“Esa votación cambió la historia, porque al ser obligatoria impidió que los patrones evitaran que sus trabajadores fueran a votar. Ellos sabían que no iban a votar a sus partidos sino al radicalismo. Así y todo, las versiones de la época registran casos de intento de fraude que hoy parecerían insólitos. Hay una leyenda radical que cuenta que en muchos ingenios azucareros de Tucumán y en estancias correntinas, los patrones encerraban a sus peones la noche anterior, controlaban que no tuvieran boletas de ningún partido y al día siguiente los sacaban y les daban la boleta de los conservadores y los llevaban a votar. Sin embargo, la leyenda cuenta que los trabajadores burlaban a sus patrones escondiendo la boleta de Yrigoyen en el lugar de su cuerpo donde nadie la iba a buscar. Probablemente haya mucho de mitología, pero habla de una realidad”, le contó hace unos años al autor de esta nota el historiador Oscar Muiño.

Pasaron 110 años desde la primera vez que los argentinos eligieron presidente en las urnas. Fue el domingo 2 de abril de 1916 en unos comicios de los que participaron 747.471 hombres sobre un total de 1.189.254 habilitados por el padrón confeccionado en base al servicio militar obligatorio. Aquel voto masculino, secreto y obligatorio consagró a la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR) integrada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna.

Vista desde hoy se trató de una elección restringida, ya que la Ley 8871 –popularmente conocida por el nombre de su impulsor, el presidente Roque Sáenz Peña– al utilizar el padrón del servicio militar excluía a las mujeres, que no podían elegir ni ser elegidas. El voto femenino llegaría muchos años más tarde, aunque algunas precursoras como Alicia Moreau de Justo y Julieta Lanteri, que ya habían creado el Comité Pro-sufragio femenino en 1907.

A pesar de esas restricciones, la de 1916 fue una elección avanzada para su tiempo, en un mundo donde menos de una decena de países utilizaban el sufragio masculino, secreto y obligatorio para elegir a sus autoridades. “Con la ley Sáenz Peña la Argentina quedó entre las naciones más de avanzadas en materia política, porque a principios del siglo XX apenas media docena de países tenía voto popular. Ningún país de América Latina había avanzado tanto, por lo que éramos el país del continente con mayor nivel de inclusión en ese sentido. La proporción de votos fue mayor incluso que en los Estados Unidos, donde los ciudadanos tenían y tienen que inscribirse para poder votar, mientras que aquí, al utilizar el padrón del servicio militar obligatorio quedó incluida una inmensa mayoría de los hombres mayores de edad. Además, al ser secreto, se pudo elegir con una libertad extraordinaria”, explica Muiño.

La ley y la trampa

Hasta entonces los argentinos votaban de acuerdo con lo establecido por la Ley 623, sancionada el 18 de septiembre de 1873 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y modificada en varias oportunidades. Para poder elegir, había que inscribirse en un “registro cívico” que se confeccionaba en cada sección electoral. Si bien esta ley había eliminado el voto oral o “cantado”, el sufragio seguía siendo público, de modo que en el registro, al lado del nombre del votante, se dejaba constancia de a quién votaba cada uno. Eso no solo atemorizaba a los votantes, sino que mientras se llevaba a cabo la votación, los punteros podían influir entre quienes no habían sufragado y, por supuesto, “hacer votar a los muertos” o inventar nombres.

Una de las estrategias más utilizadas era la del “voto múltiple”. En Pago Chico –publicado en 1908–, Roberto J. Payro lo cuenta así en uno de los relatos: “En el comicio reinaba, pues, la calma más absoluta, y los pocos votantes que en grupos llegaban de vez en cuando del comité de la provincia (de Buenos Aires) eran recibidos y dirigidos por Ferreiro, que los distribuía en las tres mesas para que depositaran su voto de acuerdo con las boletas impresas que él mismo daba al llegar al atrio. Los votantes, una vez cumplido su deber cívico, se retiraban nuevamente al comité para cambiar de aspecto lo mejor posible (el disfraz solía consistir en cambiar el pañuelo que llevaban al cuello, nada más) y volver diez minutos más tarde a votar otra vez como si fueran otros ciudadanos en procura de genuina representación”.

En esas elecciones se jugaba solamente “a ganador”: el sistema de representación era de “lista completa”. De ese modo el partido que obtenía la mayoría de los votos se llevaba todas las bancas, tanto las de diputados como las de electores para presidente y vice. El partido que manejaba la elección ganaba todo: el mecanismo ni siquiera permitía la existencia de minorías en el Congreso.

Con esa mecánica, hasta la ley Sáenz Peña, el triunfo electoral se lo llevaba siempre el conservador Partido Autonomista Nacional (PAN). En la vereda de enfrente estaban los radicales que, ante los permanentes fraudes, habían intentado revoluciones y boicots ante la farsa de las votaciones.

Las nuevas reglas

Tanto la cada día más virulenta oposición de la Unión Cívica Radical como una crisis al interior del gobernante PAN -que había llevado en 1910 a Roque Sáenz Peña a la presidencia- fueron dos factores claves para que se abrieran las puertas a un nuevo sistema electoral. “Por un lado, había un sector de la oligarquía y de la elite gobernante que creía que la modernización del país no podía ser solo económica y social, sino que también era precisa una modernización política. Por otro lado, el poder político estaba en riesgo ante una revolución radical tras otra. Había habido una en 1890, dos en 1893 y otra en 1905. A eso se sumaba que las Fuerzas Armadas también estaban molestas con esta falta de aceptación del voto popular. Entonces, el impulso de la ley Sáenz Peña fue para incorporar a una fuerza política emergente como el radicalismo y alejar el peligro revolucionario. Por otra parte, era modernizar el país, ubicándolo entre las naciones más de avanzada en materia política”, explicaba Muiño.

El proyecto de esta ley de voto secreto y obligatorio fue presentado al Congreso en agosto de 1911 con la firma del presidente Roque Sáenz Peña y de su ministro del Interior, Indalecio Gómez. Sáenz Peña proponía que se terminara el sistema de representación de “lista completa” –que hasta entonces otorgaba la totalidad de las bancas al ganador de las elecciones– y fuera reemplazado por uno que le diera a la primera minoría las dos terceras partes y un tercio a la segunda minoría.

Al defender el proyecto en el Congreso, el ministro Indalecio Gómez lo explicaba así: “Puesto que el mal es que esa máquina (la del PAN, la ‘toma todo’ o de ‘lista completa’) da el producto de todas las diputaciones, y esto es lo que se quiere evitar, hagamos pues que no produzca todas, que produzca sólo una parte. La otra se deja a los partidos que no forman parte de la máquina”, decía.

La ley 8.871 fue finalmente aprobada el 13 de febrero de 1912 instaurando en la Argentina el sufragio universal e igual, obligatorio y secreto para todos los argentinos varones mayores de 18 años. También estableció el sistema de lista incompleta y la elección presidencial a través del Colegio Electoral. Toda una revolución para esos tiempos.

Ni Roque Sáenz Peña ni Indalecio Gómez imaginaron que esa ley marcaría un momento bisagra en la historia política de la Argentina. Era el principio del fin de la hasta entonces intocable hegemonía conservadora. La ley Sáenz Peña se estrenó en las legislativas de 1912 y se impuso el Partido Conservador (una división del PAN) mientras que la UCR, liderada por Hipólito Yrigoyen –que había dejado de lado el abstencionismo- quedó segunda. Sin embargo, la euforia conservadora duró poco: en las legislativas de 1914 la cosa se dio vuelta y el radicalismo triunfó ampliamente a nivel nacional.

La victoria de Yrigoyen

Para las elecciones presidenciales del domingo 2 de abril de 1916 se anotaron cuatro listas con candidatos a presidente y vice, y otras dos sin fórmula presidencial, pero con candidatos al decisivo Colegio Electoral.

