Un hombre fue encontrado muerto en una vivienda ubicada en calle Mendoza al 300, en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. La víctima fue identificada como un arquitecto oriundo de Tucumán de 44 años.

De acuerdo a lo que circuló en las primeras horas, sus vecinos lo encontraron cuando lograron irrumpir en la propiedad mientras se prendía fuego tras forzar la puerta y pudieron apagar un incendio que se había iniciado en uno de los ambientes.

Según relataron fuentes oficiales, los vecinos ingresaron al inmueble y, al sofocar el fuego, descubrieron el cuerpo del propietario en una habitación contigua. El episodio, que en un primer momento parecía tratarse solo de un incendio, reveló un trasfondo de violencia.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría permitido el ingreso a alguien conocido, quien posteriormente lo apuñaló en varias ocasiones, de acuerdo con la información de Cadena 3.

Luego del ataque, el agresor abrió las llaves de gas y encendió un foco ígneo, presuntamente para encubrir el crimen y facilitar la huida con objetos de valor. La rápida reacción de los vecinos evitó que la vivienda explotara, aunque no logró impedir el desenlace fatal.

La escena registrada en el domicilio resultó compatible con un robo, según las primeras observaciones de los investigadores, agregó el medio cordobés.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2, bajo la dirección del fiscal Guillermo González, quien ordenó diversas medidas para esclarecer el hecho. El Ministerio Público aguarda el informe de autopsia para confirmar la causa de la muerte, aunque todo apunta a que el fallecimiento se produjo por heridas de arma blanca.

El caso sigue en proceso, con la toma de testimonios y la recolección de pruebas orientadas a identificar al autor y reconstruir la secuencia de los hechos. En las próximas horas, podría haber novedades.

Lo asesinaron a balazos, lo descartaron en una zona rural de Córdoba

Un día después de que el cuerpo de un joven de 28 años fuera encontrado sin vida en una zona rural del Camino Chacra de la Merced, en la ciudad de Córdoba, efectivos policiales lograron la detención de un hombre de 55 años, señalado como posible autor del homicidio. El episodio ocurrió días atrás.

La escena fue descubierta el viernes por la noche, en el kilómetro 11 de esa ruta, tras una llamada al 911 que movilizó a personal policial y a una ambulancia del servicio de emergencias. Al llegar, constataron que la víctima se encontraba tendida en el suelo, presentando varias heridas de arma de fuego.

Durante la revisión ocular efectuada en el lugar, los peritos verificaron que el joven presentaba impactos de bala en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo. Debido a la gravedad de estas lesiones, los investigadores concluyeron que el fallecimiento ocurrió en el mismo sitio del hallazgo.

Desde ese momento, la Brigada de Investigaciones tomó el control de las pesquisas y, en colaboración con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas, desplegó un operativo específico para dar con el responsable. Como resultado de las acciones de rastreo y averiguaciones realizadas, la Policía provincial detuvo en las últimas horas del sábado a un hombre de 55 años.

Según la información publicada por El Doce TV, el detenido fue localizado en la calle Los Crisantemos al 1700 y sobre él recaía un pedido de captura previo, lo que permitió su arresto inmediato.

Hasta el momento, las autoridades han decidido no dar a conocer las identidades de la víctima ni del detenido, mientras la Justicia continúa con las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Entre las líneas de investigación, se busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen y el posible móvil detrás del ataque. Tampoco se han difundido detalles sobre la relación entre el joven fallecido y el acusado, ni sobre antecedentes previos que pudieran vincularlos. La causa sigue bajo análisis de los investigadores y resta definir si existen otros elementos o personas involucradas.

No cesan los hechos de intolerancia y violencia en la ciudad de Medellín, después de que las autoridades reportaran los más recientes avances de las investigaciones sobre el asesinato de dos personas luego de presentar un altercado con desconocido

Según el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en el barrio Aranjuez, cuando un joven de 26 años agredió con arma blanca a un muchacho de 18 tras un choque accidental.

El informe de la Fiscalía señala que la víctima habría tropezado de manera involuntaria con el presunto agresor, lo que desencadenó una reacción letal del afectado que actuó sin medir fuerza ni consecuencias.

Entretanto, un segundo hombre, de 31 años, intentó impedir que el atacante huyera. Según la Unidad de Reacción Inmediata, esa intervención derivó en una nueva agresión con arma blanca, esta vez en el pecho, que resultó mortal en el lugar de los hechos. El responsable fue capturado en flagrancia por la Policía y actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Las autoridades municipales han reiterado que este fenómeno representa uno de los principales desafíos para la convivencia, sobre todo durante los fines de semana, cuando el consumo de alcohol aumenta y los episodios violentos tienden a multiplicarse.

El presunto agresor, que no aceptó los cargos en la audiencia de imputación, permanece bajo medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con los registros oficiales, la cifra de asesinatos por actos de intolerancia ya suma 24 en lo que va del año, superando los registros del año anterior en el mismo periodo.

El fenómeno de la intolerancia, según la Alcaldía de Medellín, se ha convertido en una preocupación persistente. Las autoridades insisten en que la mayoría de los incidentes de este tipo se presentan durante jornadas de alta ingesta de licor y en contextos de reuniones sociales. Por ello, han ratificado la continuidad de campañas orientadas a reducir estos comportamientos y fomentar la resolución pacífica de conflictos.

Hasta la fecha, los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) reflejan un aumento en los casos de homicidio asociados a discusiones y altercados menores. Las estadísticas muestran que la violencia por intolerancia sigue siendo un reto urgente para la gestión pública en Medellín.

Ciudadano ruso problemático fue expulsado de Medellín

La expulsión de George Wolfe, ciudadano ruso-estadounidense, marcó un punto de inflexión en la gestión del comportamiento de extranjeros en Medellín. La medida, ejecutada tras varios intentos fallidos de mediación y sanciones acumuladas, puso fin a más de dos años de tensiones en el sector de El Poblado, donde la comunidad denunciaba un ambiente de inseguridad y alteración constante del orden.

Durante ese periodo, las denuncias de los residentes se multiplicaron. El inmueble del extranjero, un penthouse en el Edificio Málaga, se transformó en escenario de fiestas continuas, con música a niveles que superaban los límites permitidos.

La situación se agravó debido al constante ingreso de personas presuntamente vinculadas a redes de prostitución, lo que generó preocupación y zozobra entre las familias que habitaban el edificio.

Las autoridades colombianas confirmaron que Wolfe recibió más de doce comparendos por infracciones a la convivencia. Según los reportes, lejos de enmendar su conducta, el extranjero optó por pagar las multas sin mostrar intención de modificar su comportamiento.

Esta actitud, percibida como una “diplomacia del dinero”, llevó a la percepción de que el individuo creía estar por encima de la Ley, respaldado únicamente por su capacidad económica.

La expulsión de Wolfe se produjo después de que la Policía Nacional y Migración Colombia agotaran los mecanismos habituales de mediación. Entre las acciones previas, se intentó establecer acuerdos para que el extranjero moderara sus actividades o abandonara la vivienda de forma voluntaria.

El reiterado desacato, junto con denuncias de amenazas directas a vecinos que manifestaron su inconformidad, forzó a las autoridades a optar por la medida más severa disponible.

El caso de Mía, la bebé de dos meses hallada muerta en el obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, avanza con novedades decisivas. Los forenses de la Morgue Policial entregaron a la Justicia el informe preliminar de la autopsia a comienzos del mediodía de hoy martes.

Allí, los especialistas de la Policía Bonaerense determinaron que Mía falleció a causa de una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda”, según datos de la causa a los que accedió Infobae. El reporte no apunta a lesiones traumáticas como golpes, puñaladas o una marca de estrangulamiento. La conclusión final, sin embargo, depende de más pericias que se encuentran en curso.

Camila, la madre de la menor, continúa detenida en un hospital platense bajo consigna policial, mientras es evaluada por psiquiatras, ya que diversos testimonios apuntan a que padecería de esquizofrenia. Mientras tanto, el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investigó la causa en las últimas 48 horas -la Facultad de Arquitectura es un terreno federal, al ser la UNLP una universidad nacional-, se declaró incompetente y regresó la causa al fuero de instrucción platense, donde había sido investigado por la fiscal Virginia Bravo.

Por qué Ramos Padilla se declaró incompetente

El juez federal -que ordenó una serie de medidas como el levantamiento de rastros en la escena del hallazgo, la propia autopsia, tomas de testimonios y el allanamiento a la casa de la acusada- argumentó que la causa debía regresar a la fiscal Bravo ya que “debe descartarse la afectación de algún interés del Estado Nacional o el de sus instituciones”, de acuerdo a su resolución.

“La víctima fue hallada circunstancialmente en las instalaciones de esa alta casa de estudios, sin que se advierta –como se dijo– la afectación de un interés federal de ningún tipo o naturaleza. En esa línea, debe recordarse que es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la competencia federal es de naturaleza excepcional y restrictiva“, continuó el magistrado.

Qué revelaron las cámaras de seguridad

La investigación comenzó el domingo pasado, cuando el padre y el abuelo de Mía denunciaron que la madre había desaparecido con la bebé en medio de una visita al Hospital de Niños platense cerca de las 15 horas d eese día. La Policía Bonaerense determinó que la mujer había tomado un colectivo de la línea 506.

Ramos Padilla también aseguró el rastro de cámaras de seguridad. Los videos relevados, efectivamente, mostraron a la mujer acusada en las inmediaciones del obrador de la Facultad de Arquitectura, donde Mía fue hallada muerta.

Hoy, martes, será un día de definiciones clave en el caso de Camila D., la mujer oriunda de Chile y radicada en La Plata, detenida por la muerte de Mía, su bebé de dos meses.

El cuerpo de la niña fue hallado ayer en un obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata por un sereno. Alejo Ramos Padilla, el juez federal a cargo del caso, aguarda los resultados preliminares de la autopsia, que se realizará en la Morgue Policial platense. El cuerpo fue encontrado acostado, en un lugar a oscuras.

Un primer informe recibido por el magistrado apuntó que, al menos del lado del frente, los restos de Mía no presentaban signos típicos de un asesinato, como una puñalada o una marca de estrangulamiento. Los forenses deberán determinar si fue asfixiada, apuñalada por la espalda o si falleció por otro mecanismo.

Camila D., mientras tanto, continúa detenida. No se halla en una celda de la DUOF La Plata de la PFA, que realizó su arresto e investigó la escena donde se encontró el cadáver, sino en un centro médico psiquiátrico bajo consigna policial.

Los primeros datos en la causa -que comenzó a ser investigada por la fiscal platense Virginia Bravo, y que envió luego al juez Ramos Padilla, ya que la UNLP es jurisdicción federal- indicaban que Camila sería una paciente psiquiátrica bajo tratamiento por esquizofrenia y que habría dejado de tomar su medicación.

Ahora, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la mujer es evaluada por psiquiatras en su lugar de detención. La historia clínica de la detenida todavía no fue recibida por el juez federal, que envió oficios al respecto. Sin embargo, Ramos Padilla ya recibe comentarios de los especialistas que la evalúan. “Psicosis” es un término recurrente.

Mientras tanto, la causa avanza con diversas medidas. Los investigadores ya tomaron declaraciones a empleados, serenos, relevaron cámaras, se allanó la casa de la familia de Camila y se secuestraron teléfonos, que podrán ser peritados.

La investigación comenzó luego de que el padre y el abuelo de Mía denunciaran la desaparición de Camilia junto con su bebé, cuando la perdieron de vista camino al Hospital de La Plata.

Testigos consultados por la Bonaerense indicaron que vieron a la acusada subir a un colectivo de la línea 506. El chofer de ese servicio declaró ante las autoridades que la mujer descendió en la intersección de calles 1 y 45, en la misma ciudad. La acusada fue detenida en la misma zona.

Francisco Fidel Gijón Vásquez, quien se desempeñó como presidente municipal de San Miguel del Puerto en dos periodos, fue privado de la vida la tarde de este domingo en esa localidad de la región de la Costa, en Oaxaca.

Los primeros informes señalan que el ataque se registró durante una convivencia realizada en el centro del municipio, cuando personas armadas abrieron fuego contra el exfuncionario, provocando su muerte en el lugar.

Tras los disparos, asistentes al evento intentaron brindarle auxilio, aunque ya no presentaba signos vitales. La situación generó la movilización de elementos de seguridad municipal, quienes aseguraron la zona en espera de personal ministerial.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acudieron para iniciar las diligencias correspondientes, recabar indicios y tomar declaraciones de posibles testigos.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea clara de investigación, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.

Dos veces presidente municipal

Francisco Gijón nació el 28 de septiembre de 1973 en San Miguel del Puerto. Contaba con formación técnica en mecánica automotriz y ocupó la presidencia municipal en dos administraciones, de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016, bajo el sistema de elección por usos y costumbres.

Su asesinato se suma a una serie de hechos violentos registrados en los últimos años contra autoridades municipales en Oaxaca, donde distintos ediles en funciones o exfuncionarios han sido atacados en diferentes regiones del estado.

Entre los casos recientes se encuentra el de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, asesinada en junio de 2025 al interior de la sede del ayuntamiento.

También se registró el homicidio de Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, en mayo del mismo año, así como el de Francisco Román Ruiz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, atacado en octubre de 2024 dentro de su domicilio.

En marzo de 2024 fue asesinado Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, en otro hecho violento ocurrido en el estado.

Las investigaciones sobre el caso de Gijón Vásquez continúan en curso, mientras las autoridades estatales mantienen la recopilación de información en la zona del ataque.

En el marco de la investigación por el asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, el principal sospechoso se negó a declarar ante la justicia. El supuesto responsable del crimen es el jardinero de la víctima, un hombre de 31 años identificado como Lionel Gonzalo Maciel, quien fue detenido durante un allanamiento fiscal realizado por efectivos del Gabinete de Homicidios en la ciudad de La Plata.

Luego de su decisión, el hombre continuará detenido por el homicidio del jubilado que encontraron el 6 de abril en un galpón de su vivienda de Villa Elisa. El cuerpo fue hallado entre herramientas y una bicicleta, sobre un charco de sangre.

En la causa, los peritajes forenses determinaron que la víctima falleció a raíz de traumatismo encéfalo craneano: esto sucedió debido a golpes con un objeto contundente, presentando múltiples fracturas en el cráneo y rostro. Además de una hemorragia meníngea y lesiones en una mano relacionadas con un aparente intento de defensa.

La identificación del sospechoso se consiguió gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que lo ubicaron cerca del lugar hacia la hora del crimen, según el reporte citado del medio local. Además, una persona aportó un testimonio clave y los investigadores detectaron que el acusado habría desechado prendas de vestir en otra vivienda, donde también se realizaron allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia y gestionados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta.

Cómo fue la detención del jardinero

El jardinero Lionel Gonzalo Maciel, de 41 años, fue detenido el miércoles 8 de abril por la noche como principal sospechoso del homicidio de Néstor Daniel Copoletti. Los investigadores lo encontraron en la calle 48 a pocas cuadras de la vivienda de la víctima y fue aprehendido por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata tras un allanamiento de urgencia solicitado por el fiscal.

El material clave del caso es la autopsia, la cual confirmó que el jubilado falleció por hemorragia en la base del cráneo, provocada por una serie de golpes en la cabeza, según la investigación a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la jueza Marcela Garmendia. Esto indicaría que la muerte fue debido a un acto violento.

Aunque las entradas de la vivienda de Copoletti no presentaban signos de violencia, para el fiscal Condomí Alcorta, el crimen fue en ocasión de robo y sospechan que hurtó dos armas del jubilado junto con pastillas y herramientas. “Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, expresaron las fuentes del expediente.

Las evidencias surgieron por el testimonio de un vecino, que ubicó a Maciel en el barrio tras el crimen. El testigo lo escuchó gritar desde la rama de un árbol: “Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía”. Luego relató que el jardinero le ofreció pastillas de clonazepam al mismo vecino. El hombre también fue visto portando una mochila cargada de herramientas.

Por otro lado, los investigadores también detectacto que el detenido había descartado prendas de ropa tras el crimen en otro domicilio. Esta vivienda también fue allanada en búsqueda de material para la investigación judicial del crimen de Néstor Daniel Copoletti.

La relación entre imputado y víctima era cercana: la suegra de Maciel trabajaba como mucama en la casa del jubilado. Además, la autopsia detectó heridas defensivas en los brazos de Copoletti, lo que indica que intentó resistirse durante el ataque. Maciel enfrentará declaración indagatoria ante el fiscal Condomí Alcorta en las próximas horas.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de alias ‘El Zarco’ o ‘El Enfermero’, señalado como presunto autor material del homicidio del músico Luder Quiñones, integrante de la orquesta del cantante de salsa Willy García. El detenido también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un patrullero ocurrido en 2024, según informaron las autoridades.

El procedimiento se realizó en el sector de Bochalema, en el sur de Cali, donde fue detenido Juan Esteban Sánchez Valencia, identificado por las autoridades como alias ‘El Zarco’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Policía, la captura se produjo en menos de 25 días tras el crimen, como resultado de un trabajo articulado de inteligencia e investigación judicial. Entre las acciones desarrolladas, se destaca el análisis de más de 50 horas de material audiovisual de cámaras de seguridad, así como labores de seguimiento y recolección de pruebas en terreno.

El brigadier general Hebert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que el proceso investigativo permitió ubicar al sospechoso en corto tiempo. “La respuesta institucional fue contundente. En tan solo 25 días, mediante el análisis de más de 50 horas de material de video, fue esencial para esclarecer este hecho”, afirmó según El Tiempo.

Durante el operativo, fueron incautadas dos motocicletas que habrían sido utilizadas para la comisión del homicidio y la posterior huida de los implicados.

Homicidio del músico Luder Quiñones

El asesinato de Luder Quiñones ocurrió el pasado 17 de marzo en vía pública, en el barrio Bretaña, ubicado en el centro de Cali. El músico fue atacado con arma de fuego cuando salía de un establecimiento comercial.

En un primer momento, las autoridades contemplaron la posibilidad de un intento de hurto. Sin embargo, el análisis del material de video permitió establecer nuevos elementos. Las imágenes evidencian la participación de varios hombres que se movilizaban en motocicletas y que rodearon el vehículo en el que se encontraba la víctima.

En los registros se observa cómo uno de los implicados desciende de la motocicleta y se acerca al automotor, mientras otros sujetos toman posiciones alrededor. Posteriormente, uno de ellos dispara contra el vehículo y los agresores huyen del lugar.

Tras el ataque, el músico descendió del vehículo, pero se desplomó debido a la gravedad de las heridas. Su compañera sentimental, quien lo acompañaba, también resultó lesionada durante el hecho.

Las autoridades indicaron que no se descarta un posible ataque sicarial, teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo la agresión.

Vinculación con homicidio de patrullero

Alias ‘El Zarco’ también es señalado de estar vinculado con el homicidio del patrullero Iván Fernando López Rodríguez, ocurrido en agosto de 2024 en el barrio Guayaquil de Cali.

El uniformado falleció durante un procedimiento policial, y por este caso ya habían sido judicializadas otras personas conocidas como alias ‘La L’ y ‘Jhoncito’.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación del capturado en este hecho y establecer posibles conexiones con otras estructuras delictivas.

Antecedentes y modalidad delictiva

Según información oficial conocida por El Tiempo, el detenido cuenta con antecedentes por hurto calificado y agravado. En 2024, su imagen se difundió ampliamente en redes sociales debido a una modalidad de robo en la que utilizaba uniformes de personal de la salud.

El uso de estos elementos le permitía acercarse a las víctimas en semáforos y cometer atracos, lo que derivó en el alias de ‘El Enfermero’.

Proceso judicial en curso

Tras su captura, Sánchez Valencia fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades informaron que se mantiene vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita la captura de otras dos personas que, presuntamente, participaron en el homicidio del músico.

Llamado a la ciudadanía

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, destacó el trabajo de la fuerza pública y reiteró la necesidad de la colaboración ciudadana en los procesos investigativos.

“Los crímenes en Cali no van a quedar impunes; continuaremos fortaleciendo las capacidades en investigación de nuestra Policía Judicial y de la Fiscalía”, señaló según El País.

La Policía Metropolitana de Cali invitó a la comunidad a reportar cualquier información relacionada con hechos delictivos a través de la Línea contra el Crimen (3213945156) o la línea de emergencia 123. Las autoridades indicaron que estos canales garantizan la confidencialidad de quienes suministren información.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en una serie de allanamientos realizados en el barrio Empalme Graneros y otros puntos de la ciudad de Rosario como parte de una investigación por el homicidio de un joven. El brutal hecho ocurrió el 8 de marzo cuando balearon a Franco David Beltrán, de 20 años, crimen que vincularon con el narcomenudeo de la zona. Los operativos se realizaron en distintos barrios de la ciudad y permitieron secuestrar elementos clave.

El allanamiento fue coordinado por los fiscales Andrea Vega y César Cabrera de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respectivamente. El procedimiento sucedió entre las calles Garzón al 1400, José Ingenieros al 2400 y múltiples puntos de Campbell al 1500 bis. Lograron encontrar materiales determinante para la investigación como sustancias ilegales, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En total, incautaron 1,218 kilogramos de cocaína y 1,844 kilogramos de marihuana, así como 30 cartuchos calibre 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22. La suma de dinero secuestrada superó los 300 mil pesos. Entre los objetos hallados también se contaron un arma de fuego de fabricación casera, picadura de cannabis, nueve teléfonos celulares y dos tablets, de acuerdo a Cadena 3.

Con respecto a las investigaciones, que siguen en curso, el Gobierno de Santa Fe explicó: “Durante los requisas en estos domicilios fue clave la tarea del perro Kenzo, que encontró material estupefaciente alojado en una pared”. Los fiscales a cargo del caso aguardan los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, mientraslos resultados de los peritajes. El avance de la causa dependerá del análisis de los elementos secuestrados y de las próximas diligencias judiciales.

El crimen

La investigación se originó por el fallecimiento de Franco David Beltrán, un joven de 20 años que fue hallado con heridas graves en la vía pública durante la madrugada del 8 de marzo. Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas SIES constató el deceso. Según determinó la pesquisa inicial, el ataque habría sido ejecutado por un individuo a bordo de una motocicleta blanca.

Frente a la reconstrcción de hechos, los agentes judiciales analizaron el material de cámaras de seguridad disponibles, recopilaron testimonios y examinaron los antecedentes de la víctima. Gracias a eso, lograron realizar las detenciones de cuatro personas involucradas en el crimen.

A través del material recopilado por la Justicia, los invetigadores del Ministerio Público de la Acusación, lograron vincular el homicidio del joven y la venta de drogas en la ciudad de Rosario. Los datos obtenidos de los diferentes allanamientos arrojaron que la cantidad total de droga secuestrada superó los 3 kilogramos, distribuidos entre cocaína y marihuana.

En este marco, la fiscalía sostiene que el crimen de Beltrán responde a un ajuste de cuentas interno dentro del circuito del narcomenudeo de Rosario. Esta modalidad de violencia asociada al tráfico de drogas preocupa a las autoridades provinciales que se vuelve más regular y sigue creciendo en la provincia.

El material incautado refuerza la línea de investigación de la fiscalía sobre una conexión directa entre el homicidio y la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. A partir de los dispositivos electrónicos secuestrados, el Ministerio Público de la Acusación busca determinar el alcance de las comunicaciones y posibles vínculos con otras personas o grupos dedicados al narcomenudeo.

Los antecedentes de Beltrán también formaron parte del expediente: había sido detenido en febrero por portación de arma de fuego, situación que ahora los fiscales Vega y Cabrera consideran relevante para comprender el contexto del asesinato. “Los antecedentes de la víctima y las denuncias previas por venta de drogas en su entorno fueron las piezas clave para reconstruir el móvil del hecho”, dijeron fuentes policiales a Telefe Rosario.

Un hombre de 84 años fue asesinado en una vivienda de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba. Este episodio fue registrado durante las últimas horas del jueves y se impulsó una investigación judicial que tuvo una revelación en las últimas horas. A un día del crimen, el nieto de la víctima, confesó ser responsable del ataque.

El joven de 25 años confesó haber asesinado a su abuelo, José Luis Zárate, en una vivienda ubicada en calle Vicente Forestieri al 4800. La policía halló al jubilado con lesiones severas en el rostro y cuero cabelludo, compatibles con una agresión violenta. Ante esa situación, fue imputado por homicidio simple y está a disposición del fiscal Víctor Chiapero.

El nieto de la víctima arribó al Hopital San Roque donde reconoció ante personal médico su responsabilidad en el ataque. El joven se presentó poco después del hecho y relató que había agredido a su abuelo tras una discusión. Las primeras declaraciones del detenido abrieron nuevas líneas de investigación en torno al posible móvil del crimen. El joven aseguró que era víctima de abuso por parte del abuelo, una versión que ahora evalúa la justicia cordobesa.

Aunque no existían denuncias previas por episodios de violencia por parte de ninguno, la fiscalía también trabaja sobre la hipótesis de una posible cadena de tensiones familiares no documentadas. Dentro del entorno más cercano, algunos testimonios aportaron detalles sobre el distanciamiento familiar, especialmente después del fallecimiento de la madre del acusado.

El sospechoso permanece alojado en la cárcel de Bouwer, a disposición del fiscal Víctor Chiapero, quien conduce la investigación. En paralelo, la policía secuestró una motocicleta utilizada por el joven y continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar el desarrollo de los hechos.

El hallazgo del hombre en Córdoba

Las fuentes policiales detallaron que el cuerpo de José Luis Zárate de 84 años, fue encontrado por un equipo del servicio de emergencias que confirmó el deceso en el lugar. Los peritajes médicos iniciales determinaron que las lesiones del jubilado eran compatibles con una violenta golpiza, que le pudieron haber causado un edema cerebral, hematomas o un coma que lo llevaron a la muerte.

La secuencia del crimen se inició cerca de las 16, cuando el nieto llegó encolerizado a la vivienda de la calle Vicente Forestieri al 4889. Según testimonios recogidos por los investigadores, el joven golpeó la puerta a los gritos y fue el propio Zárate quien decidió dejarlo entrar. Los primeros minutos de la visita estuvieron marcados por una discusión verbal, pero después los gritos se apaciguaron y ambos permanecieron dentro de la casa.

Entre las versiones de los vecinos del barrio, comenzó a circular que el ataque se habría producido con una silla, aunque ese punto no fue confirmado oficialmente. Un testigo citado por ElDoce.TV aseguró que la discusión entre abuelo y nieto se tornó violenta dentro de la vivienda y que la víctima quedó agonizando en el comedor.

El servicio de emergencias llegó cuando Zárate ya había fallecido por el traumatismo de cráneo severo, esto se determinó en los primeros exámenes médicos. Tras el violento episodio, voceros de la Policía de Córdoba informaron que el operativo en la escena del crimen se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer el vínculo entre los involucrados y los motivos del ataque.

La causa avanza mientras los investigadores reconstruyen la secuencia y el contexto familiar. La fiscalía todavía no descarta ninguna hipótesis y sigue esperando los resultados de las próximas indagatorias para definir los próximos pasos judiciales. La versión de un posible abuso y el entorno social de la víctima serán aspectos claves para el avance de la instrucción.

Según informaron las autoridades del Magdalena Medio, el crimen fue, presuntamente, cometido por cuatro adolescentes que ahora permanecen custodiados por unidades de la Policía de la ciudad petrolera.

El homicidio ocurrió cerca de las 9:00 p. m. en la vivienda que funcionaba como centro de acogida, de acuerdo con los detalles suministrados por voceros de la Policía Nacional. Datos preliminares indican que los menores, con antecedentes judiciales por delitos graves, al parecer asfixiaron a la psicóloga con una soga.

Las autoridades reportaron que tras el ataque los adolescentes escaparon, de manera que debieron activar un despliegue policial en la zona y la implementación del Plan Candado en la comuna 3 de la ciudad.

La estrategia permitió la aprehensión de dos jóvenes de 15 y 17 años, que fueron puestos a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Otro menor de 15 años fue ubicado y se le restablecieron sus derechos conforme con los protocolos establecidos. Por su parte, un implicado más ya está plenamente identificado y vinculado al proceso investigativo.

La psicóloga ya había pedido ser trasladada de hogar de paso

Alejandro Cabarcas, esposo de la víctima y periodista de RCN Radio para el Magdalena Medio, se pronunció ante medios de comunicación locales, y sostuvo que la amenaza contra Merlano había sido advertida en varias ocasiones, incluso después de que los adolescentes intentaron intoxicarla.

“Laboraba como formadora en hogares de paso. El caso que manejaba era de menores con conductas delictivas, y ya había presentado situaciones de inseguridad. Insistieron en seguirla mandando a ella a ese mismo hogar, no tenían la consideración de ubicarla. Ya se había presentado una situación donde la habían intoxicado, había agresiones, tenía reportes, la siguieron mandando para esa casa. Son cuatro jóvenes que tuvieron que haberla asesinado. Ya había una confrontación. Es una total irresponsabilidad”, explicó Cabarcas.

El periodista detalló que cuando los jóvenes quisieron intoxicarla, usaron medicamentos disponibles y los mezclaron en una botella de agua que ella conservaba en una nevera del domicilio del Icbf . La profesional consumió del líquido y le reportó a su cónyuge que “se sentía mal”.

Añadió que Merlano planeaba renunciar el 30 de abril de 2026 debido a las continuas intimidaciones y agresiones recibidas por parte de los menores, “porque las amenazas no la dejaban tranquila”, relató.

“Ella todo lo reportaba. Había estado dos días anteriores en la casa de las niñas. En esta casa ella la pasaba superbién. Pero ayer me dijo: ‘Ay, amor, me mandaron otra vez para esa casa. Y mire, vea, que llegaron dos pelados nuevos. Y mire, mire esos chinos tienen como una pinta’. Yo le dije: ‘Amor, ya yo le dije a usted qué había que hacer’”, lamentó el hombre.

La psicóloga, además de llevar las riendas de estos centros de acogida del Icbf, tenía otros empleos para poder aportar económicamente en su casa.

“Mi esposa era una mujer muy buena, muy noble, una gran profesional que llevaba ya varios años trabajando en estos hogares de paso, a pesar de que ella era instrumentadora quirúrgica. Laboraba también como instrumentadora quirúrgica, tenía ese trabajo como otra entrada económica”, dijo el comunicador social.

Las últimas conversaciones de la profesional

En la misma rueda de prensa, el comunicador social relató los últimos minutos de vida de su esposa, que logró reconstruir por medio de su permanente comunicación en WhatsApp y a través de llamadas telefónicas.

Narró que durante del 9 de abril habían llegado unos adolescentes al hogar de paso: “‘Amor, aquí hubo un problema con los pelados nuevos que llegaron. Parece que hubo un tema con los medicamentos, los consumieron, pasó algo y aquí están los bomberos’. Yo: ‘Ah, bueno, listo, amor, me está comentando’. Seis y cuarto, siete y veinte: ‘Amor, acá está la policía’”.

Cabarcas aseguró que cuando su pareja le dijo que las autoridades estaban en las instalaciones “se sintió tranquilo”.

A las 8:10 p. m. “yo hablé con ella, le dije: ‘Estoy en el apartamento’. Bueno, temas ahí que nosotros ahí hablábamos. Y ya a las ocho y cuarenta, ocho y cincuenta la llamé y ella no me contestó. Por WhatsApp le envié un mensaje y no le llegó. A veces a ella se le descargaba el celular. Yo dije: ´Bueno, voy a esperar’. A las nueve me llamaron a mí. O sea, los hechos sucedieron entre las 8:15 p. m. y 8:30 p. m.“.

Alejandro Cabarcas cuestionó a las autoridades por no permanecer en el lugar de los hechos luego de que los adolescentes formaron conflicto. Aseguró que no logra entender, “porque si la Policía vio que había ese ese precedente, siete y veinte de la noche, siete y veinticinco de la noche, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué no hicieron el hecho de quedarse permanentemente ahí? Porque sabían que ya había un inconveniente".

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. Desde la Policía del Magdalena Medio también informaron que funcionarios del CTI continúan recopilando testimonios y realizan inspecciones técnicas en el lugar de los hechos para esclarecer el crimen.

Brahyam Angulo Rendón, ciudadano colombiano de alto perfil criminal, fue detenido el 8 de abril de 2026 en el barrio Aranjuez, comuna 4 de Medellín, como resultado de una operación conjunta de la Dijín – OCN Interpol Colombia.

Las autoridades de Brasil lo requerían por ser el autor intelectual de homicidios agravados y por coordinar una estructura dedicada al sicariato, cuyas acciones sembraron terror especialmente en Brasilia.

De acuerdo con el expediente internacional citado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, Angulo Rendón tenía la función de planificar y dirigir los homicidios selectivos dentro de esta organización criminal, además de facilitar los medios logísticos y armamentísticos para su ejecución.

Su retención en Medellín fue posible tras un despliegue de verificación en campo, cruce de datos y análisis de información reservada, realizado por agentes de la Interpol.

Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades colombianas a la espera de que el gobierno de Brasil remita la documentación necesaria para avanzar en el proceso de extradición. La normativa vigente concede a las autoridades brasileñas un plazo de cinco días hábiles para formalizar la solicitud ante la justicia colombiana.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó los hehcos por medio de su cuenta de X, donde celebros que las autoridades esten entregando resultados positivos en contra del crimen organizado.

“Cae homicida con notificación roja de Interpol. En Aranjuez las autoridades retuvieron a Brahyam Angulo Rendón, requerido por Brasil por homicidio agravado. Era determinador: ordenaba crímenes y coordinaba sicarios. Este bandido queda a disposición de Fiscalía mientras avanza su extradición. Resultados INTERPOL- 2024: 11- 2025: 35- 2026: 15 Total: 61 retenciones.Desde su llegada, aumentamos 377 % las retenciones. Aquí enfrentamos el crimen, incluso internacional. No paramos”.

Inició el juicio contra siete colombianos que enviaban cocaína a Estados Unidos en submarinos

En un proceso judicial de alto impacto internacional, siete colombianos enfrentan juicio en Estados Unidos por enviar cocaína hacia ese país empleando submarinos artesanales de fabricación propia. La causa, abierta en el Distrito Este de Nueva York, sitúa la operación como un eslabón central en la cadena de tráfico marítimo que conecta la costa colombiana del Pacífico con territorio mexicano, parcelado por el Cartel de Sinaloa, y de allí con frontera estadounidense.

La dimensión del caso se refleja en la cifra incautada durante los operativos internacionales previos al juicio: la DEA y la Marina de Colombia lograron decomisar 2.312 de 3.300 kilos de cocaína transportados en embarcaciones semisumergibles, diseñadas y construidas de manera empírica, pero capaces de trasladar hasta cinco toneladas de droga, según señaló el fiscal federal Joseph Nocella.

Los acusados y su estructura criminal: la ruta del Pacífico a México

Los procesados —Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes—, todos hombres de entre 40 y 69 años, fueron extraditados desde Colombia a Estados Unidos tras una investigación que comenzó formalmente en marzo de 2025 con la solicitud de entrega emitida por autoridades estadounidenses.

La red operaba financiando cargamentos y construyendo los submarinos semisumergibles que partían desde el Pacífico colombiano.

La logística incluía la contratación de tripulaciones experimentadas y la implementación de esquemas de contravigilancia marítima, mediante buques pesqueros, para evadir la detección por parte de fuerzas de seguridad. Una vez en México, la droga ingresaba en zonas bajo control del Cartel de Sinaloa, desde donde la distribución continuaba hacia los Estados Unidos.

En el acto de presentación ante el tribunal federal de Brooklyn, el fiscal Nocella describió el alcance de la organización: “Según las acusaciones, los acusados ​​son miembros de una organización colombiana transnacional de narcotráfico marítimo que pretendía traficar clandestinamente toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles hacia México, para su posterior distribución en Estados Unidos”, declaró la noche del 27 de marzo.

El despliegue operativo incluyó la colaboración activa de la Marina de Colombia y la DEA. Frank Tarentino, jefe de la Regional de Operaciones de la DEA, destacó la tecnología y recursos desplegados para frustrar el esquema: “Utilizar sumergibles en un intento calculado de evadir a las fuerzas del orden no los hace invisibles. Ya sea que intenten esconderse bajo el agua o en la superficie, la DEA, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, perseguirá y derrotará sin descanso a las organizaciones de narcotráfico que amenazan a nuestras comunidades y causan la muerte de estadounidenses”.

Ramiro Fabián Nast tenía 23 años y fue encontrado sin vida dentro de una heladera en un zanjón en Funes, una localidad de Rosario, Santa Fe. La víctima había recibido un golpe fatal en la cabeza y luego su cuerpo fue descartado. En medio de las investigaciones por el crimen del joven, este jueves, hubo un avance al caer un tercer sospechoso.

Según informó el Gobierno de Santa Fe, el aprehendido es un hombre de 40 años, identificado como Matías Z. La pesquisa, que ya registra a otros dos detenidos, avanza luego de que el delito fuera revelado por una allegada a los autores, lo que permitió a la policía encontrar el cuerpo y fortalecer la causa.

Durante la tarde, personal del Comando Radioeléctrico llevó a cabo la detención de Matías Z. tras recibir una información de calle que conducía a una vivienda en la zona oeste de Funes, en las inmediaciones de avenida de las Américas y El Mangrullo. El operativo concluyó cuando el sospechoso salió al exterior y fue aprehendido de inmediato.

Esta última detención se suma a las otras dos: Kevin Ariel T, de 25 años se entregó a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones el miércoles y quedó a disposición de la fiscalía por su presunta vinculación con el crimen. Por su parte, Luis Fernando V, de 29 años fue arrestado en el momento del hallazgo del cuerpo y señalado como el posible autor material.

El joven de 29 años detenido fue identificado como una de las últimas personas en tener contacto con la víctima, aunque la fiscalía no brindó detalles sobre su vínculo con el hecho. Tanto Matías Z. como Kevin Ariel T. y Luis Fernando V. serán presentados ante la Justicia en audiencia imputativa en los próximos días. La causa sigue bajo investigación y las autoridades continúan trabajando sobre las distintas líneas que ha revelado el expediente.

La reconstrucción de los hechos

La desaparición del joven comenzó luego de que asistiera a una fiesta el viernes previo, siendo ese el último momento en que su entorno lo vio con vida. Su madre, Yanina, encabezó una intensa búsqueda durante el fin de semana, difundiendo las características físicas de su hijo, incluido un tatuaje en una mano, para facilitar la identificación. Según declaraciones de Yanina, su hijo “no tenía vínculos con actividades delictivas”. Sin embargo, mencionó a personas “de este barrio que comercializa y que tiene que ver con la muerte de mi hijo”.

La denuncia formal de paradero fue radicada el domingo 5 de abril, llevando la fiscalía a coordinar rastrillajes con la Policía de Investigaciones de Santa Fe y el cuerpo de bomberos voluntarios de Funes. El operativo concluyó el lunes a las 16:30, cuando los efectivos hallaron la heladera con el cuerpo en su interior, confirmando la muerte violenta y el ocultamiento deliberado del cadáver.

Ramiro Nast fue asesinado el sábado y su cuerpo apareció el lunes dentro de una heladera desechada en un zanjón con agua. Al ser encontrado, los investigadores encontraron signos de violencia que luego se confirmó en el preinforme de autopsia realizado en el Instituto Médico Legal. Este determinó que la causa del fallecimiento fue “un fuerte golpe en el cráneo”.

La investigación presume que la víctima estaba maniatada en el momento del ataque, según la información facilitada por el Ministerio de Seguridad. El hallazgo del cadáver se produjo luego de que una mujer del entorno de los imputados se presentara en la comisaría 23ª y señalara el lugar tras recibir la confesión de uno de los acusados, quien admitió que “se le había ido la mano mientras retenía a Nast”.

El 9 de abril en Costa Rica ya no solo huele a los preparativos de la gesta heroica de Juan Santamaría. Desde hace exactamente tres años, el aire de los cafetales y cañaverales de Juan Viñas, en Cartago, arrastra un susurro de indignación que no se apaga.

Es el eco de Keibril Amira, la bebé de nueve meses que un domingo de Resurrección fue arrebatada de los brazos de su madre, una niña que también había sido despojada de su infancia por la violencia sistemática.

Aquel domingo de 2023, mientras las familias buscaban descanso, en Santiago de Cervantes se gestaba una tragedia que despojaría al país de su etiqueta de “el más feliz del mundo” para enfrentarlo a su espejo más oscuro.

Una madre adolescente de 13 años caminaba con su hija en brazos cuando fue interceptada por su padrastro, Hugo Casasola Salas, un hombre que terminó siendo su verdugo y el captor de la bebé para ocultar el rastro de su propio crimen.

Para entender por qué el nombre de Keibril sigue pesando en la memoria colectiva, es necesario repasar la cronología de una búsqueda que movilizó a todo un país, pero que llegó tarde para la víctima:

• El Rapto y la verdad oculta (9 de abril, 2023):

Casasola Salas sustrajo a la pequeña Keibril con un móvil macabro: evitar una prueba de ADN inminente que confirmaría que él era el padre biológico de la bebé, fruto de las violaciones contra la menor de 13 años. El rapto fue su último intento por comprar impunidad con la vida de una inocente.

• Una búsqueda nacional sin cuerpo:

Durante semanas, el terreno quebrado de Cartago se llenó de uniformes, perros rastreadores y drones con cámaras térmicas. El hallazgo de prendas con sangre que coincidía con el ADN de la bebé en un cañaveral cambió el rumbo del caso. Aunque el cuerpo de la menor nunca fue recuperado, la evidencia científica permitió al OIJ y a la Fiscalía sostener la tesis del homicidio.

El colapso del sistema

El caso Keibril fue el “examen fallido” de la institucionalidad costarricense. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conocía el riesgo en el que vivía la madre adolescente. Sabían del embarazo infantil y del agresor en el hogar, pero la burocracia fue más lenta que la maldad.

