Honduras transita 2026 con un panorama económico marcado por tensiones estructurales que se reflejan tanto en los indicadores macroeconómicos como en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Aunque la inflación muestra señales de moderación en comparación con años anteriores, el alto costo de vida, la inestable situación laboral y la fuerte dependencia de las remesas continúan definiendo el pulso económico del país.

En mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la realidad económica se percibe sin necesidad de estadísticas. “Antes con 500 lempiras podía comprar los alimentos de la casa, ahora necesito casi el doble”, relata María López, comerciante en la capital, mientras atiende su pequeño negocio.

El encarecimiento de alimentos esenciales como maíz, frijoles, aceite, huevos y productos lácteos ha sido sostenido. “Aunque no siempre se trata de aumentos abruptos, sí existe una tendencia constante que afecta la capacidad de compra de los hogares”.

Economistas explican que la desaceleración de la inflación no implica una reducción de precios, sino simplemente un menor ritmo de aumento, mientras que el estancamiento salarial, especialmente en sectores de bajos ingresos, ha generado una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Alta Informalidad

Uno de los rasgos más persistentes de la economía hondureña es la alta informalidad laboral. Más del 70 % de los trabajadores se desempeña en este sector, sin acceso a seguridad social, contratos formales o estabilidad de ingresos.

Carlos Méndez, conductor de mototaxi, comenta sobre la situación de millones de hondureños: “Uno trabaja desde la mañana, pero no hay seguro, no hay estabilidad. Si no salgo, no gano o no como, entiende”.

Este tipo de empleo, aunque permite generar ingresos inmediatos, está marcado por la incertidumbre. Los ingresos dependen del día a día, sin garantías frente a enfermedad, accidentes o crisis económicas.

La informalidad actúa como red de contención frente al desempleo y, al mismo tiempo, limita el desarrollo económico del país. Esta situación reduce la base tributaria, dificulta la planificación estatal y perpetúa condiciones de desigualdad.

Otro caso es el de Ana Rodríguez, quien asegura que gracias a las remesas tiene un ingreso: “Mi hijo está en Estados Unidos desde hace cinco años. Sin lo que él manda, no podríamos pagar ni la comida ni los estudios de los niños”-

Los envíos de dinero desde el exterior no solo permiten cubrir necesidades básicas, sino que también tienen un efecto multiplicador en la economía. Impulsan el comercio local, dinamizan la construcción de viviendas y sostienen pequeñas economías comunitarias.

En muchas zonas, especialmente rurales, las remesas marcan una diferencia clara entre los hogares que logran estabilidad y aquellos que permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad. Sin embargo, esta dependencia también representa una de las principales debilidades del modelo económico hondureño.

Las remesas están sujetas a factores externos, en particular la situación económica y política de Estados Unidos, donde reside gran parte de la diáspora.Carlos López, experto en finanzas, detalla que: “Las remesas son un alivio, pero también reflejan la falta de oportunidades internas. Es una economía que depende de lo que pasa fuera”, explicó.

Ahora, ante cualquier cambio en políticas migratorias, condiciones laborales o ciclos económicos en ese país podría impactar directamente en los ingresos de miles de familias hondureñas.

Desafíos Sociales

Entre los principales desafíos destacan la generación de empleo formal, el fortalecimiento del aparato productivo y la atracción de inversión.Sectores como la agroindustria, la manufactura y los servicios ofrecen oportunidades, pero requieren condiciones adecuadas: infraestructura, seguridad jurídica, acceso a financiamiento y formación técnica.

Algo que, desde la visión del nuevo gobierno en Honduras, consideran de alta importancia para atraer la inversión y generar empleos.

La realidad cotidiana se moldea en decisiones diarias: ajustar gastos, buscar ingresos adicionales o depender del apoyo familiar en el extranjero son estrategias habituales en miles de hogares.

Para muchos hondureños, la estabilidad económica no depende de políticas internas, sino del dinero que llega cada mes desde otro país. Honduras avanza en 2026 sobre un equilibrio delicado. Las remesas sostienen el consumo, la informalidad absorbe la falta de empleo formal y la población se adapta a un entorno económico complejo.

El asesinato de Bryan Joshiney Ramírez, un joven de 28 años, ha intensificado el debate sobre la violencia armada y la impunidad en zonas urbanas de alta concurrencia en Honduras.

El hecho, cometido el fin de semana frente a un bar en la colonia Castaños Sur, no solo dejó al descubierto la brutalidad del crimen, sino que expuso el grado de organización y audacia con el que operan los grupos criminales. La ejecución incluyó el robo del teléfono de la víctima y una llamada posterior en la que uno de los sicarios respondió a los familiares con burla, diciendo: “Allá te lo dejamos tirado”.

El impacto social se refleja en la reacción tanto de vecinos como de comerciantes de la colonia Castaños Sur, quienes temen que episodios similares continúen ocurriendo y pongan en riesgo a quienes frecuentan espacios públicos para socializar. Organizaciones civiles han remarcado la necesidad imperiosa de reforzar la seguridad y controlar la circulación de armas de fuego en la capital.