La UCR postuló a su líder, Hipólito Yrigoyen, comisario del barrio de Balvanera, y que había acaudillado varios levantamientos armados contra “el régimen”. Lo apodaban “el Peludo”, por el animalito escurridizo que se esconde bajo tierra. Era tan carismático para sus seguidores como enigmático: evitaba dar discursos, conducía a través de sus “conmilitones” y con la acción. Lo secundó el abogado riojano también radical, Pelagio Luna.

Por su parte, los conservadores, tras la derrota de las legislativas de 1914, formaron una alianza: la Concentración Conservadora estaba integrada por el Partido Conservador, el Partido Autonomista, el Partido Provincial, el Partido Popular, el Partido Demócrata de Córdoba y la Unión Democrática. Demasiados sellos surgidos de la diáspora del PAN. Fueron con una fórmula de sanjuaninos: Ángel Dolores Rojas para presidente y Juan Eugenio Serú para vice.

Los otros dos partidos con candidatos presidenciales fueron el Demócrata Progresista y el socialista. Los primeros postularon a un viejo rival de Yrigoyen, Lisandro de la Torre, acompañado por Alejandro Carbó; los socialistas propusieron la fórmula integrada por Juan B. Justo y Nicolás Repetto. Sin candidatos a la presidencia, pero sí al Colegio Electoral, se inscribieron el Partido Socialista Argentino y la Unión Cívica Radical Disidente.

En esos tiempos no había encuestas ni estudios de opinión pública, pero el olfato popular tenía a Yrigoyen como amplio favorito. Tras más de 25 años de existencia, los radicales tenían la oportunidad histórica de llegar por primera vez a la presidencia de la Nación. El voto secreto y obligatorio –junto con una fuerte fiscalización de las mesas- eran claves para sus chances. Así y todo, no faltaron las “avivadas” de los sectores que se les oponían.

El escrutinio definitivo dio como amplio vencedor a Hipólito Yrigoyen, con 340.802 votos (47.25%), lo que le otorgaba la mayoría simple en el Colegio de Electoral con 141 de los 300 electores. Segundo quedó el conservador Ángel Dolores Rojas, con 186.677 votos (25.88%), lo que significaba 69 electores. La UCR-Disidente, que no llevaba fórmula presidencial, logró 28.816 votos en la provincia de Santa Fe (3.90%) y 14 electores. En total habían votado 747.471 hombres, el 62.71% de la totalidad del padrón electoral.

Para acceder a la presidencia, Hipólito Yrigoyen necesitaba la mayoría absoluta del Colegio Electoral, para la cual le faltaban diez electores. Los consiguió después de arduas negociaciones con la UCR- Disidente, 11 de cuyos 14 electores decidieron finalmente darle su apoyo.

Un nuevo país

Las elecciones del 2 de abril de 1916 inauguraron una etapa en la historia política y social argentina. Su resultado tomó por sorpresa a los sectores privilegiados. La élite había pensado que con esa ley se podía cumplir esa máxima de que “todo cambie para que todo siga igual”, sentenciada algunos años después por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el autor de El Gatopardo.

Los conservadores demorarían más de una década en encontrarle la vuelta a la situación y retornar al poder. Una forma tan bizarra como antidemocrática que inauguró otra etapa, conocida como “la década infame” y que tuvo como blanco al propio Yrigoyen, cuando lo destituyó el golpe militar de 1930. “Se llevaron la sorpresa del siglo, pensaban que iban a ganar caminando. Lo hicieron para incorporar al radicalismo como opositores, no para darles el gobierno. Catorce años después, cuando vieron que no podían ganar más, empezaron con los golpes de Estado”, le decía Muiño a este cronista en aquella charla.

Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia el 12 de octubre de 1916, vitoreado por millares de personas que lo acompañaron en su llegada a la Casa Rosada. “En mi carrera diplomática he asistido a celebraciones famosas en diferentes cortes europeas; he presenciado la ascensión de un presidente en Francia y de un rey de Inglaterra; he visto muchos espectáculos populares extraordinarios por su número y su entusiasmo. Pero no recuerdo nada comparable a esa escena magistral de un mandatario que se entrega en brazos de su pueblo, conducido entre los vaivenes de la muchedumbre electrizada, al alto sitial de la primera magistratura de su patria”, escribió con fluidez Pablo del Soler y Guardiola, entonces embajador de España en la Argentina, en la crónica publicada por el diario porteño La Época el 13 de octubre.

Con una prosa mucho menos clara, anclada en una manera de hablar arcaica para los hechos y los tiempos que se vivían, el flamante presidente radical había hecho su propia exaltación de sí mismo la tarde anterior, cuando las calles de Buenos Aires se veían colmadas por una multitud que lo aclamaba. “Asumir la contienda reparadora, desde el llano a la cumbre, renunciando a todas las posiciones y resguardos del medio ambiente para remontar la abrupta montaña a pura orientación de pensamiento, a puro vigor de virtudes y a pura entereza de carácter, y llegar a la cima pasando por sobre todos los poderes oficiales y las conjuraciones conniventes, es empresa que no conciben los mediocres ni alcanzan los pigmeos y que ni siquiera comprendieron los grandes ni afrontaron los poderosos. Tan magnas concepciones fueron idealizadas por el genio de la revolución, sentidas por el alma nacional y cumplidas con admirable excelsitud en una trayectoria de sucesos y de acontecimientos que culminaron todas las glorias de la patria”, discurseó en su primer mensaje como presidente.

Roque Sáenz Peña era un conservador aristócrata de pura cepa, que a los 59 años había llegado a la presidencia gracias al fraude pero que se había propuesto terminarlo. Por cuestiones de salud, vivió en la Casa Rosada, donde hacía vestir a sus ordenanzas con un uniforme de los tiempos del rey Luis XIV. Rápidamente la calle apodó a este consumado gourmet y experimentado catador de vinos como Roque I. En 1887 se había casado con la mendocina Rosa Isidora González, siete años menor, que siendo primera dama tenía la costumbre de viajar en tranvía como una más.

Había peleado contra Bartolomé Mitre en la revolución de 1874, luchó como voluntario en la Guerra del Pacífico en el ejército peruano donde, gracias a su valerosa actuación, sería distinguido como general honorario de ese país. Como diplomático impuso el concepto de “sea América para la Humanidad”, en contraposición a la doctrina Monroe y tuvo mucho que ver con la creación de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pudo ser presidente antes, pero una jugada de Julio A. Roca hizo que su padre lo fuera. Roque se retiró de la política y regresó cuando su progenitor renunció. Finalmente, el 12 de octubre de 1910 asumió la primera magistratura. Y promovió una ley para hacer elecciones más transparentes.

Los cambios en el sistema electoral

Algunos sostienen que el primer fraude fue en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde de los 400 vecinos convocados, solo pudieron votar 251. En 1821 se había establecido el sufragio universal y el voto calificado, en el que se exigía ser propietario. Votaba poquísima gente y era usual que en la campaña nadie se enterase. La Constitución sancionada en 1853 proclamó la soberanía popular y el sufragio universal para los adultos masculinos. Las parroquias eran las que determinaban las secciones electorales y poco a poco fueron apareciendo los clubes políticos.

Hasta 1863 no existía un padrón elaborado previamente, sino que antes del comienzo de la elección, se organizaba la lista de votantes. Para ello, debían acreditar domicilio en esa parroquia y estar inscripto en la Guardia Nacional. Solo votaba entre el 2 y el 3% de la lista y casi siempre todo terminaba en forma violenta, ya que cada club político armaba su fuerza de choque con peones, carreros, desocupados y estudiantes que se iniciaban en política.

En esas instancias, se repetía el siguiente diálogo: “Vengo a decirles que me llamo Gómez pero en la papeleta me pusieron Pérez; ¿Por quién va a votar usted? Por el candidato oficialista. Ah, entonces no importa”.