Este fallo provocó la renuncia de la jerarca de la institución y forzó una reforma estructural en los protocolos de protección de menores en riesgo social.

En un juicio que paralizó al país, Hugo Casasola Salas fue condenado a 79 años de prisión por tres delitos de violación contra la madre adolescente y el homicidio calificado de la bebé Keibril. Por las leyes vigentes, la pena se reajustó al máximo permitido de 50 años de cárcel, sentencia que hoy sigue cumpliendo.

El significado de un aniversario gris

Tres años después, este día 9 de abril, Keibril Amira García Amador no tiene una tumba donde llevarle flores, pero tiene una memoria que incomoda. Mientras el sol cae sobre las montañas de Cartago, la “bebé de los cañaverales” sigue vigente. No como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como una advertencia para los adultos: el silencio es el cómplice más letal.

Hoy, en el aniversario de la desaparición de Keibril Amira García Amador, la población costarricense mantiene la exigencia de que las instituciones cumplan con su función de resguardar a los menores.

Un hombre de 54 años fue detenido en una localidad del departamento de General Roca, Neuquén, acusado de intentar matar a golpes a su pareja en el interior de un hotel. Vecinos de la zona escucharon los gritos provenientes de lugar en donde se hospedaba la pareja y dieron aviso a las autoridades. Hubo amenazas y agresiones.

La víctima de 46 años quedó encerrada en la habitación y sufrió golpes por parte del acusado, quien amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City de Villa Regina, al que rápidamente acudieron los efectivos de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia, quienes lograron reducir al agresor y proceder a su detención.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio. De acuerdo con LM Neuquén, el caso fue caratulado como tentativa de femicidio y la víctima formalizó la denuncia.

La intervención judicial incluyó la actuación de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina y el Juzgado de Familia N°19, que dispusieron distintas medidas de protección y asistencia para la mujer afectada. También se activó el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), para garantizar el acompañamiento integral y la seguridad de la víctima mientras continúa la investigación.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció al respecto y a través de un mensaje en redes sociales sostuvo: “La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre que intentó matar a su pareja”.

El posteo en X estaba acompañado de la imágen del acusado, cuando fue capturado. “La víctima fue asistida por salud y el agresor ya está a disposición de la Justicia”. Y aseguró: “En Río Negro hay una decisión clara: con la violencia de género no hay tolerancia. Vamos a proteger a las víctimas y ser inflexibles con los agresores. Si estás atravesando o conocés una situación de violencia de género, llamá al 911.

Otro intento de femicidio que terminó en suicidio

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, atacó con un cuchillo a su pareja de 32 años e hirió a la hija menor de la mujer el jueves pasado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Luego del ataque, Hernández se quitó la vida arrojándose desde un puente ubicado en el Acceso Sudeste.

El episodio tuvo lugar tras una discusión por celos, después de que la pareja celebrara su aniversario en Don Torcuato. Según la investigación policial, el agresor trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa hasta la zona de Edison y Acceso Sudeste.

En el lugar, Hernández exigió el teléfono celular de la pareja y, ante la negativa, comenzó a agredirla con un cuchillo, provocándole varias heridas en el cuello y la espalda. La hija de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor se retiró del sitio tras la agresión, dejando a las víctimas en la vía pública. Personal de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense llegó al lugar tras recibir el aviso y encontró a la mujer junto a su hija. Ambas recibieron asistencia del SAME y fueron trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda. La mujer ingresó a terapia intensiva, mientras que la menor fue atendida y quedó fuera de peligro.

Horas después, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente del Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 5. Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que se trataba de Hernández, quien había abandonado su vehículo en las inmediaciones. La causa está en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la dirección de la fiscal María Laura Carballal, quien dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

La Policía Nacional de República Dominicana recibió el 7 de abril, a Ismael Ceballo Pérez, extraditado por las autoridades de Estados Unidos tras una operación coordinada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El traslado, que involucró a diversas entidades del Estado dominicano y la colaboración de Interpol, representa una nueva aplicación de los tratados de extradición entre ambos países para enfrentar delitos graves como homicidios, atracos y porte ilegal de armas.

Según informó la Policía Nacional, Ceballo Pérez llegó procedente de Miami, Florida, bajo estricta custodia de las instituciones:

• Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos
• Unidades tácticas como SWAT
• Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad
• Dirección General de Migración
• Unidad de Repatriados del Ministerio Público.

El expediente judicial atribuye a Ceballo Pérez la presunta comisión de homicidios, heridas por arma de fuego, robos a mano armada y violaciones a la Ley de Armas, específicamente bajo los artículos 265, 266, 295, 302 y 379 del Código Penal Dominicano, junto con los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16.

Entre las víctimas figuran Edwin José de los Santos Surún y Richard Damin Castaño Matos, ambos fallecidos en episodios vinculados a disputas por el control de puntos de venta de sustancias ilícitas.

La Policía Nacional reiteró que el imputado permanecerá bajo custodia del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones y se formalizan los cargos en su contra.

Extradiciones en República Dominicana: Marco legal, operativos y cooperación internacional

De acuerdo con la Policía Nacional, el extraditado está vinculado a múltiples hechos violentos que incluyen muertes y asaltos cometidos tanto en territorio dominicano como en el extranjero.

Las investigaciones abiertas también lo relacionan con atracos a personalidades del ámbito artístico. La entidad destacó que Pérez será puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos formales, mientras continúan las pesquisas relacionadas con los crímenes atribuidos.

El proceso de extradición de ciudadanos dominicanos está regido por la Ley 489 y una serie de tratados internacionales, que establecen el marco legal para que el Poder Ejecutivo autorice la entrega de nacionales requeridos por otros Estados.

Según la normativa, la extradición puede solicitarse de forma voluntaria o forzosa, siempre bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia. Los delitos que motivan estos procedimientos suelen ser de alto impacto, como narcotráfico, lavado de activos y homicidios.

La Constitución Dominicana de 2010 eliminó la prohibición histórica de extraditar nacionales, abriendo paso a una colaboración más estrecha con sistemas de justicia extranjeros. Esto se ha traducido en un aumento de casos en los últimos años, con la entrega de fugitivos tanto a Estados Unidos como a España, en investigaciones por delitos cometidos en ciudades como Nueva York y Miami.

La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tienen a su cargo la operatividad de estos procesos, que inician con la emisión de una orden de arresto internacional. Tras la captura, el Poder Ejecutivo emite el decreto de extradición, habilitando la entrega del ciudadano al país solicitante. La legislación contempla la posibilidad de aceptar la extradición voluntariamente, lo que acorta los tiempos de detención y traslado.

Fuentes judiciales han confirmado que la mayoría de las extradiciones están relacionadas con crímenes violentos y redes de narcotráfico, en un esfuerzo por atacar las estructuras transnacionales que operan en la región.

El miércoles 1 de abril autoridades estadounidenses reportaron la detención de Rosa María Rubio Zepeda en Miami, Florida, como parte de una investigación relacionada con el secuestro y homicidio de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, empresario vinculado a Grupo Radio Centro.

La captura se llevó a cabo en Brickell Avenue, una zona de alta plusvalía en esa ciudad, mediante un operativo coordinado entre agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con las indagatorias, la detenida fue identificada como presunta responsable de planear y ejecutar un esquema para apropiarse de bienes del empresario. Las autoridades señalaron que el plan incluyó transferencias de activos como fideicomisos, propiedades y recursos financieros a su nombre, con un valor estimado en cientos de millones de dólares.

Hija de la víctima agradece trabajo coordinado entre México-EEUU

A través de un clip de video, Sofía Aguirre, hija de la víctima, agradece particularmente a Ernestina Godoy, fiscal general de la República; a Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México; y a Laura Borbolla, subprocuradora general de Procesos de la Ciudad de México. Reconoce la coordinación con autoridades estadounidenses y el trabajo realizado durante más de cinco años.

Aguirre afirma que el proceso ha sido largo y doloroso, pero la detención representa un avance en la búsqueda de justicia para su familia. Destaca el apoyo recibido por parte de sus familiares y subraya que esta acción contribuye a limpiar el nombre de su padre.

La detención de Rubio Zepeda se da tras un proceso prolongado, en el que la familia Aguirre Gómez insiste en la importancia de esclarecer el caso y evitar nuevos daños por parte de la acusada.

Crimen planeado: movimientos financieros y hechos posteriores

Las investigaciones apuntaron a que, una vez asegurado el control de ese patrimonio, se habría concretado el crimen. Este elemento fue considerado clave en la integración del caso, debido a la relación entre los movimientos financieros y los hechos posteriores.

La orden de captura fue emitida a través de mecanismos de cooperación internacional, lo que permitió su localización en territorio estadounidense. La intervención de agencias federales respondió a una solicitud derivada de una ficha de búsqueda internacional, lo que facilitó la ejecución del arresto.

Tras su detención, Rubio Zepeda quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses, mientras se desarrolla el proceso correspondiente para su traslado a México, donde enfrenta acusaciones por secuestro agravado y homicidio.

Autoridades federales iniciaron el procedimiento de extradición, que permitirá definir los plazos y condiciones para que la detenida sea puesta a disposición de un juez en México.

En Diciembre de 2024, encontraron hundidos en el Rio Quequén a Magalí Vera y a su pareja, Javier Cerfoglio tras un siniestro vial en la localidad de Necochea, ella estaba sin vida. Sin embargo, con el transcurso de las investigaciones, el caso tuvo un giro inesperado cuando hallaron signos de violencia y golpes que llevaron a la detención de Cerfoglio por femicidio. Este lunes, tras 492 días del crímen, el hombre habló por primera vez.

Durante la el inicio de la cuarta, y última, audiencia del juicio en su contra, Javier Cerfoglio realizó declaraciones sobre lo sucedido en 2024. El imputado habló desde el penal de Batán, donde se aloja desde que la Justica le rechazó la prisión preventiva domiciliaria. En el juicio por el asesinato de Magalí Vera, la fiscalía solicitó reclusión perpetua para el acusado, quien enfrenta cargos por un femicidio ocurrido en Necochea tras una fiesta de casamiento. El trágico episodio, marcado por una agresión feroz, culminó con el traslado del cuerpo en el baúl de un automóvil hasta el Río Quequén.

El abogado querellante, Juan Manuel Iovine, solicitó la máxima pena por el cuádruplemente calificado: por vínculo con la víctima, ensañamiento, alevosía y mediar violencia de género. Mientras tanto, el defensor Javier Mengoechea planteó la reducción de la pena a 20 años, al calificar el hecho como una tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, posición rechazada por la acusación.

En su declaración final, Cerfoglio pidió disculpas a su hijo, a sus padres y a otros familiares, pero omitió dirigirse a la familia de la víctima. “No declaré antes porque no me lo permitían... Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, expresó.

“Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas. Nada más, nada más señora jueza”, declaró. Además, antes de terminar su alegato manifestó: “Muchas mentiras hay”.

Las evidencias claves de la investigación

El comisario Juan Manuel Ibarra, de la Policía Científica de Necochea, presentó pruebas consideradas “demoledoras” por los investigadores, que incluyeron imágenes de cámaras de seguridad donde se registraron 30 patadas propinadas por Cerfoglio mientras Vera permanecía indefensa en la vía pública. El peritaje reveló que, tras la brutal golpiza, la víctima fue arrastrada y depositada inconsciente en el baúl de un Honda Fit color rojo.

La secuencia final del crimen determinó la causa de muerte. El acusado condujo hasta el Río Quequén, cerca de la terminal de ómnibus, y arrojó el automóvil al agua pasada la madrugada bajo una intensa lluvia. Según la acusación de la fiscalía y el análisis del fiscal Marcos Bendersky, el imputado tardó 28 minutos en sacar a Vera del baúl para posteriormente causarle la muerte por asfixia por sumersión, a pesar de que la víctima llegó inconsciente pero aún con vida al río.

La autopsia confirmó signos inequívocos de violencia: fractura expuesta del tabique nasal, lesiones múltiples y una hinchazón extrema en la cabeza. El hallazgo se produjo a las 7.16, cuando su cuerpo fue encontrado bajo un muelle, a 15 metros del vehículo.

En la reconstrucción de los hechos, el 1 de diciembre de 2024, la pareja habría discutido en un casamiento y abandonaron la fiesta. El ataque ocurrió cuando Vera descendió del auto de espaldas, según la narración del abogado Iovine: “La puso como un perro en el baúl, así la llevó hasta orillas del río”. El fiscal Bendersky remarcó que incluso después de dejar a Vera inconsciente, el acusado prefirió arrojar el coche al río y ahogar a la víctima, en vez de llevarla al hospital.

El entorno familiar y social quedó profundamente impactado. Los padres de la víctima, Felipe Vera y Stella Maris Castro, manifestaron dolor e incredulidad por no haber advertido el riesgo durante los catorce años de relación de la pareja. Relatos de familiares indicaron que Vera había mencionado a personas cercanas en días previos: “El Javier que ustedes conocen no es el verdadero Javier”. La familia todavía está esperando el fallo, que será anunciado el lunes 13 y en el mientras tanto siguen buscando justicia por Magalí.

Una mujer del estado de Washington, Alyssa Bradburn, fue sentenciada el 2 de abril de 2026 a 28 años de prisión tras ser condenada por el asesinato premeditado de su padre.

El veredicto, emitido por un jurado del condado de Spokane en abril de 2024, se fundamentó en pruebas de una planificación que incluyeron ensayos con el arma y registros escritos en un diario personal.

Según información del canal estadounidense Fox News, el caso conmocionó a la comunidad, ya que la acusada aguardó el regreso de su padre de un viaje para cometer el crimen, reconociendo ante el tribunal su culpabilidad y mostrando, durante el juicio, una conducta marcada por la frialdad y hasta ocasionales sonrisas.

El proceso judicial determinó que Bradburn, de 33 años, disparó a su padre, Timothy Bradburn, al menos cuatro veces en el domicilio familiar en el noroeste de Spokane el 25 de junio de 2024. La sentencia total fue de 340 meses de prisión —lo que equivale a cerca de 28 años— tras sumar una penalización adicional de 60 meses por el uso de un arma de fuego.

Además, la jueza Julie McKay dispuso que la acusada deberá cumplir 36 meses de custodia comunitaria tras salir de prisión, abonar una suma de resarcimiento económico por la muerte y mantener una prohibición permanente de contacto con su hermano Trace Bradburn.

Las pruebas presentadas por la fiscalía detallaron los pasos previos que empleó Bradburn para asegurar el asesinato. Estas incluyeron la práctica con el arma dentro del hogar, la búsqueda de asistencia para su armado en un campo de tiro y la redacción de notas detalladas en su diario donde plasmó su intención homicida.

De acuerdo con la fiscal adjunta Emily Sullivan, citada por el canal estadounidense Fox News: “La prueba demostró un grado extremo y elaborado de planificación”.

La versión de los hechos y el impacto familiar

En la jornada del 25 de junio de 2024, Bradburn realizó una llamada al 911 e informó que había disparado a su padre apenas este cruzó la puerta de la casa, aún portando su valija y llaves, de regreso de un viaje a Hawái. Más tarde, en conversación con detectives, Bradburn manifestó que creía haber efectuado tres disparos —dos al pecho y uno a la cabeza— aunque la autopsia reveló que la víctima recibió cuatro impactos de bala.

Inicialmente, la acusada intentó argumentar defensa propia, alegando presuntos abusos por parte de su padre tanto hacia ella como hacia sus perros, pero luego se retractó de esas acusaciones según consignó la filial local FOX 28 Spokane.

Durante el juicio, Bradburn reconoció los hechos de manera directa: “Maté a Tim Bradburn y soy culpable. Ya no tengo miedo. Estoy de acuerdo con ir a prisión el tiempo que sea necesario”, señaló ante el tribunal, reproduciendo un gesto de aparente tranquilidad, informaron cronistas del periódico regional The Spokesman-Review. Su actitud durante todo el procedimiento judicial se caracterizó por la ausencia de emociones notorias y la declaración de que encontraba disfrute en el proceso.

En la audiencia de sentencia, la fiscalía solicitó una pena de 320 meses más 60 adicionales por agravante de arma, remarcando la planificación del asesinato.

La defensa, en cambio, pidió indulgencia por la ausencia de antecedentes penales y los problemas de salud mental de Bradburn, señalando que “en ocasiones tiene dificultades para diferenciar la fantasía de la realidad”, según reportó el canal estadounidense Fox News.

El impacto emocional se evidenció a través del testimonio de Trace Bradburn, hermano de la acusada, quien describió la muerte del padre como devastadora y rechazó enfáticamente las acusaciones de abuso. En declaraciones a la filial local FOX 28 Spokane, expresó: “Mi padre era todo para mí”, y calificó de “profundamente dañinas” las denuncias iniciales, haciendo hincapié en: “Mi papá era un hombre extraordinario y nunca hizo daño a nadie”.

Los fundamentos de la sentencia y las consecuencias legales

La jueza McKay fundamentó su decisión en la gravedad del delito y en la ausencia de antecedentes previos por parte de Bradburn, precisando que “desafortunadamente, el crimen que la señora Bradburn eligió para iniciar su historial criminal es el más grave que existe”, según reproduce el canal estadounidense Fox News.

La condena estipula, además del tiempo en prisión, restricciones adicionales: la obligación de resarcimiento económico, 36 meses de custodia comunitaria a su salida y la prohibición absoluta de mantener contacto con Trace Bradburn.

El equipo de defensa de Bradburn declinó hacer declaraciones públicas sobre la sentencia o el cambio de aspecto físico que la acusada mostró durante el proceso, remarcó el canal estadounidense Fox News.

El Gobierno de la Provincia de Salta anunció que ofrecerá una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten datos que permitan encontrar a Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien permanece prófugo tras fugarse de la Alcaidía General 1 el pasado sábado.

Peloc, de 41 años, está acusado de homicidio agravado y su huida profundizó la preocupación social en la provincia.

Su fuga tuvo lugar en la madrugada del 4 de abril desde el pabellón A1 de la Alcaidía, sin que hasta el momento se hayan dado detalles oficiales sobre cómo logró concretar la huida. Estaba detenido con prisión preventiva por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, a raíz de este episodio, el Gobierno provincial firmó el Decreto N° 178, que formaliza la recompensa, que se otorgará a cualquier persona que pueda brindar información fidedigna sobre el paradero del hombre.

Las autoridades aseguraron que la reserva de identidad será garantizada para quienes se acerquen con datos ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, ya sea de manera personal o a través de terceros. El decreto también establece que no podrán acceder a la recompensa funcionarios públicos ni integrantes actuales o anteriores de fuerzas de seguridad o de inteligencia estatal.

El Gobierno provincial tomó la decisión de ofrecer la recompensa a solicitud del Procurador General de la Provincia, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y “contribuir a la tranquilidad de la sociedad”, según se informó en el comunicado oficial.

La evasión de Peloc se produjo junto a otro interno, quien fue recapturado pocas horas después. La ausencia de información oficial sobre el modo en que Peloc logró escapar profundizó los cuestionamientos sobre el sistema de custodia penitenciario. Por esto mismo, se inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades y mejorar los procedimientos de seguridad en la Alcaidía General 1, aunque aún no se han brindado precisiones sobre los avances de esa pesquisa.

Esta no es la primera vez que se mantiene en la clandestinidad, puesto que el hombre fue detenido hace poco meses tras haber permanecido más de un año prófugo con un pedido de captura nacional e internacional.

El crimen

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta y según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos diferenciados. En la tarde, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya entrada la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

Así, la banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes en la zona. El recorrido que realizaron comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

De igual forma, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. Asimismo, indicaron que el trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, las tareas realizadas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

Lo que comenzó como una intensa búsqueda tuvo un desenlace trágico ayer lunes en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe. La Policía encontró el cuerpo sin vida de Ramiro Fabián Nast, un joven de 23 años que había desaparecido el viernes tras asistir a una reunión en la conocida “Zona 5”.

El operativo de búsqueda se intensificó desde la mañana de ayer y se extendió hasta las inmediaciones de calle Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba. Fue en ese sector residencial donde, alrededor de las 16.30, efectivos de la Comisaría 23ª encontraron el cadáver de Ramiro.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el despliegue incluyó la participación de bomberos y personal especializado, quienes trabajaron bajo estricta reserva y mantuvieron el área acordonada durante varias horas.

La noticia del hallazgo se difundió rápidamente y generó una fuerte reacción en la comunidad de Funes, que había seguido con atención el caso desde el primer reporte de desaparición. Vecinos y allegados expresaron su consternación, mientras la familia de Ramiro recibía el apoyo de organizaciones y autoridades locales.

En medio del dolor que atraviesa la familia de Ramiro Fabián Nast, su madre, Yanina, ofreció declaraciones a la prensa tras confirmarse el hallazgo del cuerpo en una vivienda de Funes. Visiblemente afectada, la mujer agradeció el apoyo recibido y recordó a su hijo como “un joven con un corazón muy grande”. Yanina relató que la última comunicación que tuvo con Ramiro fue el viernes por la noche, antes de que su teléfono quedara apagado, lo que marcó el inicio de la búsqueda.

La causa pasó inmediatamente a ser investigada como un homicidio. Voceros de la Unidad Regional II informaron que, en el lugar del hecho, fue aprehendido un hombre presuntamente vinculado con la desaparición y posterior muerte de Ramiro. Según fuentes policiales, el sospechoso habría estado relacionado con el joven desde el inicio de la investigación, aunque hasta el momento no se confirmó el posible motivo del crimen.

El procedimiento requirió la intervención de móviles del Comando Radioeléctrico Regional y personal de la seccional local, quienes debieron pedir refuerzos por la complejidad de la escena y la presencia de otras personas que podrían estar involucradas. La identidad del detenido no fue revelada y los detalles del operativo se mantuvieron bajo reserva, en línea con los protocolos para casos de homicidio.

En el marco de la investigación, la fiscal Noelia Navone asumió el control de las actuaciones. Navone ordenó la presencia de peritos del Gabinete Criminalístico para realizar las tareas de rigor sobre el cuerpo y recolectar pruebas en la zona del hallazgo. Mientras tanto, el hermetismo sobre los detalles de la escena se mantuvo, a la espera de los resultados preliminares de las pericias.

Se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos detalles sobre la investigación y la situación procesal del detenido. Por el momento, la ciudad de Funes permanece conmocionada, mientras la familia de Ramiro aguarda respuestas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

La desaparición de Ramiro había generado una fuerte movilización en Funes. Desde la noche del viernes, su madre, Yanina, encabezó una campaña pública para dar con su paradero. En redes sociales y medios locales, la familia difundió imágenes del joven, describiendo su contextura física y un tatuaje característico en la mano, con la esperanza de que cualquier dato facilitara su búsqueda.

Durante el fin de semana, la ciudad permaneció en alerta. Diversos grupos de vecinos colaboraron en las tareas de rastreo, aportando información y organizando recorridas en sectores cercanos a la última ubicación conocida de Ramiro.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó la reciente captura de un hombre implicado en un caso de homicidio ocurrido en Zacatecoluca, departamento de La Paz Este, la noche del sábado 4 de abril. Según comunicado oficial, el incidente tuvo lugar durante un altercado familiar que dejó como saldo a un hombre de 34 años fallecido por lesiones provocadas con un arma blanca.

La Policía identificó al presunto agresor como José Armando Mancia García, de 38 años, detenido tras ser señalado como responsable del ataque. El parte oficial detalló que los hechos iniciaron cuando Mancia García agredió a su esposa, lo que motivó la intervención de la víctima, cuñado del detenido, en auxilio de su hermana. Según la versión policial, en ese momento, el agresor lesionó a su cuñado con un arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades informaron que el arrestado será remitido a disposición de la justicia por el delito de homicidio.

Actualmente las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Los homicidios disminuyeron a mínimos históricos en El Salvador

Los registros oficiales consignados por las autoridades muestran que la violencia letal descendió de forma sostenida desde su punto máximo en 2018 hasta alcanzar, en el periodo 2025-2026, un saldo prácticamente nulo en los primeros días de abril. En ese lapso, la organización policial consignó que la incidencia diaria de homicidios bajó del rango de quince casos a la ausencia total. Esta transformación, según los informes difundidos, se consolidó en forma progresiva: desde 2020, ningún día del mes de abril superó los cinco homicidios, mientras que a partir de 2022 el rango diario se mantuvo entre uno y cero.

Captura de miembro de estructuras criminales acusado de homicidio

En hechos previos a este caso, la Policía Nacional Civil también detalló la captura de Juan Gabriel Láñez Pérez, conocido con los alias Chele, Danger o Popi, identificado como miembro de la estructura criminal MS13. La aprehensión de Láñez Pérez se efectuó en colonia La Confianza, sector de San Miguel Centro, donde se ocultaba tras ser requerido por una orden judicial por homicidio agravado. El detenido cuenta además con antecedentes por hurto y amenazas y, según el comunicado, será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.

Imágenes oficiales difundidas por la policía mostraron a Láñez Pérez bajo custodio policial, con el torso desnudo y múltiples tatuajes visibles en el pecho y la espalda relacionados a las estructuras criminales.

Un caso ocurrido hace casi nueve años en zona rural del municipio de Arenal, en Bolívar, volvió a la agenda pública tras la acusación formal de la Fiscalía General de la Nación contra cuatro integrantes del Ejército Nacional, señalados de haber causado la muerte de un campesino durante un operativo militar.

En medio de este proceso judicial, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta en la red social X con una serie de mensajes dirigidos contra el ente acusador e, incluso, de la Corte Constitucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2017, cuando un teniente y tres soldados profesionales, pertenecientes a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N.° 1 de la Quinta Brigada, participaban en una misión cuyo objetivo era ubicar y capturar a un cabecilla financiero del ELN conocido con el alias de Cusi.

De acuerdo con la Fiscalía, el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante el desarrollo de la operación, lo que derivó en la muerte de un civil que no tenía relación con el objetivo militar.

Tras conocerse la acusación, Cabal afirmó: “El peor enemigo de la fuerza pública es la Fiscalía. Sus actuaciones van en contravía de las operaciones militares legítimas. Ahora resulta que el “campesino” corrió. Les apuesto que hay una ONG detrás de esta descontextualización y deben estar los curas amigos de los elenos (sic)”.

En otro mensaje, agregó: “Nueve años para acusar. Así de pobre será el argumento de la fiscalía dedicada a destruir la fuerza pública y que nadie NOS defienda. Pero recordemos cómo empezó la destrucción del fuero militar, hoy a discreción de una Corte Constitucional sesgada y progresista. País ingrato”.

Finalmente, la congresista concluyó: “Si los muertos hubieran sido los Soldados, sería un delito menor. O una “acción legítima en DIH”. Hoy la fiscalía revoca órdenes de captura a criminales EN FLAGRANCIA que luego éste gobierno -asesino de pacientes y enfermos-, condecora como Gestores de Paz. ¡País inviable!”.

Señalamientos de la Fiscalía en la audiencia

Según la investigación, durante uno de los desplazamientos por la zona, el oficial ordenó interceptar a dos hombres que caminaban por un camino veredal. La situación cambió cuando los civiles, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida.

La reconstrucción de los hechos indica que los militares accionaron sus armas de dotación con el fin de impedir la fuga, provocando la muerte de uno de ellos, mientras que el otro fue detenido. Posteriormente, se estableció que ninguno correspondía al cabecilla del ELN que era objetivo de la operación.

El material probatorio recopilado por el ente acusador señala que los uniformados no habrían actuado conforme a los protocolos establecidos, especialmente en lo relacionado con la identificación y la comunicación con civiles en zonas de conflicto.

Durante la audiencia de acusación, la fiscal del caso explicó la secuencia de decisiones que llevaron al desenlace: “Hacia el mediodía del día nueve de abril, el teniente Barrios Zuzunaga recibió una información según la cual dos personas que se desplazaban por el mencionado camino veredal, uno de ellos correspondía presuntamente a alias Cusi. Tras hacer una comparación visual con unas fotografías, el oficial Barrios Zuzunaga dispuso que en su compañía, los soldados bajo su mando salieran al camino e interceptaran a las personas que transitaban por allí con el objeto de capturar a José Alejandro Chinchilla, conocido con el alias de Cusi. Es así que los civiles, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida corriendo”.

El caso es adelantado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que imputó a los uniformados el delito de homicidio en persona protegida, figura aplicable cuando las víctimas son civiles en el contexto del conflicto armado. La investigación también establece que el cabecilla del ELN fue capturado horas después en un lugar distinto.

Un hombre fue encontrado sin vida la noche del viernes en un hotel del centro de Monterrey con una herida de arma blanca en el abdomen, de acuerdo con información de las autoridades locales.

El cuerpo de la víctima, identificada de manera extraoficial como Amilca Medina, de entre 30 y 40 años, fue hallado en posición boca abajo en una habitación ubicada sobre la calle Transversal Colón, cerca de la avenida Cuauhtémoc.

Según los primeros reportes, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 23 horas, cuando personal del hotel alertó a las autoridades tras descubrir a Medina sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizaron las primeras diligencias en busca de evidencias.

La víctima vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis amarillo con blanco, presentando tez aperlada y cabello negro, según puntualizaron fuentes policiales consultadas. Trascendió que Medina trabajaba en la Central de Abastos de la ciudad y que la empresa para la que laboraba le facilitaba hospedaje en el hotel donde fue encontrado.

En el lugar, se recabaron diversos indicios y testimonios entre el personal del establecimiento y residentes del sector. De manera preliminar, se manejó la versión de que el ataque habría sido cometido por un hombre de apariencia afroamericana, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente este dato. La Fiscalía de Nuevo León mantiene bajo reserva los detalles del caso para no entorpecer la investigación en curso.

El operativo en la escena incluyó una revisión minuciosa de los accesos al hotel y el levantamiento de materiales que pudieran aportar a la identificación del responsable. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de sospechosos ni sobre el móvil del crimen.

El cuerpo de Amilca Medina fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde especialistas realizarán la necropsia para determinar con precisión la causa de muerte y los tiempos aproximados del fallecimiento. La empresa para la que trabajaba la víctima ya fue notificada y colabora con las autoridades para aportar datos relevantes al caso.

La zona donde ocurrió el homicidio, cercana a la Central de Abastos y con alta afluencia de transeúntes y trabajadores, ha sido escenario de otros hechos violentos en meses recientes, lo que mantiene en alerta a los habitantes y comerciantes del sector.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal, los homicidios dolosos en el área metropolitana de Monterrey han experimentado un repunte durante el primer trimestre del año.

El caso de Amilca Medina se suma a la lista de crímenes bajo investigación en la entidad, mientras las autoridades locales reiteran el llamado a la ciudadanía para aportar información que pueda conducir a la identificación y localización del presunto agresor.

La expectativa de justicia y el reclamo de seguridad persisten entre los trabajadores de la Central de Abastos y residentes del centro de Monterrey, quienes demandan acciones contundentes para frenar la violencia en la zona.

En las últimas horas, las autoridades colombianas reportaron la muerte de otro líder social en Valle del Cauca, esta vez se trata de Álvaro Marín Galeano, según información obtenida por Blu Radio.

El dirigente campesino se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros y tenía una activa participación en procesos organizativos.

El crimen ocurre en una zona con alertas previas por presencia de grupos armados ilegales, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de líderes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Relato de los hechos y contexto del crimen

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el asesinato de Álvaro Marín Galeano, ocurrido el 2 de abril en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

El líder social era ampliamente reconocido en su comunidad por su labor en defensa del territorio, así como por su participación activa en la Asociación Campesina ASOCAMFLOR y en la guardia campesina.

Su trabajo estaba enfocado en la organización comunitaria y en la protección de los derechos de las poblaciones rurales en una región marcada por la conflictividad.

El crimen, que aún es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, se registró en un contexto de riesgo advertido previamente por la Defensoría del Pueblo.

A través de las alertas tempranas 013 y 002 de 2025, la entidad había señalado la presencia de estructuras armadas ilegales que buscan consolidar control territorial en esta zona del Valle del Cauca.

Según esos informes, en el municipio hacen presencia grupos como el frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, el frente Adán Izquierdo, el frente 57 Yair Bermúdez y otras bandas de carácter local.

Estas dinámicas han derivado en disputas violentas que afectan directamente a las comunidades y a sus liderazgos, en medio de un escenario de alta vulnerabilidad.

Reacciones y cifras que preocupan

Tras conocerse el asesinato, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) rechazó el crimen y destacó la trayectoria del líder social.

La organización señaló que su vida fue un ejemplo de compromiso con la defensa del territorio y la dignidad campesina, y expresó su solidaridad con la familia y las comunidades a las que pertenecía.

Asimismo, reiteró que ejercer liderazgo social en Colombia no debería implicar riesgos para la vida, insistiendo en la necesidad de garantías efectivas para quienes defienden derechos humanos.

Con este caso, Indepaz eleva a 34 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene las alertas sobre la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la violencia contra líderes sociales responde en muchos casos a disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales que buscan imponer control sobre economías ilícitas y comunidades rurales.

En ese contexto, los liderazgos comunitarios se convierten en objetivos debido a su papel en la defensa del territorio, la organización social y la denuncia de abusos.

Este panorama refleja una problemática estructural que continúa afectando a múltiples regiones del país, donde la presencia de grupos armados y la débil respuesta institucional mantienen en riesgo a quienes ejercen liderazgo social.

Además, los reportes indican que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de una tendencia sostenida en la que la violencia se concentra en zonas rurales con alta presencia de economías ilegales y disputas armadas.

En medio de este escenario, el asesinato de Álvaro Marín Galeano vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los líderes sociales en Colombia, así como los desafíos en materia de protección y garantía de sus derechos.

En las últimas horas, los juzgados panameños han dictado condenas de hasta 30 años de prisión por casos graves de homicidio, evidenciando una tendencia clara hacia la imposición de penas más severas frente a delitos contra la vida y la integridad personal.

Estas decisiones judiciales se producen en un contexto donde la pena máxima en Panamá está fijada en 50 años, mientras que en la Asamblea Nacional reposa una iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para crímenes de alta severidad, lo que reabre el debate sobre el endurecimiento del sistema penal.

Uno de los casos más recientes corresponde a un ciudadano de 24 años, quien fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, luego de que la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra demostrar su culpabilidad ante el Tribunal de Juicio.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, lo que permitió que el fallo fuera unánime. Además, se impuso una pena accesoria que prohíbe el porte de armas de fuego por un período de cinco años, una vez cumplida la sanción principal.

Los hechos que sustentan esta condena ocurrieron la noche del 17 de febrero de 2024, en el sector de Loma Bonita, en el corregimiento de Cativá, cuando el hoy sentenciado utilizó un arma de fuego para disparar contra una mujer, causándole heridas mortales.

Este caso refleja no solo la gravedad del delito, sino también la respuesta del sistema judicial, que ha venido reforzando su postura frente a hechos de violencia extrema que afectan directamente a la seguridad ciudadana.

En paralelo, otro proceso relevante se registró en la provincia de Chiriquí, donde un ciudadano conocido con el alias de “Lito” fue condenado a 25 años de prisión mediante un acuerdo de pena.

En este caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró acreditar la responsabilidad penal del implicado, quien decidió aceptar su culpabilidad, lo que permitió agilizar el proceso judicial. La sentencia incluyó además la inhabilitación para portar armas de fuego y armas blancas por un período de cinco años.

Este hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2025, en la barriada El Carmen, en el distrito de David, cuando los agresores llegaron a un establecimiento tipo bar y realizaron múltiples disparos contra la víctima, provocando su muerte inmediata.

La investigación permitió establecer la participación directa del condenado, consolidando así los elementos necesarios para sustentar la imputación por homicidio agravado, una de las figuras más severas dentro del Código Penal panameño.

Un tercer caso, también con una condena de 30 años de prisión, involucra a un ciudadano de 34 años, declarado culpable por el delito de homicidio doloso agravado en la ciudad de Colón.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales, logrando una decisión unánime del tribunal. Adicionalmente, se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 10 años, una vez cumplida la pena principal.

Este caso presenta un nivel de violencia particularmente grave, ya que los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y mayo de 2020, cuando el sentenciado y su pareja tenían la responsabilidad directa sobre una infante de un año de edad.

Los resultados de la necropsia confirmaron que la menor fue víctima de maltrato físico reiterado, lo que finalmente le causó la muerte, configurando un escenario de extrema vulnerabilidad y violación de deberes de cuidado.

Más allá de los casos individuales, las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, en 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio a nivel nacional, con una fuerte concentración en la provincia de Panamá, que acumuló 257 casos, equivalente al 43.3% del total .

Para los primeros dos meses de 2026, ya se contabilizan 77 víctimas, lo que confirma la persistencia del fenómeno .

Otro dato relevante es el tipo de arma utilizada, ya que el informe indica que el 87.4% de los homicidios en 2025 se cometieron con armas de fuego, lo que evidencia una alta letalidad en este tipo de delitos .

Este patrón se mantiene en 2026, donde más del 83% de los casos también involucran este tipo de armamento , reforzando la preocupación sobre el acceso y uso de armas en el país.

Las recientes decisiones judiciales dejan en evidencia que Panamá atraviesa un momento de mayor rigor penal, donde los tribunales están enviando un mensaje claro frente a los delitos más graves.

Sin embargo, el reto sigue siendo integral: no solo se trata de castigar con mayor severidad, sino de abordar las causas estructurales de la violencia, en un escenario donde las cifras y los casos continúan marcando una realidad compleja para el país.

El operador de un remolcador que embistió una embarcación en la que viajaban menores de edad en Florida, hecho ocurrido el 28 de julio de 2025 que resultó en la muerte de tres niños durante un campamento de vela, fue acusado por los fiscales federales del Distrito Sur de Florida. Los funcionarios sostienen que el hombre estaba navegando en mercados virtuales desde su teléfono celular en el momento de la colisión.

El hecho quedó calificado como homicidio marítimo por negligencia y podría acarrearle hasta 10 años de prisión, de acuerdo con documentos presentados ante el tribunal federal, según informó NBC News.

Las autoridades federales detallaron que el análisis del celular de Yusiel López Insua, de 46 años, residente de Miami, registró actividad en sitios de comercio electrónico mientras operaba el remolcador que empujaba una barcaza de construcción de 33 metros de eslora.

La embarcación de carga transportaba escombros de una demolición y colisionó lateralmente con un catamarán cerca de la isla Hibiscus, una zona intensamente transitada entre el centro de Miami y Miami Beach.

El delito adjudicado corresponde al marco legal que sanciona penalmente a cualquier capitán, ingeniero o piloto cuya negligencia cause la muerte de una persona durante la navegación. El documento judicial firmado por los fiscales federales del Distrito Sur de Florida indica que, aunque el acusado contaba con 12 años de experiencia como operador del remolcador, no tomó las precauciones de seguridad mínimas exigidas para navegar en aguas interiores.

Se le atribuye “conducta indebida, negligencia e inatención a sus funciones”. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones declaró a NBC News: “Esta información denuncia una pérdida de vidas prevenible en nuestras vías navegables, incluyendo la omisión de respetar reglas básicas de seguridad marítima y el uso del teléfono móvil durante la navegación en momentos cercanos o coincidentes con la colisión”.

Fallas en los protocolos de seguridad y comunicación

El informe judicial menciona que la radio del remolcador fue sintonizada en una frecuencia de comunicación con operadores de puentes levadizos, pese a no requerirse el paso por estos puentes en la ruta programada ese día. Por este motivo, la radio no estaba sintonizada en un canal de emergencia marítima, lo cual es indispensable en la navegación comercial para permitir la recepción y emisión rápida de alertas y pedidos de auxilio ante cualquier incidente.

La falta de acceso inmediato a emergencias obstaculizó la obtención de apoyo tras el impacto, según NBC News.

El accidente sucedió mientras el catamarán estaba detenido por falta de viento después de zarpar de Miami Yacht Club en dirección a Flagler Monument. El impacto de la barcaza construyó una combinación fatal: la embarcación menor y sus ocupantes quedaron sumergidos al ser presionados contra el fondo y la estructura de la barcaza, conforme lo expone la acusación oficial. Tres niños —de siete, 10 y 13 años— fallecieron.

De acuerdo con los fiscales federales del Distrito Sur de Florida, dos de las víctimas murieron al llegar al Jackson Memorial Hospital de Miami; la tercera murió dos días después.

Rescate y detalles del accidente

Según la documentación judicial citada por NBC News, uno de los monitores encargados y dos menores consiguieron saltar fuera del catamarán segundos antes de que la nave quedara atrapada bajo la barcaza. Los niños fallecidos quedaron enredados en los restos de la nave, la cual quedó comprimida entre el fondo marino y el remolcador.

La organización Miami Youth Sailing Foundation, responsable del campamento, confirmó la pertenencia de las víctimas a sus actividades. La barcaza de construcción tenía una caseta y una grúa que bloqueaban completamente la visión frontal desde la cabina del remolcador.

Este aspecto de la operación fue destacado por las autoridades judiciales federales del Distrito Sur de Florida, quienes subrayaron que López Insua debería haber designado a un segundo tripulante como vigía para compensar la falta de visibilidad, conforme a prácticas elementales de seguridad en navegación.

Imputación y avance en el proceso judicial

El procesado renunció a su derecho a ser procesado por un gran jurado y accedió de forma voluntaria a ser juzgado directamente sobre la base de los cargos presentados en la denuncia, tal como consta en la documentación oficial obtenida por NBC News.

La defensa de López Insua no emitió comentarios acerca de las acusaciones hasta el momento.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de los fiscales federales del Distrito Sur de Florida, con la colaboración de autoridades marítimas y judiciales de la región.

