista político Kenneth Madrid señaló que “este tipo de declaraciones y reformas reflejan trabajo en conjunto entre la agenda internacional de seguridad y las decisiones internas del país” pero advirtió que su efectividad dependerá de la capacidad institucional para aplicar las leyes sin debilitar el Estado de derecho ni politizar el combate a la criminalidad.

Reformas penales

Uno de los principales cambios se centra en el delito de extorsión. Las reformas al artículo 273 del Código Penal establecen que las penas pasarían de 15 a 20 años de prisión para quienes resulten culpables de este delito.

Además, el paquete legislativo prevé la aplicación de cadena perpetua en casos donde la víctima fallezca como consecuencia de actos vinculados a la extorsión; esta medida representaría uno de los endurecimientos más severos del marco penal hondureño en los últimos años.

Otra modificación clave apunta al artículo 587 del Código Penal, mediante el cual determinadas estructuras criminales podrían ser catalogadas formalmente como organizaciones terroristas.

De aprobarse esta modificación, el Estado hondureño contaría con mayores herramientas jurídicas para investigar, procesar y sancionar a miembros de maras y pandillas bajo esquemas utilizados en el combate al terrorismo y al crimen organizado transnacional.

El debate legislativo se desarrolla con creciente presión internacional y nacional para reforzar la seguridad ciudadana, mientras distintos sectores insisten en la necesidad de que estas medidas se apliquen con equilibrio, respetando el debido proceso y las garantías fundamentales.

Honduras ampliará su conectividad aérea con Europa a partir de septiembre de este año con la incorporación de una nueva frecuencia de vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, decisión que la administración del presidente Nasry Asfura considera clave para impulsar el turismo, los negocios y la llegada de inversiones.

El anuncio fue realizado por el mandatario hondureño tras una reunión en Casa Presidencial con representantes de la aerolínea Iberojet y funcionarios vinculados al sector turístico y de conectividad aérea.

La incorporación de esta frecuencia permitirá habilitar cinco mil asientos adicionales a los más de 110 mil existentes en la ruta directa entre Honduras y España, reforzando uno de los principales enlaces internacionales que el país mantiene con el continente europeo.

La estrategia resulta de la colaboración entre el Gobierno de Honduras e Iberojet, compañía que forma parte de Ávoris Corporación Empresarial, grupo turístico español que apuesta por consolidar a Honduras como un destino emergente en el mercado turístico europeo.

Promoviendo la inversón y el turismo

De acuerdo con las autoridades, el aumento en la frecuencia aérea impulsará la llegada de visitantes internacionales y facilitará el intercambio comercial, fortaleciendo los vínculos económicos y culturales entre ambos países.

Desde el inicio del primer vuelo directo entre Madrid y Palmerola en diciembre de 2022, la conexión aérea ha sido promovida como uno de los proyectos estratégicos para mejorar la competitividad internacional y abrir oportunidades para el sector turismo en Honduras.

Este corredor aéreo ha facilitado la movilidad de empresarios, inversionistas y miembros de la comunidad hondureña residente en España y otros países europeos.

Entre los participantes en la reunión se encontraban el presidente Nasry Asfura; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; el director general adjunto de Tour Operadores de Ávoris, Mario Domínguez; el asesor de conectividad del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Armando Funes; y los especialistas en derecho aeronáutico Guillermo Montes y Darío Montes.

Autoridades señalaron que la expansión de operaciones representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico local y posicionar a Honduras dentro de las rutas más estratégicas del turismo internacional. El gobierno subraya que la conectividad aérea es un pilar fundamental para atraer inversiones, generar empleos y ampliar la presencia del país en mercados internacionales altamente competitivos.

Conexiones internacionales

En los últimos años, Honduras ha buscado fortalecer su infraestructura aeroportuaria y ampliar sus conexiones directas con destinos internacionales como parte de una estrategia orientada a potenciar el turismo, especialmente en áreas de alto potencial natural, arqueológico y cultural.

La administración de Asfura reafirmó el compromiso de promover alianzas con empresas internacionales para abrir más oportunidades de crecimiento económico y mejorar la proyección del país en el exterior.

Con la nueva frecuencia de Iberojet, Honduras aspira a consolidarse como un destino más accesible para viajeros europeos y reforzar una relación comercial y turística que ha adquirido mayor relevancia desde la apertura de la ruta directa entre Madrid y Palmerola.

Además del impacto en el turismo, las autoridades sostienen que el fortalecimiento de la conectividad con Europa podría crear nuevas oportunidades para sectores como las exportaciones, la inversión hotelera y la promoción de destinos emergentes en distintas regiones hondureñas, en un momento en que Centroamérica compite por atraer mayor flujo de visitantes internacionales y capital extranjero.

El incidente ocurrió en el minuto 55, cuando Da Silva luchaba por la posesión del balón con Marlon Ramírez, jugador del Olancho FC. En la caída, el tobillo del futbolista brasileño quedó completamente desplazado. Según reportes médicos, las primeras radiografías confirmaron una luxofractura del peroné y se evaluaba la posibilidad de daño en los ligamentos, aunque este último diagnóstico no se había confirmado. La gravedad de la escena fue tal que varios compañeros y rivales mostraron gestos de preocupación y algunos jugadores no pudieron ocultar las lágrimas.

Tras el suceso, el cuerpo médico del Motagua inmovilizó la pierna de Da Silva en el lugar antes de trasladarlo a un centro asistencial en Juticalpa, donde se le practicaron estudios radiológicos. Luego, el futbolista fue remitido a la capital, Tegucigalpa, para una intervención quirúrgica a cargo del doctor Avilés, reconocido especialista local.

El club Motagua utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a su jugador: “La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario”, publicó el equipo en su cuenta de X, en una de las muestras públicas de solidaridad que circularon tras la lesión. La directiva del club, encabezada por el presidente Pedro Atala y el director deportivo Emilio Izaguirre, acudió personalmente a brindar apoyo antes de la operación. En un comunicado oficial, expresaron: “Respaldo total de nuestra junta directiva y de todo el pueblo Motagüense para vos, Romario. En los momentos difíciles, este escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca. De esta salimos todos juntos.”

El entrenador del Motagua, Javier López, también se refirió a la situación de Da Silva en conferencia de prensa. El técnico expresó: “Es una tristeza, una lesión gravísima. Le mandamos un abrazo. Seguro que por él el equipo va a pelear mucho más. Algunos jugadores estaban con lágrimas al ver a su compañero caído”. Más adelante, el entrenador añadió una reflexión sobre el ambiente en el club: “Hay tres palabras que definen a Motagua: Dios, Familia y Motagua“.

El pronóstico para la recuperación del futbolista brasileño se mantiene reservado. Los informes médicos estiman un tiempo de baja de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución tras la cirugía y la eventual confirmación de lesiones adicionales en los ligamentos. De confirmarse la gravedad, Da Silva podría regresar a las canchas recién en noviembre o incluso en febrero próximo. Mientras tanto, el club no ha emitido un parte médico definitivo y se espera una actualización oficial en los próximos días.

Romario Da Silva, de 36 años, llegó al Motagua para el presente torneo y, aunque comenzó la temporada con buenas actuaciones, había perdido protagonismo en las últimas jornadas. La lesión ocurre en el tramo final de su carrera, añadiendo incertidumbre sobre su futuro en el fútbol profesional.

Con esta victoria por 2-0 ante Olancho FC, el Motagua se mantiene en la segunda posición de la tabla, solo un punto por detrás del líder Real España. La situación de Da Silva ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera del club, mientras la institución y la afición aguardan novedades sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras mantendrá vigente el plazo de 15 días para el pago del recibo de energía, pese a las críticas y preocupaciones expresadas por distintos sectores sociales y usuarios del servicio. Así lo confirmó el gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, tras una reunión con diputados del Congreso Nacional, representantes de la Secretaría de Energía y miembros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Explicó que, hasta el momento, no existe decisión orientada a revertir la medida y reiteró que las conversaciones siguen centradas en hallar soluciones orientadas a estabilizar las finanzas de la estatal, sin trasladar mayor carga económica a los consumidores.

Peña Panting advirtió: “En este momento no hay ningún cambio negociado ni una resolución distinta. Lo que buscamos es un mecanismo que no perjudique ni a la empresa ni al pueblo hondureño”.

Rechazan los cambios

La discusión sobre el plazo de pago se intensificó en los últimos días luego que miles de usuarios manifestaron preocupación por la reducción del tiempo disponible para cancelar la factura eléctrica, en un contexto de alto costo de vida y dificultades económicas para numerosas familias.

El titular de la ENEE subrayó que el retorno al esquema de 15 días no supone un incremento en la tarifa ni la implementación de dos cobros mensuales, versión que algunos sectores han difundido.

“No hay un aumento en el costo de la energía. Ningún consumidor pagará más por este ajuste. Simplemente se reduce el período para efectuar el pago”. explico a medios de comunicación.

Por ende detalló que el sistema de 15 días fue el mecanismo histórico de la estatal eléctrica y se modificó únicamente entre octubre de 2025 y marzo de 2026, cuando se amplió temporalmente el plazo para cancelar el servicio.

Admitió que la ENEE enfrenta una situación financiera delicada, en particular por problemas con el flujo de caja, obligando a las autoridades a replantear medidas administrativas y operativas.

“La empresa enfrenta problemas graves de liquidez y en estas condiciones el flujo de dinero es fundamental para mantener operaciones y cumplir compromisos”, recalcó.

Mientras tanto, la estatal avanza en un proceso de reestructuración para aumentar la eficiencia administrativa, reducir pérdidas técnicas y financieras y reorganizar parte del personal bajo parámetros de transparencia y orden institucional.

Buscan soluciones

En el encuentro con las autoridades energéticas, diputados del Congreso Nacional accedieron a datos sobre el impacto financiero que tuvo para la ENEE la ampliación previa del plazo de pago. El diputado Mario Pérez precisó que la dirección de la empresa reconoció que la reducción en la disponibilidad de efectivo ha complicado aun más la situación financiera de la estatal.

“Ellos nos han explicado que la caída en el flujo de caja les ha generado problemas y por eso plantean regresar al sistema tradicional de 15 días que se utilizó durante décadas”.

Pérez cuestionó la decisión tomada a finales de 2025 de extender el período de pago, señalando que obedeció a intereses políticos y no a fundamentos técnicos o financieros.

El legislador añadió que en el Congreso Nacional prosiguen las conversaciones para encontrar alternativas consensuadas que permitan aliviar la presión financiera de la empresa estatal sin afectar a los consumidores.

Mientras tanto, organizaciones sociales, usuarios y diferentes sectores económicos permanecen expectantes ante una posible intervención legislativa que evite que el plazo reducido complique más la economía de miles de hogares hondureños, especialmente aquellos con ingresos limitados y dificultades para cubrir servicios básicos.

La percepción sobre la igualdad de género en la política presenta contrastes marcados en América Central y el Caribe, según el último el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026″.

El documento revela avances sostenidos en la representación política de las mujeres, aunque persisten brechas en la inclusión y desafíos de índole cultural e institucional, especialmente en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El análisis del PNUD detalla que la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales de la región alcanzó el 36.5% en 2024, un incremento considerable frente al 12.3% registrado a inicios del siglo XXI.

En los gabinetes ministeriales, la cifra llegó al 30,4%, mientras que en las cortes supremas y concejos municipales se ubicó en 28,2% y 26,2%, respectivamente. Solo el 15.9% de las alcaldías está liderado por mujeres. Estos datos, recogidos por el organismo internacional, muestran una tendencia regional de crecimiento, aunque todavía lejos de la paridad formal.

La implementación de cuotas de género y mecanismos de paridad electoral ha sido fundamental para promover la inclusión, como subraya el informe.

Desde la década de 1990, la región ha liderado la adopción de reformas legales que exigen la presencia mínima de candidatas mujeres en listas electorales.

“Actualmente, 18 países de toda Latinoamérica cuentan con leyes de cuotas o paridad, lo que refleja un compromiso regional con la igualdad de género en los sistemas electorales”, sostiene el documento.

Esta transformación ha sido acompañada por una mayor participación femenina en la educación y el mercado laboral, factores que han facilitado su acceso a la vida pública.

Pese a estos avances, el PNUD advierte sobre la persistencia de desafíos estructurales y culturales.

En los países centroamericanos y en República Dominicana, las percepciones sociales mantienen barreras de género notables. La encuesta regional incluida en el informe indica que el 41% de la población en República Dominicana y Honduras considera que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres.

En Nicaragua, el porcentaje se sitúa en 29%, mientras que Guatemala y El Salvador alcanzan 27%. Panamá registra 24%, todos ellos por encima o cerca del promedio regional, que es de 25,7%.

El informe dedica un apartado especial al diseño institucional de las cuotas y la paridad. Resalta la importancia de ubicar a las mujeres en posiciones competitivas dentro de las listas electorales, la existencia de sanciones efectivas para los partidos que incumplen la normativa y la incorporación de suplentes del mismo género.

En algunos contextos, como el panameño, las excepciones al cumplimiento de la cuota por escasez de candidatas reflejan un reto adicional para la efectividad de la medida. Según el informe, la alternancia de género en las listas y la vigilancia sobre posibles estrategias evasivas resultan claves para evitar retrocesos en la representación.

La participación política de las mujeres no solo amplía la agenda pública y fortalece la calidad de las políticas, sino también se asocia con instituciones más sólidas, mayor transparencia y menores niveles de corrupción. El PNUD señala que los países con mayor presencia femenina en espacios de poder tienden a priorizar temas como la educación, la salud y las políticas de cuidado, con efectos positivos en la igualdad y el desarrollo.

El informe también aborda la brecha en la representación de otros sectores históricamente excluidos, como los pueblos indígenas y, en particular, las mujeres indígenas, quienes enfrentan obstáculos adicionales para acceder y permanecer en los espacios de decisión.

Tegucigalpa atraviesa uno de los periodos más críticos en materia de abastecimiento de agua potable, producto de la prolongación del verano y los efectos del fenómeno de El Niño, situación que ha obligado a intensificar los racionamientos en distintos sectores de la capital.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, explicó que la institución enfrenta una presión creciente sobre el sistema de distribución, al punto de aplicar medidas extraordinarias para garantizar el suministro en servicios esenciales.

De acuerdo con el funcionario, la crisis actual ha llevado a una reestructuración operativa inmediata. En el corto plazo, la UMAPS logró reforzar la flota de camiones cisterna, pasando de cuatro unidades operativas a 12 vehículos activos, lo que se traduce, en una capacidad equivalente a 24 unidades mediante turnos extendidos de trabajo.

Estos recursos están siendo priorizados para abastecer infraestructura crítica como hospitales, centros de salud, postas policiales, asilos de ancianos y mercados, además de sectores donde el servicio no logra cumplir con los ciclos de distribución programados.

Escenarios severos

Boquín reconoció que la capital enfrenta uno de los escenarios más severos de los últimos años en materia de racionamiento. Mientras históricamente el suministro llegaba cada nueve días en algunas zonas, actualmente el ciclo se ha reducido hasta cada cinco días y medio, con apenas seis horas de servicio en determinados sectores.

“El problema es que no hemos tenido lluvias, estamos casi a mediados de mayo y la captación de agua es mínima”, advirtió el gerente, quien añadió que esta condición limita significativamente la recuperación de los embalses.

El funcionario también alertó que el problema no se limita al presente año, ya que las proyecciones apuntan a que la crisis podría extenderse hasta 2027 si las condiciones climáticas no mejoran y no se consolidan nuevas fuentes de abastecimiento.

Como parte de las soluciones estructurales, Boquín destacó la reactivación de la construcción de la represa San José, un proyecto que había permanecido paralizado y que ahora se retoma con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento y suministro de agua para la capital.

Impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras y los planes institucionales, la crisis ya se refleja en la vida diaria de los capitalinos, que deben reorganizar sus rutinas para adaptarse a los nuevos ciclos de abastecimiento.

Es el caso de la familia de doña Karla Martínez, residente en la colonia Kennedy, quien relata que la llegada del agua se ha convertido en un evento impredecible que condiciona todas las actividades del hogar.

“Antes sabíamos cuándo iba a llegar el agua y podíamos organizarnos, ahora tenemos que estar pendientes todo el día. A veces llega en la madrugada o solo por unas horas”, comenta.

Karla explica que han tenido que almacenar agua en barriles y recipientes plásticos, además de reducir el uso en tareas básicas como lavado de ropa y limpieza del hogar. También han incrementado el gasto en compra de agua en camiones cisterna privados cuando el servicio público no llega a tiempo.

“Nos toca cuidar cada gota. Cocinamos con menos agua, bañamos rápido y dejamos la limpieza para cuando hay servicio. Es complicado porque el agua es lo básico en la casa”, agrega.

Un desafío prolongado para la capital

Las autoridades municipales coinciden en que la crisis hídrica no es coyuntural, sino estructural, y que su resolución dependerá tanto de las condiciones climáticas como de la ejecución de proyectos de infraestructura.

Mientras tanto, Tegucigalpa enfrenta un escenario de racionamientos prolongados, donde la disponibilidad de agua continúa dependiendo de un equilibrio cada vez más frágil entre la demanda urbana y la limitada capacidad de captación.

La inflación en Honduras continúa mostrando señales de presión y ya se ubica por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles, los alimentos y los servicios básicos.

De acuerdo con el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, el comportamiento de los precios está estrechamente vinculado a factores externos, especialmente al conflicto en el Medio Oriente y al aumento de los derivados del petróleo, lo que impacta de forma directa en la economía nacional.

Palma señala que: “Mientras este conflicto en el Medio Oriente no se solucione y siga el aumento en los precios de los derivados del petróleo, vamos a seguir experimentando mayor inflación”, y alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo de la población.

El economista describe que los incrementos se concentran en sectores sensibles como energía, alimentos y servicios, lo que termina afectando de manera directa a los hogares hondureños, que deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para cubrir necesidades básicas.

En esa línea, Palma insiste en la necesidad de generar alternativas económicas que permitan mejorar los ingresos familiares y estabilizar el acceso a bienes esenciales, ya que la inflación no solo encarece la vida cotidiana, sino que también frena la inversión y limita el crecimiento económico.