Las estrategias de un voto poco transparente

Se votaba en los atrios de las iglesias, en los frentes de los juzgados de paz o en dependencias municipales. En esas elecciones la constante era la unanimidad de los sufragios del partido gobernante. Se formaban grupos que votaban de parroquia en parroquia. Lo mismo se repetía en el campo. También había individuos que votaban más de una vez en el mismo lugar.

La gente que se anotaba en distintos registros y el voto de los muertos eran prácticas comunes usadas por los candidatos para imponerse. Tampoco era extraño que al final del comicio el número de votantes en una mesa superase al registro. Y si la elección venía adversa al partido de turno, de pronto aparecían con una urna nueva y la original desaparecía. Hay cientos de anécdotas, como el episodio ocurrido en la parroquia de San Bernardo. Allí, votaron 200 personas pero el recuento dio 1500 votos para el oficialismo.

Luego del recuento de votos y del número de votantes y asentar los datos en un acta, se proclamaba a viva voz el nombre del ganador. Los resultados se enviaban a la legislatura. Hubo casos que, ante una sorpresiva victoria opositora, en la misma legislatura se cambiaba el nombre del ganador por el que debía haber triunfado.

Votos comprados

Los votos se compraban. Luego de votar, el hombre recibía un vale que cambiaba por dinero en el comité. Para ello se llevaba un minucioso registro de estas personas, que eran usadas en mesas donde la elección venía reñida.

Las autoridades de mesa eran seleccionadas entre los propios vecinos. Dos eran elegidos por sorteo y otros dos nombrados por la legislatura. Recién en 1873 los partidos políticos sumaron a los fiscales y se cambió el voto oral por la boleta con los datos del sufragante y con los nombres marcados de los candidatos a votar. No se votaba por listas, sino por nombres.

La primera ley sobre el régimen electoral fue la 140, de 1857, que establecía el voto calificado. El requisito para votar era ser mayor de 21 años. No podían hacerlo ni los sordomudos ni los funcionarios eclesiásticos. La ley 207, de 1859, bajó la edad a 18 años y establecía el sistema de lista incompleta. Además, el voto no era obligatorio.

Un mes antes de asumir, Sáenz Peña se reunió en secreto con el principal líder de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Temía un estallido popular por la práctica indiscriminada del fraude y estaba convencido de que el radicalismo había sido sobrevalorado y que no tenía el peso que se le adjudicaba y que se le podía ganar.

Ambos líderes se vieron a comienzos de septiembre de 1910 en la casa que el diputado nacional por Tucumán, Manuel Paz, poseía en la calle Viamonte. Ahí Sáenz Peña le aseguró que su intención era de imponer una reforma electoral. Yrigoyen le propuso la intervención de las 14 provincias para neutralizar la influencia de los gobernadores, manejados por lo que él llamaba “el Régimen”, elegidos por métodos fraudulentos. Sáenz Peña se negó y le ofreció dos ministerios al radicalismo. “El Partido Radical no busca ministerios. Únicamente pide garantías para votar libremente en las urnas”. El presidente electo le dijo que se usará el padrón militar y el líder radical le aseguró que si el gobierno brindaba las garantías, concurrirían a las urnas. Yrigoyen le dijo entonces a un amigo: “En 1916 somos gobierno”.

Desde Europa, el salteño Indalecio Gómez recibió un telegrama de su viejo amigo Sáenz Peña, en el que le decía que había sido electo presidente y que le ofrecía el ministerio del interior. Cuando le preguntaron por qué lo había elegido, dijo: “Nunca lo quiso a Roca”.

Gómez era un ferviente católico que fue diputado nacional y tuvo bastante que ver en la organización de la Facultad de Filosofía y Letras y del Museo Etnográfico. Fue uno de los más entusiastas defensores de la Encíclica Rerum Novarum, que apuntaba a la situación de la clase trabajadora, y fundó la Unión Católica. Allí se relacionó con José Manuel Estrada, Pedro Goyena y Emilio Lamarca.

La ley del voto universal, secreto y obligatorio, el caballito de batalla de Sáenz Peña, necesitaba de una mente esclarecida y sólida para defender el proyecto en el Congreso. Gómez era la persona indicada. Para él, el proyecto era “la revolución por los comicios”.

Las dos leyes que precedieron a la llamada Sáenz Peña son la 8129, que establecía el enrolamiento obligatorio y unificación de los registros electorales con los militares, y la 8130, que encomendaba a los jueces la formación de los padrones.

El Poder Ejecutivo envió el 11 de agosto de 1911 el proyecto de voto secreto y obligatorio, y el sistema de lista incompleta, que adjudicaba a la primera mayoría los dos tercios y a la segunda mayoría el tercio restante. Favorecía la representación proporcional a fin de darle posibilidades a las agrupaciones menores.

“Sé que estoy en lucha con la rutina y con los intereses que se defienden”, fue lo primero que expresó mirando a la oposición, en esas larguísimas sesiones en el Congreso donde defendió el proyecto de ley.

El discurso del diputado clave

Cuando le tocaba exponer, se paraba, inclinaba levemente el cuerpo hacia adelante y hablaba en voz baja. A veces era dificultoso escuchar a ese brillante orador que esgrimía sólidos argumentos. “El espíritu cívico está muerto, nuestra democracia es nula; el pueblo no vota” y remarcó el descreimiento de la gente porque sabe que sus representantes no fueron elegidos en comicios sanos, “sino por un sistema corrupto y desfigurado”. Sostuvo que tres grandes males padecían el país: “la abstención, el fraude y la venalidad”. Denunció que el pueblo no elegía sino que lo hacía una “máquina” electoral y que el mal que aquejaba al país era la abstención.

En el mismo orden dijo que no se habían formado partidos populares porque no había libertad en los comicios. La batalla que dio en ambas cámaras rindió sus frutos.

El 24 de noviembre de ese año se aprobó en general, por 49 contra 32 votos. El tratamiento en particular se prolongó hasta el 20 de diciembre. Diputados rechazó el voto obligatorio y pasó al Senado donde se insistió en la obligatoriedad y así la aprobó la cámara baja. Sancionada el 10 de febrero de 1912, fue promulgada el 13. Llevó el número 8871.

Desde su implementación en 1912 hasta las elecciones de 1928, la Unión Cívica Radical obtuvo el primer lugar.

El creador de la urna

Lo siguiente que se pensó es en la urna a usarse. El gobierno nacional llamó a un concurso, en el que se presentaron más de mil modelos. La condición para su confección era que debía ser segura, resistente y fácil de manejar. El ganador fue Tito Pedro José Bottai, quien entre 1928 y 1930 fue intendente de Esperanza, en Santa Fe.

La primera vez que se aplicó la ley fue el 31 de marzo de ese año para elegir gobernador y vice de la provincia de Santa Fe. En este estreno, resultó ganador el radical Manuel Menchaca con el 40% de los votos. La primera elección presidencial fue el domingo 2 de abril de 1916, en la que se impuso el radicalismo. Así se cumplió el vaticinio de Yrigoyen.

En la Plaza Martín Fierro del barrio porteño de San Cristóbal, sobre la calle Rioja hay una placa incrustada en una pared de ladrillos a la vista: “Estos muros pertenecen a la construcción original de los Talleres Vasena. Aquí se produjeron parte de los sucesos de la Semana Trágica”, dice. Es un texto seco como el estampido de un fusil máuser. La placa de bronce fue ordenada por la Legislatura porteña cuando se cumplieron ochenta años de los siete días más violentos de la historia de Buenos Aires. Parece ficción: los arqueólogos Daniel Schávelzon y Ana Igarreta tuvieron que hacer excavaciones para rescatar algo material que conectara el presente con aquel enero sangriento. Porque las instalaciones de Vasena fueron demolidas años después, quizás para borrar todo vestigio de aquella vergonzosa página de la historia argentina.

