La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 125 años de prisión contra Irving Adán Altamirano Moreno, alias “El Henry”, declarado responsable del homicidio de cinco hombres en el municipio de Temoaya. El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2025 en la comunidad de San Lucas.

El ataque contra cinco hombres en un vehículo en Temoaya

El 23 de septiembre de 2025, cinco hombres viajaban en un vehículo Chevrolet gris, identificado como un modelo Sonic según Milenio, cuando quedó estacionado en un camino de la comunidad de San Lucas, en Temoaya. Sujetos armados dispararon contra ellos por orden de Altamirano Moreno.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Altamirano Moreno se encontraba en compañía de otro hombre cuando ambos sacaron de un automóvil dos armas de fuego: una larga y otra corta. Las entregaron a otros dos individuos.

El sentenciado ordenó entonces a los sujetos armados que dispararan contra las víctimas. Tras ejecutar la agresión, los agresores huyeron del lugar.

Cuatro personas murieron de forma inmediata a causa de las heridas de bala.

Una quinta víctima fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica, pero no logró sobrevivir a las lesiones. El delito se tipificó como homicidio en agravio de cinco hombres.

Un segundo detenido y la vinculación a proceso en 2025

Junto con Altamirano Moreno fue detenido Óscar David “N”, alias “El Bellako”, señalado también por su presunta participación en el multihomicidio. Ambos fueron vinculados a proceso el 3 de noviembre de 2025.

Según la autoridad ministerial, los dos acusados habrían actuado en compañía de otras personas y recibido instrucciones telefónicas para ejecutar la agresión, lo que apunta a la posible participación de responsables adicionales en el crimen.

Tras la vinculación a proceso, un juez impuso a ambos la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó plazos de tres y seis meses, respectivamente, para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación que llevó a la detención de “El Henry”

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación que permitió identificar a Irving Adán Altamirano Moreno como probable responsable del multihomicidio. Con esa información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron posteriormente a Altamirano Moreno. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez para determinar su situación legal.

Cómo se determinó la responsabilidad penal

La Autoridad Judicial, después de revisar la información presentada por el Ministerio Público, determinó la responsabilidad de Altamirano Moreno en el homicidio de las cinco víctimas. Con base en esa determinación, dictó la sentencia de 125 años de prisión, resultado de sumar 25 años por cada persona asesinada.

La resolución también estableció el pago de una indemnización de 247 mil 776 pesos por cada uno de los cinco agraviados, además de una multa de 395 mil 990 pesos a cargo del sentenciado.

Un antecedente penal previo por secuestro exprés vinculado al CJNG

Altamirano Moreno ya contaba con otra condena registrada meses antes de esta sentencia. En julio de 2026, la FGJEM obtuvo un fallo de 150 años de prisión contra seis integrantes de una célula criminal autodenominada “Los Jockes”, entre ellos Altamirano Moreno, por un caso de secuestro exprés cometido en el municipio de Toluca.

Presuntamente, Los Jockes forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operan en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, donde se les atribuían actividades de robo de vehículos con violencia, secuestro, tráfico, portación y acopio de armas.

La FGJEM señaló que, hasta ese momento, 11 integrantes de la organización permanecían en prisión, de los cuales ocho ya habían sido sentenciados por distintos delitos.

Temoaya, un municipio con violencia armada recurrente en 2025

Los registros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) muestran que Temoaya fue escenario de varios hechos violentos durante 2025, en paralelo al caso que derivó en la condena de Altamirano Moreno.

Un comunicado de la SSEM, fechado el 13 de octubre de 2025, señala que el 24 de septiembre de ese año se registró un cuádruple homicidio en la localidad de Cinco Palos, en Temoaya, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un vehículo. Ese caso derivó en la detención de nueve personas por delitos de homicidio, secuestro, portación de arma de fuego y contra la salud, señaladas como posibles integrantes de una organización delictiva.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la audiencia se realizó cerca de las 8 ante el juez Jorge Toro. La adolescente estuvo acompañada por su abogada defensora, Filomena Noriega, y, por recomendación de la letrada, decidió no responder preguntas.

Tras la audiencia, se dispuso que la joven continúe alojada en un centro de abordaje para adolescentes. El magistrado deberá determinar por cuánto tiempo se mantendrá esa medida.

La fiscal de Niñez y Adolescencia Paula Carena explicó ante los medios que, por tratarse de una menor de edad, no podía brindar precisiones sobre el lugar de alojamiento. Sí señaló que este tipo de establecimientos debe garantizarle a la adolescente atención de salud, educación y contacto con su familia.

“Se le tiene que garantizar la salud, se le tiene que garantizar la educación, las visitas por parte de su familia”, sostuvo.

Carena indicó además que habitualmente se establecen períodos de 60 días con medidas socioeducativas, aunque aclaró que en este caso la decisión dependerá exclusivamente del juez. Consultada sobre la posibilidad de una prisión domiciliaria, respondió: “También puede existir como otra alternativa la posibilidad de las prisiones domiciliarias. Eso es una decisión exclusivamente del juez”.

Mientras avanza el expediente en el fuero de menores, la UFI de Delitos Especiales continúa trabajando sobre una segunda línea de investigación vinculada a un posible encubrimiento por parte de adultos.

El crimen de Gonzalo Quinteros

El homicidio ocurrió el lunes 14 de septiembre, cerca de las 21, en una vivienda de la calle Proyectada, en el barrio 1° de Mayo, departamento de Chimbas.

Cuando personal de la comisaría 26ª llegó al lugar, entrevistó a personas que se encontraban en la casa. La versión inicial indicaba que un grupo de encapuchados había ingresado a la propiedad y que uno de ellos había efectuado el disparo que hirió mortalmente al joven.

Sin embargo, la autopsia y las primeras evidencias reunidas por los investigadores pusieron en duda ese relato.

La necropsia determinó que Quinteros presentaba un orificio de entrada en la región del maxilar izquierdo y otro de salida en la zona lateral derecha del cuello. Fuentes con acceso al expediente señalaron a Infobae que el disparo fue realizado a corta distancia.

A partir de esos elementos, la investigación se concentró en la adolescente, que era novia de la víctima y se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

Los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro ordenaron entonces cuatro allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de la joven. Por tener 16 años, su situación quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Said “N”, comisario de Xaltianguis, fue detenido el 15 de septiembre mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Eduardo Bustos Pérez, elemento activo de la Guardia Nacional (GN), y otras tres personas. La captura fue realizada por elementos de la propia GN y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

La detención abrió una revisión más amplia de las corporaciones municipales. El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz da seguimiento a la conducta de las policías de los 85 municipios del estado. El funcionario también señaló que las investigaciones continúan en Xaltianguis, el valle de El Ocotito y la zona donde colindan la región Centro y Acapulco, y anticipó nuevas detenciones.

Xaltianguis acumuló operativos antes de la captura del comisario

La detención de Said “N” ocurrió después de varios despliegues de fuerzas estatales y federales en Xaltianguis y comunidades cercanas. El 9 de septiembre, la Fiscalía de Guerrero reportó el aseguramiento de más de 700 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, rollos de cordón detonante, una motocicleta y una camioneta en esa localidad.

Dos días después, otro operativo en Xaltianguis dejó el aseguramiento de 20 estrellas ponchallantas y un costal con hierba verde seca con características similares a la marihuana. En El Ocotito, las autoridades detuvieron ese mismo día a Alfredo “N”, a quien la Fiscalía identificó como presunto integrante de Los Ardillos, y le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal, una motocicleta y prendas tipo militar. También fueron localizados 200 cartuchos.

El 13 de septiembre, la Fiscalía volvió a reportar acciones en Xaltianguis y El Ocotito. En la primera localidad fueron aseguradas dos camionetas, una de ellas blindada y con reporte de robo, además de 213 cartuchos. En El Ocotito se localizaron dosis de sustancias con características similares al cristal y marihuana.

Estos operativos se sumaron al despliegue realizado después del homicidio de Bustos Pérez. Tras el crimen, autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas señaladas como presuntos integrantes de Los Ardillos en Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis. En esas acciones fueron aseguradas 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

El agente asesinado denunció vínculos de autoridades con Los Tlacos

El caso de Eduardo Bustos Pérez tiene un elemento adicional: antes de ser localizado sin vida, el agente apareció en un video en el que habló de las labores de inteligencia que realizaba en Guerrero y lanzó acusaciones contra mandos de seguridad y funcionarios de la Fiscalía estatal.

Bustos se identificó como integrante de la 37 Coordinación de la Guardia Nacional, con sede en Iguala, y afirmó que una de sus tareas era vigilar las actividades de Los Ardillos. En su relato señaló específicamente a Xaltianguis como uno de los puntos donde realizaba labores de vigilancia, además de El Ocotito, Tierra Colorada y otras localidades. Dijo que elaboraba mapas, tomaba fotografías y registraba coordenadas para sus superiores.

El agente también acusó a mandos de la Guardia Nacional y a un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero de mantener presuntos vínculos con Los Tlacos. Según su versión, esas autoridades habrían recibido instrucciones de integrantes de esa organización para actuar contra Los Ardillos.

Esas declaraciones corresponden al testimonio realizado por Bustos en el video y no han sido acreditadas judicialmente. La Defensa informó después de su muerte que investigaría el contenido de sus señalamientos.

La coincidencia territorial es relevante para la investigación, pero no establece por sí misma una relación entre Said “N” y las acusaciones formuladas por Bustos. Hasta ahora, las autoridades han informado que el comisario está siendo investigado por su presunta participación en el homicidio del agente y de las otras tres víctimas, sin hacer público cuál habría sido su intervención específica.

Los Ardillos ya habían sido señalados en los operativos de la zona

Los aseguramientos de septiembre se producen en un corredor donde las autoridades han identificado la presencia de distintas estructuras criminales. En los operativos posteriores al homicidio de Bustos, el Ejército señaló directamente a Los Ardillos como el grupo al que pertenecían las 16 personas detenidas en Xaltianguis, Pablo Galeana y Río Verde.

La Fiscalía estatal también identificó como presunto integrante de esa organización al hombre detenido en El Ocotito el 11 de septiembre. Además, informó el mismo día de la captura de Andrés “N”, Alejandro “N” y Brayan “N”, a quienes señaló como presuntos integrantes de Los Ardillos durante recorridos en esa localidad.

La actividad operativa no se ha limitado a Xaltianguis. La propia Fiscalía ha situado sus recorridos recientes en El Ocotito y San José El Ciruelar, con aseguramientos de vehículos, cartuchos, droga y equipo táctico.

Otro excomisario de Guerrero fue detenido por presuntos vínculos con grupos criminales

El antecedente más cercano sobre una autoridad comunitaria involucrada en una investigación criminal se registró en julio, cuando autoridades federales detuvieron a Mario “N”, quien había sido comisario municipal de Tlayolapa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Mario “N” era considerado probable responsable de la privación de la libertad de servidores públicos y que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente formaba parte de Los Ardillos y era colaborador cercano de un jefe regional de esa organización. También lo relacionó con la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol.

El antecedente no implica una relación entre Mario “N” y Said “N”, ni constituye evidencia de que el comisario de Xaltianguis pertenezca a alguna organización criminal. Su relevancia está en que ambos casos involucran a autoridades comunitarias de Guerrero dentro de investigaciones relacionadas con estructuras delictivas.

La revisión de policías se extiende más allá de Xaltianguis

El anuncio realizado por Rodríguez Cisneros ocurre después de otros operativos dirigidos contra corporaciones municipales. A principios de septiembre, autoridades estatales y federales intervinieron las comandancias de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, donde inicialmente fueron presentadas 71 personas que no habían acreditado su calidad como policías preventivos o de tránsito.

Posteriormente, 66 fueron liberadas después de acreditar que laboraban en los ayuntamientos, mientras continuaron investigaciones contra otros agentes y funcionarios. El gobierno estatal ahora señala que la revisión de las conductas de las policías municipales se realiza en los 85 municipios y que las denuncias ciudadanas forman parte de los elementos que pueden alimentar las investigaciones.

Un mes antes de que el sacerdote Román de la Cruz Hernández fuera asesinado, la Diócesis de Huejutla, Hidalgo, alertó a los feligreses de la Huasteca sobre una modalidad de extorsión en la que delincuentes utilizaban números telefónicos de sacerdotes para solicitar dinero a nombre de los religiosos.

La advertencia fue difundida el 14 de agosto por Jesús Morfín, portavoz de la Diócesis de Huejutla, quien pidió a los feligreses no responder a esos mensajes ni realizar transferencias. De acuerdo con la alerta, los teléfonos de algunos sacerdotes habían sido hackeados y sus números eran utilizados para hacerse pasar por ellos.

La denuncia ocurrió 32 días antes del homicidio de Román de la Cruz, cuyo cuerpo fue localizado durante la mañana del 15 de septiembre en la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de Lolotla y Tlanchinol, Hidalgo. El sacerdote, de 48 años, era párroco de Santa Cruz, en Huejutla.

Hasta ahora, las autoridades no han informado que Román de la Cruz hubiera sido víctima de esa modalidad de extorsión ni que exista una relación entre la alerta difundida en agosto y su asesinato. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación por homicidio, pero al momento de los comunicados emitidos por la Iglesia tampoco había informado sobre detenidos o sobre un posible móvil.

Así operaban las extorsiones en nombre de los sacerdotes

La alerta de agosto describió un mecanismo basado en la suplantación de identidad. Los delincuentes tomaban el control de teléfonos pertenecientes a sacerdotes y posteriormente utilizaban esos números para contactar a personas de las comunidades católicas y solicitarles dinero.

El llamado de la diócesis buscaba evitar que los feligreses entregaran recursos ante peticiones que aparentemente provenían de los propios religiosos. El portavoz diocesano pidió verificar cualquier solicitud antes de realizar transferencias.

La modalidad tenía como punto de partida la confianza que los sacerdotes mantienen con sus comunidades. Al utilizar un número conocido, los responsables podían presentarse ante los destinatarios como una persona de confianza y utilizar esa identidad para solicitar recursos.

La advertencia también muestra que, semanas antes del homicidio de Román de la Cruz, la diócesis ya enfrentaba incidentes delictivos dirigidos contra integrantes de su estructura religiosa, aunque de una naturaleza distinta al asesinato que posteriormente afectó a uno de sus párrocos.

La Diócesis ya había denunciado fraudes similares en 2021

En diciembre de 2021, el entonces obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, alertó sobre personas que solicitaban apoyo económico bajo el argumento de que el dinero sería destinado a atender la salud del padre Simón Hernández Alvarado, sacerdote de esa localidad. La diócesis y las parroquias involucradas se deslindaron de esas solicitudes y señalaron que el sacerdote recibía atención sin necesidad de pedir aportaciones a los fieles.

Cinco años después, la alerta de agosto recurrió nuevamente a una advertencia dirigida directamente a los católicos para evitar que entregaran dinero a personas que utilizaban la identidad de sacerdotes.

El antecedente permite observar que las solicitudes fraudulentas en nombre de integrantes del clero ya habían sido identificadas anteriormente en la Diócesis de Huejutla. Sin embargo, la modalidad reportada en agosto de 2026 incorporó el uso de teléfonos comprometidos —hackeados— para establecer contacto con los posibles afectados.

Una cartulina en el cuerpo del sacerdote, bajo investigación

El sacerdote fue localizado sin vida la mañana del 15 de septiembre en un tramo de la carretera Tolago-Tetlapaya. De acuerdo con las primeras diligencias, presentaba lesiones presuntamente provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Román de la Cruz fue encontrado boca abajo y con una cartulina adherida a la espalda. El mensaje colocado sobre el cuerpo constituye uno de los elementos bajo investigación, pues las autoridades no han informado oficialmente su contenido ni han precisado si contiene alguna referencia al motivo del homicidio o a los responsables.

Junto al cadáver también fue localizada una camioneta Toyota Tacoma color vino con placas de Baja California. La presencia del mensaje y del vehículo forma parte de los indicios recabados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que mantiene abierta la investigación.

Román de la Cruz era originario de Mazahuacán, en Lolotla, y desde septiembre de 2024 se desempeñaba como primer párroco diocesano de Santa Cruz, en Huejutla. También coordinaba la Comisión para la Pastoral Profética de la diócesis.

Tras conocer el homicidio, la Diócesis de Huejutla pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva y evitó plantear públicamente un posible móvil. El obispo José Hiraís Acosta Beltrán señaló que la Iglesia no podía especular sobre lo ocurrido mientras avanzaban las investigaciones.

La Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó al llamado para esclarecer el crimen y pidió que se haga justicia de manera expedita.

Violencia contra integrantes de la Iglesia, antecedentes recientes

El asesinato de Román de la Cruz Hernández se suma a una serie de agresiones contra integrantes de la Iglesia católica registradas durante los primeros dos años del actual sexenio.

De acuerdo con un recuento actualizado del Centro Católico Multimedial (CCM), en México se han registrado 29 ataques contra integrantes de la Iglesia católica desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta septiembre de 2026. El registro incluye cuatro sacerdotes asesinados, dos sacerdotes heridos, cuatro catequistas, 15 laicos asesinados, dos laicos heridos y dos familias asesinadas. Los casos documentados se distribuyen en entidades como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Baja California e Hidalgo.

Los cuatro sacerdotes asesinados durante este periodo son Marcelo Pérez Pérez, asesinado en Chiapas en octubre de 2024; Bertoldo Pantaleón Estrada, encontrado sin vida en Guerrero en octubre de 2025; Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo cuerpo fue localizado en el Estado de México en noviembre de 2025; y Román de la Cruz Hernández, asesinado en Hidalgo en septiembre de 2026. El recuento del CCM distingue estos casos de otras muertes de religiosos que no han sido consideradas homicidios por falta de indicios de violencia.

El problema, sin embargo, no se limita a los homicidios de sacerdotes. El informe anual del CCM correspondiente a 2025 señala que en los últimos años las agresiones también se han extendido hacia laicos, catequistas y comunidades religiosas. El organismo ha advertido que espacios que tradicionalmente eran considerados lugares de protección para las comunidades han comenzado a registrar hechos delictivos, mientras que los integrantes de la Iglesia han quedado expuestos a amenazas, extorsiones, secuestros y otras formas de violencia.

Los registros históricos permiten dimensionar el fenómeno más allá del actual sexenio. El informe del CCM señala que entre 1990 y 2025 fueron documentados 13 sacerdotes asesinados. En el acumulado de las últimas décadas, las entidades con mayor número de sacerdotes y religiosos agredidos son Ciudad de México, Guerrero y Estado de México.

Los ataques también han alcanzado directamente a templos e instalaciones religiosas. Para 2024 y 2025, el CCM identificó que la mayoría de los delitos registrados contra estos espacios correspondieron a robos, sustracción de objetos, asaltos a feligreses, robo de alcancías y de arte sacro; otro porcentaje correspondió a agresiones consideradas de alto impacto y un grupo menor a profanaciones y daños contra lugares u objetos religiosos.

El propio CCM ha señalado que esta violencia se concentra principalmente en zonas donde también existen altos niveles de criminalidad. En su informe, el organismo plantea que sacerdotes, agentes pastorales y comunidades pueden convertirse en objetivos debido a la presencia que mantienen en los territorios y a las actividades sociales que desarrollan desde las parroquias.

Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, presunto miembro de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue detenido el pasado miércoles en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la información disponible, a El Ciego se le atribuyen funciones de distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación en contra de las fuerzas de seguridad, además de contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y autoridades locales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que El Ciego era identificado como generador de violencia en la región.

El funcionario señaló que contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relacionaba con homicidios, extorsiones, distribución de drogas, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

La detención, dijo, fue resultado de trabajos de investigación del Centro Nacional de Inteligencia y fue realizada por la Defensa, la Semar, la SSPC, la GN y autoridades estatales.

Por medio de un comunicado, las autoridades detallaron que la detención se llevó a cabo durante un patrullaje implementado sobre avenida Nicolás Bravo y Álvaro Obregón, en la segunda sección, donde los elementos observaron a una persona que adoptó una conducta sospechosa ante la presencia de las unidades oficiales.

Los oficiales estatales y federales se aproximaron al individuo, y tras establecer contacto a pocos metros, informaron la razón de la su presencia en la zona. El sujeto se identificó con su nombre, dijo tener 26 años y ser originario de Mexicali. Se le practicó una revisión precautoria sin encontrar nada ilícito en su persona.

Sus datos generales fueron ingresados a la base de datos del C5 de Baja California, donde se confirmó que contaba con un mandamiento judicial activo por el delito de homicidio calificado, bajo el NUC 02-2026-08249.

Ante esta situación, los agentes le informaron el motivo de su detención y los derechos que le asisten en su calidad de persona detenida. Con apoyo de las autoridades federales, fue puesto a disposición de la institución competente para dar seguimiento a su situación jurídica.

Ya había sido detenido

Cabe destacar que en julio de 2025, Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, ya había sido detenido junto a cuatro personas, identificadas como Juan Antonio “N”, Adán Ramiro “N”,alias El Timmy, Andrea Monserrat “N” y Samantha Elizabeth “N”, todos originarios de Mexicali, cuando circulaban a exceso de velocidad en un vehículo Mercedes Benz 2005 sobre la carretera estatal número 3 en Ciudad Guadalupe Victoria.

Durante la inspección, en esa ocasión, los agentes localizaron:

• 14 gramos de cocaína en 20 dosis
• 56 gramos de metanfetamina en 91 dosis
• 107 gramos adicionales de la misma droga

Cabe recordar que El Ciego ya había sido vinculado con una serie de amenazas contra agentes de seguridad, luego de dejar una bolsa con pan dulce y una servilleta firmada con un mensaje intimidatorio, que decía: “pa que se les quite el hambre, perros”.

La víctima no pudo ser identificada de forma inmediata. El NYPD no divulgó su edad, nombre ni ningún otro dato que permita individualizarla. Según informó Eyewitness News de ABC 7, solo se confirmó que se trata de una mujer adulta, por lo que es posible que las autoridades todavía deban realizar una identificación positiva para determinar quién era.

Hallaron el cuerpo de una mujer en un cesto de basura cerca de Plumb Beach

El cuerpo fue encontrado dentro de un recipiente de residuos ubicado en el estacionamiento que utilizan los visitantes de Plumb Beach, una pequeña península de arena que forma parte del Gateway National Recreation Area y que es frecuentada por practicantes de windsurf y kitesurf. El lugar se ubica al sur de Gerritsen Beach, a la altura de la autopista Belt Parkway y la calle Knapp, informó el New York Post.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue el tamaño del recipiente. La periodista Sonia Rincon, de Eyewitness News, quien estuvo en el lugar durante toda la noche, señaló que el cesto era considerablemente más pequeño que los habituales, lo que hace difícil suponer que el cuerpo pudiera haber quedado bien oculto. Agentes de la Unidad de la Escena del Crimen examinaron el recipiente, recolectaron distintos elementos del área y trabajaron durante horas detrás de una cinta de acordonamiento. Más avanzada la noche del miércoles, el personal de la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York retiró el cuerpo del lugar, cubierto con una sábana blanca.

Qué se sabe de la investigación del NYPD

La causa de muerte todavía no fue determinada. Será la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York la encargada de establecer cómo falleció la mujer. El NYPD informó que no pudo precisar si existieron señales evidentes de trauma en el cuerpo ni otros indicios visibles sobre lo ocurrido.

Las autoridades investigan si existió un delito vinculado al hallazgo, pero hasta el momento no calificaron el caso como homicidio. Hasta la última actualización de las fuentes consultadas, no se realizaron arrestos, según confirmaron tanto el NYPD como los medios que cubrieron el hecho. Rincon precisó desde la escena que los detectives permanecieron en el lugar hasta entrada la noche con el objetivo de reunir todas las pruebas disponibles antes de que el médico forense retirara el cuerpo.

El estacionamiento de Plumb Beach, un punto de acceso a una playa apartada

El sitio donde fue hallado el cuerpo es uno de los accesos más utilizados para llegar a Plumb Beach, pero los residentes del área lo describen como un punto poco concurrido, alejado del flujo habitual de turistas. Roberto Avitia, vecino de Sheepshead Bay, contó en declaraciones a Eyewitness News que frecuenta la zona para correr, incluso de noche.

“Alterno según mi horario de trabajo, pero la mayor parte del tiempo salgo de noche porque está más fresco”, afirmó, y describió el lugar como “tranquilo y apacible. Esta zona en particular está fuera del camino habitual”.

Nathaniel Lozada, otro residente de la zona, coincidió en que la playa recibe poca afluencia. “Hay una autopista muy transitada cerca, pero casi nadie viene a la playa. Solo se ven algunos autos; no es para nada una playa turística, es un lugar muy tranquilo”, señaló también ante las cámaras del canal. Ambos dijeron haber quedado sorprendidos al encontrarse con un operativo policial en un lugar que habitualmente consideran seguro.

La causa de muerte, pendiente del dictamen del médico forense

El NYPD indicó que continuará con las tareas investigativas para determinar qué ocurrió y si hubo algún delito relacionado con el descubrimiento. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York será la que establezca oficialmente la causa de muerte de la mujer hallada en el cesto de basura, un dato que las autoridades esperan para definir el curso de la investigación.

Hasta el momento, no hay detenidos, no se difundió la identidad de la víctima y las circunstancias del caso permanecen sin esclarecer.

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Policías detienen a mujer junto con un menor por el robo de un auto de lujo en hotel de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 18 años y a un menor de edad por su posible participación en el robo de un BMW de alta gama, hecho ocurrido en un hotel de la alcaldía Gustavo A. Madero. El automóvil fue localizado gracias al sistema de geolocalización GPS instalado en la unidad.

El reporte llegó a los uniformados a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, que alertaron sobre el robo de un vehículo de la marca BMW estacionado en un hotel ubicado en la esquina de las calles Noé y Otilia, en la colonia Guadalupe Tepeyac. Con esa información, los policías acudieron de inmediato al sitio señalado.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, de 26 años, quien relató que horas antes había asistido a una reunión con varias personas en ese establecimiento de hospedaje. Después de la convivencia, se retiró a descansar y, al despertar, notó que su BMW color negro ya no estaba en el estacionamiento.

El propietario del vehículo activó el sistema de geolocalización GPS y logró ubicar la unidad en la colonia Nueva Atzacoalco, dentro de la misma demarcación. Con ese dato, los policías se trasladaron al punto exacto y localizaron a los dos sospechosos a bordo del automóvil sustraído.

Al ser cuestionados, la mujer y el menor no acreditaron la legal propiedad de la unidad, por lo que fueron detenidos en el sitio. El propietario reconoció su vehículo y solicitó proceder legalmente contra ambos, quienes fueron trasladados junto con el BMW recuperado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien determinará su situación jurídica.

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

/mexico/2026/09/16/se-vistieron-de-repartidores-de-didi-mataron-a-dos-rivales-en-iztacalco-y-cobraron-30-mil-pesos/

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

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Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo este miércoles una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos, con un arma blanca en lo que se investiga como un intento de robo.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida ante medios de comunicación en Cuernavaca y anunció que en las próximas horas se publicará la ficha de búsqueda del sospechoso.

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La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años aproximadamente y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

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Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

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La novena audiencia al juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz empezó con una novedad: por primera vez desde que comenzó el debate el músico no se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que tenía previsto iniciar la jornada a las 12, aunque comenzó unos minutos más tarde.

“Pachi”, histórico jefe de seguridad de Álvarez, contó a Infobae que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados iba a venir pero que a último momento le manifestó que se sentía mal.

Minutos después, desde la defensa explicaron con mayor detalle qué había ocurrido durante la mañana y señalaron que debieron pedir autorización al tribunal para que Álvarez pudiera ausentarse. “Está encerrado en la habitación y no quiere salir”, explicó a este medio uno de sus abogados.

El letrado señaló que en una audiencia anterior el tribunal les había indicado que, en caso de que Álvarez no se presentara, debían justificar su ausencia con un certificado médico.

Su falta se produjo en la novena audiencia del juicio, que comenzó el 10 de agosto pasado. Hasta ahora, Álvarez había concurrido a todas las jornadas, aunque el tribunal ya había autorizado que podía ausentarse hasta los alegatos y el veredicto.

Para este miércoles están previstas las declaraciones de cuatro testigos: dos profesionales del Cuerpo Médico Forense que evaluaron al músico y dos policías que intervinieron en las horas posteriores al crimen.

Cuarto intermedio hasta el miércoles 23 a las 11.30

Entra a declarar el último testigo de la jornada: Mariano González

Se trata del policía que intervino en la búsqueda de Álvarez en Pinar de Rocha, el boliche de Ramos Mejía al que el músico se dirigió después del crimen.

A preguntas de la defensa, explicó que su tarea consistió en buscar registros de las cámaras de seguridad para determinar si había imágenes de interés para la causa. Sin embargo, afirmó que actualmente no recuerda haber observado nada relevante ni haber podido identificar el auto de Álvarez. “Esto fue hace casi diez años. Pasaron muchos destinos, muchas veces que me citaron”, explicó.

Sí recordó que durante la inspección ocular se entrevistó con una persona que le permitió acceder a las cámaras del local.

Luego, ante preguntas del abogado de la querella Fabián Améndola, dijo no recordar qué pudo observar en aquellas grabaciones. Incluso después de que le leyeran parte de la declaración que había prestado durante la investigación —cuya firma reconoció—, mantuvo que no conservaba recuerdos de lo sucedido. Consultado específicamente sobre si las imágenes permitieron observar qué hizo Álvarez dentro de Pinar de Rocha, respondió: “Sinceramente, no”.

El Tribunal llamó la atención de la Defensa de “Pity” Álvarez

Javier Baños pidió al TOC N°29 que fueran citados el doctor Gallego y el perito Herrera Milano, al plantear que sus declaraciones debían admitirse para garantizar la “igualdad de armas” entre las partes.

La Fiscalía se opuso y consideró que se trataba de “una nueva reedición” de planteos de la defensa. La querella también lo rechazó. “Tantas veces se habló de la igualdad de armas, que está garantizada. Lo cual no implica que uno, con sus armas, pueda errar el disparo”, sostuvo Fabián Améndola.

Tras deliberar, el tribunal rechazó el pedido. Los jueces consideraron improcedente convocar a profesionales para que contradijeran pericias realizadas por otros especialistas y aclararon que la igualdad de armas no supone una “compensación de testigos”, por la cual admitir un testigo de una parte obligue a aceptar otro propuesto por la contraria.

El TOC señaló además que era al menos la tercera vez que se formulaba un planteo en ese sentido y advirtió que su reiteración dilataba el procedimiento. “Un planteo no puede reiterarse en un debate seis veces”, sostuvo el tribunal antes de resolver no hacer lugar al pedido y decidió llamar la atención al doctor Javier Baños.

“Cuando le hablaba reaccionaba, pero después se dormía”

Walter Guayta, actualmente subcomisario de la Policía de la Ciudad, declaró sobre la mañana del 13 de julio de 2018, cuando Álvarez se presentó en la comisaría. En ese momento, el efectivo integraba la División Sumarios y Actuaciones de la Comuna 8.

Ante las preguntas de Sebastián Queijeiro, contó que recibió al músico cerca de las 6.30 para notificarlo de sus derechos. Según recordó, “Pity” decía que estaba bien y despierto, pero se quedó dormido cuando intentaron hacerle la lectura. “Intenté despertarlo, lo agarré del hombro, lo llamé por su nombre, lo sacudía y, como no se despertaba”, relató. Finalmente reaccionó y pudieron hacer un acta con dos testigos para comunicarle que estaba imputado en una causa por homicidio.

“Hicimos un acta muy cortita porque no podía mantenerse despierto mucho tiempo. Cuando le hablaba reaccionaba, pero después se dormía”, afirmó. Además aclaró que no observó una actitud agresiva. Sobre si el cantante comprendía lo que ocurría, respondió: “Le pedí los datos y contestó. No sé si entendía todo lo que pasaba, pero contestaba”.

Cuarto intermedio mientras solucionan un desperfecto en la memoria de la grabación

Declara la licenciada Adela Beatriz Ahuad, psicóloga del Cuerpo Médico Forense

Por zoom comenzó a declarar Adela Beatriz Ahuad, psicóloga jubilada del Cuerpo Médico Forense, quien evaluó a Álvarez en 2018 y 2019.

A preguntas de la defensa, explicó que en la primera pericia realizó un examen de sus facultades cognitivas y características de personalidad. Señaló que no consideró necesario efectuar una prueba neurocognitiva y que las evaluaciones arrojaron capacidades dentro de los parámetros esperables para su edad.

Ahuad detectó una “ligera inestabilidad de la atención y concentración”, pero aclaró que “no impedía que realizara las tareas ni que comprendiera las consignas”.

Sobre la evaluación de 2019, recordó que hacia el final observó algunos signos de somnolencia, como bostezos y demora en las últimas respuestas. Sin embargo, remarcó que eso tampoco le impidió completar las tareas y precisó: “La atención podía estar fluctuante, no disminuida”.

Entra a declarar el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, Esteban Toro Martínez

El psiquiatra Esteban Toro Martínez, integrante del Cuerpo Médico Forense desde 2003, declaró sobre las evaluaciones realizadas a “Pity” Álvarez y las conclusiones a las que llegó respecto de sus facultades mentales y la posible incidencia del consumo problemático de sustancias en su conducta.

Ante las preguntas del fiscal Sandro Abraldes, el especialista explicó que en 2018 estuvo a cargo de una pericia sobre el músico cuando se encontraba detenido. El objetivo era analizar sus facultades mentales al momento del hecho. Años después, en 2021, volvió a intervenir en una evaluación interdisciplinaria.

Toro Martínez contó que, debido a que debía analizar el estado mental de Álvarez al momento del crimen, ocurrido meses antes de la entrevista, no se limitó al examen realizado en el Cuerpo Médico Forense. También tuvo en cuenta historias clínicas, antecedentes y declaraciones incorporadas al expediente sobre la conducta del músico antes, durante y después del homicidio.

Al referirse al cuadro general de Álvarez, sostuvo que se trataba de “una persona con grave afectación”. Explicó que existían antecedentes de trastornos de personalidad, un grave consumo problemático de sustancias y episodios de descompensación. Sin embargo, señaló que no encontró elementos que indicaran la existencia de episodios psicóticos.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con la conducta que tuvo Álvarez durante la secuencia investigada. El psiquiatra la definió como “una conducta dirigida” y señaló que existió “intervención de la voluntad”.

Según explicó, a partir del análisis retrospectivo del caso no advirtió insuficiencias que hubieran afectado la capacidad del músico para comprender y dirigir sus acciones en relación con el hecho investigado.

Luego fue el turno de la defensa. Sebastián Queijeiro interrogó al especialista sobre la posible incidencia que pudieron haber tenido el consumo crónico de drogas, la hipervigilancia, los problemas en el control de los impulsos y el miedo en la manera en que Álvarez interpretó la situación previa a los disparos.

En ese contexto, Toro Martínez explicó que determinados consumos pueden generar fenómenos paranoides y sensaciones de persecución o amenaza. Sin embargo, diferenció esos cuadros de lo que pudo reconstruir en este caso.

Para explicarlo, planteó que sería distinto que una persona caminara por la calle, creyera sin motivo que un desconocido representa una amenaza y le disparara, a que el uso del arma se produjera en el contexto de una pelea con otra persona. En este último supuesto, sostuvo, una interpretación equivocada de la amenaza no implica necesariamente la existencia de un delirio.

El psiquiatra reconoció, de todos modos, que “la emoción de miedo pudo haber afectado e incidido en cómo la persona se comporta”. También explicó que el temor puede condicionar la forma en que alguien interpreta una situación y que esa interpretación puede ser equivocada.

No obstante, remarcó que no encontró indicadores de que Álvarez hubiera estado atravesando un episodio psicótico al momento del crimen ni una alteración del juicio de esas características.

“La ira no es psicosis. El miedo no es psicosis”, afirmó.

Queijeiro insistió sobre si el historial de consumo problemático de sustancias podía haber provocado que Álvarez experimentara un temor mayor que el de una persona sin esos antecedentes. Toro Martínez respondió que no existe una manera de medir la cantidad o intensidad del miedo experimentado por una persona.

La defensa también intentó que el perito respondiera en términos científicos si podía descartarse que todas esas variables hubieran incidido en la capacidad de Álvarez para dirigir sus acciones en el instante preciso del hecho. Durante ese intercambio, el presidente del tribunal intervino y evitó que el especialista fuera obligado a responder únicamente por “sí” o por “no”.

Finalmente, el juez Juan María Ramos Padilla le pidió al perito que explicara la relación entre el impulso y el control de los impulsos. Toro Martínez señaló que la impulsividad, en términos generales, supone una ausencia de reflexión, pero remarcó que una conducta debe analizarse dentro del contexto en el que se produce.

Para explicarlo, volvió sobre lo ocurrido después de los disparos. Señaló que Álvarez subió a un auto, se dirigió a una discoteca, llegó al destino que se había propuesto y allí se sacó fotos, entre otras acciones. Para el especialista, esos comportamientos mostraban que “la conducta impulsiva fue selectiva”.

Toro Martínez diferenció esa situación de un cuadro de excitación psicomotriz, en el que —según explicó— la conducta deja de ser selectiva y pueden aparecer acciones indiscriminadas, como disparar en distintas direcciones, romper objetos o lastimarse.

“Hay violencia, pero hubo selectividad y eficiencia: sacó el arma del bolsillo y disparó”, concluyó el psiquiatra.

Se discute el estado de “Pity” Álvarez

Al comenzar la audiencia, el abogado Javier Baños se refirió a la ausencia de “Pity” Álvarez y señaló: “El imputado se había descompensado, no sé absolutamente nada más”.

Luego tomó la palabra el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, quien explicó que el letrado Sebastián Queijeiro se había comunicado previamente para informar la situación.

El juez recordó que el músico ya había sido autorizado a no permanecer en las audiencias cuando su presencia no fuera indispensable y señaló que, como este miércoles no se requiere que esté en la sala, quedará representado por sus defensores como si estuviera presente.

Comienza la audiencia sin el músico en la sala

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

Tras su captura, presuntamente confesaron que recibieron 30 mil pesos por el doble homicidio, y que un tercero les entregó el arma de fuego utilizada.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes del sector Tlacotal de la SSC realizaron el seguimiento de los sospechosos a partir de trabajos de inteligencia previos al arresto. La detención de ambos hombres se concretó en la alcaldía Iztacalco, donde el grupo delictivo Los Chivos tiene presencia activa.

Leonardo Arias y Fernando Rodríguez portaban mochilas de la plataforma DiDi al momento del ataque. El disfraz les permitió acercarse a las víctimas sin levantar sospechas en la vía pública.

Tras su captura, los dos detenidos declararon ante las autoridades que un tercero no identificado les proporcionó el arma de fuego. Las investigaciones buscan determinar quién ordenó y financió el doble homicidio.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna dependencia oficial publicó un comunicado con detalles sobre la identidad de las víctimas. Tampoco se precisaron el lugar exacto ni la hora del ataque, de acuerdo con Milenio.

El pago de 30 mil pesos y el papel del autor intelectual sin identificar

El periodista Carlos Jiménez, quien difundió el caso a través de su cuenta en la red social X, informó que los detenidos confesaron haber recibido 30,000 pesos a cambio de los dos asesinatos. La suma fue entregada por un tercero cuya identidad las autoridades aún no han hecho pública.

Los agentes del sector Tlacotal mantienen abiertas las diligencias para localizar al autor intelectual del pago. La SSC no emitió información adicional sobre posibles cómplices o sobre el avance de esa línea de investigación.

El uso de la identidad visual de DiDi como método de aproximación a las víctimas refleja una táctica que ya había sido documentada en otras alcaldías de la capital. La empresa había advertido, en un comunicado previo, que da de baja de inmediato a cualquier repartidor vinculado a actividades ilícitas y colabora con las autoridades en esos casos.

La plataforma también señaló que sus términos y condiciones prohíben el envío de paquetes con contenidos sospechosos o ilegales, y que los repartidores tienen la opción de reportar cualquier irregularidad desde la propia aplicación.

Los Chivos, Iztacalco y su posible vínculo con estructuras del crimen organizado

La banda Los Chivos opera en la alcaldía Iztacalco, aunque la información disponible sobre su estructura es escasa. Milenio apuntó que el grupo podría estar relacionado con una célula criminal identificada con las siglas H1-A1, presuntamente vinculada con La Nueva Familia Michoacana, si bien esa conexión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Uno de los episodios asociados a esa célula ocurrió el 15 de octubre de 2021, cuando el empresario Eduardo Beaven recibió disparos cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El atacante detenido dos días después, Yannick Iriarte Martínez, alias El Alemán, fue relacionado en distintos reportes con la estructura H1-A1.

En años posteriores, las autoridades capitalinas arrestaron a otros presuntos integrantes de ese grupo por homicidio, extorsión y narcomenudeo. Entre los mencionados figuran Guillermo Contreras, alias El Galletas; Johan Alain Rodríguez, y Roy Galindo Torres.

También fue señalado en reportes periodísticos Francisco Javier Medina, alias Paco Pacas, como presunto operador de tráfico de armas y drogas para La Nueva Familia Michoacana. La relación entre esa estructura y los detenidos por el ataque contra Los Cuetos no ha sido confirmada por ninguna institución.

La SSC y la investigación en curso sobre el doble homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso más allá de la detención de los dos sospechosos. Las autoridades trabajan para establecer si existen más personas involucradas en la planeación del crimen.

El doble homicidio en Iztacalco se suma a una serie de ataques recientes en esa alcaldía en los que los agresores utilizaron mochilas de reparto como cobertura. La táctica ya había sido registrada el 11 de septiembre de 2026, cuando motosicarios con una mochila de reparto dispararon contra dos hombres en la colonia Juventino Rosas, según informó el Heraldo de México.

De las últimas horas de Cristian Maximiliano Díaz se reconstruyó casi todo lo que ocurrió durante la madrugada en la que fue asesinado. La discusión con “Pity” Álvarez en el barrio Samoré, los cuatro disparos y lo que sucedió inmediatamente. Sin embargo, hasta ahora, poco se sabía sobre qué había hecho la víctima el 11 de julio de 2018 antes de cruzarse con el músico.

Eran cerca de las 14.40 cuando Díaz llegó a Villa Lugano para ver a su hija mayor, Jacqueline. Le había avisado por WhatsApp que estaba llegando y, como ella no respondía, la llamó varias veces. Cuando finalmente se encontraron, él le entregó ropa, zapatillas y dinero. Estuvieron juntos cerca de media hora y luego el hombre se despidió. Fue la última vez que su hija lo vió con vida.

Ocho años después, Jacqueline Guzzardi reconstruyó esa tarde ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que juzgan a “Pity” Álvarez por el homicidio de Díaz. Su declaración no estaba prevista para este lunes. Fue incorporada a pedido del fiscal Sandro Abraldes y permitió conocer una parte de la historia de la víctima que hasta ahora había quedado en un segundo plano durante el debate.

Jacqueline tenía 16 años cuando ocurrió el crimen. Todavía iba al colegio. Hoy tiene 24 y trabaja para el Gobierno de la Ciudad. Frente al tribunal contó que en aquel momento vivía en la Torre 12 del barrio Samoré y que veía a Díaz al menos una vez por semana.

“Hablábamos todos los días”, aseguró.

El encuentro de aquella última tarde había comenzado a gestarse unos días antes. “(Mi papá) me había mandado un mensaje para decirme que tenía ropa para traerme y me preguntó si la quería porque capaz no me gustaba”, recordó.

El 11 de julio, Díaz volvió a comunicarse con ella para avisarle que estaba llegando a Samoré. Como Jacquie no respondía, la llamó tres veces: a las 14.36, a las 14.38 y a las 14.39. Al final se encontraron en el palier y conversaron alrededor media hora. “Me preguntó qué iba a hacer en el día. Yo iba a la escuela en ese momento. Me dijo que se iba a quedar un rato más por el barrio y que después se iba. Me pidió que me cuidara y me portara bien. Después se despidió y se fue”, reconstruyó Jacqueline ante los jueces. “Lo vi normal”, sumó.

Horas después, en la madrugada del 12 de julio, Díaz murió tras recibir cuatro disparos. Jacqueline vio su cuerpo tirado junto a un charco de sangre. “Lo reconocí al verlo. Me lo quedé mirando en estado de shock, no sabía si estaba vivo, muerto o agonizando. Estuve unos veinte minutos pensando que iba a venir una ambulancia, hasta que llegó mi mamá y nos dijeron que estaba muerto”, contó años atrás en una entrevista al periodista Emmanuel Dalbe para Télam.

“No, ninguno”

El fiscal Sandro Abraldes justificó la incorporación del testimonio de Jacqueline por la necesidad de profundizar sobre las horas previas al crimen y la relación que existía entre Díaz y Álvarez, dos cuestiones centrales para una de las discusiones que atraviesan el juicio.

Cuando le preguntó concretamente si su padre tenía algún conflicto con “Pity”, la joven fue terminante: “No, ninguno”.

La respuesta cobra relevancia frente a la estrategia que anticipó la actual defensa del músico. Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostienen que Álvarez actuó en legítima defensa y que no salió en busca de Díaz. “Él no fue y mató a una persona. Fue increpado en en un paso obligado donde se solía vender drogas a horas de la madrugada”, afirmó Queijeiro acerca de las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

Parte de esa versión encuentra respaldo en testimonios que ya se escucharon durante el juicio. C.U.S., amigo de Díaz y testigo presencial del crimen, relató que ambos comenzaron a discutir y que escuchó a la víctima decirle a Álvarez: “Vos me faltaste el respeto”. Según su declaración, Díaz se quitó luego la campera como para pelear y le dio un cabezazo a “Pity” que impactó “a modo de empujón”. Inmediatamente después, Álvarez sacó el arma y disparó.

Agustina Inbernoz, quien acompañaba al músico aquella madrugada, también describió a Díaz acercándose de manera agresiva. En su primera declaración sostuvo que lo invitaba a pelear y que lo provocaba para que disparara.

La defensa suma a esa reconstrucción las condiciones físicas en las que se encontraba Álvarez, quien había sido operado de la cadera tras un accidente en moto, y las características del arma utilizada. “Cristian tenía una prótesis de cadera y estaba en un estado de indefensión en absoluto”, argumentó Queijeiro. También señaló que el arma había sido diseñada por su fabricante para defensa personal, aunque aclaró que eso “no quiere decir que no sirva para ataque”.

La historia de la víctima, por otra parte, tampoco estaba exenta de episodios delictivos. Según contó su hermana a Infobae, Díaz había pasado alrededor de seis meses detenido en Ezeiza por un robo con arma blanca.

La mujer también planteó un interrogante sobre uno de los antecedentes que aparecen en la causa. En las actuaciones se menciona un conflicto anterior entre Díaz y Álvarez vinculado con una compra de drogas. La hermana cuestiona esa reconstrucción desde una pregunta: si Díaz vendía droga, ¿por qué en aquel episodio habría tenido que llevar a “Pity” hasta otro lugar para comprarla?

Un ADN y un secreto que duró años

Hubo otro momento de la declaración de Jacqueline que llevó la historia hacia un terreno mucho más íntimo.

Durante la investigación fue necesario realizar estudios genéticos para determinar el vínculo entre Jacqueline y Díaz. El primer cotejo, realizado entre las muestras de ambos, no permitió establecer ni compatibilidad ni incompatibilidad.

A partir de ese resultado, la investigación genética se amplió: tuvieron que realizarse estudios los cuatro hermanos de Cristian Díaz para intentar determinar el vínculo. Según pudo reconstruir Infobae, el proceso comenzó en 2018 y recién concluyó en 2024.

El resultado definitivo determinó que Díaz no era el padre biológico de Jacqueline. Ella lo supo hace aproximadamente dos años y, hasta su declaración de este lunes, había preferido mantenerlo en reserva. No fue sencillo para ella hacerlo público tenía miedo “al qué dirán”.

