La Policía Nacional de la República Dominicana confirmó la entrega voluntaria de Erickson Antonio Bonilla Villalona, señalado como presunto autor de forzar a una adolescente de quince años a ingerir una sustancia tóxica que causó su fallecimiento. El hecho se produjo este sábado en el Palacio de la Policía Nacional, donde el joven de veinte años se presentó acompañado por su padre y por su representante legal, conforme notificó la institución.

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, la entrega se realizó en la sede de la Policía bajo la supervisión de la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas y la Dirección Central de Investigación (DICRIM). La detención responde a una orden judicial vigente, producto de la investigación en torno a la muerte de la menor, ocurrida tras ingerir un herbicida. La adolescente fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, pero no sobrevivió.

La acusación principal contra Bonilla Villalona fue presentada por la madre de la joven, quien sostiene que el detenido obligó reiteradamente a su hija a ingerir la sustancia mortal. Esta versión se encuentra bajo análisis de las autoridades, las cuales continúan recabando elementos probatorios y testimonios en el marco del proceso penal.

Durante la entrega, Pesqueira recalcó ante medios y familiares que el procedimiento se realizó respetando los derechos fundamentales del detenido.

“Siempre respetando el debido proceso, sus derechos constitucionales que a usted le asisten”, afirmó Pesqueira, quien también destacó la importancia de no responsabilizar a la menor ni a su familia por el desenlace fatal. “Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, puedo permitir que a una persona que ha fallecido la cuestionemos nosotros, porque yo soy padre y, y de cuatro hijas”, agregó el portavoz, a través de un audiovisual compartido en sus redes.

El abogado del joven, presente en la entrega, declaró que su defendido optó por presentarse ante las autoridades para enfrentar el proceso. El letrado sostuvo que Bonilla Villalona no se encontraba en el lugar de los hechos al momento en que la joven ingirió la sustancia y señaló que existen elementos previos relacionados con la salud mental de la víctima.

“Él ha sido claro, la investigación va a rogar la no participación de él en los hechos. Al momento de ese evento, él estaba en su lugar de trabajo. La jovencita ya había presentado algunos indicadores de depresión e incluso en algún momento intentó cortarse las venas”, expresó el abogado ante la Policía, solicitando una pesquisa objetiva y exhaustiva de los hechos.

En la comparecencia, Pesqueira insistió en que la investigación debe centrarse en los hechos y no en la descalificación de la víctima ni de sus allegados. Sostuvo que la institución garantizará el cumplimiento de la ley y el respeto a las garantías constitucionales del imputado, según lo establecido en la normativa vigente de la República Dominicana.

La Policía Nacional precisó que el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes, mientras el expediente sigue abierto y bajo investigación.

De acuerdo con las pesquisas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), tanto la adolescente fallecida como el detenido mantenían una relación sentimental al momento del suceso.

La entrega del acusado se produjo en presencia de familiares y representantes legales, quienes podrán seguir el proceso conforme a los canales institucionales. Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación y que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente.

Los mensajes de texto presentados ante un tribunal de Los Ángeles muestran que Celeste Rivas Hernández, hija de padres salvadoreños, quedó embarazada a los 13 años y abortó en enero de 2024, más de un año antes de morir apuñalada, en una audiencia en la que la Fiscalía intenta que David Burke, el cantante conocido como D4vd, sea juzgado por asesinato y por una relación sexual que, según su acusación, comenzó cuando ella era menor y él tenía 18.

El cuerpo de la adolescente fue hallado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre de Burke, casi cinco meses después de que, según las autoridades, la joven fuera recogida el 23 de abril en Lake Elsinore, a unos 129 km de Los Ángeles. El médico forense declaró que no pudo establecer con precisión la fecha de la muerte por el avanzado estado de descomposición y sostuvo que llevaba muerta “al menos semanas”, aunque también podían haber sido meses.

Según Telemundo 52, en el intercambio de mensajes de principios de enero de 2024, Burke se disculpó con la adolescente por “haberla hecho pasar por esto” en referencia al embarazo y posterior aborto de la joven. Ante esas palabras, la adolescente respondió: “Está bien, ninguno de los dos es capaz de cuidar al bebé. Es lo mejor, ¿no?”.

Más tarde, él volvió a disculparse y preguntó si el bebé era suyo. La respuesta contundente de la joven fue “por supuesto que es tuyo, David”.

La audiencia preliminar que se desarrolla en Los Ángeles busca determinar si Burke debe ir a juicio por el asesinato de Rivas Hernández. La Fiscalía sostiene que el músico comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 años y que después la mató cuando ella amenazó con revelar la relación y arruinar una carrera musical que, de acuerdo con la acusación, ya le había generado millones.

Los fiscales también alegan que desmembró el cuerpo en su garaje. Un analista policial declaró que muestras obtenidas de aparentes manchas de sangre coincidían con el ADN de la menor.

Durante la jornada del viernes, la acusación dedicó varias horas a exponer la naturaleza de la relación entre ambos. De acuerdo con Telemundo 52, en la sala se mostraron fotografías de la pareja besándose y acostados en una cama, y las imágenes dejaban ver que la adolescente tenía tatuado “David” en tinta roja en un dedo, uno de los dos que le habían amputado cuando se encontró el cuerpo.

El detective de la policía de Los Ángeles, Corey Farrell, describió que había más de 30 fotografías recuperadas del iPhone de Burke que no pudieron exhibirse en el tribunal por su contenido explícito. Según su testimonio, en esas imágenes Rivas Hernández tenía 13 y 14 años.

La madre de la adolescente, Mercedes Martínez, rompió a llorar mientras el detective empezaba a detallar el contenido de esas fotografías. Su padre bajó la mirada, y poco después ambos abandonaron la sala, acompañados por la fiscal adjunta Beth Silverman, que se acercó a consolar a la madre.

Los mensajes hablaron de anticoncepción, embarazo y aborto

Las imágenes fueron extraídas del teléfono de Burke, incautado durante un registro en su domicilio. Las conversaciones recuperadas de su cuenta de iCloud trataban con frecuencia sobre anticoncepción y embarazo, y en enero de 2024 se centraron en el aborto.

Meses después, en otro mensaje leído en la audiencia, la adolescente escribió que lamentaba haberle quitado la vida a “un bebé inocente”. En otro intercambio, le preguntó a Burke si alguien sabía que mantenían relaciones sexuales, y él contestó: “No, y quiero que siga siendo así hasta que nos casemos”.

La publicación informó que Rivas Hernández cumplió 14 años en septiembre de 2024 y poco después viajó con Burke a Londres y a Texas para conocer a su familia. Los mensajes posteriores, según el testimonio, mostraban una relación cada vez más tensa.

En noviembre de 2024, ella escribió: “Tuve relaciones sexuales contigo casi un año seguido”. Él respondió que ella actuaba como si se tratara de su primera ruptura, cuando en realidad era la octava.

La autopsia confirmó dos heridas punzantes y dejó dudas sobre el tiempo de muerte

El doctor Grant Ho, del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, declaró que la causa de muerte fueron dos heridas punzantes en la parte superior del cuerpo. Una perforó el hígado desde el abdomen y la otra dañó las costillas en el lado izquierdo del pecho.

Ho explicó que había otras lesiones en la piel que podían haberse producido después de la muerte. Según Telemundo 52, también dijo que la descomposición impedía determinar con exactitud cuándo ocurrió el homicidio. Ante una pregunta de Silverman sobre si la víctima había llegado a cumplir 15 años, el forense respondió que no.

La defensa, encabezada por la abogada Marilyn Bednarski, interrogó al médico sobre las pruebas toxicológicas. Ho explicó que solo pudieron realizarse sobre el hígado porque no había muestras de sangre, que inicialmente apareció un resultado positivo para benzodiacepinas y metanfetamina, pero que el primero fue descartado tras pruebas adicionales y el segundo quedó como no concluyente.

El forense dijo: “No puedo afirmar que haya tenido alguna relación con la muerte”. De acuerdo con el medio, confirmó que la descomposición puede afectar la precisión de esas pruebas y aceptó que el informe toxicológico no aportaba información suficiente para sostener una muerte por sobredosis.

Bednarski preguntó además si en una autopsia puede ser útil hablar con familiares o amigos sobre la vida de la persona fallecida, su salud mental, si tenía ideas suicidas, si consumía drogas con frecuencia o si era violenta. Ho respondió “potencialmente” en cada caso, pero indicó que en esta investigación no se realizaron esas conversaciones.

Bajo el nombre artístico de D4vd, pronunciado “David”, Burke alcanzó notoriedad como fenómeno musical adolescente con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Sus canciones, entre ellas “Romantic Homicide”, lanzada en 2022, acumulan más de mil millones de reproducciones en TikTok, Soundcloud y Spotify; fue telonero de SZA en 2023, actuó en Coachella en 2024 y publicó su primer álbum, Withered, dos días después de la fecha en que las autoridades sitúan la muerte de Rivas Hernández.

El detective Farrell volverá al estrado el lunes para el quinto y, probablemente, último día de la audiencia preliminar.

Un niño de 12 años que había ido a las picadas clandestinas de motos fue asesinado de un disparo pasada la una de la madrugada del viernes. El menor era integrante de la familia Puglia, una de las principales bandas narco del barrio Villa Española. Y este vínculo da la primera hipótesis de los investigadores: el crimen fue una venganza de lo que sucedió el 10 de julio, cuando cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos.

Las víctimas del quíntuple homicidio de hace pocas semanas eran parte de Los Suárez, una banda criminal que antes operaba en Villa Española pero que se tuvo que mudar por la guerra narco que se desató en la zona.

Una de las principales hipótesis de la Policía es que los integrantes de Los Puglia estaban enfrentados a Los Suárez. Fue el ministro del Interior, Carlos Negro, quien informó esta línea de la investigación públicamente. Según sus palabras, hay una “cadena de venganzas” entre bandas narcos que se inició en 2023.

Además del asesinato de un niño de 12 años, hubo cinco heridos (entre ellos un adolescente de 14 años) que también eran integrantes del mismo grupo familiar, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Algunos de ellos ya fueron dados de alta y ninguno tiene riesgo de perder la vida.

La balacera se dio en medio de carreras clandestinas que se realizan en la zona, un elemento que generó controversia política: actores de la oposición cuestionaron al gobierno por no enviar patrulleros cuando sabían de antemano que todos los jueves los jóvenes se reúnen allí.

Cuando llegaron los delincuentes en la madrugada del viernes, cientos de personas estaban en la rambla. Arribaron en dos motos y realizaron una ráfaga de disparos que terminó con el trágico desenlace. Dos vehículos particulares llevaron a las cuatro personas a un hospital público cercano, en el que se constató que tenían varias heridas de armas de fuego.

El fallecimiento del niño fue confirmado sobre las dos de la mañana: murió por un disparo en el pecho. El adolescente, internado en grave estado, fue baleado en el tórax y en la pierna.

Según los primeros datos manejados por policías, las víctimas respondieron el ataque a balazos porque en la escena había indicios de disparos que dieron contra un banco ubicado detrás del lugar de los atacantes.

Las hipótesis que se manejan

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a una rueda de prensa este viernes para hablar sobre el episodio. El jerarca se mostró “consternado” y “conmocionado” por la noticia.

“La investigación arroja que esto es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales de una zona pero que involucra a otros barrios también de Montevideo. Es una cadena de venganzas que se inicia allá por el año 2023”, dijo Negro ante los medios.

La Policía uruguaya desplegará una operativo especial para “abordar la problemática de la letalidad de los homicidios y la violencia”, expresó el secretario de Estado.

“El problema es que una de las familias involucradas prácticamente ha perdido todos sus miembros en los enfrentamientos y en la serie de venganzas. Pero surgen grupos y clanes afines. No alcanza con un grupo familiar para abordar toda la problemática”, dijo.

Negro dijo que en la madrugada de este viernes estaba llegando la Policía al lugar de la picada para hacer un control de rutina.

La reacción del presidente

Los casos de inseguridad en Uruguay han generado una fuerte presión sobre el ministro del Interior, a quien la oposición le pide su renuncia. Sin embargo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se ha mantenido firme en el respaldo hacia él. Orsi habló sobre el caso este viernes en una rueda de prensa.

“Pasó gente en moto y los baleó, con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto. No hace tanto tiempo una menor de 14 años en un hecho con características similares. Y ahora esto otro. También hay heridos. No se puede pensar otra que de que es horrible que nos pase esto. En América Latina esto es un hecho más normal, pero en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo”, señaló el mandatario.

Orsi evaluó que es necesario “apretar cada vez más” las medidas de seguridad.

“Más allá de si importa o no el motivo, un menor de edad… Alguien adolescente que tiene la edad de nuestros hijos, que por tener vínculos le pase eso, es dolorosísimo”, señaló.

Consultado sobre si era necesario remover al ministro Negro, el mandatario contestó: “Cuando había otros ministros en el gobierno anterior, yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.

Un comerciante perdió la vida durante las primeras horas del pasado jueves al interior de un establecimiento de la Central de Abastos de Toluca, en el Estado de México, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego que, de acuerdo con los primeros reportes, estaría relacionado con un presunto intento de asalto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando se registró una agresión en uno de los locales ubicados en la nave “I” del centro de distribución y comercio. Tras el ataque, el trabajador fue localizado con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

La situación generó una movilización de los servicios de emergencia y de elementos de seguridad, quienes acudieron al inmueble luego de recibir el reporte sobre una persona herida.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) llegaron hasta el sitio con la intención de brindar atención médica a la víctima. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el comerciante ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad de la víctima ni se ha precisado el monto de los objetos o dinero que presuntamente habrían sido sustraídos durante el asalto.

Autoridades acordonan la zona tras ataque armado

Luego de confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad pública arribaron a la Central de Abastos de Toluca y procedieron a acordonar el área donde ocurrió el homicidio, con el objetivo de preservar los posibles indicios relacionados con la agresión.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes dentro del establecimiento, además del levantamiento y procesamiento de posibles pruebas que pudieran contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar si el homicidio ocurrió efectivamente durante un intento de asalto o si existió alguna otra circunstancia detrás de la agresión.

El cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente a las instalaciones correspondientes para llevar a cabo los estudios periciales y los procedimientos establecidos por la ley, mientras continúan las investigaciones.

No hay detenidos por el homicidio del comerciante

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el crimen. Tampoco se han dado a conocer las características de los posibles responsables ni se ha confirmado si lograron escapar del lugar después de la agresión.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

El homicidio registrado durante las primeras horas del jueves generó preocupación entre comerciantes y trabajadores de la Central de Abastos, uno de los principales puntos de actividad comercial de la capital mexiquense, particularmente por el horario en el que ocurrió el hecho.

Las autoridades deberán analizar los indicios encontrados en el lugar, así como posibles registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir la ruta de los agresores y avanzar en su identificación.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si el comerciante fue asesinado durante un presunto intento de robo y fincar responsabilidades a quienes resulten involucrados.

La familia sanjuanina de Facundo Rico, el ingeniero argentino de 37 años asesinado a cuchilladas el 14 de julio en Madrid por un hombre de 65 años, quien se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen, dio su testimonio ante un medio local.

Desde el entorno familiar se expresaron ante el brutal caso que ya fue cerrado por las autoridades españolas. Sin embargo, aclararon que lamentablemente no pueden “aportar más información que la que se conoce por los medios.

La investigación de la Policía Nacional concluyó que la víctima fue atacada con 13 puñaladas dentro del departamento que alquilaba en Las Tablas, en el distrito de Fuencarral, al norte de Madrid. El asesino creía que Rico mantenía una relación con su esposa.

La familia del ingeniero asesinado también expresó su dolor ante el hecho, evitando agregar datos no confirmados sobre el expediente y retratando afectuosamente al joven asesinado.

“Facundo era una persona maravillosa y ejemplar. Un chico que fue un gran hijo, un excelente primo, un chico que jamás estuvo involucrado en problemas, solidario y excelente profesional. Una verdadera desgracia este desenlace tan terrible para sus papás y toda la familia”, indicaron desde la familia Rico.

Un vecino también recordó a la víctima:“Mi Facu querido, desde muy pequeño al lado de casa traido por sus padres por razones asmáticas, su papá Hugo capitán en barcos y su mamá Liliana, bibliotecaria del IMPRES".

Y agregó desde su perfil de Facebook: “Era brillante, ya ingeniero fue a especializarse a Barcelona y, de allá no lo dejaron volver, tuvo trabajo excelente que hizo que también sus padres se fueran a España“. Finalmente cerró: “Con muchísima tristeza, Ana Elena, yo y mis hijos abrazamos a Hugo y Lili agregándonos a su dolor”.

Los detalles del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía de España, el ataque ocurrió la mañana del 14 de julio, cuando el sospechoso ingresó a la vivienda de Rico. Los investigadores sostuvieron que la víctima conocía a su agresor porque la puerta no presentaba señales de haber sido forzada.

En la escena se hallaron restos de gas pimienta en las paredes, un elemento que, según la pesquisa, habría sido utilizado para impedir que el ingeniero se defendiera. Junto al cuerpo también apareció el arma homicida.

Una vecina de la urbanización advirtió un fuerte olor químico y alertó al portero, identificado como Carlos. También se escucharon gritos de la víctima, lo que precipitó el aviso a las autoridades.

Las cámaras de seguridad del condominio y los testimonios reunidos por la Policía Nacional de España permitieron seguir el recorrido del sospechoso después del crimen. El portero habría sido la única persona que lo vio salir del edificio tras el ataque, y luego las imágenes lo captaron cuando abordaba un vehículo rojo.

Los registros condujeron a una residencia en La Adrada, al sur de la provincia de Ávila, una localidad de menos de 3.000 habitantes. Allí, el hombre tenía una segunda vivienda con su esposa, una mujer de alrededor de 50 años que, según fuentes de la investigación, quería separarse.

Las pesquisas indicaron que el sospechoso había desarrollado una obsesión por una supuesta infidelidad. Aunque no se confirmó ninguna relación sentimental entre Rico y la mujer, los investigadores sí establecieron que ambos asistían al mismo gimnasio, cercano al domicilio del ingeniero.

El 15 de julio, un día después del homicidio, el sospechoso fue a la garganta del Charco de la Olla, en las inmediaciones de La Adrada, y se quitó la vida. Una pareja que paseaba por la zona declaró que lo vio instantes antes y describió que tenía “muy mala cara”.

La trayectoria de Rico en España

Facundo Leonel Rico Castro era oriundo de San Juan y se recibió de ingeniero electrónico en 2014. Según la información personal que había publicado en su perfil de LinkedIn, estaba especializado en telecomunicaciones y había orientado su carrera al sector de las energías renovables.

Durante su último año de cursada realizó una pasantía de un año en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. En paralelo, fue asistente de cátedra en Telecomunicaciones I y Telecomunicaciones II en la Universidad Nacional de San Juan.

Su primera experiencia laboral fue como ingeniero de telecomunicaciones en el polo tecnológico de la empresa RadioCom. Después de 11 meses en ese puesto, viajó a España en enero de 2016 para continuar sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid.

Allí también trabajó como pasante en la biblioteca del campus de Madrid, donde capacitaba a estudiantes, gestionaba préstamos de libros y actualizaba la base de datos de bibliografía recomendada. Más tarde ingresó a Entec Solar, una empresa dedicada al desarrollo de sensores y equipos para monitorear y mejorar la eficiencia de plantas solares.

Luego fue contratado por la empresa española QPV como ingeniero de investigación y desarrollo. Entre sus tareas figuraban el aseguramiento de calidad de plantas fotovoltaicas a gran escala, las mediciones en campo y el análisis termográfico.

Su etapa laboral más extensa en España fue en DNV, adonde ingresó en noviembre de 2020. En junio de este año había sido ascendido a ingeniero de proyectos de la compañía GreenPowerMonitor.

Desde los exteriores de la comisaría de La Molina, la reportera informó que el cuerpo de la influencer ya había sido trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras las diligencias policiales y fiscales continuaban desarrollándose.

La periodista explicó que, según información obtenida de personas cercanas a la familia, Raiza llevaba desaparecida dos días, situación que había generado preocupación entre sus seres queridos.

“Hemos podido recoger información de personas muy cercanas a su familia que nos han señalado que ella estaba siendo buscada por su familia desde hace dos días, porque no contestaba el teléfono celular. Y hoy apareció dentro de la vivienda de Óscar Raúl Arias Muñoz.”

Investigan antecedentes del detenido

Otro dato revelado durante el informe fue que el investigado registra antecedentes en los sistemas policiales.

La reportera explicó que revisaron la información disponible y detectaron varias anotaciones.

“Tiene cinco denuncias en su contra.” No obstante, aclaró que, debido a que se trataba de una noticia en desarrollo, todavía no había sido posible conocer el detalle de cada uno de esos registros.

Más adelante precisó: “Presunto infractor en el año 2018, intervenido en el 2020, participante de algún delito en el 2024 y ha sido denunciado el 20 de marzo de este año.” El programa aclaró que esos antecedentes deberán ser evaluados dentro del marco de la investigación y no implican, por sí mismos, una responsabilidad penal en el presente caso.

La familia rompe su silencio y exige esclarecer el caso

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la reportera entrevistó a Víctor Copa, tío materno de Raiza Martínez. Visiblemente afectado, el familiar confirmó que la familia llevaba dos días buscándola.

“Dos días. Y la persona tiene un día fallecido.” Asimismo, manifestó su preocupación porque, según indicó, dos teléfonos iPhone que pertenecían a la joven no habrían sido ubicados.

“Mi sobrina ha tenido dos iPhone... sus teléfonos y su cartera que tenía su documento. No aparece.” Sin embargo, la reportera aclaró inmediatamente que, según el parte policial, el Documento Nacional de Identidad (DNI) sí había sido encontrado dentro de una cartera roja ubicada en la habitación.

A pesar de ello, el familiar insistió en que los celulares continúan desaparecidos. “¿Dónde está la cita... para encontrar las reuniones que tenían siempre? Seguro han peleado, ¿cómo habrá sido? No sé.”

El tío de Raiza cuestiona la demora en informar a la familia

Durante la entrevista, Víctor Copa también cuestionó el tiempo que transcurrió antes de que los familiares fueran informados oficialmente sobre el hallazgo. Según explicó, ellos habían acudido reiteradamente a distintas dependencias policiales intentando ubicar a la joven.

“La comisaría recién nos ha comunicado a las dos de la tarde, después de que nosotros hemos ido varias veces.” Añadió que la desaparición les resultó extraña porque Raiza acostumbraba regresar a casa después de sus salidas.

“Hoy día se va de fiesta y una o dos de la mañana llegaba a la casa. Pero no llegaba cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Al día siguiente comenzamos a buscar.”

Familiar plantea sospechas, pero investigación sigue en curso

Durante la conversación, el tío expresó una opinión personal respecto a la posible participación de otras personas. Al ser consultado sobre si sospechaba de la madre del detenido, respondió:

“Claro, es lógico.” Asimismo agregó: “La señora también debería estar sentada ahí.” Estas declaraciones corresponden exclusivamente a las apreciaciones del familiar y no han sido confirmadas por las autoridades, que hasta el momento mantienen la investigación en curso.

Las investigaciones continúan

Al cierre del informe, Paco Bazán resumió los principales hechos conocidos hasta el momento. El conductor recordó que la familia buscó durante dos días a Raiza Martínez, que la madre del detenido presentó la denuncia tras encontrar el cuerpo y que el principal investigado permanece detenido luego de acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público continúan realizando diligencias para esclarecer cómo ocurrió la muerte de la influencer.

Durante la emisión del noticiero, el periodista precisó que el documento oficial al que tuvo acceso el medio contiene información considerada sensible sobre la escena donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 34 años, quien alcanzó notoriedad tras ser vinculada con el futbolista Pedro Aquino.

El conductor inició señalando: “Bien, escuchábamos entonces las declaraciones de Magaly Medina y la información que, a través del parte policial, que nosotros también tenemos, estamos leyendo los datos, datos escabrosos.”

A continuación, explicó que la investigación apunta, de manera preliminar, a un presunto homicidio, aunque remarcó que corresponde a las autoridades determinar oficialmente las responsabilidades al término de las diligencias.

La investigación apunta a un presunto homicidio ocurrido en una vivienda de La Molina

Según la información presentada por ATV Noticias, Raiza Martínez falleció alrededor de las 7:00 p.m. dentro de una vivienda ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en el distrito limeño de La Molina.

De acuerdo con la versión difundida en el noticiero, durante varias horas se habría desarrollado una reunión en la que presuntamente se consumieron bebidas alcohólicas y otras sustancias que ahora forman parte de la investigación.

El periodista explicó:

“Raiza Jocelyn Martínez Copa, de treinta y cuatro años, falleció a las siete de la noche en una vivienda exclusiva en La Planicie, en el distrito de La Molina. Al parecer, hubo una fiesta durante varias horas y los excesos, además de las bebidas alcohólicas, otras sustancias ilícitas habrían estado presentes.”

Asimismo, aclaró que estos elementos forman parte de las hipótesis iniciales recogidas durante las primeras diligencias y que serán corroborados mediante las investigaciones correspondientes.

Las primeras hipótesis señalan una presunta discusión previa

Durante el informe televisivo también se indicó que, según las primeras versiones recogidas por la Policía, antes del fallecimiento se habría producido una discusión entre los presentes.

El conductor explicó que las autoridades investigan si un enfrentamiento terminó desencadenando el presunto crimen.

En ese contexto señaló:

“Y es ahí cuando el enfrentamiento entre estas personas empieza a subir, a aumentar, los ánimos se habrían exacerbado y este hombre, este presunto asesino, habría tomado la decisión radical de acabar con la vida de esta mujer muy joven.”

No obstante, el noticiero enfatizó que estas afirmaciones forman parte de la investigación preliminar y deberán ser corroboradas por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.

El parte policial describe cómo fue encontrado el cuerpo

Uno de los aspectos que más impactó durante la emisión fue la lectura de un extracto del parte policial elaborado por los agentes que llegaron hasta el inmueble.

El documento describe las condiciones en las que los efectivos encontraron a Raiza Martínez dentro de una habitación del primer piso.

El periodista leyó textualmente: “Nos permitió ingresar al domicilio referido. En el último cuarto del primer piso se encontraba la fémina tendida.”

Luego continuó: “Ingresamos al ambiente referido, visualizando una mujer tendida en el piso en posición de cúbito lateral, tirada en el suelo con una cinta adhesiva en la boca. No presentaba signos vitales.”

Asimismo, durante el informe se indicó que en la escena también fueron encontradas latas de cerveza, además de otros elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas.

El conductor añadió que el parte policial también hace referencia a presuntas agresiones físicas, aspecto que deberá ser confirmado mediante la necropsia y los exámenes médico-legales.

PNP detuvo al principal sospechoso del caso

Las autoridades informaron que el principal intervenido es Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien fue detenido mientras continúan las investigaciones.

ATV Noticias difundió imágenes del momento en que efectivos policiales procedieron con la intervención y le comunicaron formalmente los cargos que motivaban su detención.

Antes de la lectura de sus derechos, el detenido respondió brevemente: “No me voy a mover.”

Posteriormente, un efectivo policial le informó: “Se le informa de que usted se encuentra en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio.”

El agente continuó con la lectura de los derechos que le asisten conforme a la legislación peruana, precisando que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, contar con un abogado defensor, comunicarse con una persona de confianza y ser examinado por un médico legista si así lo solicita.

Finalmente preguntó: “¿Es claro con sus derechos y con su asistencia?”

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la respuesta del detenido ni si este rindió una declaración formal ante el Ministerio Público.

Investigación continúa para determinar si hubo más involucrados

Durante el desarrollo del noticiero, el conductor fue enfático en señalar que, pese a la existencia de un detenido, la investigación todavía no ha concluido.

En ese sentido, indicó que las autoridades continúan realizando pericias en la vivienda de La Planicie y que no se descarta ninguna línea de investigación.

El periodista manifestó: “No sabemos si actuó solo o en complicidad de alguien más.”

Asimismo, agregó que fiscales, peritos especializados y agentes policiales permanecían desarrollando diligencias tanto en el inmueble donde ocurrió el hecho como en la comisaría de La Planicie, donde el detenido permanece bajo custodia.

La muerte de ‘La Chocolatita’ conmociona al espectáculo peruano

El caso ha causado gran impacto debido a que Raiza Joselin Martínez Copa era conocida en el ambiente del espectáculo y de las redes sociales.

Además de crear contenido para plataformas digitales y mantener una cuenta en OnlyFans, meses atrás alcanzó notoriedad tras aparecer en un ampay difundido por Magaly TV La Firme, donde fue vinculada al futbolista Pedro Aquino.

Sobre ello, el periodista recordó: “Es una mujer que tenía cuenta en OnlyFans y que hace algunos meses fue ampallada con el futbolista Pedro Aquino. Dio varias declaraciones también para el programa de Magaly Medina.”

Finalmente, el conductor reiteró que se trata de una noticia en desarrollo, por lo que los detalles difundidos corresponden a las primeras diligencias realizadas por las autoridades y podrían actualizarse conforme avance la investigación.

“Es una noticia en desarrollo. Un equipo de ATV Noticias está llegando hasta el lugar para conocer más de este aparente asesinato.”

Hasta el cierre del informe, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público continuaban con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Raiza Joselin Martínez Copa. Si bien existe un detenido por el presunto delito de homicidio, las autoridades aún deben determinar, mediante las pericias y diligencias correspondientes, cómo ocurrieron exactamente los hechos y si existió la participación de otras personas. Por tratarse de una investigación en curso, la responsabilidad penal del intervenido será definida únicamente por las instancias judiciales competentes conforme avance el proceso.

Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero “Emiliano Zapata” (Cipog-EZ), por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en un caso que ha generado reacciones encontradas entre autoridades, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

La resolución fue emitida al término de una audiencia virtual que se prolongó por casi 10 horas en Chilpancingo. El juez Ubaldo de la Sancha consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del activista indígena, quien permanecerá sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso está relacionado con el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, municipio de Chilapa, Guerrero, ocurrido en 2021.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones señalan a Jesús Plácido Galindo como uno de los presuntos responsables del crimen.

Defensa anuncia apelación y denuncia irregularidades

Tras concluir la audiencia, el equipo jurídico del dirigente indígena informó que interpondrá un recurso de apelación dentro del plazo legal de tres días, al considerar que la decisión judicial carece de sustento suficiente.

El abogado Javier Rodríguez aseguró que la acusación se basa principalmente en los testimonios de dos personas que identifican a Jesús Plácido y a otros integrantes del Cipog-EZ como presuntos participantes en los hechos.

Sin embargo, sostuvo que durante la audiencia la defensa presentó pruebas y argumentos que, desde su perspectiva, desacreditan dichas declaraciones y evidencian inconsistencias en la investigación.

Asimismo, afirmó que el juez desestimó los elementos aportados por la defensa y que el proceso responde a una presunta persecución política en contra del dirigente indígena.

Cuestionan integración de la carpeta de investigación

Los abogados también señalaron supuestas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.

Entre los señalamientos destacan que uno de los testimonios utilizados por la Fiscalía habría sido recabado varios años después del homicidio investigado y que existiría una presunta falsificación de documentos ministeriales.

La defensa indicó que estos aspectos deberán ser revisados por las instancias judiciales correspondientes durante las siguientes etapas del proceso penal.

Además, recordó que Jesús Plácido Galindo era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que consideró irregular que nunca hubiera sido notificado previamente sobre la existencia de una investigación penal en su contra.

Permanecerá en el penal del Altiplano

Como parte de la resolución judicial, el dirigente del Cipog-EZ continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta el proceso penal.

La defensa aseguró que el estado de salud del activista es estable, aunque precisó que padece una enfermedad crónica que requiere seguimiento médico permanente durante su permanencia en prisión.

Organizaciones respaldan al activista

Tras conocerse la vinculación a proceso, diversas organizaciones sociales y colectivos que respaldan al Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero “Emiliano Zapata” manifestaron su rechazo a la decisión judicial.

Los grupos señalaron que el caso se desarrolla en una zona de alta conflictividad en la región de Chilapa, donde históricamente se han denunciado disputas entre organizaciones comunitarias y la presencia del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

Por ello, insistieron en que el proceso debe garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales del dirigente indígena.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene abierta la investigación sobre el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo y continuará con la integración de pruebas para sustentar la acusación durante las siguientes etapas del juicio.

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de un automóvil en la colectora de la Ruta 22 de Río Negro y en el reciente informe preliminar de las autoridades determinaron que presentaba dos heridas de bala.

La víctima fue identificada como Franco Nicolás Padilla, de 31 años, quien tenía un importante historial delictivo y cuya muerte se investiga en el marco de un robo ocurrido horas antes de que su cuerpo fuera hallado. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación al medio local LM Cipolletti, Padilla, oriundo de Neuquén, estuvo vinculado a hechos delictivos resonantes de la región, incluso cumplió una condena previa.

El auto en el que lo encontraron estaba detenido a la vera de la ruta en Fernández Oro. El informe forense, elaborado por el médico Marcelo Uzal, precisó que la lesión mortal fue provocada por un proyectil que ingresó por la axila izquierda y egresó por el lado derecho de la espalda, con daño en órganos vitales, según indicó el portal Diario de Río Negro. El profesional precisó que había otras lesiones en el cuerpo, aunque los peritos determinaron que eran previas al episodio y no guardan relación con el ataque.

Los datos proporcionados a la Justicia refuerzan una hipótesis que los investigadores siguen desde el día en que hallaron su cadáver. De acuerdo con lo trascendido, Padilla era uno de los delincuentes que participó de un violento asalto a una vivienda del barrio Rincón Lindo, en Cipolletti, y habría resultado herido durante un tiroteo que se desató en el interior del inmueble.

Este episodio ocurrió en la madrugada del 22 de julio. Un grupo de hombres irrumpió por la fuerza en una casa donde descansaban una mujer y sus hijos. Ante el ataque, uno de los jóvenes habría tomado un arma y disparado contra los intrusos para defender a su familia. Los asaltantes lograron escapar del lugar, pero horas después se reportó el hallazgo del cuerpo de Padilla dentro del vehículo en jurisdicción de Fernández Oro.

La investigación está a cargo del equipo fiscal de turno, integrado por los fiscales Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, con el apoyo de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 26, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Hasta el momento, se secuestraron los teléfonos móviles de los ocupantes de la vivienda y del rodado donde fue hallado el cuerpo, y se tomaron alrededor de diez declaraciones testimoniales.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio que realizó el abogado de la familia, a las 5:45 del miércoles, un Toyota Corolla se detuvo en la esquina del domicilio, se bajaron cuatro personas y continuó su marcha hacia el centro de la ciudad. Dos minutos después, los individuos ingresaron a la propiedad, aunque solo dos avanzaron hacia el interior de la vivienda. Dentro se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija de 12 años.

El letrado precisó en declaraciones a LM Cipolletti que “los delincuentes habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas”. Uno de ellos entró a la habitación de la mujer, la despertó bajo amenazas y golpes, y sus gritos alertaron al hijo, quien se acercó para ver lo que estaba ocurriendo.

Ante el temor de posibles represalias, la defensora oficial de menores, los profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y los jefes policiales decidieron tomar medidas de protección personal inmediatas para la familia damnificada.

La Fiscalía continúa con el análisis de los dispositivos tecnológicos incautados, pericias balísticas y mecánicas sobre el vehículo secuestrado y la recepción de nuevas declaraciones. El domicilio de Cipolletti donde ocurrió el tiroteo permanece preservado y bajo custodia policial ante la eventual necesidad de realizar nuevas inspecciones en el lugar.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación al medio local LM Cipolletti, Padilla estuvo vinculado a hechos delictivos resonantes de la región, incluso cumplió una condena previa.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formalizó cargos contra una mujer señalada por su presunta participación en un homicidio, ocurrido en la localidad de Allen.

La investigación sitúa el hecho entre el 8 y el 10 de julio, cuando el cuerpo sin vida de Ricardo Marín fue hallado en su vivienda. Según la acusación, la entrada al domicilio y los acontecimientos posteriores habrían estado motivados por un robo, acto que derivó en la muerte violenta del propietario.

La fiscal Verónica Villarruel expuso ante la jueza de garantías que la sospechosa habría ingresado al domicilio de Marín empleando su propia llave, sin forzar puertas ni ventanas.

Este acceso fue posible debido al vínculo previo que existía entre ambos, situación que, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, fue aprovechada para perpetrar el delito, según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

La mujer no actuó sola: la acompañaba un hombre cuya situación procesal será definida una vez que reciba el alta médica, ya que permanece internado en el hospital local.

Una vez dentro de la vivienda, la víctima fue agredida físicamente por ambas personas. Tras el ataque, los acusados sustrajeron un teléfono celular, una billetera y llaves de dos vehículos, abandonando el lugar a continuación.

El informe preliminar de autopsia concluyó que Marín murió a causa de múltiples golpes en la cabeza y presentaba signos de estrangulamiento. El hallazgo del cuerpo fue realizado por efectivos de la Comisaría Sexta, tras el aviso de uno de los hijos de la víctima, quien alertó a la Policía por la falta de contacto.

La Fiscalía, integrada además por la adjunta Laura Tronelli, enumeró en audiencia los indicios acumulados durante las primeras etapas del proceso. Entre ellos se destacan actas de procedimiento, declaraciones de familiares y registros de cámaras de seguridad. Los testimonios permitieron establecer el último momento de uso del teléfono móvil de Marín, lo que ayudó a delimitar la franja horaria del hecho.

El análisis de horas de material fílmico resultó clave: se identificó a la imputada y a su acompañante, dirigiéndose hacia la casa de la víctima alrededor de la 1.30 y regresando aproximadamente cuarenta minutos después al lugar donde ambos residían. Además, vecinos del barrio aportaron información sobre la relación previa entre Marín y la mujer, mencionando antecedentes de conflictos por hechos de robo atribuidos por el propio Marín en ocasiones anteriores.

En el marco de la causa, la Policía llevó a cabo allanamientos en los que se incautaron prendas con posibles manchas de sangre, así como otros elementos personales de la sospechosa, quien fue detenida en General Roca dos días antes de la audiencia. La Fiscalía anticipó que estos objetos serán sometidos a pericias técnicas y genéticas para certificar su relación con el hecho investigado.

Durante la exposición, se detalló que la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público, junto con el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro, encabezaron las diligencias en el domicilio. Se relevaron huellas y rastros, y se incorporaron entrevistas a familiares, incluidos los hijos de Marín, quienes aportaron información sobre movimientos de cuentas bancarias y el entorno personal de la víctima.

En relación a la medida cautelar, la fiscal argumentó que existía riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación. Explicó que la imputada permaneció más de diez días sin ser localizada luego de que se librara la primera orden de detención el 11 de julio, mientras que el hombre que la acompañaba fue encontrado en ese momento. De acuerdo con la Fiscalía, estos antecedentes justificaban la necesidad de una prisión preventiva efectiva.

El escritor Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado la tarde del pasado miércoles 22 de julio en los exteriores de su vivienda, próxima a la plaza Butters, en el distrito de Barranco.

El ataque se produjo cerca de las 3 p.m., cuando la víctima fue interceptada por un individuo que utilizó un arma blanca y le causó heridas mortales. Los pedidos de auxilio del escritor alertaron a los vecinos, quienes al salir de sus hogares encontraron a Soto gravemente herido. El personal de emergencia solo pudo confirmar su fallecimiento tras arribar a la escena.

La noticia del asesinato impactó tanto a residentes de la zona como al mundo cultural, ya que Soto Bacigalupo tenía previsto participar en la presentación de una de sus obras literarias al día siguiente. Según testimonios recogidos por la prensa, el sector es frecuentado por patrullas de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que no impidió el desarrollo del crimen.

Sobrino detenido e investigación en marcha

Tras el ataque, agentes de la comisaría de Barranco detuvieron a Manuel Valera Soto, sobrino de la víctima, como principal sospechoso del homicidio. La intervención se basó en los primeros testimonios de vecinos y elementos hallados durante las diligencias preliminares. Las autoridades mantienen en reserva el posible móvil del crimen mientras la Fiscalía y la Policía recaban pruebas clave.

Los familiares del escritor, presentes en el lugar, evitaron brindar declaraciones públicas ante el impacto que generó el hecho. El caso permanece bajo custodia de la comisaría de Barranco y el Ministerio Público, que coordina las diligencias técnicas y forenses para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Cámaras de seguridad y análisis pericial

Para reconstruir la secuencia de los hechos, la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la plaza Butters. El material audiovisual será incorporado a la investigación para precisar la participación del detenido y establecer cómo ocurrió el ataque.

Efectivos policiales acordonaron el área y peritos de criminalística realizaron el levantamiento de indicios, mientras vecinos seguían consternados por el crimen ocurrido en una zona considerada tranquila. “Nunca habíamos presenciado un hecho así en el barrio“, señaló uno de los moradores.

El escritor, además de su labor literaria, se destacó como periodista y gestor cultural. Al momento de su muerte, preparaba la presentación de la reedición de “Palabra sobre los abismos”. Su trayectoria incluye la coordinación de espacios como “Madrid: una ciudad, muchas voces” y Ciclón de Poesía, así como la dirección de Agenda CIX y la obtención del Premio Prensa Cultur.

Números de emergencia

En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

• Central policial: 105
• Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
• Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
• Essalud a nivel nacional: 107
• Infosalud: 113
• Defensa Civil: 115
• Bomberos: 116

Línea 911

Cabe recordar que la línea 911 es el nuevo número único de emergencias que está implementando el MTC a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Este sistema unifica la atención de la Policía Nacional, los bomberos, el SAMU y la Línea 100.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a cárcel a Madelina Monaga Sanjuan, procesada por el homicidio de su compañero sentimental en Puerto Leguízamo, Putumayo.

De acuerdo con el informe oficial del caso ocurrido el 19 de julio de 2026, la mujer fue capturada en flagrancia y seguirá privada de la libertad mientras avanza la investigación en su contra por el brutal ataque que le propinó al hombre con el que compartía su vida.

La decisión judicial se confirmó el 22 de julio de 2026, después de que la procesada fuera presentada ante las autoridades tras su detención por parte de la Policía Nacional.