Los registros meteorológicos dan cuenta de que enero de 1919 arrancó particularmente caluroso en Buenos Aires, pero nadie imaginaba que pronto se convertiría en un infierno de sangre y fuego que dejaría en apenas una semana el trágico saldo de alrededor de setecientos muertos, entre dos mil y cuatro mil heridos y más de cincuenta mil detenidos en la despiadada represión de una protesta obrera. Fue una de las páginas más oscuras del gobierno del radical Hipólito Yrigoyen –el primer mandatario argentino elegido por el voto popular– y pasó a la historia con un nombre que lo dice todo: la Semana Trágica.

Fue un infierno que se prolongó durante unos eternos siete días, entre el 7 y el 14 de enero y fue el resultado de un cóctel con ingredientes muy explosivos: la intransigencia patronal a los reclamos de los trabajadores, la represión estatal y paraestatal, el temor fogoneado por políticos y medios de comunicación al “contagio” en la Argentina de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y, de manera más subterránea pero no menos importante, un antisemitismo que no tuvo reparos en provocar un pogrom también sangriento.

El foco inicial del incendio –por llamarlo de algún modo– que se expandió de manera incontenible tuvo lugar en una fábrica, los Talleres Vasena, cuyos obreros habían iniciado una huelga en diciembre de 1918 por la mejora de las condiciones laborales. No era un reclamo caprichoso: tenían agotadoras jornadas laborales de once horas y solo descansaban los domingos. El predio de la fábrica estaba entre las actuales calles Cochabamba, Urquiza, La Rioja, Oruro y Constitución, cerca de Parque de los Patricios, donde hoy está la plaza Martín Fierro.

La huelga y los esquiroles

Talleres Vasena era una fábrica metalúrgica fundada por el inmigrante italiano Pedro Vasena, quien sumó capitales británicos a la compañía. Su muerte, en 1916, dejó a su hijo Alfredo al frente de la empresa. En aquel verano de 1919, cuando los obreros presentaron sus reclamos, Vasena hijo rechazó las demandas y prefirió convocar a rompehuelgas que a dialogar con los trabajadores. “Tenían 2.500 trabajadores, había carboneros, foguistas, fundidores… Si bien había distintas corrientes sindicales, tenían peso los de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del Quinto Congreso, que eran anarquistas revolucionarios. El pliego de reclamos de la huelga que empezó no era distinto de otros conflictos: jornada de ocho horas, pago de horas extras, vacaciones”, explica el historiador y periodista Rubén Furman a Infobae.

Cuando el conflicto escaló, el presidente radical Hipólito Yrigoyen puso al frente de la represión al general Luis Dellepiane y los resultados fueron atroces: no solo actuaron la Policía, los bomberos y el Ejército, sino que por primera vez apareció la Liga Patriótica, un grupo de choque con pretensiones de nacionalismo.

La situación estalló el 7 de enero. Ese día, de los depósitos de Vasena, sobre Amancio Alcorta, salió una caravana de autos escoltada por policías: llevaban “esquiroles” rompehuelgas con destino a la fábrica para cumplir las tareas que se negaban a hacer los huelguistas. A poco salir, se toparon con un piquete de obreros que les cortó el paso. Los cosacos, los temibles policías montados, cargaron mientras desde las terrazas vecinas otros agentes comenzaban a disparar con armas de fuego. La trifulca duró dos horas. Según consignó el diario La Vanguardia desde los huelguistas también hubo disparos. Era una zona de casas humildes, muchas de madera y los tiros hirieron a varios vecinos. Los muertos, comprobados, fueron cuatro, todos vecinos del barrio. Tres por balazos y uno por el sablazo de un policía montado. Alrededor de 30 fueron los heridos de bala. La policía no tuvo muertos y reportó solo cuatro heridos.

Cerca de allí estaba la sede de la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, de tendencia anarquista, donde fueron velados los tres muertos que quedaron tendidos sobre Amancio Alcorta. El restante murió en el Hospital Rawson, donde fue llevado agonizante.

El ejército y “los galeritas”

Al día siguiente tanto los comercios como los talleres dejaron las persianas bajas: el conflicto se multiplicó al tiempo que las diferencias entre socialistas moderados y anarquistas revolucionarios crecía. El gobierno de Yrigoyen tomó nota y, su ministro del Interior, Ramón Gómez, fue a mediar entre los sindicalistas y la empresa. Se reunieron funcionarios, gremialista y el propio Vasena. Aunque Gómez logró que el empresario prometiera un leve aumento de salarios y reducir la jornada laboral a nueve horas, los ánimos obreros estaban caldeados porque, al mismo tiempo de la negociación, Vasena seguía mandando rompehuelgas y por los conventillos de Buenos Aires se esparcía el mal humor social.

Ese mismo miércoles 8, otros gremios decidieron hacer huelga en apoyo a los reclamos de los trabajadores de los talleres y el jueves 9 algunos colaboradores de Yrigoyen le propusieron al presidente que decretara el Estado de Sitio. El presidente se negó a hacerlo, pero puso al frente de la Policía a Elpidio González, ministro de Guerra, quien convocó al jefe de la Segunda División del Ejército, Luis Dellepiane, amigo del caudillo radical. Eso ocurrió en el mismo momento que salía el cortejo fúnebre de las víctimas de la represión desde Pompeya hasta el cementerio de la Chacarita. Los féretros eran llevados a pulso y en el trayecto, entre la multitud, había grupos anarquistas que no dudaron en llevar armas o, incluso, romper las cortinas metálicas y expropiarlas de las armerías que había en el trayecto.

Con esos sectores en pugna, la violencia no demoró en estallar. “Para los empresarios, Yrigoyen era un populista. A su vez, los nacionalistas sentían que era su momento, estaban convencidos que todo era fruto de un complot maximalista de rusos, judíos y comunistas. ‘Los galeritas’, como se los llamaba, salían con carabinas en coches particulares, algunos de ellos descapotados. Actuaban como si fueran la guardia blanca ante el peligro bolchevique”, describe Furman.

Faltaba todavía lo peor. Si la ciudad estaba fuera de control, lo que sucedía en la fábrica era más grave aún. Alfredo Vasena había contratado a guardias privados que estaban acuartelados en el interior de la planta. Los huelguistas, a su vez, intentaron ese jueves 9, ingresar por la fuerza. No bien el general Dellepiane se enteró de que había disparos en el lugar, decidió mandar tropas de infantería. “Cerca del taller se montaron dos ametralladoras pesadas que fueron letales. Es decir, el Estado se movía en dos direcciones. Por un lado intentaba que los Vasena negociaran y, por el otro, le dice a Dellepiane que tome el control de la fábrica y de la ciudad. Si hubiera que buscar un paralelo, es lo que sucedió medio siglo después en el Cordobazo”, cuenta Furman.

Los medios y “el peligro rojo”

El viernes 10, los periódicos que expresaban las voces de los huelguistas, destacaron la brutalidad militar y policial, mientras que desde la otra vereda, El Buenos Aires Herald, La Prensa, La Razón y La Nación hacían eje en el peligro comunista.

Los diarios afines al poder expresaban un temor concreto. A principios de 1919, la victoriosa revolución bolchevique ocurrida hacía menos de dos años en Rusia se había transformado en un fantasma que recorría y atemorizaba a los gobiernos de buena parte del mundo. Temían que se expandiera como la peste. La Argentina no era la excepción. La incipiente clase obrera, compuesta en buena parte por inmigrantes europeos, se agitaba y reclamaba por sus derechos –principalmente por una jornada laboral de ocho horas– impulsada por dirigentes anarquistas y comunistas.

