Reyna Angélica Marroquín, una joven salvadoreña de 27 años, se convirtió en el centro de uno de los misterios criminales más impactantes de Estados Unidos cuando, en 1999, las autoridades encontraron su cuerpo momificado dentro de un barril oculto en el sótano de una casa en Jericho, Nueva York, tres décadas después de su asesinato en 1969.

La historia revela una trama de secretos, engaños y un crimen que permaneció oculto durante años, sorprendiendo tanto a la policía como a la opinión pública estadounidense.

Según informa el sitio Medium, el caso salió a la luz cuando los propietarios de una vivienda, situada en un barrio residencial de Nueva York, descubrieron un barril de 208 litros (55 galones) que había permanecido sellado.

Dentro del recipiente, la policía halló los restos momificados de una mujer joven, junto con un feto y varios objetos personales, entre ellos una libreta de direcciones y una dentadura postiza poco común. De acuerdo con el análisis forense, citado por Medium, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un objeto contundente.

Un barril, una fábrica y los lazos que guiaron la investigación

La investigación se enfocó rápidamente en la procedencia del barril. El recipiente, utilizado originalmente para transportar tinte en 1965, presentaba marcas que lo vinculaban con Melrose Plastics, una fábrica de flores artificiales con sede en Manhattan.

Este vínculo resultó crucial para los detectives, quienes también lograron identificar a la víctima como Reyna gracias a un número de Seguro Social encontrado en la libreta. La salvadoreña había emigrado de El Salvador y trabajaba tanto como niñera como en la fábrica, donde conoció a Howard B. Elkins, el propietario de Melrose Plastics.

Según Medium, ella y Elkins mantuvieron una relación extramatrimonial. Este dato se volvió aún más relevante cuando los análisis de ADN confirmaron que Elkins era el padre del feto hallado junto a los restos de la joven.

El empresario, que había vendido la fábrica y se había mudado a Boca Ratón, Florida, en 1972, fue localizado e interrogado por la policía, aunque se mostró poco colaborativo.

El 10 de septiembre de 1999, tras ser informado de que las pruebas genéticas lo vinculaban directamente con el caso, Elkins se quitó la vida de un disparo autoinfligido.

Las hipótesis policiales y el impacto social del caso

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la policía sospecha que Elkins asesinó a Reyna en su apartamento o la llevó a la fábrica antes de trasladar el cuerpo a la casa.

El plan inicial habría sido deshacerse del barril en el mar, pero el peso del recipiente impidió que pudiera moverlo, por lo que decidió esconderlo en el sótano de la vivienda. La policía nunca logró interrogarlo en profundidad sobre los detalles del crimen, ya que Elkins se suicidó poco después del hallazgo.

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el testimonio de la madre de Marroquín en El Salvador. Según relató a las autoridades, poco antes de conocerse la verdad, había soñado que su hija estaba atrapada en un barril, una premonición que estremeció incluso a los investigadores.

Este detalle sumó un elemento casi sobrenatural a una historia ya de por sí sobrecogedora.

Según el citado medio, la historia ha sido llevada a la televisión en programas como The New Detectives, Murder Book, NYPD Blue, Forensic Files y Grave Secrets, todos ellos citados por Medium, lo que ha mantenido vivo el interés público y el debate sobre la justicia y la memoria de las víctimas.

La fachada de la casa número 1426 en la calle F de Sacramento, California, prometía un oasis de tranquilidad.

Rosas cuidadas en el jardín, el aroma a café recién hecho y una anciana de cabello canoso, lentes grandes y gestos dulces que parecía encarnar la definición misma de la caridad.

Dorothea Puente era, ante los ojos del vecindario, una santa que abría las puertas de su pensión a los desahuciados, a los que la sociedad prefería no mirar.

Pero tras esa máscara de abuela bondadosa se escondía una de las asesinas en serie más frías de Estados Unidos. Y en el centro del fin de su imperio del terror quedó atrapada la historia de un costarricense: Álvaro González Montoya.

Conocido por todos como “Bert”, Álvaro era un hombre de alma noble atrapado en una mente atormentada. Su viaje hacia el norte había comenzado décadas atrás, en la calidez de su natal Costa Rica. A los 16 años, cargado de los sueños típicos de la adolescencia y acompañado por su familia, Bert se mudó a los Estados Unidos buscando un futuro mejor.

Sin embargo, el destino tenía preparados caminos sinuosos. Con el paso del tiempo, el diagnóstico de problemas severos de salud mental, incluyendo psicosis, fragmentó su realidad. El desarraigo, la enfermedad y la falta de un sistema de apoyo fuerte terminaron por arrastrarlo a donde tantos otros caen: la dura vida en las calles de Sacramento.

Para 1988, a sus 52 años, Bert era un rostro familiar en los márgenes de la ciudad. No tenía hogar, pero mantenía una vulnerabilidad infantil que despertaba el instinto protector de quienes lograban conocerlo de verdad. Fue en ese estado de indefensión cuando su trabajadora social creyó encontrar la solución perfecta.

La pensión de Dorothea Puente gozaba de una reputación intachable entre las organizaciones de asistencia; era el techo ideal para un hombre que necesitaba medicación, comida caliente y un entorno seguro. Bert llegó a la casa de la calle F buscando un hogar, sin saber que caminaba directo hacia su propia tumba.

Una matemática macabra: Cócteles de sueño, cal y flores

La rutina de Dorothea era tan macabra como matemática. Detectaba a inquilinos vulnerables, ancianos, enfermos o personas solas cuyos reclamos nadie escucharía, se ganaba su absoluta confianza y luego los eliminaba de manera silenciosa. El arma no eran pistolas ni puñales, sino potentes cócteles de pastillas para dormir mezclados con la comida o la bebida.

Una vez que las víctimas caían en un sueño eterno, Puente procedía a enterrar sus cuerpos en el patio trasero, cubriéndolos con cal para mitigar el olor y sembrando flores encima.

El motivo era fríamente económico: clonar sus identidades, falsificar sus firmas y seguir cobrando los cheques de ayuda social que el Estado les enviaba mes a mes. El cheque de Bert era solo un número más en la contabilidad de la muerte de la anciana.

Pero Dorothea cometió un error de cálculo con el costarricense. Bert no estaba tan solo como ella pensaba. Judy Moise, una consejera de extensión de la organización Volunteers of America, se había encariñado profundamente con el tico y seguía de cerca su caso. Cuando Bert desapareció de la noche a la mañana en noviembre de 1988, la alarma se encendió en la mente de la trabajadora social.

Al acudir a la pensión, Moise se topó con la ensayada amabilidad de Dorothea, quien, sin parpadear, inventó una mentira: Bert se había ido a México a visitar a unos familiares. La explicación no encajaba con el comportamiento del costarricense. La insistencia y la sospecha de Moise fueron tan implacables que la policía de Sacramento no tuvo más remedio que intervenir.

Los agentes llegaron a la propiedad y, guiados por el persistente olor a descomposición y la tierra removida del jardín, comenzaron a excavar. Lo que encontraron horrorizó al país entero. Debajo de los parterres de flores y los senderos perfectos de Dorothea, las autoridades desenterraron los restos de siete personas. Bert Montoya fue uno de los últimos en ser asesinado, y su cuerpo fue hallado en el patio, confirmando la peor de las pesadillas.

Puente huyó temporalmente, pero fue capturada días después en Los Ángeles. En 1993, tras un extenso y mediático juicio que desnudó los fallos del sistema de protección social, la “abuelita asesina” fue condenada por tres de los asesinatos incluido el de Bert y recibió cadenas perpetuas consecutivas. Murió tras las rejas en 2011, a los 82 años, por causas naturales.

Hoy, la historia de Bert Montoya ha recorrido el mundo gracias al primer episodio de la serie documental de Netflix Worst Roommate Ever (“El peor inquilino del mundo”).

A través de la pantalla, el nombre de Álvaro ya no es solo el de una cifra en un expediente criminal, sino el recuerdo de aquel muchacho de 16 años que un día dejó Costa Rica y cuya trágica muerte, paradójicamente, salvó a futuros inquilinos al destapar el horror que crecía en el jardín de Sacramento.

El calendario marca una fecha sombría para la sociedad dominicana. Este sábado 6 de junio se cumplen cuatro años desde aquel fatídico lunes en el que las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se convirtieron en el escenario de una tragedia inconcebible. Orlando Jorge Mera, un hombre conocido por su temperamento conciliador y su estricto apego a la ley, cayó abatido en su propio despacho.

Lo impensable no fue solo el crimen en un recinto estatal, sino la mano que apretó el gatillo: Fausto Miguel Cruz de la Mota, alias “Carandai”, un amigo de la infancia, alguien que compartía con la víctima décadas de vivencias y una confianza que terminó de la manera más cruel.

Aquella mañana, el Palacio de Medio Ambiente operaba con la rutina burocrática de siempre hasta que los disparos rompieron la calma. La investigación posterior demostró que no hubo arrebato, sino una fría planificación. “Carandai” acudió a la institución con una agenda clara y un arma oculta.

El motivo detrás del magnicidio causó indignación nacional: la negativa del ministro a ceder ante el tráfico de influencias. Jorge Mera se había opuesto firmemente a otorgar permisos ilícitos para la exportación de 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A., debido a que la compañía no cumplía con los requisitos ambientales exigidos por la ley dominicana. Cumplir con su deber le costó la vida.

Tras descargar el arma contra su amigo, el asesino sumó un capítulo inverosímil a la tragedia: huyó del lugar y se refugió en una iglesia para confesarse con un sacerdote, a quien le entregó la pistola utilizada en el crimen. Pocos momentos después de ese intento de redención religiosa, las fuerzas del orden lo capturaron.

Un legado que vive en la memoria familiar y social

El camino hacia la justicia civil tuvo su punto culminante el 27 de abril de 2023. En esa fecha, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictó una sentencia ejemplar al condenar a Fausto Miguel Cruz de la Mota a la pena máxima de 30 años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

Asimismo, se le impuso el pago de una indemnización de 50 millones de pesos dominicanos ($858,369 USD), a la familia del funcionario asesinado. El juicio desveló una trama minuciosa apoyada en pruebas contundentes, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución que captaron los momentos clave del hecho.

Durante las audiencias preliminares y finales, el tribunal escuchó decenas de declaraciones fundamentales. Un bloque de 10 testigos de cargo abrió el camino para el Ministerio Público, figurando entre ellos Orlando Salvador Jorge Villegas, hijo de la víctima; el general de brigada Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, jefe del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa); y Juan Manuel Cuvo Desangles, excoordinador del ministerio.

Más allá de los códigos penales y las frías celdas de Najayo, el aniversario de este sábado traslada el foco de la crónica judicial al plano humano. A cuatro años de la dolorosa ausencia, el dolor sigue latente, pero se transforma en memoria viva. Su hijo, el exdiputado Orlando Jorge Villegas, utilizó sus redes sociales para rendir un emotivo tributo a quien fuera su guía, dejando en evidencia que el vacío físico no ha logrado apagar el peso de su ejemplo.

A cuatro años del crimen, la figura de Orlando Jorge Mera se consolida en el imaginario colectivo no solo como la víctima de una traición sin nombre, sino como el funcionario que recordó con el sacrificio de su vida el verdadero costo de la integridad.

Un tribunal de juicio impuso una condena acumulada de 80 años de prisión al principal responsable de un doble homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en San Miguelito, una de las penas más altas de la justicia panameña.

Sin embargo, el condenado no cumplirá ocho décadas en prisión debido a que la legislación del país establece un límite máximo de 50 años de cárcel, independientemente de la suma de las penas impuestas.

La sentencia fue obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró un fallo unánime contra tres hombres vinculados a un ataque armado el 23 de marzo de 2023.

El hecho ocurrió en el sector de Altamira, Monte Oscuro, corregimiento de Victoriano Lorenzo. De acuerdo con la investigación, los agresores dispararon inicialmente contra una de las víctimas en la vía pública.

Posteriormente ingresaron a una residencia donde efectuaron múltiples detonaciones contra otras dos personas. Dos de las víctimas fallecieron producto de las heridas, mientras una tercera sobrevivió al ataque armado.

La condena más severa recayó sobre el autor principal. El Tribunal de Juicio le impuso 30 años de prisión por cada uno de los dos homicidios dolosos agravados y otros 20 años por la tentativa.

Esto da un total de 80 años de cárcel. Los otros dos procesados fueron condenas como cómplices primarios. En ambos casos, la pena individualizada alcanzó los 55 años de prisión efectiva.

Este resultado se dio por la imposición de 20 años por cada uno de los homicidios y 15 años por la tentativa. Aunque las penas sumadas superan ampliamente el medio siglo de prisión.

El Código Penal panameño establece un límite máximo de cumplimiento efectivo. La legislación dispone que la pena de prisión no podrá exceder de 50 años, incluso cuando la acumulación de condenas supere esa cifra.

En la práctica, esto significa que el principal condenado recibió una dosificación de 80 años, pero cumplirá un máximo de 50 años. Lo mismo ocurre con los otros dos sentenciados de este caso.

Su condena acumulada de 55 años también queda reducida al límite legal establecido por la ley. El caso ilustra el funcionamiento del sistema de acumulación de penas en la República de Panamá.

Los jueces individualizan cada delito y fijan la sanción correspondiente para cada conducta criminal. Posteriormente, esas penas se suman para determinar la gravedad total de los hechos acontecidos.

Sin embargo, una vez realizada la dosificación, entra en juego el límite máximo de cumplimiento contemplado en la legislación penal. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas.

La fiscalía entregó elementos periciales, documentales y testimoniales que, según la Fiscalía, permitieron acreditar la responsabilidad penal de los tres acusados. Los fiscales sostuvieron que la actuación conjunta fue determinante.

La decisión del tribunal representa una de las condenas más severas obtenidas por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito en los últimos años y se produce en un contexto de sentencias.

En otro caso ocurrido en la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre de 29 años declarado responsable del delito de violación sexual agravada contra una persona adulta.

Además de la pena principal, el tribunal impuso como sanción accesoria la inhabilitación por dos años para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares o centros deportivos.

La prohibición aplica para áreas aledañas o cualquier otro sitio donde regularmente se agrupen menores de edad. Ese caso ocurrió el 1 de diciembre de 2024 en el distrito de San Lorenzo.

Según la investigación, el condenado citó a la víctima en un lugar apartado con el pretexto de entregarle dinero. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el hombre agredió físicamente a la persona.

El agresor amenazó y sometió sexualmente a la víctima mediante violencia e intimidación. Otra sentencia reciente fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Los Santos.

La entidad declaró penalmente responsables a seis panameños por los delitos de tráfico internacional de drogas y alteración de un medio de transporte marítimo. Las penas impuestas oscilan entre 9 y 14 años.

El fallo estuvo a cargo de un tribunal colegiado integrado por los jueces Manuel De León, Fernando Bedregal y Rafael Ruiz. Además se impuso a cada condenado una multa de $100 dólares.

Este dinero será pagadero al Tesoro Nacional, sanción que deberá hacerse efectiva una vez cumplan la pena principal. Los jueces también ordenaron el comiso formal y definitivo de una embarcación.

La nave es de tipo pesquera de aproximadamente 30 pies de eslora, que fue utilizada por los condenados al momento de su retención. La nave pasará a disposición de las autoridades del Estado.

La investigación de este último caso se originó el 31 de enero de 2024 al sureste del puerto de Mensabé, en el corregimiento de Santo Domingo, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

En ese lugar, unidades del Servicio Nacional Aeronaval incautaron 1 millón 422 mil 950 gramos de cocaína, equivalentes a más de 1.4 toneladas de sustancias ilícitas prohibidas.

Las tres decisiones judiciales reflejan una jornada de condenas por delitos de alto impacto en Panamá, con penas que van desde los 12 años de prisión por violencia sexual en Chiriquí.

Estas llegan hasta condenas acumuladas de 80 años por homicidio, aunque sujetas al límite máximo de cumplimiento previsto de forma estricta por el Código Penal de la nación.

Patricia Sheppard, de 50 años, volvía a casa tras una jornada de trabajo cuando al menos dos pistoleros descargaron entre 70 y 80 disparos contra el auto en el que viajaba, en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana.

Era la madrugada del jueves 5 de junio de 2026. La víctima estaba sentada en un sedán gris estacionado junto a un surtidor de combustible en la autopista 190, cerca de Westin Oak Drive, cuando los sospechosos se detuvieron a su lado y abrieron fuego.

Sheppard murió en el lugar. Ella no era el objetivo. Los atacantes se equivocaron de persona.

El jefe de la policía de Hammond, Edwin Bergeron Jr., la describió ante la prensa como “una víctima absolutamente inocente”.

La secuencia del tiroteo en la gasolinera

Los sospechosos venían siguiendo el auto desde una granja de la zona, declaró Bergeron en conferencia de prensa. La persona a quien buscaban viajaba en ese vehículo, pero en algún momento bajó para subirse a otro auto. El sedán gris continuó solo hacia la gasolinera.

Cuando el conductor del auto entró a la tienda de la gasolinera, los atacantes aprovecharon su ausencia. Un Honda Civic blanco se acercó al vehículo y los sospechosos dispararon decenas de veces contra el interior, donde Sheppard permanecía sentada.

“Esto no es un acto de violencia al azar”, declaró Bergeron a los medios. “Es un ataque dirigido contra quien ellos creyeron que era una persona específica dentro del vehículo”.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron a los sospechosos escapar a alta velocidad hacia el oeste, en dirección a la Interestatal 55, informó la policía según Fox 8, canal de televisión local.

Quién era Patricia Sheppard

Su hermana, Annette Smith, contó a Fox 8 que Sheppard era una madre que esa madrugada simplemente buscaba llegar a su casa después del trabajo.

Smith se enteró de los detalles del crimen a través de la conferencia de prensa policial, no por una comunicación directa de las autoridades. Ante eso, pidió que la familia reciba información de primera mano.

“No se siente real”, dijo Smith. “Solo siento que esos tipos tenían que estar poseídos por algo. Siento que es algo demoníaco”.

La hermana también expresó preocupación por la persona que sí era el blanco de los atacantes: “Cuanto más tiempo estén en la calle, alguien más va a salir lastimado, porque obviamente no alcanzaron a su objetivo”.

Los sospechosos y el vehículo que busca la policía

La policía identificó el auto de los sospechosos como un Honda Civic blanco de 2008, de cuatro puertas, con la placa de Mississippi PJY050. El vehículo fue robado durante un asalto a mano armada en McComb, Mississippi, días antes del crimen. Carece de la ventanilla delantera del lado del acompañante, que uno de los atacantes rompió a tiros desde adentro.

Bergeron confirmó que los investigadores tienen varias pistas activas y que conocen algunos de los posibles móviles, aunque no los revelaron públicamente. La policía busca entre dos y tres sospechosos, a quienes considera armados y peligrosos.

“No vamos a descansar hasta que estos miserables estén en la cárcel”, afirmó el jefe Bergeron, “por acercarse y matar a una mujer inocente en un auto porque creyeron que era otra persona”.

Cómo colaborar con la investigación

Las autoridades piden a quienes hayan visto el Honda Civic blanco que no se acerquen al vehículo ni a sus ocupantes, y que llamen de inmediato al 911.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el detective Dustin Williams del Departamento de Policía de Hammond al 985-277-5755, o de forma anónima a través de Crime Stoppers —línea de denuncia confidencial administrada por organismos policiales locales— al 1-800-554-5245.

La ciudad de Nueva York registró en 2026 los niveles más bajos de tiroteos y homicidios de su historia, según anunció el viernes la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch. La funcionaria atribuyó ese descenso a una cifra concreta: más de 2.100 armas ilegales retiradas de las calles en lo que va del año.

Según informaron CBS New York, el canal local de la cadena CBS, y News 12 Bronx, la señal de noticias del condado homónimo, los primeros cinco meses del año produjeron el menor número de incidentes de tiroteos, víctimas y asesinatos desde que existen registros.

Solo en mayo, la ciudad marcó mínimos históricos para ese mes, incluidos los complejos de vivienda pública.

Cómo se logró el descenso

El NYPD decomisó un total de 2.109 armas ilegales distribuidas en los cinco condados: 590 en Brooklyn, 516 en Manhattan, 496 en el Bronx, 392 en Queens y 115 en Staten Island. Alrededor de 100 de esas armas eran “fantasma”, es decir, sin número de serie y sin trazabilidad.

Las autoridades señalan tres factores: la llamada “policía de precisión”, los operativos contra pandillas y la coordinación estrecha con los fiscales de distrito. El plan de reducción de violencia para el verano, que despliega miles de agentes en zonas de alta conflictividad, ya muestra resultados: el crimen mayor bajó casi un 28% en esas áreas desde mayo.

"No vamos a aflojar, porque el NYPD está en el negocio de salvar vidas", declaró Tisch.

La advertencia del verano

A pesar de los números positivos, los funcionarios advierten que el período más crítico del año apenas comienza. El fiscal de Brooklyn Eric Gonzalez señaló a News 12 Bronx que aproximadamente la mitad de toda la violencia delictiva de la ciudad ocurre entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo, entre finales de mayo y principios de septiembre.

“Brooklyn tuvo un año récord, la tasa de criminalidad más baja que hemos tenido jamás, y es algo que no podemos dar por sentado”, añadió Gonzalez.

Los fiscales de distrito del Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens se sumaron a Tisch en un mensaje conjunto: el objetivo es no perder el foco durante los meses de calor.

El problema sin resolver: los jóvenes y las armas

Hay un dato que matiza el optimismo general. Aunque la violencia armada bajó en términos globales, el porcentaje de tiroteos cometidos por menores es más alto que en el mismo período de 2025, según informó CBS New York.

La fiscal del Bronx, Darcel Clark, citó ante News 12 Bronx el caso de Christopher Redding, un adolescente de 16 años asesinado en febrero en el barrio de Kingsbridge. Dos jóvenes más resultaron heridos en el mismo incidente. Tres menores fueron imputados en relación con ese hecho.

En Brooklyn, otro caso ilustra el problema. En marzo, un estudiante de 16 años del Sheepshead Bay High School mató a su compañero Ka’mardre Coleman. La defensa sostuvo que fue un accidente mientras los jóvenes manipulaban un arma.

Gonzalez también detalló una investigación mayor en Coney Island: las autoridades imputaron a 15 presuntos miembros de pandillas en conexión con 16 tiroteos distintos, uno de ellos fatal y cuatro con transeúntes heridos.

La estrategia para frenar la violencia juvenil

El NYPD respondió al aumento relativo de tiroteos protagonizados por menores con una iniciativa específica: las Zonas de Seguridad para Jóvenes, un programa modelado a partir del plan general de reducción de violencia. Según el comunicado oficial del departamento publicado en el sitio de la ciudad de Nueva York, esas zonas cubren los corredores que los jóvenes transitan hacia y desde la escuela, paradas de autobús y centros de transporte.

Los resultados desde su lanzamiento en septiembre de 2025 son los siguientes: la criminalidad juvenil general bajó un 52,7%, los incidentes de tiroteos cayeron un 61,9% y las víctimas de tiroteos disminuyeron un 60,9% en esas zonas durante los horarios de despliegue, de acuerdo con el comunicado oficial del NYPD.

“Eso ha sido bastante exitoso para reducir el número total de incidentes de tiroteos que hemos visto en la ciudad”, dijo Tisch a CBS New York.

Para el verano, el plan se amplía. El NYPD despliega hasta 3.800 agentes a pie en 72 zonas de reducción de violencia distribuidas en 40 comisarías, complejos de vivienda pública y el sistema de metro, con foco en las horas nocturnas y de madrugada, cuando la violencia históricamente se concentra.

Según informó Streetsblog NYC, esa cifra duplica la del verano pasado, cuando el programa arrancó con 1.500 efectivos y produjo una baja del 47% en tiroteos.

La ciudad también lanzó una plataforma digital llamada “Summer in NYC” para conectar a jóvenes con actividades gratuitas en sus propios barrios, desde ligas de básquet hasta programas de arte y música, según informó News 12 Brooklyn.

El alcalde Zohran Mamdani describió el enfoque como “una estrategia integral de gobierno para involucrar a los jóvenes a través de programas variados”, según recogió CBS New York.

En el marco del homicidio de Yoel Castro, el joven de 24 años que fue asesinado el 8 de enero en Villa Gascón, Mar del Plata, este viernes cayó uno de los acusados. Joan Ávila, de 31 años, fue detenido tras una persecución por techos y patio, y su captura cerró casi cinco meses de búsqueda por el crimen del Castro.

El sospechoso, Joan Ávila, tenia dos pedidos de captura vigentes desde 2024: uno emitido el 30 de septiembre por el Juzgado Correccional número 01 de Azul por daño, y otro del 24 de julio por el Juzgado de Garantías número 03 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

Finalmente, la captura se concretó este viernes a las 12:30 cuando personal de civil del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones detectó al prófugo al salir de un comercio de indumentaria ubicado en Luro y Funes junto a una mujer.

Ávila intentó escapar a pie aunque el operativo cerrojo lo cercó en el cuadrante delimitado por Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego. Durante la huida, el sospechoso se despojó de parte de su ropa hasta que fue reducido. Por otro lado, la mujer que lo acompañaba logró escapar de las autoridades.

El otro acusado por el crimen, Sebastián Leiva, ya había sido arrestado en febrero en Ramos Mejía, después de chocar una camioneta robada mientras escapaba de la policía. Durante la requisa del vehículo, la Policía secuestró guantes, cuellos polares, camperas oscuras, una mochila, destornilladores, un cortacandados y varios teléfonos celulares. En el mismo procedimiento, los agentes advirtieron que la patente de la T-Cross estaba adulterada.

Tras revisar los datos de motor y chasis, se comprobó además que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Lomas de Zamora. Ese hallazgo reforzó para los investigadores la hipótesis de actividades delictivas vinculadas al detenido. Con el traslado de Ávila a la Unidad Penal número 44 de Batán, ambos imputados quedaron a disposición de la Justicia.

El homicidio de Yoel Castro

La causa principal por la que Ávila era buscado se originó a las 9:30 del 8 de enero en Gascón al 7700. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que al llegar constataron la muerte de Yoel Castro por heridas de arma de fuego. Según el informe de autopsia, Castro recibió un disparo por la espalda a la altura de la región dorsal baja, con salida por el esternón, lo que provocó un shock por taponamiento cardíaco.

Ambos sospechosos habrían disparado contra la víctima cuando el joven pasó en moto por la zona. Yoel Casto intentó refugiarse en su casa de la calle Coronel Suárez después del ataque, pero no llegó a ingresar.

Según la reconstrucción de los hechos, el ataque podría estar vinculado a conflictos de narcomenudeo de la zona. La víctima tenía antecedentes penales por robo, hurto y encubrimiento en distintas modalidades, además de procesos previos por robo agravado en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa.

La investigación de la fiscal María Florencia Salas identificó en un primer momento como autor de los disparos a Sebastián Leiva. Vecinos incendiaron una vivienda vinculada al sospechoso en Coronel Suárez al 2500 y el foco fue sofocado por bomberos. Leiva fue detenido semanas después y tras realizar tareas de campo e informes testimoniales incorporaron a Ávila como partícipe del homicidio.

El 9 de enero se habían librado órdenes de detención y allanamiento para domicilios de Coronel Suárez al 2500 y Calaza al 2500. Ese procedimiento fue reasignado a la comisaría duodécima porque el Juzgado de Garantías del Joven ejecutaba al mismo tiempo ocho órdenes con habilitación horaria en una causa por robo agravado a cargo del fiscal Carlos Russo, y en ese contexto los acusados lograron evadir el cerco.

Las autoridades de Medellín adelantan una investigación para esclarecer la muerte de Hernando Ocampo Ospina, un adulto mayor de 63 años que falleció después de permanecer varios días hospitalizado a causa de una agresión ocurrida en el corregimiento de San Antonio de Prado.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien fue atacada con un objeto contundente y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio y desde entonces organismos judiciales trabajan para identificar y capturar al responsable.

La agresión se registró en circunstancias que aún son materia de investigación. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, el hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó heridas de consideración. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado a una institución médica para recibir atención especializada.

Durante varios días permaneció bajo observación médica mientras los profesionales intentaban estabilizar su condición. Sin embargo, las complicaciones derivadas de las lesiones terminaron provocando su fallecimiento, hecho que transformó el caso inicialmente investigado como lesiones personales en un homicidio.

Autoridades intentan establecer qué ocurrió

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, confirmó que los hechos son analizados por los organismos competentes para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones buscan reconstruir los momentos previos al ataque, identificar posibles testigos y recopilar elementos probatorios que permitan esclarecer el caso. Las autoridades también revisan información obtenida en la zona donde ocurrieron los hechos para determinar quién sería el responsable.

“Hubo unas lesiones personales, hubo una agresión física contra esta persona y mediante un objeto contundente le pegaron en su cabeza. Esta persona inicialmente quedó herida y por eso fue trasladada”, explicó Villa al referirse al caso.

Las autoridades no han revelado hasta el momento detalles sobre posibles móviles o hipótesis relacionadas con la agresión. Tampoco se ha informado sobre capturas o personas vinculadas formalmente a la investigación.

Mientras avanzan las labores judiciales, familiares y allegados esperan que se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes por la muerte del adulto mayor.

Medellín mantiene reducción en homicidios durante 2026

La muerte de Hernando Ocampo Ospina se convirtió en el homicidio número 111 registrado en Medellín durante lo corrido de 2026. Aunque el caso incrementa las cifras de violencia en la ciudad, las autoridades sostienen que los indicadores generales continúan mostrando una reducción frente al año anterior.

Según los registros oficiales, para la misma fecha de 2025 se habían reportado 148 homicidios, lo que representa una disminución cercana al 25 % en las muertes violentas registradas en la capital antioqueña.

Las autoridades atribuyen esta reducción a diferentes estrategias de seguridad implementadas conjuntamente entre la administración distrital y la fuerza pública. Sin embargo, reconocen que continúan existiendo desafíos relacionados con hechos de convivencia, conflictos personales y otras situaciones que terminan derivando en agresiones graves.

De acuerdo con los reportes oficiales, más de 35 homicidios registrados este año en Medellín estarían asociados a conflictos de convivencia, una problemática que sigue generando preocupación entre las autoridades locales debido a su impacto sobre la seguridad ciudadana.

El caso de Ocampo Ospina ahora hace parte de las investigaciones prioritarias de los organismos judiciales, que intentan establecer quién perpetró la agresión y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque que terminó costándole la vida al hombre de 63 años.

El juicio oral contra Victor Manuel Figueroa por el doble homicidio de su pareja Rosana Coronel y su cuñado Oscar, dictó la sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó este viernes al acusado a prisión perpetua por los crímenes cometidos el 23 de diciembre de 2023 en una casa del barrio Las Heras. De acuerdo con el fallo, los jueces también lo hallaron culpable por amenazas agravadas contra una adolescente y por portación ilegal de arma de guerra.

El ataque ocurrió minutos antes de las 20:10 en una vivienda de Rosales Bis al 10000, cuando la víctima preparaba la cena de Navidad, informó La Capital. En el juicio se acreditó que Figueroa llegó al lugar junto a Oscar tras haber consumido alcohol y discutió con su pareja. El tribunal descartó el planteo de la defensa sobre un supuesto estado de emoción violenta y dio por acreditado que el homicidio de Rosana ocurrió en un contexto de violencia de género.

Según la acusación de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, Figueroa llegó alcoholizado a la vivienda familiar, quiso poner música y discutió con Rosana Coronel cuando ella se negó. Uno de los testigos más relevantes para poder determinar la culpabilidad de Figeroa fue el de la hija de Rosana Coronel, quien declaró mediante cámara Gesell y reconstruyó los momentos previos a la tragedia.

Declararó que la negativa respondía a un duelo reciente en la familia y a que Rosana no quería música ni festejos: “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”. Además, el testimonio de la hija fue la clave para describir el contexto de violencia: “Cuando mi padrastro venía borracho siempre se ponía histérico”. En la sentencia se expresó: “Todos (los testigos y allegados a la pareja) afirmaron también que cuando Figueroa consumía alcohol se ponía violento”.

Según la reconstrucción del hecho, el hombre se alteró, lanzó amenazas y repitió frases como que no lo hicieran hacer “algo que no quería hacer”. Figueroa fue a la habitación que compartía con Rosana, tomó un revólver calibre .38 y regresó armado. Primero disparó contra Oscar y lo mató con un tiro en la cabeza. Luego atacó a Rosana y le efectuó un disparo en el cuello. Rosana y Marcelo Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente.

La joven también sostuvo que la acusación cuenta con elementos de prueba suficientes. “Está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”, afirmó.

Después del ataque, de acuerdo con la acusación, Figueroa entró en la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y escapó en su auto. Minutos antes de la medianoche de ese mismo día, efectivos de la Comisaría 11ra lo detuvieron tras un llamado al 911, mientras circulaba en el vehículo usado para huir. Por otro lado, la mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, pero murió antes de llegar.

El escrito de la fiscalía puso el foco en los testimonios de hijas y nietas de Rosana Coronel, quienes declararon ante la Justicia que Figueroa había amenazado a la mujer antes del crimen. Esa línea es parte del sustento de la acusación presentada por Romina Díaz. La primera audiencia se desarrolló con familiares de las víctimas en la sala. “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”, dijo uno de ellos.

El hecho ocurrió en la mañana de hoy viernes en La Tablada, cuando Walter Pacheco se disponía a llevar a sus hijos al colegio en su Volkswagen Amarok. Allí, su pareja fue rodeada por cuatro ladrones armados, según puede verse en el video del hecho, que ilustra esta nota. De inmediato, Pacheco descendió del vehículo y comenzó a disparar con su arma reglamentaria.

Uno de los delincuentes fallecidos fue identificado como Tobías Robles, con antecedentes por homicidio en ocasión de robo. Robles fue trasladado al hospital Ballestrini con un tiro en el abdomen, todavía con vida, donde finalmente murió. Tenía 16 años.

El homicidio por el que fue acusado ocurrió en el año 2022. La víctima fue Enrique Oscar Barderi, un docente de 40 años, también asesinado en la zona de La Tablada.

El segundo delincuente muerto -con su cara cubierta por un pasamontañas- fue hallado a poca distancia del lugar del hecho, en la esquina de Rincón y Gaboto. Llevaba una pistola Glock calibre 11.25. El sospechoso, mayor de edad, identificado como Tobías Valdes, tenía antecedentes por robo agravado, según confirmaron fuentes judiciales.

Las pericias determinaron que recibió un disparo en el pecho con orificio de salida en su espalda, más un roce de bala que le fracturó un dedo, Insólitamente, se disparó en la boca con el pasamontañas puesto: el plomo fue hallado en la zona del cuello. En el trayecto, la bala destruyó varios dientes. Su familia ya se presentó ante las autoridades.

Tras su fuga, el cómplice que sobrevivió intentó incendiar el auto en el que se trasladaba la banda en un complejo habitacional de Ciudad Evita; sin embargo, el personal de la Comisaría de La Tablada lo encontró a tiempo y logró apagar las llamas.

El auto, un Peugeot 208, será peritado por una fuerza federal en busca de prueba forense: el cruce de información reveló que tenía un pedido de secuestro por robo, radicado este miércoles en una comiaría de Laferrere. Un auto idéntico fue usado en la jurisdicción para robar otra Volkswagen Amarok en la noche del jueves, aseguran fuentes judiciales.

La Policía Bonaerense y el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, trabajan para esclarecer el hecho, en medio de un turno de particular intensidad esta semana.

Las muertes de los dos hampones se suman a las del comisario Diego Fernando Ponce, de 46 años, asesinado a tiros en un robo en González Catán y el chofer de aplicación Lucas Ezequiel Olivera, atacado por ladrones en Rafael Castillo mientras iba a bordo de su Ford Fiesta a buscar a un pasajero. Hay un joven de 19 años detenido por el crimen de Ponce; el sospechoso se encontraba bajo prisión domiciliaria.

Mientras tanto, el tercer herido, que recibió una bala en el pecho, sigue sin ser encontrado.

La muerte de Francis Elena Santana, una joven nicaragüense de veintiocho años, ha dejado a tres niños en la orfandad y a una familia sumida en el dolor.

El hecho ocurrió en la comunidad de Cascadas 5, en Guápiles, Costa Rica, y las autoridades investigan a su propia hermana como principal sospechosa del crimen.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que Francis llegó herida de gravedad al hospital local, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Las lesiones, provocadas por arma blanca, afectaron su tórax, abdomen, muslo y rodilla izquierda.

La presunta agresora, Milka Chausler Santana, de veintisiete años, permaneció en el lugar de los hechos hasta la llegada de los agentes judiciales, quienes la detuvieron de inmediato.

Actualmente enfrenta una investigación por homicidio calificado, delito que en Costa Rica puede conllevar una pena de hasta treinta y cinco años de prisión.

La relación entre ambas hermanas, según allegados, venía deteriorándose desde hace años por conflictos personales, rumores y discusiones frecuentes. Varios vecinos y familiares aseguran que las peleas eran habituales y que incluso habían llegado a retarse mutuamente en ocasiones anteriores.

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, el altercado fatal se habría originado cuando Francis fue a la vivienda de su hermana para confrontarla por supuestos chismes. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta hipótesis y mantienen abiertas otras líneas de investigación.

Testimonios de una amistad cercana

María Rocío Sánchez, amiga cercana de Francis, relató que fue testigo parcial del suceso. “Vi a Francis correr hacia la casa de su hermana. Me llamó por mi nombre y cuando llegué, me pedía agua y que la ayudara a salir de ahí”, contó al medio La Teja. María Rocío también recordó que la sospechosa repetía frases como: “¿Qué hice?, ¿qué hice? Yo no lo quise hacer. Me voy a ir presa, pero si no era ella, era yo”.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, María Rocío intentó avisar al esposo de Francis. La amiga lamenta profundamente la pérdida y la forma en que ocurrió, recordando la solidaridad de la víctima y el cariño que tenía por su familia.

Investigaciones y consecuencias

El OIJ confirmó que el ataque ocurrió poco después de las once de la mañana del miércoles 3 de junio. Tras el hecho, los agentes allanaron la vivienda y decomisaron el cuchillo que habría sido utilizado en la agresión.

Actualmente, la investigación sigue abierta y las autoridades costarricenses intentan reconstruir la secuencia exacta de los hechos, mientras la familia de Francis exige justicia y protección para los tres menores que quedaron sin su madre.

El trágico desenlace subraya cómo los conflictos familiares pueden escalar hasta consecuencias irremediables. Tanto la víctima como la supuesta agresora son madres de tres hijos, por lo que el caso ha impactado profundamente a la comunidad nicaragüense en Costa Rica y a quienes conocían a ambas mujeres.

La pérdida de Francis Elena Santana representa una tragedia para sus hijos y deja a dos familias marcadas por una larga historia de disputas no resueltas.