Para Jacqueline, sin embargo, el resultado genético no modificó el vínculo que había construido durante toda su vida. “No sé si él lo sabía. Él siempre fue amoroso conmigo, atento”, dijo ante los jueces.

Un día después de declarar, la joven volvió sobre ese momento a través de sus redes sociales. “Ayer tuve que decir en voz alta que mi papá no era mi papá de sangre. Y creo que nunca me había dolido tanto pronunciar algo que, biológicamente, es verdad”, escribió junto a una foto de ambos.

En el mensaje explicó qué significó para ella conocer el resultado del ADN: “Durante mucho tiempo aprendí que una cosa es la sangre y otra completamente distinta es el amor. La sangre puede decir de dónde venimos, pero no puede explicar quién nos hizo sentir amados, quién estuvo, quién compartió su vida con nosotros”.

Y agregó: “Yo lo amé como a mi papá. Y lo amo como a mi papá”.

Ese vínculo también había quedado plasmado mucho antes de que ella conociera el resultado definitivo de los estudios genéticos. El 23 de julio de 2018, apenas once días después del crimen, se tatuó en el brazo una frase dedicada a Díaz: “Siempre que te recuerde voy a sonreír, Papá”.

En abril de 2021 publicó en Facebook dos fotos junto a él y escribió: “El día que me enteré que te fuiste tuve la sensación de que todo se detenía”. En marzo de 2022 volvió a recordarlo: “Cuando miro nuestra foto te extraño”. Ambos mensajes fueron publicados antes de que supiera que Díaz no era su padre biológico.

En su publicación de este martes, Jacqueline resumió esa contradicción entre el resultado genético y la historia que compartieron: “El ADN puede decir que no compartíamos sangre. Pero ningún ADN puede borrar una infancia, un amor, una historia ni todo lo que él fue para mí”.

Y cerró: “Era mi papá. Lo fue en vida. Lo sigue siendo en mi corazón. Y lo voy a amar como tal hasta el último día de mi vida”.

El lunes, antes de terminar su declaración, le preguntaron qué esperaba del juicio. “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”, respondió.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín, a través de la SubDDI José C. Paz. Los investigadores realizaron ocho allanamientos este miércoles y secuestraron una Honda Wave 110, identificada como la moto en la que se movilizaban los autores del hecho.

También incautaron una caja térmica con logos de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular. En operativos previos, la Policía había secuestrado otros celulares, dos cascos similares a los que usaban los atacantes y dos patentes de motos con pedido de secuestro por robo.

Dos jóvenes quedaron imputados por homicidio agravado

Los detenidos son dos jóvenes de 19 y 20 años, imputados por homicidio agravado. Uno de ellos, de nacionalidad uruguaya, fue interceptado en cercanías de la calle Alberti. El otro cayó en inmediaciones de Curupaytí.

El adolescente de 16 años quedó acusado de haber aportado la moto empleada para cometer el robo. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de la fiscal Paola Campos.

Ojeda Vázquez circulaba en una Honda XR 150 por la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, cuando dos hombres que se hacían pasar por repartidores lo interceptaron con fines de robo. Según la reconstrucción de la pesquisa, la víctima se resistió y recibió un disparo. Murió después de ser trasladado al Hospital Mercante.

La investigación incluyó el análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM), registros privados, testimonios y el seguimiento de la ruta de fuga de los sospechosos. En la escena del crimen, Policía Científica había encontrado una vaina calibre 22.

La investigación

El homicidio ocurrió en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en la localidad de Sol y Verde. Ojeda Vázquez, que volvía de entrenar, circulaba en una Honda XR 150 cuando fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto de 110 cc y llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores.

Según la reconstrucción policial, los sospechosos interceptaron al joven con el objetivo de quitarle la mote. Ante la resistencia de la víctima, efectuaron disparos. Ojeda Vázquez cayó al suelo y los atacantes escaparon con su moto.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al joven al Hospital Mercante, donde murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

En la escena, personal de Policía Científica levantó una vaina servida calibre 22. A partir de ese elemento, los investigadores analizaron imágenes de cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM) y de dispositivos privados, tomaron testimonios y reconstruyeron el recorrido de fuga.

La pesquisa permitió establecer que los sospechosos huyeron por las calles Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse. Con esos datos, los investigadores lograron individualizar a los presuntos involucrados y localizar domicilios vinculados con ellos.

La causa tuvo intervención inicial de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 de San Martín. Luego pasó, por una cuestión de competencia vinculada con la participación del adolescente, a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín.

Un hombre que permanecía prófugo fue imputado por el ataque a tiros contra una vivienda de Zapala, provincia de Neuquén, que causó la muerte de Cristian Ariel Montesino, de 37 años, y dejó a otra persona herida. La fiscalía sostiene que actuó junto a un segundo acusado, ya detenido, durante el episodio ocurrido el 13 de agosto en el barrio Don Bosco.

La reformulación de cargos alcanzó a S.D.P.B., quien fue detenido luego de permanecer prófugo durante un mes.De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos comenzaron cerca de las 21:00 del 13 de agosto. El primer imputado de la causa, J.A.E., se presentó en una vivienda de la calle Primeros Pobladores, donde se encontraba Montesino junto a dos de sus hermanos y otras personas.

Allí, el imputado les exigió a los hermanos de la víctima el pago de una suma de dinero que oscilaba entre 40.000 y 100.000 pesos. La fiscalía vinculó ese reclamo con una presunta comercialización de estupefacientes, aunque ese punto forma parte de la investigación en curso.

Tras discutir con Montesino y sus familiares, J.A.E. se retiró de la vivienda. Antes de irse, según la reconstrucción de la fiscalía, les advirtió: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”. Después, habría enviado mensajes amenazantes a las personas que estaban en el domicilio.

Cerca de las 22:00, J.A.E. volvió a la vivienda acompañado por S.D.P.B. Ambos llegaron en una camioneta junto a una mujer que todavía no fue identificada. Los investigadores sostienen que los dos hombres ingresaron al patio delantero del domicilio y abrieron fuego contra quienes estaban presentes.

Según la acusación, S.D.P.B. portaba un arma tipo metralleta y efectuó una ráfaga de disparos, mientras que J.A.E. habría usado otra arma de menor calibre. Para la fiscalía, ambos actuaron de manera coordinada y con intención de matar.

Montesino recibió 13 impactos de bala y murió en el lugar a causa de un shock hemorrágico. Un amigo suyo, que también estaba en la vivienda de Zapala, sufrió heridas y fue trasladado al hospital local, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

La situación judicial de los detenidos

La hipótesis fiscal derivó en una imputación por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego. Además, por el ataque contra el sobreviviente, los acusados también enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

Ambas figuras fueron atribuidas en calidad de coautores, aunque la responsabilidad penal de los imputados deberá ser resuelta en las próximas etapas del proceso judicial.

J.A.E. ya estaba detenido con prisión preventiva desde la audiencia de formulación de cargos realizada el 15 de agosto. Esa medida fue prorrogada por un mes más, debido a que vencía este martes. Por su parte, S.D.P.B., había permanecido prófugo después del ataque. Su detención permitió que quedara formalmente acusado.

Al momento del hecho, S.D.P.B. estaba en libertad condicional por otro expediente. Tras ser capturado, aceptó un acuerdo de pena de 10 años de prisión efectiva por una causa tramitada en la ciudad de Cutral Co.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el imputado ya comenzó a cumplir esa condena. Sin embargo, aquella pena corresponde a un caso distinto y no define su situación procesal por el ataque armado en Zapala. En caso de ser declarado responsable en este expediente, la Justicia deberá determinar la pena correspondiente y su vínculo con la condena que ya se encuentra ejecutando.

Mientras tanto, el juez Ignacio Pombo validó la reformulación de cargos y mantuvo el plazo de investigación en cuatro meses. Como ya había transcurrido un mes desde la primera audiencia, la fiscalía contará con el tiempo restante para profundizar las pericias, analizar los testimonios y avanzar en la identificación de la mujer que acompañaba a los sospechosos.

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia en el mercado de La Merced durante el operativo “Cero Pirotecnia”, implementado con motivo de los festejos patrios. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) participaron en el dispositivo, realizado en las naves mayor y menor del mercado, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El decomiso se dio en el marco de las actividades por el 216° Aniversario del Grito de Independencia. El operativo buscó contribuir a la seguridad y el bienestar de las y los capitalinos durante los festejos patrios, según informó un comunicado conjunto de ambas dependencias.

Personal de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM) Fuerza de Tarea, adscrita a la SSC, coordinó las acciones con la SGIRPC. Los oficiales realizaron recorridos de supervisión tanto al interior como al exterior de los comercios del mercado, con el objetivo de detectar y retirar los artefactos pirotécnicos que representaban un riesgo.

Según datos compartidos la tarde de este 15 de septiembre, durante los recorridos, el personal de ambas instituciones estableció pláticas con la ciudadanía para concientizar sobre los riesgos relacionados con el uso y la comercialización de pirotecnia. Las autoridades explicaron que estos artefactos pueden generar distintos tipos de accidentes entre la población.

La zona de La Merced concentra uno de los mercados más grandes de la capital, con una tradición histórica de comercio de productos diversos, entre ellos pirotecnia, pese a las restricciones vigentes.

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Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

/mexico/2026/09/15/escolta-de-farath-coronel-enfrentara-juicio-por-el-homicidio-del-vidente-hallaron-pruebas-contundentes-que-lo-vinculan-al-crimen/

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

/mexico/2026/09/15/centro-de-derechos-humanos-fray-bartolome-exige-a-gobierno-de-chiapas-reconocer-a-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-chiapas/

El Cártel Arellano Félix —también conocido como el Cártel de Tijuana o CAF— opera desde hace décadas en la franja fronteriza de Baja California, con Tijuana como su plaza histórica y estratégica para el tráfico de drogas hacia el sur de California.

La organización, fundada por los hermanos Arellano Félix a finales de los años ochenta tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara, consolidó su poder mediante el control de rutas de cocaína, marihuana y heroína, y en su etapa de mayor expansión tejió alianzas en Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca.

/mexico/2026/09/15/del-control-fronterizo-a-las-alianzas-el-territorio-actual-del-cartel-arellano-felix/

Culiacán volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre con un festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, después de dos años en los que la ceremonia masiva fue suspendida por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El programa en la capital sinaloense comenzará por la tarde con actividades musicales y culturales, mientras que la ceremonia protocolaria está prevista para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. El gobierno estatal también habilitó transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.

/mexico/2026/09/15/culiacan-y-otros-municipios-retoman-el-grito-tras-dos-anos-de-violencia-entre-los-chapitos-y-la-mayiza-en-sinaloa/

Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

/mexico/2026/09/15/los-ardillos-bajo-presion-inician-proceso-penal-a-15-presuntos-integrantes-en-guerrero/

Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

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El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

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La Secretaría de Marina (Semar) incrementó un 47.2% los aseguramientos de cocaína en sus operaciones marítimas durante 2026, asestando más golpes en contra de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

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Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

/mexico/2026/09/15/reportan-atentado-en-contra-de-alcaldesa-de-tecamac-y-su-jefe-de-gabinete/

La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

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México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

/mexico/2026/09/15/mexico-autoriza-entrada-de-139-militares-de-eeuu-armados-para-entrenamiento-conjunto-en-chihuahua/

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

/mexico/2026/09/15/experto-cuestiona-falta-de-protocolos-en-evento-de-cuautla-donde-fue-asesinada-claudia-tacoronte-es-un-territorio-asediado-por-el-crimen/

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

/mexico/2026/09/15/ocultos-entre-cajas-de-fertilizante-asi-hallaron-autoridades-217-litros-de-metanfetamina-en-la-paz-bc/

Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 14 de septiembre de 2026 frente a su domicilio en la colonia Centro de Escuinapa, Sinaloa, cuando presuntamente volvía tras dejar a su hija en la escuela. Su muerte elevó a 16 el número de mujeres asesinadas en el municipio desde junio y a seis los casos registrados durante septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional. Personas que transitaban por el sitio alertaron a la Policía Municipal tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

/mexico/2026/09/15/sara-dejo-a-su-hijo-en-la-escuela-y-fue-acribillada-en-sinaloa-era-maestra-de-kinder/

Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

/mexico/2026/09/15/estudiantes-extranjeros-de-la-uaem-se-negaron-a-irse-tras-el-asesinato-de-claudia-tacoronte/

Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

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El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará este miércoles, desde las 12 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la calle Paraguay al 1500.

Para la novena jornada están previstas las declaraciones de cuatro testigos. Tres de ellos habían sido desistidos por la Fiscalía, pero fueron mantenidos por la defensa, por lo que deberán comparecer ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Uno de ellos es Mariano González, el policía que intervino en la búsqueda de Álvarez en Pinar de Rocha, el boliche de Ramos Mejía al que el músico se dirigió después del crimen.

Ese lugar ya se mencionó durante el debate. Raúl Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina Inbernoz, novia del músico al momento del crimen, contó que se encontró allí con Álvarez durante aquella madrugada y que “Pity” le confesó: “Maté a un chabón”.

Otro de los convocados es Walter Guayta, el policía que recibió a Álvarez cuando finalmente se entregó en una comisaría el 13 de julio de 2018. Para entonces, el músico llevaba varias horas prófugo y era buscado por la Policía.

Aquella mañana Álvarez llegó acompañado por su entonces abogado Sebastián Queijeiro, quien actualmente volvió a integrar su defensa en el juicio. Antes de ingresar, el músico habló ante los medios y reconoció el crimen: “Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

Los otros dos testimonios previstos para este miércoles estarán vinculados con uno de los temas que más discusión generó durante el debate: la salud mental de Álvarez.

Una de las citadas es la licenciada Adela Beatriz Ahuad, psicóloga del Cuerpo Médico Forense, quien intervino en evaluaciones realizadas al músico.

También está convocado el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez, cuya declaración estaba prevista para audiencias anteriores pero debió ser postergada.

Toro Martínez examinó a Álvarez en octubre de 2018. En aquel estudio, el músico se presentó con una actitud colaboradora, “vigil” y orientado respecto de su entorno y de su persona. Los especialistas consignaron además una leve disminución de la atención y un pensamiento levemente enlentecido, pero sin fallas significativas de memoria y con la prueba de realidad conservada.

La conclusión de aquella pericia fue que Álvarez presentaba “un trastorno de la personalidad con antecedentes de uso de sustancias”, aunque al momento del examen se encontraba “psíquicamente compensado y en condiciones de estar en juicio”.

Su declaración cobra especial relevancia después de los reiterados planteos realizados por la defensa durante el juicio respecto de la capacidad actual del músico para afrontar el debate.

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La determinación se dio en una audiencia privada, donde también se le impuso prisión preventiva oficiosa.

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas. Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Alexis Jesús “N” formaba parte del grupo de mensajería desde donde se orquestó el atentado contra Manzo.

Qué determinó el juez sobre El Brilloso

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, conocido como “El Brilloso”, tras considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan. Le dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía de Michoacán continuará reuniendo elementos para sostener la acusación.

Mientras dure ese periodo, el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, con sede en Charo, Michoacán. La resolución judicial se dictó en audiencia privada, según se informó.

El presunto rol en el atentado contra Manzo

La FGE de Michoacán vincula a “El Brilloso” con el grupo de mensajería de la aplicación Threema desde donde, según la investigación, se planeó el ataque contra el exalcalde de Uruapan. Las autoridades sostienen que, tras la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, Alexis Jesús “N” habría asumido el control de esa célula.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fungió como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que “a él se le cumplimentó la orden de aprehensión como tal por su participación activa en lo que fue la planeación del homicidio del alcalde Carlos Manzo”.

El operativo de detención

La orden de aprehensión contra Alexis Jesús “N” se cumplimentó en el municipio de Zapopan, Jalisco. El operativo se realizó en coordinación entre autoridades estatales y federales, según se informó a través de un comunicado oficial.

Las autoridades lo señalaron como investigado por su probable participación en el homicidio de Manzo desde el momento de su captura. Con la vinculación a proceso, ahora deberá responder formalmente ante la justicia por los delitos que se le imputan.

El vínculo familiar con otro detenido

Alexis Jesús “N” es señalado, además, como hermano de Cristian Martín, alias “El Vikingo”, otra persona relacionada con la causa por el asesinato del exalcalde de Uruapan. El parentesco fue consignado por la Fiscalía como parte del expediente del caso.

Esta relación familiar se suma a los elementos que las autoridades han presentado para sostener la estructura del grupo criminal que, según la investigación, operó bajo el mando de “El Licenciado” antes de su detención.

El lugar que ocupa en la causa por el caso Manzo

Con la resolución judicial de este martes, Alexis Jesús “N” se convirtió en el último detenido relacionado con el homicidio de Carlos Manzo en enfrentar formalmente un proceso penal. El caso ha derivado en la detención de varias personas señaladas como integrantes de la célula del CJNG presuntamente responsable del atentado.

La investigación complementaria, con un plazo de dos meses, continuará bajo la conducción de la Fiscalía de Michoacán, que deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación formal contra el imputado antes de que se defina la siguiente etapa del proceso.

El homicidio de Carlos Manzo: antecedentes del caso

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, al término del Festival de las Velas por el Día de Muertos en la plaza principal del municipio. El edil, de 40 años, cargaba a su hijo minutos antes de recibir el ataque por la espalda.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Manzo recibió múltiples impactos de bala alrededor de las 20:10 horas y falleció media hora después en el hospital Fray Juan de San Miguel. Uno de los agresores, un joven de entre 17 y 19 años sin identificación, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad.

Manzo había asumido el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras ganar las elecciones como candidato independiente con el 66% de los votos. Su administración se caracterizó por una postura de mano dura contra el crimen organizado, sin negociar con grupos delictivos que operan en la región.

Uruapan es uno de los principales municipios productores de aguacate y limón de México, sectores que enfrentan desde hace años extorsiones de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el arma utilizada en el ataque estaba vinculada a otros dos incidentes de violencia entre grupos delictivos en la región. También señaló que el homicidio fue planeado y coordinado a través de un grupo de mensajería.

El 19 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen y líder de la célula del CJNG que ejecutó el atentado. En agosto de 2026, la Fiscalía capturó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como el autor intelectual que ordenó y financió el ataque, lo que llevó el caso a su etapa judicial definitiva.

Harfuch explicó que el grupo criminal interpretó las acciones de Manzo contra sus operaciones de extorsión como una provocación, lo que derivó en la decisión de asesinarlo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y vinculó a proceso a Iván “N”, alias “El Ivancito”, por el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron en la colonia Campo de Tiro Gamitos, alcaldía Álvaro Obregón.

El imputado fue identificado además como presunto integrante de “Los Bedolla”, un grupo delictivo señalado como generador de violencia en esa demarcación. Su padre, Víctor “N”, alias “El Búho”, mismo que figura como líder de esa célula criminal.

Cronología del homicidio

La Fiscalía realizó la detención de “El Ivancito” el 7 de septiembre por el homicidio de una persona ocurrido en junio pasado tras una discusión en Álvaro Obregón. Un juez lo vinculó a proceso el 11 de septiembre y le impuso prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, el 12 de junio de 2026 la víctima regresó a un inmueble donde se realizaba una reunión y entabló conversación con varias personas que se encontraban en el exterior.

Posteriormente discutió con Iván “N”, quien comenzó a agredirla. Aunque otras personas presentes intentaron intervenir para detener la confrontación, el imputado tomó el arma de fuego que portaba uno de los asistentes y disparó contra la víctima.

Servicios de emergencia trasladaron a la persona herida a un hospital, donde arribó sin signos vitales. Tras la notificación médico-legal del fallecimiento, la Fiscalía CDMX inició formalmente la investigación por el caso.

El grupo delictivo “Los Bedolla”

La Fiscalía CDMX identificó a “Los Bedolla” como una célula relacionada con actividades de extorsión, narcomenudeo y homicidio en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta agrupación es considerada por las autoridades capitalinas como un generador de violencia en la demarcación.

Según la información recabada, Iván “N” no solo participó en el homicidio investigado, sino que además forma parte de la estructura de este grupo. La Fiscalía señaló a su padre como el líder de la célula.

Este dato vincula el caso individual de homicidio con una estructura criminal más amplia que opera en la zona, lo que amplía el alcance de la investigación más allá del hecho violento del 12 de junio.

Este dato vincula el caso individual de homicidio con una estructura criminal más amplia que opera en la zona.

Proceso de investigación y aprehensión

A partir de entrevistas, análisis de videograbaciones y diligencias de reconocimiento, la Fiscalía CDMX reunió datos de prueba sobre la probable participación de Iván “N” en los hechos.

Con ese material, la institución solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del imputado. La orden fue ejecutada el pasado 7 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Tras la detención, los agentes trasladaron al imputado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Audiencia, vinculación a proceso y postura institucional

Durante la audiencia celebrada el 11 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó ante el juez los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en ese material, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Iván “N”.

El juez también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso judicial en su contra.

Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir los elementos adicionales necesarios para sustentar la acusación.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de delitos de alto impacto relacionados con grupos generadores de violencia.

La condena es la primera de su tipo en la provincia y tiene un solo antecedente a nivel nacional: en La Plata, el dueño de un pitbull recibió ocho años de prisión por la muerte de un niño de dos años en 2014. En Córdoba, el proceso contra Nieto arrancó con la primera audiencia el 26 de agosto pasado y continuó el 31 del mismo mes. La escala penal para el delito imputado iba de ocho a 25 años de cárcel; el tribunal decidió aplicar el mínimo.

El tribunal estuvo integrado por los jueces José Pueyrredón —quien presidió la audiencia—, Mario Capdevila y Gustavo Ispani. La fiscal Milagros Gorgas había pedido nueve años de prisión y sostuvo que Nieto conocía el peligro que representaban sus animales: contravenciones previas así lo acreditaban y, según la fiscalía, las autoridades lo habían notificado de las medidas de seguridad exigidas.

A pesar de eso, dejó a los dogos sueltos porque no adecuó el cerramiento de su propiedad para impedir que salieran. La querella, por su parte, había solicitado 12 años de cárcel por la misma figura penal. La defensa, en el extremo opuesto, pidió la absolución por el beneficio de la duda y, de manera subsidiaria, reclamó que el hecho fuera calificado como homicidio culposo, una figura con pena menor.

Antes de que se leyera el veredicto, el tribunal le dio la palabra a Nieto. Fue la primera vez que el imputado pidió perdón públicamente. “Lo que pasó ese día fue una terrible pérdida. No pude hacer nada porque no estuvo a mi alcance”, dijo, según informó La Voz. Y agregó: “No quise que pasara esto. Mi familia pasó por muchas cosas. Soy parco, pero tengo sentimientos”. Nieto también fue condenado a pagar un resarcimiento de 34 millones de pesos a la familia de Trinidad en concepto de daño moral y otros perjuicios. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 6 de octubre.

Sofía Ballesteros, la madre de Trinidad, estuvo presente durante toda la audiencia con una foto de su hija en la mano. Al inicio, tomó la palabra: “Es difícil estar acá. Hoy es importante porque es remover el pasado”. Pidió justicia por su hija y también por sus hermanos. “Ellos preguntan por ella todo el tiempo. Ella era una niña perfecta. Le sacaron todo su futuro. Destruyeron una familia. Pido justicia, no quiero que haya más Trini”, dijo.

Tras escuchar la condena, Sofía respondió al pedido de perdón de Nieto con firmeza: “Él no me tiene que pedir perdón a mí, sino a mi hija. Yo a ella no la tengo más. Él tiene su familia completa. Destruyó una familia, destruyó a sus hermanos”, afirmó en declaraciones al Noticiero Doce. Y sobre el fallo, añadió: “Se hizo justicia por Trini. Estoy muy contenta porque va a descansar en paz. No se va a superar nunca su muerte, pero ella va a ser la voz de otros niños, para que no siga pasando lo que está pasando”.

El abogado que representó a la familia, Carlos Nayi, consideró que la sentencia marca un antes y un después. “Es un precedente desde el punto de vista legal y judicial. La justicia de Córdoba da el ejemplo. Este es un fallo que da una señal y siembra responsabilidad”, declaró al ser consultado por La Voz tras conocerse el veredicto.

También dijo: “Un animal poderoso exige un dueño responsable. Cuando la responsabilidad desaparece, la potencia deja de ser una característica del perro y se transforma en un peligro para toda la comunidad”. Y cerró: “No buscamos venganza sino justicia. Y este juicio lo tuvo”.

El ataque ocurrió el 9 de julio de 2023. Trinidad salió de su casa en el barrio Estación Flores y caminó unas cuadras junto con su mascota. Al llegar a calle Bucarest al 4.800, los dos dogos de Nieto la atacaron.

Los vecinos escucharon los gritos y fueron en su auxilio, pero dos de ellos también resultaron heridos: uno recibió mordeduras en el rostro y otro en el brazo. El servicio de emergencias 107 asistió a la adolescente y la trasladó al Hospital de Urgencias, donde murió pocas horas después por la gravedad de las heridas.

El caso movilizó a la sociedad cordobesa y derivó en cambios concretos en el marco normativo local. El Concejo Deliberante de la ciudad sancionó la ordenanza 13.321, denominada “Trinidad” en homenaje a la adolescente. La norma creó el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), obligó a los dueños de esos animales a contratar un seguro contra terceros, obtener una licencia de tenencia y habilitó al municipio a incautarlos ante incumplimientos. También modificó las ordenanzas 9.575, 11.006 y 12.468, que regulan animales domésticos, animales de compañía y el Código de Convivencia de la ciudad, respectivamente.

Sin embargo, los ataques continuaron. En lo que va de 2026 se registraron 12 agresiones de PPP hasta el 7 de septiembre, y cuatro niños murieron como consecuencia de ataques de ese tipo de animales.

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

Elías “N”, detenido la noche del 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli

El cuerpo de V.M.S.V. apareció la mañana del 4 de septiembre, alrededor de las 11:00 horas, en una recámara de su domicilio en la colonia Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli. Sus familiares y allegados lo encontraron después de que no respondió ninguna llamada; los servicios médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El Ministerio Público estableció que el ataque ocurrió horas antes, durante la madrugada del 3 de septiembre. Elías “N”, quien trabajaba como escolta personal del vidente, disparó contra él tras una discusión al interior del inmueble, según determinaron las pruebas reunidas durante la investigación.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli recibió el reporte a través de redes vecinales y despachó elementos del Sector V al lugar. Los peritos de la FGJEM acordonaron la escena y recolectaron indicios físicos para reconstruir los hechos.

Las primeras diligencias del Ministerio Público establecieron que la víctima había recibido disparos de arma de fuego en la cabeza. Esa misma noche, la FGJEM detuvo a Elías “N” e informó que el investigado se desempeñaba como elemento de seguridad personal de Coronel, según consignó Proceso.

La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio. Tras cumplimentarse el mandato, el investigado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

La discusión previa al disparo y el robo de la camioneta

La investigación del Ministerio Público reconstruyó que, durante la noche del 3 de septiembre, V.M.S.V. y Elías “N” sostuvieron una discusión al interior del domicilio. El investigado sacó un arma de fuego y la accionó contra la víctima; a causa de las heridas, el vidente perdió la vida.

Tras el ataque, Elías “N” habría sustraído diversas pertenencias de la víctima, entre ellas dinero, joyas, armas y la camioneta propiedad de V.M.S.V., con la que huyó del lugar, de acuerdo con versiones difundidas tras el crimen y retomadas por Infobae. La Fiscalía no ha confirmado de forma oficial todos los bienes robados.

Versiones extraoficiales, que el medio citó sin confirmar institucionalmente, señalan que una segunda persona identificada como “Kendal” también participó en la discusión previa, aunque no regresó al domicilio antes del ataque. La FGJEM no ha imputado cargos a ninguna otra persona hasta la fecha.

El antecedente de 2022 y el perfil público de la víctima

V.M.S.V. tenía 41 años y construyó su presencia pública bajo los alias Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla. Se dedicaba a la numerología, el tarot, la astrología y las lecturas espirituales, y colaboró en distintos espacios televisivos, incluidas participaciones en el programa matutino Hoy de Televisa.

En agosto de 2022, el vidente ya había sufrido un atentado a balazos mientras transmitía en vivo desde su vehículo, episodio que atribuyó públicamente a un intento de secuestro. El crimen del 3 de septiembre representó el segundo ataque armado registrado contra él en menos de cuatro años.

Ocho días antes del homicidio, el 27 de agosto, Coronel realizó una transmisión en vivo en la que afirmó tener “unos 30 años más de vida”. El fragmento se viralizó tras confirmarse su muerte, según documentó Infobae.

Las acusaciones de un exasistente contra la víctima

Días después del homicidio, un exasistente personal de 21 años identificado como Ángel Aguilar denunció públicamente a la víctima por presuntos abusos durante el tiempo que trabajó a su lado. Aguilar relató en entrevista con el periodista Javier Ceriani, citada por Infobae, que Coronel lo habría drogado durante una ceremonia esotérica para abusar sexualmente de él.

El exasistente también describió golpes, amenazas de muerte y condiciones de explotación laboral. Afirmó que en cuatro semanas de trabajo llegó a recibir apenas 2.500 pesos, y que el vidente le exigía cumplir cuotas de cobro a los clientes bajo amenaza de no pagarle.

Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp difundidas en el programa de Ceriani muestran un mensaje atribuido a Coronel que dice: “Así como fácil te drogué para tenerte, así fácil hago que ya no existas”. La publicación aclaró que esos mensajes no fueron verificados de forma independiente.

La FGJEM mantiene abierta la denuncia ciudadana

El juez de control analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó que existen elementos suficientes para sostener la acusación. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: Elías “N” debe ser considerado inocente hasta que un órgano judicial resuelva lo contrario.

Por el delito de homicidio, el investigado podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión si un tribunal lo declara culpable. El plazo de tres meses otorgado para la investigación complementaria vence en diciembre de 2026.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 702 8770 para recibir denuncias. También habilitó la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para sistemas iOS y Android, con el fin de que cualquier persona que reconozca al investigado como probable responsable de otro delito pueda reportarlo.

La División Homicidios de la PFA capturó esta semana a Juan Abraham Flores, alias “El Gordillo”. La Justicia lo buscaba por un delito inquietante: intentar matar a su propio hermano menor, Ángel Gabriel.

El hecho ocurrió el 26 de marzo de 2023, mientras ambos bebían en la casa de Ángel, ubicada en el Barrio María Teresa de Calcuta de José C. Paz. En medio de la sesión, con los ánimos ya caldeados, ambos comenzaron a discutir: Juan Abraham acusaba a Ángel Gabriel de usurparle una casa en la zona de Cuartel V, zona de Moreno. Se trenzaron a golpes.

Según la causa en su contra, el acusado -que ya tenía antecedentes por robo a mano armada- se fue, enfurecido. Desde su auto, le gritó: “Te voy a matar”. Luego, volvió con una pistola. Le dio cinco tiros a su propio hermano. Tres impactaron en su pecho; los otros dos, en su brazo derecho. Con su arma caliente, “El Gordillo” escapó. Su propia familia trasladó a Ángel a una Unidad de Pronta Atención cercana. Los médicos le salvaron la vida.

Así, comenzó la causa en contra de “El Gordillo” por el delito de tentativa de fraticidio, a cargo de la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, hoy bajo el fiscal Carlos Hermello. Tras años sin resultados, la fiscalía convocó a la División Homicidios de la Federal, parte del DFI, célebre por su tasa récord de capturas en casos fríos. Lo capturaron, precisamente, en José C. Paz, no muy lejos de la escena del intento de crimen.

Los detectives descubrieron que Abraham tenía una novia, así como varios amigos. Todos ellos interactuaban en Facebook a muro abierto con un perfil misterioso, que no parecía ser de ninguna persona, nadie identificable a simple vista. Ese perfil publicaba en Marketplace distintos avisos para vender herramientas y distintos repuestos para automotores.

Entonces, los detectives concertaron una falsa compra con el falso perfil. Acordaron una cita en la calle Marino Rosales de José C. Paz. A la hora señalada, Juan Abraham Flores salió de un domicilio de la cuadra. Cotejaron su foto. Era él. Fue arrestado de inmediato y trasladado a la Comisaría 3° de la zona para su posterior indagatoria.

Veinticuatro miembros de la Mara Salvatrucha vinculados con el programa Hollywood, la clica base Turin y Atiquizaya fueron condenados por delitos cometidos en Santa Ana.

Las penas van desde los 12 hasta los 705 años de prisión, a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de los procesados.

El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana resolvió el caso tras conocer las acusaciones por organizaciones terroristas, homicidios agravados, proposición y conspiración de homicidio, extorsiones agravadas, desaparición de personas, tráfico ilícito y tenencia de armas. Los hechos investigados ocurrieron entre el 24 de octubre de 2020 y marzo de 2021.

La investigación incluyó más de 30 víctimas de extorsión. La mayoría eran comerciantes de ferreterías, tiendas y farmacias, además de repartidores y ruteros que realizaban sus labores en Atiquizaya.

Según expuso la fiscal del caso, los integrantes de la estructura exigían fuertes cantidades de dinero a las víctimas para permitirles continuar con sus actividades. Las personas que se negaban a pagar recibían amenazas de muerte, mientras que varias mantuvieron las entregas de dinero durante cinco años.

La condena más alta fue impuesta al corredor de clica Mauricio Alberto Ibarra, quien recibió 705 años de cárcel. Melvin Oqueli Contreras fue sentenciado a 675 años y Bryan Geovanni Linares recibió una pena de 597 años de prisión.

Jorge Antonio Orellana fue condenado a 287 años de cárcel. Gustavo Antonio Aquino Galán, identificado como corredor de clica, recibió 280 años, y Diego Fabricio Castañeda fue sentenciado a 250 años.

José Manuel Zepeda Navarro, también señalado como corredor de clica, recibió una condena de 120 años. El tribunal impuso además 107 años de prisión a Wilson Guillermo Velásquez, 92 años a Fernando José Henríquez y 70 años a Mauricio Ernesto López Gálvez.

Los otros 14 procesados recibieron penas de 52, 45, 32, 30, 27, 15 y 12 años de cárcel. La resolución alcanzó a los integrantes de las estructuras relacionadas con el programa Hollywood, la clica base Turin y Atiquizaya que fueron juzgados en Santa Ana.

Dos reos ausentes recibieron 30 años por el homicidio de un estudiante en Suchitoto

En un proceso distinto, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Jorge Alberto Hernández García y José David Fuentes Mejía por el homicidio agravado de Ever Joel Mejía Ramírez, un estudiante de 17 años. Ambos recibieron 30 años de prisión cada uno.

Los dos procesados fueron identificados como integrantes de un grupo de la MS denominado Suchitotos Locos Salvatruchos. El juicio se desarrolló con los acusados en condición de reos ausentes.

Ever Joel Mejía Ramírez fue privado de libertad el 17 de marzo de 2014, aproximadamente a las 12:00 pm, en el barrio El Centro de Suchitoto. Un grupo de mareros lo golpeó con puñetazos y patadas, y después lo arrastró hasta la orilla del lago Suchitlán.

De acuerdo con los hechos expuestos durante el juicio, los agresores obligaron al estudiante a abordar una canoa. La fiscal del caso presentó diferentes pruebas ante el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque contra Hernández García y Fuentes Mejía.

Los restos del joven fueron encontrados el 4 de abril de 2014 en la isla La Abertura, dentro del lago Suchitlán, en Suchitoto. Con las pruebas incorporadas al proceso, el tribunal declaró responsables a los dos integrantes de la estructura por homicidio agravado.

Un hombre de 81 años mató de un disparo a uno de los presuntos asaltantes que ingresaron armados al mayorista de su nieto en Cuartel V, Moreno. Durante el tiroteo, el jubilado recibió una herida de bala en el tórax y fue sometido a una cirugía, mientras que el dueño del local sufrió una lesión en una mano, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió este lunes en un comercio de alimentos y bebidas situado en la esquina de Juramento y Patricias Argentinas, en el barrio 23 de Diciembre. De acuerdo con el parte policial, tres hombres armados irrumpieron en el negocio con aparentes fines de robo.

El caso llamó la atención de los detectives que trabajan en el caso por las características del lugar. El mayorista está situado en una zona alejada de la ruta, en el fondo de Cuartel V y con accesos dificultosos. Los dos detenidos viven en Grand Bourg y Malvinas Argentinas, mientras que las víctimas son oriundas de esa zona y se instalaron en Moreno hace cerca de cinco años.

“Podría tratarse de un ajuste de cuentas”, indicaron fuentes con acceso a la investigación a este medio. Otra fuentre, en cambio, descartó esa posibilidad y remarcó la violencia que tuvo el episodio.

Vecinos del barrio advirtieron la secuencia y avisaron a Lorenzo Rivero, abuelo del comerciante Víctor Rodrigo Insfrán, de 41 años. El hombre se presentó en el lugar con una escopeta y efectuó disparos contra los sospechosos.

Uno de ellos, aún no identificado, murió en la vereda del mayorista tras recibir una herida de arma de fuego en el cráneo. En su poder, la Policía halló un revólver calibre .22 y un cuchillo.

Rivero fue alcanzado por un disparo en el tórax durante el intercambio de tiros. Según la información oficial, permanece estable después de una intervención quirúrgica. Insfrán recibió un impacto en la mano derecha, fue atendido y obtuvo el alta médica.

Los vecinos redujeron a dos sospechosos cuando intentaban escapar

Los otros dos hombres fueron retenidos por vecinos cuando intentaban huir. La Policía los identificó como Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48. Ambos presentaban golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. El primero de ellos tiene el mismo apellido del jubilado aunque aún no se determinó ninguna relación entre ellos, hasta el momento.

Personal policial secuestró en la vivienda del jubilado una escopeta calibre 12, con un cartucho percutado y seis municiones intactas, además de un revólver calibre .38 con seis municiones. Las armas no tenían impedimentos legales, detallaron fuentes policiales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Moreno, que ordenó la aprehensión de los dos sospechosos. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a dos hombres señalados como presuntos responsables de la muerte del ciudadano estadounidense Andy Lousaint, de 47 años, cuyo cuerpo fue encontrado oculto bajo concreto en un establecimiento comercial de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Los detenidos son José Antonio Martínez Joseph, de 41 años, y Juan Gabriel Marte Ramírez, de 26. Ambos quedaron bajo control del Ministerio Público tras una investigación que comenzó luego de la denuncia por la desaparición de Lousaint, ciudadano estadounidense de origen haitiano.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que el hallazgo se produjo cerca del mediodía del 14 de septiembre. Agentes de la institución, con apoyo de bomberos y organismos de socorro, retiraron el cadáver de una zona situada debajo de una escalera.

La víctima había sido reportada como desaparecida el 10 de septiembre, luego de salir del apartamento que alquilaba en República Dominicana. De acuerdo con la información policial, Lousaint había dicho a una persona cercana que se reuniría con un hombre identificado como Martínez en una plaza comercial. No regresó a su domicilio después de ese encuentro.

La persona con la que se hospedaba en el país se comunicó con el individuo que iba a encontrarse con Lousaint. A partir de ese contacto, las autoridades iniciaron las diligencias para ubicar al estadounidense.

El cadáver fue encontrado en un comercio llamado Martínez Fashion, dedicado a la importación de pacas de ropa y otras actividades comerciales. Según Pesqueira, el cuerpo estaba “prácticamente sellado debajo de una escalera”, cubierto con concreto, pegamento y otros materiales.

La Policía Nacional indicó en un comunicado que las pesquisas establecen que el cadáver fue trasladado al establecimiento después de la muerte. Allí habría sido ocultado bajo una estructura de la escalera con el objetivo de impedir su localización.

El caso pasó de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a la División de Homicidios del Distrito Nacional. Aunque el cuerpo apareció en Santo Domingo Oeste, la investigación apunta a que la víctima habría sido asesinada en la jurisdicción del Distrito Nacional.

“Esta investigación sigue en curso”, dijo Pesqueira ante la prensa. El funcionario evitó adelantar detalles sobre la posible secuencia de los hechos y sostuvo que podrían surgir nuevos elementos durante las próximas horas.

Las autoridades atribuyeron las detenciones a las labores del Departamento Operativo II de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, que trabajó junto con la División de Homicidios del Distrito Nacional y el Ministerio Público.

La autopsia determinará la causa de la muerte de Andy Lousaint

De acuerdo con la versión difundida por la Policía Nacional, Martínez Joseph habría admitido participación en el hecho junto con Marte Ramírez. También habría declarado que provocó una herida de arma blanca a Lousaint.

No obstante, los investigadores aclararon que la causa de muerte será establecida mediante la autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Ese examen deberá determinar si la lesión mencionada por uno de los detenidos fue mortal y precisar las circunstancias del fallecimiento.

Como parte de las diligencias, los agentes retuvieron tres vehículos y seis teléfonos celulares, entre ellos algunos que pertenecían a la víctima. Los dispositivos y los demás elementos recogidos serán sometidos a análisis para reconstruir los movimientos de Lousaint antes de su desaparición y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Los dos arrestados enfrentan la orden de arresto No. 0148-SEPTIEMBRE-2026. Hasta el momento, las autoridades no informaron si buscan a más personas ni detallaron cuál habría sido el móvil del crimen.

El Ministerio Público continuará con las pesquisas antes de presentar las imputaciones formales ante un tribunal.

El barrio Junín, en Las Heras, Mendoza, fue escenario de un violento tiroteo por un presunto conflicto narco durante la noche del lunes. Según supo Infobae, en medio de la balacera, un joven resultó herido y un niño de 7 años fue trasladado con lesiones de gravedad a un hospital local. Horas después, falleció. La causa quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Las Heras, que deberá determinar cómo se produjo el ataque y quiénes intervinieron.

Según confirmaron fuentes del caso, el niño herido fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo, donde ingresó con una herida de arma de fuego. Pese a la asistencia recibida en el centro de salud, las autoridades confirmaron luego su fallecimiento. La Oficina Fiscal de Las Heras intervino para disponer las medidas iniciales y reunir los elementos que permitan precisar la mecánica del ataque.

De acuerdo con la información del portal del diario Los Andes, las primeras averiguaciones realizadas por efectivos policiales indican que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda del barrio Junín y efectuado varios disparos. En esa secuencia, uno de esos tiros alcanzó al niño.

Esa hipótesis se encuentra en etapa inicial y deberá ser contrastada mediante las pericias, los testimonios y otros elementos que puedan incorporarse al expediente. Hasta el momento, no se informaron identidades de sospechosos, personas detenidas ni un posible móvil del hecho.

Según los datos preliminares, quienes serían los autores del ataque escaparon en un automóvil de color rojo. Ahora, resta determinar si el ataque estaba dirigido a una persona en particular, si existió algún conflicto previo o si los disparos fueron realizados desde el interior o las inmediaciones del domicilio.

Luego de conocerse la muerte del menor, personal policial mantuvo preservada la escena donde se produjo el episodio. El objetivo fue permitir la intervención de Policía Científica y evitar alteraciones que pudieran afectar la obtención de pruebas.

En paralelo, se espera que la pesquisa avance con entrevistas a personas que estaban en la vivienda, vecinos que pudieran haber escuchado las detonaciones y quienes trasladaron al niño al Hospital Carrillo. Esos testimonios deberán ser evaluados junto con los resultados de las pericias.

Hace unos días, delincuentes balearon al padre de una alumna de una escuela de El Palomar, provincia de Buenos Aires. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 7:15 del jueves 10 de septiembre sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando la víctima dejaba a su hija en el jardín de infantes de la institución.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, observó que al menos tres sospechosos descendieron de un vehículo y le apuntaron para robarle su auto. En ese contexto, se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y su voz de alto originó un enfrentamiento armado en el lugar, que terminó con el padre herido de bala en la zona del abdomen.

Tras la llegada de una ambulancia del SAME, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, donde fue ingresado en terapia intensiva.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, abocado a realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas que sean de interés para la causa que encabeza el fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

Procesan a 15 presuntos integrantes de “Los Ardillos”

Un juez federal vinculó a proceso a 15 personas señaladas como presuntas integrantes del grupo criminal Los Ardillos, detenidas en el municipio de Acapulco, Guerrero, por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La resolución se dictó en continuación de audiencia inicial, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los datos de prueba correspondientes.

Los imputados enfrentan cargos por acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos. Como medida cautelar, el juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa y ordenó que los detenidos permanezcan en el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Leonardo “N”, señalado como el probable responsable del homicidio de un menor de ocho años en el municipio de Acolman. El hombre era expareja sentimental de la madre de la víctima.

Tras la ejecución del mandamiento judicial, Leonardo “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco. Ahí permanece a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Cómo ocurrió el homicidio del menor

El niño, identificado como “Memito”, murió la noche del 10 de septiembre presuntamente estrangulado dentro de un automóvil en la colonia Los Ángeles Tepexpan. Su cuerpo fue hallado sin vida en el asiento trasero de un Chevrolet Aveo negro, estacionado en el cruce de las calles Gustavo Baz y Pablo González.

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, Leonardo “N” aprovechó la relación de confianza que tenía con la familia para recoger al menor en casa de unos familiares. Le dijo que lo llevaría con su madre.

En algún momento del trayecto, habría agredido físicamente al niño hasta provocarle la muerte por asfixia. La Fiscalía no detalló el lapso exacto entre la recogida del menor y el hallazgo del cuerpo.

La Fiscalía mexiquense investiga el hecho como homicidio, mientras el detenido permanece recluido en el penal de Texcoco a la espera de que un juez resuelva su situación jurídica.

Familiares del menor salieron a buscar al hombre luego de no tener noticias del niño. Supuestamente Leonardo “N” llevaba varios días consumiendo bebidas alcohólicas por problemas familiares.

El momento de la detención y el intento de linchamiento

Tras el homicidio, Leonardo “N” se trasladó en el mismo automóvil hasta calles de la colonia Los Ángeles Tepexpan, donde se encontraba la madre de la víctima. Ahí le informó que el menor estaba en el vehículo y se encontraba en mal estado de salud.

Varios pobladores se percataron de lo que sucedía. De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, detuvieron y golpearon al investigado antes de que llegara la policía.

La multitud retuvo y agredió físicamente al hombre con intención de lincharlo. Los efectivos de seguridad que arribaron al sitio impidieron que la situación escalara.

Paramédicos de Protección Civil municipal confirmaron en el lugar que el menor ya no contaba con signos vitales. Elementos de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de Leonardo “N” y lo trasladaron ante las autoridades correspondientes.

El proceso judicial y el traslado al penal

Una vez detenido, el sujeto fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidio. Ahí se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión por el delito de homicidio. Con ese mandamiento cumplimentado, Leonardo “N” quedó formalmente detenido e ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

Medios locales habían señalado previamente que las autoridades ministeriales contemplaban su traslado al penal de Chiconautla, aunque el comunicado oficial de la FGJEM confirmó finalmente su ingreso al penal de Texcoco.

Ahora, un juez deberá resolver la situación jurídica del imputado. Ese proceso determinará si Leonardo “N” enfrentará el juicio en prisión preventiva o bajo alguna otra medida cautelar, mientras avanza la investigación por el delito de homicidio en agravio del menor de ocho años.

Qué penas prevé la ley para este tipo de delito

El Código Penal del Estado de México establece en su artículo 242 que el homicidio simple se castiga con una pena de diez a quince años de prisión, además de una multa de entre 250 y 375 días.

La legislación contempla un esquema distinto si el delito se califica con agravantes. En ese caso, la pena puede llegar hasta 40 a 70 años de prisión, o incluso prisión vitalicia, de acuerdo con el mismo código.

El comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que Leonardo “N” es investigado por el delito de homicidio, sin especificar si la imputación corresponde a la modalidad simple o calificada. Esa distinción deberá definirse en el proceso judicial en curso.

La investigación por el crimen de Nicolás Agustín Sáez, el joven de 21 años que fue encontrado calcinado en la zona de la meseta del Parque Industrial de Centenario, en Neuquén, permitió reconstruir cómo habría sido el asesinato y qué vínculo tenía la víctima con el único detenido, acusado del delito de homicidio simple.