El historiador Daniel Lvovich, investigador del Conicet especializado en la historia política y social del siglo XX, lo explica así: “En ese momento se produjo un cambio de perspectiva. En noviembre de 1918 La Nación confiaba en que el maximalismo no se expandiría más allá de las fronteras rusas y consideraba que sólo unos pocos países europeos enfrentarían en los meses sucesivos al peligro maximalista. Sin embargo, a partir de diciembre La Nación, La Razón y La Prensa alertaban en sus editoriales contra la divulgación de las ideas maximalistas y consideraba la posibilidad de que, como en Europa, también en Argentina se desencadenasen huelgas revolucionarias”. Pero ese temor al “maximalismo” no venía solo, sino con una fuerte carga de antisemitismo.

El pogromo de Buenos Aires

Por entonces, la ciudad de Buenos Aires albergaba a más de un millón y medio de habitantes, con un alto porcentaje de inmigrantes europeos, de los cuales entre 70.000 y 100.000 eran judíos. Por entonces -aún en mayor medida que hoy– las simplificaciones para identificar a los extranjeros eran moneda corriente: todo español era un “gallego”, todo árabe era “turco”, y los judíos eran sencillamente “rusos”. Esta última generalización -que no era sólo patrimonio del común de la gente sino de las fuerzas policiales y de buena parte de la clase política– produjo, en medio de la agitación obrera y el temor que despertaba la Revolución Rusa, una ecuación de sentido común que derivó en sangre durante la Semana Trágica.

Por eso, cuando se desató la huelga de los Talleres Vasena se empezó a hablar de la existencia de un “soviet argentino” y, como el único soviet conocido y temido era el ruso, “los rusos” se transformaron de inmediato en blanco privilegiado de la represión. El propio jefe de Policía, comisario Justino Toranzo, denunciaba una “intensa agitación anarquista provocada por numerosos sujetos de la colectividad ruso-israelita y la propaganda que hacen en ruso y hebreo”, según consta en el Archivo General del Ministerio del Interior.

En ese contexto, la represión centrada en un principio en los obreros de Talleres Vasena y en las movilizaciones proletarias que apoyaban sus reclamos, no demoró de ampliarse hacia los barrios de Once y Villa Crespo, epicentro comercial y habitacional de “los rusos”. Así se desató lo que pronto se llamaría “el pogromo de Buenos Aires”, utilizando el término con que se denominaban los ataques a las poblaciones judía en el Imperio Ruso y otros países del Este europeo.

“Vi ancianos cuyas barbas fueron arrancadas; uno de ellos levantó su camiseta para mostrarnos dos sangrantes costillas que salían de la piel como dos agujas. He visto obreros judíos con ambas piernas rotas en astillas, rotas a patadas contra el cordón. Y todo esto hecho por pistoleros llevando la bandera argentina”, escribía en la revista Popular el reconocido periodista Juan José de Soiza Reilly, cuando todavía seguía sin poder borrar de su retina lo que había visto en las calles de Buenos Aires durante la Semana Trágica. En su cobertura se había topado con un fenómeno particular dentro del desastre general: la salvaje persecución de judíos desatada por las fuerzas policiales y grupos de civiles armados.

El “líder” Pinie Wald

Todo el aparato represivo no demoró en meter dentro de la misma bolsa al maximalismo y al judaísmo para encontrar al supuesto líder de todas las protestas. Se llamaba Pedro “Pinie Wald”, y era un judío polaco nacionalizado argentino que había sido obrero hojalatero en su tierra pero que en Buenos Aires se había transformado en periodista y escribía en la publicación en idish Avangard y en el diario Die Presse. Fue uno de los primeros detenidos y así lo relató:

“Nos dirigimos al Avangard, en la calle Ecuador. En la calle, cerca de las ventanas, todavía estaba el montón de ceniza negra, restos de los objetos y enseres quemados. No quedaba allí otra cosa que las paredes desnudas. (…) Al salir, no advertimos ninguna presencia sospechosa. Íbamos por Corrientes cuando oímos la orden:

-¡Caminen derecho!

Era un oficial del ejército, que avanzaba desde atrás y estaba a dos pasos de nosotros.

-Están arrestados – nos informó”.

Pedro Pinie fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde lo sometieron a tormentos para que reconociera que era el supuesto líder del “soviet argentino” y revelara cuáles eran los planes de la supuesta conspiración que encabezaba. Le salvó la vida el abogado y dirigente del Partido Socialista Federico Pinedo quién, avisado de la detención, se presentó rápidamente en la seccional policial y evitó que lo siguieran torturando para obligarlo a confesar algo imposible.

Años más tarde, Wald -que murió en Buenos Aires en la década de los ’60 – dejó testimonio del pogromo y de su propio calvario en una novela escrita en idish, Koschmar (Pesadilla), que hoy es inhallable.

El terror parapolicial

Las fuerzas policiales y comandos integrados por civiles –mayormente por militantes radicales y católicos antisemitas– se centraron allí en atacar salvajemente a todo aquel que fuera o pareciera judío, sin importar sexo, edad u ocupación. Un anónimo cronista del diario La Crítica describió así los hechos: “Hombres, mujeres y niños fueron maltratados brutalmente, cual si existiera el propósito de extirpar a esa raza atormentada. Los rusos eran atormentados con saña feroz por los ebrios polizontes, y no pocos fueron ultimados a palos y bayonetazos. Se puede decir que ni un solo ruso salió ileso de las garras policiales. Por los pasillos del Departamento de Policía desfilaban los flagelados y ensangrentados. En el departamento central de Policía, cincuenta hombres, ante el cansancio de azotar, se alternaban para cada judío. Con fósforos quemaban las rodillas de los judíos mientras atravesaban con alfileres sus heridas abiertas. En la comisaría Séptima les orinan en la boca”.

El accionar de los grupos de civiles armados -algunos de los cuales pocos días después constituirían la Liga Patriótica- en el pogromo quedó documentada por, entre otros, el periodista y escritor Arturo Cancela en sus Tres relatos porteños: “Jóvenes con brazaletes, armados de palos y carabinas, detienen a todos los individuos que llevaban barba; los de las carabinas les pinchan el vientre o se cuelgan de las barbas -escribió -. Otros apedrean los vidrios de las casas de comercio cuyos propietarios abundan en consonantes”.

Otro testigo que relató en detalle los ataques de los parapoliciales a “los rusos” fue el escritor Juan Carulla. “En medio de la calle ardían pilas con libros y trastos viejos, entre los cuales podían reconocerse sillas, mesas y otros enseres domésticos, y las llamas iluminaban tétricamente la noche, destacando con rojizo resplandor los rostros de una multitud gesticulante y estremecida. Se luchaba dentro y fuera de los edificios; vi allí dentro a un comerciante judío. El cruel castigo se hacía extensivo a otros hogares hebreos. El ruido de los muebles y cajones violentamente arrojados a la calle se mezclaba con gritos de ‘mueran los judíos’. Cada tanto pasaban a mi vera viejos barbudos y mujeres desgreñadas”, contó.

El triunfo obrero y una frase de Perón

Después de seis días de violencia desatada, el lunes 13 de enero la ciudad amaneció más tranquila, el subte –el único que había, que luego se llamó A- funcionó y muchos comercios abrieron. A las cuatro de la tarde, en el despacho del ministro del Interior, Ramón “el Tuerto” Gómez, se llevó a cabo una reunión en la que estuvieron Alfredo Vasena y un hermano suyo, acompañados por el senador radical Leopoldo Melo, quien era asesor legal y miembro del directorio de la empresa. Por la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos asistieron el secretario general Juan Zapetini y cinco delegados elegidos por la asamblea. Se leyó el pliego de condiciones en el que se aclaraba que la jornada sería de ocho horas, que los aumentos de sueldos serían entre 20 y 40% de acuerdo con las categorías, que los domingos se pagaría el 100% de aumento, que se eliminaba el trabajo a destajo y que no habría represalias contra los huelguistas. La huelga de Talleres Vasena había terminado con la victoria de los obreros, pero Buenos Aires había vivido una de las semanas más violentas y sangrientas de toda su historia.