Un tribunal de apelaciones de Colorado anuló las condenas por homicidio contra los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Cichuniec, responsables de inyectarle una dosis letal de ketamina a Elijah McClain en 2019. El fallo, emitido el jueves 4 de junio, ordena nuevos juicios para ambos por el cargo de homicidio culposo y deja sin efecto las penas que ya habían comenzado a cumplir.

McClain tenía 23 años cuando la policía de Aurora lo detuvo al caminar de regreso a su casa desde un comercio. Era terapeuta de masajes.

Los agentes lo inmovilizaron con una llave en el cuello ante un reporte de persona sospechosa, y los paramédicos le administraron ketamina en dosis que superaron lo recomendado para su peso corporal.

Sus últimas palabras fueron: “No puedo respirar”, las mismas que un año después pronunciaría George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.

Qué decidió el tribunal y por qué

El tribunal de apelaciones no absolvió a los paramédicos. Detectó errores en las instrucciones que el juez de primera instancia entregó al jurado antes de que deliberara sobre el cargo de homicidio culposo, y ordenó repetir el juicio para ese cargo específico.

La condena por agresión grave en segundo grado contra Cichuniec quedó en pie. El tribunal consideró que esa parte del proceso no tuvo irregularidades.

El fiscal general del estado, Phil Weiser, anunció que apelará la decisión. “Llevar estos casos a juicio fue lo correcto para la justicia, para Elijah McClain y para la recuperación de la comunidad de Aurora”, declaró en un comunicado, según AP (AP).

Las penas que los paramédicos ya habían recibido

El jurado los declaró culpables en diciembre de 2023, tras semanas de juicio en un tribunal estatal, según los registros del proceso judicial recogidos por AP. Cichuniec recibió cinco años de prisión; Cooper, 14 meses de cárcel con régimen de salida laboral y libertad condicional.

Cichuniec salió de prisión antes de tiempo en 2024. El juez Mark Warner redujo su condena a cuatro años de libertad condicional al invocar “circunstancias inusuales y atenuantes”, una figura del derecho penal de Colorado que permite modificar una sentencia cuando el condenado cumplió al menos 119 días.

Warner argumentó que Cichuniec debió tomar una decisión en segundos como el paramédico de mayor rango en la escena.

El argumento de la defensa y el uso de la ketamina

Los abogados defensores sostuvieron, durante el juicio de 2023 documentado por AP, que los paramédicos actuaron conforme a su entrenamiento. Diagnosticaron a McClain con “delirio agitado”, una condición cuyo respaldo científico está cuestionado y que se ha usado para justificar el uso de fuerza extrema. Con ese diagnóstico como base, le administraron ketamina.

Los paramédicos de Aurora recibieron capacitación para usar ese sedante ante casos de delirio agitado en 2018. Desde entonces, las autoridades estatales les ordenaron dejar de aplicar esa sustancia con ese criterio.

La defensa también argumentó que la fiscalía no probó que la ketamina haya sido la causa directa de la muerte.

Por qué el caso llegó a juicio años después

Los fiscales locales inicialmente no presentaron cargos porque la primera autopsia no determinó con certeza la causa de la muerte, según AP. El caso tomó otro rumbo tras las protestas masivas de 2020 por la muerte de Floyd.

El gobernador demócrata Jared Polis le ordenó al fiscal general Weiser reabrir la investigación.

Un gran jurado formuló cargos contra los dos paramédicos y tres policías cuando el médico forense Stephen Cina, quien realizó la autopsia de McClain, revisó las imágenes de las cámaras corporales de los agentes y modificó sus conclusiones para señalar a la ketamina como la causa de la muerte.

La ciudad de Aurora pagó USD 15 millones en 2021 para cerrar la demanda federal por derechos civiles que interpusieron los padres de McClain.

El impacto del fallo en el personal de primera respuesta

El criminólogo Alex Piquero, de la Universidad de Miami, advirtió que los nuevos juicios pueden cambiar el comportamiento del personal de primera respuesta. “¿Va a influir esto en su conducta?“, preguntó a AP. “Puede que no sea lo primero que les venga a la mente, pero va a estar ahí”.

La Asociación Internacional de Bomberos, a la que pertenecen Cooper y Cichuniec, celebró el fallo. “El fallo de hoy reconoce los desafíos que enfrentan los paramédicos al tomar decisiones médicas en ‘fracciones de segundo’“, dijo el presidente general Edward Kelly.

La activista MiDian Shofner, directora ejecutiva de Epitome of Black Excellence and Partnership, organización comunitaria afroestadounidense con sede en Colorado, calificó el fallo como “una de las resoluciones judiciales más divisivas que nuestro estado ha experimentado en memoria reciente”.

Su pregunta ante AP resumió el debate que el caso vuelve a abrir: “Cuando se toma una vida negra en circunstancias que conmocionan la conciencia pública, ¿qué significa realmente la rendición de cuentas?”.

En la tarde del 4 de junio de 2026, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó al norte de Bogotá a un segundo presunto implicado en el homicidio del universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas.

El ataque en contra del joven ocurrió sobre las 9:00 p. m. del 15 de abril de 2026, en medio de un hurto en la estación de Transmilenio Minuto de Dios, ubicada en la localidad de Engativá. El hecho fue ampliamente rechazado por los usuarios del sistema que exigen una mayor seguridad.

Después del operativo realizado el jueves en el sector de Cedritos, el ente judicial informó que el nuevo detenido será presentado ante un juez de control de garantías que se encargará de determinar su futuro mientras avanza la investigación.

“Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará en las próximas horas ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio, ambas conductas agravadas”, indicó el comunicado oficial.

Cabe mencionar que los criminales habrían intentado quitarle el celular al estudiante y, en medio del forcejeo, uno de ellos lo hirió con un arma blanca. Posteriormente, huyeron y se mantuvieron ocultos de las autoridades por meses, hasta que se confirmó que quedaron en manos de la policía judicial.

La primera captura por este caso se llevó a cabo el 15 de mayo en el barrio Garcés Navas, en Engativá. Al sospechoso, identificado como Harold Figueroa Ballen, de 22 años, le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en grado de tentativa.

A pesar de la solidez de las pruebas, el primer señalado por participar en el crimen del joven no aceptó su responsabilidad en los delitos. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

En esa audiencia, la fiscal del caso hizo un recuento de los hechos ante el procesado, basada en las pruebas presentadas por el equipo de investigación: “Es usted quien aborda al joven Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, lo amedrenta con arma blanca con el objetivo de hurtarle sus pertenencias. La víctima al oponer resistencia a este asalto, usted lo lesiona, lo golpea en varias oportunidades”.

En la diligencia, el juez indicó que al señalado responsable se le había otorgado una medida no privativa de la libertad por otros delitos un año atrás y argumentó su decisión de enviarlo a un establecimiento carcelario asegurando que era la única forma de evitar que reincidiera.

“La restricción de la libertad como extracción del señor Figueroa de la sociedad es la única manera de proteger al conglomerado y de evitar que él se escabulla como lo ha venido haciendo desde hace aproximadamente un mes”, determinó la justicia.

Tras la primera captura, se pronunció Luz Mery Cárdenas, madre de la víctima, con el fin de pedir justicia en memoria de su hijo y así evitar que más personas tengan que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos por causa de la violencia desmedida que tiene azotada a la capital del país y, específicamente, al sistema masivo de transporte en el que se han presentado varios ataques similares.

“El mensaje es que se haga justicia para esa persona que me quitó a mi hijo para que no le siga haciendo más daño a la sociedad ni al mundo entero. No hay perdón mío, no hay perdón ni de mi familia”, expresó la ciudadana en diálogo con Noticias Caracol.

Por ahora, el proceso continúa avanzando con los dos supuestos responsables tras las rejas.

La Personería de Cali emitió un comunicado en el que pidió justicia y resultados inmediatos en la investigación por el asesinato de dos adolescentes, una menor de 16 años y un joven de 17, que fueron atacados a tiros dentro de un establecimiento de comidas rápidas del barrio Saavedra Galindo, ubicado en la capital del Valle del Cauca.

El caso agrava la percepción de violencia contra menores en la ciudad, debido a que se han registrado 34 homicidios de niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 30 de mayo, de acuerdo con cifras presentadas por el Observatorio de Seguridad de Cali.

Sobre el doble homicidio que tiene en alerta a la población, se sabe que ocurrió en la calle 32 con carrera 17C, en el oriente de la ciudad. Según las autoridades, los dos adolescentes estaban en el local cuando fueron sorprendidos por hombres armados que ingresaron, dispararon varias veces y no se detuvieron hasta verlos tendidos en el suelo.

Del mismo modo, se indicó que las víctimas recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo y murieron en el lugar por la gravedad de las heridas. Tras el ataque, los responsables huyeron y la Policía desplegó un plan candado para ubicarlos y capturarlos.

Ante la gravedad del caso, se pronunció el teniente coronel César Rodríguez, comandante del Distrito Dos de Policía La Rivera, que explicó que los agresores se desplazaban en motocicleta.

“Fallecieron dos personas con armas de fuego, donde los agresores se movilizaban en una motocicleta, esto hace a que se active una burbuja de inteligencia para lograr dar con la captura de los responsables”, dijo Rodríguez en declaraciones compartidas por Blu Radio.

Los habitantes de Saavedra Galindo, en la comuna 8 de Cali, lamentan el brutal ataque, que sembró temor entre los ciudadanos que estaban en el sitio y los residentes del sector que expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes.

A causa del llamado de la sociedad, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que el caso quedó bajo investigación para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

En el pronunciamiento del personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, no solo se rechazó el hecho y se reclamaron medidas concretas de protección para la niñez y la adolescencia, sino que se recordó que la ciudad se ha visto afectada históricamente por la violencia: “Hoy Cali vuelve a despertar con una noticia dolorosa e indignante”.

Mendoza añadió lo siguiente: “Dos menores de edad más que se convierten en víctimas de una violencia absurda que no puede seguir arrebatándole el futuro a nuestra ciudad”.

La Personería exigió acciones reales para proteger a niños y adolescentes

Desde la entidad se envió un enfático mensaje en contra de los actos de violencia: “La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza y condena contundentemente estos hechos. Nuestros jóvenes no pueden seguir creciendo entre el miedo, las balas y la indiferencia”.

El personero exigió a las autoridades “resultados inmediatos, justicia y acciones reales para proteger la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”. En el mismo pronunciamiento, insistió en que “Cali no puede acostumbrarse a perder a sus jóvenes”.

Por ahora, la Policía y Fiscalía General de la Nación se encuentran investigando si se trató de una retaliación en contra de los jóvenes o una equivocación, pues en varias oportunidades se han conocido casos en los que los sicarios terminan asesinando a inocentes.

Sin embargo, estas son solo hipótesis que serán confirmadas o descartadas conforme avance el proceso judicial para encontrar a los autores materiales e intelectuales del hecho que dejó dos nuevas víctimas mortales.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó a Ryan Charles Whiten, de 42 años, como el responsable de la muerte de sus hijas Savannah Whiten (11 años) y Sienna Whiten (8 años), y de la madre de las niñas, Melanie Lauren Hyer, de 46 años, antes de suicidarse dentro de una vivienda en Doral, en el condado de Miami-Dade, según informó NBC6.

Los cuatro cuerpos fueron hallados durante un control de bienestar la noche del martes en el vecindario Doral Isles, en el área de Northwest 111th Court y Northwest 72nd Terrace, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade citada por NBC6.

Las autoridades indicaron que todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca y fueron declaradas muertas en el lugar.

La agencia describió el caso como un presunto asesinato-suicidio y afirmó en un comunicado difundido el jueves: “La investigación reveló que el Sr. Whiten cometió estos actos atroces y luego se quitó la vida”, según NBC6.

El hallazgo en Doral Isles y la hipótesis del asesinato-suicidio

La investigación había comenzado bajo la hipótesis de un posible homicidio-suicidio, sin identificar públicamente al responsable en los primeros reportes.

Además, los agentes acudieron a la vivienda alrededor de las 19:32 tras un reporte por un fuerte olor proveniente del inmueble.

Al ingresar, hallaron los cuerpos de dos adultos y dos niñas, todos con heridas de arma blanca, según confirmaron integrantes del Miami-Dade Fire Rescue citados en el artículo.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantuvo la escena bajo resguardo mientras avanzaron los peritajes y la recolección de prueba.

Las autoridades señalaron que no informaron cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas ni un posible motivo, y que el caso seguía bajo investigación.

La familia, el vínculo entre los adultos y lo que se sabe del entorno

Fuentes cercanas al caso le dijeron a NBC6 que Hyer y Whiten se habían separado años atrás y criaban en conjunto a sus dos hijas.

Registros judiciales citados por NBC6 señalaron que Hyer estuvo casada con otro hombre hasta marzo de este año y que Whiten también se volvió a casar, aunque ese matrimonio también terminó; su última dirección conocida era un apartamento en Doral Isles.

NBC6 informó que Hyer era una profesional inmobiliaria especializada en sucesiones y que había sido entrevistada en varias ocasiones por el canal para aportar su visión sobre el sector. Amigos citados por el medio la describieron como una profesional y una persona “increíble”.

El medio también reportó que las niñas asistían a Downtown Doral Elementary y eran integrantes del equipo Doral Field Hockey, que las recordó en una publicación de Instagram el miércoles.

Reacción en la comunidad y continuidad de la investigación

El caso generó mucha conmoción entre residentes de Doral Isles y en el ámbito escolar. Las autoridades reiteraron que el caso continuó bajo investigación y no informaron un motivo, según pudo reportar NBC6.

Cristian “N”, identificado como objetivo prioritario, fue detenido en Puerto Vallarta por elementos de la Policía de Jalisco al ser buscado por delitos de alto impacto en los Estados Unidos.

Su arresto se llevó a cabo este jueves luego de que los oficiales estatales recibieron una alerta de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals que informaba sobre la búsqueda del sujeto, quien posiblemente se encontraba en dicho municipio.

Buscado por delitos como homicidio y descarga de arma de fuego

La agencia de los Estados Unidos detalló que Cristian “N”, de 21 años y originario de Los Ángeles, California, era buscado por homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud.

Con los datos, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia realizaron un cruce multiplataforma de datos que les permitió definir puntos que posiblemente frecuentaba Cristian “N”, por lo que trazaron un operativo con agentes de la Comisaría General.

El operativo permitió ubicar a una persona que cumplía con las características del estadounidense en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas. Al comprobar su identidad, los agentes también detectaron que había ingresado de manera irregular al país.

Tras su detención, Cristian “N” fue trasladado con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) para su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para que se determine su situación legal.

Uno de los “10 más buscados” del FBI fue detenido en enero pasado en Hidalgo

Uno de los arrestos más destacados de un objetivo buscado por los Estados Unidos ocurrió en enero de este año, cuando Alejandro Rosales Castillo fue localizado en Pachuca, Hidalgo, tras una operación binacional al contar con una orden de captura con fines de extradición.

La detención se concretó luego de un intercambio de información que identificó a Pachuca como su zona de residencia. Tras tareas de vigilancia en distintas áreas del municipio, agentes federales y de las Fuerzas Armadas detectaron a un hombre que coincidía con sus características y lo detuvieron.

El sujeto formaba parte de la lista de los “10 fugitivos más buscados” por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por el asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, excompañera de trabajo en Charlotte, ocurrido en 2016 en Carolina del Norte.

El cuerpo de Ly Le fue hallado el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa cerca del condado de Cabarrus, con lesiones por disparo de arma de fuego. Dos días antes, las autoridades habían localizado el vehículo de la mujer en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona.

La investigación estadounidense estableció que Rosales le debía a la mujer cerca de mil dólares y que, en mensajes previos al crimen, ambos acordaron reunirse en Charlotte el 9 de agosto de 2016 para pagar el préstamo. El FBI sostiene que él le habría hecho retirar una suma mayor en un cajero automático.

Después del asesinato, Rosales huyó con su novia y cruzaron la frontera hacia México por Nogales, Sonora, según el FBI. Ella se entregó dos meses después, pero él permaneció prófugo.

El FBI incluyó a Rosales Castillo en su lista de los 10 más buscados desde 2017 y, desde 2023, ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que permitiera su captura.

Rosales Castillo contaba con una Ficha Roja de Interpol y era requerido por Carolina del Norte. El FBI detalló que le imputan asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

La comunidad de Doral Isles, en el condado de Miami-Dade, permanece impactada tras el hallazgo de cuatro miembros de una familia muertos dentro de una vivienda en la noche del martes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga el caso bajo la hipótesis de un posible homicidio-suicidio, aunque no se informó quién sería el responsable de las muertes.

El episodio generó conmoción tanto entre residentes del exclusivo vecindario como en el ámbito escolar de la ciudad, donde asistían las dos niñas víctimas.

Investigación: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con información recopilada por CBS News Miami, los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron alrededor de las 19:32 a la residencia ubicada en el sector Catalina, cerca de Northwest 111 Court y Northwest 72nd Terrace.

La intervención policial se originó por un reporte acerca de un fuerte olor proveniente del inmueble. Al ingresar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de dos adultos y dos niñas, todos con heridas de arma blanca, según confirmaron integrantes del Miami-Dade Fire Rescue.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Ryan Charles Whiten, de 42 años; Melanie Lauren Hyer, de 46; y sus hijas Savannah (11) y Sienna (8).

La Oficina del Sheriff señaló que la investigación preliminar apunta a un posible homicidio-suicidio, aunque no se precisó cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas ni se divulgó públicamente quién habría sido el autor del hecho.

Las fuerzas de seguridad mantienen la escena bajo resguardo y solicitan paciencia a la comunidad mientras continúan las tareas de recolección de evidencia.

El caso fue descrito por los propios vecinos como un hecho sin precedentes en la zona. Una residente de Doral Isles expresó a Univision que estaban consternados con la tragedia: “En Doral Isles nunca habíamos escuchado algo así”.

Reacciones de la comunidad y el entorno escolar

La conmoción por la muerte de las niñas se extendió al entorno educativo. Telemundo 51 informó que Savannah y Sienna asistían a la Downtown Doral Charter Schools, donde cursaban quinto y segundo grado, respectivamente.

La dirección del plantel envió una comunicación a las familias notificando el fallecimiento de las alumnas y expresando el pesar de la comunidad educativa: “Con profunda tristeza les informamos del fallecimiento de dos de nuestros queridos estudiantes. Ambas eran muy queridas por su escuela, sus maestros y sus compañeros”, según la carta citada por Telemundo 51.

La institución implementó recursos de apoyo emocional tanto para estudiantes como para el personal, y dispuso consejeros de duelo en el campus. El miércoles se observó presencia policial y la llegada de animales de apoyo emocional a la escuela, según Univision. Padres y familiares acudieron al establecimiento para acompañar a los alumnos y recibir asistencia.

Entre los testimonios recogidos por CBS News Miami destaca el de Christie Fraga, alcaldesa de Doral, quien afirmó que conocía personalmente a Melanie Hyer y a sus hijas: “Era un rayo de sol y siempre estaba dispuesta a ayudar en la escuela y a involucrarse como mamá, así que cuando recibí la noticia, realmente me golpeó de cerca”.

Por su parte, Willard Shepard, amigo de la familia, recordó que conoció a Hyer hace dos décadas en su rol de agente inmobiliaria y lamentó la pérdida: “Es desgarrador en todos los sentidos que esta familia entera ya no esté físicamente con nosotros”.

Perfil de las víctimas

Telemundo 51 aportó información adicional sobre la vida profesional y personal de los adultos fallecidos. Melanie Lauren Hyer era una destacada profesional inmobiliaria especializada en sucesiones en el sur de Florida y había sido entrevistada en varias ocasiones por el canal local NBC Six.

Registros judiciales consultados por CBS News Miami señalan que tanto Hyer como Whiten habían estado casados con otras personas y que ambos estaban divorciados al momento de sus muertes. La última dirección conocida de Whiten correspondía también a un apartamento en el vecindario donde ocurrió la tragedia.

Familiares, amigos y otros padres del entorno escolar expresaron su pesar y solidaridad con las familias afectadas. Gloria Caldas, abuela de una alumna de la escuela, manifestó a CBS News Miami su tristeza por la pérdida: “Estoy triste. Definitivamente estoy muy triste. Es horrible que las vidas de una madre y un padre terminaran de esta manera”.

La violencia volvió a golpear a quienes se dedican al cobro informal de préstamos en Barranquilla. En la madrugada de este miércoles 3 de junio fue asesinado Deison Andrés Morales Almanza, de 25 años, quien trabajaba como cobradiario y que ya había sobrevivido a un atentado ocurrido en diciembre de 2024.

El ataque ocurrió hacia las 12:30 de la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio El Edén, en el suroccidente de la capital del Atlántico. De acuerdo con la información conocida, Morales se encontraba conversando con familiares frente a su residencia cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar.

Según los reportes preliminares, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Morales resultó gravemente herido y fue trasladado por sus familiares a un centro asistencial, donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, los atacantes abandonaron el lugar inmediatamente después de cometer el crimen y hasta el momento las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables y determinar los móviles del homicidio.

Un antecedente que vuelve a cobrar relevancia

La muerte de Morales revive un episodio violento ocurrido el 24 de diciembre de 2024, cuando fue víctima de otro atentado armado en el barrio Por Fin, también en Barranquilla. En aquella oportunidad logró sobrevivir al ataque, pero su compañero de labores, Juan David De la Hoz Pertuz, perdió la vida.

Las versiones recopiladas en ese momento por las autoridades apuntaban a que el hecho estaría relacionado con problemas derivados de una ruta de cobro de dinero dentro del negocio informal conocido como “gota a gota” o “pagadiario”.

Tras sobrevivir al atentado, Morales habría continuado recibiendo amenazas. Un elemento que ahora forma parte de las investigaciones es que el joven llevaba apenas dos semanas viviendo en la casa donde fue asesinado, situación que podría indicar que intentaba alejarse de posibles riesgos o que seguía siendo objeto de seguimiento por parte de quienes atentaron contra él.

Las autoridades analizan si existe alguna relación entre ambos hechos violentos y si el crimen ocurrido esta semana corresponde a una retaliación o a una amenaza que permaneció vigente durante más de un año.

Tres homicidios en menos de dos días

El caso de Morales se suma a una preocupante seguidilla de asesinatos registrados recientemente en el Atlántico. La noche del pasado 1 de junio fueron asesinados otros dos cobradiarios en el municipio de Soledad con apenas una hora y media de diferencia entre ambos hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Olivero Álvarez y Gustavo José Rodríguez Charris. Según la información conocida, Olivero fue atacado en su vivienda del sector de Ciudad Bonita y anteriormente había manifestado que recibía amenazas. Por su parte, Rodríguez murió en Ciudad Cortissoz durante un ataque que, según las primeras hipótesis, estaba dirigido contra otra persona.

Aunque las autoridades no han establecido una conexión directa entre los tres homicidios, llama la atención que las víctimas compartieran la misma actividad económica. Los investigadores analizan si detrás de estos hechos existe algún patrón criminal relacionado con el manejo de rutas de cobro, disputas territoriales o conflictos internos dentro de estas estructuras informales.

El Tiempo señaló que el sistema conocido como “gota a gota” funciona mediante préstamos informales que suelen manejar importantes sumas de dinero en efectivo y cuentan con zonas de influencia delimitadas. Dentro de estas dinámicas, las pérdidas económicas, deudas o incumplimientos suelen derivar en conflictos que terminan resolviéndose por medio de la violencia.

Las autoridades continúan recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para esclarecer este nuevo homicidio que vuelve a poner en evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes participan en esta actividad en Barranquilla y su área metropolitana.

“Tengo que pedir hoy justicia por mi hija. A mi hija, el que se le cruzó en la vida la desmembró en noviembre, la asesinó brutalmente. Todavía no me han entregado los restos de Camila. Todavía no la he podido sepultar. Todavía no tengo respuestas, no tengo respuestas de ningún lado”, afirmó Moira, madre de Camila Merlo.

La familia pidió, ante las cámaras, que se intensifique la búsqueda de los restos y se esclarezcan las circunstancias del asesinato: “Los restos de Cami fueron encontrados en un basural y es lo único que podemos saber, no hubo rastrillaje. Cuando yo me hice presente en el lugar donde encontraron los restos de mi hija, faltaban. Pido justicia, que me entreguen los restos, que la sigan buscando”.

Moira también habló sobre el detenido: “Hay una persona detenida y nada se dice de él”. El único detenido en la causa es M. R. M., un joven paraguayo de 26 años, quien fue arrestado en enero de 2026 tras una serie de allanamientos en Córdoba. El acusado negó cualquier vínculo con el asesinato y declaró ante la fiscal Eugenia Pérez Moreno: “Soy un perejil”, en referencia a que se considera un chivo expiatorio dentro de la investigación.

Su defensa sostiene que no existen pruebas directas en su contra y que la imputación se basa en su relación de amistad con Camila Merlo, a quien habría conocido a través de su trabajo como conductor de una aplicación de viajes. Hasta el momento, la situación procesal del imputado no ha cambiado y permanece detenido bajo la acusación de homicidio.

El femicidio de Camila Merlo en Córdoba

El caso de Camila Merlo, joven de 26 años, generó conmoción en la ciudad luego de que sus restos fueran hallados en bolsas en un basural el 16 de noviembre de 2025. La identificación se logró por huellas digitales, tras el hallazgo de un muslo con un tatuaje por una pareja de policías en el barrio General Urquiza.

La madre de la víctima, expresó ante los medios que su hija tuvo una vida marcada por episodios de violencia y adicciones. “Como mamá, hice todo lo posible. Pedí ayuda siempre. Me quedo tranquila porque hice todo lo posible. Nunca me ofrecieron ningún recurso, estuve sola”, aseguró.

El entorno de Camila rechaza que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas, como se sugirió en un principio, y pide que no se criminalice a la joven por su trabajo como trabajadora sexual. Una amiga de la víctima relató que la joven se había mudado a la capital a los 19 años y que era una persona confiada, solidaria y presente con sus allegados. “La gente nos encasilla a las trabajadoras sexuales. Queremos que la gente la vea como amiga, hermana, tía, como la persona que era y que no encasillen por la profesión que tenía”, declaró la amiga.

La investigación, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, se basa en peritajes forenses, comunicaciones, testimonios y registros de cámaras de seguridad, pero hasta el momento no se ha modificado la situación procesal del único detenido. La familia de la víctima y organizaciones sociales insisten en que la causa requiere mayor celeridad y transparencia, y solicitan el acompañamiento institucional que, según denuncian, ha faltado desde el inicio del caso.

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de dos mujeres por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, amabas son identificadas como posibles integrantes del grupo criminal conocido como Los Vallarta, este último presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Jazmín “N”, alias La China y Leslie Elisa “N”, alias La Güera, fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 3 de junio.

Las averiguaciones de las autoridades establecen que la mujer apodada La China, el 26 de abril pasado, habría ordenado a dos sujetos asesinar a una persona que estaba al interior de un bar en el municipio de La Paz, hechos para los que les facilitó un arma de fuego.

Tras lo anterior, los sujetos acudieron al sitio y dispararon contra la víctima, quien murió en el sitio. Además, antes de huir del sitio los agresores dejaron una cartulina firmada por “Lic. Vallarta”.

Una célula presuntamente ligada al CJNG

Posterior a su detención, Jazmín “N” fue ingresada al penal de Nezahualcóyotl, además de que fue vinculada a proceso y se le determinó la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones.

Las autoridades también señalan que La China es hermana de un sujeto identificado como líder de una estructura criminal al parecer ligada con el CJNG.

“De acuerdo con información de esta Fiscalía, alias “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, y quien era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos", es parte del reporte.

Es importante señalar que Fernando “N” ya fue capturado y actualmente está recluido en el penal de Nezahualcóyotl, incluso ya fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el homicidio de dos policías municipales.

Detenida pareja de “Lic. Vallarta”

Ahora bien, respecto a la otra persona detenida, La Güera es señalada por las autoridades como pareja de El F1. La mujer fue detenida por su posible relación con un homicidio registrado el 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl.

de manera similar que con La China, Leslie Elisa habría sido la encargada de ordenar a dos hombres el asesinato de una persona, acciones que fueron realizadas en un negocio de venta de pollo.

En otras acciones, el pasado 1 de junio fue detenido Omar “N”, quien es señalado como supuesto autor material del asesinato de Francisco Rojas Cano, este último un exdiputado local atacado en inmediaciones del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) ene enero de 2025.

El Poder Judicial informó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó prisión preventiva por homicidio calificado, en agravio del menor de seis años, y feminicidio, en agravio de Zoila Castillo Chanduco. En paralelo, el Ministerio Público señaló que la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza obtuvo la medida cautelar en el marco de la investigación.

La jueza basó la decisión judicial en el cumplimiento de los presupuestos previstos por ley para una medida de coerción, de acuerdo con lo comunicado por el Poder Judicial.

El caso se investiga por la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de madre e hijo en la provincia de Tocache, departamento de San Martín. La medida busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso y proteger la obtención y preservación de elementos probatorios.

Nueve meses de prisión preventiva por doble crimen en Tocache

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, en la Corte Superior de Justicia de San Martín, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería, investigado por los presuntos delitos de feminicidio en agravio de Zoila Castillo Chanduco y homicidio calificado en agravio del hijo de la víctima, un menor de seis años, según informaron el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según el detalle difundido por el Poder Judicial, la jueza Giovana Bautista Valencia basó su resolución en la concurrencia de los requisitos legales, entre ellos la prognosis de pena mayor de cinco años y la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y la obstaculización a la justicia.

Sujeto reconoció haber asesinado a madre e hijo

De acuerdo con el informe del caso, Alexis Alcántara, expareja de Zoila Castillo, confesó ante la PNP haber asesinado a la madre y al niño de seis años. La admisión de responsabilidad, según la información difundida por Latina Noticias, aún debía formalizarse ante el Ministerio Público como parte de las diligencias fiscales.

Hallaron los cuerpos en una zona rural de Uchiza tras una búsqueda en la que participaron la PNP, el Ministerio Público y rondas campesinas. Primero hallaron el cadáver del menor y luego, a pocos metros, el de su madre dentro de un saco negro, siempre según la narración del caso.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín indicó que el cuerpo de Zoila fue localizado en el sector Sarai Bajo Camote, a 100 metros (328 pies) de donde hallaron al niño. La necropsia de ley determinará la causa exacta de muerte, mientras la hipótesis preliminar que manejaban las autoridades era la de ahorcamiento, pendiente de confirmación forense.

Cronología de la desaparición de Zoila Castillo y su hijo

La secuencia que reconstruyen los familiares comenzó el 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima, en Perú, hacia Tarapoto junto con su hijo para encontrarse con Alcántara. Según su entorno, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada a la ciudad.

Con el avance de los días y ante la ausencia de noticias, se activaron las acciones de búsqueda. Las rondas campesinas ubicaron primero el cuerpo del menor y luego el de su madre, lo que orientó la investigación hacia Alcántara como principal sospechoso.

Entre las diligencias, las autoridades evaluaron información vinculada a teléfonos celulares. La familia indicó que Zoila usaba dos equipos, uno laboral y otro personal. Cuando hallaron el cuerpo del niño, a su lado se encontró un teléfono calcinado, mientras los allegados advirtieron que desde el segundo celular se publicó un estado de WhatsApp con un paisaje de selva después del presunto deceso de la víctima, un dato que abrió nuevas líneas de verificación para los investigadores.

La investigación por el homicidio de Germán David Di Giovambattista, el empleado municipal asesinado durante un asalto ocurrido en abril pasado en Guaymallén, avanzó con un amplio operativo policial en distintos barrios de Maipú y la Ciudad de Mendoza. Durante los allanamientos fueron detenidas cuatro personas: con esas capturas, ya son siete los acusados por el crimen.

Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Andrea Lazo, y ejecutadas por efectivos de la división Investigaciones. Los procedimientos se desplegaron en los barrios SOEM, Tropero Sosa, 26 de Julio, Provincias Unidas, México I y Combate de San Lorenzo, junto a operativos en las calles 20 de Junio, Gutemberg y Gobernador González.

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó además la situación procesal de los sospechosos y precisó qué rol les atribuye en el ataque. Brian Jesús Amaya Gómez fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. En tanto, Gustavo Alfredo Gómez Knap, Lucas Gómez Lisanti, Miranda del Giudice, Espíndola Oviedo, Sosa y Tejada Quiroga quedaron imputados por el mismo delito, pero en calidad de partícipes secundarios.

El crimen de Di Giovambattista ocurrió durante la madrugada del 11 de abril en la calle Mathus Hoyos, en el barrio El Bermejo. Allí, un grupo de delincuentes irrumpió de manera violenta en la vivienda guiado por la geolocalización de un iPhone 17 que había sido robado junto con una motocicleta en un hecho previo. El GPS señalaba el domicilio de la víctima como el lugar donde supuestamente se encontraban los objetos sustraídos.

Sin embargo, los datos recabados durante la investigación confirmaron que los asaltantes llegaron por error a la casa de Di Giovambattista, lo que desencadenó el fatal desenlace. La víctima y su esposa descansaban cuando advirtieron movimientos extraños en el ingreso a la propiedad. Los intrusos exigían la entrega de una motocicleta que nunca estuvo en el lugar.

En ese contexto, Di Giovambattista tomó un machete para defender a su familia. Tras una breve confrontación en la puerta de la vivienda, uno de los agresores abrió fuego y lo hirió de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar e intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero finalmente se constató su fallecimiento. El informe forense determinó que la bala ingresó por el costado izquierdo y salió por la axila derecha.

La reconstrucción de lo sucedido se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad y registros vecinales, que permitieron identificar el vehículo utilizado, un Volkswagen Bora gris, y reconstruir la dinámica del ataque. Un audio captado durante el asalto, en el que uno de los delincuentes manifestó “es al lado, es al lado”, reforzó la hipótesis de que los agresores se equivocaron de vivienda.

Di Giovambattista, de 40 años, trabajaba en el área de Automotores de la Municipalidad de Guaymallén y era padre de dos niñas. No registraba antecedentes penales ni conflictos previos, según señaló su familia.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres señalados por su probable participación en el homicidio de un adolescente ocurrido en Cancún, un caso que derivó previamente en la detención de otras dos personas.

Los imputados fueron identificados como Ian Oliver “N”, José “N” y Roger Saúl “N”, quienes enfrentarán el proceso penal por el delito de homicidio calificado. Además, un juez de Control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años o hasta que concluya el procedimiento judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2025. La Fiscalía sostuvo que los ahora procesados, junto con otras personas, presuntamente contactaron al adolescente y lo citaron en la colonia irregular conocida como Terrenos, en Cancún.

Las indagatorias refieren que posteriormente la víctima fue trasladada a una brecha, donde habría sido golpeada en cabeza, piernas y abdomen y privada de la vida por asfixia. Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los tres acusados.

Durante la audiencia correspondiente, el juez valoró los elementos presentados por la representación social y determinó que existían indicios suficientes para que los imputados continúen sujetos a investigación penal por estos hechos.

La Fiscalía recordó que este mismo caso ya había derivado en la vinculación a proceso de Anthony de Jesús “N” y José Alexander “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición de persona cometida por particulares.

Con las resoluciones judiciales emitidas hasta el momento, suman cinco personas procesadas por un crimen que generó atención en Cancún debido a las circunstancias en que ocurrió y a la edad de la víctima.

Se mantiene el levantamiento de pruebas

Las autoridades estatales también señalaron que los detenidos son investigados por su presunta pertenencia a una célula delictiva relacionada con la venta y distribución de narcóticos en el municipio. No obstante, esa línea de investigación se mantiene en desarrollo y deberá ser acreditada mediante las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Quintana Roo indicó que continuará reuniendo pruebas para fortalecer la acusación durante las siguientes etapas del proceso penal. Mientras tanto, los tres imputados permanecerán bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

La jueza que investiga el fallecimiento de Isak Andic, fundador de Mango, ha ordenado ampliar las pesquisas para esclarecer la posible influencia de “terceras personas” en la muerte del empresario, con especial atención al papel de la psicóloga familiar. Tal y como ha adelantado El País, el auto del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell de la jueza considera que las solicitudes de los Mossos d’Escuadra son “idóneas, necesarias y proporcionadas”, debido a la gravedad de los hechos. Por tanto, ve la necesidad de anañizar las comunicaciones y mensajes de la profesional de la salud mental, así como la intervención de otros actores en los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2024 en Collbató, Barcelona.

Aun así, el único investigado hasta el momento es Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, quien acompañaba a su padre cuando este cayó por un barranco en Collbató. No obstante, en el último revés del caso, la jueza ha ordenado a la compañía telefónica del investigado que aporte todas las comunicaciones realizadas entre el 21 y el 26 de marzo de 2025, fechas que coinciden con un viaje relámpago de Jonathan Andic a Quito, Ecuador, donde él sostiene que fue víctima de un robo de móvil. Además, se ha solicitado el registro de llamadas entrantes y salientes entre el 1 y el 17 de diciembre de 2024, con el objetivo de esclarecer si participaron otras personas en la propuesta de la excursión en la que ocurrió el accidente.

La jueza investiga la posible creación de una fundación o el reparto de herencia antes de Collbató

La instructora considera imprescindible comprobar las circunstancias del fallecimiento para “determinar con exactitud la posible participación” tanto de Jonathan Andic como de otras personas. Entre los indicios señalados se encuentra la discrepancia entre la versión del hijo y los hechos constatados: el auto sostiene que los relatos ofrecidos por Jonathan Andic “no se corresponden con la realidad” y no descarta la existencia de “una participación activa, premeditada y preparada” en la muerte de su padre.

La jueza también ha pedido a las seis compañías móviles que operan en la zona de Collbató que informen sobre la presencia de Jonathan Andic los días 7 y 10 de diciembre, así como la posible localización de otras personas vinculadas con los hechos en esas fechas. El objetivo es determinar si el hijo del empresario se comunicó con más personas de las reconocidas en su declaración, y si había otros implicados en el lugar del accidente.

En el ámbito patrimonial, la instructora ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que accedan a las conversaciones de mensajería de Isak Andic entre el 1 y el 14 de diciembre de 2024, con la finalidad de detectar posibles conversaciones sobre cuestiones económicas, como la creación de una fundación o el reparto de herencia. Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la relación entre padre e hijo estuvo marcada por “la obsesión por el dinero” del investigado, quien habría solicitado a su padre una herencia en vida, hecho que la jueza vincula con la influencia de la psicóloga familiar.

Las contradicciones de Jonathan Andic

El análisis de los mensajes de WhatsApp contradice la imagen de una relación armónica entre padre e hijo. La instructora apunta que Isak Andic aceptó la petición de herencia en vida con el objetivo de mantener el vínculo familiar, una decisión que, según el auto, pudo estar condicionada por la intervención de la psicóloga. No obstante, las declaraciones de Jonathan Andic ante la policía presentan varias contradicciones.