Por su parte, el economista Rafael Delgado sostiene que la inflación alcanzó un 5.56 %, superando el rango meta de entre 3 % y 5 % fijado por el Banco Central de Honduras, lo que refleja un encarecimiento sostenido de productos y servicios esenciales.

“Esto implica incrementos de precios sustanciales y que en el futuro cercano esto va a seguir incrementándose”, explico Delgado y advierte que el proceso inflacionario continúa fuera de control dentro de los márgenes previstos por la autoridad monetaria.

El analista recomienda al Gobierno reforzar la política fiscal, mejorar la focalización del gasto público y dirigir los subsidios a los sectores más vulnerables. También sugiere cuidar la política monetaria para evitar un endurecimiento del crédito que limite la inversión y la generación de empleo.

Impacto en la vida diaria

Mientras los análisis económicos se concentran en cifras y proyecciones, en los hogares hondureños el impacto ya es visible en el día a día. Es el caso de la familia de doña Marta López, residente en Tegucigalpa, quien relata cómo su presupuesto mensual se ha visto reducido en los últimos meses.

Antes, con un ingreso familiar cercano a 12.000 lempiras, podía cubrir alimentación, transporte y servicios básicos. Sin embargo, actualmente asegura que el dinero “ya no alcanza igual”.

“Solo en la canasta básica se nos van más de 6.000 lempiras. El gas, la luz y el transporte subieron, y ahora tenemos que decidir entre comprar o pagar una factura”, explica.

Marta comenta que ha tenido que ajustar sus compras: más productos sustitutos y reducción de gastos en educación y recreación. Incluso, en algunas semanas recurre a créditos en pulperías para completar la alimentación.

“Uno trata de estirar el dinero, pero todo está caro. Antes hacíamos una compra grande al mes, ahora vamos semana a semana porque no se puede más”, agrega.

Dos visiones, mismo problema

Tanto Palma como Delgado coinciden en que la inflación representa un desafío importante para la economía hondureña, aunque difieren en el peso que asignan a los factores externos e internos que la impulsan.

Mientras uno enfatiza la influencia de los mercados internacionales y la energía, el otro advierte sobre la necesidad de ajustes en la política fiscal y monetaria para contener el impacto.

En medio de ese debate, la realidad cotidiana de los consumidores refleja el mismo fenómeno: un costo de vida que continúa aumentando y que obliga a las familias a replantear sus hábitos de consumo para poder llegar a fin de mes.

La Policía Nacional de Honduras ejecutó la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, señalado dentro de las investigaciones por el asesinato del ambientalista y regidor municipal Juan López, crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa.

De igual forma, las autoridades confirmaron la captura de Héctor Méndez, quien también es señalado como sospechoso de haber participado en el crimen del ambientalista, según el Ministerio Público, su detención forma parte del mismo expediente investigativo que busca esclarecer la estructura detrás del asesinato.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Rigoberto Ossegera Mass, el operativo que permitió la detención se desarrolló tras un proceso de vigilancia de más de veinticuatro horas en una zona montañosa del departamento de Colón, donde finalmente fue ubicado el exedil.

El funcionario afirmó que la institución policial mantiene su compromiso de hacer cumplir la ley sin excepciones y que las acciones operativas forman parte de los esfuerzos permanentes de investigación en casos de alto impacto.

“Estamos para hacer cumplir la ley”, reafirmó la autoridad policial respecto a la operación que concluyó con la captura del exfuncionario municipal.

Acciones conjuntas

El Ministerio Público confirmó que Adán Fúnez es investigado como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, dentro de una línea de investigación que continúa abierta y que ya ha incluido la detención de otros supuestos implicados.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que la operación fue ejecutada en coordinación con la Policía Nacional y que el caso se sustenta en un conjunto de indicios recabados a lo largo del proceso investigativo. Entre estos, se encuentran análisis técnicos, testimoniales y evidencias obtenidas en diligencias previas.

Mora precisó que las investigaciones abarcan no solo a los autores materiales del crimen, sino también a posibles responsables intelectuales, con el objetivo de esclarecer completamente la estructura detrás del asesinato.

¿Quien era Juan López?

El asesinato de Juan López generó fuerte impacto nacional e internacional. El ambientalista era reconocido por su labor en defensa de los recursos naturales en la zona del Bajo Aguán y por su participación en organizaciones comunitarias que cuestionaban proyectos extractivos en la región.

Además de su activismo, López se desempeñaba como regidor de la alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre), lo que dio al caso una dimensión política adicional debido a los vínculos partidarios entre víctima y señalado.

Tras el crimen, distintos sectores sociales, organizaciones ambientales y líderes religiosos denunciaron que el ambientalista había recibido amenazas previas, mientras organismos internacionales advirtieron sobre la situación de riesgo que enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.

Según versiones oficiales difundidas durante el proceso, las investigaciones han incluido allanamientos, capturas previas y análisis de dispositivos electrónicos, con el fin de reconstruir los hechos y determinar responsabilidades individuales dentro del caso.

El Ministerio Público reiteró que el expediente continúa en desarrollo y que en las próximas horas se ampliará la información sobre la situación jurídica de Fúnez, así como los cargos que podría enfrentar ante los tribunales competentes.

El caso Juan López se mantiene como uno de los procesos judiciales de mayor atención en el país, tanto por la relevancia del crimen como por las implicaciones sociales y ambientales que ha generado en el departamento de Colón y en el movimiento ambientalista hondureño.

Las autoridades sanitarias de Honduras renovaron el llamado a la población para fortalecer las acciones de prevención contra el dengue, luego de confirmar un aumento en los casos sospechosos registrados durante 2026.

Según la Secretaría de Salud (SESAL) informó que actualmente el país acumula 3,035 casos sospechosos de la enfermedad, una cifra que mantiene bajo vigilancia epidemiológica a distintas regiones del territorio nacional.

El reporte oficial, 2,285 de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 698 pacientes presentan signos de alarma y otros 52 han sido catalogados como dengue grave.

Pese al incremento de contagios, las autoridades destacaron que hasta la fecha no se reportan fallecimientos asociados al virus, situación que atribuyen a la atención temprana brindada en hospitales y centros de salud.

La SESAL señaló como uno de los factores de preocupación la circulación del serotipo DENV-3, considerado uno de los más agresivos debido a su relación con formas severas de la enfermedad. Especialistas advierten que este serotipo puede provocar mayores complicaciones, especialmente en personas que ya han tenido dengue anteriormente.

El médico y diputado Carlos Umaña alertó que Honduras podría enfrentar un incremento importante de contagios si no se refuerzan las medidas preventivas en barrios y comunidades. “Por el clima están dadas las condiciones para que nos dé un susto a los hondureños”, resaltó Umaña

El galeno indicó que la prevención no debe recaer únicamente en las autoridades sanitarias, sino también en las alcaldías y la ciudadanía. Según su criterio, las municipalidades deben fortalecer operativos de limpieza y eliminación de criaderos, mientras la Secretaría de Salud debe ampliar las campañas de fumigación y control vectorial en zonas de alta incidencia.

El avance de los casos ocurre en medio de condiciones climáticas favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Casos de dengue en aumento

Las cifras oficiales reflejan un crecimiento sostenido de casos comparado con semanas previas. Reportes divulgados por medios nacionales indican que departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Choluteca, Colón y Santa Bárbara continúan entre las regiones con mayor carga de contagios, especialmente en áreas urbanas donde persisten acumulaciones de agua y deficiencias en saneamiento ambiental.

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud reiteró la importancia de reconocer los síntomas tempranos del dengue: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y molestias musculares o articulares. También advirtió que señales como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, náuseas y ausencia de orina durante varias horas son síntomas de alarma que requieren atención médica inmediata.

Las autoridades recomendaron mantener una adecuada hidratación mediante sales de rehidratación oral y utilizar acetaminofén únicamente bajo indicación médica. Además, insistieron en evitar el consumo de aspirina, ya que puede aumentar el riesgo de hemorragias en pacientes con dengue.

Llamado a la prevención

Como parte de las acciones preventivas, Salud reiteró que la eliminación de criaderos continúa siendo la medida más efectiva para reducir la propagación del mosquito transmisor. Por ello, pidió a la población desechar recipientes en desuso, eliminar llantas y botellas acumuladas, mantener tapados los depósitos de agua y limpiar cunetas y solares donde pueda estancarse el agua lluvia.

En las últimas semanas, brigadas sanitarias han intensificado labores de fumigación y vigilancia epidemiológica en diferentes zonas del país. Paralelamente, médicos y expertos han insistido en la necesidad de fortalecer las campañas de educación y prevención comunitaria para evitar que el país enfrente un repunte similar al registrado en años anteriores.

Desde la red sanitaria reiteran que la lucha contra el dengue requiere del compromiso colectivo de la población y recordó que la prevención dentro de los hogares sigue siendo clave para evitar la proliferación del zancudo transmisor.

La Secretaría de Salud de Honduras (SESAL) hizo un nuevo llamado a la población para reforzar la vacunación contra la tosferina, luego de confirmar 122 casos y 10 fallecimientos asociados a esta enfermedad en lo que va de 2026.

Las autoridades sanitarias advierten que la mayoría de las muertes registradas corresponde a bebés menores de tres meses.

El jefe de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, detalló que siete de los fallecimientos corresponden a recién nacidos menores de 30 días y otros tres a bebés de aproximadamente tres meses de edad.

“Son muertes totalmente prevenibles porque existe la vacuna”, señaló el funcionario, quien subrayó la importancia de fortalecer la inmunización durante el embarazo y en la primera etapa de vida de los menores.

La tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad bacteriana que afecta las vías respiratorias y puede provocar complicaciones severas, especialmente en recién nacidos y lactantes que aún no cuentan con protección inmunológica suficiente.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran ataques intensos de tos, dificultad para respirar, fiebre y episodios de asfixia, condiciones que en menores de edad pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros graves.

Enfermedad prevenible

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación de mujeres embarazadas durante el último trimestre de gestación es una de las principales medidas de prevención, ya que permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y protegerlo durante las primeras semanas de vida.

Según la SESAL, muchos de los fallecimientos registrados pudieron haberse evitado mediante la aplicación oportuna de la vacuna tanto en madres gestantes como en menores de edad.

“El compromiso de los padres, encargados y embarazadas es fundamental para evitar más muertes. Estas pérdidas pudieron haberse evitado mediante la vacunación oportuna”, remarcó Mejía.

Las autoridades insisten en la necesidad de cumplir con el esquema nacional de vacunación infantil, que contempla dosis contra la tosferina a partir de los dos meses de edad.

La Secretaría de Salud advierte que los retrasos en los esquemas de inmunización y la disminución en las coberturas vacunales en algunos sectores aumentan el riesgo de brotes y complicaciones graves.

En Honduras, las campañas de vacunación han enfrentado desafíos relacionados con desinformación, acceso irregular a servicios médicos en algunas comunidades y menos asistencia preventiva tras los efectos de la pandemia de COVID-19.

Especialistas en salud pública advierten que la tosferina sigue representando una amenaza importante para bebés no vacunados o con esquemas incompletos, especialmente en contextos donde disminuye la cobertura de inmunización.

Todos a vacunar

Ante el incremento de casos, la SESAL notificó que las vacunas continúan disponibles en hospitales, centros de salud y establecimientos públicos a nivel nacional.

Las autoridades exhortan a que mujeres embarazadas, padres y encargados acudan a los centros asistenciales más cercanos para completar los esquemas correspondientes y reducir el riesgo de nuevos contagios y fallecimientos.

A su vez, reiteran que la vacunación no solo protege a quienes reciben la dosis, sino que también contribuye a disminuir la circulación de la enfermedad dentro de las comunidades.

La alerta sanitaria se produce mientras varios países de la región han reportado incrementos de enfermedades respiratorias prevenibles por vacunación. Ante esto, organismos internacionales de salud insisten en la importancia de recuperar y mantener altas coberturas de inmunización infantil.

Mientras continúan los monitoreos epidemiológicos en Honduras, las autoridades sanitarias buscan evitar que los casos de tosferina sigan aumentando, especialmente entre recién nacidos y lactantes, considerados el grupo con mayor riesgo de mortalidad por esta enfermedad.

La controversia sobre el manejo de las reservas estratégicas de granos básicos en Honduras aumentó este lunes, luego de que el gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo, compareciera ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) para brindar declaraciones relacionadas con la pérdida de decenas de miles de quintales de maíz y frijol almacenados por la institución estatal.

La comparecencia ocurre en medio de cuestionamientos sobre el estado de las reservas alimentarias administradas por el IHMA, entidad encargada de garantizar el abastecimiento estratégico de productos básicos en Honduras, especialmente durante periodos de escasez o aumento de precios.

A su salida de la UFERCO, Castillo aseguró que su administración colabora plenamente con el Ministerio Público y detalló la entrega de documentación relacionada con auditorías internas iniciadas tras asumir funciones el pasado 27 de enero.

“Nuestra misión inició a partir del 27 de enero, por lo que no tenemos responsabilidad en ningún tema irregular o de posible corrupción. Estamos aquí para colaborar en lo que sea necesario”, afirmó el funcionario.

Explicó que parte de la documentación entregada por la administración anterior ha servido de base para avanzar en las investigaciones sobre las pérdidas reportadas dentro de los inventarios de granos básicos.

Primeras indagaciones

Uno de los aspectos más delicados del caso es el estado en que se encuentran los productos almacenados. Castillo confirmó que una parte importante de los granos ya no sería apta para consumo humano, situación que actualmente es objeto de análisis técnico por parte de especialistas de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.

La institución académica trabaja en un informe científico basado en muestras tomadas de los lotes investigados; el gerente del IHMA adelantó que, preliminarmente, el maíz y el frijol evaluados presentan condiciones que impedirían su distribución para consumo.

Las investigaciones incluyen aproximadamente 70 mil quintales de maíz y 44 mil quintales de frijol, cantidades que forman parte de las pérdidas detectadas dentro de las reservas estratégicas administradas por el Estado.

Pese al impacto del caso, las actuales autoridades del IHMA intentaron transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al abastecimiento nacional de granos básicos.

Castillo aseguró que la institución mantiene coordinación con productores y cadenas de suministro para evitar afectaciones en el mercado nacional y garantizar la reserva estratégica alimentaria del país.

“Estamos asegurando la reserva estratégica”, señaló el funcionario, quien añadió que se han tomado medidas preventivas para evitar desabastecimiento mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Exgerente rechaza acusaciones

Las declaraciones de las nuevas autoridades fueron rápidamente cuestionadas por el exgerente del IHMA, Omar González, quien salió públicamente a rechazar las acusaciones relacionadas con el supuesto deterioro de los granos almacenados durante su gestión.

González calificó como incoherente la versión de que 44 mil quintales de frijol se encuentran completamente vencidos o inutilizables, argumentando que los granos básicos no poseen una fecha de caducidad inmediata bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y controles fitosanitarios.

El exfuncionario defendió los procedimientos implementados durante su administración y afirmó que las cifras divulgadas por las actuales autoridades no coinciden con los inventarios entregados oficialmente.

“Nos sorprende que den un dato de 44 mil quintales cuando lo que entregamos fueron 43 mil: 20 mil en Danlí y 23 mil en Tegucigalpa. Los portones del IHMA siempre estuvieron abiertos, nada estaba escondido”, sostuvo González.

Sus declaraciones abren un nuevo capítulo en la disputa pública sobre el manejo de las reservas alimentarias estatales, mientras las autoridades continúan recopilando documentación y resultados técnicos que permitan determinar si existieron negligencias administrativas, malas prácticas de almacenamiento o posibles actos de corrupción.

La investigación ocurre en un contexto especialmente sensible para Honduras, donde el comportamiento de los precios de los granos básicos tiene un fuerte impacto en la economía familiar y en los niveles de seguridad alimentaria de la población.

El maíz y el frijol forman parte esencial de la dieta hondureña y cualquier afectación en las reservas estratégicas genera preocupación sobre el abastecimiento y la estabilidad de precios en el mercado local.

Mientras la UFERCO continúa las investigaciones y se esperan los resultados técnicos elaborados por especialistas de Zamorano, las autoridades deberán determinar si las pérdidas responden a fallas administrativas, deterioro natural de los productos o posibles responsabilidades penales dentro del manejo de las reservas estratégicas del IHMA.

La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) confirmó la realización de una nueva feria de empleo en Honduras, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales en un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la migración de miles de hondureños en busca de mejores condiciones económicas.

La actividad tendrá lugar el próximo 15 de mayo en Expocentro, en San Pedro Sula, con la participación de más de 130 empresas nacionales e internacionales que hasta el momento han reportado 1.880 plazas vacantes en distintas áreas productivas y niveles de formación.

La jornada es organizada en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), la institución estatal encargada de impulsar programas de capacitación técnica y formación para el trabajo en Honduras.

Según la CCIC, las oportunidades disponibles incluyen perfiles administrativos, operativos, técnicos, comerciales, industriales y profesionales. De esta manera, pueden participar personas con distintos niveles académicos y experiencia laboral.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Karim Qubain, afirmó: “Como Cámara de Comercio seguimos comprometidos con ser un puente entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad de trabajo. Esperamos que esta jornada permita que muchos hondureños encuentren el empleo que están buscando”.

Qubain también invitó a las compañías que aún conservan plazas vacantes a sumarse a la feria antes del cierre oficial de inscripciones, previsto para esta semana. De esta forma, se busca ampliar el número de oportunidades disponibles para los asistentes.

Oportunidades para todos

La feria se realizará entre las 7:30 de la mañana y las 16:00, periodo en el que los participantes podrán entregar sus hojas de vida, postularse directamente a las vacantes y establecer contactos preliminares con representantes de recursos humanos de las empresas participantes.

Las autoridades organizadoras recomendaron a los aspirantes acudir con varios ejemplares de su currículum y efectuar previamente el proceso de inscripción digital habilitado por la CCIC a través de sus plataformas oficiales.