De acuerdo con la acusación formulada este lunes por el Ministerio Público Fiscal provincial, Cristian Alejandro Campodonico (20), amigo de Sáez, lo habría engañado para llevarlo hasta un lugar apartado, donde lo atacó con una piedra de gran tamaño. Luego, según la hipótesis de los investigadores, regresó al lugar para prender fuego el cuerpo e intentar eliminar evidencias del crimen.

La secuencia habría comenzado el 5 de septiembre, alrededor de las 16.20. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Campodonico contactó a Sáez y, aprovechando la relación de amistad que mantenían, lo invitó a encontrarse con dos mujeres. Con esa excusa, lo llevó hasta un sector cercano a Pucará al 700, conocido como “El Basural”.

Una vez allí, siempre según la acusación, condujo al joven hasta un cañadón ubicado debajo de una loma. En ese lugar apartado y de difícil acceso, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces.

La autopsia determinó posteriormente que Sáez murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Es decir, como consecuencia de golpes en la cabeza.

La Fiscalía sostiene que, después de la agresión, Campodonico permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima dejara de respirar y, cerca de las 18.20, se retiró.

Sin embargo, volvió al lugar entre el 6 y el 11 de septiembre para intentar ocultar los restos. En una de esas ocasiones, habría colocado un colchón sobre el cuerpo y lo prendió fuego. Luego puso dos neumáticos encima para alimentar las llamas.

Mientras tanto, la familia de Nicolás no sabía dónde estaba. A los pocos días de su desaparición, su padre radicó la denuncia en la Comisaría 20, luego de que el joven no regresara a su casa ni respondiera los mensajes.

En ese momento, sus familiares explicaron a los investigadores que Sáez tenía un diagnóstico de autismo leve y remarcaron que nunca antes se había ausentado de esa manera.

La búsqueda tuvo un desenlace trágico cuando efectivos de la Comisaría Quinta encontraron un cuerpo calcinado en la meseta del Parque Industrial de Centenario. Posteriormente se confirmó que se trataba de Nicolás. Horas después, Campodonico fue detenido como sospechoso del crimen.

La acusación y la prisión preventiva

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega acusaron inicialmente a Campodonico de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor, y solicitaron que permaneciera detenido con prisión preventiva durante seis meses.

Para fundamentar el pedido, los representantes del MPF plantearon que existían riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos, aunque no consideró acreditada la agravante de alevosía. Por ese motivo, Campodonico solo quedó imputado por homicidio simple.

Además, el magistrado hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía: dispuso que el acusado permanezca detenido durante dos meses mientras avanza la investigación.

Arrancó la sexta semana del juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Según el cronograma original, el debate debía terminar este lunes. Para esta fecha, de hecho, estaba prevista la última audiencia. Sin embargo, después de una semana de suspensión, planteos de la defensa y declaraciones que debieron ser reprogramadas, este 14 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 todavía está recibiendo testigos.

Así las cosas, la octava audiencia avanzó con las declaraciones de tres médicas y dejó nuevos datos sobre los cuatro disparos que recibió Díaz y el estado en el que fue examinado Álvarez después del crimen.

Sobre el final, además, el tribunal incorporó a una testigo que no estaba prevista: Jacqueline Guzzardi, la hija mayor de la víctima. “Mi papá no tenía ningún conflicto con él”, aseguró la joven de 24 años al ser consultada sobre la relación entre Díaz y Álvarez.

Durante su testimonio también reveló una circunstancia íntima que hasta ahora no había trascendido: en el marco de la causa debió realizarse un estudio de ADN para determinar si era hija biológica de Díaz y el resultado fue negativo. “No sé si él lo sabía. Él siempre fue amoroso conmigo, atento”, dijo al hablar del vínculo que mantenían.

Según pudo saber Infobae, la decisión de declarar y contar públicamente ese resultado no fue sencilla para Jacquie. Aunque conocía el resultado del estudio desde hacía aproximadamente dos años, hasta ahora había preferido mantenerlo en reserva por temor a la exposición y al qué dirán.

Antes de retirarse de la sala, Jacqueline resumió qué espera del proceso: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.

Los cuatro disparos que recibió Díaz

La primera en declarar fue Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz y que había comenzado su testimonio en la audiencia del 2 de septiembre pero quedó interrumpida por la descompensación que sufrió Álvarez, cuando debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

Ante las preguntas del fiscal Sandro Abraldes, la especialista explicó que encontró cuatro orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego: uno en la zona del mentón, otro en el labio inferior, un tercero en el pómulo izquierdo y el restante en la zona lateral de la mandíbula izquierda.

Tres de los disparos —los identificados como 2, 3 y 4— tuvieron una trayectoria de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. El disparo restante, identificado como 1, presentó una trayectoria de adelante hacia abajo. Bustos explicó que se trató de “disparos angulados”, efectuados en diagonal, y señaló que el tirador “tendría que estar del lado izquierdo” de la víctima.

La médica también sostuvo que se trató de disparos de corta distancia, debido a la presencia de un “graneo de pólvora” sobre la mejilla de Díaz. Durante la autopsia recuperó tres proyectiles.

Cuando llegó el turno de la defensa, los abogados intentaron establecer cuál había sido el primer disparo. La especialista explicó que no era posible determinarlo y que tampoco podía precisar cuánto tiempo transcurrió entre uno y otro.

Sí hizo una distinción: dos de los disparos, identificados como 2 y 3, tenían idoneidad para producir la muerte. Los otros dos, no. Su declaración se sumó a la del criminalista Manuel Omar Martín, quien en la audiencia anterior había ubicado dos de los impactos en lo que definió como la “cruz de la muerte”, una zona vital del rostro.

Bustos también señaló que las lesiones habían sido producidas cuando Díaz todavía tenía circulación y explicó que la muerte no fue instantánea. La causa del fallecimiento fue establecida como lesiones craneoencefálicas por proyectil de arma de fuego y hemorragia interna.

¿Cómo encontraron a “Pity” después del crimen?

Luego declaró Mariela Biazoni Rolla, médica legista de la Policía de la Ciudad, quien examinó a Álvarez el 13 de julio de 2018 a las 9.15 am, mientras permanecía detenido en la Comisaría 8C, en Lugano. “Estaba de guardia y me convocaron para hacer un informe médico legal de una persona que estaba detenida”, dijo.

La profesional aclaró que, debido al tiempo transcurrido, se apoyaría en el informe que confeccionó aquel día. Allí dejó asentado que encontró al músico “vigil con tendencia al sueño”, pero que respondía al estímulo verbal “en forma coherente”, estaba orientado, deambulaba por sus propios medios y colaboró con la toma de muestras de sangre y orina.

Ante las preguntas de la querella, Biazoni Rolla explicó qué había querido decir con “tendencia al sueño”: Álvarez tendía a cerrar los ojos, pero permanecía vigil porque respondía cuando se lo estimulaba verbalmente.

Consultada sobre la capacidad de comprensión de Álvarez durante aquel examen, la médica explicó que respondía cuando le preguntaba su nombre y apellido y cumplía las indicaciones que le daba para poder revisarlo, como quitarse la remera.

La defensa buscó llevar ese examen al momento previo. Quiso saber si lo constatado por la profesional permitía establecer en qué condiciones había estado Álvarez horas antes. Biazoni Rolla marcó el límite de sus conclusiones: “Yo puedo hablar del momento en que lo vi”.

La tercera médica en declarar fue Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense, quien evaluó físicamente al acusado en octubre de 2018, tres meses después del crimen.

Guzmán también advirtió que no recordaba varios detalles y se remitió al informe elaborado entonces. De acuerdo con ese documento, Álvarez “estaba lúcido y orientado” y contestaba las preguntas que se le hacían.

La profesional también describió las secuelas físicas de un accidente en moto que había sufrido el músico: entre ellas, lesiones en la cabeza del fémur, la rótula y la tibia derechas, además de un reemplazo total de cadera.

Ese punto fue retomado por la defensa, que preguntó qué consecuencias podía tener para una persona con esos antecedentes sufrir una caída o un golpe. Guzmán señaló que podía tener dificultades para movilizarse y dolor y que una caída podía provocar una nueva lesión, aunque dependería de sus características.

Mientras todo eso transcurría “Pity” volvió a quedarse dormido e incluso llegó a roncar. Por momentos se despertó, tomó una gaseosa, se rascó el pelo con intensidad, resopló y realizó anotaciones a mano.

Una testigo que no estaba prevista

Cuando las declaraciones previstas para la jornada estaban avanzadas, la Fiscalía hizo un pedido inesperado. Abraldes solicitó que declarara Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Díaz, quien se encontraba en el tribunal.

El fiscal explicó que no había sido propuesta anteriormente y fundamentó su incorporación en la necesidad de profundizar sobre las circunstancias previas al homicidio, frente a la hipótesis planteada por la defensa de que Díaz habría ido aquella noche a confrontar con Álvarez.

La querella acompañó el pedido. La defensa dijo que, en principio, no tenía objeciones, pero reclamó “igualdad de armas”, pidió tiempo para prepararse y solicitó mantener una entrevista previa con la joven.

El TOC hizo lugar al pedido de la Fiscalía y rechazó las condiciones solicitadas por los abogados del músico. Consideró que el testimonio podía resultar relevante para el debate y sostuvo que no existía una disposición que obligara a que la defensa se entrevistara previamente con la testigo.

Guzzardi, de 24 años, contó que en julio de 2018 vivía en la Torre 12 del barrio Samoré. Dijo que veía a Díaz al menos una vez por semana y que hablaba con él todos los días.

La joven recordó especialmente el 11 de julio de 2018, horas antes del crimen. Cerca de las 14.40, según relató, su padre fue a visitarla y le llevó ropa, zapatillas y dinero. Habían coordinado el encuentro por WhatsApp y ella todavía conserva capturas de esas comunicaciones.

“Lo vi normal”, afirmó. Contó que hablaron sobre lo que ella haría ese día y que, al despedirse, Díaz le pidió que se cuidara y se portara bien.

Abraldes le preguntó entonces si conocía algún conflicto entre su padre y Álvarez. “No, ninguno”, respondió. Durante su declaración también reveló que, en el marco de la causa, debió realizarse un estudio de ADN para establecer si era hija biológica de Díaz y el resultado fue negativo.

El testimonio abrió inmediatamente otra discusión. La defensa pidió que se declarara su nulidad: Baños sostuvo que se les había “ocultado prueba” y cuestionó que Guzzardi supiera desde días antes que podía ser convocada. La Fiscalía se opuso.

El tribunal rechazó el planteo. Consideró que no existía ninguna circunstancia que afectara la validez de la declaración y entendió que la defensa expresaba, en realidad, su desacuerdo con la decisión de incorporar a la testigo.

El presidente del TOC cuestionó además la referencia a un supuesto “ocultamiento de prueba”. “No podemos permitir que se realicen valoraciones de este tenor respecto de la actuación de ninguna de las partes”, concluyó.

Así terminó la audiencia que, de acuerdo con el calendario trazado cuando comenzó el juicio, debía haber sido la última. El debate se retomará este miércoles.

Al menos 212 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro actualizado de la organización Causa en Común. El recuento, con corte al 10 de septiembre, incluye a policías municipales y estatales, así como integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal y la Marina.

Jalisco encabeza la lista nacional con 36 agentes asesinados, seguido por Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25, y Estado de México y Morelos, con 14 casos cada uno.

Los policías municipales concentran la mayor cantidad de víctimas dentro del registro, con 85 asesinatos. Les siguen los policías estatales, con 66; integrantes de la Guardia Nacional, con 44; elementos del Ejército, con 11; policías federales, con cuatro, y miembros de la Marina, con dos.

La actualización más reciente de Causa en Común incorporó además 10 asesinatos ocurridos entre el 4 y el 10 de septiembre en siete entidades. Guerrero concentró tres casos y Veracruz dos, mientras que Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco registraron una víctima cada uno.

El registro de la organización permite dimensionar la violencia contra quienes integran las corporaciones de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Hasta el corte del 10 de septiembre, policías municipales y estatales reunían 151 de las 212 víctimas documentadas durante 2026.

Jalisco encabeza los asesinatos de agentes de seguridad

Los 36 casos registrados en Jalisco colocan a la entidad en el primer lugar nacional por asesinatos de agentes de seguridad pública durante 2026.

Michoacán ocupa la segunda posición con 29 víctimas y Sinaloa la tercera con 25. Más abajo aparecen Estado de México y Morelos, ambos con 14 agentes asesinados.

En conjunto, estas cinco entidades concentran 118 de los 212 asesinatos documentados por Causa en Común, es decir, más de la mitad de los casos registrados en el país hasta el 10 de septiembre.

El listado también muestra un cambio respecto al año anterior. Durante todo 2025, Sinaloa encabezó el registro de policías asesinados con 48 víctimas, seguido por Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

Para 2026, en cambio, Jalisco ocupa el primer lugar del recuento, mientras Michoacán y Sinaloa permanecen entre las entidades con mayor número de víctimas.

La comparación permite observar cómo cambia la distribución territorial de los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad de un año a otro. Sin embargo, el acumulado de 2026 todavía corresponde únicamente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, mientras que las cifras de 2025 abarcan el año completo.

Policías municipales, el grupo con más víctimas

Los policías municipales son el grupo más afectado dentro del registro actualizado, con 85 víctimas. La cifra representa el mayor número entre todas las corporaciones consideradas por Causa en Común.

La diferencia entre las corporaciones es relevante porque el registro no se limita a homicidios de policías municipales. Causa en Común incorporó en su actualización de 2026 a agentes de seguridad pública pertenecientes a los distintos niveles de gobierno y a corporaciones federales y militares.

Por esa razón, aunque el reporte se denomina “Registro de policías asesinados”, la actualización más reciente utiliza un universo más amplio de agentes de seguridad pública y especifica la corporación a la que pertenecía cada víctima.

El registro suma 654 agentes asesinados desde octubre de 2024

Causa en Común también presentó un acumulado correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026. Durante ese lapso, la organización documentó al menos 654 agentes de seguridad pública asesinados en México.

La cifra incorpora los casos registrados durante los últimos tres meses de 2024, los documentados a lo largo de 2025 y los ocurridos hasta el 10 de septiembre de 2026.

El dato permite colocar el acumulado de este año dentro de un periodo más amplio. Tan sólo durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en el país.

Esa cifra representó un aumento de 9% respecto al número de casos registrados por la organización durante el mismo periodo de 2024. Los estados con más víctimas durante 2025 fueron Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

El nuevo corte de 2026 muestra una modificación en las entidades que concentran los mayores registros, con Jalisco en el primer lugar y Michoacán y Sinaloa en las siguientes posiciones.

Los asesinatos de policías superaron los 300 casos en cada uno de los últimos años

El registro histórico de Causa en Común permite observar que los asesinatos de policías y otros integrantes de corporaciones de seguridad se han mantenido como una constante en el país.

Durante 2025, la organización documentó 348 policías asesinados. En 2024 registró al menos 320 casos y en 2023 contabilizó 412.

Guanajuato encabezó los registros de 2024 con 61 policías asesinados. Le siguieron Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17. Ese mismo año también aparecieron entre las entidades con mayor número de víctimas Nuevo León y Tamaulipas, con 16 casos cada uno, así como Sinaloa, con 16.

En 2023, Guanajuato también encabezó la lista con 60 policías asesinados, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

La presencia recurrente de entidades como Michoacán y Jalisco en los distintos recuentos contrasta con los cambios en otros estados que han encabezado las listas de un año a otro.

Causa en Común realiza un seguimiento hemerográfico desde 2018

Las cifras utilizadas para el recuento provienen del “Registro de policías asesinados” elaborado por Causa en Común junto con una red de periodistas especializados en temas de seguridad.

La organización mantiene este seguimiento desde 2018 y reúne los casos documentados públicamente para elaborar sus registros anuales y actualizaciones periódicas.

Por ello, el reporte debe entenderse como un registro elaborado a partir de un seguimiento hemerográfico de los asesinatos de agentes, con la clasificación de las víctimas según la corporación a la que pertenecían y la entidad donde ocurrió cada caso.

La organización actualiza de manera periódica sus cifras y mantiene disponibles los registros de los últimos años, desde 2018 hasta el corte más reciente de 2026.

Juan Manuel Oviedo, de 36 años, oriundo de Laferrere, fue asesinado el viernes pasado frente al lavadero de su amigo José. Dos pistoleros a bordo de un Ford verde pasaron frente al lugar, ubicado en el cruce de las calles Saturnino Saraza y Donizetti, barrio de Villa Dorrego. Así, abrieron fuego. Luego, escaparon.

Oviedo, pintor de obra, fue el primero en la línea de los disparos: comía un pancho en la vereda. “Lo balearon por atrás”, asegura su hermana Daiana a Infobae: “Lo mataron de tres tiros en la cabeza”. Era padre de un chico de trece años. “Mi sobrino está destrozado. Él y su papá hacían todo juntos”, asevera Daiana.

El hecho, investigado por el fiscal Diego Rulli de la UFI de Homicidios, llegó a oídos de las autoridades tras un reporte de los médicos del Hospital Simplemente Evita, donde Oviedo había sido trasladado y donde finalmente perdió la vida.

El personal de la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense se presentó allí. Un testigo clave en la causa los esperaba: José, el dueño del lavadero. Allí, José relató el posible motivo de la balacera que le costó la vida a su amigo. Dijo que no fue un ataque sicario, un vuelto por el negocio de la droga, un asalto. Todo fue por el robo de una bicicleta, que intentó recuperar a golpes en el barrio. Fue precisamente, la versión que escuchó Daiana, la hermana de la víctima: “Me dijeron lo mismo”, asevera.

Los investigadores, sin embargo, desconfiaron del dueño del lavadero ni a la versión oficial que le entregó la Bonaerense. Así, se ordenó una inspección al lugar, con Policía Científica en el lugar. Los detectives no solo no se encontraron las cámaras: se hallaron vainas dentro del lavadero mismo. La versión se desmoronaba. Alguien había respondido al fuego desde adentro.

De acuerdo al sumario policial del día, José había sufrido el robo de la bicicleta en su lavadero. Así, fue a reclamar a “los fondos del barrio” para recuperarla, de acuerdo al reporte. Poco después, vinieron los pistoleros. Daiana Oviedo aporta un nuevo dato a la trama: “Lo que sabemos nosotros, lo que nos contaron, la misma versión a todos, es que al lavadero ya lo habían tiroteado antes. O sea, al lavadero lo balearon no una, sino dos veces.”

Sin embargo, Daiana Oviedo desconoce que el dueño del lavadero estaba presente en la escena del crimen en pleno relevo de cámaras. Así y todo, se fue. “Le dijo a la Bonaerense que tenía a su madre internada y que iba a volver con un abogado”, afirmó, fastidiado, un investigador.

El lavadero fue allanado de urgencia: los DVR de las cámaras habían sido arrancados. Había un cargador allí, calibre 9 milímetros. José, el dueño del lugar, sigue sin ser hallado por las autoridades. Infobae intentó contactarlo: su teléfono ya no recibe mensajes de WhatsApp. Los vecinos del lavadero se niegan a declarar. Al parecer, le temen al tal José.

Fuentes del caso sospechan que Oviedo había llegado al lugar para defender a su amigo.

El encargado de esclarecer la causa fue más a fondo con sus pedidos: ordenó un dermotest a las manos del cuerpo de Oviedo para saber si disparó, de cara a los casquillos hallados en el lugar. También, ordenó el mismo test a un sobreviviente del ataque, un hombre de 40 que recibió un tiro en la garganta, internado en condición estable en el Simplemente Evita. Sus explicaciones fueron poco satisfactorias. Para Rulli, el lavadero no sería un lavadero, sino un punto de venta de droga.

El cuerpo de Juan Manuel fue enterrado ayer domingo en un cementerio de la zona. Más allá de las sospechas en torno a la muerte de su hermano, Daiana continúa: “La situación de la inseguridad es malísima, todos los días pasa algo nuevo. Acá los vecinos no saben qué decir. El otro día mataron a un remisero a las 7 de la mañana. Yo vivo sola, tengo que andar con 99 ojos en la nuca”.

El crimen de Juan Manuel Oviedo es parte de una historia más grande y más aterradora. Hubo ocho homicidios en La Matanza la semana pasada. La cifra, revelada por altas fuentes oficiales, revela una jurisdicción al límite. Rosario, años atrás la capital del asesinato en la Argentina, solo tuvo nueve casos entre julio y agosto según informes del Gobierno provincial.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este lunes a las 11, una semana después de que quedó suspendido por la recusación presentada por la defensa del músico contra los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

La audiencia fue convocada luego de que el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Gustavo Bruzzone rechazó el pedido de apartamiento de Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarroy Hugo Daniel Navarro. En ese contexto, el viernes, el tribunal notificó a las partes que el debate continuaría el 14 de septiembre.

La jornada permitirá, en principio, retomar la producción de prueba que quedó interrumpida por la descompensación que sufrió Álvarez el 2 de septiembre, cuando debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

La primera en volver a declarar será Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz. Su testimonio había comenzado aquella jornada, pero quedó inconcluso cuando “Pity” se sintió mal y tuvo que abandonar el tribunal.

También quedaron pendientes las declaraciones de Mariela Biazoni Rolla, médica legista, y de los médicos del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Un nuevo intento de la defensa para frenar el debate

Pese a la decisión de Casación, los abogados de Álvarez, Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, hicieron dos nuevas presentaciones antes de la reanudación del juicio.

Por un lado, interpusieron ante Casación un recurso de reposición contra la resolución de Gustavo Bruzzone. Le pidieron al mismo tribunal que revoque la decisión, declare su nulidad y vuelva a tramitar la recusación de los jueces del TOC N°29.

El argumento central es que Casación resolvió el planteo sin realizar la audiencia ni producir la prueba que habían solicitado. “Tampoco declararon los testigos ofrecidos”, remarcaron Baños y Queijeiro.

Los abogados cuestionaron además uno de los fundamentos utilizados por Bruzzone para desestimar la recusación: que no habían aportado “puntos de apoyo concretos” para demostrar un temor objetivo de parcialidad. Según sostuvieron, habían ofrecido precisamente pruebas para intentar acreditar esos extremos, entre ellas testimonios, registros audiovisuales de las audiencias, constancias médicas, registros de acceso y cámaras de seguridad.

En el mismo escrito, la defensa informó que en la Justicia Civil tramita un expediente para determinar la capacidad jurídica de Álvarez, es decir, un proceso en el que se evalúa si su estado requiere algún tipo de apoyo o restricción para el ejercicio de determinados actos. La causa, caratulada “Álvarez Congiu, Cristian Gabriel s/determinación de la capacidad”, está radicada ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4.

A partir de la existencia de ese expediente, Baños y Queijeiro señalaron que habían pedido a Casación que diera intervención al Defensor Público de Menores e Incapaces antes de resolver la recusación de los jueces. Según los abogados, esa solicitud “tampoco recibió respuesta”. Ahora volvieron a reclamar su intervención para que participe, si corresponde, del trámite de la recusación.

En paralelo, la defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de Casación y pidió expresamente que se deje sin efecto la reanudación prevista para este lunes y que el juicio permanezca suspendido hasta que quede definitivamente resuelta la discusión sobre la recusación de los jueces.

Baños y Queijeiro sostienen que la resolución de Bruzzone “no se encuentra firme” y solicitaron que el planteo sea resuelto antes del comienzo de la audiencia.

La Policía de Mendoza detuvo a dos hermanos por el crimen de Guillermo Gastón Pereira, un hombre de 42 años que murió el sábado por la noche en plena calle, en Godoy Cruz. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con municiones.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Chile y Boulogne Sur Mer. Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una discusión en la vía pública y posibles detonaciones.

A partir de ese aviso, agentes de la Comisaría 40ª se dirigieron al lugar y encontraron a Pereira tendido en la calle. Poco después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató su muerte.

Según pudo saber este medio, la principal hipótesis es que el episodio se produjo en medio de una pelea entre vecinos por viejas disputas. Durante el enfrentamiento, se habría producido al menos un disparo y Pereira cayó herido en la vía pública.

Tras el hecho, la Policía aprehendió a dos hermanos identificados como Claudio Ezequiel Castro (38) y Franco Agustín Castro (25). Según pudo saber este medio, de fuentes judiciales, ambos registran numerosas aprehensiones previas. Claudio fue demorado en seis oportunidades entre 2018 y 2026, mientras que su hermano Franco registra nueve procedimientos anteriores.

En el caso del mayor de los hermanos, los investigadores lo señalan como el presunto autor material del ataque. Su aprehensión más reciente ocurrió el 21 de marzo de este año en jurisdicción de la Comisaría 40ª. También registra procedimientos policiales en 2024, 2023, 2020, 2019 y 2018.

Franco, por su parte, registra nueve aprehensiones previas, según las mismas fuentes. La más reciente fue el 4 de septiembre de 2024. También había sido demorado en 2021 y en varias oportunidades durante 2019.

La Policía Científica y personal de Investigaciones trabajaron en la escena. Allí fue secuestrada una pistola calibre 9 milímetros con municiones, que será sometida a peritajes para determinar si fue el arma utilizada en el crimen.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, a cargo de la fiscal Claudia Ríos.

Los dos hermanos fueron trasladados a la Comisaría 40ª de Godoy Cruz y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación deberá determinar la mecánica del homicidio y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Un salvadoreño que regresó al país tras ser deportado desde Estados Unidos fue detenido al ingresar por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Una alerta activa en el sistema permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutar una orden judicial por homicidio simple y por un delito relacionado con armas de fuego.

El detenido fue identificado como Melvin Moisés López Rubio, de 34 años. Según informó la PNC, el aviso apareció cuando las autoridades verificaron sus datos durante el proceso de ingreso al territorio salvadoreño.

La alerta permitió que los equipos policiales coordinaran el procedimiento para trasladarlo y ponerlo bajo arresto. La orden de captura fue emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, aunque no se detalló en que año.

El control migratorio detectó la orden pendiente

López Rubio llegó a El Salvador luego de ser deportado desde Estados Unidos. Durante los controles en la terminal aérea, el sistema confirmó que era reclamado por la justicia salvadoreña.

La Policía no informó desde qué ciudad estadounidense fue enviado al país. Tampoco divulgó las circunstancias del homicidio que se le atribuye, la identidad de la víctima ni el momento en que habrían ocurrido los hechos investigados.

La captura se concretó dentro del aeropuerto, antes de que el hombre pudiera salir de las instalaciones. Tras el arresto, agentes policiales coordinaron su traslado para dejarlo a disposición de las autoridades correspondientes.

La PNC señaló que el caso seguirá el proceso establecido ante las instancias judiciales. Será el tribunal competente el que determine las medidas que enfrentará mientras avanza la causa penal.

La orden judicial contra López Rubio incluye el delito de homicidio simple. La acusación se refiere a causar la muerte de otra persona sin que, en esta etapa, se hayan detallado circunstancias que permitan calificar el hecho como homicidio agravado.

También es requerido por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La PNC no precisó qué tipo de arma estaría vinculada al expediente ni si fue incautada durante la detención en el aeropuerto.

La legislación salvadoreña establece que el homicidio simple puede ser castigado con penas de 25 a 35 años de prisión. La sanción concreta dependerá de la prueba que presenten las partes, de la resolución judicial y de la eventual responsabilidad que se establezca durante el proceso.

La imputación por armas será analizada de forma separada dentro del expediente o junto con la acusación principal, según la decisión de las autoridades judiciales. Hasta que exista una resolución firme, López Rubio mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel emitió la orden

La intervención policial respondió a una orden girada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. La existencia de ese requerimiento fue el elemento que activó la actuación de los agentes cuando el deportado ingresó al país.

El arresto se produjo en un punto de control donde las autoridades revisan la identidad y la situación judicial de las personas que llegan desde el extranjero. La revisión permitió confirmar que el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia antes de continuar con el proceso de recepción de personas deportadas.

La PNC indicó que López Rubio será remitido a las autoridades competentes para enfrentar el proceso por los delitos que se le atribuyen.

El enfermero Luis Alberto Talarita fue asesinado en marzo de 2012, en Junín. Dos años más tarde, por el homicidio fueron condenados, a penas de entre 13 y 16 años, Maximiliano Burgio García, Gerardo Miranda y Matías Espinoza. El primero de ellos recibió la sanción más alta, que se vence en agosto de 2027.

Sin embargo, el homicida no es noticia por su inminente salida de prisión, sino por una denuncia por amenazas a la familia de la víctima. La investigación de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, derivó en un allanamiento a la celda de Burgio en la Unidad Penitenciaria N° 16, ubicada en el kilómetro 162 de la Ruta Nacional N° 188.

Los agentes secuestraron un celular desde el que el recluso habría enviado los audios intimidatorios. De acuerdo a las fuentes, se presentó como Oscar y dijo: “Decime donde está tu papá, porque voy a ir por vos y tu mamá”.

Las fuentes indicaron que el denunciante, en un principio, vinculó las amenazas al entorno de su padre, de quien se encuentra distanciado. De acuerdo a las fuentes, el hombre, apodado “Cocoliche”, tiene antecedentes y está relacionado al ámbito delictivo local.

Pero, tras la denuncia y mediante el análisis de tráfico telefónico, geolocalización de antenas y cruce de bases de datos, los detectives lograron establecer un vínculo entre la línea utilizada y Burgio, quien fue detenido y notificado de una nueva causa por amenazas agravadas. En tanto, el dispositivo incautado será sometido a una pericia informática, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín destacó el trabajo articulado entre las distintas fuerzas y remarcó la importancia de denunciar amenazas e intimidaciones de manera inmediata. Al mismo tiempo, recomendó a las víctimas conservar las capturas de pantalla, audios y mensajes recibidos, evitar responder o interactuar con los remitentes de este tipo de comunicaciones.

El caso

El homicidio de Luis Talarita ocurrió entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de marzo de 2012, en la vivienda que la víctima ocupaba en la calle Paraguay, en Junín. El caso llegó a juicio oral con tres acusados: Matías Espinoza, Maximiliano Burgio y Gerardo Miranda.

La investigación reconstruyó las circunstancias del crimen y llevó a que los tres fueran imputados por su participación. Talarita fue víctima de un brutal asesinato. Mediante el uso de un elemento contundente y un arma blanca le provocaron un severo traumatismo cráneo encefálico con fracturas -hundimiento de escama del temporal izquierdo y fractura en bisagra de base de cráneo, hematoma subdural localizado en región biparietal, como así también distintas lesiones cortantes en zona anterior de cuello, tórax y lateral de hemitorax izquierdo, todas de carácter vital y simultáneas que le provocaron un shock hipovolémico, edema de pulmón agudo, que culminó con la muerte de la víctima por un paro cardiorespiratorio de origen traumático.

Los homicidas se apoderaron de una computadora portátil, dos celulares y un portarretrato. El hecho tuvo impacto en la ciudad y quedó incorporado entre los antecedentes policiales más relevantes de aquel período.

La investigación halló ADN de los implicados en la escena. Y, en el caso de Burgio, los detectives determinaron que colocó el chip de su línea en el celular de la víctima y que intentó vender su notebook.

Fue condenado por homicidio simple y hurto simple. Recibó la condena más alta porque ya había estado preso antes de matar al enfermero.

En medio de la investigación por el crimen de Rolando Álvez, el gestor de 44 años que recibió un disparo durante un asalto en una oficina de Villa María, provincia de Córdoba, este sábado la autopsia confirmó la causa de la muerte. Asimismo, las autoridades analizarán el rol que habrían tenido las cuatro personas detenidas.

Poco después de que se dieran a conocer los resultados del informe forense, a cargo del médico Gustavo Rodríguez, se estableció que Álvez murió por un shock hipovolémico provocado por una herida de arma de fuego.

A raíz de esto, el fiscal René Bosio, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María, comunicó que la causa quedó calificada como homicidio en ocasión de robo doblemente agravado por el uso de arma en poblado y en banda.

A partir de los datos recolectados, las autoridades procuran determinar la secuencia completa del robo, el ataque y la fuga de quienes habrían participado. De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, Bosio señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y afirmó que “hay muchísimas cosas que ver”.

Por el momento, hay cuatro personas detenidas por el caso. Según indicó el fiscal, las detenciones se concretaron en la localidad de Pilar y alcanzaron a una mujer de 40 años y a tres hombres de 44, 43 y 40. Uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una gestoría situada en calle Entre Ríos al 1600, en la localidad de Villa María. Tras el ataque, Álvez recibió asistencia en el lugar y Bomberos Voluntarios lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde murió.

A partir de testimonios y otras medidas de investigación, los investigadores localizaron una Chevrolet Tracker en bulevar Vélez Sarsfield, cerca del acceso a la colectora de la autopista. El vehículo quedó vinculado con los movimientos posteriores al asalto.

Horas más tarde, los efectivos policiales interceptaron una Toyota Hilux sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Pilar. En ese procedimiento detuvieron a los cuatro acusados y secuestraron ambos vehículos. Además, se incautó un arma de fuego con cartuchos y una suma de dinero en pesos, dólares y cheques, elementos que serán sometidos a peritajes.

Crimen de Lucas Tissera: la familia pide que la muerte de la víctima sea investigada como robo

La Justicia de Córdoba investiga el asesinato de Lucas Tissera, un hombre de 30 años que murió tras ser apuñalado el 5 de agosto en el barrio Cooperativa Los Paraísos. Hasta el momento, un sospechoso fue detenido y la pesquisa intenta determinar si el ataque ocurrió cuando la víctima procuraba recuperar la bicicleta de su sobrina.

El hecho se registró en la calle Miguel de Mármol al 4100, en la capital cordobesa, cuando la víctima había intentado recuperar la bicicleta que le habían robado a una sobrina. En ese momento, fue apuñalado por el presunto ladrón y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, pero murió a raíz de las heridas.

Poco después del ataque, se difundieron imágenes que mostrarían parte de la secuencia. En el registro se observa a una persona con remera naranja y un arma blanca, mientras Tissera intenta defenderse. El video fue incorporado al expediente y será analizado para reconstruir la mecánica del ataque y establecer la eventual responsabilidad penal del detenido.

Según el relato de allegados a la víctima, Tissera trasladaba la bicicleta de una sobrina para repararla cuando fue abordado por el presunto agresor, quien habría intentado robársela. El hombre habría intentado recuperar el rodado y, en ese contexto, recibió la puñalada fatal.

Después del episodio, la Policía arrestó a un sospechoso que tenía una herida cortante en el cuello, aunque fuera de gravedad. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 1, encabezada por Lourdes Quagliatti.

No obstante, los familiares de Tissera reclamaron que el expediente sea investigado como un homicidio en ocasión de robo. La Fiscalía deberá definir la calificación legal a partir de los testimonios, las imágenes y el resto de las pruebas reunidas.

Un adolescente de 16 años fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, un joven de 19 años. Molinez murió tras ser baleado en una vivienda de la zona norte de General Roca, provincia de Río Negro. Durante la audiencia se abrió formalmente la investigación y se dispusieron medidas cautelares para el acusado.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre en una casa ubicada sobre la calle Rivadavia al 4300. Cerca de las 23:00, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones contra el domicilio. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a Molinez con una herida de arma de fuego en el torso.

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias (Siarme) trasladó al joven al hospital Francisco López Lima, pero murió poco después a causa de las graves lesiones. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y procura establecer quiénes participaron del ataque.

El Ministerio Público Fiscal presentó los elementos reunidos en las primeras horas de la pesquisa para sostener la imputación contra el adolescente. El legajo incorpora el informe de autopsia, pericias sobre el proyectil secuestrado, informes de Criminalística y tareas de la Brigada de Investigaciones.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una moto y otros elementos de interés para la causa. La Fiscalía también informó que en la escena se hallaron vainas servidas y que la autopsia permitió extraer un proyectil, que será sometido a peritajes

Según la acusación, durante el episodio se realizaron varios disparos y uno de los proyectiles alcanzó a la víctima. La investigación deberá determinar la secuencia del ataque, el origen de los disparos y la eventual intervención de otras personas.

En una audiencia previa a la formulación de cargos, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dispuso que el adolescente permaneciera con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, bajo la responsabilidad de su padre. La medida había sido solicitada por la Fiscalía hasta que se concretara la imputación formal.

El imputado fue asistido por un defensor penal de menores. La reserva de información responde a la normativa que protege la intimidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en expedientes judiciales.

Por esa razón, no se informaron el nombre, el domicilio, imágenes ni ningún otro elemento que permita identificar de forma directa o indirecta al acusado. Tampoco trascendieron detalles que puedan exponer su identidad a partir de la reconstrucción del hecho.

La víctima del homicidio, Mauricio Sebastián Molinez, había sido absuelto tres meses antes en otro expediente judicial vinculado a una agresión ocurrida en 2025 frente a un boliche. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para atribuirle participación.

El crimen de Mauricio Sebastián Molinez ocurrió en una noche en la que la Policía recibió varias denuncias por disparos en distintos puntos de la zona norte de Roca. Antes del ataque fatal, personal de Criminalística constató daños en viviendas del sector tras llamados al 911, aunque en esos primeros episodios no se reportaron personas heridas.

Horas después de la muerte del joven, cerca de las 00:30, un segundo llamado alertó nuevamente a la Policía. Los efectivos se dirigieron hacia la intersección de las calles Don Bosco y Colón. Allí encontraron a un hombre de 29 años que presentaba una herida compatible con un disparo en la cabeza.

El equipo de emergencias lo asistió y lo trasladó al hospital de Roca, donde permanecía internado en terapia intensiva. En ambas escenas trabajaron efectivos de la Unidad 69, la comisaría 21, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

La Fiscalía busca establecer si el homicidio en Rivadavia al 4300 y el ataque contra el hombre de 29 años forman parte de una misma secuencia. Por el momento, la posible conexión entre ambos tiroteos no fue confirmada judicialmente.

El expediente sumará declaraciones, peritajes adicionales y acciones orientadas a esclarecer el modo en que ocurrió el ataque y las personas involucradas. También se aguardan los resultados de las pericias en curso para reconstruir la secuencia completa.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 27 años fue encontrado durante la madrugada de este sábado en un herbazal del sector 2 de Mayo, en Burunga, distrito de Arraiján. La víctima estaba en ropa interior y presentaba indicios que deberán ser examinados por los peritos para establecer cómo murió.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, a un costado de la calle Macaraqueña. Un residente que transitaba por el lugar observó el cuerpo entre la vegetación y alertó a las autoridades, lo que provocó la llegada de unidades policiales y personal encargado del levantamiento y las primeras diligencias.

Habitantes de la comunidad indicaron que conocían a la mujer como “Melany” y que presuntamente trabajaba en un bar cercano. Esa información forma parte de las versiones proporcionadas por los vecinos, pero su identidad completa todavía deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos forenses y la comunicación con sus familiares.

La forma en que fue encontrada generó sospechas sobre una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ministerio Público. La ausencia de determinadas prendas tampoco permite establecer por sí sola cómo ocurrió el hecho, por lo que serán determinantes la necropsia y los análisis científicos.

Los investigadores deberán establecer si la víctima murió en el herbazal o si su cuerpo fue trasladado desde otro punto. También buscarán cámaras de vigilancia, registros telefónicos y posibles testigos, además de reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quién estuvo antes de producirse su muerte.

El caso fue presentado inicialmente como el homicidio número 31 registrado durante 2026 en Panamá Oeste. Sin embargo, esa clasificación puede variar conforme avance la investigación, especialmente si aparecen elementos que permitan considerar el hecho como femicidio o si la autopsia determina una causa distinta de muerte.

La legislación panameña considera femicidio la muerte de una mujer provocada por razones relacionadas con su género, dentro de circunstancias específicas establecidas por la ley. Por eso, no todo homicidio de una mujer recibe automáticamente esa clasificación y corresponde a los fiscales demostrar los elementos vinculados con violencia, discriminación o relaciones de poder.

Hasta el 31 de julio, Panamá Oeste acumulaba dos femicidios, tres tentativas y una muerte violenta de mujer, de acuerdo con el último informe disponible del Ministerio Público. Las cifras son preliminares y pueden ser modificadas por la recalificación jurídica de los expedientes en investigación.

En el ámbito nacional fueron contabilizados 13 femicidios y 17 tentativas durante los primeros siete meses del año. También se registraron 10 muertes violentas de mujeres clasificadas separadamente, lo que significa que 30 mujeres fueron víctimas de ataques femicidas consumados o intentados, sin incluir otros fallecimientos todavía investigados bajo una categoría diferente.

Panamá Oeste duplicó los femicidios registrados durante el mismo periodo del año anterior, al pasar de uno a dos. La provincia aparece además entre las jurisdicciones con mayor incidencia, detrás de Panamá y San Miguelito, que acumularon tres víctimas cada una, mientras Chiriquí también reportó dos casos hasta el cierre de julio.

Uno de los femicidios ocurridos en Panamá Oeste se registró en enero, también en Burunga, donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. El hecho dejó a dos niñas sin su madre y marcó el primer crimen de este tipo reportado durante el año en el distrito de Arraiján.

La violencia extrema contra las mujeres también ha dejado sobrevivientes en esa comunidad. En mayo, un hombre fue detenido provisionalmente después de ingresar presuntamente a la residencia de una vecina de 45 años y atacarla junto con otro hombre, un expediente investigado como tentativa de femicidio y tentativa de homicidio por la Fiscalía de Panamá Oeste.

El nuevo hallazgo ocurre en una provincia que ya contabiliza 31 homicidios durante 2026, según reportes divulgados este sábado. En abril, las autoridades registraban al menos 16 víctimas, por lo que los hechos posteriores confirman una continuidad de la violencia, especialmente en sectores densamente poblados de Arraiján y comunidades sometidas al avance de grupos delictivos.

Las estadísticas de femicidios, sin embargo, no deben mezclarse automáticamente con el total de asesinatos. Una parte de los homicidios en Panamá Oeste está relacionada con disputas criminales, armas de fuego y pandillas, mientras la violencia contra las mujeres responde a dinámicas particulares, como control, amenazas, agresiones previas y conflictos dentro de relaciones sentimentales o familiares.

El Ministerio Público deberá determinar ahora si la muerte de la joven constituye un homicidio, un femicidio u otra clase de hecho. Hasta que concluyan los primeros exámenes, las versiones sobre abuso sexual o la identidad del responsable permanecen sin confirmar, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

Vicky Kyung Mi Kim quedó detenida en el complejo de condominios The Enclave, en Palm Desert, California, tras la muerte de su esposo. Los documentos judiciales señalan que habría causado graves lesiones al hombre con un mástil de bandera. La fianza quedó fijada en 10 millones de dólares.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2026. Agentes del Departamento del Sheriff del condado de Riverside respondieron cerca de las 9:45 de la mañana a un llamado por un incidente no especificado en la cuadra 35000 de Gateway Drive. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima con lesiones traumáticas compatibles con una agresión física. El hombre fue declarado muerto en el lugar, según informó NBC Palm Springs.

Kim quedó arrestada y luego fue trasladada al Centro de Detención John Benoit. La víctima está identificada en registros judiciales como R. Kaufman. Las circunstancias previas al ataque no se conocen con precisión hasta el momento.

Qué se sabe del ataque con el mástil de bandera en Palm Desert

The Enclave, donde sucedió el hecho, es un complejo residencial ubicado en Palm Desert, próximo a Palm Springs. Según documentos judiciales obtenidos por SFGate y citados por The Guardian, Kim habría infligido graves lesiones corporales a su esposo con un mástil de bandera, al que los documentos identifican como un arma mortal y peligrosa.

Un vecino del complejo, Robert Olson, describió la llegada de los agentes a NBC Palm Springs: “Los sheriffs llegaron por atrás. Los vi por la ventana: uno, dos, tres... y no dejaban de llegar”. Olson señaló que la detención fue un golpe para la comunidad. “Es muy conmocionante. Esta es una comunidad tranquila, con muchas familias. Todo el mundo se lleva bien y algo así es simplemente conmocionante y triste”, expresó.

La pareja habría tenido discusiones previas por cuestiones económicas y acusaciones de infidelidad, de acuerdo con lo difundido por KESQ News Channel 3.

Quién es Vicky Kim, acusada de matar a su esposo en California

Vicky Kyung Mi Kim tiene 65 años y residía en Palm Desert al momento de los hechos. Los registros judiciales revelan que ya contaba con antecedentes recientes en causas de violencia doméstica vinculadas a su esposo.

En enero de 2026, Kim se declaró culpable de cargos menores: agresión a un cónyuge o conviviente, lesiones corporales contra un cónyuge y violación de una orden de protección, según documentos judiciales citados por The Guardian. En ese mismo período, la acusada tenía cuatro cargos de misdemeanor —faltas menores en el sistema legal estadounidense, por debajo del delito grave o felony— pendientes por incidentes separados de violencia doméstica y violaciones de órdenes de protección anteriores, de acuerdo con NBC Palm Springs.

Por separado, registros del Departamento de Policía de Hawái consignados en un comunicado oficial del 9 de julio de 2007 revelan que Kim —entonces de 46 años y residente en California— fue arrestada el 7 de julio de ese año en el aeropuerto internacional de Keahole, en la Isla Grande, tras una denuncia por amenaza de bomba.

Según el documento, la amenaza provocó que los pasajeros y su equipaje fueran retirados del avión y sometidos a un nuevo control de seguridad. Kim fue acusada de amenaza terrorista de primer grado y su fianza se fijó en 1.000 dólares. Quedó en libertad al día siguiente, tras abonar la caución. El New York Post también hizo referencia a este antecedente en su cobertura del caso actual.

Qué dijo la fiscalía del condado de Riverside sobre el caso

Molly Smith, portavoz de la Fiscalía del Condado de Riverside, explicó a SFGate que la institución había actuado de forma enérgica frente a los antecedentes de Kim. “En enero de este año, nuestra oficina presentó cargos graves contra la señora Kim, obtuvo órdenes de protección y tenía la intención de perseguir sus delitos contra su esposo de manera agresiva”, declaró Smith, según recogió The Guardian.

La portavoz agregó, en una declaración obtenida por KESQ: “A pesar de las claras objeciones de nuestra oficina, un juez resolvió todos los casos de la acusada como delitos menores, la puso en libertad y dejó sin efecto todas las órdenes de protección que los fiscales habían trabajado para obtener”. La identidad del juez no pudo establecerse de inmediato para obtener su versión, según The Guardian.

La fiscalía también solicitó al tribunal que no le conceda a Kim la posibilidad de obtener la libertad condicional en el marco de la causa por homicidio, de acuerdo con NBC Palm Springs.

Cuál es la situación judicial de Vicky Kim tras su arresto

La fianza de Kim quedó fijada en 10 millones de dólares, según documentos judiciales. De acuerdo con información publicada por el New York Post, la acusada tenía prevista su audiencia de lectura de cargos para el viernes.

El proceso tuvo lugar en el Larson Justice Center, según precisó NBC Palm Springs. Las acusaciones en su contra no han sido probadas en un tribunal.

Un jurado federal absolvió este viernes a Lil Durk de todos los cargos en un caso de homicidio por encargo en el que se lo acusaba de financiar y orquestar el asesinato de un rapero rival en Los Ángeles, en una venganza directamente vinculada a la muerte de su amigo King Von. El veredicto, leído en el tribunal federal del centro de Los Ángeles el 11 de septiembre de 2026 tras tres días de deliberaciones, desató una celebración entre los seguidores del músico que aguardaban en las afueras del edificio.

El rapero, cuyo nombre real es Durk Devontay Banks, de 33 años, enfrentaba cinco cargos federales que incluían conspiración, acoso con arma peligrosa, acoso que resultó en muerte y dos cargos vinculados al homicidio por encargo. De haber sido declarado culpable, podría haber recibido cadena perpetua.

Su abogado Drew Findling declaró que su cliente estaba “agradecido” por el fallo, según informó la BBC.