El auto detalla que la propuesta de realizar la excursión fue formulada el 9 de diciembre, solo cinco días antes del accidente, y no dos semanas antes, como inicialmente manifestó el investigado. Además, la jueza destaca que la hora propuesta, las 7:15, coincide con la noche invernal. Por su parte, el personal de servicio de Isak Andic aseguró que no era habitual que ambos salieran a caminar, contradiciendo las declaraciones del hijo. Esta versión fue corroborada tras analizar las conversaciones del empresario en la última década.

También se ha probado, a través de lectores de matrículas de Collbató, que el vehículo privado de Jonathan Andic fue detectado en la zona los días 7, 10 y 14 de diciembre, fechas clave para la investigación. En cuanto a la caída mortal, el relato de Jonathan Andic ha variado en sucesivas declaraciones. Inicialmente afirmó que iba por delante de su padre, quien supuestamente se detuvo a tomar fotografías. Sin embargo, el registro en el móvil de la víctima evidencia que la última imagen fue tomada a las 12:17 y el suceso se produjo a las 12:28, según la Unidad Central de Informativa Forense.

Posteriormente, el investigado sostuvo que oyó un ruido de rocas y vio “un bulto que caía”, mientras que en la llamada al servicio de emergencias indicó que presenció la caída y escuchó gritos de su padre. Por lo que la jueza sostiene en el auto que “son tres versiones completamente contradictorias”.

Tras el crimen, Escoto fue localizado y detenido por la policía cuando se encontraba escondido en una vivienda cercana al lugar de los hechos.

Entre las víctimas también se encontraba un niño de tres años que sobrevivió al ataque, aunque resultó herido, lo que motivó un cargo adicional por poner en peligro a un menor.

Aunque las autoridades no confirmaron el vínculo exacto, se creería que Escoto y Fabiola González-Núñez mantenían una relación personal, ya que el acusado residía en la vivienda junto a la familia de la joven.

La fiscalía sostiene que el ataque fue especialmente violento, involucrando a un bebé de solo dos semanas. Escoto permanece detenido sin derecho a fianza en el condado de Stanislaus, y su próxima comparecencia ante el Tribunal Superior fue fijada para el 28 de julio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó un pedido de retención para que, en caso de una eventual liberación, el acusado quede a disposición de las autoridades migratorias.

La acusación formal incluye agravantes que, de ser comprobados, podrían aumentar las penas:

• Múltiples víctimas
• Uso de arma blanca
• Maltrato infantil con resultado de muerte
• Poner en peligro al hijo sobreviviente de la pareja, de tres años

Según la información recabada por Fox News, la audiencia inicial fue breve y el acusado compareció esposado, vestido con uniforme carcelario, junto a su abogado y un intérprete de español. El medio estadounidense indicó que Escoto habría mostrado una sonrisa durante la audiencia, un detalle que no fue corroborado por otras fuentes periodísticas o judiciales.

Impacto familiar y testimonios

El crimen tuvo un profundo impacto en la familia de las víctimas y la comunidad local. En declaraciones recogidas por el canal KTXL, María Núñez, hermana de Sylvia Núñez-Villalobos y tía de Fabiola, describió la magnitud del dolor padecido: “Y realmente nos destruyó. No sé cómo vamos a vivir nuestras vidas ahora”. Respecto a su sobrina, expresó: “Le cortó las alas. Tenía toda una vida por delante. Tenía una meta. Tenía sueños”.

Otros familiares señalaron que resulta incomprensible la motivación detrás del ataque, ya que, según su testimonio, la familia había brindado a Escoto apoyo y afecto.

El crimen de Mateo González, el bebé de dos semanas, potenció el impacto emocional entre allegados y vecinos, quienes manifestaron su desconcierto y dolor ante los medios locales.

Polémica por políticas de santuario y antecedentes migratorios

Al margen del proceso judicial, el caso tuvo repercusión política cuando el DHS responsabilizó a las políticas de santuario de California por la no transferencia de Escoto a custodia migratoria tras un arresto por DUI en 2025.

El organismo federal detalló que Escoto, de nacionalidad mexicana, ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2018, fue deportado durante la administración de Donald Trump y posteriormente reingresó ilegalmente, acumulando varios arrestos, incluidos cuatro relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, atribuyó el crimen a la legislación vigente en California y declaró a Fox News: “Este crimen atroz de este monstruo podría haberse evitado si los políticos santuario de California simplemente hubieran cooperado con las fuerzas del orden de ICE”.

Desde su perspectiva, la normativa permite que personas con antecedentes penales sean liberadas en las comunidades, en vez de ser transferidas a custodia federal.

El DHS agregó que Escoto había sido expulsado previamente del país y que su reingreso ilegal ocurrió en una fecha y lugar no precisados.

El caso reavivó el debate sobre la relación entre las legislaciones estatales y las acciones de las autoridades federales en materia migratoria, poniendo en discusión el alcance y las consecuencias de las llamadas políticas de santuario en situaciones que involucran delitos graves.

El crimen ocurrió durante la mañana del martes 2 de junio en la calle Zinny 3218, cuando la víctima llegó al punto indicado por la aplicación para buscar a una pasajera a la puerta de su casa. Olivera había llegado en su Ford Fiesta blanco para recoger a una mujer de 35 años que había pedido el viaje y que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Unidad N° 43 de la zona.

El chofer fue emboscado por al menos dos asaltantes armados con elementos cortopunzantes. En esas circunstancias, que todavía siguen bajo investigación judicial, uno de los ladrones le provocó una herida que le costó la vida en la zona del tórax. Los atacantes huyeron a pie por los pasajes del barrio y dejaron al conductor dentro del vehículo.

Efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo intervinieron en la escena y desplegaron un operativo cerrojo en barrios cercanos. Pese a los rastrillajes, los cuatro homicidas continúan prófugos y eran buscados por brigadas de investigaciones de La Matanza, de acuerdo con el mismo medio. La investigación penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza. La identidad del conductor se preserva de manera temporal a la espera de las pericias forenses definitivas.

En la causa intervienen efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo y peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, según El Bonaerense. Los investigadores recolectaban huellas dactilares, revisaban cámaras de seguridad públicas y privadas del perímetro y pedían a la empresa de la aplicación los registros de geolocalización y los datos del perfil de usuario que solicitó el viaje.

Por otro lado, la pasajera presente en la fatal secuencia, dio su testimonio a la autoridades y expresó que uno de los asaltantes sacó una cuchilla de gran tamaño y otro efectuó un disparo para intimidar a Olivera. En medio del ataque, uno de los ladrones le dio una puñalada en el tórax al chofer. La mujer no sufrió lesiones físicas y logró aportar descripciones y detalles sobre la mecánica del asalto.

Un dato central del caso es que Olivera logró alejarse herido de la escena tras el ataque. Según Diario Conurbano, una cámara de seguridad de la cuadra registró que el conductor puso en marcha el auto, avanzó unos metros, detuvo la marcha, bajó tomándose el pecho y cayó sobre la calzada, donde recibió la primera asistencia de un transeúnte. Una patrulla trasladó de urgencia a Olivera al hospital más cercano e ingresó inconsciente. Sin embargo, murió pocos minutos después, pese a las maniobras de reanimación, por la gravedad de la herida en la zona cardíaca.

Según El Bonaerense, compañeros de la víctima manifestaron su malestar frente a comisarías del distrito y describieron amplias zonas del conurbano bonaerense como “inoperables” durante la noche por la acción de bandas que usan perfiles falsos para pedir viajes.

El homicidio se ubica dentro de una secuencia de ataques contra choferes de aplicación y en marzo ocurrió otro crimen en La Matanza, donde ya hubo protestas de los trabajadores. Las promesas de instalar cámaras conectadas a centros de monitoreo urbano y cabinas blindadas no se implementaron de forma integral.

El medio sostuvo que el asesinato en Rafael Castillo puede intensificar la presión social sobre la gestión de la seguridad en las plataformas de transporte. El caso empuja el debate sobre la responsabilidad de las empresas de movilidad en la seguridad de sus choferes y sobre la respuesta que deberán dar tanto la provincia de Buenos Aires como el municipio ante nuevos reclamos y posibles medidas de fuerza.

El relato del hecho es tan inusual como dramático. El chofer fue baleado mientras conducía su Ford Kinetic blanco. Esta vez, al contrario de otros hechos similares, no lo mató un falso pasajero, sino un delincuente que se encontraba a la pesca y que continúa prófugo. El verdadero pasajero fue quien trasladó a la víctima en su propio Ford Kinetic al Hospital Néstor Kirchner, donde finalmente murió.

La identidad del chofer asesinado, por lo pronto, se desconoce. La Policía Bonaerense continúa sus tareas en el lugar del hecho al cierre de esta nota, con un expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

El crimen, confirmado a Infobae por fuentes del caso, está lejos de ser un hecho aislado. Los ataques a conductores de plataformas se repiten en CABA y el oeste del conurbano. Horas antes del crimen en Rafael Castillo, la Bonaerense, con los detectives de la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo. Fueron acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio.

Los acusados fueron identificados como Tiziano Uriel Vázquez, de 21 años, Claudio Zárate, de la misma edad, Alan Ariel Hernández de 37 años y un menor de edad punible, de 16. El expediente en su contra comenzó el 2 de mayo, cuando un chofer denunció al 911 que fue asaltado a punta de pistola en la esquina de Antártida Argentina y Magnasco. Llevaba a dos hombres en su Volkswagen Up. De repente, a mitad de camino, un Renault Clio lo cruzó. Un grupo de hampones armados descendió de ese auto.

El chofer entregó su vehículo ante las amenazas. Sin embargo, por pura maldad, le dispararon a los pies. Fueron cuatro tiros; uno impactó en su tobillo izquierdo. El chofer fue trasladado en ambulancia al Hospital Paroissien, sin riesgo de perder la vida.

Los allanamientos a los sospechosos terminaron con la incautación de un interesante lote de armas. Se encontró una pistola Bersa calibre .380 con siete balas en el cargador, una Bersa Thunder 9 milímetros montada a un kit RONI que simula la apariencia de una ametralladora, un rifle automático Halcón calibre .22, 14 cargadores, una tonfa policial y una moto con pedido de secuestro por robo en Ciudad Evita, así como 250 balas. El expediente está a cargo de la UFI N°1 descentralizada y la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°2.

El crimen ocurrido en Rafael Castillo tampoco es el primero de su tipo ocurrido este año. Cristian Eduardo Pereyra, padre de una niña de tres años, fue asesinado a mediados de marzo sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. El principal sospechoso, detenido por el crimen, es un policía de la Bonaerense, un hombre atravesado por deudas, que baleó a Pereyra con su pistola reglamentaria.

En territorio porteño, una banda de cinco sospechosos de Villa Lugano -entre ellos un chico de apenas doce años- fue detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de once asaltos. Otros dos detenidos tienen 13 y 15 años. La misma modalidad se repite con fuerza en otros centros urbanos como la capital de Córdoba.

Miguel Raymundo Martínez Monroy, Policía Segundo y jefe de la XIV Región de Luvianos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), fue encontrado sin vida en el municipio de Tejupilco luego de haber sido reportado como desaparecido durante la jornada del lunes en la región sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial fue presuntamente privado de la libertad por hombres armados en la zona de Tierra Caliente, al suroeste del Estado de México —en los límites con Guerrero y Michoacán—. Horas después, autoridades localizaron su cuerpo con huellas de violencia en un predio ubicado en territorio de Tejupilco.

La desaparición del jefe regional generó la activación de protocolos de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad estatales. Versiones preliminares señalan que el servidor público habría sido interceptado tras concluir su jornada laboral cuando se dirigía a su domicilio.

Información difundida por medios locales indica que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición después de una llamada anónima en la que presuntamente se informó que Martínez Monroy se encontraba secuestrado. A partir de ese momento se desplegó un operativo coordinado en municipios del sur mexiquense.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes instalaron filtros de revisión y realizaron labores de búsqueda e inteligencia.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de emergencia confirmó el fallecimiento y la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos. Posteriormente acudieron agentes del Ministerio Público y especialistas forenses para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver y su traslado a las instalaciones de Servicios Periciales.

La Secretaría de Seguridad estatal difundió una esquela en memoria de Miguel Raymundo Martínez Monroy, quien se desempeñaba como responsable de la región policial con sede en Luvianos.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía mexiquense informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

El asesinato ocurrió en una región que en los últimos años ha concentrado operativos de seguridad debido a la presencia de organizaciones criminales. Además, el caso se registró horas después de reportes relacionados con la presunta privación de la libertad de una funcionaria municipal en la zona sur del Estado de México.

De operativos contra La Familia Michoacana a agresiones contra policías: los antecedentes recientes en Tierra Caliente

En los últimos meses, la región sur del Estado de México ha sido escenario de operativos de gran escala contra presuntas estructuras de La Familia Michoacana. En marzo de 2026, autoridades federales y estatales desplegaron la llamada Operación Bastión, mediante la cual aseguraron inmuebles vinculados con la organización criminal en municipios de Tierra Caliente como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos.

Semanas antes, en febrero de 2026, también se reportaron acciones derivadas de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos en distintas regiones mexiquenses.

La tensión en la zona ya había quedado evidenciada durante julio de 2025, cuando operativos contra extorsiones atribuidas a La Familia Michoacana provocaron bloqueos carreteros, retención de policías estatales, vandalización de patrullas y agresiones contra elementos de seguridad en municipios como Tejupilco y Tlatlaya.

El caso por el asesinato de Charlie Kirk en Utah avanza hacia una instancia crucial tras la decisión del juez Tony Graf de mantener abierta al público la audiencia preliminar contra Tyler Robinson, acusado de homicidio agravado.

La medida, reportada por AP News, permitirá la exposición pública de las pruebas reunidas por la fiscalía, que busca la pena de muerte en este proceso de alto perfil.

El proceso judicial y el debate sobre el acceso público

El juez Graf rechazó el lunes el pedido de la defensa de Tyler Robinson para cerrar partes de la audiencia preliminar, prevista del 6 al 10 de julio, en la que los fiscales deberán demostrar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

Según detalló AP News, la defensa argumentó que la cobertura mediática podría perjudicar el derecho de su cliente a un proceso justo, mientras que la fiscalía insistió en la importancia de la transparencia judicial.

Durante su resolución, Graf sostuvo que “el público y los medios disfrutan de un derecho presunto de acceso a los procedimientos judiciales, incluidas las audiencias preliminares”, y descartó que la exposición de pruebas en esa instancia suponga un daño para la imparcialidad del proceso.

De acuerdo con NBC News, la audiencia de julio será la presentación de pruebas más relevante hasta el momento en una causa marcada por la controversia en torno al acceso de la prensa y la opinión pública sobre el caso.

Robinson, de 23 años y oriundo del suroeste de Utah, enfrenta cargos por el asesinato de Kirk el 10 de septiembre de 2025 en el campus de la Utah Valley University. Hasta la fecha, el acusado no presentó declaración de culpabilidad y permanece bajo prisión preventiva.

La fiscalía, por su parte, prevé introducir como pruebas análisis forenses, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de testigos, hallazgos de la autopsia y mensajes atribuidos a Robinson en los que admitiría su responsabilidad.

Entre los elementos que serán evaluados, destacan los resultados de ADN hallados en el gatillo del arma homicida, en la vaina del cartucho disparado y en una toalla utilizada para envolver el rifle.

Además, los investigadores incautaron una nota dirigida a la pareja sentimental de Robinson con el mensaje: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a hacerlo”, según informaron AP News y CBS News.

Tensiones entre la defensa y la fiscalía

La defensa de Robinson sostiene que la cobertura mediática distorsionó la imagen pública de su cliente y buscó restringir el acceso a los detalles de la audiencia para evitar una afectación al futuro juicio.

El equipo legal del acusado consiguió que se programe una audiencia previa, prevista para el 12 de junio, destinada a discutir las acciones de la fiscalía en relación con declaraciones realizadas a la prensa.

Según AP News, los abogados acusan al fiscal Christopher Ballard de haber realizado una “gira mediática” en la que expresó opiniones sobre la culpabilidad de Robinson.

La fiscalía respondió que las intervenciones de Ballard se limitaron a corregir información errónea difundida en la prensa, en particular sobre un informe preliminar de balística que había generado especulaciones en torno a una posible exoneración del acusado.

En ese sentido, los fiscales negaron que Ballard haya emitido juicios de valor sobre la culpabilidad de Robinson, como puntualizó AP News.

Contexto y repercusiones del caso

El asesinato de Charlie Kirk conmocionó a la comunidad universitaria y generó amplia repercusión en medios nacionales e internacionales. Kirk, conocido por su activismo político y su cercanía a líderes conservadores, fue asesinado en circunstancias que las autoridades describen como premeditadas.

El proceso judicial captó la atención por el debate sobre el acceso público a audiencias sensibles y el impacto de la cobertura mediática en casos penales de alta notoriedad.

El desarrollo de la audiencia preliminar en Utah marcará un punto de inflexión en el caso, al poner a disposición del público y la prensa las pruebas clave reunidas hasta el momento.

Si la fiscalía logra acreditar la solidez de su acusación, el proceso avanzará hacia un juicio en el que los fiscales ya anticiparon que solicitarán la pena de muerte para Tyler Robinson.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la acreditación de la responsabilidad penal de Fredy Martínez Sánchez y Abraham Ávila Molina en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, por lo que un juez con sede en Toluca los condenó a 108 años de prisión.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron en marzo de 2025 en el municipio de Metepec. Mientras que las condenas fueron informadas el 1 de junio.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora sentenciados, en compañía de un tercer sujeto que permanece sujeto a proceso judicial, llegaron a bordo de un vehículo al lugar donde se encontraban las víctimas. La agresión comenzó de forma verbal y escaló cuando Fredy Martínez Sánchez accionó un arma de fuego en contra de ellas, lo que provocó la muerte de una de las víctimas y lesiones a la otra.

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía mexiquense estableció que el móvil de la agresión habría sido una disputa territorial por la comercialización de narcóticos.

Con base en la información recabada, el agente del Ministerio Público identificó a los responsables, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada.

Tras su detención, Fredy Martínez Sánchez y Abraham Ávila Molina fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde quedaron a disposición del juzgado. Al término del proceso legal y tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el juez los declaró culpables y les impuso una sentencia de 108 años de prisión.

Otros sujetos sentenciados

Mientras que el pasado 5 de mayo, la Fiscalía mexiquense informó sobre una sentencia condenatoria de 195 años de prisión para Daniel Alejandro Rivera Segura y Juan Carlos Avelino Sánchez, por los delitos de secuestro simple y secuestro con complementación de privación de la vida de una de sus víctimas.

La resolución fue dictada por la autoridad judicial del Estado de México tras la revisión de los datos de prueba y el proceso legal correspondiente, y ambos sentenciados quedaron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

De acuerdo con las autoridades, los dos sujetos formaban parte de una célula criminal autodenominada “Los Deltas”, vinculada a una organización delictiva con orígenes en Jalisco que extendió sus operaciones a varios municipios del Valle de Toluca.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron en el municipio de Metepec durante el mes de abril de 2025, cuando las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo y fueron abordadas por los imputados, quienes las amenazaron con armas de fuego y las privaron de su libertad.

Los habitantes de Atlántico están en alerta ante la cantidad de actos de violencia que ocurren a diario en las diferentes zonas del departamento. Una de las más golpeadas por la violencia es la capital, donde se presentó un nuevo ataque armado que dejó como víctima a un adolescente.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue identificado como Fabián Alexander Sarmiento Durán, de 18 años, que fue asesinado a balazos durante la noche del 31 de mayo de 2026 en el barrio El Bosque.

Información de los medios locales indica que el ataque fue cometido por dos hombres que llegaron en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra él y otras dos personas que se encontraban en una vivienda del sector.

El caso está siendo verificado por las autoridades, teniendo en cuenta que una de las principales hipótesis se refiere a una posible vendetta debido a los antecedentes judiciales de la víctima.

Sin embargo, el joven no fue la única víctima, pues las autoridades aseguran que otras dos personas fueron lesionadas: Noemí Yamile Pérez Carranza, de 25 años, y Brayan Andrés Cantillo Ruiz, de 24, que permanecen bajo observación médica mientras se recuperan de las heridas.

Los lesionados fueron auxiliados de inmediato por los vecinos del sector, que se encargaron de trasladarlos a la Clínica San Ignacio de Barranquilla. Allí se confirmó la muerte de Sarmiento Durán, mientras que los otros dos sobrevivientes quedaron bajo cuidado del personal médico, además de ser vinculados al proceso, pues su testimonio es indispensable para la resolución del caso.

En cuanto al cuerpo del joven, se dio a conocer que fue remitido después al Instituto de Medicina Legal, en el que las autoridades se encargarán de las respectivas inspecciones para luego entregarlo a sus familiares.

La víctima salió de prisión tres días antes del ataque mortal

Según las autoridades, Fabián Alexander Sarmiento Durán llevaba apenas tres días de haber salido de un centro de reclusión privativo de la libertad, antes de ser sometido al atentado que acabó con su vida.

La consulta al Sistema Penal, Oral y Acusatorio mostró que el joven registraba tres anotaciones judiciales por delitos como homicidio y porte ilegal de arma de fuego, lo que se convierte en información valiosa para las líneas de análisis del caso que los investigadores están manejando.

Ante los primeros resultados de las investigaciones, los expertos a cargo del caso no descartan que la muerte guarde relación con actividades ilícitas en las que estuvo involucrado Sarmiento Durán en el pasado.

Alerta por la cantidad de jóvenes involucrados en el mundo criminal

Las autoridades continúan trabajando para evitar que los jóvenes se enlisten en grupos criminales en los lugares apartados. Ante este panorama, se conoció que la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos adolescentes de 16 y 17 años por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 5 de mayo en Sabanagrande (Atlántico), según el organismo investigador.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, cuatro personas, entre ellas los dos menores de edad, llegaron a la vivienda de la víctima, de 22 años, y le dispararon frente a su familia.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

Luego de verificar el caso, un juez con función de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ordenó medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, donde se espera que sean resocializados y no salgan a reincidir.

Las autoridades hondureñas informaron sobre la captura de un ciudadano solicitado por la justicia de El Salvador, buscado a nivel internacional mediante una notificación roja de la Policía Internacional (INTERPOL). El operativo se realizó en Amapala, departamento de Valle, y el detenido será trasladado a Tegucigalpa para continuar con el proceso judicial.

La acción fue desarrollada por efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y personal de la Fuerza Naval de Honduras, que realizaban labores de vigilancia y seguridad en la isla de San Carlos, en el Golfo de Fonseca.

De acuerdo con el reporte oficial de las Fuerzas Armadas, el detenido es requerido por las autoridades salvadoreñas por extorsión agravada, participación en agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, así como proposición y conspiración para cometer homicidio agravado.

Las autoridades indicaron que la alerta internacional en su contra fue emitida el 5 de marzo de 2026 a través de una notificación roja de INTERPOL, un instrumento utilizado para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas por procesos judiciales o condenas pendientes en otros países.

Cómo fue el operativo

La captura tuvo lugar en una región que, por su ubicación geográfica, es un punto de interés para las operaciones de seguridad en el sur del país.

Amapala y las islas que conforman el Golfo de Fonseca son áreas donde las fuerzas de seguridad mantienen presencia permanente por su importancia para el control territorial y la vigilancia de actividades vinculadas al tráfico ilícito y otras modalidades del crimen organizado.

Según las autoridades, el operativo formó parte de acciones de patrullaje y monitoreo desarrolladas dentro de la estrategia nacional de seguridad, lo que permitió ubicar al ciudadano requerido y detenerlo sin que se reportaran incidentes.

Aunque las Fuerzas Armadas no ofrecieron detalles sobre el tiempo que el detenido llevaba en territorio hondureño ni las circunstancias específicas de su localización, señalaron que la operación se ejecutó en coordinación con mecanismos de intercambio de información entre organismos de seguridad nacionales e internacionales.

Tras su captura, el ciudadano identificado como “Chevo” será trasladado a Tegucigalpa, donde quedará bajo la custodia de INTERPOL Honduras para continuar con los procedimientos establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales en materia de cooperación judicial.

Las autoridades explicaron que la etapa inicial consiste en la verificación de la documentación remitida por el país solicitante, así como en la formalización de los trámites requeridos para determinar su situación legal.

Posteriormente, el caso podría avanzar hacia un proceso de extradición, siempre que se cumplan los requisitos legales y judiciales contemplados en los convenios vigentes entre Honduras y El Salvador.

Hasta ahora no se ha divulgado públicamente la identidad del detenido ni se han brindado más detalles sobre las investigaciones que enfrenta en el país vecino.

Qué es una notificación roja de INTERPOL

La notificación roja es uno de los mecanismos de cooperación policial internacional más utilizados para la búsqueda de personas requeridas por la justicia.

A través de este sistema, los países miembros de INTERPOL comparten información sobre individuos que enfrentan procesos penales o sentencias pendientes y solicitan a otras naciones su localización y detención provisional mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes.

Una notificación roja no constituye por sí sola una orden de arresto internacional obligatoria, ya que cada país aplica sus propias leyes y procedimientos para ejecutar la captura y tramitar una eventual extradición.

Cooperación regional

Las Fuerzas Armadas señalaron que la operación se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra el Crimen”, una iniciativa orientada a fortalecer las acciones contra estructuras delictivas que operan dentro del territorio nacional y a nivel regional.

La cooperación entre Honduras, El Salvador y otros países de la región ha permitido el intercambio de información de inteligencia, la coordinación de operativos y la ejecución de capturas de personas requeridas por distintos sistemas judiciales.

Las autoridades hondureñas destacaron que continuarán fortaleciendo las acciones de vigilancia en zonas estratégicas del país y colaborando con organismos internacionales para responder a solicitudes judiciales provenientes de otras naciones.

Juan Pedro Arámburo García —conocido como “El Peter”—, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en Culiacán, en un ataque directo perpetrado por hombres armados cuando circulaba por calles de la colonia 10 de Mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial viajaba a bordo de un automóvil Nissan Versa blanco cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra desde otro vehículo en movimiento. La agresión ocurrió en el cruce de la avenida México 68 y la calle 21 de Marzo, al sur de la capital sinaloense.

Arámburo García, acababa de concluir su jornada laboral y se dirigía a iniciar su día de descanso cuando ocurrió el ataque, según la información preliminar difundida por medios locales.

La agresión provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona. Elementos de distintas fuerzas acudieron al lugar para resguardar la escena, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación oficial relacionada con el homicidio del comandante estatal.

Juan Pedro Arámburo García formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva antes de desempeñarse como comandante dentro de la corporación. Además, durante su trayectoria fungió como escolta de Juan Francisco Villegas López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

El asesinato ocurre en un contexto de violencia persistente en distintas zonas de Sinaloa, donde en los últimos meses se han registrado ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad, además de enfrentamientos y hechos relacionados con la actividad de grupos delictivos.

Casos recientes de ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad

En Culiacán y otras zonas de Sinaloa se ha mantenido en los últimos años un patrón de violencia dirigido contra integrantes de corporaciones de seguridad, particularmente mandos municipales y estatales, quienes han sido atacados en emboscadas o agresiones directas mientras se trasladan en vehículos o fuera de servicio.

De acuerdo con reportes periodísticos, en el estado se han registrado decenas de policías asesinados en el contexto de la confrontación entre grupos criminales, con Culiacán como uno de los principales focos de estos hechos, en los que predominan las ejecuciones sin intento de robo y con ataques realizados desde vehículos en movimiento.

Cinco miembros de una misma familia perdieron la vida tras ser embestidos por una camioneta en San Vicente sobre la Ruta 6. Tras la detención del responsable, un estudiante universitario con antecedentes de infracciones viales, los allegados reclaman justicia y exigen respuestas judiciales por el trágico siniestro.

El choque sucedió cuando una Volkswagen Amarok impactó contra un Peugeot 207 a la altura del kilómetro 53. El conductor de la camioneta quedó aprehendido luego de que su vehículo ingrese hasta los asientos delanteros del auto que embistió. En el Peogeot se trasladaba la familia de Guernica, que se dirigía a buscar atención médica para el bebé de dos meses, quien tenía fiebre. Todos sus ocupantes, inclusive dos menores, murieron en el acto.

Los cinco fallecidos que perdieron la vida en el acto son: Ninfa Cabañas, Serafina Benítez Cabañas, Juan Aníbal López Rodríguez, Brailin Beatriz Sanabria Benítez y Maicol Benítez. Por otro lado, el conductor identificado como Leandro Panetta, de 28 años, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), permanece detenido tras el brutal impacto que destruyó a la familia.

La medida fue dispuesta por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, la doctora Castro. La investigación quedó encuadrada de manera preventiva como “homicidio culposo”, de acuerdo con el parte oficial firmado por el comisario mayor Héctor Quaini, jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires. La fiscalía aguarda los resultados de los estudios accidentológicos para definir si existieron agravantes en la conducta del conductor.

La familia de las víctimas reclamó justicia de manera pública y Rose Mary, sobrina de los fallecidos, expresó: “Estamos todos mal. Queremos justicia y no vamos a dejar que esto quede en la nada. Estamos en proceso de organizar una marcha”.

La indignación de la familia se concentra en la figura de Leandro Panetta, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado. Rose Mary afirmó: “El asesino está detenido y no queremos que esto quede en la nada porque destruyó a una familia y estamos devastados”. La pérdida se extiende a tres generaciones familiares, según detalló la entrevistada.

El historial del imputado

El historial del conductor detenido agravó el reclamo de justicia ya que Panetta acumulaba 11 infracciones de tránsito, de las cuales nueve correspondían a exceso de velocidad y dos a cruce de semáforo en rojo, cometidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre las infracciones, dos fueron registradas en Berazategui, con apenas cinco días de diferencia.

Las pericias realizadas tras el accidente confirmaron que Leandro Panetta, conductor de la Volkswagen Amarok,dio negativo en el test de alcoholemia. Según el informe médico oficial incorporado a la causa, el estudiante no tenía alcohol en sangre al momento del siniestro. El examen se llevó a cabo en el Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo poco después de la colisión, bajo la supervisión de las autoridades judiciales. Esta información fue sumada a la investigación que busca establecer las condiciones exactas en las que se produjo el impacto y determinar eventuales agravantes en la causa caratulada como homicidio culposo.

Un testimonio clave brindado por Micaela Cramer, recogido por 0221, aportó detalles sobre la reacción de Panetta tras el siniestro: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”. La testigo relató que el Peugeot quedó completamente destruido tras el impacto, y desde un primer momento supo que los ocupantes no habían sobrevivido.

La magnitud de la tragedia generó conmoción en la comunidad de San Vicente y reavivó los reclamos por mayor control y prevención en la Ruta 6, un corredor vial señalado por su tráfico intenso y antecedentes de accidentes fatales. Mientras tanto, la familia afectada realiza gestiones para organizar una movilización en memoria de las víctimas y en demanda de justicia. La marcha busca visibilizar el impacto del hecho en la estructura familiar y presionar para que el proceso judicial avance sin dilaciones.

Un joven de 23 años murió el sábado por la mañana en Tucumán, luego de que fuera asesinado a puñaladas por su hermano mayor. Una discusión familiar habría derivado en el ataque mortal, sin embargo, las causas detrás del fratricidio estarían bajo investigación.

La pelea se desató en la intersección de avenida Salta y calle México, ubicada en San Miguel de Tucumán. Se trataría de la zona en donde la víctima, identificada como Germán Robledo, administraba una gomería. Asimismo, indicaron que el agresor, Walter Robledo (47), también era dueño de un comercio lindante con el de su hermano.

Según las versiones preliminares, ambos mantuvieron una fuerte discusión que terminó cuando el joven gomero recibió múltiples heridas de arma blanca. Aparentemente, el enfrentamiento habría sido originado por una serie de obras que uno de ellos planeaba realizar. Esto habría despertado el descontento del otro, debido a que se trataría de una propiedad compartida.

El ataque se habría concretado con un cuchillo, pero no está confirmado que el arma homicida fuera secuestrada por las autoridades. De acuerdo con la información publicada por El Tucumano, el personal policial acudió a la escena para preservar el área e iniciar las pericias correspondientes.

Entre los vecinos y comerciantes de la zona, destacaron que se encontraba presente una hermana de los involucrados, quien fue la responsable de dar aviso a las autoridades. Pese a que intentaron trasladar al joven de 23 años al Hospital Avellaneda, su muerte fue confirmada a mitad de camino.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, está a cargo de la investigación de los hechos. En línea con esto, se ordenó que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizara toma de muestra y recolección de evidencias en la escena del crimen.

Respecto a la situación del acusado, informaron que el hombre quedó detenido en la Comisaría Quinta de la capital tucumana. Según indicaron, estarían pendientes de realizarse las pericias criminalísticas correspondientes. Según el sitio Contexto Tucumán, las autoridades buscarán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el asesinato y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el caso.

Un hombre fue asesinado de 26 puñaladas por su hermano tras discutir por una herencia en Tucumán

Un hombre de 62 años murió apuñalado en la madrugada del 19 de diciembre de 2025 en Banda del Río Salí, Tucumán, tras una discusión con su hermano por la venta de la casa familiar. Juan Alberto Rodríguez recibió al menos 26 puñaladas dentro de la vivienda de su hermano, Julio César Rodríguez, quien quedó detenido tras confesar el crimen.

Según reconstruyó Infobae, el altercado se originó cerca de las 00:15 horas, cuando la víctima —vecina de la ciudad de Alderetes— llegó a la casa para insistir en la venta del inmueble y repartir las ganancias. Ambos hermanos, que residían en localidades distintas, mantenían disputas frecuentes por este motivo.

Fuentes policiales señalaron que el acusado se oponía a vender la vivienda porque temía que su hermano utilizara el dinero para comprar bebidas alcohólicas, debido a antecedentes de consumo problemático. De acuerdo con el relato de una vecina, Rosario Luna, Julio César se encontraba sentado en la vereda cuando llegó Juan Alberto, aparentemente en estado de ebriedad.

Tras una discusión, ambos ingresaron a la casa, donde se produjo el ataque. El hijo de la víctima fue quien realizó el llamado al 911 tras escuchar los gritos y pedir auxilio. Fue así que los efectivos policiales que acudieron al lugar encontraron a Julio César sentado y reconociendo el homicidio. El caso quedó en manos del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I.

Según los voceros, entregó voluntariamente el cuchillo utilizado. “Estaba harto de mi hermano”, habría manifestado a los agentes. Poco después, una ambulancia constató la muerte de Juan Alberto en el lugar, según informó el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí. Los primeros informes también indicaron que la víctima habría estado consumiendo alcohol antes del ataque.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de dos personas dentro de un auto incenciado en un pasaje rural del departamento El Carmen, el Ministerio Público confirmó que el caso como doble homicidio. Las víctimas, identificadas como L.C.L. y M.N.P., fueron encontrados calcinados y presumen que el crimen ocurrió entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 2025 en la provincia de Jujuy.

Este sábado, el Ministerio Público de la Acusación pidió la apertura de juicio oral y público contra los imputados reconocidos como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. por el crimen de una pareja asesinada en Pozo Cavado. De acuerdo con Somos Jujuy, el juez de Control Gastón Mercau admitió el requerimiento del fiscal Luis Marcelo De Aparici y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.

La acusación atribuye a D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. los delitos de “doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real”. La causa requirió un trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía interviniente y personal de la policia de Jujuy.

El magistrado también revocó la prisión preventiva domiciliaria que tenía D.F.M. y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario, a pedido de la fiscalía. En la audiencia de control de acusación, que finalizó el último viernes, la fiscalía expuso evidencias materiales, informes técnicos, pericias y declaraciones testimoniales reunidas durante la pesquisa.

La investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen - Perico, dirigida por De Aparici. En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, como querellante particular.

El hallazgo del crimen

En mayo del 2025, encontraron una Jeep Renegade incendiada, dentro hallaron dos cuerpos calcinados. El hallazgo ocurrió por la noche, cerca de las 21, en un camino vecinal situado a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N°43, a la altura del paraje Pozo Cavado, en el departamento El Carmen. La denuncia había sido recibida a las 20.30 y, según los fiscales del caso, un testigo alertó a la Policía después de escuchar ruidos, acercarse al lugar y ver el vehículo envuelto en llamas.

A través de la patente, los investigadores identificaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Lucía del Carmen Lera, de 52 años, con domicilio en la ciudad de Perico. Según publicó Somos Jujuy, la mujer salió el mismo miércoles por la tarde en ese vehículo junto a su pareja, Matías Nicolás Pérez, de 36 años, y ninguno volvió a ser visto desde entonces.

“Se desconoce el paradero de la propietaria del vehículo. Es una mujer vinculada con el comercio. Y hay un masculino cercano a la propietaria cuyo paradero tampoco conocemos”, dijo la fiscal María Curten Haquim. Los policías llegaron al lugar pocos minutos después del aviso con personal de la Comisaría Sección 45 de Pampa Blanca, dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía de Jujuy. También intervinieron bomberos, que sofocaron los focos activos en el interior del rodado y enfriaron la estructura para permitir la inspección.

Recién entonces, según la reconstrucción oficial, los agentes pudieron observar el interior del vehículo. En la parte trasera del habitáculo encontraron dos cuerpos completamente carbonizados. Haquim explicó que el nivel de carbonización impidió cualquier reconocimiento inicial. “Los dos cuerpos estaban en un estado de carbonización que nos impide el reconocimiento de los mismos. No podemos determinar ni el sexo ni las edades”, detalló la fiscal.

La muerte de Dulce Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, generó conmoción en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, tras confirmarse mediante autopsia que la joven fue víctima de homicidio por asfixia mecánica. Su cuerpo fue hallado el 28 de mayo en una obra en construcción, después de dos semanas de búsqueda ininterrumpida. El caso movilizó a la comunidad y expuso graves cuestionamientos sobre la atención estatal y la seguridad en la zona.

La investigación, a cargo de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones, tomó impulso luego de que se conocieran los primeros resultados forenses. De acuerdo con fuentes vinculadas a la pesquisa, no se identificaron elementos con los que se hubiera cometido el ataque ni se secuestraron objetos en la escena. El Territorio indicó que los especialistas avanzan en la reconstrucción de las horas previas al hallazgo y analizan evidencias recolectadas en el lugar.

El hallazgo se produjo cerca de las 19 del jueves 28 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron a una construcción abandonada en el barrio El Tucán, tras recibir una alerta sobre la presencia de un cuerpo. Al llegar, preservaron la escena y dieron aviso a la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordinó las tareas periciales junto a personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado que colaboraron en la extracción del cuerpo.