La feria se organiza en un momento en que Honduras enfrenta desafíos significativos en materia de empleo formal. De acuerdo con organismos empresariales y centros de análisis económico, una porción considerable de la población hondureña desempeña su labor en condiciones de informalidad o subempleo, especialmente jóvenes

Además, el desempleo y la falta de oportunidades económicas continúan situándose entre las principales causas de migración de hondureños hacia Estados Unidos y otros países de la región.

En este contexto, sectores empresariales han subrayado la importancia de fortalecer iniciativas de vinculación laboral, capacitación técnica y atracción de inversiones que permitan aumentar la generación de empleo sostenible.

Zona productiva

La ciudad de San Pedro Sula, donde se desarrollará la actividad, es considerada el principal motor industrial y comercial de Honduras, concentrando gran parte de la producción maquiladora, manufacturera y de servicios del país.

Por ello, las ferias laborales organizadas en la zona norte suelen atraer una elevada participación de empresas y buscadores de empleo de varios departamentos del territorio nacional.

La CCIC resaltó que tanto la participación de las empresas como el ingreso de los aspirantes será completamente gratuito; el único requisito es completar el registro previo mediante los canales oficiales habilitados por la institución.

Con esta segunda feria de empleo del año, el sector empresarial procura impulsar mecanismos de intermediación laboral que faciliten la conexión entre el talento humano hondureño y las necesidades del mercado de trabajo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que su equipo y las autoridades hondureñas llegaron a un acuerdo a nivel técnico para completar la cuarta y quintas revisiones del programa económico respaldado por el organismo, un paso decisivo que permitirá un nuevo desembolso de aproximadamente USD 245 millones para Honduras.

La aprobación definitiva dependerá del Directorio Ejecutivo del FMI, que evaluará la propuesta a finales de junio de 2026. Este entendimiento representa un respaldo significativo a la estrategia económica impulsada por el gobierno hondureño, en un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre geopolítica.

La misión del FMI, liderada por Emilio Fernández Corugedo, estuvo en Tegucigalpa del 27 de abril al 11 de mayo, revisando el desempeño económico del país y el cumplimiento de los objetivos definidos en el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Según la evaluación preliminar del organismo, la economía hondureña ha dado muestras de resiliencia, pese a un entorno internacional complejo y a la incertidumbre política registrada durante el proceso electoral del año anterior.

Entre los logros destacados figura el fortalecimiento de las reservas internacionales, que llegaron a aproximadamente USD 11,600 millones al cierre de abril, gracias al flujo sostenido de remesas familiares y al buen desempeño de las exportaciones.

El FMI detalló que la actividad económica mantiene un crecimiento robusto, con un avance del 3.7 % en febrero, a pesar del clima global signado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo a causa de conflictos en Medio Oriente.

No obstante, el FMI alertó sobre el impacto de la inflación derivado del alza en los precios energéticos y de bienes importados. La inflación general en Honduras pasó de 3.5 % en febrero a 5.6 % en abril, principalmente por el aumento del costo de productos transables importados.

Disciplina y reforma fiscal

El acuerdo técnico implica para Honduras el compromiso de mantener políticas macroeconómicas prudentes, estableciendo una meta de déficit del sector público no financiero de 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026.

El FMI subrayó que la disciplina fiscal será esencial para resguardar la estabilidad económica y liberar recursos para gastos prioritarios, en especial en áreas sociales e infraestructura.

Dentro del programa se incluyen reformas estructurales diseñadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, elevar la transparencia institucional, luchar contra la corrupción y asegurar la sostenibilidad financiera del sector energético.

El organismo también reconoció los pasos dados por las nuevas autoridades hondureñas para reforzar la seguridad jurídica y atraer inversión privada, considerándolo motor de crecimiento y empleo.

Entre las medidas relevantes figura el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así como reformas ligadas al sistema de subasta de divisas y la modernización institucional del Banco Central de Honduras (BCH).

Desafíos en el sector energético

Uno de los aspectos centrales del entendimiento técnico se refiere a la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), identificada como uno de los grandes retos estructurales para la economía del país.

El FMI señaló que el aumento de los precios internacionales del combustible ha intensificado las presiones financieras sobre la estatal eléctrica, por lo que considera indispensable avanzar con reformas para mejorar la eficiencia, reducir pérdidas y reforzar la transparencia en el sector energético.

Además, el organismo valoró medidas recientes como la reorganización de las unidades de distribución, el ajuste tarifario y la focalización de subsidios energéticos, a la vez que insistió en la importancia de continuar el proceso de reformas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

En Honduras, los accidentes de tránsito siguen representando uno de los principales desafíos de seguridad y salud pública en 2026, pese a que las cifras oficiales reflejan una leve disminución en el número total de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante el pasado fin de semana, Honduras volvió a registrar un fuerte repunte en la siniestralidad vial con al menos 25 personas fallecidas en más de un centenar de accidentes de tránsito, de acuerdo con datos preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). En lo que va del año se contabilizan 574 muertes por siniestros viales en todo el territorio nacional.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la alta vulnerabilidad de los motociclistas, quienes representan casi el 50% de las víctimas fatales registradas en 2026.

Este fenómeno se ha consolidado en los últimos años, impulsado por el crecimiento acelerado del uso de motocicletas como medio de transporte principal en zonas urbanas y rurales, debido a su bajo costo y facilidad de movilidad.

Este mismo incremento ha traído consigo una mayor exposición al riesgo, especialmente en contextos donde no se cumplen medidas básicas de seguridad como el uso de casco, la conducción defensiva y el respeto a las normas de tránsito.

Causas de accidentes

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) han identificado que la mayoría de los siniestros viales están relacionados con factores humanos y conductas evitables.

Entre las principales causas de estos accidentes figuran: exceso de velocidad, imprudencia al conducir, invasión de carril, conducción bajo efectos del alcohol, falta de respeto a señales de tránsito y uso inadecuado o ausencia de equipo de protección.

La combinación de estos factores con el crecimiento del parque vehicular y las limitaciones en infraestructura vial aumenta el riesgo de accidentes en carreteras urbanas e interurbanas.

Los reportes de las autoridades indican que la mayor cantidad de accidentes graves ocurre durante los fines de semana, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada.

El Distrito Central, San Pedro Sula y los principales corredores viales del país concentran la mayor incidencia de siniestros, debido al alto flujo vehicular y a conductas de riesgo frecuentes en estas zonas.

En estos lugares, los motociclistas continúan siendo los más expuestos, particularmente en colisiones con vehículos de mayor tamaño, donde las consecuencias suelen ser fatales.

Muertes en aumento

La cifra de 574 muertes en 2026 representa una leve disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero especialistas advierten que la tendencia general sigue siendo preocupante.

En años recientes, Honduras ha registrado miles de muertes anuales por accidentes de tránsito, consolidando la siniestralidad vial como una de las principales causas de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

Esto ha llevado a que organismos de seguridad y salud pública cataloguen el problema como una “epidemia silenciosa”, por su impacto constante en la población económicamente activa y en jóvenes.

Ante este panorama, la DNVT reitera el llamado a la población para fortalecer la cultura vial, respetar la Ley de Tránsito y adoptar conductas responsables en la conducción.

Las autoridades insisten en el uso obligatorio del casco para motociclistas, el respeto a los límites de velocidad y la cero tolerancia a la conducción bajo efectos del alcohol.

Al mismo tiempo, se han reforzado campañas de educación vial en distintos puntos del país, con el fin de reducir la siniestralidad y generar mayor conciencia sobre las consecuencias de la imprudencia al volante.

Pese a los esfuerzos institucionales, la reducción sostenida de los accidentes de tránsito sigue siendo un desafío estructural para Honduras, donde confluyen factores como la educación vial limitada, el crecimiento del parque vehicular y la falta de cumplimiento de las normas.

En este contexto, las autoridades consideran que la disminución de muertes no depende únicamente de operativos policiales, sino de cambios profundos en el comportamiento de los conductores y en la cultura vial del país.

Mientras tanto, las cifras de 2026 confirman que, la problemática de los accidentes de tránsito sigue cobrando cientos de vidas en Honduras cada año, con los motociclistas como los más afectados.

La Policía Nacional de Honduras anunció un incremento en la recompensa ofrecida por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de “El Diablo”, considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas criminales del país.

La recompensa pasó de 300 mil a 500 mil lempiras, equivalen aproximadamente a $18,800 - $18,860 dólares estadounidenses (USD), según confirmaron organismos de seguridad, en un intento por acelerar la ubicación del líder de la estructura denominada “Cártel del Diablo”, señalada por las autoridades de operar en zonas estratégicas del departamento de Yoro y el norte de Francisco Morazán.

En medio de las operaciones desplegadas por las fuerzas de seguridad hondureñas para ubicar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, las autoridades reportaron la captura de un hombre identificado como José Luis Ferrera Rodas, a quien señalan como presunto hermano del líder criminal.

La detención se produjo durante un operativo realizado en áreas rurales del municipio de El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán, una de las zonas donde los cuerpos de investigación mantienen presencia permanente debido a la actividad de grupos armados vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso fue interceptado por agentes policiales y militares que desarrollaban patrullajes en sectores de difícil acceso. Durante la operación, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones de uso prohibido, equipo táctico y supuestos estupefacientes, materiales que serán incorporados al proceso investigativo.

La actualización ocurre después de varios días de intensos operativos policiales y militares en regiones montañosas de Honduras, donde las fuerzas de seguridad mantienen una ofensiva contra la organización criminal.

Las autoridades hondureñas sostienen que el “Cártel del Diablo” está vinculado a múltiples hechos violentos, entre ellos homicidios, sicariato, tráfico de armas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Mantienen operativos

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, afirmó que las operaciones ejecutadas contra esta estructura han permitido debilitar parte de su capacidad operativa mediante capturas y decomisos de armamento de alto calibre.

Entre los resultados más recientes figura la captura de Modesto Murillo Gutiérrez, señalado como presunto encargado logístico de la organización criminal.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron fusiles AR-15, AK-47, subametralladoras, municiones y equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo.

En los últimos días fueron detenidos otros presuntos integrantes identificados como “El Descuartizador” y “Serrucho”, quienes, de acuerdo con las autoridades, formaban parte activa de la estructura criminal.

La Policía Nacional confirmó que hasta el momento han sido capturados seis de los ocho miembros identificados dentro del núcleo principal del “Cártel del Diablo”, organización considerada una de las más perseguidas en Honduras.

El nombre de Esteban Gumercindo Ferrera fue incorporado oficialmente el 24 de abril al listado de los criminales más buscados del país, publicado por la Policía Nacional en una actualización de su afiche oficial.

Más buscados

En ese listado también figura Rolando Josué Sánchez, por quien las autoridades ofrecen cinco millones de lempiras como recompensa, mientras que sigue encabezando la lista Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), buscado tanto por Honduras como por Estados Unidos con una recompensa de cinco millones de dólares (USD 5.000.000).

La ofensiva contra el “Cártel del Diablo” se desarrolla en un contexto de creciente presión de las autoridades hondureñas contra estructuras ligadas al narcotráfico, maras y crimen organizado.

En las últimas semanas, el Congreso Nacional impulsó reformas para endurecer penas contra grupos criminales y clasificar a las maras y pandillas como asociaciones terroristas, en medio de un aumento en la violencia y los operativos de seguridad en distintas regiones del país.

Mientras persisten los patrullajes y allanamientos en el área rural y montañosa, las autoridades mantienen activa la búsqueda de “El Diablo”, considerado uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Honduras durante 2026.

Un amplio operativo interinstitucional permanece activo en Honduras con el objetivo de contener un incendio forestal de gran magnitud que afecta el Parque Nacional Celaque, una de las áreas protegidas más importantes del país, ubicada en el occidente hondureño.

El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que participan aproximadamente 800 personas desde hace cuatro días en las labores para combatir el fuego. El incendio se originó en el sector de San Manuel, departamento de Lempira, y se ha extendido hacia zonas de difícil acceso dentro del área protegida.

En las operaciones trabajan cuadrillas del ICF, tres batallones del Ejército de Honduras y voluntarios de comunidades cercanas, distribuidos en diferentes frentes para intentar contener las llamas bajo condiciones climáticas y geográficas adversas.

Las autoridades advirtieron que el impacto de los incendios forestales en el país podría ser mucho mayor al inicialmente estimado, ya que las áreas afectadas a nivel nacional podrían alcanzar hasta 27.000 hectáreas, debido a la reactivación de focos de fuego en distintos puntos del territorio.

Entre las zonas con reportes recientes de siniestros se encuentran Casablanca, en Danlí, El Paraíso, donde un incendio que había sido controlado volvió a reactivarse, así como otros puntos del oriente y occidente del país.

Campamentos de respuesta

El titular del ICF precisó que en algunas áreas se han establecido campamentos temporales para que las brigadas puedan iniciar sus labores desde temprano, dada la complejidad del terreno y la magnitud de los incendios activos.

Con respecto al Parque Nacional Celaque, las autoridades estiman que se ha requerido la participación de hasta mil personas por día en diferentes momentos del operativo. Esto ha significado un costo operativo significativo, ya que, según Ramírez, solo en salarios y jornadas de trabajo se ha registrado una inversión aproximada de 1,2 millones de lempiras en cuatro días.

Intervención de las Fuerzas Armadas

El impacto ambiental es relevante: las autoridades señalan la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la afectación a fuentes de agua que nacen en esta zona protegida, considerada clave para el abastecimiento hídrico de comunidades cercanas.

Además de Celaque, el país ha registrado múltiples incendios forestales en los últimos días. Las Fuerzas Armadas de Honduras comunicaron que el fin de semana participaron en el combate y control de al menos 15 incendios activos en varios departamentos, incluidos Francisco Morazán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Olancho y Cortés.

Entre las zonas afectadas se incluyen Tatumbla, Santa Rosa de Copán, Zamorano, Gracias a Dios, Valle de Jamastrán y Santa Lucía, lo que refleja la extensión del fenómeno en gran parte del territorio nacional.

En lo que va de 2024, las Fuerzas Armadas han intervenido en el control de 304 incendios forestales, que han consumido más de 3.600 hectáreas, movilizando a más de 4.800 efectivos militares en tareas de prevención y combate del fuego.

Las autoridades del ICF indicaron que se investigan las causas del incendio en San Manuel, Lempira, para identificar responsabilidades y determinar si hubo intervención humana, en un contexto en el que la falta de denuncias ciudadanas sigue representando un obstáculo para la judicialización de estos delitos ambientales.

Actualmente, los equipos de emergencia continúan las labores en el Parque Nacional Celaque con la esperanza de contener el fuego en los próximos días y evitar mayores daños a uno de los principales pulmones forestales de Honduras.

El Gobierno de Honduras decidió modificar temporalmente las actividades académicas en el sistema educativo público en respuesta a la intensa ola de calor y los problemas de contaminación ambiental que afectan a distintas regiones del país centroamericano.

La Secretaría de Educación informó este domingo que los centros educativos gubernamentales implementarán jornadas reducidas y clases virtuales durante la presente semana, como respuesta a las alertas emitidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), organismo encargado del monitoreo climático y de emergencias en Honduras.

La disposición fue oficializada mediante la circular CIR-025-SE-2026, emitida por el Despacho Ministerial, donde se establecen medidas excepcionales para resguardar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo ante el incremento de las temperaturas y el deterioro de la calidad del aire registrado en varios sectores del territorio hondureño.

De acuerdo con las autoridades educativas, los lunes 11 y martes 12 de mayo las actividades académicas deberán desarrollarse bajo horario reducido en todos los centros educativos gubernamentales, manteniendo la planificación ya establecida por cada institución.

Virtualidad parcial

Posteriormente, del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, las clases pasarán a modalidad virtual para disminuir la exposición de la población estudiantil a las condiciones climáticas extremas que afectan al país.

La Secretaría de Educación explicó que durante las jornadas virtuales se priorizarán actividades académicas esenciales para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza sin comprometer el bienestar de los alumnos.

Este ajuste se produce en un contexto de altas temperaturas que han impactado a varias naciones de Centroamérica en las últimas semanas. En Honduras, autoridades de gestión de riesgos han advertido sobre sensaciones térmicas elevadas, exposición prolongada al calor y riesgos respiratorios derivados de la contaminación ambiental y la presencia de humo en algunas zonas.

Especialistas advierten que niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias figuran entre los grupos más vulnerables ante estas condiciones, motivo por el cual diversas instituciones públicas han comenzado a adoptar acciones preventivas.

Medidas de seguridad

Respecto a los centros educativos privados y no gubernamentales, la Secretaría de Educación señaló que cada institución deberá evaluar sus condiciones de infraestructura antes de determinar si mantiene las clases presenciales en horario normal.

Entre los aspectos que deberán revisarse se encuentran la ventilación adecuada de las aulas, la disponibilidad de agua potable y la implementación de medidas de protección para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Aquellos centros que cuenten con ambientes seguros podrán continuar operando con normalidad. Las instituciones que no reúnan las condiciones necesarias deberán adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud de la comunidad educativa.

La circular también instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales a supervisar el cumplimiento de las disposiciones y garantizar que las medidas sean comunicadas correctamente en todos los centros educativos del país.

Honduras enfrenta cada año temporadas de altas temperaturas y sequías prolongadas, fenómenos que en los últimos años se han intensificado debido a los efectos del cambio climático. Organismos internacionales han advertido que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables a eventos climáticos extremos, situación que ha comenzado a impactar sectores clave como la educación, la salud y el abastecimiento de agua.

Un nuevo incremento en la tarifa eléctrica se perfila en el horizonte económico de Honduras, generando preocupación tanto en los hogares como en el sector empresarial.

Expertos y representantes del rubro energético advierten que la próxima revisión tarifaria podría traducirse en un aumento de hasta un 20%, lo que supondría un golpe significativo al bolsillo de los consumidores en un contexto ya marcado por la inflación y el encarecimiento del costo de vida.

El posible ajuste estaría vinculado a la revisión trimestral que realiza la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, entidad encargada de establecer la estructura tarifaria en el país.

De concretarse esta proyección, el incremento duplicaría el alza aplicada recientemente durante el segundo trimestre de 2026, lo que refleja una tendencia sostenida al encarecimiento del servicio energético.