Durante las audiencias preliminares, una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Putumayo le imputó el delito de homicidio agravado.

El hecho ocurrió en el sector conocido como “la calle del chisme”, en el barrio El Centro de Puerto Leguízamo, según informó la Fiscalía en su boletín oficial. De acuerdo con la investigación, la pareja sostuvo una discusión y, en medio del altercado, la mujer habría atacado en múltiples ocasiones con un arma cortopunzante a la víctima.

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el municipio, pero ingresó sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas, según el reporte médico.

Sobre la captura se informó que se produjo en flagrancia poco después de los hechos, cuando los uniformados de la Policía acudieron al lugar tras conocer lo ocurrido. Después de ese procedimiento, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades para el inicio del proceso penal.

La procesada no aceptó el cargo de homicidio agravado

La medida de aseguramiento impuesta por el juez consiste en reclusión en establecimiento carcelario, lo que implica que la mujer deberá permanecer detenida mientras continúan las diligencias del caso, pese a que no aceptó el cargo del que la Fiscalía la señala como responsable.

Entre tanto, se sabe que la actuación judicial quedó a cargo de una fiscal de la URI de la Seccional Putumayo, que formalizó la imputación en las audiencias preliminares. Según la información oficial, la investigación busca establecer por completo las circunstancias en las que se produjo este homicidio en Puerto Leguízamo.

Judicializan a la responsable del ataque armado que dejó a dos personas heridas

Varios delitos protagonizados por mujeres son investigados en el territorio nacional, puesto que las autoridades reafirman que ninguna persona puede atentar en contra de la vida de otra a menos que el hecho haya sido en defensa propia.

En medio del preocupante panorama, la Fiscalía entregó avances en el caso de Sheryll Melissa Fierro Nieto, de 18 años, por su aparente responsabilidad en un ataque armado que habría ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el barrio Vivisol de Girardot (Cundinamarca), donde resultaron heridos un adulto y una menor de 10 años.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron interceptadas por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, y una de ellas sería la joven. La investigación determinó que la procesada habría disparado desde el puesto del acompañante.

Según el organismo, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, donde recibieron atención médica especializada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Fierro Nieto los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los dos como conductas agravadas.

Por decisión de un juez de control de garantías de Flandes (Tolima), la señalada deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

De acuerdo con un informe del Consejo de Justicia Penal (CCJ), Estados Unidos podría cerrar 2026 con la cifra de homicidios más baja en más de un siglo, tras una caída del 18% en la tasa durante el primer semestre en comparación con el mismo período de 2025.

Según informó Associated Press, los datos recopilados en 30 ciudades de Estados Unidos reflejaron unas 215 muertes menos este año frente al mismo tramo de 2025. El análisis también señaló que los homicidios se ubicaron 51% por debajo del pico más reciente, registrado en 2022.

A su vez, el estudio siguió la evolución de 13 tipos de delitos y detectó descensos en nueve de ellos durante la primera mitad de 2026. Entre las bajas más pronunciadas figuró el robo de autos con violencia, con una caída de 47%, junto con retrocesos en robo a viviendas, agresiones agravadas y otros indicadores de criminalidad.

La base de datos del Consejo se alimenta de departamentos de policía y de otras fuentes de las fuerzas de seguridad. Algunas categorías del informe reúnen información de hasta 36 ciudades, mientras que otras incluyen menos por vacíos de seguimiento o por diferencias en la definición de ciertos delitos.

Letalidad y otros delitos: qué cambió en 2026

Otro dato central del informe fue que una parte importante de los hechos violentos resultó menos letal. En 17 ciudades con información suficiente, la letalidad de los delitos graves violentos cayó 23% frente al primer semestre de 2025 y 20% frente al mismo período de 2019.

Entre los delitos no violentos también se registraron bajas amplias. El robo a viviendas disminuyó 13% en la comparación interanual y acumuló una caída de 50% respecto de 2019, antes de la pandemia.

La excepción más visible fue el hurto en comercios, que subió 5% y quedó como el único de los 13 delitos analizados todavía por encima de los niveles del primer semestre de 2019, indicó el Consejo.

Los delitos vinculados con drogas aumentaron 12% y los episodios de violencia doméstica crecieron 8%, aunque en el caso de las infracciones por drogas el nivel se mantuvo por debajo del período previo a la pandemia.

Casi un tercio de las 30 ciudades de la muestra se apartó de la tendencia nacional de baja en homicidios y registró un aumento de la violencia letal entre la primera mitad de 2025 y la de 2026. Entre esos casos figuraron Norfolk, en Virginia, con una suba de 64%, y San Francisco, con un incremento de 55%.

Si la comparación se amplía a 2019, la lista se compone de cuatro ciudades: Norfolk, Austin, Pittsburgh y Minneapolis. Estas fueron las únicas que reportaron más homicidios en 2026 que en el mismo período previo a la pandemia.

Los especialistas atribuyen la mejora a cambios más amplios que una sola política

El presidente y director ejecutivo del Consejo, Adam Gelb, señaló que la mejora no parece responder a una sola política local ni a una orientación partidaria específica.

“Los índices están disminuyendo en todo el mapa, en ciudades con diferentes liderazgos políticos, diferentes condiciones de vivienda y económicas, diferentes estrategias policiales, de enjuiciamiento y de reducción de la violencia, y diferentes niveles de actividad policial federal”, expresó en Associated Press.

Por su parte, el director del Centro de Seguridad Pública y Justicia del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, John Roman, coincidió con Gelb y señaló que las variaciones locales pueden obedecer a múltiples factores que van más allá de una administración política puntual.

Entre esos factores mencionó una menor utilización de drogas y, con ello, menos compras en mercados ilegales frecuentemente asociados con la violencia. Asimismo, destacó la llegada de fondos federales a gobiernos locales después de la pandemia para programas sociales.

Roman explicó que esos programas financiaron con frecuencia puestos como docentes y trabajadores sociales que se enfocan sobre todo en “jóvenes que corren el mayor riesgo de sufrir violencia y ser víctimas de abusos”.

El director del Consejo coincidió en que no hay una sola causa, aunque sostuvo que los resultados deben estudiarse para extraer lecciones a futuro. Gelb afirmó en Associated Press: “Es uno de los avances más importantes en materia de seguridad pública en décadas. Significa que se están salvando vidas, se evitan traumas a las familias y las comunidades están recuperando la estabilidad”.

Estados Unidos encamina en 2026 una caída histórica de los homicidios: un informe del Council on Criminal Justice registró una baja del 18% en 30 ciudades respecto del mismo período de 2025, una tendencia que, si se sostiene hasta fin de año, llevaría la tasa anual a su nivel más bajo en más de un siglo.

El reporte, difundido y citado por Associated Press, traduce ese descenso en unas 215 muertes menos en lo que va del año. El relevamiento siguió 13 tipos de delitos y detectó retrocesos en nueve de ellos.

Entre los datos más llamativos aparece una reducción del 23% en la letalidad de los delitos violentos graves, medida por la proporción de hechos fatales dentro de ese universo. Según el informe, no solo hubo menos homicidios: una parte importante de los ataques violentos también fue menos mortal.

Adam Gelb, presidente ejecutivo del consejo, sostuvo que la mejora supera las expectativas y ya rebasa los niveles de criminalidad previos a 2020 y a la pandemia de COVID-19, cuando la violencia se disparó en niveles históricos.

Para el directivo, el patrón se repite en ciudades con liderazgos políticos, condiciones habitacionales, realidades económicas y estrategias policiales distintas.

“Las tasas de homicidio y de otros delitos están bajando en todo el mapa en ciudades con distintos liderazgos políticos, diferentes condiciones de vivienda y económicas, distintas estrategias de policía, persecución penal y reducción de la violencia, y distintos niveles de actividad de control federal”, aseguró Gelb.

Descenso de los homicidios coincidió con bajas en robos y asaltos

El consejo reúne datos de departamentos de policía y otras fuentes de seguridad pública. Algunas categorías incluyen información de hasta 36 ciudades, mientras otras abarcan menos distritos por vacíos de seguimiento o diferencias en la definición de ciertos delitos.

Además de los homicidios, el informe registró caídas en delitos como robos de autos, allanamientos a viviendas y agresiones agravadas. Los allanamientos residenciales bajaron 13% interanual y se ubicaron 50% por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia.

No todos los indicadores se movieron en la misma dirección. El hurto en comercios aumentó 5%, y también hubo pequeños incrementos en episodios de violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos vinculados con drogas, aunque estos últimos siguieron por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

El año electoral de medio término llevó a demócratas y republicanos a capitalizar políticamente los datos positivos.

El informe, de todos modos, muestra que la mejora atraviesa ciudades gobernadas por dirigentes de distinto signo, lo que debilita la idea de que una sola medida local explique por sí sola el cambio.

Algunas ciudades rompieron la tendencia nacional

Cerca de un tercio de las 30 ciudades analizadas se apartó del promedio nacional y registró un aumento de la violencia letal entre la primera mitad de 2025 y el mismo tramo de 2026. Entre esos casos aparecen Norfolk en Virginia, con un alza de 64% en homicidios, y San Francisco, con una suba de 55%.

Cuando la comparación se amplía hasta 2019, la lista se reduce con fuerza. Solo Norfolk, Austin, Pittsburgh y Minneapolis tuvieron más homicidios en 2026 que en el mismo período de aquel año.

John Roman, director del Center on Public Safety and Justice del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago, explicó al medio que las variaciones locales pueden responder a múltiples factores.

Mencionó que políticos conservadores alineados con el presidente Donald Trump atribuirán la baja a un endurecimiento de las medidas migratorias y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis, mientras que sectores liberales podrían apuntar a la legislación de seguridad pública del ex presidente Joe Biden, que reforzó los controles de antecedentes para la venta de armas de fuego.

Roman agregó que las explicaciones más sólidas trascienden a una administración específica. Entre ellas ubicó una menor utilización de drogas, con menos compras en mercados ilegales asociados con la violencia, y la llegada de fondos federales a los gobiernos locales después de la pandemia, dinero que se destinó a programas sociales.

Esos programas, precisó, financiaron con frecuencia empleos como los de maestros y trabajadores sociales, enfocados sobre todo en jóvenes con mayor riesgo de sufrir violencia o de quedar atrapados en ella.

El especialista Gelb coincidió en que no existe una causa única, pero pidió estudiar el fenómeno para extraer lecciones futuras.

“Este es uno de los avances en seguridad pública más importantes en décadas. Significa que se están salvando vidas, que las familias se libran del trauma y que las comunidades están recuperando estabilidad”, concluyó Gelb.

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo en las últimas horas a Osvaldo Alexander Mojica Brito, conocido como “Bebé”, un fugitivo acusado de homicidio y buscado desde 2021.

La captura ocurrió durante un operativo policial en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, donde el sospechoso resultó herido tras enfrentar a tiros a los agentes.

Según la información oficial, la detención de Mojica Brito estuvo a cargo de agentes del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPRE), en coordinación con la Dirección Nacional de la dependencia y operadores del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. El arresto se produjo en la avenida Venezuela, tras una labor de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

Sobre Mojica Brito pesaba una orden de arresto emitida en 2021 por su presunta responsabilidad en un homicidio, en violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

De acuerdo con el informe preliminar, al notar la presencia policial, el sospechoso abrió fuego usando una pistola Glock calibre 9 milímetros, que llevaba un cargador con 12 cápsulas. En su intento por escapar, abordó una camioneta Isuzu D-Max, pero resultó herido de bala en la pierna izquierda durante el intercambio de disparos.

El detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde recibe atención médica. Una vez dado de alta, quedará a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Las autoridades continúan investigando para determinar la posible vinculación de Mojica Brito con otros hechos delictivos.

El caso de “Bebé” no es el único episodio de arrestos destacados en lo que va de 2026. Las fuerzas de seguridad del país han intensificado la búsqueda y captura de prófugos considerados de alta peligrosidad, logrando detener a varios individuos requeridos por la justicia.

En enero de 2026, la Policía Nacional arrestó a Víctor Manuel Ramírez, alias “El Chino”, quien era buscado desde 2022 por su implicación en una serie de robos a mano armada en la capital y la provincia de San Cristóbal. Ramírez fue localizado tras un operativo en el sector Los Alcarrizos, donde intentó huir por los techos de varias viviendas antes de ser reducido por los agentes.

Otro caso relevante ocurrió en marzo, cuando fue capturado Felipe Antonio Guzmán, alias “El Ingeniero”, acusado de liderar una banda dedicada al secuestro y la extorsión en la región norte del país. Guzmán fue ubicado en una vivienda en Santiago, gracias a la colaboración de Interpol y la coordinación con autoridades extranjeras, ya que había intentado salir del país usando documentos falsos.

En junio, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a Ricardo José Fernández, conocido como “El Ruso”, señalado como uno de los principales distribuidores de sustancias ilícitas en la zona este de la isla. Fernández fue aprehendido durante un operativo conjunto con organismos internacionales, después de varios meses de seguimiento.

Estos arrestos forman parte de un esfuerzo sostenido de las autoridades dominicanas para combatir la impunidad y perseguir a quienes intentan evadir a la justicia. Además, reflejan la efectividad de las labores de inteligencia y la cooperación interinstitucional tanto a nivel nacional como internacional.

La Policía Nacional reitera su compromiso de mantener la seguridad ciudadana y continuar con la búsqueda de prófugos peligrosos, invitando a la población a colaborar con información que pueda contribuir a la localización de sospechosos.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer la posible conexión de los detenidos con otros delitos y garantizar su sometimiento ante los tribunales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejerció la facultad de atracción en torno al homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva en el estado de Oaxaca el pasado miércoles, mientras se encontraba consumiendo alimentos en un puesto callejero.

La institución, en un breve comunicado, señaló que “con base en lo que marca la Ley, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco “N”, acontecida en dicha entidad".

Se informó que en cuanto se tengan más detalles se darán a conocer a la población.

Asesinan a periodista Francisco Leyva en Oaxaca

El pasado miércoles, por la mañana, el periodista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado a tiros mientras desayunaba en un puesto de comida, en el Fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

En total recibió tres disparos calibre 9mm (de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas) entre la zona de la cabeza y el cuello, mientras consumía alimentos. Su cuerpo quedó recargado en una mesa del comecio.

El ataque, según información oficial, ocurrió a las 10:50 de la mañana. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el homicidio y emitió un comunicado en el que condenó el ataque y anunció una investigación exhaustiva. La institución anunció que solicitaría colaboración de la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado, dio un recorrido por la escena del crimen y ofreció declaraciones a medios en el lugar, e informó sobre el avance de las indagatorias a escasas horas de los hechos.

Se señaló que desde el momento de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), estableció contacto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Mecanismo de Protección de Persona Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, así como con la familia del periodista para la atracción del caso al fuero federal con la finalidad de que su integración y debido perfeccionamiento legal se realicen conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Cabe recordar que la FEADLE, como fiscalía especial, tiene la función de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

¿Quién fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Leyva Aguilar encabezó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y se mantuvo activo en el periodismo a través de su columna El Zumbido del Moscardón. 

Su última entrega la publicó a las 5:00 de la mañana del mismo día en que fue asesinado, de acuerdo con su perfil de Facebook.

Se sabe que era crítico del gobierno del actual mandatario de Oaxaca, Salomón Jara.

Cámaras detectaron a dos personas en motocicleta como probables responsables

Sobre la mecánica del ataque, Rodríguez Alamilla informó que cámaras de videovigilancia de la zona registraron la participación de dos personas a bordo de una motocicleta.

Las imágenes permitieron identificar a uno de ellos como el probable responsable de los disparos. “Tenemos justamente el tema de una persona que fue la que hasta el momento tenemos señalada de alguna manera como la que disparó en contra de Alejandro”, dijo el fiscal.

La autoridad no descartó que el segundo ocupante también hubiera intervenido, aunque al momento de las declaraciones esa participación no estaba confirmada.

Cuando los medios preguntaron si la motocicleta había sido localizada como se reportó en medios locales, Rodríguez Alamilla no confirmó ni desmintió el reporte. “Estamos en ese proceso. No quiero adelantarme a nada”, respondió.

En fiscal confirmó que en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 mm y que el cuerpo de Leyva Aguilar fue trasladado al Instituto de Periciales del estado para la práctica de necropsia.

Gobernador condena asesinato

Por su parte, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, condenó la agresión que le quitó la vida al periodista y expresó su solidaridad a la familia de la víctima y al gremio periodístico.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, escribió en una publicación a través de su cuenta oficial de X.

Un trágico hecho de violencia machista ha conmocionado al municipio de Cabañas Este. María Hildaura Callejas, de 42 años de edad, fue asesinada la noche de ayer, 22 de julio, en el distrito de Sensuntepeque a manos de su expareja, Fabricio Antonio Meza, de 48 años. El agresor atacó a la víctima con un arma de fuego mientras ella se encontraba en el interior de un vehículo.

Tras perpetrar el crimen, Meza se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. Sin embargo, su huida culminó a pocos kilómetros, en el distrito de Dolores, donde sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el que perdió la vida de forma inmediata.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo para procesar e inspeccionar la escena del crimen en Sensuntepeque, confirmando posteriormente el deceso del responsable en el lugar del accidente vehicular.

Aunque el agresor no podrá ser procesado penalmente por las autoridades debido a su muerte, el hecho ha dejado una consternación para las familia y amigos de María tras revelarse la constante violencia psicológica y física que sufría por parte de Meza.

A través de redes sociales, el caso ha tomado una fuerte notoriedad pública no solo por el impacto del feminicidio, sino por los contundentes descargos de personas cercanas y de los propios hijos de la víctima. Un familiar cercano y allegados confirmaron que María Hildaura ya había acudido previamente a las instituciones correspondientes para denunciar el maltrato físico y psicológico que sufría a manos de Meza.

Uno de los cuatro hijos de la víctima publicó un mensaje en redes sociales que se volvió viral, en el que aclaró los hechos y visibilizó lo enfrentó su madre durante años:

“La mujer asesinada esta noche en Sensuntepeque es mi mamá, María Hildaura Callejas, a manos de mi padre o expareja de vida, Fabricio Antonio Meza... Lo ocurrido ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Mi mamá había buscado ayuda con las autoridades en múltiples ocasiones, las cuales solo respondieron con una orden de restricción que él jamás respetó”, manifestó el joven.

En su escrito, el hijo de la víctima enfatizó que el hecho no se trató de una tragedia fortuita, sino de un acto completamente planificado: “Esperamos resolución de lo que claramente fue un feminicidio con todas las letras; esto no fue un arranque de furia, fue premeditado. Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo. Me da mucha lástima y tristeza ver cómo 26 años de la vida de mi madre tuvieron que llegar a una conclusión como esta”.

La violencia de género: cómo denunciar y qué más hacer

La tragedia de María Hildaura expone una dura realidad: las órdenes de restricción suelen ser insuficientes si no se activan protocolos de seguimiento constante y redes de apoyo efectivas. La violencia de género ya sea física, psicológica, económica o sexual, no es normal en ningún entorno familiar ni debe ser tolerada.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de maltrato o amenaza, existen pasos clave y canales institucionales para actuar:

• Líneas de emergencia y denuncia:
• • PNC (911): Para atención inmediata ante situaciones de riesgo inminente.
  • Línea 126 (ISDEMU): Ofrece orientación legal, psicológica y acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencia las 24 horas.
  • Fiscalía General de la República (FGR): Permite interponer denuncias formales por violencia intrafamiliar, amenazas o agresiones.
• Construcción de una red de apoyo y plan de seguridad:
• • Romper el silencio: Hablar con personas de confianza (amigos, familiares o compañeros de trabajo) sobre las agresiones. Mantener a la red informada sobre la ubicación y estado de la persona en riesgo.
  • Documentar las agresiones: Guardar mensajes, audios, fotografías de lesiones o cualquier prueba que sirva al momento de presentar la denuncia.
  • Plan de emergencia: Mantener a la mano documentos personales importantes, un teléfono cargado y un lugar seguro a donde acudir en caso de que la violencia se intensifique.
  • Exigir seguimiento institucional: Al interponer una denuncia, es crucial dar seguimiento con las autoridades e informarlas inmediatamente ante cualquier incumplimiento de las medidas de protección.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), al señalarlo como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital y localizada sin vida el 3 de julio.

La solicitud fue presentada ante el Poder Legislativo estatal el pasado 6 de julio por el fiscal encargado de la Sub Unidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González.

Por el caso hay ocho personas detenidas: tres hombres y una mujer integrantes de la organización criminal Grupo Sombra, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y un sujeto identificado como José Del Carmen “N”, alias “El Delta 7”, capturado el 25 de junio por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos.

La Fiscalía también promovió el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, igualmente de Movimiento Ciudadano, aunque hasta el cierre de esta edición no ha precisado los delitos que se le imputan en ese expediente paralelo.

Una fotografía y una llamada al Grupo Sombra: la línea que apunta al alcalde

De acuerdo con el expediente entregado al Congreso, al que tuvo acceso Reforma, la privación de la libertad de Guzmán Ramírez obedeció a una instrucción directa emitida semanas antes por el propio alcalde

Según testimonios y documentos ministeriales, un testigo declaró que el alcalde se comunicó con un presunto líder operativo del Grupo Sombra, conocido con los alias de “Shelby” o “Tommy”, para encomendarle plagiar y asesinar a la reportera.

El motivo, según la misma fuente: la periodista tenía en su poder una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Tras recibir la instrucción, integrantes de la célula criminal irrumpieron con violencia en el domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital, hecho que quedó registrado en video y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Los delincuentes la habrían trasladado al predio conocido como “El Limonar”, ubicado en el Ejido Emiliano Zapata de Ixhuatlán del Sureste. Ahí fue interrogada, golpeada hasta perder el conocimiento y privada de la vida con un arma blanca. Los agresores también la habrían desmembrado e incinerado antes de enterrarlos en una fosa clandestina.

Tras obtener una orden judicial de cateo en ese predio, peritos y agentes de la FGE localizaron la fosa con restos óseos, fragmentos sometidos a combustión, recipientes con hidrocarburo y el arma empleada en el crimen. La identidad de la víctima fue confirmada el 3 de julio.

El proceso de desafuero

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que ambos alcaldes ya fueron notificados formalmente de los procedimientos iniciados en su contra. A partir de esa notificación, cada uno dispone de siete días hábiles — plazo que vence el próximo martes 28 de julio — para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Una vez agotado ese plazo, la Comisión Instructora fijará la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos para integrar los expedientes. Posteriormente evaluará la documentación y emitirá un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso para su votación.

De aprobarse la declaración de procedencia por mayoría, los munícipes perderán la inmunidad y podrán ser procesados.

MC denuncia uso político y la madre de Roxana exige que no haya chivos expiatorios

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, fijó postura ante la solicitud de desafuero. Reconoció que nadie está por encima de la ley, pero advirtió que su partido no permitirá el uso político de las instituciones.

“Nos preocupa y por eso hacemos un llamado muy respetuoso: que la justicia no se utilice como una herramienta para perseguir a la oposición o para obtener ventajas políticas. Nosotros no vamos a defender la impunidad, pero tampoco vamos a aceptar que se fabriquen delitos”, declaró, según Latinus.

La legisladora pidió que los procedimientos se conduzcan con apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia y que cada investigación se sostenga en pruebas. Desde el término del proceso electoral, la dirigencia de MC en Veracruz ha acusado persecución política por parte del Gobierno estatal y operadores de Morena.

Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, reconoció el avance de las investigaciones pero lanzó una advertencia directa a la Fiscalía. “Que no se trate de un chivo expiatorio. Quiero que caiga todo el peso de la ley contra el implicado”, dijo.

La madre de Roxana pidió además que la Fiscalía investigue a Karina “N”, coordinadora de la Policía Municipal de Nanchital, y que localice a su pareja José Luis “N”, elemento de esa corporación que permanece prófugo y es señalado por su presunta participación en el homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche de este miércoles a Danna Yanina “N”, quien presuntamente estaría involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con medios locales como Hoy Tamaulipas, la joven de 18 años es una exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

Fue a declarar y salió detenida

Danna Yanina “N” acudió este miércoles de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial por el caso.

Una vez dentro, según Milenio, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control. Posta MX confirmó que la joven fue detenida por agentes de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico y trasladada a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero a bordo de un vehículo oficial.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró que llegó con el rostro cubierto, la cabeza agachada y vestía pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y una blusa azul marino. Una agente femenina la sujetaba del brazo, flanqueada por dos elementos masculinos de la corporación.

Al ingresar al inmueble fue remitida de inmediato al área médica para la certificación de su estado de salud. En el exterior de la Fiscalía permanecieron su padre y su abogado defensor, quien sólo confirmó que la detención estaba ligada a dicho caso.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado oficialmente los delitos que se le imputan ni ha dado detalles sobre su participación en los hechos.

De manera extraoficial, Milenio señala que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, la coordinadora del área femenil de la academia que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento.

Posta MX agrega que Danna Yanina era exalumna de la propia academia: había cursado ahí la preparatoria y recién había concluido el bachillerato.

Su detención convierte a Danna Yanina en la primera persona imputada formalmente en el caso, que la Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio, cuando el cuerpo de Dafne fue entregado a su madre. El certificado de defunción de la adolescente clasifica su muerte como homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”.

Sheinbaum aclara que academia no depende de la Sedena

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso en su mañanera y aclaró que la Academia Militarizada de Marina Doenitz no tiene ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No depende de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, y es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, declaró durante la conferencia del 22 de julio.

La institución es privada, está vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y opera con registro oficial. Su matrícula es de 14 alumnos en total distribuidos en tres grados de secundaria, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Información Educativa.

El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, informó desde la 24/a Zona Militar que las instituciones que integran la Mesa desplegaron un operativo de forma inmediata en Temoac y municipios aledaños, con participación coordinada de los tres órdenes de gobierno.

“Declaramos que nos encontramos en sesión permanente para garantizar la seguridad de la población, la gobernabilidad en el municipio y el seguimiento puntual en las investigaciones”, dijo Maldonado.

El funcionario subrayó que el Gobierno de Morelos refuerza la presencia institucional en la región “para acompañar a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en el municipio” y llamó a actuar “con responsabilidad, permitir que las investigaciones avancen en favor de la legalidad, en favor de la justicia y en favor de la paz”.

¿Cómo fue el asesinato y qué dijo la Fiscalía?

El titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Blumenkron, confirmó la muerte del alcalde y anunció el inicio de las investigaciones. Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo, que quedó al interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, poco después del mediodía varios hombres armados llegaron en motocicleta a la presidencia municipal, ubicada en el centro de Temoac. Los agresores ingresaron al inmueble, se dirigieron a la oficina del presidente municipal y le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas.

Lavín Romero se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal cuando fue interceptado. Tras la agresión, los responsables huyeron en la misma motocicleta.

Minutos después, elementos de seguridad y servicios de emergencia confirmaron que el alcalde ya no tenía signos vitales.

Blumenkron subrayó que “se agotarán todas las líneas de investigación para que estos hechos no queden impunes” e invitó a la ciudadanía con información sobre el caso a comunicarse de forma anónima al 089.

México acumula casi un centenar de alcaldes asesinados desde 2006, cuando la violencia ligada al narcotráfico se disparó en el país. El crimen de Lavín Romero ocurre en un estado colindante con Ciudad de México y con Guerrero, uno de los más violentos del territorio nacional, donde distintas bandas del crimen organizado se disputan el control. Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.

Un alcalde con un largo historial de violencia

El asesinato de este miércoles no es el primer episodio violento que rodea a Lavín Romero. El este 31 de enero de 2026, el alcalde viajaba junto con su esposa sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura del municipio de Jantetelco, cuando sujetos armados dispararon desde una motocicleta.

Recibió impactos de bala en diversas partes del cuerpo, fue trasladado a un hospital en Cuautla y permaneció alejado de la alcaldía durante su recuperación. Cuando fue dado de alta, retomó sus funciones.

La violencia en su entorno comenzó incluso antes de que asumiera su primer periodo al frente de Temoac. El este 12 de septiembre de 2018, cuando Lavín Romero ya era alcalde electo, un comando armado irrumpió en su domicilio en el poblado de Huazulco y asesinó a tres familiares de su esposa: Isabel, de 89 años; Eva, de 58, y una menor de 7 años.

En marzo de 2026, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería, con saldo solo de daños materiales.

Lavín Romero era mencionado en las investigaciones del Operativo Enjambre por presuntos actos de extorsión y posibles vínculos con estructuras criminales que operaban en la región oriente de Morelos.

Su nombre también apareció en señalamientos relacionados con el homicidio del activista Samir Flores Soberanes, opositor a la termoeléctrica de Huexca, asesinado el este 20 de febrero de 2019 en Amilcingo. Familiares de la activista comunitaria Sandra Rosa Camacho Flores —asesinada el este 26 de marzo de 2026 en Temoac— presentaron además una denuncia en la que señalaban al alcalde como presunto responsable intelectual del crimen.

En ese contexto, desde finales de 2025 también pesaba sobre su entorno la detención de Andrea Angelina, extesorera del ayuntamiento de Temoac y suegra del alcalde, vinculada a proceso por secuestro exprés agravado y señalada como presunta integrante del grupo delictivo Los Aparicio, que operaba en Temoac, Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas.

Lavín Romero era originario de Temoac, donde antes de la política se dedicó al transporte público como taxista. Fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2018 y gobernó el municipio entre 2019 y 2021. En 2024 ganó de nuevo la alcaldía y asumió el cargo en diciembre de ese año para el periodo 2025-2027.

La Justicia de Neuquén le revocó la prisión domiciliaria a un hombre declarado culpable por asesinar a otro en noviembre del año pasado en medio de una violenta discusión a la salida de un boliche. La decisión se tomó por incumplimiento, ya que lo encontraron en el interior de un vehículo a kilómetros de su casa.

La excusa que utilizó Eliseo Eduardo Uircan fue que había salido a comprar comida para sus hijos, pero descubrieron que no era verdad y fue trasladado a una comisaría. Desde mayo permanecía detenido en su casa cuando los jueces lo hallaron culpable del crimen de Gustavo Santos Villar en Picún Leufú. Pero el domingo, los efectivos policiales que realizaban un control de rutina en el paraje Santo Tomás —donde Uircan cumplía el arresto domiciliario— no lo encontraron en el lugar.

Según les informaron, había salido en un auto con un conocido. Cerca de las 22.00, los agentes lo localizaron en el interior de un Volkswagen Gol en el paraje 44, a 9 kilómetros de distancia. Allí, lo detuvieron. El abogado querellante que representa a la familia de la víctima informó que la salida de Uircan se debió a otro motivo.

Durante la audiencia del martes en Cutral Co, el fiscal jefe Gastón Liotard pidió la revocación de la medida y el pase a prisión preventiva, detalló el Ministerio Público Fiscal provincial. “No hay otra salida que la prisión preventiva. La prisión domiciliaria ya no es eficaz”, planteó el funcionario. Asimismo, argumentó riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial, y subrayó que el acusado incumplió la medida “cuando estaba consensuada”, es decir, mientras se aguardaba la audiencia de determinación de pena. El pedido fue acompañado por el representante de la familia.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló el planteo, revocó la prisión domiciliaria y, en principio, dispuso la prisión preventiva en una comisaría de Piedra del Águila hasta el próximo 30 de agosto.

El MPF de Neuquén detalló que la situación procesal de Uircan ya sufrió varias modificaciones. El 11 de noviembre de 2025 lo imputaron y quedó desde entonces bajo arresto domiciliario en Santo Tomás, por problemas de salud. El 17 de ese mismo mes, la detención se trasladó a una vivienda en Cutral Co hasta el 22 de diciembre, fecha en que retornó al paraje Santo Tomás manteniendo la vigilancia policial.

El 12 de mayo de este año, por acuerdo, se declaró la responsabilidad penal por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor por el hecho ocurrido el 8 de noviembre de 2025. El organismo público adelantó en aquella instancia que pediría una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva. Luego, el cambio de abogado defensor trajo un nuevo planteo: la supuesta invalidez de ese acuerdo que un Tribunal de Impugnación rechazó.

El enfrentamiento entre Santos Villar y el acusado se originó a la salida de un local bailable donde tuvieron una pelea. El problema continuó minutos después en el barrio La Esperanza de Picún Leufú.

Uircan fue en moto al domicilio de un familiar de la víctima de 27 años, con un arma de fuego y un cuchillo; mientras que Santos lo recibió con un machete. En ese primer enfrentamiento, el agresor disparó el arma, pero no lo alcanzó. Sin embargo, continuaron en la esquina de la avenida Maestro Sosa y Mariano Moreno, donde Uircan efectuó un segundo disparo que impactó a Santos en el abdomen. La víctima falleció durante el traslado al hospital de Cutral Co, cerca de las 8 de la mañana. El acusado fue detenido en el lugar cuando intentaba alejarse, con heridas de machete en ambos brazos.

Sin prisión domiciliaria y en una cárcel común, el acusado deberá esperar hasta la audiencia de determinación de pena fijada para el 5 de agosto. El MPF ratificó que mantendrá su pedido; en tanto la querella, por su parte, solicitará una monto de pena superior, con fundamento en la gravedad del hecho y las circunstancias del caso.

La sospechosa era buscada por la Justicia cordobesa desde el homicidio y fue localizada gracias a una investigación conjunta entre la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y efectivos de la Policía de Córdoba.

La detención se concretó sobre la calle Paraguay al 700, luego de que los investigadores reconstruyeran sus movimientos tras advertir que había abandonado Córdoba pocas horas después del crimen.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la pesquisa permitió establecer que la joven se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires luego de analizar publicaciones realizadas en sus redes sociales. En ellas aparecía fotografiada en distintos puntos de la Capital Federal, entre ellos la esquina de Armenia y Nicaragua, en el barrio de Palermo.

Con esa información, una comisión de la Policía de Córdoba viajó a Buenos Aires para colaborar con la búsqueda, mientras que personal de la Policía de la Ciudad desplegó tareas de vigilancia tanto en la zona de Palermo como en un alojamiento temporario ubicado en Paraguay y Esmeralda, donde la sospechosa se había hospedado presuntamente con la intención de continuar desplazándose por la ciudad.

Finalmente, fue identificada y detenida cuando caminaba por la zona de Retiro, donde había alquilado una habitación en forma temporal, se cree que para seguir cambiando de lugar.

Al momento del procedimiento llevaba consigo un teléfono celular, una tablet, seis dólares estadounidenses y billetes de distintas monedas extranjeras, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.

La captura fue avalada por el Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo de Alejandro Litvack, con intervención de la Secretaría del doctor Ibáñez. La joven quedó alojada en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, a la espera de que la Justicia de Córdoba solicite su traslado para ser indagada.

Un crimen que conmocionó a Córdoba

María Cristina Trejo fue encontrada asesinada el 4 de julio en el interior de su vivienda de barrio Argüello. Su cuerpo estaba debajo de una cama y presentaba signos de haber sido golpeada.

Además, los investigadores hallaron las llaves de gas abiertas, una circunstancia que alimentó la hipótesis de que los responsables intentaron provocar una explosión para ocultar el crimen.

Con el avance de la investigación, los pesquisas también analizaron si los autores utilizaron el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y hacer creer a familiares y allegados que la mujer seguía con vida después del asesinato, una maniobra que habría buscado ganar tiempo antes de la denuncia por su desaparición.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, Turno 3, de Córdoba, que ahora avanzará con el proceso de extradición de la sospechosa hacia esa provincia.

La violencia volvió a cobrar la vida de un hondureño, esta vez fuera de las fronteras del país. José Manuel, un joven de 26 años, originario de Honduras, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México, en un ataque armado.

El crimen ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el compatriota se encontraba sobre la vía principal de la colonia, frente al minisúper San Marcos, lugar donde, según los primeros reportes de las autoridades mexicanas, fue interceptado por sujetos armados.

Los individuos habrían disparado en repetidas ocasiones contra el joven hondureño, provocándole heridas de gravedad que terminaron con su vida en el lugar.

Tras registrarse el ataque, personas que se encontraban en la zona alertaron a los cuerpos de emergencia sobre lo ocurrido. Minutos después, elementos de seguridad y personal de atención prehospitalaria se desplazaron hasta el sitio para verificar la situación.

Al llegar a la escena, los equipos de emergencia confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar posibles evidencias y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la colonia, mientras agentes de seguridad iniciaron las primeras investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar quiénes estarían detrás del ataque contra el ciudadano hondureño.

El joven presentaba más de 40 lesiones provocadas por impactos de arma de fuego, distribuidas en diferentes partes de su cuerpo.

Entre las zonas afectadas se encuentran la cabeza, el tórax, la pelvis, los brazos, las piernas y los glúteos, según los reportes conocidos tras el levantamiento del cuerpo.

La cantidad de heridas evidencia la intensidad del ataque armado perpetrado contra el hondureño, quien habría sido atacado de manera directa por los individuos que lo interceptaron en la vía pública.

Luego de que las autoridades concluyeran las primeras diligencias en la escena del crimen, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley.

El procedimiento permitirá determinar con mayor precisión las causas de muerte y aportar elementos que puedan ser incorporados a la investigación que permanece abierta por parte de las autoridades mexicanas.

Tras el homicidio, la Fiscalía de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes para tratar de establecer el móvil del crimen y localizar a los responsables.

Como parte de las diligencias, las autoridades trabajan en la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos de la zona donde ocurrió el ataque.

Las autoridades también buscan establecer si los responsables se movilizaban en algún vehículo y determinar la ruta que tomaron después de abandonar la escena.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas diferentes líneas de investigación y esperan que el análisis de las evidencias encontradas en el lugar, junto con las imágenes de los sistemas de videovigilancia, permitan avanzar en la identificación de los responsables.

El móvil del crimen tampoco ha sido establecido de manera oficial, por lo que las autoridades continúan recopilando información para determinar qué habría provocado el ataque contra José Manuel.

Tras conocer la muerte del joven hondureño, sus familiares iniciaron las gestiones necesarias para solicitar apoyo de las autoridades de Honduras y lograr la repatriación de sus restos.

La familia de José Manuel ha solicitado el acompañamiento de la Cancillería de Honduras para realizar los trámites correspondientes y poder trasladar el cuerpo del compatriota desde México hasta Honduras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista una relación entre esas publicaciones y el crimen, por lo que el móvil permanece bajo investigación.

Las acusaciones que Alejandro Leyva expuso en su última publicación

El pasado 20 de julio, a través de su espacio informativo “El Zumbido del Moscardón”, Leyva retomó una publicación periodística sobre una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionada con inversiones, empresas y posibles redes de lavado de dinero en Oaxaca.

Durante su mensaje, el comunicador sostuvo que comuneros de Santiago Astata le habían señalado que el senador Antonino Morales Toledo mantenía el control de extensas zonas costeras y lo acusó de presuntos vínculos con actividades de huachicol y narcotráfico.

Asimismo, afirmó que esos hechos, según su versión, podrían formar parte de líneas de investigación que involucrarían a distintos actores políticos.

En el mismo video también mencionó al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dentro del contexto de esas versiones.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme las afirmaciones expuestas por el periodista ni que las autoridades estadounidenses hayan hecho públicos resultados en ese sentido.

El senador Antonino Morales lamenta la muerte del periodista que lo señaló días antes

Luego del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, el senador de Morena Antonino Morales Toledo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que condenó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia, amistades y al gremio periodístico.

“El asesinato de un periodista es un crimen contra el Estado de derecho. Mi condena absoluta y mi pésame a la familia, amigos y gremio de Alejandro Leyva Aguilar. Duele y nos indigna a todos”, escribió.

En la misma publicación, el legislador manifestó su respaldo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y señaló que las autoridades cuentan con el apoyo del Senado de la República para el esclarecimiento del caso.

Asesinato de Alejandro Leyva conmociona al gremio periodístico

Horas después de mantener activa su labor informativa, Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, muy cerca de su domicilio.

Sujetos armados se aproximaron al lugar y dispararon en su contra, provocándole la muerte.

El periodista contaba con una amplia trayectoria en Oaxaca; fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años ejercía el periodismo de manera independiente mediante su columna política “El Zumbido del Moscardón”, caracterizada por publicar investigaciones y críticas sobre temas de interés público.

Contexto del caso

• Alejandro Leyva publicó el video con los señalamientos el 20 de julio, dos días antes de ser asesinado.
• En esa grabación acusó al senador Antonino Morales Toledo de presuntos vínculos con el huachicol y de un supuesto despojo de tierras comunales.
• También hizo referencia a una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles operaciones de lavado de dinero en Oaxaca.
• Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado una relación entre esas publicaciones y el homicidio del periodista.
• La Fiscalía informó que todas las líneas de investigación deberán agotarse, incluida la relacionada con su actividad periodística.

La paradoja en torno a las acusaciones sobre el huachicol

Los señalamientos de Leyva cobraron relevancia debido a que, apenas unos días antes de su asesinato, el senador Antonino Morales Toledo había solicitado públicamente que la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral investigaran un presunto financiamiento de organizaciones de oposición con recursos provenientes del llamado huachicol fiscal.

El legislador sostuvo que debía esclarecerse el origen de esos recursos y rechazó los señalamientos de persecución política formulados por la oposición, asegurando que la aplicación de la ley debía ser igual para todos.

En contraste, Alejandro Leyva señalaba públicamente al propio senador por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol, acusaciones que el periodista difundió como parte de su trabajo informativo y que, hasta el momento, no han sido acreditadas por las autoridades competentes.

Fiscalía y autoridades anuncian investigaciones

Tras el asesinato, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes y anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las indagatorias.

La institución informó que ya se recaban pruebas periciales, evidencia balística y material videográfico obtenido mediante cámaras del sistema C5 para identificar a los responsables.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio, reconoció que Leyva era un periodista crítico de su administración y aseguró que no se adelantará ninguna conclusión sobre el móvil del crimen hasta que concluyan las investigaciones.

El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó a Infobae México el homicidio del comunicador, quien en meses recientes había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra el periodista. Leyva Aguilar murió en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por arma de fuego.