Según el informe preliminar del médico policial, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Por esta razón, la magistrada ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la autopsia. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por parte de un familiar directo, lo que permitió confirmar que se trataba de la joven buscada desde el 17 de mayo, fecha en la que desapareció de su domicilio en el barrio Avanti, a pocas cuadras del sitio donde fue encontrada sin vida.

La noticia provocó una reacción inmediata entre los vecinos, quienes denunciaron inacción policial y ausencia de respuesta institucional. “Ya se había hecho la denuncia a Niñez por esas niñas”, remarcó una residente de Eldorado. La misma persona criticó la falta de difusión de la desaparición: “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”. Estas declaraciones reflejan el descontento de la comunidad ante la respuesta oficial.

Vecinos del Kilómetro 4 profundizaron las críticas sobre la situación de vulnerabilidad en la que vivía Dulce Beatriz Candia. “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”, sostuvo una fuente consultada por El Territorio. Además, señalaron la falta de seguridad en la zona: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”. La conmoción en Eldorado y el reclamo de justicia por Dulce Beatriz Candia mantienen el tema en el centro de la discusión social.

Ante la gravedad del hecho, la Jefatura de Policía reforzó la investigación y solicitó colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita avanzar en el esclarecimiento del caso. Las autoridades continúan recabando testimonios y pericias, mientras buscan establecer una cronología precisa de los acontecimientos previos a la muerte de la adolescente.

Por disposición de la jueza María Laura Rodríguez, se continuará relizando tareas de investigación para la reconstrucción del crimen de la adolescente en Misiones. Hasta el momento, no se descarta la posibilidad de que se sumen agravantes por cuestiones de género en la causa. La magistrada interviniente dispuso la continuidad de las diligencias periciales necesarias para avanzar en la identificación de los responsables del homicidio.

Alexis Hereñu, el presunto asesino de Benjamín Scerra, fue detenido este sábado en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tras una serie de tareas investigativas realizadas este sábado. El sospechoso estaba prófugo desde hace varias semanas.

Conocido como “El Corto”, era buscado en el marco de la causa que investiga el homicidio del joven de 19 años, ocurrido en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez.

En los próximos días, se llevarán a cabo los procedimientos y pedidos formales para el traslado del detenido a la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde será conducido a una audiencia imputativa ante el fiscal de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial San Lorenzo, Aquiles Balbis, indicaron fuentes judiciales.

El crimen de Scerra quedaría prácticamente resuelto luego de la captura del principal sospechoso.

La investigación determinó que el crimen ocurrió en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45, en el monte del barrio El Espinillo. El joven estuvo desaparecido durante cinco días, hasta que su cuerpo fue hallado el 14 de mayo en un cañaveral de Granadero Baigorria.

La autopsia reveló que la víctima sufrió más de 20 puñaladas, concentrándose las heridas fatales en el cuello, según confirmó el fiscal Balbis.

Días atrás, el fiscal Aquiles Balbis había imputado a los primos Darío Hereñu (34) y Luciano “Tuta” Hereñu (23) por su participación en el homicidio. Ambos fueron llevados a audiencia imputativa y el juez Carlos Gazza dictó prisión preventiva efectiva.

Cómo fue el homicidio

La víctima había desaparecido tras salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo, según denunció su padre, Félix Scerra, en la comisaría local. El joven no había llevado dinero y tenía únicamente un atado de cigarrillos y su celular.

Según detalló el padre a las autoridades, Benjamín tenía antecedentes de depresión y problemas de consumo.

De acuerdo a los datos brindados por el fiscal, Scerra se encontró con Alexis “Corto” Hereñu y su pareja en la ciudad de Granadero Baigorria y fue invitado a una reunión en la vivienda de la familia. Allí, mantuvo una discusión con varios integrantes del clan y luego se trasladaron a la casa de “El Corto”, donde comenzaron a beber y jugar a las pulseadas.

Durante una nueva disputa, Darío Hereñu expresó a la víctima que lo había “cansado” y lo empujó fuera del rancho para iniciar una pelea a golpes. Darío y su hermano Alexis golpearon a Scerra hasta que este cayó contra una casilla vecina. Los dueños intentaron intervenir para detener la agresión, pero Alexis regresó con una cuchilla tipo carnicero y desafió a Scerra.

Según la reconstrucción, Alexis y Darío Hereñu volvieron a golpear a Scerra, quien cayó al suelo y recibió patadas y puñetazos. En ese momento, los hermanos le robaron las zapatillas y el celular.

De acuerdo a lo relatado por testigos y el informe de la autopsia, Scerra intentó escapar descalzo, pero fue alcanzado por Darío, Luciano y Alexis, quienes lo agredieron nuevamente. Fue entonces cuando “Corto” utilizó el cuchillo y le asestó al menos 20 puñaladas, provocándole la muerte por shock hipovolémico debido a una hemorragia masiva por degüello.

El fiscal Balbis sostuvo que el ataque se produjo con el objetivo de robar las pertenencias de la víctima. Las calificaciones legales atribuidas fueron coautoría de robo calificado por uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa para Darío Hereñu, y encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa para Luciano Hereñu, quien luego vendió el celular y las zapatillas de Scerra.

Tras la detención del principal sospechoso, aún no se informó la fecha específica de la audiencia imputativa para Alexis Hereñu, según indicaron fuentes judiciales.

El crimen ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega, cerca del parque Juana Alarco de Dammert. Según el testimonio de sus allegados, Luis Alfredo intentó evitar que las jóvenes fueran hostigadas, pero la discusión escaló hasta convertirse en un violento ataque que acabó con su vida en plena vía pública.

Mientras la Policía continúa con las investigaciones, familiares de la víctima exigen que se revisen las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a todos los involucrados y esclarecer lo sucedido. Su hermana asegura que aún existen dudas y versiones contradictorias sobre los momentos previos al homicidio.

Joven fue atacado por defender a sus amigas de acoso callejero

De acuerdo con la denuncia familiar, Luis Alfredo estuvo horas antes en el parque Juana Larco de Dammert junto con un grupo de aproximadamente seis personas. La Policía, según informó RPP Noticias, indicó que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del ataque.

El punto de quiebre llegó cuando el joven se retiró del parque con dos amigas y caminó por la avenida Inca Garcilaso de la Vega. Fue en ese trayecto, según la versión de su hermana, cuando un vendedor ambulante de pulseras se acercó al grupo e insultó a las jóvenes.

Gabriela Urrutia contó a RPP Noticias que su hermano discutió con el sujeto al salir en defensa de sus amigas. “Dicen sus amigos que un chico, que vende pulseras, vino y les faltó el respeto a las chicas; y mi hermano saltó”, relató.

El testimonio familiar agrega un detalle clave: una tercera persona habría intervenido en medio del altercado. “Una chica le dio el cuchillo al chico que vende pulseras y lo acuchilló a mi hermano”, afirmó Gabriela Urrutia.

Herido de gravedad, Luis Alfredo cayó al pavimento. Su muerte causó conmoción entre sus familiares y amigos, que exigen que se establezcan responsabilidades y se determine el rol de cada implicado, incluido quien habría entregado el arma blanca.

Víctima cursaba la mitad de su carrera universitaria

Luis Alfredo Urrutia Ventura era estudiante del sexto ciclo de Ingeniería de Sistemas. RPP Noticias precisó que estaba a cuatro ciclos de culminar sus estudios.

Su hermana lo describió como su único hermano y sostuvo que el caso truncó “los sueños” del universitario. En el entorno familiar, el dolor se mezcla con la urgencia por reconstruir una línea de tiempo clara: desde la reunión en el parque hasta el momento exacto de la agresión en la avenida.

Según la información reunida por los familiares, esa salida no tenía un destino distinto al de cualquier noche entre jóvenes. Sin embargo, las dudas sobre con quiénes estuvo y cómo se conocían esas amistades se volvieron parte del problema para la familia.

Gabriela Urrutia dijo que las personas que acompañaban a su hermano ofrecieron versiones contradictorias sobre la relación que tenían con él: primero señalaron que se conocieron en un instituto de inglés y luego que el vínculo surgió por redes sociales.

Cámaras de seguridad serían clave para esclarecer el crimen

Tras el crimen, dos jóvenes que presenciaron el ataque fueron trasladadas para rendir manifestación en la comisaría de Alfonso Ugarte. RPP Noticias informó que permanecían allí en calidad de testigos, mientras avanzaban las diligencias para esclarecer lo sucedido.

En la escena, Exitosa reportó que la Policía identificó botellas de bebidas alcohólicas y un ramo de flores, además de remarcar que el trabajo pericial y las grabaciones de seguridad serán determinantes para identificar al agresor y precisar cómo se produjo el ataque.

La principal demanda de la familia es el acceso a las cámaras de videovigilancia de la zona. “No sabemos quién es, por eso les pido bastante que me ayuden con el tema de las cámaras, por favor”, declaró Gabriela Urrutia.

En Exitosa, la familiar insistió en el mismo pedido: “Necesito, por favor, que nos ayuden por ese lado para hacer justicia, porque esto no puede quedar así. Es mi único hermano”. Las imágenes, sostiene, son la pieza que falta para ordenar los testimonios, despejar contradicciones y ubicar a los responsables ante la justicia.

Hay tragedias que se quedan grabadas en la memoria de un país no solo por la crueldad del hecho, sino por la traición a la confianza más sagrada. En la República Dominicana, el nombre de Esmeralda Richiez evoca ese dolor. Para quienes no conocen su historia, el desenlace judicial ocurrido esta semana en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cierra uno de los capítulos más oscuros del ámbito educativo nacional: la ratificación de la condena de 20 años de prisión para el exprofesor John Kelly Martínez, hallado culpable de la muerte de la adolescente de 16 años.

En febrero de 2023, Higüey, provincia La Altagracia. Esmeralda era una adolescente llena de vida, estudiante del Instituto Agropecuario de la zona. En las aulas destacaba un hombre: John Kelly Martínez, de 35 años, su profesor de matemáticas y educación física.

Martínez no era un desconocido; era un líder comunitario, un educador en quien los padres de Esmeralda confiaban ciegamente. Esa posición de autoridad y mentoría fue, según demostró la justicia, la llave que utilizó para quebrar la seguridad de la joven.

El 12 de febrero de 2023, bajo el pretexto de una salida recreativa, Martínez pasó a buscar a Esmeralda por su residencia en la comunidad de Vista Alegre. En el vehículo no viajaban solos; los acompañaba Rubiel Morillo Martínez (primo del profesor) y otras tres alumnas del mismo centro, todas menores de edad. El destino final fue una playa en la concurrida zona turística de Bávaro. Lo que prometía ser una salida de amigas con su profesor de confianza se convirtió en una pesadilla oculta en la oscuridad de la noche.

Alrededor de la medianoche, el vehículo regresó a Vista Alegre. Esmeralda bajó del auto y entró a su casa. Quienes la vieron notarían de inmediato que algo andaba mal: estaba extremadamente pálida y presentaba un sangrado visible. Sin embargo, el miedo, la manipulación psicológica o la misma vergüenza propia de su edad hicieron que la adolescente minimizara la situación ante sus padres, asegurando que se trataba de un malestar común. Se encerró en su habitación.

El 13 de febrero, el silencio en el cuarto de la joven alarmó a la familia. Al entrar a buscarla, se encontraron con una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la menor yacía en el suelo del baño de la residencia, en medio de un charco de sangre.

La investigación científica arrojó luz sobre el horror que Esmeralda calló en sus últimas horas. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor había sido sometida a una “actividad sexual violenta”, la cual le provocó severas laceraciones y abrasiones vaginales. Estas heridas causaron una hemorragia aguda, tanto interna como externa, que derivó en un shock hipovolémico. En términos llanos: Esmeralda se desangró hasta morir debido al daño físico sufrido durante la salida con su profesor.

El peso de la ley: Sin derecho a rebaja

El caso escaló rápidamente a los tribunales, provocando protestas y una profunda indignación colectiva que exigía la pena máxima. El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor.

Inconforme con el dictamen, la defensa de John Kelly Martínez intentó un último recurso legal apelando la sentencia en busca de una reducción de la pena o la anulación del juicio. Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís declararon inadmisible dicho recurso.

Con este fallo, la justicia dominicana ratifica que Martínez violó los artículos del Código Penal concernientes a homicidio voluntario, asociación de malhechores y actos de barbarie, además de violentar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El exprofesor de matemáticas pasará las próximas dos décadas tras las rejas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey. El fallo también le obliga a pagar una indemnización de dos millones de pesos a la devastada familia Richiez. La sentencia ya es firme, pero el vacío en las aulas y en el hogar de Esmeralda permanece como un recordatorio del día en que el peligro se disfrazó de maestro.

La tarde de ayer viernes 29 de mayo parecía cerrar una jornada habitual en el Instituto Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés. Sin embargo, minutos antes de las 5:00 p.m., el silencio del centro educativo se rompió por completo. Las alarmas se encendieron y el rumor se convirtió en una pesadilla real: el cuerpo sin vida del licenciado Víctor Fiallos, director de la institución, yacía dentro del plantel que por años fue su segundo hogar.

La primera versión que corrió como pólvora entre la comunidad fue devastadora: un presunto suicidio por asfixia por suspensión. El propio subcomisario de Policía y portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Alexander Sabillón, declaraba inicialmente el hallazgo de un hombre sin vida bajo esa aparente premisa.

La noticia caló hondo en el norte de Honduras, especialmente porque ocurría apenas 24 horas después de la trágica pérdida de la menor Violeth Eunice Acosta, sumiendo a la región en un luto consecutivo. Sin embargo, para quienes conocían al profesor Fiallos, la hipótesis del suicidio no encajaba con el hombre que dedicó su vida a la enseñanza, a sembrar valores y a guiar a cientos de jóvenes. Sus alumnos, con el corazón roto, se negaban a creerlo.

Alrededor de las 11:00 de la noche, el giro en la investigación criminal dio paso a la indignación absoluta. Tras una minuciosa inspección forense del Ministerio Público y el análisis de la escena, el subcomisario Sabillón confirmó la cruda verdad: a Víctor Fiallos lo asesinaron.

“Se puede confirmar que es una muerte de manera homicida. Los indicios en el escenario nos indican que los hechores modificaron la escena para hacernos creer que se trataba de un suicidio”, reveló el portavoz policial.

Los criminales no solo le arrebataron la vida al educador utilizando un arma blanca, sino que estructuraron una macabra puesta en escena. Colocaron un cable para simular el ahorcamiento y dejaron una supuesta carta suicida al lado del cuerpo. Una nota falsa, redactada por los mismos agresores, en un burdo intento de desviar la atención de los investigadores y sellar la impunidad.

Las aulas bajo fuego: La delincuencia no da tregua en Honduras

Mientras la verdad salía a la luz, a las afueras del instituto se congregaba una multitud. Docentes, alumnos y pobladores aguardaban bajo la noche. Cuando el vehículo forense comenzó a avanzar para trasladar el cuerpo, el llanto se mezcló con un sonido unísono y poderoso: un aplauso cerrado y prolongado.

Así despidió Cofradía a su director. Con la dignidad que los asesinos quisieron robarle. Los estudiantes, entre lágrimas, expresaron su repudio ante la saña con la que apagaron la vida de un buen docente. “Te amamos Fiallos, siempre el mejor”, manifestaba visiblemente conmovido Jesster Campbell, reflejando el sentir de una comunidad que hoy se encuentra profundamente consternada.

El asesinato de Víctor Fiallos no es solo una tragedia comunitaria; es el síntoma de una realidad nacional alarmante. La delincuencia en Honduras sigue avanzando sin mermar, rompiendo los pocos espacios que solían considerarse sagrados: los centros educativos.

Hoy, las escuelas y colegios ya no solo enfrentan la falta de recursos, sino la violenta intrusión de la criminalidad organizada o común que se atreve a ingresar a las aulas para apagar la vida de quienes forman el futuro del país. Esta alarmante realidad se recrudece aún más al recordar el reciente e indignante asesinato de los tres estudiantes, una tragedia que evidencia que ni los alumnos ni las autoridades académicas están a salvo.

Por ahora, el clamor en Cofradía y en toda Honduras es el mismo: justicia total. La comunidad exige una investigación transparente y exhaustiva que no se detenga ante el montaje criminal, que capture a los verdaderos responsables y que devuelva la paz a las aulas.

Un hombre identificado como Gustavo Fabián Espíndola de 59 años fue hallado sin vida en su casa de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Tras el hallazgo, la Policía provincial detuvo a Lautaro Nahuel Rubial como principal sospechoso por el crimen. El joven de 22 años es su inquilino y fue aprehendido bajo la hipótesis de que lo atacó para robarle, revender objetos y poder comprar estupefacientes.

La víctima era considerado un acumulador y atravesaba un cuadro depresivo tras la muerte de un hijo tres años atrás en un accidente laboral y el fallecimiento de su padre poco menos de un mes antes. En la noche del crimen faltaron una garrafa de 10 kilos, una motosierra Stihl, un celular, dinero en efectivo y un televisor. Con la revisión de cámaras de seguridad, la Policía estableció que el sospechoso salió caminando varias veces en pocas horas desde la vivienda con objetos en la mano y regresó sin ellos.

El hecho se descubrió en un domicilio de la calle Bolívar al 600, cuando amigos de la víctima pasaron por la casa, vieron a su perra en la vereda y notaron la puerta abierta. Ante la falta de respuesta, uno de ellos ingresó y encontró el cuerpo tendido en el piso, rodeado de sangre.

De acuerdo con Primer Plano Online, Gustavo Fabián Espíndola presentaba dos heridas corto punzantes en el tórax y otra detrás de la oreja. Los investigadores determinaron que murió desangrado tras un brutal ataque. Aunque no se sabe nada con certeza, desde un primer momento, orientaron la investigación hacia el inquilino del asesinado. La autopsia y los peritajes de la escena del crimen resultarán determinantes para reconstruir los hechos y sostener la acusación en el proceso judicial.

La pesquisa se inclinó hacia Rubial por testimonios reunidos en el lugar con la intervención del ayudante fiscal Pablo Córdoba y la auxiliar letrada Milagros Giménez, de la UFI N° 3 de Moreno. “La casa era muy precaria y el hombre tenía problemas de vieja data con el joven ahora imputado. Varias veces comentó que le había robado cosas”, sostuvo un investigador.

La fiscal Luisa Pontecorvo dispuso la detención del acusado, quien sufre de una “fuerte adicción a consumos problemáticos”. Para los investigadores, el imputado habría ido entregando o vendiendo lo sustraído en el barrio para obtener sustancias, y un vecino declaró haberlo escuchado decir una contudente frase: “Voy a matar a este viejo”.

Rubial quedó detenido por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca. La imputación implica que el acusado podría enfrentar la pena de prisión perpetua, ya que el Código Penal argentino prevé la máxima condena cuando el homicidio se comete para lograr la impunidad o facilitar otro delito, como el robo.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de instrucción y se espera que la fiscalía solicite la prisión preventiva del imputado en los próximos días. Hasta el momento, la investigación se centra en Rubial por antecedentes y testimonios, aunque la Justicia mantiene abiertas otras líneas y no descarta la participación de terceros hasta contar con resultados concluyentes de las pericias.

Moreno, junto al partido de General Rodríguez, registró en 2025 una de las tasas más altas de homicidios del conurbano bonaerense, con 7,66 casos cada 100.000 habitantes. De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal, en ambos distritos se contabilizaron 55 asesinatos durante ese año, cifra que coloca a la región por encima del promedio provincial y nacional. Esta estadística confirma a Moreno como uno de los municipios más afectados por la violencia letal en la provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) registró este viernes una reducción del 13 por ciento en delitos de alto impacto entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2024. El dato surge del informe “Transformación y Resultados”, presentado por la titular Bertha Alcalde Luján, quien atribuyó los avances a la coordinación del Gabinete de Seguridad local dentro de la entidad.

De acuerdo con las autoridades, la reducción abarca delitos como homicidio, feminicidio, tentativa de homicidio, lesiones por arma de fuego, secuestro y robo de vehículo, que afectan de manera directa la vida cotidiana de la ciudadanía.

En paralelo, la Fiscalía reportó aumentos en las judicializaciones, órdenes de aprehensión y acuerdos reparatorios, las cuales han consolidado resultados tangibles en seguridad y acceso a la justicia gracias al fortalecimiento de las investigaciones.

Además, otros delitos fuera de la categoría de alto impacto también mostraron una disminución del 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Las autoridades sostienen que ambas tendencias de baja son resultado de estrategias conjuntas enfocadas en la prevención, la investigación y la respuesta oportuna ante la comisión de ilícitos.

Más órdenes de aprehensión ejecutadas

Las órdenes de aprehensión cumplidas pasaron de mil 989 a dos mil 419 mandamientos judiciales ejecutados, lo que representa un aumento del 21.6 por ciento frente a 2024. Respecto a 2025, el incremento fue del 9.3 por ciento.

Alcalde Luján atribuyó ese avance al trabajo de las fiscalías territoriales y especializadas. “Las judicializaciones se traducen en menos impunidad”, afirmó. “Estamos impulsando investigaciones más sólidas y damos seguimiento puntual a los resultados que obtiene cada área de la institución”.

Alzas en delitos prioritarios

Por otra parte, el robo de vehículo encabeza los incrementos en detenciones y judicializaciones dentro del Plan de Política Criminal 2026, con un alza del 43 por ciento frente al primer cuatrimestre de 2024. La extorsión subió 40 por ciento, la violación 25 por ciento, el feminicidio 18 por ciento y el homicidio doloso 13 por ciento.

Las investigaciones iniciadas sin detenido también contribuyeron al aumento en órdenes de aprehensión. Ese mecanismo permitió a las fiscalías avanzar en casos donde no existía una persona detenida al momento de la denuncia.

Bajo esta línea, los acuerdos reparatorios crecieron 215 por ciento entre enero y abril de 2026 frente al mismo periodo de 2025, al pasar de un promedio diario de 5.1 a 16.1 acuerdos celebrados. Las audiencias iniciales sin detenido aumentaron 212 por ciento en el mismo lapso comparativo.

La fiscal explicó que estos mecanismos amplían el acceso a la justicia en delitos donde la legislación contempla soluciones distintas al juicio. A través de procesos de mediación, víctimas e imputados alcanzan soluciones sin necesidad de llegar a un proceso oral.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía CDMX continuará fortaleciendo investigaciones, judicializaciones y mecanismos de atención para combatir la impunidad y garantizar que las víctimas accedan a la justicia, la reparación del daño y resultados concretos en sus casos.

México baja los homicidios dolosos al 49 por ciento durante la administración de Sheinbaum

México logró una reducción preliminar del 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Este resultado se atribuye a la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en el combate a la impunidad, la coordinación institucional y la expansión de capacidades de inteligencia.

La inversión en seguridad incluyó la construcción de más de 600 cuarteles y el despliegue de más de 120 mil elementos en todo el país. Además, el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que creció un 30% en personal y tecnología, permitió emitir cuatro mil 600 alertas para prevenir homicidios y delitos de alto impacto.

Durante este periodo, las autoridades detuvieron a 54 mil 297 personas por delitos graves y extraditaron a 92 objetivos prioritarios vinculados a diversos cárteles. El aseguramiento de dos mil 400 laboratorios de drogas sintéticas redujo la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.

La tendencia a la baja en homicidios dolosos es la más marcada en una década, con promedios diarios que al cierre de 2025 ya se ubicaban en 52 casos, y algunos estados presentando caídas superiores al 60 por ciento. El gobierno destaca que estas cifras reflejan un cambio sin precedente en materia de seguridad pública.

Al caer la tarde de ayer, 28 de mayo, la tierra cubrió finalmente los tres ataúdes en el cementerio Hall de El Progreso, Yoro. El sonido seco de las palas golpeando el suelo marcó el cierre del capítulo más oscuro y desgarrador que ha vivido esta comunidad en los últimos años.

El Progreso sepultó a tres de sus hijos en un funeral colectivo que quedará grabado con letras de dolor en la historia local.

Los globos blancos se elevaron al cielo como un símbolo de las almas inocentes que partieron antes de tiempo, pero en la tierra quedó un vacío inmenso, un luto institucional asfixiante y una exigencia firme que resonaba entre los llantos: que la sangre de Gerald Isaac Padilla Castro, de 15 años; Jonathan Joel Hernández Moreno, de 15; y Carlos Daniel Vázquez Suazo, de 16, no clame en vano desde el polvo.

Los féretros, rodeados de coronas de flores blancas y retratos que mostraban los rostros sonrientes y llenos de vida de los tres adolescentes, avanzaron lentamente entre una multitud compacta que se negaba a aceptar la cruda realidad.

Sus compañeros de colegio, vestidos con sus uniformes diarios y portando pancartas con mensajes de despedida, recordaban entre sollozos las anécdotas de las aulas, los chistes compartidos en los recreos y los planes de graduación que ahora quedaban truncados para siempre.

Mientras tanto, los gritos de dolor de las madres fracturaban el pesado ambiente del cementerio, quebrando el corazón de los presentes. “Eran niños buenos, muchachos sanos y llenos de grandes sueños”, repetía una y otra vez un vecino de la zona entre la multitud, reflejando el sentir unánime de una ciudad completamente consternada y asustada por el nivel de saña del ataque.

Este luto colectivo que ayer estalló en el cementerio comenzó a gestarse dos días antes, el fatídico martes 26 de mayo. Aquella tarde, la rutina escolar en el municipio transcurría con total normalidad. Los tres adolescentes, vinculados estrechamente a las jornadas estudiantiles de los institutos Palermo y el Instituto Oficial Perla del Ulúa, habían estado compartiendo actividades académicas y recreativas con sus compañeros de aula.

Al salir de las instalaciones educativas, los tres menores abordaron una motocicleta con rumbo a sus hogares, un trayecto que hacían habitualmente. Sin embargo, no imaginaban que el peligro más absoluto acechaba de forma silenciosa en los rincones de la colonia Suazo Córdova.

Fue en un callejón solitario y angosto, en las cercanías de la Escuela Jaime O’Leary, donde la barbarie y la violencia ciega interceptaron sus caminos. Sujetos armados y sin escrúpulos salieron al paso y abrieron fuego sin piedad alguna contra los tres menores de edad. Los estruendos de las balas rompieron la calma de la tarde y, en cuestión de segundos, apagaron las vidas de Gerald, Jonathan y Carlos.

Las investigaciones policiales preliminares y las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un detalle que genera aún más repudio e indignación en la sociedad hondureña: una aparente confusión de identidad por parte de estructuras criminales que operan y se disputan el territorio en ese sector.

Los jóvenes, según la policía, estuvieron en el lugar y en el momento equivocados, pagando con sus vidas un conflicto delictivo completamente ajeno a ellos, pues eran muchachos dedicados por entero a sus familias y a sus estudios de secundaria.

El dolor en las aulas y la exigencia de paz

Antes de trasladarse al camposanto para el sepelio, el miércoles 27 de mayo, el Instituto Oficial Perla del Ulúa se vistió rigurosamente de negro. El dolor y la incredulidad se mudaron a los pasillos principales, a las aulas que ahora lucían tres pupitres vacíos y a los rostros visiblemente desencajados de los docentes y el personal administrativo. En un acto especial cargado de solemnidad y profunda tristeza, la comunidad educativa en pleno rindió un sentido homenaje póstumo a sus alumnos.

No hubo discursos pomposos ni políticos, sino oraciones comunitarias compartidas en voz baja, lágrimas incontenibles que caían directamente sobre los uniformes escolares y un minuto de aplausos prolongados que resonó con fuerza, no como una celebración, sino como un eco ensordecedor de exigencia de justicia.

Las autoridades del plantel emitieron un acuerdo formal de duelo y alzaron firmemente la voz, exigiendo a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Policía Nacional redoblar de inmediato los esfuerzos de vigilancia en los entornos escolares, especialmente en las horas críticas de entrada y salida de los estudiantes, para evitar que tragedias similares se repitan.

El entierro de ayer no solo fue un acto de dolorosa despedida, sino también un grito unánime de protesta contra la impunidad que impera en el país. Los familiares, amigos y residentes de El Progreso exigieron a la Fiscalía y al Ministerio Público una investigación transparente, rápida y contundente que logre capturar y procesar a los autores materiales e intelectuales de este triple asesinato.

Nuevo giro en el caso de la familia fundadora de Mango. La defensa de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, presentó este jueves un recurso contra el auto de prisión provisional eludible bajo fianza al considerar que no existen indicios de criminalidad. Y este viernes se ha sabido que, en el escrito, los letrados hacen referencia al estado de salud del fundador de Mango y aportan imágenes gráficas de una caída previa con el objetivo de desmontar la hipótesis de los Mossos d’Esquadra, que apuntan a una posible intervención de Jonathan en la caída mortal.

La defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha incorporado un informe pericial elaborado por dos doctores y un investigador privado, acompañado de un vídeo de una caída accidental sufrida por Isak Andic en Mutua Universal unos diez meses antes de su fallecimiento, que han publicado El País y La Vanguardia.

📹 Vídeo | La defensa usa una caída previa y la artrosis de Isak Andic para concluir que su muerte en Montserrat fue accidental https://t.co/xFVigSKznl pic.twitter.com/Sg2SvAIFtH

— EL PAÍS (@el_pais) May 29, 2026

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, aunque por ahora el recurso se centra exclusivamente en la revocación de las medidas cautelares, la estrategia de la defensa contempla también recurrir más adelante la imputación por homicidio.

La artrosis como explicación de la caída

El recurso señala que Isak Andic padecía “gonartrosis bilateral”, según recoge El País, una artrosis en ambas rodillas que habría mermado su movilidad y sus reflejos ante una eventual pérdida de equilibrio. De acuerdo con los peritos, esta dolencia provocaba una “reducción en los tiempos de reacción de caída”, así como una “incapacidad de corrección postural” y un “colapso articular”, una situación en la que “las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada”.

La defensa sostiene que este patrón biomecánico explicaría uno de los principales elementos en los que se apoyan los investigadores: la ausencia de lesiones en las palmas de las manos del empresario durante la autopsia. Los Mossos d’Esquadra mantienen que, en una caída accidental, la víctima habría intentado instintivamente agarrarse o amortiguar el impacto, lo que normalmente deja marcas o lesiones en las manos.

Sin embargo, los expertos de la defensa apuntan a que, en determinados episodios de pérdida de equilibrio asociados a la artrosis, “no existe una reacción defensiva” suficiente. “Esa reconstrucción biomecánica arroja como conclusión la explicación de por qué no presentaba lesiones palmares, sin que se requiera de ningún elemento dinámico adicional como la intervención de un tercero por empujón”, sostiene el informe aportado por los abogados.

Un vídeo de una caída diez meses antes

La defensa incorpora además un vídeo grabado diez meses antes de la muerte del empresario en el que se observa una caída accidental sufrida por Isak Andic en Mutua Universal. Según el recurso, esas imágenes permiten “establecer una tesis pericial altamente fiable” si se traslada “el patrón biomecánico observado” en aquel episodio al escenario de Montserrat donde se produjo el accidente mortal.

Asimismo, el equipo dirigido por el abogado Cristóbal Martell ha utilizado para la recreación en Montserrat maniquíes equipados con sensores, drones y cámaras de alta definición traídos expresamente desde Estados Unidos, según ha adelantado La Vanguardia. El perito que firma el informe, Francisco Marco, de la agencia Método 3, concluye que las lesiones documentadas en la recreación, basada en el mismo patrón de la caída en Mutua Universal, coinciden con las que los forenses recogieron en el informe de autopsia.

“Se ha recreado esa misma caída en el lugar exacto de la precipitación y se evidencia la compatibilidad de la caída accidental con ausencia de lesión palmar y con caída en tobogán”, señala el informe pericial.

La defensa recuerda además que el propio informe de contradicciones e indicios elaborado por la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra reconocía que “los agentes no pudieron llegar a determinar la naturaleza de cómo se produjo” la caída, ya que “el resultado de las simulaciones no fueron concluyentes”.

Comenzó el juicio contra Marcelo Alejandro Saleh por el crimen de Ayelén Arredondo a cinco años del hecho que ocurrió en La Plata. Durante la primera audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal V, declararon el acusado y los padres de la joven. La fiscal de juicio Viviana Arturi pidió prisión perpetua para el principal acusado.

El veredicto se conocerá en los próximos días y definirá si la Justicia considera probado que el caso encuadra como “homicidio criminis causa”, una figura del Código Penal aplicada cuando una persona mata para consumar otro delito, ocultarlo o garantizar su impunidad, o si corresponde una calificación menor. Ayelén Arredondo tenía 23 años, estudiaba Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y era ayudante de la Cátedra III de Derecho Romano.

El caso se remonta al 21 de abril de 2021, cuando los padres de Ayelén, salieron de su casa cerca de las 5 para viajar a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido otro hijo de la pareja. El traslado lo hizo el remisero de confianza de la familia, que debía esperarlos durante la visita y luego llevarlos de regreso.

Como no podían ingresar sus pertenencias al penal por razones de seguridad, dejaron dentro del Volkswagen Polo una riñonera con celulares, documentación, dinero y las llaves de la casa. Mientras la pareja seguía en la visita, el conductor tomó esos objetos y fue hasta la vivienda familiar de la calle 75 entre 21 y 22, en el barrio Altos de San Lorenzo, con el objetivo de robar, según reconoció ante los jueces.

El padre de Ayelén sostuvo que conocía a Saleh desde hacía años porque era quien hacia regularmente los viajes familiares a Florencio Varela y afirmó que el imputado conocía la vivienda y sabía que su hija vivía allí. En una de las audiencias, el padre expresó: “Quiero que vaya una perpetua esta lacra”. La madre de la joven también pidió justicia y acompañó el reclamo de una condena ejemplar.

La acusación sostuvo que el remisero entró a la vivienda familiar con fines de robo y que, al encontrar a Ayelén dentro de la casa, decidió matarla para no ser descubierto. Saleh está detenido desde el mismo día del hecho. Tras el ataque, el acusado huyó y un vecino lo persiguió después de verlo ensangrentado, según El Día. Ese testigo logró interceptarlo en 24 y 75 hasta que llegó la Policía.

La defensa del acusado por homicidio

Durante el debate oral, el propio imputado reconoció haber ingresado a la casa para robar y admitió que golpeó a la víctima con una barreta de hierro. En su declaración afirmó que el ataque ocurrió durante un forcejeo inesperado y dijo que comenzó a “barretear para todos lados”.

La fiscal Arturi rechazó esa reconstrucción, considerando las lesiones sufridas por la joven y la violencia del ataque no son compatibles con esa versión. Además, la autopsia determinó que Ayelén Arredondo murió por traumatismos craneales graves causados con un elemento contundente. Ese dato es uno de los ejes con los que el Ministerio Público sostuvo el pedido de la pena máxima.

La defensa oficial, encabezada por Juan Manuel Fernández, pidió una calificación distinta y rechazó el “homicidio criminis causa”. Solicitaron que el caso sea considerado como “homicidio en ocasión de robo”, una figura que prevé una pena temporal y menor que la perpetua.

Fernández argumentó, según El Día, que no quedó acreditado que Saleh hubiera matado con el objetivo específico de asegurar el robo o evitar ser identificado, sino que la muerte ocurrió en medio de un episodio violento derivado del ilícito. En esa línea, cobró relevancia una frase del acusado ante el tribunal: “Pensé que estaba desmayada”.

La defensa de Jonathan Andic ha formalizado un recurso contra el auto que le impone prisión eludible bajo fianza en el marco de la investigación por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, durante una ruta de senderismo en Montserrat el pasado 14 de diciembre de 2024. En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, sostiene que no existen indicios de criminalidad, ya que los investigadores habrían concluido que no es posible determinar con certeza ni el motivo de la caída ni la intervención de terceras personas.

El recurso, presentado por el equipo jurídico dirigido por el abogado Cristóbal Martell, insiste en rebatir los indicios recogidos en la causa y cuestiona la interpretación de la investigación de los Mossos d’Esquadra. La defensa subraya además que el procedimiento ha estado marcado por un “cuidado goteo” de filtraciones policiales y denuncia una “suerte de condena social como pena anticipada”, en línea con lo recogido en el recurso.

Sin embargo, el auto de la jueza de Martorell señala como uno de los elementos relevantes supuestas contradicciones en las declaraciones del investigado, tanto en su primera versión en el lugar de los hechos como en otra posterior del 31 de enero. La defensa rechaza esta interpretación y cuestiona varias conclusiones del atestado de los Mossos d’Esquadra, insistiendo en que no existen inconsistencias relevantes y que la muerte de Isak Andic fue un accidente.

El recurso también menciona otros elementos señalados por la instructora como indicios, entre ellos la interpretación de las fotografías del teléfono de Isak Andic, que los Mossos d’Esquadra hallaron en uno de los bolsillos delanteros de su pantalón y en las que únicamente aparecen imágenes del inicio del sendero. En este sentido, la defensa sostiene que este hecho “no es incompatible” con el relato, ya que “pudo pararse en los dos momentos e incluso pudo pararse a los quince minutos, hacer el ademán de fotografiar y no hacerlo, como al parecer sucedió. En todo caso, inesencial”.

“Lo esencial es que el hijo caminaba delante del padre y eso es coincidente en ambas declaraciones”, señala el recurso. El auto recoge que, en un primer momento, el investigado afirmó que creía que su padre había caído por un barranco, aunque posteriormente, tras ser atendido por una enfermera, “modificó la versión” y explicó que él iba por delante, que escuchó un ruido de piedras y que, al girarse, vio a su padre gritar y precipitarse.

Jonathan acudió al sendero en varias ocasiones

Otro de los indicios recogidos en el auto apunta a que Andic habría acudido al lugar del suceso en tres ocasiones previas, los días 7, 8 y 10 de diciembre, mientras que los investigadores situaron la última visita en torno a dos semanas antes del accidente. La defensa niega que exista contradicción y recuerda que el propio investigado afirmó el 14 de diciembre: “Un sitio que yo conocía por haber ido tres veces”, y posteriormente precisó que “lo había realizado unas dos semanas antes del accidente”.

En cuanto a la supuesta mala relación con su padre, la jueza llegó a señalar que el origen de las tensiones entre ambos estaría en la “obsesión” de Jonathan con el dinero, en un contexto marcado por el posible cambio del testamento del empresario para destinar parte de su patrimonio a una fundación, lo que habría agudizado el conflicto familiar. Sin embargo, el investigado explicó ante los agentes que “desde hace un tiempo era mejor que nunca”, y añadió en su segunda declaración: “Siempre hemos tenido muy buena relación personal y profesional”.

Por otro lado, en relación con la huella hallada en el terreno, que según la magistrada “no se puede realizar de forma fortuita” y que llevó a los investigadores a concluir inicialmente que se había “generado de forma deliberada una huella simulada de resbalón”, el propio informe matiza posteriormente que “tampoco se puede determinar si ya estaba con anterioridad a la caída”.