El empresario del sector, Samuel Rodríguez, advirtió que los indicadores actuales no son favorables para los usuarios finales.

Según explicó, los costos operativos del sistema eléctrico han aumentado considerablemente, lo que obligaría a la CREE a reflejar esta realidad en el nuevo pliego tarifario que entrará en vigencia durante los meses de julio, agosto y septiembre.

“Este aumento se va a ver reflejado en el pliego tarifario que viene para los próximos meses. Hay incrementos por el costo del combustible y por la generación térmica; la proyección que estamos viendo es de hasta un 20%”, señaló Rodríguez, destacando que la situación responde principalmente a factores externos que escapan al control del país.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de abril ya se encuentra vigente un ajuste tarifario autorizado por la CREE, el cual elevó el precio máximo promedio de la energía eléctrica de 4.81 a 5.32 lempiras por kilovatio hora (kWh), lo que representó un incremento del 10.49%.

Este aumento impactó directamente en la factura mensual de los usuarios, marcando el inicio de un año complicado en materia energética.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, este ajuste respondió a una combinación de factores técnicos y variaciones en el mercado internacional, que encarecieron tanto la generación como la distribución de la energía en los primeros meses del año.

El principal detonante de este escenario es la fuerte dependencia que tiene Honduras de la generación térmica, la cual utiliza combustibles derivados del petróleo, como el búnker y el diésel.

Cuando los precios internacionales del crudo aumentan, el costo de producción de energía se eleva de manera automática, generando un efecto en cadena que termina trasladándose al consumidor final.

En los últimos meses, la volatilidad en los precios del petróleo ha sido impulsada por tensiones geopolíticas y ajustes en la producción global, lo que ha reducido el margen de maniobra de la ENEE.

El mecanismo de revisión trimestral se convierte así en una herramienta clave, pero también en una fuente de incertidumbre para los usuarios, ya que es en este proceso donde se trasladan las variaciones de costos acumuladas.

En un escenario de constantes alzas, esto podría traducirse en incrementos recurrentes que afecten la capacidad de pago de las familias hondureñas.

Actualmente, la estructura tarifaria establece un cargo básico mensual de 59.31 lempiras para los hogares.

En cuanto al consumo, los usuarios que utilizan hasta 50 kilovatios hora al mes pagan un costo de 4.40 lempiras por unidad; sin embargo, quienes superan ese límite deben pagar 5.73 lempiras por cada unidad adicional, lo que incrementa significativamente la factura en hogares con mayor demanda energética.

Por otro lado, el sector industrial y comercial enfrenta una estructura distinta. Las grandes empresas y fábricas deben asumir cargos fijos mensuales que oscilan entre los 2,668 y 6,670 lempiras, aunque el costo por unidad de energía es menor, situándose en alrededor de 3.50 lempiras por kilovatio hora.

Esta diferenciación busca mantener la competitividad del sector productivo, aunque no lo exime del impacto general de los aumentos.

El alumbrado público también forma parte de esta estructura, con un costo mensual de 68.67 lempiras por lámpara, y un precio de 4.50 lempiras por unidad de energía consumida.

El Congreso Nacional se prepara para discutir y aprobar un paquete de reformas penales orientadas a fortalecer el combate contra la criminalidad organizada en Honduras, incluyendo la posible declaratoria de las maras y pandillas como grupos terroristas y el endurecimiento de penas para delitos relacionados con la extorsión.

Las reformas, impulsadas a solicitud de la Secretaría de Seguridad, ya avanzaron a segundo debate legislativo y podrían ser aprobadas la próxima semana si logran el respaldo mínimo de 65 diputados en el pleno.

La iniciativa contempla modificaciones a ocho artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, en medio del aumento de preocupación por la violencia vinculada a estructuras criminales dedicadas a extorsión, sicariato y control territorial en distintas regiones del país.

Uno de los cambios más relevantes se enfoca en el delito de extorsión. Según las reformas planteadas al artículo 273 del Código Penal, las penas pasarían de 15 a 20 años de prisión para quienes sean hallados culpables de este delito.

Además, el proyecto establece la aplicación de cadena perpetua en casos donde la víctima fallezca como consecuencia de actos vinculados a la extorsión, lo que representaría uno de los endurecimientos más severos del marco penal hondureño en los últimos años.

Maras y pandillas bajo figura de terrorismo

Otro de los puntos centrales del paquete legislativo es la reforma al artículo 587 del Código Penal, mediante el cual determinadas estructuras criminales podrían ser catalogadas formalmente como organizaciones terroristas.

De aprobarse la modificación, el Estado tendría mayores herramientas jurídicas para investigar, judicializar y sancionar a integrantes de maras y pandillas bajo esquemas legales utilizados contra estructuras terroristas y crimen organizado transnacional.

Integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso argumentan que las reformas buscan responder al crecimiento de delitos violentos y fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de seguridad y justicia.

El diputado José Sabillón, miembro de dicha comisión legislativa, destacó que las medidas forman parte de una estrategia dirigida a enfrentar delitos que continúan afectando a comerciantes, transportistas y ciudadanos en diferentes zonas urbanas del país.

El proyecto también incorpora nuevas disposiciones destinadas a facilitar investigaciones criminales. El artículo tres del dictamen establece que empresas y organizaciones públicas y privadas estarán obligadas a proporcionar información requerida por las autoridades competentes cuando existan investigaciones relacionadas con estructuras criminales o delitos graves.

La propuesta ha generado debate entre sectores jurídicos y defensores de derechos humanos, quienes insisten en la necesidad de garantizar controles judiciales claros para evitar posibles abusos o vulneraciones a derechos fundamentales.

El abogado penalista Hermes Ramírez advirtió que cualquier ampliación de facultades investigativas debe mantenerse dentro de los límites constitucionales y respetar garantías procesales.

Reformas Código Penal

El paquete legislativo también incluye modificaciones al artículo 237-A del Código Procesal Penal, relacionado con medidas de protección para grupos vulnerables.

Aunque el Congreso aún no detalla el alcance completo de esos cambios, organizaciones vinculadas a seguridad y justicia señalan que las reformas podrían fortalecer mecanismos de protección para víctimas y testigos en procesos ligados al crimen organizado.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), resaltó que cualquier reforma penal debe acompañarse de fortalecimiento institucional, investigación científica y depuración dentro de los organismos encargados de aplicar la ley.

Medidas antiextorsión

Las reformas surgen en un contexto donde Honduras continúa enfrentando altos niveles de violencia asociados a maras, pandillas y redes de extorsión que operan especialmente en zonas urbanas.

En los últimos años, distintos gobiernos han impulsado estados de excepción, operativos militares y endurecimiento de penas como parte de las estrategias de seguridad pública, aunque expertos han advertido que las soluciones requieren también inversión social, prevención y fortalecimiento del sistema judicial.

Mientras el Congreso se prepara para la votación definitiva, el debate se mantiene entre quienes consideran necesarias medidas más severas contra el crimen organizado y quienes alertan sobre posibles riesgos de ampliar excesivamente el poder punitivo del Estado.

La irregularidad de las lluvias y el incremento de las temperaturas mantienen en alerta al sector agrícola hondureño. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) advirtió que varias zonas del país enfrentarán condiciones climáticas adversas durante el ciclo de primera 2026, por lo que llamó a los productores a modificar sus prácticas de siembra para reducir pérdidas en cultivos de granos básicos.

La coordinadora de la Unidad de Cambio Climático de la SAG, Tirsa Espinoza, afirmó que la institución colabora con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en el análisis de las perspectivas climáticas para los próximos meses. El objetivo es anticipar medidas que permitan proteger la producción agrícola y la seguridad alimentaria de miles de familias.

Según las proyecciones oficiales, departamentos como Valle, Choluteca, el sur de Francisco Morazán y La Paz registrarían una disminución considerable de lluvias, acompañada de temperaturas más elevadas y una canícula prolongada durante julio, uno de los períodos más críticos para los cultivos.

Las autoridades recomendaron evitar la siembra de maíz en esas zonas, ya que este cultivo requiere mayores niveles de humedad y podría verse severamente afectado por la falta de agua.

En contraste, el frijol aparece como una alternativa más resistente para enfrentar las condiciones previstas, ya que posee un ciclo de producción más corto y menor demanda hídrica.

Espinoza destacó la necesidad de tomar decisiones preventivas: “Si las lluvias disminuyen y las temperaturas aumentan, los productores deben tomar decisiones preventivas para no perder sus cosechas”.

Almacenamiento preventivo

Uno de los principales llamados de la SAG es aprovechar las lluvias de mayo y junio para almacenar agua que pueda utilizarse posteriormente durante la canícula.

Las autoridades advierten que julio podría convertirse en el mes más seco del período lluvioso, lo que incrementaría el riesgo de pérdidas agrícolas, especialmente en zonas del Corredor Seco.

Como parte de las medidas preventivas, la SAG ya inició la distribución de bonos tecnológicos destinados a pequeños productores, que incluyen semillas mejoradas, asistencia técnica e insumos agrícolas para enfrentar mejor la variabilidad climática.

La institución también mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para ajustar recomendaciones de siembra en diferentes regiones del país.

Olancho mantiene condiciones favorables

A diferencia de otras zonas del territorio nacional, el departamento de Olancho presenta un panorama climático más estable para el próximo ciclo agrícola.

De acuerdo con las proyecciones revisadas por la SAG, esa región mantendría niveles de lluvia dentro de parámetros normales durante julio, permitiendo el desarrollo de cultivos de maíz y frijol sin mayores restricciones.

No obstante, especialistas advierten que la situación climática puede variar rápidamente debido a los efectos asociados al cambio climático y al fenómeno de El Niño en Centroamérica.

FAO y Naciones Unidas impulsan acciones anticipatorias

La preocupación por la sequía trasciende el ámbito nacional. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido sobre el riesgo creciente que enfrenta el Corredor Seco centroamericano por la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas.

En las últimas semanas, Naciones Unidas activó programas de acciones anticipatorias en Honduras, Guatemala y El Salvador para reducir el impacto humanitario de la sequía antes de que la situación evolucione hacia una crisis alimentaria.

Entre las principales recomendaciones de la FAO para Honduras y Centroamérica destacan el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, almacenamiento comunitario de agua, uso de semillas resistentes a la sequía, diversificación de cultivos y apoyo técnico a pequeños productores.

Además, los organismos internacionales insisten en la necesidad de impulsar agricultura climáticamente inteligente, mejorar la gestión de recursos hídricos y ampliar programas de protección social para las familias rurales más vulnerables.

Especialistas alertan que, si las condiciones climáticas continúan deteriorándose, la producción nacional de alimentos podría verse comprometida en los próximos meses, elevando el riesgo de inseguridad alimentaria en miles de hogares hondureños dependientes de la agricultura de subsistencia.

La construcción de tres hospitales financiados con fondos nacionales fue suspendida temporalmente tras la recomendación del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de detener las obras mientras se desarrollan investigaciones sobre su ejecución, confirmó el presidente Nasry Asfura a su regreso al país de una gira internacional.

El anuncio ocurre en el marco del proyecto de ocho hospitales promovido por la administración anterior, de los cuales tres estaban siendo desarrollados con recursos estatales: los centros hospitalarios de Salamá, Ocotepeque y Olancho.

De acuerdo con el mandatario, la suspensión obedece a la necesidad de revisar la viabilidad financiera del proyecto y el uso de los recursos públicos destinados a su construcción.

Transformación sanitaria

Asfura detalló que ejecutar estas obras habría significado comprometer fondos nacionales en un contexto de alta presión presupuestaria sobre el sistema sanitario, lo que —según sus palabras— podría afectar el pago de proveedores, la compra de medicamentos y la cobertura de planillas del sector salud.

“Son proyectos financiados con fondos nacionales que no existen en la disponibilidad real, porque significaría dejar de atender obligaciones urgentes del sistema de salud”, afirmó el jefe de Estado al justificar la paralización.

Órganos de control ordenan suspender obras

El presidente señaló que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas solicitaron detener la construcción de los hospitales mientras se emiten dictámenes definitivos sobre los procesos administrativos y financieros vinculados a los proyectos.

La intervención de estos organismos introduce un nuevo nivel de revisión institucional sobre las obras hospitalarias, propuestas como parte de un plan para expandir la infraestructura sanitaria nacional.

Por su parte, el Gobierno informó que tres de los ocho hospitales proyectados siguen en ejecución, ya que cuentan con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que permite continuar su desarrollo bajo esquemas de cooperación internacional.

Inversión en hospitales públicos

Simultáneamente con la suspensión de las nuevas obras, el Ejecutivo anunció que incrementará la inversión en hospitales en funcionamiento como parte de una estrategia para fortalecer la capacidad de atención del sistema público de salud.

Entre los centros priorizados están el Hospital Escuela, San Felipe, Leonardo Martínez, El Tórax, así como los hospitales de El Progreso y Puerto Cortés, considerados piezas esenciales en la red hospitalaria nacional.

La administración central sostiene que este enfoque busca “mejorar la operatividad de los centros existentes” ante las limitaciones presupuestarias y la necesidad de garantizar la atención inmediata a la población.

La suspensión de los proyectos reaviva el debate sobre planificación y sostenibilidad de la infraestructura hospitalaria en Honduras, en un contexto en el que el sistema de salud enfrenta retos como el abastecimiento de medicamentos, la sobrecarga hospitalaria y la falta de personal especializado en ciertas regiones por ende se deben fortalecer las gestiones financieras.

Mientras autoridades fiscalizadoras avanzan en sus investigaciones, el destino de los tres hospitales permanece en pausa, a la espera de los dictámenes técnicos y legales que determinarán si las obras podrán retomarse o reconfigurarse dentro de una nueva planificación estatal que permita soluciones.

El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias vuelve a tensarse tras nuevas denuncias del gremio sobre incumplimientos administrativos, atrasos salariales y presuntas irregularidades laborales que afectan a centenares de profesionales de la salud en el sistema público.

En un oficio dirigido al ministro de Salud por investidura, Nasry Asfura Zablah, y a los viceministros Ángel Eduardo Midence y José Miguel Castillo, la dirigencia médica planteó su preocupación por la falta de avances en compromisos previamente acordados con la Secretaría de Salud.

El documento, recibido oficialmente el pasado 8 de mayo en Casa Presidencial y en las oficinas de Salud, expone una serie de problemáticas que, según el CMH, continúan deteriorando las condiciones laborales de los médicos y generando incertidumbre dentro de hospitales y centros asistenciales del país.

Uno de los principales reclamos está relacionado con los retrasos en el pago de salarios. El Colegio Médico aseguró que más de 600 profesionales siguen esperando desembolsos pendientes, una situación que catalogue como crítica por el impacto económico para los trabajadores y sus familias.

La organización gremial afirma que, pese a reuniones previas y mesas de diálogo instaladas con autoridades sanitarias, aún no han resuelto varios casos de médicos que permanecen sin recibir pagos completos o con trámites administrativos paralizados.

Nombramientos pendientes y denuncias laborales

El CMH denunció además que numerosos nombramientos revisados y aprobados técnicamente siguen sin oficializarse, dejando a médicos en una condición laboral inestable en el sistema sanitario público.

Según el gremio, esta demora administrativa impide que muchos profesionales tengan certeza sobre sus plazas, funciones y derechos laborales, aunque algunos procesos ya se discutieron y consensuaron en instancias técnicas.

A estos reclamos salariales se añaden señalamientos sobre traslados de personal realizados sin acuerdos entre las partes involucradas. El Colegio Médico sostiene que estas acciones vulneran derechos laborales y generan descontento entre los trabajadores de la salud.

El documento también reporta denuncias relacionadas con presuntos malos tratos, hostigamiento laboral y acciones de persecución desde algunas jefaturas administrativas, situaciones que el gremio considera afectan el ambiente de trabajo en diferentes dependencias sanitarias.

Otro de los puntos denunciados por los médicos es la supuesta dificultad para obtener comprobantes de pago y documentación administrativa en varios centros hospitalarios, lo que complica los trámites personales y laborales de los profesionales afectados.

Gremio advierte posibles medidas

En el oficio enviado a las autoridades, el Colegio Médico advirtió que podría adoptar acciones gremiales en las próximas semanas si no se atienden las demandas.

La dirigencia médica indicó que no esperará hasta junio para reaccionar ante la acumulación de problemas laborales y administrativos que, según recalcan, siguen sin respuesta concreta por parte de la Secretaría de Salud.

La tensión entre el CMH y las autoridades sanitarias es persistente. En los últimos años, el gremio ha realizado constantes reclamos relacionados con pagos atrasados, contratación de personal, abastecimiento hospitalario y condiciones laborales en la red pública de salud.

El nuevo episodio emerge, además, en un contexto de múltiples desafíos para el sistema sanitario hondureño, como la alta demanda de atención médica, limitaciones presupuestarias y presión sobre hospitales públicos en distintas regiones.

Mientras tanto, cientos de médicos siguen a la espera de soluciones administrativas y financieras que permitan normalizar sus condiciones de trabajo dentro del sistema nacional de salud.

La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, confirmó que la comisión ya concluyó la fase de audiencias públicas y ahora trabaja en la depuración definitiva de candidatos, después de varias semanas marcadas por entrevistas, evaluaciones y análisis de perfiles.

Según la parlamentaria, la nómina final estará integrada por tres postulantes para cada una de las seis vacantes disponibles en ambos órganos electorales, considerados piezas clave de cara a los próximos procesos democráticos del país.

La decisión ocurre en un contexto político sensible, luego de la crisis institucional que dejó vacíos significativos dentro de las estructuras electorales tras destituciones, renuncias y fallecimientos de funcionarios.

Reestructuración electoral

Dos de las plazas vacantes corresponden al Consejo Nacional Electoral. Una de ellas quedó disponible tras la destitución del exconsejero Marlon Ochoa, removido mediante juicio político porque el Congreso concluyó que incurrió en acciones que afectaron el proceso electoral de 2025.

La segunda vacante surgió por la renuncia de la exconsejera suplente Karen Rodríguez, quien dejó el cargo en medio de las discusiones legislativas relacionadas con el juicio político impulsado contra funcionarios electorales.