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y personal ministerial se trasladaron a la zona para procesar la escena del crimen, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Además de su trayectoria como columnista y analista político, Francisco Alejandro Leyva Aguilar dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y colaboró en diversos medios de comunicación del estado, donde abordó temas de política, seguridad y administración pública.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la fiscalía de Oaxaca no ha dado a conocer personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

Había denunciado presunto hostigamiento del gobierno de Oaxaca

Horas antes de ser asesinado, Francisco Alejandro Leyva Aguilar publicó en su cuenta de Facebook una nueva entrega de su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio desde el que durante años difundió análisis y críticas sobre la política oaxaqueña.

El 21 de noviembre de 2025, el periodista hizo pública una denuncia por un presunto hostigamiento judicial en su contra. En esa publicación aseguró que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión como director de la CORTV, cargo que dejó en marzo de 2020.

Leyva Aguilar sostuvo que la investigación correspondía a la cuenta pública de 2019 y cuestionó que el procedimiento se iniciara cinco años después. Afirmó que interpretaba esa acción como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura” derivada de su labor periodística y de las críticas que publicaba en su columna.

En ese mismo mensaje responsabilizó públicamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por cualquier afectación a su integridad o la de su familia.

“Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, escribió el comunicador.

En la publicación también rechazó las acusaciones relacionadas con un presunto perjuicio a la administración pública y negó haber cometido desvío de recursos durante su paso por CORTV. Además, sostuvo que no modificaría su línea editorial para favorecer al gobierno estatal y concluyó con una defensa de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado si esas denuncias públicas forman parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato del periodista, ni ha establecido un posible móvil del crimen.

Salomón Jara pidió apoyo de la FGR para investigar el asesinato

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el crimen, expresó sus condolencias a la familia del comunicador y afirmó que su administración mantendrá una postura de respeto hacia la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

A través de un comunicado, el mandatario reconoció que Leyva Aguilar era un periodista crítico de su gobierno y sostuvo que las diferencias con el trabajo de los medios “nunca pueden justificar un acto de violencia”.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia“, expresa el comunicado.

En ese contexto, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca establecer coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el asesinato.

Jara Cruz señaló que su gobierno no adelantará hipótesis sobre el móvil del crimen y aseguró que corresponde a las autoridades ministeriales realizar una investigación “seria, profesional y transparente” para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El abogado penalista identificado como Alfredo Duarte Martínez fue asesinado a balazos la mañana de este martes cuando descendía de su vehículo para ingresar a una tienda de conveniencia, ubicada en el cruce del Cuarto Cinturón Vial y la avenida Malecón del Río, al norte de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego a corta distancia antes de escapar, en un ataque directo que quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas, a espaldas de la colonia Las Eras Segunda Sección, muy cerca de Plaza Cibeles. Testigos señalaron que la víctima llegó al lugar a bordo de un automóvil Ford Figo rojo con placas de Guanajuato y apenas había descendido de la unidad cuando fue sorprendida por los agresores.

Sin intercambiar palabras, uno de los motociclistas sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el litigante. Alfredo Duarte recibió al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y cayó junto a su vehículo, a escasos metros de la entrada de la tienda de conveniencia.

Tras el ataque, los responsables escaparon a toda velocidad sobre el Cuarto Cinturón Vial y posteriormente se internaron por caminos de terracería, lo que complicó su localización.

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a elementos de la Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y paramédicos, quienes únicamente confirmaron que el abogado ya no presentaba signos vitales.

Se acordonó la escena del crimen

El cuerpo permaneció cubierto con una sábana blanca mientras peritos de Servicios Periciales y agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de Irapuato realizaban el procesamiento del lugar, donde aseguraron diversos casquillos percutidos y otras evidencias balísticas.

Al concluir las diligencias ministeriales, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para practicar la necropsia correspondiente, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no se sabe si el asesinato tendrá que ver con su actividad como abogado.

Tras conocerse el crimen, colegas, amigos y usuarios de redes sociales expresaron condolencias por la muerte del litigante y exigieron que el caso no quede impune. Una vez que el cuerpo fue retirado del lugar, algunas personas colocaron veladoras en el cajón del estacionamiento donde ocurrió el ataque, como muestra de duelo.

Al menos 15 abogados, litigantes y funcionarios del ámbito jurídico han sido asesinados en Guanajuato desde agosto de 2024

El homicidio de Alfredo Duarte Martínez se sumó a una serie de ataques contra integrantes del gremio jurídico registrados en Guanajuato durante los últimos dos años.

Entre agosto de 2024 y julio de 2026, al menos 15 abogados, litigantes y funcionarios con formación en Derecho han sido asesinados en distintos municipios del estado, en hechos que, en su mayoría, permanecen sin una resolución pública.

El 9 de agosto de 2024, el abogado Franco Rangel fue asesinado a balazos en la colonia La Cubana, en Abasolo, por hombres armados que huyeron tras cometer el ataque.

El 23 de agosto de 2024, Jacob Alejandro Rodríguez Amate fue ejecutado dentro de su despacho jurídico, en la colonia Alameda de Celaya. Después del homicidio, los agresores incendiaron el inmueble en un aparente intento por eliminar evidencias.

El 11 de febrero de 2025, el abogado y docente Osnar Baruc Casillas Saavedra fue asesinado cuando llegaba a su domicilio en la colonia Valle de Señora, en León, en un ataque atribuido a sujetos que viajaban en motocicleta.

El 8 de mayo de 2025, Francisco Arellano Mancera, abogado penalista y catedrático, fue localizado sin vida dentro de su despacho en Celaya, luego de que hombres que se hicieron pasar por clientes ingresaran al inmueble y lo atacaran.

El 14 de marzo de 2025, el abogado, periodista y dirigente de Movimiento Ciudadano Irán Villarreal Belmont fue privado de la libertad en San Luis de la Paz. Horas después fue localizado sin vida, un crimen que provocó condenas de organizaciones civiles y actores políticos.

El 20 de agosto de 2025, los abogados Carlos Rojas Domínguez y Óscar Guillermo Pérez Murillo fueron asesinados a balazos frente a una vivienda de la colonia Hidalgo del Valle, en León. Ambos ejercían principalmente en las materias civil, mercantil y laboral.

En menos de 24 horas se registraron otros dos homicidios de profesionales del Derecho. El 10 de septiembre de 2025, Gustavo Emilio Delgado Muñoz, coordinador estatal de defensores públicos en materia penal, fue asesinado mientras cargaba combustible en una gasolinera de León. Al día siguiente, Sara Zavala Rodríguez, abogada y exdirectora del organismo operador de agua de Abasolo, fue atacada y asesinada cuando circulaba por la avenida Conalep, en Pénjamo.

El 25 de septiembre de 2025, Juan Alberto Camarillo Zavala, abogado y jefe regional de la Fiscalía General del Estado, fue privado de la libertad cuando se dirigía a trabajar sobre la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo. Su cuerpo fue localizado horas después.

Otro caso ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando María Antonieta Luna Bautista, mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato, fue atacada a balazos mientras transitaba por la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. La funcionaria falleció a consecuencia de las heridas.

La violencia contra el gremio continuó en 2026. El 3 de junio, los abogados Tiburcio Villegas Ornelas y su hijo José Antonio Tiburcio Villegas Rodríguez fueron asesinados durante un ataque armado en Dolores Hidalgo. Poco más de un mes después, el 12 de julio, Jesús Armando Rosales Álvarez, abogado y dirigente juvenil del PAN en Pénjamo, murió junto con otras tres personas durante una agresión ocurrida en una convivencia familiar.

Con el asesinato de Alfredo Duarte Martínez, ocurrido este 21 de julio de 2026 en Irapuato, el número de integrantes del gremio jurídico asesinados en Guanajuato durante los últimos dos años ascendió, al menos, a 15, en un contexto marcado por la violencia que afecta a distintos sectores de la sociedad y por investigaciones que, en varios de estos casos, aún no han derivado en sentencias públicas contra los responsables.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Luis Ballardo López Corral, empresario de 31 años vinculado al sector de restaurantes y bares en Morelia, cuyo cuerpo fue hallado el lunes 20 de julio en un camino de terracería del poblado Cuanajillo del Toro, en las inmediaciones de la carretera federal Morelia-Pátzcuaro.

López Corral había sido reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio. Sus familiares y amigos lanzaron una campaña de búsqueda en redes sociales acompañada de un cartel con sus características físicas: estatura de 1.75 metros, complexión atlética, tez morena clara, cabello castaño oscuro corto, barba poblada y un tatuaje en el antebrazo derecho.

¿Qué se sabe del crimen?

La necropsia practicada por peritos criminalistas de la FGE reveló que la causa de muerte fue un fuerte impacto en la región torácica. El golpe no dejó marcas externas visibles, lo que llevó a los investigadores a considerar en un primer momento la hipótesis de un paro cardiorrespiratorio. Los estudios forenses posteriores descartaron esa versión y confirmaron el homicidio.

El cadáver fue localizado en una brecha de terracería en el poblado Cuanajillo del Toro, en la zona sur de la capital michoacana.

La familia opera una cadena de bares y restaurantes

Fuentes de la fiscalía informaron que la familia de López Corral es propietaria de la cadena de bares Beer Pong, con una sucursal ubicada sobre la avenida Madero Poniente, frente al Palacio de Gobierno estatal, en el Centro Histórico de Morelia. La familia también está relacionada con los establecimientos La Casa de Lucky y El Ahogado, ambos en la avenida Ventura Puente.

El Gobierno Municipal de Tacámbaro emitió un mensaje de condolencias dirigido a Cela Corral, Jefa de Tenencia de San Juan de Viña y madre de la víctima.

“Nuestras condolencias, los acompañamos en estos difíciles y dolorosos momentos, reciban un fraternal abrazo deseando en todo momento resignación, paz y el descanso eterno para él”, publicó el ayuntamiento en sus redes sociales.

El cuerpo de López Corral fue velado en la casa familiar Corral Guízar la tarde de este martes 21 de julio.

El 8 de marzo pasado, el nombre e imagen de Luis Ballardo circularon en cuentas de Facebook en donde era señalado como presunto deudor alimentario en agravio de un menor de edad. Una página dedicada a exhibir a personas en esa situación publicó que López Corral “se declara insolvente para evitar el cumplimiento de la pensión alimenticia, pese a que se menciona que mantiene un estilo de vida con viajes, consumo de alcohol y otros gastos personales”.

La fiscalía michoacana mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan arrestos ni se ha vinculado el caso a alguna organización criminal de la región.

Tras más de diez días prófugo, se entregó R.I.M, el segundo acusado por el asesinato de Jonathan Pinto en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén. El hecho ocurrió el 7 de julio durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. De acuerdo con el Ministerios Público Fiscal, el nuevo detendio quedó bajo prisión preventiva, junto al primer sospechoso que había sido aprehendido apenas ocurrió el crimen.

El homicidio se produjo cerca de las 23:30, en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, frente a un local gastronómico de Añelo. La investigación sostiene que Jonathan Pinto, de 30 años, participaba en los festejos junto a un grupo de amigos en un bar. En el interior del local, R.I.M comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pinto.

Esta situación provocó una discusión y una pelea entre los presentes. Para evitar que escalara, el grupo de amigos se retiró del bar. Sin embargo, minutos después, Pinto regresó solo al lugar. Al salir a la vereda, fue abordado por R.I.M y V.A.C, quienes lo enfrentaron.

Según la reconstrucción de la fiscal Eugenia Titanti, V.A.C lo apuñaló en varias oportunidades mientras R.I.M lo golpeaba. La víctima logró escapar brevemente, pero cayó a los pocos metros producto de una hemorragia masiva causada por una herida profunda en el tórax, que le perforó el corazón.

Según la reconstrucción del hecho realizada por la fiscalía: “La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta una esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por la puñalada profunda que le perforó el corazón”. El informe preliminar de autopsia confirmó que la causa del deceso fue una hemorragia interna fulminante. Además de la lesión mortal, Pinto tenía otras seis heridas cortantes y punzocortantes, así como hematomas en el cuerpo.

Tras el crimen, comenzó a circular un video en redes sociales donde se lo ve a Jonathan Pinto tendido en la calle, ya sin signos vitales, mientras los equipos de emergencia y agentes policiales llegaban para asistir en la escena. Las imágenes registradas se viralizaron rápidamente y reflejaron el impacto que tuvo el hecho en la comunidad local.

Luego del ataque, ambos agresores huyeron en un Fiat Cronos, aunque V.A.C fue capturado minutos después en las inmediaciones del bar por personal de la Policía provincial. En tanto, R.I.M permaneció prófugo hasta el lunes 20 de julio, cuando se presentó, acompañado de un abogado, en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Judicial de Neuquén.

Ambos acusados se encuentran imputados por homicidio simple en carácter de coautor. Permanecen detenidos en prisión preventiva tras la audiencia ante el juez Juan Manuel Kees, quien consideró el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Tras la audiencia de imputación del segundo detenido, el juez de garantías Juan Manuel Kees avaló la formulación de cargos y dictó prisión preventiva por un plazo de seis meses, con el argumento de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, expresó a Radio 7 Neuquén que todavía se analizaban las circunstancias previas al ataque: “Hay que determinar si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”.

El operativo policial incluyó a personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y Bomberos Voluntarios, que trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y asistir en la investigación. El procedimiento incluyó el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios presenciales. Además, se secuestró un arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”, detalló el comisario.

Según informó Miami Herald, el hombre identificado como Yusiel Lopez Insua, de 47 años, se presentó ante el tribunal federal y se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima. Si bien enfrentaba un castigo máximo de 10 años de prisión si iba a juicio, alcanzó un entendimiento con la acusación y cumplirá un año de prisión efectiva. Además, después tendrá seis meses de arresto domiciliario.

El acuerdo con la fiscalía se anticipaba desde mayo, cuando el abogado defensor de Lopez Insua, Walter Reynoso, había señalado que su cliente no quería “someter a las familias a un juicio y exponerlas a revivir esta terrible tragedia”. Tras la audiencia de este martes, Reynoso declaró a los periodistas que su representado acepta la responsabilidad “por su negligencia criminal en el trágico accidente de barco”, según informó CBS News Miami.

“Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a tres hijas muy pequeñas”, afirmó el letrado a la salida de la audiencia con los medios locales. Las familias de las víctimas no quisieron asistir a la audiencia, aunque algunas planean estar presentes en la lectura de la sentencia, programada para el 13 de octubre.

El accidente ocurrió el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne, en Miami, y cobró la vida de tres niñas: Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de la productora argentina Cris Morena y del director Gustavo Yankelevich; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13 años; y Arielle “Ari” Mazi Buchman, de 10 años, con familiares argentinos. Las tres quedaron atrapadas bajo la barcaza y enredadas entre los restos del velero, y se ahogaron. Además de las víctimas fatales, en la embarcación viajaban un monitor y otros dos niños que lograron sobrevivir. Oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos confirmaron que todos los niños llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión.

Lopez Insua manejaba un remolcador de 25 pies que empujaba una barcaza de 108 pies de largo y 149 toneladas brutas que transportaba escombros de concreto provenientes de una obra de desmantelamiento de un malecón en Star Island. La embarcación se dirigía hacia la isla Di Lido, en Miami Beach, cruzando una zona de la bahía conocida por su intenso tráfico de veleros. La barcaza chocó contra un velero Hobie Getaway de 17 pies operado por un monitor de campamento del Miami Yacht Club de 19 años, con cinco niñas a bordo.

Las pruebas reunidas por los investigadores apuntaron a una serie de negligencias que determinaron la acusación. Según el documento de acusación presentado el 31 de marzo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el teléfono celular de Lopez Insua estaba desbloqueado en el puente de mando y él navegaba por plataformas de comercio electrónico, incluso en el momento de la colisión. El análisis forense del dispositivo reveló actividad no solo durante el trayecto, sino también en los instantes inmediatamente previos o posteriores al impacto.

La visión del agua frente a la embarcación estaba obstruida por los escombros de concreto, la caseta de cubierta y una grúa ubicada en la barcaza. Dos tripulantes se encontraban a bordo, pero ninguno estaba asignado como vigía. Los fiscales señalaron además que Lopez Insua había estado a punto de sufrir varios accidentes graves en los días previos a la colisión. Según el expediente, el velero perdió propulsión al cruzarse con la barcaza y el consejero que estaba al mando se puso de pie e intentó alertar a la tripulación del remolcador antes del impacto, sin éxito.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, había afirmado al momento de la acusación que se trató de “una pérdida de vidas que pudo haberse evitado” y subrayó el incumplimiento de las normas básicas de seguridad marítima.

La investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), Región Sureste; la Guardia Costera de Estados Unidos, Sector Miami; y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

De acuerdo con la investigación, el procesado habría integrado primero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, posteriormente, el frente 10 de las disidencias de las Farc, donde fungió como presunto sicario. La cadena de delitos por la que ahora es procesado incluye asesinatos de líderes sociales, miembros de la fuerza pública y firmantes del Acuerdo de Paz, así como ataques armados y otros crímenes de alto impacto.

Según comunicados oficiales de la Fiscalía, la trayectoria delictiva de Enciso Bejarano refleja las transformaciones recientes del conflicto armado en Arauca, una de las regiones más afectadas por la disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales. El expediente judicial presentado por la Unidad Especial de Investigación documenta hechos violentos distribuidos en diferentes municipios del departamento, zona fronteriza con Venezuela.

El historial criminal: de guerrillero a presunto jefe de sicarios

Las autoridades ubican los orígenes de alias Barbas en las filas del ELN, grupo en el que habría iniciado sus actividades armadas. Las indagaciones sostienen que, posteriormente, desertó para vincularse al frente 10 de las disidencias de las Farc, organización ilegal que desde hace años disputa corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Este cambio de militancia coincidió con una escalada de violencia en Arauca, marcada por enfrentamientos entre ambos grupos y un incremento en los índices de homicidios, desplazamientos y amenazas, según informes de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU.

La Fiscalía imputó a “Barbas” delitos como homicidio agravado en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego. El ente investigador señaló que los hechos atribuidos al procesado formaron parte de una estrategia para asegurar el control y dominio territorial en Arauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia.

Casos emblemáticos y modus operandi

Entre los hechos más graves que integran el expediente resalta el ataque armado contra una patrulla del Ejército Nacional registrado el 11 de septiembre de 2021 en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita.

De acuerdo con la Fiscalía, alias Barbas habría participado en la acción que dejó siete militares muertos —un sargento y seis soldados—, siete uniformados heridos y el robo de 14 fusiles de dotación oficial. Este caso figura como uno de los eventos más letales perpetrados contra la fuerza pública en la región durante los últimos años.

Otro crimen documentado es el asesinato de Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera en Fortul, ocurrido en octubre de 2022. Las investigaciones indican que “Barbas”, acompañado por otros dos hombres, arribó a la finca de la víctima con la intención de secuestrarla.

Ante la negativa del líder comunitario, le disparó y ocultó el cuerpo en la vereda Agua Viva, municipio de Fortul. Este hecho, según la Fiscalía, se inscribe en la política de amedrentamiento y control social ejercida por los grupos armados ilegales sobre las comunidades rurales.

La Fiscalía también vincula a Enciso Bejarano con ataques a firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y otros actores civiles, en el contexto de la disputa territorial por Arauca. El expediente revela que los delitos habrían sido cometidos entre marzo de 2020 y agosto de 2023, periodo en el que el procesado habría operado como sicario de ambas organizaciones, según consta en los materiales probatorios recopilados.

Durante las audiencias preliminares, alias Barbas no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El ente acusador dispuso su permanencia en prisión, en cumplimiento de medidas de aseguramiento ya vigentes por otros procesos judiciales. Mientras avanza el proceso judicial, el procesado permanecerá privado de la libertad.

Un hecho de violencia estremeció la tarde del lunes 20 de julio al barrio Nueva Colombia, en el suroccidente de Barranquilla.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un atentado sicarial en su vivienda, lo que dejó como saldo la muerte de Ingrid Margareth Ramos, de 61 años, y heridas de gravedad en su esposo, Fernelis Elías Córdoba Moreno, de 66 años. Según medios locales, las autoridades manejan como principal hipótesis una retaliación criminal dirigida no contra las víctimas, sino contra su entorno familiar.

Detalles del ataque: dos sicarios irrumpieron en la vivienda

El ataque ocurrió hacia las 6:20 p. m. en la carrera 21B con calle 73. De acuerdo con la información aportada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al inmueble donde se encontraba la pareja, ingresaron y abrieron fuego de manera directa antes de huir del lugar. Ramos recibió disparos en el cuello, hombros, brazos y clavícula, mientras que Córdoba Moreno fue impactado en brazos y piernas.

Vecinos y familiares auxiliaron a las víctimas y las trasladaron al centro asistencial Camino La Manga. Los médicos confirmaron poco después el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las heridas sufridas. Su esposo permanece hospitalizado y bajo observación médica, según confirmó la Policía.

Hipótesis de retaliación: el entorno familiar bajo la lupa

Ni Ingrid Margareth Ramos ni Fernelis Elías Córdoba Moreno registraban antecedentes judiciales ni vínculos directos con organizaciones criminales, detalló la Policía Metropolitana. Ese dato llevó a los investigadores a explorar otras líneas, centrando la atención en el entorno familiar. La principal hipótesis apunta a que el ataque estaría relacionado con conflictos criminales en los que estaría involucrado uno de sus hijos, actualmente privado de la libertad.

El hijo de la pareja habría sostenido una discusión previa con un hombre vinculado a la estructura delincuencial conocida como Los del Freseo. Durante ese altercado, el hijo habría amenazado con atentar contra familiares de integrantes de esa organización. El joven, identificado por las autoridades como presunto miembro de Los Costeños, permanece recluido en la Cárcel El Bosque desde el 13 de febrero de 2025.

Las pesquisas apuntan a que la retaliación habría sido ejecutada por presuntos miembros de Los del Freseo como respuesta a las amenazas del hijo, impactando directamente a sus padres.

Avance de las investigaciones y medidas de seguridad

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y reconstruyendo la secuencia de los hechos para identificar a los responsables.

El caso se investiga bajo la hipótesis de una acción premeditada y dirigida, motivada por disputas entre estructuras criminales que trasladaron sus conflictos a entornos familiares ajenos.

Mientras tanto, la comunidad de Nueva Colombia permanece atenta al resultado de las investigaciones y a las medidas de seguridad que puedan implementarse frente al recrudecimiento de la violencia en la zona.

Contexto de violencia en Barranquilla y el Atlántico

El atentado contra la pareja ocurre en medio de una escalada de violencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Solo durante el puente festivo se registraron al menos 14 homicidios, entre ellos el de una niña de dos años y el de una adolescente de 16.

Cuatro de las víctimas mortales de este periodo fueron mujeres. El barrio Nueva Colombia fue escenario de otro hecho violento el domingo 19 de julio, cuando Elvis López Martínez, conocido como alias Piolín, fue asesinado presuntamente por viejas rencillas.

De acuerdo con declaraciones de la defensora de derechos humanos Ruth Pareja recogidas por Blu Radio, los homicidios de mujeres y menores encendieron las alarmas en la región.

“Ya estamos alcanzando la cifra del 2025. Hoy estamos exigiendo que los niños no pueden estar en medio de un conflicto territorial que se viene agudizando durante los últimos años”, expresó Pareja.

Alejandra Quintos, mamá de Dafne, acusó que hay diversas irregularidades en la investigación de la muerte de su hija en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, señalando que incluso podrpia haber una ‘fuga de responsables’.

Alejandra Quintos cuestionó la falta de avances y exigió justicia ante medios de comunicación, al afirmar que pese a las declaraciones de apoyo institucional, aún no hay personas detenidas por el presunto homicidio ni resultados tangibles en la investigación.

“Dicen que me espere, que el proceso ahí va, que cuento con todo mi apoyo. Esas son mentiras”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación, afuera de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género de Tamaulipas.

Subrayó que, a diferencia de la reacción inmediata ante delitos menores, en el caso de su hija no hay ningún detenido, ni siquiera bajo prisión preventiva.

“Cuando tú agarras un objeto que no es tuyo, te agarran. Cuando tú matas a alguien... ¿qué dicen? ¿Quién es el propietario? Tráiganlo, jálenlo. Hoy vengo a alzar la voz”, declaró.

Relató que ha recibido numerosos mensajes, escritos y videos de personas que también denuncian violencia en instituciones militarizadas, por lo cual convocó a otras víctimas y familiares a compartir sus testimonios.

“Hay gente que me dice: ‘Oye, Alejandra, yo me casé con fulanito de tal, y dice mi suegro que él estuvo ahí y le hacían esto, esto y esto. Lo bañaban con agua fría. A todas las mujeres las sometían por sumersión, si no hacían caso. Les daban cinturonazos, los bañaban con excrementales, les hacían un sinfín de cosas’”, relató.

La mamá de Dafne aclaró que solo puede hablar por su hija, pero consideró que la violencia y el maltrato han sido una práctica recurrente en este tipo de entornos.

“¿Cuántos niños no han sometido, violentado en estas instituciones militarizadas, sean públicas, sean privadas y se callan por miedo?”, cuestionó.

Alejandra Quintos hizo énfasis en el riesgo de que los responsables puedan evadir la acción de la justicia debido al tiempo transcurrido desde los hechos, por lo que incluso hizo un llamado a ‘cerrar’ carreteras y aduanas.

“Cierren carreteras, aduanas, y tú si la ves, tráela y deténla, porque tiene años haciendo estas praxis”, pidió públicamente.

Señaló que han identificado entre cinco y cuatro personas presentes el día de la muerte de Dafne, aunque se negó a dar nombres completos por resguardo. En este sentido, insistió en que las autoridades deberían actuar de inmediato para impedir cualquier intento de fuga.

“¿No se les hace raro? Pónganse a analizar, ¿no se les hace raro?”, preguntó a los reporteros.

Anunció que impulsará la Ley Dafne, con la intención de evitar nuevos casos de abuso y violencia en instituciones educativas militarizadas. Explicó que la ley está en desarrollo y la presentará formalmente más adelante, además de que exigió la reclasificación del delito en la investigación oficial.

“Aquí están diciendo que es homicidio, pero no especifica todo, todo, todo lo que le encontramos en su cuerpecito en la segunda necropsia”, declaró.

Aseguró que su hija fue torturada y no descartó solicitar una nueva necropsia para documentar todos los hallazgos.

Alejandra Quintos remarcó que el caso ha tenido eco en medios internacionales y que ha recibido apoyo de personas en Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

Destacó su propia formación como maestra y la del padre de Dafne, quien es director de un plantel escolar, para rechazar cualquier insinuación de desconocimiento sobre los métodos educativos.

“No nos quieran picar los ojos, eso es tortura, eso es violación. Hay casos de pedofilia ahí adentro”, afirmó.

¿Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos?

Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años originaria de El Mante, murió el 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El certificado de defunción clasifica el fallecimiento como homicidio, con causa de “asfixia por sumersión” y recientemente, la Fiscalía de Tamaulipas señaló que investiga bajo protocolo de feminicidio, aunque aún no hay detenidos.

• Cronología y reportes de la academia

De acuerdo con Alejandra Quintos, Dafne ingresó al campamento el 13 de julio. El reglamento prohibía el contacto directo entre alumnos y familias; la coordinadora Estrella Mora era el enlace.

El 14 de julio, Mora informó a la madre que Dafne vomitó y se desmayó, golpeándose el labio: sin emabrgo, aseguró que ya había sido medicada y atendida. Mora envió un video de la menor, pero nunca entregó receta médica.

Posteriormente, Mora relató que Dafne abrazó a la instructora y expresó querer quedarse en el plantel, lo que la madre consideró fuera de carácter.

El 16 de julio, Mora reportó mejoría. El 17 de julio, el estado de salud de Dafne empeoró: tos, vómito e incontinencia; fue bañada, arropada y medicada. A las 23:45 horas, una persona no identificada informó a la madre sobre la muerte de Dafne. Cuando la madre llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y no había presencia de autoridades.

• Testimonios y denuncias

Durante la declaración ante el Ministerio Público, Alejandra Quintos dijo que una niña que compartió el campamento relató que a Dafne la arrojaron al suelo, la castigaban sumergiéndole la cara en agua y la obligaban a correr.

La abuela de Dafne afirmó que el cuerpo tenía heridas no explicables por una caída. Otros testimonios señalan que alumnos eran obligados a drogarse y golpearse entre sí.

• Postura del director y situación del plantel

El director Jorge Luis Ponce Ortega declaró que Dafne llegó con una dolencia previa y se desvaneció en la regadera. La madre rechaza esta versión, apoyada en el certificado de defunción.

Ponce ofreció devolver los 25 mil pesos pagados por el curso y denunció amenazas en redes sociales.

El plantel fue clausurado, pero la familia reportó que cinco personas violaron sellos para ingresar. La necropsia reveló exceso de agua en pulmones y tráquea.

• Antecedentes y exigencias

La academia tiene más de 30 años de operación y registro ante la SEP. Existen denuncias previas por maltrato y abuso que no prosperaron.

La familia exige una investigación completa, revisión de cámaras y peritaje independiente.

El gobernador no se ha pronunciado. La madre convocó a un plantón y solicita intervención federal.

La tranquilidad habitual de la campiña en el departamento de Matagalpa se quebró de forma trágica la madrugada del 20 de julio. Lo que debía ser el comienzo de una jornada laboral más en las tierras del municipio de San Ramón terminó convertido en un sangriento episodio que hoy mantiene consternada a toda la comunidad.

Antonio Godínez Arista, de aproximadamente 50 años, y su joven hijo, Eugenio Godínez Mendoza, de 23 años, fueron asesinados violentamente mientras resguardaban la propiedad donde laboraban. Padre e hijo se desempeñaban como cuidadores en la finca Blancher, un predio propiedad de Fernando Horacio Guzmán Pérez.

Ambos habían salido desde muy tempranas horas con el compromiso de velar por el patrimonio del lugar, sin imaginar que se cruzarían en el camino de la muerte. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos, es que varios sujetos armados habían ingresado a las parcelas con la intención de cometer abigeato (hurto de ganado) intentando sustraer una vaca de la propiedad.

Sin embargo, versiones recabadas entre los parientes de las víctimas apuntan también a una disputa originada cuando Antonio sorprendió a desconocidos invadiendo el terreno para realizar el corte ilegal de madera.

Al notar la presencia de los intrusos, Antonio Godínez decidió encararlos y reclamarles por el delito cometido en la finca que tenía bajo su custodia. La confrontación verbal escaló rápidamente en tensión. Al ver a su padre en peligro, el joven Eugenio intervino desesperadamente para defenderlo. La respuesta de los delincuentes fue implacable y despiadada: arremetieron contra ambos hombres utilizando armas cortantes.

Inicialmente se detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por machete. No obstante, conforme avanzaron las horas, los datos forenses recopilados revelaron que padre e hijo también habrían recibido impactos de bala durante el violento ataque, lo que les causó la muerte de manera casi instantánea en el lugar.

El desgarrador hallazgo en la parcela

El horror de la escena fue descubierto minutos después por la propia familia. Pablo Antonio Godínez Mendoza, también hijo de Antonio, relató los angustiosos momentos en que escuchó los gritos y la discusión a la distancia. Presintiendo lo peor, corrió entre los matorrales hacia el punto del conflicto.

Al llegar, la escena era desgarradora. Pablo encontró primero el cuerpo inerte de su padre sobre la hierba. Devastado por el dolor y en medio de la penumbra, comenzó a buscar desesperadamente a su hermano Eugenio, a quien halló a unos metros de distancia, también sin signos vitales.

La alerta inmediata movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades. Trascendió de forma extraoficial que otro familiar de las víctimas resultó con heridas de gravedad durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, donde permanece bajo supervisión médica.

Tras el reporte del doble homicidio, un contingente de la Policía Nacional junto a peritos de Criminalística y médicos forenses se desplegaron en la finca Blancher. Las autoridades acordonaron el área para recopilar evidencias hemáticas, balísticas y huellas que permitan esclarecer con precisión el móvil del crimen.

Como resultado de las primeras acciones operativas en la zona de San Ramón, la Policía Nacional confirmó la detención de tres sospechosos identificados como Juan Chavarría Obregón, Óscar Chavarría Obregón y Pablo Chavarría. Los tres ciudadanos permanecen bajo custodia policial y están siendo investigados por su presunta participación directa en el ataque.

Mientras los peritos continúan determinando si la causa principal del crimen fue el intento de abigeato o la invasión para la tala ilegal, la comunidad de Mina Verde y sus alrededores claman por justicia. La trágica partida de Antonio y Eugenio deja un profundo vacío entre sus seres queridos y un sentimiento de indignación en el campo matagalpino.

Dos hombres que se encontraban departiendo bebidas alcohólicas en el oriente del territorio salvadoreño habrían protagonizado una violenta riña la cual terminó en una escena de homicidio en el distrito de Yucuaiquín, La Unión Sur, residentes de la zona dieron alerta a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron al llamado.

Tras confirmarse la escena del crimen, las autoridades detallaron que el agresor fue identificado como Fredis Antonio Campos Álvarez, de 49 años, quien atacó con un corvo a su hermano de 45 años durante una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol.

La Policía Nacional Civil desplegó un amplio operativo en la zona para ubicar al acusado y varias horas después, confirmaron su captura.

En El Salvador, el homicidio puede ser castigado con cadena perpetua tras recientes reformas constitucionales y penales promovidas por el gobierno. Las penas varían según la gravedad y las circunstancias del delito; el homicidio simple, como el caso de los hermanos Campos Álvarez, puede recibir una condena de entre 25 y 35 años de prisión.

Las medidas implementadas dentro del Plan Control Territorial han provocado una reducción significativa de los hechos de violencia, especialmente en los homicidios reportados durante el mes de julio.

Según registros oficiales, en 2018 se reportaron jornadas con más de 10 homicidios diarios, mientras que en los años recientes, en 2025 y 2026, las cifras diarias se mantienen cerca de cero.

Este descenso muestra el impacto de las acciones de seguridad pública adoptadas recientemente, al compararlas con los años previos a la aplicación del plan.

Entrega de prófugo salvadoreño acusado de homicidio en frontera con Honduras

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil de El Salvador y las autoridades de Honduras, fue capturado y entregado a las autoridades salvadoreñas José Álvaro Gutiérrez Murcia, de 48 años, quien se mantenía prófugo por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado.

Según el informe oficial, Gutiérrez Murcia evitaba la justicia salvadoreña y permanecía oculto en territorio hondureño, donde fue localizado gracias a la coordinación internacional.

La entrega se realizó en la frontera de El Poy, punto estratégico para la verificación de identidad y la formalización del traspaso a las autoridades de El Salvador.

En ese lugar, personal policial utilizó el sistema ONI para confirmar que Gutiérrez Murcia era requerido por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, responsable de procesar delitos graves en la zona norte del país.

Tras la entrega, las autoridades salvadoreñas informaron que el detenido será puesto a disposición de la justicia, cumpliendo los procedimientos legales para enfrentar los cargos correspondientes. El caso evidencia la cooperación entre países vecinos en temas de seguridad y persecución de delitos graves, dentro de las acciones del Plan Control Territorial.

El brutal crimen de un chico de 17 años y el ataque a su hermano de 20, quien se encuentra con pronóstico reservado, conmocionó este fin de semana a una localidad de alrededor de 100 habitantes del departamento de Las Heras.

Ambas víctimas fueron encontradas tiradas en la vía pública: el primero tenía un puntazo en el tórax que resultó ser mortal, y el mayor presentaba heridas de arma blanca por todo el cuerpo.

El episodio que dio lugar al trágico hecho ocurrió tras una pelea que se desató el domingo por la noche en la localidad de Polvaredas, en la provincia de Mendoza, a la altura del kilómetro 1189 de la Ruta Nacional 7. La escena se registró pasadas las 21.15 en el barrio Cuadro Estación, ubicado en plena Alta Montaña.

Según informó El Sol, el conflicto tuvo su origen horas antes, durante la mañana del mismo domingo, cuando residentes de una vivienda del barrio se quejaron por los daños ocasionados a los cristales y espejos retrovisores de un camión que estaba estacionado en la vía pública. La situación derivó en un primer cruce verbal entre las personas de esa casa y los familiares de los dos chicos (que luego serían atacados), por un vehículo cuya procedencia no trascendió.

Si bien el enfrentamiento no pasó a mayores en ese momento, al caer la noche los jóvenes agredidos regresaron al mismo domicilio, donde el conflicto escaló. Ahora las autoridades intentan determinar si los responsables del ataque son los dueños de la vivienda o si, luego de la disputa, ocurrió algún otro suceso.

Qué se sabe hasta ahora de los hechos

De acuerdo con la información publicada por el mismo portal local, en el ataque habrían participado tres personas: un joven de 25 años y una mujer de 26, y un tercer sujeto a quien buscan luego de fugarse del lugar. El sospechoso fue identificado como “Chucky” V, indicó El Editor de Mendoza.

El personal policial llegó a la escena tras recibir una alerta y encontró al menor de los hermanos tendido en la vía pública e inconsciente. A pocos metros se hallaba el de 20 con diez puñaladas. Los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladaron a ambos de urgencia al Hospital de Uspallata, donde los médicos constataron el deceso del adolescente de 17 años a causa de una herida cortopunzante en el tórax, a la altura del corazón. Y dejaron internado con pronóstico reservado al otro joven. Sin embargo, por la gravedad de su cuadro, debió ser derivado al Hospital Central de la ciudad de Mendoza.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó pericias en el lugar y el relevamiento de testimonios de vecinos de la zona. Por instrucción de la Ayudante Fiscal de turno, los dos sospechosos que permanecían en el lugar quedaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Ambos presentaban lesiones menores; el hombre tenía un corte en el pulgar de la mano derecha y la mujer, una herida de dos centímetros en la zona de la nariz. La Justicia también dispuso el establecimiento de una consigna policial fija en la vivienda de los imputados.

El joven de 20 años internado en el hospital capitalino registra antecedentes penales del año 2024 por las causas de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y robo simple. Se espera que la declaración del sobreviviente ayude a reconstruir la escena, en tanto no se descarta ninguna hipótesis.

La investigación del caso está a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, con intervención de personal de la División Homicidios y peritos de la Policía Científica.

El asesinato de Jader Durango en el municipio de Tierralta, Córdoba, ha generado conmoción en los sectores sociales y comunitarios del departamento.

Durango, conocido por su labor como líder social, comunicador y locutor, integraba el colectivo de comunicación Casup y dedicó buena parte de su vida a la formación de jóvenes en el campo de la locución, además de impulsar iniciativas comunitarias en el corregimiento de Batata.

El cuerpo de Jader Durango fue encontrado el 18 de julio de 2026 sobre la vía que conecta el sector de La Sierpe y la vereda Murmullo, en una zona rural de Tierralta. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el líder social presentaba múltiples heridas que le ocasionaron la muerte.

La situación ha encendido las alarmas en la región, donde la Defensoría del Pueblo ha identificado el municipio como área de alto riesgo mediante la alerta temprana 054/19, debido a la presencia y disputas entre actores armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas.

Tierralta es un territorio con riqueza ambiental y minera, cuya ubicación cercana al Nudo de Paramillo aumenta su valor estratégico para los grupos armados.

La persistencia de conflictos ha provocado graves afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, tales como desplazamientos forzados, pérdida de fuentes de sustento y presión sobre los territorios. Organizaciones como el EGC/Clan del Golfo, Los Caparros y otros grupos locales operan en la zona, agravando la situación humanitaria y de seguridad.

La jurisdicción corresponde a la Primera División del Ejército colombiano, que mantiene presencia en la región. Sin embargo, la violencia no da tregua y, con el crimen de Durango, ya son 82 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2026, según el reporte de Indepaz.

El caso pone nuevamente en el centro del debate nacional la urgencia de garantizar la protección de quienes trabajan por los derechos humanos y la defensa de las comunidades más vulnerables en Colombia.

Crimen de líder sindical Juan Carlos Vargas Mosquera en Palmira, Valle del Cauca: le dispararon en repetidas ocasiones

El municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, registró el asesinato de Juan Carlos Vargas Mosquera, reconocido líder sindical, miembro de Asonal Judicial S.I. y funcionario de la Fiscalía General de la Nación. La víctima también se sumó a la preocupante lista de defensores de derechos humanos asesinados en el país durante el año.

Según el reporte de Indepaz, Vargas Mosquera fue atacado en la noche del jueves 16 de julio de 2026 en la carrera 32 con calle 33 de Palmira. Hombres armados lo abordaron y, tras dispararle en repetidas ocasiones, acabaron con su vida en el lugar de los hechos.

La violencia ejercida contra el líder sindical reflejó el grave riesgo que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y sindical en la región.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la situación de riesgo en Palmira, emitiendo la Alerta Temprana 010/24 y el informe de seguimiento 025/24. Ambos documentos señalaron la consolidación del Frente Adán Izquierdo en áreas rurales, medias y suburbanas del municipio, donde este grupo ejerce control territorial e implementa mecanismos de gobernanza armada.

Producto de las masacres recientes, el grupo armado ha intensificado amenazas, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.

Palmira, junto con corregimientos como Tenjo, Tablones y Tienda Nueva, enfrentan amenazas constantes contra la población civil, derivadas de las disputas entre el Frente 57 Yair Bermúdez, el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central EMC y otras bandas locales. La región permanece bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército colombiano, aunque la persistencia de estos grupos ilegales continúa generando temor y desplazamientos.

Con el asesinato de Juan Carlos Vargas Mosquera, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 había subido a 81, de acuerdo con el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El certificado de defunción de Dafne Zapata Quintos clasifica su muerte como homicidio; la causa: “asfixia por sumersión“. La adolescente de 13 años murió el jueves 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y desde entonces su madre Alejandra Quintos reconstruye, llamada por llamada y testimonio por testimonio, lo que ocurrió en los cuatro días que la institución tuvo a su hija bajo su cuidado. La Fiscalía de Tamaulipas investiga bajo protocolo de feminicidio. No hay detenidos.