La defensa subraya además que dicho informe evidencia su “ineficacia probatoria”, al tratarse de una zona no acordonada durante las inspecciones oculares. En este sentido, reprocha que “se acude una y otra vez a una zona nunca acordonada y, correlativamente, contaminada y en consecuencia inidónea como objeto de pesquisa pericial-científica”, por lo que considera que la recogida de indicios carece de validez.

“Condena social” y críticas a las filtraciones

El recurso, al que ha tenido acceso EFE, dedica un apartado específico al impacto mediático del procedimiento y a la difusión de informaciones sobre la investigación durante la instrucción. La defensa sostiene que el caso ha estado acompañado de un flujo constante de publicaciones y filtraciones, lo que describe como un “cuidado goteo” de informaciones policiales que habría situado al investigado en el foco mediático desde las primeras fases del proceso.

Según el escrito, esta dinámica ha generado un escenario en el que el desarrollo de la causa judicial se ha visto acompañado de una exposición pública paralela, con la divulgación de detalles sobre diligencias, líneas de investigación y decisiones judiciales. Los letrados afean que la investigación haya sido, a su juicio, “calculadamente filtrada, sin posibilidad de defensa”, lo que habría dificultado un contexto de normalidad procesal y contribuido a un “tortuoso oprobio socialmente lacerante”.

En esa línea, la defensa considera que la repercusión mediática del caso ha excedido el ámbito estrictamente judicial y ha tenido un impacto directo en la imagen del investigado, al que atribuyen una situación de exposición continuada en la opinión pública. El recurso concluye que este escenario ha derivado en una “suerte de condena social como pena anticipada”, al entender que la acumulación de informaciones publicadas ha condicionado la percepción social del caso antes de cualquier resolución judicial firme.

Hace más de una semana, Jonathan Andic comparecía en el juzgado de Martorell como investigado por un presunto delito de homicidio en relación con la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, fallecido tras caer por un desnivel durante una excursión en Montserrat. Este jueves, su defensa ha recurrido el auto, al que ha tenido acceso ABC, que le impone prisión eludible bajo fianza, al considerar que no existen indicios suficientes de criminalidad.

En dicho recurso señalan que no existen incoherencias relevantes en su relato y que los investigadores no han podido determinar ni las causas de la caída ni la intervención de terceras personas, e incorpora un elemento clave: la transcripción de las llamadas realizadas al 112 el día de los hechos, con el objetivo de desmontar las supuestas contradicciones apreciadas por la jueza de Martorell.

En su auto, la instructora aprecia diferencias entre la llamada a emergencias y las posteriores declaraciones ante los Mossos d’Esquadra. En concreto, la magistrada señala que, en un primer momento, Jonathan Andic habría indicado que creía que su padre había caído por un barranco, mientras que más tarde, tras ser atendido por una enfermera del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), habría “modificado la versión” para concretar que iba por delante, que escuchó un ruido de piedras y que, al girarse, vio cómo su padre gritaba y se precipitaba.

La defensa niega cambios en el relato

Frente a esa interpretación, el recurso incorpora la transcripción íntegra de la llamada al 112 para sostener que no existe tal cambio de versión. En esa primera comunicación, Jonathan explicó entre sollozos: “Mi padre se ha caído... Estamos en Collbató, se ha caído”. Cuando la operadora le pregunta si se ha caído o ha tropezado, responde: “Se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”.

La llamada es transferida a los Bomberos, momento en el que se le escucha llorar y repetir: “Mi padre se ha caído”. Posteriormente, ya en contacto con una enfermera del SEM, insiste: “No lo veo, no lo veo y no me responde. Se ha caído por un barranco. El problema es que no se dónde está”. Cuando la sanitaria le pregunta si iban juntos y cómo ocurrió la caída, responde: “Yo iba delante. Un poco adelantado. Y de repente he oído ruido de piedras y cuando me he girado le he visto a él gritar y caerse”.

El recurso también contrasta estas declaraciones con las prestadas ante los Mossos d’Esquadra. El mismo 14 de diciembre, Jonathan explicó: “Que mientras estaba andando por delante de mi padre, he escuchado ruido de piedras cayéndose, me he girado y he visto un cuerpo rodando entre los matorrales. [...] que en pocos segundos he escuchado un fuerte golpe y un gemido de dolor por parte de mi padre”.

Mientras que en su declaración posterior, el 31 de enero, reiteró que “caminaban uno delante del otro”. A lo que el escrito de la defensa recoge que “el señor Jonathan caminaba delante y su padre lo seguía [...] que no habían caminado mucho por la senda cuando el señor Jonathan escuchó como un ruido de piedras, se pudo girar y fugazmente vio un bulto, escuchó un impacto y un gemido, se giró más hacia el camino, mirando para ver a su padre y vio que no estaba”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna que permita localizar y detener a los presuntos responsables del asesinato de la periodista y fotoperiodista acayuqueña Avisack Douglas Coronado, ocurrido el pasado 20 de mayo de 2025 en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, los señalados son Erick Raymundo Ramos Gallardo y Rubén Ayala Fernández, quienes presuntamente participaron en el ataque armado perpetrado en la casa de campaña de Xóchitl Tress, entonces candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara.

La agresión ocurrió mientras la periodista se encontraba sentada en el corredor del inmueble acompañando las actividades de campaña de la abanderada emecista. Según las investigaciones, un grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego en contra de la candidata, quien logró sobrevivir al atentado.

Durante el ataque, Avisack Douglas resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego. Paramédicos la trasladaron de emergencia a un hospital de Acayucan, donde horas más tarde médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Órdenes de aprehensión y carpeta de investigación

La Fiscalía de Veracruz informó que ambos presuntos implicados cuentan con orden de aprehensión dentro del proceso penal 41/2025, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en Isla, Veracruz.

Asimismo, el organismo detalló que la carpeta de investigación ISL/DXIX/F3/167/2025 continúa abierta y es integrada por la Sub-Unidad Integral del XIX Distrito Judicial con residencia en San Andrés Tuxtla.

Los delitos imputados a los dos señalados son homicidio doloso calificado, lesiones dolosas calificadas y homicidio doloso en grado de tentativa, este último relacionado con el ataque directo contra la entonces candidata de Movimiento Ciudadano.

Violencia política golpea campañas en Veracruz

Tras el atentado, Xóchitl Tress lamentó públicamente la muerte de la fotoperiodista y exigió a las autoridades estatales reforzar la seguridad en Veracruz, al advertir que ella no había sido la única figura política víctima de ataques durante el proceso electoral.

Ese mismo día, Elvis Ventura, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Nanchital, anunció su renuncia a la contienda luego de recibir amenazas presuntamente vinculadas con integrantes de la delincuencia organizada.

El asesinato de Avisack Douglas generó condenas entre organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes exigieron esclarecer el crimen y garantizar justicia para la comunicadora veracruzana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda para localizar a los dos presuntos responsables y reiteraron que cualquier información proporcionada será manejada bajo estricta confidencialidad.

La Justicia de Santa Cruz dictó la prisión preventiva de Marcelo Félix Curtti y lo procesó por el asesinato y descuartizamiento de Aníbal Cepeda, el hombre de 72 años hallado desmembrado en Río Gallegos, en una causa que quedó encuadrada como homicidio criminis causa y que prevé prisión perpetua si es hallado culpable.

La resolución también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Curtti por $20 millones, según La Opinión Austral. En paralelo, la querella pidió la detención inmediata de otras dos personas que estarían presuntamente vinculadas con el homicidio.

El procesamiento fue firmado por el juez Gerardo Giménez, quien consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Curtti responsabilidad penal como autor del delito previsto en los artículos 45 y 80 inciso 7° del Código Penal Argentino. Esa figura castiga a quien mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad.

La decisión judicial implica que, en esta etapa de instrucción, el magistrado considera acreditada la existencia del delito y probable la participación del acusado. La prisión preventiva, a su vez, busca garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza el expediente.

La investigación por el asesinato de Aníbal Cepeda avanzó a partir de pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintos procedimientos policiales y judiciales. En ese recorrido, Curtti quedó en el centro de la pesquisa hasta que se dispuso su procesamiento con prisión preventiva.

Detuvieron a otras dos personas

Además de la prisión preventiva de Curtti, la querella solicitó la detención de otras dos personas que habían sido demorados en los primeros allanamientos de la División de Investigaciones, cuando todavía se desconocía el paradero de Cepeda. Uno de esos procedimientos se realizó en la calle Cantarutti y el otro en Cañadón León.

Esos operativos se originaron después de que, tras la desaparición de Cepeda, se pidiera a entidades bancarias que alertaran sobre movimientos en las tarjetas del hombre, según La Opinión Austral. En uno de los domicilios allanados se encontraron el DNI y las tarjetas de la víctima.

Sin embargo, los sospechosos sostienen su inocencia: “Nosotros solo encontramos la tarjeta y la usamos”. La querella sostiene ahora que la Justicia debe avanzar sobre su posible intervención en el crimen. La causa sigue abierta y los investigadores trabajan para establecer si, además de Curtti, hubo otras personas que participaron, colaboraron o tuvieron una intervención secundaria en el homicidio. Mientras tanto, Curtti continuará detenido bajo prisión preventiva.

El 10 de mayo, cuando fueron encontrados restos humanos descuartizados que luego se identificaron como pertenecientes a Cepeda, comenzaron a conocerse detalles sobre la mecánica del hecho. La autopsia determinó que la víctima murió por una profunda herida punzocortante en el cuello y que después el cuerpo fue desmembrado presuntamente para facilitar su traslado y ocultamiento, informó ese medio.

Uno de los elementos que abrió una línea nueva de análisis fue el hallazgo del teléfono móvil destruido de Cepeda en un descampado cercano al cementerio. La familia indicó que, tras la desaparición, allegados recibieron mensajes cuya redacción no coincidía con la forma habitual de escribir del jubilado, lo que llevó a los investigadores a intentar determinar si alguien manipuló el dispositivo después del asesinato.

En la misma línea, la Justicia continúa con peritajes sobre rastros de sangre hallados en una parrilla del complejo habitacional donde se presume que ocurrió el crimen, además de los estudios sobre teléfonos celulares y movimientos bancarios vinculados a la víctima.

La familia de Cepeda sostiene que el crimen no pudo haber sido cometido por una sola persona. Isabel Britos, nuera de la víctima, dijo: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto”. La mujer también expresó su convicción sobre la posible participación de terceros y reclamó que se esclarezcan todas las responsabilidades.

Este miércoles por la tarde, encontraron sin vida a un chofer de aplicación junto a su auto. El hallazgo ocurrió en un camino rural y poco iluminado cerca de las 17.30 en las afueras de Rosario, en Cabín 9. El caso quedó bajo investigación como una muerte de causa dudosa. En la zona trabajaba personal del Comando Radioeléctrico y de comisarías con jurisdicción.

Según Rosario3, la Policía recibió inicialmente el aviso de un vehículo abandonado y comenzó a localizar al titular por la patente. Una patrulla fue al domicilio del propietario y halló al hijo de la víctima, quien explicó que ambos trabajaban como conductores de aplicación. Según detalló Rosario3, hasta el momento no surgieron signos de violencia.

Como el hombre no respondía las llamadas, los agentes trasladaron al joven al lugar en el Camino Límite del Municipio para reconocer el vehículo. Al llegar, identificó el cuerpo de su padre junto al automóvil. Los investigadores no descartan ninguna línea de trabajo y los peritos recolectarán la información y los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrió la muerte y las circunstancias previas al fatal apisodio.

El incremento de hechos violentos que afectan a conductores de aplicaciones pone en jaque la seguridad de los trabajadores, quienes reiteran sus pedidos para más controles. Por parte de la empresa, la aplicación mantiene en su sección de seguridad la promesa de colaboración con fuerzas policiales y la disponibilidad de seguros de responsabilidad civil y accidentes personales para todos los viajes.

La política de seguridad de las aplicaciones de transporte en Argentina incluye una serie de herramientas tecnológicas y protocolos pensados para proteger tanto a conductores como a pasajeros antes, durante y después de cada viaje. Entre las funciones disponibles figuran: verificación de identidad de usuarios, posibilidad de compartir en tiempo real el recorrido con contactos de confianza y la integración de un botón de emergencia, que conecta de forma directa con servicios policiales o de asistencia. Además ofrece canales de denuncia las 24 horas para reportar incidentes.

Otro chofer en Rosario fue hallado sin vida

El episodio se produce poco después de otro hecho violento que involucró a un trabajador del sector en Rosario. El 14 de marzo, Juan Carlos Baini, de 57 años, fue asesinado a balazos en el barrio Las Flores. Según el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Franco Tassini dispuso medidas reservadas para reconstruir la mecánica y la motivación del ataque.

Voceros señalaron que el 911 recibió llamados por una persona tirada en la calle. Personal policial encontró al hombre boca abajo, con múltiples heridas en la espalda, y médicos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) confirmaron que eran lesiones de arma de fuego. Finalmente, las autoridades constataron la muertes en el lugar donde la víctima fue asesinada.

La causa avanzó con tareas de campo, análisis de comunicaciones y recolección de datos que permitieron reconstruir la mecánica del crimen y determinar responsabilidades. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato se encuadra como un homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar la impunidad de un robo.

Los investigadores consideran que los autores solicitaron un viaje a través de la aplicación y, cerca del destino, asaltaron a Baini. Se presume que la víctima, quien era prefecto retirado, portaba un arma y que los agresores, al advertirlo, le dispararon antes de huir con algunas de sus pertenencias.

Detuvieron a tres personas que quedaron a disposición de la Justicia, mientras la pesquisa continúa enfocada en determinar la participación de cada uno en el hecho y esclarecer el móvil del ataque. Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones secuestró 23 teléfonos celulares, una escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que serán peritados para establecer su relación con el homicidio.

La Fiscalía General de la Nación informó que un hombre fue condenado a 37 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado e incendio. El reporte oficial, emitido el 27 de mayo de 2026, indica que el criminal llegó hasta la casa de su expareja sentimental en Cartagena, donde desató el fuego.

El informe indica que el agresor, identificado como Tilson Cantillo Morales, recibió esta condena porque, según las pruebas judiciales, actuó como represalia en contra de su expareja sentimental y terminó causando la muerte de su hijastra.

El hecho ocurrió durante la noche del 23 de enero de 2022, cuando Cantillo Morales llegó a la vivienda de la mujer, situada en el barrio El Líbano, después de haber consumido licor. Sin embargo, su expareja no se encontraba en el lugar y fue recibido por la adolescente, que se encargó de informarle que su madre no estaba allí.

Tras el encuentro, la menor de edad ingresó a una habitación para descansar y esperar a su mamá. Sin embargo, en ese momento, el hombre decidió prender fuego a la vivienda e intentó emprender la huida.

Afortunadamente, los vecinos del sector lograron detenerlo y lo entregaron a la Policía Nacional. Entre tanto, la madre acudió a rescatar a su hija al enterarse del peligro al que se encontraba expuesta, pero no logró salvarla, pese a recibir el apoyo de las demás personas que se encontraban en el sector.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, se determinó que la acción de Cantillo Morales fue premeditada, que se realizó como un acto de violencia intrafamiliar y terminó con una víctima fatal.

Del mismo modo, el informe precisa que la intervención de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar fue clave para demostrar la responsabilidad penal del condenado y así, el juez basó su decisión en las pruebas que confirmaron la relación directa entre el incendio y la muerte de la menor.

Y es que los médicos que atendieron el caso, así como los expertos que practicaron la inspección del cadáver de la víctima, reportaron que sufrió lesiones de extrema gravedad, presentando quemaduras en el 70% de su cuerpo.

En medio de los esfuerzos de la madre de la adolescente y sus vecinos para salvarla, la trasladaron a una clínica de Barranquilla, en la que permaneció internada durante 12 días.

Finalmente, la menor falleció, lo que se convirtió en reflejo de la magnitud y gravedad de las lesiones que presentó, lo que llevó a sus allegados a emprender una búsqueda por la justicia, lo que terminó en la condena de 37 años de prisión en contra de Tilson Cantillo Morales.

Además de ser enviado a un establecimiento carcelario por más de tres décadas, la sentencia contempla el pago de una multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un lapso de siete años.

Alerta por los casos de violencia intrafamiliar o de género que terminan en fatalidad

Las autoridades del departamento de Bolívar siguen en alerta por los reportes de violencia. Otro de los casos recientes está relacionado con decisión judicial contra un hombre de 38 años en Simití (Bolívar), luego de que este aceptara su responsabilidad por el feminicidio de Luz Mery García Cáceres, de 22 años.

El sujeto fue enviado a prisión por hechos ocurridos el 20 de mayo de 2026, cuando le propinó diez puñaladas a su excompañera sentimental tras una discusión motivada por un episodio de celos. Además, se confirmó que los episodios de violencia durante la relación fueron frecuentes, por lo que la víctima determinó dejar al agresor; sin embargo, este terminó por asesinarla.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras labores de investigación criminal, inteligencia y patrullajes preventivos. Galán lo calificó como un “golpe significativo” contra redes delincuenciales que afectan la seguridad en la capital colombiana.

Los dos casos que marcaron las pesquisas: un crimen por robo de patineta eléctrica y un feminicidio

Entre los capturados sobresale un ciudadano venezolano, señalado por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe. Según la investigación, el hoy detenido participó en el violento asalto a un ciudadano de 59 años que se movilizaba en patineta eléctrica en Usaquén el 30 de julio de 2025.

La víctima, identificada como Enrique Medina, fue abordada por tres personas armadas con armas cortopunzantes, quienes le robaron el vehículo y le causaron heridas mortales. De acuerdo con las autoridades, el implicado también habría cometido otros hurtos nocturnos en compañía de cómplices, seleccionando a sus víctimas y asaltándolas de manera violenta.

Además, en agosto de 2025, este mismo criminal hurtó una droguería en la misma localidad y acumula seis anotaciones judiciales por hurto.

Otro caso relevante es la captura de un hombre acusado de ser el autor material del asesinato de su pareja sentimental en Usaquén, el 25 de enero de 2026. El detenido habría intentado simular un suicidio para desviar la investigación, pero el trabajo técnico y científico permitió esclarecer el hecho y llevarlo ante la justicia.

La Policía también reportó la detención, en la localidad de Rafael Uribe (suroriente de Bogotá), de un ciudadano venezolano conocido como alias Papeles, incluido en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Cali por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Al delincuente que cayó en Bogotá se le acusa de asesinar a un extranjero en 2025 para quedarse con el dinero de la venta de estupefacientes y de ordenar luego el arrojo del cuerpo al río Cauca.

Por su parte, en el barrio Las Cruces, localidad de Santa Fe (centro capitalino), fue aprehendido un hombre que transportaba en una carreta el cadáver de una mujer, presuntamente involucrado en su homicidio.

Mientras que en Bosa (suroccidente de Bogotá), fue detenida una mujer extranjera tras asesinar con arma blanca a un hombre en medio de una riña entre vecinos.

Del total de detenidos, cuatro de los capturados fueron identificados como sicarios, mientras que otros implicados participaron en agresiones con armas cortopunzantes en riñas o hechos de intolerancia que terminaron en muerte.

Reducción del homicidio y decomiso de armas

Según el balance divulgado por parte del alcalde Galán junto al secretario de Seguridad, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, en lo corrido de 2026 Bogotá se ha logrado reducir el homicidio en un 7% respecto al mismo periodo de 2025, con 33 casos menos.

Además, la Policía ha incautado más de 645 armas de fuego y ha impuesto 92.434 comparendos por porte de armas blancas, en aplicación de la Ley 1801.

Al final, el comandante de la Mebog hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información que permita la individualización, identificación y judicialización de los actores delincuenciales que alteran la tranquilidad de la capital.

La colaboración puede realizarse a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3143587212.

Este martes comenzó el juicio por el crimen de Ayelén Estefanía Arredondo, ocurrido en La Plata en abril de 2021. La joven estudiante fue hallada sin vida en su casa del barrio Altos de San Lorenzo y por el hecho está imputado un remisero de confianza de la familia.

La primera audiencia tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de la ciudad capital, con la declaración del principal imputado y el testimonio de los padres de la víctima, quienes reclamaron la pena máxima, según informó El Día.

Todo comenzó cuando los padres de la joven de 23 años salieron de su casa ese 21 de abril cerca de las 5 de la mañana y se subieron al VW Polo de Marcelo Alejandro S., con destino a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido su otro hijo.

El chofer debía esperarlos durante el tiempo que durara la visita y luego regresarlos a su casa; por eso la pareja había dejado las pertenencias adentro del vehículo debido a que no podían ingresarlas al penal por las medidas de seguridad.

Mientras los padres de Ayelén continuaban en la visita, el conductor tomó las llaves de la casa que se encontraban junto a una riñonera con los celulares, documentación y un poco de dinero y se dirigió a la calle 75 entre 21 y 22 de la localidad platense, con el objetivo de cometer un robo. Así lo reconoció el propio imputado ante los jueces.

Ese día, la estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se encontraba en la vivienda cuando el individuo llegó. Alrededor de las 10, un vecino observó a un hombre que abandonaba la vivienda de la familia Arredondo, con un bolso y una actitud sospechosa. Para verificar que todo estuviera en condiciones normales, el testigo subió la escalera que conecta la calle con el departamento de dos ambientes de la pareja y, al mirar por la ventana, vio el cuerpo de una mujer con rastros de sangre. Inmediatamente, pidió ayuda a otras personas y se subió a su camioneta para buscar al hombre. Lo encontró caminando cerca de la intersección de las calles 24 y 75.

Dieron aviso a la Policía y lo retuvieron hasta que un grupo de efectivos de la Comisaría 8va lo aprehendió en el lugar. De acuerdo a lo trascendido, en el bolso había casi 10 mil pesos en efectivo; también guantes y una barreta de hierro.

La autopsia

El cuerpo de la joven fue hallado sobre un sillón manchado de sangre, frente al televisor encendido. Presentaba múltiples lesiones en la cabeza y el rostro, que no lograron reconocerla incluso llegaron a pensar que se trataba de la madre. Intentaron sin éxito comunicarse con el esposo, pero seguía adentro del penal.

Poco después la visita terminó y se encontraron con que el remisero que los había llevado ya no estaba y tampoco sus pertenencias. Tomaron otro auto de regreso y al llegar los notificaron de lo ocurrido. La autopsia determinó que la estudiante murió como consecuencia de graves traumatismos craneales provocados por un objeto contundente.

Al momento del crimen Marcelo Alejandro S. tenía 55 años, estaba domiciliado en el Barrio UOM de la ciudad de Ensenada y trabajaba en una remisería de la zona. En la investigación se supo que había sido despedido, supuestamente, tras ser acusado de un robo un dato que la familia de Ayelén desconocía. Él les había facilitado su número particular para que lo contacten para el viaje.

Fuentes del caso informaron a este medio que el hombre tenía antecedentes por robo calificado en La Plata. Fue condenado por un hecho ocurrido en 2011 y recuperó la libertad en 2018.

Cristal Avilés Sierra, de 20 años, fue asesinada a balazos la tarde-noche del martes 26 de mayo en el tramo carretero de Zapotitlán Tablas, en la región de La Montaña de Guerrero, junto a su esposo, con quien recién se había casado.

La víctima es prima hermana de Vidulfo Rosales Sierra, exasesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y actual secretario de estudio y cuenta de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La pareja, originaria de Huitzapula, municipio de Atlixtac, viajaba en una camioneta Nissan tipo Estaquitas roja cuando hombres armados les dispararon con armas de uso exclusivo del Ejército.

Según compartió el propio Vidulfo en sus redes sociales, la pareja regresaba de Alpoyeca, a donde su prima había ido a comprar mangos para vender en su comunidad. Los cuerpos y el vehículo, con impactos de bala en el motor y el parabrisas, quedaron sobre el tramo Zapotitlán Tablas-Tres Lagunas.

El asesinato ocurrió frente a decenas de testigos en las afueras de Zapotitlán, cabecera del municipio. Hasta las 18:00 horas, personal de la Fiscalía General del Estado no había llegado al lugar para realizar las diligencias de ley ni el levantamiento de los cadáveres, según reportó Quadratín Guerrero.

“Mañana serás una cifra más”: el mensaje de Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales Sierra cuestionó directamente a quienes le causaron la muerte y a las autoridades: “¿Qué delito cometiste para que cegaran tu vida? Solo querías vivir, luchar, buscar la vida, lícita y honestamente, pues por eso fuiste a comprar tus mangos”.

Rosales Sierra también escribió: “Mientras los primos y mi tía sufrirán un dolor terrible por tu ausencia”. Cerró su mensaje con una advertencia que apunta a la impunidad que rodea estos crímenes: “Mañana seguramente serás una cifra más de la violencia irracional que se vive en esa zona”.

Exigió que “las autoridades competentes hagan algo al respecto”, sin dirigir el llamado a ninguna dependencia en particular.

El exabogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, egresado de la Facultad de Derecho de la UAGro, actualmente se desempeña como secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

El crimen se registra en una zona donde la violencia escala todos los días. En las últimas semanas se han desatado incursiones armadas en comunidades de Chilapa, Atlixtac y Olinalá.

En Huitzapula específicamente, los ataques a balazos y con drones se han intensificado hasta provocar el desplazamiento de familias enteras de la comunidad.

En Huitzapula, municipio de Atlixtac, el grupo criminal de Los Ardillos —que, según los vecinos, se hace pasar por policías comunitarios— ha atacado a la población con armas de fuego y drones con explosivos, lo que ha provocado el desplazamiento de familias enteras de la comunidad.

En Morelos fue detenido Arturo Humberto “N”, un sujeto identificado con el sobrenombre El Licenciado y quien sería responsable del ataque y muerte de tres elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

La detención del hombre fue anunciada por la Fiscalía General del Estado de Morelos el 26 de mayo, mientras que los hechos por los que fue capturado sucedieron el 13 de febrero de 2025 en el municipio de Cuautla.

Asimismo, las averiguaciones de las autoridades identificaron que el sujeto referido se escondía en la colonia Niño Artillero, de Cuautla, lugar donde fue capturado. Cabe destacar que la detención de El Licenciado fue por un mandato judicial en su contra obtenido por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Fue en febrero del año pasado que los efectivos realizaban un despliegue en la colonia Lázaro Cárdenas derivado de actos de extorsión. Los uniformados fueron atacados por hombres armados, lo que derivó en la muerte de tres elementos.

Los registros señalan que en las acciones violentas participaron al menos tres personas, una de las cuales murió en el sitio, la segunda fue capturada e internada en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, de Atlacholoaya, en Xochitepec.

El Licenciado es el tercer sujeto presuntamente implicado, quien escapó del sitio y fue capturado el martes 26 de mayo tras un despliegue en el que apoyaron efectivos militares, de la Secretaría de Marina (Semar), así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Morelos compartió un video que muestra a Arturo Humberto siendo custodiado por agentes de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Agresión contra agentes de seguridad en Jiutepec; ya hay un detenido

Mientras que el pasado 27 de abril la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención en Temixco de Adolfo “N”, un sujeto que habría participado en el ataque en contra de agentes investigadores en el municipio de Jiutepec. Reportes de El Sol de Cuernavaca señalaron que los elementos agredidos eran Gabriel “N” y Daniel “N”.

Ahora bien, Adolfo “N” fue asegurado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El 15 de enero pasado tres agentes de investigación realizaban labores propias de su cargo en la colonia Campestre cuando fueron atacados por sujetos armados. A partir de las pesquisas derivadas del incidente, la AIC logró establecer la identidad de Adolfo “N” como uno de los posibles partícipes.

La comunidad de Santo Domingo, en el departamento de Chontales, se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras el violento asesinato de Heraldo Iván Espinoza, un joven de 26 años conocido cariñosamente por los lugareños como “La Mengueña”.

El crimen, perpetrado con saña la noche del domingo 24 de mayo, ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad y la violencia que enfrentan las personas de la diversidad sexual en el país.

De acuerdo con los reportes policiales y testimonios de personas cercanas, Espinoza fue atacado con un arma blanca, recibiendo al menos tres puñaladas en distintas partes de su cuerpo.

El ataque no solo fue letal por la gravedad de las heridas en el torso, sino que también mostró signos de que la víctima intentó defenderse desesperadamente; familiares confirmaron que presentaba heridas cortantes en los dedos, consistentes con un intento de frenar el arma de su agresor.

La reconstrucción de los hechos dibuja una escena desgarradora. Tras ser apuñalado, y en un esfuerzo sobrehumano por salvar su vida, Heraldo logró ponerse en pie. Vecinos de la zona relataron cómo el joven dejó un rastro de sangre por las calles mientras caminaba en busca de ayuda. Su instinto lo llevó a buscar refugio en la estación de la Policía Nacional de Santo Domingo.

Al ver la gravedad de su estado, los agentes del orden público lo trasladaron de inmediato a bordo de una patrulla hacia el centro de salud de la localidad. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano. Debido a la severa pérdida de sangre y a que los órganos vitales ya se encontraban comprometidos, el joven llegó al centro asistencial sin signos vitales.

“La Mengueña” era un personaje sumamente estimado y reconocido en Santo Domingo. Sus familiares lo describen como un joven alegre, dinámico y profundamente integrado en la vida social de su municipio.

Ante el repudio generalizado de la población, los peritos y peritas e investigadores se encuentran realizando entrevistas, levantamiento de huellas y la búsqueda de posibles testigos con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los autores materiales y determinar las responsabilidades penales.

El peligro de ser diferente: Casos similares de violencia hacia la diversidad sexual en Nicaragua

El asesinato de Espinoza no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de agresiones y crímenes de odio dirigidos hacia miembros de la comunidad de la diversidad sexual en Nicaragua. Diversas organizaciones independientes de derechos humanos han alertado históricamente sobre el recrudecimiento de la violencia machista y transfóbica en el país, la cual muchas veces se ampara en la impunidad.

Uno de los casos más emblemáticos y que guarda dolorosas similitudes con el de “La Mengueña” fue el asesinato de Lala, una joven mujer trans de 22 años, ocurrido en marzo de 2021 en el municipio de Somotillo, Chinandega. Lala fue brutalmente agredida, apuñalada y arrastrada por un camino de tierra atada a un caballo.

Este crimen conmovió a la opinión pública internacional y visibilizó el nivel de saña con el que se cometen las agresiones hacia las identidades diversas en las zonas rurales del país. De igual forma, en años anteriores, la comunidad LGBTIQ+ nicaragüense ha denunciado homicidios de mujeres trans y hombres gais en departamentos como Matagalpa y Managua.

La falta de normativas específicas que castiguen los crímenes de odio en el código penal nicaragüense agrava la situación, dejando a las víctimas de la diversidad sexual en un limbo legal donde sus muertes no reciben la tipificación adecuada.

La comunidad de Santo Domingo, Chontales, junto a defensores de derechos humanos, se mantiene en vigilia exigiendo que el caso de Heraldo Espinoza no pase a formar parte de las cifras de la impunidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes la detención de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de una elemento de Seguridad Pública municipal de Temascalapa, ocurrido durante la atención de un reporte por un posible robo a casa habitación.

La captura se realizó en el municipio de Tecámac como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, luego de una serie de investigaciones que permitieron ubicar a uno de los supuestos agresores.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexiquenses, el ataque ocurrió cuando la oficial, junto con otros elementos de seguridad pública, acudió a atender una denuncia relacionada con un presunto robo en proceso dentro de una vivienda.

Sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados fueron agredidos por sujetos armados, quienes posteriormente escaparon de la escena a bordo de una camioneta.

Las primeras indagatorias realizadas por agentes ministeriales permitieron establecer características físicas de al menos tres de los posibles responsables, además de identificar el vehículo utilizado para la fuga tras el ataque contra la policía municipal.

Operativo coordinado permitió ubicar a sospechoso

Con la información obtenida durante las investigaciones, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda en los límites de Temascalapa y Tecámac para tratar de localizar a los presuntos implicados.

El despliegue policial derivó en la localización de un sujeto en el poblado de Santa María Ajoloapan, perteneciente al municipio de Tecámac, quien coincidía con las características físicas proporcionadas por las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el individuo fue ubicado mientras intentaba abandonar la camioneta presuntamente utilizada durante la huida tras el homicidio de la agente municipal.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 34 años de edad, quien, de acuerdo con las autoridades mexiquenses, presuntamente pertenece a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco y dedicado al control de venta de droga en esa región del Estado de México.

Aseguran camioneta utilizada para escapar

Durante el operativo también fue asegurada la camioneta relacionada con la agresión armada, unidad que habría sido utilizada por los presuntos responsables para escapar después del ataque contra la oficial.

Luego de su captura, los elementos de seguridad notificaron al sospechoso sobre los derechos que la ley le otorga y posteriormente fue trasladado junto con el vehículo asegurado ante el Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido conforme avancen las investigaciones relacionadas con el homicidio de la policía municipal.

El caso provocó movilización de fuerzas de seguridad en la región, mientras continúan las indagatorias para localizar a otros posibles implicados en la agresión armada contra los elementos de seguridad pública de Temascalapa.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con actividades del crimen organizado que operan en esa zona del Estado de México, particularmente grupos dedicados al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

La quietud habitual del Barrio Las Palmas, en Guápiles, se desvaneció de forma abrupta la noche de ayer 25 de mayo. En un instante, el silencio de la comunidad fue reemplazado por el estruendo de ráfagas de fuego, transformando una humilde vivienda en el escenario de una profunda tragedia humana.

Dos vidas, pertenecientes a un hombre y una mujer que apenas comenzaban a echar raíces en la zona, fueron apagadas de manera violenta, dejando tras de sí un vacío incalculable y el llanto de una pequeña cuya existencia cambió para siempre en un parpadeo. El suceso ha conmocionado a los habitantes locales, quienes atestiguan cómo la criminalidad irrumpe en la intimidad del hogar, un espacio tradicionalmente sagrado para el resguardo de la familia.

De acuerdo con los reportes de las fuentes policiales y medios locales, el asalto a la tranquilidad de la vivienda ocurrió con una frialdad sobrecogedora. Al menos dos sujetos armados irrumpieron de forma directa en el inmueble, sorprendiendo en primera instancia al hombre en el sector de la cochera. Allí, bajo el peso de un ataque fulminante, la víctima perdió la vida de forma inmediata, quedando tendida sin posibilidad de recibir asistencia médica.

No hubo espacio para la tregua ni para el auxilio. Los agresores, determinados en su avance, continuaron hacia el interior de la estructura, persiguiendo a la mujer que, en un desesperado intento por salvaguardar su integridad, buscó refugio en los confines del cuarto de baño. No obstante, los atacantes la alcanzaron en ese último rincón, ejecutando múltiples disparos a muy corta distancia antes de huir de la escena.

Cuando las unidades de la Cruz Roja Costarricense arribaron al lugar, tras ser alertadas por los vecinos alarmados por el estruendo de los impactos, el panorama era irreversible. Los socorristas confirmaron que tanto el hombre como la mujer carecían por completo de signos vitales. Sin embargo, en medio del horror y los vestigios del ataque, un milagro de vida se abrió paso entre las paredes del inmueble.

Los oficiales de la Fuerza Pública localizaron y rescataron sana e ilesa a una bebé de aproximadamente dos años de edad, quien presumiblemente es hija de la pareja fallecida. Junto a ella, otra mujer adulta que se encontraba en la propiedad logró sobrevivir al asalto sin sufrir heridas físicas. Ambas resultaron ilesas del atentado, resguardadas por el azar en medio de la tempestad.

Reacción de las autoridades y medidas tras el doble homicidio

El rastro del suceso no tardó en extenderse más allá de las fronteras del vecindario. Minutos después del doble homicidio, una llamada ingresó con urgencia al sistema de emergencias 9-1-1, alertando sobre un vehículo envuelto en llamas frente al plantel de los Badilla, en el sector de El Prado de Guápiles.

Al llegar al sitio, el Cuerpo de Bomberos controló el fuego que consumía el automotor. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que este vehículo fue el utilizado por los perpetradores para llegar y escapar de la escena, incendiándolo posteriormente de forma deliberada en un intento por borrar cualquier huella física, balística o biológica que permitiera su identificación.

La respuesta institucional se activó de inmediato para contener el impacto del crimen y brindar protección a la víctima más vulnerable. La niña de dos años fue puesta bajo la custodia y el cuidado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde equipos especializados se encargan de asegurar su bienestar físico y emocional en estas horas críticas.

Mientras tanto, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la custodia de la vivienda en el Barrio Las Palmas, procediendo con el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios esenciales para el caso. Las autoridades mantienen estrictos operativos en diversos puntos estratégicos de la región para intentar localizar a los autores del crimen.

De momento, las causas detrás de este ataque violento permanecen bajo investigación, mientras la comunidad intenta procesar el dolor de una realidad que golpea con fuerza la dignidad de la vida humana.

Durante el operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Richard José Bustamante Herrera, conocido bajo el alias de “Mil Identidades”. De acuerdo con información difundida por Exitosa, el detenido intentó identificarse como Leonardo Miguel Morales Colmenares, supuestamente de nacionalidad colombiana.

Sin embargo, las autoridades detectaron que Bustamante Herrera empleaba esta identidad alternativa desde hacía más de dos años con el objetivo de ocultar su verdadero nombre y evitar ser localizado.

El coronel PNP Luis Castillo Vargas, responsable del operativo, señaló que el detenido acumulaba al menos seis denuncias vinculadas con tráfico ilícito de drogas bajo la identidad falsa.

“A la hora que se le interviene, se identifica como supuestamente colombiano, pero luego se determina que su nombre es Richard José Bustamante Herrera de nacionalidad venezolana y que registraba seis denuncias. Ese sujeto también estaría implicado en otros hechos de sangre. Él habría tratado de mimetizarse con otro nombre”, afirmó el coronel en declaraciones recogidas por Exitosa.

Condena pendiente

Bustamante Herrera había sido condenado a 20 años de prisión efectiva por su participación como autor intelectual en el asesinato de un microempresario, crimen perpetrado el 27 de febrero de 2023 durante una reunión familiar en Independencia. La estrategia de utilizar una identidad falsa le permitió mantener una vida clandestina y continuar con actividades ilegales en diferentes puntos de Lima Norte.

Según lo detalló Exitosa, la intervención se produjo mientras el acusado presuntamente distribuía sustancias ilícitas en la zona. Las autoridades continúan investigando su posible implicación en otros hechos violentos registrados en el sector.

Tras la detención, Bustamante Herrera quedó bajo custodia en la comisaría de Independencia, donde permanecerá hasta que las investigaciones avancen. Posteriormente será puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder no solo por homicidio calificado, sino también por delitos contra la salud pública y la seguridad colectiva, además de afrontar la condena que intentó eludir mediante la suplantación de identidad.