Lil Durk no paga a nadie y el jurado lo absuelve de todo

Los dos coacusados juzgados junto a Banks, Deandre “OTF Dede” Wilson y David “Browneyez” Lindsey, corrieron una suerte parcialmente distinta: el jurado los absolvió de los cargos de homicidio por encargo, pero los declaró culpables de conspiración para cometer acoso y de ese delito agravado con arma peligrante que resultó en muerte, según confirmó la fiscalía federal a Reuters.

El juicio tuvo una duración de tres semanas, según precisó The New York Times, y concluyó con una absolución que la fiscalía describió como una decepción. “Mientras estamos decepcionados con la decisión del jurado respecto a Durk Banks, esperamos presentar nuestras pruebas en el segundo juicio, previsto para el 5 de octubre”, afirmó el primer fiscal auxiliar federal Bill Essayli en una declaración recogida por The Guardian.

Banks permanece bajo custodia a la espera de ese proceso adicional, que incluye cargos de asesinato con fines de extorsión criminal y delitos relacionados con armas de fuego.

El tiroteo en la gasolinera que desató el proceso federal

Los hechos que dieron origen al juicio se remontan al 19 de agosto de 2022, cuando un grupo de hombres emboscó un vehículo en una gasolinera ubicada en las inmediaciones del centro comercial Beverly Center, en Los Ángeles. El objetivo era Tyquian Bowman, el rapero de Atlanta conocido como Quando Rondo.

Bowman salió ileso, pero su primo Saviay’a Robinson, de 24 años, murió en la ráfaga de disparos que se produjo en plena luz del día, según señalaron los fiscales federales al inicio del proceso, reseñado por ABC7. Los fiscales sostuvieron que Banks fue el cerebro detrás del plan: proporcionó dinero, vehículos y vuelos para que integrantes de su sello discográfico Only the Family (OTF) viajaran desde Chicago hasta California en busca de Bowman.

El móvil, según la acusación, era la muerte del rapero Dayvon “King Von” Bennett, amigo cercano de Banks, quien cayó abatido en noviembre de 2020 durante un enfrentamiento en una discoteca de Atlanta. Un integrante del entorno de Bowman fue señalado como responsable del disparo, aunque los cargos contra esa persona fueron eventualmente desestimados.

La fiscalía argumentó que Banks sintió presión en redes sociales para vengar a Von, y que respondió con una recompensa en efectivo para quien eliminara a Bowman. “Usó su riqueza y sus recursos económicos para presionar a sus conspiradores de OTF a buscar esa venganza”, dijo el fiscal federal Daniel Weiner en su alegato de apertura, según The New York Times.

Los testigos cooperantes que declararon contra su propio jefe

El pilar de la acusación descansó sobre tres testigos que acordaron declarar a cambio de condenas reducidas. Kavon “OTF Vonnie” Grant, Keith “Flacka” Jones y Kacey “OTF Jam” Hester eran integrantes del círculo más cercano de Banks y participaron directamente en los hechos.

Hester, quien se declaró culpable del asesinato de Robinson, describió ante el jurado cómo el grupo siguió el auto de Bowman durante horas por las calles de Los Ángeles antes de la emboscada. “Es culpa de Durk. Durk nos puso en esa situación”, declaró, según consignó The New York Times. Aseguró además que, inmediatamente después del tiroteo, Wilson llamó por teléfono para preguntar si habían “dado en el blanco”.

Jones, otro de los tiradores, testificó que Banks ofreció un millón de dólares por la cabeza de Bowman, suma que lo impulsó a volar desde Chicago hasta San Diego y luego conducir hasta Los Ángeles. Los tres coincidieron en que Banks no disparó personalmente y que nunca les pagó.

Grant, por su parte, declaró haber participado en un ataque anterior contra Bowman en Georgia en 2021, también a instancias de Banks. Admitió que el artista prometió dinero a quien matara al rival, y atribuyó las letras más violentas del rapero a la rabia que le generó la pérdida de King Von: “Está enojado, así que lo canaliza a través de la música”, dijo en sala.

La estrategia de la defensa apuntó al exasistente de Banks

El equipo legal de Banks sostuvo que Grant fue el verdadero instigador de la operación y demostró que tenía acceso a su información financiera y utilizó sus tarjetas para financiar viajes de integrantes de OTF.

La defensa reprodujo una llamada grabada en la cárcel en la que Grant comparó su testimonio con “una entrevista de trabajo” y dijo que era “su momento de brillar”, lo que la defensa interpretó como señal de que buscaba beneficiarse. En otro registro, Hester le dijo a su esposa desde prisión: “Van a hacer lo que sea. Todo lo que tengo que hacer es decirles. Voy a hacer lo que tenga que hacer”, en referencia a su acuerdo con la fiscalía.

Ryan Green, amigo cercano de Banks, declaró que Grant le había confesado su intención de vengar a King Von antes del tiroteo: “Voy a liquidarlo, o voy a estar ahí cuando ocurra”, según reprodujo Green en el estrado.

Las canciones de Lil Durk como prueba judicial

Uno de los aspectos más debatidos del juicio fue el uso de letras y videos musicales como prueba de cargo. Los fiscales buscaron demostrar que las canciones del artista reflejaban su estado de ánimo y sus intenciones tras la muerte de King Von, mientras que la defensa las calificó de hipérboles artísticas.

El juez Michael W. Fitzgerald autorizó la presentación de fragmentos de tres temas: Pissed Me Off, en el que Banks rapea sobre financiar armas, autos y fianzas, y donde aparece con una camiseta que reza “Long Live Von”; Who Want Smoke??, de 2021; y Ahhh Ha, lanzado a inicios de 2022. El tribunal también vio parte de un videoclip inédito titulado Redman, en el que Banks simula disparar a otro hombre.

La práctica de utilizar letras de rap como prueba penal suscita un debate jurídico recurrente en los Estados Unidos sobre los límites de la expresión artística.

El drill de Chicago, el racketeering y el juicio que viene en octubre

Lil Durk es una de las figuras centrales del drill de Chicago, un subgénero del rap que surgió en esa ciudad a mediados de la década de 2010 y se caracteriza por letras que oscilan entre la violencia descarnada y la introspección. Banks fundó OTF en 2010, y desde entonces construyó una carrera que lo llevó a colaborar con artistas como Drake, J. Cole, Morgan Wallen y Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, quien asistió a una jornada del juicio con una camiseta que decía “Free Durk”. El músico Machine Gun Kelly también siguió el proceso desde una sala de desbordamiento.

En 2024, Banks ganó el Grammy al Mejor Rendimiento de Rap Melódico por su sencillo “All My Life”, con la participación de J. Cole. Dos de sus álbumes llegaron al primer puesto de las listas de Billboard: “The Voice of the Heroes” (2021), grabado con Lil Baby, y “7220” (2022).

La absolución del viernes, sin embargo, no cierra el expediente legal del artista. Banks enfrenta un proceso separado, programado para el 5 de octubre de 2026, por cargos de asesinato en el marco de actividades de crimen organizado (VICAR, por sus siglas en inglés, Violent Crimes in Aid of Racketeering Activity) y delitos federales de armas.

La acusación sostiene que, como líder de OTF, Banks ordenó y financió otros actos violentos, entre ellos el ataque contra Bowman en Georgia en 2021 y el asesinato de Stephon Mack en Chicago ese mismo año. Wilson y Lindsey también aguardan ese segundo juicio.

Banks fue detenido en octubre de 2024 en un aeropuerto de Florida, después de que otros cinco sospechosos del caso ya hubieran sido imputados. Desde su arresto, se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan.

El crimen de un reconocido empresario hotelero y gastronómico y piloto de carreras de Misiones mantiene en vilo a toda la ciudad de Puerto Iguazú luego de que fuera encontrado muerto en un predio en construcción. Como principal sospechoso fue señalado su suegro, un hombre de 82 años, quien permanece hospitalizado en una clínica local bajo custodia policial.

Todo ocurrió este viernes cerca de las 11:15 horas en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial. Después de que se diera aviso a las autoridades de lo sucedido, la víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años.

En el momento en el que los efectivos de la Unidad Regional V acudieron al lugar, encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el suelo, sin signos vitales. Las primeras actuaciones establecieron que presentaba una herida de arma de fuego, presuntamente causada por un arma calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la información obtenida por El Territorio, el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la autopsia. Por este motivo, se ordenó que los restos fueran trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para su correspondiente análisis.

En línea con la reconstrucción inicial del hecho, las sospechas apuntaron hacia Ángel Ramón Z. Se trata del suegro de la víctima, de 82 años, quien fue señalado como presunto responsable del homicidio. Según los datos obtenidos por Primera Edición, el sospechoso habría escapado de la escena del crimen en una camioneta Toyota SW4.

Después de que se activara un operativo para dar con su paradero, cerca de las 16:30 horas, la Policía de Misiones determinó que el hombre había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde ese momento, el sospechoso permanece internado bajo una consigna policial. Asimismo, informaron que las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para formalizar su detención.

Por otro lado, el personal de Criminalística y las autoridades judiciales realizaron pericias en el predio donde ocurrió el ataque. No obstante, afirmaron que todavía continúa activa la búsqueda del arma que habría sido utilizada en el hecho.

Otra de las incógnitas que buscarán resolver los investigadores se relaciona con el origen del episodio y la secuencia previa al homicidio. Asimismo, profundizarán en los motivos que podrían haber desencadenado el ataque mortal.

Un ciudadano argentino, requerido por la Justicia paraguaya desde 2013 y con alerta roja internacional, fue detenido en Miramar. La investigación de la Policía Federal Argentina permitió localizar a Christian Dobal Mendoza, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para una eventual extradición.

Según el medio 0223, el detenido era buscado en el ámbito nacional e internacional por una causa que incluye las imputaciones de hurto agravado y homicidio doloso. La captura se produjo luego de varios días de tareas de campo realizadas por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF).

El operativo comenzó con el análisis de datos sobre la posible presencia del sospechoso en Miramar, donde habría mantenido una rutina laboral y social alejada de Paraguay, país del que se había retirado tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria.

A partir de esa información, los efectivos federales desplegaron vigilancia fija, seguimientos encubiertos y tareas de inteligencia para determinar dónde residía y cuáles eran sus desplazamientos habituales. Una vez que los investigadores corroboraron que el hombre se encontraba en la localidad, definieron el momento de la intervención.

Las autoridades policiales indicaron que se aguardó una oportunidad adecuada para ejecutar la orden conforme a las normas procesales. El arresto se concretó sin incidentes y, luego del procedimiento, se dio aviso al magistrado que interviene en el expediente. Después de la detención, Dobal Mendoza fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Mar del Plata, donde permanece alojado a disposición de la Justicia argentina.

La causa que motivó el requerimiento internacional se remonta al 10 de noviembre de 2013. La investigación judicial paraguaya lo vincula con el asesinato de Lializ Alexandra Velázquez, una estudiante de 22 años que se encontraba junto a dos amigos en Ñemby, en el departamento Central.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, Velázquez y sus acompañantes esperaban un colectivo en el Acceso Sur, a la altura del kilómetro 17, cuando fueron abordados por un grupo que se movilizaba en motocicletas. Durante el episodio, uno de los jóvenes recibió un disparo que le provocó la muerte.

La secuencia fue investigada como un robo con resultado fatal. El grupo habría sustraído el teléfono celular de uno de los testigos, mientras que la víctima murió a raíz de la agresión armada. En el proceso judicial que se desarrolló posteriormente en Paraguay, otros acusados recibieron condenas por su participación en el hecho.

El Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora resolvió imponer una pena de 20 años de prisión a Juan José Barrios y sentenció, por su parte, a Jorge Benítez a cumplir una condena de 15 años de prisión. Las sentencias dictadas por el tribunal determinaron que Barrios ocupó el rol de coautor y que Benítez fue considerado como cómplice en el robo que provocó la muerte de la joven.

En el caso de Dobal Mendoza, la causa siguió un recorrido distinto. Había sido detenido inicialmente, pero luego accedió al arresto domiciliario. Según la reconstrucción judicial, aprovechó esa situación para abandonar Paraguay y mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante más de una década.

La alerta roja que pesaba sobre el detenido implica una solicitud de localización y arresto provisorio con fines de extradición. Ese mecanismo permite que las fuerzas de seguridad de distintos países identifiquen a personas requeridas por tribunales extranjeros y adopten medidas para ponerlas a disposición de la Justicia.

Las autoridades deberán analizar la documentación remitida por Paraguay y avanzar con los pasos previstos por los acuerdos de cooperación internacional y la legislación argentina para definir la entrega del acusado. Mientras tanto, Dobal Mendoza continuará bajo custodia en Mar del Plata.

Cuatro personas fueron detenidas este viernes por presuntamente estar vinculadas con el homicidio de un gestor de 44 años en Villa María, provincia de Córdoba. Los arrestos se concretaron en la localidad de Pilar, durante un operativo sobre la Ruta Nacional 9.

Según informó la Policía de Córdoba, los detenidos fueron identificados como una mujer de 40 años y tres hombres de 44, 43 y 40. Tras verificar sus identidades, confirmaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente.

El operativo tuvo lugar entre las calles Catamarca y Julio Castellano, en Pilar. Allí, los efectivos interceptaron a los cuatro sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, se secuestró una Toyota Hilux y una Chevrolet Tracker. Asimismo, uno de los vehículos tenía pedido judicial.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, también incautaron un arma de fuego con cartuchos y recuperaron una suma millonaria integrada por pesos, dólares y cheques. No obstante, la investigación continúa abierta con la intención de determinar qué grado de participación tuvo cada detenido en el hecho.

El caso se dio a conocer este mismo viernes por la tarde, luego de que se diera aviso a las autoridades sobre un asalto ocurrido en una gestoría del automotor ubicada en Villa María. Según trascendió, la víctima, identificada como Rolando Alvez, murió producto de un disparo.

El episodio ocurrió en una oficina situada sobre la calle Entre Ríos al 1600, en el barrio Lamadrid. Según informó Villa María Vivo, dos personas ingresaron al lugar y una de ellas portaba un arma de fuego.

En ese momento, la víctima habría forcejeado con uno de los acusados cuando se escuchó un disparo. El proyectil impactó en el abdomen de Alvez, quien fue trasladado al Hospital Pasteur, donde murió minutos más tarde.

Tras la detención de los cuatro sospechosos, estos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del fiscal René Bosio, titular de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María.

Detuvieron a un joven de 27 años por el homicidio de una jubilada en Río Cuarto

Luego de que una mujer de 72 años fuera encontrada muerta este lunes en su vivienda situada en la localidad cordobesa de Río Cuarto, las autoridades confirmaron la detención de un joven de 27 años señalado como el presunto autor. Hasta el momento, la Justicia analiza un presunto homicidio en ocasión de robo.

La víctima fue identificada como Graciela Oviedo, después de que su cuerpo fuera hallado durante la tarde en una casa ubicada sobre calle Caracas al 1400, en el barrio IPV Alberdi. No obstante, la investigación procura establecer en qué circunstancias se produjo la muerte.

Según los medios locales, el fiscal Pablo Jávega quedó a cargo de las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de la muerte de Oviedo y a establecer si existieron otros involucrados. En este sentido, se evaluará si hubo un ingreso con fines de robo y si la mujer conocía a quien o quienes habrían entrado al domicilio.

Producto de las primeras medidas, se concretó la detención de un sospechoso de 27 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. En principio, indicaron que su situación procesal dependerá de las pericias, testimonios y demás pruebas que se incorporen al expediente.

No obstante, se conoció que el detenido, de apellido Díaz, reside en el barrio desde que recuperó la libertad el año pasado. Según relataron vecinos, el hombre había cumplido condenas previas por delitos contra la propiedad, primero en el complejo carcelario de Bouwer y luego en la cárcel de Cruz del Eje, donde permaneció hasta fines de 2025.

Asimismo, indicaron que las autoridades llegaron hasta el sospechoso a partir de declaraciones de personas que aseguraron haberlo visto en las inmediaciones y del análisis de cámaras de seguridad.

Por otro lado, el fiscal informó que de la vivienda fueron sustraídos un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos. La familia indicó, además, que encontró el interior de la casa revuelto, una situación que no era habitual para la víctima.

De acuerdo con El Puntual, los investigadores consideraron que el ataque habría sido cometido con un elemento punzocortante, que aún no fue localizado. La lesión se produjo en el cuello y afectó una arteria, de acuerdo con los datos incorporados a la causa.

La muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que llegó sin signos vitales al Hospital Materno Infantil de Salta el 22 de junio, derivó en una investigación por homicidio que tiene como imputados a su madre, de 19 años y a la pareja, de 32 años. En ese marco, la Justicia de Salta rechazó este viernes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de la joven.

La decisión fue tomada por el juez Ignacio Colombo durante una audiencia en la que se analizaron los argumentos de la defensa y la oposición planteada por el Ministerio Público Fiscal. El planteo de sobreseimiento, una resolución que habría implicado apartarla definitivamente de la causa penal, fue rechazado ya que no existe la certeza requerida para desvincularla.

El expediente también tiene como imputado a un hombre de 32 años que era pareja de la joven al momento del hecho. Sobre él pesa una acusación como presunto autor de homicidio agravado por alevosía. Según la hipótesis fiscal, habría provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación.

La acusación, en representación del Ministerio Público Fiscal ejercida por el fiscal penal Daniel Espilocín, afirmó que existen pruebas suficientes recolectadas durante la investigación para que la imputación continúe en pie. La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas argumentó que todavía resta profundizar el análisis de las evidencias y determinar las responsabilidades de cada una de las personas acusadas.

La decisión no define la responsabilidad penal de la joven: la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas y las medidas que aún puedan ordenarse.

La hipótesis fiscal

La investigación comenzó el lunes 22 de junio, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde el niño llegó sin signos vitales.

En un primer momento, los imputados habrían sostenido que el niño sufrió una caída de la cama. Esa explicación fue incorporada a la pesquisa como una de las primeras versiones sobre lo ocurrido en la vivienda del barrio Convivencia.

A partir de la intervención médica y de los estudios ordenados posteriormente, se inició la investigación judicial. La autopsia concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica provocada, un resultado que contradijo la versión inicial atribuida a los imputados. Los médicos que lo asistieron también indicaron que el cuadro clínico no era compatible con un accidente doméstico.

Con esos elementos, la causa avanzó con la imputación de la madre y de su pareja. Al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación. En tanto, la madre fue imputada como presunta coautora a partir de una posible conducta omisiva: la Fiscalía busca determinar si conocía la situación de riesgo a la que estaban expuestos sus hijos y si no adoptó medidas para evitar el desenlace.

Vecinos y la propietaria del inquilinato donde vivía la familia aportaron testimonios sobre la presencia frecuente del hombre en el domicilio. También señalaron que los niños le tenían temor y que la madre se ausentaba, dejando a los menores bajo su cuidado. Esos elementos forman parte de la pesquisa que conduce la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

El caso también puso bajo revisión las medidas de protección que habían sido dispuestas con anterioridad para Thiago y su hermano menor. Según los antecedentes conocidos, existía una denuncia realizada por el abuelo paterno y un acompañamiento de organismos de niñez debido a la situación de vulnerabilidad familiar.

Luego de la muerte de Thiago, su hermano quedó bajo una medida de resguardo. Tras casi dos meses, el niño fue restituido a la familia paterna, mientras los organismos de protección continúan con el seguimiento de su situación.

Un taxista de 51 años comenzó a ser juzgado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, acusado de planificar el asesinato de su amigo Daniel Quintilli para quedarse con 2 millones de pesos. Por esto, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Víctor Carmelo Godoy, a quien atribuye un homicidio criminis causa, además de defraudación y hurto agravado.

Según la acusación encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, Godoy habría utilizado la confianza que tenía con Quintilli para tenderle una trampa. Días antes del crimen, la víctima había vendido una vivienda en la zona noroeste de Rosario.

A cambio de la transacción, el hombre había recibido 2 millones de pesos y planeaba usar el dinero para comprar un vehículo. Asimismo, tenía planificado usar ese vehículo para empezar a trabajar como taxista.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, Godoy conocía a Quintilli desde hacía algunos meses. No obstante, había participado como intermediario en la venta de la propiedad y se había ofrecido a ayudarlo a conseguir un auto.

De hecho, la pareja de Quintilli declaró que el hombre había dejado una parte del dinero bajo custodia de Godoy porque temía gastarlo en el casino. Por esto, el acusado debía acompañarlo luego en la supuesta compra del vehículo.

Para la Fiscalía, esa relación previa fue central en el plan. Fue así que el viernes 17 de febrero de 2023, el acusado pasó a buscar a la víctima en un taxi cerca de las 17.30 horas, en las inmediaciones del complejo de cines Village.

Por este motivo, la víctima creía que iba a concretar la operación por el auto. Esa noche, cerca de las 21.30, Quintilli llamó a su pareja y le aseguró que la compra había salido bien. Le dijo que regresaría en colectivo y que podían salir a cenar al día siguiente. Fue la última comunicación que mantuvo con ella.

Después, las llamadas al teléfono de Quintilli comenzaron a derivar al contestador. Su pareja también se contactó con Godoy, quien le respondió que la víctima se había ido con el dinero en un bolso y que probablemente aparecería.

No obstante, al día siguiente de que supuestamente se realizara la compra, los feriantes encontraron el cuerpo del hombre en inmediaciones de Magallanes y Riobamba, en la zona de Parque Oeste. Estaba tendido sobre una mancha de sangre y presentaba varias heridas de arma blanca, además de un corte en el cuello.

Entre sus pertenencias, los investigadores hallaron un boleto de compraventa vinculado con la vivienda que había vendido pocos días antes. A pesar de esto, no estaban su documento de identidad, su teléfono celular ni los 2 millones de pesos que, de acuerdo con la causa, llevaba o había dejado en manos de Godoy.

Por este motivo, la acusación sostuvo que la calificación de homicidio criminis causa implicaría que el asesinato habría tenido como finalidad asegurar el desapoderamiento del dinero y procurar la impunidad por otros delitos. Así, solicitaron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el hecho.

Durante la reconstrucción de los hechos, el fiscal destacó que, una semana después del crimen, Godoy dejó de trabajar para el dueño del taxi que conducía. No obstante, el chofer que lo reemplazó llevó el vehículo a una tapicería por cortes en la funda del asiento trasero.

Al retirar el tapizado, el trabajador encontró manchas de sangre y realizó una denuncia. El auto fue secuestrado para su peritaje. Las pruebas con luminol detectaron numerosas manchas de sangre en el asiento trasero y en una alfombra, incluso después de la reparación.

La Fiscalía también reconstruyó el recorrido del taxi. El vehículo había estado cerca del complejo Village alrededor de las 19:10 y luego se dirigió hacia el parque Independencia, donde permaneció detenido entre las 21:25 y las 21:45. Ese período coincide con el momento en que Quintilli dejó de responder los llamados de su pareja.

Más tarde, el taxi se desplazó hacia Parque Oeste. A la 01:13 se detuvo durante unos tres minutos en la zona de Riobamba y Magallanes. Asimismo, personas que vivían en el parque declararon haber visto a un hombre bajar de un taxi y arrojar un cuerpo detrás de una cancha.

José Luis Esparza, conocido en redes sociales como El Piturris, fue asesinado a balazos el 10 de septiembre de 2026 en la taquería familiar Los Güichos, ubicada en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, Sonora. Un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por cliente, pidió dos tacos de cabeza y luego sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra el creador de contenido de 37 años, quien murió camino al hospital.

El agresor escapó en una motocicleta junto a otra persona. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta la investigación sin haber confirmado el móvil ni detenido a ningún sospechoso.

Detrás del nombre que sus más de 70 mil seguidores combinados en Instagram y TikTok conocían había una historia más compleja. Esparza no era solo un creador de contenido: era taquero, animador de fiestas, participante de podcast y aficionado al boxeo, todo al mismo tiempo.

José Luis Esparza: taquero, comediante y voz de Ciudad Obregón

La taquería Los Güichos no era un negocio cualquiera para Esparza. El establecimiento, especializado en tacos de cabeza de res, era parte de una tradición familiar que habría comenzado con su abuelo.

Trabajar ahí no era solo un oficio: era también material para su contenido. Desde ese mostrador compartía momentos con su comunidad de seguidores en Sonora y otras partes del país.

En redes sociales, El Piturris acumuló más de 30 mil seguidores en Instagram y más de 40 mil en TikTok. Su contenido giraba en torno al humor cotidiano, reuniones, música regional y escenas de la vida diaria en Ciudad Obregón.

Una de sus publicaciones más representativas mostraba exactamente eso: dos días antes de su muerte grabó su trayecto en automóvil durante una intensa tormenta y convirtió el momento en una broma. Esa fue su última publicación.

La Guarida Podcast y el reconocimiento en Sonora

Más allá de sus redes, Esparza formó parte de La Guarida Podcast, un espacio de comedia donde compartía con otros creadores de contenido de la región, entre ellos el influencer conocido como Huicho OBR. El programa abordaba experiencias personales y situaciones de la vida diaria con un tono humorístico.

También participó en otro proyecto de audio llamado Desde la O, donde relataba historias y anécdotas personales. Sus compañeros de ese podcast confirmaron públicamente su muerte tras conocerse la noticia.

En febrero de 2025, el proyecto de La Guarida Podcast fue reconocido durante el evento Atákate, realizado en Sonora. Ese reconocimiento marcó uno de los momentos más visibles de su carrera como creador de contenido regional.

Boxeo, béisbol y música: las otras facetas de El Piturris

Esparza publicaba con frecuencia videos e imágenes de sus entrenamientos de boxeo. Esa disciplina formaba parte de su rutina y aparecía de manera recurrente en su perfil de Instagram.

También acompañaba a su ahijado a partidos de béisbol y documentaba esos momentos en redes. La cercanía familiar era un eje constante de su contenido.

Su afición por la música regional mexicana lo llevó a compartir una fotografía junto al cantante Regulo Caro. Esa imagen circuló entre sus seguidores como muestra de sus gustos y su entorno.

Además de consumir ese género, Esparza llegó a publicar canciones propias en YouTube. También ofrecía sus servicios para amenizar fiestas y reuniones durante aproximadamente dos horas, con una propuesta basada en el humor y la convivencia.

El ataque en la colonia Reforma y la investigación de la Fiscalía de Sonora

El crimen ocurrió poco después de las 11.00 horas del jueves 10 de septiembre, en el cruce de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada. El agresor ingresó al local haciéndose pasar por cliente y pidió tacos antes de sacar el arma.

Tras los disparos, personas presentes en la zona llamaron a los servicios de emergencia. Los paramédicos trasladaron a Esparza a un hospital, donde murió a consecuencia de las heridas.

En el lugar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora encontró dos casquillos calibre .40. El responsable huyó en motocicleta acompañado de otra persona.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado la detención de ningún sospechoso ni el móvil del ataque. La investigación permanece abierta.

Tras conocerse su muerte, la sección de comentarios de su última publicación en Instagram se llenó de mensajes de sus seguidores. “Descansa en paz”, “Qué triste pérdida” y “Se fue una gran persona” fueron algunas de las frases que dejaron quienes lo seguían, no solo por su contenido sino por la cercanía que transmitía en cada video.

Poco después, la Policía Bonaerense recibió la alerta de la Unidad de Pronta Atención N°18, sobre la Ruta N°3. Allí, descubrieron que un remisero trasladó al delincuente herido, con una bala en la cabeza. El propio remisero estaba allí: declaró que cinco hombres lo rodearon y cargaron al ladrón malherido dentro de su auto para que lo llevara a una sala. Los médicos intentaron operar al delincuente, que murió en el lugar. Poco después, fue identificado como Thiago Sebastián Pereyra, oriundo de Guernica. Tenía 18 años. Su cómplice continúa prófugo.

El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios matancera, se presentó en el lugar para ordenar las primeras medidas a la Policía Bonaerense, en medio de una crisis de homicidios en la jurisdicción pocas veces vista en la provincia. En cinco semanas entre el fin de agosto y julio, hubo al menos 20 casos según datos oficiales.

Más sangre en Virrey del Pino

El jueves por la noche, otro hecho de sangre ocurrió en Virrey del Pino.

La Comisaría 3° persiguió a cuatro delincuentes a los que sorprendieron a bordo de un Renault Fluence en la esquina de Conde y Varela, mientras asaltaban a un jubilado que entraba a su casa con su Volkswagen Suran. El jubilado, de 65 años, se resistió y sufrió una golpiza.

Los ladrones huyeron; los policías persiguieron al Fluence. Patrullero y delincuentes chocaron; así, comenzó un tiroteo.

Dos delincuentes terminaron heridos, con disparos en el abdomen y el brazo izquierdo; ambos fueron trasladados a un hospital de la zona. El tiroteo generó un tumulto en medio del barrio que fue grabado por celulares, con un video que ilustra esta nota. Un menor de edad, de 17 años, fue detenido. El cuarto delincuente escapó. La Bonaerense les incautó una pistola, un revolver y un arma de juguete. La fiscal del caso no tomó temperamento alguno con los policías que dispararon. Lo mismo hizo el fiscal Rulli con el efectivo de la PFA que se defendió del asalto.

A comienzos del mes pasado, un cadáver fue descubierto también en un descampado de Virrey del Pino, ubicado en el cruce de las calles 107 y Sapaleri. Un llamado al 911 alertó a la Comisaría 3° -la misma que investigó el asalto al policía de la Federal y el robo al jubilado- para que se presente en el lugar.

Allí, encontraron lo que parecía el final de una ejecución. El cuerpo correspondía a un hombre de 40 años, vestido con jeans y campera negra: su boca estaba amordazada con una bufanda. A escasos metros del cuerpo se hallaron tres vainas servidas.

La creadora de contenido Jéssica Esotérica acudió al funeral del vidente Farath Coronel para manifestar empatía con la familia de la víctima tras su homicidio.

Jéssica señaló que la solidaridad humana prevalece sobre las disputas públicas que sostuvieron durante años en plataformas digitales.

La inhumación del cuerpo del vidente programada para las tres de la tarde en un panteón de Cuautitlán Izcalli sufrió un retraso de tres horas debido a la falta de liquidez financiera de la familia para cubrir el costo del entierro.

La especialista en esoterismo sostuvo que su presencia en el camposanto responde únicamente a un acto de acompañamiento y empatía, no al inicio de una reconciliación o a la existencia de una amistad previa.

Las viejas rencillas digitales quedaron al margen

Durante varios años, ambos creadores de contenido mantuvieron discusiones verbales en transmisiones de internet. Sin embargo, Jésica Esotérica señaló que los pleitos de redes sociales se vuelven irrelevantes ante la muerte.

“Sí es cierto que lo que yo dije en redes que lo que siembras, cosechas; si él sembró algo y lo cosechó después... la gente preguntaba a qué fui yo: a sembrar. ¿Y qué sembré? Empatía”, declaró Jéssica.

La creadora añadió que otras figuras del entretenimiento digital con disputas previas hacia el fallecido también asistieron al funeral para brindar sus condolencias a la familia.

La influencer afirmó que no le inquieta el juicio del público por su presencia en el lugar, ya que su prioridad es acompañar el dolor de los seres queridos del difunto.

El mensaje en redes sobre la empatía y la pérdida de un hijo

A través de su perfil oficial en redes sociales, la creadora de contenido compartió unas palabras sobre el valor del respeto hacia el sufrimiento ajeno en momentos de luto familiar.

“Siembra EMPATÍA, el día que tú vas a estar delante de otro ser humano que ha tenido una pérdida tan importante y más un hijo, debes recordar que esa persona ya no será la misma”, publicó la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, la especialista enfatizó la necesidad de comprender el proceso emocional por el que atraviesa la familia cercana tras la muerte repentina del vidente.

“Recuerda que está pasando por sus duelos que vivirá, el de la persona que ya no está y el de su propia identidad como ser humano. EMPATÍA que el dolor ajeno no nos sea indiferente”, agregó en el mensaje.

La madre del vidente, Raquel Vázquez Monrroy, le transmitió su agradecimiento por acudir al recinto fúnebre a pesar de las versiones malintencionadas de algunos usuarios en internet.

La astróloga señaló que la madre del astrólogo expresó alivio por su llegada, pues diversos usuarios en redes sociales acusaban falsamente a la especialista de haber propiciado el trágico desenlace del vidente.

Las complicaciones monetarias pospusieron el sepelio durante tres horas

La influencer esotérica explicó que los restos del astrólogo corrieron el riesgo de ingresar a un refrigerador si sus parientes no liquidaban la deuda completa del servicio fúnebre.

“Lo tenían que enterrar a las 3:00, terminaron enterrándolo a las 6:00 porque todavía no se juntaba el dinero para poner el cuerpo en la tierra, si no se pagaba el cuerpo se metía a un congelador hasta esperar que se pague por el funeral completo”, mencionó la creadora.

Días atrás, el representante legal del fallecido expuso en una transmisión en vivo que la falta de dinero surgió porque las autoridades ministeriales mantienen congeladas las cuentas bancarias y las propiedades de la víctima por las indagatorias del homicidio.

Para solucionar los gastos del sepelio, el equipo de trabajo del fallecido difundió una colecta pública de dinero en la página de Facebook La Casa De Las Congas, colecta que en su momento fue sumamente criticada.

El avance de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México

El hallazgo del cuerpo de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido como Farath Coronel, ocurrió la mañana del 4 de septiembre en su residencia ubicada en la colonia Bosques del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Las periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que el vidente falleció a causa de heridas producidas por arma de fuego tras sostener un altercado verbal con su elemento de seguridad privada.

El sospechoso, identificado como Elías “N”, disparó contra el astrólogo dentro del inmueble, sustrajo joyas, dinero en efectivo, ropa, armas y objetos de valor, huyendo del lugar a bordo de una camioneta propiedad de la víctima.

Agentes de seguridad detuvieron al escolta el mismo día de los hechos y lo trasladan al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán por delitos contra la salud.

Dentro del penal, elementos ministeriales le notificaron el 8 de septiembre una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La representación social advirtió que el imputado podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión al quedar a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

El entorno laboral de la víctima adquirió relevancia en la carpeta de investigación tras la difusión de transmisiones en vivo donde el astrólogo recriminaba con severidad a sus escoltas por el manejo de armas largas.

Asimismo, la autoridad mantuvo inmovilizadas las cuentas bancarias e inmuebles del difunto como parte de las diligencias del crimen, lo que dejó a los familiares sin liquidez inmediata para los servicios fúnebres.

El juicio por el asesinato de Cristian Alejandro Queupán comenzó en la ciudad de Neuquén ante un tribunal compuesto por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti. La Fiscalía sostuvo que el acusado, identificado como H.G.M., persiguió a Queupán durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025 y lo apuñaló por la espalda. La víctima murió poco después a causa de esa herida.

El debate se concentrará en la secuencia de hechos registrada en el barrio Don Bosco y en la calificación legal que corresponde aplicar al imputado. La primera jornada dejó en el centro de la acusación una cadena de eventos que se desarrolló en pocos minutos y que la Fiscalía describió como una persecución con desenlace fatal.

Para el Ministerio Público Fiscal, la prueba permitirá establecer que el imputado actuó como autor de un homicidio simple. La defensa, en cambio, reconoció que H.G.M. provocó la herida mortal, aunque sostuvo que intervino para defenderse en un conflicto previo entre las familias de ambos.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la fiscal Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, presentó la teoría acusatoria ante el tribunal. Según expuso, Queupán se dirigió al domicilio de H.G.M., situado sobre la calle Domene, por conflictos que ambos ya mantenían.

Cerca de las 5 de aquella madrugada la víctima insultó al acusado y arrojó piedras contra el portón de la casa. La acusación señaló que Queupán y su acompañante avanzaron por Domene hasta el cruce con la calle Olta. En ese punto, sostuvo Inaudi, H.G.M. salió de la vivienda y saltó el portón de ingreso para ir detrás de la víctima.

La Fiscalía planteó que el acusado logró alcanzarlo y le aplicó una puñalada por la espalda con un arma blanca cuya hoja medía cerca de 20 centímetros. Esa secuencia será uno de los puntos centrales que buscará reconstruirse durante las audiencias.

Según la exposición de la parte acusadora, la lesión penetró en el tórax de Queupán y dañó estructuras pulmonares y vasculares. El cuadro derivó en una hemorragia interna masiva, que causó su muerte pocos minutos después del ataque.

Durante el debate declararán personas que presenciaron tanto los momentos previos como el ataque. Sus testimonios permitirán contrastar las distintas versiones sobre lo ocurrido en la intersección de Domene y Olta.

También está prevista la participación de efectivos policiales que intervinieron en las primeras medidas realizadas tras el hecho. A ellos se sumarán integrantes del área de Criminalística y de la División Homicidios, que relevaron el lugar, entrevistaron a testigos y analizaron registros de cámaras de seguridad.

La fiscal destacó que el episodio quedó registrado en dispositivos de videovigilancia. La acusación anticipó que los jueces podrán observar esas imágenes durante el proceso, junto con el resto de los elementos probatorios que se incorporen en las próximas jornadas.

Además, se prevé que declaren especialistas que realizaron otras pericias vinculadas al caso. La producción de estos informes técnicos será parte de la prueba con la que el Ministerio Público Fiscal intentará sostener su reconstrucción de los hechos.

Inaudi adelantó que solicitará que H.G.M. sea declarado penalmente responsable como autor de homicidio simple, figura prevista en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

La postura de la defensa parte de una coincidencia con la fiscalía: H.G.M. lesionó a Queupán y esa herida provocó su fallecimiento. Sin embargo, cuestiona la interpretación sobre el contexto en el que se produjo el ataque.

Para los defensores, el acusado actuó en respuesta a una agresión, en un escenario atravesado por conflictos entre los grupos familiares de las dos partes. Esa hipótesis busca apartar o reducir la responsabilidad penal que reclama la acusación.

El tribunal deberá evaluar los testimonios, los registros de video, los peritajes y las explicaciones de ambas partes antes de definir qué versión encuentra respaldo en la prueba. El análisis incluirá los hechos previos frente a la vivienda, el desplazamiento posterior de Queupán y la intervención atribuida al imputado.

El juicio continuará hoy y en los días siguientes, hasta que finalice la incorporación de pruebas. Luego de los alegatos finales, los magistrados deberán expedirse sobre la responsabilidad penal de H.G.M. por la muerte de Cristian Alejandro Queupán.

Un nuevo hecho violento sacudió las primeras horas de este jueves 10 de septiembre, luego de que las autoridades policiales hallaran el cuerpo sin vida de un hombre no identificado a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conduce de Puerto Cortés hacia Choloma. El cadáver, que pertenecía a un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad, presentaba múltiples heridas de arma de fuego y se encontraba visiblemente maniatado con las manos hacia atrás.

El hallazgo se produjo tras una llamada de emergencia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 al amanecer. Tras la alerta, las patrullas policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y verificar los reportes preliminares de los vecinos del sector.

El subcomisionado de la Policía Nacional en Choloma, Allan Sauceda, brindó detalles sobre las primeras indagaciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad. Según el jefe policial, la principal hipótesis apunta a que la víctima no residía en la zona y que el crimen se habría perpetrado en otro sector del país.

Una de las particularidades que más llamó la atención de los investigadores en el sitio del crimen fue la presencia de un rótulo dejado junto al cadáver. En el cartón o cartel se apreciaba un escrito explícito que señalaba que le habrían quitado la vida «por andar con mujeres casadas». Asimismo, trascendió que en el mensaje se incluyó un número telefónico.

A pesar de este llamativo indicio, las autoridades mantienen la cautela y no descartan ninguna línea de investigación. En el lugar tampoco se recolectaron casquillos de bala, lo cual refuerza la teoría de que el hombre fue asesinado en otro punto geográfico y posteriormente lanzado desde un vehículo en la orilla de la vía pública.

Actualmente, los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los peritos de Medicina Forense recaban evidencias, testimonios e información para determinar si el escrito responde al móvil real del homicidio o si se trata de una coartada o distractor dejado deliberadamente por grupos de la delincuencia organizada.

Alza de homicidios en Honduras: más de 1,200 muertes violentas registradas en 2026

Este lamentable suceso ocurrido en Choloma refleja la grave crisis de violencia criminal que continúa golpeando a la sociedad hondureña en los distintos departamentos del país, especialmente en el corredor norte.

De acuerdo con las estadísticas oficiales y reportes de organismos de seguridad, durante el primer semestre del año 2026 se registraron un total de 1,236 muertes violentas en todo el territorio nacional. Estas preocupantes cifras representan una tasa promedio alarmante de casi siete asesinatos diarios, posicionando a la violencia homicida como una de las principales causas de muerte violenta e inseguridad en el país.

El departamento de Cortés y municipios como Choloma, San Pedro Sula y La Lima figuran históricamente entre las zonas donde operan con intensidad diversas estructuras criminales, pandillas y redes del crimen organizado. Aunque las autoridades implementan operativos constantes y estados de excepción parciales para contener la operatividad delictiva, los hallazgos de cuerpos en la vía pública siguen siendo recurrentes.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas en materia de seguridad hacen un llamado constante a fortalecer los mecanismos de prevención del delito y capacidad de investigación científica de la policía criminal.

La falta de identificación oportuna de las víctimas y la impunidad que rodea a un elevado porcentaje de los homicidios perpetrados en carreteras y zonas rurales continúan siendo desafíos pendientes para el sistema de justicia en Honduras.

La Policía Nacional informó que diez personas fueron detenidas en Barahona por presuntos delitos de homicidio, violencia intrafamiliar, drogas, robos, asaltos y estafa, durante operativos desarrollados en las últimas 24 horas. Entre los procedimientos, los agentes recuperaron un televisor que había sido denunciado como robado en Pedernales.

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, uno de los arrestados es Eloy Feliz García, conocido como Eloy La Pámpara, de 28 años. Las autoridades lo señalan como presunto cómplice en la muerte del ciudadano haitiano Peterson Dilat, de 32 años. El supuesto autor material del crimen, Junior Antonio Montero, alias Pachongo, permanece prófugo.

El caso se investiga bajo las disposiciones del nuevo Código Penal de República Dominicana, instituido por la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, que entró en vigencia en agosto de 2026. El artículo 91 establece que quien mate de forma intencional a otra persona comete homicidio y prevé una pena de 10 a 20 años de prisión mayor, además de una multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.

La sanción aumenta si se acreditan circunstancias agravantes, como la premeditación, la acechanza, actos de barbarie o tortura, o determinados vínculos entre víctima y acusado. En esos casos, el artículo 92 contempla penas de 30 a 40 años de prisión mayor y multas de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público.

La Policía también apresó a José Antonio Batista Méndez, de 36 años, acusado de herir de bala en el brazo derecho a un joven de 19 años. La información difundida no precisa las circunstancias del hecho ni el estado de salud de la víctima.

El Código Penal castiga las lesiones voluntarias y distingue las sanciones según la gravedad del daño, el uso de armas y otros elementos que deberá establecer la investigación. La calificación jurídica definitiva corresponde al Ministerio Público y a los tribunales, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.

En los operativos participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Allí fueron detenidos Luis Sánchez, alias Papito, de 62 años; Alexander Mesa Mateo, de 46; y Adrián Israel Matos Duarte, alias Pirulo, de 24. A los tres les ocuparon sustancias que las autoridades identificaron de forma preliminar como presunta cocaína y marihuana.

Los delitos vinculados con sustancias controladas se rigen por la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, una normativa especial que continúa vigente. La clasificación de los hechos depende, entre otros factores, del tipo y la cantidad de droga ocupada, así como de la eventual existencia de indicios de distribución o tráfico. El análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá confirmar la naturaleza y el peso de las sustancias.

El Código Penal contempla penas de hasta 20 años por robos agravados

El reporte policial indicó que los demás arrestados están vinculados con denuncias por agresiones y amenazas, asaltos a mano armada, robo de motocicletas, sustracción y comercialización de una computadora, además de robo de productos agrícolas.

El artículo 224 del Código Penal define el robo como la sustracción de bienes ajenos y fija para la figura básica una pena de uno a dos años de prisión menor, junto con una multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. La ley contempla una escala superior cuando concurren agravantes.

El robo agravado, previsto en el artículo 225, se castiga con cinco a 10 años de prisión mayor. La pena puede llegar de 10 a 20 años en circunstancias de mayor gravedad, reguladas en el artículo 226. El uso de armas, la violencia contra las personas, la actuación de varias personas o la comisión nocturna pueden incidir en la calificación del hecho, según el caso.

El Código también sanciona el comercio de objetos robados. Quien venda, intercambie, empeñe o trafique bienes de origen ilícito puede recibir una pena de cinco a 10 años de prisión mayor y una multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.

La estafa, por su parte, está tipificada en el artículo 237. La norma castiga con tres a cinco años de prisión menor a quien utilice una identidad falsa o maniobras fraudulentas para inducir a otra persona a entregar dinero, bienes, activos digitales o servicios. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para localizar a los prófugos.

Un niño de cuatro años, identificado como Tadeo, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles dentro de una vivienda ubicada en la colonia Las Parotas, en la zona conurbada de Acapulco, Guerrero.

Su madre, identificada como Jaqueline Alejandra N, fue detenida por las autoridades como presunta responsable de la agresión que habría provocado la muerte del menor.

De acuerdo con el reporte ministerial, el caso fue reportado alrededor de las 10:52 horas, cuando un familiar realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de una ambulancia y de elementos policiacos.

Durante la llamada, el familiar señaló que la mujer presuntamente había golpeado al niño, quien en ese momento se encontraba inconsciente y requería atención médica.

Reportan agresión contra niño de cuatro años en Acapulco

El llamado de auxilio se originó en un domicilio localizado sobre el andador Azucena, en la colonia Las Parotas, cerca de la funeraria Las Cruces y después del centro de salud de la zona.

Además de solicitar atención para el menor, el familiar alertó a las autoridades sobre el riesgo de que la situación escalara, debido a que otros familiares del niño se encontraban muy alterados y, presuntamente, pretendían agredir a la madre.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio señalado para verificar el reporte.

Al ingresar al inmueble, localizado en una vivienda en obra gris, los agentes encontraron al menor sin vida.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia y una lesión en el cuello, aunque será la investigación forense la que determine las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte.

Familiares intentan agredir a la madre del menor

La presencia de los familiares provocó momentos de tensión en el sitio, debido a que algunos de ellos intentaron agredir físicamente a la mujer señalada como presunta responsable.

Ante esta situación, los agentes procedieron a asegurar a Jaqueline Alejandra y trasladarla a la Agencia del Ministerio Público, tanto para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes como para evitar que fuera víctima de una agresión por parte de los familiares.

La mujer quedó sujeta a las investigaciones ministeriales, mientras se recaban los elementos necesarios para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Fiscalía investigará la muerte del niño en Acapulco

Tras el aseguramiento del inmueble, peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan esclarecer la muerte del menor.

Posteriormente, personal especializado ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de Tadeo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley.

Este procedimiento permitirá establecer con mayor precisión la causa de muerte y determinar si las lesiones observadas en el cuerpo están relacionadas directamente con el fallecimiento.

La investigación también deberá establecer qué ocurrió antes de que el niño fuera localizado inconsciente y posteriormente declarado muerto.

Hasta el momento, la mujer permanece señalada únicamente como presunta responsable, por lo que será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica con base en los resultados de las investigaciones y los estudios forenses.

El caso generó consternación entre habitantes de la colonia Las Parotas, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la muerte del pequeño de cuatro años.

“Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”. La frase del juez Gustavo Goerner, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, sintetizó este lunes buena parte de lo que ocurrió durante el primer mes del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz.

Para entonces habían pasado cuatro semanas desde aquella primera audiencia del 10 de agosto. Siete jornadas, un cambio de defensa, 17 testigos y una sucesión de planteos judiciales marcaron el primer mes de un juicio que quedó suspendido y a la espera de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resuelva la recusación presentada contra los integrantes del tribunal.