Un hombre fue asesinado en el barrio Villas de Bolívar, en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar durante la tarde de este martes Santo, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. Según informó Citytv, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada y atacada cerca de las 5:00 p.m.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Fiscalía General de la Nación acudieron para realizar la inspección técnica al cadáver y acordonaron el área con el fin de preservar la evidencia. El medio detalló que los funcionarios permanecieron en el sitio durante varias horas mientras adelantaban los actos urgentes para recolectar pruebas y material probatorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Según residentes entrevistados por Citytv, el ataque fue directo y la víctima no tuvo posibilidad de recibir atención médica, ya que fue hallada sin vida al arribo de los equipos de emergencia. El hecho ha puesto en foco la seguridad en Villas de Bolívar y motivó la activación de protocolos de investigación y búsqueda de información.

Investigación en curso y búsqueda de responsables

El Tiempo indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá activó procedimientos para recolectar información clave en el caso. Se espera que las cámaras de seguridad del sector aporten elementos fundamentales para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se han divulgado hipótesis oficiales ni posibles móviles del crimen. Las autoridades mantienen reserva sobre las líneas de investigación y no han revelado si se trata de un hecho aislado o si guarda relación con otras dinámicas delictivas en la localidad.

Contexto de violencia reciente en la localidad

Este homicidio se suma al asesinato ocurrido el 28 de marzo en el barrio Madelena, también en Ciudad Bolívar, donde un hombre de 33 años fue atacado con arma de fuego en vía pública. Citytv reportó que la víctima se dirigía a un evento familiar cuando fue interceptada por un individuo que descendió de una motocicleta negra y disparó varias veces en su contra, impactándolo en la cabeza.

Tras el ataque en Madelena, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado por un taxi y retenido por habitantes del sector hasta la llegada de la Policía. Según el medio ya mencionado, se realizó la captura del presunto agresor, un hombre de 23 años, a quien se le incautó el arma de fuego utilizada. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Recolección de pruebas y procedimientos judiciales

En ambos casos, el CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones. Citytv y El Tiempo confirmaron que los agentes adelantan la recolección de testimonios y material probatorio, así como la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

El seguimiento de los procedimientos incluye la verificación de antecedentes y la toma de declaraciones a residentes y testigos del sector. Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y han reforzado los patrullajes en sectores considerados críticos de Ciudad Bolívar, en respuesta a los recientes hechos violentos.

Reacciones y solicitud de acciones por parte de la comunidad

De acuerdo con Citytv, familiares y allegados a las víctimas demandan acciones concretas para garantizar la seguridad en la localidad y solicitan celeridad en los procesos judiciales.

La seguidilla de homicidios en Ciudad Bolívar y otras localidades como Kennedy ha llevado a que la Policía Metropolitana de Bogotá mantenga operativos especiales y refuerce la presencia de uniformados en diferentes puntos de la ciudad.

La distancia, que un día fue el puente hacia la esperanza, se ha convertido hoy en el abismo más cruel para un padre hondureño residente en España. Mientras intentaba construir un futuro mejor a base de sudor y sacrificios en el viejo continente, la violencia que azota a Honduras le propinó el golpe más letal: el asesinato de dos de sus hijos jóvenes, de apenas 18 y 20 años.

En una entrevista exclusiva que ha conmovido a la audiencia de HCH Televisión Digital, este padre, cuya voz se quiebra entre el llanto y la resignación, relató el calvario que vive tras recibir la noticia que ningún progenitor debería escuchar jamás.

Aunque en su dolor el tiempo parece haberse detenido, el impacto de la llamada recibida tras los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 29 de marzo, marcó un antes y un después en su existencia.

“Mi hijo me dijo: ‘Papá, tiene que ser fuerte’. Y no, yo me fui al suelo de un solo... no tengo palabras”, confesó entre sollozos, recordando el momento en que su hijo mayor, también en España, le confirmó la tragedia.

Los jóvenes asesinados, descritos por su padre como seres “intachables y luchadores”, representaban el esfuerzo de una familia que buscaba salir adelante de manera honesta.

El menor de ellos era un joven dedicado a la iglesia, cuyo único sueño reciente era que su padre le trajera unos tenis de España. La hija, por su parte, era una emprendedora que vendía refrescos y comida a los militares y en residenciales, ilusionada con una motocicleta que acababa de adquirir para facilitar su trabajo.

Vulnerabilidad y angustia: el impacto económico tras la tragedia

La tragedia no termina con la muerte. Para este padre, el duelo se ve agravado por la falta de recursos económicos. Al no estar trabajando en los últimos meses debido a la inestabilidad de su situación migratoria y laboral en España, se encuentra en una posición de total vulnerabilidad. Su mayor angustia en este momento no es solo la pérdida física, sino la imposibilidad de enviar dinero para que sus hijos reciban una despedida digna.

“Yo lo que quisiera es que me ayudaran para darle un entierro digno a mis hijos”. Su situación es tan crítica que incluso el traslado para realizar la entrevista representó un gasto que apenas pudo costear, evidenciando que el “sueño europeo” se ha transformado en una pesadilla de impotencia.

Un mensaje de perdón inaudito

El relato es un retrato crudo de la inseguridad estructural en Honduras. No se trata de un incidente aislado; este hombre reveló que, apenas quince días antes, también perdió a un nieto en circunstancias similares en el sector de Las Casitas. La violencia, como una sombra persistente, ha decidido ensañarse con su círculo más íntimo.

Lo que más ha impactado a quienes escucharon su testimonio no fue solo el dolor, sino la asombrosa capacidad de perdón. En un país donde la justicia suele ser esquiva y la venganza un impulso recurrente, este padre envió un mensaje que dejó atónitos a los televidentes.

“Ante Dios, yo los perdono. Y yo no le deseo mal a nadie. Aunque me diera cuenta de quién fue, yo los perdono y Dios sabrá el destino de cada quien”, expresó con una fe inquebrantable, delegando la justicia a la divinidad mientras su familia busca refugio bajo protección policial en Honduras por temor a nuevas represalias.

La familia continúa bajo resguardo policial. No se han reportado avances oficiales en la investigación del doble homicidio ni del asesinato reciente del nieto. El padre reiteró en la entrevista su confianza en que la justicia divina prevalecerá y renovó su llamado a la comunidad para obtener apoyo y poder despedir a sus hijos según sus creencias. “Si me pueden ayudar con algo, les voy a agradecer”, concluyó ante las cámaras del medio.

La historia de esta familia refleja el impacto de la violencia y la inseguridad en Honduras, así como las dificultades que enfrentan quienes buscan un futuro lejos de su país de origen.

El testimonio recogido por el medio hondureño expone la dimensión humana detrás de las cifras y estadísticas de homicidios, y abre un canal de apoyo para una despedida digna.

La madrugada del domingo 29 de marzo de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva de los habitantes de Tegucigalpa como una de las jornadas más lúgubres de los últimos años. El hallazgo de dos cuerpos en la residencial Altos del Trapiche no solo representó un acto de violencia extrema, sino que desnudó una persecución sistemática y despiadada contra una sola familia.

Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública hondureña, refleja la crudeza con la que operan las estructuras criminales y la vulnerabilidad de la seguridad ciudadana. Eran aproximadamente las 6:00 de la mañana cuando residentes de la zona, que se preparaban para las celebraciones del Domingo de Ramos, descubrieron una escena dantesca en la acera de la calle principal.

Dos cuerpos jóvenes yacían sin vida, rodeados de casquillos de bala. Las víctimas fueron identificadas posteriormente como María Fernanda Torres Sánchez (20 años) y su hermano Jonathan Mauricio Torres Sánchez (18 años).

La brutalidad del ataque fue evidente desde el primer momento. Según informes forenses preliminares, ambos hermanos presentaban múltiples impactos de bala, la mayoría de ellos concentrados en el rostro y el cráneo. Esta modalidad, conocida en el ámbito criminal como una “firma de odio o silenciamiento”, dificultó inicialmente la identificación plena de los jóvenes.

Los vecinos de la residencial informaron haber escuchado una ráfaga de aproximadamente 25 disparos durante la madrugada, lo que indica que el lugar no fue solo un sitio de liberación de cuerpos, sino el escenario mismo de la ejecución.

Un exterminio sistemático: El trágico historial de la familia Torres Sánchez

La reconstrucción de los hechos por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sugiere que la tragedia comenzó horas antes, lejos del lugar del hallazgo. Alrededor de las 11:00 p.m. del sábado 28 de marzo, un comando armado compuesto por entre 6 y 13 individuos irrumpió violentamente en la vivienda de la familia, ubicada en la aldea Las Pozas, sector de Mateo, cerca de Las Casitas.

Testigos relataron que algunos de los atacantes vestían indumentaria similar a la de agentes policiales y portaban armas de grueso calibre. Los hermanos fueron sacados por la fuerza de su hogar y subidos a una camioneta roja que partió con rumbo desconocido.

A pesar de que un familiar se presentó esa misma noche en la posta policial de Las Brisas para denunciar el rapto, la respuesta no fue lo suficientemente rápida para evitar el fatal desenlace.

Lo que convierte este doble asesinato en un evento de impacto nacional es el aterrador contexto previo. Apenas doce días antes, el 17 de marzo de 2026, la familia Torres Sánchez ya había sido golpeada por la tragedia. Según los medios hondureños un joven identificado como Jabes Yared Torres Sánchez, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en una llantera en el sector de Las Casitas.

Con la muerte de María Fernanda y Jonathan, pertenecen a una misma familia que han sido ejecutados en menos de dos semanas. Esta secuencia de crímenes apunta inequívocamente a un objetivo de exterminio total del núcleo familiar.

Investigaciones y clamor de justicia

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad no han realizado capturas vinculadas directamente con este triple asesinato. Las líneas de investigación son complejas y se debaten entre varias hipótesis: desde conflictos de tierras o venganzas personales, hasta posibles vínculos con estructuras de maras y pandillas que operan en la zona suroccidental de la capital.

La sociedad civil y diversas organizaciones de derechos humanos han levantado su voz para exigir una investigación exhaustiva. El caso de los hermanos Torres Sánchez es un recordatorio doloroso de que la violencia en Honduras tiene rostros jóvenes y sueños truncados.

“El agresor atravesaba una situación del ámbito intrafamiliar muy compleja”. Con esa definición, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, comenzó a delinear uno de los pocos elementos firmes que, hasta el momento, surgieron tras el crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente ingresó armado y mató a un compañero.

El funcionario brindó detalles en medio de un clima de conmoción generalizada y remarcó que el caso aún se encuentra bajo investigación. “Tenemos algunos datos y certezas, pero también muchas cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar”, señaló, al tiempo que pidió prudencia frente a las múltiples hipótesis que comenzaron a circular.

“No registra antecedentes ni intervenciones del sistema socioeducativo a lo largo de su trayectoria escolar”, afirmó Goity, quien indicó que el alumno había transitado los distintos niveles sin alertas previas.

En esa línea, sostuvo que, hasta ahora, “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque aclaró que la investigación continúa en curso y que no pueden realizarse afirmaciones concluyentes.

Tras el hecho, el Gobierno provincial dispuso la suspensión de las clases y el despliegue de equipos de asistencia en la institución. “Que la escuela no tenga actividad no quiere decir que no tengamos que trabajar, y muchísimo, sobre lo que sucedió”, remarcó.

Además, detalló que intervienen de manera coordinada distintas áreas del Estado, incluyendo Salud, Seguridad y organismos de niñez, con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa y a las familias.

Goity también subrayó la magnitud del caso: “Es algo que nos atraviesa como sociedad y que no tiene antecedentes de este nivel en la provincia ni en el país”, afirmó.

Los dichos del funcionario se realizaron este mediodía durante una conferencia de prensa donde se confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Ian Cabrera, de 13 años, quien recibió un disparo mortal por parte de un compañero de 15 años dentro de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal.

“Tanto el presunto autor como sus víctimas son todas personas menores de edad. Algunos datos nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar. Además del lamentable fallecimiento de Ian, hay otros dos menores que tuvieron heridas de arma de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Fueron trasladados a hospitales públicos, de 13 y 15 años”, explicó ante la prensa Pablo Coccocioni, ministro de Justicia y Seguridad provincial.

El menor de 13 años fue derivado al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Ingresó al centro de salud con código rojo, pero ya se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. No obstante, será trasladado al Hospital Alassia, en la capital provincial, donde recibirá atención de mayor complejidad.

Según precisó en diálogo con el diario UNO de Santa Fe el doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, este chico presentaba impactos de bala en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva.

En tanto, el otro varón, de 15 años, fue trasladado al hospital rafaelino para controles de rutina por heridas superficiales en un brazo y en la zona del tórax, aunque al momento de su atención se encontraba estable.

La investigación sobre el tiroteo en un cortijo de Rioja, Almería, reveló que las autoridades localizaron dos plantaciones con aproximadamente mil cuatrocientas plantas de marihuana y desactivaron dos conexiones ilegales a la red eléctrica en la vivienda, según consignó el medio que distribuyó las fotografías de los implicados a la prensa. A partir de este hallazgo, la atención se desplazó tanto a posibles móviles familiares como a cuestiones vinculadas con el tráfico de drogas. El pasado domingo, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Almería, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Javier N.S., señalado como supuesto responsable de la muerte por disparos de su cuñada y de herir gravemente a su hermano en los incidentes del 24 de marzo.

De acuerdo con la información publicada por la prensa local, Javier N.S. compareció ante el juez, pero no respondió a las preguntas y se acogió a su derecho a no declarar. El acusado, acompañado por su esposa Rocío R.G., acudió de forma voluntaria a las dependencias de la Guardia Civil tras varios días de operativo policial que incluyó la difusión de imágenes de los buscados y un despliegue en las zonas de Bajo Andarax y Tabernas, donde los agentes cerraron accesos el viernes anterior a la entrega. La búsqueda concluyó el sábado con la presentación de los tres principales sospechosos en un cuartel de la Guardia Civil.

La investigación en curso de la Guardia Civil y los tribunales atribuye el origen de los hechos a disputas familiares cuya naturaleza específica permanece bajo análisis. El fallo judicial que dispuso el ingreso en prisión provisional para Javier N.S. se fundamenta en la gravedad de los hechos y en la necesidad de continuar las pesquisas. Según consignó el medio citado, tanto la mujer del presunto autor material como un hijo del mismo figuraron igualmente como investigados, aunque los dos quedaron en libertad provisional tras responder a las preguntas de su abogada y manifestar que no participaron en los hechos, sino que intentaron separar a las partes en conflicto.

El tribunal impuso a Rocío R.G. y al hijo la obligación de acudir de forma periódica ante el juzgado mientras se desarrollen las diligencias. Estas decisiones judiciales respondieron a lo explicado por ambos durante la declaración, donde negaron tener un papel activo más allá de intentar intervenir para evitar mayores daños. El seguimiento por parte del órgano judicial busca garantizar su disposición futura a la causa en calidad de investigados.

Tal como reportó la fuente original, la noche previa a la entrega voluntaria de los investigados fue especialmente intensa en las inmediaciones del Bajo Andarax y Tabernas. Los agentes establecieron controles y limitaron el tránsito para asegurar el perímetro, concentrando recursos en la búsqueda de los sospechosos tras la difusión pública de sus identidades. Esta presión mediática, según la información recabada por la prensa, influyó en la decisión de Javier N.S. y sus allegados de presentarse ante las autoridades.

Los hechos ocurrieron hacia las once de la mañana del 24 de marzo, en un cortijo localizado en el paraje Conquín, dentro del área conocida como El Marraco, donde una mujer resultó muerta tras recibir un disparo con arma de fuego. Su esposo, hermano del presunto autor, sufrió una herida de gravedad por arma de fuego en la cabeza y fue trasladado con pronóstico reservado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permaneció ingresado en la UCI. Tanto la vivienda donde se produjo el tiroteo como otras propiedades vinculadas a los investigados fueron inspeccionadas por la Guardia Civil, que incautó una cantidad relevante de droga, de acuerdo con la información recogida por los medios.

El decomiso de las plantas de marihuana y las investigaciones sobre los enganches ilegales eléctricos darán lugar a actuaciones judiciales separadas, competencia de otro juzgado de Almería, según detalló la prensa. Los investigadores no han descartado que el trasfondo de la disputa familiar esté relacionado con actividades delictivas, dada la infraestructura hallada para el cultivo de cannabis en el lugar de los hechos.

A lo largo de los operativos, los funcionarios de la Guardia Civil mantuvieron activas las pesquisas para esclarecer si las tensiones entre los miembros de la familia respondían a una confrontación previa o a intereses vinculados a las explotaciones ilícitas detectadas. Por el momento, la investigación judicial y policial permanece abierta, con el objetivo de determinar el origen preciso de las desavenencias que desembocaron en el homicidio y el intento de homicidio, así como la posible relación entre los delitos contra la vida y el tráfico de droga detectado en las intervenciones.

Según el medio que ha seguido el caso, una pieza separada recae sobre los aspectos relativos al hallazgo de droga en las viviendas de los implicados, proceso que discurrirá paralelo a la instrucción del expediente principal sobre los hechos violentos en el cortijo. Las autoridades recopilan todo tipo de pruebas materiales y testimoniales para esclarecer los acontecimientos y desentrañar si existe una conexión directa entre la actividad delictiva referida a las plantaciones y los acontecimientos violentos sucedidos el 24 de marzo.

La magistrada-presidenta de sala devolvió en tres ocasiones las actas al jurado, detectando contradicciones que impidieron alcanzar un veredicto válido sobre la muerte de un hombre ocurrida en 2020 en la barriada de El Torrejón, Huelva. Este escenario, previsto en el artículo 65 de la Ley del Jurado, obliga a que el proceso se reinicie con un nuevo juicio oral, un nuevo jurado popular y un presidente de sala diferente. Según informó Europa Press, la disolución del jurado resulta una medida poco frecuente y provoca que la reanudación del proceso pueda demorarse, ya que el nuevo magistrado deberá estudiar toda la documentación antes de asignar la fecha de la vista.

El juicio, iniciado el 13 de marzo, buscaba esclarecer los hechos relacionados con la muerte de un varón de 48 años durante una confrontación que dividió a familiares y vecinos del barrio. El Ministerio Fiscal, tres acusaciones particulares —en nombre de la víctima, su madre y hermanos— y tres defensas representando a los acusados participaron en el proceso, según consignó Europa Press. La última jornada estuvo marcada por la decisión del Ministerio Público de retirar los cargos contra dos de los once procesados, en concreto el padre del principal acusado y el hijo del acusado que había resultado lesionado, al no encontrar pruebas que los vincularan directamente a la agresión.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía mantuvo la petición de 15 años de prisión para el principal acusado, atribuyéndole un delito de homicidio. Para otros cuatro imputados solicitó 13 años de cárcel por la misma figura delictiva, mientras que para los restantes procesados propuso condenas de cuatro años por lesiones cualificadas. Uno de los abogados de la acusación particular, en representación de varios hermanos de la víctima, coincidió en la calificación de homicidio y se adhirió a la solicitud del Ministerio Fiscal, aunque otro de los letrados rebajó la acusación de asesinato a homicidio para el tío del principal acusado, alegando el agravante de reincidencia debido a una condena previa por otro homicidio. Este último solicitó 15 años de prisión e incrementó la petición para otros encausados a 13 años, argumentando una participación conjunta en la muerte.

Por otro lado, la acusación en nombre de la madre, un hermano y el propio fallecido mantuvo la acusación inicial de asesinato con alevosía y ensañamiento, figuras que el resto de las partes no consideraron apropiadas, al igual que la Fiscalía que descartó estas agravantes. Esta parte solicitó 25 años de prisión para los once acusados bajo el concepto de “autoría conjunta”, según comunicó Europa Press.

Durante las conclusiones, los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes, pues entendieron que las pruebas resultaban insuficientes para sustentar una condena por homicidio o asesinato. Hicieron referencia al principio “In Dubio Pro Reo”, subrayando la ausencia de evidencia material: “No hay huellas, no hay armas, no hay nada”, declaró uno de los letrados, citado por Europa Press. De acuerdo con las defensas, la situación exigía un veredicto de “no culpabilidad”.

Las versiones sobre el origen del altercado presentaron notables diferencias. Las acusaciones sostuvieron que todo comenzó por una filtración de agua de la vivienda de una vecina situada sobre la del fallecido, lo que afectó al acusado principal. Se alegó que este último exigió dinero al fallecido para reparar el baño y, al no obtenerlo, lo habría amenazado de muerte. La defensa propuso otra narración: atribuyó el suceso a un presunto acoso del fallecido hacia la hija menor de uno de los acusados. Según esta tesis, la víctima se presentó en casa del padre del acusado y lo amenazó con un cuchillo, lo que desembocó en la pelea mortal. El acusado principal reconoció haber usado un palo con extremo de hierro por defensa personal, pero negó ser el autor de la puñalada letal, según relató Europa Press.

Durante el juicio, también se escuchó la declaración de la vecina de arriba, quien describió a la víctima como una persona “conflictiva”, relató que la mantenía en estado de miedo constante y la acosaba sexualmente. No confirmó si el fallecido había acosado a la menor, aunque lo calificó de obsesionado con las mujeres de cualquier edad.

En el ámbito de la prueba pericial, dos médicos forenses informaron que la muerte fue causada por una puñalada en la zona lumbar, que penetró el diafragma y un pulmón, provocando neumotórax y perforando el corazón, lo que originó un shock hipovolémico debido a pérdida masiva de sangre. Según reportó Europa Press, los forenses identificaron 29 lesiones en distintas partes del cuerpo del fallecido, incluyendo áreas del tronco, cabeza, brazos y manos, varias de ellas catalogadas como defensivas y producidas por diferentes objetos. Determinaron que la puñalada fue ascendente, con una inclinación de aproximadamente 45 grados, infligida con un arma blanca de 2,5 centímetros de ancho y 20 de largo.

La Policía Nacional localizó tres armas cerca del cuerpo: un cuchillo con mango verde, un bate de béisbol y una navaja. Posteriormente, la seguridad en la barriada de El Torrejón se reforzó debido a ciertos intentos de enfrentamiento tras la reyerta, según recogió Europa Press. Las pesquisas de ADN en el laboratorio de la Policía Nacional en Sevilla determinaron que la camiseta del acusado principal presentaba tanto la sangre de la víctima como la del propio acusado y de uno de sus hermanos, a su vez imputado. En una navaja se identificaron perfiles genéticos que no se pudieron precisar; el cuchillo, de 34 centímetros, contenía sangre de la víctima y de otro acusado; el bate de béisbol mostró restos de sangre del fallecido y de un tercer reo, sangre que también se rastreó en otros objetos relacionados con la causa. Otra navaja solo presentaba vestigios sanguíneos del fallecido.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Sevilla examinó la ropa de la víctima, hallando su propia sangre y dos muestras con perfiles genéticos adicionales, imposibles de identificar por la baja cantidad de ADN, comentó Europa Press.

Las primeras sesiones del juicio recogieron los testimonios de familiares del fallecido, policías y peritos. Los hermanos de la víctima declararon ante la sala que el hombre no tenía problemas previos con nadie en el barrio y relataron que la disputa derivó “por la filtración”, sumando que el acusado exigió 3.000 euros para cubrir los daños. Dos hermanas sostuvieron haber presenciado el momento de la agresión mortal e identificaron al acusado principal como responsable de la puñalada. Las defensas pusieron en cuestión estas afirmaciones, remarcando contradicciones entre los testimonios vertidos en juicio y anteriores comparecencias y dudando de que haya habido testigos directos del suceso.

El procedimiento judicial se prolongará indefinidamente hasta que pueda celebrarse el nuevo juicio con la composición renovada del tribunal popular, mientras las diversas partes esperan una resolución definitiva para un caso que, según distintos testimonios, involucra enfrentamientos vecinales y presenta versiones irreconciliables sobre los hechos que derivaron en la muerte violenta de 2020.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, la presencia de un cadáver flotando en el caño que se ubica en esa zona fue reportado tras escucharse tres disparos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Policía Metropolitana de Cali acudió al lugar y procedió a acordonar la zona para iniciar los actos urgentes, que incluyó la inspección técnica del cuerpo y la recolección de evidencias en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni se ha precisado el momento exacto en que ocurrieron los hechos.

Vecinos del sector relataron que poco antes del hallazgo escucharon detonaciones, lo que llevó a pensar en un posible ataque con arma de fuego. Minutos más tarde, el cuerpo fue avistado en el canal de aguas residuales, lo que alertó a la comunidad y motivó la llegada de los uniformados.

De acuerdo con los procedimientos habituales, las autoridades buscan esclarecer los móviles del suceso y determinar si existen antecedentes o amenazas previas una vez se logre la identidad plena de la víctima. Se investiga si el hecho está relacionado con disputas locales o si obedece a otras causas.

Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas, mientras continúa la recolección de evidencias para esclarecer este nuevo caso de violencia en la ciudad.

Misterioso hallazgo de cadáver en avanzado estado de descomposición en la avenida de Los Cerros

Un intenso olor nauseabundo alertó durante cinco días a los habitantes y transeúntes de la avenida de Los Cerros, cerca del sector de La Narnia, al suroccidente de Cali. El área conecta las comunas 18 y 20 con la zona rural montañosa.

Cuando las autoridades atendieron el llamado, encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba cerca de una semana abandonado en el lugar.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación. El cadáver, que correspondería a un hombre de entre 30 y 35 años, fue hallado en condiciones que dificultan determinar las causas de la muerte.

Por el momento, la hipótesis inicial apunta a una posible muerte violenta debido a la forma en que fue abandonado el cuerpo, aunque la causa exacta está pendiente de confirmación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Cifras de homicidios en Cali entre 2024 y 2025

Entre 2024 y 2025, Cali registró 2.003 casos de homicidio —938 en 2024 y 1.065 en 2025—, de acuerdo con la Alcaldía de Cali, la cifra más baja desde que se tienen registros, según cifras preliminares de la Policía Nacional y el Observatorio de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, destacó que en esta administración se han presentado los años menos violentos desde 1995, tanto en términos generales como en homicidios de mujeres y jóvenes. En los dos primeros años del actual Gobierno, se reportaron 908 homicidios de jóvenes y 130 de mujeres, cifras inferiores al promedio histórico.

Operativos, capturas y reducción de hurtos en 2025

Durante 2025, las autoridades intensificaron los operativos, logrando la captura de 6.704 personas, de las cuales 453 fueron por homicidio, según el entonces comandante de la Policía Metropolitana, General Edwin Urrego. Además, se incautaron cerca de 4 toneladas de droga y 1.320 armas de fuego.

En materia de hurtos, 2025 cerró con una reducción significativa en la mayoría de modalidades: el hurto a personas descendió 18% (de 21.992 a 18.037 casos), el hurto a celulares cayó 27% y el hurto a residencias 23%. La única excepción fue el hurto a motocicletas, que aumentó 14%.

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa. El hecho ocurrió en la localidad de Tecka, en la provincia de Chubut. Según fuentes judiciales, fue ella misma fue quien llamó a la policía para confesar el crimen.

De acuerdo a la reconstrucción policial, los agentes llegaron al domicilio de la pareja tras recibir un llamado al 911, el cual advertía sobre un hombre herido con un arma de fuego. Sin embargo, cuando las autoridades se hicieron presentes, la propia denunciante reconoció que le había disparado a su esposo por llegar a la casa en estado de ebriedad.

Para ese momento, la víctima aún tenía signos vitales. En consecuencia, la policía coordinaron de inmediato el traslado del hombre en ambulancia hacia Esquel, a unos 30 kilómetros del lugar. Sin embargo, a pesar del rápido despliegue sanitario, falleció antes de llegar al hospital, según precisó el Ministerio Público Fiscal chubutense.

El caso motivó la intervención de la Fiscalía de Esquel, que quedó a cargo de la investigación. Entre las medidas tomadas en el lugar, las autoridades ordenaron la detención de la mujer y realizaron diferentes tareas de rigor en la escena del crimen.

Ahora, más allá de la declaración de la acusada, intentarán reconstruir la dinámica del ataque y determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio. Para esto, tomarán testimonios de los vecinos, a fin de averiguar si había antecedentes de conflictos entre ellos y otros datos que podrían ser relevantes para el caso.

Respecto a la situación procesal de la esposa de la víctima, desde la Fiscalía se informó que permanecerá detenida en dependencias policiales. Para la tarde de este sábado, la Oficina Judicial aún no había definido la fecha para la audiencia de control de detención y la formalización de la investigación penal. Cuando eso ocurra, podrán proceder con la indagatoria.

El hombre de 30 años fue condenado este miércoles en los Tribunales de Morón por el intento de femicidio de Emily Ceco, a quien conoció en el programa de Netflix en donde personas solteras buscan el amor. Luego del fallo, decidió expresarse públicamente.

“¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice", comenzó el texto, publicado este viernes en su cuenta de Instagram.

En la historia, que aún permanece disponible en sus redes, aseguró que no se hacía cargo de “intentar matar a la mujer que amaba”. Luego agregó: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”.

De acuerdo con Martínez, fue un “circo” el que lo juzgó. “!Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”.

El condenado por intento de femicidio opinó, además, que jamás ejerció “manipulación” y “control” sobre la víctima. “Hoy toca silencio y esperar que, en algún momento, la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató con detalle los episodios vividos, incluido el día en que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla.

En su exposición, se refirió a los primeros signos de agresividad, que surgieron hacia el segundo mes de relación, y a una escena de celos durante una reunión con colegas del reality. La madre de Ceco mencionó que algunos de esos momentos quedaron registrados en los capítulos del programa.

El juicio avanzó rápidamente. El tribunal analizó testimonios y pruebas, entre ellas los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron situaciones de violencia. Ceco contó que durante la audiencia sintió miedo y nerviosismo, y que la presencia y las reacciones de la familia del acusado la inquietaron: “Mientras yo declaraba, se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. De eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En el tramo final del proceso, Martínez pidió disculpas y aseguró que aún amaba a su ex esposa. Esta declaración provocó la reacción del hermano de la víctima, quien le recriminó en voz alta: “Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón”. La propia Ceco relató que su hermano nunca pierde la calma, pero que en ese momento actuó movido por el dolor de la familia.

Ceco también habló de lo “reparador” de la condena, aunque confesó que teme por su seguridad y la de su familia cuando Martínez recupere la libertad. “Después de estar 15 años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, reconoció.

La condena dictada coincidió con el pedido formulado en la jornada de alegatos por el abogado de la víctima, Roberto Castillo. El proceso judicial incluyó varias audiencias en las que se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por Ceco y por otras mujeres que también declararon ante el tribunal.

Gimena Sabrina Gómez tenia 38 años cuando falleció en la localidad de Maipú, Mendoza en diciembre de 2025. La encontraron ahorcada y aunque al principio se creía que había sido un suicidio, rápidamente se puso el foco en su pareja. En este marco, la fiscalía acusó a Jorge Sebastián Miranda de 57 años por el de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dispuso la prisión preventiva para Jorge Sebastián Miranda, luego de que la fiscalía lo acusara de asesinar a su pareja Gimena Sabrina Gómez y simular un suicidio para encubrir el crimen ocurrido el 8 de diciembre.

La decisión, adoptada por el juez Juan Manuel Pina el 26 de marzo de 2026 durante una audiencia, convocada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, se fundamenta en un conjunto de pruebas que contradicen la coartada presentada por el imputado.

El hallazgo del cuerpo fue a las 20:30 y según lo relatado, un vecino alertó a los servicios de emergencia al recibir a Jorge en su casa, quien manifestó haber encontrado colgada a su pareja en el fondo de la vivienda. Sin embargo, el discurso del hombre está repleto de inconsistencias y las pruebas genéticas junto con los registros en la cámara de seguridad desmintieron su versión de los hechos.

Cuáles son las pruebas contra la pareja de la victima

La investigación reconstruyó los hechos en torno a la muerte de Gimena Gómez quien fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la calle Antártida Argentina y Pringles de Maipú, donde funcionaba un taller mecánico. La víctima estaba colgada del cuello con las cadenas de una maquinaria. En su declaración ante la policía, el acusado sostuvo que había salido de su domicilio dos horas antes y que al regresar encontró la puerta cerrada. Finalmente, logró ingresar y detectó a la mujer en el área posterior del inmueble.

Sin embargo, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad cercanas reveló inconsistencias en esta versión. Los registros muestran que Jorge no se ausentó el tiempo declarado: solo se trasladó para dejar a su padre en una cancha de bochas y volvió a buscarlo poco después, en lapsos considerablemente menores a los testimonios aportados, aportó Los Andes. Esta contradicción resultó determinante para el avance de la imputación.

El punto de inflexión en la causa fue la evidencia genética recolectada: los peritos constataron la presencia de ADN masculino bajo las uñas de la víctima y en la prenda que llevaba puesta al momento de morir, lo que, de acuerdo con Los Andes, es interpretado como una señal de que intentó defenderse de un ataque.

En relación al contexto probatorio, el hallazgo de ADN bajo las uñas de Gimena Gómez, junto con las huellas genéticas en la ropa que llevaba (una prenda con la capucha colocada), configuró para los peritos forenses un indicio clave que refuerza la hipótesis de homicidio agravado. La investigación pertinente quedó en manos de la fiscal Flores Díaz Peralta, quien promovió la inmediata aplicación del protocolo para casos de femicidio, una vez que el ayudante fiscal Roberto Chapel informó la denuncia y activó los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

Por su parte, el juez Juan Manuel Pina validó la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía, fundándose en la gravedad del hecho y en el riesgo procesal. La instrucción de la causa continúa bajo la carátula de homicidio doblemente agravado.

La imputación formal y la privación de libertad para la pareja de la víctima se erigen como respuesta inmediata de la justicia frente a los elementos acusatorios y las pruebas periciales reunidas. El proceso judicial que ahora se desarrolla en el Polo Judicial de Maipú mantiene detenida a la persona sospechada mientras avanza la causa penal, cuyo eje central radica en el esclarecimiento de un presunto femicidio disimulado bajo la apariencia inicial de suicidio.

San Pedro Sula, en el norte de Honduras, vivió en 2014 uno de los capítulos más oscuros de su historia. El hallazgo de tres niños asesinados en la colonia La Pradera marcó el inicio de una investigación que expuso una práctica criminal conocida como la “casa loca”.

El nombre de Héctor Alejandro Medina Alcerro, alias “El Trece”, quedó vinculado a este caso que sacudió a la opinión pública hondureña e internacional. La mañana en que desaparecieron Kenneth Castellanos, de 7 años, su hermano Anthony y su amigo Luis Edgardo dejó una huella imborrable en la rutina de La Pradera.

Los tres salieron como cualquier otro día, pero no regresaron, en esa época negarse a colaborar con la Mara Salvatrucha (MS-13) no era visto como una simple decisión, sino como un acto de alto riesgo en un entorno donde la pandilla dominaba el territorio.

Las primeras pistas surgieron cuando la policía local halló varios bultos envueltos en sacos de polietileno en sectores cercanos. Lo que parecía basura resultó ser algo mucho más grave: los cuerpos de los menores, con claros signos de tortura y violencia extrema.

Además, autopsias revelaron marcas de quemaduras, asfixia y desmembramiento posterior a la muerte, pruebas que, según confirmó La Prensa, demostraron la brutalidad con la que actuó el grupo criminal.

El giro en la investigación: ciencia forense y una bicicleta como prueba clave

La indignación no tardó en manifestarse. Durante años, San Pedro Sula figuró entre las ciudades más violentas del mundo y la desaparición de niños sumó una nueva dimensión al temor cotidiano.

La presión de la comunidad y el interés internacional obligaron a las autoridades a intervenir con métodos científicos poco habituales en la región. De acuerdo con un reporte de BBC Mundo, la utilización de luminol para detectar rastros de sangre y el resguardo de testimonios protegidos resultaron decisivos en la investigación.

El caso dio un giro el 20 de junio de 2014, cuando un operativo policial irrumpió en una vivienda común de La Pradera. El ambiente en el interior era frío, las paredes mostraban manchas y el olor a productos de limpieza no logró ocultar los restos de lo ocurrido. Entre los objetos encontrados, la pequeña bicicleta de Kenneth Castellanos se convirtió en la prueba material que conectó el lugar con los niños desaparecidos.

La “casa loca”, la condena a “El Trece” y el legado que persiste en La Pradera

Según fuentes judiciales citadas por El Heraldo, la vivienda funcionó como una “casa loca”, un centro de detención y tortura dirigido por Medina Alcerro. Bajo su mando, la casa se utilizó para interrogar y castigar a quienes se negaban a servir a la MS-13. Los testimonios recogidos durante el juicio confirmaron que los niños fueron reclutados por la fuerza y asesinados al rechazar la oferta de actuar como vigilantes para la pandilla.

El proceso judicial contra Héctor Alejandro Medina Alcerro y otros implicados se extendió durante tres años. En febrero de 2017, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dictó una condena acumulada superior a 100 años de prisión para el principal acusado. La sentencia incluyó los delitos de asesinato, asociación ilícita y privación de libertad.

Doce años después, en marzo de 2026, Medina Alcerro continúa recluido en una celda de máxima seguridad. Los efectos de aquel caso todavía afectan a la colonia La Pradera y a la ciudad.

La modalidad de la “casa loca” mutó: organizaciones criminales comenzaron a utilizar apartamentos alquilados o locales comerciales para eludir el control policial, como señaló un informe reciente de la organización Human Rights Watch.

La historia de los niños de La Pradera permanece como una advertencia sobre las consecuencias de la descomposición social y la violencia extrema. El nombre de Héctor Alejandro Medina Alcerro, alias “El Trece”, se pronuncia con cautela en San Pedro Sula.

Para las familias Castellanos y Hernández, la justicia no se mide en la duración de la condena, sino en la ausencia de tres niños que no volvieron a casa y cuya memoria resiste al olvido de una ciudad marcada por la violencia.

Las pruebas toxicológicas revelaron que los dos acusados por la muerte de un médico de 35 años en la M-30 presentaban presencia de estupefacientes en sus organismos tras el accidente, según publicó Europa Press. R. M. F., que no contaba con permiso de conducir tras la retirada total de puntos, dio positivo en cocaína, cannabis, MDMA y ketamina. F. M. S., el otro conductor implicado, también dio positivo en cocaína y THC, y se presentó voluntariamente ante la policía después de haber abandonado la escena del siniestro sin prestar ayuda a las víctimas, pese a ser consciente de la gravedad.

La Audiencia Provincial de Madrid fijó el 7 de abril para el inicio del juicio oral contra ambos, quienes afrontan hasta 15 años de prisión por delitos de conducción temeraria con desprecio por la vida, homicidio y lesiones, de acuerdo con Europa Press. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso el medio, detalla que el suceso ocurrió el 25 de julio de 2021, a las 11:26 horas, en la M-30, a la altura del bypass. El origen de los hechos se encuentra en una discusión de tráfico en la que uno de los acusados realizó señales de luz reiteradas al otro.

Los dos conductores involucrados comenzaron una conducción calificada de extremadamente peligrosa, según constata el escrito recopilado por Europa Press. El episodio se extendió a lo largo de casi 3,7 kilómetros dentro de un túnel de tráfico intenso, limitado a 70 km/h. A pesar de dichas condiciones, los vehículos circulaban en paralelo, ejecutando adelantamientos en zigzag y realizando cambios bruscos de carril, exponiendo a un riesgo alto a los demás automovilistas.

Durante este trayecto, los coches alcanzaron velocidades superiores a 170 km/h, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. El desenlace se precipitó cuando el vehículo dirigido por R. M. F. colisionó contra un Audi A1. El conductor de este último, un médico de 35 años, falleció en el acto. Esta persona tenía esposa, un hijo menor y esperaba la llegada de otro hijo al momento del accidente.

El impacto generó, además, una colisión en cadena, en la que otro conductor resultó herido con lesiones cervicales. Las diligencias recogidas por Europa Press indican que F. M. S., tras el accidente, no socorrió a las personas afectadas y abandonó el lugar, aunque después acudió a una comisaría para entregarse.

El Ministerio Fiscal sostiene en su acusación que ambos individuos incurrieron en delitos graves por su conducta al volante y su actitud tras el accidente, remarcando el desprecio demostrado por la seguridad vial y la vida de los demás usuarios de la M-30 el día del incidente, según consignó Europa Press. El escrito enfatiza la gravedad del caso, tanto por las consecuencias irreparables como por las circunstancias agravantes detectadas tras el análisis toxicológico y la pérdida del permiso de conducir en uno de los principales implicados.

La vista oral prevista en la Audiencia Provincial de Madrid se centrará en determinar la responsabilidad penal de los acusados en relación con los delitos que se les imputan, así como las posibles condenas que podrían alcanzar hasta los 15 años de prisión, conforme a las peticiones de la Fiscalía citadas por Europa Press.

Nahir Galarza fue autorizada a abandonar momentáneamente la Unidad Penal Nº6 de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La joven reclusa de 27 años salió este miércoles por la mañana de la cárcel debido a un pedido concedido por la Justicia por razones humanitarias, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Galarza visitó en Gualeguaychú a su abuela materna, quien padece una enfermedad oncológica.

La visita, que se extendió durante aproximadamente una hora, contó con un fuerte operativo de seguridad, bajo la supervisión de agentes penitenciarios de la Unidad N°6, donde está alojada, y transcurrió sin incidentes.

El inspector general Alejandro Mondragón explicó a Elonce que la custodia incluyó personal penitenciario, un chofer y una oficial responsable, quienes acompañaron a Galarza desde la cárcel de Paraná hasta la vivienda de su abuela. Al finalizar el encuentro, la joven fue trasladada nuevamente al penal.

Las fuentes indicaron que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N°2 de Gualeguaychú ordenó el traslado solicitado por el defensor de Galarza, Eduardo Gerard, luego de constatar con un médico forense la existencia de la enfermedad de la abuela de Nahir.