Expertos en criminología urbana advierten que el tipo de ataque ejecutado con múltiples disparos, la utilización de indumentaria policial falsa y la intimidación directa a familiares, pone en evidencia la consolidación de mafias o pandillas capaces de operar con logística avanzada y un alto grado de impunidad en entornos concurridos.

La escena del crimen reveló la magnitud del ataque: las autoridades registraron al menos 27 casquillos de bala en el lugar y confirmaron que los autores vestían pasamontañas y ropa similar a la policial para simular un operativo, acercándose a Ramírez sin levantar sospechas.

Tras dispararle en repetidas ocasiones en la entrada del establecimiento, los agresores huyeron con su teléfono, incrementando la sensación de inseguridad entre clientes y transeúntes del bulevar Morazán. Este método recuerda otros homicidios recientes en Tegucigalpa, donde la usurpación de la imagen policial ha sido utilizada para perpetrar asesinatos de manera sigilosa y efectiva.

En este contexto de violencia sistemática, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que Bryan Joshiney Ramírez, presuntamente, tenía antecedentes por tráfico de drogas en 2025, dato que incorpora una línea adicional a la investigación.

Por el momento, las autoridades no han determinado si el crimen obedece a disputas personales o a la acción de redes criminales articuladas. Lo cierto es que la combinación de la planificación, el robo del celular y la llamada en tono de burla ha sido interpretada como una muestra de la deshumanización que preocupa a la sociedad hondureña.

La Policía Nacional y la DPI han incrementado los operativos preventivos y patrullajes en la zona y otras áreas de vida nocturna, buscando no solo dar con los responsables del asesinato, sino también restablecer la percepción de control entre la población.

El proceso judicial se sustenta en la recopilación de pruebas materiales y testimoniales, incluyendo el análisis de grabaciones de videocámaras y la investigación del dispositivo robado. La Fiscalía hondureña ha enfatizado la relevancia de estas pruebas para identificar y procesar a los autores materiales, a fin de frenar la escalada de homicidios en la ciudad.

La crisis de seguridad en Honduras persiste, con elevadas cifras de asesinatos cometidos en urbes densamente pobladas como Tegucigalpa. Casos recientes han replicado el patrón de agresores que logran escapar rápidamente tras sus ataques, lo que dificulta la respuesta policial y mantiene altos los niveles de temor entre los residentes.

La difusión de imágenes y videos en redes sociales, que suelen documentar la crudeza de estos hechos, refuerza la percepción de vulnerabilidad y afecta también la actividad comercial en zonas céntricas.

La respuesta pública y oficial a este crimen evidencia la tensión entre la necesidad de medidas de control inmediatas y el desafío estructural que representa el combate al crimen organizado. La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el asesinato y detener a los autores materiales, mientras la sociedad demanda resultados tangibles y protección efectiva ante el avance de la delincuencia en los espacios comunes de la capital.

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- Las autoridades de Honduras han incautado más de 26 toneladas de cocaína en lo que va de 2024, informó este viernes el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.

En una ceremonia de ascensos en la Policía Nacional, en la ciudad de La Paz, en el oeste del país, Sánchez destacó "los avances en la lucha contra el crimen organizado en Honduras", que incluyen "la incautación de más de 26 toneladas de cocaína, la destrucción de más de 11 millones de arbustos de coca y el retiro de más de 15.000 armas de fuego de las calles".

Agregó que los logros se han alcanzado con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia policial fue encabezada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien resaltó que durante su mandato, que inició el 27 de enero de 2022, "la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han propinado golpes contundentes al narcoestado que heredamos en el régimen anterior, incautando la mayor cantidad de toneladas de droga en los últimos años y destruyendo miles de hectáreas de plantaciones y laboratorios de droga".

Castro dijo además que al terminar su mandato, el 27 de enero de 2026, "la membresía policial alcanzará los estándares recomendados de las Naciones Unidas", de 300 policías por cada 100.000 habitantes.

El titular de Seguridad expresó que con los nuevos elementos que se han incorporado a la Policía Nacional, la cifra asciende a 21.500, de los que el 25 % son mujeres.

Según Sánchez, en 2024 se ha registrado el índice de violencia criminal más bajo en los últimos 20 años, aunque la percepción de diversos sectores difiere con las cifras oficiales.

Según organismos de derechos humanos, en el país se registran a diario entre diez y doce homicidios, a pesar de un estado de excepción parcial, temporal, que fue declarado en diciembre de 2022.

El estado de excepción ha sido nuevamente extendido, hasta enero de 2025, lo que ha generado críticas entre la oposición política, que ha advertido que el próximo año no apoyará más ampliaciones porque la medida oficial no ha dado los resultados esperados por los hondureños.

Al respecto, Castro también dijo en la ceremonia de la Policía Nacional, que "el bipartidismo -de los centenarios partidos Nacional y Liberal- que durante doce años y siete meses fue aliado de la narcodictadura, ha anunciado por medio de sus diputados en el Congreso Nacional, que no apoyará el estado de excepción".

"Desde este día los hago responsables de que la delincuencia aproveche esta circunstancia para segar vidas de personas inocentes", recalcó la mandataria. EFE