El contraste con la primera semana es marcado. Después de una jornada inaugural en la que volvió a discutirse si Álvarez estaba en condiciones de afrontar el proceso, la prueba comenzó a avanzar a buen ritmo: entre el 12 y el 14 de agosto declararon diez personas. Entre ellas, vecinos del barrio Samoré y testigos que estuvieron cerca de Álvarez y Díaz durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Sus relatos permitieron reconstruir desde distintos ángulos la secuencia del crimen y lo ocurrido inmediatamente después.

Uno de los testimonios centrales fue el de C.U.S. amigo de la víctima y testigo presencial del crimen. Para declarar pidió que Álvarez no estuviera en la sala. Según contó, Díaz se acercó al músico, hubo una discusión y un contacto entre ambos. Después llegó el primer disparo. “Me di cuenta de que estaba muerto en ese momento porque cayó para atrás como una madera”, contó. Luego, sostuvo, “Pity” efectuó otros tres disparos.

También declaró Agustina Inbernoz, pareja del músico en aquel momento, quien lo hizo por videoconferencia desde Estados Unidos. Dijo que Díaz se acercó y provocó a Álvarez, pero que al momento de las detonaciones se dio vuelta y no vio los disparos. Además, contó que, por indicación del músico, se deshizo del arma utilizada en el crimen y la arrojó en un desagüe de la avenida Dellepiane.

Su padrastro, Raúl Alberto Prieto Inbernoz, también declaró y reconstruyó el encuentro que mantuvo con Álvarez poco después en Pinar de Rocha. Según contó, el músico llegó y le dijo: “Maté a un chabón”. Prieto Inbernoz aseguró que, en ese momento, creyó que se trataba de una broma.

A esos relatos se sumaron después las pericias. Manuel Martín, licenciado en Criminalística, reconstruyó ante el tribunal la mecánica de los disparos y habló de la denominada “cruz de la muerte”, la zona del cuerpo de Díaz donde se concentraron los impactos. También explicó que, por la ubicación agrupada de las vainas, el tirador no se habría desplazado demasiado al momento de gatillar.

La autopsia aportó otro dato: Díaz recibió cuatro disparos. La médica forense Angélica Cristina Bustos explicó que encontró cuatro orificios de entrada, uno de salida y recuperó tres proyectiles del cuerpo. No pudo establecer el orden en que se produjeron los impactos.

Para entonces, sin embargo, el ritmo del juicio ya había cambiado.

El punto de quiebre

Diez testigos habían terminado de declarar cuando, el 19 de agosto, Álvarez decidió cambiar de abogados. Ese día estaban citados a declarar cuatro policías, pero ninguno llegó a prestar testimonio.

El músico desplazó a sus defensores oficiales —Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín— y designó a los abogados particulares Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes pidieron una semana para estudiar el expediente. Fue entonces cuando los cuestionamientos sobre la capacidad de Álvarez, que ya habían sido planteados por la defensa anterior, empezaron a cobrar mayor protagonismo.

A eso se sumaron otros frentes de discusión: pidieron una nueva evaluación del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, formularon objeciones sobre prueba ya producida y reclamaron que “Pity” fuera juzgado por un jurado popular.

El TOC N°29 rechazó los planteos y aquella jornada finalmente pudieron declarar los cuatro policías que habían quedado pendientes.

Pero la discusión sobre el estado de Álvarez no terminó allí.

El 2 de septiembre, mientras declaraban los peritos, los ronquidos y los “períodos de desconexión” de Álvarez volvieron a convertirse en parte de la audiencia. Goerner terminó advirtiendo: “No voy a permitir que el imputado ronque”.

Horas después, la jornada terminó abruptamente. “Pity” salió al baño mientras declaraba Bustos, se sintió mal por un pico de presión y no volvió a ingresar a la sala. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Fernández y el testimonio de la médica forense quedó inconcluso.

Cinco días después, Baños y Queijeiro volvieron a pedir la suspensión del juicio con un nuevo estudio médico. El fiscal Sandro Abraldes se opuso y lanzó una de las críticas más duras hacia la estrategia de los abogados: “A la defensa no le gusta que este juicio se haga”.

El tribunal también rechazó ese planteo. Fue durante esa resolución cuando Goerner pronunció la frase que resumió el cambio que, a su entender, había experimentado el debate: “Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”.

El juez recordó además que el TOC ya había autorizado al músico a no permanecer durante toda la audiencia dentro de la sala si su estado no se lo permitía. “Estoy viendo acá que hay varios letrados que podrían acompañarlo en su domicilio, en una sala, y podrían explicarle”, planteó. Luego fue más enfático: “No está en condiciones, pero lo traen. No es el TOC ni los acusadores los que ponen en riesgo a Álvarez. Es nuestro deber resguardarlo”.

La paradoja llegó minutos después. El tribunal rechazó suspender el juicio por el estado de salud de “Pity”, pero el debate terminó igualmente frenado. La defensa pidió recusar al fiscal Abraldes y a los tres jueces. Los planteos fueron rechazados, aunque el pedido de apartamiento de los integrantes del TOC debía ser revisado por Casación.

Los cuatro testigos que aguardaban para declarar ese lunes tuvieron que volver a sus casas.

El otro lado del juicio

Las suspensiones y reprogramaciones también tienen su impacto fuera de la sala. Según pudo saber Infobae, Jacqueline, una de las hijas de Cristian Díaz, debe pedir permiso en su trabajo cada vez que quiere asistir a una audiencia por el crimen de su padre. El caso de Manuel Martín, el criminalista que declaró sobre la “cruz de la muerte”, es otro ejemplo: su testimonio fue reprogramado tres veces antes de que finalmente pudiera declarar ante el tribunal.

Mientras ellos transitan buena parte de ese proceso en el anonimato, cada llegada de Álvarez a los tribunales de la calle Paraguay se convierte en una escena en sí misma. Cámaras y periodistas lo esperan en la puerta. También se acercan fanáticos para saludarlo.

En la primera audiencia el músico llegó con una remera con la inscripción “Y si esperás vas a entender” y anticipó que declararía “más adelante”. Hubo jornadas en las que permaneció atento, tomó una lapicera e hizo dibujos mientras escuchaba a los testigos. En otras, mantuvo los ojos cerrados durante largos períodos y sus ronquidos obligaron al tribunal a intervenir.

Sus declaraciones al salir de las audiencias también fueron cambiando. Después de una de ellas, ante la consulta de Infobae, aseguró: “Estoy tranquilo porque el que va a dar el veredicto de todo esto es la persona que todo lo ve”.

El 2 de septiembre, tras recibir el alta luego de la descompensación que terminó con su traslado al Hospital Fernández, volvió a hablar con los medios. Confirmó que regresaría al juicio, pero dudó cuando le preguntaron si era inocente. “No sé”, respondió. Segundos después agregó: “Todos somos culpables”.

Su última aparición volvió a dejar una imagen particular. Llegó al tribunal con un ejemplar del Código Penal y una pequeña linterna colocada sobre la frente. Debajo de los ojos llevaba dos líneas negras similares al denominado eye black, utilizado por los jugadores de rugby para reducir el reflejo de las luces.

Esa vez estuvo activo durante la audiencia y, al retirarse, volvió a hablar con los medios. Su respuesta contrastó con los sucesivos intentos de sus abogados por suspender el debate: “Se tiene que hacer el juicio. Yo me equivoqué, hice algo malo y la Justicia va a decidir”.

Un abogado de 61 años murió tras ser atacado a balazos dentro de su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial en Bárcenas, municipio de Villa Nueva, en Guatemala.

El suceso ocurrió este miércoles 9 de septiembre a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta al Pacífico, donde varios agresores descendieron de un automóvil sedán de color negro y dispararon de forma directa contra la víctima antes de huir de la zona.

Medios locales e informes en redes sociales identificaron al fallecido como Carlos Iván Herrera Gil, profesional del derecho egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Los Bomberos Municipales Departamentales de Bárcenas acudieron al parqueo de un restaurante de comida rápida tras recibir la alerta por el hecho armado.

Los socorristas evaluaron a la víctima dentro del automóvil y confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos de proyectil.

En la escena del crimen, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hallaron múltiples casquillos percutidos de arma de fuego.

Aunque la PNC no incluyó el nombre de la víctima en su informe preliminar, los investigadores recopilan testimonios de testigos e inspeccionan las cámaras del recinto.

El centro comercial dispone de guardias de seguridad privada y mantiene un control de ingreso mediante cobro de boletos, registros que analizarán las autoridades para establecer los movimientos del vehículo donde viajaban los atacantes.

Según publicaciones en redes sociales de personas que lo conocían, afirman que el abogado sostenía reclamos de orden ambiental contra industriales de Villa Nueva y Amatitlán. También llevaba querellas contra alcaldes de varios municipios y contra jueces y fiscales.

Villa Nueva acumula más de 200 homicidios en un año

El municipio de Villa Nueva figura entre las zonas urbanas con mayor incidencia delictiva del departamento de Guatemala.

Durante 2025, el país registró 3.139 homicidios, una cifra que representó un incremento del 9,4% en comparación con los 2.869 casos reportados en 2024.

Este repunte elevó la tasa nacional a 17,2 por cada 100 mil habitantes, con un impacto marcado en los municipios metropolitanos.

Las estadísticas oficiales indican que más del 57% de los asesinatos ocurridos en el territorio guatemalteco se concentran en los departamentos de Guatemala y Escuintla.

A nivel municipal, la capital encabezó el listado con 608 muertes violentas durante 2025, mientras que Villa Nueva ocupó la segunda posición tras contabilizar 208 homicidios.

Entre enero y julio de 2026, las autoridades acumularon 1.751 casos en el país, lo cual reflejó una baja interanual general de 6%, a pesar de los repuntes en las cifras de junio y julio.

Las armas de fuego provocaron más de 450 muertes a inicios de año

Las agresiones armadas constituyen la principal modalidad de violencia homicida en el departamento central guatemalteco. Reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señalan que más del 80% de los asesinatos en el país se cometen con armas de fuego.

Durante los primeros 75 días de 2026, la institución forense contabilizó 454 fallecimientos por heridas de bala a nivel nacional, de los cuales 207 correspondieron al departamento de Guatemala.

Dentro de esa jurisdicción, el municipio de Villa Nueva sumó 29 de las muertes violentas reportadas por el Inacif en ese mismo lapso de inicio de año.

Los ataques ejecutados por personas que se desplazan en vehículos o motocicletas responden a dinámicas de sicariato e inseguridad en vías públicas y áreas comerciales.

La PNC y el Ministerio Público (MP) mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer el móvil del homicidio de Carlos Iván Herrera Gil y determinar la identidad de los autores materiales.

Un joven de 20 años fue encontrado muerto con impactos de arma de fuego en un predio montoso del reparto Azarías H. Pallais, en León, Nicaragua, según informaron este 9 de septiembre diversos medios locales, incluido el portal TN8.

La víctima fue identificada como Yasser Sair Mongrio Guido, de 20 años. Su cuerpo apareció a unos 200 metros al sur del Parque Forestal, en un sector ubicado dentro de la ciudad de León.

El medio oficialista indicó que el hallazgo ocurrió durante la mañana del martes, luego de que habitantes de la zona advirtieran la presencia del cadáver y alertaran a las autoridades.

De acuerdo con la versión recogida por el citado medio, Mongrio Guido tenía varios impactos de bala. Hasta el momento, no se habían divulgado las circunstancias precisas del crimen ni se conocían sospechosos o personas detenidas por el caso.

La Policía Nacional inició diligencias en el predio donde apareció el cuerpo

Tras el aviso de los vecinos, agentes de la Policía Nacional de León llegaron al sitio y acordonaron el área para realizar las primeras diligencias. Las autoridades recopilaron elementos en el predio, aunque no trascendió qué tipo de indicios fueron encontrados ni si había testigos del ataque.

Según la información preliminar publicada por TN8, la víctima habría muerto entre seis y nueve horas antes de que localizaran el cuerpo. Esa estimación deberá ser corroborada mediante los estudios forenses correspondientes.

De igual manera, el reporte tampoco estableció si Yasser Sair Mongrio Guido fue asesinado en el lugar donde apareció o si su cadáver fue trasladado hasta el terreno después del ataque. Esa es una de las líneas que deberán determinar los investigadores a partir de las pruebas recogidas en la zona y de la reconstrucción de sus últimas horas.

El cuerpo fue llevado para la realización de los procedimientos médico-legales. Los resultados de esos exámenes podrían aportar datos sobre la hora de muerte, la cantidad de disparos recibidos y otros elementos de interés para la causa.

Vecinos del reparto Azarías H. Pallais expresaron preocupación por el crimen

Habitantes de los alrededores manifestaron preocupación por el hallazgo en un área cercana al Parque Forestal. El hecho generó inquietud entre las familias del reparto Azarías H. Pallais, según consignó el medio nicaragüense.

Por ahora, no se informó de manera pública cuál habría sido el móvil del homicidio. Tampoco se precisó si la víctima había recibido amenazas previas, si existían antecedentes de conflictos personales o si las autoridades investigan otras hipótesis vinculadas con el ataque.

Por su parte, la investigación quedó a cargo de la Policía Nacional en León. El avance de las pericias y la eventual identificación de los responsables permitirán esclarecer las circunstancias en las que murió el joven de 20 años.

Por otro lado, según informó La Prensa de Nicaragua, el joven era egresado del Colegio Tridentino San Ramón y cursaba estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de León. De manera preliminar, se conoció que durante su tiempo libre trabajaba realizando entregas a domicilio.

La protesta comenzó alrededor de las 17, a casi tres kilómetros del lugar del crimen. Los manifestantes cortaron el tránsito y reclamaron mayor presencia policial en la zona. Llevaron remeras, banderas y carteles con el rostro de “Tito”, apodo con el que llamaban a la víctima.

“Vamos a pedir que no nos abandonen”, manifestó Julián, amigo de Elías, en diálogo con Infobae. Según relató, hasta ese momento no habían recibido comunicaciones de la fiscalía ni de las comisarías de José C. Paz.

El joven también describió los problemas de seguridad que, según sostuvo, afectan al barrio. Afirmó que la mayoría de las cámaras de seguridad no funcionan y que hay patrulleros con las ruedas pinchadas. “Esta semana hubo más de 30 robos”, señaló.

Como ejemplo, mencionó otro ataque ocurrido el martes por la noche. Según su relato, a un chico “le robaron la moto y le pegaron tres tiros”. Julián aseguró que esa víctima se encuentra fuera de peligro.

La movilización tuvo lugar pocas horas después del entierro de Ojeda, que se realizó pasadas las 14 en el cementerio de José C. Paz. Julián indicó que “mucha gente se hizo presente ya que Elías era un chico conocido”.

“Era una persona que se esforzaba día a día para superarse”, recordó sobre su amigo. “Nos daba el ejemplo para intentar ser mejores”, agregó.

El reclamo del Municipio a la Provincia

Horas antes de la marcha, la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia y exigió al gobernador Axel Kicillof reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en particular en el distrito.

“La Municipalidad de José C. Paz expresa su profundo pesar por el fallecimiento de David Elías Ojeda Vázquez y acompaña con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos”, señaló el texto.

A continuación, planteó: “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”.

Desde el municipio sostuvieron que realizan un “enorme esfuerzo con recursos propios” y atribuyeron la responsabilidad por la seguridad al gobierno provincial. “La seguridad requiere acciones inmediatas y es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, concluyeron.

El caso

Ojeda fue asesinado el lunes por la noche en la esquina de Polonia y Piñero, en Sol y Verde, cuando regresaba del gimnasio. Dos delincuentes que se movilizaban en moto y llevaban indumentaria similar a la de repartidores lo interceptaron para robarle el vehículo.

Según la reconstrucción inicial, el joven intentó escapar y recibió un disparo por la espalda. Los agresores se llevaron su moto y huyeron. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

A siete meses de haberse notificado que Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, se había fugado de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, el peligroso delincuente fue recapturado este martes por la tarde en las inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera.

Según informó el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, Peloc estaba prófugo desde el 4 de abril. Además, se trata de uno de los presos de alto perfil, ya que había sido imputado como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por una tentativa de homicidio.

Desde abril, se había puesto en marcha una investigación minuciosa que incluyó análisis de las cámaras de seguridad, comunicaciones y otras medidas. Fue así que ese trabajo permitió identificar a personas del entorno del prófugo que habrían colaborado tanto en su fuga como en su permanencia en la clandestinidad.

De hecho, el fiscal Paz confirmó que, al momento de la detención, el acusado se encontraba junto a uno de sus hermanos. Luego de que se ordenara la detención e imputación de estas personas, indicaron que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará en los próximos días.

Por último, el investigador destacó la tarea de un equipo de investigadores encabezado por el comisario Mario Cortez y por personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, por hacer posible la detención.

Los detalles de la fuga y los delitos que le imputaron a Peloc

La fuga se produjo durante la madrugada del sábado 4 de abril, cuando Jonatan Jordan Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 de la Alcaidía. Mientras que Fernández fue recapturado pocas horas después, Peloc continuó prófugo.

A raíz de esto, y ante el perfil de riesgo del evadido, las autoridades también dispusieron reforzar las medidas de protección para el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y para las víctimas vinculadas a la causa.

Según publicó El Tribuno, Peloc se encontraba detenido con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El expediente está vinculado a un violento hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, en la ciudad de Salta. El acusado ya había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, circunstancia que profundizó la preocupación tras su nueva evasión.

En ese contexto, el operativo para localizarlo continuó con controles en puntos estratégicos, patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y rastrillajes en distintas zonas. En paralelo, se abrió una investigación interna para determinar cómo fue posible la fuga desde un lugar de detención bajo custodia estatal.

Además, el fiscal Paz ordenó la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. El Ministerio Público Fiscal reiteró, a su vez, el pedido de colaboración a la comunidad para aportar datos sobre el paradero del prófugo a través del 911 o en la dependencia policial más cercana.

La causa por la que Peloc estaba detenido se remonta al 15 de noviembre de 2024. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el episodio comenzó por la tarde durante una reunión familiar en la que había niños y un pelotero instalado en la vereda. En ese contexto, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer, lo que originó el reclamo de los familiares que participaban del encuentro.

Según la investigación, Peloc intervino entonces armado y lanzó amenazas antes de retirarse del lugar junto a otras personas. Más tarde, ya por la noche, regresó acompañado por los demás implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

De acuerdo con la pesquisa, el grupo efectuó disparos primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido se inició en el domicilio de Peloc, alias “Camboya”, y se extendió hasta el pasaje Boedo, generando una grave situación de riesgo para vecinos, familias y menores de edad que se encontraban en la zona.

Como consecuencia del ataque, un joven de 24 años recibió un disparo en el tórax con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica.

Además, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas, mientras que otra víctima presentó un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante y pérdida de conocimiento. Durante el mismo hecho, también fue asesinado de un disparo un perro.

En la escena se secuestraron 18 vainas servidas, incorporadas luego a la causa como prueba. La investigación también incluyó declaraciones testimoniales, análisis de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, estudios de biología molecular e informática forense, además del análisis de registros del sistema 911.

Según los investigadores, esas tareas permitieron reconstruir la dinámica del ataque, determinar el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y localizar a Peloc, quien había permanecido prófugo hasta su detención del 3 de febrero.

Finalmente, el 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), logró imputar a Peloc por amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todo en concurso real.

Por la misma causa, también quedaron detenidos con prisión preventiva e imputados otros tres hombres, de 22, 19 y 25 años, acusados por los mismos delitos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único imputado de este expediente que permanecía evadido.

La excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, Amy Navarrete Arriola, fue asesinada a balazos la noche del martes 8 de septiembre durante la celebración tradicional del “Lavado de Ollas” en la comunidad de Paso Guayabo, Oaxaca. En el ataque también murieron su fotógrafo y un tercer hombre que permanece sin identificar oficialmente.

De acuerdo con la información de medios locales, dos sujetos armados llegaron en una camioneta y dispararon justo en la entrada de Paso Guayabo, donde se realizaba la fiesta patronal del pueblo en honor a la Virgen de la Natividad. Según testimonios los agresores abrieron fuego directamente contra Navarrete Arriola.

Inicialmente trascendió que Navarrete había sido trasladada para recibir atención médica tras el ataque. Minutos después se confirmó que las heridas por los impactos de bala le habían provocado la muerte en el lugar. Los cuerpos de las tres víctimas quedaron tendidos en la zona de la celebración, rodeados de casquillos de bala que después fueron recolectados como indicios.

Era excandidata del PVEM y habría buscado una nueva postulación

Amy Navarrete Arriola era originaria de Matías Romero, maestra en Derecho y madre de familia. Su participación en la vida pública del municipio era constante: compartía en redes sociales su presencia en eventos culturales y comunitarios ligados a la promoción de su tierra natal.

En la elección municipal anterior contendió por la presidencia de Matías Romero bajo las siglas del PVEM. Según medios, se dice de manera extraoficial que para el proceso electoral 2026-2027 se habría convertido en aspirante del PAN a la misma alcaldía.

El crimen ocurrió apenas 24 horas después del arranque formal del proceso electoral en Oaxaca.

Cabe destacar que en el 2021 el esposo de Navarrete, Enrique Pacheco, fue asesinado a balazos, lo que alimentó la hipótesis de si el caso pudiera estar relacionado.

La Fiscalía investiga el triple homicidio

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó las primeras acciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec. Un equipo multidisciplinario acudió al sitio para acordonar el área, procesar la escena del crimen y realizar el levantamiento de los cuerpos.

En su comunicado oficial, la Fiscalía precisó que “un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas”. Según el documento de la FGEO, en el lugar murieron una mujer identificada con las iniciales A.N.A. y un hombre con las iniciales F.M.M., señalado por medios locales como el fotógrafo de la excandidata.

La tercera víctima masculina permanece, de acuerdo con la Fiscalía, en calidad de desconocida. Extraoficialmente, algunos medios identificaron a esta tercera víctima como “Carlos N.”.

Elementos de la Policía Estatal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron para establecer un perímetro de seguridad y recabar indicios relacionados con el ataque. Los datos preliminares indicaron que los agresores huyeron en una camioneta cuyas características se desconocen.

Diputada y gobernador exigen justicia

El gobernador Salomón Jara Cruz se pronunció a través de sus redes sociales. “Condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Paso Guayabo, Matías Romero, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida”, escribió el mandatario estatal.

Jara Cruz afirmó que instruyó mantener presencia y coordinación permanente en la zona tras el ataque. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en Paso Guayabo y sus alrededores. “En Oaxaca, no habrá impunidad”, concluyó el gobernador en su publicación.

La diputada federal Aracely Cruz condenó el asesinato en un comunicado difundido horas después del ataque. “Tuve el gusto de conocer a Amy y lamento profundamente su muerte. Duele y lastima que la violencia haya truncado la vida, los sueños y las aspiraciones de una mujer que decidió participar en la política”, escribió la legisladora.

Cruz exigió a la Fiscalía y a las autoridades competentes “una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género”. “Basta de maquillar cifras y simular resultados: deben esclarecer este crimen y todos los anteriores. Exigimos justicia. La democracia no puede escribirse con sangre ni sobre los cuerpos de las mujeres”, añadió en su mensaje.

Organizaciones como Sabuesos Guerreras, A.C. también lamentaron el asesinato.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz permanece en suspenso y, por el momento, no tiene una fecha confirmada para la próxima audiencia. Este martes, sin embargo, se produjo el primer avance para destrabar el debate: fue sorteado el juez que deberá resolver la recusación presentada por la defensa contra los integrantes del TOC N°29.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, la Oficina Judicial de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional realizó el sorteo correspondiente, que determinó que Gustavo Bruzzone, titular de la Vocalía N°2, intervendrá de manera unipersonal para analizar el planteo.

Aunque todavía no existe una convocatoria oficial, entre las partes ya circulan algunas estimaciones sobre cuándo podría retomarse el juicio. Algunas fuentes creen que, si Casación resuelve rápidamente, el debate podría reanudarse el lunes o el miércoles de la semana próxima. Otras evitaron arriesgar una fecha.

Sin embargo, dos fuentes consultadas por este medio señalaron que existe un límite de diez días hábiles para la interrupción del debate. Una de ellas sostuvo que Casación debería expedirse antes de que se cumpla ese plazo porque, de lo contrario, el juicio podría quedar anulado.

El cómputo de esos diez días también podría convertirse en materia de discusión. Una fuente cercana a la defensa del músico explicó a Infobae que consideran discutible desde qué momento debe contarse la interrupción: si desde el miércoles 2 de septiembre, cuando Álvarez se descompensó y la audiencia terminó antes de que declararan todos los testigos citados para esa fecha, o desde este lunes 7 de septiembre, cuando la recusación contra los jueces provocó una nueva suspensión.

“Si el juicio se para más de diez días, se cae”, sostuvo la fuente, aunque reconoció que existe una discusión “muy técnica” respecto del momento a partir del cual debe comenzar a computarse ese período.

El planteo que frenó el juicio

La recusación fue presentada este lunes, durante una audiencia que ya había comenzado con un fuerte cruce entre la defensa, la fiscalía y el tribunal por el estado de salud de Álvarez.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron nuevamente que se suspendiera el juicio. Para fundamentarlo, presentaron un estudio realizado después de la descompensación que sufrió el músico durante la audiencia del 2 de septiembre, cuando debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

Baños sostuvo que el informe advertía sobre “un consumo anárquico de medicamentos que representa un riesgo para su salud psicofísica”, además de un posible “riesgo de vida”, y recomendaba evitar situaciones que implicaran una sobrecarga cognitiva.

El fiscal Sandro Abraldes se opuso y consideró que no existía un hecho nuevo que justificara volver a discutir la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso. “Parecería que a la defensa no le basta con la vía recursiva. A la defensa no le gusta que este juicio se haga”, afirmó.

Luego de deliberar, el TOC N°29 rechazó el pedido de suspensión. Su presidente, Gustavo Goerner, sostuvo que la descompensación de la audiencia anterior no modificaba las evaluaciones realizadas previamente sobre la capacidad del acusado.

También cuestionó la reiteración de planteos y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada: “Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”.

El juez recordó además que el tribunal ya autorizó al músico a no permanecer dentro de la sala durante toda la audiencia si su estado físico o psíquico no se lo permite y planteó la posibilidad de que siga el debate desde otro lugar acompañado por sus abogados. “Estoy viendo acá que hay varios letrados que podrían acompañarlo en su domicilio, en una sala, y podrían explicarle”, señaló.

Luego fue más enfático: “No está en condiciones, pero lo traen. No es el TOC ni los acusadores los que ponen en riesgo a Álvarez. Es nuestro deber resguardarlo”.

Cuando parecía que finalmente comenzarían a declarar los testigos convocados para ese lunes, la defensa volvió a pedir la palabra y solicitó apartar tanto a Sandro Abraldes como a los tres integrantes del TOC N°29. El tribunal rechazó las recusaciones, pero el planteo contra sus propios jueces debió ser elevado para su revisión.

Por ese motivo, la audiencia quedó suspendida y ninguno de los testigos previstos llegó a declarar.

Uno de los argumentos de la recusación

Entre los argumentos que expuso para intentar apartar a los integrantes del TOC N°29, la defensa del músico cuestionó lo ocurrido durante la descompensación de Álvarez en la audiencia del 2 de septiembre.

Al fundamentar la recusación, el abogado Javier Baños sostuvo que, en el momento en que el cantante era asistido, integrantes de la defensa quedaron fuera de la sala y no pudieron ingresar, mientras que en el interior permanecieron los jueces y el representante del Ministerio Público Fiscal. Para el abogado, esa situación constituyó un indicio de que podría haberse vulnerado “el principio de igualdad de armas”.

El planteo fue rechazado por Goerner. El magistrado sostuvo que el tribunal no había advertido que se hubiera mantenido apartada a la defensa y pidió a los abogados que, si una situación de esas características volvía a producirse, se lo hicieran saber en ese momento.

Ahora, una fuente del entorno de Álvarez aseguró a Infobae que la defensa analiza ofrecer como testigos a los abogados que aseguran haber presenciado aquel episodio, entre ellos Baños, para respaldar su versión sobre lo ocurrido.

La recusación contra los jueces quedó en manos de Bruzzone, quien deberá resolver si existen motivos para apartar a los integrantes del TOC N°29 o si corresponde rechazar el planteo. Mientras tanto, el debate continúa suspendido y todavía no hay fecha para su reanudación.

David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años, vendía artículos por Internet y usaba su moto para trabajar y trasladarse. En su rutina también había lugar para el gimnasio y las tardes de PlayStation con sus amigos. El lunes por la noche, cuando regresaba de entrenar, dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron en Sol y Verde, José C. Paz, y lo asesinaron de un disparo por la espalda para robarle el vehículo.

Quienes lo conocían lo llamaban “Tito”. Entre ellos estaba Thiago, uno de sus amigos más cercanos, con quien compartió tres meses de convivencia junto a otro joven el año pasado. Este martes, Thiago lo recordó con dolor. “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, dijo a TN.

Thiago contó que Elías trabajaba por su cuenta y que la moto que le robaron también era una herramienta para su actividad comercial. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, relató.

Su padre, José Luis, coincidió en esa descripción. Dijo que su hijo no tomaba alcohol ni fumaba y recordó cómo organizaba sus días: “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”.

Horas antes del crimen, “Tito” había estado en la peluquería de un amigo. Se cortó el pelo, jugó un rato a la PlayStation y anunció que se iba a entrenar. Thiago recordó la despedida: “A las siete de la tarde me dijo: ‘Voy al gimnasio y vengo’. Y no vino más”.

Los recuerdos de sus allegados también aparecieron en las redes sociales. “Sus amigos y familiares están destruidos”, expresó Paola, tía de uno de los amigos del joven, en su cuenta de Facebook. “Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, sostuvo la mujer.

“¡Queremos Justicia para Tito! Tenía toda una vida por delante. No tenía maldad, era un chico sano y con ganas de vivir”, compartió otra conocida de la víctima.

Los mensajes de despedida se combinaron con pedidos para que encontraran a los responsables. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, expresó José Luis ante TN.

Al reclamo de la familia se sumaron los vecinos del barrio. “Hay que ir a manifestarnos todos al municipio. Hacernos escuchar”, escribió uno de ellos.

Los familiares y amigos de Ojeda adelantaron que el miércoles, a las 19 horas, harán una manifestación, con corte de tránsito sobre la Ruta 197, para pedir justicia por “Tito”, reclamar avances en la investigación y exigir mayor seguridad en el barrio.

El caso

El hecho ocurrió el lunes por la noche, a las 21.28, según el horario que muestra la cámara de seguridad que registró el ataque, en la esquina de las calles Polonia y Piñero, en la localidad de Sol y Verde. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Ojeda regresaba a su casa tras salir del gimnasio cuando fue perseguido por dos motochorros. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregara el vehículo. Cuando la víctima intentó escapar, recibió un disparo en la espalda. La grabación muestra cómo cayó sobre la vereda tras el ataque. Los agresores se llevaron su moto y escaparon.

Minutos después, llegó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Mercante, donde constataron su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa y dispuso la realización de la autopsia.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los sospechosos. Hasta el momento, no hay detenidos y la moto no fue recuperada.

Cumplimiento del mandamiento judicial en prisión

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, elementos de la corporación cumplimentaron la orden en reclusión, es decir, dentro del propio penal donde Elías “N” permanecía desde días antes. El detenido, al parecer, hacía funciones de escolta de la víctima al momento de los hechos.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial el mandamiento por el delito de homicidio, luego de que las indagatorias lo ubicaran como probable responsable. Por este delito, Elías “N” podría recibir una sentencia condenatoria de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía precisó que el señalado deberá ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario, en apego al principio constitucional que rige los procesos penales en México.

Con la cumplimentación de la orden, el caso pasa ahora a la etapa judicial, donde se definirá la situación jurídica del acusado por el homicidio de Farath Coronel, de manera independiente al proceso que ya enfrentaba por delitos contra la salud.

Reconstrucción del homicidio en Cuautitlán Izcalli

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre, cuando la víctima se encontraba en su domicilio de la colonia Bosques del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en compañía de varios colaboradores, entre ellos el propio Elías “N”.

Según las indagatorias de la Fiscalía, la víctima y el hoy detenido habrían iniciado una discusión. En algún momento de ese altercado, Elías “N” habría sacado un arma de fuego y disparado contra Farath Coronel, lo que le provocó la muerte.

El homicidio de Farath Coronel, alias “La Diabla”, fue perpetrado por quien se desempeñaba como su elemento de seguridad tras una discusión dentro del domicilio de la víctima en Cuautitlán Izcalli. El agresor disparó un arma de fuego, sustrajo pertenencias del inmueble y escapó en una camioneta de la propia víctima, según confirmó la Fiscalía mexiquense.

Tras el ataque, el señalado habría sustraído diversas pertenencias de la víctima antes de huir del lugar. Para escapar, utilizó una camioneta que era propiedad de Farath Coronel, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que maneja la Fiscalía.

Al tener conocimiento del homicidio, la corporación inició las indagatorias correspondientes. Ese proceso de investigación permitió identificar a Elías “N” como probable responsable de los hechos, lo que derivó en la solicitud de la orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

Quién era Farath Coronel y su relación con el detenido

Víctor Manuel Sixtos Vázquez era reconocido públicamente por sus servicios en temas de numerología y actividad paranormal. Utilizaba los nombres artísticos de “Farath Coronel” y “La Diabla” para su actividad profesional.

La víctima también era activista de la comunidad LGBTIQ+, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía mexiquense sobre su perfil público.

Elías “N”, el hoy detenido, formaba parte del círculo cercano de colaboradores de Farath Coronel. Según las indagatorias, hacía funciones de escolta de la víctima, lo que explica su presencia en el domicilio al momento de la discusión que derivó en el homicidio.

Antecedente penal previo del detenido

El mismo 4 de septiembre, tras el homicidio, Elías “N” fue detenido por delitos contra la salud. Fue presentado ante el Ministerio Público por esta causa.

Como parte de ese proceso, el señalado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, a disposición de un juez. Se encontraba recluido ahí por este delito cuando se cumplimentó la nueva orden de aprehensión.

Fue precisamente en ese centro penitenciario donde la Fiscalía ejecutó el mandamiento judicial correspondiente al homicidio de Farath Coronel, según informó la corporación. De esta manera, Elías “N” enfrenta ahora dos procesos penales de forma paralela: uno por delitos contra la salud y otro por el homicidio de la víctima a quien brindaba servicios de seguridad.

Conocido como “Tito”, Elías tenía 23 años y trabajaba por cuenta propia. Este martes, uno de los amigos con los que había pasado sus últimas horas lo recordó en medio de la conmoción por el crimen. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, relató Thiago en declaraciones a TN.

Según contó, Elías no fumaba, no tomaba alcohol, trabajaba vendiendo artículos por Internet y usaba la moto tanto para su actividad comercial como para trasladarse.

La amistad también los había llevado a compartir tres meses de convivencia junto a otro amigo el año pasado. “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, expresó.

Al dolor por la pérdida se sumó el de ver la grabación del ataque. Thiago aseguró que se escucha a Elías decir “Disculpá, disculpá, amigo” después del disparo. “Y ahí se llevaron la moto y como si nada. Ni lo miraron”, agregó.

El reclamo de su amigo se sumó al de José Luis, el padre de la víctima, quien también habló ante las cámaras de TN: “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”.

El hombre recordó que su hijo iba al gimnasio por las tardes y trabajaba de día. Indignado por el ataque, expresó: “Que estas ratas inmundas lo maten por la espalda, porque son larvas, son ratas... estoy re caliente”.

El pedido de justicia

Otros allegados a Elías acompañaron a la familia y pidieron que el crimen no quedara impune. Entre ellos estaba Paola, tía de algunos de sus amigos. “Siento mucha impotencia por cómo lo mataron. Queremos que esto no quede impune, hacer justicia por él y que la familia tenga un poco de paz”, expresó.

La mujer anunció que planeaban manifestarse por el crimen: “Vamos a cortar 197 pidiendo justicia y más seguridad, porque esto no puede quedar así”.

Junto con la bronca, los testimonios reflejaron el miedo a sufrir un ataque similar. Leila, prima de uno de los amigos de la víctima, dijo: “Le podría haber pasado a cualquiera”. Además contó que enteró del crimen la noche anterior, a través de sus primos. “Ver cómo lo matan por una moto... La verdad es horrible”.

Esa preocupación también apareció entre los repartidores de la zona que se acercaron al lugar preocupados por la inseguridad. Uno de ellos expresó: “Ya no nos preocupamos por llegar a la semana o a fin de mes, sino de volver a nuestras casas”.

Cómo fue el ataque

El crimen ocurrió el lunes por la noche, en la esquina de las calles Polonia y Piñero. Según reconstruyeron fuentes judiciales consultadas por Infobae, los dos sospechosos se movilizaban en moto, llevaban indumentaria similar a la de los repartidores de aplicaciones de delivery y amenazaron a Elías con un arma de fuego para que entregara el vehículo.

La víctima intentó escapar. Recibió un disparo por la espalda, cayó sobre la vereda y los agresores huyeron con la moto. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona. Según el horario que muestra el registro, el ataque ocurrió a las 21.28.

Tras escuchar el disparo desde su casa, una vecina salió a ver qué había ocurrido y fue una de las primeras en acercarse. En declaraciones a TN, contó que pensó que había pasado algo en su propiedad. “Cuando llegué vi a un chico tendido en el piso”, relató. La mujer dijo que, junto con el personal policial, intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP.

También señaló que, por la posición en que cayó Elías, no había lesiones visibles en la parte frontal. “Si ustedes ven el video se van a dar cuenta que cuando él viene, cruza un auto, cruza para acá, ahí se siente el disparo”.

Una ambulancia llegó minutos después y trasladó al joven al Hospital Mercante, donde murió al ingresar.

La causa está caratulada como homicidio criminis causa y es investigada por la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y reconstruir su recorrido. Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

Un juez con sede en Ecatepec vinculó a proceso a David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba que sustentaron la medida, luego de que el detenido fuera aprehendido por su probable intervención en el crimen ocurrido el pasado 23 de julio de 2026 en el municipio mexiquense.

El homicidio se registró en la colonia Granjas de Guadalupe, cuando Padilla se trasladaba a bordo de su propio vehículo para cumplir con compromisos laborales. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo la Fiscalía, David “N” conducía el automóvil en el que viajaban dos sujetos más, quienes interceptaron al músico con el objetivo de despojarlo de sus pertenencias.

Tras conocer los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó vincular a proceso al detenido y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, además de imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar mientras avanza el procedimiento penal en su contra. Con esta resolución, el caso entra en una nueva etapa judicial, luego de la aprehensión del señalado.

Cómo ocurrió el ataque contra el músico y locutor

Según las indagatorias, tres hombres cerraron el paso al vehículo de Padilla para obligarlo a detenerse en plena vía pública. Según narró la Fiscalía, dos de los sujetos descendieron de la unidad en la que se desplazaban y accionaron un arma de fuego contra la víctima, quien perdió la vida en el sitio del ataque sin que se le pudiera brindar auxilio médico.

Los agresores huyeron inmediatamente después de la agresión armada.

La FGJEM inició las diligencias correspondientes al tomar conocimiento del homicidio y, tras varias semanas de investigación, logró identificar a David “N” como uno de los probables responsables del crimen. Con esa información, la dependencia solicitó ante un juez de control la orden de aprehensión, la cual fue posteriormente ejecutada por elementos de la corporación estatal en un operativo que culminó con el ingreso del detenido al sistema penitenciario.

Esto dijo el nieto de la víctima sobre las indagatorias

Jonathan Padilla, nieto de Sergio “Checo” Padilla, difundió un primer video en Facebook el 27 de julio, cuatro días después del homicidio, en el que pidió apoyo para difundir el caso y exigió justicia a la FGJEM y a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez. En esa grabación relató que su abuelo “iba a trabajar” cuando los agresores se le acercaron para dispararle, y afirmó que hasta ese momento no había nada claro sobre lo ocurrido.

Tres días después, el 30 de julio, Jonathan publicó un segundo video en el que relató que, a ocho días del crimen, se acercaron a la familia el Ayuntamiento de Ecatepec, a través del área de Prevención del Delito, además de elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y autoridades del gobierno del Estado de México.

De acuerdo con el joven, esas instancias garantizaron a la familia un trabajo expedito para esclarecer los hechos y detener a los responsables del asesinato de su abuelo. Jonathan reconoció que hubo un avance en las diligencias, aunque aclaró que no se trataba todavía del resultado que la familia esperaba en materia de justicia.

En esa segunda grabación, Jonathan señaló que las cámaras del C5 no sirvieron para documentar el ataque, y que las cámaras instaladas en la camioneta de su abuelo también quedaron destruidas durante la agresión. “No hay un material”, afirmó, en referencia a la ausencia de registro directo del crimen a través de esos sistemas de videovigilancia.

Pese a esas fallas, el nieto sostuvo que las autoridades sí lograron obtener material gráfico por otras vías, con el cual buscaban establecer la línea y la ruta por la que los agresores habrían escapado del lugar del crimen.

“Ahora confiar un poco en que las autoridades van a hacer su trabajo y detener a los asesinos de mi abuelo”, expresó al cierre de su mensaje, luego de agradecer las muestras de solidaridad recibidas de parte de la comunidad y de personas cercanas a su abuelo.

Qué pena enfrenta el señalado y qué sigue en el proceso

En caso de resultar declarado culpable al término del proceso, David “N” podría ser sentenciado a una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio. La FGJEM subrayó en un comunicado compartido este 8 de septiembre que el detenido debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme, en apego al principio de presunción de inocencia que rige el sistema penal mexicano.

Con la prisión preventiva oficiosa ya establecida, el caso entra en la etapa de investigación complementaria, la cual, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, corre desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación. Al concluir ese plazo, si el Ministerio Público estima que existen elementos suficientes, presentará la acusación, con lo que el proceso pasará a la etapa intermedia, donde se depurarán las pruebas hasta el auto de apertura a juicio oral, instancia en la que un Tribunal determinará la responsabilidad penal de David “N”.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la víctima, identificada como David Elías Ojeda Vázquez, circulaba por el barrio cuando fue perseguido por dos delincuentes que también se movilizaban en moto. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los atacantes interceptaron a Elías en la esquina de las calles Polonia y Piñero y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara el vehículo. La víctima intentó escapar, pero recibió un disparo por la espalda. El joven cayó sobre la vereda y los agresores escaparon llevándose la moto.

Una ambulancia llegó al lugar minutos después y trasladó al herido al Hospital Mercante. Elías, sin embargo, falleció al llegar como consecuencia de la lesión.

El hecho es investigado por la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los autores del homicidio. Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

La causa está caratulada como homicidio criminis causa. Familiares y amigos de la víctima preparan movilizaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar avances en la investigación.

El caso generó conmoción en el barrio de la familia. José Luis, el padre de “Tito”, como le decían a la víctima, habló ante las cámaras de TN. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, dijo.

Además, dijo que espera que las autoridades sepan las cosas que pasan en el barrio y que “no se hagan los pelotudos”. José Luis se emocionó al recordar a su hijo, aseguró que era un chico sano que no consumía ni alcohol ni fumaba.

“Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día. Que estas ratas inmundas lo maten por la espalda, porque son larvas, son ratas... estoy re caliente”, cerró con una bronca latente que se notaba en su forma de hablar.

Junto a la familia se encontraban varios vecinos que trabajan realmente de repartidores y que estaban con sus motos. Uno de ellos aseguró que este tipo de casos les genera indignación y miedo porque creen que les podría pasar a ellos también. “Ya no nos preocupamos por llegar a la semana o a fin de mes, sino de volver a nuestras casas”, sentenció.

En La Plata estaba por abrir su gimnasio y le robaron la moto

El pasado 2 de septiembre, el dueño de un gimnasio fue asaltado por dos motochorros a la salida de su local en La Plata. Los delincuentes le sustrajeron el celular, la documentación y su moto.

El episodio tuvo lugar cerca de las 7 en la zona de 72 entre 25 y 26. Para obligar a la víctima a retroceder, los atacantes abrieron fuego.

El hombre acababa de arribar al lugar cuando lo sorprendieron al descender de su vehículo. Según el relato al que accedió el medio local 0221, los delincuentes se movilizaban en una moto 110 blanca, detuvieron la marcha a su lado y actuaron con velocidad para consumar el robo. En cuestión de segundos, le quitaron su moto Boge 500 negra junto a los efectos personales que tenía encima.

Los disparos apuntaron hacia sus piernas, aunque la víctima no presentó lesiones. Con el vehículo en su poder, los asaltantes huyeron por calle 72 a contramano con rumbo al cementerio. Hasta ahora, ninguna fuente oficial confirmó su identificación ni su detención. Tampoco se divulgaron precisiones sobre un posible seguimiento por cámaras de seguridad o indicios que permitan reconstruir el recorrido posterior a la fuga.

La pesquisa deberá avanzar sobre la identidad de los autores y el destino final del rodado sustraído.

Un hombre de 27 años fue condenado a 30 años de prisión por el femicidio de su expareja, una joven de 21 años asesinada con un cuchillo en Pocrí, distrito de Aguadulce. El sentenciado aceptó su responsabilidad durante la audiencia intermedia celebrada en la provincia de Coclé.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena, equivalente a 360 meses, fue validada después de que la Fiscalía imputara los delitos de femicidio y violencia de género. El tribunal también prohibió al agresor portar armas de fuego durante 10 años después de cumplir la sanción principal.

El crimen ocurrió durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. El hombre citó a la víctima en el parque de Pocrí con el argumento de conversar y, una vez reunidos, la atacó con un arma blanca. La joven murió mientras era trasladada al Hospital Rafael Estévez.

La Fiscalía señaló los celos como el detonante del ataque, aunque esa referencia no reduce ni justifica la responsabilidad del agresor. La violencia ejercida contra parejas o exparejas constituye uno de los elementos considerados para clasificar una muerte como femicidio, cuando existe una relación de poder o discriminación basada en el género.

La pena impuesta se encuentra en el límite máximo del rango ordinario establecido para el femicidio en Panamá. El artículo 132-A del Código Penal contempla entre 25 y 30 años de cárcel cuando la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja o intimidad afectiva con el agresor.

Panamá acumuló hasta el 31 de julio de 2026 13 víctimas de femicidio, frente a nueve durante igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 44%. El Ministerio Público también contabilizó 17 tentativas, casi el doble de las nueve reportadas un año antes, y 10 muertes violentas de mujeres no clasificadas como femicidios.

Los meses con mayor incidencia fueron marzo, con cuatro víctimas, y junio, con tres. En enero se registró un caso; febrero y mayo sumaron dos cada uno, mientras abril reportó uno y julio cerró sin nuevos femicidios confirmados. Las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones de los fiscales.

La distribución territorial muestra tres casos en la provincia de Panamá y otros tres en San Miguelito, contabilizado separadamente en el informe. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos cada uno, mientras Coclé, Colón y Veraguas reportaron una víctima respectivamente. En San Miguelito, el número se triplicó frente al mismo periodo de 2025.

Las armas de fuego fueron utilizadas en seis de los 13 femicidios registrados hasta julio, mientras dos mujeres murieron por ataques con armas blancas. Otros tres casos fueron causados por asfixia mecánica, uno por incendiarismo y otro permanecía sin determinar, de acuerdo con la clasificación preliminar del Ministerio Público.

Las estadísticas muestran que la violencia femicida alcanza a mujeres de edades muy diferentes. Hasta julio de 2026, las víctimas incluían dos jóvenes de 18 a 24 años, tres mujeres de 35 a 39 y dos de 40 a 44, además de dos menores de edad y dos adultas mayores.

Durante 2026 también se han dictado otras condenas relevantes. El mismo 7 de septiembre, un tribunal impuso 25 años de cárcel por el femicidio de una joven de 20 años ocurrido en Altos de Los Lagos, Colón. La víctima recibió múltiples disparos en febrero de 2023, y el responsable fue declarado culpable durante un juicio oral.