Un permiso poco habitual en el sistema penitenciario

Las salidas transitorias por motivos humanitarios, como la concedida a Galarza, son muy poco frecuentes en las prisiones argentinas. Según el reporte de La Voz, la autorización requirió un análisis particular de la situación médica de la abuela.

Este permiso, de carácter excepcional, busca salvaguardar el derecho a mantener vínculos familiares en casos críticos, bajo un protocolo de vigilancia estricta para evitar cualquier filtración o altercado.

El inspector Mondragón explicó el manejo reservado del caso: “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”. Antes de iniciar la visita, el personal penitenciario revisó el domicilio y supervisó todos los movimientos. Tras cumplirse la hora estipulada, Galarza fue devuelta al penal, donde “ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”, añadió.

Su vida en prisión

Actualmente, la interna -privada de la libertad desde los 19 años- cumple las normas y participa en actividades laborales y de capacitación en la unidad.

Condenada en 2018 por homicidio calificado por el vínculo, está alojada en un pabellón de la única cárcel para mujeres de Entre Ríos con otras seis internas. Solo comparte tiempo con el resto de la población en el patio del penal.

Personas cercanas a ella aseguraron a Infobae que los primeros años de encierro fueron difíciles, pero que, con el tiempo, la convivencia mejoró.

En el último año, Galarza recibió el título de operador preventivo en Salud Mental, un paso intermedio de la formación en Psicología Social que aspira a finalizar en breve. “Le encanta la carrera, le enseñó a tener empatía, a sentir lo que siente el otro. La ayudó mucho”, remarcaron.

Las temáticas en las que le gustaría profundizar son las adicciones, la violencia de género y el maltrato infantil. “Le rompe el alma”, dijeron sobre este último. “No sabe si la dejarán ejercer en la cárcel, pero no se desanima”, indicaron al respecto.

Al mismo tiempo, la joven asiste a talleres de yoga y meditación del Arte de Vivir y da clases de gimnasia en la unidad, tras recibirse de personal trainer.

El impacto del caso y las imágenes fake de la joven

La situación de Nahir Galarza reaparece con fuerza en los medios y en el debate social ante cada novedad judicial. Su condena quedó firme en julio de 2019, cuando la Sala II de la Cámara de Concordia rechazó los recursos apelatorios de su defensa.

El homicidio, perpetrado en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, involucró dos disparos -uno en la espalda y otro en el pecho- a su por entonces exnovio Fernando Pastorizzo, cuyo cuerpo fue hallado junto a una motocicleta y dos cascos.

Tras su detención, Galarza admitió haber disparado el arma al presentarse pruebas en su contra, señalando que los hechos fueron “accidentales”, indicó el mismo medio. El tribunal tuvo por probado el homicidio calificado por el vínculo, lo que determinó la pena máxima de prisión perpetua prevista en el Código Penal.

Por otro lado, hace dos meses, allegados a Galarza denunciaron que existen perfiles falsos en redes sociales con su nombre y que circulan fotos con su imagen editada y/o modificada con IA. Y pidieron que no no transfieran dinero a ningún alias vinculado a ella.

La advertencia surge tras la viralización de una imagen suya con un iPhone. En el posteo fake, además, la publicación asegura que la joven condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo compró el teléfono luego de pasar su alias en redes. “Gracias por el esfuerzo”, dice.

Es un “meme”, una simulación, pero muchos usuarios lo creyeron real. “Es mentira. Ella no pide ni nunca pedirá dinero a sus seguidores. Tampoco nadie en su nombre, no hace colectas”, indicaron fuentes cercanas a Galarza.

El director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato (JAPAMI), Roberto Castañeda Tejeda, fue asesinado la mañana de este jueves en el Barrio de San José mientras conducía su camioneta, de acuerdo con información del gobierno de Irapuato.

La agresión ocurrió sobre la calle Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada, donde la víctima recibió disparos que le provocaron la muerte inmediata, según reportes oficiales.

El ataque fue reportado al 911 y, pese a la llegada de paramédicos, Castañeda Tejeda ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona y anunció que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para avanzar en las investigaciones.

El gobierno municipal, presidido por Lorena Alfaro García, condenó lo que calificó como “este cobarde acto de violencia” y aseguró que trabaja con autoridades estatales y federales para esclarecer el homicidio.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a la familia, amistades y compañeros de trabajo de Roberto Castañeda en este difícil momento”, publicó el ayuntamiento en sus redes sociales.

Irapuato es uno de los municipios con alta incidencia delictiva

El pasado 22 de marzo, Castañeda Tejeda participó en el arranque de la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), proyecto que encabezó junto a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, y la alcaldesa Lorena Alfaro. La nueva infraestructura estará equipada con tecnología automatizada e inteligencia artificial, lo que, según autoridades, permitirá optimizar el procesamiento de aguas en el municipio.

Irapuato enfrenta una de las más altas percepciones de inseguridad en Guanajuato y en el país, de acuerdo con cifras nacionales.

En la ciudad operan células del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que han protagonizado varios episodios de violencia.

Entre los hechos recientes destaca el multihomicidio con el mayor número de víctimas registrado en el estado, así como ataques armados en establecimientos comerciales.

Hace pocos días, un hombre fue asesinado en pleno centro de Irapuato, junto a la presidencia municipal, sin que agentes de tránsito que pasaron por el sitio intervinieran. Comerciantes y empresarios locales han denunciado extorsiones y balaceras, como la ocurrida en una pollería propiedad del diputado de Morena Abraham Ramos.

El asesinato de Roberto Castañeda Tejeda se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a funcionarios y ciudadanos en la región.

Siete personas comenzaron a disparar contra una vivienda ese 30 de mayo de 2024, en el barrio Maracaná, en la periferia de Montevideo (Uruguay). El grupo delictivo dejó al menos 139 casquillos de bala en el lugar que funcionaba como una boca de venta de droga. Era la muestra de que habían cometido una masacre: cuatro personas –incluida un niño de once años– murieron en la escena. Un adolescente de 17 años fue el único sobreviviente.

Tras ese cuádruple homicidio dos personas fueron imputadas y otras tres se mantuvieron prófugas durante casi dos años. Así fue hasta esta semana, cuando –diciéndole arrepentidos– decidieron entregarse.

El Ministerio del Interior informó este miércoles la detención de José Ezequiel González Muller, de 20 años, y Andreson Axel Vidal Suárez, de 19 años, que se encontraban requeridos por su participación en el cuádruple homicidio. La cartera detalló que la Fiscalía de Homicidios de tercer turno logró la formalización de la investigación y la imputación de estos dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.

Como medida cautelar, se los envió a prisión preventiva durante 180 días.

Además, esta semana fue condenado a tres años de prisión un joven al que la Fiscalía acusa de haber ofrecido “apoyo” en la masacre, consignó El País. La pena fue de tres años de prisión.

Los homicidas se entregaron este martes, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Uno de ellos admite plenamente su participación en los hechos, pero el otro lo niega. También dice que no conoce a uno de los indagados en la causa, pero en registros oficiales quedó reflejado que lo fue a visitar a la cárcel.

La masacre fue coordinada minutos antes por WhatsApp y, luego de cometer el crimen, se escuchó a uno de ellos decir: “Ya está, lo matamos a todos”. Eso fue lo que escuchó un vecino, que luego sería un testigo de la investigación.

“Mostraron arrepentimiento. Lamentablemente en este hecho poco fortuito hubo un fallecido de once añitos. Nuestros defendidos no tenían conocimiento de la presencia de ese niño”, dijo Martín Frustaci, abogado defensor de uno de los involucrados, en una rueda de prensa este miércoles. “Mostraron profundo arrepentimiento”, agregó.

Al ser consultados sobre por qué se entregan dos años después, el defensor contestó: “No podían más con la culpa. Les estaba carcomiendo la conciencia”.

Sin querer “justificar” la masacre, Frustaci narró que a uno de sus defendidos lo habían intentado asesinar tres veces. Y detalló: “Hubo un episodio puntual –hay una denuncia previa de un vecino– en el que le tiraron 10 tiros a un auto pensando que era el auto de mi defendido”.

“Vamos a ser claros: una cosa es la escuelita de la Facultad de Derecho y otra cosa es la escuelita de la calle. Los códigos son otros y eventualmente lo que vamos a tratar de demostrarle a la fiscal es que es un hecho aberrante y repudiable socialmente, pero es la vida de uno o de otro”, agregó el abogado.

El niño de once años no estaba emparentado con las personas de la boca pero sí solía frecuentar el lugar, consignó este noticiero.

Hasta ahora son cinco las personas que han sido judicializadas, pero la Policía maneja la hipótesis de que hay más personas involucradas por la declaración de testigos y por una foto que fue tomada por los asesinos luego del cuádruple crimen. En la imagen se los ve posando con las armas de fuego que utilizaron.

El crimen se dio por una venganza vinculada a un enfrentamiento de bocas de droga en el barrio Maracaná de Montevideo.

El gendarme acusado por homicidio agravado irá a juicio oral tras la muerte del motociclista de 22 años, Ivo Rodrigo Torres, quien falleció al ser disparado dos veces en medio de una persecución en la frontera desde Bolivia. La Justicia juzgará al sargento primero Walter Daniel Álvarez, e integrante del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional.

El hecho sucedió el 6 de febrero de 2025 cuando el suboficial disparó dos veces durante una persecución en la frontera entre Argentina y Bolivia. En el momento del crimen, Walter Daniel Álvarez participaba de una patrulla encabezada por el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki. El grupo recorría en una camioneta oficial Volkswagen Amarok la franja fronteriza entre La Quiaca y Villazón (Bolivia), cuando observaron a un motociclista atravesar la frontera por un paso no habilitado a la altura de “ladrillera”.

Al ignorar la voz de alto, el conductor aceleró y se inició una persecución de 3,5 kilómetros, desde el paraje Tres Churquis, en las inmediaciones de Radio Nacional La Quiaca. El registro de los hechos, en base al informe del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, señala que tras seis minutos de persecución, Álvarez disparó en dos ocasiones: uno de los proyectiles impactó en la espalda de Torres y afectó el pulmón derecho mientras que el otro le atravesó la pantorrilla izquierda.

A pesar de que la cabo Enciso solicitó la asistencia de emergencias al SAME, los intentos de los paramédicos no lograron evitar el brutal final: Torres falleció a las 10:51hs. debido a la hemorragia provocada por el disparo que perforó su espalda, según la autopsia.

La decisión judicial, adoptada el 18 de marzo de 2026 por el juez federal de Revisión Ernesto Solá, afirma la gravedad del caso al considerar que el acusado actuó con “alevosía” y en su calidad de integrante de una fuerza de seguridad; el debate oral contará con la dirección de un tribunal colegiado aún por sortear, según informó Fiscales.gob.ar.

Las investigaciones y acusaciones del caso

El impulso de la causa penal estuvo a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, inicialmente imputó a los cuatro miembros que se encontraban dentro de la patrulla. Sin embargo, datos de la investigación científica y documental permitieron excluir de responsabilidad penal a Gunther, Enciso y Wysniewki. Esta resolución fue ratificada por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, en dos fechas: 27 de febrero y 4 de marzo de 2026.

El abogado Carlos Espada, representante de la querella, respaldó la hipótesis de la Fiscalía, centrada en la responsabilidad individual de Álvarez y sustentada en pruebas balísticas y testimoniales. Por parte de la defensa, Ricardo Belbruno, no se opusieron formalmente a la apertura del juicio.

El juez Ernesto Solá declaró admisible la imputación y dispuso el comienzo del juicio bajo la modalidad de tribunal colegiado, el cual será sorteado en los próximos días. El caso imputa a Álvarez el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser miembro de una fuerza de seguridad, cometido con arma de fuego.

La secuencia investigativa estuvo apoyada en pruebas periciales balísticas, información documental y declaraciones. Entre los elementos de mayor relevancia se encuentra el informe que reveló la ausencia de municiones en la pistola oficial asignada a Álvarez, a diferencia del resto de la dotación.

El juicio oral deberá determinar la responsabilidad del acusado en la muerte de Ivo Rodrigo Torres durante la persecución que comenzó en un paso fronterizo no habilitado. La fiscalía sostiene que solo uno de los gendarmes efectuó los disparos letales, hecho que configura la base acusatoria sobre la que se desarrollará el próximo proceso.

Las autoridades de Bogotá capturaron a cuatro personas señaladas de participar en el secuestro y asesinato de Neill Felipe Cubides Ariza, un profesor universitario cuyo caso conmocionó a la ciudad en enero de 2026. Los implicados fueron localizados en operativos simultáneos en las localidades de Bosa y San Cristóbal.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos formarían parte de una organización criminal dedicada a la retención y agresión de víctimas elegidas en distintas zonas de la capital. Los indicios recabados sostienen que la red interceptó al docente tras abordar un taxi en las inmediaciones de un centro médico en Chapinero, durante la noche del 15 de enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el secuestro, la víctima fue obligada a realizar movimientos desde sus cuentas bancarias, según los elementos materiales probatorios. El grupo criminal no solo le quitó la vida, sino que trató de borrar las huellas del crimen. El cuerpo de Cubides Ariza apareció en estado de calcinación, con señales de violencia, en un paraje rural de Usme el 19 de enero.

La Fiscalía General de la Nación y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá coordinaron la operación que permitió avanzar en el esclarecimiento del crimen. En palabras de voceros oficiales, la prioridad ha sido identificar y judicializar a todos los involucrados en el secuestro y homicidio del docente.

En las próximas horas, los capturados serán puestos a disposición de un juez de control de garantías. La Fiscalía, a través de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, solicitará la imputación de cargos conforme a la supuesta participación de cada uno en los hechos investigados.

El caso de Neill Felipe Cubides Ariza generó alarma en la comunidad educativa y entre los habitantes de la ciudad, quienes exigieron una respuesta rápida de las autoridades. La detención de los presuntos responsables representa un avance en la búsqueda de justicia para la familia y allegados del docente.

Detalles del caso

El cuerpo de Neill Felipe Cubides, docente de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia, fue descubierto sin vida e incinerado en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá, el 16 de enero, en medio de pesquisas por movimientos bancarios significativos detectados en sus cuentas poco después de su desaparición, lo que llevó a las autoridades y a su familia a plantear la hipótesis de un secuestro extorsivo o robo con violencia.

La identidad de Cubides, que permaneció varios días sin confirmar debido al estado del cuerpo y la falta de documentos, fue reconocida finalmente el 19 de enero por familiares en las instalaciones de Medicina Legal, donde el cadáver aguardaba los trámites forenses, de acuerdo con Infobae.

Este caso cobró mayor relevancia al conocerse que otras cuatro personas han sido víctimas recientes de delitos con un modus operandi similar en la ciudad, informó la Fiscalía General de la Nación al medio Infobae.

Neill Felipe Cubides fue reportado como desaparecido por su entorno familiar la noche del 15 de enero, después de abandonar la Clínica del Country donde acompañaba a su hijo menor por una urgencia médica junto a su esposa. La última vez que se le vio fue a las 22:10, al abordar un taxi tras dejar el centro de salud, según detalló Denis Alfaro, su esposa, a medios nacionales reproducidos por Infobae. Tras ello, no existieron registros de llamadas ni de ubicación.

El hallazgo del cuerpo de Cubides en la vía Soches, en un sector sin nomenclatura oficial en Usme, complicó el inicio de la investigación. Su cadáver fue encontrado parcialmente incinerado y con la ropa calcinada, desprovisto de documentos y objetos personales. Un transeúnte alertó a las autoridades tras observar el cuerpo en llamas en plena vía pública.

La información clave para la orientación de la investigación fueron los inusuales movimientos bancarios detectados pocas horas después de su desaparición. La familia accedió al detalle de los extractos, donde figuraban tres transacciones: dos transferencias de $4.000.000 cada una y una compra por $250.000 ejecutadas en la madrugada del 16 de enero en los sectores de Venecia y Fátima, ubicados ambos al sur de la ciudad.

Esa serie de operaciones, que suman más de $8 millones, hizo que las autoridades consideraran el patrón delictivo conocido como “paseo millonario”, donde la víctima es retenida y forzada a transferir fondos bajo coacción.

Una recompensa de 10.000 dólares fue anunciada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para quienes aporten información que conduzca a la detención de los responsables del asesinato de un hombre durante una fiesta en el sur de Los Ángeles. La medida busca incentivar a la comunidad a colaborar con la investigación, facilitando así el trabajo de los detectives que intentan esclarecer el caso y dar con los autores del crimen. El objetivo principal de la recompensa es motivar a posibles testigos o personas con datos relevantes a romper el silencio, aportando detalles que puedan ser determinantes para identificar y localizar a los cuatro pistoleros implicados en el ataque.

El tiroteo ocurrió la noche del 5 de abril de 2025, en el número 11001 de South Manhattan Place, donde amigos y familiares se habían reunido para celebrar el cumpleaños de Marvin Randolph, un hombre de 48 años. Mientras la celebración transcurría, cuatro individuos descendieron de una camioneta Kia que había sido reportada como robada y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra los presentes. La rápida acción de los atacantes generó caos y temor entre los asistentes, quienes apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante la violenta irrupción.

Randolph se encontraba en las inmediaciones del garaje cuando fue alcanzado por los disparos. La agresión no solo le costó la vida, sino que también dejó a otras cuatro personas heridas: tres hombres y una mujer, quienes debieron ser trasladados de urgencia a un hospital cercano donde su estado fue reportado como estable. El crimen, por la manera en la que se perpetró y el contexto de una celebración privada, generó conmoción en la comunidad local y entre los familiares de la víctima. Según las investigaciones preliminares, todo sucedió en cuestión de segundos y los agresores huyeron inmediatamente después del ataque abordando el mismo vehículo en el que habían llegado.

El Departamento del Sheriff informó que Randolph falleció en el lugar de los hechos, mientras las otras víctimas lograron sobrevivir gracias a la pronta asistencia médica recibida. La noticia del fallecimiento de Randolph fue recibida con consternación entre sus allegados, quienes todavía intentan comprender lo sucedido en una fecha que debía ser motivo de alegría. El hecho de que el ataque se produjera durante una celebración de cumpleaños y que la víctima principal no tuviera relación con actividades delictivas, según los indicios recogidos hasta el momento, añade un elemento de tragedia a lo ocurrido.

El desarrollo de la investigación aportó detalles clave para tratar de identificar a los responsables. Uno de los primeros hallazgos fue la localización de la camioneta Kia utilizada en el crimen, la cual fue abandonada cerca del lugar del tiroteo poco después del ataque. Los agentes comprobaron que el vehículo había sido robado ese mismo día en el vecindario, lo que sugiere una planificación previa por parte de los atacantes. Además, los investigadores lograron obtener imágenes de cámaras de vigilancia que muestran a los sospechosos en plena huida, arrojando las armas utilizadas en el ataque.

Las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los movimientos posteriores al crimen. En ellas se observa cómo, tras abandonar la camioneta, los pistoleros se deshacen de las armas, las cuales son recogidas poco después por un hombre que conducía un vehículo oscuro. Este dato abre nuevas líneas de investigación respecto a la posible colaboración de otros individuos en el encubrimiento de los hechos y en la desaparición de pruebas clave.

Las autoridades han señalado que el tiroteo presenta características asociadas a actividades de pandillas, aunque recalcan que Marvin Randolph fue una víctima inocente. El teniente German Ochoa, de la Oficina de Homicidios del Sheriff, declaró que se trató de “un ataque descarado y violento que le arrebató la vida a un hombre inocente que simplemente estaba celebrando su cumpleaños con sus seres queridos”. Pese a la hipótesis de un trasfondo vinculado a pandillas, la policía sostiene que el objetivo del ataque no era Randolph, reforzando la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar futuros episodios similares.

La investigación sigue abierta y las autoridades han reiterado el llamado a la colaboración ciudadana. “Estamos comprometidos a buscar justicia para el señor Randolph y su familia”, afirmó Ochoa, quien subrayó la necesidad de que cualquier persona con información, por mínima que sea, se ponga en contacto con los detectives. El Departamento del Sheriff ha habilitado diversas vías de comunicación para quienes deseen aportar datos, incluyendo la posibilidad de hacerlo de manera anónima a través de LA County Crime Stoppers, tanto por teléfono como mediante su sitio web lacrimestoppers.org. La recompensa de 10.000 dólares permanece vigente hasta que se logre la identificación y captura de los responsables del homicidio.

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 40 años de prisión en contra de un hombre que formaba parte de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue hallado culpable de homicidio.

Kevin Geovanni Bernabé Torres, un sujeto apodado El Chaval fue condenado a 40 años de prisión por sus responsabilidad en la muerte de un hombre en el municipio de La Paz. Asimismo, se le impuso una multa de 79 mil 198 pesos, así como una reparación del daño integral de 247 mil 776 pesos.

“El sujeto pertenecía a una célula delictiva con orígenes en el estado de Jalisco además de haber participado en un enfrentamiento en contra de policías municipales de Chimalhuacán”, destaca el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 24 de marzo.

Así fue su participación en el ataque armado

Los hechos por los que fue condenado sucedieron el 25 de febrero del año pasado, fecha en la que dos personas estaban a las afueras de un inmueble.

Un vehículo de color negro sin placas llegó al sitio y de él descendieron algunos de los tripulantes, quienes accionaron sus armas contra las personas. En la unidad viajaban:

• Un sujeto apodado El Sobrino (conductor)
• Un hombre con el alias El Vini (copiloto)
• José Arturo “N”, alias El Negro
• Kevin Geovanni, el hombre ahora sentenciado
• Un individuo conocido con el sobrenombre El Diablo

Los tres últimos sujetos son los iban armados y dispararon contra las víctimas, lo que derivó en la muerte de un hombre. Tras las detonaciones huyeron del sitio.

Posterior a dichas acciones, las investigaciones permitieron identificar a Bernabé Torres como uno de los participantes en el ataque armado.

Detenidos siete presuntos miembros del CJNG

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) informó sobre la detención de siete individuos, supuestos integrantes del CJNG, y la liberación de una persona que estaba retenida en un inmueble contra su voluntad.

La madre de la víctima contactó con las autoridades, quienes acudieron al sitio de interés y escucharon gritos desde el interior de un inmueble un inmueble, lo que motivó a que irrumpieran en el lugar y encontraran a un hombre que estaba sentado en una cama y con las manos amarradas con una cinta color negro.

Jesús “N” de 32 año;Ulises “N”de 20 años; Ricardo “N” de 19 años; Carlos “N” de 39 años; Hugo “N” de 20 años; Fermín “N” de 30 años y Harumy “N” de 26 años fueron las personas arrestadas y se les identificó como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, además de que en lugar había una tabla con la siglas CJNG.

La Justicia anunció que, tras 2 años de espera, comenzará el juicio por la tragedia en avenida Paraguay donde murieron 5 personas y otros 6 resultaron heridos. Entre el 13 y el 30 de abril se desarrollará la etapa oral donde las familias de las víctimas reclaman una condena ejemplar para el imputado.

El hecho sucedió en avenida Paraguay, ciudad de Salta el 17 de marzo de 2024. El conductor, Luciano López, era un joven de 21 años que manejaba con 1,02 gramos de alcohol en sangre. López perdió el control del vehículo y embistió a 11 personas.

Algunas de las víctimas perdieron la vida de manera instantánea mientras que otras fueron trasladadas al hospital donde los médicos intentaron salvarlos pero no pudieron. Por otro lado, 6 personas resultaron gravemente heridas.

El imputado enfrenta cargos por cinco homicidios simples, dos lesiones graves y cuatro lesiones leves tras el incidente que resultó en cinco víctimas fatales y seis heridos al embestir a un grupo de peatones que salían de locales bailables. El delito prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión y el juicio estará en manos de la jueza Gabriela Romero Nayar.

La causa detalla que López manejaba a 103 km/h, una velocidad considerablemente superior al límite permitido, y presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre de 1,62 g/l de acuerdo al informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Además, el análisis toxicológico detectó presencia de marihuana en orina al momento del hecho, según la acusación presentada por el fiscal Gabriel González.

Por su parte, el abogado querellante, Leonardo López, confirmó con InformateSalta que se realizó una audiencia clave por parte de la defensa del imputado. En esta, se solicitó a la jueza Nayar que el debate se realice con un tribunal de tres jueces.

Luego de este pedido, Leonardo López aseguró: “Entendemos que no corresponde, porque esto ya está planificado desde hace meses. Solo generaría una dilatación del juicio”. Además apuntó: “Los familiares quieren justicia. Vienen esperando esto hace dos años”.

La Justicia sostiene que el acusado por la tragedia en avenida Paraguay, encuadra en el concepto de “dolo eventual” previsto en los artículos 79, 90 y 89 del Código Penal. Esto significa que Luciano López sabía de antemano que su conducta podía causar un daño delictivo y aunque no desee directamente ese resultado, continúa con su acción.

El juicio oral que se extenderá hasta el 30 de abril, contará con 107 testigos, pruebas técnicas, pericias accidentológicas y estudios sobre la velocidad en la que conducía el joven de 21 años que provocó la muerte de 5 personas. Además, se confirmó que el acompañante del vehículo (en un principio también imputado) también será citado para testificar.

Las familias reclaman Justicia

Durante los últimos dos años, los familiares de las víctimas, muchos provenientes de otras provincias, tuvieron que sacrificarse para costear su estadía y asistir a las audiencias del caso. En medio del dolor, lograron organizar actividades solidarias para recaudar dinero.

Las personas que fallecieron en el siniestro vial de avenida Paraguay fueron identificado como: Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. En el episodio, otros cinco sobrevivientes sufrieron heridas graves, algunas de ellas con secuelas permanentes.

El padre de Ruth, trata de describir su dolor: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”. Sobre el avance del caso explicó según El Tribuno: “Esperamos una condena ejemplar. Que esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.

Al respecto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente el triple asesinato ocurrido en la mañana del martes 24 de marzo, al señalar que la ciudad está de luto por lo sucedido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”, indicó Galán en un comunicado.

El mandatario destacó que se trató de un posible triple feminicidio y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas, amigos y la comunidad del sector. “Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”.

Además, consideró que estos hechos evidencian un desafío social urgente: “Casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”.

Hallazgos y acción policial en el barrio Atalayas

En la mañana del martes 24 de marzo de 2026, la Policía de Bogotá informó sobre el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres en una vivienda de la localidad de Bosa.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que la alerta se recibió tras una llamada a la línea 123 hecha por un familiar de las víctimas. El reporte llevó a la intervención inmediata de uniformados y del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes ingresaron a la residencia.

“Con profundo dolor informamos sobre un trágico hecho que ha impactado a una familia en la localidad de Bosa. La llamada de la línea 123 realizada por un familiar de las víctimas alertó a los uniformados, quienes acudieron esta mañana a una residencia ubicada en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa”, sostuvo puntualmente.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años. El presunto agresor, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, fue capturado en el lugar.

Según la información preliminar, el hombre presentaba signos de envenenamiento al intentar atentar contra su propia vida, por lo que fue remitido a un centro médico.

“La Seccional de Investigación Criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, declaró Cristancho.

Investigación judicial y acompañamiento a víctimas indirectas

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Laura Tami Leal, informó que el equipo psicosocial y jurídico de la Secretaría Distrital de la Mujer está en contacto con las víctimas indirectas.

Solicitó a la Fiscalía avanzar con celeridad y rigor en la investigación para evitar cualquier posibilidad de impunidad. Tami Leal enfatizó: “No puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.

De acuerdo con la información disponible, la Policía fue alertada y actuó con rapidez, pero al llegar a la vivienda en el barrio Atalayas, el crimen ya había sido consumado. El presunto feminicida tendrá que responder ante la justicia por el asesinato de su pareja y sus dos hijastras.

En Bogotá, cualquier persona puede denunciar casos de violencia de género o intrafamiliar a través de diversos mecanismos gratuitos y de atención inmediata: (601) 380 8400, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Línea Calma 01 8000 423 614 para hombres, la línea de emergencias 123 y las Casas de Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Un accidente fatal durante una discusión al interior de un vehículo terminó con un arresto que conmocionó al mundo del deporte adaptado en Estados Unidos: Dayton Webber, conocido por ser el primer cuadriamputado en competir a nivel profesional en la American Cornhole League, fue acusado de asesinar de un disparo a Bradrick Michael Wells mientras conducía en Maryland.

La situación impactó no solo a la liga deportiva, sino también a la opinión pública, debido al perfil de Webber como referente de superación personal en ámbitos deportivos inclusivos, un hecho que la propia liga calificó como “un asunto extremadamente grave”, según una declaración recogida por NBC News.

Poco después del incidente, las autoridades localizaron el cadáver de Wells, de 27 años, en el jardín de una residencia en Charlotte Hall, una zona situada aproximadamente a 22 kilómetros al este de La Plata, ciudad de residencia de ambos implicados; un dato confirmado por la oficina del sheriff del condado de Charles e informado por el medio estadounidense USA Today. Webber fue detenido en Charlottesville, Virginia, al ser identificado en un hospital donde buscaba atención médica por una condición no especificada.

Oficiales del condado de Albemarle arrestaron a Webber al recibir el alta médica, con cargos de fugitivo de la justicia y a la espera de extradición para enfrentar imputaciones por homicidio en primer y segundo grado, detalló NBC News.

Las horas críticas tras el disparo: reconstrucción de los hechos

El domingo 22 de marzo de 2026, según reportó el departamento del sheriff de Charles County al medio local WDBJ 7, cuatro personas viajaban juntas y mantenían una relación previa.

Testigos que iban en el asiento trasero aseguraron a la policía que Webber detuvo el vehículo tras el disparo y les pidió que le ayudaran a sacar el cuerpo de Wells. Los pasajeros se negaron y descendieron del auto para solicitar auxilio a la policía de La Plata. Este grupo de testigos constituye el eje sobre el cual la fiscalía construye su caso, como informaron varios medios estadounidenses.

Webber, de 27 años, huyó del lugar con la víctima aún en el automóvil, lo que precipitó un operativo policial a lo largo de diversas jurisdicciones. La búsqueda culminó aproximadamente dos horas después, cuando un residente de Charlotte Hall alertó al 911 sobre un cuerpo en su jardín. Las autoridades confirmaron que el fallecido era Bradrick Michael Wells, también de 27 años.

De símbolo de tenacidad a acusado de homicidio

La figura de Dayton James Webber trasciende por sus logros deportivos. Según un perfil publicado por ESPN en agosto de 2024, Webber perdió brazos y piernas con solo 10 meses de edad, tras sufrir una infección bacteriana que le dejó únicamente 3% de probabilidades de sobrevivir. El propio Webber explicó en el medio estadounidense TODAY en 2023 que la amputación total de sus extremidades fue el resultado de una grave infección por estreptococo neumonía en sangre.

Pese a la adversidad física, aprendió a escribir, conducir karts y finalmente alcanzar la elite del cornhole, disciplina en la que compite de manera profesional. Su canal de YouTube, verificado por el medio estadounidense NBC News, contiene vídeos en los que aparece disparando armas de fuego. Uno de los títulos señala: “No hands no feet shooting (Tiros sin usar las manos ni los pies)”, aludiendo explícitamente a su discapacidad.

La American Cornhole League lo llegó a calificar como “un ejemplo brillante de nuestro lema: cualquiera puede jugar, cualquiera puede ganar”, según se recoge en un video y declaraciones del año 2023.

El proceso judicial en marcha

Tras ser localizado en Virginia, Webber está actualmente bajo custodia y espera ser extraditado a Maryland. Las autoridades detallaron que se le imputarán cargos por homicidio en primer y segundo grado y otros asociados. El caso pone en el centro del debate la situación de personas con discapacidades y su representación en los medios y el deporte.

Hasta el momento, la defensa pública de Charles County y los abogados previos de Webber, quienes anteriormente lo representaron en asuntos de conducción con licencia restringida, no emitieron comentarios, de acuerdo con NBC News.

La American Cornhole League manifestó que continuará informando cuando lo considere apropiado, sosteniendo que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de Bradrick Michael Wells, frase citada por USA Today.

El arresto se llevó a cabo tras exhaustivas labores de rastreo, tanto en España como en otras regiones, con la coordinación de la Comisaría Provincial de Castellón. El proceso respondió a una denuncia internacional canalizada a través de Interpol y culminó con la detención de un individuo de 36 años buscado por las autoridades colombianas, según informó Europa Press. La investigación que permitió ubicarlo comenzó a partir de la recepción de una orden de detención con fines de extradición, solicitada por el sistema judicial de Colombia, debido a una condena vigente de 17 años y 6 meses de prisión por homicidio doloso cometido en 2009.

De acuerdo con Europa Press, el condenado utilizó un objeto contundente en la perpetración del crimen, según la información remitida por las autoridades colombianas a las españolas. El perfil del fugitivo, según el comunicado policial citado por el medio, lo situaba como una persona extremadamente peligrosa, con tendencia a la violencia, considerado propenso a intentar escapar y con posibilidad de portar armas.

Las pesquisas se intensificaron cuando los agentes españoles recibieron indicios sobre su posible desplazamiento a través de diferentes países de Centroamérica, Sudamérica y Europa, incluido el territorio español, presumiblemente con la intención de evitar la acción de la justicia. Las autoridades consignaron que el seguimiento incluyó procedimientos de análisis y contraste de información, así como la revisión de movimientos en varias ciudades por las que podría haber transitado el sospechoso.

Tal como comunicó Europa Press, tras una serie de gestiones operativas, las fuerzas policiales lograron determinar la presencia del fugitivo en la provincia de Castellón. La detención se produjo luego de que la Brigada Provincial de Policía Judicial concentrara sus esfuerzos en la zona, lo que permitió la ubicación y arresto del reclamado.

El hombre arrestado cuenta con antecedentes policiales previos, según el parte comunicado por la Policía Nacional a Europa Press. Luego de su captura, el detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones, donde se inició el trámite formal correspondiente conforme a la legislación española y en estrecha coordinación con las autoridades de Colombia.

La operación ha sido destacada, según publicó Europa Press, como resultado de la colaboración policial internacional, que facilitó tanto la circulación de información relevante sobre el sospechoso como el intercambio de datos sobre sus movimientos recientes. El caso permanece abierto a efectos de diligencias administrativas y judiciales hasta que se resuelva el proceso de extradición y el reclamado sea entregado a las autoridades solicitantes en Colombia para el cumplimiento de su condena.

La Fiscalía ha retirado su acusación contra dos de los once procesados, el padre del presunto autor de la puñalada mortal y el hijo del acusado que sufrió una herida grave, después de considerar que no participaron directamente en los hechos. Según consignó el medio Europa Press, este desarrollo se produjo en el contexto del proceso judicial por la muerte de un hombre de 48 años en 2020, tras una reyerta registrada en la barriada de El Torrejón, en Huelva. El tribunal popular inició la deliberación tras la exposición de los argumentos finales, en un proceso marcado por la existencia de diversas interpretaciones de lo sucedido y un intenso debate entre las partes acerca de la responsabilidad penal de los acusados.

De acuerdo con Europa Press, en la última sesión del juicio, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, la mayoría de los acusados ejerció su derecho a la última palabra. Diez de los once procesados, excluyendo al señalado como autor material de la puñalada mortal, se declararon inocentes y solicitaron a través de sus defensas un veredicto de "no culpabilidad", argumentando la inexistencia de pruebas que permitan fundamentar una condena por homicidio o asesinato.

Europa Press reportó que las defensas han pedido al jurado la absolución de sus representados en base al principio de presunción de inocencia e invocaron el principio de 'In Dubio Pro Reo', recordando que cualquier duda en la valoración de la prueba debe resolverse a favor de los encausados. Uno de los letrados de la defensa expresó: "No hay huellas, no hay armas, no hay nada", subrayando la supuesta carencia absoluta de pruebas incriminatorias y pidiendo la aplicación de atenuantes de legítima defensa y dilaciones indebidas si procede.

En las conclusiones finales, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 15 años de prisión para el principal acusado por homicidio y solicitó 13 años para cuatro procesados más por el mismo cargo. Para los otros acusados, pidió cuatro años por un delito de lesiones cualificadas. El abogado de la acusación particular que representa a varios hermanos de la víctima respaldó la petición fiscal, aunque otro representante de la acusación —en nombre de otra de las hermanas— planteó una rebaja de la calificación jurídica de asesinato a homicidio y solicitó para el tío del principal acusado 15 años de prisión, al aducir reincidencia, así como 13 años para el resto, al considerar que todos habrían participado de alguna manera en la muerte del hombre.

Por otra parte, la acusación particular que representa al fallecido, a la madre y a uno de los hermanos sostuvo su solicitud inicial, defendiendo que existió asesinato con alevosía y ensañamiento. Atribuyó a los once acusados la "autoría conjunta" y pidió 25 años de cárcel para cada uno. Desde esa posición, el letrado recalcó la existencia de 29 lesiones documentadas en el cuerpo de la víctima como prueba de la intensidad de la agresión. Argumentó que estos hechos supondrían un "plus de sufrimiento" y reiteró que cuando la víctima se hallaba en el suelo, los golpes continuaron, lo que, en su opinión, evidenciaría alevosía y ensañamiento.

El fiscal, según detalló Europa Press, sostuvo que el fallecido portaba un cuchillo de entrada, aunque uno de los acusados resultó herido por dicha arma, hecho que, según el fiscal, pudo haber sido mortal. El Ministerio Fiscal dejó claro que no considera que existan alevosía ni ensañamiento, pero cree demostrado el abuso de superioridad, dado que el ataque se produjo en una proporción de "once contra uno". Argumentó que un grupo de personas que no tiene intención de matar "no contribuye a la situación de indefensión" de la víctima con tal desproporción numérica. Asimismo, mencionó que en la camiseta del principal acusado se hallaron restos de sangre del fallecido y del hermano del acusado, quien también resultó apuñalado.

El segundo abogado de la acusación particular situó el caso dentro del delito de homicidio, calificando a todos los acusados como "coautores necesarios" independientemente de las lesiones específicas causadas por cada uno. Cuestionó por qué se llamó de manera urgente al principal acusado a la vivienda de su padre después de una supuesta conciliación con el hermano de la víctima, argumentando que la rápida convocatoria podría indicar una preparación para la agresión que acabó con la vida del hombre.

La tercera acusación particular rechazó la narrativa según la cual la víctima habría causado la confrontación por acoso a una menor, hija del principal acusado, subrayando que "no se ha logrado acreditar" esa hipótesis y que el problema inicial estaba relacionado con una fuga de agua. Según esta parte, si la víctima efectivamente hubiese ido en busca del principal acusado portando un cuchillo, resulta dudoso que el cadáver y las armas hallados estuvieran a 200 metros de la casa del padre del presunto autor material.

En cuanto al desarrollo previo al suceso, Europa Press consignó discrepancias relevantes en las versiones presentadas por familiares de las partes. Las defensas alegaron que los testimonios han sido inconsistentes a lo largo de la instrucción y en el juicio, y apuntaron que las declaraciones iniciales cambiaron en varias ocasiones. Según los abogados defensores, varias testigos declararon haber estado presentes durante la reyerta, aunque la defensa sostiene lo contrario. Además, destacaron que los acusados han permanecido en libertad porque, en opinión de la jueza instructora, las declaraciones de los familiares de la víctima no reunían criterios de coherencia.

Las partes también difirieron en la interpretación de los hallazgos forenses y policiales. En relación a los tiempos, el fiscal refirió que las llamadas a Emergencias 112 por parte de las hermanas se efectuaron a las 13:20 horas, mientras que la pelea comenzó a las 13:30 y el fallecimiento ocurrió a las 13:45, conforme a los informes del forense. El acusado principal admitió en su declaración haber participado en el enfrentamiento y portar un palo durante la riña. Tanto el atestado policial como las pruebas periciales y testimonios aportados en el juicio han sido clave para las acusaciones, que defienden que todos los procesados actuaron con intención de causar la muerte.

En cuanto a las solicitudes finales, las defensas insistieron en que la falta de pruebas directas imposibilita una condena, subrayando la inexistencia de elementos materiales incriminatorios como armas, huellas o evidencias físicas directas. Consideran que solo procedería condenar a su defendido principal por lesiones y siempre con atenuantes.

El jurado recibe este martes el objeto del veredicto y queda habilitado para comenzar la deliberación, en la que deberá analizar las pruebas presentadas, los argumentos de las partes y decidir la responsabilidad penal de los acusados por los delitos imputados en relación a los hechos ocurridos en la barriada de El Torrejón de Huelva en 2020, detalló Europa Press.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, presentó el pasado 17 de marzo ante la Asamblea Legislativa, una propuesta para reformar el artículo 27 de la Constitución de la República, para aplicar la condena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas en El Salvador.

En este contexto, los abogados penalistas Rosina Valiente y Miguel Ángel Cárcamo; y el abogado constitucionalista Alberto Alfaro Alvarado aclararon, en entrevista con Infobae, diversas dudas sobre el cambio constitucional y su aplicación en materia de derecho.

¿En qué consiste la reforma al artículo 27?

Alfaro Alvarado: Esta disposición históricamente respondía a una tradición constitucional que tenía su arraigo en principios de dignidad humana y reinserción social, y esto digamos, es parte del constitucionalismo salvadoreño de posguerra. Con la reforma aprobada al artículo 27, se introduce una excepción a la prohibición, porque se mantiene, en términos generales, la regla, pero se establece que la pena perpetua podrá imponerse cuando el delito cometido sea homicidio, violación o terrorismo.

Es una excepción que se puede considerar de catálogo cerrado, puesto que se enumeran taxativamente cuáles son los delitos que habilitan a ese tipo de penas perpetuas.

¿Cuáles son las implicaciones al reformar este artículo?

Cárcamo: El Salvador, desde hace tiempo, viene optando por un derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Hay dos formas de derecho penal o dos corrientes. Una es el clásico, que es un derecho penal garantista, y el derecho penal del enemigo, que tiene la finalidad de neutralizar y sacar de la sociedad al delincuente. Entonces, cuando se hace este tipo de reforma, lo que se está haciendo es habilitando la posibilidad de que se pueda neutralizar a las personas que cometen este tipo de delitos a través del sistema judicial con la imposición de una condena.