En el caso del Tribunal de Justicia Electoral, las vacantes ascienden a cuatro. Una corresponde al fallecimiento de la magistrada Mirian Barahona. Las otras tres quedaron libres tras la destitución de Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos ellos magistrados propietarios y suplentes del organismo.

Las salidas simultáneas de varios funcionarios provocaron una reconfiguración urgente de las instituciones encargadas de administrar y resolver controversias electorales, lo que incrementó la presión sobre el Congreso para concretar nombramientos consensuados.

Criterios evaluados

El proceso de selección inició oficialmente el 21 de abril, cuando el Poder Legislativo abrió la convocatoria pública para recibir postulaciones de profesionales interesados en integrar los órganos electorales.

En total, 101 hondureños presentaron su documentación para participar en el proceso. Posteriormente, la comisión especial encabezada por el diputado Antonio Rivera Callejas realizó una primera depuración que redujo la cifra a 54 aspirantes.

Ese grupo avanzó a la etapa de audiencias públicas, donde los postulantes expusieron sus propuestas, experiencia profesional y criterios sobre transparencia electoral, independencia institucional y fortalecimiento democrático.

Para concretar la elección de las nuevas autoridades se requerirá mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos de los diputados, un requisito que históricamente obliga a negociaciones entre las principales fuerzas políticas del país.

Posibles cambios ampliarían la lista de candidatos

El escenario podría modificarse en los próximos días ante la posibilidad de nuevas ausencias temporales dentro del Consejo Nacional Electoral.

El diputado Antonio Rivera Callejas reveló que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López podrían solicitar permisos al Congreso Nacional, situación que abriría espacios interinos adicionales dentro del CNE.

Si esas solicitudes se concretan, la nómina de aspirantes para el órgano electoral podría pasar de seis a 12 candidatos, con el objetivo de contar con reemplazos temporales seleccionados dentro del mismo proceso de evaluación.

Rivera Callejas indicó que la intención de la comisión y de la junta directiva del Congreso es que cualquier sustitución, inclusive si es de carácter provisional, recaiga en personas que hayan sido previamente examinadas y calificadas dentro del mecanismo oficial de selección.

La conformación de las nuevas autoridades electorales mantiene la atención de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, que consideran fundamental este proceso para la estabilidad institucional en el país.

Diversas organizaciones han destacado la necesidad de que los nombramientos respondan a criterios de capacidad, experiencia y transparencia, debido al papel estratégico que desempeñan tanto el CNE como el TJE en la organización, supervisión y resolución de conflictos electorales.

En las próximas semanas, el Congreso Nacional deberá entrar en la etapa de votación definitiva, cuando las bancadas estarán obligadas a construir acuerdos para alcanzar la mayoría calificada requerida por ley.

La elección de los nuevos funcionarios marcará una nueva etapa dentro de los órganos electorales hondureños, en momentos en que el país busca fortalecer sus instituciones y generar mayor confianza en los procesos democráticos venideros.

La prolongada sequía y las temperaturas extremas que azotan el sur de Honduras generan repercusiones en la seguridad alimentaria de miles de familias, especialmente en el departamento de Choluteca, donde organismos internacionales han iniciado acciones de apoyo ante el deterioro de las condiciones de vida en la región.

El alcalde del municipio de Marcovia, Nahúm Cálix, informó que varias localidades del sur del país están siendo intervenidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), debido al impacto de la escasez de lluvias en la producción agrícola, la pesca artesanal y el acceso a alimentos básicos.

Según el edil, Marcovia ya integra los municipios que reciben acompañamiento técnico y asistencia en seguridad alimentaria, mientras que los municipios de El Triunfo y Choluteca serán incorporados a estos programas impulsados junto al sistema de Naciones Unidas.

En el sur de Honduras, la situación climática continúa deteriorándose. En varios sectores de Choluteca, las temperaturas superan los 41 ℃, intensificando la pérdida de cultivos, la reducción de fuentes de agua y las dificultades económicas de cientos de familias que dependen de la agricultura y la pesca.

Emergencia por sequía

Cálix señaló que la emergencia se extiende actualmente a cerca de 200 municipios del país, reflejando la magnitud de la crisis climática que enfrenta Honduras.

“El problema ya no es exclusivo de una zona; prácticamente todo el departamento está siendo golpeado por la falta de agua”, aseguró el jefe municipal, quien agregó que incluso actividades tradicionales como la pesca artesanal han disminuido considerablemente por las condiciones ambientales.

La falta de lluvias amenaza directamente la producción de granos básicos como maíz y frijol, pilares de la dieta hondureña. Según el alcalde, muchos productores no han podido iniciar siembras por la ausencia de humedad en los suelos, lo que podría ocasionar escasez de alimentos y aumento de precios en los próximos meses.

Frente a este panorama, autoridades locales reclaman la urgencia de ejecutar proyectos de infraestructura hídrica y energética para enfrentar los efectos de la sequía. Entre las peticiones se incluye la construcción y finalización de proyectos hidroeléctricos y sistemas de almacenamiento de agua para abastecer tanto el consumo humano como las actividades agrícolas.

La preocupación crece especialmente entre comunidades rurales que dependen de ciclos agrícolas estacionales, las cuales ven reducidas sus posibilidades de producción y sustento económico ante las actuales condiciones climáticas.

Emergencia ambiental en Honduras

A la crisis por sequía se suma el impacto de los incendios forestales que continúan afectando distintas regiones del país. Hasta mayo de 2026, Honduras registra al menos 454 incendios forestales que han destruido más de 18.600 hectáreas de bosque y vegetación.

Las áreas más afectadas incluyen zonas de Francisco Morazán y diversas áreas protegidas, donde el fuego ha provocado daños ambientales severos, pérdida de biodiversidad y deterioro de fuentes hídricas.

Autoridades ambientales han reiterado que más del 90% de estos incendios son provocados por actividades humanas, sobre todo quemas agrícolas descontroladas, negligencia y acciones intencionales.

Especialistas advierten que la combinación de sequía extrema, altas temperaturas e incendios forestales incrementa el riesgo de una crisis ambiental y alimentaria más profunda para Honduras, especialmente en las regiones más vulnerables del país.

Raquel todavía recuerda aquellas noches en las que su mamá la llevaba al patio de la casa para observar las estrellas. Entre conversaciones sobre constelaciones, galaxias y planetas, nació una curiosidad que se transformó en amor por la ciencia y la astronomía.

“Mi mamá hacía que todo pareciera mágico y cercano”, relata Raquel, quien comenzó desde pequeña a sentir fascinación por la astronomía. Esos momentos sencillos, entre charlas y libros sobre el espacio, despertaron una curiosidad que con los años se convirtió en un profundo amor por la ciencia.

Experiencias similares muestran cómo el acercamiento temprano a la ciencia puede despertar vocaciones y cambiar perspectivas. En Honduras, hablar de educación STEAM es abrir oportunidades para que miles de niñas descubran que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas también les pertenecen.

Para la comunicadora y promotora educativa Chasty Ferlo, “La educación STEM no solamente forma profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. También ayuda a formar niñas y niños más creativos, críticos y capaces de encontrar soluciones a los problemas reales de su entorno”.

Aprender haciendo

Desde temprana edad, muchas niñas crecen escuchando frases como “eso es para hombres” o “la ciencia y la tecnología son demasiado difíciles para ellas”. Aunque parezcan comentarios cotidianos, terminan influyendo en la percepción que tienen de sus capacidades y sueños.

Ferlo enfatiza: “Todavía existen muchos estereotipos que terminan influyendo muchísimo en la forma en que las niñas se ven a sí mismas. Muchas crecen sin conocer mujeres científicas, ingenieras o tecnólogas cercanas con las que puedan identificarse”.

Uno de los mayores aportes del modelo STEAM es la transformación de los métodos de aprendizaje. El proceso ya no se limita a memorizar conceptos; ahora se trata de experimentar, explorar y resolver problemas reales.

Las metodologías prácticas permiten que las estudiantes desarrollen pensamiento crítico, creatividad y seguridad en sí mismas. A través de experimentos, proyectos científicos, ferias tecnológicas y actividades colaborativas, las niñas descubren que equivocarse también forma parte del aprendizaje.

Venciendo estereotipos

A pesar de los avances, las niñas hondureñas todavía enfrentan importantes desafíos para acceder plenamente a oportunidades en áreas STEAM.

Uno de los principales obstáculos es la desigualdad en el acceso a recursos educativos de calidad, especialmente en zonas rurales o comunidades con menos oportunidades. La brecha digital limita el acercamiento temprano a la tecnología, ya que muchas estudiantes no cuentan con internet, computadoras o espacios adecuados para explorar herramientas digitales.

“Mucha niñas crecen escuchando que la ciencia, la ingeniería o la tecnología son para hombres y eso poco a poco va debilitando su confianza o su interés”, afirma Ferlo.

La falta de referentes visibles también influye. Cuando las niñas no conocen mujeres científicas, ingenieras o tecnólogas cercanas con quienes identificarse, resulta más difícil imaginarse ocupando esos espacios.

Mujeres que inspiran generaciones

La historia demuestra que las mujeres han sido protagonistas fundamentales en el avance de la ciencia y la tecnología. Referentes internacionales como Marie Curie y Ada Lovelace marcaron un antes y un después en la historia científica mundial.

Honduras también cuenta con mujeres que inspiran desde su propia realidad. La astrónoma María Cristina Pineda de Carías se ha convertido en un símbolo de la ciencia hondureña y en una referencia para nuevas generaciones interesadas en la astronomía y la investigación espacial.

Asimismo, la hondureña María Elena Bottazzi ha destacado internacionalmente por su trabajo científico y su contribución en el desarrollo de vacunas, demostrando que el talento hondureño puede impactar al mundo entero.

Ferlo señala: “Cuando una niña conoce historias de mujeres que hicieron ciencia, innovaron y dejaron huella, empieza a verse reflejada en esos sueños. Ya no siente que la ciencia o la tecnología son algo lejano o imposible”.

Del patio de la casa al observatorio

Muchas vocaciones científicas nacen en momentos cotidianos y profundamente humanos. A veces basta una conversación, una experiencia o una mirada al cielo para despertar la curiosidad.

Historias como la de Raquel reflejan cómo la ciencia puede sentirse cercana y accesible desde edades tempranas. Visitar un observatorio, mirar por primera vez un telescopio o escuchar hablar del universo puede convertirse en el inicio de una pasión que transforme vidas.

“Fue ahí donde realmente nació mi admiración y mi amor profundo por la ciencia”, recuerda la joven.

Transformar Honduras

Honduras enfrenta grandes desafíos en salud, tecnología, medio ambiente, educación e innovación social. Para responder a ellos se necesita todo el talento disponible, incluyendo el de miles de niñas y jóvenes que hoy todavía encuentran barreras para desarrollarse en estos campos.

“Aumentar la participación de mujeres en STEM es clave para Honduras”, sostiene Ferlo. “El país no puede darse el lujo de dejar talento sin descubrir ni sin aprovechar”.

La participación femenina en la ciencia y la tecnología amplía la forma de entender los problemas y permite construir soluciones más inclusivas y cercanas a las necesidades reales.

Hoy, muchas astronautas, ingenieras, médicas y científicas demuestran que las niñas pueden llegar tan lejos como se atrevan a soñar. Y todo puede comenzar con una pregunta, una mirada al cielo o la oportunidad de descubrir que la ciencia también tiene espacio para ellas.

Honduras vivió este sábado una nueva jornada de violencia contra las mujeres luego de que se reportara el hallazgo de dos féminas asesinadas en diferentes departamentos del país, hechos que han generado consternación entre familiares, vecinos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Uno de los casos ocurrió en el departamento de Colón, donde autoridades policiales confirmaron el hallazgo sin vida de Karla Yesenia Peña Cárcamo, de 42 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves.

La mujer fue encontrada muerta en una zona solitaria del sector de La Playa, municipio de Trujillo, específicamente en un área ubicada entre la carretera que conduce hacia Puerto Castilla y comunidades cercanas del litoral atlántico.

De acuerdo con información preliminar, Karla había salido de su vivienda presuntamente para realizar un mandado acompañada de un conocido.

Según el relato brindado por familiares, la víctima le comunicó a una de sus hijas que saldría por un momento, pero nunca regresó a casa.

La madre de la mujer relató que posteriormente el hombre que supuestamente la acompañaba negó haber estado con ella, lo que incrementó la preocupación entre sus allegados, quienes desde entonces iniciaron una intensa búsqueda en distintos sectores del municipio con la esperanza de encontrarla con vida.

El cuerpo de Karla Yesenia Peña Cárcamo fue localizado abandonado en una zona apartada, provocando dolor e indignación entre familiares y pobladores de Trujillo.

La víctima deja en la orfandad a tres hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida violenta de su madre en medio de la incertidumbre sobre las circunstancias del crimen.

Horas antes, otro crimen contra una mujer había sido reportado en el departamento de Yoro, específicamente en la comunidad de El Agricultor, municipio de Olanchito, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Marlen Paguada Rivera, conocida popularmente como “La Pioja”.

El cadáver de la mujer, de aproximadamente 50 años de edad, fue hallado a la orilla de la carretera RN-23 dentro de un costal y amarrado con cabuyas negras en ambos extremos.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del sector observaron un bulto sospechoso abandonado cerca de la carretera y dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.

Minutos después, agentes se desplazaron al lugar y confirmaron que dentro del costal se encontraba el cuerpo de una mujer. Posteriormente, se identificó a la víctima como Marlen Paguada Rivera, residente de la colonia Campo Nuevo, en Olanchito.

Elementos policiales procedieron a acordonar el área para permitir el trabajo de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Con ambos hechos registrados en un mismo día, ya serían dos mujeres asesinadas este sábado en diferentes sectores de Honduras, reflejando nuevamente la grave situación de violencia que afecta a la población femenina.

Las muertes han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas han denunciado reiteradamente el aumento de femicidios y muertes violentas de mujeres en el país, así como la impunidad que rodea muchos de estos casos.

Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), más de 85 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente año, una estadística que mantiene en alerta a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Un ciudadano hondureño de 30 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un tribunal federal de Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de participar en operaciones de narcotráfico relacionadas con metanfetamina y fentanilo, así como por regresar ilegalmente al país tras haber sido deportado anteriormente.

La sentencia fue dictada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle y anunciada por el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Charles Neil Floyd.

El acusado, identificado como Jorge Aguilar Martínez, había sido arrestado en octubre de 2025 durante una operación encabezada por autoridades federales.

Durante la audiencia de sentencia, el juez federal James Robart cuestionó duramente la conducta del hondureño y aseguró que sus acciones estuvieron motivadas únicamente por el beneficio económico, sin considerar las consecuencias mortales que el tráfico de fentanilo genera en miles de familias estadounidenses.

“Las pastillas de fentanilo han demostrado ser letales”, expresó el juez Robart ante el tribunal.

Además, advirtió sobre la facilidad con la que una sola dosis puede causar la muerte. “Es muy fácil conseguir una pastilla de fentanilo que contenga una dosis mortal”, agregó.

Según los documentos judiciales, Aguilar Martínez actuó como intermediario entre un comprador de drogas que colaboraba con las autoridades y varios individuos que afirmaban tener la capacidad de suministrar grandes cantidades de metanfetamina y pastillas de fentanilo.

Las investigaciones revelaron que el hondureño ayudó a coordinar contactos y facilitar negociaciones para concretar la entrega de los narcóticos.

Una vez pactada la operación, agentes federales ejecutaron un operativo en el que arrestaron al acusado y a otros dos presuntos cómplices vinculados a la red criminal.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron aproximadamente 13 kilos de metanfetamina y alrededor de 10,000 pastillas de fentanilo.

Parte de la droga estaba escondida dentro de cajas de cereal, una estrategia utilizada por los traficantes para intentar ocultar el cargamento y evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades federales señalaron que la cantidad de droga incautada representaba un riesgo significativo para la salud pública, especialmente debido al alto nivel de mortalidad asociado al consumo de fentanilo en Estados Unidos.

Los otros dos sospechosos detenidos junto a Aguilar Martínez también enfrentaron cargos federales. Sin embargo, ambos obtuvieron libertad bajo fianza mientras esperaban el desarrollo de sus procesos judiciales.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que los dos habían ingresado ilegalmente a territorio estadounidense y fueron deportados antes de que sus casos avanzaran en los tribunales.

En la petición de sentencia presentada ante la corte, los fiscales solicitaron una condena de cinco años de prisión y describieron el caso como parte de una problemática nacional vinculada al aumento del narcotráfico y la crisis del fentanilo.

“La crisis de las drogas es uno de los desafíos más importantes que enfrenta este distrito y el país entero”, indicaron los fiscales en su escrito judicial.

Asimismo, sostuvieron que la conducta del acusado reflejaba una “total falta de respeto por la ley” y una “indiferencia insensible hacia el bienestar y la seguridad de los demás”.

Aunque Aguilar Martínez no tenía condenas previas por delitos de drogas, el tribunal tomó en consideración que había sido arrestado anteriormente por actividades relacionadas con narcóticos.

El juez Robart también valoró negativamente el hecho de que el hondureño reingresara a Estados Unidos poco tiempo después de haber sido deportado en 2024.

Para el juez, esa acción constituyó una clara muestra de desprecio hacia las leyes migratorias estadounidenses y fue un elemento relevante al momento de definir la pena.

Una vez que cumpla la condena de 54 meses de prisión, Aguilar Martínez deberá permanecer bajo libertad supervisada durante cuatro años en caso de regresar a Estados Unidos.

Las autoridades prevén que sea deportado nuevamente tras finalizar su sentencia.

La investigación del caso fue desarrollada por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mientras que el proceso judicial está siendo dirigido por la fiscal adjunta especial Charlotte Storey, representante del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en tribunales federales.

La muerte violenta de la hondureña Raquel Orellana ha provocado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad migrante en Belice y Honduras, luego de que la mujer fuera asesinada durante un ataque armado dentro del establecimiento donde laboraba como mesera.

El hecho ocurrió la noche del jueves 8 de mayo en una zona comercial de Belice, cuando hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones, según reportes preliminares retomados por medios locales.