La Policía Nacional no descarta vincularlo con otros casos violentos ocurridos en el último año en Lima Norte. El caso ha sido incluido en el registro de operaciones recientes que demuestran la utilización de identidades falsas entre miembros de bandas criminales extranjeras.

Otras capturas

En un contexto de operativos policiales dirigidos a combatir el crimen organizado en la capital peruana, también se reportó la detención de otros dos presuntos delincuentes en el distrito de Pueblo Libre.

Los capturados, identificados como Miguel Junior Prieto Villalobos y Jesús Marín Piña, estarían ligados al asesinato de un conductor en el Callao el pasado 19 de mayo. Ambos integrarían la organización criminal conocida como ‘Los Malandros’, dedicada a extorsionar a transportistas mediante amenazas y cobro de cupos diarios.

Las investigaciones apuntan a que la banda exigía pagos de entre 20 y 30 soles a los conductores de combis, a cambio de permitirles trabajar sin ataques a sus vehículos o integridad física. Esta modalidad de extorsión se ha expandido en diversas zonas de Lima y Callao durante los últimos meses, según lo consignó Exitosa.

Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González fueron sentenciados a 220 años de prisión cada uno por su responsabilidad en el delito de secuestro con agravante de causar la muerte, en agravio de dos víctimas. Los hechos fueron informados el 25 de mayo.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras un proceso legal que culminó con una de las penas más severas contempladas en la legislación local.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2025 en calles de la colonia Clara Córdova, en el municipio de Nicolás Romero, donde las víctimas se encontraban en compañía de otra mujer.

En ese momento llegó al lugar un vehículo color vino tripulado por Hernández González, conocido con el alias de El Huevo, en el que también viajaban Llanas Galindo y un tercer sujeto. Al descender de la unidad, los tres individuos extrajeron un arma de fuego con la que amenazaron a las víctimas y las obligaron a abordar el automóvil y las trasladaron a un lugar distinto.

Al día siguiente, el 9 de abril de 2025, un testigo observó cómo Llanas Galindo y Hernández González abandonaban los cuerpos de las víctimas en la colonia Bosques de Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

A partir de ese momento, la Fiscalía del Edomex inició los actos de investigación que permitieron identificar a los probables responsables y solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron el mandato judicial e ingresaron a ambos sentenciados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Tras el proceso legal, el juez impuso a cada uno una condena de 220 años de prisión, además de una multa de dos millones 36 mil 520 pesos y la cancelación de sus derechos civiles y políticos.

Sentencian a 40 años a un hombre por extorsión agravada

Por su parte, un juez con sede en Ecatepec dictó una sentencia de condena de 40 años de prisión contra Víctor Arellano Anaya, tras quedar acreditada su participación en el delito de extorsión agravada en el municipio de Tecámac, Edomex.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando la víctima y su pareja sentimental se encontraban en su negocio de venta de alimentos y bebidas en Tecámac.

Fue en ese establecimiento donde llegó el hoy sentenciado a exigirles el pago de una cantidad de dinero de forma semanal, bajo la amenaza de causarles daño a su persona, familia o negocio en caso de no cumplir con la demanda.

Las propias víctimas lograron someter al individuo en el momento de los hechos y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, corporación que efectuó la detención.

Las autoridades de Quindío confirmaron la identidad de los dos hombres hallados muertos e incinerados en zona rural del corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá.

La Fiscalía General de la Nación informó que se trata de Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, y Tomás Gómez Tamayo, de 24, ambos oriundos del departamento de Caldas. Los cuerpos, localizados por un trabajador en la mañana del jueves 21 de mayo, presentaban marcas de atadura con material plástico en las muñecas y evidencias de disparos.

El hallazgo, que conmocionó a los habitantes del sector, ocurrió en inmediaciones de un cultivo de aguacate. Vecinos del área observaron llamas en la madrugada, aunque no dieron aviso inmediato por tratarse de una zona donde suelen realizarse quemas controladas para labores agrícolas.

La Policía Nacional recibió la alerta formal cerca de las 6:30 a. m. y desplazó unidades de policía judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para acordonar el lugar y adelantar el levantamiento de los cuerpos.

Trayectoria y contexto laboral de los caldenses

De acuerdo con información de la Policía del Quindío, Tomás Gómez Tamayo era ingeniero agrónomo, originario de Manizales y residente en Chinchiná, mientras que Yoneyder Correa Gómez provenía de Viterbo y vivía en Pereira.

Ambos se encontraban en la región debido a un contrato para fumigar cultivos de aguacate mediante drones, actividad que realizaban de forma periódica cada tres meses. El secretario de Gobierno de Calarcá, Mario Augusto Castaño, precisó que las víctimas habían dejado sus pertenencias a resguardo en una finca vecina antes de que el vehículo en el que se movilizaban sufriera una avería mecánica.

La confirmación de sus identidades se logró tras diligencias forenses en Medicina Legal, donde se verificó que ninguno de los jóvenes presentaba antecedentes judiciales. El reporte de las autoridades señaló que el último contacto registrado de Tomás Gómez con su pareja sentimental se dio la tarde del 20 de mayo.

Hipótesis y avances de la investigación

El coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante del Departamento de Policía Quindío, indicó que la línea investigativa principal apunta a un posible móvil pasional. Las autoridades descartaron cualquier vínculo de las víctimas con el microtráfico, grupos armados ilegales o actores delincuenciales de la región.

“Estamos haciendo todas las articulaciones para revisar cámaras, investigación, fuentes humanas que nos permitan dar con los responsables de estos hechos desafortunados en el departamento del Quindío”, manifestó el oficial.

El CTI de la Fiscalía continúa con la recolección de material videográfico de cámaras del sector y la toma de entrevistas a habitantes de la zona para establecer una hipótesis sólida sobre los móviles y los responsables del crimen. Hasta ahora, no existe evidencia de que las víctimas hayan tenido conflictos personales en Caldas o en Quindío.

Detalles forenses y antecedentes de violencia en la región

El análisis preliminar realizado por las autoridades forenses indica que ambas víctimas fueron ejecutadas con arma de fuego antes de ser parcialmente incineradas. Gómez Tamayo presentaba quemaduras extensas en torso y piernas, mientras que Correa Gómez tenía lesiones en brazos, torso y rostro.

Asimismo, las autoridades descartaron que existieran otras señales de violencia distintas a la incineración y los disparos.

El caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en el departamento de Quindío. Con base en cifras del secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez, en lo corrido de 2026 se registraron 89 homicidios en el departamento, con un incremento del 30% respecto al mismo periodo del 2025. No obstante, casi el 90% de los crímenes tiene relación con el microtráfico, una variable que en este doble homicidio fue descartada por la Fiscalía.

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con sus pares ecuatorianos, llevó a cabo la captura cuando el individuo intentaba cruzar hacia territorio peruano, según informaron fuentes oficiales.

Alias Johan era requerido por el delito de homicidio y, según las investigaciones, ocupaba un papel clave en la estructura criminal.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que el detenido ejercía control sobre el expendio de estupefacientes en los barrios Frailes y El Japón, en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda.

Su función consistía en fortalecer las rentas ilegales y promover acciones violentas en favor de “La Cordillera”, una organización vinculada al tráfico de drogas y la comisión de asesinatos selectivos en la región.

El operativo se realizó tras un seguimiento coordinado entre organismos de inteligencia de ambos países. Las pesquisas permitieron establecer que alias Johan pretendía aprovechar la frontera para evadir la persecución judicial en Colombia, desplazándose hacia Ecuador con el objetivo de llegar a Perú. Sin embargo, la articulación entre instituciones evitó su fuga.

Las autoridades destacaron la importancia del intercambio de información y la cooperación internacional para enfrentar fenómenos delictivos que trascienden límites territoriales.

El pronunciamiento del ministro de Defensa expresó: “Nuestro reconocimiento a los policías y organismos de cooperación internacional que, con compromiso y contundencia, continúan enfrentando el crimen organizado transnacional”.

La captura de este presunto sicario representa un golpe para la estructura de La Cordillera, cuyo accionar ha sido motivo de preocupación en varias zonas del país por su capacidad de expansión y violencia.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilegales y colaborar en la lucha contra organizaciones criminales.

El caso de alias Johan subrayó la relevancia de los esfuerzos conjuntos en la región andina para combatir redes dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos, así como la vigilancia continua en pasos fronterizos estratégicos como Rumichaca.

Alias Ismaelito, buscado por homicidio en Venezuela, fue detenido en el centro de Medellín

Un operativo policial realizado en el sector de El Chagualo, comuna 10 de La Candelaria en Medellín, permitió la captura de alias Ismaelito, señalado como cabecilla del grupo criminal internacional El Amarillo.

La acción fue coordinada por la Sijín y la Interpol, con el apoyo de autoridades venezolanas, y se centró en un hombre de nacionalidad venezolana buscado mediante circular roja por múltiples delitos cometidos en su país.

Las autoridades informaron que alias Ismaelito estaba requerido por homicidio calificado, robo agravado, agavillamiento y evasión.

De acuerdo con las investigaciones, en 2023 habría participado en el homicidio de un taxista en el estado Táchira, Venezuela, y tras ser apresado por ese hecho, escapó de un centro de detención venezolano en 2024, lo que motivó la emisión de la notificación internacional de búsqueda. Para eludir a la justicia, cruzó la frontera hacia Colombia, donde se ocultó haciéndose pasar por mecánico en el centro de Medellín.

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de inteligencia y a la colaboración de una fuente humana, que permitió ubicarlo en su lugar de residencia.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que el arresto se realizó sin complicaciones y que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para comenzar los trámites de deportación.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que este caso se suma a otras detenciones recientes contra integrantes de bandas como El Amarillo. Además, destacó la captura de un implicado en homicidio en el barrio Antioquia y otra persona por extorsión en San Javier, como parte de las estrategias para combatir estructuras ilegales en la ciudad.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, informó que en 2026 se han realizado más de 819 capturas de extranjeros en Medellín, la mayoría de nacionalidad venezolana, de las cuales 29 responden a órdenes judiciales emitidas por jueces locales.

Un hombre identificado como Bartolo, de aproximadamente 45 años, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras se desarrollaba una ceremonia religiosa en la parroquia de la Divina Misericordia, ubicada en la colonia Colinas del Rey, en el sector Las Cañadas de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el acceso al estacionamiento del templo, localizado en el cruce de la avenida Cerro de las Cumbres y la calle Cerro de los Frailes. De acuerdo con los primeros reportes, llamadas al número de emergencias 911 alertaron sobre una persona herida por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la iglesia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y efectivos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo quedó tendido detrás de una camioneta gris estacionada dentro del área del templo. Autoridades señalaron que familiares de la víctima se encontraban en el sitio, por lo que se presume que el hombre participaba en la ceremonia religiosa antes de ser atacado.

Bartolo era originario del campo pesquero El Castillo, perteneciente al municipio de Navolato, informaron fuentes oficiales.

Durante las diligencias, peritos localizaron múltiples casquillos percutidos de arma de grueso calibre, los cuales fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil de la agresión ni reportaron personas detenidas por estos hechos.

La parroquia de la Divina Misericordia es reconocida en Culiacán por su estructura y por el monumental Cristo blanco visible desde distintos puntos de la ciudad. Tras el ataque, la zona fue acordonada mientras agentes ministeriales realizaban las investigaciones correspondientes y ordenaban el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hechos violentos recientes

El homicidio ocurrido en esta parroquia se registró en medio de una serie de ataques armados reportados durante los últimos días en Culiacán y otros municipios de Sinaloa. Según medios locales, en la última semana se documentaron asesinatos en colonias como Santa Rocío, Gustavo Díaz Ordaz y Lomas del Bulevar, además de hallazgos de cuerpos con impactos de bala en distintos puntos de la capital sinaloense.

Los reportes periodísticos también señalaron que autoridades federales y estatales mantienen operativos reforzados en la región ante el incremento de homicidios y enfrentamientos vinculados a grupos criminales que operan en Sinaloa. En algunos de estos casos, las agresiones ocurrieron en espacios públicos y zonas concurridas.

En mayo también se reportaron ataques armados contra viviendas y hechos relacionados con disputas entre facciones criminales en Culiacán, un contexto de violencia que ha mantenido presencia constante de fuerzas federales y corporaciones estatales en distintos sectores de la ciudad.

Jonathan Andic, el primogénito del fundador de Mango, está en el centro de una investigación por homicidio que, de terminar en condena, le costaría mucho más que la libertad. En concreto, le costaría también la herencia. El mayor de los hijos de Isak Andic —el empresario turco-catalán que construyó uno de los imperios de la moda más grandes de Europa— fue detenido el pasado 19 de mayo en relación a la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión por los senderos de Montserrat, cerca de Barcelona. Tras comparecer ante el juzgado de Martorell, quedó en libertad tras depositar una fianza de un millón de euros. Aún no hay cargos formales, pero la figura jurídica que podría arrebatarle la fortuna está recogida en el Código Civil, y es la indignidad para suceder.

Isak Andic murió a los 71 años al caer de más de 100 metros por un barranco. Su hijo Jonathan, de 45 años, era el único testigo. Lo que en un principio parecía un accidente, fue evolucionando a una posible causa de homicidio, después de que los investigadores detectaran contradicciones en el relato del hijo, de que se comprobara que este había visitado la zona tres veces en los días previos al fallecimiento y de que los mensajes de WhatsApp recuperados revelaran tensiones familiares que contrastaban con la imagen de buena relación que él mismo había proyectado. De hecho, el juez instructor llegó a describir a Jonathan como alguien con una “obsesión por el dinero”.

Y es que el valor total de los activos de Isak Andic en el momento de su muerte, según la revista Forbes, ascendía a 4.010 millones de euros. Junto a sus dos hermanas, Judith y Sarah Andic, Jonathan heredó el 95% del grupo Mango —el 5% restante pertenece a Toni Ruiz, consejero delegado desde 2020—, repartido a través de la sociedad holding familiar Punta Na Holding, de la que Jonathan es presidente. Tal y como recoge Reuters, la empresa cerró 2025 con una facturación récord de 3.800 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

Qué es la indignidad para suceder

El artículo 756 del Código Civil recoge una figura que impide que alguien reciba una herencia si ha actuado de forma grave contra quien se la dejaba. La indignidad para suceder es, al final, una consecuencia patrimonial que el ordenamiento civil establece para quienes han incurrido en determinadas conductas especialmente reprochables frente al causante —la persona cuya herencia está en juego— o frente a personas de su entorno más próximo.

La causa más directamente aplicable al caso que investigan los tribunales es la primera del listado legal: quien sea condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida del causante pierde automáticamente el derecho a sucederle. No se trata de una posibilidad discrecional del juez ni de una penalización adicional que el tribunal pueda imponer o no, sino de una consecuencia que opera por ministerio de la ley una vez que existe condena firme.

Además, quedan excluidos de la herencia:

• Quienes hayan sido condenados por delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del causante o de sus familiares directos.
• Quienes hayan obligado al testador mediante amenazas o fraude a modificar su testamento.
• Quienes lo hayan impedido hacer o revocar.
• O quienes, siendo mayores de edad y sabedores de la muerte violenta del testador, no la hayan denunciado a la justicia en el plazo de un mes.

Cuándo y cómo se aplica?

La ley establece que la capacidad del heredero se califica en el momento del fallecimiento del causante. Ahí es cuando se mide si existe o no una causa de indignidad. Pero hay matices temporales, como en los casos que dependen de una condena penal -como el homicidio-, en los que la exclusión de la herencia no puede hacerse efectiva hasta que exista una sentencia firme. Mientras el proceso judicial siga abierto, el heredero investigado conserva formalmente sus derechos sucesorios.

Esto significa que, en el estado actual del caso, Jonathan Andic sigue siendo, a efectos civiles, heredero de su padre. La investigación penal en curso no le priva por sí sola de esa condición. Lo que determinaría la pérdida del patrimonio recibido sería una condena firme por el delito que se investiga.

El Código Civil también contempla que la indignidad puede ser perdonada por el propio causante, siempre que lo haga de forma expresa en documento público tras conocer la causa. Pero en un caso de homicidio, ese perdón resulta, por razones obvias, imposible.

La regulación foral, un factor a considerar

Además, en este caso también influyen los territorios con derecho civil foral o especial como Cataluña, donde reside la familia Andic y donde se tramita la causa. Aunque los principios generales de la indignidad están presentes en todos los ordenamientos, los detalles de su regulación y las causas concretas pueden variar respecto al derecho civil común recogido en el Código Civil estatal. La causa se tramita en el juzgado de Martorell, dentro de la jurisdicción catalana.

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado por un crimen ocurrido el 6 de marzo de 2023 en el corregimiento de Las Mañanitas, una de las sentencias más severas anunciadas recientemente por el Ministerio Público en una serie de procesos vinculados a homicidios, tentativa de homicidio, pandillas y narcotráfico.

La condena, obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, se conoce en momentos en que Panamá enfrenta un aumento de la violencia homicida.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, un incremento de 7% en comparación con las 180 reportadas durante el mismo período de 2025. Abril fue el mes con más asesinatos, al acumular 62 casos.

Otra sentencia relevante fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a dos hombres de 32 y 23 años de edad a 20 años de prisión como cómplices primarios del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió la noche del 30 de marzo de 2023 en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal. La Fiscalía acreditó que los hoy sentenciados participaron junto con otros individuos armados en un ataque a tiros contra el menor, quien falleció producto de las heridas ocasionadas por los disparos.

A estas decisiones judiciales se suma un proceso desarrollado en la provincia de Colón, donde tres hombres de 18, 20 y 23 años permanecerán detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

La medida cautelar fue impuesta luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra la legalización de las aprehensiones, allanamientos e imputaciones durante una audiencia celebrada esta semana.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, cuando los tres imputados presuntamente participaron en un ataque con arma de fuego contra dos personas. Una de las víctimas sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. Los sospechosos fueron capturados el pasado 20 de mayo.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste logró que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa de un hombre condenado por el delito de siembra, cultivo y custodia de plantas destinadas a la producción de sustancias ilícitas.

Con esta decisión quedó en firme la condena de 13 años de prisión impuesta previamente por los tribunales, así como la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un año una vez cumplida la sanción principal.

El caso se remonta al 3 de agosto de 2022, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. Durante la diligencia fueron decomisados 51 plantones de marihuana con un peso total de cuatro kilogramos.

Las sentencias y procesos judiciales conocidos durante los últimos días ocurren en un escenario donde las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios registrados en el país. De las 193 víctimas contabilizadas durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran además que los jóvenes siguen siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años concentró 56 víctimas, equivalente al 29% del total nacional. Le siguieron las personas entre 25 y 29 años con 34 casos y las de 30 a 34 años con 25 víctimas.

La distribución geográfica también refleja una fuerte concentración de los homicidios en áreas urbanas. El distrito de Panamá encabezó las estadísticas con 88 víctimas entre enero y abril, seguido por San Miguelito con 37 casos, Colón con 32 y Panamá Oeste con 20.

Otro dato relevante es que el 94% de las víctimas fueron hombres. De acuerdo con el informe estadístico del Ministerio Público, 181 de las 193 personas asesinadas durante los primeros cuatro meses del año eran del sexo masculino, mientras que 12 correspondieron al sexo femenino.

Las cifras muestran que, mientras avanzan los procesos judiciales y se acumulan condenas por homicidio, pandillerismo y narcotráfico, la violencia continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades. El aumento de los homicidios durante el primer cuatrimestre, especialmente en áreas como Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste, mantiene la atención sobre la evolución de este fenómeno durante el resto del año.

En el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que apareció ahorcado en una celda de la Comisaría Sexta, aunque al principio señalaron que era un suicidio, la familia sostiene que se trata de un caso de abuso policial. Tras el reclamo, seis efectivos de la Policía de Córdoba fueron imputados por una detención presuntamente irregular y este viernes, la fiscalía le otorgó prisión domiciliaria a la agente Antonela Romer, acusada de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo. Otros cinco policías siguen imputados pero en libertad mientras se continúa con la investigación.

La medida, dispuesta por el fiscal Andrés Godoy, alcanzó a la única efectiva detenida. De acuerdo con ElDoce, el fiscal consideró que Romero es madre de un niño de 4 años. Además, sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, ya que considera que Romero no tiene posibilidades de fuga ni de obstaculizar la investigación, además de residir en Deán Funes, a considerable distancia del lugar del hecho.

Orihuela había sido detenido en dos ocasiones en menos de 48 horas: una por estafas vinculadas con la venta de un celular y otra por robo y violación de domicilio, sin embargo, los pedidos de captura estaban vencidos. El joven de 19 años, fue alojado en la Comisaría Sexta, en el barrio General Paz, donde luego lo hallaron ahorcado en una celda.

Tras el episodio, lo trasladaron en grave estado al Hospital Eva Perón y quedó internado en coma por un cuadro irreversible derivado de un edema cerebral, presentando complicaciones pulmonares y renales. Finalmente, Tomás Orihuela, murió el lunes 27 de abril. Esa noche, un patrullero llegó a la casa de la familia para pedir la presencia urgente de sus parientes en el centro médico, donde recibieron la noticia del fallecimiento. El caso derivó en protestas e incidentes ya que el Ministerio de Seguridad señalaba que se trataba de un suicidio y que Tomás se había quitado la vida en la celda. Sin embargo, la familia rechazó esa reconstrucción desde el primer momento.

La situación judicial de Romero se vio agravada por la sospecha de encubrimiento y alteración de pruebas, hechos que también alcanzan a otros efectivos. La investigación apunta a la presunta eliminación de chats comprometedores de los teléfonos de los policías involucrados, incluyendo la supuesta intervención de un comisario que habría facilitado su propio celular para que se borraran mensajes relacionados con la detención de Orihuela.

En uno de los grupos de mensajería de la comisaría, los efectivos se burlaron de la situación de Tomás Orihuela, incluso cuando sabían que las órdenes de captura en su contra ya no estaban vigentes. En los mensajes, compartieron fotos de la detención y expresaron comentarios irónicos como “preso de nuevo”, acompañados de stickers y bromas.

Entre los mensajes, un efectivo sugirió incluso “ponerle resistencia y amenaza”, lo que evidencia el tono despectivo y la falta de justificación legal para mantener al joven detenido. Tras conocerse la muerte de Orihuela, varios miembros del grupo comenzaron a eliminar mensajes y a activar configuraciones para que los chats solo pudieran ser vistos una vez. También circuló una orden interna de borrar toda la conversación y abandonar el grupo, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento y alteración de pruebas.

Estos chats quedaron incorporados a la causa y son analizados por la fiscalía como prueba de las irregularidades en el procedimiento policial. La defensa, representada por el abogado Oscar Sarti, reconoció que la imputación incluye alteración de medios de prueba, aunque el contenido de las comunicaciones permanece bajo secreto de sumario. En este contexto, la justicia continúa analizando la actuación policial y las circunstancias del hecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de José Dolores “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un hombre en el municipio de Almoloya del Río, en la zona sur del Valle de Toluca.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la autoridad mexiquense, el crimen ocurrió durante julio de 2023, cuando el ahora detenido arribó junto con otro individuo a un inmueble donde se encontraba la víctima. Tras ubicarla, ambos comenzaron una discusión que terminó en un ataque armado.

Investigación permitió identificar al probable responsable

Las primeras indagatorias de la FGJEM señalan que José Dolores “N” presuntamente sacó un arma de fuego durante la confrontación y disparó en contra del hombre, causándole la muerte. Después de cometer la agresión, el sujeto huyó del lugar junto con su acompañante.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables. Como parte de las diligencias, agentes de la Policía de Investigación recopilaron datos de prueba que permitieron identificar a José Dolores “N” como uno de los probables implicados.

Con la información obtenida, el Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra del individuo por el delito de homicidio, mandato judicial que posteriormente fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía mexiquense.

Presunto vínculo con grupo delictivo de Michoacán

La FGJEM detalló que las líneas de investigación han permitido identificar a José Dolores “N” como posible integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y con presencia en la región del Valle de Toluca.

Aunque las autoridades no precisaron el nombre de la organización criminal, señalaron que el detenido podría estar relacionado con actividades ilícitas en distintos municipios de la zona.

El combate a grupos criminales que operan en el Estado de México se ha convertido en una de las prioridades de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, principalmente en regiones donde se han registrado hechos violentos relacionados con disputas territoriales y delitos de alto impacto.

Fue ingresado al penal de Tenango del Valle

Luego de su captura, José Dolores “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Será un juez quien determine su situación legal en las próximas horas, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

La Fiscalía mexiquense recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad competente.

Podría enfrentar hasta 70 años de prisión

En caso de ser encontrado culpable por el delito de homicidio, José Dolores “N” podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de México.

La FGJEM reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones para combatir delitos de alto impacto y detener a personas relacionadas con actos violentos en territorio mexiquense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula criminal con orígenes en el estado de Jalisco, quienes son investigados por su probable participación en el homicidio de dos personas ocurrido en el municipio de Zumpango.

Los detenidos fueron identificados como Carla Graciela “N”, Ismael “N” y Gildardo “N”, quienes fueron capturados mediante una orden de aprehensión girada por un Juez del Estado de México, tras una investigación realizada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante enero de 2023, cuando las víctimas fueron interceptadas por los ahora detenidos y otro sujeto más.

Los presuntos responsables habrían utilizado armas de fuego para amenazar a las víctimas y obligarlas a subir a un vehículo, privándolas ilegalmente de la libertad.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a otro punto del municipio, donde presuntamente Carla Graciela “N”, Ismael “N” y Gildardo “N” les dispararon, provocándoles la muerte. Tras cometer el crimen, los implicados habrían huido del lugar.

Investigación permitió identificar a los presuntos responsables

Luego de tener conocimiento del doble homicidio, la FGJEM inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Como resultado de las diligencias ministeriales, periciales y de inteligencia, las autoridades lograron identificar a los posibles implicados en el crimen, por lo que el Ministerio Público solicitó a un Juez la emisión de órdenes de aprehensión en su contra.

Una vez autorizados los mandamientos judiciales, elementos de la Fiscalía mexiquense llevaron a cabo la captura de los tres sospechosos.

Carla Graciela “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, mientras que Ismael “N” y Gildardo “N” fueron trasladados al penal de Zumpango, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Será un Juez quien determine su situación jurídica en los próximos días.

Podrían enfrentar hasta 70 años de prisión

La FGJEM señaló que los detenidos son investigados por el delito de homicidio y, en caso de ser encontrados culpables, podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de México.

Asimismo, la dependencia recordó que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, los tres detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.

La Fiscalía mexiquense reiteró que continuará con las investigaciones relacionadas con este caso para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros hechos delictivos ocurridos en la región de Zumpango y municipios cercanos.

Violencia en Zumpango preocupa a habitantes

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Zumpango debido al incremento de hechos violentos registrados en la zona norte del Estado de México en los últimos años.

Autoridades estatales han reforzado diversos operativos de seguridad en municipios como Zumpango, Tecámac y Nextlalpan, donde grupos criminales han buscado expandir sus operaciones.

La captura de los tres presuntos responsables representa un avance importante en las investigaciones del doble homicidio y en las acciones de combate contra organizaciones delictivas que operan en territorio mexiquense.

La provincia de Hato Mayor se encuentra sumida en la consternación y el dolor tras el violento homicidio de Ruddy Merisu, un joven de origen haitiano ampliamente conocido en su comunidad como “Rudy Candela”.

El trágico incidente, que inicialmente se manejó con datos preliminares y un agresor en fuga, dio un giro definitivo con la captura del presunto homicida por parte de las autoridades policiales.

El hecho, motivado aparentemente por el rechazo del agresor hacia la relación de la víctima con su hija, ha encendido el debate sobre la violencia y la tipificación legal de este tipo de crímenes en el país.

El suceso violento se originó el pasado martes 19 de mayo en la comunidad de La Jaiba, perteneciente al distrito municipal de Guayabo Dulce, en Hato Mayor. Ruddy Merisu, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba en su residencia junto a su pareja sentimental. Fue en ese escenario donde se presentó su suegro, identificado posteriormente por las autoridades como Andrés Benítez (alias “Marino”), de 63 años de edad.

Armado con un machete, Benítez atacó ferozmente a Merisu. Según el desgarrador testimonio del padre de la víctima, el joven intentó huir y mediar palabras con su agresor: “Cuando él le dio, el hijo mío se mandó corriendo y le dijo: ‘Viejo, vamos a hablar. Vamos a hablar’. Y ahí fue que le dio el machetazo en la cara”.

Merisu recibió múltiples heridas cortopenetrantes en el costado izquierdo, el hombro, la mandíbula y el rostro. A pesar de ser trasladado en estado crítico a un centro de salud de la región, el joven predicador falleció la noche del martes debido a la gravedad de las lesiones.

Tras cometer el hecho, Benítez emprendió la huida. Sin embargo, la noche del miércoles 20 de mayo, de agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Policía Preventiva lograron interceptarlo y arrestarlo en flagrante posesión del arma homicida.

l ser cuestionado, el detenido alegó presuntas amenazas previas por parte de la víctima, mostrando un aparente arrepentimiento.

El clamor de una comunidad y el perfil de la víctima

“Rudy Candela” era una figura respetada y querida en el batey La Construcción y zonas aledañas. Dedicado activamente a la fe cristiana, sus allegados lo describen como un hombre tranquilo, religioso y consagrado a predicar el evangelio. Su muerte ha generado profundas muestras de rechazo a la violencia en la provincia.

La familia de Merisu, de fe evangélica, ha sido enfática en que no buscan venganza por mano propia, sino la aplicación estricta de la ley. El padre del fallecido expresó ante los medios de comunicación locales un firme llamado a las autoridades: “Nosotros lo que realmente pedimos es justicia. No queremos que se le haga un daño a otra persona, nos gustaría que se nos haga justicia”.

El ordenamiento jurídico de la República Dominicana contempla severas sanciones para los delitos contra la vida. La tipificación de este caso dependerá de los elementos probatorios que presente el Ministerio Público durante el proceso de instrucción.

De acuerdo con el Código Penal de la República Dominicana, el homicidio se define como el acto de quitarle la vida voluntariamente a otra persona.

• Artículo 295: “El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”. La pena base para el homicidio voluntario simple conlleva una sanción de 3 a 20 años de reclusión mayor.
• Homicidio Agravado (Asesinato): El Artículo 296 establece que el homicidio cometido con premeditación o acechanza se califica como asesinato. La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, mientras que la acechanza implica esperar en uno o más lugares a una persona. En este caso, el hecho de que el agresor se presentara armado a la vivienda de la víctima podría ser tipificado por la fiscalía como un asesinato. El Artículo 302 castiga el asesinato con la pena máxima del país: 30 años de reclusión mayor.

El Ministerio Público de Hato Mayor ya se encuentra procesando el expediente para la solicitud de medidas de coerción contra Andrés Benítez. La comunidad, mientras tanto, despide a “Rudy Candela” esperando que los tribunales dicten una sentencia ejemplar que responda al luto de su familia.

Dos integrantes de una familia que vive en el asentamiento irregular de Monte Celulosa, en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, fueron llevados a audiencia imputativa este viernes por haber participado en el crimen de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que estuvo cinco días desaparecido hasta que encontraron su cuerpo sin vida el pasado 14 de mayo en medio de un cañaveral.

El fiscal Aquiles Balbis acusó a los primos Darío Hereñu (34) y Luciano “Tuta” Hereñu (23) por el homicidio, que se estima que tuvo lugar en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45 de la mañana, en el monte que está dentro del barrio El Espinillo. El juez Carlos Gazza les dictó a los acusados prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Por los datos brindados por el fiscal, Benjamín se encontró con Alexis “Corto” Hereñu y su pareja en El Rosedal y Presidente Roca, en la ciudad de Granadero Baigorria, y fue invitado a la casa de la familia para compartir una ranchada.

En el domicilio, Scerra mantuvo una discusión con varios integrantes del clan, motivo por el cual terminaron yendo a otra casa de esa familia, la del “Corto”, donde empezaron a beber y jugar pulseadas. En ese marco, en una nueva discusión, Darío le dijo a Benjamín que lo había “cansado” y acto seguido lo empujó fuera del rancho para tomarse a golpes de puño.

Darío y su hermano Alexis golpearon al joven de 19 años. Tal es así que lo llevaron a las trompadas hasta que Benjamín terminó dando su cuerpo contra una casilla vecina, cuyos dueños salieron e intentaron calmar las aguas. No obstante, “Corto” se fue hasta su casa y salió con una cuchilla tipo carnicero y le preguntó a Scerra: “¿Quién es el que tiene una faca?”.

Alexis y Darío volvieron a atacar al chico, quien cayó al piso, donde recibió piñas y patadas. Fue allí que los hermanos robaron sus zapatillas y su celular. “Gil, estás robado”, le indicó “Corto” a la víctima.

Como volvieron a interceder los vecinos cuyo rancho había sido impactado por la humanidad de Scerra en medio de la golpiza, el joven aprovechó para huir del lugar, descalzo, hasta que fue alcanzado por Darío, Luciano y Alexis, quienes lo golpearon. Ahí, “Corto” usó el cuchillo en al menos 20 oportunidades, de acuerdo al informe de la autopsia hecha luego al cadáver en el Instituto Médico Legal de Rosario.

Scerra falleció por un shock hipovolémico por hemorragia masiva por degüello, de acuerdo a lo ventilado en la audiencia por el fiscal Balbis, quien sostuvo que el ataque se dio con el objetivo de robar las pertenencias de la víctima.

A Darío se le atribuyó la presunta coautoría de robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa. En tanto, a Luciano se le achacó el delito de encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa, ya que luego comercializó el celular y las zapatillas del joven.

Una mujer de 79 años que habría enviado miles de dólares a alguien que afirmaba ser el actor Tom Selleck fue hallada muerta junto a su esposo en su casa del valle de Coachella, en California, en lo que las autoridades investigan como un doble homicidio.

Karen Whitaker, de 79 años, y su esposo Donald Whitaker, de 80, fueron encontrados muertos el viernes pasado en su residencia de Bermuda Dunes, una comunidad de golf no incorporada ubicada al este de Palm Desert, luego de que un vecino solicitara una verificación de bienestar.

Agentes del Departamento del Sheriff del condado de Riverside llegaron al lugar alrededor del mediodía y hallaron a la pareja con heridas traumáticas.

Ambos fueron declarados muertos en la escena. Investigadores de homicidios del departamento se encuentran a cargo del caso.

Las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso y continúan trabajando para determinar quiénes pudieron haber estado involucrados, así como si las muertes están directamente relacionadas con la presunta estafa.

Según informó la cadena KESQ, afiliada de ABC en el valle de Coachella, una amiga de la familia identificada como Joy Miedecke —presidenta del club East Valley Republican Women Patriots, donde los tres se conocieron— aseguró que un individuo desconocido contactó a Karen Whitaker haciéndose pasar por el actor, conocido por su papel en la serie policial de CBS Blue Bloods.

De acuerdo con Miedecke, el contacto se inició después de que Karen publicara en Facebook una dedicatoria en memoria de una amiga de la escuela.

Poco después, el supuesto Selleck le envió un mensaje de texto en el que afirmaba haber conocido a esa misma mujer.

“Encontraron su número de teléfono y le enviaron mensajes de texto diciéndole que eran Tom Selleck”, relató Miedecke al citado medio. “Que conocían a esa chica y que habían salido con ella, ‘y ahora tenemos algo en común’. Y así comenzó todo”.

Según la misma fuente, la relación fue escalando hasta convertirse en una comunicación diaria y constante que quienes rodeaban a Karen comenzaron a notar con preocupación.

Los envíos de dinero, canalizados a través de tarjetas de regalo, comenzaron con montos pequeños —de alrededor de 80 dólares— y fueron aumentando progresivamente hasta llegar a sumas de 800 dólares o más, según detalló Miedecke a KESQ.

Ante la situación, la amiga alertó a las autoridades sobre el posible fraude en los días previos a la muerte de la pareja.

Familiares de los Whitaker también tomaron medidas: destruyeron tarjetas de crédito y limitaron el acceso de Karen a sus cuentas bancarias.

Los intentos por convencerla de que había sido engañada, sin embargo, resultaron infructuosos.

“Incluso tuvimos a alguien que tenía una relación con una persona que trabaja para Tom Selleck para que fuera a hablarle y le dijera: ‘Tom Selleck no hace esto’“, contó Miedecke a KESQ. “No importó. Ella no podía dejar de creerlo”.

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside no se pronunció sobre esas afirmaciones y señaló que no había novedades sobre la investigación en curso.

Tampoco quedó claro, según los medios locales, si la presunta estafa tiene una conexión directa con la muerte del matrimonio.

ABC7 indicó que contactó al publicista de Tom Selleck y precisó que no hay evidencia de que el actor haya tenido conocimiento del incidente.

Las estafas románticas en línea, en las que los perpetradores suplantan identidades para obtener dinero de sus víctimas a través de vínculos afectivos artificiales, constituyen un delito de larga data.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio ha documentado pérdidas millonarias asociadas a esta modalidad, que afecta de manera desproporcionada a personas mayores.

La detención de David Enrique Demaldé por el crimen de Margarita Gutiérrez provocó conmoción en Mendoza. Se trata del hijo mayor de la víctima, quien había quedado bajo la lupa de la Justicia desde el inicio de la investigación, luego de que la mujer fuera hallada en su casa con signos de violencia y parcialmente calcinada.

Según pudo saber Infobae, el acusado tiene 46 años, es el mayor de los tres hijos de Gutiérrez y, paradójicamente, psicólogo.

En un primer momento, Demaldé había sido demorado en el marco de la causa, aunque posteriormente recuperó la libertad. Sin embargo, este viernes las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza informaron que fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, un delito que prevé pena de prisión perpetua, tras el avance de las pericias.

Con esta decisión judicial, la versión de una muerte durante un robo quedó descartada: “Por lo expuesto, se les aclara que de este modo queda desestimada la hipótesis inicial relativa a un hecho de inseguridad”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación a este medio.

Las fuentes también señalaron que el móvil del homicidio podría estar relacionado a un conflicto económico. Hacía tiempo que el imputado no tenía relación con su madre y presentaría problemas de consumo de estupefacientes.

El sospechoso es también hijo de Enrique Olivio Demaldé, un reconocido empresario mendocino -dueño de una olivícola y una bodega, ambas ubicadas en Junín- que falleció hace tres años. Tras su muerte, los negocios familiares quedaron bajo la administración de sus hijos varones.

Los hermanos del imputado son Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino Los Andes los describió como una familia histórica de Junín.

De acuerdo con los medios locales, la víctima vivía sola en un chalet ubicado sobre la calle Isaac Estrella. El supuesto autor del homicidio residía en una de las casas donde también funcionaba la bodega, mientras que Ever habitaba otra vivienda dentro del mismo terreno.