En marzo, otro hombre fue sentenciado a 25 años por matar mediante asfixia a una mujer costarricense cuyo cuerpo fue encontrado en un hospedaje de Golfito, Costa Rica. El agresor, de nacionalidad panameña, fue capturado en Chiriquí y aceptó su culpabilidad mediante un acuerdo de pena.

La justicia también condenó en abril a un hombre a 14 años de prisión por intentar asesinar a su expareja con un cuchillo en Belisario Frías, San Miguelito. La víctima sufrió heridas en la mano, el rostro y el cuello, pero sobrevivió al ataque, mientras el agresor terminó entregándose a las autoridades.

La dimensión del problema supera las fronteras panameñas. Los datos regionales más recientes indican que al menos 3,770 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o violencia letal de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe durante 2024, equivalente a por lo menos 11 muertes cada día.

En los últimos cinco años, la región acumuló más de 19,200 asesinatos de mujeres por razones de género. Las diferencias legales y estadísticas entre países impiden comparaciones completamente uniformes, pero el volumen muestra que las condenas, aunque necesarias, deben acompañarse de prevención, protección temprana y atención efectiva de las denuncias.

Jesús Vergara, conductor de una plataforma de transporte, se convirtió en la cuarta persona imputada por el asesinato del empresario suizo-español Miguel Ángel González, ocurrido el 15 de abril en la ciudad de Panamá. El nuevo investigado se entregó voluntariamente a las autoridades después de permanecer requerido por el caso.

El juez de garantías Eric González legalizó su aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó su detención provisional mientras continúa la investigación. La audiencia se desarrolló durante aproximadamente cuatro horas en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde la Fiscalía presentó los elementos que presuntamente lo vinculan con el ataque.

Vergara fue imputado por los delitos de homicidio doloso agravado y robo en grado de tentativa, según confirmó Martín Caicedo, abogado querellante de la familia. La medida cautelar implica que permanecerá recluido mientras los fiscales reconstruyen su presunta participación en el seguimiento y la interceptación de la víctima.

La investigación sostiene que Vergara conducía un Nissan Versa utilizado para perseguir el Kia Sportage gris de González. El vehículo habría impactado por detrás el automóvil del empresario en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, como parte de una maniobra destinada a detenerlo y apoderarse del cargamento.

González regresaba de retirar 77 kilos de plata que habían llegado del extranjero, valorados dentro de la investigación en aproximadamente $300 mil. La principal hipótesis apunta a que los responsables recibieron información previa sobre el traslado y organizaron una operación coordinada para seguirlo desde varias horas antes.

Los investigadores analizan videos que presuntamente muestran una caravana de automóviles siguiendo los desplazamientos del empresario. Uno de los vehículos habría interrumpido el tránsito frente a un camión, obligando a González a reducir la velocidad, mientras el Nissan Versa conducido supuestamente por Vergara lo colisionaba desde la parte posterior.

Tras detenerlo, los atacantes intentaron abrir las puertas del automóvil para retirar la plata, pero un desperfecto habría impedido acceder rápidamente al interior. Según la versión presentada por los abogados de la familia, los agresores interpretaron que González se resistía y abrieron fuego repetidamente contra el vehículo.

Los peritos de Criminalística recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego en la escena y documentaron numerosos impactos en el automóvil. González recibió heridas de bala en la espalda, la cadera y el muslo izquierdo, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un poste.

El empresario fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 12:25 de la tarde. Las primeras versiones indicaron que algunos atacantes utilizaban prendas y chalecos similares a los policiales, un elemento que reforzó la hipótesis de una acción previamente planificada.

Pese al avance de las pesquisas, todavía no se ha determinado quién realizó los disparos que causaron la muerte de González. La Fiscalía deberá establecer la función atribuida a cada sospechoso, identificar al autor material y comprobar si todos conocían previamente el propósito del seguimiento y el intento de robo.

Las otras tres personas vinculadas judicialmente son Cristopher Robert, identificado como funcionario del Municipio de Panamá; Aristides Ardines Gómez y Yamizuri Elizabeth Gómez. Robert y Ardines permanecen bajo detención provisional por decisión de una jueza de garantías, mientras Gómez recibió arresto domiciliario durante el desarrollo de la investigación penal.

Los tres primeros investigados fueron aprehendidos mediante la Operación Destello, ejecutada casi cinco meses después del homicidio. Las diligencias se desarrollaron en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito, con participación de la Fiscalía Metropolitana, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Después del ataque, varios de los presuntos participantes se habrían dirigido hacia el sector de San Pedro, donde opera la pandilla Los Galácticos. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si el crimen fue organizado directamente por esa estructura o si algunos sospechosos mantienen vínculos individuales con sus integrantes.

La investigación también busca determinar quién proporcionó la información sobre el traslado de la plata. Ese posible “soplo” resulta decisivo para explicar cómo los atacantes conocieron el recorrido, el momento del retiro y el vehículo utilizado por González, además de precisar si participaron personas relacionadas con la operación comercial.

González tenía 60 años y acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc., una casa de valores establecida en Panamá, y también prestaba asesoría a la Superintendencia de Bancos.

La incorporación de Vergara amplía a cuatro el número de imputados, pero el expediente continúa abierto y podrían producirse nuevas aprehensiones. Los fiscales todavía deben localizar a otros posibles participantes, y demostrar quién planificó la operación, quién filtró los movimientos del empresario y quién ejecutó materialmente el ataque armado.

Después de dos años, un mes y 16 días desde el asesinato de Eneritz Argintxona Fraile, su familia cuenta con una decisión que permite cerrar una de las etapas judiciales más dolorosas. Un Tribunal de Apelaciones confirmó 48 años de prisión para cada uno de los dos responsables del crimen cometido en Panamá.

La turista española fue asesinada el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro, mientras recorría Centroamérica. Los condenados, de 24 y 39 años, la golpearon para apoderarse de sus pertenencias y dejaron su cuerpo en un paraje cercano al mar.

El cadáver fue encontrado el 26 de julio, tres días después de que la joven fuera vista con vida por última vez. Residentes del área alertaron a las autoridades sobre el hallazgo en una playa, mientras familiares y amigos participaban desde la distancia en la búsqueda iniciada tras perder contacto con ella.

Argintxona Fraile tenía 30 años y era originaria de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco. Se hospedaba en un hostal de Isla Carenero, una pequeña isla situada frente a Isla Colón, dentro de uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe panameño.

La identificación fue confirmada mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares, quienes viajaron desde España para participar en las diligencias. La autopsia estableció que la joven murió por un traumatismo craneoencefálico, descartando un accidente y orientando la investigación hacia una muerte provocada violentamente.

Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que uno de los responsables golpeó a la turista con el mango de un machete, mientras el otro se apoderó de su teléfono celular y su cámara fotográfica. Esa actuación permitió establecer la relación entre la agresión mortal y el propósito de robarle sus bienes.

La investigación incorporó más de 50 elementos, entre pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas durante el juicio oral. El expediente también incluyó inspecciones en Isla Carenero, entrevistas, recuperación de pertenencias y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima antes de ser atacada por los dos hombres.

Uno de los principales sospechosos, un hombre de 39 años conocido como alias “Leche”, fue capturado en agosto de 2024. Las diligencias permitieron posteriormente identificar y procesar al segundo implicado, hasta que ambos fueron llevados ante un tribunal por los delitos de femicidio y robo agravado.

El 28 de junio de 2026, el Tribunal de Juicio declaró a los dos acusados culpables mediante un fallo unánime sustentado en las pruebas reunidas por la Fiscalía. El 13 de julio se realizó la lectura de la sentencia, que impuso 30 años por femicidio y 18 por robo agravado.

Además de la pena de prisión, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 20 años después de recuperar su libertad. La sanción accesoria comenzará una vez que terminen de cumplir los 48 años establecidos como condena principal por el asesinato y la sustracción de las pertenencias.

Las defensas solicitaron a un Tribunal de Apelaciones que revisara el fallo emitido en primera instancia. La Fiscalía de Bocas del Toro se opuso y argumentó que existían pruebas suficientes para sostener la responsabilidad penal de ambos condenados, además de una correspondencia entre la gravedad del crimen y la extensión de las penas impuestas.

Después de escuchar a las partes, los magistrados desestimaron los planteamientos de la defensa y mantuvieron íntegramente el veredicto y las sanciones originales. La confirmación emitida el 8 de septiembre consolidó la respuesta judicial en un expediente que generó seguimiento tanto en Panamá como en España y marcó a la comunidad de Bocas del Toro.

El asesinato provocó vigil, marchas y concentraciones en Isla Carenero e Isla Colón, donde residentes, comerciantes y organizaciones comunitarias exigieron justicia para Eneritz. Las manifestaciones incluyeron flores, velas y mensajes de solidaridad dirigidos a sus familiares, además de reclamos para reforzar la seguridad en el archipiélago panameño.

El caso también abrió un debate sobre la protección de visitantes en una provincia cuya economía depende ampliamente del turismo. Tras el crimen, las autoridades reforzaron la presencia policial en diferentes puntos del archipiélago, mientras empresarios y residentes reclamaban medidas que permitieran recuperar la confianza sin minimizar la gravedad de lo ocurrido en Isla Carenero.

La decisión de segunda instancia no puede reparar la pérdida ni borrar los más de dos años transcurridos desde el asesinato. Sin embargo, para la familia representa la confirmación judicial de la responsabilidad de los dos agresores y el cierre de una etapa marcada por la búsqueda, la investigación y la espera de una condena firme.

El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.

Tres hombres enfrentan desde este lunes un proceso judicial sin jurado en Ensenada, Baja California, México, por el triple asesinato de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, y del estadounidense Jack Carter Rhoad. El inicio de este juicio marca una etapa decisiva en la investigación de estos crímenes de abril de 2024, cuando los jóvenes desaparecieron durante un viaje deportivo por la costa del Pacífico mexicano, un hecho que conmocionó a las comunidades de Australia y Estados Unidos y generó preocupación por la seguridad de los visitantes.

El proceso judicial busca esclarecer los hechos ocurridos tras dos años de instrucción, según informó CBS News. La Fiscalía sostiene que los surfistas fueron asesinados tras resistirse a un intento de robo para apropiarse de su camioneta y pertenencias, una teoría que la defensa cuestiona por la supuesta insuficiencia de pruebas.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el crimen en Baja California

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California, Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, junto con Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”, sorprendieron a los extranjeros el 28 de abril de 2024 en Punta San José, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Ensenada. Las autoridades sostienen que García intentó apoderarse de partes del vehículo en el que viajaban los turistas y, ante la resistencia de éstos, los asesinó y ocultó sus cuerpos en un pozo.

La BBC y la agencia Associated Press (AP) informaron que el vehículo de los fallecidos fue hallado incinerado cerca del lugar donde se localizaron los cuerpos el 3 de mayo de 2024, un elemento que forma parte del acervo probatorio presentado ante el tribunal.

Quiénes son los acusados y qué pruebas se presentaron en el juicio

El juicio oral, desarrollado en la ciudad costera de Ensenada, analiza la participación de García, Irineo Francisco y Ángel Jesús en el triple homicidio. El proceso judicial contempla la comparecencia de numerosos testigos para determinar las responsabilidades penales de los imputados.

Durante la primera sesión, un testigo que se identificó como el hijastro de uno de los imputados prestó declaración ante el tribunal. El testimonio, citado por The Guardian, constituye una de las piezas que los magistrados deberán valorar para establecer el grado de participación de los procesados en los eventos investigados.

Las penas posibles y la condena previa en el caso

El juicio se desarrolla tras la sentencia firme dictada el año pasado contra Ary Gisell Silva Raya. La mujer, quien fue pareja de García, admitió en un procedimiento abreviado haber instigado el robo al percatarse de que los turistas poseían objetos de valor y, tras declararse culpable de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia, recibió una condena de 20 años de prisión.

Respecto a los tres procesados actuales, la Fiscalía mantiene su acusación por homicidio y otros delitos graves. García, quien enfrenta cargos adicionales por desaparición forzada, decidió no optar por un procedimiento abreviado y someterse al juicio oral, mientras que los otros dos imputados también afrontan el proceso en el tribunal de Baja California.

Quiénes eran Jake y Callum Robinson y Jack Carter Rhoad

Los hermanos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, de 33 y 30 años, viajaron junto a su amigo Jack Carter Rhoad, de 30 años, para disfrutar de una estancia dedicada al surf. Callum Robinson se desempeñaba como jugador profesional de lacrosse en Estados Unidos, mientras que Jake Robinson se encontraba en una etapa avanzada de su formación médica en Australia.

Jack Carter Rhoad tenía planes de matrimonio cercanos al momento de los hechos. Sus familiares, incluyendo a Martin Robinson, padre de los hermanos, se trasladaron desde el extranjero hasta Ensenada para presenciar las audiencias, subrayando que su presencia busca representar a sus hijos en el proceso judicial.

Qué debe resolver el tribunal de Ensenada

El tribunal de Ensenada tiene ahora la responsabilidad de valorar los testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa para dictar sentencia.

La resolución de los magistrados, en este juicio oral sin jurado, determinará la culpabilidad de los tres imputados y marcará un punto de cierre para las familias de las víctimas, quienes han aguardado dos años por una respuesta del sistema judicial mexicano. El tribunal continúa con las audiencias para definir la responsabilidad penal en este triple homicidio.

Rodríguez fue arrestado en una vivienda de la calle Julio Acosta al 1200, en Zárate, donde se había instalado junto a su grupo familiar. La captura fue ordenada por la UFI de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Arribas.

La investigación apunta a establecer la responsabilidad de los integrantes de una banda que emboscó a Molina, de 42 años, cuando realizaba tareas de custodia y cobranzas para la firma Servicios JGV S.A.S. en la avícola Don Torres, situada sobre Juan Manuel de Rosas, en esa localidad del oeste del conurbano.

Molina, que estaba de franco y vestido de civil, había llegado al comercio a bordo de una Volkswagen Amarok blindada. Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes esperaron a que abriera el vehículo para recibir la recaudación. En ese momento, lo interceptaron, le robaron dinero en efectivo y su arma reglamentaria, una pistola Bersa.

El policía recibió impactos de bala en el tórax y en una pierna. Fue trasladado al Hospital Paroissien, pero murió poco después.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte del recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok gris utilizada por los agresores. Según los investigadores, el vehículo salió a las 11:19 de una casa ubicada en el barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita, y regresó allí cerca de media hora después del ataque.

En ese domicilio, la Policía encontró la Amarok sin dominio, que había sido denunciada como robada en Escobar. Los peritos determinaron que el vehículo había sido modificado después del crimen: le colocaron un barral, pintaron sus llantas con aerosol gris y limpiaron su interior con agua y alcohol para eliminar rastros.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una gorra con el logo de Puma, un par de guantes, muestras para análisis de ADN, documentación, teléfonos celulares, $340.000 y un pasaporte a nombre de Arnaldo Andrés Aquino, señalado como uno de los principales sospechosos.

Aquino permanece prófugo. De acuerdo con la pesquisa, tenía arresto domiciliario con monitoreo electrónico por una causa anterior iniciada en 2021, cuando fue acusado por un intento de homicidio agravado contra un integrante de una fuerza policial en El Palomar, partido de Morón.

Su madre, Celsa Amarilla, fue detenida el 22 de abril bajo la acusación de encubrimiento. Los investigadores sostienen que conocía la ausencia de su hijo del domicilio en el que debía cumplir la medida judicial.

La causa ya tiene otro detenido: Ángel Gustavo Raúl Peña, arrestado el 18 de mayo tras ser interceptado en Zárate mientras conducía una Volkswagen Amarok patente AG-317-ND.

La pesquisa estableció que esa camioneta había llegado a la vivienda de Aquino después del homicidio. Allí habrían subido varios hombres que abandonaron el lugar tras dejar la Amarok usada en el ataque.

Los investigadores también detectaron que el teléfono atribuido a Peña registró movimientos compatibles con el trayecto de fuga desde La Matanza hacia Zárate. En el operativo, la Policía secuestró $372.000, 20 dólares, dos celulares y la camioneta.

La identificación de Rodríguez surgió luego de un allanamiento realizado el 15 de julio en una vivienda de Zárate a la que había ingresado la Amarok de Peña. En ese lugar residía Walter Jonathan Aníbal Novara, a quien los investigadores vinculan con la estructura de la banda, aunque no le atribuyen participación directa en el homicidio.

A partir de datos obtenidos de una empresa de comercio electrónico, los detectives consiguieron el número telefónico utilizado por Rodríguez. El cruce de comunicaciones, antenas y videofilmaciones indicó que el aparato registró movimientos compatibles con su presencia en la camioneta de Peña durante la huida hacia Zárate.

Las imágenes comparativas también llevaron a los investigadores a concluir que Rodríguez sería uno de los hombres que disparó contra Molina durante el asalto. Con esos elementos, la fiscalía pidió su detención.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae y encubrimiento agravado. La DDI La Matanza continúa con las tareas para identificar y detener a los otros integrantes de la banda.

Molina era padre de dos adolescentes y prestaba servicio en la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

A días de que Farath Coronel, conocido como “El Brujo Mexicano” o “La Diabla”, fuera encontrado sin vida en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, un exasistente personal acusó al vidente de haberlo drogado para abusar sexualmente de él durante una ceremonia esotérica, además de someterlo a golpes, amenazas de muerte y explotación laboral mientras trabajó a su lado.

Ángel Aguilar, de 21 años, relató en entrevista con el periodista Javier Ceriani, que comenzó a trabajar para Coronel en octubre del año pasado tras responder a una publicación de Facebook en la que el vidente buscaba personal.

Aguilar contó que respondió al anuncio sin muchas expectativas, pues Coronel recibía cientos de mensajes de personas que buscaban el mismo empleo. “Fui de estas quinientas personas que le mandaban mensaje. Jamás pensé que me iba a citar”, relató.

El primer contacto ocurrió el 8 de octubre, cuando un escolta lo recogió en el parque del Deportivo Ana Gabriela Guevara para llevarlo a una entrevista. Ahí, Coronel le explicó que el trabajo consistía en levantarlo por las mañanas, prepararle café, vestirlo, limpiar veladoras, atender a los “ahijados” —como llamaba a sus clientes de consultas esotéricas— y administrar el dinero de esos servicios.

Cuotas, sueldos impagos y explotación laboral

Sobre las condiciones laborales, Ángel Aguilar denunció que Farath Coronel imponía “cuotas” de dinero que debían cobrar a los clientes, y que si no se cumplían, el vidente se negaba a pagarles el sueldo semanal. “Podía pasar semanas, cuatro semanas, cinco semanas y cuando te lo juntaba y nada, luego ni te lo completaba”, relató. Aseguró que de cuatro semanas de trabajo llegó a recibir solo 2,500 pesos.

En una de las conversaciones de WhatsApp difundidas en el programa de Ceriani, Coronel exige a Aguilar presentarse a trabajar en su día de descanso: “Si no vas, voy por ti. Y no te va a gustar cómo te voy a traer”. En otro mensaje le pide conseguir 5,000 pesos de los “ahijados” para enviar de vacaciones a su pareja, bajo amenaza de no pagarle si se negaba.

Aguilar también afirmó que muchas de las oraciones y rituales que ofrecían a los clientes como trabajos esotéricos eran textos sacados de internet o generados con inteligencia artificial. “Se pueden encontrar en Google, se pueden encontrar en ChatGPT. Las imprimía y nos hacía leerlas”, aseguró.

Según Aguilar, buena parte del dinero recaudado en las consultas se destinaba a gastos personales de Coronel, incluidos pagos con trabajadores sexuales. Aguilar también aseguró haber presenciado consumo frecuente de cocaína por parte del vidente, además de gasto constante en ropa y otros vicios.

Golpes, un vidrio clavado y escupitajos

Aguilar relató que en una ocasión, mientras comía con su tía en el cumpleaños de una prima, Coronel lo llamó exigiendo que se presentara de inmediato a trabajar. Ante la negativa, su tía tomó el teléfono para reclamarle directamente.

“Bueno, Farad, te voy a decir una cosa: él es tu empleado. Ni yo le hablo como tú le hablas. Hay derechos y hay respeto, y el respeto no se pide, se gana”, le dijo la mujer, según el relato de Aguilar. Coronel habría respondido pidiendo disculpas en el momento, aunque después reprendió físicamente a su asistente por la confrontación.

El extrabajador también describió episodios de violencia física directa. Relató que en una ocasión Coronel lo golpeó con el puño cerrado en la cara por no acomodar bien una maleta, lo que le dejó una lesión permanente. “No veo bien de un ojo. Veo todo borroso, como si me hubieran echado pintura blanca”, afirmó.

En otro episodio, Aguilar asegura que Coronel le clavó un vidrio en la pierna derecha durante un arranque de furia, después de descubrir que uno de sus escoltas —con quien mantenía una relación sentimental— había embarazado a otra mujer. “Se puso bien loco y hasta empezó a aventar cosas”, relató.

En un video difundido durante la entrevista, se escucha al vidente increpar a Aguilar por no haber retirado las etiquetas de su ropa. “¿Qué pasó? Le quitabas las etiquetas de toda la put* ropa”, se le escucha decir, antes de escupirle. Aguilar explicó que Coronel consideraba las etiquetas visibles como algo “de gente corriente” y por eso lo obligaba a quitárselas a su ropa.

La presunta violación durante una ceremonia

El testigo aseguró que durante una ceremonia religiosa se preparó una bebida para los colaboradores del vidente. Tomó su vaso “sin sospecha” y comenzó a ver todo borroso hasta perder la conciencia.

“Sentía un peso en mi pecho, como si alguien estuviera encima de mí”, narró Aguilar sobre lo que recuerda de esa noche. Al despertar, dijo, tenía rasguños y moretones desde el cuello hasta las piernas.

Días después notó una lesión en el recto que lo llevó a acudir a una farmacia con servicio médico. “Me dijo: ‘Esto es parte de una violación. Te tienes que meter cargos ante eso’”, contó sobre el diagnóstico que recibió. Aseguró que, al confrontar a Coronel, este respondió: “Ay, ¿qué quieres que haga? Ya está hecho lo que tenía que hacer”.

Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp difundidas en el programa muestran un mensaje atribuido a Coronel que dice: “Así como fácil te drogué para tenerte, así fácil hago que ya no existas”.

En otro intercambio, el vidente amenaza con enviar a sus escoltas si Aguilar decidía abandonar el trabajo: “Te juro que hago que tu desaparición sea un misterio mandándote a mis escoltas para que sepas quién es la diabla”.

Entre lágrimas, el exempleado confesó que siempre lo amenazaba con asesinar a sus primas, unas niñas de solo 8 años, aprovechándose de que sabía que el trabajador no tenía papás y solo contaba con el apoyo de su tía.

Qué se sabe de la muerte de Farath Coronel y Elías “N”, su escolta detenido

El cuerpo de Farath Coronel, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, fue localizado el 4 de septiembre en su domicilio de la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli. Un amigo del vidente encontró el cuerpo alrededor de las 11:00 horas, con lesiones provocadas por arma de fuego.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli confirmó que policías municipales atendieron un reporte por una persona lesionada con arma de fuego en la zona. Al llegar los servicios médicos, se determinó que la víctima ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició la investigación correspondiente por homicidio.

Antes del ataque, circuló un video de una transmisión en vivo donde Coronel reprende con dureza a dos de sus escoltas por el manejo de un arma larga, y otro material donde exige lealtad absoluta a su personal de seguridad bajo amenaza de despido. Ambos videos alimentaron las especulaciones sobre un posible móvil relacionado con el trato de Coronel hacia sus empleados.

La FGJEM detuvo a Elías “N”, quien se desempeñaba como elemento de seguridad privada de Coronel, como presunto autor material del homicidio. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación y solicitará audiencia inicial ante un juez de control.

Según versiones extraoficiales difundidas en redes sociales, una discusión entre Coronel y sus dos escoltas —identificados como Elías y “Kendal”— habría detonado el ataque.

Otro audio atribuido a un amigo cercano del vidente describe a Elías como una persona de “mecha corta” y con consumo frecuente de drogas. De acuerdo con ese relato no confirmado por la Fiscalía, Coronel envió a ambos escoltas a una tienda tras la discusión; Kendal no regresó al domicilio, mientras que Elías sí lo hizo, y ahí habría cometido el ataque.

Trascendió que tras el homicidio desaparecieron pertenencias del vidente, entre ellas dinero, joyas, armas y una camioneta.

El conductor Javier Ceriani, quien condujo la entrevista con Aguilar, afirmó llevar cinco años investigando a Coronel. Aseguró contar con un video previo, distinto al testimonio de Aguilar, en el que el vidente golpea con un palo y un arma a personas desnudas y atadas.

Según Ceriani, ese material habría motivado la salida de Coronel de Unicable, luego de que directivos del canal le exigieran renunciar ante la posibilidad de que el video se hiciera público. El propio Coronel, en una entrevista previa, reconoció aparecer en un video de agresión, aunque atribuyó los hechos a una reacción contra dos personas que habían intentado robar en su casa.

Diego Sebastián “N”, señalado como autor material del multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia en Atizapán de Zaragoza, cuenta con dos carpetas de investigación previas en la Ciudad de México, ambas iniciadas en 2007, por los delitos de violencia familiar y amenazas, según confirmó este lunes la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Diego Sebastián “N” y su cómplice Gerardo “N” permanecen en prisión preventiva oficiosa en el Penal de Barrientos desde el pasado 4 de septiembre, acusados de homicidio calificado, homicidio en agravio de mujer y menor de edad, interrupción del embarazo y crueldad contra un ser sintiente.

Dos denuncias en CDMX

Alcalde Luján explicó que la primera carpeta contra Diego Sebastián “N” corresponde a una averiguación previa de 2007 por violencia familiar y otra por amenazas presentada en 2026. La funcionaria precisó que ninguna de las dos investigaciones guarda relación directa con el multihomicidio de Atizapán.

“Hay dos carpetas de investigación, bueno, una averiguación previa que se identifica ya del año 2007 por violencia familiar y una más vinculada al delito de amenazas, presentada por una persona, una mujer de la tercera edad, que denuncia a esta persona este mismo año”, declaró la fiscal.

Alcalde Luján hizo las declaraciones en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ahí, la fiscal capitalina señaló que su institución mantiene coordinación total con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y realiza inspecciones y actos de investigación solicitados por colaboración.

La CDMX aportó seguimiento de vehículos y videovigilancia

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, detalló que su dependencia apoyó con información de inteligencia y con datos de seguimientos previos a vehículos, generados mediante el sistema de videovigilancia de la capital. Esa información fue integrada a la investigación que lidera la Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Vázquez Camacho añadió que las autoridades capitalinas continuarán atentas para identificar a otras posibles víctimas de fraude relacionadas con los negocios de Diego Sebastián “N”, ya que muchos de sus clientes residían en la Ciudad de México.

“Continuamos atentos desde la Ciudad de México para la identificación y, en su caso, el acercamiento de cualquier víctima que pudiera haber adicional por los temas de fraude”, indicó el funcionario.

Una caja fría y 3 millones de pesos en criptomonedas, el móvil del multihomicidio

Durante la audiencia inicial del 4 de septiembre, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense expusieron el testimonio de un familiar de Jonathan Meléndez, quien refirió que el músico poseía una memoria USB con información de acceso a criptomonedas por un monto cercano a los 3,000,000 de pesos. Ese dispositivo no fue localizado en la vivienda del fraccionamiento Grand Viure.

La Fiscalía mexiquense expuso también que Diego Sebastián “N” y Meléndez sostenían una relación de socios para la administración y renta de 50 inmuebles en la plataforma Airbnb, en México y en España. El presunto autor material había solicitado 300,000 pesos como préstamo al tecladista, petición que el músico no aceptó, según la misma fuente.

La Fiscalía mexiquense identificó como pista central del caso una “caja fría”, dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que mantiene las claves privadas desconectadas de internet. El presunto autor material habría ingresado al departamento de la familia Meléndez para localizar este dispositivo, en el que el músico guardaba acceso a una suma millonaria en criptomonedas.

Este mecanismo, también conocido como “cold wallet”, funciona con un tamaño similar al de una memoria USB y genera las claves dentro de un chip aislado del internet. Al configurarlo, el usuario recibe una frase semilla de entre 12 y 24 palabras, sin la cual resulta imposible mover los fondos.

Entre los 60 datos de prueba presentados por la Fiscalía en la audiencia para comprobar el vínculo de los detenidos con los homicidios figuran guantes, plástico y cintas industriales que habrían sido utilizados por Diego Sebastián “N” y su chofer para amarrar a las víctimas, materiales que fueron localizados en su vehículo.

La Fiscalía precisó que el multihomicidio ocurrió en el departamento identificado como PH1 de la Torre 4 del fraccionamiento Grand Viure. Ahí, Diego Sebastián “N” habría utilizado una pistola con silenciador para disparar en la cabeza a las cinco víctimas: Jonathan Meléndez, Ana Paula, Sofía, Aleyda y la mascota de la familia.

La duplicidad del término constitucional y la próxima audiencia

La defensa legal de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, después de que un agente del Ministerio Público les formulara la imputación formal. La audiencia inicial, solo en la parte de formulación de imputación, se extendió por poco más de ocho horas.

La continuación de la audiencia se programó para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9:30 de la mañana, cuando la defensa de los imputados deberá aportar datos de prueba a su favor. Una jueza ya declaró legal la detención de ambos hombres.

Los padres de Aleyda, la trabajadora doméstica de 21 años asesinada en el ataque, estuvieron presentes en los Juzgados Orales de Tlalnepantla como ofendidos durante la audiencia inicial.

Jonathan Meléndez y su familia fueron sepultados; fans los despiden

El tecladista, su esposa Ana Paula y su hija Sofía llegaron a su lugar de descanso final en Naucalpan, Estado de México, donde fueron sepultados en un acto privado.

Seguidores de la banda Camilo Séptimo se reunieron el fin de semana previo al 7 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes y en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para llevar flores, pancartas y cantar canciones en memoria de “Honas”, como le decían sus compañeros de banda y sus amigos más cercanos.

Desde que la agrupación lamentó públicamente el asesinato de su integrante, Camilo Séptimo no ha cancelado de manera oficial las fechas anunciadas en su página web, que contemplan gira por Ciudad Juárez, Naucalpan, Ciudad Neza, Pachuca y otras ciudades del interior del país.

La Policía de Río Cuarto detuvo a un joven de 27 años por el crimen de una mujer de 72 años que fue hallada muerta este lunes dentro de su vivienda, en una causa de la provincia de Córdoba. Creen que se trató de un homicidio en ocasión de robo.

El hallazgo se produjo durante la tarde de ayer en una casa ubicada sobre Caracas al 1400, en barrio IPV Alberdi, dentro de la ciudad de Río Cuarto. Allí fue encontrada sin vida Graciela Oviedo. Por las características iniciales del caso, activó una investigación penal por homicidio.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la escena abrió desde el primer momento una línea de trabajo enfocada en un posible ataque dentro del domicilio. Si bien las autoridades todavía no difundieron una reconstrucción cerrada de los hechos, la pesquisa avanzó sobre la base de pruebas e indicios que orientaron la causa hacia un crimen y no hacia una muerte por causas naturales o accidentales.

En ese sector de Río Cuarto, Oviedo era una figura conocida y apreciada por quienes viven en la zona, por lo que la noticia generó una inmediata conmoción entre los vecinos y multiplicó la atención sobre cada novedad de la causa.

Con el correr de las horas, los investigadores consolidaron como eje principal la posibilidad de que el homicidio haya estado relacionado con un robo.

La Fiscalía busca determinar qué ocurrió dentro de la casa, si existió una irrupción con fines de sustracción, si la mujer conocía a la persona o las personas que ingresaron y en qué momento se produjo el desenlace fatal.

En el marco de las primeras averiguaciones, la investigación derivó en la detención de un joven de 27 años, que quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Su situación procesal dependerá de las medidas que se adopten en las próximas horas y del resultado de las pericias y testimonios que se incorporen al expediente.

A partir de esa medida, la fiscalía puede profundizar sobre recorridos, comunicaciones, presencia en la zona y cualquier otro dato que ayude a reconstruir la secuencia previa y posterior al crimen. En casos de este tipo, la consolidación de la acusación depende de que cada indicio pueda ser respaldado por prueba material o testimonial.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Jávega, quien encabeza las actuaciones para establecer las circunstancias del homicidio y la eventual intervención de otras personas. Su tarea inmediata es ordenar la información surgida en las primeras horas, fijar con precisión la mecánica del hecho y evaluar el alcance penal de cada elemento reunido.

El impacto del caso en barrio IPV Alberdi se mantuvo durante toda la jornada. La referencia repetida por quienes conocían a la víctima fue el afecto que generaba en el vecindario, un dato que explica en parte la dimensión de la conmoción social que produjo el crimen.

A seis días del crimen del arquitecto de 61 años, Rodolfo Augusto Bassi, la Policía de Entre Ríos detuvo a dos albañiles acusados de haberlo matado a mazazos en un departamento de Paraná. Se trata de Carlos Gastón Aguilar (49) y Claudio Ramón Inofre (52) quienes fueron identificados a partir de una serie de errores que cometieron tras el asesinato, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Todo comenzó el martes 1° de septiembre cuando la víctima se contactó con su pareja y le dijo que iba a estar trabajando en un departamento ubicado en Churruarín al 1800. Horas después, ante la falta de novedades de su esposo, la mujer volvió a comunicarse con él. Como los mensajes no le llegaban, decidió ir a los inmuebles donde Bassi se encontraba realizando reparaciones. Sin embargo, no lo encontró en ninguno de ellos.

Al día siguiente, los mensajes que la mujer le había enviado aparecieron con las dos tildes de WhatsApp, una señal de que el teléfono había vuelto a conectarse. Ante esta situación, le pidió que le escribiera o le mandara un audio y le advirtió que, de lo contrario, denunciaría su desaparición ante la Policía.

“Hola, estoy bolviendo de Rosario, Moni. Nos hablamos (sic)”, fue la respuesta que recibió. La palabra “volviendo” escrita con “b” y el hecho de que la mujer sabía que su marido no había viajado a Rosario despertaron sus sospechas y la llevaron a radicar la denuncia por desaparición en la Comisaría 12 de Paraná.

Al tomar conocimiento de la situación, personal policial se dirigió hasta el inmueble de la calle Churruarín. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo de Bassi. Tenía un alambre que iba desde el cuello hasta las manos y otro alrededor de las piernas. Inmediatamente, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística y un médico forense.

Fuentes del caso detallaron a este medio que la autopsia preliminar reveló que el arquitecto había recibido tres mazazos en la cabeza que le provocaron una fractura de cráneo. Además, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo provocadas con un elemento cortopunzante. El informe indicó que Bassi habría sido asesinado durante la tarde del martes 1° de septiembre.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a testigos para identificar a los responsables.

Las primeras pistas surgieron de las filmaciones. El martes en el que ocurrió el crimen, las imágenes registraron a dos sospechosos cuando salían del domicilio donde fue encontrado Bassi. En ese momento, los investigadores solo sabían que eran albañiles y que uno de ellos era conocido como “Toco”.

Horas después, alrededor de las 19.30, otra cámara de seguridad captó a “Toco” cuando estacionaba una moto en la casa de la víctima. Una vez allí, según la hipótesis de los investigadores, habría sustraído dinero en efectivo y una tablet.

Luego, los investigadores determinaron que la Yamaha XTZ 125 cc era propiedad de Bassi. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, tras el asesinato, el sospechoso le vendió la motocicleta a un conocido. De acuerdo con el relato del comprador, primero se la ofreció por 500.000 pesos, pero como no contaba con ese dinero, terminó entregándosela por 200.000.

En un primer momento, el precio llamativamente bajo no despertó sospechas en el comprador. Sin embargo, cuando tomó conocimiento del crimen, se presentó voluntariamente ante la Policía e identificó al hombre que le había vendido la moto. Así, los investigadores llegaron hasta Claudio Ramón Inofre.

Con el avance de la investigación, también lograron identificar al segundo sospechoso. Al inspeccionar un inmueble ubicado en la calle Diamante, que también era propiedad del arquitecto, descubrieron que estaba ocupado por otras personas. Al ser entrevistadas por los agentes, aseguraron que quien les había vendido la propiedad era Carlos Gastón Aguilar. Sin embargo, los investigadores todavía intentan establecer si esa operación se realizó antes o después del asesinato.

El jueves 3, el fiscal solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de los dos principales sospechosos. Para entonces, los investigadores descubrieron que Inofre había comprado un pasaje de micro con destino a Misiones. Ante la sospecha de que intentaba escapar, montaron un operativo y lograron detenerlo en la localidad entrerriana de Federal.

Durante el procedimiento, secuestraron una tablet que pertenecería a Bassi, documentos personales del arquitecto —entre ellos, su DNI y su licencia de conducir— y prendas que llevaba Inofre, las cuales coincidirían con las que vestía el día del crimen.

Por otro lado, durante un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio El Perejil, los agentes detuvieron a Aguilar. Además, secuestraron una campera, un juego de mate y unos anteojos.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que, un día después del asesinato, Aguilar le habría pedido a un vecino que le cortara el pelo para cambiar su apariencia y así evitar ser reconocido por los investigadores.

Finalmente, ambos fueron imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae. El viernes pasado, se negaron a declarar y la Justicia les dictó 60 días de prisión preventiva. Actualmente, permanecen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que Bassi fue asesinado para facilitar y posteriormente ocultar un robo.

Bruno tenía 25 años, era ingeniero mecánico y tenía una vida profesional que recién comenzaba cuando murió tras una noche de diversión en Miraflores. Según la investigación policial y fiscal, él y otros jóvenes fueron drogados con sustancias sedantes que habrían sido colocadas en sus bebidas. La hipótesis de las autoridades sostiene que el objetivo era dejarlos inconscientes para robarles sus pertenencias.

El caso terminó con la muerte de Bruno y con la detención de Jocelyn Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes, investigadas por el delito de robo agravado con subsecuente muerte.

Ahora, mientras el proceso continúa, la familia teme que el tiempo transcurrido termine jugando a favor de las investigadas.

Más de dos años después, el caso sigue sin sentencia

La muerte de Bruno ocurrió en marzo de 2024. Desde entonces, sus padres han tenido que atravesar un proceso judicial que, según denuncian, ha sufrido cambios y retrasos.

Las dos investigadas recibieron inicialmente 18 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público había presentado ante el Poder Judicial diversos elementos de convicción para sustentar la medida, entre ellos registros de cámaras de seguridad y movimientos posteriores realizados con las tarjetas bancarias de las víctimas. (RPP Noticias⁠)

En noviembre de 2025, cuando se aproximaba el vencimiento de la prisión preventiva, la familia de Bruno ya expresaba públicamente su preocupación ante la posibilidad de que las mujeres recuperaran su libertad. En ese momento, el padre del joven, Richard Medina, cuestionó que las investigadas pudieran salir mientras su hijo solo podía ser visitado en el cementerio.

Ahora, de acuerdo con la información proporcionada por la familia, la solicitud para extender la prisión preventiva fue rechazada.

La decisión vuelve a poner el caso bajo los reflectores y abre una pregunta que los padres de Bruno llevan meses formulando: ¿qué ocurrirá con las investigadas mientras el proceso todavía no concluye?

La preocupación de la familia no se limita a la posibilidad de que puedan recuperar su libertad. También cuestionan el desarrollo del proceso y los cambios que, según su testimonio, se han producido durante estos meses.

En el material difundido por sus familiares, aseguran que en menos de un año han pasado por el caso tres fiscales y tres jueces. También denuncian dificultades durante las audiencias y cuestionan que algunas diligencias hayan tenido que ser reprogramadas.

Para ellos, cada cambio representa más tiempo de espera.

Y para una familia que perdió a un hijo de apenas 25 años, el paso del tiempo no significa que el dolor disminuya.

¿Qué ocurrió con Bruno Medina?

La historia comenzó durante la madrugada del 16 de marzo de 2024, cuando Bruno salió con compañeros de trabajo a divertirse en Miraflores.

El joven era ingeniero mecánico recién egresado y realizaba prácticas profesionales. Aquella noche se encontraba junto a su jefe y otros amigos.

Las cámaras de seguridad registraron parte de los movimientos del grupo en el Paseo San Ramón, conocido anteriormente como la Calle de las Pizzas. En esas imágenes también aparecen las dos mujeres que posteriormente serían investigadas por el caso.

Después de conocerse, el grupo terminó trasladándose al departamento de uno de los jóvenes.

De acuerdo con la hipótesis policial, fue allí donde las mujeres habrían colocado sustancias sedantes en las bebidas de los jóvenes con la finalidad de dejarlos inconscientes y apoderarse de sus objetos personales.

La modalidad es conocida en Perú como ‘pepeo’ y consiste en suministrar sustancias a una persona, generalmente sin su conocimiento, para reducirla o dejarla inconsciente y posteriormente robarle sus pertenencias.

En el caso de Bruno, la situación terminó de manera fatal.

El joven sufrió un edema cerebral después de ingerir las sustancias mezcladas con alcohol y murió. Uno de sus acompañantes también quedó afectado por el sedante y no pudo auxiliarlo.

La investigación determinó además que, después de abandonar el departamento, las mujeres se llevaron celulares, billeteras y tarjetas bancarias de las víctimas.

Posteriormente, algunas de las tarjetas fueron utilizadas para realizar compras.

Estos movimientos, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, se convirtieron en elementos importantes para la investigación que permitió identificar a las sospechosas. En junio de 2024, la Policía había logrado ubicar y detener a Jocelyn Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes, señaladas como presuntas responsables de drogar al grupo.

La investigación que terminó con dos detenidas

La detención de las dos mujeres ocurrió después de varias semanas de investigación.

La Policía siguió sus movimientos y utilizó registros de cámaras y otras evidencias para establecer su identidad y ubicación.

El caso generó gran impacto porque no se trataba solamente de un robo mediante la modalidad del ‘pepeo’: uno de los jóvenes había muerto.

El Ministerio Público consiguió entonces que ambas investigadas afrontaran el proceso bajo prisión preventiva durante 18 meses. La imputación estuvo relacionada con el delito de robo agravado con subsecuente muerte.

La Fiscalía sustentó la medida con diferentes elementos de convicción, entre ellos las imágenes de seguridad y registros relacionados con el uso de las tarjetas de las víctimas.

Sin embargo, una prisión preventiva no equivale a una condena. Las dos mujeres continúan siendo investigadas y corresponde al Poder Judicial determinar su responsabilidad penal mediante una sentencia.

Ese es precisamente el punto que preocupa actualmente a los padres de Bruno: el proceso aún no termina y la medida que mantenía a las investigadas privadas de libertad ya no tendría la extensión solicitada por el Ministerio Público, según denuncia la familia.

“Solo queremos justicia”

Para los padres de Bruno, el caso no es un expediente más.

Es la historia de un hijo que tenía 25 años, una carrera profesional por delante y proyectos personales que quedaron truncos.

Su padre ha expresado en anteriores oportunidades el dolor que significa que las investigadas puedan recuperar su libertad mientras él solo puede visitar a Bruno en un cementerio.

La familia sostiene que no busca recuperar aquello que perdió —porque sabe que ninguna decisión judicial puede devolverles a Bruno—, sino obtener una respuesta de la justicia.

Ese reclamo se ha mantenido desde el inicio del proceso.

Ahora, con el rechazo a la extensión de la prisión preventiva, la preocupación vuelve a crecer.

La familia teme que las investigadas puedan quedar en libertad antes de que exista una sentencia y que el proceso continúe prolongándose.

Tres fiscales y tres jueces, según denuncia la familia

Otro de los cuestionamientos que plantean los familiares está relacionado con los cambios registrados durante el proceso.

Según el testimonio difundido por la familia de Bruno, en menos de un año el caso habría pasado por tres fiscales y tres jueces.

También cuestionan las dificultades registradas durante algunas audiencias y la ausencia de determinados participantes en las diligencias.

Para los familiares, estos cambios y reprogramaciones han contribuido a prolongar un proceso que comenzó hace más de dos años.

La decisión sobre qué ocurrirá ahora corresponde al Poder Judicial.

Una familia que sigue esperando el final del caso

La muerte de Bruno Medina no quedó en marzo de 2024.

Para sus padres, cada audiencia, cada cambio de fiscal y cada decisión judicial significa volver a enfrentarse con aquella madrugada en la que su hijo salió con sus compañeros y nunca volvió a casa.

Más de dos años después, la familia sigue sin una sentencia que cierre el proceso.

Y ahora enfrenta una nueva incertidumbre: qué sucederá con las dos mujeres investigadas después de que se rechazara la extensión de la prisión preventiva.

La violencia continúa golpeando República Dominicana, las autoridades de la Policía Nacional de República Dominicana investigan la muerte de un hombre tras una discusión con su hermano, ocurrida durante la madrugada del domingo 6 de septiembre en el sector Peñalo, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Las autoridades detuvieron a un presunto responsable mientras avanzan las diligencias.

El fallecido fue identificado como Máximo Minaya Sánchez, de 45 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, presentaba una fractura en el cráneo, varias laceraciones y una herida provocada por arma blanca en la pierna izquierda. La combinación de esas lesiones le causó la muerte, según los datos preliminares del expediente policial.

Las declaraciones sobre el caso fueron publicadas en Diario Libre. El medio indicó que la confrontación entre los hermanos habría comenzado por la desaparición de un ticket de lotería, aunque esa versión forma parte de las primeras indagaciones y aún debe ser confirmada por las autoridades a cargo de la investigación.

La discusión habría iniciado por un ticket de lotería

La investigación se centra en esclarecer la secuencia de hechos que precedió a la muerte de Minaya Sánchez. La hipótesis inicial apunta a que ambos hermanos discutieron por el boleto de lotería y que el altercado escaló hasta convertirse en una agresión física.

La identidad del detenido no fue divulgada en la información disponible. El hombre quedó bajo control del Ministerio Público, institución que deberá revisar los elementos reunidos por los investigadores y definir si existen méritos para presentar cargos penales en su contra.

El caso ocurrió en Peñalo, una comunidad situada en Bonao, cabecera de la provincia Monseñor Nouel. La actuación policial incluyó la inspección del área cercana al sitio donde las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima.

Durante las pesquisas, agentes policiales encontraron un machete a aproximadamente un kilómetro de donde fue localizado el cadáver. El objeto fue incorporado al proceso como posible prueba, debido a que los investigadores buscan determinar si tuvo relación con las heridas que presentaba Minaya Sánchez.

La Policía deberá establecer si el arma hallada fue utilizada durante la agresión, quién la manipuló y si existen otros elementos que permitan reconstruir el enfrentamiento. También se analizarán las condiciones en que se produjo la fractura de cráneo y las laceraciones descritas en el reporte preliminar.

El cuerpo de Máximo Minaya Sánchez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago. Los estudios médicos forenses permitirán precisar la causa de muerte y aportar información sobre el tipo de lesiones que sufrió antes de fallecer.

El detenido permanece a disposición de las autoridades

Las autoridades no informaron si hubo testigos directos de la discusión ni si otras personas participaron en el incidente. Tampoco se detalló si el detenido recibió atención médica o si presentaba lesiones después del altercado.

El expediente será remitido al Ministerio Público con los resultados de las diligencias policiales, el análisis del machete y el informe forense. A partir de esos elementos, los fiscales determinarán la situación jurídica del hermano detenido y los siguientes pasos del proceso penal.

El conductor que embistió un auto en una ruta en Uruguay y provocó la muerte de una familia entera –entre ellos, dos niños- fue imputado por cinco delitos de homicidio a título de dolo eventual e irá a prisión durante 150 días, mientras avanza la investigación.

La tragedia ocurrió en el departamento de Florida, a unos 120 kilómetros de Montevideo, en marzo.

En el auto se desplazaba una familia en un auto Volkswagen, que fue embestido por una camioneta Toyota que circulaba en el mismo sentido a una alta velocidad.