Orellana, quien se encontraba trabajando al momento del ataque, recibió impactos de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Las autoridades policiales del vecino país confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron de la escena tras perpetrar el ataque.

Hasta ahora no se ha establecido si la hondureña era el objetivo directo de los agresores o si quedó atrapada en medio de otro acto violento.

Raquel Orellana era originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

Personas cercanas relataron que había emigrado hacia Belice hace algunos años con la esperanza de encontrar mejores oportunidades económicas y brindar apoyo a su familia.

En redes sociales, amigos y conocidos expresaron mensajes de dolor tras conocer la noticia. Muchos la recordaron como una mujer alegre, trabajadora y comprometida con sus seres queridos.

Varias publicaciones destacaron que mantenía comunicación constante con familiares en Honduras y que soñaba con regresar algún día para reunirse nuevamente con ellos.

“Era una muchacha humilde y luchadora, siempre buscaba salir adelante”, escribió una amiga de la víctima en una publicación compartida en plataformas digitales luego de confirmarse su fallecimiento.

La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad hondureña residente en Belice, donde decenas de compatriotas trabajan en restaurantes, bares, comercios y otros negocios relacionados con el turismo y los servicios.

Algunos migrantes manifestaron preocupación por la inseguridad y pidieron mayores garantías de protección para quienes laboran en horarios nocturnos.

De acuerdo con reportes preliminares divulgados por medios beliceños, el ataque armado ocurrió de manera repentina y provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores del establecimiento.

Testigos aseguraron haber escuchado varias detonaciones antes de que los atacantes escaparan del lugar.

Equipos de investigación y agentes policiales acordonaron la escena para recolectar evidencias balísticas y entrevistar a posibles testigos que puedan aportar información sobre el caso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre sospechosos ni posibles móviles del crimen.

El asesinato de Raquel Orellana vuelve a poner en evidencia la difícil situación que enfrentan muchos migrantes hondureños fuera del país.

Aunque miles de compatriotas emigran cada año en busca de empleo y estabilidad económica, muchos terminan desempeñando labores en entornos vulnerables o expuestos a contextos de violencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado en distintas ocasiones que los trabajadores migrantes en Centroamérica suelen enfrentar riesgos relacionados con la inseguridad, la explotación laboral y la falta de protección institucional, especialmente quienes trabajan en negocios nocturnos o actividades informales.

La muerte de la hondureña también ha generado reacciones de solidaridad entre residentes de Puerto Cortés, ciudad donde familiares y vecinos lamentaron profundamente lo ocurrido.

Algunas personas han comenzado cadenas de apoyo para colaborar con los gastos funerarios y los trámites necesarios para repatriar el cuerpo hacia Honduras.

Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han informado oficialmente si brindarán acompañamiento consular a los familiares de la víctima.

Mientras tanto, la investigación continúa en Belice bajo reserva policial. El caso ha despertado indignación entre hondureños dentro y fuera del país, especialmente por tratarse de una mujer migrante que había salido de Honduras en busca de mejores condiciones de vida.

La muerte de Raquel Orellana se suma a otros hechos violentos registrados contra ciudadanos hondureños en el extranjero, situaciones que frecuentemente generan preocupación entre organizaciones migrantes y familiares que permanecen en el país.

La Fuerza Naval de Honduras decomisó en las últimas horas aproximadamente 3 mil 900 galones de combustible que permanecían ocultos en el sector de Cayo Bobel Rock, en el Caribe hondureño, como parte de una operación de vigilancia y control desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo se produjo durante patrullajes estratégicos realizados por personal naval en zonas consideradas sensibles para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico marítimo y el almacenamiento ilegal de combustible.

Las autoridades detallaron que durante la operación fueron encontrados alrededor de 260 bidones que contenían carburante almacenado de manera clandestina y cubiertos con toldos para evitar su detección.

El combustible estaba distribuido en distintos puntos del sector inspeccionado, lo que levantó sospechas entre los elementos militares encargados de la vigilancia en la zona caribeña del país.

Según las Fuerzas Armadas, el operativo fue ejecutado por personal altamente capacitado en tareas de inteligencia y control marítimo, quienes realizaron inspecciones minuciosas hasta confirmar la presencia del combustible oculto.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron de inmediato al aseguramiento del material, aplicando estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos durante el traslado.

Los aproximadamente 3 mil 900 galones decomisados fueron movilizados posteriormente hacia instalaciones del cuerpo de Guardacostas, donde permanecen bajo custodia oficial mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado quiénes serían los responsables del almacenamiento ilegal ni cuál sería el destino final del combustible.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas señalaron que las investigaciones se centran en determinar el origen del carburante y establecer si existe algún vínculo con actividades ilícitas que operan en la región caribeña.

El litoral atlántico de Honduras ha sido históricamente una zona estratégica para operaciones relacionadas con el narcotráfico, tráfico marítimo ilegal y otras actividades criminales transnacionales, debido a su extensa costa y la presencia de sectores de difícil acceso.

En ese sentido, las autoridades consideran que el almacenamiento clandestino de combustible podría estar relacionado con redes dedicadas al abastecimiento de embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas en alta mar.

La Fuerza Naval informó además que como parte del seguimiento operativo está prevista una segunda inspección en el área donde fue localizado el combustible.

El objetivo de esta nueva intervención será ampliar la búsqueda de posibles evidencias adicionales, verificar si existen más depósitos clandestinos y fortalecer las labores de inteligencia en la zona.

Asimismo, las autoridades buscan identificar posibles rutas utilizadas para el transporte del combustible y determinar si existen estructuras criminales operando en el sector.

El decomiso forma parte de las acciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas de Honduras para reforzar la seguridad marítima y proteger las aguas territoriales del país frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.

En los últimos años, la institución militar ha intensificado los operativos navales en el Caribe hondureño mediante patrullajes marítimos, inspecciones costeras y operaciones de inteligencia orientadas a detectar actividades sospechosas.

La Secretaría de Defensa Nacional reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Estado hondureño para garantizar la soberanía marítima y combatir el uso indebido del litoral caribeño.

En Honduras, donde miles de adolescentes enfrentan riesgos de deserción escolar, violencia y falta de oportunidades, el programa Teens Ready, conocido también como Educación “Súper Pilas”, surge como una apuesta para transformar la vida de los jóvenes a través de formación integral y herramientas prácticas para enfrentar la vida adulta.

La iniciativa, impulsada por World Vision Honduras en conjunto con la Secretaría de Educación, fue lanzada oficialmente que busca beneficiar a 25 mil adolescentes de entre 12 y 17 años en los 18 departamentos del país.

A diferencia de un programa académico tradicional, la propuesta tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en áreas que muchas veces quedan fuera del aula: manejo emocional, emprendimiento, ciudadanía, autoestima y preparación para el futuro.

El coordinador del proyecto RISE, Gerson Raudales, indicó que el modelo fue diseñado especialmente para adolescentes que atraviesan etapas vulnerables y que requieren fortalecer habilidades personales y sociales. De acuerdo con su explicación, el programa trabaja cuatro dimensiones principales: salud y bienestar, cultura emprendedora, ciudadanía activa y transformación personal.

“El programa Teens Ready es multidimensional y progresivo. Busca desarrollar habilidades en adolescentes de 12 a 17 años para prepararlos ante situaciones complejas de la vida adulta”, expresó Raudales.

Emociones y realidades

La metodología integra dinámicas prácticas y herramientas emocionales adaptadas a la realidad de los jóvenes hondureños. Una de ellas es el conocido semáforo de las emociones, una técnica que ayuda a los estudiantes a reconocer su estado emocional, identificar situaciones de riesgo y aprender mecanismos para manejar sus emociones de manera saludable, evitando así la deserción escolar.

Para la especialista en educación de World Vision Honduras, Ynéz Martínez, “la permanencia escolar depende en gran medida de que los estudiantes encuentren espacios educativos atractivos y útiles para su vida cotidiana”. Martínez sostiene que muchos jóvenes abandonan el sistema educativo porque no se sienten motivados o perciben que las clases no responden a sus necesidades reales.

Por ello, el programa implementa metodologías participativas en las que los adolescentes no asisten por obligación, sino por motivación propia y con deseos de aprender y desarrollarse.

“El objetivo es que los niños permanezcan y no salgan del sistema educativo”, puntualizó la especialista, quien también resaltó que la iniciativa busca que los mismos jóvenes motiven a otros compañeros a continuar estudiando.

La intención es que los adolescentes no solo mejoren su desempeño académico, sino que también adquieran herramientas concretas para enfrentar retos cotidianos, acceder a oportunidades laborales o emprender proyectos propios en el futuro.

Honduras referente regional

Entre los puntos resaltados por los impulsores, figura el hecho de que el modelo nació en Honduras y actualmente empieza a expandirse a otros países de Centroamérica. Según Raudales, esta metodología ya se replica en Guatemala y El Salvador, haciendo de Honduras un referente regional en programas de formación juvenil.

“Estamos siendo como el país bandera”, destacó el coordinador, quien subrayó que la experiencia hondureña ha demostrado resultados positivos en el fortalecimiento de adolescentes.

Para las autoridades y organizaciones involucradas, esto representa un reconocimiento al trabajo educativo en el país, así como una oportunidad para mostrar que Honduras puede liderar iniciativas innovadoras dirigidas a la juventud.

La expansión de Teens Ready incorpora un componente preventivo ante problemáticas que afectan a miles de adolescentes hondureños, como la violencia, la exclusión social y la falta de oportunidades. Una de las metas para este año es certificar a más docentes y fortalecer una red educativa capaz de brindar acompañamiento integral a estudiantes en contextos vulnerables.

Con alcance proyectado en los 18 departamentos del país, Teens Ready busca demostrar que invertir en habilidades emocionales, sociales y vocacionales puede marcar la diferencia en la vida de miles de adolescentes hondureños que hoy buscan oportunidades para construir un mejor futuro.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este viernes en los actos oficiales de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, ceremonia desarrollada en la ciudad de San José y que reunió a jefes de Estado, representantes diplomáticos y figuras políticas de distintos países del mundo.

La presencia del gobernante hondureño formó parte de la agenda diplomática impulsada por el Gobierno de Honduras para fortalecer las relaciones bilaterales, promover la integración regional y mantener el diálogo político con países aliados de América Latina y otras regiones.

La investidura de la nueva mandataria costarricense se desarrolló en medio de un amplio despliegue de seguridad y contó con la participación de importantes personalidades internacionales, entre ellas Felipe VI, el presidente de Chile, José Antonio Kast; el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente de Israel, Isaac Herzog; el gobernante de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

También estuvieron presentes el primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Michiel Eman; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, así como Kristi Noem en representación del Gobierno de Estados Unidos.

Durante los actos protocolarios, el presidente hondureño sostuvo encuentros y saludos diplomáticos con varias de las delegaciones asistentes, incluyendo conversaciones con Felipe VI, Kristi Noem, el mandatario chileno José Antonio Kasty el expresidente costarricense Rodrigo Chaves Robles.

La ceremonia de traspaso de mando marcó el inicio oficial del nuevo gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado, quien se convirtió en una de las figuras políticas más relevantes de la región centroamericana tras asumir la conducción del Estado costarricense.

En su intervención y declaraciones posteriores al acto oficial, el presidente hondureño destacó la importancia de la cooperación regional y subrayó los lazos históricos de amistad y respeto entre Honduras y Costa Rica.

“Es un honor para Honduras haber sido invitados a este importante momento histórico para el pueblo costarricense. Participar en la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández representa una muestra de la hermandad y el respeto que existe entre nuestras naciones”, expresó Nasry Asfura.

El gobernante hondureño también señaló que la participación en este tipo de encuentros internacionales permite fortalecer espacios de diálogo sobre temas de interés común para la región, especialmente en áreas relacionadas con desarrollo económico, inversión, seguridad y cooperación regional.

“Fue muy grato compartir con líderes y representantes de distintos países del mundo, intercambiando saludos y dialogando sobre los retos y oportunidades que tenemos como región para seguir avanzando en desarrollo, inversión y bienestar para nuestros pueblos”, agregó el mandatario.

La asistencia de Honduras a la toma de posesión fue interpretada como un gesto de acercamiento diplomático con Costa Rica y con otros gobiernos presentes en la ceremonia, en un contexto regional marcado por desafíos económicos, migratorios y de seguridad.

Además de los actos oficiales, las delegaciones internacionales participaron en reuniones protocolares y encuentros bilaterales destinados a fortalecer la cooperación entre países latinoamericanos y organismos internacionales.

La nueva administración costarricense encabezada por Laura Fernández Delgado ha manifestado su intención de impulsar políticas enfocadas en seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional, temas que también ocupan un lugar prioritario en la agenda regional.

Por su parte, el Gobierno hondureño continúa desarrollando una estrategia diplomática orientada a ampliar relaciones con gobiernos aliados y consolidar espacios de cooperación política y económica en América Latina.

La participación de Nasry Asfura en la ceremonia internacional representa una de las actividades diplomáticas más relevantes de su administración en el ámbito regional desde que asumió la presidencia hondureña en enero de 2026.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras expresó su profunda preocupación por el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en el país, luego de contabilizar nueve asesinatos en lo que va del 2026, situación que calificó como un reflejo de la violencia sistemática y la discriminación estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

A través de un comunicado la titular del organismo, la abogada Blanca S. Izaguirre, condenó los recientes crímenes ocurridos en Juticalpa, Olancho, y Nacaome, Valle, donde fueron asesinadas Marcus Noah y Dayana Pavón, respectivamente.

El ente defensor de derechos humanos urgió al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección para frenar la violencia motivada por prejuicio y estigma contra las personas de la diversidad sexual.

“El CONADEH manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en Honduras”, señala el documento oficial.

Según el organismo, los asesinatos registrados este año no son hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia sistemática que coloca a las personas LGBTIQ+, especialmente a las mujeres trans, en una condición de extrema vulnerabilidad.

El comunicado hace énfasis en que Honduras continúa enfrentando serios problemas de discriminación estructural que limitan el acceso a derechos fundamentales para las personas diversas.

“Existe una negación fáctica de derechos y garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ en Honduras”, advirtió el CONADEH, señalando además que persisten patrones de impunidad que invisibilizan a las víctimas y vulneran su derecho a la identidad y a la justicia.

La institución recordó que el Estado hondureño ya ha sido condenado internacionalmente por violaciones a derechos humanos contra personas transgénero.

En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso de Vicky Hernández, mujer trans asesinada durante el contexto de la crisis política de 2009 en Honduras.

Posteriormente, en enero de 2026, también condenó al Estado en el caso de Leonela Zelaya y otra versus Honduras.

Ambas resoluciones establecen la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal sin discriminación por identidad de género, así como investigar con debida diligencia las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra personas LGBTIQ+.

El CONADEH subrayó que las investigaciones relacionadas con este tipo de crímenes deben realizarse con perspectiva de género y evitando cualquier lenguaje discriminatorio o estigmatizante que afecte la dignidad de las víctimas.

“Las autoridades deben abstenerse del uso indiscriminado de lenguaje estigmatizante y cualquier sesgo que desmejore la integralidad de las víctimas a causa de prejuicios sociales y personales”, puntualizó la institución.

Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Mientras tanto, Dayana Pavón perdió la vida en Nacaome, Valle, en otro hecho violento que ha causado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual.

Diversas organizaciones sociales han denunciado en reiteradas ocasiones que la mayoría de asesinatos contra personas trans en Honduras quedan en la impunidad, mientras las víctimas son revictimizadas por prejuicios sociales y falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante este panorama, el CONADEH exhortó al Estado hondureño a garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo defensor concluyó que mientras no existan políticas efectivas de protección, acceso real a la justicia y combate frontal a la discriminación, las personas trans seguirán enfrentando graves riesgos para su vida e integridad en Honduras.

La situación ha generado preocupación entre sectores defensores de derechos humanos, quienes consideran urgente la implementación de acciones concretas para detener la violencia y reducir los niveles de impunidad que históricamente han afectado a la población diversa en el país.

La administración del presidente hondureño Nasry Asfura, continúa consolidando su acercamiento estratégico con Estados Unidos en una etapa marcada por la reorientación de la política exterior del país y la búsqueda de nuevos mecanismos de cooperación económica y de seguridad.

En distintos pronunciamientos y encuentros diplomáticos recientes, el gobierno hondureño ha reiterado su intención de fortalecer las relaciones bilaterales con Washington, al considerar que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial y uno de los aliados políticos más importantes de Honduras.

La estrategia impulsada por la administración Asfura se enfoca en generar confianza para atraer inversión extranjera, fortalecer la cooperación en seguridad regional y ampliar oportunidades de empleo y desarrollo económico.

En ese contexto, el mandatario hondureño ha señalado que su gobierno trabaja en consolidar un clima favorable para la inversión, basado en reglas claras, estabilidad y cooperación internacional.

“La relación con Estados Unidos es fundamental para Honduras. Queremos fortalecer la confianza, atraer más inversión y trabajar juntos en temas prioritarios para el desarrollo del país”, ha reiterado el gobierno en diferentes espacios diplomáticos y políticos.

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa de relaciones exteriores es posicionar a Honduras como un país más competitivo y confiable ante inversionistas internacionales, especialmente en sectores como energía, infraestructura, turismo, agroindustria y generación de empleo.

La administración hondureña también busca reforzar la cooperación con Estados Unidos en temas migratorios y de seguridad regional, en medio de los desafíos que enfrenta Centroamérica relacionados con crimen organizado, narcotráfico y flujos migratorios irregulares.

El acercamiento con Washington ocurre además en un contexto de revisión de la política internacional impulsada por el gobierno anterior, especialmente en temas relacionados con acuerdos comerciales y alianzas estratégicas fuera del continente americano.

Diversos sectores empresariales han respaldado el fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos, argumentando que la estabilidad diplomática y económica puede traducirse en nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para Honduras.

Actualmente, Estados Unidos representa uno de los principales destinos de exportación hondureña y un actor clave en materia de cooperación financiera y asistencia técnica para proyectos de desarrollo.

Dentro de la agenda bilateral también destacan temas relacionados con seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, intercambio comercial y fortalecimiento institucional.