En el Colegio de Psicólogos de la provincia figura que su consultorio está ubicado sobre la calle Primavera de esa ciudad y que brinda atención en las áreas laboral y organizacional, jurídica y de adultos mayores. Sin embargo, habría dejado de lado la profesión para volcarse al manejo de las empresas familiares junto a su hermano Mariano, luego de atravesar dificultades para ejercer.

Quién era Margarita Gutiérrez

Antes de que su muerte conmocionara a Junín, Margarita Gutiérrez ya era una figura reconocida en esa localidda de Mendoza. Desde hacía años, su nombre estaba escrito en la fachada de un jardín de infantes que la tuvo como primera directora.

Y es que, además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leía en uno.

Otra usuaria de Facebook recordó su influencia: “Fui a la escuela Blanco Encalada. Estando en séptimo grado acompañaba a mi hermana a jardín. Allí conocí a Margarita, y ¡por ella quise ser maestra jardinera!”.

La investigación por el asesinato de Margarita Gutiérrez en la provincia de Mendoza volvió a dar un giro en las últimas horas. Uno de sus hijos, que había sido demorado y luego liberado días atrás, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo tras el avance de las últimas pericias.

El acusado fue identificado como David Enrique Demaldé, el hijo mayor de la docente jubilada y exconcejal, hallada muerta el pasado 20 de mayo en una vivienda de Junín. La mujer, de 72 años, presentaba signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado.

En un primer momento, los investigadores creían que el crimen había ocurrido en ocasión de robo. Sin embargo, con el correr de las pesquisas, la hipótesis comenzó a orientarse hacia un homicidio cometido por alguien del entorno cercano de la víctima. Ahora, la teoría vinculada a un hecho de inseguridad quedó descartada.

La causa está a cargo del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal. Fuentes vinculadas al expediente confirmaron a Infobae que una de las hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a presuntos problemas económicos del acusado, de 46 años.

Demaldé mantenía desde hacía tiempo una relación distante con su madre y, además, presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Las fuentes advirtieron que el ahora imputado “no es empleado ni funcionario judicial, ya que toda pericia que pudiera haber realizado ha sido de manera privada”.

Medios locales informaron que, durante el procedimiento en el que fue detenido Demaldé, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta y una importante cantidad de municiones, cartuchos y vainas servidas de distintos calibres.

Además, incautaron cargadores de armas Bersa calibre .380, un cinturón porta cartuchos, proyectiles, una campera simil cuero con manchas de sangre, un encendedor, un cuchillo y un router con su fuente de alimentación. Los elementos serán sometidos a distintos peritajes en el marco de la investigación.

En tanto, el Diario Uno de Mendoza detalló que el testimonio de una persona resultó clave para avanzar sobre el imputado. Según declaró, lo vio circular en moto en estado de conmoción y con una llamativa herida en una de sus manos.

Ante esa situación, el acusado le habría asegurado que había sufrido un accidente. Sin embargo, los investigadores sospechan que la lesión se vincularía con el homicidio.

La muerte que conmocionó a Junín

Margarita Iris Gutiérrez vivía en un chalet del barrio Isaac Estrella, donde fue hallada calcinada. La noticia sacudió a la comunidad, que la recordaba por su trabajo en la educación inicial, su paso por la vida pública local y su compromiso social.

Según reconstruyó Los Andes, la mujer era la viuda de Enrique Olivio Demaldé, un empresario juninense fallecido hace unos tres años. Con él tuvo tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino los describió como una familia histórica de Junín.

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín.

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por su participación en el robo y homicidio de un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital en Panamá Oeste.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste, que logró la validación de un acuerdo de pena ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

La sentencia se produce en medio de las preocupaciones por la delincuencia juvenil en Panamá. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,526 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional, de las cuales 276 correspondieron a Panamá Oeste, la tercera cifra más alta del país, solo superada por Panamá y Chiriquí.

Según la investigación, el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:43 p.m., cuando el adolescente condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, abordó un vehículo que prestaba servicios de transporte por aplicación en la barriada Colinas del Valle, en La Chorrera.

La Fiscalía estableció que, una vez dentro del automóvil, los ocupantes utilizaron violencia e intimidación para apoderarse del vehículo. Durante el ataque, el conductor recibió múltiples heridas con arma blanca.

Posteriormente, los agresores trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, distrito de La Chorrera, donde lo abandonaron. Horas después, el 15 de agosto a las 12:20 a.m., incendiaron el automóvil con el propósito de eliminar evidencias del crimen.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró que el tribunal validara un acuerdo de pena alcanzado entre las partes. Como resultado, el adolescente fue declarado responsable de los delitos de robo agravado, homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, recibiendo una sanción de 11 años de prisión.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos contra la vida y la integridad personal continúan teniendo una presencia significativa dentro de la criminalidad juvenil. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 258 denuncias vinculadas a este tipo de delitos en todo el país.

Sin embargo, los delitos más frecuentes entre adolescentes corresponden a aquellos contra la libertad e integridad sexual, con 545 denuncias registradas durante el período analizado. Le siguen los delitos contra el patrimonio económico, con 297 casos, y los delitos contra la seguridad colectiva, con 227 denuncias.

El informe también revela una intensa actividad judicial en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Entre enero y abril se realizaron 2,670 audiencias a nivel nacional, incluyendo 277 audiencias de formulación de imputación, 175 audiencias de medidas cautelares y 197 audiencias de acuerdos de pena.

Durante ese mismo período se aplicaron 217 medidas cautelares, de las cuales 102 correspondieron a detención provisional y 115 a medidas distintas a la privación de libertad.

Las fiscalías de adolescentes también registraron 212 sentencias entre enero y abril. De ellas, 181 fueron producto de acuerdos de pena y solo nueve se derivaron de juicios orales. El informe muestra además que 236 de las 237 decisiones judiciales emitidas durante el período fueron condenatorias, reflejando una tasa de condena cercana al 100% en los casos concluidos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los otros participantes en el homicidio del conductor. El caso se convirtió en uno de los hechos criminales más impactantes registrados en Panamá Oeste durante 2025, debido a la violencia empleada contra la víctima y a los intentos posteriores por desaparecer tanto el cuerpo como el vehículo utilizado para prestar el servicio de transporte.

La madrugada de este jueves 21 de mayo amaneció teñida de sangre y luto en el departamento de Colón. Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo en las tierras del Bajo Aguán se transformó, en cuestión de minutos, en un escenario de horror insostenible.

Un ataque armado perpetrado en la finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de Trujillo, cobró la vida de 14 personas, entre ellas tres hermanas originarias de la cercana comunidad de Rigores, dejando a una familia destruida y a toda una región sumida en el miedo y la consternación.

Las víctimas femeninas de esta nueva masacre que estremece a Honduras fueron identificadas preliminarmente como las hermanas María Linda Rodríguez (mencionada también por allegados como Lina), Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez.

Junto a ellas, la violencia también segó la vida de otros jóvenes trabajadores, entre los que se ha logrado identificar a Cristian Eduardo Núñez. Los reportes locales y medios hondureños que llegaron a la zona señalan, además, que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, cuyo nombre exacto e identidad aún se mantienen bajo estricta reserva por las autoridades correspondientes.

El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el estruendo de las balas rompió la calma de la plantación de palma africana. El grupo de trabajadores, que se disponía a iniciar sus labores agrícolas diarias para ganarse el sustento, fue emboscado de manera sorpresiva. Sujetos armados, cuya identidad y paradero aún se desconocen, abrieron fuego de forma indiscriminada contra los jornaleros.

Los cuerpos de las tres hermanas Rodríguez, quienes eran muy conocidas y estimadas en la comunidad de Rigores por su dedicación al trabajo, quedaron tendidos entre la vegetación de la finca. La escena que encontraron los primeros testigos era desgarradora: herramientas de labranza tiradas y el silencio sepulcral que siempre sucede a la barbarie.

Consternación y clamor de justicia en Rigores

A medida que la noticia comenzó a difundirse, el dolor se apoderó de la comunidad de Rigores. Vecinos, amigos y familiares de las hermanas Rodríguez no daban crédito a lo sucedido. Las escenas en los alrededores de la finca y en las viviendas de las víctimas eran de una profunda desesperación. Gritos de dolor, lágrimas e impotencia marcaron las horas posteriores al ataque.

“Eran mujeres trabajadoras, de familias luchadoras que solo buscaban el pan de cada día en esas tierras. No es justo que les hayan arrebatado la vida de esta manera”, manifestaba entre sollozos un poblador de la zona, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

El Bajo Aguán ha sido históricamente una zona de alta conflictividad agraria en Honduras, un territorio donde la disputa por las plantaciones de palma africana ha dejado una larga estela de muertes a lo largo de los años. Aunque las causas específicas de este múltiple asesinato aún están por determinarse, el contexto de vulnerabilidad en el que laboran los campesinos y jornaleros de la región vuelve a ponerse en el centro del debate público.

Investigaciones en curso

Minutos después de la alerta, miembros de la Policía Nacional y peritos de Medicina Forense se trasladaron al sector de Paso Aguán para acordonar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los primeros indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades policiales se han mostrado herméticas y no han brindado la totalidad de los nombres de las víctimas ni han señalado a posibles sospechosos. No obstante, afirmaron que equipos de investigación e inteligencia ya se encuentran desplegados en la zona de Trujillo para recabar testimonios y seguir el rastro de los homicidas.

Un ataque armado registrado la mañana del miércoles en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, dejó como saldo un hombre muerto luego de ser interceptado por sujetos armados que viajaban en motocicleta.

La víctima fue identificada como Brayan Huerta, quien circulaba a bordo de un vehículo Audi gris sobre el cruce de las calles Indiana y Alabama cuando fue atacado de manera directa por dos agresores.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por el periodista Carlos Jiménez, el automóvil avanzaba por el carril derecho cuando una motocicleta con dos sujetos se aproximó por el lado izquierdo.

En cuestión de segundos, los atacantes abrieron fuego contra el conductor en repetidas ocasiones.

Video captó el momento exacto del ataque

Las grabaciones muestran cómo los agresores dispararon al menos ocho veces contra el conductor del Audi, provocando que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose contra un automóvil estacionado.

Tras la agresión, una mujer identificada como Ana, presuntamente esposa de la víctima, corrió hacia el automóvil para intentar auxiliarlo mientras pedía ayuda a vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

El ataque generó momentos de pánico entre personas que transitaban por la zona, una de las áreas con mayor actividad comercial y habitacional de la alcaldía Benito Juárez.

A pesar de las heridas de bala, Brayan Huerta logró llegar con vida a una clínica cercana para solicitar atención médica.

Sin embargo, minutos después de ingresar al centro médico, personal de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades investigan posibles vínculos criminales

Tras el homicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

Peritos localizaron diversos casquillos percutidos sobre la calle Indiana, lo que provocó restricciones viales y afectaciones al tránsito peatonal en el sector.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades capitalinas, Brayan Huerta era investigado por presuntos vínculos con grupos dedicados a la extorsión y al tráfico de drogas.

Fuentes policiales también señalaron que la víctima podría estar relacionada con al menos otros dos tiroteos ocurridos previamente en la Ciudad de México.

Aunque residía originalmente en la alcaldía Álvaro Obregón, el ataque ocurrió en territorio de la Benito Juárez.

Sin detenidos tras el ataque

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha reportado personas detenidas por este homicidio.

Las autoridades analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los agresores y determinar si el crimen estuvo relacionado con ajustes de cuentas o actividades delictivas previas.

El uso de motocicletas en ataques directos se ha convertido en una modalidad frecuente en hechos violentos registrados en distintas zonas de la capital del país, debido a la facilidad con la que los agresores pueden escapar entre el tráfico.

La justicia panameña ordenó la detención provisional de Orlando Cuesta, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable del femicidio de la fiscal Patricia Soledad Ossa Sánchez, ocurrido el pasado 18 de mayo en Pueblo Nuevo.

Durante una audiencia de garantías, la Fiscalía logró además la imputación de cargos por femicidio y robo agravado, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los casos que más ha conmocionado al sistema judicial panameño en los últimos años.

La decisión fue adoptada por un juez de garantías luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público sustentara la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida cautelar busca garantizar el desarrollo de las diligencias mientras se recopilan evidencias y se determina la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pueblo Nuevo. La investigación sostiene que el hombre habría quitado la vida a la funcionaria utilizando un arma de fuego cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades también incorporaron un cargo por robo agravado debido a que, hasta la fecha, no ha sido ubicado el teléfono celular de la fiscal. La desaparición de este dispositivo forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, que busca reconstruir los hechos ocurridos antes y después del crimen.

Patricia Soledad Ossa Sánchez, de 38 años, se desempeñaba como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, una de las unidades especializadas más sensibles dentro del Ministerio Público panameño.

Su labor consistía precisamente en investigar delitos relacionados con homicidios y violencia contra las mujeres, circunstancia que ha dado una dimensión adicional al impacto generado por su muerte.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho se produjo en medio de una discusión entre la funcionaria y su pareja sentimental. Informes preliminares conocidos durante los primeros días de la investigación indicaron que el incidente habría ocurrido tras un conflicto de carácter personal que terminó con un disparo mortal.

Sin embargo, las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras continúan las pericias y análisis de las evidencias recabadas.

La noche del crimen, la víctima fue trasladada por el propio sospechoso al Hospital San Miguel Arcángel. Allí, el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

Poco después, unidades de la Policía Nacional procedieron con la aprehensión del hombre señalado, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación condenó el hecho y reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a los responsables de delitos que atenten contra la vida de las mujeres.

En un comunicado oficial, la institución también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la fiscal fallecida.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer calificó el caso como un presunto femicidio y aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, amenazas o agresiones a presentar las denuncias correspondientes y buscar apoyo institucional. La entidad advirtió sobre la necesidad de no normalizar conductas violentas dentro de las relaciones de pareja.

La Policía Nacional también manifestó públicamente que, según la información disponible hasta el momento, el caso no guarda relación con estructuras de crimen organizado.

Los investigadores han centrado sus esfuerzos en esclarecer la dinámica de los hechos, determinar el móvil del crimen y analizar las circunstancias que rodearon la muerte de la funcionaria.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia de género en Panamá. Datos oficiales del Ministerio Público muestran que entre enero y abril de 2026 se registraron nueve víctimas de femicidio, frente a cuatro reportadas durante el mismo período de 2025.

La cifra representa un incremento de 125%, una tendencia que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y entidades gubernamentales encargadas de la protección de las mujeres.

Además de los nueve femicidios registrados durante los primeros cuatro meses del año, las estadísticas oficiales reportan 13 tentativas de femicidio y tres muertes violentas de mujeres que permanecen bajo investigación para determinar si encajan dentro de la tipificación establecida en la legislación panameña.

Mientras la investigación continúa, Orlando Cuesta permanecerá detenido de forma provisional por orden judicial. La Fiscalía deberá continuar recopilando pruebas, incluyendo análisis forenses, peritajes tecnológicos y testimonios, para sustentar la acusación formal por femicidio y robo agravado en un proceso que ha colocado nuevamente el foco sobre la violencia contra las mujeres en Panamá.

El hallazgo se produjo cuando moradores del sector advirtieron la presencia de dos cuerpos tendidos en el suelo, aparentemente inconscientes. De inmediato dieron aviso a la Policía, que llegó al lugar y confirmó que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales. Según las primeras diligencias, las víctimas habrían sido asesinadas el último domingo 17 de mayo, presuntamente a pedradas y golpes en la cabeza, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Las investigaciones iniciales señalan que el crimen presenta signos de extrema violencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables ni establecer con precisión el móvil del doble homicidio, lo que ha generado preocupación e indignación en la población de la zona altiplánica.

De acuerdo con el testimonio del hermano de la adolescente de 16 años, la joven habría sido víctima de abuso sexual antes de su muerte. El familiar también aseguró que su hermana, quien era deportista y jugadora de fútbol, intentó defenderse hasta el final. “Porque mi menor sabe defenderse; es futbolista y tiene entrenamiento. Por eso creo que se defendió mucho y por eso le destrozaron la cara”, señaló.

Asimismo, el mismo familiar sostuvo que la violencia del ataque fue tal que el rostro de la menor quedó irreconocible, por lo que la identificación se realizó principalmente a través de sus pertenencias personales y características físicas.

En cuanto al otro adolescente, un joven de 17 años, las versiones familiares indican que no residía en Azángaro, sino en una comunidad cercana, y que habría acudido al lugar el domingo como parte de una salida recreativa o paseo. Su cuerpo también presentaba múltiples golpes en la cabeza, según las primeras evaluaciones.

Otro familiar de las víctimas exigió justicia y pidió que las autoridades no detengan las investigaciones hasta dar con los responsables. “Simplemente, al pedido de la familia, con el fin de exigir la justicia que ambas familias piden”, manifestó.

Asimismo, los deudos hicieron un llamado público a la población para que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido la proporcione, incluso de manera anónima, a fin de contribuir con el esclarecimiento del caso. “Fiscalía, al Poder Judicial, que siga con esta investigación hasta dar con el paradero de los responsables”, solicitaron.

En medio del profundo dolor, las familias despidieron a los adolescentes en la plaza principal de Azángaro, donde realizaron un último adiós marcado por pedidos de justicia y condena al brutal crimen que ha dejado en shock a toda la comunidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Un joven de 18 años fue detenido este miércoles en Ensenada tras varios días de estar prófugo por un crimen cometido en José C. Paz. La víctima tenía 21 años y falleció en el hospital por los disparos que recibió en la zona del cuello y espalda.

El sospechoso había intentado ocultarse en domicilios de algunos familiares tras el crimen, pero no lo recibieron al enterarse de lo ocurrido. De acuerdo a la información que brindó 0221, el joven escapó luego de que se registraran algunos incidentes contra la vivienda de un allegado. Fue entonces cuando alquiló una habitación en una pensión de la zona de Ensenada, donde permaneció oculto hasta que la Policía lo localizó.

La detención se produjo gracias a la información que aportó la propia madre del acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ese dato resultó determinante para que los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) pudieran precisar el paradero del prófugo y concretar el operativo.

El procedimiento que terminó con la captura se llevó a cabo cerca de las 15.30 en la esquina de Herminio Massantonio y Belgrano, en el barrio YPF de la mencionada localidad bonaerense. Sobre el prófugo pesaba una orden de detención emitida en el marco de la causa que investiga el crimen ocurrido en una vivienda de calle Lasalle, entre Fournier y Viena, en José C. Paz.

Según la reconstrucción de los hechos informados por fuentes del caso al mencionado portal, la víctima llegó al Hospital Caporaletti con disparos en la clavícula izquierda y la espalda. Los médicos no lograron salvarle la vida y el joven murió poco después a raíz de las heridas producidas. Las circunstancias exactas del hecho todavía son materia de investigación, aunque en un primer momento trascendió que la víctima se encontraba junto a otras tres personas, y uno de los presentes manipuló el arma que terminó por accionarse.

La causa quedó a cargo de la UFI N°23 y del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Martín, que ordenaron las actuaciones correspondientes tras la captura.

Atraparon a un sospechoso del crimen de Benjamín Scerra

Este miércoles las autoridades detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra, en Capitán Bermúdez, Santa Fe; sin embargo, el presunto autor material del crimen sigue sin ser capturado.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Lorenzo arrestó a Luciano Ulises H., de 18 años, en la intersección de Magallanes y Pasaje Capuchinos, en Villa Gobernador Gálvez, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. El joven tenía pedido de captura y está señalado por haber vendido el celular y las zapatillas de Scerra tras el crimen.

El fiscal Aquiles Balbis, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, deberá determinar el rol exacto del detenido en el homicidio y formalizarlo en la audiencia imputativa donde se establecerán los cargos en su contra. En esa misma jornada también será imputado formalmente otro detenido por el caso, señalado como partícipe del hecho.

Pese a los dos arrestos, la figura central de la investigación permanece prófugo de la Justicia. Se trata de Alexis Hereñu, conocido como “El Corto”, señalado como el presunto autor material del asesinato del joven de 19 años. La Fiscalía de San Lorenzo difundió su fotografía a través de las redes sociales oficiales del organismo para solicitar colaboración ciudadana. “Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, reza la publicación compartida en la cuenta de Facebook de la Fiscalía.

Según detallaron desde el organismo, Hereñu tiene un tatuaje en el hombro y podría haber modificado su aspecto físico para pasar desapercibido. Quienes cuenten con información útil pueden comunicarse al 911, escribir a las redes oficiales de la Fiscalía o presentarse en la sede del MPA de San Lorenzo.

Una mujer de 32 años fue encontrada este viernes en su casa en San Carlos (Maldonado, Uruguay) muerta dentro de una heladera. Fue un hombre con el que vivía, de 33 años, quien abrió el electrodoméstico y se encontró con el cuerpo. Luego, denunció el hecho ante la Policía e inmediatamente se lo consideró sospechoso.

La Policía fue hasta el lugar y encontró que la mujer tenía una herida en la cabeza. En el lugar también estaba un niño de tres años, que fue llevado con su abuela materna, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

La Policía y el fiscal de Maldonado Sebastián Robles son los que llevan adelante la investigación y han desarrollado varias hipótesis.

El hombre que dio aviso a la Policía fue imputado por encubrimiento. Los investigadores establecieron que el hombre no era la pareja de la mujer sino que simplemente le permitía vivir en su hogar. El hombre niega haber sido quien asesinó a la mujer y señala a una tercera persona que es quien llega al hogar y que dispara.

Los involucrados guardaron el cuerpo en la heladera para que se conservara durante la noche y sacarlo al día siguiente dentro del electrodoméstico, para evitar que quede registro en las cámaras de seguridad.

El hombre se presentó en la seccional con el hijo de la mujer, que ahora está bajo custodia de la abuela materna.

La Fiscalía había solicitado como medida cautelar 180 días de prisión preventiva, pero la Justicia definió que vaya en arresto domiciliario con tobillera electrónica por 90 días. La Fiscalía apelóesta sentencia.

Durante el fin de semana ocurrió otro caso en San Carlos que está en la mira de los investigadores. Ocurrió también en San Carlos: un hombre de 35 años y una mujer de 23 fueron baleados. El primero fue herido en el abdomen y la mujer en las piernas.

Según los datos primarios que maneja la Policía, el hombre de 35 sería el autor del asesinato. Esperan que sea dado de alta para avanzar en la investigación.

Los investigadores apuntan a que el crimen está relacionado a un tema de drogas.

Sicario imputado por doble crimen de una joven pareja

Delincuentes en moto asesinaron la semana pasada a Matías (27) y Lucía (24), una pareja que estaba en su casa con los hijos al momento del crimen. Ocurrió en la noche del domingo 10 de mayo, en una casa de Colinas de Solymar (Canelones).

En las últimas horas se identificó a uno de los cuatro sicarios, informó Teledoce. La Justicia lo imputó como presunto autor de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad.

Ahora se le impuso al sicario una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, mientras avanza la investigación.

La Fiscalía continúa trabajando en la identificación de los otros tres implicados en el crimen. Si bien lo que motivó el doble homicidio fue un tema vinculado a las drogas, la pareja asesinada no estaba vinculada a esa disputa, según la información manejada por la Fiscalía. Lo que resta por saber es si el error fue de los sicarios o si el objetivo eran ellos.

Los pequeños que estaban en la vivienda eran dos: Alma, una bebé de ocho meses, y Agustín, que tiene cinco años. Ellos presenciaron cómo sus padres fueron acribillados a balazos, pero resultaron ilesos. Luego de cometer este doble crimen, los delincuentes atacaron a disparos a una vivienda lindera, en la que viven familiares de las víctimas, y después se fugaron. La pareja murió al instante.

A un año del asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rompió el tono institucional y recurrió a las redes sociales para rendir un homenaje personal a Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesinados el 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.

“Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas”, escribió Brugada en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos. “Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia.”

¿Quiénes eran Ximena y Pepe?

Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Brugada. José Muñoz era su asesor de confianza, con quien la jefa de Gobierno mantenía una relación de más de 35 años de lucha política conjunta.

En la conferencia que ofreció días antes del aniversario, Brugada los describió como compañeros profundamente comprometidos con el servicio público. “No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, reiteró ante los medios.

Lo que reveló la conferencia: sin amenazas previas y sin filtración interna

Durante ese encuentro con la prensa, Brugada respondió una de las preguntas más incómodas del caso: “Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante.”

Por su parte, la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, descartó que una red interna hubiera facilitado el crimen. Según la Fiscalía, los criminales obtuvieron información sobre las rutas de las víctimas mediante sus propios medios: semanas de vigilancia desde sus domicilios.

El operativo fue planeado con al menos 20 días de anticipación e involucró:

• Siete vehículos
• Al menos seis ejecutores directos
• Reuniones previas en predios del Estado de México

El estado de la investigación: 18 detenidos, autor intelectual libre

Al cumplirse un año, el balance oficial de la investigación es el siguiente:

• 18 personas detenidas en total
• 10 vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa
• 8 más vinculadas por delitos relacionados con la operación
• Un integrante del grupo fue localizado muerto en Morelos meses después del crimen

Sin embargo, la pregunta central permanece sin respuesta pública: quién ordenó y financió la operación. El autor intelectual del doble asesinato sigue en libertad.

La promesa que sigue vigente

El mensaje de Brugada en redes sociales este 20 de mayo de 2026 cerró con las mismas palabras que ha repetido desde el primer día: “Verdad y justicia.”

La investigación, aseguró la Fiscalía, no se ha detenido. Las familias de Ximena y Pepe siguen esperando una respuesta completa. Y la Ciudad de México, la identidad del responsable intelectual de uno de los crímenes más resonantes del último año en la capital del país.

A un año del asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reveló que ni ella ni su equipo recibieron señal alguna de lo que se avecinaba. La Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, fue más lejos: descartó que una red interna hubiera facilitado el crimen. Dos declaraciones que, juntas, apuntan hacia afuera del Gobierno capitalino como origen del ataque.

“Nunca recibimos ninguna amenaza”

Ante los medios de comunicación, Brugada respondió con precisión a una de las preguntas más incómodas del caso: “Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante.”

La declaración cobra peso si se considera la magnitud del operativo criminal. La Fiscal Alcalde Luján detalló que el ataque fue planeado con al menos 20 días de anticipación, con seguimientos a las víctimas desde sus domicilios, reuniones previas en predios del Estado de México y una logística que incluyó siete vehículos y al menos seis ejecutores directos. Todo eso ocurrió sin que el Gobierno capitalino recibiera una sola señal de alerta.

La Fiscalía descarta filtración desde adentro

Fue la Fiscal Berta Alcalde Luján —no Brugada— quien abordó el otro flanco sensible del caso: la posibilidad de que alguien dentro del Gobierno hubiera filtrado información sobre la ruta cotidiana de José Muñoz Vega y Ximena Josefina Guzmán Cuevas. Su respuesta fue directa: hasta el momento, la investigación no arroja indicios de una red interna que hubiera facilitado el crimen.

Lo que sí estableció la Fiscalía es que los criminales obtuvieron esa información por sus propios medios, con semanas de vigilancia sobre los movimientos de las víctimas.

18 detenidos, pero el autor intelectual sigue libre

El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez. Al cumplirse un año, el balance de la investigación es:

• 18 personas detenidas en total
• 10 vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa
• 8 más vinculadas por delitos relacionados con la operación
• Un integrante del grupo delictivo con orden de aprehensión fue localizado muerto en Morelos meses después

La investigación identificó la participación de un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, pero aún no se ha determinado públicamente quién ordenó y financió la operación. Esa sigue siendo la pregunta central.

“No habrá impunidad”

Brugada cerró la conferencia con un mensaje directo a las familias de las víctimas y a la ciudadanía, cargado de un tono que rebasó el protocolo institucional. Describió a José Muñoz como compañero de lucha de más de 35 años y a Ximena Guzmán como colaboradora con quien trabajó siete años de forma intensa.

“No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó. Y añadió que la investigación no se ha detenido ni un solo día desde el crimen.

La promesa sigue en pie. El autor intelectual, libre.

Nueve policías del municipio de Progreso de Obregón, en Hidalgo, fueron vinculados a proceso el pasado martes, dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

Los nueve agentes, quienes pertenecían a la Dirección de Seguridad Pública municipal, son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones, según la institución.

La detención de los elementos policiacos ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo, durante un operativo en la colonia Centro de Progreso de Obregón, mismo que fue coordinado por el Gabinete de Seguridad federal.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de los nueve policías durante una audiencia inicial al revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), señalaron autoridades.

Según la PGJEH, a los imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así fue la detención de nueve policías de Hidalgo

El pasado miércoles 13 de mayo la Secretaría de Seguridad de Hidalgo (SSH) dio a conocer que fueron detenidos nueve elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Progreso de Obregón.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que los sujetos son investigados por los delitos de homicidio doloso y lesiones.

En un comunicado se precisó que las aprehensiones se cumplimentaron en contra de ocho hombres y una mujer,. quienes fueron identificados con las iniciales de A. M. D., D. B. M., M. A. R. H., A. F. C., A. P. M., S. P. S., A. S. A., L. E. A. T., O. F. Z. R.

Los elementos municipales fueron detenidos en la colonia Centro de Profeso de Obregón y fueron remitidos al Ministerio Público para que se definiera la fecha y hora de su audiencia inicial.

El día de la detención se reportó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el municipio y afirmaron que los elementos fueron detenidos al interior de la Presidencia Municipal.

La detención ocurrió un día después de un operativo en otro municipio, Tezontepec de Aldama, donde fueron capturados el director y subdirector de Seguridad pública, además de un exelemento de seguridad de la misma localidad.

Autoridades señalaron que el despliegue se llevó a cabo luego de que se recibieran denuncias contra esas personas, que eran acusadas de vínculos con la delincuencia.

El reloj marcaba poco más de las seis de la tarde del sábado 16 de mayo cuando las sirenas rompieron la calma habitual de la Blackburn Lane en Burtonsville. Agentes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery se presentaron en el complejo de apartamentos con una orden de verificación de bienestar.

No era una visita de rutina; la alerta la habían dado los propios compañeros de trabajo de Glenda Patricia. En un entorno migrante donde el empleo es el pilar fundamental de la supervivencia, la ausencia injustificada de una mujer conocida por su inquebrantable puntualidad y espíritu emprendedor encendió de inmediato las alarmas en su entorno cercano.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales se toparon con una escena dantesca. En el pasillo principal yacía el cuerpo inerte de la mujer salvadoreña, de 50 años, mostrando evidentes y severos signos de violencia física en su anatomía.

Mientras los primeros respondientes aseguraban el perímetro y procesaban la escena, un detalle crucial escapaba ante sus ojos: en el estacionamiento exterior, un Jeep Compass blanco, modelo 2019 y propiedad de la víctima, aceleraba saliendo del recinto de manera apresurada. Era el inicio de una persecución interestatal y el primer hilo de una investigación criminal que apuntaba directamente al núcleo más íntimo de la fallecida.

Pocas horas después del hallazgo, la Oficina del Médico Forense de Maryland disipó cualquier atisbo de duda técnica. El análisis forense dictaminó de forma oficial que la causa de la muerte de Glenda respondía a múltiples heridas infligidas con un arma blanca. El caso fue catalogado formalmente como homicidio criminal. Para los detectives asignados al caso, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse con dolorosa rapidez al identificar que el principal sospechoso compartía el mismo techo y la misma sangre que la víctima.

Las sospechas se volcaron con presteza sobre Ricardo Adelso Colato Salamanca, hijo biológico de Glenda y con quien ella convivía en el apartamento de la Blackburn Lane.

Captura en la ruta y el peso de la ley

La rápida actuación de la policía del condado de Montgomery, las placas del Jeep Compass blanco fueron ingresadas de inmediato en la base de datos nacional de delitos graves. Los sistemas de lectura de patentes permitieron a las autoridades de diversos estados rastrear el trayecto del vehículo en tiempo real mientras huía a gran velocidad con rumbo al sur.

La huida terminó el lunes 18 de mayo. En una acción coordinada por un contingente de grupos federales y agencias regionales de seguridad estadounidense, Ricardo fue localizado y neutralizado en una parada de camiones en la localidad de Salisbury, en el condado de Rowan, Carolina del Norte.

El joven, que había conducido cientos de kilómetros lejos de la escena del crimen, fue arrestado sin que pudiera oponer una resistencia significativa frente a los agentes federales. Actualmente, el acusado permanece bajo estricta custodia en territorio de Carolina del Norte a la espera de que se concrete el proceso formal de extradición hacia el condado de Montgomery, Maryland.

El peso de los cargos que le esperan en el tribunal es abrumador: asesinato en primer grado y robo de vehículo motorizado. El juez a cargo del caso ha fijado una fianza extraordinaria de 5 millones de dólares, una cifra que refleja la extrema gravedad del crimen y el riesgo de fuga latente del detenido.

Un legado de amor truncado por la tragedia

Mientras la maquinaria judicial avanza, en el seno de la comunidad salvadoreña radicada en Maryland el sentimiento es de profunda consternación y luto absoluto. Glenda Patricia no solo representaba el espíritu trabajador de la diáspora de Morazán que pasa años buscando el progreso, sino que era el eje central de su familia.

En la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, abierta por sus allegados para costear los inesperados gastos fúnebres y conmemorativos, el dolor se ha transformado en palabras de homenaje que describen la inmensa calidad humana de la víctima.

La devastación de la familia Salamanca es absoluta frente a una pérdida que califican como inesperada y desgarradora. Hoy, sus seres queridos solo claman por oraciones, apoyo económico solidario y, por encima de todo, que caiga todo el peso de la justicia sobre el responsable de haber apagado una vida tan valiosa.

Un hombre identificado como Alejandro Velázquez, alias El Pollo, fue asesinado por un policía del municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México (Edomex).

El hombre, de 32 años de edad, murió el pasado sábado 16 de mayo luego de haber sido herido por el policía, identificado como José Manuel “N”.

Los hechos ocurrieron en el citado municipio del Edomex, cuando, presuntamente, el elemento que disparó y su compañera, quienes viajaban en la patrulla SCM-412, recibieron un reporte de una mujer quien, presuntamente, acusó que Alejandro tenía en su poder un arma de fuego y la había amenazado con la misma.

De acuerdo con lo declarado por el policía, el hombre de 32 años les habría apuntado con la presunta arma de fuego, por lo que, en reacción, le disparó.

Alejandro recibió un disparo en el glúteo izquiero, y alcanzó a ingresar a su domicilio, lugar en el que murió por la herida.

A pesar de la acusación de que El Pollo llevaba consigo un arma de fuego, no hay rastro de la misma.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se ve a parientes de El Pollo dentro de un predio con el policía revisando al joven, quien se encuentra tirado en el suelo sin moverse, y con sangre en su cuerpo, producto de la herida.

En el video, se escucha a las personas reclamar al policía, quien en un momento del clip dice que el hombre le había apuntado con un arma, pero al cuestionarle por la misma, dice no saber en dónde se encuentra.

Detienen a los policías involucrados

Tanto el policía que disparó, como su compañera con la que viajaba en la patrulla, identificada como Eva, fueron detenidos por homicidio.

Sin embargo, Jazmín, hermana de Alejandro, dijo en entrevista a Imagen Noticias que temía que los policías fueran liberados, pues cuando acudió a continuar con su denuncia, un día después del homicidio, vio al policía acostado en una banca con un celular en la mano, como si no estuviera detenido por homicidio.

La misma mujer declaró al medio que si bien su hermano tenía problemas de adicciones, no se encontraba haciendo nada malo.

“No tenía por qué haber muerto así, sí, mi hermano se drogaba, sí, pero mi hermano no estaba haciendo nada malo, más que drogándose, ese fue su error de él, ese fue su error, ser drogadicto, nada más”, declaró la hermana delñ fallecido al medio.

La tarde del martes 19 de mayo, quedó marcada en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por un episodio de extrema violencia: Mariana Soledad Calfuquir de 33 años fue asesinada de varios disparos y Luis Damián Uribe, el chofer de aplicación de 30 años que conducía, lucha por su vida tras recibir un impacto de bala en el abdomen.

El episodio se conoció cerca de la medianoche cuando las victimas llegaron a las puertas de la Comisaría Séptima en un Volkswagen Track gris en búsqueda de ayuda. Fue Uribe quien pidió socorro desesperadamente, sin embargo, la mujer ya se encontraba sin vida.

Mientras Calfuquir presentaba graves heridas en la cabeza que le costaron la vida, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica por una herida de bala en la zona abdominal. El estado de salud de Uribe era calificado como “de riesgo vital” y se mantiene en estado crítico.

En la zona trabajaron el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, agentes de la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Seccional Séptima, peritos de Criminalística y autoridades de la Unidad Regional. Los equipos policiales trabajan para determinar las circunstancias y el móvil del ataque, además de identificar a los autores materiales de la balacera.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por el chofer Luis Damián Uribe a los agentes, el ataque se produjo mientras prestaba servicios como conductor para una aplicación de viajes. Al inspeccionar el vehículo, la policía halló a Mariana Soledad Calfuquir, ya sin vida, dentro del automóvil. El coche presentaba múltiples impactos de proyectil, en especial en la ventanilla derecha, producidos desde el exterior hacia el interior del habitáculo, según constató la policía en el lugar de los hechos.

En paralelo, la ciudad de Comodoro Rivadavia enfrenta nuevamente una oleada de preocupación por crímenes violentos, que se han registrado en diversos sectores urbanos en los últimos meses. El hecho, por sus características y por haberse producido a escasos metros de una seccional policial, subraya la gravedad de la situación de violencia armada que atraviesa la región.

Este nuevo episodio de violencia que ocurrió el marte, elevó a ocho casos de homicidio en los últimos meses registrados en Comodoro Rivadavia. Esta cifra consolida al municipio como el foco principal de violencia en Chubut en lo que va de 2026, según informó ABC Diario.

De acuerdo con la publicación, la mayoría de los asesinatos se produjeron en esta ciudad petrolera e incluyen desde ataques armados hasta asesinatos en el contexto de robos, ajustes de cuentas y el caso de Ángel, el niño de 4 años. Entre las víctimas figuran Valeria Schwab (femicidio), Juan Marcos Levill (homicidio en el barrio 1008 Viviendas), el comerciante Wilder Zalazar, Bernardino Villarroel tras un incendio intencional, Ángel López, y el doble crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.

En este último caso, el doble crimen, se produjo tras una persecución que comenzó en el área conocida como 1008 viviendas y concluyó en la calle La Prensa al 100. De acuerdo con la reconstrucción publicada en Infobae, los vecinos alertaron a la policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los agentes encontraron a Nieves y Asencio muertos en el interior del vehículo, con signos evidentes de múltiples impactos de bala.

La reiteración de homicidios y ataques violentos refuerza la alarma social y plantea serios desafíos para las autoridades provinciales en materia de prevención, control y justicia penal. El asesinato de Mariana Calfuquir y el ataque al conductor, expone la vulnerabilidad de los ciudadanos en plena vía pública en la escalada criminal que atraviesa Comodoro Rivadavia.