Dafne era originaria de El Mante y había ingresado al campamento el lunes 13 de julio. Durante los cuatro días que duró su estancia, el reglamento del plantel prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. El personal de la academia era el único que emitía reportes sobre el estado de los menores. La coordinadora del área femenil, identificada como Estrella Mora, fue la persona que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos durante esos días.

Cuatro días de llamadas: cómo el plantel mantuvo tranquila a la madre

De acuerdo con el testimonio de la madre, el martes 14 Mora llamó a Quintos para reportar que Dafne había vomitado y se había desmayado de frente durante una actividad física, sin meter las manos, abriéndose el labio. Le envió un video de la menor acostada, con la boca lastimada. Le dijo que era “un leve raspón”, que ya estaba medicada, con suero, descansando bajo el aire acondicionado.

La madre pidió que la llevaran al médico. Mora respondió que ya había sido atendida y que el especialista la encontró bien. Cuando Quintos solicitó la receta para reembolsar los gastos, Mora nunca la envió.

En esas mismas llamadas, Mora comenzó a construir otra versión: le decía que Dafne había abrazado a la instructora tres veces durante un entrenamiento, que le decía que la quería como a una mamá, que no quería regresar a casa porque se sentía sola, que quería quedarse a estudiar la secundaria en la academia.

“Yo dije: esa no es mi hija. Ella es alegre pero introvertida. Jamás le va a decir esas palabras a una persona que tiene dos días de conocerla”, declaró Quintos en entrevista con Fórmula Noticias.

El miércoles, Mora reportó que Dafne había amanecido mejor. El jueves el reporte cambió de nuevo: tos, vómito, incontinencia. Mora dijo que la había bañado y que estaba arropada con Theraflu y tecitos. Eran las 11:30 de la noche.

A las 11:45, una persona que nunca se identificó tomó el teléfono: “Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá”. Alejandra Quintos vive en Ciudad Mante, a tres horas de Ciudad Madero. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y los servicios funerarios presentes. No había policías. No había Protección Civil.

“La sumergieron y la ponían a correr”: lo que una niña le contó a la madre

Días después del fallecimiento, mientras Alejandra Quintos rendía declaración ante el Ministerio Público, se topó en los baños con una menor que había estado en el campamento. La niña la abrazó y le dijo: “Gracias por salvarnos, señora, gracias por salvarnos”.

Luego le describió lo que presenció. Según el relato que Quintos reprodujo: “A Dafne, cuando estaba parada, la aventaron y se fue de boca. Luego la subieron al cuarto y cuando la castigaban la sumergían su carita en agua y cuando ya no podía más, la ponían a correr sin parar”.

La abuela de Dafne también habló con medios. Afirmó que el cuerpo de la menor presentaba heridas en distintas partes del rostro y rechazó que esas lesiones pudieran explicarse por una caída o un desvanecimiento. Dijo que no le permitieron tomar fotografías del cuerpo. “No es justo. La golpearon, yo sé que la golpearon”, sostuvo.

Al día siguiente del fallecimiento, varias madres de familia entraron al plantel a recoger a sus hijos. Los menores declararon ante el Ministerio Público. “Los niños dicen todo lo que le hicieron a Dafne y a otros niños y adolescentes que estaban ahí”, afirmó Quintos. Uno de esos testimonios, ya difundido en medios locales, señala que los alumnos eran obligados a drogarse para soportar los entrenamientos. Otro describe que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí: quien se negaba recibía doble castigo al día siguiente.

El director niega los hechos, ofrece devolver el dinero y dice tener miedo

El director de la academia, Jorge Luis Ponce Ortega, acudió por tercera ocasión el domingo a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes para ampliar su declaración. Sostuvo que Dafne llegó al campamento con una dolencia previa que el médico no pudo detectar. “Aparentemente la niña traía una dolencia. De repente se desvaneció en la regadera bañándose y ya no despertó”, declaró al El Sol de Tampico.

La madre rechaza esa versión y afirma que su hija ingresó al plantel sin ningún problema de salud. El certificado de defunción que Quintos difundió en redes sociales contradice la versión del director: clasifica el hecho como homicidio y establece “asfixia por sumersión” como causa de muerte.

Ponce también se refirió al pago que realizó la familia por el curso, de 25,000 pesos. “Le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”, consignó el medio Debate. La frase generó críticas en redes sociales.

Sobre las denuncias de maltrato, respondió: “¿Cuándo fueron a dar la queja? Todo mundo se le hace fácil decir cosas atrás de un celular, mediante nombres ficticios”, dijo.

El director reveló además que ha recibido amenazas de muerte. “Tengo miedo, tengo que salir hasta con cubrebocas porque he sido amenazado de muerte en las redes sociales. Quiero pedirle a la gente que espere a que realmente se esclarezca el caso, porque están presionando a las autoridades y lo único que pueden conseguir es que se culpe a un inocente”, afirmó.

Sobre el futuro del campamento, dijo no tener una decisión tomada: “Apenas vamos a tener una reunión la próxima semana con los papás y ya ellos me dirán qué es lo que quieren”.

El plantel clausurado, sin detenidos y con los sellos violados

La Fiscalía de Tamaulipas aseguró el inmueble de la academia, ubicado en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo, bajo la carpeta de investigación 0027/2026. Los sellos fueron colocados en todos los accesos del plantel.

Quintos denunció que cinco personas habrían violado esos sellos para ingresar al plantel con el argumento de cuidar a la mascota de la academia, y que en grupos de WhatsApp vinculados a la institución circula la versión de que Dafne “se cayó bañándose sola” y fue una muerte natural.

La necropsia practicada por la Fiscalía reveló una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea. El propio Ponce reconoció que la autoridad ministerial le informó que la causa fue “asfixia por sumersión”, aunque ofreció dos lecturas: “Eso puede ser de dos maneras, por alguien que se ahogó en la alberca o por alguien que se ahogó con su propio líquido”, dijo. La Fiscalía no ha confirmado oficialmente esa clasificación ni ha presentado conclusiones sobre la mecánica de los hechos.

Ante la desconfianza en las autoridades, la familia anunció que contratará peritos independientes para una segunda necropsia. “A lo mejor ellos también están coludidos. Muchas cosas se pueden hacer en un momento, pero yo voy a defender a mi hija”, declaró Quintos.

Academia con 30 años de operación, registro ante la SEP y denuncias previas sin respuesta

La Academia Militarizada Marina Doenitz opera en Ciudad Madero desde hace más de tres décadas y cuenta con Clave de Centro de Trabajo otorgada por la SEP para impartir educación desde nivel básico hasta preparatoria, además de internado y campamentos vacacionales.

Alejandra Quintos afirmó que ya existían denuncias previas ante la Comisión de Derechos Humanos que no prosperaron. Una exalumna identificada como Claudia Patricia acudió a declarar ante la Fiscalía Especializada para señalar que durante su estancia presenció gritos, humillaciones y castigos físicos, y que compañeros le relataron presuntos abusos que ocurrían de noche, de acuerdo con Hoy Tamaulipas. La misma exalumna acusó a un profesor de box de realizar tocamientos indebidos a alumnas bajo el argumento de efectuar ejercicios de estiramiento.

La familia exige que la investigación alcance a todas las personas que tuvieron contacto con Dafne durante el campamento, que se revisen las cámaras de seguridad y que se determine si la menor recibió atención médica oportuna.

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal no se ha pronunciado sobre el caso ni se ha comunicado con la familia. El ayuntamiento de Ciudad Madero solicitó al gobierno estatal y a Protección Civil Regional verificar si el plantel contaba con los permisos necesarios para operar el curso de verano.

Alejandra Quintos convocó a un plantón frente a la academia este lunes 20 de julio a partir de las 7:00 horas y exige que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga directamente en el caso.

Un nuevo documento difundido este domingo por la madre de Dafne Quintos en redes sociales clasifica la muerte de la adolescente de 13 años como un homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”. La imagen, que Alejandra Quintos identificó como el certificado de defunción de su hija, se conoce mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero.

La madre de la menor compartió la imagen acompañada de un mensaje en el que reiteró su exigencia de justicia y aseguró que continuará con las acciones legales hasta conocer cómo ocurrió la muerte de su hija.

La información contenida en el certificado es consistente con uno de los principales hallazgos periciales dados a conocer previamente por la Fiscalía, que informó que la necropsia practicada a la adolescente reveló una cantidad importante de agua en los pulmones. Sin embargo, la dependencia no ha presentado conclusiones sobre la mecánica de los hechos ni ha determinado públicamente las posibles responsabilidades penales.

La familia cuestiona la atención que recibió Dafne antes de morir

Desde el fallecimiento de la adolescente, Alejandra Quintos ha sostenido que existieron presuntas omisiones por parte del personal de la academia militarizada durante la emergencia médica.

De acuerdo con su testimonio, recibió una primera llamada en la que le informaron que Dafne presentaba vómito y había perdido el control de sus esfínteres. Ante ello, pidió que la trasladaran a un hospital o solicitaran una ambulancia. Según su versión, el personal le respondió que la menor ya había sido estabilizada, aseada y puesta a descansar.

Tiempo después recibió una segunda llamada en la que le notificaron que la adolescente se había desvanecido y ya no presentaba signos vitales, por lo que debía trasladarse a Ciudad Madero.

La familia también ha señalado que el cuerpo presentaba diversas lesiones, entre ellas golpes en la cabeza, circunstancias que forman parte de las diligencias ministeriales y sobre las cuales la Fiscalía no ha emitido una conclusión oficial.

La investigación continúa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación para reconstruir lo ocurrido durante el campamento y determinar si existió alguna conducta delictiva relacionada con la muerte de la menor.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la dependencia no ha confirmado la clasificación de homicidio contenida en el documento difundido por la madre de Dafne ni ha informado sobre personas detenidas o imputadas por el caso.

Tras hacerse pública la muerte de la adolescente, comenzaron a circular en redes sociales testimonios atribuidos a exalumnos y padres de familia de la academia militarizada, quienes denunciaron presuntos malos tratos, medidas disciplinarias excesivas y deficiencias en la alimentación. No obstante, esos señalamientos no han sido corroborados por las autoridades y, hasta el momento, no forman parte de una determinación oficial dentro de la investigación.

Mientras continúan las diligencias, Alejandra Quintos ha reiterado que seguirá impulsando las acciones legales para que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que murió su hija y determinen si existen responsabilidades penales.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, luego de que presuntamente intentara sobornar a elementos de la Policía de Investigación Estatal que realizaban diligencias relacionadas con el homicidio del periodista y docente Josué Martínez Contreras, asesinado el pasado 16 de julio de 2026 en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con la institución, la captura ocurrió el 18 de julio de 2026, mientras los agentes desarrollaban actos de investigación para esclarecer el crimen que ha generado atención pública debido a que la víctima ejercía el periodismo y también se desempeñaba como docente.

La detención ocurrió durante diligencias en San Lucas Atoyatenco

La FGE detalló que los hechos se registraron cerca de una tienda de conveniencia ubicada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, donde los investigadores realizaban diversas diligencias relacionadas con el caso.

Según la versión oficial, Javier N. manifestó a los agentes que tenía conocimiento de que era objeto de una investigación y, con el propósito de evitar las consecuencias legales derivadas de ésta, presuntamente ofreció un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo.

Asimismo, habría señalado que estaba dispuesto a entregar cualquier otra cantidad que le fuera solicitada con tal de impedir que continuaran las acciones legales en su contra.

Agentes rechazaron el presunto soborno

La Fiscalía indicó que los elementos de la Policía de Investigación Estatal rechazaron de manera inmediata el ofrecimiento realizado por el ahora detenido.

Posteriormente, le informaron que esa conducta podría constituir el delito de cohecho, por lo que procedieron a su detención con estricto apego a los protocolos legales y respetando en todo momento los derechos que le asisten como persona detenida.

Tras su aseguramiento, Javier N. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

Se hacen dos investigaciones distintas

La Fiscalía General del Estado subrayó que la detención por cohecho es independiente de las investigaciones que se desarrollan por el homicidio del periodista Josué, ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan.

La dependencia aseguró que las indagatorias continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación disponibles para esclarecer el crimen.

Además, precisó que el caso se investiga conforme a los protocolos especializados para delitos cometidos contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos, con el objetivo de garantizar que todas las hipótesis sean analizadas y que los responsables enfrenten a la justicia.

Investigación por el homicidio del periodista continúa

Las autoridades sostuvieron que continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer el homicidio del periodista Josué N. y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

La Fiscalía de Puebla reiteró que mantendrá abiertas todas las líneas de investigación hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y sancionar a quienes resulten responsables, al tiempo que llamó a respetar el debido proceso y recordó que toda persona imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

La información fue confirmada por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien detalló que el hallazgo se produjo cerca de las 2:00 p.m. (hora local) y que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Según precisó Pesqueira, las investigaciones condujeron a la detención de Mariely Figuereo R., de 36 años, identificada como la presunta autora del hecho. La mujer, pareja sentimental de un hijo de la víctima, fue arrestada por agentes del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público. La detención resultó de un proceso que incluyó más de 100 diligencias investigativas, entre ellas entrevistas a testigos, levantamiento de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia en la zona.

Principal sospechosa detenida

El hallazgo del cuerpo se realizó tras una labor coordinada entre los equipos policiales y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes se encargaron del levantamiento correspondiente para establecer a través de estudios forenses las circunstancias exactas del fallecimiento.

Las autoridades comunicaron que la investigación se mantiene abierta para determinar con precisión el móvil y los detalles que rodean el caso. La Policía destacó que, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a la participación directa de Mariely Figuereo R. en la desaparición y muerte de Rosa Marte, aunque no se descartan nuevas diligencias en torno a otros posibles implicados.

El comunicado emitido por la Policía Nacional destacó la colaboración del Ministerio Público durante el desarrollo de las pesquisas, así como la utilización de recursos tecnológicos y testimoniales para fortalecer el proceso investigativo. “La presunta autora es una persona del entorno familiar, la cual se encuentra detenida y que, pues nos sirvió para, para ubicar el lugar, donde además se han ocupado varias evidencias como piedras ensangrentadas. Ya este caso no pertenece a desaparecidos, sino es un área de investigaciones de homicidio de esta jurisdicción de Azua”, afirmó el vocero Diego Pesqueira.

La desaparición de Rosa Marte había generado preocupación en la comunidad de Barraquito, donde familiares y vecinos reportaron su ausencia a las autoridades apenas se tuvieron indicios de su desaparición. La labor de búsqueda se extendió durante varios días y abarcó distintas áreas rurales y urbanas de la provincia Duarte y localidades cercanas a Azua. El trabajo conjunto entre las distintas dependencias de la Policía permitió trazar una línea investigativa que culminó con el hallazgo del cuerpo y la detención de la principal sospechosa.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras la única detenida enfrenta el proceso legal correspondiente en las próximas horas. Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de justicia en este caso.

Un nuevo hecho de violencia sacudió este viernes al municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada presuntamente por uno de sus vecinos, en un incidente que también dejó a una menor de edad herida y culminó con el suicidio del supuesto agresor.

El hecho ocurrió en la aldea La Ceiba, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense luego de recibir el reporte sobre un ataque armado que dejó dos personas fallecidas en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, el presunto responsable habría atacado a su vecina por motivos que aún no han sido esclarecidos y que continúan bajo investigación.

Durante la agresión también resultó herida la hija de la víctima, una menor de edad que fue auxiliada por vecinos del sector y trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Tras cometer el ataque, el presunto agresor decidió quitarse la vida en el mismo lugar, por lo que las autoridades encontraron los cuerpos sin vida tanto de la mujer como del hombre al momento de llegar a la escena.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes preventivos acordonaron el área para facilitar el trabajo de los especialistas de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron la recolección de evidencias que permitan determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer el móvil del crimen y verificar si existían antecedentes de conflictos entre ambas personas o denuncias previas por amenazas o violencia.

Las autoridades no habían revelado la identidad de la mujer fallecida, de la menor lesionada ni del presunto agresor, mientras continúan las diligencias investigativas correspondientes.

Este nuevo caso se suma a la creciente lista de hechos violentos que afectan a las mujeres en Honduras, un fenómeno que continúa generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y diferentes sectores de la sociedad.

De acuerdo con cifras preliminares, más de 140 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Honduras durante lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género.

Según datos citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la violencia contra las mujeres ha cobrado alrededor de 8,540 víctimas entre 2002 y junio de 2026, reflejando la magnitud de una problemática que persiste desde hace más de dos décadas.

El organismo defensor de los derechos humanos advirtió que la mayoría de estos casos permanece sin una resolución judicial, situación que alimenta la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

El CONADEH señaló además que, durante los últimos 24 años, Honduras ha registrado un promedio de 29 muertes violentas de mujeres cada mes, lo que equivale aproximadamente a una víctima cada 25 horas.

Para la institución, estas cifras evidencian que la violencia contra las mujeres requiere una respuesta integral que vaya más allá de las sanciones penales, incorporando políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las víctimas y la transformación de los patrones culturales que perpetúan este tipo de violencia.

El organismo también sostuvo que el panorama continúa siendo preocupante durante 2026 y reiteró la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas de los operadores de justicia, mejorar la respuesta institucional y garantizar que cada caso sea investigado considerando posibles contextos de violencia de género.

La tarde del martes 14 de julio de 2026 en un hogar de Tegucigalpa, la rutina parecía marchar con la tranquilidad de siempre. Faltaban pocos minutos para las seis de la tarde cuando la madre de Dulce María García Salinas se alistaba para asistir a su iglesia. En el umbral de la puerta, la voz de su hija de 16 años la detuvo por un instante: «Mamá, ¿ya te vas?».

«Sí, hija», le respondió. Impulsada por un presentimiento o por el puro afecto maternal, la mujer retrocedió sobre sus pasos. Se acercó a la joven, se inclinó y le dio un beso en la frente. «Hija, que Dios te guarde, pórtate bien», le dijo como una bendición protectora.

Dulce María, que estaba a menos de un mes de cumplir sus 17 años el próximo 8 de agosto, solo sonrió. Esa sonrisa, iluminada por la luz de la tarde, se convirtió en el último recuerdo vivo que su familia tendría de ella. Al regresar del servicio religioso, la casa estaba vacía. El teléfono de la adolescente timbraba en el vacío, los mensajes de texto quedaban congelados sin el doble check de recibido. La angustia comenzó a devorar las horas.

La incertidumbre, esa tortura lenta que desgasta a las familias de los desaparecidos, se prolongó por casi tres días. Terminó de la manera más devastadora la mañana de ayer, viernes 17 de julio. Las alertas ingresaron a los cuerpos de socorro y a la Policía Nacional: un bulto sospechoso yacía a la orilla del río Guacerique, a la altura de la colonia Venezuela, en la capital hondureña.

El despliegue de las autoridades confirmó los peores temores. El cuerpo de la menor de edad se encontraba envuelto en bolsas plásticas, abandonado bajo un puente, en una escena que reflejaba la frialdad y el ensañamiento de sus captores.

Al lugar de la escena no tardaron en llegar los familiares de la joven. En medio del cordón policial y el bullicio de los medios de comunicación, la madre de Dulce María se enfrentó a la realidad más dura para un padre: reconocer el cadáver de su propia hija. Los gritos de dolor rompieron la tensión de la mañana.

El caso se trasladó de inmediato a las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Horas más tarde, el cuerpo fue entregado formalmente a sus parientes. Una caravana fúnebre partió con rumbo a Apacilagua, en el departamento de Choluteca. Allá, lejos del ruido y el peligro de la capital que le arrebató la vida, Dulce María fue velada y recibirá cristiana sepultura este sábado.

Una juventud bajo el acecho de la impunidad

El asesinato de Dulce no es un hecho aislado; es el reflejo de una herida abierta en la sociedad hondureña. El hallazgo encendió de inmediato las alertas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes exigen acciones concretas del Estado.

Las autoridades policiales intentan dar respuestas ante la presión social. Rolando Ponce, director policial de investigaciones, aseguró que el caso ya cuenta con prioridad: «Todos los homicidios y femicidios a nivel nacional donde la Policía Nacional está actuando, nosotros sacamos lo que se llama la transferible del delito. Desde este momento hay equipos asignados a este evento».

A pesar de las promesas institucionales, las causas exactas de la muerte aún no han sido reveladas, a la espera de que Medicina Legal brinde los resultados oficiales de la autopsia en los próximos días. Mientras tanto, Tegucigalpa vuelve a vestirse de luto por una juventud que camina desprotegida, y una madre se queda con el eco de una sonrisa y un beso en la frente que no pudo salvar a su hija.

Lo que comenzó como el regreso a casa de dos hermanos después de retirar 23 mil pesos de una sucursal bancaria terminó en una tragedia en Chimalhuacán, Estado de México, donde un hombre murió al intentar defenderlos de un asalto y otras cinco personas resultaron heridas durante el ataque perpetrado por dos hombres armados que viajaban en motocicleta.

La víctima mortal fue identificada como José, de 35 años de edad, quien intervino junto con otros vecinos cuando observó que los delincuentes intentaban despojar del dinero a los hermanos frente a su domicilio, ubicado en el barrio de San Agustín.

La agresión ocurrió a plena luz del día y quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran el momento en que los presuntos responsables interceptan a las víctimas apenas descendían de su vehículo.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hermanos acababan de retirar 23 mil pesos en efectivo de una institución bancaria y se dirigieron a su domicilio.

Al llegar y detener su automóvil frente a la vivienda, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron y los amenazaron con armas de fuego para exigirles el dinero.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los presuntos delincuentes encañonan a las víctimas mientras intentan consumar el robo.

Al percatarse de lo que ocurría, varios habitantes del barrio salieron para intentar auxiliar a los hermanos y enfrentar a los asaltantes.

Fue entonces cuando los agresores comenzaron a disparar directamente contra las personas que se aproximaban.

José recibió tres impactos de bala durante el ataque y fue trasladado de emergencia en una camioneta particular debido a la demora de los servicios de emergencia.

Sin embargo, perdió la vida antes de ingresar al Hospital General.

La víctima era padre de tres menores de edad, de acuerdo con información proporcionada por familiares.

Cinco personas resultaron heridas

Además del homicidio de José, el ataque dejó cinco personas lesionadas por impactos de arma de fuego.

Entre ellas se encuentra Juan Esteban, quien permanece hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo que le perforó un pulmón. De acuerdo con sus familiares, los médicos esperan que su condición se estabilice para poder intervenirlo quirúrgicamente.

Otra de las víctimas es Monse, quien sufrió una lesión en la rodilla ocasionada por un proyectil. Aunque continúa hospitalizada, fue reportada fuera de peligro.

También resultó herida Yaritza, una joven de 19 años que caminaba por el lugar al momento del ataque y fue alcanzada por una bala perdida en la zona de las costillas.

La familia de la joven denunció que tuvieron que trasladarla a un hospital privado ubicado en Nezahualcóyotl, ya que, según afirmaron, en hospitales públicos cercanos no quisieron recibirla pese a la gravedad de la lesión.

Otras dos personas también presentaron heridas derivadas de los disparos, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer su identidad ni el estado de salud en el que permanecen.

Vecinos denuncian inseguridad en San Agustín

Tras el ataque, habitantes del barrio de San Agustín señalaron que los robos cometidos por delincuentes que se desplazan en motocicleta son frecuentes en esa zona de Chimalhuacán.

Los vecinos aseguraron que desde hace tiempo han solicitado mayor presencia policial y patrullajes preventivos, aunque afirman que las autoridades municipales no han atendido de manera efectiva sus peticiones.

También denunciaron que la respuesta de los cuerpos de emergencia fue tardía, por lo que fueron los propios habitantes quienes utilizaron vehículos particulares para trasladar a los lesionados a distintos hospitales.

La muerte de José ha generado indignación entre los vecinos, quienes lo describieron como una persona que únicamente intentó ayudar a quienes estaban siendo víctimas del asalto.

Fiscalía investiga el ataque

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

De acuerdo con las autoridades, los agresores escaparon del lugar en la misma motocicleta en la que llegaron, por lo que agentes ministeriales analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad para reconstruir su ruta de escape y obtener indicios que permitan su localización.

Las investigaciones continúan para determinar si los asaltantes siguieron previamente a las víctimas desde la sucursal bancaria o si el robo fue producto de otra circunstancia, mientras familiares de José y vecinos del barrio de San Agustín exigen justicia y mayores medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Courtney Gartshore, de 28 años, fue declarada culpable por el Tribunal Superior de Aberdeen, en Escocia, por el homicidio de su hija de tres meses, Dahlia-Rose. Según la sentencia, dictada tras 7 días de juicio, la muerte de la pequeña se produjo como consecuencia de diversas quemaduras provocadas por un secador de pelo. Asimismo, la resolución quedó aplazada hasta el 14 de agosto.

De acuerdo con el fallo, Gartshore expuso de manera temeraria a la bebé al calor del aparato mientras se encontraba bajo su cuidado. Las lesiones fueron tan graves que le causaron la muerte, según informó la BBC.

El jurado tardó poco más de una hora en alcanzar un veredicto unánime. Gartshore, que había negado el cargo por los hechos ocurridos en Peterhead, Aberdeenshire, rompió en llanto al conocer la decisión y fue retirada de la sala por agentes de seguridad.

Durante el proceso judicial, la fiscalía señaló que Gartshore había consumido alcohol antes de los hechos. El tribunal también escuchó que la bebé sufrió quemaduras en el 18% de la superficie corporal y que su ADN fue hallado en un secador de pelo, según informó la BBC.

Además, la acusación presentó como prueba una llamada al servicio de emergencias 999. En la grabación, Gartshore afirmó que su hija se había puesto “morada” mientras ella dormía.

La discusión sobre la causa de la muerte

Uno de los principales puntos debatidos durante el juicio fue la relación entre las lesiones y el fallecimiento de la bebé.

El doctor Timothy Burge, cirujano especialista en quemaduras y cirugía plástica, convocado por la defensa, sostuvo que heridas causadas por el calor no habían provocado la muerte. “Podría ser que ya estuviera muerta”, afirmó. Con esa hipótesis, planteó que esas lesiones se habrían producido después del fallecimiento.

La fiscalía rechazó esa interpretación. En su alegato final, Alan Cameron calificó el caso como “terrible” y “desgarrador”. Recordó que Gartshore y Dahlia-Rose eran las únicas personas dentro de la vivienda, por lo que solo la acusada pudo haber encendido el aparato.

Cameron también citó las declaraciones de testigos que no advirtieron lesiones en el cuerpo de la niña durante las horas previas. Añadió que el jurado no necesitaba determinar el motivo por el cual Gartshore usó el secador; sin embargo, mencionó el consumo de alcohol y el estado de intoxicación como una posible explicación de su conducta. El fiscal pidió a los jurados que no se dejaran llevar por la “simpatía o el prejuicio” al evaluar las pruebas.

Por su parte, Murray Macara KC, abogado defensor de Gartshore, sostuvo que la acusación debía demostrar que las lesiones habían causado la muerte y argumentó que esa “conexión causal” no había quedado acreditada.

Las reacciones tras la condena

Por su parte, el juez Simon Collins calificó el caso de “perturbador”, mantuvo a Gartshore bajo custodia y aplazó la imposición de la pena hasta una próxima audiencia en el Tribunal Superior de Edimburgo. Además, agradeció al jurado por su labor y comunicó a sus integrantes que podían acceder a servicios de apoyo psicológico si lo necesitaban.

Después del veredicto, el detective inspector James Callander declaró a la BBC que “los niños están indefensos y deben ser protegidos”. Añadió que la muerte de cualquier menor resulta especialmente dolorosa y que la de un niño a manos de uno de sus padres es “increíblemente perturbadora”.

El policía señaló además que todos los implicados en la investigación quedaron afectados por las circunstancias de la muerte de Dahlia-Rose. También sostuvo que el objetivo de la pesquisa era esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a la persona responsable.

Un niño de 23 meses falleció en el Hospital Eva Perón de Merlo tras ingresar con múltiples lesiones compatibles con golpes. La madre y el padrastro del menor fueron detenidos tras declarar que el niño se había caído de la cama. Sin embargo, este argumento fue desmentido por los informes médicos que revelaron múltiples lesiones en el cuerpo.

Este viernes, la Justicia liberó a la madre, Eliana Agustina Herrera. Además se solicitó la prisión preventiva para el padrastro, Franco Benjamín Álvarez, acusado de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. La investigación determinó que la joven madre era víctima de violencia de género y permanecía bajo amenazas en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

El caso comenzó cuando el niño, identificado como Elián Benjamín Herrera, fue llevado inconsciente al Hospital Héroes de Malvinas y posteriormente derivado al Hospital Eva Perón. Los médicos detectaron hematomas, fracturas en la mano y el cráneo, y una hemorragia interna en el hígado, lesiones incompatibles con la versión inicial de una caída. El informe forense resultó determinante para descartar un accidente doméstico y apuntar a un contexto de maltrato infantil.

La madre y su pareja informaron al personal médico que el niño se había caído de la cama. Sin embargo, la magnitud y diversidad de las lesiones alertó al equipo de salud, que notificó a la policía y a la fiscalía de Morón. El fiscal Patricio Ventricelli, a cargo de la UFI N° 6, ordenó la detención de ambos adultos y abrió una investigación centrada en el entorno familiar.

Las pruebas reunidas durante la pesquisa incluyeron testimonios de la familia materna, quienes sostuvieron desde el inicio la inocencia de Herrera y expuso una situación de sometimiento. La joven había comenzado a convivir con Álvarez tres semanas antes de la agresión fatal. Fuentes en diálogo con Primer Plano Online expresaron: “La tenía casi esclavizada en la habitación que compartían, sin posibilidades de irse ni de usar su propio teléfono, bajo amenazas, golpeada, quemada con cigarrillos y con terror”.

El entorno de la madre del niño también aportó antecedentes sobre episodios previos de violencia de género. Una expareja de Álvarez declaró ante la justicia, relatando situaciones similares a las que padeció la madre del niño fallecido. La joven, de 20 años, había regresado en una ocasión a la casa de su madre para protegerse, aunque luego volvió a convivir con el acusado.

“Golpeó al nene hasta matarlo. Eso se determinó con la autopsia por la cantidad de lesiones que presentaba. Además, intimidaba a la madre para que no haga nada. Aquel día, de todos modos, ella logró escaparse y pedir auxilio, aunque ya era tarde”, indicaron. La autopsia confirmó que el niño presentaba golpes, fracturas recientes y lesiones que se habrían producido en un lapso de 72 horas.

La defensa de Herrera, encabezada por el abogado Pablo Golino, presentó pruebas y pericias que corroboraron su condición de víctima. “Ella fue al hospital amenazada para que dijera que el nene se había caído de la cama, cosa que nadie creyó por el tipo de lesiones que presentaba. Esté destruida psicológicamente, detenida y sin su hijo”, sostuvo el abogado.

Tras analizar los elementos de la causa, la Justicia ordenó la liberación inmediata de Herrera, aunque la mantuvo vinculada al proceso. El fiscal solicitó la prisión preventiva para Álvarez, quien permanece detenido en el Destacamento Barrio Pompeya y enfrenta cargos por homicidio agravado.

El Juzgado de Garantías N° 5 debe resolver su situación procesal en los próximos días. La causa sigue en etapa de instrucción y la Justicia continúa recolectando pruebas para resolver la situación procesal del Álvarez. Todo apuntaría a que el hombre seguirá en prisión preventiva hasta el juicio.

Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado la noche de este jueves al presuntamente resistirse a un asalto dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la autopista México-Puebla.

Este hecho volvió a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan diariamente los usuarios del transporte público en esta importante vía de comunicación entre la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el kilómetro 22.7 de la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 Sur, en el municipio de Chalco, cuando la unidad de la empresa Troncal S.A. de C.V., que cubría la ruta San Rafael-Tlalmanalco, fue abordada por presuntos delincuentes con la intención de despojar de sus pertenencias a los pasajeros.

Joven habría intentado resistirse al asalto

Las versiones preliminares señalan que durante el atraco uno de los pasajeros, identificado únicamente como un joven de 25 años, presuntamente opuso resistencia al robo, situación que derivó en que uno de los asaltantes le disparara en al menos una ocasión.

Tras la agresión, el joven quedó gravemente herido dentro del autobús, mientras que los responsables descendieron de la unidad y escaparon antes de que las autoridades pudieran intervenir.

El cuerpo del hombre quedó tirado en el piso de la unidad de pasajeros.

Se confirmó el fallecimiento

Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes revisaron a la víctima; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por el impacto de arma de fuego.

Los pasajeros fueron desalojados del autobús para permitir las labores de las autoridades, mientras que la zona fue acordonada para preservar los indicios y facilitar el trabajo del personal ministerial.

El cuerpo permaneció dentro de la unidad hasta la llegada de peritos y agentes de investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Fiscalía inició las investigaciones

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) competente realizó el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Como parte de las indagatorias, las autoridades buscan obtener las declaraciones de los pasajeros y del conductor del autobús, además de revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en la autopista y en los puntos cercanos para identificar a los responsables del crimen.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Inseguridad persiste en el transporte público

El asesinato del joven ocurre en medio de los constantes reportes de robos con violencia en unidades de transporte público que circulan por la autopista México-Puebla, una de las carreteras con mayor afluencia vehicular del país.

Usuarios de distintas rutas han denunciado en repetidas ocasiones que grupos delictivos aprovechan los trayectos para abordar autobuses y combis, despojando de dinero, teléfonos celulares y objetos de valor a los pasajeros, en algunos casos utilizando armas de fuego para intimidarlos.

Especialistas en seguridad han señalado que este tipo de delitos suele concentrarse en tramos donde los delincuentes pueden abordar y descender rápidamente de las unidades, dificultando su localización.

Autoridades buscan a los responsables

Tras el homicidio, corporaciones de seguridad implementaron recorridos en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban capturas.

El caso ha generado indignación entre usuarios del transporte público, quienes nuevamente exigieron mayores operativos de vigilancia en la autopista México-Puebla y en las rutas de pasajeros que diariamente trasladan a miles de personas entre el Edomex y la CDMX, con el propósito de prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar condiciones de seguridad para los viajeros.

Un grupo de hombres fue puesto a disposición de la Justicia por el crimen de un hombre, cuyo cuerpo quedó tirado en plena calle en la localidad de Diamante, Entre Ríos. Presentaba graves heridas.

En el marco de la investigación, la Policía provincial realizó cuatro allanamientos en distintos barrios donde secuestró armas, vehículos y teléfonos celulares.

La víctima fue identificada como Sebastián B. y tenía 31 años. Era vecino del lugar donde fue encontrado, en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a partir de un llamado que los alertó sobre el cuerpo. Al arribar al lugar, solicitaron de inmediato la asistencia del servicio de emergencias, que trasladó al hombre al Hospital San José de Diamante, donde se confirmó su muerte.

Según informó el portal ElOnce, el jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, precisó que la muerte fue “en principio producto de una herida de arma blanca”. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la realización de la autopsia.

Desde el inicio, los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el crimen y los festejos por la clasificación de la selección argentina, un punto que se había barajado en un principio. “No se ha establecido ninguna vinculación con los festejos. Ocurrió en otro sector de la ciudad, distante de la Plaza 9 de Julio, donde se concentraban las celebraciones”, aclaró Celis a Elonce.

La División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal (MPF) trabajaron en conjunto para reconstruir las circunstancias del ataque. El jefe departamental indicó que el operativo se orientó a “reunir indicios, testimonios y medios probatorios”, aunque reservó las líneas de investigación por tratarse de “una etapa incipiente”.

Pocas horas después de que se tomara conocimiento del caso, el análisis de la evidencia reunida permitió solicitar al Juzgado de Garantías cuatro órdenes de allanamiento, que se ejecutaron en diferentes viviendas de la ciudad. Entre los elementos secuestrados también hubo prendas de vestir, armas blancas, armas de fuego con cartuchería y un utilitario, los cuales serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el homicidio.

Como resultado de los allanamientos, la Fiscalía ordenó la detención inmediata de cinco hombres, todos mayores de edad y vecinos de Diamante, que fueron trasladados a la Alcaidía Policial. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas procesales.

Ese mismo día en que trascendió el crimen del hombre de 31 años, se supo de otro homicidio en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. Un hombre de 38 años fue apuñalado mientras celebraba el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra. El ataque ocurrió cerca de las 20 y habría sido la consecuencia de un viejo conflicto personal con el ex novio de su pareja.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó cuando la pareja del herido, identificada como W.H., de 29 años, se cruzó en las inmediaciones de Su Santidad Francisco y Urquiza con su ex, R.F.R., de 31 años. La mujer declaró que el hombre le hizo gestos provocadores, lo que derivó en un cruce verbal entre ambos. En ese momento, intervino la pareja de R.F.R., quien agredió a W.H. con una botella. Ante esa situación, el novio de la denunciante, A.P., se involucró en la pelea y terminó con una herida en el abdomen. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde fue operado y quedó internado.

El caso quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos Sonia Vives, quien dispuso tareas de rigor y la intervención de la División Homicidios. El personal policial que acudió al centro de salud confirmó que el herido ingresó consciente, pero fue derivado de inmediato al quirófano. Las autoridades aguardarán su recuperación para tomarle declaración.

El conflicto entre ambos hombres tiene antecedentes que se remontan a 2017, cuando A.P. estuvo involucrado en un homicidio en el que la víctima era amigo de R.F.R. Por ese hecho, el herido estuvo detenido en la Unidad Penal N° 1 y recuperó su libertad en 2024.

El jefe de Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, calificó el operativo desplegado durante los festejos como “altamente satisfactorio” y sostuvo en declaraciones a Elonce que “los festejos no requirieron intervención policial hasta que correspondió hacerlo”.

Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana detuvieron en la madrugada del jueves a Ysalia R., de 27 años, señalada como presunta responsable de causar la muerte de su pareja sentimental en el sector Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte.

El deceso de Ángel Gabriel Tifa Moreno, de 21 años, se produjo mientras recibía atención médica tras sufrir heridas de arma blanca. Según la versión oficial, la captura de la sospechosa se realizó en flagrante delito en el residencial El Dorado, lugar donde se habría producido el incidente.

De acuerdo con una publicación del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, “los agentes actuaron de forma inmediata tras la alerta recibida, logrando detener a la presunta autora en las inmediaciones del hecho”. Pesqueira confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

El portavoz también explicó que el reporte preliminar indica que la pareja sostuvo una discusión que derivó en una agresión mutua, aunque la investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias exactas.

De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

El incidente generó conmoción en el sector Los Guaricanos, donde vecinos manifestaron sorpresa por lo sucedido. De igual manera, las autoridades informaron que actualmente se están recabando pruebas y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

“El proceso investigativo continúa con la recolección de evidencias y entrevistas a testigos, con el objetivo de establecer la verdad de los hechos”, puntualizó Pesqueira.

Sin embargo, la Policía informó que cualquier información adicional que surja será integrada al expediente.

Autoridades profundizan en la investigación

Al mismo tiempo, la Policía Nacional detalló que la aprehensión de Ysalia R. responde a los protocolos de actuación en casos de violencia intrafamiliar y homicidio, subrayando la importancia de proceder conforme a la ley. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público, que determinará las acusaciones formales y las medidas de coerción a solicitar ante la justicia. De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

“De acuerdo con el informe preliminar, la pareja habría sostenido una discusión que derivó en una agresión mutua. No obstante, las autoridades profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias precisas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes", sostuvo Pesqueira en redes sociales.

“La ciudadanía debe colaborar con las autoridades y confiar en los mecanismos de investigación establecidos por la ley”, afirmó Diego Pesqueira, quien agregó que “la transparencia y el debido proceso serán garantizados en cada etapa del caso”.

El portavoz reiteró el compromiso institucional de la Policía Nacional para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la sociedad.

El Ministerio Público comunicó que, tras recibir el informe policial y las pruebas iniciales, se procederá a solicitar las medidas legales correspondientes contra la capturada. Mientras tanto, el cuerpo de Ángel Gabriel Tifa Moreno permanece bajo custodia de las autoridades forenses para la realización de los estudios pertinentes.

Matías Gerardo Ochonga fue asesinado en la madrugada del domingo 13 de julio de tres disparos por la espalda durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Suiza en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. En este marco, la Policía detuvo a un hombre, identificado como familiar del principal sospechoso del crimen.

La detención se produjo en el marco de la búsqueda de Agustín Alexis Guevara, alias “Manay”, de 25 años, señalado como autor material del crimen y actualmente prófugo. El detenido quedó acusado de encubrimiento y a disposición de la Fiscalía de Feria de San Francisco, que busca determinar el rol de la red de apoyo que habría facilitado la fuga de Guevara, quien permanece prófugo.

El homicidio tuvo lugar en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro. Matías Ochonga, de 20 años, fue atacado por la espalda a corta distancia en medio de los festejos. Por la gran cantidad de personas reunidas, la ambulancia no logró acceder al lugar y la víctima fue trasladada en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde se confirmó su fallecimiento.

El arresto se concretó tras una serie de allanamientos en varios barrios de la ciudad y en la localidad santafesina de Frontera. Agustín Alexis Guevara, fue identificado por la fiscalía como el principal sospechoso del homicidio tras el análisis de registros fílmicos y testimonios reunidos en la causa.

Sobre Guevara pesa una orden de captura nacional y la Policía de Córdoba mantiene múltiples operativos para dar con su paradero en diferentes barrios de San Francisco y en domicilios de Frontera. También tiene antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo calificado, abuso de arma de fuego y violación de domicilio.

Cuál es la principal hipótesis

La principal hipótesis de la investigación apunta a un ajuste de cuentas vinculado a disputas territoriales y actividades relacionadas con el narcotráfico en la región de San Francisco y Frontera. Tanto la víctima como el principal sospechoso presentaban antecedentes penales y conexiones con estos conflictos, lo que para la fiscalía refuerza la sospecha de un ataque planificado y ajeno al contexto festivo.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, remarcó públicamente que el hecho sería un “viejo ajuste de cuentas por tema de narcotráfico” y aseguró que el principal sospechoso, Agustín Guevara, estaría vinculado a “uno de los grandes clanes que manejan la droga en Frontera”. Según sus declaraciones, la disputa territorial y el historial delictivo de los involucrados permiten descartar que se haya tratado de un episodio fortuito.