En los primeros meses de gestión, el gobierno de Asfura ha insistido en que Honduras necesita reconstruir la confianza internacional y generar condiciones que permitan dinamizar la economía nacional.

La administración considera que una relación sólida con Washington puede contribuir a mejorar la percepción del país ante organismos internacionales y sectores empresariales interesados en invertir en la región.

Asimismo, el gobierno hondureño ha destacado la importancia de mantener relaciones diplomáticas basadas en la transparencia, la cooperación y el respeto mutuo, como parte de una estrategia para fortalecer la posición de Honduras en el escenario internacional.

Analistas consideran que el acercamiento con Estados Unidos podría convertirse en uno de los pilares de la política exterior de la administración Asfura, especialmente en áreas relacionadas con comercio, seguridad e inversión extranjera.

Aunque las autoridades hondureñas no han anunciado nuevos acuerdos concretos hasta el momento, sí han reiterado que continuarán impulsando una agenda de cooperación y diálogo permanente con Washington.

La apuesta del gobierno, según funcionarios y representantes diplomáticos, es convertir a Honduras en un socio estratégico más sólido para Estados Unidos en Centroamérica, promoviendo estabilidad económica, generación de empleo y fortalecimiento institucional.

Lo que debía ser una jornada de alegría, convivencia y homenaje a las madres terminó convirtiéndose en una tragedia que llenó de dolor a toda una comunidad educativa en la capital hondureña.

Una mujer falleció este viernes de manera inesperada mientras participaba en la celebración del Día de la Madre organizada por el Centro Básico José Trinidad Cabañas, ubicado en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada preliminarmente únicamente como doña Cristina, una madre de familia que acudió al evento escolar junto a otros padres y estudiantes para compartir en las actividades preparadas por docentes y alumnos en honor a las madres hondureñas.

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el ambiente transcurría con normalidad y entusiasmo. En la escuela se realizaban rifas de canastas, dinámicas recreativas, convivios y otras actividades alusivas a la fecha, mientras decenas de niños acompañaban a sus madres durante la celebración.

Sin embargo, en medio del evento la mujer comenzó a sentirse mal y, pocos minutos después, se desplomó repentinamente frente a los asistentes, generando momentos de angustia y desesperación entre quienes intentaron auxiliarla.

Según versiones preliminares, varias personas corrieron para brindarle ayuda mientras otros solicitaban asistencia médica de emergencia.

No obstante, quienes se encontraban en el lugar relataron que la muerte habría sido prácticamente inmediata, ya que la señora no presentaba signos vitales cuando intentaron reanimarla.

Una pariente de la víctima manifestó que doña Cristina aparentemente padecía de una condición cardíaca, por lo que no se descarta que haya sufrido un infarto fulminante.

Sin embargo, también existe la hipótesis de que las altas temperaturas registradas este viernes en la capital hondureña hayan influido en el fatal desenlace.

Serán las autoridades forenses quienes determinen oficialmente la causa exacta del fallecimiento una vez se realicen los procedimientos correspondientes.

La tragedia ocurrió en medio de una intensa ola de calor que afecta gran parte del territorio hondureño y que mantiene en alerta a las autoridades de protección civil y salud debido al riesgo de golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones médicas asociadas a las elevadas temperaturas.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este viernes persistieron las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país, acompañadas además de la presencia de humo y escasas precipitaciones.

El informe meteorológico establece que los departamentos de Choluteca y Valle continúan registrando las temperaturas más elevadas del país, alcanzando máximas de hasta 40 grados centígrados.

Asimismo, Cortés y Santa Bárbara reportan temperaturas de hasta 38 grados, mientras que Colón, Lempira, Olancho y Yoro registran máximas de 35 grados centígrados.

En tanto, departamentos como Francisco Morazán, donde ocurrió la tragedia, mantienen temperaturas cercanas a los 33 grados, acompañadas de una fuerte sensación térmica provocada por la radiación solar y el ambiente seco.

Ante este panorama, Copeco reiteró el llamado a la población para tomar medidas preventivas, especialmente en niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Entre las recomendaciones destacan mantenerse hidratado constantemente, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, utilizar ropa ligera y buscar lugares frescos y ventilados.

El hecho de doña Cristina, también ha reavivado la preocupación sobre los efectos de las altas temperaturas en la salud de la población hondureña, especialmente durante actividades al aire libre o en espacios con alta concentración de personas.

Una nueva denuncia sacude al sector agrícola hondureño. El productor de granos básicos y miembro de Organizaciones Campesinas de Honduras, Darwin Cálix, aseguró este viernes que más de 40 mil quintales de frijol permanecen vencidos en las bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) en Danlí, El Paraíso, debido a presuntas anomalías en el manejo y rotación del producto almacenado.

Según Cálix, el grano fue adquirido en 2023 como parte de la reserva estratégica alimentaria del país, pero hasta la fecha no habría recibido el proceso adecuado de rotación, provocando que perdiera sus propiedades y su grado de cocción.

“Este es un producto que se compró en el 2023. Es una auditoría que hasta este momento no se ha podido concluir, está en proceso. Como pueden ser más, como pueden ser menos, pero sí existe el grano que se adquirió de esa fecha y que no se dio la rotación de vida, eso sí es una realidad”, declaró el dirigente campesino.

La denuncia ha generado preocupación entre productores y sectores vinculados a la seguridad alimentaria, debido a que el IHMA es la institución encargada de mantener reservas estratégicas de granos básicos para responder a emergencias, estabilizar precios y garantizar abastecimiento en momentos de crisis.

Cálix cuestionó que no se haya dado salida o renovación al producto almacenado, pese a que el frijol tiene un tiempo limitado de conservación para mantener su calidad. Aseguró que la pérdida de miles de quintales podría representar un fuerte impacto económico para el Estado y para la población hondureña.

“De manera malintencionada se deja el vencimiento de ese producto para hacer otro negocio. Ese quintal que se compró a 2 mil lempiras, cuando pierde la rotación adecuada, puede terminar vendiéndose hasta en 300 lempiras”, manifestó.

El productor sostuvo que las irregularidades detectadas podrían estar relacionadas con intereses particulares dentro de la cadena de administración y comercialización del grano, aunque aclaró que será la auditoría la que determine responsabilidades y revele qué ocurrió realmente con el producto almacenado.

Asimismo, indicó que todavía no existe claridad sobre el origen exacto de las cosechas adquiridas, ya que se desconoce si el frijol fue comprado a productores nacionales o importado desde Nicaragua.

“Lo que sí debemos tener claro es que cada quintal que se compró, se compró a un costo aproximado de 2 mil lempiras”, señaló.

La situación también reabre el debate sobre el manejo de las reservas alimentarias en Honduras y la capacidad institucional para evitar pérdidas millonarias en productos esenciales para la dieta de la población.

Productores agrícolas consideran que el caso debe investigarse a profundidad, debido a que se trata de alimentos adquiridos con fondos destinados a fortalecer la seguridad alimentaria del país.

En Honduras, el frijol forma parte de los productos básicos de mayor consumo y su precio suele impactar directamente en la economía de miles de familias.

Por ello, dirigentes campesinos pidieron transparencia en el proceso de auditoría y una explicación oficial sobre el estado real de las reservas almacenadas en las bodegas del IHMA.

Mientras tanto, organizaciones del sector agro exigen que se deduzcan responsabilidades si se confirma negligencia o manejo irregular del producto, al considerar que las pérdidas afectarían no solo al Estado, sino también a consumidores y productores nacionales.

El sector agroalimentario hondureño enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años ante el inicio de la siembra de primera, marcada por la incertidumbre climática, la falta de apoyo financiero y el temor a una reducción significativa en la producción nacional de granos básicos.

Así lo advirtió el productor de arroz Ramón Rodríguez, quien alertó que miles de agricultores del país no cuentan con las condiciones necesarias para iniciar el nuevo ciclo agrícola, especialmente en departamentos clave como Olancho y El Paraíso, considerados pilares de la producción de maíz y frijol en Honduras.

Rodríguez explicó que los productores atraviesan una situación crítica debido a la falta de acceso a créditos oportunos y a la inexistencia de un seguro agrícola que les permita proteger sus inversiones frente a fenómenos climáticos extremos.

“No estamos preparados para emprender la siembra de primavera porque no contamos con un financiamiento oportuno, no tenemos acceso a un seguro agrícola y tenemos el fenómeno de El Niño prácticamente cerca”, expresó el dirigente del sector.

La preocupación crece entre los agricultores debido a los pronósticos climáticos que apuntan a la posibilidad de una canícula prolongada, fenómeno que podría afectar gravemente las cosechas de maíz y frijol durante los próximos meses.

Según Rodríguez, esta situación ha llevado a muchos productores a considerar seriamente no sembrar maíz este año, ya que el riesgo de pérdidas económicas sería demasiado alto.

“Todos los productores de Olancho y El Paraíso están considerando no sembrar. No me gusta mandar mensajes negativos, pero es la realidad que estamos pasando”, manifestó.

La amenaza de El Niño representa un golpe adicional para un sector que ya enfrenta dificultades derivadas del aumento en los costos de producción, el encarecimiento de los fertilizantes y las limitaciones de acceso al crédito agrícola.

El productor señaló que actualmente existe expectativa en torno a la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional que permitiría a los agricultores acceder a financiamiento y a un seguro agrícola subsidiado en un 80 % por el gobierno hondureño.

De acuerdo con Rodríguez, este mecanismo sería fundamental para brindar estabilidad y confianza a los productores, quienes año con año quedan expuestos a pérdidas ocasionadas por sequías, exceso de lluvias u otros eventos climáticos asociados al cambio climático.

“El seguro agrícola sería una herramienta clave para que el productor pueda arriesgarse a sembrar sin temor a perderlo todo”, indicó.

En el caso específico de El Paraíso, el panorama genera aún más preocupación debido a la importancia agrícola de la zona. Rodríguez detalló que en ese departamento se cultivan aproximadamente 20 mil manzanas de maíz y unas 11 mil manzanas de frijol, por lo que una reducción en la siembra tendría un impacto directo en el abastecimiento nacional de alimentos.

Municipios enteros podrían verse afectados por la disminución de la actividad agrícola, lo que también implicaría consecuencias económicas para miles de familias que dependen directa o indirectamente de la producción de granos básicos.

Ante la amenaza de sequía, los productores están recomendando priorizar la siembra de frijol en lugar del maíz, debido a que el frijol requiere menos agua y podría soportar mejor los efectos de una canícula prolongada.

Sin embargo, Rodríguez advirtió que incluso el cultivo de frijol enfrenta riesgos si las condiciones climáticas empeoran durante la temporada lluviosa.

El dirigente agropecuario también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la reserva estratégica nacional de granos básicos, especialmente de frijol, producto esencial en la dieta de los hondureños.

A criterio del productor, Honduras mantiene una alta dependencia del mercado nicaragüense para suplir la demanda nacional de frijol, situación que podría convertirse en un problema si Nicaragua también resulta afectada por el fenómeno de El Niño.

“El arroz y maíz se puede importar de Estados Unidos sin problema, pero con el frijol hay que tener más cuidado, porque si Nicaragua también resulta afectada por El Niño, no tendrá excedentes para exportar a países como Honduras”, advirtió.

En una operación de alto impacto que se ha extendido por más de 10 días en las zonas montañosas de Honduras, la Policía Nacional ha logrado propinar golpes contundentes a la estructura criminal autodenominada “Cartel del Diablo”.

El día de ayer 7 de abril, agentes policiales interceptaron en una zona montañosa a Harold Alexander Hernández, apodado “El Descuartizador”.

Su alias no es casual; se le señala por su presunta participación en la muerte y decapitación de una mujer, un acto que ilustra el nivel de ferocidad del cartel. Junto a él fue capturado Selvin Nani Cerón Murillo, alias “Serrucho”, vinculado supuestamente al secuestro previo al homicidio del pastor Núñez.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que las autoridades les decomisaron droga, indumentaria policial, municiones y armas de grueso calibre, ambos detenidos negaron su participación ante los medios locales.

Con rostros serios y tono de voz bajo, Hernández aseguró ser un simple trabajador de hacienda en Sulaco, mientras que Cerón Murillo afirmó vivir en la zona desde niño tras ser abandonado por su madre. Sin embargo, al ser consultado sobre su pertenencia al cartel, “Serrucho” respondió con un ambiguo: “Así dicen”.

A estas capturas se suma la de un tercer integrante fundamental: alias “Calolo”. Identificado por la Policía Nacional como uno de los sicarios más peligrosos de Honduras, “Calolo” habría estado directamente involucrado en la etapa del secuestro del pastor Núñez.

Su arresto en el municipio de Marale representa un avance sustancial, ya que se le considera un ejecutor clave dentro del engranaje de muerte de la organización. Por lo que, estas detenciones marcan un punto de inflexión en la lucha contra una banda que ha sembrado el terror en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Investigaciones preliminares de inteligencia policial sugieren que el “Cartel del Diablo” podría estar vinculado a más de 15 asesinatos recientes en el corredor entre Sulaco y Marale. Aunque el número oficial de víctimas bajo investigación continúa en ascenso, las autoridades presumen que la banda ha ejecutado sistemáticamente a residentes de la zona, pequeños agricultores y personas con influencia social para consolidar su control territorial.

Entre sus víctimas más recientes se encuentran:

• El pastor y cafetalero Óscar Núñez: Secuestrado y posteriormente ejecutado tras una exigencia de rescate de 5 millones de lempiras que su familia no pudo reunir.
• Una mujer (identidad protegida): Cuyo cuerpo fue hallado decapitado, un crimen atribuido directamente a la saña de alias “El Descuartizador”.
• Colaboradores y opositores locales: Se investiga la desaparición de al menos tres personas más en las últimas semanas que habrían tenido conflictos con la banda por tierras o actividades comerciales.

¿Qué es el Cartel del Diablo?

El “Cartel del Diablo” es una estructura criminal que ha mantenido bajo zozobra a los habitantes de Sulaco, Yoro, y municipios aledaños. Bajo el liderazgo de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, el grupo ha sido identificado como una red compacta de al menos 12 integrantes fijos y una red de colaboradores.

Su control territorial se basa en el sicariato y el terror. Según las investigaciones, la organización no solo se dedica al narcotráfico a escala local, sino que mantiene una “guerra sin tregua” contra las autoridades. El líder, “El Diablo”, resultó herido en un enfrentamiento reciente pero logró huir, presumiéndose que se oculta en la espesura de Marale, Francisco Morazán.

La saña con la que opera el Cartel del Diablo no es un caso aislado en el panorama nacional. Mientras las autoridades cercan a estos criminales, organizaciones internacionales como ACNUR han alzado la voz pidiendo apoyo urgente para los más de 400,000 desplazados internos en Honduras.

Muchas de estas familias huyen precisamente de zonas controladas por estructuras como esta, donde la negativa a colaborar o el simple hecho de poseer tierras productivas puede costar la vida. Las operaciones continúan activas para dar con el paradero del líder máximo de la estructura.

Las autoridades guatemaltecas informaron sobre la captura de un ciudadano hondureño que presuntamente intentaba ingresar de manera irregular un millonario cargamento de bebidas alcohólicas al territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos aduaneros y sanitarios establecidos por la ley.

La detención ocurrió durante un operativo de control realizado en la aldea Entre Ríos, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, como parte de las acciones de vigilancia impulsadas por fuerzas de seguridad y autoridades tributarias para combatir el contrabando en las zonas fronterizas del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Jefferson “N”, de 33 años, originario de Honduras.

El hombre se conducía a bordo de un cabezal tipo furgón con placas hondureñas HDM-6927, en cuyo interior transportaba miles de botellas de licor y cerveza de distintas marcas.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), quienes desarrollaban un operativo interinstitucional en la zona cuando detectaron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Según el reporte policial, durante la inspección del vehículo se contabilizaron 94 mil 962 botellas de bebidas alcohólicas y cerveza.

Las autoridades indicaron que la mercadería no contaba con los permisos aduaneros correspondientes ni con el registro sanitario exigido para su distribución y comercialización dentro del territorio guatemalteco.

La falta de estos documentos levantó las sospechas de las autoridades, quienes procedieron a consignar tanto el cargamento como al conductor para iniciar las diligencias legales correspondientes.

Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) participó en la evaluación del producto decomisado y estimó el valor total de la mercadería en 238 mil 586.40 Quetzales, equivalentes a 31 mil dólares, una cifra considerable que refleja el impacto económico que este tipo de actividades ilícitas puede representar para el Estado.

Las autoridades señalaron que el contrabando continúa siendo uno de los principales desafíos en las regiones fronterizas de Guatemala, especialmente en puntos cercanos a Honduras y México, donde constantemente se reportan intentos de ingreso ilegal de mercancías sin el pago de impuestos respectivos.

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas sin controles sanitarios puede convertirse en un riesgo para la salud pública, ya que las autoridades no pueden garantizar el origen, almacenamiento ni las condiciones de distribución de los productos.

La PNC destacó que los operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad, autoridades aduaneras y entidades tributarias forman parte de una estrategia permanente para frenar las estructuras dedicadas al contrabando y otros delitos transnacionales.

En los últimos meses, las autoridades guatemaltecas han incrementado los controles en carreteras, puertos y puestos fronterizos con el objetivo de detectar mercancías que ingresan sin autorización legal.

Entre los productos más incautados figuran bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicamentos, productos electrónicos y alimentos.

De igual manera, la institución policial reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas en distintos puntos del país para identificar rutas utilizadas por redes dedicadas al comercio ilícito.

Tras la captura, Jefferson “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el origen exacto de la mercadería y establecer si existen otras personas involucradas en el presunto intento de contrabando.

El cabezal y el cargamento quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes realizarán los procedimientos administrativos y judiciales respectivos.

Los equipos de Huawei instalados en Honduras están bajo revisión por parte del gobierno del presidente Nasry Asfura, quien evalúa reemplazarlos por tecnología de Cisco Systems en el marco de conversaciones activas con Washington.