En el auto circulaban cinco personas: tres mayores de edad y dos menores. Los cinco ocupantes del vehículo salieron despedidos por el impacto. Un niño de dos años, su hermana de nueve y sus padres de 34 y 33 años murieron en el lugar.

Un hombre de 42 años, que viajaba con ellos, fue trasladado en tanto a un centro de salud en estado crítico. Estuvo internado en cuidados intensivos en Florida durante 30 días y luego fue trasladado a un hospital del departamento de Lavalleja, donde murió.

El quinto fallecido era amigo de la familia. Era compañero de trabajo del conductor del vehículo.

La imputación fue confirmada este viernes, tras una extensa audiencia, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

“Se admitió lo que la Fiscalía solicitó y no se apeló esa formalización. En la medida cautelar de prisión efectiva la defensa solicitaba la sustitución por la prisión domiciliaria con tobillera, pero entendí que no estaban lo elementos como para sustituirla. La gravedad del hecho y otros elementos más eran suficientes y necesarios para imponer la prisión preventiva por 150 días”, explicó en una rueda de prensa el juez del caso, Marcelo Silva.

Tras el accidente, la Policía buscó las pericias del accidente fatal. Tras atropellar el auto, el conductor de la camioneta se desplazó varios metros, se desvió de la ruta y se detuvo 300 metros más adelante.

Los informes técnicos concluyeron que no hubo ninguna falla mecánica en los vehículos que haya provocado el accidente. La pericia mostró que el auto se iba trasladando a baja velocidad; mientras que la camioneta que lo embistió iba a más de 160 kilómetros por hora.

En la puerta del juzgado, familiares llegaron a pedir justicia con imágenes de la familia fallecida.

“Gracias a Dios salió procesado con prisión. Costó pero llegó. Estamos angustiados. La Justicia llega”, dijo Gustavo Souza, padre del conductor fallecido. “Alivia el alma”, acotó la madre, Andreína Bastereche. “Es un alivio para estos angelitos”, dijo, entre lágrimas la mujer. “Salí antes del juicio porque no pude soportar verlo”, agregó.

“Cuando él venía con su abogado se reía. Creo que lo que dijo fue que fue ‘un simple accidente’”, relató la madre de uno de los fallecidos, contando el “dolor” que les generó que el imputado no haya expresado arrepentimiento. “Son cinco vidas. Un simple accidente lo podemos tener cualquiera, nadie está libre de nada. Pero no con esa impunidad. Él mintió. Tenía el teléfono escondido”, relató la mujer al final de la audiencia.

“Mintió muchas veces. Después pasó por acá y se reía de nosotros”, dijo, por su parte, Joselo Hernández, padre del quinto fallecido.

Los fallecidos eran Daniel Souza y María Ximena Russo y los pequeños se llamaban Mía y Ciro. Ambos trabajaban en un tambo, ubicado en San Gabriel. El hombre hacía seis meses que había empezado a trabajar allí. Ella lo hacía hace un mes.

Eran dos vehículos que solían transitar por la ruta 56, que atraviesa una zona rural. Los dos conductores trabajaban en predios cercanos: el chofer de la camioneta lo hacía en un establecimiento cercano. La familia, en tanto, era oriunda de Durazno, un departamento vecino de Florida. El matrimonio trabajaba en un predio ubicado sobre la ruta 6 y en la noche del lunes había salido hacia la ciudad de Florida.

Un hombre resultó gravemente herido y una mujer murió después de que sujetos armados dispararon contra una camioneta en la que viajaban por calles de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Las víctimas habrían acudido al funeral de “El Chilaquil”, identificado como un extorsionador de La Unión Tepito asesinado el viernes, y fueron atacadas al salir de la funeraria, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, especializado en temas de crimen y seguridad,

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente que el hombre y la mujer asistieran al funeral ni que el ataque esté relacionado con el asesinato de “El Chilaquil”.

La agresión fue reportada en el cruce de las calles Antonio Caso y Manuel María Contreras. Policías que llegaron al lugar encontraron una camioneta blanca sobre la banqueta con impactos de arma de fuego en el costado izquierdo.

Dentro del vehículo localizaron a un hombre de 34 años con manchas de sangre y a una mujer de aproximadamente 25 años en el asiento del copiloto.

Paramédicos que atendieron la emergencia diagnosticaron al hombre con traumatismo craneoencefálico severo y una herida de bala en la región occipital derecha, por lo que fue trasladado a un hospital.

La mujer fue encontrada sin signos vitales. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por los servicios de emergencia, no presentaba heridas de arma de fuego.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál fue la causa de muerte de la mujer ni si su fallecimiento estuvo relacionado directamente con la agresión contra la camioneta.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quedó a cargo de las investigaciones y los peritajes para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables. Como parte de las indagatorias, también se revisan las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona.

¿Qué se sabe del ataque tras el funeral de “El Chilaquil”?

De acuerdo con la versión difundida por Carlos Jiménez, las dos personas atacadas habrían acudido al funeral de “El Chilaquil”, señalado como un extorsionador vinculado con La Unión Tepito, asesinado el viernes. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información.

La fiscalía capitalina deberá establecer si ambos ocupantes de la camioneta eran el objetivo de los agresores o si el ataque estaba dirigido específicamente contra el hombre que recibió el disparo en la cabeza.

Este ataque ocurrió después del asesinato de Luis “N”, alias “El Chilaquil” o “El Guadaña”, identificado en reportes periodísticos como un presunto extorsionador vinculado con La Unión Tepito.

El homicidio fue registrado el viernes en el cruce de las calles Juventino Rosas y Sebastián Bach, en la colonia Peralvillo, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes policiales, Luis “N” conducía una camioneta Cupra cuando dos personas que viajaban en una motocicleta se aproximaron al vehículo y realizaron varios disparos contra el conductor.

Tras la agresión, los atacantes escaparon del lugar. Comerciantes y personas que se encontraban en la zona reportaron las detonaciones a las autoridades.

Dentro de la camioneta también se encontraba un perro chihuahua que pertenecía a la víctima. El animal sobrevivió a la agresión y fue localizado ileso en el vehículo, de acuerdo con los primeros reportes.

“El Chilaquil” había sido identificado en información policial y reportes periodísticos por presuntas actividades de extorsión y por su posible vínculo con La Unión Tepito. También existían antecedentes de investigaciones en su contra y de un cateo realizado meses atrás en un inmueble de la zona de Torres Lindavista, aunque la información disponible hasta ahora no permite establecer si alguno de esos antecedentes estuvo relacionado con su asesinato.

La Unión Tepito vuelve a aparecer en la mira de las autoridades

Este sábado, autoridades capitalinas realizaron cateos y detuvieron a cuatro personas en posesión de armas y droga, en una acción relacionada con una célula presuntamente vinculada con la organización criminal.

La Unión Tepito ha sido relacionada durante años con actividades de narcomenudeo, extorsión, homicidio y otros delitos en la Ciudad de México. Sus principales zonas de influencia han estado relacionadas históricamente con el barrio de Tepito y otras áreas de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, aunque su presencia se ha extendido a otras zonas de la capital.

La estructura de la organización también ha registrado cambios tras las detenciones y asesinatos de algunos de sus integrantes, así como por la aparición de distintas células que han sido investigadas por las autoridades.

Por ahora, la investigación sobre el ataque en la colonia San Rafael continúa abierta y no existe una confirmación oficial que vincule la agresión con La Unión Tepito o con el asesinato de “El Chilaquil”. Las indagatorias deberán determinar el móvil del ataque, la identidad de los agresores y qué provocó la muerte de la mujer que viajaba en la camioneta.

Un operativo de rutina terminó con la detención de un presunto pandillero del Barrio 18, quien había evadido a la justicia durante 11 años, tras simular ser el pastor principal de una iglesia evangélica en Guatemala.

Se trata de Oscar Alfredo Us Ventura, de 44 años y originario de Santa Bárbara, Suchitepéquez; quien fue detenido la tarde del sábado 5 de septiembre en un operativo realizado en el kilómetro 151, jurisdicción de Nueva Concepción, Escuintla.

De acuerdo con el parte policial, agentes le hicieron el alto a Us Ventura y cuando efectuaron la búsqueda de información se percataron que tenía vigente una orden de captura por el delito de homicidio en grado de tentativa, girada el 6 de febrero de 2015 por un Juzgado de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez.

Al momento de su detención, Us Ventura aseguró que era el pastor de la iglesia evangélica Espíritu Santo y Fuego Pentecostés, ubicada en Nueva Concepción.

No obstante, los oficiales se percataron que dentro de los informes policiales es señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18. Además, se establecieron que también registra antecedentes por portación ilegal de arma de fuego.

Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el detenido utilizó la fachada de pastor de iglesia para ocultarse y así evadir a la justicia. Esta versión apunta a que el capturado migró de Santa Bárbara, Suchitepéquez; a Nueva Concepción, Escuintla; municipios que se encuentran a una distancia de 46 kilómetros, casi una hora de camino viajando por la Ruta Nacional.

“La labor religiosa que desempeñaba pudo haber sido utilizada para mantener una apariencia diferente de su procedencia real como pandillero para permanecer en la comunidad y pasar desapercibido”, indicó la PNC a medios de la localidad; sin detallar sobre el caso relacionado con su aprehensión.

Tras la diligencia, Us Ventura fue trasladado al juzgado correspondiente, donde deberá responder dentro del proceso establecido por la ley.

Intensifican operativos de seguridad

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus operativos de investigación y contención durante los primeros nueve meses de 2026, logrando importantes aprehensiones vinculadas a hechos de violencia letal.

A pesar de los desafíos planteados por un repunte temporal de la criminalidad en determinados departamentos del país, el Ministerio de Gobernación y la PNC reportan una respuesta operativa sostenida, reflejada en más de 6 mil allanamientos ejecutados a nivel nacional.

Las estadísticas oficiales detallan que, si bien el año comenzó con una reducción interanual cercana al 10% en homicidios durante el primer semestre, los meses posteriores exigieron redoblar esfuerzos tácticos, especialmente en zonas de alta incidencia como el departamento de Guatemala, Escuintla y Petén.

Unidades especializadas como la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) han concentrado sus acciones en desarticular células de sicariato de estructuras pandilleras, logrando la captura de múltiples presuntos responsables de ataques armados y homicidios en flagrancia.

Las autoridades reiteran que el fortalecimiento de la investigación criminal y los operativos combinados continuarán siendo ejes fundamentales para abatir la impunidad y asegurar que los implicados en muertes violentas enfrenten a los tribunales de justicia.

Tres personas, entre ellas un niño de entre aproximadamente 6 años, fueron halladas muertas por disparos dentro de una vivienda en llamas en Maywood, California, en lo que las autoridades calificaron como un caso de violencia doméstica con características de homicidio seguido suicidio.

Los bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron al lugar cerca de las 2:30 de la madrugada del sábado tras recibir un llamado por incendio estructural en el bloque 5000 de East 61st Street, donde encontraron a las tres víctimas sin vida en una habitación, según informaron medios locales como ABC7.

Los fallecidos son un matrimonio de alrededor de 40 años y su hijo biológico, menor de edad. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que todos ellos presentaban heridas de bala y que un arma de fuego fue hallada en la misma habitación donde estaban los cuerpos.

Ante esto, las primeras pericias apuntan a que el padre fue el autor de los disparos, según declaró el teniente Eric Arias, del Buró de Homicidios del Sheriff, a periodistas presentes en el lugar.

El fuego fue controlado en menos de 20 minutos

Las primeras unidades de bomberos llegaron al domicilio a los pocos minutos de recibir la alerta. El incendio se originó en el primer piso de la residencia de dos plantas y fue extinguido a las 2:41 de la madrugada, según informó un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles a KTLA.

Al ingresar a la vivienda, el personal de emergencias fue alertado de que podría haber personas en su interior y procedió a realizar un rastreo completo del edificio.

En el interior de una habitación del inmueble, los equipos de rescate hallaron los cuerpos de los tres integrantes de la familia. Todos fueron declarados muertos en el lugar.

Mientras que la causa del incendio permanece bajo investigación; ni el LASD ni el departamento de bomberos ofrecieron detalles adicionales sobre el origen de las llamas.

Un vecino intentó apagar las llamas antes de que llegaran los bomberos

El padre de la mujer muerta relató ante NBC Los Ángeles que fue su otra hija quien lo alertó sobre el incendio. Según su testimonio, tomó una manguera e intentó sofocar las llamas por sus propios medios antes de que llegaran los bomberos al lugar.

El vecindario de Maywood reaccionó con conmoción ante lo ocurrido. Miguel Reynoso, residente de la zona, señaló que se enteró de la noticia por su padre y destacó la proximidad del inmueble a un jardín de infantes.

“Si ese fuego hubiera alcanzado la guardería de al lado, no puedo imaginar la inestabilidad que eso hubiera generado en la comunidad”, declaró Reynoso en declaraciones difundidas por KTLA.

Las identidades de las víctimas aún no fueron divulgadas

El LASD no hizo pública la identidad de ninguno de los tres fallecidos. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles tampoco respondió a consultas de los medios durante la jornada del sábado. Las autoridades descartaron la existencia de alguna amenaza para la comunidad y aclararon que no se busca a ningún sospechoso en relación con el hecho.

Detectives de homicidios del LASD e investigadores de incendios intencionales del departamento de bomberos tienen a su cargo la revisión del caso.

Por otra parte, las autoridades solicitaron que quienes cuenten con información sobre el caso pueden comunicarse con el Buró de Homicidios del LASD al (323) 890-5500, o de forma anónima a través de Crime Stoppers al (800) 222-8477, la aplicación P3 Tips o el sitio web de la organización Crime Stoppers.

El caso de Yolanda Olejniczak Marodi encendió las alarmas sobre las fallas del sistema judicial estadounidense frente a agresores reincidentes. La mujer, de 54 años, había cumplido 11 años de cárcel por matar a su marido a cuchilladas, recuperó la libertad en 2013 y volvió a asesinar a una pareja de la misma manera 12 años después.

La víctima fue Rebecca Marodi, de 49 años, capitana del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire). El crimen ocurrió en febrero de 2025 en la vivienda que compartía la pareja en Ramona.

El miércoles, el Tribunal Superior del condado de San Diego cerró la causa con una sentencia de 36 años a cadena perpetua, informó Los Angeles Times.

La acusada admitió el asesinato de Rebecca Marodi antes del juicio

Olejniczak Marodi se declaró culpable el 4 de agosto de asesinato en segundo grado, tal y como publicó el diario californiano.

La admisión de responsabilidad llegó cerca de un mes antes del inicio previsto del juicio.

La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, afirmó en un comunicado que se trató de “un asesinato brutal de una respetada y dedicada capitana de bomberos que entregó toda su carrera al servicio de su comunidad”, de acuerdo con declaraciones citadas por Los Angeles Times.

En esa misma declaración, Stephan aseguró que el expediente también expone que “nadie está a salvo de la violencia doméstica, una de las formas de violencia más ocultas y peligrosas que enfrentamos”.

La funcionaria vinculó el caso con un problema de alcance más amplio y puso el foco en la protección de las víctimas.

La investigación indicó que la relación estaba rota desde días antes

La fiscalía sostuvo que el matrimonio atravesaba un deterioro cuando ocurrió el crimen. La pareja llevaba dos años casada, indicó Stephan en el mismo pronunciamiento citado por el medio.

Las autoridades señalaron que Rebecca Marodi recibió casi una docena de puñaladas en el cuello, el pecho y el abdomen. Ese detalle apareció en la reconstrucción oficial del caso y formó parte de los elementos presentados por los investigadores.

La madre de la víctima, Lorena Marodi, encontró el cuerpo en la casa de Ramona, precisó el diario. Los servicios de emergencia declararon la muerte en el lugar.

El expediente de arresto consignó además que Rebecca le había comunicado a su esposa una semana antes que quería terminar la relación. Esa información quedó incorporada a la causa a partir del testimonio que la madre brindó a los investigadores.

La condenada escapó a México después del crimen y cayó en Mexicali

Tras el ataque, Olejniczak Marodi abandonó la vivienda. La orden de arresto indicó que cámaras de seguridad la captaron mientras cargaba mascotas y equipaje en una camioneta Chevrolet Equinox.

Más tarde, el vehículo quedó registrado al cruzar hacia México, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos citados por Los Angeles Times. Ese movimiento reforzó la hipótesis de una fuga planificada después del asesinato.

La mujer permaneció prófuga durante más de un mes. Las autoridades de Baja California la localizaron finalmente en un hotel de Mexicali y luego la entregaron a agentes federales estadounidenses para su traslado a San Diego.

Stephan también agradeció la tarea de los fiscales adjuntos Maura Duffey y Jared Coleman, quienes llevaron adelante el proceso.

El caso reabrió el antecedente por la muerte de otro cónyuge

El aspecto más extraordinario del expediente surgió de la propia historia penal de la condenada. Los Angeles Times recordó que Olejniczak Marodi ya había sido condenada antes por matar a su entonces esposo, James Joseph Olejniczak.

En aquel caso, la mujer recibió una pena de 11 años tras ser hallada culpable de homicidio voluntario por apuñalar a su marido hasta causarle la muerte en 2004, aseguró el medio. Después recuperó la libertad 9 años después.

Ese antecedente convirtió la muerte de Rebecca Marodi en un caso de alta atención pública dentro de California. La sentencia de 36 años a cadena perpetua cerró la instancia judicial principal.

El crimen de Alejandro Dealmeida en la localidad entrerriana de Concordia quedó bajo investigación judicial. La víctima murió producto de dos puñaladas y, con el correr de las horas, tomó fuerza la hipótesis de que el homicidio se habría originado por un reclamo de deuda vinculado a la cosecha.

El ataque ocurrió este sábado en el barrio Sapito y terminó con la muerte casi inmediata de Dealmeida, de acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa. Tras la agresión, el hombre logró alejarse del lugar, pero cayó pocos minutos después.

Según la información conocida en las últimas horas, el hombre habría recibido al menos dos puñaladas en la espalda durante un episodio violento que comenzó a desarrollarse minutos antes en otro sector de la zona.

El conflicto comenzó en calle Balcarce, en inmediaciones de una plaza de esa zona de Concordia. De acuerdo con la información publicada por El Once, la víctima caminaba junto a otra persona cuando ambos habrían sido interceptados por un grupo.

En ese contexto, los agresores presuntamente le reclamaron al acompañante de Dealmeida una deuda que tendría relación con la cosecha. A partir de ese cruce se desató una confrontación que, siempre según la hipótesis inicial de los investigadores, derivó en el ataque con arma blanca.

Durante ese enfrentamiento, la víctima fue apuñalada y sufrió heridas que le provocaron la muerte prácticamente en el acto. Sin embargo, antes de desplomarse, habría alcanzado a correr para salir del lugar donde se produjo la pelea.

Finalmente, su cuerpo quedó tendido en el sector donde después trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para levantar rastros y reunir elementos de prueba. Más tarde, por disposición del fiscal Martín Núñez, el cadáver fue trasladado a la morgue para continuar con las medidas previstas en la investigación.

Como parte de las actuaciones realizadas en las horas posteriores al crimen, una persona quedó detenida bajo sospecha de haber participado en el homicidio. Se trata de un hombre identificado como F. M., quien quedó a disposición del fiscal Núñez.

La causa sigue abierta para establecer con precisión cómo se desarrolló la secuencia, cuál fue el grado de participación de cada una de las personas involucradas y si el reclamo por una deuda relacionada con la cosecha fue efectivamente el desencadenante del crimen.

Femicidio en Concordia: una mujer murió y su pareja se entregó tras presentarse en una comisaría

Una mujer de 47 años murió y su pareja quedó detenida, acusada de haberla atacado durante una discusión ocurrida en la madrugada del miércoles. La víctima fue identificada como Paola Mercedes Rigoni, mientras que el sospechoso es Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien se presentó por sus propios medios en una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos del fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la autopsia preliminar indicó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando Sigwardt se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia. Ante los policías, manifestó que había mantenido una discusión con su pareja, que la había golpeado y que, después de la agresión, la mujer se había desvanecido.

A partir de ese relato, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4, cerca del barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni inconsciente y dispusieron su traslado al hospital.

La víctima fue llevada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó sin signos vitales. El personal médico intentó reanimarla, pero poco después confirmó su muerte.

En una primera observación, el cuerpo no presentaba lesiones externas de gravedad, salvo una herida en el labio. Sin embargo, el resultado preliminar de la necropsia estableció que la mujer había sufrido una fractura de cráneo.

Con ese resultado, la línea investigativa más firme sostiene que, en medio de la discusión, el acusado habría golpeado la cabeza de la víctima contra una pared. Esta teoría se reforzó a partir de una mancha rojiza en una pared del inmueble.

En un primer momento se analizó si podía tratarse de sangre, aunque los primeros informes forenses indicaron que la víctima no habría tenido una pérdida hemática que explicara por sí sola esa marca. Por eso, resta determinar el origen de esa sustancia mediante nuevos estudios.

Durante el procedimiento en la casa, los policías secuestraron prendas de ambos para ser sometidas a peritajes. Asimismo, Sigwardt quedó imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio, y permanece detenido en la Jefatura Departamental.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra el detenido. No obstante, fuentes judiciales señalaron que tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. En la inspección de la vivienda, además, los agentes encontraron marihuana.

Entre las medidas dispuestas por el fiscal Jaume figuran la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Incluso, algunos vecinos relataron que en esa vivienda eran frecuentes las discusiones de la pareja y que aquella noche también se habrían escuchado peleas.

A casi 20 meses de la tragedia, este lunes comenzará el juicio oral contra Agustín David López Gagliasso, el tiktoker acusado de haber atropellado y provocado la muerte de Tania Gandolfi (40) y su hija Agustina García (17) en Rosario.

Por la tragedia ocurrida en la zona de la costanera rosarina el 21 de enero de 2025, el joven de 21 años llegará al debate imputado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. A raíz de esto, la Fiscalía anticipó que pedirán 18 años de prisión.

El proceso estará a cargo del tribunal integrado por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. Además, se contemplarán las lesiones sufridas por Victoria y Diego García, familiares de las víctimas, y por Giovanna, la joven que viajaba como acompañante en el auto.

Por este motivo, durante todo este tiempo, López Gagliasso permaneció detenido con prisión preventiva. De acuerdo con la información obtenida por La Capital, además de la condena en prisión, la acusación agregaría una pena de 10 años de inhabilitación para conducir.

Pese a que la defensa, encabezada por Carlos Varela, intentó modificar la calificación legal impulsada por las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, ese planteo fue rechazado. De ese modo, el debate oral llegará con la imputación por dolo eventual y no por homicidio culposo.

Según la reconstrucción del caso, la noche del martes 21 de enero de 2025, López Gagliasso circulaba en un Peugeot 206 por la avenida Illia junto a Giovanna R., después de salir desde la zona sur de Rosario. El recorrido terminó en la intersección de Wheelwright y Presidente Roca, cuando perdió el control del vehículo y subió a la vereda.

En ese momento, la familia Gandolfi García circulaba por la vereda y fue embestida por el automóvil. Mientras que Tania y Agustina murieron en el lugar, la hija menor del matrimonio, Victoria, fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde quedó fuera de peligro. En el caso del padre y esposo, este sufrió lesiones que no requirieron internación.

Para la Fiscalía, el acusado conducía a 120,7 kilómetros por hora, una velocidad que duplicaba el máximo permitido en esa zona. En línea con esto, las pericias determinaron que hizo maniobras en zigzag mientras perseguía a un motociclista con el que había mantenido una discusión de tránsito previa.

Uno de los detalles que fueron destacados en la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, el conductor no accionó el freno antes de perder el control del auto. A eso se sumó un examen que detectó 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al presentar la acusación, una de las fiscales sostuvo que ese resultado era un dato adicional frente a la magnitud de las consecuencias del hecho. De la misma forma, se definió que la acompañante del acusado fuera incorporada a la causa como testigo y víctima, ya que también sufrió lesiones por el despiste.

Por otro lado, la Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos afirmó que lo ocurrido no fue un accidente ni una distracción. Según esa hipótesis, López Gagliasso no interrumpió una conducta que las fiscales definieron como de riesgo extremo tanto para terceros como para sí mismo.

Entre los elementos que sostienen esa postura, la acusación remarcó la velocidad, la persecución en una zona concurrida y la advertencia de su acompañante, que le pidió que detuviera la marcha. “Nos vamos a matar”, fue la advertencia que le dio la joven.

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre”, relató la acompañante del acusado durante una indagatoria con las fiscales. Además, describió: “Me dolía todo; al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara”.

Por último, la joven indicó: “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto; estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.

A casi dos meses del crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años que fue asesinada en una casilla abandonada de la antigua estación de Alvear, Corrientes, la Justicia empieza a trazar sus primeras hipótesis. Entre ellas, comenzó a tomar fuerza la teoría de un posible tercer involucrado, mencionado en mensajes como “Max”, sobre quien los investigadores buscan establecer qué relación tenía con J.G. y N.Y.L., los dos adolescentes imputados en la causa, y si tuvo alguna intervención en el hecho.

La figura de un tercer involucrado surgió a partir del análisis de las conversaciones entre J.G. y N.Y.L., en las horas previas y posteriores al crimen. “Yo te doy las fotos y videos, y se las muestras a él”, dice uno de los mensajes que el joven le envió a su pareja el pasado 14 de julio por la tarde, dos días antes del asesinato.

En estas manifestaciones se hace referencia a la futura obtención de ciertas imágenes, las cuales serían exhibidas a otra persona. Los investigadores sospechan que, tras concretar el crimen, J.G. debía sacarle fotos al cadáver de Cecilia y luego enviárselas a un tercero.

“Que no me diga nada a mí por matarla”, fue otra de las frases que soltó el imputado en referencia a alguien más. “Por eso, déjame estar con él y vigilarlo”, escribió N.Y.L., su novia, con la intención de calmarlo.

Horas más tarde, la pareja develó la identidad de esta persona. “Dile a Max que si quiere decirte algo que me contacte”, le advirtió el adolescente a su novia.

Aquel 16 de julio por la mañana, luego de que el plan de la pareja no resultaba como esperaban, J.G. le manifestó a N.Y.L. que necesitaba ayuda. “Necesito que se deshaga de ella. Necesito por favor que le digas”, le imploró. Si bien en este mensaje no se hace referencia a “Max”, sospechan que el adolescente se refería a que necesitaba la ayuda de este sujeto para deshacerse del cuerpo de Cecilia. “Le diré pero no creo que a plena luz del día quiera hacer algo”, le respondió la imputada.

Durante otro de los pasajes, el atacante expresó su preocupación por la reacción que podría tener este tercer individuo frente al resultado de los acontecimientos: “Max me va a querer ahorcar”. Y continuó: “Es mejor decirle a él, que mueve un dedo y arregla todo”.

Este último mensaje resulta clave, ya que para los investigadores, J.G. le atribuye a “Max” la capacidad de intervención o influencia para resolver la situación. Pese a las referencias que aparecen en los chats, la Justicia aún no logró identificar a esa persona ni probó que haya participado del plan criminal.

La otra hipótesis

La otra hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el crimen habría sido impulsado por N.Y.L. Esta línea de investigación comenzó a consolidarse tras la Cámara Gesell de M., la amiga de Cecilia que la recibió en su casa la noche anterior al asesinato. Durante su declaración, la menor afirmó que la imputada estaba celosa de su amiga.

A su vez, indicó que Cecilia estaba mal anímicamente y que tenía pensamientos suicidas. Por lo tanto, J.G. decidió crear un grupo de WhatsApp con la excusa de “contenerla”. Sin embargo, aclaró que en realidad lo armó para sacarle información.

Una de las principales sospechas es que la pareja se habría aprovechado de los pensamientos suicidas de la joven para planear el crimen y hacer que parezca que se había quitado la vida.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cuál habría sido el motivo por el cual el adolescente asesinó a su compañera. Mientras, el fiscal a cargo del caso, Facundo Cabral, mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Las últimas horas de Cecilia

El 15 de julio por la tarde, alrededor de las 19, la joven salió de su casa junto a M. en la moto de su papá para sumarse a la caravana por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. Minutos antes de las 23, ambas llegaron a la casa de M., donde cenaron y luego se fueron a dormir.

A la madrugada del día siguiente, cerca de las 3.05, una de las cámaras de seguridad de la zona registró el instante en que Cecilia salió de la vivienda. La adolescente caminó sola durante varios minutos hasta que, a las 3.28, otra cámara la registró junto a J.G., quien vestía un buzo oscuro y llevaba una pala en la mano derecha. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el adolescente la llevó engañada hasta el sector de las vías del ferrocarril.

Según la hipótesis de la fiscalía, entre las 3:30 y las 4:50, J.G. atacó a Cecilia y le provocó un profundo corte en el cuello. Luego, utilizó un elemento filoso para realizarle varios cortes en las muñecas y así simular un suicidio.

Minutos después, la joven logró salir de la casilla y caminó hasta la casa de una vecina, ubicada a unos 80 metros del lugar. Mientras ella intentaba conseguir ayuda, el atacante se dio a la fuga.

Cerca de las 5.50, personal policial llegó al lugar y le preguntó a Cecilia quién la había atacado. Debido a la gravedad de las lesiones, sólo pudo responder mediante gestos. La menor fue trasladada a un hospital local y posteriormente derivada al Hospital de Santo Tomé. Ese mismo día falleció durante su traslado a la capital provincial.

Días después, tras el análisis de las cámaras de seguridad, los chats entre la pareja de adolescentes y los elementos hallados en la escena del crimen, el fiscal ordenó la detención del presunto atacante. J.G. está imputado por como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

Por su parte, su novia está imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía y este jueves, le dictaron la domiciliaria. A pesar del reclamo de la familia de la víctima y de su abogado, la joven seguirá el proceso en una casa ubicada en la ciudad de Santo Tomé.

Corie Walsh fue acusada de asesinato en Illinois después de que la policía encontrara muerto a su hijo de dos años en el sótano de la casa familiar, ubicada en Frankfort. Según NBC News, dentro de la misma vivienda, los agentes localizaron a la mujer con heridas autoinfligidas en una bañera.

Walsh, de 40 años, fue imputada el viernes por tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Barrett Walsh. La oficina forense del condado de Will consideró el fallecimiento como un aparente homicidio, de acuerdo con la información incorporada a la causa.

La documentación judicial citada por NBC News indicó que Walsh había hablado activamente sobre el juicio de Lindsay Clancy en mensajes grupales con amigos hasta las 12:30 del martes. El hallazgo ocurrió unas tres horas y media más tarde, mientras el jurado de ese proceso deliberaba.

La fiscalía también sostuvo que la acusada se había involucrado recientemente “mucho” en el caso Clancy. Ese interés fue mencionado por los fiscales al pedir que se le negara la libertad provisional, junto con afirmaciones sobre comentarios de Walsh acerca de hacer daño a sus otros tres hijos y a su esposo.

El hallazgo del niño y los resultados de la autopsia

La policía de Frankfort, una localidad situada a unos 56 kilómetros al suroeste de Chicago, acudió a la vivienda poco después de las 16:00 del martes tras recibir un aviso por un menor inconsciente. Al llegar, los agentes encontraron a una vecina que practicaba reanimación cardiopulmonar al niño.

Los registros judiciales recogidos por NBC News señalan que la vecina halló a Barrett Walsh ahorcado en el sótano. Lo bajó e intentó reanimarlo mientras llamaba al 911 para pedir ayuda.

Los fiscales indicaron que el niño ya estaba frío y no tenía pulso cuando fue encontrado. Posteriormente, fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su muerte.

Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que Barrett Walsh murió por asfixia causada por la compresión del cuello con una ligadura. Esa conclusión figura en la petición presentada por la fiscalía en el proceso abierto contra su madre.

La mujer fue encontrada herida en el baño de la vivienda

En el piso superior de la casa, los agentes encontraron a Walsh en el baño del dormitorio principal. Estaba tendida dentro de la bañera, completamente vestida y rodeada de agua con sangre.

La denuncia sostiene que la acusada tenía cortes en las muñecas y en los muslos. La policía informó que fue hospitalizada con lesiones que no ponían en peligro su vida.

El escrito judicial atribuye a Walsh una declaración hecha ante los agentes dentro de la vivienda. De acuerdo con la acusación, la mujer les dijo que “le hizo esto a su bebé porque él era el ‘diablo’ y el ‘anticristo’”.

La vecina declaró además que encontró a Walsh con un cuchillo en la mano mientras se autolesionaba. La denuncia indica que logró quitarle el arma y la arrojó al fregadero.

El caso de Lindsay Clancy fue mencionado por la fiscalía

Más tarde, los investigadores recuperaron el cuchillo como prueba. El objeto fue recogido en el fregadero, donde la vecina afirmó haberlo arrojado después de quitárselo a Walsh.

La acusación incluyó el interés reciente de Walsh en el juicio contra Lindsay Clancy entre los elementos expuestos durante el pedido para impedir que obtuviera la libertad provisional. Los fiscales también mencionaron los mensajes que la mujer intercambió con amigos antes de que se descubriera la escena.

Clancy mató a sus tres hijos en enero de 2023. Su proceso penal atrajo atención nacional debido a la transmisión en directo de las audiencias, de acuerdo con la información publicada por NBC News.

El medio estadounidense informó que el juicio de Clancy terminó el viernes con la anulación del proceso. Mientras el jurado deliberaba en ese caso, la policía de Frankfort recibió el aviso que llevó al hallazgo de Barrett Walsh en el sótano de su casa.

Dos hermanos fueron asesinados y una bebé de ocho meses resultó gravemente herida durante un ataque a balazos registrado la mañana de este viernes en el municipio de Zamora, Michoacán.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 horas dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Camelinas, en la colonia El Vergel, hasta donde ingresaron de manera violenta al menos dos hombres armados, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Israel y Diana A. M., de 18 y 23 años de edad, respectivamente. Ambos eran hermanos y se encontraban dentro del inmueble cuando se registró el ataque.

Durante la agresión también resultó lesionada una bebé de apenas ocho meses, quien es familiar de las víctimas. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada a un hospital regional para recibir atención médica.

Hombres armados irrumpieron en una vivienda

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los responsables llegaron hasta el domicilio y entraron por la fuerza para posteriormente disparar contra las personas que se encontraban en el interior.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía se trasladaron hasta la vivienda para realizar las primeras diligencias y comenzar con la recopilación de indicios que permitan establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado abrió diversas líneas de investigación para determinar el móvil del doble homicidio.

Entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que el ataque esté relacionado con una venganza derivada de actividades de venta de droga al menudeo, aunque esta línea forma parte de las investigaciones y hasta el momento no se ha establecido públicamente como el móvil definitivo del crimen.

Las autoridades buscan determinar si las víctimas tenían algún vínculo con actividades ilícitas o si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguna de las personas que se encontraban en el domicilio.

Disputa entre grupos criminales mantiene violencia en Zamora

El ataque ocurrió en Zamora, municipio que durante los últimos años ha registrado elevados niveles de violencia y homicidios relacionados con la disputa entre organizaciones criminales.

De acuerdo con las autoridades, en la región tienen presencia distintas células delictivas que mantienen una confrontación por el control de actividades ilícitas.

Entre los grupos identificados se encuentran células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios, organizaciones que se disputan territorios y fuentes de ingresos vinculadas con actividades como el narcomenudeo y la extorsión.

Esta disputa también ha generado hechos violentos que afectan a personas que no necesariamente tienen participación directa en las actividades criminales, además de enfrentamientos entre integrantes de los distintos grupos.

El municipio de Zamora forma parte de una de las zonas de Michoacán donde las autoridades han reforzado los operativos de seguridad debido a la presencia y actividad de organizaciones delictivas.

En el caso registrado este viernes, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y determinar las circunstancias en las que la bebé resultó herida.

Personal especializado continúa con las diligencias correspondientes para establecer la identidad de los responsables y determinar el móvil de la agresión.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades recaban testimonios y otros elementos que permitan reconstruir el ataque ocurrido durante las primeras horas de la mañana en la colonia El Vergel.

Una mujer murió tras recibir múltiples puñaladas dentro de un edificio residencial de lujo en Brickell, en Miami, durante la madrugada del viernes, en un caso que permanece bajo investigación y por el que las autoridades informaron que hay una persona bajo custodia.

La información fue difundida por CBS News, que detalló que el hecho ocurrió en la torre Solitair Brickell, ubicada frente a Brickell City Centre, una de las zonas más transitadas del sector financiero y residencial de la ciudad. Hasta el momento, la Policía de Miami no divulgó la identidad de la víctima ni explicó en qué circunstancias se produjo el ataque.

La policía llegó al edificio tras un aviso recibido de madrugada

La vocera de la Policía de Miami, Kenia Fallat, afirmó que los agentes acudieron al edificio alrededor de las 4:45 de la madrugada después de recibir una alerta por una mujer apuñalada. Cuando los oficiales ingresaron al lugar, encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca, tal y como indicó la funcionaria en declaraciones recogidas por el medio.

Poco después, equipos de rescate y bomberos confirmaron que la mujer murió en la escena, sin que pudiera ser trasladada a un hospital. Esa fue una de las primeras precisiones oficiales del caso, mientras el perímetro del inmueble quedaba rodeado por cinta amarilla y bajo resguardo policial.

El reporte publicado por CBS News señaló además que afuera del edificio podía verse una fuerte presencia de agentes, en medio del trabajo inicial de levantamiento de pruebas y recolección de información sobre lo ocurrido dentro de la torre.

Una persona permanece detenida mientras avanza la investigación

Las autoridades aseguraron que una persona fue puesta bajo custodia y está siendo interrogada en relación con el ataque. Sin embargo, esa información inicial fue ampliada después por NBC South Florida, medio que indicó que el detenido era el hijo de la víctima.

La misma cobertura identificó al sospechoso como Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, y aseguró que ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado con un arma. Hasta el momento, la Policía de Miami no había incorporado públicamente esos detalles en la información inicial difundida sobre el caso.

Ese dato aparece como uno de los pocos elementos confirmados por la investigación hasta el momento. La policía evitó difundir más detalles sobre el episodio, una postura habitual en las primeras horas de este tipo de casos, cuando los investigadores todavía intentan reconstruir la secuencia completa de los hechos.

El edificio Solitair Brickell está ubicado en el 86 del suroeste y la calle 8, en una zona de alta circulación peatonal y vehicular. La ubicación del crimen, en un sector asociado a residencias de alto valor y vida urbana intensa, volvió a poner atención sobre la seguridad en complejos habitacionales del área.

El caso sigue abierto y todavía no se conocen las circunstancias del ataque

Hasta ahora, la Policía de Miami no confirmó qué ocurrió antes del apuñalamiento, si hubo una llamada de emergencia realizada por testigos o residentes, ni si el hecho se produjo dentro de un apartamento, en un pasillo o en otra parte común del edificio.

Tampoco trascendió si la víctima residía en la torre o si se encontraba allí por otro motivo. Esa falta de información impide establecer de momento un móvil claro o una cronología definitiva de lo sucedido.

Lo que sí quedó establecido, de acuerdo con lo informado por las autoridades y replicado por CBS News, es que la mujer presentaba varias puñaladas cuando fue hallada por los oficiales y que la muerte fue declarada en el lugar. Ambos puntos constituyen la base confirmada del caso en esta etapa inicial.

Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni posibles cargos

A la espera de nuevas precisiones, el expediente continúa en desarrollo y las autoridades no comunicaron si presentarán cargos en las próximas horas contra la persona demorada. Tampoco se informó la edad de la víctima ni si ya fue notificada su familia.

Por el momento, el caso permanece como una investigación por apuñalamiento mortal en Brickell, con escasa información oficial disponible y con peritos y detectives concentrados en determinar qué pasó dentro del edificio durante la madrugada del viernes.

La Clínica de Rehabilitación Jireh, ubicada en el Ejido Mariano Matamoros, en Tijuana, fue suspendida temporalmente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) la tarde del viernes 4 de septiembre, luego de una revisión realizada tras el homicidio de un hombre dentro de sus instalaciones el pasado 21 de agosto.

Alrededor de las 20:00 horas fueron colocados en el inmueble una lona y sellos de suspensión como medida temporal de seguridad sanitaria. De acuerdo con el Gobierno de Baja California, durante la verificación fueron detectadas deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internadas.

Una fuente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comentó al semanario ZETA que el establecimiento cuenta con cinco días para regularizar su situación y retirar del lugar a las personas que se encuentren internadas sin su consentimiento o el de algún familiar.

El operativo fue realizado de manera interinstitucional con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) y COEPRIS.

Detienen a escolta durante operativo

Durante la diligencia fue detenido un hombre que fungía como escolta de Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, debido a que portaba un arma de fuego y no pudo acreditar que contaba con el permiso correspondiente, según informó el Gobierno del Estado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

La intervención ocurrió después de que el 21 de agosto Richard Damián fuera asesinado dentro de la Clínica Jireh. La víctima murió por asfixia por estrangulamiento y, además, recibió 38 golpes.

El 3 de septiembre, dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio fueron vinculados a proceso y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Antes de que las autoridades ingresaran al centro, Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, quien es identificado como representante de la Patrulla Espiritual, realizó una transmisión en vivo en la que anticipó una posible clausura y señaló que se esperaba la presencia de autoridades estatales y federales.

Osuna Torres afirmó que la orden para cerrar el centro habría sido emitida por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, aunque sostuvo que la clínica contaba con la documentación necesaria para operar.

Durante la transmisión pidió a la mandataria estatal que las personas internadas, a quienes llamó “Tazos Dorados”, no fueran retiradas del establecimiento, al considerar que las personas responsables del homicidio ya habían sido detenidas.

“Estoy consciente que pasaron cosas, pero hay culpables y esos culpables van a cumplir su proceso en la cárcel. No saque a los Tazos Dorados de la clínica de rehabilitación. Deme la oportunidad o dele la oportunidad a los dueños de la clínica, que son el padrino Alexis y la madrina Sandra, de que tengan todo en línea”, expresó.

Detectan irregularidades en consentimiento de internos

Posteriormente, el Gobierno del Estado confirmó la suspensión temporal y señaló que la medida derivó de los incumplimientos documentados por COEPRIS durante la inspección.

La autoridad estatal precisó que al momento de la intervención había personas internadas, por lo que el operativo se desarrolló priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas.

El IPEBC ofreció trasladar a los internos a otros centros de atención; sin embargo, de acuerdo con el comunicado oficial, ninguna persona fue desalojada durante la diligencia.

Entre las irregularidades detectadas, el Gobierno estatal destacó deficiencias en las condiciones bajo las cuales se brindaba atención, incumplimientos de carácter sanitario y anomalías en los mecanismos empleados para demostrar que las personas habían consentido su internamiento.

Estos hallazgos, indicó la autoridad, dieron lugar a la suspensión temporal del establecimiento conforme a las atribuciones de COEPRIS.

La medida se produce dos semanas después del homicidio de Richard Damián y un día después de que un juez resolviera vincular a proceso a dos de los presuntos responsables de su muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) obtuvo órdenes de aprehensión y judicializó a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, fundador, segunda voz y tecladista de la banda mexicana de rock alternativo Camilo Séptimo, así como de tres integrantes de su familia y un perro.

Los dos acusados fueron trasladados este viernes por la mañana desde el Complejo Central de la Fiscalía mexiquense al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de que venciera el plazo constitucional de 48 horas para resolver su situación jurídica.

De acuerdo con las autoridades, ambos enfrentan imputaciones por homicidio y maltrato animal. Este último delito se relaciona con el asesinato del perro de la familia, encontrado también sin vida y maniatado dentro del departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Una familia asesinada y un niño que sobrevivió

El crimen ocurrió la tarde del 1 de septiembre, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron atacadas dentro de su domicilio entre las 17:30 y las 19:40 horas.

Entre las personas asesinadas se encontraba Jonathan Meléndez, de 38 años, conocido en el ambiente artístico como “Honas”. También fueron asesinadas su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y una mujer que trabajaba en el hogar.

Las autoridades encontraron al músico y a su esposa maniatados y con el tiro de gracia. La menor de edad también recibió un disparo de este tipo, mientras que la trabajadora doméstica presentaba una herida de arma de fuego en la espalda.

En el mismo domicilio se encontraba otro hijo de la pareja, de seis años, quien sobrevivió al ataque y fue localizado sin lesiones aparentes. De acuerdo con información difundida tras el crimen, la mujer que trabajaba como niñera habría indicado al menor que se escondiera y que no saliera de la habitación.

El niño quedó bajo resguardo de las autoridades. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y el DIF estatal brindaban apoyo al menor y mantenían contacto con sus familiares.

El socio de la víctima, principal señalado

La Fiscalía mexiquense identifica a Diego Sebastián “N” como presunto autor material del multihomicidio. El hombre, de 51 años y de origen argentino, era socio de Meléndez en un negocio dedicado a la administración y renta de propiedades.

Una de las principales líneas de investigación es el robo, debido a que ambos mantenían negocios relacionados con la renta de casas de lujo en destinos como Valle de Bravo. De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, Meléndez y Diego Sebastián “N” llegaron a administrar conjuntamente alrededor de 32 propiedades.

La relación empresarial habría permitido que el acusado ingresara al inmueble sin levantar sospechas, pues tenía acceso y confianza con las víctimas.

Gerardo “N”, quien era señalado como chofer de Diego Sebastián, también fue detenido y es investigado por su posible participación en los hechos. Hasta ahora, la Fiscalía ha señalado a Diego Sebastián como presunto responsable material, mientras que el papel específico de Gerardo en la masacre continúa bajo investigación.

Además, ambos fueron imputados por cohecho, debido a que presuntamente ofrecieron dinero a policías con la intención de evitar su detención.

La captura de los dos sospechosos ocurrió en menos de 12 horas después del hallazgo de los cuerpos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la coordinación entre autoridades federales, del Estado de México y de la Ciudad de México para localizar a los presuntos responsables.

El caso ha generado indignación no sólo por el asesinato de cuatro personas, incluida una niña y una mujer embarazada, sino también por la violencia ejercida contra el animal de compañía. La investigación continuará mientras los acusados enfrentan el proceso penal por homicidio, cohecho y maltrato animal.

Tres personas fueron imputadas por homicidio doloso agravado tras una audiencia celebrada en Panamá por el asesinato del empresario y economista suizo-español Miguel González, ocurrido el 15 de abril de 2026. Las nuevas revelaciones apuntan a que el robo de 77 kilos de plata habría sido el móvil del ataque.

La jueza de garantías Oriz Medina ordenó la detención provisional de Cristopher Robert y Aristides Ardines Gómez, mientras que Yamizuri Elizabeth Gómez recibió arresto domiciliario.

Los tres quedaron formalmente vinculados a la investigación, aunque por el momento la imputación formulada corresponde únicamente al delito de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos de convicción para relacionar a los investigados con la muerte de González, según explicó la representación legal de la familia.

La parte querellante señaló que otras personas también estarían involucradas en la planificación y ejecución del ataque y permanecen pendientes de captura.

La investigación sostiene que los responsables recibieron información sobre el traslado de aproximadamente 77 kilos de plata que estaría realizando el empresario. Ese supuesto “soplo” habría permitido organizar el seguimiento, interceptar el automóvil y apoderarse del cargamento, valorado dentro del proceso en cerca de $300 mil.

Los abogados de la familia describieron una operación presuntamente organizada desde varias horas antes del homicidio. Los sospechosos habrían permanecido reunidos y siguiendo los desplazamientos de González.

Videos incorporados a la investigación mostrarían una caravana de vehículos tanto durante el seguimiento como cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Según el relato presentado después de la audiencia, uno de los vehículos utilizados por los atacantes interrumpió el tráfico y se atravesó frente a un camión. La maniobra obligó a González a detenerse, mientras otro automóvil impactó por detrás el Kia Sportage gris que conducía en Llano Bonito, Juan Díaz.