Matías Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, menos de dos semanas antes del ataque. Cumplía condena bajo el régimen de libertad condicional tras pasar un tiempo detenido por delitos vinculados con robos. Al momento de su muerte, Ochonga tenía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas.

El historial de Ochonga incluye múltiples episodios policiales. Acumulaba antecedentes por robo y otros delitos, con escraches previos en redes sociales, donde vecinos lo habían señalado en reiteradas oportunidades por su presunta participación en hechos delictivos. En esas mismas plataformas circulaban fotos suyas posando con armas de fuego, imágenes que volvieron a viralizarse tras el crimen.

Entre los antecedentes más relevantes figura un caso ocurrido en agosto de 2024, cuando robó una motocicleta y disparó contra una joven, hecho que motivó su detención en septiembre de ese año. Además, en febrero pasado, un vecino denunció públicamente que Ochonga habría robado otra moto, publicación que generó llamados al 911 y reacciones en la comunidad. Estos episodios refuerzan el perfil de la víctima como una figura vinculada al delito y explican el interés de la justicia en esclarecer las motivaciones detrás de su asesinato.

El proceso judicial sumó un nuevo avance con la detención del familiar de Guevara, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y analiza posibles nuevas detenciones en el desarrollo de la causa. La búsqueda de Agustín Guevara permanece activa.

En la jornada del 16 de julio de 2026 se confirmó la condena en contra de Douglas José Loaiza Acosta, conocido con el alias de Chamo Loco, al ser hallado responsable del homicidio de Luz Marina Miranda Macea, una mujer de 78 años, en el municipio de Sahagún (Córdoba).

Según el reporte del caso, un juez de conocimiento condenó a Loaiza Acosta a 34 años, 8 meses y 19 días de prisión tras estudiar el caso de la adulta mayor. Del mismo modo, se indicó que el hombre admitió su responsabilidad en el crimen y deberá cumplir la pena impuesta.

De acuerdo con información revelada por el ente acusador, el condenado aceptó su responsabilidad y la sentencia quedó en firme tras varios meses del ataque que enlutó a la comunidad y los familiares de la víctima.

Del mismo modo, se aclaró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sustentaron la decisión judicial tras el homicidio de la mujer que era conocida entre sus vecinos y allegados como “Luzma”.

El asesinato que estremeció a Sahagún

La investigación logró establecer que el crimen ocurrió el 23 de agosto de 2025, en el barrio Simón Bolívar. La Fiscalía señaló que el ahora sentenciado intentó engañar a la víctima para que le permitiera entrar a la vivienda.

Ante la negativa, Loaiza Acosta entró por la fuerza al inmueble y atacó a la mujer varias veces con un arma cortopunzante y un objeto contundente, una agresión que le causó heridas de extrema gravedad.

Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad que se comunicó de inmediato con la Policía Nacional que desplegó un operativo para atender el caso. Al llegar, los agentes se encargaron de trasladar a la mujer a un centro asistencial de Sahagún en el que recibió atención inicial, aunque la gravedad de las lesiones obligó a que la trasladaran a Montería, donde finalmente murió.

El juez confirmó la sentencia después de avalar un preacuerdo suscrito por el acusado de forma libre y con asesoría de su abogado, lo que permitió resolver el proceso judicial y ahora, Loaiza Acosta tendrá que cumplir con la condena impuesta por el homicidio de Luz Marina Miranda Macea.

Hombre mató a su papá a puñaladas

Los hechos de violencia en el departamento no cesan y preocupan a las autoridades que piden a la ciudadanía actuar con tolerancia y respeto hacia los adultos mayores, teniendo en cuenta que muchos de ellos son personas en estado de vulnerabilidad que pueden terminar con graves lesiones o, en el peor de los casos, muertos ante un ataque propinado por personas más jóvenes.

Ante este panorama, otro caso que llamó la atención fue resuelto después de la decisión de un juez de control de garantías de Montería que ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Enuar Manuel Navarro Argumedo, señalado de asesinar a su padre durante una riña ocurrida el 4 de junio de 2026 en Ayapel, en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró en una vivienda del barrio Bonanza y la víctima, un hombre de 87 años, murió tras una agresión con arma cortopunzante atribuida a su propio hijo, por lo que el caso se tomó el departamento y desató una ola de indignación entre sus habitantes que exigen acciones legales contundentes en contra de aquellos que cometen delitos de violencia intrafamiliar.

Según el reporte, las alertas de la comunidad permitieron que uniformados de la Policía Nacional capturaran al agresor en el lugar y, posteriormente, lo entregaran a la Fiscalía para su judicialización. Aunque el procesado negó su responsabilidad frente a los cargos por homicidio agravado fue enviado a prisión.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de El Águila acudieron a un llamado de emergencia en el corregimiento El Embal, al norte del departamento del Valle del Cauca. En el lugar, un incendio estructural arrasó por completo una vivienda.

Una vez controladas las llamas, los bomberos reportaron el descubrimiento de un cadáver con graves quemaduras, lo que impidió su identificación inmediata. De acuerdo con informes de la Policía Valle “una vez fue controlada la emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos, se realizó el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del inmueble, el cual presentaba múltiples quemaduras, por lo que su identidad no ha podido ser establecida”.

Investigación y primeras hipótesis

La emergencia, que en principio se reportó como un incendio accidental, pasó rápidamente a ser tratada como una posible escena de crimen. Las primeras diligencias quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumió los actos urgentes y el inicio de las labores forenses para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias y causas de la muerte.

Según el comunicado oficial de la Policía Valle, “la investigación se encuentra en curso, por lo que cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso podrá ser suministrada oportunamente a las autoridades competentes”.

Entre las primeras versiones surgió el nombre de Wilver de Jesús Quintero Henao, conocido como “Zancudo”. Este hombre había sido capturado en abril de 2026 durante un operativo por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La vivienda afectada por el incendio estaría vinculada a esta persona, según fuentes policiales y del CTI, aunque esta línea de investigación no ha sido confirmada oficialmente.

Relato de los hechos y contexto local

De acuerdo con información preliminar recogida por El Tiempo, hombres armados irrumpieron en la tienda donde se encontraba Quintero Henao, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente incendiaron el inmueble antes de huir del lugar. El cuerpo fue hallado por los bomberos y posteriormente trasladado hasta el casco urbano de El Águila para facilitar las diligencias judiciales.

El comandante del distrito especial de Policía del municipio de Cartago, teniente coronel Óscar Javier Hernández, declaró que “de manera inmediata, se coordinó con la presencia de funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes asumieron las labores investigativas y forenses tendientes a establecer la identidad de la víctima, así como las circunstancias y causas de su fallecimiento”.

Línea investigativa y situación en el Valle

Las autoridades manejan como hipótesis principal que el incendio habría sido provocado para encubrir un homicidio, aunque no descartan otras posibilidades. El departamento de Policía Valle reiteró que la información oficial relacionada con el caso se entregará conforme avance el proceso investigativo.

La conmoción en la comunidad del norte del Valle del Cauca es evidente, ya que el caso se suma a una serie de hechos violentos relacionados con el tráfico de drogas en la región. La identidad de la víctima y los móviles del crimen forman parte de las preguntas que buscan responder los investigadores.

La Fiscalía y la Policía continúan recolectando pruebas y testimonios para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido en este hecho que ha puesto en alerta a la población local.

Autoridades piden colaboración ciudadana

La Policía del Valle reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el caso y ofreció canales de contacto seguros para quienes dispongan de datos relevantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la relación directa entre el incendio, el homicidio y las actividades previas de Quintero Henao, pero la investigación se mantiene activa y abierta a nuevas pistas.

Las autoridades insisten en que cualquier información será tramitada de manera confidencial en el marco del proceso penal en curso.

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan Nancy Gómez Vargas y presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente mexiquense, por el delito de homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable participación en el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de La Paz, en septiembre de 2000.

Fue detenido el 10 de julio en Chiapas, tras seis años con orden de aprehensión activa, y trasladado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó bajo prisión preventiva justificada.

Por este delito, “El Kino” podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión, según informo la fiscalía.

El homicidio que originó la orden de aprehensión

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, en septiembre de 2000 “El Kino” agredió con un arma de fuego a un hombre en la colonia Carlos Hank González, municipio de La Paz, luego de que ambos iniciaran una discusión mientras convivían en la vía pública.

La víctima fue trasladada al Hospital General de La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde falleció a causa de las heridas. Marco Antonio Gómez Vargas huyó del lugar tras el ataque.

La Fiscalía inició la investigación que lo identificó como probable responsable del ilícito, lo que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Seis años con orden de aprehensión: Chiapas y una identidad falsa

Tras la emisión de la orden de aprehensión, “El Kino” permaneció prófugo durante seis años. Se ocultó en plantaciones de plátano en el municipio de Reforma, Chiapas, propiedades atribuidas a su cuñado, el diputado local Samuel Ríos Moreno, donde se fotografiaba como trabajador agrícola para evadir a las autoridades. Llegó incluso a cambiar de nombre para dificultar su localización.

Agentes especializados realizaron labores de inteligencia durante los últimos tres meses previos a la captura para confirmar su paradero. Fue detenido el 10 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, la Defensa y el Grupo Especial de Mandamientos Judiciales de la FGJEM, en el marco de la Operación Enjambre.

Una vez capturado, las autoridades federales lo trasladaron y entregaron a personal de la FGJEM, que lo internó en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición del juez de control.

Presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente del Edoméx

La FGJEM señaló que “El Kino” es considerado integrante de una célula del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, cuya zona de operación abarcaba los municipios de Chicoloapan y La Paz.

Investigaciones de inteligencia lo ubicaron como lugarteniente de los alias “Osiris” y “El Tuerto”, señalados como líderes de La Familia Michoacana en el Estado de México. Habría asumido el control de la célula en Chicoloapan tras la detención de Brayan “N”, alias “El Panqué”.

Entre las actividades atribuidas a su organización figuran homicidios, extorsión a locatarios, quema de unidades de transporte, portación de armas de fuego y comercialización de narcóticos.

El vínculo con el Ayuntamiento de Chicoloapan

La Fiscalía informó que existe una investigación paralela sobre el presunto aprovechamiento que el hoy imputado habría hecho de su parentesco con una servidora pública del Ayuntamiento de Chicoloapan durante la administración 2018-2021, para obtener información que encubriera sus actividades ilícitas.

Ese señalamiento apunta a su hermana, Nancy Gómez Vargas, quien gobernó Chicoloapan en dos periodos consecutivos bajo las siglas de Morena: el primero de 2018 a 2021, y el segundo a partir de enero de 2022. La investigación de la Fiscalía acota el señalamiento de encubrimiento al primer periodo.

La exfuncionaria reaccionó públicamente tras la detención y rechazó cualquier responsabilidad. "Él sabrá qué camino tomar, así como yo decidí el mío“, afirmó.

Sostuvo que era “una persona completamente independiente” y que no respondía por terceros, ni siquiera por familiares. Calificó los señalamientos de encubrimiento como difamaciones que la habían acompañado desde su gestión municipal, y anunció que esa sería su única declaración pública sobre el asunto.

La resolución judicial

Tras revisar los datos de prueba aportados por la FGJEM, el juez de control determinó la vinculación a proceso de Marco Antonio Gómez Vargas por el delito de homicidio. Como medida cautelar, impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Una pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras ser encontrados culpables de ingresar a una vivienda para robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador Centro, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), por este mismo caso se condenó a otras dos personas a 10 años de cárcel.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron reconstruir los hechos ocurridos en la colonia América, al centro de San Salvador. De acuerdo con los reportes oficiales, Víctor Manuel Cisneros y Wendy Saraí Carias planificaron el robo de una suma considerable de dinero en la residencia de la víctima. El caso se remonta a agosto de 2023, cuando ambos ingresaron a la vivienda con la intención de apropiarse de 84,000 dólares.

El delito no solo involucró a los dos adultos. Según las autoridades, Cisneros y Carias contaron con la colaboración de otro adulto y un adolescentes, uno de ellos menor de edad, quienes participaron en la planificación y ejecución del hurto. Tras el robo, la víctima se percató de la sustracción del dinero e interpuso la denuncia ante la FGR, señalando directamente al adolescente participante.

La denuncia generó preocupación entre los implicados. Las investigaciones de la FGR y la PNC revelaron que, al enterarse de la acusación, Cisneros solicitó la colaboración de Carias y de los adolescentes para eliminar a la víctima. Los primeros intentos de homicidio incluyeron un intento de envenenamiento y un ataque con arma blanca, que solo logró herir la pierna de la víctima.

El desenlace fatal ocurrió el 18 de enero de 2024. Según los hallazgos oficiales, un adolescente de 17 años interceptó a la víctima y le disparó en la cabeza, provocando su muerte inmediata. Tras el homicidio, Cisneros, Carias y sus cómplices trasladaron el cuerpo en el baúl del vehículo de la víctima hasta el sector conocido como Lomas de Valibrera, sobre la calle principal del cantón Piedra Azul, en el distrito San Rafael Oriente del municipio San Miguel Oeste. En ese lugar, los implicados prendieron fuego al automóvil con el cadáver en su interior, en un intento por destruir la evidencia.

El cuerpo calcinado fue localizado por las autoridades la mañana del 19 de enero de 2024. La Fiscalía y la Policía confirmaron que el homicidio fue el resultado de una serie de reuniones y acuerdos previos entre los participantes, quienes habían coordinado minuciosamente tanto el robo como el posterior asesinato.

La estructura criminal, liderada por Víctor Manuel Cisneros, operó en diferentes etapas. Primero, se dedicó a planear y ejecutar el hurto de la suma de dinero, posteriormente, al percibir el riesgo de ser descubiertos, organizó el asesinato.

El reporte fiscal establece que José Noel Córdova Guerra y Elizabeth Mayrene Iraheta, ayudaron a limpiar la escena del crimen.

Durante el proceso judicial, la FGR presentó pruebas que establecieron la responsabilidad de los acusados en los delitos de robo agravado, homicidio agravado y ocultamiento de cadáver. El fallo condenatorio consideró la gravedad de los hechos y la participación de menores en las acciones criminales.

La sentencia de 78 años de prisión para Cisneros y Carias marca uno de los casos más severos registrados en la región en materia de homicidio vinculado a robo. Las autoridades recalcaron que la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil fue determinante para esclarecer el caso, identificar a todos los participantes y lograr una condena ejemplar.

Ruth de los Ángeles Muñoz Bermúdez fue asesinada la madrugada del 26 de noviembre de 2025 en Masachapa por Darling Carolina Mejía Mojica, una mujer que debía seguir presa hasta 2028 por robo agravado y que estaba en libertad tras recibir indultos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El caso reavivó el temor por las excarcelaciones masivas, en un año en que otros 2,000 reos comunes saldrán de prisión el 17 de julio y el total de liberados llegará a 6,400.

Según DESPACHO 505, la agresora tenía 37 años y arrastraba un historial de condenas por robos con violencia, un intento de homicidio y otros procesos penales en los que también resultó beneficiada por indultos presidenciales. En la última década, el régimen ha excarcelado al menos a 60,864 reos comunes y la estimación oficial sitúa la reincidencia en 7.18%.

La muerte de Muñoz ocurrió frente al campo deportivo de Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur. Una amiga de la víctima dijo al medio que “ese crimen se pudo evitar. Darling debía estar presa y no caminando por las calles”.

Ese dato resume el núcleo del caso: cuando mató a Ruth, Mejía no debía estar libre. Cumplía en los papeles una condena de cinco años de prisión por un robo agravado cometido en febrero de 2023 junto a Osiris Irigoyen Aguirre, con vencimiento fijado para el 26 de febrero de 2028.

La sentencia de la jueza Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua Nancy del Carmen Aguirre estableció que ambos (Mejía e Irigoyen) interceptaron a un hombre frente a la iglesia católica de Masachapa, lo intimidaron con un cuchillo y le robaron un reloj y una cadena. Aun así, Mejía pasó menos de diez meses en prisión: el 21 de diciembre de 2023 fue incluida en uno de los indultos masivos otorgados por el régimen.

Ese no fue su primer beneficio. De acuerdo con DESPACHO 505, registros judiciales revisados por la publicación muestran que ya había recibido otro indulto en abril de 2020, pese a que meses antes, el 27 de septiembre de 2019, había sido condenada a tres años de cárcel por un robo con violencia contra una adolescente de 16 años y una joven de 20 que visitaban las playas de Masachapa.

La sentencia 221-2019, también dictada por la jueza Nancy del Carmen Aguirre, señala que las intimidó con un puñal para quitarles una cadena y un reloj. Esa pena vencía el 21 de abril de 2022, pero fue liberada el 8 de abril de 2020 sin haber cumplido siquiera un año de prisión.

Los expedientes judiciales también registran un caso por homicidio en grado de tentativa. El 12 de noviembre de 2020 atacó con un pedazo de vidrio a Jimmy René López Quintanilla y lo hirió en el cuello en el parque de Masachapa.

Por ese hecho, el entonces juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua Luden Martín Quiroz la condenó el 28 de enero de 2021 a tres años de prisión y fijó el final de la pena para noviembre de 2023. La condenada volvió a recuperar la libertad antes de cumplirla gracias a otro indulto presidencial.

A ese historial se suma un proceso por robo agravado que tramitaba el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. En ese expediente también fue beneficiada con un indulto el 13 de abril de 2020, cuando el caso todavía no había llegado a juicio.

La nueva condena por el homicidio de Ruth vence en 2036

Durante el juicio por la muerte de Ruth, Mejía confesó el crimen. La sentencia estableció que el ataque ocurrió después de que la víctima se acercó a un grupo de cuatro hombres que consumían licor y llamó a uno de ellos, una acción que provocó la reacción de la acusada, quien la atacó con un arma blanca.

El 3 de febrero de este año, el juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua Jeancarlos Fernández la condenó a 10 años y seis meses de prisión por homicidio. La resolución fijó que deberá permanecer encarcelada hasta el 25 de mayo de 2036.

La preocupación en Masachapa no se limita al pasado judicial de la agresora. Entre familiares y habitantes del municipio persiste el temor de que vuelva a salir antes de tiempo, como ya ocurrió tras los sucesivos indultos concedidos por Ortega y Murillo.

El contexto amplía esa inquietud. Este 17 de julio, el régimen liberará a otros 2,000 reos por el “Día de la Alegría”, una efeméride sandinista, y en 2024 ya había roto un récord con 9,900 presos comunes liberados en seis tandas masivas, según informó DESPACHO 505.

Un hombre de 38 años falleció en el Hospital San Juan de Dios tras haber recibido un disparo en la pierna en Altos de San Lorenzo, La Plata. La víctima, identificada como Ceferino Joaquín Badía, fue encontrada herida en la vía pública por vecinos en la intersección de las calles 18 y 79.

Aunque todavía se intenta reconstruir lo sucedido, según los informes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas del día. Cuando lo encontraron, los vecinos lo trasladaron al centro de salud. Los médicos lograron estabilizarlo, sin embargo, perdió la vida horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Bonaerense trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área con el objetivo de reconstruir el ataque y poder identificar al o los responsables del hecho. La investigación judicial intenta esclarecer tanto la mecánica del episodio como el móvil, que todavía no ha podido determinarse.

La víctima fue reconocida por su hermana poco después del ingreso al hospital. Badía se encontraba en situación de calle y, por esa razón, sus familiares no pudieron aportar datos para orientar la pesquisa hacia los posibles agresores. Mientras tanto, el personal policial realiza un relevamiento minucioso en la zona donde ocurrió el ataque, entrevistando a vecinos y comerciantes en busca de información que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

Asesinaron a un delincuente en La Plata

En la madrugada del lunes, otro homicidio sacudió La Plata. Emanuel Ezequiel Orieta, de 32 años, fue hallado muerto en una vivienda de San Carlos, después de recibir dos disparos en la zona intercostal. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y movilizó a efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Según fuentes policiales y judiciales, el crimen se registró en una casilla ubicada en la zona de 133 entre 524 y 525. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Orieta se encontraba dentro de la vivienda en compañía del propietario del lugar y de una mujer cuando llegó un hombre identificado como Rodrigo Emiliano Cortez, conocido en el barrio como “El Tarta”.

Entre ambos habría existido un conflicto previo que derivó en una fuerte discusión y luego en una pelea dentro de la casilla. En medio del enfrentamiento, y según los testimonios recabados, Cortez habría sacado un arma de fuego y disparado al menos dos veces contra la víctima, para luego escapar rápidamente antes de la llegada de los móviles policiales.

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a viejas disputas delictivas en la zona. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno de La Plata, que ordenó diversas medidas para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer en detalle cómo se desarrollaron los hechos. Entre las diligencias se incluyeron pericias balísticas, levantamiento de rastros en la escena del crimen y la ampliación de declaraciones de los testigos presentes.

Voceros judiciales indicaron que se analiza material de cámaras de seguridad cercanas y el posible recorrido de fuga del agresor. La fiscalía intenta determinar si el homicidio está vinculado a enfrentamientos previos. También se investiga si Cortez contó con apoyo logístico para escapar y si el arma utilizada fue empleada en otros hechos recientes.

En cuanto a la víctima, su legajo penal revela una trayectoria en ingresos al sistema penitenciario, con causas por robo agravado, tentativa de robo, hurto, encubrimiento y resistencia a la autoridad. El hombre estuvo alojado en la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero, establecimiento destinado a internos procesados o condenados por delitos contra la propiedad.

La investigación sobre la muerte de Lissett Noemí Almonte Peña, adolescente de 17 años hallada sin vida en Santiago de los Caballeros, registró un giro relevante tras la entrega voluntaria de Jansel Manuel Cabrera Martínez, de 29 años, señalado por las autoridades como el principal sospechoso del crimen.

Según informó el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el imputado se presentó acompañado de su abogado ante el despacho del director regional Cibao Central, genera Jesús Rafael Tejada Tejada, en respuesta a los operativos de búsqueda desplegados en distintos puntos de la provincia.

El hallazgo del cuerpo de la adolescente, el pasado 13 de julio, a la orilla de la avenida Circunvalación Norte, provocó conmoción en la comunidad y en familiares de la víctima.

De acuerdo con las versiones recogidas por las autoridades, Lissett Noemí Almonte Peña fue vista por última vez la tarde del domingo, poco antes de que se perdiera todo contacto con ella. El levantamiento del cadáver fue realizado por las autoridades, y un informe preliminar del médico legista indicó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. El diagnóstico definitivo está pendiente del resultado de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Las primeras pesquisas de la Policía Nacional apuntan a que la víctima y el detenido mantuvieron una relación sentimental, la cual habría finalizado recientemente. La entrega de Cabrera Martínez se produjo después de varias horas de búsqueda e inteligencia, que incluyeron operativos en áreas boscosas del Pico Diego de Ocampo y otros sectores de la provincia.

El imputado fue recibido por el general Tejada Tejada, quien aseguró que durante el proceso se respetarán todas las garantías constitucionales del detenido antes de su puesta a disposición del Ministerio Público.

Familiares de Lissett Noemí Almonte Peña relataron que la joven abordó un vehículo en el que presuntamente se desplazaba presuntamente con Jansel Martínez, poco antes de desaparecer. La comunidad expresó consternación tras el hallazgo del cuerpo, que presentaba signos evidentes de violencia.

De momento, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar si existen otras personas vinculadas al hecho. El caso se mantiene bajo reserva hasta que el INACIF entregue el informe definitivo de autopsia y concluyan las diligencias judiciales.

Homicidio en República Dominicana: implicaciones legales para el principal sospechoso

De acuerdo con el marco legal vigente, el homicidio agravado en la República Dominicana puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión cuando la víctima es una persona menor de edad o se han presentado circunstancias agravantes, como la existencia de una relación sentimental previa o la comisión del hecho con violencia extrema.

El nuevo Código Penal dominicano, contemplará penas de entre 30 y 40 años para homicidios agravados y prevé un máximo acumulativo de 60 años en casos de múltiples delitos graves, aunque en este proceso solo se investiga un caso de muerte. La sanción máxima dependerá tanto de los resultados finales de la autopsia como de la tipificación que realice el Ministerio Público durante la acusación formal.

La comunidad de Cerro Colorado, en el municipio de Balfate, departamento de Colón, continúa conmocionada tras el asesinato de José Ramón Gutiérrez Maldonado, un niño de apenas 11 años, quien perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca mientras descansaba en una hamaca ubicada en el corredor de su vivienda.

El principal sospechoso del crimen fue identificado como José Efraín Armijo, quien fue capturado poco después de ocurrido el hecho. De acuerdo con la información preliminar, pobladores de la zona, junto con agentes de la Policía Nacional, lograron ubicarlo mientras caminaba desnudo y aparentemente desorientado por las calles de la comunidad.

Tras su detención, el hombre fue trasladado bajo custodia a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde fue abordado por medios de comunicación locales. Durante el breve intercambio con la prensa, Armijo respondió de forma errática y con frases inconexas que llamaron la atención por su comportamiento.

Ante las preguntas sobre su identidad y lo sucedido, el detenido expresó: “Dios me libre... fallé, ayúdenme”, mientras mantenía la mirada perdida y realizaba constantes gestos hacia el cielo. En repetidas ocasiones pidió que oraran por él y manifestó: “Muchísima ayuda, lo que puedan rezarme. Necesito que me cambien”.

Cuando los periodistas le consultaron qué le había hecho el menor para reaccionar de esa manera, Armijo respondió de forma contradictoria que todo ocurrió por “mucha mala suerte” y, segundos después, afirmó que fue “por suerte”, sin ofrecer una explicación coherente sobre el móvil del ataque.

No obstante, durante el interrogatorio el sospechoso reconoció que el hecho no fue accidental y admitió haber tomado la decisión de quitarle la vida al niño, una declaración que ahora forma parte de los elementos que serán analizados por las autoridades durante el proceso investigativo.

Las respuestas del detenido continuaron siendo confusas. En distintos momentos señaló que “el sistema no ayuda”, exclamó “¡No, mi Dios, que me libre!” y añadió que “lo único que quiero es alimentarme”, frases que reflejaron un comportamiento atípico durante su comparecencia ante los medios.

Asimismo, al ser consultado si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, Armijo respondió que había consumido “malas cosas”, lo que abrió la posibilidad de que hubiera actuado bajo el influjo de estupefacientes.

Sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes determinar mediante las evaluaciones e investigaciones correspondientes si existía consumo de drogas, así como establecer su condición psiquiátrica al momento del crimen.

Mientras avanzan las diligencias, el asesinato del menor ha provocado una profunda indignación entre familiares, vecinos y habitantes de Cerro Colorado, quienes han manifestado su rechazo por la violencia con la que ocurrió el ataque.

La comunidad educativa de la escuela Carlos Vega, donde estudiaba José Ramón, también expresó su pesar. Docentes, directivos y compañeros del niño lamentaron su fallecimiento y se sumaron al llamado para que el caso no quede impune.

Las autoridades locales y líderes comunitarios coincidieron en exigir que el responsable enfrente todo el peso de la ley, al considerar que el crimen ha dejado una profunda herida entre los habitantes de la zona.

Por su parte, agentes de la DPI mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos, establecer el móvil del crimen y recopilar todas las evidencias que serán presentadas ante el Ministerio Público durante el proceso penal.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia médico-legal como parte del procedimiento establecido por las autoridades.

En las próximas horas, José Efraín Armijo será puesto a disposición de los tribunales competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente por la muerte del niño, mientras la población de Balfate permanece a la espera de que el caso avance y se haga justicia por José Ramón.

Un hombre de 39 años falleció este martes a causa de un shock hipovolémico debido a las heridas que sufrió a raíz de un ataque con arma blanca en la localidad de Colonias Unidas, Chaco. Las autoridades buscan a su vecino como principal sospechoso, mientras que en las últimas horas arrestaron a una mujer por encubrimiento.

La víctima agonizó durante dos días y finalmente los médicos confirmaron su deceso. Se trataba de Luis Almandos Díaz, quien ingresó al Hospital Perrando de Resistencia el domingo después del ataque.

Tenía una herida de arma blanca en el tórax y un corte en el rostro que lo mantuvieron en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. Poco a poco, su estado se fue deteriorando hasta que en la madrugada del martes confirmaron su muerte.

A partir de ese momento, la causa pasó de lesiones a investigarse como homicidio. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, el cuerpo fue trasladado por personal de Bomberos al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se realizarán las pericias correspondientes.

En tanto, las autoridades policiales del departamento al que pertenece Colonias Unidas desplegaron un operativo para encontrar al presunto agresor identificado como A.A.C.F., vecino de la víctima, con quien habría mantenido una discusión momentos antes del ataque. Hasta el momento, el hombre permanece prófugo y la Policía mantiene las tareas de búsqueda para dar con su paradero, según detalló Diario Chaco.

En el marco de la investigación, efectivos de la Comisaría de Colonias Unidas y de la División Investigaciones Complejas Interior de General San Martín realizaron allanamientos durante la tarde del martes. En los procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares y un machete el cual será sometido a pericias para determinar si guarda relación con el crimen.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, una mujer de 37 años fue aprehendida en el marco de la misma causa, notificada de su detención bajo la carátula de “supuesto encubrimiento”. La Policía continúa con las pericias sobre los elementos secuestrados y mantiene activas las diligencias para localizar al presunto autor del hecho.

Un joven apuñaló a un vecino y quedó detenido por intento de homicidio

Un joven de 23 años quedó detenido por el intento de homicidio de un vecino de Villa Nueva, Córdoba, al que atacó con un arma blanca el martes 12 de mayo por la tarde. La víctima, un hombre de 38 años, recibió una puñalada en el pecho y permaneció internada en el Hospital Regional Pasteur con pronóstico reservado y riesgo de vida.

El agresor abordó a la víctima en la vía pública y le propinó el golpe con el cuchillo antes de darse a la fuga. La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, había dispuesto las medidas urgentes para identificarlo y ordenó dos allanamientos simultáneos en los barrios Medalla Milagrosa y Florida, según informó ElDoce.tv.

En el marco de esos procedimientos, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba capturaron al sospechoso en la mañana siguiente al ataque. Durante los allanamientos se secuestraron tres armas blancas de distintas características, que serán sometidas a peritaje para determinar cuál fue utilizada en el ataque. El detenido registra antecedentes delictivos y quedó imputado por homicidio en grado de tentativa.

La investigación continúa para establecer el móvil de la agresión y reconstruir la secuencia del hecho. La fiscalía a cargo del caso mantiene abiertas las diligencias para esclarecer los detalles de lo ocurrido en Villa Nueva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación este 14 de julio contra Leonel Alejandro “N”, de 31 años, por el homicidio calificado del custodio penitenciario Julio César “N”, ocurrido el 22 de mayo en la colonia Pimentel de Hermosillo. La víctima prestaba servicios en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1. El detenido quedó bajo prisión preventiva justificada al término de la audiencia inicial.

La imputación se sustentó en los cargos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica definitiva del imputado se resolverá en una audiencia posterior.

Vigilancia, seguimiento y ejecución en la vía pública

De acuerdo con la investigación ministerial, el crimen no fue un hecho fortuito: Leonel Alejandro y un segundo imputado realizaron labores de vigilancia previas en el domicilio de la víctima antes de actuar.

Tras identificar los movimientos de Julio César “N”, ambos lo siguieron a bordo de un vehículo hasta interceptarlo en la esquina de las calles Leovigildo Gómez y Michoacán, en la misma colonia Pimentel.

Fue en ese punto donde, según los datos de prueba presentados ante el juez, Leonel Alejandro descendió de la unidad y disparó de manera repentina contra el custodio, quien se encontraba desarmado. La planificación previa del ataque fue el elemento central que sustentó la calificativa de premeditación.

El operativo que llevó a su captura

Leonel Alejandro “N” fue detenido el 10 de julio en una operación coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y otras instituciones de seguridad, según informó la FGJES.

En la misma acción fue capturado Jonathan Enrique “N”, de 23 años, señalado por el homicidio del custodio Joaquín “N”, ocurrido el 2 de julio. Al momento de ambas detenciones, otras cuatro personas fueron aseguradas en flagrancia por posesión de narcóticos, y los indicios recabados quedaron a disposición del Ministerio Público.

Con esas capturas, la FGJES informó que los tres casos registrados contra personal del Sistema Estatal Penitenciario contaban ya con personas detenidas y procesadas.

Una ola de ataques contra custodios en Sonora

El homicidio de Julio César “N” no es un hecho aislado. Desde el 22 de mayo de 2026, Sonora registra tres agresiones contra trabajadores del sistema penitenciario: la primera ese día en la colonia Pimentel, y las otras dos el 1 y 2 de julio.

El comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, confirmó que las investigaciones vinculan a dos grupos criminales distintos con los tres ataques, y que de ambas organizaciones hay personas detenidas. Flores precisó que las indagatorias van más allá de los autores materiales: “Se están explorando otras líneas de investigación en relación a estos hechos”, afirmó.

El funcionario también señaló que estas agresiones constituyen una reacción de grupos delictivos ante las acciones implementadas para fortalecer el control y la gobernabilidad en los centros de reinserción social del estado.

La postura de la Fiscalía ante la violencia contra custodios

Al concluir la audiencia inicial contra Leonel Alejandro “N”, la FGJES reiteró su posición institucional: los homicidios dolosos serán investigados y llevados ante los tribunales con firmeza, en particular los cometidos con ventaja y planificación.

El organismo subrayó que quienes sean señalados como generadores de violencia en Sonora enfrentarán la acción penal del Estado. La causa contra Leonel Alejandro continuará en la próxima audiencia, donde el juez determinará si procede la vinculación a proceso y las condiciones de la etapa de investigación complementaria.

Flaviano López, taxista de 50 años y militar retirado, fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche del 9 de julio en Mexicali, Baja California, por tres adolescentes de 13, 15 y 16 años que solicitaron un viaje a través de la plataforma DiDi.

Los menores quemaron el cuerpo, robaron el automóvil y grabaron el crimen con un celular. Pese a la brutalidad del hecho, la legislación vigente les permite enfrentar penas de entre 3 y 5 años de internamiento.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) confirmó el lunes 13 de julio la detención de los tres imputados, quienes ya fueron presentados ante la autoridad por los delitos de homicidio calificado con ventaja, robo de vehículo e inhumación y exhumación de cadáver, según informó la titular María Elena Andrade Ramírez en conferencia de prensa.

Las penas son individuales por edad: el menor de 13 años puede recibir un máximo de 3 años de internamiento; el de 15, hasta 5 años.

Sheyla pidió el viaje; Dylan y un amigo de 13 años abordaron el automóvil

Flaviano López salió de su domicilio en la colonia Conjunto Urbano Esperanza la noche del jueves 9 de julio para trabajar como conductor de aplicación. Fue la última vez que su familia tuvo contacto con él. Sus familiares presentaron la denuncia de desaparición ante la FGEBC, que emitió una pesquisa la tarde del viernes 10 de julio.

La adolescente de 16 años, identificada como Sheyla Sugey, solicitó el servicio de transporte desde la colonia Villa Verde con destino a Satélite. Al vehículo se sumaron su hermano de 15 años, Dylan Osmar, y un amigo de ambos de 13 años, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades. Los tres abordaron el automóvil de Flaviano sin que hubiera, hasta ahora, un motivo claro más allá del robo del vehículo.

Durante el trayecto, dentro del vehículo en movimiento, uno de los menores accionó un arma de fuego contra la cabeza del conductor. Flaviano López murió en el acto.

La investigación continúa para determinar quién jaló el gatillo y si el arma tiene relación con otros hechos violentos en la ciudad.

Desnudaron el cuerpo, le prendieron fuego y grabaron todo con un celular

Tras el disparo, los tres adolescentes trasladaron el cuerpo de Flaviano a un terreno en la colonia Villas del Colorado. Ahí lo desnudaron, lo fotografiaron y grabaron con un celular mientras hacían, según describió la fiscal Andrade Ramírez al medio La Voz de la Frontera, “bromas macabras estando ahí con el cuerpo”. Después le prendieron fuego.

“Fue un uso de violencia y una humillación, inclusive, del cuerpo, una falta de respeto. Lo tiran, lo incendian, bromean incluso”, dijo Andrade “Posteriormente, el mismo vehículo de él se lo llevan del lugar y aparecen muy a gusto en una colonia dando la vuelta en el vehículo, cuando incluso todavía tenía manchas pardorojizas en los asientos”, añadió.

Los jóvenes fueron localizados gracias al rastreo del automóvil. Elementos de la FGEBC los interceptaron y detuvieron.

La madre de dos de los imputados también enfrenta cargos por homicidio

Sheyla y Dylan son hijos de Selina “N”, mujer vinculada a proceso desde abril de 2026 por los delitos de homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad.

Selina fue detenida luego de que la noche del 10 de abril sustrajera a su hijo de 2 años de un domicilio en la colonia Hidalgo, donde se encontraba su expareja, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Uno de los acompañantes de Selina asesinó al hermano de ese agente durante el operativo. El menor de 2 años fue localizado días después gracias a trabajos de inteligencia y coordinación con autoridades estadounidenses.

Selina permanece en prisión en espera de que inicie su proceso judicial. Ahora dos de sus hijos enfrentan también cargos penales por homicidio.

La FGEBC informó además que solicitará información a autoridades de Estados Unidos sobre los tres adolescentes, ya que son ciudadanos estadounidenses y residen por temporadas en ambos países.

Conductores de DiDi exigen justicia y penas más severas

La noche del lunes 13 de julio, a partir de las 20:00 horas, conductores de taxis de plataforma comenzaron a congregarse en el estacionamiento de la Plaza de los Tres Poderes para realizar una caravana en honor a Flaviano.

Con globos blancos en mano, partieron hacia las instalaciones de la FGEBC sobre la calzada de los Presidentes para exigir justicia. Los conductores manifestaron tristeza, enojo e indignación. Recuerdan a Flaviano como una persona honrada que salió a trabajar y fue asesinado sin razón.

La principal demanda es que los responsables sean juzgados como adultos y reciban penas acordes a la gravedad del crimen, no las que contempla la ley de adolescentes.

DiDi se deslinda del caso

Luego de que se diera a conocer el caso, DiDi notificó a Infobae México que el viaje no se realizó ni se solicitó a través de la aplicación DiDi.

“La última conexión registrada del conductor fue en octubre de 2025″, aseguró la empresa a esta casa editorial.

Durante la jornada del 14 de julio de 2026 se confirmó la condena por homicidio agravado para Cristian David Vargas Ortiz, que fue declarado responsable del asesinato de Ariana Sofía, una adolescente de 15 años que recibió un balazo cuando tenía siete meses de embarazo.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2025 y el bebé que esperaba la joven también murió. Según el reporte del caso, el juez condenó a Vargas Ortiz por homicidio agravado y por fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones.

Además, el fallo también ordenó que no se le concedieran mecanismos sustitutivos de la pena y dispuso que cumpla la condena en el establecimiento carcelario que defina el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con el informe del diario local El Universal, Vargas Ortiz se entregó a la Policía Nacional tras el crimen. Una semana después, en las audiencias iniciales, un juez de Control de Garantías ordenó enviarlo a la cárcel.

La sentencia llegó un año y medio después del homicidio. El fallo declaró a Vargas Ortiz responsable de los dos delitos y dejó en firme que no tendría beneficios como casa por cárcel.

Antecedentes del caso

Ariana Sofía vivía con Vargas Ortiz, de 18 años, desde que ella tenía 14, en un sector vulnerable, ubicado en el suroriente de Cartagena.

La noche del 1 de enero de 2025, un disparo dentro de la vivienda acabó con la vida de la adolescente. El reporte del diario local indicó que el mismo agresor fue el encargado de trasladarla a un centro asistencial, donde murió junto con el bebé.

La primera versión que entregó su pareja fue que el disparo ocurrió mientras manipulaba un revólver.

Días después del crimen, la madre de la adolescente describió a El Universal una convivencia que, a simple vista, parecía estable: “Mi hija y ese muchacho vivían en mi casa, también en Isla de Belén. Tenían un año y cinco meses de relación y mi hija tenía siete meses de embarazo. Ella se encontraba muy feliz. Yo los veía juntos, los veía bien como pareja. Nunca vi peleas entre ellos, pero a veces él se tornaba agresivo”.

Sobre lo ocurrido esa noche, la mujer relató al diario: “El 1 de enero ella estaba en la casa (...) Ese día, ese hombre había tomado mucho y no sé qué pudo ocurrir dentro de esa casa para que mi hija terminara con una bala en su cara”.

La madre también contó que tras escuchar el balazo nunca pensó que su hija fuera la afectada: “Comenzaron a escucharse gritos que a Cristian le habían pegado un tiro y que estaba en la clínica. Me fui para allá porque pensé que ella se encontraba con él, pero al llegar al hospital y acercarme a la camilla, quien estaba acostada era mi hija y ya los médicos la habían declarado muerta”.

Además, los testigos presentados ante las autoridades expresaron que la convivencia entre los jóvenes estaba marcada por discusiones frecuentes y episodios que le causaban preocupación por la seguridad de la menor.

El fallo también indicó que, antes del asesinato, el hoy condenado había agredido a otra mujer y se ocultó en la casa de familiares por temor a represalias. En ese momento fue cuando ocurrió el ataque.

Vargas Ortiz aceptó ante las autoridades que había disparado contra su compañera sentimental y aseguró que había bebido alcohol. Del mismo modo, indicó que ese mismo día protagonizó un problema con otras personas por lo que buscó un revólver para protegerse y aseguró que el tiro salió cuando intentaba descargar el arma y Ariana trató de quitársela.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que Jesús Armando Rosales Álvarez, abogado de 26 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue una de las cuatro personas asesinadas durante el ataque armado registrado la noche del domingo en una vivienda del municipio de Pénjamo.

El multihomicidio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Solidaridad, en la colonia Miguel Hidalgo, donde se desarrollaba una reunión familiar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Pénjamo, un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble, sometió a seis personas y las obligó a arrodillarse antes de abrir fuego.