La medida forma parte de un examen más amplio de los acuerdos firmados con China por la administración anterior, que en 2023 rompió relaciones con Taiwán para reconocer a Pekín, según explicó en una entrevista en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, el miércoles y retomada por Bloomberg.

Asfura explicó que el país necesita revisar todos los compromisos heredados antes de tomar una decisión definitiva sobre sus vínculos con Asia. El gobierno sostiene que requiere equipos de comunicaciones con sistemas antifraude y antiterrorismo de última generación, y que su alineación con Estados Unidos resulta muy interesante para el análisis de esas tecnologías.

La apuesta por Washington y el distanciamiento de Pekín

Durante la campaña electoral de 2025, Asfura prometió romper con Pekín y restablecer relaciones con Taipéi, argumentando que Honduras recibía más ayuda y comercio cuando mantenía vínculos formales con Taiwán.

Desde su asunción en enero, ha recibido el respaldo de Donald Trump y participó en la cumbre Shield of the Americas de marzo, junto a Nayib Bukele y Javier Milei.

Honduras se encuentra dentro de una tendencia regional impulsada desde la Casa Blanca. La administración Trump ha instado a gobiernos de toda América Latina para reconsiderar sus lazos con China: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que Milei está “comprometido con sacar a China de Argentina”, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a funcionarios chilenos de comprometer la seguridad regional al negociar un cable submarino con destino a territorio chino, destaca la nota de Bloomberg.

El antecedente más directo está en Panamá, donde la embajada estadounidense anunció el año pasado la sustitución de equipos Huawei en trece emplazamientos “para contrarrestar la influencia maligna de China en todo nuestro hemisferio”, al tiempo que tropas de ambos países realizaban ejercicios conjuntos.

Inversión privada y señales al mercado financiero

En el plano económico, Asfura aseguró que empresas estadounidenses de los sectores textil y manufacturero que habían considerado retirarse del país decidieron quedarse y comprometer hasta USD 600 millones en mantener y ampliar operaciones, tras percibir una mejora en el clima de negocios.

“Buscamos fortalecer la mejor relación posible con los países aliados que resulte más beneficiosa para Honduras”, declaró en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills.

“Como presidente, es mi deber buscar países aliados con los que podamos tener un mayor volumen de comercio e inversión”, reiteró

El gobierno también se reincorporó al mecanismo de solución de controversias del Banco Mundial, del cual la administración anterior se había retirado, y recortó el presupuesto de 2026 mientras aumenta las reservas de divisas del banco central.

Deuda externa, FMI y calificación crediticia

Honduras enfrenta un bono de USD 700 millones con vencimiento en enero de 2027. Los títulos del gobierno acumulan un rendimiento de 2,7% en lo que va del año, y los diferenciales del bono de 2034 cayeron a mínimos históricos en abril.

Asfura detalló que buscará aprovechar esa mejora para acceder a los mercados globales antes del vencimiento, con la posibilidad de recaudar hasta USD 550 millones para modernizar la infraestructura de la empresa eléctrica estatal. El gobierno también estudia refinanciar el bono de 2034.

El 11 de mayo, el presidente se reunirá con el Fondo Monetario Internacional al cierre de su visita al país. Hay dos revisiones pendientes del programa de préstamos vigente que, de aprobarse, liberarían USD 240 millones.

Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) visitará Honduras a finales de año; en marzo ya mejoró la perspectiva del país de negativa a estable y confirmó su calificación de BB-.

“Nuestras reservas han mejorado, estamos reduciendo el déficit fiscal y reduciendo el tamaño del Estado”, afirmó Asfura. “Estamos dando confianza a los inversionistas”.

El Gobierno de Honduras presentó este jueves un balance de los primeros meses de administración del presidente Nasry Asfura, resaltando acciones en materia de seguridad, infraestructura, salud, educación y manejo financiero, como parte del informe denominado “¿Cómo vamos?”, expuesto desde Casa Presidencial.

Durante la comparecencia, el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, afirmó que la administración actual trabaja en reorganizar el funcionamiento del Estado y recuperar la confianza de sectores que, según señaló, se había deteriorado en años anteriores.

“Nosotros llegamos a hacer lo contrario. Llegamos a poner orden. Pagamos deudas que durante años impidieron que el Estado funcionara. Recuperamos la confianza con la empresa privada. Nos pusimos al día con proveedores. Cumplimos con los empleados públicos”, expresó el funcionario.

Entre los principales anuncios, Argueta destacó el pago del 89 % de la deuda pendiente con las municipalidades, equivalente a más de 2,338 millones de lempiras. Asimismo, indicó que el gobierno logró cancelar alrededor de 11 mil millones de lempiras en deuda flotante acumulada por administraciones anteriores.

El informe también resaltó un aumento superior al 72 % en el presupuesto asignado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), medida que, según el Ejecutivo, busca fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización en el país.

En el área de seguridad, el gobierno informó que durante estos primeros meses se ejecutaron más de 272 mil acciones policiales a nivel nacional, entre capturas, decomisos y operativos dirigidos contra estructuras criminales.

“Tomamos una decisión clara: seguridad con firmeza, pero con respeto al Estado de derecho”, manifestó Argueta al referirse a las estrategias implementadas por las autoridades de seguridad.

El funcionario también aseguró que el gobierno destinó cientos de millones de lempiras para amortiguar el impacto del incremento en los precios de los combustibles y subsidiar parcialmente la factura energética de miles de familias hondureñas.

En infraestructura, el Ejecutivo afirmó que ya fueron rehabilitados más de 1,600 kilómetros de carreteras de los 2,700 proyectados para esta primera etapa de administración. Además, se impulsa un programa nacional de fortalecimiento municipal y descentralización para mejorar la capacidad de respuesta de las alcaldías.

Dentro del sector agroalimentario, Argueta indicó que se avanzó en la entrega de títulos de propiedad y en programas de apoyo para productores nacionales, con el objetivo de incrementar la capacidad exportadora del país y fortalecer la producción local.

En salud, las autoridades aseguraron que se logró mejorar el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y reducir parte de la mora quirúrgica acumulada en distintos centros asistenciales.

Mientras tanto, en educación, el gobierno destacó que más de 1.7 millones de estudiantes continúan en las aulas y que actualmente se encuentran en producción millones de textos escolares. Además, se mencionaron mejoras salariales para el sector docente.

El informe gubernamental también incluyó cifras relacionadas con el turismo interno. Según Argueta, durante el reciente feriado de Semana Santa se registró un crecimiento superior al 52 % en la movilización turística nacional, lo que calificó como una señal positiva para la economía.

“Hoy, lo más importante no son estos 100 días. Lo más importante es lo que viene. En las próximas semanas Honduras comenzará a ver resultados concretos”, concluyó el secretario de Comunicaciones.

La presentación del informe ocurre en medio de las expectativas generadas por el inicio de la administración de Nasry Asfura, quien ha insistido en que su gobierno buscará priorizar la infraestructura, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional.

Aunque el Gobierno sostiene que ha realizado diversos cambios en materia de inversión, empleo y apertura al diálogo con el sector privado, todavía existen problemas estructurales que no pueden resolverse en los primeros 100 días de gestión.

Así lo expuso la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, al realizar un balance preliminar del inicio de la administración.

La representante del sector empresarial detalló que ha habido acercamiento con el Ejecutivo para revisar medidas dirigidas a la reactivación económica, pero insistió en que los principales desafíos del país requieren procesos más largos y reformas profundas.

Gallardo indicó que el sector privado ha sostenido reuniones con el presidente de la República para analizar acciones consideradas positivas para la inversión y la generación de empleo.

Entre los puntos destacados mencionó la reactivación del Régimen de Importación Temporal (RIT), una medida que, según dijo, involucra a unas 190 empresas que generan empleo a nivel nacional y que operan bajo este esquema para facilitar sus procesos productivos y de exportación.

Sumó a esto la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que, desde su perspectiva, envía señales de mayor seguridad para la inversión extranjera.

Derechos laborales

En materia laboral, la presidenta del Cohep valoró la aprobación del salario mínimo y la implementación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, medidas que contribuyen a dinamizar el mercado laboral y ampliar oportunidades de contratación.

Señaló además una mayor apertura del Gobierno hacia los sectores productivos, lo que considera un factor clave para mejorar la confianza empresarial y atraer inversión.Pese a los avances mencionados, Gallardo enfatizó que existen problemas estructurales que trascienden cualquier periodo corto de gobierno.

Uno de los principales desafíos identificados es el sector energético, al que calificó como un problema histórico que arrastra altos niveles de pérdidas, estimados en alrededor del 36 % desde el año anterior. Esta situación aún no ha sido resuelta y continúa afectando la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

A esto se suma el incremento en los costos de producción, influenciado por factores externos como la volatilidad en los precios internacionales del petróleo y las tensiones en regiones como el Medio Oriente, factores que han provocado alzas en el combustible con un impacto directo en la economía local.

Seguridad jurídica

La presidenta del Cohep también señaló la seguridad jurídica como otro de los puntos clave, un tema que, afirmó, viene arrastrándose desde hace varios años y que no puede resolverse en el corto plazo.

Subrayó que la estabilidad de las reglas del juego es fundamental para fomentar la inversión, tanto nacional como extranjera, y para garantizar la continuidad de los proyectos productivos en el país.A este respecto, consideró necesario que el Gobierno mantenga la atención en este tema como parte de una estrategia de largo alcance.

Salud y medicamentos

En su evaluación, la líder empresarial reconoció avances en el sector salud, especialmente en el acceso a medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica en hospitales públicos.

No obstante, advirtió que aún existen desafíos importantes en la red hospitalaria y en la calidad de los servicios, dificultades que, al igual que en otros sectores, tienen un origen estructural y requieren más tiempo y recursos para ser atendidas de manera integral.

El balance presentado por el sector privado refleja una posición intermedia: reconocimiento a las acciones iniciales del Gobierno en materia de inversión y empleo, pero también advertencias sobre problemas estructurales que continúan afectando la competitividad del país.

En este contexto, Anabel Gallardo reiteró la importancia de mantener el diálogo entre el sector público y privado como una vía para construir soluciones sostenibles.

Aunque los primeros 100 días han mostrado señales de apertura económica, el empresariado insiste en que los principales desafíos de Honduras —energía, seguridad jurídica y costos de producción— requieren reformas profundas y sostenidas en el tiempo para lograr un impacto real en el desarrollo del país.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para respaldar a Honduras en la atención de las más de 423.000 personas desplazadas por la violencia y los desastres naturales, una problemática que continúa golpeando a miles de familias en el país centroamericano.

En una entrevista concedida a EFE en Tegucigalpa, la representante de Acnur en Honduras, Kathryn Lo, advirtió que el fenómeno del desplazamiento forzado interno no puede ser enfrentado únicamente por el Estado hondureño, sino que requiere una respuesta integral y coordinada entre autoridades, organismos internacionales, comunidades y sociedad civil.

“Creo que es un trabajo que realmente requiere la colaboración de las comunidades y el Estado en todos sus niveles; la cooperación internacional, las comunidades afectadas, toda la sociedad, porque es un fenómeno que realmente afecta a todo el país”, expresó la funcionaria.

Las declaraciones de Lo se producen en un contexto marcado por el aumento de los desplazamientos causados tanto por la violencia criminal como por eventos climáticos extremos que afectan recurrentemente a Honduras, uno de los países más vulnerables de América Latina frente a fenómenos naturales.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, unas 423.845 personas, equivalentes al 4,5 % de la población hondureña, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en algún momento de sus vidas debido a amenazas, extorsiones, persecución de grupos criminales o desastres naturales.

Para Acnur, la oficialización de estas cifras representa un avance significativo, ya que permite dimensionar con mayor claridad la magnitud de una problemática que durante años permaneció invisibilizada.

Kathryn Lo destacó que detrás de cada número existe una historia humana marcada por el dolor, la incertidumbre y la pérdida.

La representante insistió en que las estadísticas deben ser interpretadas como una llamada urgente a la acción para fortalecer las políticas de prevención y protección.

“Detrás de estas cifras debemos recordar que hay personas. Cada número representa a un niño o niña que tuvo que abandonar su escuela, o a un padre y una madre que tomaron la difícil decisión de salir de su hogar para proteger a su familia”, enfatizó.

El desplazamiento forzado interno afecta principalmente a mujeres y jóvenes. De acuerdo con Acnur, alrededor del 55 % de las personas desplazadas son mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, amenazas o persecución.

Asimismo, cerca del 38 % corresponde a jóvenes de entre 15 y 34 años, un sector altamente vulnerable ante el reclutamiento por estructuras criminales y la exclusión social.

La situación se vuelve aún más compleja en zonas rurales y comunidades apartadas, donde las familias desplazadas enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios básicos, atención médica, educación y oportunidades laborales.

Uno de los principales desafíos señalados por Acnur es la implementación efectiva de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, aprobada por Honduras en 2022.

Aunque la normativa fue considerada un paso histórico en el reconocimiento del problema, su aplicación aún enfrenta importantes retrasos.

La representante de Acnur indicó que es urgente aprobar el reglamento de la ley y activar el fondo de asistencia humanitaria contemplado en la normativa para garantizar atención inmediata y soluciones duraderas a las víctimas.

“Muchas instituciones del Estado están trabajando en la respuesta y en la prevención, pero hay mucho más que pueden hacer, por ejemplo, avanzar con la política nacional de prevención del desplazamiento forzado”, señaló Lo.

Acnur también alertó sobre la situación de unas 163.000 personas que viven una doble vulnerabilidad.

Se trata de familias que huyen de la violencia y terminan instalándose en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos u otros riesgos climáticos, o personas afectadas inicialmente por desastres naturales que luego quedan expuestas a contextos de inseguridad y criminalidad.

Ante este escenario, la agencia de Naciones Unidas considera indispensable diseñar respuestas diferenciadas que integren asistencia humanitaria, protección y estrategias de desarrollo sostenible.

La situación de las mujeres desplazadas es otro de los aspectos que más preocupa al organismo internacional.

Muchas de ellas enfrentan riesgos de violencia sexual, explotación y discriminación, especialmente cuando deben movilizarse hacia comunidades desconocidas o asentamientos improvisados.

Por ello, Acnur insiste en la necesidad de crear servicios seguros y accesibles, particularmente en áreas rurales, donde las limitaciones de infraestructura y atención estatal son mayores.

En el caso de la niñez, la agencia advirtió que el desplazamiento incrementa los riesgos de abandono escolar, exclusión educativa y reclutamiento forzado por grupos criminales.

La falta de escuelas seguras y programas de apoyo psicológico profundiza el impacto emocional y social sobre miles de menores.

Una mujer identificada como Helen Dayanara Martínez Luna murió en las últimas horas en el barrio Las Brisas, en La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán, luego de presuntamente consumir bebidas energizantes combinadas con otra sustancia aún no determinada por las autoridades.

El caso ha generado conmoción entre vecinos y familiares de la víctima, quienes relataron que la hondureña fue vista consumiendo bebidas energéticas poco antes de comenzar a presentar complicaciones de salud.

De acuerdo con versiones preliminares, Martínez Luna, de entre 32 y 34 años, comenzó a sentirse mal repentinamente, por lo que personas cercanas decidieron trasladarla de emergencia a un centro asistencial de la zona.

Sin embargo, al momento de su ingreso, el médico personal confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras hipótesis manejadas por vecinos y autoridades apuntan a que la mujer habría mezclado bebidas energizantes con otra sustancia todavía desconocida, situación que ahora es investigada por Medicina Forense.

Inicialmente, algunas personas especularon que la víctima pudo haber ingerido las conocidas “pastillas para curar frijoles”, un producto altamente tóxico utilizado en zonas rurales y asociado a varios casos de intoxicación en Honduras.

No obstante, los médicos descartaron preliminarmente esa teoría debido a que el cuerpo no presentaba señales características de intoxicación por cianuro, entre ellas el fuerte olor en el aliento que suele detectarse en este tipo de envenenamientos.

Ante las dudas sobre las verdaderas causas de la muerte, especialistas indicaron que será la autopsia la que determine oficialmente qué produjo el fallecimiento de Helen Dayanara Martínez Luna.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares permanecen a la espera de los resultados forenses para reclamar el cuerpo y realizar las honras fúnebres.

El caso se volvió un despertar preocupación en Honduras por el consumo indiscriminado de bebidas energizantes, especialmente cuando son combinadas con alcohol, medicamentos u otras sustancias.

Especialistas han advertido en múltiples ocasiones que este tipo de mezclas puede provocar alteraciones graves en el organismo, principalmente a nivel cardiovascular y neurológico.

Las bebidas energizantes contienen altos niveles de cafeína, azúcar y compuestos estimulantes que pueden acelerar el ritmo cardíaco, elevar la presión arterial y generar sobrecarga en el sistema nervioso.

Aunque millones de personas consumen estos productos de manera cotidiana, los médicos sostienen que ingerirlos en exceso o mezclarlos con otras sustancias puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir complicaciones de salud.

En Honduras ya se han reportado otros casos de muertes relacionadas de forma preliminar con el consumo de bebidas energéticas.

Uno de los casos que más impacto generó ocurrió en 2023, cuando el hijo de la exdiputada Marlen Alvarenga falleció presuntamente tras ingerir una bebida energética días antes de sufrir un paro cardíaco.

Ese hecho provocó que el Congreso Nacional conformara una comisión especial para investigar posibles vínculos entre determinadas bebidas energizantes y varias muertes registradas en el país.

Sin embargo, en muchos de esos casos no existieron resultados forenses concluyentes que permitieran establecer responsabilidades directas.

Médicos y especialistas señalan que cada organismo reacciona de manera diferente ante este tipo de productos y que factores como enfermedades preexistentes, la mezcla con alcohol o sustancias ilícitas y el exceso de consumo pueden influir en desenlaces fatales.

La muerte de Helen Dayanara Martínez Luna también provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron preocupación por el creciente consumo de bebidas energizantes entre jóvenes y adultos.

Algunas personas pidieron campañas de prevención y mayores controles sobre estos productos, mientras que otras insistieron en la importancia de evitar combinaciones peligrosas.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso y esperan que los resultados de Medicina Forense permitan esclarecer completamente qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento de la hondureña en Copán.