Comenzó el juicio oral contra un hombre acusado de asesinar a balazos a su pareja y a su cuñado en diciembre de 2023 en una vivienda del barrio Don Emilio, en el extremo sudoeste de Mar del Plata. El debate se inició este lunes y tiene previstas tres jornadas.

El acusado es Victor Figueroa quien enfrenta los cargos por femicidio, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego, por lo que podría caberle una condena a prisión perpetua.

La acusación llevada a cabo por la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 a cargo de la investigación sostiene la hipótesis de que el 23 de diciembre de 2023 Figueroa disparó contra Rosana Coronel y su hermano Marcelo Coronel tras una discusión en la vivienda familiar. Luego ingresó a la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y se dio a la fuga en su auto.

De acuerdo a los detalles, Figueroa llegó a la vivienda alcoholizado y quiso poner música, pero su pareja se negó y eso provocó una discusión que fue subiendo de tono. Oscar intervino para defender a su hermana, pero en ese momento, según la acusación, Figueroa se dirigió a una habitación, tomó un revólver Colt calibre .38 y abrió fuego contra ambos.

Los hermanos Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente. La mujer, quien mantenía una relación sentimental con el acusado, recibió una herida de bala en la zona del cuello; mientras que el hombre, fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Ambos fueron trasladados por familiares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde murieron minutos después a causa de las heridas.

Tras escapar del lugar del hecho, Figueroa fue detenido minutos antes de la medianoche de ese mismo día por efectivos de la Comisaría 11ra, luego de un llamado al 911. La aprehensión se produjo en Magallanes al 11.400, mientras circulaba en el vehículo en el que se había escapado. Fuentes de la investigación señalaron que registraba antecedentes penales por los delitos de abuso sexual y encubrimiento.

Tras su detención, Figueroa quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y trasladado posteriormente a los tribunales marplatenses para prestar declaración indagatoria.

El escrito de la fiscalía puso énfasis en las declaraciones de las hijas y nietas de la mujer de 46 años, quienes afirmaron ante la justicia que Figueroa había proferido amenazas contra ella con anterioridad al hecho.

El comienzo del debate

La primera jornada del juicio se desarrolló con la presencia de familiares de las víctimas en la sala de tribunales. Uno de ellos expresó ante la prensa: “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”. La Capital de Mar del Plata reunió las declaraciones del resto de la familia. “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”, recordó la hija de Rosana sobre aquel violento episodio.

La joven aseguró que “está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”. Y describió al acusado como una persona que se “perdía totalmente” cuando tomaba alcohol. “Sobrio era una persona y con alcohol era otra”, añadió.

“Pedimos justicia por mi mamá y por mi tío. Que le den perpetua porque lo que hizo no tiene perdón”, concluyó.

Autoridades federales y estatales detuvieron en un operativo en la ciudad de Tijuana, Baja California a José Paulino “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado durante un operativo de seguridad en la colonia Chihuahua, en Tijuana.

La acción estuvo encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como policías estatales y municipales.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que José Paulino “N”, de 29 años de edad, es identificado por las autoridades como el presunto líder del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), denominado Fuerzas Especiales del Kateo (FEK).

Al momento de su aprehensión, portaba cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

Así fue su captura

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a José Paulino “N”, vinculado a un grupo delictivo y armado. Tras darle alcance y efectuar una revisión, aseguraron las armas, la droga y la insignia falsa. El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Según el cruce de información entre dependencias federales y estatales, se confirmó que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, así como cargadores, cartuchos y sustancias presuntamente ilícitas. Además, se localizó una insignia falsa de una institución de seguridad entre las pertenencias del detenido.

La detención se enmarca en la estrategia conjunta del Gabinete de Seguridad para frenar a generadores de violencia y salvaguardar el Estado de Derecho en la región.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de mantener la coordinación para enfrentar a integrantes de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en Baja California.

Detienen a “El Checo”, presunto jefe regional del CJNG en Baja California

Otra reciente detención relacionada con el CJNG se registró el pasado 13 de mayo, cuando las autoridades informaron la captura de Sergio “N”, alias “El Checo”, identificado como generador de violencia y presunto jefe criminal.

Tras identificar el Jeep Rubicon modelo 2020 con reporte de robo en Estados Unidos, agentes estatales ubicaron a “El Checo” en un camino de terracería rumbo a Rancho Viejo, en la carretera Tecate-Ensenada.

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, el hombre aceleró al notar la presencia policiaca, por lo que le dieron seguimiento.

Durante más de 30 kilómetros de persecución, presuntamente disparó contra los agentes y lanzó ponchallantas para evitar su detención. El operativo finalizó cuando el vehículo chocó contra un árbol y permitió su arresto.

Generador de violencia y operador criminal en Baja California

“El Checo”, de 51 años y originario de Acapulco, Guerrero, estaba armado con dos pistolas, dos fusiles de asalto, seis cargadores para arma larga, tres chalecos tácticos, 210 cartuchos útiles y 30 envoltorios de metanfetamina, indicaron las autoridades. En el vehículo asegurado se encontraron además objetos relacionados con actividades delictivas fuera del país.

La Fiscalía de Baja California identifica a "El Checo" como jefe criminal con presencia en las zonas de Cerro Azul y Nueva Colonia Hindú, corredores estratégicos para el trasiego de droga. Además, es señalado como generador de violencia relacionado con la disputa territorial entre células rivales.

Los reportes de inteligencia lo vinculan con el grupo denominado "Los Volteados", una facción que, tras romper vínculos con el Cártel de Sinaloa, habría decidido colaborar con el CJNG en la entidad.

Además, los informes estatales y federales mencionan que “El Checo” habría sobrevivido recientemente a ataques de rivales que intentaban recuperar el control de zonas específicas en Tecate. En lugares como Nueva Colonia Hindú se tienen registrados enfrentamientos armados entre células delictivas durante este año.

Tras su captura, El Checo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúen las investigaciones y se determine su situación jurídica.

El empresario y fundador de Mango, Isak Andic, falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un desnivel en una zona de senderismo en Montserrat, mientras realizaba una excursión junto a su hijo, Jonathan Andic. A partir de ese momento se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. En un principio, todo apuntaba a un incidente, pero, después, las pesquisas evidenciaron que la muerte no fue accidental, y se señaló a su hijo como principal sospechoso. Ahora, Jonathan ha esquivado entrar en prisión por un delito de homicidio tras abonar una fianza de un millón de euros.

De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban recorriendo un sendero en las Coves del Salnitre cuando el empresario, de 71 años, habría resbalado en un tramo del camino y caído por una pendiente de más de 100 metros. En ese momento, Jonathan Andic declaró que caminaba unos metros por delante de su padre cuando escuchó un desprendimiento de piedras y, al girarse, lo vio precipitarse sin poder hacer nada para evitarlo, tras lo cual avisó de inmediato al 112 para alertar de lo ocurrido.

Los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar de los hechos y, tras la inspección del terreno, la autopsia preliminar y la declaración de Jonathan Andic, concluyeron que los indicios eran compatibles con un accidente. Ante la ausencia de signos evidentes de criminalidad, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell archivó la causa de forma provisional en enero de 2025.

Sin embargo, menos de tres meses después, el mismo juzgado reabrió la investigación. Durante ese periodo, los investigadores mantuvieron abiertas diversas líneas de trabajo al considerar que existían elementos que requerían una revisión más detallada, como la baja dificultad del sendero y la ausencia de testigos, lo que impedía descartar otras hipótesis.

De testigo a investigado

A mediados de octubre de 2025 se conoció que la situación judicial de Jonathan Andic había cambiado: en septiembre pasó de testigo a investigado por un presunto delito de homicidio. Este giro permitió acceder a su teléfono móvil y analizar su contenido.

Según fuentes citadas por El País, la decisión se habría adoptado tras detectarse ciertas incoherencias en las declaraciones prestadas. Los Mossos d’Esquadra habrían recogido dos versiones de los hechos: una primera, condicionada por la conmoción del momento y de carácter impreciso, y una segunda declaración posterior, realizada a finales de enero.

Las sospechas se habrían centrado en supuestas inconsistencias dentro del relato de Jonathan Andic, especialmente en aspectos como el lugar exacto en el que se encontraba durante la caída, el punto donde habría estacionado el vehículo o si tomó fotografías durante la excursión, además de la propia dificultad que, según los investigadores, presenta el sendero.

A ello se suma el testimonio de la golfista profesional y expareja del empresario, Estefanía Knuth, quien apuntó a la existencia de tensiones recientes entre padre e hijo. Asimismo, familiares y allegados habrían aportado información sobre episodios conflictivos en el entorno familiar.

En noviembre, los Mossos tomaron declaración a las hermanas de Jonathan Andic y a un tío del investigado, hermano del fallecido, con el objetivo de reconstruir la relación familiar y el vínculo entre padre e hijo. En ese momento, no se descartaba todavía la hipótesis de un accidente.

Tras un año del fallecimiento del empresario, los tres hijos de Isak Andic, Jonathan, Judith y Sarah, realizaron un acto de homenaje en su memoria. Cabe señalar que, en julio, los tres hermanos asumieron el legado empresarial familiar.

Jonathan paga un millón de euros y evita la prisión provisional

Este martes, en torno a las 12:30 horas, Jonathan Andic se encontraba en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) para prestar declaración, tras haber sido detenido por los Mossos d’Esquadra en su domicilio como investigado por el homicidio de su padre.

Durante su comparecencia, el investigado únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros. Tras su declaración, ha sido conducido a los calabozos de los juzgados mientras la jueza deliberaba.

Minutos después, la magistrada ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza, además de tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

La defensa ha gestionado el pago de la fianza con la intención de evitar su ingreso en prisión, y aproximadamente media hora más tarde Jonathan Andic ha abonado el millón de euros, quedando en libertad con las medidas impuestas.

Una persona que presuntamente estuvo involucrada con el homicidio de diez personas, de los cuáles siete pertenecían a una familia, mientras que otros tres eran trabajadores de la misma, fue detenida por autoridades ministeriales.

El asesinato ocurrió el pasado fin de semana en un rancho de Tehuitzingo, Puebla, en la mixteca poblana.

Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado, dijo que fue el pasado lunes cuando se logró la aprehensión del involucrado en el caso ocurrido en la comunidad de Texcalapa, en el municipio mencionado. La fiscal no reveló la identidad del detenido y negó que se tratara del hijo de los padres de familia asesinados.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, señaló que “es importante que les informe que el día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona, un masculino que derivó de los actos de investigación por los hechos ocurridos en este inmueble”.

Ratificó que una línea de investigación sería un problema familiar, y admitió que se trata de dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogadicción, así como conflictos familiares por tierras.

Pastor Betancourt rectificó los informes iniciales dados a conocer inicialmente: se trata de diez personas asesinadas, de las cuales, siete pertenecían a una familia y tres eran trabajadores de ellos. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad de 16 y 15 años, así como un bebé de un mes, quien murió por asfixia al ser protegido por su madre. El resto fueron asesinador por arma de fuego.

Detalló, en un informe, que elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron a las 12:40 horas del pasado domingo 17 de mayo, el aviso del hallazgo de nueve cuerpos dentro de un rancho, así como una mujer herida de gravedad, con impacto de bala en la cabeza. Dicha mujer perdió la vida cuando era trasladada a un hospital.

En la zona se comisionaron peritos en criminalística de campo, agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones.

La víctimas fueron identificadas como: Cecilio de 55 años y Marcela 48, los padres de familia; así como sus hijos Roberto y José María. Entre las víctimas se encontraban también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho, víctimas del asesinato, fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

El hijo del matrimonio aparece en un video que fue difundido en redes sociales sin que se sepa cuándo fue grabado, donde señala a sus padres de ser los causantes de sus adicciones.

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha dado un giro tras la detención de su hijo, Jonathan Andic, acusado de homicidio por los Mossos d’Esquadra. Recordemos que el arresto se ha producido en el marco de las pesquisas por el fallecimiento del empresario, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en las Coves del Salnitre, en Montserrat. Pocos minutos de saber que el hijo del fundador de Mango ha pagado la fianza de 1 millón de euros para eludir la prisión provisional, ARA ha adelantado el motivo de la detención.

Al parecer, el dispositivo, recuperado tras la caída mortal, permitió a la policía catalana acceder a mensajes e intercambios recientes entre padre e hijo, que revelaban tensiones previas. Además de situar a Jonathan como la única persona que acompañó al fundador de Mango el día del suceso. Asimismo, la geolocalización del teléfono de Andic hijo ha podido confirmar que repitió varias veces la ruta de Collbató días antes del suceso.

Pese a que Jonathan cambió de teléfono poco después de la muerte de Isak, los Mossos lograron recuperar información relevante que ha permitido ubicarlo en la zona durante los días clave. Desde el inicio del proceso judicial, Jonathan ha defendido que la muerte fue accidental y ha rechazado cualquier responsabilidad penal. Sin embargo, la jueza de Martorell ha impuesto tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Los Mossos se centran en Jonathan

El proceso de extracción y análisis de los teléfonos móviles se ha extendido durante meses. Pero las sospechas de la policía catalana sobre Jonathan saltaron cuando este emuló contradicciones en sus declaraciones iniciales. Por este motivo, confiscaron y examinaron su móvil. Aunque esta es una prueba relevante, no es definitiva al no haber testigos ni grabaciones que permitan reconstruir los hechos con exactitud, según han confirmado las fuentes policiales a ARA.

Aun así, la acumulación de pruebas tecnológicas y la exclusividad de la compañía de Jonathan ese día han sido determinantes para la evolución de la causa. Y es que los investigadores ya contaban con pruebas del teléfono de Isak Andic, en las que se puede ver una conversación relacionada con un supuesto procedimiento terapéutico de su hijo en el que este hacía algún comentario negativo contra su padre.

Evitar una noche en la cárcel

En las últimas horas, Jonathan Andic ha sido puesto en libertad tras abonar una fianza de un millón de euros. La jueza de Martorell, en Barcelona, había dictado prisión provisional para Andic, aunque permitió que eludiera el ingreso en prisión mediante el pago de la mencionada fianza, al considerarlo presunto responsable del fallecimiento del empresario. El pago de la fianza se ha realizado rápidamente para evitar que Andic pasara la noche en el centro penitenciario.

Esto ha sucedido después de que el principal sospechoso haya comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, adonde fue trasladado hacia las 12:30 horas. Durante la declaración, Jonathan Andic respondió únicamente a las preguntas de su abogado. Pero fue la Fiscalía la que había solicitado la prisión provisional bajo fianza.

Tras declarar, los agentes se llevaron a Andic a los calabozos de los juzgados mientras se deliberaba sobre su situación procesal. La familia de Andic ha difundido un comunicado en el que sostiene su inocencia y reclama el respeto a la presunción de inocencia.

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, ha quedado en libertad tras abonar una fianza de un millón de euros. La jueza de Martorell (Barcelona) había decretado su ingreso en prisión provisional, con posibilidad de eludirla mediante el pago de dicha fianza, como presunto responsable de la muerte del empresario.

Además, se le han impuesto tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. El pago de la fianza se ha efectuado lo antes posible con el objetivo de evitar que Andic tuviera que pasar la noche en el centro penitenciario.

El investigado ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, donde fue trasladado en torno a las 12:30 horas. Durante su comparecencia, Jonathan Andic solo respondió a las preguntas formuladas por su abogado.

La Fiscalía había solicitado prisión provisional bajo fianza, medida que posteriormente fue acordada por la jueza. Tras su declaración, Andic fue conducido a los calabozos de los juzgados esposado, mientras la magistrada deliberaba sobre su situación procesal.

Mientras el investigado permanecía en dependencias judiciales, su familia difundió un comunicado en su defensa en el que afirma que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él” y reclama el respeto al principio de presunción de inocencia. Asimismo, asegura que su convencimiento sobre su inocencia es absoluto y confía en que la investigación lo confirmará.

Evolución de la investigación policial

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2024, cuando padre e hijo realizaban una ruta de senderismo por las Coves del Salnitre, en Montserrat. Según la investigación, Isak Andic cayó por un desnivel de más de 100 metros mientras se encontraba a solas con su hijo.

La investigación de los Mossos d’Esquadra se inició ese mismo día. En un primer momento, tras la inspección de la zona, la autopsia preliminar y la declaración del hijo, los agentes concluyeron que los indicios apuntaban a un accidente. Por ello, en enero de 2025 la jueza archivó provisionalmente la causa al no apreciar indicios de criminalidad.

Sin embargo, la situación dio un giro semanas después, cuando la magistrada decidió reabrir el caso tras recibir una ampliación de los atestados elaborados por los Mossos d’Esquadra. En marzo de 2025, y tras el estudio de esta nueva documentación, el juzgado ordenó formalmente la reapertura de la investigación.

Meses más tarde, en octubre de 2025, Jonathan Andic pasó a tener la condición formal de investigado, lo que permitió a los agentes ampliar las diligencias e incorporar nuevas líneas de análisis, entre ellas el acceso a su teléfono móvil y el examen de su contenido. Según publicó entonces El País, esta decisión se adoptó tras detectarse determinadas contradicciones entre las declaraciones ofrecidas el día del accidente y otra realizada a finales de enero.

Las sospechas policiales se han centrado en varias inconsistencias en su relato, entre ellas el lugar exacto en el que se encontraba en el momento de la caída, el punto donde estacionó el vehículo o si llegó a tomar fotografías durante la excursión. Además de la dificultad del sendero.

Jonathan Andic ha sido detenido este martes por los Mossos d’Esquadra al ser investigado por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic, fundador y propietario de Mango, quien falleció tras caer por un barranco en diciembre de 2024. Tras la solicitud de la Fiscalía, la jueza ha decretado prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros.

Además, la jueza le ha impuesto tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. La defensa del investigado está ultimando los trámites para consignar la fianza lo antes posible, con el objetivo de evitar que Jonathan Andic ingrese en prisión o tenga que pasar la noche en el centro penitenciario.

El investigado ha prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, después de ser trasladado a dependencias judiciales pasadas las 12.30 horas. Tras comparecer ante la magistrada, Jonathan Andic ha sido conducido a los calabozos de los juzgados esposado, mientras la jueza medita su decisión, según ha adelantado El País.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2024, cuando padre e hijo realizaban una excursión por las Coves del Salnitre, en Montserrat. Según la investigación, Isak Andic cayó por un desnivel de más de 100 metros mientras se encontraba a solas con su hijo.

Durante su declaración, Jonathan Andic únicamente respondió a las preguntas formuladas por su abogado. La resolución judicial podría conocerse a lo largo de esta tarde, cuando la magistrada decida si acuerda su libertad provisional con medidas cautelares o decreta su ingreso en prisión mientras avanza la investigación.

Esta misma tarde, la familia ha difundido un comunicado en defensa de Jonathan, en el que sostiene de forma tajante que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él” y reclama que se respete “el principio de presunción de inocencia”.

Según los portavoces autorizados de la familia, “el convencimiento sobre su inocencia es absoluto” y aseguran estar convencidos de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará.

El caso se archivó provisionalmente

La investigación de los Mossos d’Esquadra comenzó el mismo 14 de diciembre de 2024, fecha en la que se produjo la muerte de Isak Andic. En un primer momento, tras inspeccionar la zona, realizar una autopsia preliminar y tomar declaración a Jonathan Andic, los investigadores concluyeron que los indicios apuntaban a un accidente.

Por ello, la jueza archivó la causa de manera provisional en enero de 2025 al no apreciar señales de criminalidad. Sin embargo, la situación dio un giro dos meses después, cuando la magistrada decidió reabrir el caso tras recibir una ampliación de los informes elaborados por los Mossos.

En octubre de 2025, Jonathan Andic pasó a tener la condición formal de investigado, una decisión que permitió a los agentes acceder a su teléfono móvil y analizar su contenido. Según publicó entonces El País, la medida se adoptó después de que los investigadores detectaran determinadas contradicciones en sus declaraciones.

A ello se sumó el testimonio de Estefanía Knuth, golfista profesional y expareja de Jonathan Andic, quien habló de una relación tensa entre padre e hijo en los meses previos a la muerte. Otras personas cercanas también trasladaron a los investigadores información sobre supuestos conflictos en el entorno familiar.

Las sospechas policiales se centraron especialmente en varias inconsistencias del relato ofrecido por Jonathan Andic, entre ellas el lugar exacto en el que se encontraba cuando ocurrió la caída, el punto donde estacionó el vehículo o si llegó a tomar fotografías durante la excursión. También consideran poco probable que una caída accidental de esas características pudiera producirse en ese sendero.

Los Mossos d’Esquadra han detenido hoy, 19 de mayo de 2026, a Jonathan Andic como presunto responsable del homicidio de su padre, el empresario y fundador de Mango, Isak Andic. La detención se ha producido tras más de un año de investigaciones y varios cambios en el devenir judicial del caso desde que el magnate textil perdiera la vida en diciembre de 2024 en el entorno de Montserrat durante una excursión, donde únicamente le acompañaba Jonathan.

La detención de Jonathan Andic por presunto homicidio se produce a raíz de la muerte de Isak Andic el 14 de diciembre de 2024, cuando el empresario de 71 años cayó desde una altura de 150 metros mientras paseaba con su hijo por Collbató. Aunque inicialmente se archivó la causa al considerarse accidental el fallecimiento, nuevas pruebas permitieron la reapertura de la investigación. Los Mossos han identificado la existencia de elementos que han motivado el arresto del heredero principal del grupo Mango.

La muerte de Isak Andic supuso un golpe para la familia y la empresa. El magnate, nacido en Estambul en 1953 y considerado el hombre más rico de Cataluña por la revista Forbes, fundó Mango en 1984 y la transformó en la segunda mayor compañía textil española, solo superada por Inditex. En el último ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, la empresa registró 3.100 millones de euros en ingresos y un beneficio neto de 172,1 millones de euros, gestionando 115 países y más de 2.700 puntos de venta.

Los herederos de Isak Andic

La propiedad se reparte actualmente entre sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah, fruto de su matrimonio con Neus Raig, que controlan el 95% de Mango MNG SA, mientras que el 5% restante corresponde a Toni Ruiz, quien desempeña el cargo de presidente y consejero delegado desde enero de 2026. Sus hijos heredaron sus participaciones en el grupo Punta Na y en Mango. El reparto fue equitativo y las funciones se distribuyeron entre ellos, aunque solo Jonathan ocupa un cargo en el consejo de administración, como vicepresidente y presidente de las principales sociedades holding.

Judith realizó sus estudios en Moda en el Instituto Europeo di Design y se incorporó al departamento de arte y diseño de Mango, donde ocupó el cargo de directora de proyectos Premium. Su trayectoria dentro de la empresa familiar se consolidó con el tiempo, permitiéndole asumir funciones de liderazgo en el área creativa, así como impulsar iniciativas éticas y sostenibles asociadas a la marca.

Esta experiencia la llevó a ostentar cargos estratégicos, como el de vicepresidenta de Mango MNG Holding y consejera de Punta Na Holding, lo que la sitúa como una de las figuras clave en la estructura empresarial del grupo. En el ámbito personal, Judith reside en Barcelona junto a su esposo, Fernando. Desde esa ciudad administra tanto los asuntos de Mango como su propia sociedad patrimonial, Pitaya Capital, un proyecto que refleja su visión empresarial independiente.

A pesar de su posición, mantiene un perfil discreto y alejado de la exposición mediática, gestionando sus responsabilidades desde la privacidad de su entorno familiar. De hecho, no existen imágenes públicas que la muestren junto a sus hermanos, reforzando ese carácter reservado.

Sarah Andic, la menor del clan Mango

Sarah, la menor de la familia, se formó en gestión de empresas de moda en el Instituto Marangoni de Londres y en la Escuela Parsons de Nueva York. Desarrolló parte de su carrera profesional fuera del grupo familiar, trabajando en la firma Aristocrazy, antes de asumir proyectos sociales en Mango, donde se ocupó de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Su formación internacional le permitió aportar una perspectiva renovada a la empresa y ganar relevancia dentro del holding familiar.

A sus 28 años, Sarah preside Punta Na, la división inmobiliaria del emporio Andic, y lidera Kiwi Capital, su propia sociedad patrimonial con sede en el paseo de Gracia. Su ascenso dentro del grupo ha sido notorio, posicionándola como la representante de una nueva generación en la directiva. Al igual que sus hermanos, opta por mantener su vida privada fuera del foco público y gestiona sus actividades empresariales con discreción, enfocada en aportar una imagen actualizada y expansiva al conjunto de compañías familiares.

El desastre financiero de Jonathan Andic

En la trayectoria de Jonathan Andic destacan dos etapas diferenciadas. Tras su incorporación profesional en 2005 y la dirección de Mango Man desde 2007, fue nombrado presidente adjunto en 2012 y consejero delegado entre 2014 y 2018.

Su mandato estuvo marcado por pérdidas de casi 100 millones de euros, una situación que culminó en el retorno de su padre a la dirección y el posterior nombramiento de Toni Ruiz como ejecutivo principal. Diversas fuentes, citadas por El País y allegadas a Mango, han descrito tensiones en la relación entre padre e hijo tras ese relevo, aunque otras voces matizan que la reconciliación llegó antes del fallecimiento.

El entorno personal de Jonathan se ha visto igualmente afectado por la exposición mediática y procesal. Tras casarse discretamente con Paula Nata en septiembre de 2024, la muerte de Isak obligó a aplazar la celebración familiar, aunque la llegada al mundo de su primer hijo en septiembre del año siguiente supuso un alivio para el núcleo familiar, según declaraba Paula Navarro Tarrés: “Una gran alegría para toda la familia tras meses muy duros”.

El arresto de Jonathan Andic

La detención de Jonathan Andic, cuya última situación era de vicepresidente y gestor patrimonial dentro del grupo Mango, se ha producido tras la conclusión de las nuevas diligencias de los Mossos. A pesar de que los últimos informes policiales habían descartado la existencia de indicios delictivos, los investigadores han considerado que existen elementos suficientes para proceder al arresto de quien ha sido figura clave en el entramado societario e institucional tras la desaparición del fundador de la firma textil.

Según el relato inicial de Jonathan Andic a los Mossos, ambos se encontraban solos y el accidente sucedió después de que su padre resbalara tras un desprendimiento de piedras. Jonathan alertó inmediatamente al 112 y colaboró en todo momento ofreciendo su versión de los hechos, afirmando que su progenitor no había manifestado malos síntomas ni ese día ni en jornadas previas.

Las primeras investigaciones policiales y el informe de los Mossos llevaron en enero de 2025 a que la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell archivase provisionalmente el caso, al estimar que la muerte fue accidental y no existían indicios de delito. El proceso familiar se vio interrumpido por el luto, que obligó a aplazar eventos personales como la boda de Jonathan Andic y Paula Nata, entonces prevista para mayo de 2025.

No obstante, la investigación sufrió un drástico cambio apenas tres meses después: se reabrió la causa y la investigación de Jonathan. Mientras tanto, en diciembre de 2025, todos los herederos homenajearon al empresario en el primer aniversario de su muerte, reafirmando la unidad familiar: “Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad”.

Según información adelantada por La Vanguardia, Jonathan Andic está siendo trasladado a los juzgados de Martorell (Barcelona) para prestar declaración. Desde el inicio de la investigación, Andic ha sostenido que la muerte de su padre fue accidental y ha rechazado cualquier responsabilidad. Isak Andic se precipitó por un desnivel de más de 100 metros mientras caminaba a solas con su hijo.

El caso se archivó provisionalmente en un principio al no haber indicios de criminalidad

La investigación de los Mossos d’Esquadra se puso en marcha el mismo 14 de diciembre, día en que se produjo la muerte. En una primera fase, tras examinar el lugar de los hechos, practicar una autopsia preliminar y tomar declaración a Jonathan Andic, los agentes consideraron que todo apuntaba a un accidente vinculado a la práctica del senderismo. Debido a la ausencia de indicativos de delito, la jueza archivó la causa de manera provisional en enero de 2025.

No obstante, la rareza del accidente - se produjo en un sendero de baja dificultad - y la ausencia de testigos independientes llevaron a los investigadores a no descartar otras hipótesis. En marzo de 2025, la jueza, tras recibir una ampliación de los atestados de los Mossos, ordenó la reapertura del caso.

El avance de la causa coincidió con un cambio al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025. La comisaría general de Investigación Criminal asumió entonces la dirección de las diligencias y orientó la investigación hacia Jonathan Andic, solicitando su teléfono móvil para un análisis en profundidad.

De testigo a investigado: el giro en la causa

En octubre de 2025, la jueza notificó a Jonathan Andic su nueva condición de investigado formal. Este cambio permitió a los investigadores acceder a su teléfono móvil y revisar su contenido. Fuentes cercanas al caso citadas entonces por El País señalaron que la decisión se tomó ante ciertas incoherencias detectadas en las declaraciones de Andic. Los Mossos recogieron dos versiones distintas de los hechos: la primera, atribuida a la conmoción del momento, resultó confusa; la segunda, prestada más adelante, tampoco coincidía con los datos recabados por la policía en el lugar del suceso.

El testimonio de Estefanía Knuth, golfista profesional y expareja de Andic, apuntó a tensiones recientes entre padre e hijo. Además, familiares y allegados aportaron información sobre episodios conflictivos en el entorno familiar. Aunque Jonathan Andic permaneció durante un año bajo sospecha policial, los Mossos no solicitaron en ese periodo su imputación formal ante el juzgado, lo que limitó su derecho de defensa.

La policía centró sus sospechas en inconsistencias dentro del relato de Jonathan Andic - como el lugar exacto donde se encontraba en el momento de la caída, el punto donde aparcó el vehículo o si tomó fotografías durante la excursión - y en la dificultad que, a su juicio, presenta el sendero para que se produzca una caída accidental sin intervención externa. Por el momento, tras la detención de Jonathan Andic, no ha habido reacción alguna por parte de su entorno.

Las autoridades de Oaxaca informaron sobre la detención de cuatro sujetos acusados de un multihomicidio en la entidad, hechos en los que fue asesinado Iván Tomás Luis Villaseca, quien fuera líder de la Confederación Joven de México.

El arresto de los sujetos identificados como C.J.O., E.R.M., I.D.M. y F.F.S.S. fue informado el 18 de mayo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO).

Los sujetos asegurados estarían ligados con el homicidio de cuatro personas, las víctimas fueron una mujer, dos hombres y un menor de edad. Los ahora detenidos habrían llegado en autos a la Central de Abasto de Oaxaca para interceptar a los afectados.

Fue el 8 de julio de 2025, cuando las víctimas, entre ellas J.Y.L.V., identificado como líder de la organización Confederación Joven de México, A.Q.H.L. (mujer), R.C.V.L. (hombre) y un menor de edad circulaban a bordo de un vehículo sobre el Periférico de Oaxaca de Juárez.

“Al llegar a la altura del Parque del Amor, las víctimas fueron interceptadas por personas que viajaban en otros vehículos, quienes realizaron detonaciones de arma de fuego, provocando lesiones que ocasionaron la pérdida de la vida de las cuatro personas”, es parte del informe oficial.

Los arrestados tienen antecedentes en Puebla

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló en una entrevista que los sujetos fueron detenidos como consecuencia de un punto de revisión por agentes de seguridad de Puebla.

“A lo largo de un proceso de investigación también y de intercambio de información pudimos dar con cuatro responsables de estos hechos. Está plenamente acreditada su responsabilidad”, es parte de lo compartido por el fiscal de Oaxaca.

Mientras que el 17 de mayo la Fiscalía de Oaxaca formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso en contra de los cuatro sujetos mencionados.

De igual manera, las averiguaciones establecen que los sujetos ahora detenidos enfrentan procesos penales Puebla por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de suministro de metanfetamina, además de portación de cartuchos de uso exclusivo de las autoridades.

El asesinato del líder transportista y el hallazgo de cuerpos

Fue en abril pasado que fue informado el asesinato de Iván Tomás Luis Villaseca, además del hallazgo de dos cuerpos dentro de las oficinas del sindicato en San Sebastián Tutla.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la muerte del líder gremial, además del hallazgo de dos cuerpos en las instalaciones referidas. por lo anterior, las autoridades estatales abrieron la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026.

Tras conocer el crimen, los agentes desplegaron un operativo que derivó en el hallazgo de las unidades implicadas en el ataque y con ello poder plantear las posibles rutas de escape de los agresores.

Una mujer identificada como Miriam “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en el homicidio calificado de su hijo de tres años en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Un juez determinó iniciar el proceso penal después de considerar suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo dentro de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Carlos, donde el menor se encontraba junto con su madre y la pareja sentimental de esta.

La FGJEM señaló que, durante ese día, ambos adultos presuntamente agredieron físicamente al niño y le provocaron lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo. Las autoridades no han informado hasta el momento cuál habría sido el motivo de las agresiones.

Posteriormente, el menor fue trasladado a un hospital del municipio para recibir atención médica; sin embargo, murió a consecuencia de las lesiones que presentaba, según los reportes ministeriales integrados en la carpeta de investigación.

Tras el inicio de las diligencias, agentes de investigación identificaron a Miriam “N” como una de las probables responsables y solicitaron una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía mexiquense difundió una ficha de búsqueda para localizarla y posteriormente fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional también impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la imputada permanecerá en reclusión mientras continúan las investigaciones complementarias.

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá reunir más pruebas y testimonios relacionados con el caso.

Hasta el momento, Miriam “N” es la única persona detenida por el homicidio del menor. La Fiscalía estatal no ha informado si existe una orden de aprehensión adicional contra la pareja sentimental de la mujer, quien también habría estado presente durante la agresión ocurrida en la vivienda de Ecatepec.

De ser encontrada culpable, la acusada podría enfrentar una sentencia de varias décadas de prisión conforme a las penas establecidas para el delito de homicidio calificado en agravio de menores de edad en el Estado de México.

Un hombre de 31 años, identificado como Christopher Leahy, se entregó a la policía en Bellevue el miércoles por la noche en relación con el asesinato de una estudiante transgénero de la Universidad de Washington.

Según informó la cadena informativa estadounidense NBC News, la víctima, Juniper Blessing, de 19 años, fue hallada muerta el domingo a las 22:10 en la sala de lavandería del complejo Nordheim Court, dentro del campus de Seattle, con más de 40 heridas de arma blanca.

El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y reabrió el debate sobre la seguridad en los campus y el respaldo a las personas LGBTQIA+ en Estados Unidos.

La investigación y el proceso judicial

Las autoridades señalaron que Leahy se presentó en la comisaría de Bellevue a las 22:42 del miércoles, apenas media hora después de que un abogado de la familia contactara a la policía para coordinar su entrega. El sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de King bajo investigación por asesinato, informó el Departamento de Policía de Seattle a NBC News.

La identificación del presunto autor se aceleró por la colaboración de un hermano y un excompañero escolar de Leahy, quienes contactaron a la policía tras la difusión de imágenes tomadas en el edificio, aunque una de las cámaras de seguridad fue desconectada la noche del homicidio.

En su primera comparecencia ante el tribunal, la autoridad fijó una fianza de USD 10 millones para Leahy. El acusado enfrenta cargos preliminares por asesinato en primer grado con arma mortal, aunque la fiscalía debe definir formalmente los cargos en la audiencia prevista para el lunes 18 de mayo, según ABC News.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el posible móvil del crimen ni si existía una relación previa entre la víctima y el sospechoso. La policía de Seattle renovó el llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante colabore con la investigación.

El perfil de la víctima y el impacto en la comunidad

Juniper Blessing nació en Princeton, Nueva Jersey, y residió posteriormente en Santa Fe, Nuevo México. Según un comunicado difundido por la ONG Alianza de Derechos Humanos de Santa Fe, tenía previsto estudiar ciencias atmosféricas en la Universidad de Washington.

Sus familiares la describieron como una persona atenta a las necesidades de los demás, sumamente inteligente y talentosa. De acuerdo con el documento de causa probable obtenido por NBC News, Blessing sufrió más de 40 heridas de arma blanca en cabeza, cuello, hombros, brazos y manos; la muerte se debió a una pérdida masiva de sangre.

La policía universitaria fue alertada a las 22:10 del domingo y encontró el cuerpo en la lavandería del complejo Nordheim Court. Una residente, identificada como E.H., permitió el ingreso del sospechoso al edificio momentos antes de descubrir el cuerpo, tras sostener la puerta para él. Otros estudiantes declararon haber visto a un hombre en las inmediaciones de la lavandería de Building 7, una de las residencias estudiantiles del campus de Seattle, la noche del asesinato.

Reacciones institucionales y homenajes

El presidente de la Universidad de Washington, Robert Jones, expresó que la detención del sospechoso puede significar cierto alivio, pero recalcó que esta detención no atenúa el dolor que atraviesan los seres queridos de la víctima y la comunidad universitaria, ni devuelve a una persona querida de su campus.

Jones agradeció el trabajo de la policía local y subrayó que todavía se desconoce mucho sobre lo que provocó esta tragedia, comprometiéndose a revisar las circunstancias del crimen para fortalecer la seguridad.

En las últimas horas, la comunidad universitaria organizó homenajes y espacios de apoyo en memoria de Juniper Blessing. La administración universitaria reforzó el acceso a recursos de apoyo psicológico, especialmente para la comunidad LGBTQIA+, y pidió colaboración para mantener la seguridad en la etapa final del ciclo lectivo, cuyo cierre y ceremonia de graduación están previstos para junio.

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio y feminicidio de una pareja ocurrido en el municipio de Elota, Sinaloa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos fueron identificados como Héctor Luis “N”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez de control de la Región Sur, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía estatal, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando un hombre y una mujer acudieron a un punto acordado en Elota para concretar la supuesta entrega de un refrigerador.

Según la relatoría oficial, ambas personas fueron privadas ilegalmente de la libertad por varios sujetos una vez que llegaron al sitio pactado.

La primera víctima fue localizada sin vida un día después. El cuerpo del hombre fue hallado el 1 de mayo en el río Elota, mientras que la mujer fue encontrada sin vida el 6 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la autopista Mazatlán-Culiacán.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que las investigaciones permitieron identificar y detener a los tres presuntos implicados en el caso, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio y feminicidio.

Tras su captura, los señalados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales y posteriormente fueron trasladados ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.

Será esa autoridad judicial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por estos hechos.

Fiscalía mantuvo abiertas las investigaciones tras localización de las víctimas

La dependencia estatal no detalló si existen más personas involucradas en el crimen ni precisó el móvil del ataque, aunque confirmó que las indagatorias permanecen abiertas.

El caso ocurrió en medio de diversos hechos violentos registrados en Sinaloa durante las últimas semanas, principalmente en municipios del sur y centro del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni si existía algún vínculo previo entre ellas y los detenidos.