Como resultado de la agresión, murieron Jesús Armando Rosales Álvarez, de 26 años; Gustavo, de 24 años, así como dos adolescentes identificados con las iniciales A.M.L. y B.O.V., de 15 y 16 años, respectivamente. Además, dos hombres, de 19 y 24 años, resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de las cuatro víctimas y precisó que personal ministerial realizó las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

Peritos forenses aseguraron diversos indicios balísticos, los cuales fueron fijados, embalados y enviados a los laboratorios especializados para su análisis. Asimismo, agentes ministeriales recabaron testimonios de personas que se encontraban en la convivencia cuando ocurrió el ataque.

La dependencia indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a los probables responsables. Como parte de las indagatorias, también se analizan videograbaciones captadas por cámaras de vigilancia públicas y privadas instaladas en los alrededores.

¿Quién era Jesús Armando Rosales Álvarez?

Además de ejercer como abogado, Jesús Armando Rosales Álvarez formaba parte del Partido Acción Nacional en Pénjamo, donde se desempeñaba como director de Acción Electoral de la Secretaría de Acción Juvenil.

De acuerdo con información difundida por integrantes del partido y publicaciones en redes sociales, también colaboraba en la estrategia de comunicación e imagen institucional del despacho jurídico Rosendo & Asociados.

Tras confirmarse su muerte, integrantes de la comunidad política y jurídica del municipio expresaron condolencias a través de redes sociales y destacaron su trayectoria profesional y participación dentro de Acción Juvenil del PAN.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía de Guanajuato señaló que mantiene los trabajos de campo y las investigaciones ministeriales para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

Raúl N., sentenciado como autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, asesinado en marzo de 2021, obtuvo un amparo contra la resolución condenatoria, lo que permitió su salida del centro penitenciario mientras continúa la revisión del caso.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó a medios locales que el Poder Judicial de San Luis Potosí dio cumplimiento la semana pasada a la ejecutoria emitida por un órgano de la justicia federal, la cual ordenó conceder el beneficio al sentenciado.

La magistrada explicó que la resolución dictada previamente por el tribunal estatal permanece bajo análisis del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá determinar si la sentencia cumplió con los lineamientos establecidos durante el proceso de revisión.

“Se concedió el amparo y estamos actuando conforme a ese criterio. No me gustaría adelantarme, porque insisto, todavía no tenemos la calificación”, declaró Zarazúa Martínez.

La funcionaria sostuvo que la excarcelación de Raúl N. no implica una vulneración a los derechos humanos de las partes involucradas, sino que responde a una interpretación distinta de la legislación por parte del juez federal respecto de la aplicada por el Poder Judicial estatal.

El homicidio ocurrió en marzo de 2021

Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, fue asesinado el 1 de marzo de 2021 tras un ataque armado.

De acuerdo con las investigaciones, el empresario se encontraba en una vulcanizadora ubicada sobre la avenida Potosí —alrededor de las 14:00 horas—, cerca del cruce con la avenida Salvador Nava Martínez, en la colonia Lomas Primera Sección, cuando un hombre descendió de una camioneta y abrió fuego en su contra en repetidas ocasiones. Galindo Pérez recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen.

Luego de la agresión, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

El crimen provocó una amplia condena entre el sector empresarial y autoridades de San Luis Potosí. Días después del ataque, familiares, empresarios y ciudadanos realizaron una marcha para exigir el esclarecimiento de los hechos y que los responsables fueran llevados ante la justicia.

Raúl N. fue condenado a 32 años de cárcel en 2023

Como resultado de las investigaciones, en marzo de 2023 un Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia dictó una sentencia de 32 años y seis meses de prisión contra Raúl N., al declararlo responsable como autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo Pérez.

La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2023, en la que el tribunal ya no desahogó nuevos medios de prueba, debido a que días antes el juez había determinado la responsabilidad penal del acusado tras valorar las evidencias presentadas durante el juicio.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar que Raúl N. planeó el asesinato del entonces dirigente empresarial, por lo que solicitó la imposición de la pena correspondiente.

Antes de emitir la sentencia, el juez expuso a las partes —entre ellas la representación de las víctimas, la defensa y la Fiscalía— el análisis realizado desde la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva, así como los argumentos jurídicos que sustentaron la declaratoria de culpabilidad y el cálculo de la sanción.

Esa condena es la que actualmente se encuentra bajo revisión del Poder Judicial de la Federación, luego de que Raúl N. obtuviera un amparo que dejó sin efectos la resolución condenatoria y permitió su excarcelación mientras se resuelve de manera definitiva su situación jurídica.

Tres hermanos, entre ellos un adolescente, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades dominicanas tras una intensa persecución e investigación policial, por su presunta implicación en el homicidio de un repartidor durante una riña ocurrida en el sector Hato Mayor, en Santiago. Los detenidos, Eudis Martínez Henríquez, alias “El Pana”, de veintiún años; Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias “Cocote”, de diecinueve años; y un menor de dieciséis años, eran activamente buscados desde el fin de semana, cuando se registró el incidente en un local de comida donde trabajaba la víctima, identificada como Joel Rivera Heredia, conocido como “King”, de veinticuatro años.

De acuerdo con el reporte policial, el conflicto que desencadenó el homicidio se originó por una disputa social. Durante la riña, Rivera Heredia recibió varias heridas provocadas con un arma cortopunzante, lesiones que derivaron en su muerte según el diagnóstico del médico legista.

La Policía Nacional informó que los tres imputados decidieron presentarse en la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) en compañía de familiares, tras la presión ejercida por la operatividad policial y la cercanía de los agentes en su búsqueda. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, mientras que las investigaciones continúan para determinar posibles implicaciones de otros involucrados en el caso.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó sobre el caso en sus redes sociales y destacó que la entrega de los hermanos se produjo gracias al despliegue de búsqueda y acciones investigativas que incluyeron la difusión de fotografías y la coordinación con las comunidades locales.

La institución reiteró que mantiene la vigilancia en Santiago y otras provincias con el objetivo de reducir los niveles de violencia y esclarecer hechos delictivos recientes.

En un caso paralelo, que reafirma la tendencia de entregas y capturas tras operativos policiales, la Policía Nacional detuvo a Deilin Medina, alias “Robín”, de treinta y cuatro años, quien admitió su participación en al menos tres robos cometidos en diferentes puntos del Distrito Nacional. La captura de Medina, residente en el sector El Caliche, Los Pinos, se concretó luego de labores de inteligencia de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en María Auxiliadora. El sospechoso fue localizado durante un operativo de búsqueda e intentó escapar junto a otros individuos, pero fue capturado de inmediato por los agentes.

Durante el proceso investigativo, Medina confesó su vinculación con el robo de una guagua marca Fiat Fiorin, de la que sustrajo una cámara de video, extensiones eléctricas y un canasto, para posteriormente venderlos a un transeúnte. Además, admitió haber participado en el robo de una vivienda en el sector 27 de Febrero, donde se llevó RD$10.000 (USD 170) en efectivo y un televisor. El tercer caso confirmado corresponde al hurto de redes eléctricas de un local comercial en Villa María. La Policía Nacional destacó que estos hechos generaron preocupación en las comunidades afectadas, por su impacto económico y el incremento del sentimiento de inseguridad en el Distrito Nacional.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, conforme a los procedimientos legales establecidos y en cumplimiento del Código Penal de República Dominicana, que prevé penas de prisión severas para quienes incurren en robo con violencia o reincidencia. Según la institución, la rápida intervención permitió esclarecer los hechos y recuperar parte de los bienes sustraídos, mientras que las investigaciones continúan para identificar a posibles colaboradores y esclarecer otros delitos similares reportados a comienzos de 2026.

Ambos casos reflejan la presión sostenida de las autoridades para combatir los delitos violentos y contra la propiedad, así como la importancia de la colaboración ciudadana y la labor de inteligencia policial en la prevención y resolución de crímenes recientes en República Dominicana.

La noche del 14 de julio de 1993, Bobby Kent llegó al sitio en construcción de Weston, en el condado de Broward, convencido de que iba a correr en autos con sus amigos. Tenía 20 años, era hijo único de una familia iraní que había emigrado a Estados Unidos, y no sospechaba que las siete personas que lo acompañaban esa noche llevaban semanas planeando su muerte. Lo que ocurrió en ese descampado al borde de un canal conmocionó a la comunidad del sur del estado de la Florida y terminó en uno de los juicios por homicidio más conocidos de la década en ese lugar.

Bobby había nacido como Bobby Khayam. Su padre, Fred, era un corredor de bolsa exitoso que había cambiado el apellido familiar al llegar a Estados Unidos. La familia vivía bien, en Hollywood, una localidad de clase media al norte de Fort Lauderdale. Bobby era conocido, físicamente imponente y fanático del fisicoculturismo. Pero detrás de esa imagen había una violencia que sus propios padres no querían ver.

Desde tercer grado, Bobby tuvo un solo amigo constante: Marty Puccio. Vivían en la misma cuadra. Los padres de Marty recordaban que el chico llegaba a casa con moretones después de pasar tiempo con Bobby, y aunque le pedían que se alejara, nunca tomaron medidas más firmes. La dinámica entre los dos era la de un agresor y su víctima preferida: Bobby golpeaba a Marty, lo humillaba, y aun así Marty volvía.

En la adolescencia, los dos se volcaron al fisicoculturismo y, según se supo después, ambos comenzaron a consumir esteroides. El comportamiento de Bobby empeoró. Marty llegó a rogarles a sus padres que se mudaran para escapar de él. Se fue a vivir un tiempo con parientes en Nueva York, pero terminó regresando a Florida y a la misma relación.

Cuando Marty abandonó el secundario en el undécimo grado, los Kent lo culparon a él de ser mala influencia sobre su hijo.

Bobby también intentó hacer negocios. Aprovechando el auge de la subcultura gay en el sur de Florida, filmó videos pornográficos de hombres que vendía con poco éxito por la baja calidad del producto. El director de cine Larry Clark, que en 2001 llevó el caso al cine con la película Bully, fue más explícito con el diario estadounidense Los Angeles Times: “Bobby casi que era el proxeneta de Marty en clubes gays. Conseguían dinero de esa manera, y quién sabe qué más hacían”. Clark dijo que esa parte de la historia era central, que insistió en incluirla en el guion basado en el libro Bully: A True Story of High School Revenge, de Jim Schutze.

En algún momento antes del verano de 1993, Marty conoció a Lisa Connelly, una chica de 18 años que había abandonado el secundario. Se enamoraron rápido. Lisa notó de inmediato cómo Bobby trataba a Marty y, para alejar a su novio de esa dinámica, lo presentó a su amiga Ali Willis.

Ali también tenía 18 años, ya había estado casada y tenía un hijo que criaban sus padres. Bobby y Ali salieron pocas semanas. En ese tiempo, según los registros del caso, Bobby la sometió a conductas sexuales que ella describió como abusivas y la amenazó a ella y a su bebé. Cuando la relación terminó, Bobby le dijo que la mataría si no volvía con él.

Poco después, Lisa descubrió que estaba embarazada de Marty. Convencida de que su novio nunca podría liberarse de Bobby mientras este siguiera vivo, empezó a planear el crimen. Reclutó a Ali, a Marty, al nuevo novio de Ali —Donnie Semenec—, a sus primos Heather Swallers y Derek Dzvirko, y a un conocido de 22 años llamado Derek Kaufman, quien alardeaba de ser un asesino a sueldo de la mafia para impresionar al grupo más joven.

El 13 de julio de 1993, seis de los futuros asesinos se reunieron en una pizzería. El tema de la reunión era uno solo: cómo matar a Bobby Kent. Marty no estuvo presente esa noche.

El plan inicial era que Ali lo atrajera a un sitio en construcción en Weston y lo balaera. Esa misma noche lo intentaron. “Lisa tenía un arma”, reconoció Ali Willis años después ante un canal de televisión: “Yo nunca tuve una pistola. El arma estaba ahí”. Pero ninguna de las dos tuvo el valor suficiente para usarla. El primer intento se abortó. La noche siguiente, el grupo regresó con otro plan y más integrantes.

Marty llamó a Bobby y lo invitó a salir. Le dijo que iban a correr autos en el descampado de Weston. Además, le aseguró que Ali quería tener sexo con él. Bobby aceptó.

A las 23:30, los siete lo recogieron en su casa. Antes de salir, el grupo reunió las armas que habían conseguido: dos cuchillos, un caño de plomo y un bate de béisbol de aluminio. El supuesto sicario, Kaufman, había prometido llevar un arma de fuego. Aportó el bate.

Al llegar al sitio, Ali llevó a Bobby a un lugar más apartado con el pretexto de querer hablar. Heather Swallers se sumó para ayudar a distraerlo. Los otros cinco se acercaron en silencio con las armas.

Donnie Semenec fue el primero en atacar: le clavó un cuchillo en la nuca. Bobby, herido, buscó a Marty con la mirada. Le rogó ayuda. Se disculpó por todo lo que le había hecho. Marty le respondió clavándole un cuchillo en el estómago.

“Lo que recuerdo después de eso es que Bobby le gritaba a Marty: ‘Hacé algo, hacé algo. Me pegó, me pegó’”, contó Ali Willis en 2011. “Miré para abajo y había sangre por todos lados... y él se agarraba el estómago... y me quedé paralizada”.

Bobby intentó escapar. Marty, Semenec y Kaufman lo persiguieron. Lo golpearon y apuñalaron en el torso. Marty le golpeó la cabeza contra el suelo y le cortó la garganta. El golpe final lo dio Kaufman: le destrozó la cabeza con el bate de aluminio.

El cuerpo fue arrastrado hasta el borde del pantano. Habían elegido ese lugar porque creían que los yacarés se encargarían de los restos. Arrojaron el bate y los cuchillos al mar. Se pusieron de acuerdo en una coartada: habían estado juntos esa noche mientras Bobby salía con una mujer desconocida.

La familia de Bobby lo denunció como desaparecido esa noche. La policía contactó a Marty, el mejor amigo de la víctima. Marty fingió preocupación y dijo no saber nada.

Pero el grupo no pudo mantener el silencio. Lisa Connelly le confesó el crimen a su madre. La madre le avisó a su hermana, que era la mamá de Derek Dzvirko. Las dos mujeres llevaron a sus hijos ante un familiar que tenía contactos en la policía, y fueron derivados al detective Frank Ilarraza de la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

Dzvirko confesó todo y llevó a Ilarraza hasta el cuerpo de Bobby Kent, que seguía donde lo habían dejado. La billetera en el bolsillo del pantalón confirmó la identidad.

“En cuanto bajé del auto, podías oler el cuerpo en descomposición”, declaró Ilarraza. El detective, que tenía 30 años de carrera, dijo que fue el caso más impactante que le tocó trabajar. “Fue algo muy personal. Se le fueron encima, a una distancia en la que podían olerlo, escucharlo respirar, y ahí fue cuando lo mataron salvajemente”.

El vocero del sheriff del condado, Jim Leljedal, resumió la lógica del crimen ante la prensa de la época con una frase que quedó registrada: “Estás tratando de encontrarle sentido, una buena razón, un motivo, y no lo hay”.

Los fiscales optaron por juzgar a cada uno de los siete criminales por separado. Ninguno mostró remordimiento durante los juicios. Tres de los condenados ni siquiera conocían a Bobby Kent antes de esa noche.

Marty Puccio recibió la condena más dura: culpable de homicidio en primer grado, fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica el 3 de agosto de 1995. La madre de Bobby, Farah Kent, declaró que la Justicia había cumplido su cometido: “Ahora él va a tener miedo por su vida, como mi hijo tuvo miedo por la suya”. En 1997, la Corte Suprema de Florida revocó la pena de muerte por circunstancias atenuantes y la conmutó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años.

Donald Semenec cumplía 18 años el día que ayudó a matar a Bobby Kent. Fue condenado a cadena perpetua más 15 años. Derek Kaufman, el falso sicario, recibió cadena perpetua más 30 años. Los tres permanecen en prisiones de Florida.

Los cuatro restantes ya salieron. Derek Dzvirko, quien condujo a la policía hasta el cuerpo, fue condenado a 11 años pero cumplió 4, y quedó en libertad en octubre de 1999. Luego se mudó a Missouri, donde trabajó como camionero. Heather Swallers cumplió siete años. Lisa Connelly fue sentenciada a cadena perpetua más cinco años, pero la condena fue reducida en apelación a 9 años efectivos; salió en febrero de 2004 y se radicó en Pensilvania. Ali Willis recibió 40 años, reducidos a 17 en apelación; cumplió menos de ocho y quedó libre en 2001.

En 2011, en el decimoctavo aniversario del crimen, Ali Willis fue la única de los siete condenados que accedió a dar una entrevista pública. Tenía 35 años y era madre de cuatro hijos.

Willis sostuvo ante NBC Miami que esa noche creía que iba a presenciar una pelea, no un asesinato. “Ese hombre me golpeó”, dijo. “Quería verlo recibir lo mismo. Quería que supiera cómo se siente”. Pero negó haber querido su muerte: “Fue miedo, pero era casi como estar en trance”.

Sobre su condena y su liberación, Willis dijo: “Creo que merecía algo de tiempo en prisión. Estoy de acuerdo con eso totalmente. Pero no creo que me haya librado fácil”. Y agregó: “No lo maté yo... Honestamente no creí que fuera a terminar muerto. ¿Cómo podés sentir remordimiento por algo que no hiciste?”.

La madre de Bobby, Farah Kent, siempre creyó que Willis había sido la mente detrás de todo. “Él no quería verla más”, dijo Farah en otra entrevista. “Por eso creo que pasó todo esto”. Los tribunales, sin embargo, establecieron que la autoría intelectual del crimen correspondió a Marty Puccio y a Lisa Connelly.

Los padres de Bobby Kent seguían viviendo en el condado de Broward cuando Willis dio aquella entrevista. Declinaron hablar. Dijeron que habían pasado 18 años y que estaban listos para dejar atrás el asesinato de su hijo.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hallazgo se produjo en las inmediaciones del Nudo 6 del complejo habitacional. Cuando los efectivos lograron sofocar las llamas descubrieron el cadáver de un hombre cuya identidad aún no había sido establecida.

La causa quedó en manos de la UFI N°7 de San Martín y fue caratulada, en principio, como averiguación de causales de muerte (homicidio). En el lugar también trabajó personal de la DDI, mientras se aguardaban las pericias de Policía Científica y la operación de autopsia.

Según supo Infobae, la investigación avanzó sobre el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con otra fuente policial consultada por este medio, los registros permitieron detectar a dos personas que habrían empujado el carro hasta el lugar donde apareció el cuerpo y luego le prendieron fuego.

Los sospechosos, sin embargo, todavía no fueron identificados, ya que las imágenes muestran que llevaban el rostro cubierto. Los investigadores continúan con distintas tareas para establecer sus identidades. De momento se baraja la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque no descartan otras posibilidades.

Si bien trascendió la versión de que previo al hallazgo del cuerpo hubo un tiroteo, fuentes de la investigación consultadas por Infobae relativizaron esa hipótesis y pidieron cautela hasta contar con los resultados de las pericias.

“Por ahora no hay nada seguro”, aseguró a este medio uno de los investigadores. En ese sentido, explicó que la víctima incluso podría ser un carrero de la zona, una posibilidad que también forma parte de las líneas de trabajo abiertas.

Las mismas fuentes indicaron que la autopsia al cuerpo se realizará este martes para determinar la causa de la muerte.

Dos hombres que se dedicaban al oficio de la carnicería fueron asesinados en el municipio de Ayala, Morelos, luego de haber sido privados de la libertad por un grupo armado, de acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE). Sus cuerpos fueron localizados con impactos de arma de fuego en diferentes puntos de la demarcación.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE a Proceso, ambas víctimas habrían sido interceptadas y secuestradas por hombres armados horas antes de que fueran encontradas sin vida. Estos hechos forman parte de la carpeta de investigación abierta para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.

El primero de los cuerpos fue localizado sobre la carretera Abelardo L. Rodríguez-Tenextepango, a la altura de la colonia Abelardo L. Rodríguez. Horas después, autoridades recibieron otro reporte sobre una persona tirada en los campos de El Guajal, en la colonia del mismo nombre. Al arribar, elementos de seguridad y personal de emergencias confirmaron que se trataba del segundo hombre, quien también había fallecido a consecuencia de disparos de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía estatal efectuó el levantamiento de ambos cuerpos y continuó con las diligencias periciales para determinar la secuencia de los hechos. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni reportan personas detenidas por este caso.

Violencia y extorsión mantienen bajo presión al comercio en el oriente de Morelos

El asesinato de los dos trabajadores de una carnicería se registró en una región que desde hace meses enfrenta una escalada de violencia atribuida a la disputa entre grupos del crimen organizado. Municipios como Ayala y Cuautla han sido escenario de homicidios, ataques armados y casos de extorsión que afectan a comerciantes y empresarios, particularmente en actividades relacionadas con el abasto y la venta de carne.

Investigaciones periodísticas han documentado que organizaciones delictivas buscan controlar distintas actividades económicas en el oriente de Morelos, entre ellas el funcionamiento del rastro municipal, el cobro de extorsiones y la distribución de productos cárnicos. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre para comerciantes de la región, quienes han denunciado presiones por parte de grupos criminales para operar sus negocios. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado que el asesinato de los dos trabajadores esté vinculado con estas actividades, por lo que el móvil del crimen permanece bajo investigación.

La violencia en la zona también se ha reflejado en otros hechos de alto impacto registrados durante 2026. En abril, un ataque armado contra un bar ubicado en el municipio de Ayala dejó ocho personas muertas y varios lesionados, uno de los episodios más letales del año en Morelos.

A ello se suman homicidios, agresiones con armas de fuego y hallazgos de víctimas en distintos municipios, incluidos Cuautla, Temixco, Tetecala y Tlaquiltenango, donde las autoridades mantienen abiertas diversas carpetas de investigación.

Especialistas en seguridad han señalado que la persistencia de estos hechos responde a la disputa territorial entre células delictivas que buscan controlar rutas, mercados y fuentes de financiamiento en la región. Aunque las autoridades estatales han desplegado operativos de seguridad en el oriente de Morelos, los ataques armados y los homicidios continúan registrándose de manera recurrente, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer cada uno de los casos.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial, la Fiscalía de Instrucción de feria de San Francisco individualizó al principal sospechoso como Agustín Alexis Guevara, de 25 años y apodado como “Manay”.

Así, los investigadores libraron una orden de captura para Guevara, quien hasta este lunes a la mañana permanecía prófugo de la Justicia, de acuerdo a la información que fuentes del caso le brindaron a este medio.

Ante este escenario, personal de la Policía de Córdoba realizó una serie de allanamientos para dar con su paradero.

Guevara registra antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

Este domingo, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, descartó de forma tajante que el homicidio estuviera vinculado de manera causal con los festejos deportivos. En contrapunto, el funcionario asoció el episodio como un presunto ajuste de cuentas.

“Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana por robo calificado, con frondosos antecedentes", puntualizó Quinteros en una rueda de prensa, ligando el hecho a disputas territoriales que suelen registrarse en la región.

Y en esa misma línea, detalló: “(El homicidio de Ochonga) Se dio en el marco de los festejos, pero claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre fronteras -con la provincia de Santa Fe- y San Francisco“.

El hecho

Ochonga fue asesinado a balazos durante los festejos por el triunfo que Argentina obtuvo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial, según indicaron fuentes del caso a Infobae, y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

Sucede que la víctima había salido recientemente de prisión, luego de ser detenido por robos calificados. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente ligada a la investigación.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo de esa localidad cordobesa, donde los vecinos celebraban el pase a semifinales del Mundial. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la fuente.

Las sospechas sobre la vendetta por droga están fundadas en las características del homicidio y en que tanto Ochonga como el presunto asesino son de Frontera, la ciudad cordobesa que limita con Santa Fe y que es un punto crítico para la seguridad, debido al dominio de bandas narco que operan en el territorio.

El joven, que residía en San Francisco, había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio. Tenía, además, dos pedidos de captura vigentes.

Luego de conocerse la noticia, los allegados de Ochonga comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus amigos de acuerdo a La Voz de San Justo.

“Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”, cerró la publicación.

Un ataque con arma de fuego dejó una persona muerta y tres más heridas en la madrugada del domingo 12 de julio de 2026. De acuerdo con el reporte de los medios locales, el hecho ocurrió durante las festividades de la Dignidad Campesina en La Julia, centro poblado que se encuentra ubicado en el municipio de Uribe (Meta).

Los ciudadanos se encontraban disfrutando de la música en vivo en el polideportivo local, cuando se desató un ataque sobre las 2:00 a. m. que causó pánico entre los asistentes y terminó en la tragedia que enluta a la familia de la víctima mortal y preocupa a todos los habitantes de la región.

De acuerdo con las publicaciones realizadas a través de las redes sociales por páginas como Reportero de los Hechos y Beken Notisocial, la víctima fatal fue identificada como Edilberto Castillo Bedoya, de 26 años, conocido entre sus amigos y allegados como “Beto”.

Los reportes preliminares indican que se encontraba descansando en las gradas del polideportivo cuando un hombre se le acercó y le disparó en la cabeza, desatando momentos de terror entre las personas que empezaron a correr para salvar su vida, por lo que el sicario aprovechó la confusión para huir.

Del mismo modo, los informes locales aseguran que Castillo Bedoya era nacido y criado en La Julia y que trabajaba como maestro de construcción, oficio por el que era reconocido con cariño por la comunidad que hoy clama justicia por su muerte.

Tras el ataque, el ciudadano fue trasladado al hospital local de inmediato. Sin embargo, los médicos confirmaron que murió pocos minutos después por la gravedad de la herida.

En el mismo hecho resultaron lesionadas dos mujeres y un hombre, que están recibiendo atención médica. Por esta razón, las autoridades avanzan en la identificación del responsable y piden apoyo de la ciudadanía con el fin de que entreguen cualquier información que permita dar con su paradero y establecer los móviles del crimen ocurrido durante la celebración.

Reportan otra masacre en Colombia durante el segundo domingo de julio

De acuerdo con información revelada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tres personas fueron asesinadas el 12 de julio de 2026 en el municipio de Almaguer, ubicado en el departamento de Cauca, donde las autoridades hallaron tres cuerpos en distintos puntos de la zona y mantienen abierta una investigación para establecer identidades y responsables, así como la conexión de cada uno de los hechos.

Según el reporte publicado por el organismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que en Almaguer persisten condiciones de riesgo por la presencia y disputa de grupos armados ilegales por el control territorial y de economías ilícitas, como lo indica la información consignada en la Alerta Temprana AT 020/22 y el informe de seguimiento 013/26, emitidas por la entidad para llamar la atención del Gobierno nacional y local.

De acuerdo con la información preliminar, dos víctimas aparecieron cerca de la cabecera municipal y la tercera en el sector de La Parada, sobre la vía que conduce hacia el municipio de Bolívar. Al parecer, se trataría de tres hombres, algunos de ellos presentaban signos de tortura y múltiples heridas por arma de fuego.

Cabe mencionar que hay alerta en la zona, teniendo en cuenta que se reporta la presencia de criminales del Frente Carlos Patiño y el Frente Andrés Patiño del EMC, el ELN, así como bandas de carácter local. Aunque la zona está bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional se pide una mayor presencia de uniformados para evitar este tipo de casos.

El hecho fue registrado como la masacre número 71 en Colombia durante 2026.

13 años después del crimen de un bebé de siete meses en Sincelejo, la Policía Nacional capturó en San Juan del Cesar a Raquel Elena Polo Suárez, señalada de asesinar a su propio hijo en 2013. El caso seguía abierto por homicidio agravado y tras la detención se volvió a activar el proceso judicial pendiente con el fin de concluir el caso.

La aprehensión se llevó a cabo en la mañana del miércoles 8 de julio de 2026, en una vivienda del municipio de La Guajira, en cumplimiento de una orden judicial. De acuerdo con la investigación, la mujer que tenía 27 años cuando ocurrieron los hechos y hoy tiene 40 fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según el reporte del caso, difundido por medios locales como El Meridiano, la acusada había quedado libre por vencimiento de términos y se trasladó a La Guajira, donde permaneció hasta su recaptura.

El expediente atribuye la muerte a la inmersión del bebé en agua hirviendo

El crimen ocurrió en 2013 en una vivienda del barrio 6 de Enero, en la capital de Sucre. La investigación citada por Impacto News indica que el niño fue sumergido de cabeza en una olla con agua hirviendo y sufrió quemaduras que le causaron una insuficiencia respiratoria aguda.

Las autoridades señalaron que ese día el bebé se despertó llorando hacia las 5:00 a. m. En ese momento, la mujer se habría levantado a preparar un tetero y luego volvió a la habitación con el menor y allí, según la acusación expuesta en audiencias, ocurrió el homicidio.

El fiscal relató en esas diligencias que la muerte fue causada por la inmersión de cabeza en un líquido caliente y que se trataba de una muerte violenta tras revisar los hallazgos en los análisis que los profesionales del Instituto de Medicina Legal le practicaron al cuerpo del pequeño. Por la condición de la víctima, un menor completamente dependiente de su madre, el caso fue investigado como homicidio agravado.

El caso provocó rechazo en Sincelejo y tensión durante las audiencias

Según reportes divulgados por los medios locales, la mujer había expresado días antes del brutal ataque su intención de entregar al bebé en adopción por problemas personales y de pareja.

También se indicó que llevaba apenas tres días trabajando como empleada doméstica en la vivienda donde ocurrieron los hechos cuando determinó que atacaría a su pequeño.

El Meridiano indicó que el padre del menor, identificado como José Carlos Contreras Montes, que se dedicaba a la venta ambulante de verduras, dijo en ese entonces que estaba dispuesto a perdonar a la mujer y ayudarla pese a que ella fue señalada como la causante de la muerte de su hijo.

Del mismo modo, se informó que Raquel Polo Suárez y su esposo asistían a una iglesia evangélica y atravesaban una mala situación económica. Incluso, los propietarios de la vivienda donde ocurrió el hecho los ayudaron con un trabajo para los dos, teniendo en cuenta que en el lugar funcionaba una zapatería artesanal.

Cabe mencionar que la comunidad intentó agredir a la mujer tras la muerte del niño y la Policía tuvo que intervenir para brindarle seguridad. Durante las audiencias, la acusada permaneció en un aparente estado de shock y fue necesaria la presencia de un psicólogo.

Ese especialista concluyó que estaba bien de salud y que presentaba mutismo moderado, una condición que no le impedía responder durante la audiencia. Según las autoridades, durante la captura reciente se respetaron todos sus derechos y no se presentó maltrato en el procedimiento.

Ahora, la comunidad está a la espera de la decisión judicial que permita concluir el caso tras 13 años de la muerte del menor de edad.

La investigación por el crimen de Alfredo Carbano, el hombre de 71 años cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un médano de Las Toninas, en el Partido de La Costa, avanza bajo un fuerte hermetismo. Mientras los investigadores intentan reconstruir cómo ocurrió el asesinato y cuál fue el móvil, el caso ya tiene dos detenidos con diferentes imputaciones.

El principal sospechoso es F.T.A., un adolescente de 17 años, acusado de homicidio en un expediente que tramita ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En paralelo, Damián Aníbal Maciel (31) permanece imputado por encubrimiento agravado y falso testimonio, en una causa que instruye la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Costa, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri.

La investigación sigue sumando pistas, aunque todavía son escasas las certezas. Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que, por el momento, no pudieron confirmar las versiones que señalan que Carbano había integrado la Policía Federal Argentina, como trascendió. Lo que sí confirmaron fue que la víctima tenía una causa abierta en el fuero federal por acopio de material explosivo.

De acuerdo con registros públicos a los que accedió Infobae, la víctima había desarrollado actividades vinculadas a la venta minorista de artículos de relojería y joyería. Por otra parte, los registros oficiales muestran que atravesaba una situación económica problemática, con una deuda bancaria de $213.000, al punto que figuraba como “De riesgo medio”, según el Banco Central de la República Argentina. Hasta el momento, la investigación no vinculó esos antecedentes con el homicidio.

El caso tomó estado público el pasado viernes 10 de julio por la noche, cuando personal policial encontró el cuerpo de Carbano enterrado en un médano de Las Toninas. Sin embargo, para los investigadores la historia había comenzado varias días antes, con un incendio en la vivienda de la víctima y la denuncia por su desaparición, dos episodios que hoy forman parte de la reconstrucción del crimen.

El incendio se registró el 26 de junio en el domicilio de Carbano, ubicado en la intersección de las calles 13 y 4. Si bien el fuego solo produjo daños materiales, las pericias posteriores realizadas por Bomberos determinaron que la vivienda estaba deshabitada al momento del incendio y se desconocía el paradero del propietario.

Dos días más tarde, el 28 de junio, los investigadores encontraron la camioneta de la víctima abandonada y encajada en un sector de médanos, a pocas cuadras de su casa. El hallazgo profundizó las sospechas de que Carbano podía haber sido víctima de un delito y motivó nuevas diligencias en la zona. Paralelamente, una inspección en la vivienda permitió secuestrar municiones de distintos calibres, documentación y una motocicleta, aunque no aparecieron rastros que permitieran establecer qué había ocurrido con el hombre.

Con el avance de la investigación, distintos testimonios orientaron los rastrillajes hacia un campo ubicado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11.

Finalmente, durante un operativo en el que participaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y un perro especializado en búsqueda de personas, encontraron el cuerpo de Carbano enterrado en un médano. El hallazgo cambió por completo el rumbo del expediente, que pasó de una averiguación de paradero a investigarse como un homicidio.

A partir de ese momento, el caso avanzó con una serie de allanamientos y la detención de los dos sospechosos. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 12 teléfonos celulares, una notebook, una pala, un hacha, machetes, una frazada con manchas hemáticas y otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si guardan relación con el crimen.

A pesar de los avances, el caso todavía presenta más interrogantes que respuestas. La Justicia intenta establecer qué ocurrió entre el incendio de la vivienda y el hallazgo del cuerpo, cuál fue el móvil del crimen, cómo y cuándo ocurrió y si el adolescente actuó solo o contó con la colaboración de otras personas y qué vínculo tiene con el otro detenido. Las respuestas a esas preguntas serán clave para reconstruir el rompecabezas que terminó con el macabro hallazgo en los médanos de Las Toninas.

Un joven de 20 años fue asesinado en la ciudad de San Francisco, Córdoba, durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, en un aparente ajuste de cuentas narco, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Sucede que la víctima, identificada como Matías Gerardo Ochonga, había salido recientemente de prisión, luego de ser detenido por robos calificados. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente ligada a la investigación.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo de esa localidad cordobesa, donde los vecinos celebraban el pase a semifinales del Mundial. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la fuente quien aseguró que los autores, que serían dos, ya fueron identificados y tienen pedido de captura.

La sospechas sobre la vendetta por droga están fundadas en las características del homicidio y en que tanto Ochonga como los presuntos asesinos son de Frontera, la ciudad cordobesa que limita con Santa Fe y es un punto crítico para la seguridad, debido al dominio de bandas narco que operan en el territorio.

El joven, que residía en San Francisco, había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio. Tenía, además, dos pedidos de captura vigentes.

Luego de conocerse la noticia, sus allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus amigos de acuerdo a La Voz de San Justo.

“Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”, cerró la publicación.

San Francisco es cabecera del departamento de San Justo y está ubicada a 206 kolómetros de la ciudad de Córdoba donde se congregaron 20 mil personas, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la zona del Patio Olmos para celebrar la victoria contra el combinado Suizo.

A diferencia de lo que sucedió el partido pasado, la jornada transcurrió sin incidentes y hubo seis detenidos por contravenciones.

Durante los controles, que se desarrollaron con colaboración de personal de la Municipalidad de Córdoba, se decomisaron botellas de bebidas alcohólicas, además de parrillas de venta de comida y gazebos que se encontraban en el espacio público.

El esquema de seguridad incluyó, también, a efectivos de Guardia de Infantería, Motocicletas, CAP y unidades especiales con el refuerzo de patrullajes preventivos. Los aprehendidos fueron trasladados a sedes policiales para ser puestos a disposición de la Justicia, informó la Policía cordobesa.

El audio de la llamada al 911 realizada por Conor Hanlon se publicó después de que las autoridades dictaminaran que la muerte de su esposa, la terapeuta Brooke Hanlon, fue un homicidio. El episodio ocurrió el seis de junio en la casa de la pareja en Chester, en Nueva Jersey, y, hasta el momento, no hay arrestos ni se informó la identificación de un sospechoso.

Según informó el medio Fox News Digital, Hanlon encontró a Brooke inconsciente y ensangrentada dentro de la vivienda y, poco después, se comunicó con el servicio de emergencias para pedir ayuda. El hombre solicitó instrucciones para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaba la llegada de personal médico.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Morris determinó en la autopsia que la causa de muerte fueron "múltiples lesiones por arma blanca" y que la forma de muerte fue “homicidio”, de acuerdo con la información publicada por Fox News Digital.

Ese dictamen forense fijó el encuadre del caso y estableció la caracterización de la muerte como un hecho violento, en contraste con la anotación inicial consignada en el expediente.

En el mismo expediente, un operador asentó "muerte sospechosa" a las 16.42, tras una llamada registrada a las 16.29. De acuerdo con el medio, la comunicación de Hanlon se produjo poco después de las 16.30.

Esos horarios quedaron incorporados como referencias formales dentro del registro de la emergencia, en una secuencia que luego pasó a formar parte de la investigación.

De acuerdo con Fox News Digital, Hanlon, de 35 años, dijo: “Acabo de encontrar a mi esposa, necesito instrucciones de RCP. Los necesito aquí. Los necesito aquí de inmediato". En la grabación, el operador le hizo preguntas directas para evaluar el estado de la mujer, incluido si sangraba o si estaba consciente. Ante ese planteo, el hombre respondió a los gritos: “¡No!”.

La conversación quedó incorporada al expediente del caso y se difundió públicamente tras la conclusión de la autopsia. Según Fox News Digital, el audio refleja el momento en que Hanlon pidió asistencia e instrucciones para realizar RCP tras encontrar a la víctima.

Los fiscales confirmaron a Fox News Digital que Hanlon se comunicó con los investigadores y contrató a un abogado, y que la investigación continúa abierta a cargo de la Fiscalía del Condado de Morris, el Departamento de Policía del Municipio de Chester y la Unidad de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Morris. La intervención de esos organismos fue señalada como parte del trabajo coordinado en el caso, que permanece activo.

Tampoco se difundieron públicamente detalles sobre líneas de investigación o avances más allá del dictamen del médico forense, los registros horarios consignados en el expediente y la confirmación de qué agencias continúan con la pesquisa.

El dictamen del médico forense aportó los elementos sobre la muerte de Brooke Hanlon. Estableció como causa de muerte “múltiples lesiones por arma blanca”. Fijó la forma de muerte como “homicidio”. En términos investigativos, esas conclusiones delimitan la naturaleza del hecho y sostienen el encuadre del caso como una muerte violenta bajo investigación.

Los antecedentes familiares del caso

Según un familiar citado por la revista PEOPLE, Brooke conoció a Conor mientras estudiaba en Boston. De acuerdo con esa fuente, la pareja regresó a la ciudad natal de ella en 2023, antes del nacimiento de su primera hija en julio de 2025.

El familiar citado por PEOPLE indicó además que la niña quedó al cuidado de familiares. Esa referencia se conoció mientras el caso seguía bajo investigación y sin anuncios de arrestos o de identificación de un sospechoso.

En medio de ese contexto, la investigación permanece en manos de las agencias citadas por los fiscales: la Fiscalía del Condado de Morris, el Departamento de Policía del Municipio de Chester y la Unidad de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Morris.

Recompensa y pedido de información

En el marco del pedido de colaboración, se ofrece una recompensa de USD 1.000 por información relacionada con el caso. La línea directa de Morris County Crimestoppers es 973-COP-CALL.

El municipio de Tipitapa, en el departamento de Managua, se encuentra conmocionado tras el trágico fallecimiento de un menor de tres años, identificado por las iniciales G. A. R. El Ministerio Público ha formalizado la acusación contra el padrastro del niño, Gian Carlos Manzanares, de 18 años, quien enfrentará un juicio oral y público tras determinarse la gravedad de las lesiones que provocaron la muerte del infante.

Los hechos ocurrieron en el barrio Ciudadela, donde el menor perdió la vida a causa de un shock traumático provocado por múltiples golpes en la cabeza, fracturas en las costillas y heridas por mordeduras. La violencia desmedida ejercida contra el niño ha despertado la indignación de la comunidad y ha puesto bajo la lupa el nivel de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima dentro de su propio hogar.

En el ordenamiento jurídico de Nicaragua, el Código Penal (Ley 641) tipifica de forma estricta los delitos contra la vida. En este caso específico, dada la naturaleza de los actos cometidos, la saña y el evidente estado de indefensión de la víctima por su corta edad, la Fiscalía procesa el hecho bajo figuras graves que podrían tipificarse como homicidio calificado o asesinato, dependiendo de las agravantes demostradas durante el juicio.

Para el asesinato, el Código Penal establece sanciones que oscilan entre los 20 y los 30 años de cárcel, e incluso la prisión perpetua revisable en casos de extrema crueldad cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Las pruebas científicas presentadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) serán determinantes para ratificar la máxima pena contra Manzanares.

La situación de la madre y el proceso legal para menores de edad

Una de las aristas más complejas de este caso radica en la situación de la madre del niño, María Romero, de 17 años. El Ministerio Público se encuentra a la espera de los peritajes del Instituto de Medicina Legal, valoraciones psicológicas y psiquiátricas especiales para determinar el grado de responsabilidad o de participación por omisión en el delito.

Romero confesó a la Policía Nacional que no denunció las constantes agresiones hacia su hijo debido a que vivía bajo intensas amenazas de muerte y maltrato físico por parte de su pareja, con quien apenas convivía desde hacía un mes. Adicionalmente, se indaga si la joven presenta algún tipo de discapacidad o problema mental.

En el supuesto de que las investigaciones demuestren que la madre tuvo complicidad o responsabilidad penal por no haber protegido al menor, su proceso judicial no se regiría por el Código Penal ordinario debido a su edad. Al tener 17 años, Romero es legalmente una adolescente bajo la legislación nicaragüense, por lo que su caso tendría que ser remitido a los Juzgados de Distrito de Adolescentes, bajo el amparo del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 287).