¿Qué vamos a entender por una pena perpetua?

Alfaro: Pena perpetua es una pena indeterminada, en primer lugar, porque se impone de por vida y se considera, la pena como tal, se considera una venganza de parte del Estado.

¿Qué significa el término terrorista?

Cárcamo: La Sala de lo Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En esta sentencia, la sala dio un concepto de terrorismo y dijo que es el ejercicio sistemático y organizado de la violencia con la finalidad de infundir terror en la población y arrogarse funciones inherentes al Estado. En esa sentencia, la sala califica que las pandillas imperantes aquí en El Salvador eran catalogadas como terroristas.

Alfaro: El legislador es quien va a tener el margen para definir estos actos de terrorismo y va a estar vinculado por un concepto constitucional de delito que desde luego va a limitar el poder punitivo del Estado.

Si revisamos la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, pues vamos a ver que es una ley que ya tiene alguna vigencia y ahí se define como organizaciones terroristas aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura y que de ella nacen vínculos que de alguna medida se puedan considerar como estables o permanentes, que tienen una jerarquía y una disciplina, y que cuentan con medios entendidos como idóneos y son pretendidos para la utilización de métodos violentos o inhumanos, con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los estados o incluso afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países.

Con la reforma a la Constitución que ya se hizo, ¿Cómo es ahora el proceso de ratificación?

Alfaro: Ya está establecido que se pueda ratificar con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos, sin necesidad de esperar una siguiente legislatura.

¿A partir de cuándo los jueces podrán imponer esta condena? ¿Cuándo podría entrar en vigencia la reforma?

Alfaro: aparecerá publicado en el Diario Oficial número 53, tomo número 450, correspondiente al mismo 17 de marzo; entonces, la reforma entra en vigencia con posterioridad al 17 de marzo (ocho días después), en este caso se cuentan días calendario.

Actualmente se está viendo que la Fiscalía impone hasta 400 años como condena. ¿Qué va a cambiar con esta reforma?

Alfaro: Según un doctrinario denominado Gary Becker, las penas de 200, 300 o 400 años que los tribunales puedan imponer van a ser producto de acumulación aritmética de condenas por múltiples delitos; entonces, son penas numéricamente determinadas, que no se pueden ejecutar, porque una vida humana es imposible que pueda cumplir 400 años de cárcel; entonces cumplen más bien una función simbólica de registro de la gravedad acumulada de la conducta, pero en términos de privación efectiva de libertad, equivalen a la muerte en prisión.

En ese contexto, la pena perpetua introduce una diferencia de naturaleza jurídica, porque no necesariamente va a tener una duración práctica, porque tienen una duración indeterminada, perpetua.

En este momento hay reos que están esperando juicio, para ellos podría aplicar la cadena perpetua; es decir, ¿se podrá aplicar para los procesos que ya están abiertos?

Cárcamo: La doctrina establece principios. Principio de legalidad, por ejemplo. Una persona no puede ser juzgada por un hecho que no sea delito en el momento que lo cometió. Y si es delito, se le debe aplicar la ley de comisión, o la ley del hecho, o la ley del tiempo en que se cometió el delito, por principio de legalidad.

En el caso de las leyes penales, solo puede tener efecto retroactivo, es decir, hacia atrás, cuando es en beneficio del procesado o del condenado. Eso está en la Constitución.

Con la reforma a la Constitución también se reformarán otras leyes secundarias, ¿sabe qué artículos exactamente podrían modificarse de estas leyes?

Valiente: Empecemos por el Código Penal, tiene que cambiarse en el artículo 158, que establece la violación. En cuanto al homicidio, el 129 y 128. Las agravantes podría que tuvieran una modificación. La Ley Especial de Actos de Terrorismo, va a ser modificada. ¿Quién va a con ser considerado terrorista? Va a tener que haber una nueva definición para mí, porque no solo el que altere el orden público y el que genere caos y terror en la población, porque ya sabemos quiénes.

La Ley Especial integral para una Vida Libre de Violencia Contra la Mujer. Entonces, pudiera haber una reforma en La ley Penal juvenil también.

Cárcamo: Habría que ver específicamente si se va a aplicar la pena perpetua al homicidio simple y al agravado o solo al agravado. Ahí va a ser cuestión ya del legislador. La violación, si va a ser para todos los casos de violación o en algunos casos en específico.

La Ley Penal juvenil, hay que ver en qué casos específicos se va a considerar o aplicar la pena perpetua. Y en el caso de la Ley especial contra actos de terrorismo, ya las penas son bastante severas, creería yo que vamos a tener que seleccionar en qué casos se va a aplicar, porque no todos los delitos van a ser objeto de pena perpetua.

¿A un menor de edad se le podrá dar cadena perpetua con el cambio a las leyes secundarias?

Alfaro: Sí, de hecho, el estándar internacional lo permite. Litigios similares han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Valiente: Desde los 11 años se considera que es un menor. Hay niños que fueron reclutados por las pandillas desde los siete años y no les podían aplicar la ley porque eran menores. El equipo era muy condescendiente cuando el niño era, era el responsable y te decían: “Mire, cometió un homicidio, pero yo me voy a hacer cargo de él”. Y hay muchos de estos menores que incluso quedaron sin juzgar, porque salieron de esa pena y ya no más. Entonces, habría que analizar cada caso.

Según datos preliminares, fuentes cercanas a la investigación indican que el fuego, originado en una edificación de nueve plantas ubicada en la calle Nikolo Tamskaya, en el centro de Moscú, se habría iniciado en la zona de la escalera de la segunda planta. Las autoridades rusas informaron sobre la detención de un hombre señalado como responsable de provocar el siniestro, que hasta el momento ha dejado al menos cuatro fallecidos y varios heridos, aunque el número de lesionados todavía no ha sido confirmado oficialmente. Según publicó la agencia rusa de noticias Interfax, el sospechoso sería un residente del mismo edificio.

El Comité de Investigación de Rusia explicó que se ha abierto un proceso para esclarecer tanto el origen exacto del fuego como la eventual tipificación legal de los hechos. De acuerdo con lo reportado por Interfax, los cargos preliminares que podría enfrentar el detenido contemplan tanto la acusación de homicidio múltiple como la de negligencia, ya que el incendio afectó a varias personas y derivó en un proceso penal.

El medio Interfax detalló que el incendio ya fue extinguido por los equipos de emergencia tras desatarse en la céntrica vivienda. Las primeras informaciones señalaban la posibilidad de que cinco personas hubieran resultado heridas, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente esta cifra.

En paralelo a las labores de extinción, los equipos de rescate procedieron a la identificación de las víctimas mortales, que suman hasta ahora cuatro personas. Interfax consignó que las investigaciones continúan y que aún permanecen abiertas varias líneas para analizar cómo se desató el fuego y cuál pudo ser la motivación del individuo arrestado, a quien se vincula directamente con el origen del incendio.

Las autoridades explicaron que, a medida que avanza el proceso, el detenido podría enfrentar cargos formales por homicidio en perjuicio de dos o más personas, así como por posibles actos imprudentes que contribuyeron a la tragedia.

El Comité de Investigación de Rusia puntualizó que se revisa el historial reciente de incidentes en el inmueble, mientras los servicios de emergencia evaluaban los daños materiales causados por el incendio y prestaban asistencia a los posibles afectados.

En este contexto, tanto los investigadores como los peritos técnicos continúan recabando pruebas en la escena con el objetivo de determinar con precisión la secuencia de acontecimientos que desembocaron en el siniestro. Según consignó Interfax, hasta la fecha no se han difundido datos concluyentes sobre el número de intoxicados o heridos leves.

La información divulgada por Interfax sugiere que el incendio impactó considerablemente en la comunidad residente en la zona, en tanto las autoridades locales y el Comité de Investigación mantienen abiertas sus diligencias para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades penales conforme avance el proceso judicial.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga resalta que, tras la agresión, el acusado envió a una amiga una fotografía del cadáver, acción que la resolución judicial considera un elemento relevante para describir el desarrollo y la intencionalidad de los hechos ocurridos en la zona del Barranco de Maro, en Nerja. Según informó el medio responsable de la cobertura, el tribunal ha condenado a un hombre de nacionalidad alemana a doce años de prisión por la muerte de un vecino y causar graves lesiones a otro, todo en un contexto de conflictos vecinales prolongados en un asentamiento de cuevas en esta localidad malagueña.

El hecho, según lo consignó la Audiencia de Málaga y publicó el medio citado, se produjo en septiembre de 2023, cuando se intensificaron las tensiones preexistentes entre el condenado y la víctima principal. La sentencia señala la existencia de “fuertes desavenencias” entre ambos, quienes residían en las inmediaciones de las cuevas habitadas. El día de los hechos, la víctima, junto con otro hombre, se aproximó en repetidas ocasiones a la parcela delimitada por lonas del ahora condenado, realizando actos de provocación y derribando parte de aquellas, mientras profería gritos.

El fallo judicial, reportó el medio, indica que poco antes de la agresión, el acusado contactó sin éxito telefónicamente con la Guardia Civil de Nerja, imposibilitado de transmitir adecuadamente la situación por barreras de idioma. También pidió ayuda a una amiga, quien tampoco pudo acudir al lugar. Ante la persistencia de la tensión, el hombre se preparó con protección física y esperó armado la posible llegada de los vecinos.

Según las conclusiones del juicio, citadas por la Audiencia de Málaga, tras una nueva provocación verbal, el acusado inició un enfrentamiento directo con la víctima, a quien golpeó varias veces utilizando una barra de hierro de noventa centímetros reforzada con tuercas. Los impactos alcanzaron cabeza, cara, tórax y extremidades, causándole heridas descritas como incompatibles con la vida. Los forenses determinaron que la causa principal del fallecimiento fue un traumatismo cráneo-encefálico severo que incluyó hundimiento craneal y fracturas faciales.

El otro vecino, testigo y acompañante de la víctima, también sufrió lesiones de gravedad. El tribunal relató que el condenado lo atacó con la misma barra, impactándole en la muñeca, y luego intentó apuñalarlo en la cabeza. La víctima logró evitar un desenlace fatal al sujetar la mano del agresor y escapar, pese a que tenía ya una herida de cuchillo en el antebrazo. El medio precisó que este segundo afectado pudo huir del lugar y posteriormente prestar su testimonio ante las autoridades.

La decisión judicial desglosa que el acusado fue condenado a diez años de prisión por homicidio y a dos años adicionales por lesiones graves contra el segundo hombre. La sentencia también recoge la obligación de indemnizar con 120.000 euros a la madre del vecino fallecido, y de determinar en fase de ejecución la compensación económica al superviviente, una vez se cuente con la valoración médica definitiva de las lesiones sufridas.

Según el dictamen de la Sala y del jurado popular, los hechos se produjeron en un “contexto belicoso” derivado del conflicto interpersonal existente entre el acusado y la víctima principal, con múltiples episodios de provocación y enfrentamientos verbales en las proximidades del asentamiento. El procesado, tal como recogió el veredicto, actuó de manera insistente y reiterada, propinando varios golpes a la víctima incluso cuando esta se encontraba desarmada e incapaz de defenderse, lo que elimina la aplicación de la circunstancia atenuante de legítima defensa alegada por la defensa.

El medio detalló que, durante el proceso, los magistrados descartaron la existencia de un ataque previo por parte del vecino fallecido contra el acusado, a la vez que contextualizaron la inquietud del procesado por los gritos, amenazas y destrozos en los límites de su parcela. Sin embargo, subrayaron que la respuesta desmedida del agresor, que incluyó el uso prolongado de la barra de hierro y el ataque con arma blanca, excedió cualquier reacción defensiva y derivó en la muerte violenta del residente local. La Audiencia de Málaga, según publicó la prensa, resolvió así no mitigar la pena e imponer las sanciones máximas previstas para los delitos de homicidio y lesiones constatados por el tribunal y el jurado.

Según fuentes municipales citadas por Europa Press, el fallecimiento del hombre de 70 años se produjo tras haber resultado gravemente herido durante una disputa de tráfico en Burgos. El hecho llevó al Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad a decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto agresor, un varón de 45 años, quien se encuentra imputado por un delito de homicidio mientras continúa la investigación judicial.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del jueves 19 de marzo en la calle Rey Don Pedro, donde, según la información publicada por Europa Press, ambos implicados mantuvieron una acalorada discusión en plena vía pública. Durante el enfrentamiento, el investigado presuntamente propinó un empujón a la víctima, quien cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El agresor abandonó el lugar tras la agresión, lo que motivó la intervención policial tras la llamada de alerta recibida por los servicios de emergencia.

Personal sanitario y agentes de policía atendieron a la víctima en el lugar, antes de que fuera trasladada al hospital, donde permaneció en estado muy grave hasta su fallecimiento, reportó Europa Press. Al mismo tiempo, los funcionarios policiales se encargaron de recabar testimonios de los testigos presentes en la escena, lo que permitió avanzar en la investigación y culminó con la detención del principal sospechoso al día siguiente de los hechos, detalló el mencionado medio.

La autoridad judicial responsable del caso, específica Europa Press, dispuso el ingreso en prisión del presunto agresor con carácter provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza. La calificación penal inicial es de homicidio, si bien el tribunal dejó abierta la posibilidad de una futura modificación de dicha calificación conforme avancen las diligencias. La instrucción sigue su curso para determinar con precisión las circunstancias y responsabilidades derivadas del enfrentamiento.

El caso ha originado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes fueron testigos del despliegue policial y sanitario en el lugar del suceso. Europa Press señala que las autoridades continúan realizando averiguaciones para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar si existieron agravantes o atenuantes en la actuación del encausado, cuyo nombre no ha trascendido en cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales.

Las actuaciones policiales y judiciales se desarrollaron en coordinación, priorizando tanto la atención sanitaria a la víctima como la recopilación de información relevante para la causa. El anuncio de la medida cautelar de prisión, según informó Europa Press, responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo de la investigación.

El Tribunal de Instancia 3 de Burgos mantiene abierta la investigación bajo estrictas medidas de seguridad, y el presunto autor permanece privado de libertad sin opción a fianza mientras se practican las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del suceso y las causas exactas del fallecimiento.

Siete personas fueron detenidas en el municipio de La Paz, Estado de México, por su posible vínculo con el homicidio de una mujer y un menor de edad ocurrido el pasado 13 de marzo en la colonia Tecamachalco.

El operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La investigación incluyó análisis de videovigilancia que permitió identificar vehículos presuntamente utilizados durante el ataque y ubicar a los sospechosos en distintos puntos del municipio.

En la primera acción fueron detenidos Daniel “N” e Isis “N”, quienes viajaban a bordo de uno de los vehículos señalados en el análisis videográfico. Posteriormente, en una segunda ubicación, fueron asegurados Agustín “N”, José “N” y Juan “N”, así como Yesenia “N” e Iris “N”. En esa misma acción se decomisaron tres motocicletas y 40 dosis de la droga conocida como cristal.

De acuerdo con la información oficial, una motocicleta y un mototaxi habrían participado en el ataque, lo que permitió orientar la búsqueda hacia las unidades identificadas en las imágenes captadas en la zona.

El reporte del ataque

El ataque fue reportado mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1, donde se informó sobre disparos contra dos personas en la vía pública, tras lo cual se activaron los protocolos de investigación y se revisaron las cámaras cercanas al lugar, lo que permitió reconstruir los movimientos relacionados con el hecho.

Los siete detenidos, junto con los vehículos y las dosis de droga aseguradas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

Las indagatorias continúan para establecer el grado de participación de cada uno de los implicados y su posible relación con el crimen.

Hace diez años, en la madrugada del 2 de marzo de 2016, el silencio de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, fue roto por disparos que no solo terminaron con la vida de una mujer, sino que intentaron decapitar uno de los movimientos sociales más potentes de América Latina.

Tras cumplirse una década del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, el caso se erige como un monumento a la persistencia de la justicia popular frente a las estructuras de poder corporativo y militar.

Berta no era una víctima al azar. Como cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del prestigioso Premio Goldman en 2015, su voz era el principal obstáculo para el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

La represa, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, representaba para el pueblo Lenca una profanación de su territorio sagrado y una amenaza a su subsistencia.

La trama del chat “Seguridad PHAZ”

Lo que en un principio las autoridades hondureñas intentaron calificar como un “crimen pasional” o un robo común, pronto se reveló como una operación de inteligencia militar meticulosamente planificada. La pieza clave que desmoronó la narrativa oficial fue la evidencia digital.

Investigaciones posteriores sacaron a la luz el grupo de WhatsApp denominado “Seguridad PHAZ”. En este espacio virtual, directivos de DESA, exmilitares y especialistas en seguridad privada intercambiaban información de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de Berta.

El “plan de ataque” no fue un impulso; fue una estrategia de desgaste que incluyó amenazas de muerte, hostigamiento judicial y, finalmente, el contrato de sicarios.

El rompecabezas de la justicia: Condenas y eslabones

En 2019, la justicia hondureña dictó las primeras sentencias contra siete autores materiales, incluyendo a exmilitares como el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Bustillo. Sus condenas de entre 30 y 50 años enviaron un mensaje inusual en un país con niveles de impunidad superiores al 90%.

Sin embargo, el verdadero hito ocurrió en 2022 con la condena de Roberto David Castillo, presidente de DESA y exoficial de inteligencia militar. Castillo fue identificado como el “eslabón clave”, el hombre que utilizaba sus habilidades de inteligencia para coordinar la vigilancia y financiar la logística del asesinato.

Su sentencia de 22 años y 6 meses, ratificada recientemente, marcó la primera vez que la autoría intelectual de un crimen de esta índole llegaba a las altas esferas corporativas.

2026: La justicia a medias y la sombra de los Atala

A pesar de los avances, al llegar a este décimo aniversario, el clamor por “justicia completa” sigue vigente. El foco de la atención pública y de la comunidad internacional se centra ahora en la estructura financiera y la cúpula de toma de decisiones.

A inicios de este 2026, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha aportado nuevos hallazgos que vinculan a miembros de la influyente familia Atala Zablah con la planificación del crimen.

Daniel Atala Midence, exgerente financiero de la empresa, continúa prófugo de la justicia con una orden de captura internacional. Para las hijas de Berta y el COPINH, la condena de los sicarios y del enlace militar es solo la superficie; la impunidad persiste mientras quienes financiaron el operativo no se sienten en el banquillo de los acusados.

El río Gualcarque fluye hoy sin la represa que Berta combatió. El juicio continúa, la búsqueda de los autores intelectuales remanentes sigue activa y la memoria de “La Guardiana de los Ríos” se ha multiplicado en miles de jóvenes que hoy, 21 de marzo de 2026, marchan por las calles de Tegucigalpa exigiendo que la justicia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de los pueblos.

El sospechoso registraba múltiples pedidos de captura por delitos graves. Una de las causas por homicidio, incluso, se inició cuando aún era menor de edad.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, que lo localizaron y detuvieron en la calle Martín Rodríguez al 800, a pocas cuadras del estadio Alberto J. Armando.

De acuerdo con la investigación, el acusado permanecía oculto en el barrio y contaba con la colaboración de vecinos para evadir a la Justicia.

El detenido, cuya identidad no fue difundida, era buscado, entre otros hechos, por un homicidio ocurrido el 23 de enero del año pasado. A unas tres cuadras del lugar de su captura, en Necochea al 1200, se había reunido con dos hombres y, en medio de una discusión, efectuó varios disparos.

Como consecuencia, uno de ellos murió y el otro resultó herido, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.

A partir de las tareas de campo, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la casa en donde se ocultaba y lograron detenerlo cuando salió a la calle.

El imputado también registraba antecedentes y causas penales iniciadas durante su minoría de edad. La primera causa por homicidio se remonta a antes de cumplir los 18 años y derivó en una orden de captura emitida el 13 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Menores N°1.

Además, sobre él pesaba un pedido de captura del 30 de marzo de 2023, dispuesto por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, por abuso de arma de fuego, y otro del 23 de noviembre de 2022, dictado por el Juzgado de Menores N°3, por robo agravado por su comisión con arma de fuego en poblado y en banda.

Finalmente, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de Alejandra Provitola, que ordenó su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

En febrero pasado, un peligroso delincuente de la Ciudad de Buenos Aires fue arrestado tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad en el barrio de La Boca. Se trata de “Dengue”, un hombre identificado por las autoridades como el autor de al menos tres robos a mano armada en comercios de la zona durante enero. Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la captura se concretó durante un allanamiento en un conventillo de Garibaldi al 1300.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C, quienes reportaron asaltos violentos en distintos locales del barrio. De acuerdo con el reporte, la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, encabezada por Susana Callejas, dispuso la intervención de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4). El objetivo fue identificar al responsable de los robos cometidos en un kiosco de Brandsen, una panadería sobre Aráoz de Lamadrid y un pet shop ubicado en Isabel la Católica.

Las averiguaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y la búsqueda de patrones en los hechos. Así, los investigadores lograron identificar a un hombre apodado “Dengue” como principal sospechoso. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud y la Secretaría 55 de Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

Durante la requisa, el personal policial secuestró prendas de vestir que el delincuente habría utilizado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris. Según la información obtenida por Infobae, estos elementos coinciden con los objetos descriptos por las víctimas y registrados en las imágenes de videovigilancia.

El modus operandi delictivo, según señalaron voceros del caso, consistía en ingresar armado a los comercios y amenazar a los empleados o propietarios para sustraer dinero y pertenencias. Luego escapaba rápidamente.

En este sentido, los investigadores no descartan que el detenido esté vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona en los últimos meses.

El “Dengue” quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, que continúa las diligencias para determinar la posible existencia de cómplices y el alcance de la actividad delictiva del imputado.

La noche del lunes 16 de marzo, una discusión en una propiedad de Fallbrook, California, terminó en tragedia cuando un hombre armado disparó contra dos trabajadores de jardinería. El resultado fue la muerte de Martin Lucas Esteban, inmigrante guatemalteco, y lesiones de consideración a otra persona, quien recibió el alta médica horas después.

Michael Anthony Burke, de 70 años, enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza. El incidente ocurrió cerca de las 20:00 en la cuadra 3800 de East Mission Road, que movilizó a agentes del Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

A su llegada, encontraron a dos hombres con lesiones de consideración. A pesar de los esfuerzos médicos, uno falleció en el lugar por una herida de bala. Según trascendió, el hecho se originó tras una acalorada discusión entre el presunto agresor y los trabajadores, según testigos y registros policiales.

Detalles del altercado y la detención

Las investigaciones señalan que Burke, residente y cuidador de una propiedad adyacente, inició una confrontación verbal que escaló. Un video muestra a Burke armado con una escopeta, amenazando a los trabajadores dentro de una camioneta. En la grabación se escuchan expresiones como: “¿Quieres morir hoy? Te mato ahora. No juegues conmigo. ¿Sabes en español o en inglés?”, dichas por el agresor.

El enfrentamiento físico ocurrió cuando el pasajero del vehículo intentó desviar el arma. Durante el forcejeo, se disparó el arma, provocando la muerte de Esteban. La otra víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue hospitalizada y luego dada de alta, según informes del sheriff y de medios locales como 10 News San Diego y Patch California, sitio informativo regional.

Investigación y antecedentes del sospechoso

Los detectives de homicidios del condado de San Diego asumieron la investigación, entrevistando a testigos y recabando pruebas para esclarecer el motivo exacto y las circunstancias del altercado. Hasta el momento, las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado, sin amenaza para la población. Burke fue arrestado poco después de los hechos y trasladado al Centro de Detención Vista, donde permanece a la espera del proceso judicial.

Según el propietario de la vivienda donde trabajaba Esteban, Alan Hsu, el sospechoso tenía una reputación de “carácter irascible”. Hsu detalló que Burke residía en una parcela vecina y solía mostrarse hostil con quienes transitaban por la zona.

La víctima había sido invitada al lugar para colaborar en tareas de jardinería y, de acuerdo con su hija, era conocido por ayudar a amigos y familiares en trabajos similares.

Contexto comunitario y reacciones familiares

El asesinato de Esteban, quien emigró de Guatemala en busca de mejores oportunidades, generó conmoción entre sus allegados. Martina Lucas, hija del fallecido, expresó su dolor en declaraciones a la prensa: “Ese hombre no tuvo corazón al matarlo. Mi padre no merecía morir”.

La comunidad de Fallbrook, una localidad ubicada aproximadamente a 160 km al sureste de Los ángeles, quedó afectada por los hechos. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para aportar información relevante y habilitaron líneas telefónicas para denuncias anónimas.

Avances judiciales y situación procesal

Burke fue presentado ante la justicia el jueves posterior al incidente, donde se declaró no culpable de los cargos imputados. El acta de acusación detalla que cada uno de los delitos podría conllevar una condena de 25 años a cadena perpetua. Hasta el momento, no se confirmó si cuenta con representación legal; la oficina del defensor público local no respondió a las consultas de la prensa.

El caso continúa abierto y bajo investigación, mientras la familia de la víctima exige justicia y la comunidad espera que se esclarezcan los hechos en su totalidad. El Departamento del Sheriff reiteró que cualquier testimonio será recibido de forma confidencial para contribuir a la resolución del caso.

Un cuidacoches fue detenido en Paraná tras asesinar de una puñalada a la pareja actual de su exnovia. Las autoridades policiales continúan la investigación para esclarecer las circunstancias exactas y determinar los cargos que enfrentará el detenido.

Tras un enfrentamiento físico, el agresor atacó a la víctima y actual pareja de su ex, acabando con su vida. Según comentaron las fuentes policiales a ElOnce, la víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla quien falleció por una puñalada en el corazón el viernes a las 11.30 en Paraná, Entre Ríos.

Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y era el ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima, según confirmó la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano.

Cecilia Galiano confirmó: “A las 11.30 de este viernes se recibieron varios llamados al 911 que daban cuenta de una persona lesionada a la altura del pecho, y se encontraba en las inmediaciones a avenida Laurencena y calle Dorrego”.

La policía informó que el homicida, de 32 años, fue aprehendido luego de que personal de videovigilancia rastreara su recorrido por cámaras de seguridad, hasta localizarlo en calles Garay y Buenos Aires. Por otro lado, la víctima fue hallada en la vía pública, con una navaja incrustada en el pecho e inmediatamente fue trasladado al hospital San Martín, donde falleció pese a ser operado.

El origen del altercado, de acuerdo con lo relatado por la subjefa, fue una pelea entre la mujer y Lederhos. El comisario explicó el episodio y relató: “En principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal”.

Lederhos quedó alojado en Alcaidía de Tribunales y está a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, con intervención de Valeria Vilchez. Las autoridades confirmaron que el detenido tiene antecedentes penales y reside en el barrio El Morro. “Tiene antecedentes por robo, hurto y riñas callejeras, pero también registra denuncias previas por violencia de género”, explicó Galiano.

Caso similar

Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado por el ex de su novia en Florencio Varela. El ataque, perpetrado por Néstor Sebastián Cabañas, tuvo lugar cuando el acusado citó a la víctima, supuestamente para aclarar asuntos relacionados con el hijo que este comparte con su ex. El hecho sucedió a fines del año pasado y los familiares siguen buscando visibilización.

Amigos, vecinos y familiares de la víctima afirman que se trató de una emboscada: según detalló la madre de Gómez Núñez a Prensa Obrera, el hijo del agresor presenció días antes a su padre afilar el machete con el que luego cometió el homicidio. Esto para la familia, refuerza el carácter premeditado del crimen.

El asesino, que ejerce como guía de caza (un dato que, según remarcaron allegados, lo convierte en una persona experta en el uso de armas), atacó a Gómez Núñez con un machete y le produjo heridas mortales en el corazón y el rostro, con desprendimiento de tejido, de acuerdo con el relato de los testimonios.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio simple. Sin embargo, la familia reclama que sea encuadrada como homicidio transversal o “femicidio vinculado”. Este pedido se debe a las repetidas denuncias por violencia de género que realizó la expareja de Cabañas. Esta figura considera la motivación de causar daño a una mujer mediante el asesinato de una persona cercana, y su reconocimiento habilitaría una pena mucho mayor.

La persistencia de casos de extrema violencia en contextos de género, aun mediando denuncias previas y pedidos de protección, pone en cuestión la eficacia del sistema estatal argentino para garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus entornos.

El viernes 20 de marzo, condenaron a prisión perpetua al coautor del doble crimen de los adolescentes de 14 y 15 años: Eric Galli y Valentín Solís. Los dos menores fueron baleados por error a metros de una comisaría y hace pocas horas dieron a conocer el fallo.

El tribunal condenó por homicidio a Franco Saavedra, de 23 años y los jueces Hebe Marcogliese, Mariano Aliau y Facundo Becerra le impusieron la pena máxima. Además, el tribunal lo consideró partícipe en una tentativa de homicidio previa, enmarcada en la misma lógica de violencia territorial y vinculada a un entorno caracterizado por la circulación de armas y economías ilegales.

El trágico hecho ocurrió durante la tarde del 24 de noviembre de 2022 en el barrio Triángulo y Moderno en Rosario. Mientras las dos victimas y un amigo más compartían una gaseosa, tres jóvenes se les acercaron y los atacaron con armas semiautomáticas.

Saavedra fue absuelto del cargo de portación de arma de guerra “por el beneficio de la duda”, en palabras del tribunal, aunque fue considerado probable acompañante del tirador. El hecho concreto que motivó la pena máxima fue el asesinato de Eric Galli y Valentín Solís.

Los hechos y la investigación

Franco Saavedra llegó acompañado por un menor de edad, identificado como Alexis A., y un tercer cómplice hasta una escalera en la dirección Sanguinetti al 5600. En el lugar, se encontraban tres adolescentes a quienes dispararon al menos 17 veces.

La balacera provocó la muerte de Valentín Solís, de 15 años, y Eric Galli, de 14, mientras que una tercera víctima, Dante R., logró huir ileso. Valentín fue trasladado al Hospital Carasco pero falleció poco después de llegar mientras que Eric ingresó en estado crítico al Hospital Clemente Álvarez donde no pudieron salvarlo.

La investigación determinó que Dante R. era el objetivo principal del ataque. Se trataba de un adolescente con antecedentes de haber sobrevivido a otros episodios violentos en la zona y cuya red de amistades ya había resultado afectada por hechos similares en meses anteriores.

La prueba fundamental que permitió identificar a Saavedra provino de imágenes de cámaras de seguridad privadas ubicadas en el complejo habitacional. Según el relato del fiscal Adrián Spelta en la audiencia imputativa, las filmaciones muestran a Saavedra huyendo a pie tras la balacera del 24 de noviembre, junto a otros dos sospechosos.

Saavedra fue detenido pocos días después del ataque mortal. Su consorte de causa, Alexis A., tenía 17 años al momento de los hechos, por lo que su situación quedó en la órbita de la Justicia de Menores. Ambos respondían, según la acusación, a las órdenes de un líder narcocriminal que operaba desde la cárcel, modalidad recurrente en el contexto delictivo local.

En el marco de hiperviolencia y narcotráfico en Rosario, el doble crimen se insertó en una secuencia de asesinatos vinculada a la rivalidad entre bandas y la sobreabundancia de puntos de venta de estupefacientes. Sin embargo, la mamá de Valentín dijo que su hijo era inocente: “Él era un chico muy bueno, no tenía nada que ver con los ajustes de cuentas ni con las drogas. Lo mataron como a un animal”.

Por otro lado, tres días antes del doble homicidio, el 21 de noviembre, el imputado también facilitó otro ataque armado en la misma zona. De acuerdo con la fiscalía, contactó a dos jóvenes y luego regresó junto a dos hombres no identificados. Tras interceptarlos en un pasillo interno, señaló la presencia de las víctimas, produciéndose entonces una balacera en la que uno de los jóvenes fue herido, aunque sobrevivió. La fiscal Ranciari caracterizó ese episodio como “entregador”, figura que ubica a Saavedra en el eslabón intermedio entre los jefes narco y los ejecutores directos.

La menor, identificada como S. V. B. R. (Sara Valentina), tenía 15 años en el momento de los hechos. En su declaración ante la Fiscalía, grabada durante el juicio, la joven explicó su rol crucial en el crimen: atraer a Juan Felipe Rincón al lugar donde finalmente lo mataron; ella reveló que era “la única” que lo podía llevar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me lo dijeron porque él mostraba interés en mí, entonces él me había dicho que nos viéramos… Yo era la única que lo podía hacer ir hasta el Quiroga”, detalló S. V. B. R. en su declaración, de acuerdo con el audio presentado durante la declaración.

Confesión de la menor: ella señaló que fue manipulada para atraer al joven

La joven aseguró que, aunque en un principio no quería responder a los mensajes del hijo del general Rincón, fue presionada por los implicados en el asesinato. Katherine Andrea Sotelo y Andrés Camilo Sotelo, conocidos por los apodos “Alisson” y “Gomelo”, insistieron para que organizara el encuentro, su misión era atraer al joven para golpearlo y robarle el celular, además de la participación de Solanggye Trujillo Devia.

A pesar de la violencia del plan, la menor aceptó la propuesta, convencida de que podría obtener parte de las ganancias por la venta del teléfono.

“Me dijeron: ‘lo vendemos’. Entonces les dije: ‘Bueno, está bien; yo también me llevo parte de eso, que el celular quede de ganancias y me llevo yo la mayoría porque voy a ser la que lo va a traer; yo estaba arriesgando mi vida en traerlo’”, explicó.

El crimen fue ideado en un lugar peligroso, según la declaración de la menor, el plan se fraguó en una casa que describió como una “olla” debido a la gran cantidad de drogas y licor que allí había.

La joven relató cómo, en medio de una fiesta que celebraba el cumpleaños de “Alisson”, consumió sustancias psicoactivas junto con los presentes, lo que alteró aún más su estado mental.

“Cuando nos enteramos del plan, simplemente siguió el plan de lo que íbamos a hacer y seguimos festejando; tenía un montón de drogas, entonces yo empecé a consumir con ellos (…) El segundo piso de la casa se estaba volviendo como una olla”, comentó la menor en el audio revelado por la Fiscalía.

Después de pasar un tiempo en esa casa, S. V. B. R. se dirigió, bajo los efectos de las sustancias, a encontrarse con Rincón. Fue allí donde lo condujo hasta el lugar donde, según la planificación, sería atacado.

Sin embargo, lo que no esperaban los implicados es que Juan Felipe Rincón iba acompañado de su escolta, que reaccionó y disparó en defensa propia, lo que se desató un tiroteo que terminó con la vida del joven.

Este testimonio reveló no solo la manipulación y explotación de una menor para llevar a cabo el crimen, sino el clima de violencia y consumo de drogas en el que se gestó el asesinato.

Después de varias horas de audiencia, la sesión fue aplazada y se reprogramó para el jueves 26 de marzo de 2026 a las 9:30 a. m., con el objetivo de continuar escuchando a la defensa de las víctimas.

Santos Roberto Hernández Valladares fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de su esposa, Lexi Marisol Dubón, cuyo cuerpo permaneció enterrado alrededor de cuatro años en el patio de la vivienda familiar en Jacaleapa, El Paraíso, Honduras.

El fallo establece que Hernández Valladares debe cumplir la totalidad de la condena en el centro penal de Danlí, conforme a la normativa vigente y sin acceso a beneficios extraordinarios que reduzcan el tiempo de cárcel. El tribunal optó por la pena mínima prevista en el artículo 194 del Código Penal hondureño para el delito de parricidio, cuya escala es de 20 a 25 años, según el Ministerio Público.

El avance en el caso fue posible cuando, el 15 de febrero de 2024, las autoridades hallaron la osamenta de una persona en el solar de la propiedad que compartía la pareja en Las Toreras. Las pruebas de ADN efectuadas en el Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa mostraron una coincidencia genética del 99% con familiares de Dubón, confirmando la identidad y permitiendo la presentación formal del requerimiento fiscal.

Cerca de cuatro años antes del descubrimiento de los restos, la familia de Dubón había reportado su desaparición, un lapso en el que el crimen permaneció invisible para la comunidad y las autoridades. Tras el hallazgo casual en la vivienda, el Ministerio Público y la Dirección General de Medicina Forense de Honduras coordinaron la exhumación y el análisis científico.

Los estudios genéticos, al ser analizados con muestras biológicas de familiares, resultaron concluyentes. El dictamen de Patología Forense estableció una correspondencia genética casi total con la víctima, lo cual permitió a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida formular la acusación contra Hernández Valladares como autor del delito.

El acusado optó por el juicio por estricta conformidad, acelerando la resolución del proceso judicial y agilizando la emisión de la sentencia. El Ministerio Público puntualizó que esta modalidad procesal no conlleva una reducción relevante de la pena en delitos graves como el parricidio.

Esto subraya la importancia del fortalecimiento de redes de prevención y sistemas de alerta temprana ante la violencia intrafamiliar. Vecinos de Las Toreras manifestaron que nunca sospecharon un crimen de esta magnitud en su localidad.

Autoridades hondureñas afirmaron en un comunicado oficial: “Incluso cuando se intenta ocultar la evidencia, la tecnología y la investigación científica permiten que la justicia prevalezca.” Esta experiencia reafirma, según los equipos judiciales, el valor de los recursos técnicos en la resolución de crímenes complejos y la urgencia de ampliar la formación y recursos para la investigación.

La Fiscalía anunció que seguirá impulsando el fortalecimiento de su capacidad investigativa y solicitó mayor colaboración ciudadana para denunciar hechos de violencia y desaparición como herramienta clave para prevenir y esclarecer delitos en el país.

El caso Dubón expone el problema de la violencia contra mujeres en Honduras y la urgencia de reforzar la atención y prevención institucional.

La desaparición de Dubón dejó a una familia en incertidumbre durante casi cuatro años y conmocionó a la comunidad. El uso de la ciencia forense permitió cerrar judicialmente el caso, aunque el impacto persiste en quienes la conocieron.

La resolución constituye un hito en la aplicación de técnicas forenses en crímenes domésticos y destaca el mensaje institucional: la denuncia oportuna y el respeto a la vida son fundamentales.

El sospechoso de haber causado la muerte a un hombre de 74 años en Torremolinos evitó declarar ante la autoridad judicial, acogiendo su derecho constitucional en la primera comparecencia tras su detención. Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el sujeto, de 38 años, ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a solicitud de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torremolinos, mientras la investigación busca esclarecer los hechos ocurridos el pasado sábado en el domicilio de la víctima.

El TSJA indicó que la causa ha sido inicialmente calificada como un delito de homicidio. No obstante, el resultado de la autopsia será fundamental para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y la posible modificación de la calificación jurídica del delito. El Tribunal también precisó que la investigación se trasladará al juzgado número 5, que ejercía funciones de guardia durante la jornada en la que se produjeron los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional y publicada por el TSJA, los agentes localizaron al presunto responsable el lunes, en una zona del edificio donde se encontraba oculto. Desde el momento de su detención, el hombre permaneció bajo custodia policial hasta la celebración de la vista judicial de este jueves.

Según detalló la Policía Nacional, el cadáver de la víctima presentaba dos heridas en la cabeza, aparentemente provocadas por puñetazos. Tras el hallazgo del septuagenario en su domicilio de Costa del Sol, las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato las pesquisas, que desembocaron en la identificación y posterior detención del presunto agresor.

El TSJA señaló que los avances de la investigación y el análisis del informe forense aportarán más datos para completar el esclarecimiento de lo ocurrido, mientras la causa sigue su curso en los tribunales de Torremolinos. La decisión de la prisión provisional se adoptó como medida preventiva ante la gravedad de los hechos investigados y como parte del procedimiento judicial en curso. Según ha venido informando el TSJA, todas las actuaciones procesales desarrolladas hasta ahora quedan bajo secreto de sumario mientras las autoridades prosiguen con las diligencias necesarias para recopilar pruebas, testimonios y peritajes.

El internamiento sin fianza responde al interés judicial de garantizar la plena disponibilidad del sospechoso durante la instrucción del caso y a prevenir eventuales riesgos procesales. Los agentes encargados del caso prosiguen con la recopilación de evidencias en colaboración con el juzgado competente, conforme a los protocolos habituales para este tipo de sucesos, mientras que el entorno del edificio se mantiene bajo vigilancia hasta nueva orden.

La calificación de los hechos como delito de homicidio todavía depende de los resultados de la autopsia, que aclarará las circunstancias y la gravedad de las lesiones, según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El principal sospechoso, un hombre de 38 años, fue arrestado por la Policía Nacional tras encontrarse a la víctima de 74 años con golpes en la cabeza en su domicilio de Torremolinos, Málaga, el sábado pasado. De acuerdo con el TSJA, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torremolinos decidió ordenar este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, mientras sigue en marcha la investigación.

Tal como consignó el TSJA, la decisión de mantener al sospechoso privado de libertad se fundamenta en la gravedad del delito investigado y en la necesidad de avanzar en la investigación judicial, así como de evitar posibles riesgos de fuga o alteración de pruebas. El tribunal también hizo hincapié en que, por el momento, los hechos han sido tipificados como homicidio, un extremo que podría variar según los próximos análisis forenses.

Según reportó la Policía Nacional y citó el TSJA, el presunto autor fue localizado el lunes, dos días después de los hechos, en una zona oculta del edificio donde se encontraba la vivienda del fallecido. Los agentes ya habían iniciado entonces una investigación tras hallar el cuerpo del anciano, quien presentaba al menos dos heridas en la cabeza, que los investigadores atribuyen a puñetazos. Tras el arresto, el hombre permaneció en dependencias policiales mientras continuaban las diligencias.