Con el correr de los años fue mucho lo que se dijo y escribió sobre el papel que el entonces teniente Juan Domingo Perón jugó durante la Semana Trágica. Lo concreto es que el futuro líder justicialista estuvo en el lugar de los hechos y obedeció, como todos, las órdenes que le dieron sus superiores, aunque no hay pruebas de que haya participado directamente de la represión de los obreros.

El 1° de mayo de 1948, cuando ya era presidente, Perón pronunció su discurso por el Día de los Trabajadores en la Plaza Martín Fierro, donde habían funcionado los Talleres Vasena. Fue la única vez que se refirió a los hechos: “Se ha dicho que yo tuve intervención en la Semana de Enero (así se llamaba por entonces a la Semana Trágica). Yo estaba en el Arsenal de Guerra y me tocó hacer guardia al día siguiente (el viernes 10). Allí una vez más reafirmé mi pensamiento de que un soldado argentino no puede tirar contra su pueblo a menos que sea un asesino. Eso lo reafirmé cuando vi los numerosos muertos del día anterior”, dijo.

Como todos los días, a media mañana llegó el chofer Eudosio Giffi a Brasil 1039, en el barrio de Constitución, a una modesta casa de altos que Hipólito Yrigoyen alquilaba desde antes de que fuera presidente por primera vez en 1916. Allí vivía con su inseparable hija Elena.

Tal como ocurría todas las mañanas, salía alrededor de las once, se sentaba atrás y enfilaba hacia la Casa Rosada.

No la tenía sencilla el anciano presidente. En las elecciones del 1° de abril de 1928 se había impuesto en el colegio electoral con 245 votos contra 74 de la oposición. El resultado le aseguró la mayoría en la cámara de diputados pero en el senado la situación era la opuesta, donde solo contaba con ocho radicales contra 19 de la oposición.

Para fines de 1929, la economía sufría los coletazos de la gran depresión, la cámara alta no había aprobado el presupuesto para el año 1930, la oposición estaba más virulenta que nunca e insistía en el juicio político y hasta los universitarios se hicieron notar con tomas de facultades.

En sus dos períodos presidenciales, fue un piloto de tormentas. En el primero debió lidiar con el cierre de los mercados internacionales producto de la Primera Guerra Mundial y en el segundo, con el crack económico de 1929.

Era blanco de una campaña de sus detractores que machacaban que ya era demasiado anciano para gobernar, que estaba senil, que divagaba y que la corte de obsecuentes que lo rodeaban no le dejaban ver la realidad.

Todos los días Yrigoyen, de entonces 78 años, respetaba la rutina y siempre el frente de su casa ofrecía el mismo panorama: mucha gente esperando que saliera para pedirle trabajo, la agilización de un trámite, una ayuda o simplemente verlo. La custodia policial se dedicaba a hacerle un pasillo hasta el vehículo.

Un agente de policía montado en una motocicleta le avisaba a su compañero, a una cuadra de distancia, que el presidente estaba por partir, y ese compañero hacía lo propio con otro y así, mediante una cadena humana, en gobierno sabía que Yrigoyen iba en camino.

Ese martes 24 de diciembre de 1929 lo acompañaban el médico Osvaldo Meabe y el comisario Piccia Bonelli, en calidad de custodia, quien se ubicó en el asiento delantero. Un policía cortó el tránsito de autos y tranvías para el automóvil pudiera partir sin problemas.

Seguido por otro de custodia donde iban tres policías, el vehículo -que por precaución no lleva identificación oficial- enfiló para el lado de San Telmo, cruzó Bernardo de Irigoyen y enseguida distinguieron a Carlos María Sicilia, policía de investigaciones de la capital federal, que permanecía en la esquina.

Justo en el número 924 de la calle Brasil, donde estaba el Hotel Tigre, salió un individuo, sin sombrero y con el pelo revuelto. Sacó de sus ropas un revólver Iver Johnson calibre 32 corto y efectuó dos disparos al auto. El chofer, rápido de reflejos, atinó a hacer un par de zigzag hasta que Yrigoyen le ordenó frenar. El presidente preguntó qué eran esos ruidos. “Son tiros, señor presidente”, contestó Meabe.

El atacante se acercó y disparó tres veces más; un proyectil perforó la ventanilla y dos dieron en la puerta.

Piccia Bonelli fue herido de un disparo en el abdomen y el agente Sicilia, que se acercó corriendo, recibió un tiro en un pie.

El agresor fue perseguido por la custodia que iba en el otro auto, y lo terminaron abatiendo de cinco tiros en la misma cuadra, frente al 912 de Brasil. Enseguida llegó Pedro Bruno, subcomisario de la 16ª, donde fue llevado el cuerpo.

Hasta allí se acercó Yrigoyen, quien se quedó un rato junto al cuerpo de quien había querido matarlo, sin entender las motivaciones que lo habían llevado a proceder de esa manera. Luego volvió a su casa a tranquilizar a su familia porque la noticia había corrido como reguero de pólvora, y después del mediodía se dirigió a gobierno. Antes pasó por el hospital para visitar a sus custodios heridos.

El agresor se llamaba Gualterio Marinelli, de 44 años, un italiano llegado al país por 1905, que trabajaba en un taller dental en Brasil 811. La policía averiguó que tenía un pasado anarquista, pero que ya no frecuentaba esos círculos.

El haberlo acribillado y no apresarlo con vida, impidió conocer sus motivaciones. Incluso la oposición conjeturó que el verdadero agresor había escapado y que la policía se había confundido de hombre, que Marinelli había amagado a acercarse al auto con el propósito de acercarle una carta firmada por el personal de un hospital donde había estado internado y donde un médico había sido despedido sin causa. Esa carta nunca se encontró.

Dos días después, a pedido del juez, el presidente presentó un escrito con el relato de los hechos.

Antes que Yrigoyen, habían sido blanco de atentados los presidentes Sarmiento, Roca, Quintana, Figueroa Alcorta y De la Plaza. El único que había resultado herido había sido Roca, de un piedrazo en la frente. Hay un cuadro exhibido en el Salón de los Pasos Perdidos que lo muestra con una venda sobre su cabeza, ya que cuando ocurrió el hecho se dirigía a pie al Congreso a leer el mensaje ante la asamblea legislativa.

Cuando la policía allanó el taller del fallecido, comprobaron que lo había vendido y hallaron un testamento donde le dejaba todo a su compañera. El magistrado interviniente dictaminó que Marinelli había actuado solo, que días antes había adquirido el arma, con la que había practicado, y que por días se lo había visto rondar el domicilio presidencial. Fue enterrado en la Chacarita.

Cuando el presidente llegó a gobierno, la gente que se enteró de lo que había ocurrido, fue a Plaza de Mayo y cantó el himno. Salió a saludar, acompañado de su ministro de relaciones exteriores, Horacio Oyhanarte.

Quienes estuvieron con él, lo vieron triste y apesadumbrado, y así al anochecer partió a su domicilio a recibir, casi en soledad, la Navidad. La última como presidente.

Sus posicionamientos políticos en la Argentina de finales del siglo XIX los ubicaron en veredas enfrentadas. Por un lado, Luis Sáenz Peña, representante del régimen político conservador consolidado a partir de 1880. Por el otro, Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, fuerza política cuyas banderas eran, precisamente, el cuestionamiento radical del sistema imperante.

Tuvieron, no obstante, características compartidas: ambos llegaron a la presidencia de la República ya entrados en años -sobre todo teniendo en cuenta el promedio de expectativa de vida de la época- y fueron patriotas que amaron sinceramente al país y aceptaron los desafíos que se les presentaron, y una vida de entrega por causas que entendían superiores.

Luis Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1822 en el seno de una familia tradicional del patriciado porteño, hijo del matrimonio formado por Roque Julián y María Luisa Dávila. En 1848, en pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas, contrajo matrimonio con Cipriana Lahitte.