Si la joven fuera declarada culpable de un delito grave relacionado con la muerte de su hijo, la medida de privación de libertad en un centro de desarrollo especializado para adolescentes es una posibilidad legal.

No obstante, el tiempo máximo de privación de libertad para un adolescente en Nicaragua tiene un límite estricto que no supera los 6 o los 7 años de internamiento, dependiendo de la gravedad específica determinada por el juez especializado. Además, el tribunal penal de adolescentes tendría la obligación de ponderar el contexto de violencia machista y coacción física y psicológica que la joven sufría, factores que operan como eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal.

Un hombre de 53 años —cuyas iniciales son H.A.D.C.— fue asesinado ayer viernes por la noche en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, mientras ayudaba en una mudanza.

La investigación de las autoridades mendocinas sostiene que el mismo agresor, luego del crimen, incendió la vivienda de la pareja de la víctima. El asesino escapó y es intensamente buscado por la Policía de Mendoza.

El feroz ataque ocurrió en la intersección de La Pampa y Blas Parera, informaron fuentes policiales a Infobae. La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre.

Poco después del sangriento hecho, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una casa, perteneciente a la pareja de la víctima, una construcción precaria que sufrió pérdidas totales y en la que no hubo heridos, agregaron desde la Policía de Mendoza a este medio.

Por qué y cómo actuó el homicida

La reconstrucción del crimen señaló a un hombre de 45 años, identificado en el parte policial por sus iniciales A.C.S., como principal sospechoso. De acuerdo con la Policía de Mendoza, se trata de la expareja de la mujer que actualmente mantenía un vínculo sentimental con la víctima mortal.

El parte oficial indicó además que la mujer del hombre asesinado fue trasladada a declarar junto con otras dos mujeres, que habrían presenciado el hecho. Esos testimonios forman parte de las medidas ordenadas para reconstruir la mecánica del ataque y el recorrido posterior del acusado.

Según las pericias, el hombre de 53 años caminaba junto a su pareja y otra mujer trasladando distintos elementos de la mudanza cuando fueron sorprendidos por el sospechoso. Tras una discusión, el hombre de 45 años lo habría atacado con un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica.

Luego de la brutal agresión con el arma blanca, el asesino se fugó y fue a incendiar la casa de su exmujer, quien en ese momento intentaba salvarle la vida a su pareja, quien yacía en el pavimento.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente con participación de Policía Científica, la División Homicidios, el Grupo TEN y otras unidades especializadas. Ahora, los peritajes y la toma de testimonios buscan establecer con precisión cómo se produjo la agresión y qué recorrido hizo el acusado después del crimen.

El autor de la muerte del hombre, de acuerdo con el parte oficial, registra como antecedente un comparendo y citación de la Justicia en febrero de este año.

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión preventiva para cuatro detenidos en la causa por el crimen de Santiago Aguilera, el joven hallado muerto el 21 de agosto de 2022 en Villa Dolores. Lucas Ramón “Tití” Flores, Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas son los presuntos coautores del secuestro extorsivo triplemente agravado a Aguilera. La acusación también incluye cargos de robo, ya que durante los agresores despojaron a la víctima de su teléfono celular, billetera y DNI.

El tribunal ratificó también los embargos de 30 millones de pesos sobre los bienes de Flores, Castro y Rejas. La imputación, a cargo de los fiscales Maximiliano Hairabedian y María Schianni, sostiene que los procesados integraron una estructura organizada para ejecutar el secuestro y posterior asesinato de Santiago Aguilera Allende.

De acuerdo con la investigación, la fase operativa se coordinó presencialmente en un taller mecánico de Villa Dolores, administrado por Rejas y su hijo Lucas, con el objetivo de evitar registros telefónicos. El fallo detalla que la entrega de la víctima se realizó en la zona de Piedra Pintada la noche del 16 de agosto de 2022.

El cruce de sábanas telefónicas y los registros de telefonía móvil vincularon las líneas de Flores, Castro y Rejas con los lugares de captación del joven y posteriormente con el sitio del hallazgo de su cadáver. El joven fue asesinado a golpes y puñaladas en el tórax y el cráneo.

La Cámara rechazó los planteos y sostuvo que existen elementos de convicción e indicios suficientes para sostener la existencia material de los hechos y la participación penalmente responsable de los acusados. El tribunal convalidó la prisión preventiva como medida cautelar por riesgos procesales y de entorpecimiento.

El crimen de Santiago Aguilera

Santiago Aguilera Allende, un joven de 18 años oriundo de Villa Dolores, Córdoba, fue secuestrado después de intercambiar mensajes con Walter Ezequiel Gil, quien era empleado de la familia. Gil confesó su participación durante el juicio. El secuestro se produjo tras una cita pactada mediante mensajes, lo que facilitó la captura del joven.

Durante los días posteriores al secuestro, la madre de Santiago Aguilera Allende recibió mensajes extorsivos. Los secuestradores exigieron el pago de 7 millones de pesos a cambio de la vida del joven. La familia aguardó una nueva comunicación que nunca se produjo. Un hombre encontró el cuerpo de Santiago Aguilera Allende en un descampado de la zona de Traslasierra, Córdoba.

El informe forense incluyó la presencia de múltiples perforaciones en la mano de la víctima, producidas con un objeto punzante, posiblemente un destornillador o punzón. Además, se detectaron heridas de arma blanca en el tórax. Los especialistas y el abogado querellante interpretaron estos hallazgos como señales de que Santiago Aguilera Allende fue sometido a castigos y torturas durante su cautiverio.

La investigación identificó a Walter Ezequiel Gil como principal acusado y la Fiscalía solicitó prisión perpetua para Gil. Lucas Ramón “Tití” Flores,Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas, fueron procesados como coautores. También resultaron procesados Carlos Eduardo Hualpa, Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio “Markitos” Maldonado, Jorge Alejandro Altamirano y Lucas Emanuel Rejas por distintos grados de participación

Por otro lado, Julio César “Kury” Ramírez fue inicialmente condenado a 12 años de prisión como supuesto partícipe, acusado de colaborar en la planificación o encubrimiento y en la eliminación de evidencias. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revisó su caso, lo absolvió y ordenó su libertad por falta de pruebas técnicas fiables que lo vincularan materialmente con el crimen.

Tras el desarrollo del juicio, la madre de Santiago Aguilera Allende, Mónica Lucía Allende presentó una denuncia penal contra el fiscal federal Enrique Senestrari, acusandolo de que nunca trató el caso como un secuestro extorsivo y que la falta de acción oportuna impidió hallar con vida a la víctima. El pedido incluyó la remoción del fiscal y fue acompañado de una solicitud formal para que la Justicia provincial se hiciera cargo de la investigación.

La justicia costarricense ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Guevara, de 35 años, como sospechoso del delito de homicidio calificado en perjuicio de Carlos Andrés Tencio Romero, un joven de 24 años que falleció tras recibir varias heridas con arma blanca en plena vía pública en Tobosi de El Guarco, Cartago.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de Cartago, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Adjunta de Cartago, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen, ocurrido la tarde del martes 7 de julio.

Un ataque en plena vía pública

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio ocurrió alrededor de las 4:34 p. m. del martes en una calle ubicada a unos 200 metros al oeste del supermercado Palí de Tobosi.

Las primeras diligencias apuntan a que Carlos Andrés Tencio se desplazaba en bicicleta cuando, por razones que aún son investigadas, sostuvo una discusión con Guevara, quien presuntamente era su pareja sentimental.

Durante el altercado, el sospechoso habría sacado un cuchillo y atacado al joven en múltiples ocasiones, provocándole heridas en la espalda y el tórax que le ocasionaron la muerte en el sitio.

Cuando los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras el ataque, el sospechoso caminó hasta una vivienda ubicada a pocos metros de la escena, donde fue localizado y detenido por oficiales de la Fuerza Pública. Posteriormente quedó a las órdenes de agentes judiciales y del Ministerio Público.

Allanamiento permitió ubicar el arma

Como parte de las diligencias de investigación, agentes del OIJ y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso durante la noche del mismo martes.

En el inmueble, las autoridades localizaron un cuchillo que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para cometer el homicidio.

El arma fue decomisada para ser sometida a los análisis forenses correspondientes como parte del expediente judicial 26-002947-0058-PE, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Familiares confirmaron que mantenían una relación

Aunque inicialmente las autoridades no brindaron detalles sobre el vínculo entre ambos hombres, el hermano de la víctima confirmó a distintos medios de comunicación que Carlos Andrés y el sospechoso mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año.

Posteriormente, el propio OIJ indicó que, de acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Guevara era presuntamente la pareja sentimental del joven fallecido.

Familiares también describieron a Carlos Andrés como una persona trabajadora y dedicada a las labores agrícolas desde muy joven.

Según relató su hermano, desde la escuela mostraba interés por el trabajo en el campo y con frecuencia colaboraba en labores de ordeño de ganado junto a una familiar.

Testigos relataron los momentos posteriores al ataque

Vecinos de la zona indicaron a medios nacionales que, tras presuntamente herir a la víctima, el sospechoso salió corriendo por la comunidad gritando: “Lo maté, lo maté”, versión que forma parte de los testimonios recopilados durante la investigación.

Otros testigos afirmaron que el joven, aún herido, pidió ayuda y aseguró haber sido víctima de un asalto, aparentemente con la intención de ocultar que quien lo había atacado era su pareja.

Pese a los esfuerzos de personas que se encontraban cerca del lugar por auxiliarlo, Carlos Andrés falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Costa Rica supera los 400 homicidios en 2026

El caso ocurre en un contexto marcado por la persistencia de la violencia homicida en el país. Según datos judiciales, Costa Rica contabilizaba 404 homicidios durante la primera semana de julio de 2026, de los cuales 38 fueron cometidos con arma blanca.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar todos los elementos que rodearon el ataque ocurrido en Tobosi, mientras el sospechoso permanecerá en prisión preventiva durante seis meses por orden judicial.

Cristian Jovany Acosta García, conocido con los alias de “El Muerto”, “El Sapo” o “El Ojón”, fue detenido por autoridades de Baja California durante un operativo realizado en el Valle de Mexicali, donde era considerado uno de los principales objetivos de seguridad por su presunta relación con el crimen organizado y diversos hechos violentos registrados en la entidad.

La captura ocurrió la tarde del jueves en el Ejido Estación Coahuila, conocido también como Kilómetro 57, como resultado de un operativo conjunto encabezado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de varias semanas de trabajos de inteligencia e investigación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de 34 años contaba con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas una por el delito de homicidio calificado, además de ser investigado por su posible participación en ataques recientes contra policías estatales.

Era considerado un objetivo prioritario

Según la información oficial, “El Muerto” era identificado como un presunto líder de una célula criminal que operaba en la zona sur del Valle de Mexicali y que estaría vinculada con “El Isra”, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal Los Rusos, una facción que mantiene presencia en Baja California y que ha sido relacionada con diversas actividades ilícitas.

Las investigaciones de inteligencia apuntan a que Acosta García y al menos otro de los detenidos habrían recibido instrucciones de sus superiores para preparar un nuevo ataque contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Esta línea de investigación surgió luego de las agresiones armadas registradas hace unas semanas contra agentes estatales que fueron sorprendidos por sicarios en dos hechos distintos mientras se encontraban fuera de servicio.

Tras la captura de “El Muerto”, las autoridades también detuvieron a otros tres hombres armados en distintos puntos del Kilómetro 57, comunidad ubicada cerca de los límites con el municipio sonorense de San Luis Río Colorado.

Lo buscaban por un homicidio ocurrido en 2024

Al momento de su detención, los agentes confirmaron que Cristian Jovany Acosta García tenía vigente un mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado.

El caso por el que era buscado corresponde al asesinato de una persona ocurrido durante 2024 en un lavado de autos ubicado en la colonia Santa Mónica, en Mexicali.

Además de esa orden de aprehensión, las autoridades revisaron su historial delictivo y documentaron múltiples detenciones desde 2008 por diversos delitos, entre ellos portación de armas de uso exclusivo del Ejército, privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y robo.

Con estos antecedentes, la Fiscalía y la FESC lo mantenían como uno de los objetivos prioritarios dentro de la estrategia para reducir la violencia en el Valle de Mexicali.

Aunque las autoridades lo identifican como un presunto líder criminal y lo relacionan con una célula de Los Rusos, su responsabilidad en los delitos que se le imputan deberá ser determinada por un juez durante el proceso penal correspondiente, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La captura de “El Muerto” representa uno de los golpes más recientes contra las estructuras criminales que operan en Baja California, particularmente en el Valle de Mexicali, una región que en los últimos años ha registrado enfrentamientos y disputas entre grupos ligados al crimen organizado.

Tirado, de 31 años, fue contratado junto con su hermano para grabar el evento que la congresista Rosselli Amuruz organizó para celebrar los 33 años de su pareja. La fiesta, iniciada a las 15:00 horas del sábado 30 de septiembre, reunió a decenas de invitados al ritmo de al menos tres orquestas de salsa y con un bar instalado para la ocasión. En horas de la madrugada, en la parte exterior de la vivienda, una discusión desencadenó el crimen.

Según el relato de Gómez Acosta al programa Buenos Días Perú, su esposo se disponía a ayudar a los músicos a guardar el equipo cuando escuchó el forcejeo. Momentos después, los disparos pusieron fin a la reunión. “Cuando mis oídos escucharon eso, salí corriendo y cuando yo llegué, él ya no tenía vida”, declaró la viuda.

La noche del crimen y la versión de la familia

Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) determinaron que Pedro Valdivia Montoya, de 36 años, habría discutido con una mujer en el exterior del inmueble. Tirado intervino para defenderla. Tras un forcejeo inicial que pareció calmarse, Valdivia acudió a su vehículo —un moderno BMW—, extrajo un arma y le disparó a Tirado en el pecho. El disparo fue mortal.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron la secuencia. Con base en esas imágenes, la Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince logró la detención judicial en flagrancia de Pedro Valdivia Montoya por el presunto delito de homicidio. Su hermano, Abel Frank Valdivia Montoya, es señalado como el autor material del disparo, mientras que Pedro enfrenta cargos como cómplice.

La bala expansiva y el pedido de juicio oral

El padre de la víctima exhibió ante las cámaras del programa un documento que acredita que Christian Tirado recibió un disparo con una bala expansiva, un tipo de proyectil prohibido cuyo uso, según explicó, revela premeditación. “Del momento que yo lo pongo en el tambor de una pistola, ya yo sé para qué voy a hacer, voy a matar, voy a hacer daño a alguien, porque esta bala no perdona“, afirmó.

La familia denuncia que el proceso judicial acumula dilaciones que atribuyen a maniobras procesales. Entre ellas, el cambio de juez un día antes de una audiencia programada. “Nos quieren cansar. Nosotros no nos vamos a cansar”, advirtió el padre de Tirado, quien exige que el caso avance al juicio oral para presentar todas las pruebas reunidas.

Amuruz intentó desligarse del caso

Horas después del crimen, Amuruz publicó en su cuenta de X que había abandonado la residencia alrededor de la medianoche. No obstante, videos difundidos en redes sociales la mostraron saliendo del lugar en un horario posterior al que ella indicó. La parlamentaria de Avanza País no fue imputada penalmente por los hechos, pero el episodio alimentó una nueva polémica en torno a su figura.

La vivienda donde se realizó la fiesta pertenece a Roxana González, hija del exdirectivo de Universitario de Deportes Alfredo González y esposa del excongresista Omar Chehade. Vecinos del sector de Lince declararon a medios locales que no era la primera vez que se producían disturbios en el inmueble.

Los acusados y sus antecedentes

La defensa de Pedro Valdivia rechazó que su representado integre una red criminal. “Él es un profesional médico. La Policía lo ha etiquetado como integrante de ‘Los malditos de Bellavista’ y no es así”, sostuvo el abogado Edwar Álvarez en declaraciones recogidas por medios locales. La Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) abrió además un proceso administrativo sancionador para evaluar el uso del arma.

Abel Valdivia, señalado como autor del disparo, ya tenía un antecedente de uso de arma de fuego en vía pública. En 2019 protagonizó una balacera en Miraflores tras ser víctima de un intento de robo. En aquella ocasión, su defensa minimizó el episodio al argumentar que las denuncias en su contra no habían derivado en antecedentes judiciales formales.

La viuda pide que la política no opaque la justicia

Gómez Acosta reconoció que, tras la muerte de su esposo, aceptó un empleo en el Congreso de la República, lo que generó señalamientos sobre una posible vinculación con la congresista Amuruz. La viuda negó cualquier irregularidad. “Yo puedo acreditar que mi trabajo era completamente regular”, afirmó, y pidió que el componente político del caso no desvíe la atención de lo que considera el único objetivo: la condena de los responsables del asesinato de su esposo.

“Pido que realmente dejen ese lado político y se centren en investigar y en ayudarnos a la justicia por mi esposo”, expresó Gómez Acosta. Abel Valdivia, en tanto, habría declarado en una audiencia que desea recuperar su libertad para reunirse con su familia. Esa afirmación generó la reacción de la viuda: “No piensa que al momento de haberlo matado a Christian, separó a su familia”.

Mientras avanza la investigación, el acusado quedó detenido con prisión preventiva. La Justicia ahora trabaja para ddar con el paradero de un segundo sospechoso, que permanece prófugo. La agresión ocurrió en un bar cerca de las 23:30 del martes, en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17. En el interior del lugar, uno de los culpables comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pintos y sus amigos.

En ese marco, se produjo la pelea que continuó en la vía pública. De esta manera, el hombre perdió la vida tras recibir una puñalada a la altura del torax. El informe preliminar de la autopsia estableció que la causa del deceso fue una hemorragia interna.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon en un auto y, minutos después, V.A.C fue detenido cuando regresaba al bar. Además, los agentes secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque. Toda la evidencia quedó a disposición de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso la detención preventiva del acusado.

El video que circuló en redes sociales muestra a Pintos sin signos vitales en medio de la calle, mientras los equipos de emergencia y personal policial llegaban al lugar. Personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y Bomberos Voluntarios trabajaron en la escena.

La fiscal detalló que la víctima se encontraba “gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón”. También puntualizó: “Además de dicha lesión mortal, Pinto recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos”.

Como medida cautelar, el fiscal requirió que el imputado permanezca en prisión preventiva por un plazo de seis meses. Según el Ministerio Público Fiscal, se argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, declaró en Radio 7 que la investigación tratará precisar cómo se desencadenó la discusión. “Hay que determinar eso, si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”, declaró.

El comisario Ranguimán también detalló: “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”. El procedimiento incluyó la revisión de cámaras y la recolección de testimonios que ubican al sospechoso en el lugar del hecho.

El despliegue policial permitió la rápida detención del presunto agresor y la recolección de pruebas clave para la investigación judicial. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén destacó la colaboración de los equipos forenses y de la policía local para esclarecer el hecho. Subrayaron la importancia de los registros fílmicos y los testimonios de testigos presenciales para reconstruir la secuencia del crimen.

Todo comenzó por un llamado al sistema Centrales de Atención Telefónica de Emergencias - CATE 911 en donde una mujer indicaba que el joven identificado como L.E.I. —a quien había denunciado previamente— se encontraba en su domicilio. Él la había amenazado de muerte.

Luego del dato brindado por Y.P. de 26 años, la fiscalía actuó de inmediato: ordenó tomarle declaración y dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda de la calle Coraceros 9300, en Villa del Pino. El sospechoso tenía un pedido de captura activa por homicidio agravado y una orden de prohibición de acercamiento.

Según supo Infobae, cuando los efectivos se dirigían al domicilio de la mujer, vieron al sospechoso manejando un Chevrolet Corsa gris en las inmediaciones. Al parecer, él también los divisó y aceleró. Los efectivos trasladaron a la mujer a la sede de la DDI para resguardarla y retomaron el operativo, aunque lo habían perdido de vista.

Minutos después, el mismo vehículo volvió a aparecer en las cercanías, pero esta vez con dos ocupantes. Fue en ese momento en donde se inició una persecución a la altura de Manzanares y Burela, que poco después desencadenó un intercambio de disparos que se extendió por unas ocho cuadras. En la intersección de Molina y Colastine, los ocupantes perdieron el control y volcaron.

Ambos quedaron atrapados en el interior del vehículo. En la grabación que registró una cámara de la zona se puede observar el momento en el que el auto sube a la vereda e impacta contra un fierro de un comercio, junto en la esquina a las 16.20.

Inmediatamente, los efectivos se acercaron. El cuerpo de bomberos rescató al joven buscado que presentaba una herida de bala en la pierna derecha. Lo trasladaron con custodia policial al Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde quedó fuera de peligro y fue formalmente detenido.

En tanto, el acompañante de 19 años identificado con las iniciales F.J.V. fue hallado sin vida en el habitáculo; a su lado había una pistola, que también quedó secuestrada. De acuerdo con la reconstrucción de la Policía, el joven se quitó la vida al verse acorralado por la Policía. De hecho, el delincuente herido fue quien confirmó esta teoría.

El Chevrolet Corsa con patente tenía pedido de secuestro activo. Había sido robado apenas un día antes en Virrey del Pino, por dos hombres armados en moto que lo sustrajeron a su propietario. En el lugar, Gendarmería Nacional realizó las pericias de rigor y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Lomas de Zamora. La UFIyJ Especializada en Homicidios avaló lo actuado y ordenó las diligencias correspondientes respecto al detenido.

Antecedentes del detenido

Según la información a la que accedió Infobae, la DDI llevaba meses detrás de L.E.I. Desde febrero de 2026, el Gabinete de Homicidios trabajaba en la causa que lo señalaba como integrante de una red de venta de drogas en los barrios Nicol y Esperanza, donde los conflictos territoriales se habían agudizado.

La investigación estableció que a principios de año había matado a un vecino que reclamó por la comercialización de estupefacientes en la zona.

Según pudo averiguar este medio, el historial judicial de L.E.I. se remonta al menos a 2022. Ese año fue identificado en Virrey del Pino junto a otros dos hombres en posesión de un caballo robado.

En julio de 2023, en Rafael Castillo, fue aprehendido tras perseguir y disparar contra un vecino. En el procedimiento se secuestraron una escopeta calibre 12/70, una pistola calibre .22, cartuchos, vainas servidas y armas blancas. Hacia agosto de 2025 volvió a quedar en la mira policial al ser interceptado al volante de un Fiat Uno con patente adulterada que registraba pedido de secuestro por hurto automotor.

La causa más grave llegó en febrero de 2026, cuando el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza emitió una orden de captura nacional e internacional por homicidio, lesiones graves y portación ilegal de arma de guerra. Ese mismo año, el Juzgado de Familia N° 3 del mismo departamento judicial registró una causa iniciada por Y.P. por amenazas, con orden de prohibición de acercamiento vigente al momento de su detención.

Un hombre fue condenado a 110 años de prisión por el secuestro y homicidio de una víctima en Tlalnepantla, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que culminó con su detención y proceso ante un juez.

Jonathan Huerta Navarro interceptó a su víctima el 26 de marzo de 2024 en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú de Tlalnepantla. Portaba un arma de fuego y actuó junto a tres cómplices.

El grupo obligó al hombre a descender de su camioneta y lo subió a la fuerza a un Honda Civic gris. Pese a exigir un rescate por su liberación, los secuestradores privaron de la vida a la víctima y abandonaron el cuerpo en la misma colonia antes de huir.

La noche del secuestro en Tlalnepantla

El 26 de marzo de 2024, la víctima se encontraba a bordo de su camioneta en calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú cuando fue interceptada por Huerta Navarro y tres sujetos más. El grupo, armado, la obligó a bajar del vehículo que conducía.

Los agresores trasladaron a la víctima en un Honda Civic gris. Aunque exigieron el pago de un rescate, no liberaron al hombre: lo privaron de la vida y abandonaron su cuerpo en calles de la misma colonia antes de darse a la fuga.

La modalidad del crimen, secuestro seguido de homicidio, agravó la situación jurídica del sentenciado y fue determinante en el peso de la condena que un juez impuso al término del proceso.

Investigación que llevó a la captura

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las averiguaciones tras tomar conocimiento del hecho. Las diligencias permitieron identificar a Huerta Navarro como el principal responsable del crimen.

Con los elementos recabados, la institución solicitó ante un juez una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro. La orden fue concedida y elementos de la FGJEM la cumplimentaron.

Una vez detenido, Huerta Navarro fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.

Pruebas y condena de 110 años

Ante el Órgano Judicial, la FGJEM presentó las pruebas que acreditaban la participación de Huerta Navarro en el delito. Tras el análisis del material probatorio, el juez determinó su responsabilidad penal.

La sentencia fijó una condena de 110 años de prisión, resolución que representa el cierre del proceso judicial iniciado a raíz del crimen ocurrido en Tlalnepantla más de dos años atrás.

La FGJEM informó el resultado este 9 de julio de 2026 mediante un comunicado oficial, en el que dio cuenta de las investigaciones y el trabajo ministerial desarrollado desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

El secuestro en el Estado de México: una entidad con alta incidencia histórica

El Estado de México figura entre las entidades con mayor incidencia de secuestros en el país. Según la organización civil Alto al Secuestro, desde el inicio del sexenio federal anterior (diciembre de 2018 a julio de 2024) la entidad acumuló mil 10 casos, solo por debajo de Veracruz, con mil 51.

En los primeros siete meses de 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 59 víctimas de secuestro en la entidad, un aumento de 15.7% frente a las 51 del mismo periodo de 2023. El Estado de México concentró el 11.4% de las 516 víctimas de este delito a nivel nacional en ese lapso.

Tlalnepantla y los delitos contra la libertad personal

El municipio de Tlalnepantla, donde ocurrió el crimen por el que fue sentenciado Huerta Navarro, registró en enero de 2025 20 víctimas de delitos catalogados por el SESNSP como “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, una categoría residual que agrupa ilícitos distintos al secuestro extorsivo formal. El municipio figuró en el séptimo lugar estatal en esa clasificación, por detrás de Toluca, Ecatepec y Naucalpan.

Un adolescente de entre 14 y 16 años —identificado en al menos una fuente únicamente como Hugo— perdió la vida la tarde del miércoles 8 de julio en el cruce de las calles Tenochtitlán y Aztlán, en la colonia Infonavit La Joya, municipio de Guadalupe, Nuevo León. El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas cuando un individuo intentó despojar al menor de su teléfono celular y, al encontrar resistencia, lo hirió con un arma blanca en el estómago.

El joven caminaba con dos amigos cuando el asaltante lo interceptó y le exigió el aparato. La negativa del adolescente desencadenó la agresión. Tras apuñalarlo, el agresor huyó del lugar sin ser detenido.

Los vecinos del área alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los paramédicos y rescatistas que llegaron al sitio confirmaron el deceso de Hugo en la vía pública.

La Policía de Guadalupe acordonó la zona para preservar la escena del crimen. El cruce de Tenochtitlán y Aztlán quedó cerrado al tránsito mientras las corporaciones realizaban el trabajo de campo.

Poco después de acordonada la zona, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se sumaron a las labores en el lugar. También llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes levantaron evidencias e iniciaron las diligencias correspondientes.

El operativo de seguridad desplegado en la colonia La Joya fue calificado por los propios vecinos como tardío frente a la frecuencia de los delitos en el área. Los habitantes exigieron a las autoridades municipales más recorridos de vigilancia permanente en esas calles.

La investigación y lo que falta por aclarar

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaban personas detenidas por el crimen.

La identidad completa del adolescente tampoco ha sido confirmada de manera oficial por las instituciones. Una fuente identificó a la víctima únicamente como Hugo, vecino del mismo sector donde ocurrió el ataque.

Homicidio doloso en México cae a su nivel más bajo en la administración Sheinbaum

El homicidio doloso en México registró su nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum: mayo de 2026 cerró con un promedio de 47.3 casos diarios, una caída de 6.4% frente a abril, cuando el indicador había repuntado a 52.6 casos por día.

Los datos fueron presentados por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La serie analizada abarca de septiembre de 2024 a mayo de 2026, período en el que el promedio diario bajó de 86.9 a 47.3 homicidios, es decir, 39 casos menos por día.

Los ocho estados que concentran más de la mitad de los casos

Guanajuato encabezó la lista con 8.8% de los homicidios del país. Le siguieron Baja California con 7.8% y Chihuahua con 7.7%.

El grupo se completó con Sinaloa (6.8%), Morelos y el Estado de México (5.9% cada uno), Guerrero (5.5%) y Veracruz (5.3%). Entre los ocho sumaron el 54% del total nacional.

La distribución no es nueva: las mismas entidades han encabezado los registros en meses anteriores, con Guanajuato como el estado de mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

El mínimo histórico del acumulado enero-mayo

El promedio de 50.4 homicidios diarios registrado entre enero y mayo de 2026 es el más bajo para ese período desde 2016. Figueroa subrayó que la tendencia descendente se sostuvo incluso después del repunte de abril.

Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 de los 32 estados presentaron una reducción en su promedio diario. San Luis Potosí encabezó esa lista con una baja de 81%, seguido de Zacatecas con 63% y Quintana Roo con 60.8%.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el hallazgo de ocho personas sin vida, seis hombres y dos mujeres, en un paraje del municipio de El Bosque, donde además fueron localizados mensajes atribuidos presuntamente a grupos del crimen organizado.

El caso ya es investigado por las autoridades ministeriales, que mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera Bochil–Pueblo Nuevo Solistahuacán, a la altura del punto conocido como Ojo de Agua, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de varias personas aparentemente sin vida.

Víctimas presentaban impactos de bala y signos de tortura

Los primeros reportes de las autoridades indican que las ocho víctimas presentaban impactos de arma de fuego y huellas de tortura. Durante las diligencias realizadas en el sitio también fue localizada una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con la delincuencia organizada.

Hasta el momento, la Fiscalía de Chiapas no ha revelado el contenido del mensaje ni ha confirmado su autenticidad o procedencia, por lo que esta evidencia forma parte de las investigaciones que realizan los peritos y agentes ministeriales.

Las autoridades señalaron que será mediante los dictámenes periciales y las investigaciones de campo como se determinará la secuencia de los hechos y la posible relación del crimen con grupos delictivos que operan en la región.

Investigan si los cuerpos fueron abandonados en el lugar

Información preliminar señala que algunas de las víctimas portaban equipo táctico, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que los cuerpos únicamente hayan sido abandonados en ese punto carretero y que el crimen se haya cometido en otro sitio.

Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y preservar la escena del crimen, mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento correspondiente y el levantamiento de indicios.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo las necropsias de ley y las pruebas necesarias para establecer la identidad de las víctimas.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

La Fiscalía General del Estado informó que, hasta el momento, ninguna de las personas fallecidas ha sido identificada de manera oficial, por lo que continúan los trabajos de identificación mediante pruebas periciales y el análisis de información recopilada durante las diligencias.

Asimismo, la dependencia precisó que no existe todavía una versión definitiva sobre el móvil del multihomicidio, por lo que las investigaciones permanecen en curso.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es esclarecer plenamente los hechos, determinar cómo ocurrieron los asesinatos y ubicar a los responsables para que enfrenten la acción de la justicia.

Luego del hallazgo, corporaciones de seguridad reforzaron la vigilancia sobre el tramo carretero Bochil–Pueblo Nuevo Solistahuacán y en comunidades cercanas al municipio de El Bosque, mientras continúan las labores ministeriales.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de la región debido a la violencia con la que fueron encontrados los cuerpos y a la presencia del mensaje localizado junto a las víctimas.

La Fiscalía de Chiapas reiteró que continuará informando conforme avancen las investigaciones y existan datos confirmados que puedan hacerse públicos, al tiempo que hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada que pueda entorpecer el desarrollo de las indagatorias.

El episodio tuvo lugar el martes alrededor de las 23.30 a la altura de la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, frente a un local gastronómico. Jonathan Pintos recibió una herida de arma blanca en el tórax que le produjo una hemorragia interna, provocándole la muerte en el acto. En el video que encabeza esta nota circuló a través de redes sociales y muestra a Pintos tendido en la vía pública.

Todo ocurrió en medio de los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026. De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, el episodio se habría originado en el interior de un local tipo pub y tuvo continuidad en la calle, donde Pintos fue agredido.

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, precisó que las autoridades aún trabajan para establecer si existió una discusión previa: “Hay que determinar eso, si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”, declaró en diálogo con Radio 7 Neuquén. A pesar de la intervención de los médicos del hospital local y del médico legista de la Policía, solo se pudo constatar el fallecimiento.

Ante el llamado de emergencia, personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y operarios de Bomberos Voluntarios se desplegaron en el lugar. En el marco del operativo, los efectivos detuvieron cerca del bar a un hombre de 39 años que, según el relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, tendría vinculación con el hecho. Además, se secuestró un arma blanca que quedó a disposición de la fiscal interviniente.

El informe preliminar de autopsia estableció que la víctima falleció a causa de una hemorragia generada por la herida de arma blanca en la zona del tórax. La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso la detención preventiva del sospechoso. “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”, indicó el oficial.

Según informó LM Neuquén, la funcionaria prevé solicitar a la Oficina Judicial una audiencia de formulación de cargos para este jueves.

Previamente, se registró la muerte de otra persona en la localidad bonaerense de Cañuelas. Se trataba de un hombre de 46 años que murió tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza. La víctima, identificada como Franco Depauli, no participaba en la pelea que desencadenó el ataque.

Según su familia, había ido a buscar un objeto al baúl de su auto, estacionado frente al bar donde se originó el enfrentamiento, cuando un grupo de jóvenes comenzó a arrojarse piedras y botellas entre sí en la plaza San Martín de la localidad. Una de esas piedras lo golpeó en la cabeza.

Sus familiares lo trasladaron de forma particular al Hospital Marzetti ante la imposibilidad de que una ambulancia ingresara a la zona por la concentración de personas. El director del centro médico, Hernán Carpio, informó que el herido ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia “siguió todos los protocolos e intentó reanimarlo durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”. El hecho quedó registrado en videos filmados por testigos presentes en el lugar, que resultaron determinantes para el inicio de la investigación.

A partir del análisis de esas grabaciones, la Policía Bonaerense detuvo a un joven de 20 años identificado con las iniciales I. N. L., con antecedentes por robo, quien quedó a disposición de la Justicia. La Secretaría de Seguridad municipal convocó a la comunidad a enviar material audiovisual del hecho y garantizó la reserva de identidad de los colaboradores. La Municipalidad de Cañuelas decretó dos días de duelo y expresó su repudio a los hechos de violencia.

La noche del martes 7 de julio de 2026 fue encontrado muerto alias Ivancito, un hecho que sacudió al corregimiento de San José de Saco, ubicado en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), por las graves lesiones que registraba su cuerpo.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del sujeto identificado como Iván Darío Arteta Jiménez fue hallado en el sector conocido como Trocha Villa Feliz, sobre la vía. El informe de la Policía indicó que la víctima sufrió un ataque con arma cortocontundente y presentaba múltiples heridas que confirmaban una muerte violenta.

El reporte indica que alias Ivancito fue encontrado sobre las 8:00 p. m. del martes por parte de la comunidad que dio aviso inmediato a las autoridades. La Policía abrió una investigación para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar si el caso tiene relación con los antecedentes judiciales atribuidos a la víctima.

Según información revelada por los medios locales como El Heraldo, el cuerpo estaba tendido en la arena, en una zona enmontada, según la información conocida tras la inspección inicial del lugar.

Habitantes del sector encontraron manchas de sangre y un olor que los llevó a encontrar el cuerpo y, posteriormente, avisar a las autoridades. Tras recibir el reporte, los uniformados se trasladaron al lugar y verificaron la escena.

Las autoridades establecieron que la víctima tenía múltiples heridas con arma blanca. También señalaron que presentaba una fractura en un brazo y que los responsables del ataque le cortaron la mano izquierda, lo que demuestra que fue torturado antes de ser asesinado, al parecer, con un arma blanca tipo machete.

Avanza la investigación

Tras confirmar el homicidio, la Policía del Atlántico acordonó el área y activó los procedimientos de rigor. Después informó a agentes de Policía Judicial, que asumieron la inspección técnica del cadáver y los actos urgentes.

Las pesquisas buscan aclarar las circunstancias y los móviles del asesinato. También apuntan a identificar, ubicar y capturar a quienes participaron en el crimen, por lo que piden apoyo de la comunidad para que entreguen cualquier tipo de información que permita esclarecer el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una causa confirmada del homicidio, aunque entre las líneas de indagación se habla de una posible relación entre el caso y el historial judicial de la víctima.

Según la información judicial conocida en el caso, Arteta Jiménez registraba 12 anotaciones judiciales. De ese total, algunas correspondían a porte ilegal de armas de fuego, otras a hurto y tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional reiteró que están recibiendo información a través de la línea 123 y de los canales institucionales, con reserva sobre los datos entregados.

Tendero fue baleado en posible caso de extorsión

Hay alerta en la región por los constantes casos de violencia, pues el mismo martes 7 de julio un tendero de 56 años fue atacado a bala en el municipio de Santo Tomás (Atlántico), en un caso que la Policía investiga como posible intimidación vinculada a extorsión, según informó El Heraldo.

El medio señaló que el ataque ocurrió hacia las 8:10 p. m. en un negocio del barrio San José, en la calle 9 con carrera 6. Dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y, de acuerdo con el relato de la víctima, el parrillero bajó y accionó un arma traumática en varias ocasiones contra el inmueble.

Durante los disparos, el comerciante sufrió dos lesiones: una en el costado izquierdo y otra en la rodilla izquierda. Fue trasladado al hospital municipal, donde recibió atención médica y su estado de salud no reviste gravedad.

La investigación del caso del tendero quedó a cargo del Gaula y la Sijín, con apoyo de unidades de vigilancia, Sipol y la Estación de Policía de Santo Tomás, que buscan establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

La Fiscalía General de la República (FGR), impuso una condena de 45 años de cárcel a un sujeto que asesinó a su padre y madrastra, en una vivienda de San Salvador, donde ingresó por la fuerza y después intentó ocultar los cuerpos, según informaron las autoridades locales.

El condenado fue identificado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) como Iran Nacxit Portillo Barrantes, señalado de atacar a ambas víctimas con un arma blanca tipo corvo hasta quitarles la vida. De acuerdo con los reportes oficiales, tras el doble homicidio el imputado trató de eliminar rastros y esconder los cadáveres, pero fue localizado de forma inmediata y capturado por las autoridades.

La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que determinó la responsabilidad de Portillo Barrantes en el crimen ocurrido en 2024.

Además del delito de homicidio, el tribunal lo condenó por fraude procesal y desaparición de personas, cargos vinculados a las acciones posteriores con las que, según las investigaciones, buscó entorpecer el trabajo policial y judicial.

El caso se desencadenó la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de mayo de 2024, cuando Portillo Barrantes entró a la vivienda de su padre.

Según la acusación, atacó al hombre con un corvo y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo hasta quitarle la vida. Después, agredió a la compañera de vida de su progenitor y también la mató en el lugar.

Tras los hechos, Portillo Barrantes habría intentado ocultar el crimen mediante varias maniobras. Primero, de acuerdo con informes de las autoridades judiciales, intentó incinerar los cuerpos.

Luego, habría buscado enterrarlos en el patio de la vivienda, para lo cual llamó a un vecino y le pidió ayuda. En paralelo, siempre según los reportes oficiales, trató de deshacerse de evidencia al borrar manchas de sangre en el lugar.

La situación cambió cuando el vecino alertó a la PNC. Agentes llegaron a la vivienda y encontraron indicios de que la escena había sido alterada, además de una excavación que, de acuerdo con el registro policial, iba a ser usada para ocultar los cuerpos.

En el procedimiento, las autoridades localizaron los cadáveres dentro de bolsas, lo que reforzó la hipótesis de un intento de desaparición tras el doble homicidio.

En las diligencias relacionadas con el móvil del crimen, las autoridades locales señalaron que el hecho habría estado motivado por “rencillas” personales entre Portillo Barrantes y su padre. Ese planteamiento fue incorporado en las referencias del caso como parte del contexto que rodeó la investigación.

El 23 de mayo de 2024, la PNC informó sobre la captura de Portillo Barrantes, en el marco de las acciones policiales derivadas del aviso recibido y de la intervención en la vivienda donde se cometió el crimen. Con el avance del proceso, el expediente pasó por la etapa de instrucción y, en febrero de 2026, el imputado fue enviado a juicio por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador.

En el balance de violencia reportado por las autoridades para 2024, se registraron 114 homicidios y 95 casos de personas desaparecidas, cifras citadas por las instituciones como parte de sus reportes anuales.

En ese contexto, el caso de Portillo Barrantes avanzó hasta su fase final en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que finalmente dictó la condena de 45 años de prisión.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el hombre que en 2020 asesinó a una mujer trans en Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. El acusado deberá cumplir una pena de nueve años de prisión.

El fallo, conocido en las últimas horas, dejó firme la condena contra Piero Michel Lucero Rodríguez, quien fue hallado culpable del homicidio de Priscila Ponce Nieto. Según la investigación, la víctima sufrió más de 56 heridas provocadas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio. El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso presentado por la defensa.

Ponce Nieto, de 33 años, era una mujer trans conocida como “La Michu” y vivía en ese barrio porteño.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2020, cuando Lucero Rodríguez tenía 24 años. De acuerdo con el expediente, ese día el acusado, su expareja y un tercer hombre se reunieron en una vivienda de la Villa Zavaleta para celebrar un cumpleaños. Entre las invitadas se encontraba la víctima.

Durante la reunión, el acusado comenzó a agredir e insultar a su expareja, quien decidió retirarse a la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio. En la vivienda quedaron Lucero Rodríguez, Ponce Nieto y el tercer hombre.

Ya durante la madrugada del día siguiente, el condenado fue hasta la casa de su expareja y le confesó que había matado a “La Michu”. Luego huyó junto con su cómplice, quien escapó a Perú y posteriormente fue detenido en ese país por este hecho.