El TSJA informó también que el acusado ha ejercido su derecho constitucional a no prestar declaración ante la autoridad judicial. Esta prerrogativa obliga a que el avance del caso dependa por ahora de las pruebas materiales y los informes policiales y forenses. La autoridad judicial encargada de instruir la causa será la plaza número 5, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Los agentes trabajan actualmente en recabar todos los indicios y testimonios necesarios para esclarecer la secuencia de los hechos y la posible motivación del crimen. La autopsia del fallecido será clave para determinar si la muerte se produjo exclusivamente por los golpes recibidos o si existieron otros factores que influyeron en el desenlace.

De acuerdo con el relato policial, el procedimiento para localizar y arrestar al sospechoso incluyó una inspección minuciosa del edificio. Una vez hallado, los agentes lo trasladaron a dependencias oficiales, donde fue puesto a disposición del juzgado correspondiente después de completar las primeras investigaciones.

Durante estos días, las autoridades judiciales y policiales continúan con la recopilación de pruebas que permitan conservar la cadena de custodia y aportar elementos de juicio suficientes para fundamentar la imputación inicial. La Fiscalía y la defensa del detenido aguardan los resultados médicos y técnicos para precisar la calificación legal de los hechos.

Por el momento, el acusado permanecerá bajo custodia y no podrá acceder a libertad bajo fianza, según estableció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las diligencias se mantienen abiertas mientras se analizan los posibles vínculos personales o vecinales entre víctima y presunto agresor, una línea de investigación central para reconstruir lo sucedido y definir responsabilidades penales.

Tal como informó el TSJA, la declaración de testigos y la revisión de imágenes de cámaras de seguridad del entorno se han sumado a los trabajos de inspección ocular y levantamiento de pruebas en la vivienda. Todos estos elementos forman el corpus probatorio que manejará el juzgado durante el procedimiento judicial.

La resolución judicial indica que la prisión provisional se mantendrá hasta que se disponga de elementos objetivos que permitan modificar la situación procesal del investigado. La legislación mantiene esta figura en casos en que la gravedad del delito y la necesidad de preservar la investigación justifican la medida, según el TSJA.

La violencia en la región centro del país volvió a encender las alertas luego de que fueran hallados sin vida tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos en el estado de Hidalgo y fueran detenidas cinco personas por estos hechos.

Las víctimas, quienes presuntamente se dirigían a concretar la venta de dos camionetas, fueron localizadas en un terreno baldío del municipio de Nopaltepec, Estado de México.

Por estos hechos, las autoridades estatales aseguraron a cinco personas, entre ellas una mujer, después de realizar diversos cateos en el municipio de Tulancingo.

Familiares habían reportado su desaparición

De acuerdo con reportes de autoridades policiacas, el hallazgo ocurrió la tarde del miércoles en la colonia San Felipe Teotitlán, una zona ubicada en las inmediaciones de la autopista Pirámides–Tulancingo y la carretera que conduce a Santa María Actipac.

Fueron elementos de la policía municipal quienes acudieron al sitio tras recibir un aviso sobre la presencia de tres personas tiradas en un predio.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales. Además, presentaban impactos de arma de fuego y evidentes huellas de violencia, lo que apunta a un posible ataque directo. Los cuerpos se encontraban abandonados en un terreno de difícil acceso, lo que complicó las primeras diligencias.

Posteriormente, las autoridades lograron identificar a las víctimas como Luis Ángel Tapia Flores, Luis Enrique Tapia Hernández y Edgar Miguel Hernández Méndez.

De acuerdo con la información preliminar, los tres hombres habían sido vistos por última vez cuando salieron rumbo a Tulancingo, Hidalgo, con el objetivo de vender dos camionetas, lo que abre la línea de investigación relacionada con un posible robo o fraude en la transacción.

Familiares habían reportado su desaparición horas antes, luego de perder contacto con ellos durante el trayecto. La coincidencia entre su última ubicación conocida y el sitio del hallazgo ha sido clave para las investigaciones que ya se encuentran en curso.

Un aspecto que ha dificultado el avance inmediato del caso es la falta de cámaras de videovigilancia en la zona donde fueron encontrados los cuerpos. Autoridades municipales señalaron que el área carece de infraestructura tecnológica que permita rastrear movimientos o identificar a posibles responsables.

Ante este hecho, la FGJEM y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) mantienen un esquema de trabajo coordinado para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al realizar este tipo de transacciones, preferentemente en lugares públicos, seguros y con acompañamiento.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos, en un caso que refleja la persistente problemática de inseguridad en rutas carreteras y zonas sin vigilancia en el centro de México.

Según información preliminar conocida por CityTV, el atacante habría coordinado previamente una cita con una de las trabajadoras del bar, ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra el administrador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese momento, otro trabajador que se encontraba detrás del mostrador logró refugiarse, evitando resultar herido. Posteriormente, el delincuente huyó en una motocicleta que lo esperaba con un cómplice, tal como quedó registrado en las imágenes de seguridad.

La víctima, según reportó el medio ya mencionado, falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. Hasta el momento, la Policía no ha revelado detalles sobre un pronunciamiento de los familiares ni sobre el testimonio del trabajador que presenció el ataque.

Por otro lado, en rueda de prensa, Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, indicó que las investigaciones están en curso y que se están recopilando evidencias para determinar los móviles del ataque. “Estamos en toda la etapa de recolección de evidencias y materiales probatorios para determinar cuáles fueron los móviles”, afirmó.

Además, confirmó que la huida se produjo mediante el uso de una motocicleta, siguiendo un patrón que ha sido recurrente en otros ataques recientes.

El caso se da a conocer pocos días después de otro incidente registrado en la localidad de Usaquén, el pasado 10 de marzo, en el que un hombre de 58 años resultó herido tras recibir varios disparos dentro de un establecimiento comercial. Testigos aseguraron que el agresor llegó acompañado de otra persona en motocicleta, utilizando una modalidad similar a la observada en Chapinero.

Otro caso similar fue el de José del Valle Valderrama Albornett, de 28 años, quien murió días después de recibir un atentado a bala frente a un bar en la avenida Primero de Mayo con carrera 69. Según testigos y cámaras de seguridad conocidas también por CityTV, dos hombres en motocicleta descendieron y dispararon contra el trabajador, quien fue trasladado a un centro asistencial, falleciendo diez días después.

La familia de José del Valle señaló que además de su labor como administrador y organizador de eventos en el bar, también se desempeñaba como cantante.

Posible relación con extorsiones en establecimientos nocturnos

Familiares de anteriores víctimas han sugerido que estos homicidios podrían estar vinculados con extorsiones a propietarios de bares y locales nocturnos en Bogotá, lo que estaría generando un incremento en los ataques contra trabajadores y administradores de estos establecimientos. Las autoridades no descartan esta hipótesis y continúan recopilando información de testigos y cámaras de seguridad para establecer conexiones entre los diferentes casos.

El video del ataque en Chapinero, ahora en poder de la Policía, es fundamental para dar con los responsables y reconstruir con precisión los hechos. La investigación busca no solo identificar a los autores materiales del crimen, sino también esclarecer si existe un patrón de delitos dirigidos a locales nocturnos de la ciudad.

Acciones y medidas de seguridad

De acuerdo al medio ya mencionado, la Policía ha reforzado la vigilancia en la zona y exhorta a los propietarios de establecimientos comerciales a mantener protocolos de seguridad para proteger tanto a sus trabajadores como a los clientes. Además, se espera que la evidencia recabada, junto con los testimonios de testigos, permita capturar a los responsables y prevenir futuros ataques.

La Justicia de Santa Fe confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez tras una audiencia de apelación que se llevó a cabo este miércoles por la tarde, contra la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en la capital provincial.

El juez Alejandro Tizón resolvió que la mujer de 40 años -madre de la adolescente de 16 años también acusada por el asesinato ocurrido en diciembre del año pasado- permanezca detenida mientras avanza la investigación judicial, según confirmó La Capital. Sobre la hija de la imputada recae la acusación de homicidio triplemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Según la investigación, fue ella quien citó a Jeremías y lo condujo al lugar donde se encontraban otros dos menores de 14 años, considerados inimputables por su edad, para consumar el ataque.

La revisión de la medida cautelar había sido solicitada por la defensa pública de Juárez, quien está acusada como partícipe secundaria, que buscaba revertir la orden dictada el 29 de enero por el juez Luis Octavio Silva, quien dispuso la detención de la mujer mientras se sustancia la causa. Juárez se encuentra alojada en un penal de mujeres en Rosario, mientras que la menor de edad continúa bajo resguardo en un centro especializado para menores.

Por su parte, el fiscal Francisco Cecchini solicitó que continúe detenida argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento del proceso. Además, indicó que pesa sobre ella un delito con una pena en expectativa de 10 a 15 años de prisión. De igual forma, aún resta producir prueba clave, como pericias orientadas a determinar si existieron comunicaciones previas entre la mujer, los menores y otras posibles personas involucradas, y a esclarecer el móvil del ataque.

Al finalizar la jornada, la mamá de la víctima expresó su preocupación ante una posible liberación de la imputada. “Es muy perversa y me preocupa muchísimo que esa persona pueda salir a la calle”, expresó a la prensa Romina Monzón tras haber participado de la audiencia. Según ella, Juárez planificó todo “de la manera más macabra”. “Con su ayuda lo ejecutaron de la manera más terrible. Juárez ayudó a los menores a destruir pruebas. Maneja un nivel de perversión increíble”, agregó.

“La evidencia nos lleva a entender que existió una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho... Las acciones fueron posteriores al hecho para descartar algunas cosas”, había señalado el fiscal cuando la mujer se convirtió en la cuarta sospechosa en la causa por el homicidio de Monzón.

En aquel entonces, se refirió a un registro fílmico que se reprodujo durante la audiencia imputativa, en donde se ve que Juárez se encontró con los tres menores implicados en el crimen: “Esas imágenes no las niega nadie, tampoco la imputada, pero las características, la forma en que se dio, los tiempos y movimientos previos y posteriores nos llevan a entender que todo estaba previsto desde antes, que estaba pautado”, destacó.

Al mismo tiempo, Cecchini pidió públicamente que se detuviera la viralización de otra filmación que había hecho uno de los adolescentes presentes al momento del crimen, solicitando respeto y empatía hacia los padres de la víctima. “Que la gente se apiade de los padres que están sufriendo y evite que se multipliquen esas imágenes”, expresó.

El caso salió a la luz el 22 de diciembre de 2025, cuando la Policía de Santa Fe fue alertada por un llamado que informaba sobre la presencia de un cuerpo en un terreno situado frente a la rotonda del estadio de Colón, en el acceso al barrio Chalet. El cadáver fue hallado entre pastizales y cubierto con cartones. La autopsia reveló que Jeremías sufrió 23 heridas cortopunzantes.

La violencia volvió a golpear la ciudad de San Pedro Sula, luego de que un taxista fuera encontrado sin vida en una calle de tierra de la colonia Roca de Cristo, en un hecho que ha generado consternación entre vecinos, familiares y el gremio del transporte.

La víctima fue identificada como Leandro García, de 33 años, conductor de taxi VIP y residente de la colonia Islas del Progreso, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares el lunes 16 de marzo, tras ser secuestrado alrededor de las 19:30 en la colonia Montefresco. La familia inició la búsqueda esa misma noche, motivada por la falta de noticias y el temor a un desenlace fatal.

Su cadáver fue encontrado dos días después en una calle de tierra de la colonia Roca de Cristo, tras el aviso al Sistema Nacional de Emergencia 911, según confirmaron los agentes de la Policía Nacional al arribar al lugar.

Junto al cuerpo, las autoridades hallaron un rótulo de color verde con un mensaje intimidante, en el que citó: “Por no respetar las mujeres casadas”.

El automóvil de García, herramienta indispensable para su oficio, fue hallado abandonado la mañana del martes 17 de marzo, hecho que incrementó la angustia de la familia y el gremio de taxistas.

Especialistas en seguridad remarcan que la exposición constante en la vía pública y el contacto con desconocidos convierten a los conductores en objetivos particularmente desprotegidos.

El levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias forenses se llevaron a cabo siguiendo el protocolo, con la zona protegida por agentes policiales para conservar la escena. El cadáver fue trasladado a la morgue local, donde la autopsia buscará esclarecer el hecho.

La aparición del letrero amenazante junto al cuerpo constituye el eje de las indagaciones actuales. Analistas sostienen que este tipo de mensajes es habitual en bandas criminales que utilizan la intimidación para marcar territorio. No se descarta que el asesinato esté conectado a disputas personales.

La familia de García, lo describe como alguien dedicado a su pareja y a sus dos hijas menores. Su muerte generó un vacío profundo y consolidó el temor por la seguridad en San Pedro Sula. Vecinos de la colonia Roca de Cristo relatan que, aunque hechos violentos de tal calibre no habían ocurrido recientemente, la inseguridad se mantiene como una constante en la comunidad.

Según investigaciones de la policia nacionalse detalló que había sido denunciado en años anteriores, específicamente en 2018, por hechos relacionados con violencia doméstica.

Las autoridades policiales afirman que mantienen abiertas todas las líneas de investigación y analizan tanto el entorno personal de la víctima como posibles nexos con bandas criminales. Recogen pruebas materiales y testimonios para dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mediados de marzo de 2026 se han documentado al menos 473 homicidios a nivel nacional, una tendencia que mantiene a la región norte como una de las más afectadas, según reportes recogidos por el medio fuente.

Para los expertos, esta estadística refleja la magnitud de la problemática que enfrentan tanto taxistas como conductores privados, quienes deben operar en un contexto hostil y con escasa protección frente al crimen organizado y la delincuencia común.

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) difundió el miércoles 18 de marzo el cartel de los delincuentes más buscados por homicidio en la ciudad, destacando la inclusión de Kleidymar Paola Fernández, que se convirtió en la mujer más buscada por homicidio en la ciudad.

La institución señaló a Fernández como la presunta determinadora del crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante universitario de 21 años, asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es de recordar que el caso adquirió notoriedad por la brutalidad del ataque. Moreno, que cursaba estudios en la Universidad de los Andes, sufrió graves lesiones tras ser golpeado por dos sujetos, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, los cuales ya fueron detenidos y judicializados.

Los hechos ocurrieron durante una fiesta de Halloween, donde Fernández habría instigado el ataque mientras vestía un disfraz de Kitana, personaje del videojuego Mortal Kombat.

Recompensa e investigación en curso

La Mebog anunció a través de su cuenta oficial en X que ofrecen una recompensa de hasta $10 millones a quienes entreguen información sobre el paradero de Kleidymar Paola Fernández. La institución la considera “la más buscada en la capital por el delito de homicidio” y solicita a la ciudadanía comunicarse a la línea segura si cuentan con datos relevantes.

La orden de captura contra Fernández fue emitida desde el 11 de diciembre de 2025 por el Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá. La investigación incluyó el análisis de videos de seguridad y testimonios que, según el abogado de la familia Moreno, Camilo Rincón, muestran la participación activa de Fernández en el hecho.

“El país ha conocido los videos de los hechos donde participó Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y la señora Paola Fernández”, declaró Rincón en entrevista pasada con Noticias Caracol.

Cabe mencionar que la captura de los autores materiales se produjo días después, mientras que Fernández y otra mujer, inicialmente detenidas, recuperaron la libertad mientras avanzaba el proceso.

Perfil de los más buscados en Bogotá

El cartel publicado por la Policía no solo incluye a Fernández, también a siete hombres señalados como presuntos responsables de homicidios agravados en diferentes localidades de la ciudad. Entre ellos figuran:

• Horacio José Crespo Villeros, investigado por un homicidio con arma de fuego en la vía pública en Tunjuelito.
• David Stiven Rivera Cubides, señalado por un ataque con arma cortopunzante en una riña en Ciudad Bolívar.
• Juan Carlos García Quitián, vinculado a un asesinato con arma de fuego en otra riña en Ciudad Bolívar.
• Óscar Libardo Rodríguez Rojas, requerido por el presunto feminicidio de su esposa en Barrios Unidos.
• Milton Alfonso Millán Piraján, alias “El Gordo”, buscado por homicidio con arma blanca en Rafael Uribe Uribe.
• Harold Manuel Martínez Ayola, alias “Campanita”, señalado como responsable de una muerte durante una riña en Kennedy.
• Manuel Alejandro Castro Mora, alias “Chencho”, solicitado por homicidio agravado y porte ilegal de armas por hechos ocurridos en Suba.

La publicación de este cartel forma parte de una ofensiva de la Policía para combatir la criminalidad en Bogotá. Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2026 se registraron 110 capturas por homicidio, de las cuales 44 fueron en flagrancia y 66 mediante orden judicial. La institución destacó que 14 de los detenidos estarían implicados en redes de sicariato.

Los datos oficiales revelan que cuatro de los siete más buscados están relacionados con homicidios cometidos en riñas, un fenómeno que representa el 32% de los asesinatos en Bogotá durante 2025, con 372 casos registrados bajo esa circunstancia. El reporte de la Policía Metropolitana subraya que la intolerancia y las disputas personales siguen siendo un reto para la seguridad ciudadana.

Dentro de los golpes recientes contra la delincuencia, las autoridades también destacan la recaptura de Eduardo Alfonso Parra, condenado a 35 años por el homicidio y descuartizamiento de su madre en 2020, así como la detención de integrantes de bandas dedicadas al sicariato y la extorsión.

Fuentes próximas al proceso señalaron que el arrestado ha mostrado voluntad de colaborar tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como durante la jornada en el juzgado, donde permaneció casi todo el día debido a la toma de declaración. La noticia principal, reportada por Europa Press, consiste en que la jueza titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo dictó prisión provisional sin fianza para el hombre de 52 años detenido por el homicidio de su pareja en la localidad cántabra de Pedreña, como había solicitado la Fiscalía.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el sospechoso pasó este miércoles a disposición judicial imputado por un presunto delito de homicidio con agravante de parentesco. La medida adoptada se realizó tras la comparecencia del detenido ante la magistrada sustituta, quien se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos, y respondió así a la petición de la Fiscalía de enviar al presunto autor a un centro penitenciario durante la instrucción del caso.

Según consignó Europa Press, la autopsia provisional determinó que la víctima, identificada como M.L.R. y de 64 años, falleció el sábado por asfixia compatible con estrangulamiento. La mujer, nacida en Madrid y residente en Pedreña desde hacía varios años, había sido hallada sin vida el sábado, mientras que su pareja fue arrestada durante la mañana del domingo, respetando el plazo legal de 72 horas antes de pasar a disposición judicial.

El medio detalló que el detenido llegó al Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo a las 10:01 horas escoltado por varios vehículos de la Guardia Civil. Allí, la magistrada sustituta tomó su declaración y, al término de la misma, resolvió acordar su ingreso en prisión provisional y sin derecho a fianza, siguiendo la recomendación del ministerio público.

Europa Press informó además que no existían denuncias previas por violencia de género de la víctima hacia el supuesto agresor. Sin embargo, fuentes consultadas por la agencia mencionaron que el hombre ya había recibido previamente dos condenas por violencia de género en Madrid, en los años 2011 y 2019, aunque actualmente tales antecedentes constaban como inactivos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen).

La investigación continúa bajo la calificación de delito de homicidio agravado por el parentesco, mientras los investigadores recaban más pruebas e información para esclarecer el suceso. La víctima no tenía hijos menores de edad, según reportó Europa Press. El avance del caso permanece bajo supervisión judicial y a la espera de nuevas diligencias que puedan proporcionar mayores detalles sobre el contexto y las circunstancias del crimen que ha conmocionado a la localidad de Pedreña.

En un golpe estratégico contra el crimen organizado transnacional, la Ciudad de México se convirtió este martes en el escenario de la captura de uno de los objetivos prioritarios más importantes para las autoridades de Sudamérica: Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder de la peligrosa banda criminal ecuatoriana “Los Lobos”. El anuncio fue realizado por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a través de sus redes sociales.

La detención fue fruto de trabajos de inteligencia y efectivos mecanismos de cooperación internacional. García Harfuch detalló que en el operativo conjunto participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y el Instituto Nacional de Migración. Esta coordinación fue clave para ubicar y detener al presunto delincuente en la capital mexicana.

Un Imperio Criminal en Ecuador y su Red en México

Para comprender la magnitud de esta captura, es esencial remitirse al contexto de la violencia y el narcotráfico que asola a Ecuador. Según reportes periodísticos de contexto, la alianza entre Los Lobos y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México ha transnacionalizado el crimen en la región, convirtiendo a Ecuador en un punto logístico estratégico para el tráfico de drogas hacia el norte.

“Los Lobos” han pasado de ser una banda local a un actor clave en el narcotráfico transnacional, controlando cárceles y extendiendo sus operaciones a varios países. Su influencia ha recrudecido pugnas y masacres, elevando exponencialmente los índices de violencia en Ecuador.

La presencia de un líder de esta organización en la Ciudad de México confirma la tesis de la transnacionalización de estas operaciones, mostrando que los capos sudamericanos buscan refugio o coordinan operaciones en el corazón de grandes urbes como la capital mexicana.

El Vínculo con el Magnicidio Ecuatoriano

García Harfuch detalló que sobre “Lobo Menor” pesaba una ficha roja de la Interpol, lo que lo convertía en un fugitivo buscado a nivel global. Sus actividades delictivas estaban directamente relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y el homicidio. No obstante, el dato más impactante proporcionado por el Secretario es que este individuo ha sido identificado por autoridades sudamericanas como un “operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador”.

Aunque no se menciona explícitamente el nombre, esta vinculación evoca de inmediato el estremecedor caso de Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023 durante un mitin político en Quito, un hecho que conmocionó a la comunidad internacional.

La captura de “Lobo Menor” fue posible también gracias al apoyo crucial de la Policía Nacional de Colombia, fundamental para la ubicación de este “objetivo prioritario”.

Esta red de colaboración internacional subraya, en palabras de García Harfuch, “el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”.

Operación “Jericó”: El seguimiento desde Colombia y el magnicidio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amplió los detalles de esta captura a través de su cuenta de X, revelando que el despliegue trinacional fue bautizado como “Operación Jericó”. Petro precisó que el verdadero nombre del detenido es Ángel Esteban Aguilar Morales (identificado en un primer momento por autoridades mexicanas bajo el alias de Juan Carlos “N”).

Según el mandatario colombiano, la captura en el exclusivo sector de Polanco, en la Ciudad de México, fue el resultado de un minucioso seguimiento de inteligencia que la Policía Nacional de Colombia realizó en Medellín e Itagüí, antes de que el criminal huyera hacia territorio mexicano.

En su mensaje, Petro no dejó lugar a dudas sobre el peso del detenido, calificándolo como “uno de los asesinos más grandes del mundo”. Confirmó de manera categórica que alias “Lobo Menor” es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Además, el presidente destapó los nexos operativos del capo, señalando que mantenía vínculos directos con el líder disidente colombiano alias “Iván Mordisco” y con los cárteles mexicanos.

Traslado exprés y cooperación trinacional

Un detalle crucial aportado por Gustavo Petro es la celeridad del proceso legal y diplomático tras el operativo. Luego de su retención en Polanco por las autoridades mexicanas, y en una rápida acción coordinada, Ángel Esteban Aguilar Morales fue trasladado “en cuestión de horas” a Colombia, donde se formalizó su captura con fines de extradición.

“Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”, concluyó el mandatario sudamericano, destacando una alianza sin precedentes para desmantelar las estructuras que operan desde los Andes hasta Norteamérica.

De entre las pruebas debatidas, la defensa de la madre cuestionó la solidez de algunos informes forenses sobre la viabilidad del neonato, sugiriendo en el juicio que incluso en condiciones distintas el desenlace hubiera sido el mismo. A partir de este argumento, la sala inició la exposición de los alegatos finales en el caso de la bebé hallada en un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, en noviembre de 2023, donde el Ministerio Público, según detalló el medio de comunicación, solicitó la pena de prisión permanente revisable para la progenitora y el tío del recién nacido.

Según publicó la fuente, la fiscal del caso mantiene que tanto la madre como su hermano actuaron con conocimiento del desenlace fatal al dejar a la menor en el contenedor: “Mataron a la bebé”, sostuvo la representante del Ministerio Público, quien reiteró que ambos “sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor, iba a morir”. El juicio concluyó y se anunció que el jurado recibirá el objeto del veredicto este jueves para iniciar la deliberación.

Por su parte, la defensa argumentó que en los hechos no se aprecia dolo ni intencionalidad, insistiendo que la mujer sufrió un aborto espontáneo el 2 de noviembre de 2023, lo cual, según la defensa, impide a cualquiera “pensar con claridad”. El abogado afirmó que reconocía la “reprobabilidad” de la actuación de la madre, pero rechazó la existencia de asesinato, solicitando en su lugar una condena por homicidio por imprudencia grave. El letrado de la madre sostuvo que la muerte del neonato respondería a su inviabilidad, aun habiendo recibido atención médica hospitalaria, e instó al jurado a considerar las “contradicciones” identificadas en el testimonio de los forenses convocados durante el juicio.

El Ministerio Público rebatió esta tesis, aludiendo que los acusados disponían de un hospital próximo pero eligieron eludir la asistencia y descartó la posibilidad de un delito por imprudencia al declarar: “Sabía que era su hija y tenían un hospital cerca. No hay una imprudencia. Hay una intención de quitarse del medio a la bebé”. Asimismo, la fiscal desestimó los argumentos de la defensa que afirmaban una falta de conciencia en la conducta de los acusados, enfatizando que los hechos evidencian conocimiento y determinación.

Se sumó a las discusiones la acusación a la hermana de la madre, para quien el Ministerio Público solicitó una sanción de 5.400 euros por un delito de omisión del deber de socorro, al considerar que estaba en condiciones de asistir, pero no lo hizo. La defensa de la hermana manifestó, en cambio, que la acusada no era consciente de lo que ocurría en el vehículo en el que transportaban al neonato.

Por otro lado, según reportó la fuente, la abogada defensora del tío argumentó que su cliente no presenció el momento de la expulsión fetal y que manipuló los restos sin saber el contenido que desechaba. Añadió que los hechos atribuidos a su cliente podrían reprocharse también a vecinas que observaron la situación. Explicó que si la crítica consiste en no llevar al bebé a un centro sanitario, esa misma omisión podría imputarse a otros testigos. “Lo que hizo nos parece una barbaridad, una desgracia, pero no es un delito. Estas personas no mataron a esta criatura”, sentenció.

Ambas defensas insistieron en la inviabilidad del recién nacido, reforzando la interpretación de que la muerte se produjo por causas naturales, independientes del acto de depositar al neonato en el contenedor. Apuntaron a la falta de oxígeno y a la imposibilidad de respirar como la razón “que no depende de nadie”, calificando los hechos como un aborto con desenlace fatal predestinado. Así también solicitaron que, si se considerara responsabilidad penal, se restrinja al homicidio por imprudencia, negando la calificación de asesinato.

En el marco del proceso se discutió además el tratamiento mediático del caso. La defensa del tío examinó el impacto de la cobertura periodística, sosteniendo que este abordaje habría amplificado los argumentos de la fiscal y marcado la percepción pública al presentar el caso como un crimen de máxima gravedad, cuando, a juicio de la defensa, se trató de un accidente.

El debate de los últimos alegatos evidencia la distancia entre la calificación de los hechos sostenida por la fiscalía y las posiciones de las defensas, especialmente en torno a la intencionalidad en la muerte y la viabilidad del neonato fuera de los servicios médicos. El jurado recibe ahora el encargo de fijar su veredicto tras la exposición de todas las partes, e identificar, en función de los argumentos y pruebas presentados, si se configura o no el delito de asesinato o si corresponde una condena de menor gravedad.

En el proceso judicial se señaló también a la hermana de la madre como presunta responsable de omitir el deber de socorro, para quien la Fiscalía reclamó una sanción económica de 5.400 euros, de acuerdo con el desarrollo del caso presentado ante el tribunal. Este hecho se suma a la petición de prisión permanente revisable para la progenitora de la recién nacida y el hermano de esta, por la muerte de la bebé arrojada dentro de un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, en noviembre de 2023, según informó el medio.

Tal como publicó el medio, el juicio concluyó este miércoles y se espera que el jurado reciba el objeto del veredicto para iniciar la deliberación este jueves. El Ministerio Público mantuvo la acusación de asesinato para ambos principales implicados y remarcó que existió intencionalidad en la ejecución de los hechos. Según la representante legal, la madre y el tío conocían el desenlace fatal al abandonar a la neonato en dicho contenedor, afirmando ante el jurado que "mataron a la bebé". El medio detalló que estas declaraciones pusieron énfasis en que los acusados sabían que dejar a la menor en un lugar sin asistencia constituía una acción irreversible.

Durante la vista, la defensa de la madre solicitó que, en caso de condena, se imponga una pena por homicidio derivado de una imprudencia grave y no por asesinato. El abogado argumentó que no existió intención de causar la muerte, sino una reacción precipitada. No obstante, la fiscalía desestimó este planteamiento durante su alegato final, indicando que "no hay una imprudencia, hay una intención de quitarse del medio a la bebé", e indicó que la madre tenía conocimiento de que era su hija y que contaba con un hospital próximo al lugar de los hechos, de acuerdo con lo consignado por la prensa.

Según reportó el medio, la pena solicitada a la hermana de la madre responde a su supuesta inacción ante la situación, circunstancia que la fiscal consideró punible bajo la acusación de omisión del deber de socorro. La acusación sostiene que la conducta tanto de la madre como del tío estuvo guiada por la voluntad de provocar la muerte de la neonato, al tiempo que para la hermana la responsabilidad se circunscribe a su falta de actuación para evitar el desenlace.

El proceso atrajo la atención mediática debido a la gravedad de los hechos y a la petición de prisión permanente revisable, una de las sanciones penales más severas contempladas en la legislación española. El jurado, tras recibir las indicaciones legales pertinentes, deberá ahora deliberar y emitir un veredicto en relación con los delitos imputados y las penas solicitadas por las partes, una vez concluida la exposición de pruebas y argumentos.

A lo largo del juicio, la fiscalía insistió en la premeditación y en la existencia de alternativas viables para la madre, subrayando que pudo haber acudido a los servicios médicos cercanos y que, en cambio, optó junto con el tío de la bebé por depositarla en un contenedor, un acto que, según explicó el Ministerio Público, eliminó toda posibilidad de supervivencia para la menor.

En cuanto a la situación legal de la hermana de la madre, el Ministerio Público explicó que el delito de omisión del deber de socorro sanciona la falta de auxilio en contextos de riesgo vital aprovechando la relación de parentesco y conocimiento directo de la situación, criterios que, a juicio de la fiscal, concurrieron en el caso. Según expresó el medio, el papel de esta tercera acusada fue objeto de análisis durante el juicio, al considerarse su posible capacidad de intervenir para evitar el fatal desenlace.

La resolución del caso quedará en manos del jurado popular, el cual afronta la tarea de discernir entre el planteamiento del Ministerio Público, que sostiene la existencia de intención deliberada, y la versión de la defensa, que circunscribe los hechos a una grave imprudencia. Las próximas sesiones serán decisivas para conocer la respuesta judicial ante la muerte de la recién nacida y la posible implicación penal de los acusados, concluyendo un proceso que se ha prolongado desde la identificación del cuerpo del neonato en el contenedor de Porto Cristo, en Mallorca, durante noviembre de 2023.

Uno de los aspectos destacados de la operación policial, según publicó Europa Press, ha sido la realización de registros en los domicilios de cada uno de los arrestados. Estas intervenciones, efectuadas tras la detención, forman parte de la investigación que la Guardia Civil desarrolló en torno al homicidio de Emiliano B.R., conocido como 'el panameño', ocurrido a tiros en Lugo de Llanera en 2025. De acuerdo con la información difundida por la Guardia Civil y consignada por Europa Press, los agentes llevaron a cabo este miércoles una serie de detenciones simultáneas tanto en Oviedo como en Gijón, además de otras ubicaciones fuera de Asturias, que culminaron con la captura de varios sospechosos vinculados a este crimen.

La amplia operación, reportó Europa Press, incluyó el aseguramiento de los domicilios de los implicados y la posterior realización de registros para recabar posibles pruebas relacionadas con el caso. Las intervenciones se coordinaron para evitar posibles fugas y garantizar la integridad de las actuaciones policiales. Todos los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, en Oviedo, donde permanecen hasta el momento en que afronten su paso ante la autoridad judicial.

Fuentes de la Guardia Civil citadas por Europa Press señalaron que la investigación, que se venía desarrollando desde el pasado año, ha sido considerada resuelta tras esta serie de arrestos. Los investigadores sostienen que con estas detenciones se esclarecen los principales aspectos del crimen, tanto en cuanto a la autoría material como a los posibles móviles detrás del asesinato de Emiliano B.R. Tras su arresto, los sospechosos aguardan a la disposición judicial, prevista para la tarde del próximo viernes.

El caso generó interés desde 2025, año en que ocurrió el tiroteo que provocó la muerte de Emiliano B.R. en Lugo de Llanera. La Guardia Civil desplegó desde entonces actividades de vigilancia, seguimiento y recopilación de datos que permitieron identificar y localizar a los presuntos responsables, según detalló Europa Press. La coordinación de la operación abarcó distintos puntos geográficos, lo que permite entender la amplitud de la investigación, con actuaciones tanto en el Principado de Asturias como en otros territorios nacionales.

Los arrestados enfrentan acusaciones directas por su implicación en la muerte violenta de Emiliano B.R., hecho que reavivó entre la población local la sensibilidad ante los delitos de este tipo. Durante los registros en los domicilios, los agentes realizaron incautaciones que se consideran relevantes tanto para consolidar las pruebas judiciales como para reconstruir las circunstancias en torno al suceso, reportó Europa Press. Las autoridades continúan trabajando en la tramitación de los expedientes previos al pase a disposición judicial de los sospechosos.

El cierre de la investigación con estas detenciones marca un paso importante para la Guardia Civil, que ha mantenido activo el caso a lo largo de los últimos meses. La colaboración entre distintas unidades y la actuación coordinada han sido elementos fundamentales en la localización y aseguramiento de los individuos cuya implicación en el homicidio se investiga. Europa Press destacó que la instrucción se mantiene pendiente de la decisión de los tribunales, ya que el caso avanzará ahora en sede judicial con la presentación de los detenidos este viernes.

El operativo desarrollado se suma a los esfuerzos realizados previamente para reforzar la seguridad en la zona y responder a la demanda de esclarecimiento del crimen por parte de la comunidad. Las pesquisas y la recopilación de pruebas, así como el análisis de las motivaciones potenciales de los acusados, forman parte de la información que la Guardia Civil considera consolidada tras la intervención de esta semana. El desarrollo de la investigación permitió conectar las diferentes piezas del caso, informó Europa Press, y concluir en los arrestos practicados tanto en territorios de Asturias como fuera de la comunidad autónoma.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este martes 17 de marzo, que José Iván Blanco Ventura, extraditado desde Panamá, fue recibido en El Salvador para cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, tras la muerte de su expareja y un acompañante en septiembre de 2022 en San Miguel.

Según informó el Ministerio Público, la extradición de Blanco Ventura se concretó tras un proceso coordinado entre la FGR, las autoridades panameñas y la Interpol, quienes lograron ubicarlo y detenerlo en agosto de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, la entrega del imputado se realizó en un plazo inferior a los 30 días establecidos por la justicia panameña, tras su captura fuera del territorio salvadoreño.

Las investigaciones de la Fiscalía detallan que el 27 de septiembre de 2022, Blanco Ventura interceptó el vehículo en el que viajaba su expareja y un acompañante, y los mató con un arma de fuego. El doble homicidio ocurrió en el departamento de San Miguel. La FGR presentó pruebas contundentes ante el tribunal, demostrando la autoría material del acusado en ambos crímenes.

El proceso judicial continuó en ausencia del imputado, ya que huyó del país inmediatamente después de los hechos. El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres condenó a Blanco Ventura en marzo de 2024 a un total de 65 años de prisión, distribuidos en 35 años por el delito de feminicidio y 30 años por homicidio agravado.

Aplicación del Código Penal y proceso de extradición internacional

La condena fue dictada aplicando los artículos correspondientes del Código Penal salvadoreño, que establecen penas diferenciadas para estos delitos cuando concurren circunstancias agravantes.

El artículo 45 del Código Penal salvadoreño estipula que, en caso de concurso real de delitos, las penas deben sumarse y, en situaciones excepcionales, no pueden superar los 75 años de privación de libertad.

En este caso, Blanco Ventura recibió la pena máxima prevista para feminicidio, que oscila entre 30 y 50 años según agravantes, y la correspondiente al homicidio agravado, que varía entre 20 y 50 años. La sentencia quedó firme tras la ausencia de recursos admitidos en el plazo legal.

Al momento de su captura, la Fiscalía gestionó la emisión de una orden internacional de detención, que permitió la inclusión de Blanco Ventura en la lista roja de la Interpol. Tras su localización en Panamá, las autoridades de ese país informaron oficialmente a la FGR sobre la detención y procedieron a tramitar la solicitud de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

Durante el proceso de extradición, la FGR aseguró que el imputado comenzará a cumplir la condena de inmediato, bajo custodia de las autoridades salvadoreñas. La Fiscalía, reiteró su compromiso con la persecución penal de delitos graves y el agotamiento de todas las vías legales para garantizar que los responsables no queden impunes, incluso cuando abandonan el país tras cometer crímenes.

Las autoridades judiciales salvadoreñas indicaron que la condena de 65 años de prisión deberá cumplirse íntegramente, a menos que sobrevengan causas legales de reducción o modificación de la pena, de acuerdo con la normativa vigente.

La FGR enfatizó que la extradición de Blanco Ventura reafirma el compromiso del Estado salvadoreño con la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley penal.

La Policía Nacional presentó a medios de comunicación el cartel de los criminales más buscados por el delito de homicidio en Cali (Valle del Cauca).

Tal y como se señaló la mañana del martes 17 de marzo de 2026, el volante lo integran 20 personas señaladas de afectar la seguridad en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos por información que facilite su captura y aseguran total confidencialidad a quienes colaboren.

La iniciativa, que involucra a la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali, surge tras investigaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), además la Policía Metropolitana de Santiago de Cali (Mecal).

El cartel incluye fotografías y nombres de quienes, según las investigaciones policiales, estarían implicados en delitos graves contra la vida.

En el lanzamiento oficial, las autoridades reportaron la detención de uno de los señalados, identificado como Andrés David Brand Martínez, Y conocido como alias Brandon.

La captura de Brand Martínez responde a una orden de detención por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información difundida por la Policía, este individuo sería el presunto responsable de un asesinato ocurrido en marzo de 2025 en el barrio Floralia y estaría vinculado a la reagrupación de estructuras dedicadas al microtráfico en el sector.

“La efectividad de las primeras operaciones permitió la captura de uno de los integrantes del cartel”, confirmó el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali (Mecal).

El listado divulgado incluye a 19 personas más que permanecen bajo seguimiento en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas figuran Renzo Andrés Insuasty Sánchez, de 36 años, señalado por el homicidio de una mujer en febrero de 2025, y Darlis María Sevillano Flores, de 46, única mujer en el cartel, vinculada a un doble homicidio y lesiones con arma de fuego en el barrio Manuela Beltrán (Comuna 14).

La Policía también identificó a otros sujetos buscados bajo los alias de El Loco (Comuna 4), “Curramba” (Comuna 6), “Ángelo” y “Alan” (Comuna 11), “Pollo Claudio” (Comuna 13), “Franklin” (Comuna 15) y “El Gordo” (Comuna 20).

Para incentivar la colaboración ciudadana, las autoridades reiteraron las recompensas a quien proporcione datos que permitan localizar y detener a los integrantes de este grupo.

Por tal motivo, se habilitaron los números 3213945156 y 3143606293, así como la línea de emergencia 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes, garantizando la absoluta reserva de la identidad de los informantes.

Operativo en contra de la extorsión en Cali dejó la caída de alias Boli

La Policía Nacional capturó a seis integrantes de la red criminal ‘Oficina 23’ tras una serie de allanamientos realizados el 17 de marzo de 2026 en Cali, Candelaria y Jamundí.

Los detenidos están vinculados a extorsiones en las que exigían sumas que iban de 20 a 200 millones de pesos, además de intentar apropiarse de bienes como vehículos e inmuebles.

Durante la investigación, que se extendió por cuatro meses, se identificó la participación de individuos con antecedentes penales. Alias Boli, de 68 años y extraditado en 2010 a Estados Unidos por narcotráfico, fue señalado como uno de los líderes y le fue incautado un revólver.

Según las autoridades, la estructura estaba organizada en roles: alias María localizaba y persuadía a las víctimas para obtener información, mientras “Sicario” se presentaba ante ellas y las obligaba a ceder a las amenazas; este último registra antecedentes por homicidio, hurto y uso de menores en delitos.

Casos documentados por la Policía Metropolitana Santiago de Cali incluyen el despojo de propiedades a comerciantes en El Cabuyal, corregimiento de Candelaria.

Además de “Boli”, entre los capturados se encuentran los alias Deiby, “Elkin”, “Yeison” y “María”.

Todos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir y extorsión, quedando bajo medida de aseguramiento intramural por decisión de un Juez de Control de Garantías.

Como parte de la estrategia preventiva, las autoridades promueven la campaña “YO NO PAGO, YO DENUNCIO”, invitando a la ciudadanía a reportar casos de extorsión o secuestro vía la línea 165 con garantía de confidencialidad.

Un total de tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en contra de dos individuos en el Estado de México. Los sujetos investigados son posibles integrantes de una célula delictiva con orígenes en Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la medida en contra de Alexis “N”, Edgar Rodrigo “N” y Diego Antonio “N”, por hechos registrados en febrero de 2024, cuando los tres hombres y otros individuos llegaron a un domicilio en Villa Guerrero y dispararon contra el domicilio donde estaban las víctimas.