Sáenz Peña obtuvo el título de abogado por la Universidad de Buenos Aires y abrazó la política militando en el Partido Autonomista Nacional (PAN), siendo diputado y senador. La crisis de 1890, incluida la revolución de julio de ese año que vio surgir a los radicales como actores políticos de consideración y la renuncia a la Presidencia de Miguel Juárez Celman, fue contemporánea al nombramiento de Luis Sáenz Peña como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que podía entenderse como coronación exitosa de una carrera dedicada a la abogacía y la política.

Sin embargo, el destino le tenía preparado otro desafío. El sorpresivo surgimiento del radicalismo como opción electoral para los comicios presidenciales de 1892 forzó un entendimiento entre dos de los hombres fuertes de la política del momento: Julio Argentino Roca y Bartolomé Mitre, quienes dejando de lado sus mutuos recelos, acordaron ofrecer la candidatura presidencial por el PAN al ya anciano Luis Sáenz Peña, personalidad respetada por todos los sectores sociales.

Tras convencerlo de que era el único en condiciones de encauzar la situación (aún convulsionada por la crisis financiera y política iniciada en 1890) y apelando a su sentido del deber y patriotismo innato, lograron que don Luis dejara la comodidad de la Corte y se postulara para la presidencia, tomando posesión del mando el 12 de octubre de 1892.

Una curiosidad que habla de los códigos familiares y políticos de aquellas épocas lejanas: el que también tenía apetencias presidenciales era el hijo de don Luis, Roque Sáenz Peña. Incluso había lanzado su propia candidatura. Pero la sorpresiva aparición de la figura paterna lo obligó a declinar la suya. El tiempo le daría revancha, llegando don Roque a la primera magistratura en 1910.

Pese a su voluntad y patriotismo, Luis Sáenz Peña no pudo soportar las presiones sobre su gobierno. Por un lado, los ministerios eran manejados tanto por Roca como por Mitre, dándose situaciones -algunos ministros consultaban con ellos en vez de hacerlo con el presidente- que deterioraban la investidura propia del cargo. Por el otro, los radicales, entusiasmados con el apoyo popular a su causa, no se resignaban a ser espectadores pasivos y se levantaron en armas en 1893 poniendo en jaque al gobierno.

Cansado por estas circunstancias, Luis Sáenz Peña presentó la renuncia al cargo en 1895. Falleció en Buenos Aires en 1907, a los 85 años, edad muy avanzada para la época y fue sepultado en la bóveda familiar en el cementerio de La Recoleta.

Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen había nacido en Buenos Aires el 12 de julio de 1852 y durante su vida alternó el ejercicio de la docencia con la militancia política, fundamentalmente acompañando a su tío materno, Leando Alem en lo que comenzó como Unión Cívica para convertirse poco después en Unión Cívica Radical, partido de cuyo liderazgo se haría cargo tras el suicidio de Alem en 1896.

En su azarosa vida también destaca el haber sido propietario rural y comisario del barrio de Balvanera. Era desprendido desde el punto de vista material, donando en muchas ocasiones partes de sus ingresos para ayudar a personas necesitadas. Su vida sentimental nos da cuenta de varias relaciones amorosas pero jamás contrajo matrimonio, detalle inusual en la época. Acaso su carácter y temperamento tuviesen algo que ver con ello. Se lo apodaba cariñosamente “El Peludo” en alusión al huidizo animal de nuestras pampas. Él mismo dirá más tarde que el ser consciente del compromiso de vida que implicaba la lucha política tornaba imposible pensar en formar una familia a la cual dedicarle tiempo y responsabilidad.

Otra curiosidad de nuestra historia política: los cuestionamientos radicales sobre la corrupción inherente al sistema de votación utilizado en el país, caracterizado por el voto cantado y la ausencia de padrones oficiales, tuvieron eco en sus adversarios políticos, siendo Roque Sáenz Peña quien se comprometiera con Yrigoyen a impulsar una nueva legislación que le diera transparencia a las elecciones nacionales. Ello derivó en la aprobación de la llamada Ley Sáenz Peña de 1912 que garantizó, entre otras cosas, el sufragio universal y secreto.

El radicalismo accede por primera vez a la presidencia el 12 de octubre de 1916, con la asunción de un Yrigoyen que contaba entonces 64 años. En esa época el mandato duraba 6 años y no existía posibilidad de reelección inmediata. Por eso, terminado su primer mandato, Yrigoyen tuvo que esperar que otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, gobernara entre 1922 y 1928. Fue en ese último año que Yrigoyen se presentó por segunda vez triunfando en los comicios y asumiendo nuevamente la presidencia el 12 de octubre, con 76 años cumplidos. No pudo terminar su nuevo período por ser derrocado por el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, muriendo tres años más tarde.

Es cierto que no tenía en 1928 la misma energía e ímpetu que en 1916, pero en los meses previos al golpe de estado que lo derrocó, los medios de prensa exageraban sobre su supuesta falta de aptitud física y mental para gobernar, dando por hecho que su edad avanzada conspiraba contra la celeridad y lucidez en la toma de decisiones. Pero eso es injusto porque el problema de Yrigoyen no era tanto sus 76 años sino su metodología de trabajo que siempre lo había caracterizado y que pasaba por un personalismo excesivo que le impedía delegar en otros incluso las más nimias de las decisiones gubernamentales.

Dos hombres, con sus condicionamientos y talentos, que demostraron a sus contemporáneos que para los grandes desafíos de la vida no existe, obligatoriamente, una edad de retiro o jubilación.

Desde que en 1854 fue electo el primer presidente constitucional de la Argentina (Justo José de Urquiza) hasta la elección de Hipólito Yrigoyen, en 1916, en la Argentina funcionó una democracia condicionada, en la que imperaba el fraude electoral. Si bien en 1912 se había sancionado la ley Sáenz Peña (que justamente se aplicó por primera vez en 1916), mediante la cual se instauró el voto universal, secreto y obligatorio, produciéndose así una depuración del sistema democrático, la mencionada “universalidad” padecía un vicio que relativizaba las bondades de la referida norma: las mujeres no votaban.

El sufragio es “universal” cuando todos los habitantes tienen la posibilidad de votar sin discriminaciones. Pues cuando se utiliza al “sexo” como parámetro de reglamentación de los derechos políticos, hay claramente una discriminación. Así lo establece el Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 23 Inc. 2. Ello es así ahora, y también lo era aun en aquellos años en los que los parámetros culturales eran muy diferentes a los actuales.

Afortunadamente, en el año 1947 se sancionó la ley que otorgó derechos políticos activos (derecho de votar) y pasivos (derecho de ser votado) a las mujeres, las que por primera vez pudieron ponerlos en práctica en el año 1952, año en el que Juan Domingo Perón fue reelecto.

El ejercicio del derecho de votar se consolidó rápidamente; sin embargo, más lenta fue la consolidación, en las mujeres, del derecho a ser elegidas. Para facilitarlo, en el año 1991 se sancionó la ley 24.012 según la cual, en las listas de candidatos a ocupar cargos públicos electivos, debía haber, al menos, un treinta por ciento de mujeres. En el año 2000, la reglamentación dispuso que dicho cupo femenino aplicaba a las elecciones de legisladores nacionales y convencionales constituyentes, no a las presidenciales.

Cuando se produjo la reforma constitucional de 1994, el constituyente dispuso que el Congreso debe dictar normas que “aseguren la igualdad de oportunidades, entre varones y mujeres, para el acceso a cargos públicos electivos y partidarios”. En ese sentido, el Congreso ya se había adelantado con la ley de cupo femenino antes señalada, la cual, en el año 2017, se convirtió en “ley de paridad de género”.