Fue la expareja de Lucero Rodríguez quien alertó a la Prefectura Naval Argentina, fuerza que custodiaba la Villa Zavaleta. Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Priscila Ponce Nieto envuelto en sábanas, rodeado de una gran cantidad de sangre y con más de 56 heridas. La autopsia determinó que las lesiones fueron provocadas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio.

Tras el crimen, una de las referentes que se pronunció fue Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). Según explicó, la mujer vivía en el hotel Santa Cruz de Flores, pero debió abandonarlo porque ya no podía afrontar el costo de la habitación.

Orellano también señaló que la víctima no tenía familiares en Argentina, sino en Perú, y que sus únicas redes de contención eran sus amigas. “No se merecía ese final, no se merecía tanta saña y crueldad”, escribió en sus redes sociales.

“Su hermana nos autorizó para poder reclamar su cuerpo y poder despedirla, sus compañeras quieren justicia, una marcha, hablar con el fiscal. Una más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando y llorando a compañeras?“, cerró en el posteo de Facebook.

El caso llegó a juicio, aunque la expareja del acusado, quien había denunciado el hecho, no se presentó a declarar. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 22 condenó a Lucero Rodríguez a ocho años y seis meses de prisión como autor del homicidio y unificó esa pena con una condena anterior, imponiéndole una pena única de nueve años de prisión. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia.

La defensa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo declararon inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De ese modo, la condena quedó firme.

La madrugada del sábado 4 de julio de 2026, el cantón de La Cruz, en Guanacaste, Costa Rica, se convirtió en el escenario de un violento crimen que ha conmocionado a la opinión pública y encendido las alarmas sobre la seguridad en la región.

Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, una conocida creadora de contenido e influencer costarricense de 28 años, fue asesinada a balazos junto a su pareja sentimental, Jorge Isaac Agüero Corea, de 30 años.

El ataque se produjo mientras ambos dormían en una vivienda ubicada en el barrio Irving, un sector que ya arrastraba un historial de incidentes delictivos de gravedad. Según los informes preliminares, el suceso ocurrió con un alarmante nivel de planificación y violencia.

Varios sujetos fuertemente armados irrumpieron por la fuerza en la propiedad y se dirigieron directamente a la habitación de la pareja.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada y con saña, propinándoles múltiples impactos de bala que les causaron la muerte de forma inmediata en el lugar. Tras el tiroteo, los sicarios escaparon rápidamente, aprovechando la oscuridad de la madrugada.

Hipótesis del OIJ y el rastro del dinero en redes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió de inmediato la escena para recopilar evidencias e iniciar las pesquisas correspondientes.

Debido a la extrema violencia del ataque y la forma en que se ejecutó, la principal hipótesis que manejan las autoridades judiciales de Costa Rica es la de una venganza o un ajuste de cuentas.

No obstante, los investigadores no descartan otras líneas de acción, entre ellas, la posibilidad de que Sanarrusia fuera silenciada deliberadamente por haber sido testigo clave en otros hechos de sangre ocurridos en la zona. Hasta los reportes más recientes, la policía judicial no ha logrado ejecutar ninguna detención vinculada con este doble homicidio.

Paralelamente, los agentes judiciales han puesto la lupa sobre la actividad digital de la creadora de contenido, quien acumulaba más de 100,000 seguidores en redes sociales y cuya última publicación se registró apenas un día antes del asalto fatal.

La investigación busca profundizar en el estilo de vida que Sanarrusia exhibía de manera habitual en sus plataformas. El OIJ analiza minuciosamente el origen de estos recursos financieros con el fin de determinar si existía algún tipo de nexo o financiamiento proveniente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico que operan en la provincia de Guanacaste.

Un historial de atentados y pérdidas previas

Para las autoridades, el trágico desenlace de Gabriela no representa un hecho aislado, sino la culminación de un entorno sumamente violento en el que la joven se había visto envuelta durante los últimos años.

De acuerdo con los registros policiales, la influencer ya había sobrevivido de forma milagrosa a varios atentados y compartido vínculos con personas asesinadas en circunstancias similares.

El primer gran golpe en su entorno ocurrió el 30 de abril de 2024, cuando su expareja y padre de su hija, un hombre llamado Juan Carlos Cruz, fue acribillado en un triple homicidio perpetrado precisamente en el mismo vecindario (barrio Irving) donde ella perdería la vida dos años después.

Posteriormente, el 28 de julio de 2025, Sanarrusia sobrevivió a una balacera en la vía pública en la localidad de Liberia. En esa ocasión, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el grupo en el que se encontraba, provocando la muerte de otra mujer que la acompañaba, mientras ella resultó ilesa.

El peligro se intensificó aún más el 12 de mayo de 2026, pocas semanas antes de su muerte. Sanarrusia viajaba a bordo de un vehículo que fue interceptado y atacado a tiros en al menos 30 ocasiones.

Aunque un hombre que la acompañaba falleció en el asiento del automotor a causa de las ráfagas, la influencer volvió a salir completamente ilesa de la escena, un suceso que incrementó las sospechas policiales de que era un objetivo prioritario para grupos criminales de la zona.

Más allá de las ramificaciones policiales y judiciales, el crimen deja una honda huella de dolor familiar y social. Gabriela era madre de una niña de tan solo 9 años de edad.

Tras confirmarse el deceso de la pareja, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino de forma inmediata para garantizar la integridad de la menor. La institución pública informó que, tras los análisis de riesgo y entorno correspondientes, la niña quedó formalmente bajo el cuidado y resguardo de los familiares de la línea materna.

Los restos de la creadora de contenido fueron velados y sepultados el pasado día de ayer, 7 de julio de 2026 en la comunidad de Santa Cecilia de La Cruz, en medio de muestras de pesar de allegados y vecinos.

Hay un nuevo triple crimen narco en La Matanza del que poco se conoce, y del que poco se habla. Tiene cuatro muertos en la lista. Y al contrario de otros hechos similares en la jurisdicción, este asesinato grupal todavía es un misterio para los autoridades. La marca del mercado transa lo atraviesa sin dudas.

Ocurrió el sábado 27 de junio en la esquina de Recuero e Icalma, zona de Laferrere, poco después de la medianoche. De acuerdo al acta de ese día, dos policías de la Bonaerense llegaron a la escena tras un llamado al 911. El denunciante apenas dijo: “Se escucharon tiros”. La escena, en verdad, era mucho más dantesca.

Los oficiales que llegaron en un patrullero vieron a un grupo de vecinos, que les marcaron a un hombre ya muerto. Lo describieron en su reporte como de 1,70 de alto, vestido en una campera de cuero negra y un pantalón gris, en medio de un charco de sangre, junto a una bicicleta.

A 30 metros de distancia, junto a un arroyo, había una casilla ennegrecida por un incendio. En la pendiente del arroyo había otra mujer. Tenía 1,55 de altura, campera verde y una calza. Un vecino, tal vez por pudor, había cubierto el cadáver con una sábana. No sabían que esta muerta, no al comienzo. Los policías pidieron por radio a una ambulancia. Una médica llegó al lugar. El cadáver de la chica fue retirado por una ambulancia a la 1:30 horas. El clima del lugar era tenso. La hostilidad de los vecinos, que habían incendiado la casilla, estaba lejos de cesar.

En paralelo, una comisaría de Villa Dorrego recibía la noticia de que dos víctimas más habían ingresado a la Unidad de Pronta Atención ubicada a la altura del kilómetro 29, Ruta N°3, González Catán. El primero, un hombre, muerto a tiros. La segunda, una mujer, sobrevivió.

Los vecinos en guerra y la lista de víctimas

La Policía Bonaerense y el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza. Los vecinos comenzaron a agredir al personal, a insultarlos, a acusarlos de no hacer nada. La casilla quemada, dijeron, era el domicilio de un transa.

Así y todo, los investigadores obtuvieron los nombres de las víctimas. Naiara Naomi Marte Semprevivo era la joven bajo la sábana. Tenía 19 años, domicilio en Laferrere, a ocho cuadras de donde la hallaron muerta. Sus familiares aseguraron que consumía drogas. Joaquín Maximiliano Villegas era el hombre hallado junto a la bicicleta. Tenía 34 años. Era albañil. Recibía planes sociales. Debía casi un millón y medio de pesos a una financiera. Los investigadores descubrieron que había ido a comprar droga esa noche. Vivía a diez cuadras de la esquina del crimen.

El hombre que ingresó muerto a la sala médica era Víctor Alejandro Martínez. Vivía a menos de dos cuadras del lugar del hecho. Su tío relató a la Bonaerense cómo su sobrino solía robarle a la familia para fisurar los bienes y así financiar su consumo.

Poco después, el relato se completó. Las víctimas habían coincidido en el bunker que terminó incendiado. Dos pistoleros en moto atacaron a balazos el lugar, para luego huir. Villegas se llevó la peor parte. La autopsia le encontró seis orificios de bala.

El caso tiene similitudes casi totales con el crimen de Candela Urquiza, muerta la semana pasada al quedar en medio de un atentado sicario para matar a un dealer de su barrio. Candela recibió un tiro en la cabeza. No llegó al Hospital Simplemente Evita. Tenía 14 años. El caso es idéntico: un pistolero llegó a Villa Dorrego, zona de Virrey del Pino, para acribillar la casa de otro traficante y luego huir en auto. El traficante respondió a tiros. Candela y su abuela fueron baleadas en el fuego cruzado. Los vecinos, hartos, quemaron la casilla del transa. El fiscal Clauido

La DDI de La Matanza y la Departamental local investigan el triple crimen de Rafael Castillo. La falta de cámaras de seguridad se suma al hermetismo de los vecinos. La UFI de Homicidios La Matanza busca conectar el caso con el crimen de Candela Urquiza. Por lo pronto, ordenó una pericia balística para comparar las balas de ambos tiroteos. 25 vainas servidas se encontraron en torno a la casilla que terminó en llamas.

La pregunta se vuelve obvia para los fiscales: ¿quiénes son los narcos que riegan de plomo la zona oeste?

A César F. lo encontraron tirado en una calle con una puñalada en el pecho e inmediatamente un vecino lo trasladó al Hospital Regional de Río Gallegos. Allí, ingresó con un cuadro complejo donde se mantuvo con pronóstico reservado hasta hace algunas horas. Esa misma noche, las autoridades detuvieron a dos sospechosos que en las últimas horas declararon y negaron haber participado en el ataque.

Los hombres de 37 y 26 años se presentaron a indagatoria ante la jueza del Juzgado de Instrucción N.º 2, Yamila Borquez, y se despegaron del ataque que sufrió el joven de 26 en un asentamiento cercano al barrio Belgrano. La víctima ingresó con una herida cortopunzante en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la axila, lo que comprometía el corazón.

Ambos negaron su participación en el ataque y buscaron desvincularse de los hechos investigados. A pesar de sus relatos, la magistrada resolvió que continúen detenidos mientras la investigación avanza bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. Al mismo tiempo, el portal La Opinión Austral dio a conocer que el paciente está evolucionando de manera favorable y ya no corre peligro de muerte.

El caso tuvo su origen cuando el Policía de Río Gallegos recibió un llamado que alertaba sobre una persona herida en inmediaciones de la calle La Paz al 1100. Un vecino que festejaba su cumpleaños en la zona escuchó ruidos que parecían provenientes de una pelea, se acercó a uno de los pasillos del barrio —cerca de la intersección con Ayohuma— y encontró al joven tendido en el suelo. Junto a otro vecino, lo trasladó al Hospital Regional.

Al ingresar, los médicos constataron que la herida cortopunzante le había perforado parte del corazón. La intervención quirúrgica fue inmediata y en las horas posteriores, mientras el paciente permanecía en estado crítico, las autoridades abrieron una investigación con dos hipótesis sobre el móvil: una pelea entre conocidos durante una reunión con consumo de alcohol y un posible ajuste de cuentas. Ninguna fue confirmada oficialmente.

Según lo mencionado por La Opinión Austral, la víctima llegó a comunicarse con las autoridades policiales, pero evitó identificar a sus agresores.

Personal de la División Gabinete Criminalístico inspeccionó la escena e identificó un patrón de manchas hemáticas por goteo que los condujo hasta una vivienda lindera, donde confluía el rastro hacia la puerta de acceso. En una primera instancia, cuatro hombres y una mujer fueron aprehendidos e incomunicados, aunque el Juzgado de Instrucción N.º 2 ordenó luego su liberación con fijación de domicilio a disposición de la magistratura.

La investigación quedó a cargo de la División de Investigaciones (DDI) en conjunto con efectivos de la Comisaría Cuarta, mientras la víctima continúa internada en el nosocomio, bajo estricta observación médica, aunque su cuadro clínico se estabilizó tras la cirugía cardiovascular.

El análisis de pericias, testimonios y la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al ataque permitieron individualizar a los dos sospechosos. Con esos elementos, el juzgado libró una orden de allanamiento sobre un inmueble del mismo sector, donde los investigadores los localizaron. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para determinar si contienen información sobre comunicaciones previas y la ubicación de los imputados al momento del ataque.

En medio de la investigación por el crimen de Marta Azucena Migliorini, la jubilada que fue encontrada asesinada en su casa de Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, este martes se confirmó la detención de un adolescente de 17 años. De esta manera, la causa sumó a un sexto implicado en el hecho, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole estuvo en representación de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, oficina que se encuentra a cargo del expediente. De esta manera, solicitaron el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y medidas de coerción.

Ante la Justicia, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso las circunstancias de la detención y solicitó que se declare la legalidad de la misma. En consecuencia, el menor de edad fue imputado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y en concurso premeditado de dos o más personas.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó la detención provisoria para el acusado. Por este motivo, el joven deberá permanecer alojado en el Establecimiento Socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero durante dos meses, es decir, hasta el 7 de septiembre de 2026.

Hasta el momento, la investigación habría ubicado al adolescente como uno de los participantes en el homicidio de Miglorini, ocurrido entre el 2 y el 3 de julio. Según las sospechas, el joven habría actuado junto a otros cinco mayores y al menos dos menores en la vivienda de la jubilada, ubicada en barrio Aeropuerto, Manzana F, Lote 10, en Banda del Río Salí.

De esta manera, la causa elevó el número de detenidos a seis. A lo largo del fin de semana, las autoridades capturaron a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y M.B.A. (17).

Mientras que los mayores de edad deberán cumplir con una prisión preventiva, el menor de edad también fue enviado hacia el Instituto “Cura Brochero”. Todos deberán permanecer recluidos por, al menos, cinco meses.

La trama detrás del asesinato de la jubilada

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los imputados y otras personas aún no identificadas arribaron a la vivienda de Migliorini con el objetivo de robarle. Una vez en el interior, el grupo redujo a la víctima atándole los tobillos con una correa y comprimiéndole el cuello con cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

Para los investigadores, los agresores decidieron darle muerte con el fin de garantizar el robo y evitar que pudiera reconocerlos. Sin embargo, apuntaron que la víctima fue sometida a un sufrimiento innecesario y desproporcionado, circunstancia que motivó la calificación de ensañamiento como agravante.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera, todas estas lesiones provocadas mientras aún estaba con vida.

Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena llevando consigo diversos bienes cuyo inventario continúa bajo investigación. Entre los objetos sustraídos se encuentra la llave de un Volkswagen Polo Track propiedad de la víctima.

El asesinato fue descubierto en la tarde del viernes, cuando el sobrino de Migliorini llegó al domicilio y halló a su tía sin vida, con evidentes signos de violencia, ensangrentada y atada. A partir de las tareas conjuntas de la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal, se permitió la rápida identificación de los presuntos autores y la realización de varios allanamientos.

Actualmente, los investigadores buscarán recoger más pruebas para precisar el grado de participación de cada imputado y para identificar a otras personas que, conforme a la teoría del caso, también habrían intervenido en el hecho y permanecen prófugas.

La reducción de homicidios registrada en México durante el Mundial 2026 fue una de las noticias más positivas en materia de seguridad de los últimos años. Sin embargo, especialistas advierten que el descenso de este delito, por sí solo, no permite concluir que el país atraviese una etapa de menor violencia.

La advertencia proviene del estudio Menos homicidios, más preguntas: Hipótesis y evidencia sobre la disminución de la violencia homicida en México, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y publicado en abril de este año, semanas antes del inicio de la Copa del Mundo. Aunque el documento antecede a los resultados observados durante el torneo, sus planteamientos han cobrado relevancia tras la jornada con menos homicidios registrada en más de una década.

Entre el 11 de junio y el 5 de julio, periodo en que México fue una de las sedes del Mundial 2026, el país acumuló mil siete homicidios dolosos, un promedio de 40 asesinatos diarios, la cifra más baja registrada en lo que va del año. El 16 de junio se contabilizaron únicamente 27 víctimas, el menor registro diario en más de diez años, mientras que el 3 de julio se reportaron 28 casos.

Las cifras fueron interpretadas por el Gobierno federal como un reflejo de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. No obstante, el estudio sostiene que una disminución de esa magnitud requiere un análisis más amplio antes de atribuirla a una sola causa.

Los datos reportados por el Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad federal, el lunes 6 de julio de 2026 se convirtió en la jornada con menor número de homicidios dolosos registrados en México en al menos ocho años. Ese día se contabilizaron 25 asesinatos, la cifra diaria más baja desde que existen registros comparables con la administración anterior.

La información, elaborada con datos proporcionados por las fiscalías de las 32 entidades federativas, establece un nuevo mínimo para el actual sexenio y supera el registro previo de 28 homicidios dolosos, alcanzado en dos jornadas distintas de junio y julio de 2026, lo que consolida un descenso sin precedentes recientes en los indicadores diarios de violencia letal.

Seis hipótesis para explicar la baja de homicidios

El documento parte de otro dato que considera inédito: entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 a 48.8 víctimas, una reducción cercana al 44% en año y medio.

Para los investigadores, la discusión no debe centrarse únicamente en celebrar la caída de los homicidios, sino en comprender qué factores la están produciendo.

“La pregunta relevante ya no es únicamente si bajaron los homicidios, sino qué mecanismos están produciendo ese descenso”, señala el estudio.

El análisis también cuestiona dos posturas recurrentes en el debate público: asumir que la reducción confirma automáticamente el éxito de la estrategia de seguridad o, en sentido contrario, afirmar sin evidencia que responde a una manipulación de las cifras oficiales.

En lugar de ello, propone contrastar distintas hipótesis con la evidencia disponible.

Entre las posibles explicaciones identifica seis factores que podrían actuar de simultaneamente:

• Procesos estructurales de largo plazo, como una mayor expansión educativa.
• Cambios en el control territorial ejercido por organizaciones criminales.
• Nuevos equilibrios o pactos entre grupos delictivos.
• Efectos de la estrategia federal de seguridad.
• Sustitución de homicidios por otras formas de violencia, como las desapariciones y la extorsión.
• Limitaciones o errores en los sistemas de medición estadística.

Los autores subrayan que ninguna de estas hipótesis excluye a las demás y que el fenómeno podría responder a una combinación de varios elementos.

Menos homicidios no implica necesariamente menos violencia

Uno de los principales planteamientos del estudio es que la reducción de homicidios no siempre refleja una disminución de la violencia en términos generales.

Desde la perspectiva del control territorial del crimen organizado, los investigadores explican que cuando un grupo criminal consolida su dominio sobre una región pueden disminuir los enfrentamientos entre organizaciones rivales y, con ello, los asesinatos. Sin embargo, esa aparente estabilidad puede coexistir con otras formas de violencia, como el cobro de derecho de piso, las extorsiones, el reclutamiento forzado o las desapariciones de personas.

El documento también plantea que, si una parte de la violencia letal se oculta mediante desapariciones, una reducción en los registros de homicidio no necesariamente implica una disminución equivalente en la victimización. Por ello, recomienda analizar ambos fenómenos de manera conjunta antes de sacar conclusiones.

Aunque reconoce que la estrategia de seguridad del Gobierno federal podría estar contribuyendo al descenso de los homicidios, el Programa de Seguridad Ciudadana sostiene que aún hacen falta evaluaciones independientes que permitan determinar cuánto del resultado puede atribuirse a las políticas públicas y cuánto responde a cambios en las dinámicas del crimen organizado u otros factores.

Para los investigadores, la disminución de los homicidios representa una noticia positiva, pero también una oportunidad para profundizar en el análisis de la violencia en México y comprender con mayor precisión qué está cambiando detrás de las cifras.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo de los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, quienes eran buscadas desde el pasado 19 de junio, cuando desaparecieron en el municipio de San Felipe.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, informó que ambas mujeres fueron encontradas sin vida en un predio cercano al lugar donde fueron vistas por última vez y señaló que, de manera preliminar, la posible causa de muerte corresponde a asfixia por ahorcamiento.

Las autoridades indicaron que los cuerpos se encontraban en estado de descomposición, por lo que continúan realizándose los estudios periciales correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del crimen y confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

Desaparecieron el 19 de junio en San Felipe

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, madre e hija fueron vistas por última vez en su domicilio ubicado en la Zona Arroyo Santa Catarina, en el municipio de San Felipe.

Tras perder contacto con ambas, familiares denunciaron su desaparición, lo que dio paso a la emisión de fichas de búsqueda y al inicio de un operativo para localizarlas.

Como parte de esas labores de investigación, agentes ministeriales desarrollaron diversas diligencias que finalmente condujeron al hallazgo de los cuerpos en un predio cercano al sitio donde desaparecieron.

La fiscal María Elena Andrade aseguró que la investigación presenta avances considerables, aunque evitó revelar mayores detalles para no comprometer las indagatorias que permanecen en curso.

Fiscalía analiza posibles líneas de investigación

Durante una declaración a medios, la titular de la Fiscalía estatal explicó que una de las hipótesis que actualmente se analiza es una posible relación del caso con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, aunque aclaró que esa línea de investigación continúa desarrollándose y todavía no existen conclusiones definitivas.

Por ello, enfatizó que las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades mientras continúan reuniendo evidencia para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble homicidio.

La funcionaria adelantó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer información adicional sobre el caso.

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, Alma Valeria Mendoza Luzania, de 40 años, medía aproximadamente 1.60 metros, era de complexión delgada, tenía cabello rubio y ojos color café claro.

Su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, tenía 21 años, medía alrededor de 1.65 metros, era de tez blanca, cabello negro y ojos café oscuro.

Tras confirmarse el hallazgo, ambas fichas de búsqueda fueron desactivadas.

En las horas posteriores al hallazgo, diversos medios locales difundieron versiones en las que se aseguraba que los cuerpos habían sido encontrados enterrados dentro del domicilio de las víctimas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Baja California aclaró que los restos fueron localizados en un predio cercano a la vivienda donde ambas mujeres fueron vistas por última vez, por lo que esa información continúa siendo parte de la investigación oficial.

Las autoridades estatales mantienen las diligencias ministeriales y periciales para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

El empresario Víctor Manuel Benítez Lazo fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del esposo de su pareja sentimental en San Miguel. De acuerdo con la investigación, el hecho sucedió el 7 de junio de 2025 y estuvo vinculado a una relación extramarital entre Benítez Lazo y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga, quien también recibió condena.

Según el expediente, Castro Zúniga se había casado con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, llevó a su esposo a una zona rural del cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde se encontró con Benítez Lazo. Ambos le dispararon en la cabeza. Al notar que el hombre aún estaba con vida, lo asfixiaron y luego lo enterraron en una fosa dentro de un negocio de Benítez Lazo, cerca del puente Luis de Moscos, en San Miguel.

La desaparición fue reportada por la propia esposa el 10 de junio de 2025. Un mes después, Castro Zúniga reconoció los hechos en un proceso abreviado y fue condenada a 25 años de cárcel por desaparición de personas y homicidio agravado.

Por su parte, Benítez Lazo, dueño de una empresa de repuestos, fue declarado culpable de homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. El proceso judicial estableció su participación junto a Castro Zúniga y el intento de ocultar el crimen tras los hechos.

Integrantes de la clica Perulas Locos Salvatruchos condenados a 45 años de prisión

31 integrantes de la clica Perulas Locos Salvatruchos deberán permanecer 45 años en prisión, según la sentencia emitida por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel. La Fiscalía General de la República detalló que los delitos se cometieron en los distritos de San Carlos y San Francisco Gotera, en Morazán.

El grupo, capturado durante el régimen de excepción, estaba compuesto por un corredor de clica, cinco homeboys, dos chequeos, tres observadores, siete paros y trece colaboradores. Las sentencias más severas, de 45 años de cárcel, se impusieron a quienes ocupaban los cargos más altos dentro de la organización. Entre ellos figuran Elvin Oswaldo Gómez López (alias clandestino), así como los homeboys Melquides de Jesús Hernández García (alias viejo melco), Óscar René Gómez López (alias trucha), Víctor Manuel Hernández Alfaro (alias chimbolo), Rosario Dimas Pereira (alias chayo diablo) y José Ronaldo Mejía Rivas (alias yarula).

El resto de los miembros, según su función y grado de implicación, recibió penas de 25 y 30 años de prisión. Entre estos se encuentran colaboradores y observadores cuya participación, aunque menor en jerarquía, también fue sancionada por su contribución a las actividades delictivas de la banda.

La decisión del tribunal se basó en pruebas sobre la pertenencia y permanencia de los procesados en la estructura criminal. Las detenciones se realizaron durante el régimen de excepción, lo que permitió a las autoridades ejecutar operativos en los distritos de San Carlos y San Francisco Gotera, en Morazán.

La justicia panameña volvió a imponer la pena máxima contemplada en la legislación penal. Un hombre fue condenado a 50 años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio por un crimen ocurrido en la provincia de Colón, en un fallo que se suma a otras sentencias de igual magnitud dictadas durante 2026 contra responsables de hechos de extrema violencia.

La condena fue obtenida por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, luego de que un Tribunal de Juicio declarara de forma unánime la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral.

Además de la pena principal, el sentenciado deberá cumplir una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 10 años una vez recupere su libertad.

En Panamá 50 años de prisión constituyen la pena máxima efectiva que puede cumplir una persona, de acuerdo con el Código Penal. Aunque en los últimos años algunos tribunales han impuesto condenas acumulativas de hasta 80 años por múltiples homicidios y otros delitos graves, la legislación establece que el tiempo efectivo de privación de libertad no puede exceder los 50 años.

Durante lo que va de 2026, los tribunales panameños han impuesto al menos seis condenas de 50 años de prisión en distintos procesos por homicidios agravados, femicidios y otros delitos de alta gravedad, reflejando una tendencia a aplicar las sanciones más severas previstas por la ley cuando la gravedad de los hechos y las pruebas así lo ameritan.

El caso que motivó la más reciente sentencia ocurrió el 5 de noviembre de 2023 en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, el hoy condenado actuó junto a otros individuos cuando realizaron múltiples disparos contra un grupo de personas.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

Tras la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, el Tribunal concluyó que existían suficientes elementos para emitir un fallo condenatorio.

La reciente sentencia se conoce pocos días después de otra decisión relevante del sistema judicial panameño, esta vez en la provincia de Chiriquí, donde un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de femicidio.

En ese proceso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró demostrar durante el juicio oral que el condenado fue responsable de la muerte de una mujer de 36 años, quien recibió un disparo en la cabeza el 9 de noviembre de 2024, cerca del antiguo hospital Obaldía, en el distrito de David.

El Tribunal de Juicio declaró culpable al acusado de manera unánime luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, peritajes y evidencia documental, permitiendo la imposición de la condena por uno de los delitos que mayor impacto genera en el país.

Investigaciones en proceso

Mientras continúan los juicios por homicidio, el Ministerio Público también mantiene abiertas varias investigaciones por tentativa de homicidio, consideradas entre los delitos de mayor gravedad dentro del sistema penal.

Uno de esos casos se desarrolla en la provincia de Panamá Oeste, donde el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de un hombre acusado de intentar asesinar a otra persona en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando el imputado presuntamente atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca a la víctima, causándole heridas en el cuello. Los magistrados respaldaron de forma unánime la medida cautelar al considerar que persistían los riesgos procesales.

En Colón, otro proceso involucra a un hombre de 20 años conocido con el alias de “Mataperro”, quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades. Durante una audiencia de control de garantías, un juez ordenó su detención provisional tras ser imputado por una tentativa de homicidio ocurrida el 17 de junio de este año.

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La investigación señala que el imputado llegó junto con otro hombre hasta un edificio ubicado en el sector de La Feria, en Cristóbal Este, donde presuntamente realizaron varios disparos con arma de fuego que dejaron tres personas heridas. La Fiscalía logró además la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos.

Otro caso reciente ocurrió en la provincia de Veraguas, donde un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por homicidio doloso agravado. El crimen se registró la noche del 7 de junio de 2026 en la barriada Corozal, distrito de Cañazas. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría atacado a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole una herida en el cuello que le ocasionó la muerte tras afectar la vena yugular.

El tribunal acogió todas las solicitudes presentadas por la Fiscalía al considerar acreditados los elementos de convicción y los riesgos procesales.

El arranque de la semana judicial en Utah dejó un momento de fuerte carga emocional y relevancia pública: la familia de Charlie Kirk se encontró por primera vez cara a cara con Tyler Robinson, el acusado de asesinar al activista conservador.

La audiencia preliminar, celebrada en Provo, se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y con la atención puesta en la posibilidad de que el proceso derive en un juicio por homicidio agravado, cargo que podría exponer al sospechoso a la pena de muerte.

El desarrollo de la audiencia y la presentación de pruebas

El lunes, la sala del tribunal se transformó en escenario de una audiencia marcada por la presencia de figuras públicas, familiares y un despliegue probatorio que incluyó material audiovisual sensible.

De acuerdo con Reuters, Tyler Robinson, de 23 años, permaneció en la sala antes incluso de la entrada de la prensa, vestido con un traje gris, camisa rosa y corbata negra, y con esposas en muñecas y tobillos.

Su actitud fue objeto de atención durante la reproducción del audio de los videos que captaron el momento de la muerte de Charlie Kirk. Según reportó Boston Globe, el juez Tony Graf mostró una reacción evidente al escuchar el disparo fatal, mientras que Robinson no evidenció emoción alguna.

Durante la jornada, las imágenes de la muerte de Kirk solo fueron exhibidas al juez y a los abogados de ambas partes, no al público. Los familiares del activista, entre ellos su viuda Erika Kirk y sus padres, salieron de la sala antes de la presentación de ese material, tras recibir aviso previo sobre la naturaleza gráfica de las pruebas.

Tal y como detalló Forbes, la familia de Kirk dejó el recinto en dos ocasiones, regresando luego para continuar siguiendo el desarrollo del proceso.

Un punto central fue la intervención del agente David Hull, de la Oficina Estatal de Investigación de Utah, quien introdujo varios videos y aportó detalles sobre el material que, según la acusación, vincula a Robinson con el crimen.

Parte de la estrategia de la fiscalía incluye la incorporación de una declaración grabada de Lance Twiggs, ex pareja del acusado, quien habría recibido una confesión escrita después del asesinato.

Testigos, contexto y objeciones de la defensa

La audiencia continuó con el testimonio de Christopher Bagley, hoy policía en el Departamento de Spanish Fork y quien estaba de servicio en la Utah Valley University el día del asesinato, el 10 de septiembre de 2025.

Bagley aseguró que escuchó un disparo de rifle proveniente de la dirección del Losee Center, y fundamentó esa percepción en la presencia de una funda de pistola vacía en el suelo y en la línea de visión directa desde la azotea de ese edificio hacia el lugar donde Kirk hablaba ante los asistentes.

En la azotea, Bagley encontró un destornillador negro y rojo y marcas que parecían indicar el uso de una “almohadilla de francotirador”, tal y como describió ante el tribunal.

El oficial también revisó material de videovigilancia que mostraría a un sospechoso en la azotea y localizó huellas en el césped y marcas en el borde del techo.

En el contrainterrogatorio, la defensora Kathy Nester preguntó a Bagley si su informe inicial mencionaba la dirección del disparo, respuesta que fue negativa. Además, el testigo admitió desconocer el destino de la funda de pistola hallada en la escena.

La defensa de Robinson no limitó sus objeciones a los testimonios, sino que también cuestionó la autenticidad de ciertos videos de vigilancia presentados por la fiscalía. Según Boston Globe, el juez Graf aceptó la objeción en relación a un video editado con ampliaciones y círculos rojos, al considerar que no estaba debidamente autenticado. Se informó que la fiscalía planea presentar próximamente una versión sin editar de ese material.

Clima en la sala, figuras presentes y próximos pasos

El ambiente en la sala estuvo marcado por la tensión y la atención mediática. Además de la familia de Charlie Kirk, se hicieron presentes personalidades como Donald Trump Jr., su esposa Bettina, y analistas conservadores como Jack Posobiec y Brandon Tatum, quienes acompañaron a los allegados de la víctima en las primeras filas.

Por su parte, los padres de Tyler Robinson ocuparon la cuarta fila junto a otros familiares, una ubicación inusual dada su habitual presencia en las primeras filas del tribunal.

La audiencia preliminar, que se prevé se extienda durante toda la semana, busca determinar si existen elementos suficientes para llevar a juicio a Robinson bajo la acusación de homicidio agravado.

Entre las pruebas en poder de la fiscalía figuran videos, testimonios de testigos presenciales, el informe de autopsia que calificó la muerte de Kirk como homicidio por herida de bala en el cuello, así como la presunta confesión escrita atribuida al acusado.

La próxima comparecencia del agente David Hull fue fijada para el martes por la mañana, en tanto la fiscalía continúa presentando pruebas ante el juez Tony Graf. Mientras tanto, la familia de Charlie Kirk permanece a la espera del avance del proceso judicial, acompañada por simpatizantes y bajo la mirada atenta de la prensa nacional e internacional.

El Tribunal de Juicio de Orán, provincia de Salta condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra, declarados culpables como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

El fallo, que representa la pena máxima prevista en el Código Penal argentino, ordenó el inmediato traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán y su registro en el Banco de Datos Genéticos.

La sentencia fue dictada tras un extenso proceso oral en el que la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal.

Durante el debate, la acusación sostuvo la responsabilidad penal de tres hombres de 29, 31 y 39 años, imputados como coautores del crimen de Pablo César Almaraz, un puestero rural hallado sin vida y en condiciones de extrema violencia a la vera de la ruta nacional 34.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el 1 de octubre de 2022. Aquel día, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima, de 41 años, fue identificada como Pablo César Almaraz. Su cuerpo presentaba signos de brutalidad: estaba decapitado y tenía las manos atadas, lo que permitió a los investigadores calificar el crimen como homicidio con agravantes.

La audiencia de debate, a cargo de los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, se extendió por varias jornadas, en las que se escucharon testimonios, pericias y los argumentos de las partes.

La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la acusación contra los tres imputados y pidió la aplicación de prisión perpetua, solicitud a la que adhirió la querella. La defensa de los acusados intentó desmontar la hipótesis de la participación de sus asistidos, insistiendo en la falta de pruebas directas.

Ayer lunes, reanudada la audiencia, el Tribunal otorgó a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de deliberar. Una vez finalizada esta instancia, los jueces pasaron a deliberar en privado.

En su resolución, el Tribunal determinó que Víctor y Gonzalo Salvatierra fueron responsables del homicidio doblemente calificado, valorando la existencia de alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Por el contrario, el tercer acusado fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó su inmediata libertad ante la falta de elementos concluyentes que lo vincularan de manera directa con el hecho.

La brutalidad del hecho investigado marcó el curso de la causa desde el inicio. El cuerpo de Almaraz fue encontrado decapitado y maniatado, lo que orientó a los investigadores hacia una hipótesis de homicidio ejecutado con planificación y extrema violencia. Los peritajes forenses confirmaron que la víctima fue sometida a un ataque premeditado, descartando la posibilidad de un acto impulsivo o fortuito.

La fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos en base a pruebas periciales, testimonios y elementos recolectados en la escena del crimen. El lugar del hallazgo, a un costado de la ruta nacional 34, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, fue clave para establecer el contexto y la mecánica del ataque.

Con el veredicto leído este lunes, la causa por el homicidio de Almaraz se aproxima a su cierre judicial, aunque las secuelas del crimen seguirán presentes en la comunidad rural afectada y en la memoria de sus allegados.

La investigación por el homicidio de Emilio Ramón Ozorio sumó un nuevo detenido. Se trata de Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, quien fue arrestado este lunes durante un operativo realizado en Ingeniero Budge, luego de que los investigadores determinaran su presunta participación en el asalto que terminó con el asesinato del abogado en diciembre pasado. Con esta captura, ya son seis los acusados en la causa.

El procedimiento fue realizado por detectives de la DDI Lomas de Zamora por orden de la UFI N°2 de Almirante Brown y del Juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora. Durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso se secuestraron documentación, un teléfono celular y prendas de vestir de interés para la investigación.

Aunque Ávila no fue encontrado en ese domicilio, los investigadores establecieron que se ocultaba en una casa cercana. Tras irrumpir en ese lugar, concretaron su detención y secuestraron otro teléfono celular.

El crimen ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en la vivienda de Ozorio, ubicada sobre la avenida Alsina al 2000, en Burzaco. El abogado, de 53 años, fue encontrado muerto, maniatado, con una herida de arma blanca en la base del maxilar y un fuerte golpe en la cabeza. La escena no presentaba signos de ingreso forzado, aunque en el interior de la casa había una barreta, un destornillador y, en el fondo del terreno, un bolso con un cricket.

La reconstrucción de la emboscada

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del crimen.

Según establecieron los investigadores, la noche del 29 de diciembre Ozorio salió de su casa para encontrarse con Lucía Juárez, una trabajadora sexual. Mientras él permanecía fuera de la vivienda, tres hombres ingresaron por el patio trasero con fines de robo.

Minutos después, la víctima regresó junto a la mujer. Cuando salió hacia el fondo de la propiedad, fue sorprendido por los delincuentes, que lo golpearon con una barreta y lo maniataron mientras buscaban objetos de valor.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción de la DDI, Ozorio logró liberarse de las ataduras, pero uno de los atacantes volvió a agredirlo hasta provocarle la muerte. Luego, todos escaparon del lugar.

Las imágenes de seguridad registraron a tres hombres caminando hacia la casa poco antes del hecho. Minutos más tarde, las mismas cámaras los captaron huyendo a la carrera junto con una mujer. Durante el recorrido de la fuga, además, los policías encontraron una camiseta de River Plate con manchas de sangre que habría sido descartada por uno de los sospechosos.

A partir del análisis de esas filmaciones y de otras medidas de prueba, la investigación identificó como presuntos integrantes de la banda a Claudio Ledesma, señalado como el autor material del homicidio; Enzo Jonathan Antune Risoto; Ezequiel Morillas; y a las hermanas Lucía y Agustina Juárez, quienes, según la acusación, habrían planificado el golpe y aportado la información necesaria para concretarlo.

Con los nuevos elementos reunidos en los últimos meses, los investigadores concluyeron que Adrián Nicolás Ávila también habría participado del hecho. Esa evidencia motivó el pedido de detención que se concretó este lunes.

Ahora, la fiscalía deberá indagar al joven de 18 años y definir su situación procesal, mientras continúa la investigación por el homicidio agravado criminis causa y el robo agravado.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto señalado como responsable de haber asesinado a un hombre y ocultar su cuerpo en una zona aislada de Nahuilingo, Sonsonate. El hecho ocurrió el 28 de junio pasado, cuando, tras una discusión mientras ambos consumían alcohol, las autoridades señalaron que el agresor atacó a la víctima con un machete y posteriormente procedió a enterrarla en un sector rural del occidente del país.

La víctima fue localizada semienterrada y en estado de descomposición, situación que dificultó las tareas de identificación del cuerpo y avanzar en las investigaciones.

Las autoridades detallaron que, tras una serie de diligencias se realizó la detención de Ramón Ernesto Gómez Gallegos, principal sospechoso del caso, se logró esclarecer el suceso y confirmar que el móvil fue una rencilla personal. El hallazgo del cadáver en condiciones avanzadas de descomposición en una propiedad de Nahuilingo encendió las alertas en la comunidad y llevó al despliegue de equipos de investigación de la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR). La coordinación permitió identificar a Gómez Gallegos como principal sospechoso, quien posteriormente admitió su responsabilidad durante la fase indagatoria.

El detenido será remitido a los tribunales bajo cargos de homicidio, delito que en El Salvador contempla sanciones severas. Según el Código Penal salvadoreño, la pena por homicidio simple puede oscilar entre veinte y treinta años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañen el caso. En situaciones donde se determine premeditación, alevosía o ensañamiento, la condena puede alcanzar los 30 años, en concordancia con lo que establece la normativa vigente.

El caso se suma a un contexto nacional en el que los homicidios han mostrado una reducción sostenida a lo largo del año. El mes de junio de 2026 finalizó con el registro de un solo homicidio a nivel nacional, conforme a los datos oficiales suministrados por la Policía Nacional Civil. Este dato ha sido calificado como el más bajo en la serie estadística mensual desde que existen registros formales, y se enmarca en la continuidad del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad estatal que permanece activa desde 2019.

Entre los casos que más han llamado la atención un hombre de 78 años fue asesinado en su vivienda y el presunto responsable, identificado como José Roberto Arévalo Mójica, fue detenido horas después.

El Plan Control Territorial ha sido clave en la reducción de los homicidios, según los reportes de la PNC y la coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador. Los datos oficiales, recogidos por Infobae Centroamérica, muestran que durante 2026 se registraron cuatro homicidios en enero, cinco en febrero, diez en marzo, tres en abril, seis en mayo y uno en junio. Estas cifras contrastan de manera notable con los años previos, cuando se contabilizaban entre ocho y diecisiete homicidios diarios en 2018, y más de 60 en un solo día durante marzo de 2022, antes del endurecimiento de las medidas de seguridad.

La política de seguridad ha incluido el fortalecimiento de patrullajes, el control de accesos en zonas identificadas como de alto riesgo y la realización de labores de inteligencia para desarticular estructuras criminales y pandillas. Las autoridades insisten en que la continuidad del Plan Control Territorial y la acción conjunta con la Fuerza Armada han permitido mantener el promedio mensual de homicidios en niveles históricamente bajos durante los años 2025 y 2026, sin repuntes significativos en los meses evaluados.