Las puertas del lado del conductor y de la parte trasera presentaban un desperfecto que impedía abrirlas inmediatamente. Los atacantes habrían interpretado que González se resistía al robo y realizaron múltiples disparos contra el vehículo para poder ingresar, de acuerdo con la versión de los representantes de la familia.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 12:25 p. m. Los peritos recuperaron más de 15 casquillos en la escena.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban prendas similares a las policiales. Algunos llevaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de investigación. Esos elementos, junto con la persecución y la cantidad de disparos, reforzaron la hipótesis de un ataque planificado.

Los tres sospechosos fueron capturados casi cinco meses después mediante la Operación Destello, desarrollada en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito. El operativo fue dirigido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

González, de 60 años, acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc. Además, asesoraba a la Superintendencia de Bancos de Panamá y poseía licencias del mercado de valores desde 2015.

La Fiscalía deberá ahora acreditar que el robo del cargamento fue efectivamente el móvil del homicidio y precisar la participación atribuida a cada imputado. La investigación también busca establecer quién filtró la información sobre el traslado de la plata y localizar a las demás personas presuntamente involucradas.

Cuando un delincuente cae, sus amigos se lamentan. Y en la Argentina de 2026, lo hacen, invariablemente, por Instagram.

Tomás Ignacio Felice, alias “El Cica” o “Cara de Bebé” fue capturado la semana pasada por el asesinato a golpes de Alberto Espínola Castillo, comerciante, oriundo de Paraguay, dedicado al negocio de la construcción. El 10 de diciembre de 2024, cinco sospechosos entraron a su casa del barrio La Loma para darle una paliza frente a su mujer y llevarse seis mil dólares. Espínola, humillado frente a su pareja, murió poco después por las heridas que sufrió. No le quedaba mucho para jubilarse: cumpliría los 65 años en dos meses.

La UFI N°4 de Lomas de Zamora, con la fiscal Silvana Estevez, decidió intensificar la búsqueda y convocó a la División Homicidios de la PFA, reconocida por su alta efectividad para resolver casos fríos. Así, “Cara de Bebé” cayó en Remedios de Escalada. Entonces, sus amigos comenzaron a postear.

“Hasta la vuelta compañero, te amo”, comentó uno, con el emoji de la Estatua de la Libertad. “Mal ahí compañero R8, que sea en la brevedad (sic) Tomy amigo”, siguió otra story, con el mismo emoji de la Estatua de la Libertad. “R8″ no es otra cosa que “rrocho”, o chorro al revés. “Acá vamos a estar hermanito, sabelo, la concha de la gorra”, dijo otro, sin saber que la gorra monitoreaba sus posteos.

Las imágenes son bastante paródicas: “Cara de Bebé” posa en boliches y en juntadas, en selfies de espejo. Se sabe prófugo y se tapa la cara a medias. Otras stories de sus amigos, precisamente, lo metieron preso.

Tras el crimen, descubrieron los investigadores, había dejado su domicilio en Gerli y cerrado sus redes sociales. Sin embargo, las billeteras virtuales del acusado podrían ser una pista. Parecía que había cerrado todas también, no tenía ninguna activa. Sin embargo, quedaba una, y la empleaba a su nombre. La División Homicidios encontró sus movimientos, pagos chicos.

A quienes Felice les pagaba se convirtió en la pistan siguiente. Los receptores de su plata eran varios jóvenes de la zona de Villa General Balcarce en Remedios de Escalada. Al contrario de “Cara de Bebé”, estos jóvenes, sus amigos, sí usaban sus redes sociales. Posteaban stories en Instagram; la Federal comenzó a monitorearlas.

Allí, vieron cómo el prófugo por el crimen de Espínola posaba con sus amigos. Los murales que se veían en las imágenes dieron las coordenadas. Tras montar una vigilancia, lo encontraron en la calle San Salvador al 3000. Vecinos del barrio intentaron rescatarlo a piedrazos, sin éxito.

Tras haber indagado al joven de 20 años detenido por la muerte del jubilado Luis Armando Ramos en Catamarca, la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de la localidad de Belén lo imputó por el delito de homicidio preterintencional.

La fiscal subrogante Jazmín Martel consideró que M.A.Q. causó la muerte de Ramos sin intención. Según la acusación, si bien sus acciones derivaron en ese resultado, el propósito original era lesionarlo o causarle un daño físico.

El episodio tuvo lugar el domingo entre las 19 y las 23 horas, en las inmediaciones del Club River de Corral Quemado. Según la reconstrucción incorporada al expediente a la que accedió el medio local El Ancasti, en medio de una discusión entre ambos de la cual no trascendieron los motivos, el imputado le propinó un golpe en el rostro a Ramos que le provocó la pérdida de equilibrio y posterior caída al suelo, quedando inconsciente.

Tras la agresión, el jubilado fue asistido en el centro de salud local y luego trasladado a Belén, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva. Tenía un cuadro de politraumatismos y luego le diagnosticaron muerte cerebral, lo que posteriormente derivó en su deceso.

La autopsia médico-legal determinó que murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave con hematoma subdural. Ese dictamen fue uno de los elementos centrales que la Fiscalía tomó en cuenta para construir la imputación contra M.A.Q.

Junto al informe forense, la fiscal incorporó las actuaciones realizadas de oficio por personal de la Comisaría de Corral Quemado, la denuncia de los familiares de la víctima, testimonios y otros informes médicos. La audiencia de indagatoria se realizó este miércoles y el imputado presentó declaración.

Ramos era un vecino conocido de Corral Quemado, una localidad del departamento de Belén ubicada en el oeste de Catamarca. El agresor quedó detenido desde el momento de su aprehensión y permanece a disposición de la justicia.

Martel aún debe definir si solicita la prórroga de la detención o dispone otra medida cautelar. La causa tramita en el marco de una investigación penal preparatoria y, en paralelo, efectivos de la División Homicidios se trasladaron a Corral Quemado para realizar pericias en el lugar de los hechos y determinar con precisión si el golpe y la posterior caída fueron la causa directa del deceso.

Cuatro vecinos detenidos por la muerte de un jubilado

Ángel Rosendo Leguizamón fue encontrado sin vida en el dormitorio de su vivienda de la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry, en el partido bonaerense de Merlo.

El cuerpo fue hallado por un amigo que llegó a visitarlo y se topó con la puerta de entrada abierta y el interior de la casa completamente revuelto. Al ingresar, descubrió a Leguizamón con un cable alrededor del cuello y llamó de inmediato al 911. Los primeros efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera confirmaron que se trataba de un homicidio. Según el médico que llegó en la ambulancia, la muerte se había producido entre seis y ocho horas antes.

El hombre recibió golpes en distintas partes del cuerpo, fue asfixiado con un cable y presentaba heridas de arma blanca en la zona intercostal. Tenía además las piernas atadas y lesiones defensivas en manos y brazos, lo que indica que estuvo consciente durante parte de la agresión. En la escena, personal de la Policía Científica secuestró dos cuchillos de cocina que se presume fueron utilizados en el crimen.

La hipótesis principal de la fiscalía apunta a un robo. La cerradura de la vivienda no parecía forzada, un detalle que sugiere que Leguizamón conocía a sus agresores o les abrió la puerta voluntariamente. Faltaba su teléfono celular y, según las fuentes del caso, todo indica que le habrían exigido dinero mientras lo herían.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, se registraron a cuatro personas mientras entraban y salían del domicilio de la víctima. El fiscal Martín Schebes, a cargo de la UFI N° 4 de Morón, trabajó en el lugar junto a las instructoras Paula Salvo y Lorena Stratta, y a partir de esas imágenes lograron identificar a los sospechosos en pocas horas. Todos los detenidos resultaron ser vecinos de la víctima.

La madrugada del jueves dejó un crimen bajo investigación en San Rafael, provincia de Mendoza, donde un hombre de 36 años murió tras ser herido con un arma blanca durante una riña ocurrida en la vía pública. La víctima fue identificada como Gabriel Segundo Ramos, y por el hecho la Policía aprehendió a dos hombres señalados por su presunta participación en el enfrentamiento previo.

El episodio se produjo cerca de las 2:54 en la zona de callejón Los Pioneros y avenida Balloffet, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 38ª. Cuando los efectivos llegaron al lugar, hallaron a Ramos con una lesión cortopunzante en la parte dorsal izquierda y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada del personal de salud.

La intervención médica confirmó poco después el fallecimiento, lo que dio inicio a una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, despliegue de distintas unidades policiales y operativos en otros puntos del departamento para reconstruir la secuencia y ubicar a quienes habrían estado involucrados en la pelea.

Después de la intervención en el lugar y de acuerdo con lo informado por el portal del Diario Los Andes, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzó a analizar registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Ese trabajo permitió establecer parte de los desplazamientos relacionados con el hecho, una pieza que pasó a formar parte de la reconstrucción preliminar de lo ocurrido.

Con esos elementos, la pesquisa sumó la participación de personal de Investigaciones, de la Unidad VANT, de Canes y de Policía Científica. El objetivo de esos procedimientos fue reunir pruebas, localizar a posibles involucrados y determinar de qué manera se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte del hombre de 36 años.

A partir de las tareas investigativas, los operativos condujeron a un domicilio situado en inmediaciones de callejón Campos y Cordillera de los Andes. En ese lugar, fueron aprehendidos D. L. M., de 28 años, y H. M., de 30, quienes quedaron a disposición de la causa.

Según las primeras averiguaciones, ambos habrían participado de una riña con la víctima antes de la agresión fatal. La investigación quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal Giulliana Dalosso y de la fiscal Andrea Rossi, quienes dispusieron las primeras medidas judiciales para avanzar con el esclarecimiento del caso. En esta etapa, el expediente fue caratulado de manera inicial como homicidio simple.

Esa calificación puede ser revisada a medida que se incorporen nuevas pruebas periciales, testimoniales y técnicas. También deberá establecerse si hubo participación directa de uno o más agresores en el ataque con arma blanca y cuál fue el contexto exacto del enfrentamiento.

Mientras la causa avanza, los dos aprehendidos continúan vinculados a la investigación iniciada tras el crimen ocurrido en San Rafael. Las medidas ordenadas por el Ministerio Público apuntan a esclarecer la responsabilidad penal de ambos y a poder reconstruir el caso.

Hace tan solo unos días, un niño de 11 años fue baleado en Mendoza tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas en plena vía pública. La secuencia comenzó cerca de las 20 del domingo, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la vía pública. De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, las advertencias apuntaban a un enfrentamiento entre bandas en el interior del barrio y a una consecuencia inmediata: un niño había quedado en la línea de fuego.

Según la información del medio local ElSol, la víctima fue trasladada por su madre al Hospital Paroissien, donde los médicos constataron una lesión por arma de fuego. Más tarde, por la entidad del cuadro, el menor fue derivado al Hospital Notti. Allí, quedó internado, aunque estable y en sala común, mientras la investigación judicial avanzó con las primeras medidas en la escena.

El cuerpo de Horacio Pinceti apareció tirado frente a una dependencia del Ministerio de Espacio Público e Higiene del Gobierno de la Ciudad, donde trabajaba junto a su hermano gemelo, en diciembre de 2017. Casi una década después, el Poder Ejecutivo publicó la resolución 868 para esclarecer el caso, investigado durante un lapso como un homicidio encubierto.

Mediante Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones a quienes aporten datos útiles sobre la muerte del inspector porteño. La medida fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del doctor Daniel Alejandro Togni, que tramita la causa bajo la carátula “NN sobre muerte dudosa dam. Pinceti Horacio”.

El organismo solicitó en julio a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, quien además firmó la resolución, que activara el mecanismo de recompensa. A su vez, informó que el 8 de mayo pasado decidió cerrar el caso y enviarlo a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), luego de agotar todas las medidas de investigación posibles. Sin embargo, la resolución dejó en claro que “si bien no puede tenerse por probada la participación de terceros, tampoco puede descartarse la misma”.

Pinceti tenía 36 años y se desempeñaba como inspector en la Dirección General de Fiscalización de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en el edificio de la calle Huergo 941. En la madrugada del 10 de diciembre de 2017, su cuerpo cayó desde el piso 12 de ese inmueble e impactó contra la vereda. Desde el principio, la causa de la muerte generó interrogantes: la versión inicial habló de un accidente, pero luego se barajó la hipótesis de un suicidio. A medida que avanzaba la investigación, una serie de elementos hallados en la escena instalaron la posibilidad de un homicidio encubierto.

Uno de los elementos más contundentes fue una gran cantidad de sangre hallada en el balcón del piso desde donde cayó —estimada en alrededor de dos litros por los peritos— que en un primer análisis no coincidía con la de Pinceti. Sin embargo, una segunda prueba de ADN determinó que sí era suya. La autopsia reveló además dos heridas previas a la caída: un corte en un brazo y una herida contusa en la parte baja del abdomen.

La empresa de seguridad privada del edificio brindó las cintas de solo dos cámaras de seguridad, una actitud que fue cuestionada por la familia porque, según su hermano, hubo movimiento en el edificio hasta casi la medianoche. Ambos habían estado trabajando juntos hasta esa noche.

La Fiscalía debió solicitar el material en reiteradas oportunidades y practicó dos allanamientos sobre la empresa, sin lograr obtener la totalidad de los registros fílmicos. En el texto publicado en la madrugada hicieron referencia a la “extrema complejidad de la pesquisa, en cuyo marco se indagó la hipótesis de un homicidio encubierto bajo una falsa apariencia de suicidio, habiéndose practicado numerosas diligencias que demandaron un prolongado tiempo de ejecución, circunstancia que se tradujo en más de siete (7) años de investigación sin que pudiera arribarse a una conclusión unívoca”.

Con el archivo de la causa, la recompensa pasa a ser el principal instrumento para reactivar la búsqueda de información, según consideró el Ministerio de Seguridad. Quienes dispongan de datos pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134, donde la identidad del aportante quedará preservada.

El pago será realizado por la mencionada cartera o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante.

La maestra Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio de Manzanillo, Colima. El ataque ocurrió frente a sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la agresión.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, sobre la Avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago, donde, de acuerdo con versiones de testigos, sujetos armados interceptaron el automóvil en el que viajaba la profesora.

Según los primeros reportes, los agresores se aproximaron al vehículo y realizaron disparos de arma de fuego de manera directa contra la docente. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que la maestra perdió la vida al interior de la unidad.

El asesinato generó conmoción entre la comunidad educativa de Manzanillo, particularmente entre estudiantes, docentes, egresados y padres de familia vinculados con el ISENCO.

ISENCO exige esclarecer asesinato de la maestra

Luego de conocer el homicidio, el ISENCO Manzanillo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo ante la violencia y exhortó a integrantes de la comunidad escolar a manifestarse de manera pacífica para exigir el esclarecimiento del caso.

La institución pidió a estudiantes, docentes, egresados y padres de familia sumarse a las acciones para demandar a la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) una investigación inmediata y el esclarecimiento del asesinato de Noemí Isabel.

La comunidad educativa señaló la gravedad del crimen, debido a que la docente fue atacada mientras se encontraba en su vehículo y en presencia de sus hijos.

El caso también generó preocupación entre integrantes del sector educativo, quienes demandaron que las autoridades investiguen los hechos y localicen a los responsables.

Fiscalía de Colima investiga ataque directo

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de una mujer ocurrido el miércoles 2 de septiembre en la Delegación Santiago, municipio de Manzanillo.

De acuerdo con la dependencia, la víctima fue atacada de manera directa con disparos de arma de fuego cuando se encontraba a bordo de un vehículo.

Después de recibir el reporte, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena del crimen. En el lugar fueron recabados diversos indicios que serán incorporados a la investigación, además de que se obtuvieron versiones de personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Agentes investigadores, bajo la conducción del Ministerio Público, también realizaron las primeras diligencias para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque, identificar la ruta de escape de los agresores y determinar las circunstancias que rodearon el asesinato.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y localizar a quien o quienes resulten responsables del crimen para presentarlos ante la autoridad judicial.

Piden que el crimen no quede impune

La dependencia estatal aseguró que trabajará para esclarecer el caso y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad del ISENCO mantiene el llamado a una manifestación pacífica para exigir justicia por la muerte de la maestra Ríos Torres.

El asesinato ocurrido en Manzanillo vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra las mujeres y la necesidad de que las autoridades esclarezcan los homicidios y garanticen que los responsables sean llevados ante la justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía de Colima no ha informado públicamente sobre personas detenidas por este crimen ni sobre una posible identificación de los agresores.

El asesinato de Noemí Ríos Torres se suma a los hechos de violencia que han generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad colimense, mientras las autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

En el sexto día de deliberaciones, el jurado en el juicio contra Lindsay Clancy aún no ha llegado a un veredicto sobre el destino de la exenfermera obstétrica de 36 años. En una nueva nota enviada al juez William Sullivan, el panel reveló que aparentemente existe una división de 11 a 1 entre sus miembros.

Clancy enfrenta cargos por el asesinato de sus tres hijos y por intentar quitarse la vida posteriormente. Si bien la acusada no niega su accionar, sostiene que lo hizo bajo los efectos de una psicosis posparto.

El jurado debe decidir por unanimidad entre cinco posibles veredictos: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable de homicidio en primer grado, culpable de homicidio en segundo grado o culpable de homicidio involuntario.

La defensa pidió apartar a un jurado y el juez rechazó el planteo

Sullivan no leyó en el tribunal la nota. Tras una breve discusión con los fiscales, los abogados defensores y, por primera vez en el juicio, con la propia Clancy, el juez interrogó por separado y bajo juramento a los 12 integrantes antes de reunirlos nuevamente en la sala y reiterar la definición legal de duda razonable, precisaron NBC News y The New York Times.

El magistrado explicó: “Se considera que una acusación es probada sin lugar a dudas si, después de haber comparado y considerado todas las pruebas, se tiene la firme convicción moral de que la acusación es cierta”. Luego los envió a deliberar otra vez.

De acuerdo con el abogado defensor, Kevin Reddington, la presidencia del jurado advirtió que uno de sus integrantes no obedecía las instrucciones judiciales sobre la duda razonable y solicitó su expulsión, informó Associated Press.

“Si volvemos aquí dentro de media hora con un juicio nulo debido a un miembro del jurado que acaba de desobedecer las instrucciones de este tribunal, es una lástima, una verdadera lástima”, apuntó.

Por su parte, la fiscal Jennifer Sprague sostuvo que “no hay forma de determinar cuáles son las deliberaciones” y defendió la respuesta del tribunal al mensaje enviado por el panel, detalló The New York Times.

En consecuencia, Sullivan rechazó la solicitud y afirmó: “No me parece apropiado tomar partido por una u otra parte de las deliberaciones. No creo que sea apropiado decir: ‘Estoy de acuerdo con un jurado o con los once’. Les he preguntado si son capaces de seguir mis instrucciones. Juraron anteriormente que sí“.

La jornada terminó poco después de las 16 con unos 30 minutos finales de deliberación y sin una decisión. El jurado volverá este viernes para intentar alcanzar un veredicto.

Según declaraciones de Reddington recogidas por CNN, el juez realizará una investigación a las 9 de la mañana e interrogará al miembro del jurado.

Al mismo tiempo, según NBC News, expresó que quiere que las conversaciones sean en una audiencia pública: “Quiero que el público sepa lo que está pasando”.

La falta de acuerdo en el jurado abre la puerta a un posible nuevo juicio

Los jurados enviaron dos notas que indicaban la falta de consenso en los días previos. Tras recibir la segunda, el juez Sullivan impartió las instrucciones Tuey-Rodriguez, una directriz judicial que exhorta al jurado a hacer un último esfuerzo para alcanzar un veredicto, siempre y cuando ningún miembro renuncie a sus convicciones solo por lograr unanimidad.

Si el panel no logra llegar a un acuerdo definitivo, Sullivan puede declarar el juicio nulo. En ese caso, la fiscalía deberá decidir si impulsa un nuevo proceso, retira los cargos o intenta negociar una confesión de culpabilidad con la defensa.

El abogado Reddington anunció que está preparado para volver a juicio y que podría hacerlo incluso la próxima semana, reportó NBC News.

Sin embargo, declaró que “espera” que se alcance un veredicto en la próxima jornada, señaló CNN.

A su juicio, los jurados se inclinan a su favor: “Cuando una nota que el juez ya tiene indica que hay 11 jurados que han tomado una decisión y que un jurado no aplicará la duda razonable, creo que eso te da una idea de cuál es su postura”.

Por otro lado, contó que la acusada se siente “animada” y que tiene “fe en este jurado”. A su vez, según Associated Press, relató que Clancy recibió numerosas cartas de apoyo de “todo el mundo” y que “las lee todas”.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

“Estoy yendo a lo de las vías”. Ese fue el último mensaje que envió Cecilia Lazcano antes de ser asesinada, el 16 de julio, en una casilla abandonada ubicada junto a la antigua estación de tren de Alvear, Corrientes. Por el crimen hay dos menores imputados y se investiga la posible participación de un tercero.

Infobae tuvo acceso a las conversaciones que la adolescente mantuvo con una de sus amigas, identificada como M., el 15 de julio, un día antes del crimen. En los chats, Cecilia le contó que J.G. (16), quien se encuentra imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, le había propuesto encontrarse en las vías.

Durante las horas previas al encuentro, la víctima expresó en varias oportunidades su preocupación y desconfianza por la invitación. “Quiero ir pero me da cosita”, escribió. “Dijo que va a llevar una pala y me pidió que no le diga a NADIE (sic)”, agregó.

“Por las dudas te dejo avisada. Porque no confío mucho en esta juntada con J.”, le advirtió a su amiga.

Esa misma tarde, alrededor de las 19, Cecilia salió de su casa junto a M. en la moto de su papá para sumarse a la caravana por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. Minutos antes de las 23, ambas llegaron a la casa de M., donde cenaron y luego se fueron a dormir.

“Estoy yendo a lo de las vías”, decía el mensaje que la joven le envió alrededor de las 2.52 del día siguiente a un número que, según surge de la investigación, no pertenecía ni a M. ni a J.G. Minutos más tarde, cerca de las 3.05, una de las cámaras de seguridad de la zona registró el instante en que Cecilia salió de la vivienda.

“En un momento de la madrugada escuché un ruido y ví una silueta que salió de la pieza pensando que alguien se fue al baño”, recordó la mamá de M. al referirse a aquella noche.

Cecilia caminó sola durante varios minutos hasta que, a las 3.28, otra cámara la registró junto a J.G., quien vestía un buzo oscuro y llevaba una pala en la mano derecha. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el adolescente la llevó engañada hasta el sector de las vías del ferrocarril.

Según la hipótesis de la fiscalía, una vez dentro de la casilla abandonada, J.G. atacó a Cecilia y le provocó un profundo corte en el cuello. Luego utilizó un elemento filoso para realizarle varios cortes en las muñecas. Después, habría colocado fragmentos de vidrio en la escena para simular que las lesiones habían sido autoinfligidas y que la víctima se había quitado la vida.

Pese a la gravedad de las heridas, Cecilia logró salir de la casilla y caminó hasta la casa de una vecina, ubicada a unos 80 metros del lugar. Una vez allí, golpeó reiteradamente la puerta para pedir ayuda, aunque nadie salió a auxiliarla. “Tenía miedo”, explicó luego la dueña de la vivienda, quien aseguró que en ese momento no comprendió qué estaba ocurriendo.

Mientras Cecilia intentaba conseguir ayuda, J.G. se dio a la fuga. Alrededor de las 4.52, utilizó el celular de la víctima para hacerse pasar por ella y le envió a una amiga de la joven (identificada como Y.D), un mensaje de despedida con el que habría intentado sostener la idea de un suicidio.

A las 5.15, una cámara lo captó sin la pala y con un buzo en los brazos. Las imágenes resultaron compatibles con los mensajes en los que había anticipado que pensaba cambiarse para evitar sospechas. “Lo que sí tendré que llevar alguna ropa diferente abajo o un buzo”, le había escrito a su novia dos días antes del crimen. El último registro del adolescente fue tomado a las 5.25.

Cerca de las 5.50, personal policial llegó al lugar y le preguntó a la víctima quién la había atacado. Debido a la gravedad de las lesiones, Cecilia solo pudo responder mediante gestos. Fue trasladada primero a un hospital de Alvear y luego derivada al Hospital de Santo Tomé. Ante la gravedad de su estado, se dispuso su traslado a la capital provincial, pero murió durante ese trayecto.

Si bien en un principio se contempló la posibilidad de que se hubiera tratado de un suicidio, la investigación sostiene que el ataque habría sido planificado previamente por J.G. y su novia, N.Y.L. Los elementos hallados en la escena, el análisis de las cámaras y los chats entre la pareja llevaron al fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, a ordenar la detención del adolescente. Actualmente, está alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

Las conversaciones también revelaron el presunto rol de N.Y.L. en la planificación del ataque. El 28 de agosto, la joven de 17 años, quien está imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía, obtuvo la prisión domiciliaria. Tras el reclamo de la familia Lazcano y de su abogado, el Tribunal de Revisión anuló esa resolución al considerar que no estaba debidamente fundamentada y ordenó realizar una nueva audiencia urgente para definir la situación procesal de la imputada.

Las autoridades todavía intentan establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis apunta a que el ataque habría sido impulsado por N.Y.L. Además, la Justicia investiga si participó una tercera persona.

Un atroz crimen ocurrido en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, ha llegado a su fin en el ámbito judicial. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso penas que suman hasta 45 años de prisión contra tres integrantes de una misma familia declarados culpables del asesinato de un recién nacido, así como una sanción penal contra un pastor eclesiástico que encubrió el hecho.

El caso, que conmocionó a la opinión pública por la saña utilizada en la ejecución del hecho, fue dado a conocer formalmente por Centros Judiciales El Salvador tras la finalización del juzgamiento de los imputados.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la prueba vertida durante la vista pública, los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2025 en una vivienda ubicada en el cantón Las Ánimas, del distrito de San Martín.

Ese día, Maritza Ponce, de 19 años, dio a luz a su hijo en el interior de su inmueble. La joven no contó con asistencia médica al momento del parto ni asistió a controles prenatales durante todo su periodo de gestación. Tras el nacimiento, la joven, en complicidad directa con su madre, Marta Alicia Ponce Carrillo, de 44 años, desmembró al infante y posteriormente le prendió fuego al cuerpo.

A través del peritaje de extracción y vaciado de datos telefónicos, la representación fiscal logró establecer que Maritza se comunicó con su hermano, Misael Alexander García Ponce, de 25 años, para pedirle que llevara gasolina a la vivienda con el argumento de que debían “quemar el mal”. Posterior a la incineración parcial de la víctima, Misael Alexander enterró los restos del bebé en los alrededores del inmueble para ocultar la evidencia del crimen.

El hallazgo forense y el trasfondo religioso

Asimismo, la prueba pericial forense practicada a los restos fue determinante. La médica forense explicó que al someter los órganos del recién nacido a la prueba de docimasia pulmonar, los pulmones flotaron en la solución reactiva. Este hallazgo confirmó que el bebé estaba con vida y logró respirar antes de ser ejecutado por las imputadas.

A pesar de que durante el juicio Maritza Martínez afirmó no recordar nada de lo sucedido tras cortar el cordón umbilical, la juzgadora desestimó su versión al constatar profundas contradicciones en sus declaraciones, comparadas con los testimonios iniciales brindados ante agentes de la Policía Nacional Civil y médicos peritos.

Por otra parte, la investigación reveló un trasfondo de fanáticos preceptos religiosos dentro del entorno familiar. Meses antes del homicidio, las procesadas acudieron en al menos tres ocasiones a una iglesia local para pedir oraciones, sosteniendo que Maritza “tenía un mal”.

El día del crimen, Marta Alicia contactó al pastor Arturo A. J. para que acudiera al lugar de los hechos a orar. Al llegar acompañado de otros feligreses y observar la escena del crimen, el religioso se limitó a señalarles que habían cometido un “pecado” y se retiró de la vivienda sin alertar a las autoridades competentes.

Por lo que, el tribunal lo condenó a un año de prisión por el delito de omisión del deber de poner en conocimiento determinados delitos. Sin embargo, la pena será reemplazada por trabajos de utilidad pública.

En atención a la gravedad del hecho y la coautoría, el Tribunal Quinto de Sentencia resolvió condenar a Maritza Yesenia Martínez Ponce y a Marta Alicia Ponce Carrillo a 45 años de prisión cada una. En tanto, a Misael Alexander García Ponce se le impuso una pena de 35 años de cárcel por su participación en calidad de coautor en el delito de homicidio agravado.

Tres unidades de la policía municipal custodian desde ayer los accesos del fraccionamiento Grand Viure, un desarrollo residencial privado de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, que hasta hace 48 horas era conocido por sus torres de departamentos valuados en más de 10 millones de pesos y sus cuatro barreras de acceso controlado como una de las zonas con más plusvalía en la capital del país. Hoy su nombre figura en los titulares por otra razón: fue en uno de sus penthouses donde Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, fue asesinado a balazos por cuentas pendientes.

Junto al músico de 38 años murieron su esposa Ana Paola Barragán, con cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y una trabajadora del hogar de 21 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) atribuye el multihomicidio a Diego Sebastián “N”, socio comercial de Meléndez que ingresó al domicilio con el consentimiento de la familia entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese día.

Un niño de seis años, hijo del músico, fue el único sobreviviente tras ocultarse bajo las cobijas de su cama durante el ataque. Las autoridades lo rescataron ileso a las 23:50 horas y lo entregaron a familiares, mientras un operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México derivó en la detención de Diego Sebastián “N” y de Gerardo “N” en menos de 12 horas.

Grand Viure: amenidades de alto nivel en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza

El fraccionamiento Grand Viure es un desarrollo residencial privado ubicado en Bosque Esmeralda, una de las zonas de mayor plusvalía del municipio de Atizapán de Zaragoza. El complejo se integra por torres de departamentos rodeadas de áreas verdes y ofrece un perfil dirigido a un segmento de alto poder adquisitivo, según publicaciones inmobiliarias consultadas por Ovaciones.

Entre sus amenidades destacan un gimnasio con vestidores y vapor, una cancha de pádel, jardines con asadores y áreas de juegos infantiles. El desarrollo también dispone de zona para mascotas, salones para eventos, un salón lounge, una ludoteca y espacios de coworking con business center, de acuerdo con la misma fuente.

Las publicaciones inmobiliarias mencionan además una pista de jogging y aproximadamente 17,000 metros cuadrados de jardines. Algunos anuncios señalan también una cancha de tenis adicional a la de pádel, aunque no todos los registros coinciden en ese punto.

El complejo cuenta con acceso controlado, vigilancia las 24 horas, circuito cerrado de televisión y perímetro electrificado. Un registro inmobiliario describe cuatro barreras independientes de acceso y sistemas de circuito cerrado tanto en la entrada principal como en los accesos a cada torre, según Ovaciones.

Los edificios tienen elevadores con acceso directo a los departamentos, estacionamientos techados y lugares para visitantes. Los inmuebles anunciados dentro de Grand Viure tienen superficies de entre 220 y 227 metros cuadrados, con tres recámaras, baños privados, terrazas, cuarto de servicio y tres cajones de estacionamiento, de acuerdo con las mismas publicaciones.

La ubicación del fraccionamiento ofrece cercanía con centros comerciales, restaurantes, colegios y las principales vías de comunicación que conectan con Atizapán, Lomas Verdes y la Autopista Chamapa. Los departamentos dentro del desarrollo están valuados en más de 10 millones de pesos, según fuentes de compra y venta de inmuebles.

Tras el multihomicidio, la página oficial de Grand Viure —donde el desarrollo se promocionaba como un espacio con vistas panorámicas que ofrece “todo lo necesario para que tú y tu familia disfruten de una vida tranquila”— dejó de estar disponible en internet. Al exterior del fraccionamiento, tres unidades de la policía municipal permanecen en los accesos con un discreto despliegue de seguridad.

El penthouse de Jonathan Meléndez: varios baños, sala de televisión y acceso por elevador

El departamento donde vivía el músico era un penthouse ubicado en una de las torres residenciales de Grand Viure. El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, obtuvo imágenes exclusivas del interior del inmueble que documentaron la escena.

El penthouse tenía varios niveles. El acceso a una sala de televisión se realizaba por unas escaleras que conducían a una estancia con sillón individual, silla infantil, juguetero y una mesa de dos niveles, de acuerdo con las imágenes difundidas por el mismo medio.

La habitación principal contaba con su propio baño, una ventana al exterior y una cama. En ese cuarto fue hallado el cuerpo del músico a un costado de la cama con las piernas amarradas con cinta.

En planta baja había otro cuarto, al que se accedía desde la estancia principal, donde se encontraban sillones y plantas de decoración. Ese espacio fue donde las autoridades hallaron el cuerpo de la trabajadora del hogar, de acuerdo con el mismo recorrido documentado por C4 en Alerta.

El penthouse tenía al menos otros dos baños adicionales en los pasillos, además de una habitación con cama, teclado y escritorio con computadora, que era el cuarto del niño de seis años que sobrevivió al ataque. La sala del penthouse fue hallada con muebles desacomodados y una mesa volcada, señal de que uno de los presuntos agresores permaneció en el lugar para saquear el inmueble y buscar dinero.

Diego Sebastián “N”, socio argentino del músico, detenido como presunto autor del multihomicidio del 1 de septiembre

La tarde del lunes 1 de septiembre, Jonathan Meléndez jugaba pádel en las instalaciones del fraccionamiento con un conocido. Al terminar, le advirtió que se reuniría con su socio y le pidió que, si en 30 minutos no tenía noticias de él y su familia, llamara a las autoridades, según la cronología reconstruida por medios locales.

El periodista Antonio Nieto documentó en sus redes sociales que el músico le había dicho a su amigo Freddy que si por la noche no contestaba, lo reportara a las autoridades, porque se vería con Diego, “con quien ya sabes que traigo unos pedos”. Esa advertencia resultó decisiva para el hallazgo de los cuerpos.

Diego Sebastián “N”, de origen argentino y socio comercial del artista, ingresó al departamento con el consentimiento de la familia al amparo de la confianza que le daba su relación de negocios previa. Según La Silla Rota, presuntamente amagó de inmediato con una pistola a Ana Paola, que tenía cinco meses de gestación, y a la hija de tres años, y exigió que amarraran al perro de la familia, un Golden Retriever, para que no ladrara.

El crimen ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas, según la cronología integrada por la FGJEM. Cerca de la medianoche, vecinos de la torre alertaron a la policía municipal por gritos y detonaciones. Los agentes ingresaron al inmueble a las 23:50 horas y hallaron cuatro cuerpos sin vida, además del perro de la familia, también muerto y maniatado.

La Fiscalía informó que “dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”. Las cerraduras del departamento no presentaban señales de haber sido forzadas, lo que llevó a las autoridades a presumir desde el inicio que las víctimas conocían a sus agresores.

Uno de los presuntos agresores permaneció en el penthouse después del crimen para saquear el inmueble. Cuando los guardias del edificio tocaron la puerta para verificar que todo estuviera bien, el sujeto les respondió que no podía salir, lo que motivó el regreso posterior con policías.

Las autoridades rastrearon a los sospechosos a través de cámaras de seguridad desde Atizapán hasta la Ciudad de México, a más de 20 kilómetros de distancia. Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos en la zona de La Marquesa en un operativo coordinado entre la FGJEM, la SSPC y la SSC de la Ciudad de México, según confirmó La Silla Rota. Gerardo “N” declaró a los policías que no sabía que Diego cometería el crimen: “Solo me dijo que íbamos a ir por una lanota”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la actuación de las instituciones: “Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, dijo a la prensa.

Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, fue uno de los tres fundadores de Camilo Séptimo en 2013

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México y era conocido en el mundo musical como Honas. Fue uno de los tres fundadores de Camilo Séptimo junto a Manuel Mendoza, Coe, y Erick Vázquez, según documentó Infobae.

La banda fundó su proyecto en 2013 y se posicionó en la industria con el álbum Óleos, caracterizado por sonidos futuristas construidos sobre sintetizadores, guitarras y atmósferas electrónicas. El grupo también es conocido como Camilo VII o CVII, y su género abarca el synthpop y el indie rock, de acuerdo con el mismo medio.

Camilo Séptimo recibió dos nominaciones a los Premios IMA por artista nuevo y canción del año, además de una nominación a los Premios MTV Miaw por video del año con Inevitable. La participación de Meléndez era central para el sonido de la agrupación por el manejo del teclado y los sintetizadores, según Infobae.

La banda tomó su nombre como referencia al cantante español Camilo Sesto, pese a que no existe vínculo musical entre ambos proyectos. En una entrevista con el medio IndieRocks, el propio Meléndez explicó el origen de la agrupación: “No buscábamos algo serio, sino simplemente grabar y tocar con nuestros amigos. Veníamos de trabajar con una banda durante más de cinco años y queríamos tomarlo como un descanso creativo”, declaró.

Al momento de su muerte, Camilo Séptimo se preparaba para la segunda parte de su gira Mapas II, que había comenzado el 28 de mayo con un concierto en el Palacio de los Deportes. Las próximas presentaciones estaban programadas a partir del 19 de septiembre en Ciudad Juárez. Meléndez también integraba una segunda banda llamada Mangata, cuya presentación más reciente había sido como teloneros de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes en mayo pasado, según consignó Infobae.

Sin embargo, a horas de que comience a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad deberá resolver un pedido de sobreseimiento con inmediata libertad que realizó el abogado del agresor, Federico Adler, en base a una pericia psiquiatrica que concluyó que el acusado no se encontraba en condiciones de dirigir sus actos ni comprender las consecuencias de los mismos al momento del homicidio.

El estudio había sido solicitada por Adler en la etapa del proceso en el que se ofrece prueba para el juicio. El objetivo era analizar desarrollo intelectual y madurativo del Aaron C., la eventual existencia de alteraciones cognitivas o psiquiátricas y, especialmente, su capacidad para comprender el alcance de sus actos y dirigir sus acciones.

El perito oficial Juan José Beltrami, especializado en Psiquiatría Infanto-Juvenil y Director del Cuerpo Técnico Auxiliar de Mar del Plata, estuvo a cargo del examen. Para elaborar su dictamen, Beltrami analizó documentación vinculada a la causa, entrevistó a familiares del agresor y realizó personalmente dos entrevistas y exámenes psiquiátricos al adolescente, además de recurrir a técnicas auxiliares de evaluación, informó Adler en un comunicado.

“Las conclusiones fueron categóricas. Beltrami determinó la existencia de dificultades cognitivas vinculadas con la comprensión, percepción, control de impulsos y juicio y concluyó expresamente que, al momento del hecho, no estaba en condiciones de dirigir sus actos y comprender las consecuencias de los mismos”. El especialista recomendó, además, la realización de tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Beltrami declaró en una audiencia y respondió preguntas de la querella y de la fiscalía. Tras el testimonio, el Tribunal decidió esperar la pericia psicológica del imputado para resolver el pedido de la defensa.

El planteo se suma a otras intervenciones desarrolladas por la defensa durante el proceso. Entre ellas, Adler obtuvo anteriormente que la Cámara de Apelaciones modificara la calificación jurídica de homicidio agravado a homicidio simple.

Por otro lado, Adler remarcó además que Aaron siempre permaneció a derecho, que no registra conductas concretas que permitan sostener riesgos de fuga o entorpecimiento y que cuenta con un importante acompañamiento familiar y profesional para continuar su proceso fuera del establecimiento de encierro. En el caso, interviene el Centro de Referencia y se encuentra organizado un dispositivo de atención psicológica y psiquiátrica particular, organizado por su familia para acompañarlo en libertad, detalló.

Para el abogado, conforme los principios específicos que rigen el sistema de responsabilidad penal juvenil, la privación cautelar de la libertad constituye una medida excepcional y de último recurso.

“Hoy existe una pericia psiquiátrica oficial, realizada por un especialista de reconocida trayectoria, que concluye que Aaron no podía dirigir sus actos ni comprender sus consecuencias al momento del hecho. Frente a una prueba de esta entidad, mantener privado de libertad a un adolescente deja de encontrar justificación. Por eso solicitamos su inmediata libertad”, señaló Adler.

En tanto, Javier Lahorca, el abogado de la familia de Bautista, consideró que la pericia no es concluyente. “Lo que sí sostenemos, al igual que la familia, es que el joven siempre pudo comprender lo que hizo”, dijo el querellante a Noticias de Necochea.

Valeria Toledo, mamá de Bautista, señaló al mismo tiempo: “Nosotros como familia, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos? Esperamos que haya justicia. Si bien nada nos va a devolver a Bau, esperamos que este chico sea llevado a un debate donde la Justicia lo condene y con una condena ejemplar”, manifestó.

“Donde te agarre...”

Los chats previos a la pelea entre Bautista Coronel, de 17 años, y el adolescente de 16 acusado de apuñalarlo son una pieza central de la investigación. La fiscal Verónica Posse confirmó que existía un conflicto anterior entre ambos y que el intercambio ocurrió días antes del crimen, dentro de un grupo de WhatsApp llamado “Todo Neco”. La Justicia ordenó peritar los teléfonos de los involucrados para determinar el origen y el alcance de las amenazas.

Entre los mensajes más relevantes, el número atribuido de manera preliminar al sospechoso le dijo a Coronel: “Donde te agarre a tiros, vamos a ver quién corre”. La víctima respondió: “Caé ya, a ver, ya. Dale, mové”. Luego, el presunto agresor agregó: “Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona”. Los investigadores analizan también publicaciones, historias y comentarios en redes sociales que podrían aportar elementos sobre la disputa.

La pelea comenzó a golpes y escaló. Coronel sufrió una herida en la ingle y murió en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra.

La familia de Rodolfo Augusto Bassi había denunciado su desaparición después de perder contacto con él. Este miércoles por la tarde, la Policía encontró el cuerpo sin vida del hombre de 61 años, en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV de Entre Ríos.

El cuerpo de la víctima estaba en el interior de la vivienda y presentaba claros indicios de una muerte violenta. De acuerdo con la información del portal ElOnce, la investigación judicial se abrió de inmediato y descartó en principio que se haya tratado de un accidente o muerte natural.

El operativo para localizar a Bassi se dio cuando desde su entorno formalizaron la desaparición ante la Comisaría Cuarta de Paraná. A partir de allí, las autoridades iniciaron una búsqueda que desembocó en el departamento que el hombre tenía ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas. El inmueble no era su residencia habitual, según informó el mismo medio provincial, pero lo estaba refaccionando con la intención de ponerlo en alquiler.

Dada la naturaleza del hallazgo, se dio intervención de manera inmediata a la División Homicidios, unidad especializada de la Policía de Entre Ríos que quedó a cargo de las primeras actuaciones en el lugar. En esa primera instancia, la escena fue encuadrada por las autoridades como una “muerte dudosa”, mientras recababan información necesaria para determinar las circunstancias del deceso.

Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada y observaban más detalles del cuerpo, comenzaron a barajar la posibilidad de que se trate de un crimen. El cuerpo presentaba elementos que permitían inferir que la muerte no se produjo de forma espontánea ni accidental. “Hay claros indicios de una muerte violenta”, sostuvieron aunque no ofrecieron detalles sobre la naturaleza de las lesiones halladas ni sobre la mecánica del hecho, en resguardo de la investigación en curso.

El fiscal Juan Pereyra quedó a cargo de la causa y ordenó las pericias correspondientes sobre el departamento. Al mismo tiempo iniciaron las medidas tendientes a reconstruir los últimos movimientos de Bassi y confirmaron que las actuaciones “se encuentran encaminadan” dado que los ejes centrales será determinar si existió participación de terceras personas en el deceso.

Una situación similar se registró este martes en Neuquén, donde Fabio Alejandro Vallejos, de 56 años, fue encontrado muerto en el departamento que habitaba en el centro de la capital provincial, con golpes y cortes visibles en el rostro. La empleada doméstica del edificio en el que viviía lo halló muerto luego de que los compañeros de trabajo de la víctima, preocupados por su ausencia, decidieran averiguar su paradero tras no poder localizarlo.

El cuerpo estaba sobre la cama de la vivienda ubicada en Diagonal 25 de Mayo al 270. Vallejos, oriundo de Mendoza, residía solo en Neuquén desde hacía un par de años y trabajaba para una empresa de servicios al sector petrolero. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que la puerta del departamento no presentaba señales de haber sido forzada, y ningún vecino de los pisos contiguos refirió haber escuchado ruidos compatibles con una situación de violencia en las horas previas al hallazgo.

Según informó LM Neuquén, la causa quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Inaudi, titular de la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, con el respaldo de efectivos de la División Homicidios de la Policía, Criminalística y Medicina Forense. Los equipos trabajaron en la escena para reunir elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble e identificar a las personas que pudieron haber estado con la víctima antes de su muerte.

El comisario Llaytuqueo confirmó al mismo medio local que “se sospecha que otra persona participó en el hecho”, aunque precisó que la investigación avanza sobre distintas hipótesis a la espera de los resultados de la autopsia.

En el barrio de Alto Verde, ubicado en Santa Fe, Darío Víctor Ruíz Díaz fue asesinado en noviembre de 2023 durante un ataque que ocurrió en plena vía pública cuando circulaba en moto. Por el homicidio, este martes, Williams Ricardo Ocampo recibió una condena que lo sentencia a 20 años de prisión.

Williams Ricardo Ocampo, un hombre de 21 años, recibió la pena al término de un juicio oral realizado en los tribunales santafesinos. El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Héctor Aiello y Sergio Carraro, que lo condenaron por unanimidad como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Según la reconstrucción, el crimen fue cometido minutos después de las 22:00 del miércoles 15 de noviembre de 2023 en inmediaciones de la Manzana 5 de Alto Verde. En ese momento, Ruíz Díaz, de 20 años, circulaba en una moto conducida por otra persona cuando recibió un disparo.

La acusación sostuvo que Ocampo utilizó un arma calibre 9 milímetros y que efectuó el disparo a corta distancia. El proyectil impactó en el tórax de la víctima y le causó una herida de gravedad que obligó a su traslado urgente a un centro de salud.

En primera instancia, el joven fue trasladado al centro de salud Demetrio Gómez. Más tarde, fue derivado por personal del Sies 107 al hospital José María Cullen de la capital provincial. Al ingresar al hospital, los médicos ordenaron una intervención quirúrgica de urgencia. Luego de la operación, quedó internado en terapia intensiva, pero murió durante la mañana del jueves 16 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía, vecinos del barrio señalaron a Ocampo como autor del ataque y comenzaron a generar disturbios frente a su vivienda. Ante la situación, personal policial intervino para resguardar su integridad física y trasladarlo a la Comisaría 24.

Durante ese procedimiento el joven manifestó ser el autor del homicidio. La fiscalía señaló: “Ruíz Díaz comenzó a llorar, manifestó ser el autor del homicidio y dijo que había tirado al río el arma de fuego utilizada para perpetrar el ataque”.

El debate oral concluyó este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Además de haber encabezado la investigación desde el comienzo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación sostuvo en el juicio que la evidencia reunida durante la pesquisa permitía atribuirle a Ocampo la autoría del hecho.

Giavedoni sostuvo que la acusación logró demostrar la responsabilidad de Ocampo a partir del testimonio de vecinos, las actuaciones policiales realizadas tras el crimen y los elementos incorporados durante la pesquisa.

La defensa, a cargo del abogado Néstor Pereyra, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, el tribunal avaló la hipótesis fiscal y resolvió condenar a Ocampo a 20 años de prisión efectiva.

La condena recayó sobre Ocampo como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, una figura penal que fue sostenida por la parte acusadora a lo largo del proceso. Con la sentencia unánime, dictada por los jueces Luna, Aiello y Carraro, la causa quedó resuelta en esta instancia con una pena de 20 años de prisión.

Tras la audiencia, Giavedoni valoró la resolución y sostuvo que lo resuelto por los magistrados se ajustó al pedido de pena formulado por la Fiscalía. Con el fallo conocido este martes, la Justicia dio por acreditada la responsabilidad penal de Ocampo en un crimen ocurrido en noviembre de 2023 y cerró, en esta instancia, el juicio por el homicidio de Ruíz Díaz.