Agresión habría sido por una disputa entre grupos rivales

El ataque resultó en la muerte de dos personas, mientras que los agresores huyeron del sitio. Las averiguaciones de las autoridades condujeron a la obtención de órdenes de captura en contra de los sujetos mencionados. Los ahora procesados serían integrantes de la Familia Michoacana.

Según las investigaciones, el origen de la agresión habría sido una pugna entre estructuras criminales rivales para tener el control territorial para la venta de drogas.

“Aparentemente estos tres individuos formarían parte de una estructura criminal con orígenes en el estado de Michoacán y la agresión sería una disputa entre grupos antagónicos por mantener el control de la zona para la venta de narcóticos”, se puede leer en el reporte de la Fiscalía mexiquense.

Tras su arresto, los tres hombres fueron llevados a un centro penitenciario, actualmente están bajo la medida de prisión preventiva y fue determinado un plazo de dos meses para el cierre de las averiguaciones complementarias.

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana

Apenas el 15 de marzo las autoridades del Edomex informaron sobre la detención en Villa Guerrero de un presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana, se trata de un sujeto de 41 años identificado como Rodolfo “N”.

El reporte de la Secretaría de Seguridad estatal indica que el sujeto capturado sería jefe de plaza en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán y Tenango del Valle, entidades en las que operaba a través del cobro de piso, secuestros, renta de comercios y taxis, así como venta de narcóticos.

Dicho sujeto fue capturado por delitos contra la salud, portación de arma prohibida y encubrimiento por receptación. Lo anterior luego de que diversos elementos de seguridad realizaban recorridos en el marco del Operativo Sur

Cuando Rodolfo “N” notó la presencia de los agentes trató de huir de los mismos, pero finalmente fue interceptado por los uniformados y posteriormente detenido en inmediaciones del paraje Las Cabañas, sitio donde le hallaron presunta marihuana, dos radios transmisores, dos libretas con anotaciones, un cuchillo y una motocicleta con reporte de robo con violencia.

Uno de los elementos señalados durante la segunda sesión del juicio fue el conflicto inicial entre los implicados, derivado de una fuga de agua en un tercer piso que afectó varias viviendas en el barrio de El Torrejón, en Huelva. Según publicó Europa Press, la disputa se intensificó después de que el principal acusado exigiera a la víctima el pago de unos 3.000 euros, equivalentes a medio millón de pesetas, para reparar los daños causados. Este contexto antecedió la reyerta que resultó en la muerte del hombre de 48 años, hecho por el cual la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva juzga a once personas desde el viernes anterior.

Las declaraciones de dos hermanas de la víctima, recogidas por Europa Press, identificaron directamente al principal acusado como el responsable de la puñalada mortal. Estas testigos relataron ante el jurado popular que ese mismo día el presunto agresor amenazó de muerte a su hermano, diciéndole que lo tenía "en el punto de mira" y que "reuniría a toda su familia" para matarlo. Añadieron que avisaron a la Policía tras escuchar las amenazas, pero los agentes no llegaron a tiempo para evitar los hechos. Precisaron que observaron a varios de los acusados, algunos armados con palos, bates de béisbol, navajas y adoquines, bloquear el paso para impedirles socorrer a su hermano y que ellas mismas recibieron amenazas para que no intervinieran.

Sobre la acusación, el Ministerio Fiscal solicita para el principal acusado una condena de 15 años de prisión por homicidio. Para otras cinco personas, también acusadas de homicidio, la petición es de 13 años de cárcel para cada una. Estas seis personas son consideradas coautoras y, según detalló Europa Press, la Fiscalía exige que indemnicen de manera conjunta a la madre del fallecido con 54.295 euros y con 20.350 euros a cada uno de los hermanos. Para los otros cinco procesados, señalados únicamente de un delito de lesiones cualificadas, la petición es de cuatro años de cárcel por persona.

Las acusaciones particulares, que representan a la madre y a varios hermanos de la víctima, solicitan penas más severas y consideran que existieron alevosía y ensañamiento durante los hechos. Europa Press informó que para cada uno de los once acusados la pena solicitada por estas acusaciones asciende a 25 años de prisión por asesinato, bajo el argumento de que hubo una colaboración y autoría conjunta en la muerte del hombre, tesis reforzada por los alegatos de otras dos acusaciones particulares que representan a distintos familiares.

Los abogados defensores han tomado una postura de rechazo hacia las declaraciones de las hermanas de la víctima. Durante la vista, uno de los defensores solicitó que se incluyeran en el proceso las testificaciones realizadas por ambas durante la instrucción, señalando presuntas contradicciones con su relato actual. Europa Press relató que, en su versión inicial, las hermanas habrían asegurado no haber visto el lugar exacto donde ocurrió la puñalada o afirmado que la herida estaba en el abdomen, cuando la versión de este lunes la situó en la zona lumbar derecha, resultando en la muerte instantánea al alcanzar el corazón. Además, el abogado insistió en que los testimonios presentaron incongruencias acerca de los objetos que los acusados portaban y de quiénes los portaban.

Otro de los abogados defensores criticó el proceso de investigación, alegando que ni la instrucción ni la investigación permitieron identificar al autor material de la herida mortal, a pesar de que el cuerpo de la víctima presentaba un total de 27 lesiones, de las cuales solo una, la puñalada, fue letal. Subrayó el hecho de que en la reyerta participaron al menos 50 personas y que la selección de los once procesados obedeció a un criterio no fundamentado, según recogió Europa Press.

Algunos abogados de la defensa también se apoyaron en la hipótesis de que el origen del conflicto no radicó tan solo en el problema de la fuga de agua, sino que estaba vinculado, según afirmaron, al supuesto acoso de la víctima hacia una hija adolescente del presunto autor de la puñalada. Defendieron además que la víctima era una persona problemática y sostienen que durante la reyerta la propia víctima se presentó en la vivienda del principal acusado portando un cuchillo de grandes dimensiones con el que habría herido a dos de los procesados.

Durante el juicio, un hermano del fallecido prestó testimonio y relató que se enteró del incidente al llegar al lugar y encontrarlo ya en el suelo, sin vida, rodeado de armas blancas. Dijo que supo del peligro para su hermano porque presenció la reunión familiar en la vivienda del principal acusado, interpretando este hecho como una señal de posible enfrentamiento, por lo cual decidió alertar al fallecido. Negó categóricamente la versión de que su hermano portara una navaja cuando ocurrió el ataque, según consignó Europa Press.

Las declaraciones de los testigos y las alegaciones jurídicamente opuestas de las diferentes partes marcaron la segunda jornada del juicio, en la que se mezclaron los relatos de amenazas previas, denuncias por incongruencias en los testimonios y acusaciones cruzadas sobre el origen y la escalada del conflicto. El proceso continúa con la revisión de más testificales, la valoración de las pruebas y la expectativa de nuevas intervenciones de las partes, mientras el jurado popular analiza las pruebas, los argumentos y los interrogatorios presentados en la Audiencia Provincial de Huelva.

Una mujer de Florida identificada como Victoria Ashton Johnson, de 30 años, fue señalada por las autoridades del condado de Polk tras ser imputada por varios delitos relacionados con un accidente en el que falleció un niño de ocho años.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal por videoconferencia, Johnson provocó conmoción al reírse y negar los hechos, en un proceso que generó interrogantes sobre su conducta y las derivaciones legales del caso. Según Fox News, el incidente sucedió mientras el menor cruzaba la calle junto a otro niño cerca de la Faith Baptist Church, en Winter Haven.

El juez dictaminó para Johnson una fianza de USD 100.000 por los cargos principales, pero ordenó su detención sin posibilidad de fianza por la violación de su libertad condicional, vinculada a una causa previa por conducción bajo los efectos del alcohol en enero, reportó Fox News. Este giro en la situación legal de la acusada se produjo después de que admitiera a las autoridades que había consumido metanfetamina y conducido sin licencia válida.

El miércoles anterior al arresto, alrededor de las 20:30, la oficina del alguacil de Polk registró varias llamadas de emergencia procedentes de la Faith Baptist Church.

Las comunicaciones advertían que tanto un niño de ocho años como otro de diez habían sido atropellados por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar. El niño más pequeño falleció a causa de las heridas, mientras que el mayor sufrió una fractura de brazo, un fémur roto y una fractura craneal compuesta; permanece hospitalizado en estado crítico pero estable.

Testigos indicaron que el vehículo era un SUV oscuro de tamaño mediano. En la zona del impacto, los agentes hallaron restos compatibles con la parte inferior de la carrocería. Las cámaras de seguridad registraron un automóvil similar desplazándose por la vía antes de virar abruptamente tras el suceso, lo que apoyó la hipótesis de las autoridades sobre la ruta tomada por el conductor.

La investigación reveló consumo de metanfetamina y manipulación de pruebas tras el accidente

La reconstrucción policial, detallada por Fox News, expone que Johnson negó inicialmente haber conducido el SUV en el momento del incidente e intentó denunciar el vehículo como robado. Cambió su declaración e indicó que lo había prestado a un conocido, Corey Stewart, para “deshacerse del vehículo”.

Finalmente, reconoció ante los agentes que había estado conduciendo cerca de su residencia durante unos 20 minutos, escuchando música para relajarse tras consumir metanfetamina. Johnson admitió que su licencia de conducir estaba suspendida por un arresto previo por manejar bajo los efectos del alcohol y expresó su temor a cargos graves por estos hechos.

La zona mencionada por Johnson coincidía con la ubicación del accidente, a menos de 4,5 kilómetros de su domicilio. Posteriormente, los agentes localizaron el SUV en posesión de Stewart, la persona a quien Johnson le entregó el coche tras lo ocurrido.

Stewart y otro pasajero se negaron a salir del vehículo, que presentaba daños visibles, partes faltantes y restos orgánicos consistentes con la descripción proporcionada por los testigos y el material hallado en el lugar de los hechos.

En la comparecencia transmitida por videoconferencia desde la cárcel, Johnson movió la cabeza y sonrió al escuchar la enumeración de los cargos. Al ser consultada por el juez, declaró: “Ni siquiera estaba en el coche“. Posteriormente aceptó ser representada por un defensor público, asignado esa jornada por el tribunal.

La acusación formal incluye: abandono de la escena de un accidente con resultado fatal, abandono de la escena de un accidente con lesiones graves, manipulación de pruebas, conducción sin licencia causando la muerte y proporcionar información falsa a las autoridades, de acuerdo con información de la oficina del alguacil reproducida por Fox News.

La versión de la defensa y situación actual del menor herido

El abogado de oficio designado por el tribunal del condado de Polk señaló ante el juez que, aunque el hecho es “trágico y terrible”, según una lectura detenida de la declaración jurada, no se evidencia que la imputada hubiera provocado el incidente de forma directa.

Pese a ello, la acusación resalta la gravedad de la huida, el consumo de sustancias ilegales y la manipulación del relato dirigido a las autoridades tras el evento.

Las autoridades subrayaron que Johnson reconoció haber consumido metanfetamina antes de conducir y no poseer permiso válido, factores que agravan las consecuencias penales del caso. El proceso judicial sigue su curso mientras el menor herido continúa en estado crítico bajo cuidados médicos, según información de Fox News.

La disputa que antecedió a la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón en Huelva tuvo su origen en un conflicto vecinal relacionado con filtraciones de agua y una reclamación de dinero, según expusieron testigos durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Huelva. La sesión permitió a los familiares de la víctima relatar los hechos que desencadenaron la reyerta del 16 de septiembre de 2020 y señalar directamente a uno de los once acusados como responsable de la puñalada mortal, en un contexto de amenazas previas y enfrentamientos entre las partes. El medio Europa Press recopiló las declaraciones que formaron el eje central de esta jornada procesal, en la que las defensas, por su parte, denunciaron contradicciones en los testimonios.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, dos hermanas del fallecido identificaron a un procesado como el autor del ataque letal, indicando que ese mismo día había amenazado de muerte a su hermano. Ambas detallaron que la disputa se originó tras la exigencia de un pago de 500.000 pesetas (la cantidad aproximada de 3.000 euros), que el acusado atribuía a la necesidad de reparar los daños provocados por una fuga de agua que, según su versión, tenía origen en la vivienda de la víctima. Según su testimonio, hubo advertencias directas: “Lo tengo en el punto de mira”, habrían sido las palabras usadas, acompañadas de la intención de reunir a la familia para confrontar a la víctima. Las hermanas afirmaron que alertaron a la Policía antes de que se produjeran los hechos, aunque la respuesta llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias fatales.

Durante la jornada, el jurado escuchó cómo estas testigos describieron la pelea como una “carnicería”, asegurando que varios de los involucrados portaban palos, bates de béisbol, navajas y adoquines, lo que impidió que ellas pudieran auxiliar a su hermano durante la agresión. Asimismo, mencionaron que quienes participaron en la confrontación desplegaron una violencia que no solo tuvo como blanco a la víctima, sino que incluyó amenazas para impedir que cualquier intervención de terceros alterara el curso de los hechos.

Europa Press detalló que la Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para el principal acusado, bajo el cargo de homicidio, y trece años de prisión para otros cinco procesados calificados como coautores. Además, la acusación solicita una indemnización conjunta de 54.295 euros para la madre de la víctima, ya fallecida, y 20.350 euros para cada hermano del fallecido. Para otros cinco imputados se exige una condena de cuatro años por lesiones calificadas.

Por otra parte, la acusación particular que representa a la madre y algunos de los hermanos del fallecido eleva la solicitud de pena a 25 años de cárcel para cada inculpado, al considerar que concurrieron circunstancias agravantes como alevosía y ensañamiento. Esta postura es compartida por los representantes legales de otros familiares, que insisten en la existencia de colaboración y autoría conjunta entre los acusados.

En el transcurso de la sesión, los abogados defensores solicitaron la libre absolución del principal acusado, argumentando la supuesta imposibilidad de identificar con certeza al autor de la puñalada fatal. Uno de los representantes legales sostuvo ante el tribunal que las declaraciones presentadas por las hermanas de la víctima contienen contradicciones respecto a sus versiones iniciales, particularmente en lo referente al lugar exacto del impacto y el objeto que habría sido utilizado. Según recogió Europa Press, señalaron diferencias, por ejemplo, respecto a si la herida fue en el abdomen, como relataron al inicio de la instrucción, o en el costado lumbar derecho, como aseguraron durante el juicio, y cuál fue el arma utilizada.

Otra defensa alegó fallos en la instrucción y en la investigación, cuestionando cómo, en un enfrentamiento en el que participaron cerca de 50 personas y hubo 27 lesiones en el cuerpo de la víctima, solo la puñalada se consideró letal y únicamente se imputó a once personas seleccionadas “sin criterio aparente”.

Europa Press informó que entre los argumentos presentados por las defensas figura que las disputas tendrían su origen en acusaciones de “acoso” por parte de la víctima a una menor de 14 años, hija del principal acusado por el apuñalamiento. Igualmente, defendieron la idea de que el fallecido tenía antecedentes problemáticos en el vecindario y, según lo expuesto ante el tribunal, habría acudido el día de los hechos al domicilio del principal acusado armado con un cuchillo de grandes dimensiones, con el que presuntamente hirió a dos acusados.

Las hermanas, en contraste, manifestaron ante el jurado que su hermano gozaba de una buena relación con los vecinos y que el origen del conflicto había sido estrictamente un problema derivado de la gotera que afectaba su vivienda y la del acusado. Explicaron que la convivencia se deterioró a raíz de los daños por la filtración, lo que llevó a que se reclamara el pago para una reparación que el acusado consideraba responsabilidad del fallecido.

El relato se completó con el testimonio de otro hermano, quien explicó que al llegar al lugar de los hechos encontró a la víctima ya en el suelo tras la pelea. Aseguró que intentó alertarle del peligro luego de constatar que la familia del principal acusado se encontraba reunida, lo que interpretó como una señal de un posible enfrentamiento. Según su declaración recogida por Europa Press, la muerte se produjo en sus brazos, entre numerosas armas blancas repartidas en el lugar, y negó que su hermano portara una navaja al momento del suceso.

Esta segunda jornada del juicio incluyó la lectura de los escritos de las partes implicadas, la exposición inicial de alegatos y la intervención de los primeros testigos presenciales del enfrentamiento que cobró la vida de un hombre de 48 años. El desarrollo de la causa continuará en la Audiencia Provincial de Huelva, con todas las partes exponiendo sus consideraciones sobre los hechos, la autoría y las circunstancias que rodearon el suceso, mientras las acusaciones y las defensas mantienen posiciones discrepantes sobre la secuencia y la responsabilidad penal de los acusados.

Según el sumario judicial, la relación entre la víctima y el único sospechoso del crimen habría terminado pocos días antes del homicidio, el 27 de septiembre, aunque inicialmente las diligencias descartaron que se estuviera ante un acto de violencia de género, dado que no constaban vínculos persistentes según testigos y personas cercanas a la mujer. A pesar de ello, el abogado Óscar Tripiana, que representa a la familia de la víctima, indicó que la investigación no descarta ninguna hipótesis y podría replantear la calificación del caso en el futuro si se reúnen pruebas adicionales. De acuerdo con Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería) Plaza 4 dictó el sobreseimiento provisional de las diligencias debido a la imposibilidad de localizar al principal sospechoso, presuntamente huido a Marruecos.

El juzgado tomó la decisión a través de un auto emitido el 10 de marzo, consultado por Europa Press, en el que se reconoce que el sospechoso, de 53 años, permanece en paradero desconocido desde el día del crimen. Sobre él pesa una orden de detención internacional dictada tras las averiguaciones de la Guardia Civil, que apuntan a la posibilidad de que hubiese embarcado en un ferry rumbo a Tánger, Marruecos, desde el Puerto de Algeciras (Cádiz). Los investigadores localizaron el vehículo del sospechoso estacionado en el puerto, dentro del cual se hallaron restos biológicos y un cuchillo que podría haber sido utilizado como arma homicida, tal como publicó Europa Press.

Según consignó el medio, las cámaras de seguridad ubicadas junto a las cabinas del puerto de Algeciras captaron al sospechoso antes de su presunto escape. El vínculo entre el acusado y la mujer fue establecido a partir de declaraciones de testigos y el análisis de los dispositivos y efectos personales de la víctima, quien había llegado recientemente a La Mojonera. El letrado de la familia expuso que "parece ser que estuvieron un tiempo conviviendo", aunque no existen denuncias previas por violencia o conflicto mantenido en el entorno de la fallecida.

Uno de los hermanos del sospechoso prestó testimonio en sede judicial en el marco de los intentos por esclarecer el paradero del hombre. Según fuentes presentes en la declaración, este familiar afirmó desconocer el destino de su hermano, pero admitió la posibilidad de que hubiese partido el mismo día del crimen, momento a partir del cual se perdió su rastro y se formalizó su desaparición.

El asesinato ocurrió la tarde del 2 de octubre, cuando la víctima, una mujer de 35 años, fue encontrada sin vida en plena vía pública, en la calle Lavadero de La Mojonera, con cinco heridas de arma blanca. Una de estas lesiones afectó órganos vitales, lo que provocó su muerte rápida, de acuerdo con el informe judicial consultado por Europa Press. El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas, momento en que los servicios de emergencias recibieron aproximadamente diez llamadas alertando sobre el hallazgo del cadáver. A la zona acudieron servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, pero los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

El juzgado validó la solicitud de una orden internacional de búsqueda tras constatarse la posible fuga del sospechoso a Marruecos. Las pruebas halladas hasta el momento, como los restos biológicos y el cuchillo localizados en el interior del coche del acusado, forman parte de las principales evidencias recogidas por la investigación, según reportó Europa Press, aunque estas todavía no han permitido localizar al autor del crimen ni avanzar significativamente en las pesquisas.

El sobreseimiento provisional implica que el proceso queda detenido mientras no se disponga de nuevos indicios o se consiga dar con el paradero del sospechoso. Fuentes judiciales explican que esta medida responde a la imposibilidad material de continuar la instrucción sin avances en la localización o detención del principal acusado. La familia de la víctima permanece a la espera de que se reanuden las actuaciones si las autoridades logran efectuar la detención y obtienen nueva información que permita reabrir el caso, según detalló Europa Press.

El dispositivo activado involucra a varios grupos policiales y utiliza recursos técnicos y humanos, incluyendo unidades de intervención rápida y apoyo aéreo. La operación implica registros en diferentes domicilios de El Puerto de Santa María, todos ellos relacionados con la investigación en marcha tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un vehículo, donde fue encontrado calcinado en febrero. Según informó la Policía Nacional, los registros se han llevado a cabo desde las primeras horas de la mañana de este lunes 16 de marzo.

De acuerdo con información publicada por la Policía Nacional y recogida por diversos medios, los agentes investigan la posible vinculación entre varias viviendas y el homicidio reportado. El cuerpo de la víctima fue localizado en un coche en la calle Pistacho de El Puerto de Santa María, lo que llevó a abrir esta línea de investigación. La Policía Nacional comunicó que espera proporcionar nuevos datos conforme avance la jornada, especialmente sobre los resultados de los registros realizados y sobre si existe una relación directa entre los domicilios inspeccionados y el crimen sucedido en febrero.

El operativo desplegado incluye la intervención de agentes del Grupo de Investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) tanto de Cádiz como de El Puerto de Santa María, así como equipos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), medios aéreos y agentes de la Policía Científica. Según la información transmitida por la Policía Nacional a los medios, la colaboración entre estos grupos permite abordar el caso desde una perspectiva multidisciplinar.

Tal como detalló la Policía Nacional, el despliegue respondió no solo a la necesidad de esclarecer los hechos en torno al homicidio sino también a garantizar la seguridad en el entorno de los registros. Los agentes permanecieron en los inmuebles realizando diversas diligencias, recogiendo pruebas y buscando indicios sobre el móvil del crimen y la relación entre personas o lugares implicados. El uso de recursos aéreos facilitó la vigilancia de la zona, mientras que la Policía Científica se encargó de la recogida y análisis de muestras en los lugares inspeccionados.

Según publicó la Policía Nacional, no se descartó ninguna hipótesis respecto a las posibles causas del homicidio ni sobre la identidad de los involucrados. El despliegue contó con la colaboración de distintas unidades especializadas que coordinan sus actuaciones con el objetivo de esclarecer los hechos lo antes posible. Los registros domiciliarios fueron autorizados en el marco de la causa abierta tras el hallazgo del cadáver calcinado.

En el desarrollo de la investigación, el papel de la UDEV se centra en analizar posibles conexiones entre los inmuebles registrados y los acontecimientos de la noche en que se produjo el hallazgo del cadáver. Los agentes de la UPR y GOES aseguraron la entrada y la protección del perímetro, mientras que la Policía Científica documentó los indicios localizados para incorporarlos a la investigación judicial.

La Policía Nacional ha transmitido a los medios su intención de actualizar la información a medida que se disponga de nuevos avances en la investigación y no descartó que se produzcan nuevas actuaciones relacionadas con el caso. Según consignaron medios oficiales, tanto la investigación como los operativos continuarán activos mientras se analizan los datos recogidos durante los registros y se determinan responsabilidades o implicaciones adicionales en el homicidio.

Dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa fueron sentenciados a 25 años de prisión en los Estados Unidos luego de que admitieron su culpabilidad en un caso de homicidio ordenado por el grupo criminal.

Ambos fueron reclutados por la pandilla Westside Wilmas, ligada al Cártel de Sinaloa, para asesinar a una persona. Esto debido a que su edad no los haría acreedores a una sentencia alta.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando Andrew Núnez y Johncarlo Quintero, ambos de 15 años en ese momento, viajaron desde Wilmington, California, hasta un restaurante en Chula Vista, donde se encontraba el objetivo señalado por el cártel.

Cuando la víctima y su familia salían del sitio, los dos menores de edad los emboscaron en el área de estacionamiento. Quintero le disparó en la pierna, y tras la detonación, su arma se atascó.

Al fallar con su objetivo, intentaron atropellar a la víctima para asesinarla, pero tampoco lo lograron, por lo que huyeron del lugar.

Los adolescentes realizaron dos intentos para asesinar al objetivo del cártel

Esa misma madrugada, los adolescentes acudieron a la vivienda de la persona señalada, pero ahora estaban acompañados de Ricardo Sánchez, de 28 años, para cumplir con la orden del cártel.

Dos familiares y un amigo de la víctima se encontraban en el domicilio. Al arribar, Sánchez tocó la puerta, y cuando abrió el amigo, los dos adolescentes dispararon de manera indiscriminada contra la vivienda.

El amigo presentó lesiones en una mano, el brazo y cara, pero logró sobrevivir. Para protegerse, le disparó a los tres sicarios y mató en la acción a Sánchez.

Según la acusación, los adolescentes admitieron que fueron elegidos para asesinar al hombre por ser menores de edad, ya que no serían transferidos a la edad adulta según la Sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones del Estado.

Esperaban recibir penas menores y ganar miles de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalló que la decisión de emplear a menores como sicarios se relacionó directamente con las leyes estatales de California.

Según los acuerdos de culpabilidad, los acusados sabían que, por ser menores de 16 años, no podrían ser transferidos al sistema de justicia de adultos, lo que reducía significativamente las consecuencias legales.

Además, señaló que los adolescentes esperaban recibir aproximadamente 50 mil dólares cada uno.

“No al reclutamiento de menores por parte del Cártel de Sinaloa. No a que la Mafia Mexicana dirija asesinatos en San Diego”, subrayó el fiscal federal Adam Gordon al condenar la explotación de adolescentes para cometer crímenes violentos.

A Quintero y Núñez se les consideró como “demasiado jóvenes para enfrentar consecuencias graves”, pero fueron imputados por intento de asesinato en el marco de una actividad delictiva organizada y homicidio en apoyo de una organización criminal.

Yovanny González Ulloa, conocido como alias Valencia o Valenciano, fue judicializado y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el el 3 de octubre de 2024 en Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el sujeto de nacionalidad venezolana haría parte de la red criminal que estaría detrás del intento de hurto y posterior crimen del docente, que se registró en el cerro El Volador, ubicado en el occidente de la capital del departamento de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el mismo sector donde se produjo el crimen, otro hombre también fue atacado ese día por el mismo grupo, que le robó sus pertenencias y le provocó una lesión con arma cortopunzante, según confirmó la Fiscalía.

Cronología del crimen

Según la investigación del ente acusatorio, el cuerpo de Arboleda Cardona fue hallado dos días después en el lugar de los hechos, tras haber sido interceptado por varias personas mientras se desplazaba en motocicleta.

Los asaltantes lo forzaron, bajo amenazas, a revelar las claves de sus tarjetas bancarias y le causaron varias heridas con arma blanca cuando el docente se resistió al asalto.

“El docente se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad cuando fue interceptado por varias personas, entre ellas el hoy procesado, quienes lo llevaron a un sendero peatonal del cerro El Volador. Allí le arrebataron el celular y las tarjetas bancarias, lo obligaron a entregar sus claves y, en medio de un forcejeo, le causaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte”, indicó la Fiscalía.

Posteriormente, los responsables abandonaron el cuerpo en una zona apartada del cerro, y en la que se apropiaron de varias pertenencias de la víctima, entre ellas un computador portátil.

El caso cobró notoriedad cuando, al día siguiente del asesinato, los agresores utilizaron la tarjeta de propiedad de Arboleda Cardona para realizar dos retiros en efectivo, apoderándose de $9.541.260.

Este dato, aportado por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia, refuerza la acusación de hurto calificado agravado y fue clave para la imposición de la medida de aseguramiento.

La desaparición fue denunciada de inmediato por la familia, al no presentarse Arboleda Cardona en su hogar ni en su lugar de trabajo. Esta denuncia activó la ruta urgente de búsqueda, coordinada por la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y Medicina Legal, lo que posibilitó la rápida difusión del caso en redes sociales y medios comunitarios, permitiendo una colaboración ciudadana que apuntaló las pesquisas.

Por este mismo caso, un hombre identificado como José Luis Rivas Mosquera, otro de los presuntos implicados, ya se encuentra bajo medida de cárcel preventiva poco después del crimen.

Las evidencias recolectadas llevaron a un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) a imputar a González Ulloa los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todos con agravantes. El imputado, de nacionalidad venezolana, no aceptó cargos y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

La Fiscalía subrayó que las actividades investigativas fueron determinantes para identificar individualmente a los participantes del hecho y que la judicialización reciente de González Ulloa responde a nuevas pruebas recabadas desde el asesinato de James Alberto Arboleda Cardona.

Entre tanto, las entidades judiciales de Medellín mantienen abiertas las pesquisas para determinar si el grupo investigado está vinculado con otros ataques similares en el sector.

La trayectoria de Arboleda Cardona fue destacada por Leonardo García Botero, rector del Tecnológico de Antioquia, subrayando que el docente era contador, especialista en gerencia financiera y magíster en administración de empresas, y formaba parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas desde 2019. Tras confirmarse su muerte, la institución suspendió actividades académicas como señal de duelo.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar de inmediato cualquier caso de desaparición, al no ser necesario esperar 72 horas para activar la ruta de búsqueda urgente.

Como Victoria Luz Morelo Romero fue identificada la menor de 14 años que apareció enterrada en una vivienda del municipio de Sahagún (Córdoba).

El hallazgo del cuerpo, en avanzado estado de descomposición, se registró el 11 de marzo en una casa del sector Tres Esquinas, en el corregimiento La Ye, zona rural de Sahagún.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El hallazgo se produjo después de que residentes del sector advirtieran movimientos inusuales y actitudes sospechosas en la vivienda. Según otras versiones, el propietario del inmueble fue quien acudió al lugar para verificar el estado de la casa tras la repentina desaparición del arrendatario y, durante la inspección, percibió un fuerte olor proveniente de una de las áreas del domicilio.

Ante la preocupación, alertaron a la Policía, que junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar. Durante la inspección, los investigadores hallaron un cuerpo semienterrado dentro de la vivienda, lo que generó consternación en la comunidad.

Según los primeros reportes, la adolescente habría sido asesinada varios días antes de su hallazgo. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y dar con los responsables. El operativo incluyó la recolección de evidencias y la inspección técnica del inmueble por parte de unidades de Policía Judicial y el CTI.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que el cuerpo ingresó a sus instalaciones en Montería el 12 de marzo de 2026. Posteriormente, familiares de la menor acudieron para reclamarlo luego de que la entidad divulgara un comunicado informando que aún no se tenía contacto de los familiares de la menor.

Hasta ahora, el reporte oficial de la entidad solo menciona el ingreso y permanencia del cadáver en Medicina Legal, sin detalles adicionales sobre las causas precisas de la muerte.

Versiones extraoficiales del caso

De manera extraoficial, algunas personas del sector, citadas por medios como La Jornada, expresaron que Victoria Luz Morelo Romero habría atravesado situaciones personales complejas.

Habrían mencionado antecedentes de participación en procesos de rehabilitación o programas de atención especializada, así como episodios en los que se ausentaba de su vivienda sin autorización. Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente y forman parte de la línea investigativa que siguen las autoridades.

Asimismo, se supo que la imagen de la menor que circula en redes sociales corresponde a una fotografía tomada meses o años antes, por lo que no refleja su aspecto de sus 14 años. Es la única imagen pública disponible hasta el momento para identificarla.

El caso ha provocado conmoción en la región y mantiene en alerta a las autoridades, que trabajan para esclarecer los hechos y evitar nuevas situaciones similares.

Asesinaron en Venezuela a alias Fabián, presunto responsable del asesinato de las hermanas Hernández en Malambo, Atlántico

Alias Fabián, adolescente de 17 años, identificado como Aldelso Fabián Nava Díaz, fue abatido por el Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (Cpbez) durante un operativo en Maracaibo, Venezuela.

El joven era buscado por su presunta vinculación al asesinato de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente, ocurrido en febrero en Malambo, Atlántico.

Sobre Nava Díaz pesaba una recompensa de hasta $20 millones por información que permitiera su captura. Según el Cpbez, el 12 de marzo uniformados localizaron al sospechoso en el sector El Despertar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Al percatarse de la presencia policial, el menor huyó e ingresó a una vivienda, desde donde disparó contra los agentes, quienes respondieron al ataque. Nava Díaz resultó gravemente herido y falleció en el Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta.

Alias Fabián era señalado como novio de una de las víctimas y las autoridades colombianas lo investigaban por homicidio agravado y secuestro extorsivo. Otro adolescente de 17 años, también implicado, deberá cumplir medida de internamiento preventivo, mientras que Juan David Taboada Olivera fue judicializado por los mismos hechos.

En una sala de la funeraria F.L. Sims en Smyrna, Georgia, el silencio es absoluto, interrumpido únicamente por el llanto de quienes no logran asimilar la partida de Favia Gricelda Naely Vicente Velásquez. A sus 24 años, la joven guatemalteca que un día cruzó fronteras buscando un futuro para los suyos, hoy descansa en un féretro rodeada de flores. Es la antesala de su regreso definitivo a casa: el viaje de repatriación hacia la tierra que la vio nacer.

La historia de Favia en Estados Unidos no fue solitaria. En 2018, cargada de ilusiones y con apenas 16 años, emprendió el viaje hacia el norte junto a sus padres. No buscaba solo aventura; buscaba esa “mejor calidad de vida” que su país natal le dificultaba alcanzar.

Ese mismo año, el destino la unió a quien se convertiría en su esposo. Juntos, comenzaron a cimentar los pilares de un hogar en tierras extranjeras. La felicidad de la pareja se multiplicó en 2019 con el nacimiento de su hija, quien hoy, con apenas 6 años, se enfrenta a la ausencia inexplicable de su madre.

Favia no solo se dedicó a su familia; según relatan sus amigos cercanos, poco a poco fue construyendo una carrera profesional, superando barreras idiomáticas y culturales. Estaba logrando lo que se propuso, pero esa luz se apagó abruptamente el pasado 6 de marzo.

Vulnerabilidad en las sombras

Entre el llanto y la impotencia, familiares y amigos de Favia Velásquez alzaron la voz en Georgia para exigir justicia inmediata. A días de su asesinato, el dolor se mezcla con la incertidumbre: aún no hay rastro del asesino y se desconocen los motivos que lo llevaron a arrebatarle la vida a la joven madre de 24 años.

Organizaciones como la Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR) han señalado a The Atlanta Voice que las mujeres inmigrantes viven en una situación de “especial vulnerabilidad”.

El aislamiento social y el miedo constante a las autoridades migratorias suelen crear un muro de silencio que deja a mujeres como Favia expuestas a la violencia. Mientras la investigación sigue su curso, la comunidad exige que el nombre de esta joven madre no sea una estadística más de la criminalidad en Georgia.

El regreso a su amada Guatemala

En los próximos días, el cuerpo de Favia será trasladado a Guatemala para recibir cristiana sepultura. El contraste es desgarrador: el lugar que la vio partir llena de vida en 2018, hoy la verá regresar sin ella. Sus padres, su esposo y su pequeña hija enfrentan ahora el vacío de una vida que apenas comenzaba a florecer.

“Ella construyó una vida profesional, era una mujer de esfuerzo, una madre dedicada”, recuerda uno de sus amigos durante la velación.

La comunidad guatemalteca en Smyrna no solo se ha reunido para despedirla; se ha unido para exigir justicia. Piden que el asesino sea capturado y que el peso de la ley caiga sobre quien decidió arrebatarle a una niña el derecho de crecer junto a su madre.

Favia Velásquez volverá a su amada Guatemala, no como la migrante exitosa que soñaba ser, sino como un símbolo de la lucha por la seguridad y la dignidad de quienes, aun lejos de casa, nunca dejan de pertenecer a su tierra.

El adolescente Jonathan Correa, de 15 años, tuvo una fuerte discusión con su padre, Jonathan Calero, el viernes de noche y el mayor lo comenzó a golpear tomando un cable. El hombre, de 37 años, le dio una fuerte golpiza en su dormitorio, mientras su madre y su hermana (de nueve años) estaban en otra habitación. Cuando terminó de golpearlo, lo mandó a dormir. El adolescente ya no se despertaría.

Entre las dos y las tres de esa madrugada –según la reconstrucción que hizo Fiscalía consignada por La Diaria–, Calero se levantó y fue hasta el dormitorio en el que hacía algunas horas había golpeado a su hijo. Allí vio que el menor no reaccionaba, que estaba sin signos vitales. Entonces decidió cargarlo, llevárselo de la casa y tirarlo en una cuneta.

Cuando la madre se levantó, vio que el adolescente no estaba y ambos empezaron a buscarlo. Hasta que finalmente el hombre confiesa que está en un lugar. Allí intentaron reanimarlo, pero no había nada por hacer. Jonathan, el adolescente de 15 años, había muerto.

Lo primero que dijo Calero cuando vio que su hijo había fallecido fue que se podría haber caído de un “puentecito que había cerca”, de acuerdo al relato de la fiscal.

El caso generó conmoción en Uruguay. Con el paso de los días se supo que la UTU (el secundario especializado en oficios al que asistía) había denunciado que Jonathan sufría violencia desde que era chico, pero esa denuncia nunca avanzó ni en la Policía ni en Poder Judicial. También hablaron las autoridades políticas –hasta el presidente de la República, Yamandú Orsi–, quienes lamentaron la omisión que hubo de parte del Estado en este caso.

La Justicia dispuso que Calero sea imputado por un delito de violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado por haberse cometido contra su hijo y en presencia de menores de edad, tal como lo pidió la fiscal del caso, Sabrina Flores.

Calero era un clasificador y feriante.

Violencia desde “hace mucho tiempo”

Jonathan era en la secundaria un chico introvertido. Así lo recordaron sus compañeros en el noticiero uruguayo Telemundo. El joven no era muy sociable: no tenía amigos ni molestaba. Eso sí: era un “buen pibito”, “inteligente” y “querido” por sus compañeros pese a su timidez. Pero los otros alumnos de la UTU también notaban que en su casa sufría violencia. Tenía moretones en los brazos y se los tapaba con una campera”, relató uno de ellos. También contaron que se lo notaba con los “ojos negros”.

La violencia no solo fue una percepción de sus compañeros: también quedó reflejada en las pericias forenses que fueron analizadas por la Fiscalía, y consignadas en el artículo de La Diaria. En el escrito de imputación, la fiscal concluyó que hubo “diferentes tipos de violencias físicas sobre el cuerpo” de Jonathan. La médica que realizó la autopsia forense planteó que tiene “múltiples heridas, de diferente tiempo de antigüedad”, y que la causa de muerte son los golpes que recibió.

“Hay tantas lesiones que la forense no pudo constatar bien dónde había iniciado el sangrado”, señala el pedido de imputación de la fiscal, que fue leído en la audiencia.

El padre de Jonathan fue enviado a la cárcel en prisión preventiva por 180 días, mientras avanza la investigación.

La defensa del adolescente no se opuso a la formalización ni a la prisión preventiva. Sin embargo, su abogado (de oficio) solicitó atención médica en la cárcel para continuar un tratamiento de asma. También pidió una pericia psiquiátrica para saber si es capaz que apreciar el carácter ilícito de sus actos: es decir, para saber si es imputable o inimputable.

La hermana de Jonathan originalmente fue a vivir con su abuela, pero sobre ella también hay acusaciones de violencia, según informó El Observador. Por eso, la Justicia dispuso que tanto ella –que tiene nueve años– como dos de sus primos fueran enviados a centros del organismo estatal de menores de Uruguay (INAU).

Yamandú Orsi: un crimen “espantoso”

El presidente uruguayo se refirió el jueves a la muerte de Jonathan y marcó las fallas estatales que hubo.

“Es espantoso, terrible. La muerte de un niño nos parte el corazón. De esa forma, además: una muerte violenta”, expresó Orsi en una rueda de prensa. Señaló también que la vida que llevan menores como Jonathan significa “otro golpe” para el Estado uruguayo. Y como tercer lugar planteó una pregunta: “¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir?”.

El presidente le dio la razón al ministro del Interior, Carlos Negro, quien antes había expresado su “indignación” y “profunda tristeza” por la muerte del joven. “El Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las instancias evidentemente fallaron. Tenemos que hacer un reconocimiento de estas fallas en los controles, tenemos que seguramente asumir las responsabilidades como Estado e investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que falló y luego sacar conclusiones”, expresó.

Negro anunció que se inició una investigación administrativa para buscar responsabilidades.

La Suprema Corte de Justicia, en tanto, también pidió informes para saber cómo fue el accionar de la Justicia luego de la denuncia que presentó el centro de estudios por la violencia que recibía Jonathan.

Este 12 de marzo la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que Jared Alejandro “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Kimberly Joselin, luego de que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos obtuvo un nuevo auto de vinculación en su contra.

Kimberly Joselin desapareció el pasado 20 de febrero de 2026 tras asistir al campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ubicado en la colonia Chamilpa de Cuernavaca. Al siguiente día su familia denunció el caso con la FGE, por lo que fue activada una ficha de desaparición.

Posteriormente, el 2 de marzo, la autoridades informaron la localización de un cuerpo durante las jornadas de búsqueda orientadas a encontrar a la joven. Menos de 24 horas después fue confirmado que el cuerpo hallado en un terrero contiguo a la UAEM se trataba de Kimberly Joselin.

Este es el segundo proceso penal que enfrenta el imputado por el mismo caso, ya que previamente había sido procesado por el delito de desaparición.

Segundo proceso penal: ahora por feminicidio

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, un juez determinó la vinculación a proceso de Jared Alejandro “N” por feminicidio y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

El juzgador estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía estatal señaló que durante la audiencia, la víctima fue identificada únicamente por sus iniciales, KJRB, con el objetivo de evitar la revictimización y resguardar sus derechos y los de sus familiares.

Investigación y antecedentes judiciales

Jared Alejandro “N” fue detenido el pasado 28 de febrero por elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que llevó posteriormente al imputado hacia el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos en Atlacholoaya, donde aún continúa.

Su arresto fue realizado días antes de ser localizado el cuerpo de la víctima.

Reportes de medios locales han señalado que Jared Alejadro “N” tendría nexos con narcomenudeo en la UAEM, sin embargo, las autoridades no han confirmado tales acusaciones. Además, la periodista Yohali Reséndiz, quien ha cubierto el caso desde sus inicios, mencionó en sus reportes que Alejandro “N” y Kimberly habrían tenido vínculos sentimentales.

El cuerpo de la joven fue entregado a su familia el pasado 4 de marzo. En declaraciones con medios de comunicación, el tío de Kimberly mencionó que la estudiante de la UAEM sería trasladada a Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo los protocolos funerarios.

Reserva de datos y avance del caso

El juez del caso ordenó que los datos de prueba permanezcan reservados para no afectar la investigación ni los derechos de las víctimas directa e indirectas.

La Fiscalía de Morelos informó que la investigación continuará bajo estricta confidencialidad conforme a los protocolos establecidos para delitos de género.

El proceso penal contra Jared Alejandro “N” se mantiene abierto, con seguimiento judicial y ministerial, a la espera de que concluyan las indagatorias.

Aldelso Fabián Nava Díaz, conocido como “Fabián”, de 17 años, fue identificado como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de Sheneeyda Sofia y Keila Nicolle Fernández Noriega en Malambo, Atlántico.

Tras la difusión de su búsqueda, las autoridades colombianas ofrecieron $20 millones por información que permitiera su captura. El jueves 12 de marzo, el Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (Cpbez) informó que el joven murió durante un enfrentamiento en el sector El Despertar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo, Venezuela, luego de ser localizado gracias a la colaboración ciudadana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado oficial del Cpbez, agentes adscritos a las unidades especiales del Servicio de Investigación Penal (Sipez), Equipo de Respuesta Especial (ERE) y Cuerpo de Policía Científica (CPK) realizaron labores de inteligencia tras recibir alertas sobre la presencia de un adolescente con las características de “Fabián”.

La persecución finalizó cuando el joven, al notar la presencia de los uniformados, intentó huir y se refugió en una vivienda. Allí abrió fuego contra los funcionarios, que respondieron al ataque. El presunto criminal resultó gravemente herido y fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta, donde se certificó su deceso minutos después.

El caso: secuestro y asesinato en Malambo

La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación identificaron a “Fabián” como coautor del secuestro y posterior asesinato de las hermanas Fernández Noriega, de 14 y 17 años.

Con base en las investigaciones, el adolescente habría mantenido una relación sentimental con una de las víctimas, Keila Nicolle. Junto a otros implicados, entre ellos Juan David Toviera Ontiveros (19 años) y un menor conocido como “El Mono”, ambos capturados en Colombia, “Fabián” habría participado en el engaño y retención de las adolescentes.

Durante el cautiverio, que se extendió por 13 días, los responsables exigieron $50 millones como rescate para liberar a las jóvenes. Según los reportes, una de las hermanas fue asesinada el 19 de febrero, mientras que la otra murió el 21 del mismo mes. Los cuerpos fueron hallados en un paraje solitario de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla.

Operativo y hallazgos en Venezuela

El seguimiento internacional permitió que, tras su huida al país vecino, las autoridades, en coordinación con información proveniente de Colombia, lograran rastrear a “Fabián”. De acuerdo con el comunicado del Cpbez, la comunidad del sector El Despertar alertó sobre la presencia del joven, lo que facilitó su ubicación.

Al momento del enfrentamiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil que, según las investigaciones, habría servido para mantener contacto con su círculo más cercano e informar sobre sus movimientos.

La Fiscalía 45 del Ministerio Público de Venezuela tomó conocimiento oficial del procedimiento y de la muerte del sospechoso. Las autoridades señalaron que la investigación en Colombia continúa para dar con el paradero de otros presuntos implicados, entre ellos “Erick”.

Capturas y líneas de investigación abiertas

En el transcurso de la investigación, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de Juan David Taboada, alias Tata, de 19 años, y la aprehensión de “El Mono”, de 17 años, que permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas. Ambos enfrentan cargos por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de las hermanas Fernández Noriega.

Las autoridades en Colombia continúan las labores para ubicar a los demás sospechosos. La recompensa de $20 millones se mantiene vigente para quienes aporten información que permita esclarecer completamente el caso y detener a los restantes integrantes del grupo.

De acuerdo con los reportes, la camioneta tipo Nissan recibió varios impactos de bala, lo que provocó que chocará un muro de contención y la muerte inmediata del ocupante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Policía capturó a los presuntos responsables

Horas después del crimen, la Policía Metropolitana de Cali identificó y capturó a dos sospechosos: un hombre de 24 años y un adolescente de 16, señalados como los presuntos responsables del homicidio que, según las autoridades, habría ocurrido en un intento de hurto.

Para lograr la captura, la institución puso en marcha un plan candado que permitió la detención de los implicados en la Comuna 19, en el sur de la ciudad.

La rápida acción de las unidades policiales en el territorio y del Centro Automático de Despacho posibilitó un cerco de búsqueda que culminó con la interceptación de los presuntos criminales.

Durante el operativo se incautó el arma de fuego que habría sido utilizada en el delito, un vehículo particular en el que los detenidos intentaban huir de las autoridades y una joya de oro, aparentemente robada a la víctima.

Los dos implicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar así el proceso de judicialización correspondiente. El caso mantiene en alerta a la ciudadanía y a las autoridades por la modalidad de hurto violento en distintas zonas de la ciudad.

Tras los hechos, la Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad criminal, centros de acopio o alquiler de armas de fuego, así como actos delincuenciales que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Para estos fines, la institución recordó la disponibilidad de la línea contra el crimen 321 3945156, la línea de emergencia 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes, asegurando la confidencialidad de la información proporcionada.

Persecución policial tras robo de vehículo en Cali dejó cinco heridos y un detenido

El robo de un Kia Cerato negro en el barrio Santa Fe, oriente de Cali, desencadenó una persecución policial que recorrió varias cuadras el sábado 7 de marzo y dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos miembros de la Policía Metropolitana de Cali.

Según el reporte oficial, el asaltante huyó a bordo del vehículo minutos después de cometer el hurto, lo que activó la respuesta de varias patrullas tras la denuncia de la ciudadanía.

Durante la persecución, el conductor realizó maniobras riesgosas que obligaron a varios conductores a esquivar el vehículo para evitar colisiones.

La Policía informó que el seguimiento se extendió hasta el barrio Santa Mónica Popular, sobre la Autopista Suroriental, donde el vehículo fue finalmente interceptado.

“El automóvil había sido hurtado momentos antes y durante su huida protagonizó una cadena de eventos que puso en grave riesgo la seguridad de la comunidad”, declararon las autoridades.

Mientras huía, el delincuente perdió el control y chocó varios automotores, incluidos un carro particular, un taxi y varias motocicletas. El saldo de los daños fue de cuatro vehículos particulares y tres motocicletas —una de ellas institucional— afectados.

Todos los heridos fueron trasladados a la Clínica Colombia y, según el parte médico, ninguno presentó lesiones que comprometieran su vida.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que la reacción de los uniformados fue decisiva para detener al sospechoso. Tras el último choque, los policías rompieron el parabrisas del Kia para extraer al conductor, que se resistía a dejar el carro.

Tres personas murieron en la mañana del martes durante un episodio en Berkeley Township, Nueva Jersey, cuando un hombre irrumpió en una vivienda y abrió fuego contra su expareja y los padres de ella. El atacante, identificado como Vaughn Stewart, de 37 años, se quitó la vida tras cometer los homicidios.

Las autoridades confirmaron que los tres hijos de la pareja estaban presentes, pero no sufrieron heridas. El hecho ocurrió a las 5:00 en una zona residencial, alteró la cotidianidad del barrio y se inició un operativo policial de gran magnitud.

La investigación continúa mientras la comunidad intenta comprender el alcance del caso. Según la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, autoridad judicial local, la familia Russell era conocida en el vecindario por su participación en la iglesia y en actividades solidarias.

Cronología del caso en Berkeley Township

Las primeras llamadas al 911 alertaron sobre disparos en una vivienda de Fairwood Avenue. De acuerdo con los informes policiales, Vaughn Stewart llegó a la casa donde vivía su expareja, Deonna Stewart, de 38 años, junto a sus tres hijos y los padres de ella, Allan Russell (de 61 años) y Michelle Russell (de 60 años).

Stewart primero disparó contra los abuelos maternos de los niños dentro de la casa. Luego, persiguió a Deonna Stewart por la calle y le disparó varias veces. El agresor regresó a la vivienda y se suicidó con la misma arma, según confirmaron la autoridad judicial local a News 12 New Jersey (el canal local) y a ABC7 NY (el canal local).

Quiénes eran las víctimas y el agresor

Las víctimas mortales fueron identificadas como Deonna Stewart, madre de tres menores, y sus padres, los esposos Russell reconocidos en la comunidad como personas generosas y activas en actividades religiosas. Vecinos como James Casella los describieron como personas “verdaderamente buenas”. Recordaron que en alguna ocasión regalaron mochilas a los hijos de los vecinos, según NJ.com (el sitio de noticias).

El agresor, Vaughn Stewart, residía en Maplewood y estaba separado de Deonna. No vivía en la casa atacada y, según la policía, existía una relación tensa tras la ruptura. Hasta la fecha, las autoridades no han informado sobre denuncias previas de violencia doméstica entre ambos.

Detalles del operativo policial y la reacción vecinal

La llegada de los agentes fue casi inmediata tras el reporte de disparos. El despliegue incluyó vehículos de emergencia, patrullas y la intervención de la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, autoridad judicial local.

Los menores, hijos en común de Deonna y Vaughn, se encontraban dentro de la casa durante el tiroteo, pero resultaron ilesos y fueron puestos bajo protección estatal, según confirmó la fiscalía a través de su web oficial.

Vecinos relataron escenas de pánico y confusión durante los minutos posteriores a los disparos. La zona fue acordonada mientras las autoridades comprobaban la situación y aseguraban la vivienda para evitar más riesgos.

La comunidad expresó su dolor y solidaridad con los niños sobrevivientes.

Qué se sabe sobre la investigación y el posible motivo

Hasta el momento, los investigadores no han confirmado el motivo exacto del ataque, aunque la principal hipótesis apunta a conflictos derivados de la separación de la pareja. La fiscalía indicó que no existen indicios de que el agresor planeara atacar a otras personas del vecindario.

La Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, citada por ABC7 NY, reiteró que los niños se encuentran a salvo y bajo la custodia de los servicios estatales de protección infantil. El caso sigue bajo análisis y se espera que en los próximos días se conozcan detalles adicionales sobre la situación previa entre Stewart y su expareja.

Impacto y respuestas en la comunidad

El caso ha impactado a Berkeley Township, una localidad caracterizada hasta ahora por su bajo índice de violencia. Organizaciones locales y la iglesia del barrio están brindando apoyo emocional a los familiares y vecinos afectados.

Las autoridades insisten en que no existe peligro para los habitantes de la zona y han pedido a la ciudadanía que respete la privacidad de los menores mientras avanza el proceso judicial y los servicios sociales determinan su futuro.

Este triple homicidio seguido de suicidio ha reavivado el debate sobre el acceso a armas de fuego y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia doméstica.

Un hombre ejecutado en Texas ofreció disculpas a la familia de sus víctimas antes de morir. Cedric Ricks, de 51 años, se convirtió el 11 de marzo en el sexto condenado a muerte en Estados Unidos en 2026 y el segundo en Texas.

El caso, ocurrido en 2013 en la ciudad de Bedford, involucró el asesinato de Roxann Sanchez y de su hijo de 8 años, Anthony, situación que desde entonces mantiene discusiones abiertas sobre la pena de muerte y la justicia en el estado.

Según USA Today, Ricks privó de la vida a Roxann Sanchez, de 30 años, y a Anthony mediante apuñalamientos sucesivos durante una discusión con Sanchez el 1 de mayo de 2013. También atacó al hijo mayor de Sanchez, Marcus, de 12 años, quien sobrevivió simulando la muerte, según consta en el expediente judicial.

La ejecución por inyección letal ocurrió a las 18:55 (hora central). Marcus, ahora de 25 años, presenció el acto judicial junto a seis familiares. Ninguno de los familiares mostró emoción durante el proceso y optaron por no hacer declaraciones públicas, informó la agencia de noticias internacional Associated Press.

Ricks pidió perdón reiteradamente minutos antes de recibir la inyección letal

Momentos antes de su muerte, Cedric Ricks giró hacia los familiares de las víctimas y, con la voz quebrada, expresó: “Quiero decir que lo siento por quitarles a Roxann y Anthony”, según la transcripción de las autoridades del Departamento de Justicia Criminal de Texas recogida por USA Today. Añadió: “No puedo imaginar el dolor que les causé. Me alegro de poder decírselos cara a cara”.

En especial, Ricks se dirigió a Marcus: “Siempre pensé en ti y lamento haberles arrebatado a tu madre y tu hermano. Ojalá puedan encontrar paz y alegría en la medida de lo posible, pero sólo puedo decir que lo siento”. Expresó su deseo de pedir perdón directamente a Sanchez y Anthony en el más allá.

Ningún miembro de la familia de Sanchez proporcionó comentarios a los medios en los días previos a la ejecución ni tras el hecho.

Los hechos y la respuesta institucional

El asesinato de Roxann Sanchez y su hijo ocurrió después de una pelea que derivó en violencia física, detallan los expedientes judiciales citados por USA Today. Los hijos de Sanchez, Marcus y Anthony, intentaron intervenir, pero fueron sobrepasados. Cedric Ricks apuñaló primero a Sanchez y después persiguió a Marcus y Anthony, hiriéndolos gravemente. Solo Marcus logró sobrevivir al simular su muerte.

El hijo menor de Ricks y Sanchez, de nueve meses al momento del crimen, no sufrió lesiones. Tras la agresión, Ricks se duchó, empacó ropa, acomodó al bebé en su cuna y abandonó la residencia. La policía lo detuvo en Oklahoma.

El jurado declaró culpable a Ricks de homicidio capital tras un juicio de dos semanas en el que Marcus testificó. Ante los miembros del jurado, el propio Ricks declaró: “Ojalá pudiera devolverles la vida, pero no puedo arreglar esto. No quiero que todos me vean como un monstruo. Intenté suicidarme dos o tres veces, pero ni siquiera eso soy capaz de hacerlo bien”, cita el Fort Worth Star-Telegram en su cobertura archivada.

Antecedentes familiares e institucionales apuntan a una historia de violencia no interrumpida

Natural de Chicago, Ricks se mudó a Texas tras perder su empleo tres años antes de los crímenes. Mantenía relaciones familiares con otros hijos y enfrentó denuncias de abuso en vínculos anteriores.

Su exesposa, Teshana Singleton, testificó que Ricks intentó matarla en repetidas ocasiones, incluyendo un incidente donde intentó estrangularla y fue detenido por transeúntes. Estos episodios ocurrieron antes de su divorcio en 2004, reportó el Star-Telegram.

En diciembre de 2012, cinco meses antes del asesinato de Sanchez y Anthony, Ricks fue acusado de agresión por asfixiarla y maltratar a su hijo menor. Sanchez procuró una orden de protección de emergencia, pero esta expiró cuatro meses antes de su muerte.

Según USA Today, los padres de Ricks también declararon que su hijo presentó tendencias violentas desde temprana edad y que buscaron tratar estas conductas mediante psicoterapia, internamientos y castigos físicos, sin resultado positivo.

Declaraciones escritas desde el corredor de la muerte

Durante su permanencia en prisión, Ricks dirigió cartas a sus hijos expresando remordimiento y pidiendo perdón, aunque sin justificar sus actos. De acuerdo con el libro These Dry Bones, Redemption from Death Row, escrito por un amigo suyo, Ricks confesó: “A veces me despierto gritando y pateando por lo que les hice. No puedo pedir disculpas lo suficiente por lo que he hecho. Mi oración es que puedan perdonarme”.

El caso de Cedric Ricks en el contexto de la pena de muerte en Estados Unidos

La ejecución de Ricks fue la segunda en Texas y la sexta en Estados Unidos en 2026, informó USA Today. En el mismo periodo, otros procesos similares mostraron variaciones: en Alabama, el gobernador republicano Kay Ivey conmutó la sentencia de muerte de Charles Burton por cadena perpetua, aduciendo que Burton no estuvo presente en el lugar del asesinato.

Según el medio estadounidense, esta decisión representa apenas la segunda ocasión en nueve años en que Ivey revierte la pena capital, durante los cuales se realizaron 25 ejecuciones bajo su mandato.

La siguiente ejecución programada en Estados Unidos corresponde a Michael King en Florida, condenado por el homicidio de Denise Amber Lee.

USA Today destaca que, las circunstancias legales en torno al caso de Ricks, la naturaleza de sus antecedentes y la situación de los sobrevivientes se suman al debate sobre la eficacia de la pena de muerte y el abordaje institucional ante la violencia previa en el sistema de justicia estadounidense.

La detención se logró en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras varios meses de labores investigativas que permitieron ubicar al presunto implicado en la capital del Valle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades, alias “El Buda” deberá responder por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego, dentro del proceso judicial que busca esclarecer el asesinato del funcionario público ocurrido el 18 de diciembre de 2025.

El operativo que permitió la captura

La captura se realizó en Cali, Valle del Cauca, como parte de las operaciones adelantadas por las autoridades para desarticular redes criminales dedicadas al sicariato y otros delitos violentos en la región.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias “El Buda” habría participado en el homicidio del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Tuluá, un caso que generó fuerte preocupación por tratarse de un funcionario de alto nivel dentro de la entidad encargada del control fiscal y aduanero en el país.

Las labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por unidades especializadas de la Policía, en coordinación con fiscales del caso, permitieron identificar la ubicación del sospechoso y ejecutar el procedimiento de captura.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso y que se mantienen operativos para ubicar a otras personas que habrían participado en el crimen.

Presunto coordinador de estructuras criminales

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, alias “El Buda” también sería el presunto coordinador de las estructuras criminales conocidas como “Los Viruña” y “Los Chagualos”.

Estos grupos delincuenciales estarían dedicados principalmente al sicariato y otras actividades criminales en el barrio El Rodeo de Cali, un sector donde se han registrado distintos hechos violentos en los últimos años.

Las investigaciones apuntan a que estas estructuras habrían estado involucradas en diversos homicidios y acciones delictivas que afectan la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

El anuncio oficial de la captura

La captura fue confirmada públicamente por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien a través de sus redes sociales informó sobre el resultado del operativo.

En su mensaje, el alto oficial señaló: “¡Hemos capturado presunto homicida del director de la DIAN en Tuluá! En Cali, en una acción conjunta entre la Policía y la Fiscalía, fue capturado alias ‘El Buda’, por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego”.

El asesinato del director de la DIAN en Tuluá

El crimen que originó esta investigación ocurrió la mañana del 18 de diciembre de 2025, cuando Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá, fue asesinado al salir de su vivienda.

Según información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo.

En ese momento, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta interceptaron la camioneta que conducía Calao y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.

El ataque generó una fuerte reacción de rechazo en el Valle del Cauca, debido a que la víctima era un funcionario que lideraba investigaciones relacionadas con posibles irregularidades dentro de la entidad.

Continúan las investigaciones

Tras la captura de alias “El Buda”, las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el asesinato del director de la DIAN en Tuluá.

Los organismos judiciales buscan identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como establecer si detrás del homicidio existen estructuras criminales o intereses vinculados a redes de contrabando o corrupción.

Un ataque sicarial se registró en horas de la tarde del miércoles 11 de marzo en el sur de Bogotá, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras se encontraba al interior de su vehículo detenido en un semáforo del barrio Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió hacia la 1:20 de la tarde en la calle 47B sur con carrera 24-25, en inmediaciones del centro comercial Tunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el automóvil cuando este se encontraba detenido en un semáforo en rojo y dispararon contra el conductor.

Las primeras indagaciones señalan que los atacantes habrían estado siguiendo a la víctima minutos antes del hecho y aprovecharon el momento en que el vehículo se detuvo para ejecutar el ataque.

De acuerdo con el reporte conocido por Citytv, uno de los hombres descendió de la motocicleta y accionó un arma de fuego contra el conductor, quien permanecía al interior del automóvil.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego.

El mayor Ibrián Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, confirmó que la alerta fue recibida a través de la línea de emergencias 123.

“En cercanías del centro comercial Tunal se presenta un hecho lamentable. Recibimos la llamada a la línea 123 reportando una persona lesionada por arma de fuego”, indicó el oficial.

El uniformado agregó que, según la información preliminar, los responsables realizaron un retorno en la vía antes de acercarse al vehículo y cometer el ataque.

“Las personas que estaban en la motocicleta hacen el retorno; al parecer venían haciéndole seguimiento. Con el semáforo en rojo, uno desciende de la motocicleta y es donde lamentablemente lo impacta”, señaló Cuero.

La víctima tenía aproximadamente 46 años

Después del atentado, unidades de la Policía y personal de emergencia trasladaron al hombre al Hospital El Tunal, donde recibió atención médica.

No obstante, minutos después de su ingreso al centro médico se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era un hombre de aproximadamente 46 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad oficialmente.

Las autoridades también señalaron que no se tiene registro de amenazas previas en contra del ciudadano, aunque el caso continúa en investigación.

“Nos manifiestan que el ciudadano no presentaba amenazas. Estamos realizando las pesquisas y verificando las cámaras de seguridad del sector para establecer qué motivó este hecho”, agregó el comandante de la estación de Policía.

Autoridades revisan cámaras de seguridad para esclarecer el crimen

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un proceso de recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.

Investigadores también buscan determinar la ruta de escape de los agresores, quienes huyeron del lugar después de cometer el ataque.

El caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las labores judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información que permita establecer los móviles del crimen y la identidad de los responsables.

Guarda de seguridad resultó herido tras intentar evitar un hurto

En otro hecho registrado el mismo día en la ciudad, un guarda de seguridad resultó herido con arma de fuego en el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá.

Según información de El Espectador, el incidente ocurrió cuando un delincuente le arrebató la maleta a una persona y emprendió la huida en motocicleta.

El guarda de seguridad, al percatarse de la situación, intentó intervenir para evitar el hurto. En medio del hecho, el agresor accionó un arma de fuego y lo dejó lesionado.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde permanece recibiendo atención médica.

Las autoridades indicaron que el responsable logró huir del lugar, por lo que continúan las labores investigativas para identificarlo.

Milagros Basto era una joven de 22 años de la provincia de Córdoba que había desaparecido en 2024. El año pasado, encontraron su cuerpo en un ropero y desde entonces la familia de la víctima busca justicia.

El miércoles 11 de marzo, la policía detuvo a uno de los hombres imputados que estaba prófugo desde julio de 2025. Jorge Javier Grasso fue detenido en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Se encuentra acusado de encubrimiento agravado.

El hallazgo del cadáver de la víctima sucedió cuando unos trabajadores de una construcción se dieron cuenta del fuerte olor proveniente de un departamento, ubicado en la calle Buenos Aires al 300.

En este mismo inmueble donde encontraron a Milagros, residía Horacio Antonio Grasso quien estaba cumpliendo prisión domiciliara. Horacio es un ex policía y hermano de Javier Grasso, imputado por el femicidio de la joven.

La Gendarmería Nacional realizó la detención de Javier en el norte de Salta. La fiscalía, a cargo de José Bringas, había ordenó una captura internacional desde el año pasado.

Las acusaciones y los antecedentes de los imputados

Las acusaciones surgen luego de que al forzar el acceso, los agentes encontraron un armario sellado con cemento. Rompieron la estructura y, en su interior, hallaron el cuerpo de una mujer en posición sentada, atada con un cable y envuelta en mantas. Las pericias forenses permitieron, el 14 de agosto, corroborar que se trataba de Milagros Basto, desaparecida desde mediados del año anterior.

Horacio Grasso tuvo que regresar a la cárcel tras el crimen de Milagros ya que el ex policía había sido condenado por el asesinato de un niño en 2007. En los últimos años, el hombre de 27 años estaba cumpliendo su años en prisión domiciliaria, benefició que no respetó.

Durante el mes de febrero, Horacio fue acusado por un familiar que aseguró ser atacada en 2021 en el mismo departamento en el que fue hallada Milagros. La Fiscal Ingrid Vago lo acuso de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupeciente”.

Actualmente, fue otra vez imputado por el delito de homicidio en el marco de violencia de género. Según las fuentes policiales, con la suma de las imputaciones, la pena podría ser perpetua.

Por otro lado, Jorge Javier Grasso también tiene antecedentes problemáticos en paralelo al crimen de Milagros, en el que está denunciado por encubrimiento agravado. Además, está acusado por espiar por cerraduras y acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón.

En 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. Fue deportado para Argentina y finalmente volvió a Córdoba.

El pedido de Justicia de la madre de Milagros Basto

Luego de que la justicia confirmó la identidad de los restos que se habían encontrado en el ropero, habló la mamá de Milagros Basto para reclamar por su hija: “Queremos que se haga justicia por su muerte, creo que ningún ser humano merece morir de esa forma”.

Mauricia, la mamá de la joven, dijo en diálogo con ElDoce.TV: “Pasamos con ella muchos momentos lindos. Como familia queremos justicia por ella porque es muy triste de la forma en la que terminó”.

Según las declaraciones, Milagros fue abandonada por su madre biológica a los tres meses de vida. “La criamos lo mejor que pudimos, le dimos amor, cariño, como a nuestros hijos”, aseguró Mauricia.

Además señaló que la joven tuvo que atravesar momentos complicados: “Consumía desde chica y tampoco terminó sus estudios obligatorios”. Frente a los problemas de consumo, el vínculo comenzó a debilitarse con el tiempo.

“Pasó cosas muy duras, pero yo siempre le decía que las puertas de mi casa estaban abiertas”, reiteró la mamá de Milagros.

Este miércoles, el juicio por la muerte del tarotista Pablo Giménez Casado tuvo su veredicto. Lucas Cejas fue condenado a prisión perpetua luego de tres audiencias en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba, por el hecho cometido en mayo de 2024.

El jurado popular, tras deliberar por unanimidad, declaró culpable al hombre oriundo de Alta Gracia, quien hizo uso de la palabra antes de ser trasladado al penal. Relató que se reunió con la víctima en su casa de Villa La Bolsa y que juntos tomaron una cerveza.

“Después fui a comprar droga solo, cuando vuelvo, entro a la pieza y lo veo acostado con otro color”, afirmó. Agregó: “Y no supe qué hacer, estaba drogado y alcoholizado y lo tapé”, de acuerdo con El Doce. Según sus palabras, se llevó algunas pertenencias de la casa, incluidas las cámaras de seguridad, para que no quedaran registros del robo, y reconoció que conocía a Giménez Casado desde hacía cuatro años.

Cejas le habló también a la madre de la víctima: “No fui yo quien mató a Giménez Casado. Pido disculpas a Estela y quiero que se investigue”. Por su parte, la mujer solicitó la pena máxima y expresó: “No le creo, le dije bien en claro que el dolor que me causa en mi corazón solamente lo pagaría con una condena a perpetua. Es lo que deseo realmente”. En declaraciones posteriores, agregó: “Daría mi vida por tener a Pablito acá, un excelentísimo hijo”.

El juicio por la muerte del hombre de 44 años, oriundo de Pico Truncado, Santa Cruz, comenzó el lunes y contó con la participación de un jurado popular. La acusación, representada por el abogado Axel Aurich, solicitó la pena de prisión perpetua en línea con la calificación de homicidio criminis causae, un delito que contempla esa condena en el Código Penal.

La víctima se había mudado a la localidad cercana a Alta Gracia hacía aproximadamente una década. Allí, se dedicó a la lectura del tarot y en sus redes sociales se describía como psicólogo, motivador, coach, amigo y confidente, destacando la satisfacción de vivir de lo que lo hacía feliz. A su vez, se dedicaba al cuidado de cabañas y en diciembre de 2023, tanto la víctima como la propietaria del lugar, habían denunciado amenazas.

En cuanto al debate, las pruebas presentadas incluyeron declaraciones de testigos civiles y de la Brigada de Investigaciones. Los testimonios complicaron la situación del acusado, señalándolo en las inmediaciones de la escena del crimen; también mencionaron un vehículo Ford Fiesta merodeando de manera sospechosa cerca del domicilio.

Los investigadores aportaron datos sobre la presencia de huellas dactilares en la vivienda, rastros genéticos en el cuerpo de la víctima y registros de ubicación obtenidos por antenas de telefonía que ubicaban a Cejas en el lugar y momento del hecho. Además, se incorporaron mensajes considerados relevantes para el expediente.

El cuerpo de Giménez Casado fue hallado en mayo envuelto en una frazada dentro de la cabaña donde residía. El descubrimiento se produjo luego de que un amigo alertara a las autoridades tras no obtener respuesta a varios llamados y observar el cuerpo a través de una ventana. La denuncia derivó en la intervención de la Departamental Santa María, la división Homicidios y los gabinetes de Policía Judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno a cargo de Alejandro Peralta Ottonello.

En la inspección del lugar, los efectivos constataron la ausencia de golpes visibles en la víctima y la hipótesis inicial fue la asfixia. Del domicilio faltaban el auto, un Fiat Palio gris, dos televisores, el teléfono celular y otras pertenencias. También desapareció la llave de la puerta principal, que estaba cerrada, junto con el perro caniche de la víctima. La ausencia de accesos forzados llevó a los investigadores a suponer que el autor del hecho era una persona conocida por Giménez Casado, una hipótesis que afirmó Cejas durante la audiencia de sentencia.

Una agente de la Policía Municipal de Los Cabos, identificada como Citlali “N”, falleció la mañana de este 11 de marzo tras recibir un disparo por parte de un compañero, según confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE).

Según el reporte oficial de las autoridades encargadas de investigar, el incidente ocurrió en San José de los Cabos.

El caso se investiga bajo protocolos de feminicidio, sin embargo, las autoridades han señalado como primera hipótesis un posible accidente.

El incidente: disparo en horas de servicio y traslado al hospital

De acuerdo con el comunicado oficial de la PGJE, este miércoles 11 de marzo, alrededor de las 13:30 horas, se reportó telefónicamente el ingreso al Hospital ISSSTE de una mujer herida por disparo de arma de fuego.

La persona fue identificada como Citlali N, de 24 años, quien se encontraba vestida con el uniforme de la Policía Municipal de Los Cabos.

Según el reporte, la agente fue trasladada por sus propios compañeros a bordo de una patrulla, luego de haber resultado lesionada.

Hasta el momento no se sabe en qué parte del cuerpo fue herida la agente.

El reporte oficial indica que minutos después de su arribo al hospital, el personal médico declaró sin vida a la agente Citlali.

La PGJE informó que agentes de Investigación Criminal y personal de la Dirección de Servicios Periciales acudieron tanto al hospital como al lugar de los hechos para iniciar las diligencias ministeriales, con el objetivo de recabar pruebas y testimonios que permitan esclarecer cómo ocurrió el disparo.

Investigación y primeras hipótesis: aplicación de perspectiva de género

Según la información difundida, las primeras indagaciones señalan que el disparo pudo haber ocurrido cuando un compañero de la víctima manipulaba su arma de cargo, aunque la PGJE mantiene abiertas las investigaciones para descartar otras posibilidades.

La institución afirmó que el caso se aborda bajo los protocolos de perspectiva de género, como establece la normatividad para hechos en los que una mujer resulta víctima de un hecho violento.

“La Procuraduría General de Justicia del Estado lleva a cabo diligencias de campo y gabinete, con perspectiva de género, para esclarecer los hechos”, detalla el comunicado emitido la tarde este 11 de marzo.

Las autoridades no han confirmado si existen personas detenidas.

La PGJE subrayó que el proceso incluye análisis científicos y jurídicos, atendiendo a los procedimientos nacionales para la investigación de feminicidios.

Las diligencias ministeriales continúan, mientras los resultados de los peritajes y declaraciones serán fundamentales para determinar si el hecho corresponde a un accidente laboral o si existió alguna responsabilidad penal directa por parte del agente involucrado, del cual no se reveló su nombre.

Un tribunal penal de Guatemala condenó este miércoles a Carlos García Rubio, exviceministro de Gobernación, a dos años de prisión conmutables tras hallarlo culpable del homicidio en estado de emoción violenta del asesor legal del Congreso Hansel Szarata, episodio que ocurrió en abril de 2025.

La sentencia dictada el 11 de marzo de 2026 desencadenará una apelación por parte de la defensa del exfuncionario, quien permaneció más de un año en prisión preventiva y anticipó que buscará que la condena sea revisada en instancias superiores, según informaron medios guatemaltecos.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal comunicó el fallo luego de modificar la figura penal inicial y clasificar el caso como homicidio cometido bajo estado de emoción violenta. El juez Manolo López informó que la sanción será dos años de prisión conmutable. Es decir, García Rubio podrá sustituir la pena por un pago diario de 30 quetzales (USD 3.92) durante el periodo que defina la autoridad de ejecución. Este esquema permitirá a García Rubio evitar la cárcel si cumple con el pago estipulado.

El juez López especificó durante la lectura del fallo: “En el presente caso se establece la responsabilidad del acusado y se acredita su participación en el homicidio de Hansel Szarata”, según citó el medio Centroamérica 360.

“Yo no lo maté”, afirmó García Rubio. Y agregó en su defensa: “Esa noche hubo más de una persona disparando armas de fuego, señor juez. Lo que este juicio ha dejado claro, no es la certeza de mi culpabilidad, lo que ha dejado claro, es que este caso está lleno de dudas... y cuando el caso está lleno de dudas, la ley es clara, esas dudas protegen al acusado”, consigna el medio Soy502.com.

La condena reduce la acusación inicial y permite la conmutación

Este desenlace judicial ocurre casi un año después de los hechos que concluyeron con la muerte de Hansel Szarata en la madrugada del 5 de abril de 2025, a las afueras de un centro comercial ubicado en la zona 16 de Ciudad de Guatemala, donde el funcionario fue atacado a tiros y perdió la vida.

La Policía Nacional Civil de Guatemala lideró la investigación, bajo la dirección de David Custodio Boteo, quien explicó que la institución desplegó dos equipos especializados para esclarecer el caso. Uno de los grupos contaba con peritos en análisis videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal. Los investigadores examinaron imágenes de cámaras de vigilancia y recolectaron los testimonios de testigos, acciones que permitieron identificar y detener a García Rubio días después del crimen.

El exviceministro integró el gabinete de Alejandro Giammattei durante su mandato presidencial y permaneció en prisión preventiva por más de un año. Tras escuchar la sentencia, García Rubio declaró sentirse “satisfecho por recuperar su libertad” aunque manifestó su desacuerdo con la resolución judicial e insistió en que “no se tomaron en cuenta algunos factores” que, a su juicio, resultaban determinantes para el caso.

La defensa del exfuncionario anunció formalmente que recurrirá a la apelación, mientras que el proceso ahora pasa al juez de ejecución, responsable de establecer los términos precisos de la conmutación de la pena.

El juicio contra Jeremy Buzano Paisano, principal sospechoso del femicidio de Nadia Peraza Espinoza, ha expuesto en los últimos días una serie de hallazgos que han estremecido incluso a investigadores y médicos forenses con décadas de experiencia en Costa Rica.

Durante las audiencias en el Tribunal Penal de Heredia, peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y especialistas del Departamento de Medicina Legal relataron cómo fue encontrado el cuerpo de la joven de 21 años y qué partes nunca pudieron ser localizadas, incluso después de extensas búsquedas.

Entre los elementos más impactantes revelados en el juicio está que varios órganos y partes íntimas del cuerpo de la víctima nunca aparecieron, entre ellos los genitales y los senos, pese a los operativos realizados por las autoridades para ubicar restos adicionales.

Los restos que sí fueron encontrados estaban distribuidos en distintos recipientes y lugares, incluyendo una refrigeradora y un lote cercano a la vivienda donde residía el sospechoso.

Un caso que conmocionó al país

Para entender la magnitud del proceso judicial es necesario retroceder a 2024, cuando ocurrió el crimen.

Nadia Peraza, una joven madre de 21 años, fue reportada como desaparecida tras perder contacto con su familia en febrero de ese año. Meses después, el 17 de mayo de 2024, investigadores encontraron restos humanos dentro de una refrigeradora ubicada en una casa en San Pablo de Heredia.

Posteriormente, otros restos fueron localizados en un lote y en un cafetal en el sector de Bajo Los Molinos, lo que confirmó que el cuerpo había sido desmembrado.

Pruebas científicas de ADN realizadas por las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Peraza.

Desde entonces, el principal sospechoso ha sido su expareja, Jeremy Buzano Paisano, quien además es el padre de la hija de la víctima.

Restos guardados en recipientes y ropa

Los testimonios presentados en el juicio han reconstruido con detalle la escena que encontraron los investigadores.

De acuerdo con el testimonio de una médica forense que participó en el levantamiento del cuerpo, los restos estaban separados y almacenados en distintos recipientes domésticos, como envases de productos de limpieza y loncheras.

También se encontraron huesos envueltos en ropa y telas, mientras otros fragmentos del cuerpo estaban ocultos entre sábanas o prendas dobladas.

Uno de los hallazgos más impactantes relatados durante el debate fue que una pierna fue colocada dentro de un pantalón doblado, lo que obligó a los investigadores a desmontar la prenda para descubrir el hueso oculto.

Partes del cuerpo que nunca aparecieron

A pesar de las búsquedas realizadas por las autoridades, varias partes del cuerpo nunca fueron recuperadas.

Según la información presentada en el juicio, los genitales, los senos y otras secciones del cuerpo de la víctima no fueron halladas, lo que ha sido considerado uno de los elementos más perturbadores del caso.

Incluso investigadores experimentados aseguraron que nunca habían visto un crimen con ese nivel de desmembramiento y manipulación del cuerpo.

Una médica forense que testificó en el juicio afirmó que en 18 años de experiencia nunca había enfrentado un caso con ese grado de separación de tejidos y órganos.

La acusación y la posible condena

El Ministerio Público acusa a Buzano Paisano de femicidio y otros delitos relacionados, entre ellos suplantación de identidad y estafa informática, pues se sospecha que habría utilizado el teléfono de la víctima para enviar mensajes haciéndose pasar por ella tras su desaparición.

La representación legal de la familia de Nadia anunció que solicitará una condena acumulada de 196 años de prisión, aunque en Costa Rica el máximo efectivo de cárcel es de 50 años.

El juicio, que se desarrolla en Heredia, ha reunido durante varias semanas a peritos, agentes judiciales y testigos que buscan reconstruir los hechos ocurridos en 2024 y determinar la responsabilidad del acusado.

Mientras el proceso avanza, el caso continúa siendo uno de los más impactantes en la historia reciente de los tribunales costarricenses, tanto por la brutalidad del crimen como por los detalles revelados durante las audiencias.

La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ciutadella ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para dos hombres, tras determinar su presunta implicación en el atropello que resultó en la muerte de la víctima. Según detalló EFE, estos imputados enfrentan cargos por homicidio consumado, homicidio en grado de tentativa y omisión del deber de socorro. Tanto la resolución judicial como los detalles de la investigación fueron confirmados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El conflicto se originó el miércoles por la mañana de la semana anterior cuando varias personas accedieron a un hotel en obras, lugar donde surgió un enfrentamiento físico. Durante la pelea, dos individuos sufrieron heridas en los brazos que requirieron intervención quirúrgica, según consignó EFE en base a relatos policiales. De ese altercado, algunos de los participantes del grupo contrario abandonaron el recinto y posteriormente dañaron el vehículo de uno de sus rivales al pincharle las ruedas.

Como consecuencia directa de estos disturbios, efectivos policiales realizaron arrestos inmediatos ese mismo día, deteniendo a dos hombres, uno de cada bando, como presuntos responsables de lesiones. Posteriormente, la situación escaló cuando al día siguiente por la tarde, un automóvil en cuyo interior viajaban varias personas arrolló intencionadamente a dos de los implicados en la riña en las inmediaciones de Cala en Blanes. El conductor y los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga, dejando a una de las víctimas en estado grave sobre la vía. Este hombre falleció 24 horas después en el hospital Mateu Orfila de la isla, mientras que la otra persona atropellada también resultó herida.

Ante la gravedad del suceso, agentes de la unidad de homicidios de la comisaría de Palma se desplazaron a Menorca para dirigir la investigación y tratar de reconstruir la secuencia de los hechos. La actuación policial derivó en la detención de cuatro personas involucradas tanto en la reyerta inicial como en el subsiguiente atropello, acto que la policía considera presuntamente intencionado, tal como publicó EFE.

Según el balance actual, la juez instructora imputa a los dos hombres cuya prisión ha sido ordenada la comisión de un homicidio consumado, la tentativa de homicidio respecto a la segunda víctima y el abandono del lugar sin prestar socorro a los afectados tras el golpe. Tanto las fuentes policiales como el tribunal han recalcado que la investigación permanece activa y la identificación de nuevos implicados está en curso.

El TSJIB ha confirmado que los incidentes y los sucesos posteriores han generado varias diligencias paralelas, desde la actuación en la escena hasta la atención médica de los heridos y el análisis pericial de los vehículos involucrados. El desarrollo del caso ha motivado el desplazamiento de efectivos especializados a Menorca, concentrando los esfuerzos para esclarecer si existió premeditación en el arrollamiento y quiénes actuaron como autores materiales y cooperadores, según el detalle publicado por la agencia EFE.

Mientras tanto, los dos hombres para quienes la instructora ha acordado prisión provisional continuarán bajo custodia en un penal. Fuentes oficiales reiteraron a EFE que no se descartan futuras imputaciones, dado que la investigación aún no ha concluido y restan por comprobarse diversas circunstancias alrededor del altercado y el atropello.