A partir de entonces, dejó de existir un “cupo” para mujeres en la integración de las listas, y se pasó al criterio de “paridad”, y se dispuso que, en todas las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, así como también en las de parlamentarios del Mercosur (inexplicablemente se omitió referencia alguna a “convencionales constituyentes” para el caso que debieran elegirse al amparo de un proceso de reforma constitucional), desde el primer lugar de la lista hasta el último de los suplentes, debe intercalarse un varón y una mujer, o viceversa.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si, en ejercicio del cargo, o inclusive desde el momento de la elección, un diputado nacional electo o uno elegido popularmente aun antes de asumir, falleciera o renunciara? La solución la brinda el Código Nacional Electoral, para el cual, en esos casos, debe asumir el cargo el primer integrante de la lista correspondiente que haya quedado fuera del reparto de bancas en función del sistema de representación proporcional que se utiliza para asignarlas.

Lo que dicho cuerpo normativo no resuelve, es el caso de una renuncia o fallecimiento de un candidato a diputado nacional antes de la elección. Pues para ello está el Decreto 171/2019, según el cual debe ocupar su lugar el primer candidato que le siga, del mismo sexo.

El decreto señalado, que es reglamentario de la ley de paridad de género antes referido, es muy claro y equitativo; sin embargo, a la hora de resolver el caso Espert, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, lo declaró inconstitucional por considerar que vulnera a la ley a la que reglamenta, cosa que la Constitución Nacional prohíbe.

Nada más disparatado. La Constitución Nacional asegura la “igualdad de oportunidades” entre varones y mujeres, y la ley de paridad de género, en la misma línea, también asegura dichas oportunidades, y brinda una pauta clara e igualitaria al disponer reemplazos “por género” en caso de vacancias antes de la elección.

No se advierte, tampoco, que el decreto señalado vulnere convenciones internacionales. De hecho, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, se limita a prohibir la “discriminación” y a asegurar la “igualdad de condiciones” de las mujeres con los hombres, para ser elegidas en elecciones públicas. Pues ¿cuál es la discriminación en la que incurriría el referido decreto 171/19, al propiciar reemplazos por género, en el caso de renuncias previas a la elección, en plena consolidación de la paridad e igualdad ante la ley prevista en el Art. 16 de la Constitución Nacional?

En una nota de mi autoría en este mismo medio, publicada el 8/10/25, comentando el fallo de Ramos Padilla, afirmé que esperaba, esperanzado, que la Cámara Nacional Electoral lo revirtiera y encauzara esta cuestión en el andarivel del derecho.

En efecto, las políticas de género pueden estar sustentadas en criterios feministas o hembristas. El “feminismo” es válido, por cuanto lucha por asegurar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres; en cambio el “hembrismo” se asienta en un criterio de superioridad de las mujeres en detrimento de los varones. Pues cuando se legisla en función de esta última postura ideológica, o se interpretan las normas de ese modo, se afecta profundamente el principio de igualdad ante la ley prevista en nuestra Ley Suprema.

Celebro que, en el caso Espert, la Cámara Nacional Electoral haya evitado que estas posturas extremas se consoliden en la Argentina.

Tras días de lucha, se desplegaron nuevos recursos y brigadistas especializados para combatir los incendios forestales que afectan al norte de la provincia de Salta. La incorporación de integrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a las tareas en tierra, según informó la Subsecretaría de Defensa Civil, responde a la necesidad de contener el foco ígneo que se extiende entre Hipólito Yrigoyen y Orán, a lo largo de la Ruta Nacional 50.

El operativo cuenta con la participación de brigadistas provenientes de la Brigada NEA, con base en Apóstoles, Misiones, quienes disponen de apoyo logístico, herramientas manuales y equipos de comunicación. A este contingente se suma un equipo de combatientes de la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, que trabajará de manera coordinada con los equipos provinciales. Todas las acciones están bajo la coordinación de Gonzalo Rodriguez, director general de Defensa Civil Salta.

Según informó el Gobierno de Salta, durante el fin de semana, los especialistas de la Subsecretaría de Defensa Civil avanzaron en las tareas de sofocamiento en sectores de difícil acceso, utilizando una máquina topadora para abrir camino y contener el avance del fuego. El incendio afecta una amplia franja de territorio, lo que requirió la implementación de tareas técnicas específicas para evitar su propagación.

El operativo terrestre se complementa con el apoyo aéreo del SNMF, que desplegó dos aeronaves: una hidrante y otra destinada a realizar sobrevuelos de reconocimiento en las zonas afectadas. La presencia de estos medios aéreos resulta fundamental para monitorear el comportamiento del fuego y asistir en las labores de extinción.

La Subsecretaría de Defensa Civil emitió recomendaciones dirigidas a la población, instando a evitar la realización de fogatas en áreas descampadas, la quema de basura o pastizales, y el descarte de colillas de cigarrillos o fósforos en campos y bosques, con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos focos ígneos que puedan causar graves daños ambientales. Ante la detección de un incendio, se solicita reportarlo de inmediato al Sistema de Emergencia 911.

Incendios forestales en Jujuy

De acuerdo con los datos divulgados la semana pasada por los Bomberos de la Provincia, en un solo día se llegaron a registrar entre 15 y 20 focos ígneos en Jujuy, siendo el Ramal la zona que concentró la mayor parte de los puntos ígneos. A este sector se suma Perico, mientras que en el norte provincial la situación presenta menos episodios.

El jefe de Bomberos, Alberto Mansilla, explicó al medio local Todo Jujuy que el promedio de incendios se mantiene en esos valores durante esta época del año, con mayor presión en el Ramal, aunque en la capital provincial la actividad tampoco es menor.

En San Salvador de Jujuy, los lugares que más intervenciones registran son las áreas céntricas y el barrio Alto Comedero, con focos que surgen principalmente en terrenos baldíos y márgenes del río.

Desde el Cuartel Central de Bomberos detallaron que solo en la capital provincial se interviene diariamente en alrededor de ocho incendios. Las situaciones, según indicaron, se producen en espacios donde los vecinos encienden fuego para descartar basura o limpiar pastizales.

“En primera instancia, la gente no toma resguardos necesarios de contar con agua para después apagar esos incendios, exceden de confianza creyendo que se van a extinguir solos”, manifestó el oficial inspector Mauro Cortez.

Hasta el 4 de octubre hubo en la provincia una advertencia por peligro extremo y muy alto de incendios forestales difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que aumentó la preocupación.

Estas condiciones, según se comunicó, se intensificaron a partir del jueves 2 de octubre, con el sábado 4 como la jornada más crítica. Ese día todo el territorio jujeño quedó bajo alerta roja.

Joaquín Penina Sucarrats había nacido en Gironela, un municipio catalán de Berguedá, el 1 de mayo de 1905. Ya sea para eludir el servicio militar o por cuestiones políticas —no se sabe la razón concreta— a los 20 años dejó España y, luego de un paso por Buenos Aires, se radicó en la ciudad de Rosario. Los libros realizados por Fernando Quesada (El primer anarquista fusilado en Argentina) y Aldo Oliva (El fusilamiento de Penina) contribuyeron a dar luz a la tragedia del joven catalán.

Rubio, de mediana estatura, se ganaba la vida como albañil, colocando mosaicos y baldosas. Militaba en la Federación Obrera Regional Argentina y se hizo conocido cuando fue uno de los promotores de una huelga que paralizó Rosario y los alrededores en 1928. En el altillo que alquilaba en la calle Salta 1581 había logrado armar una pequeña biblioteca, y muchos de aquellos ejemplares de contenido anarquista los vendía a compañeros a muy bajo precio o bien los prestaba.

Cuando, el sábado 6 de septiembre de 1930, el general Félix Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen, la dictadura aplicó la censura en los diarios, anuló el Congreso, intervino las universidades mientras que la temible oficina de Orden Político, a cargo de Leopoldo Lugones (h), le era funcional para el encarcelamiento y la tortura de los opositores. Ni el derrocado Yrigoyen se salvó; anciano y enfermo, fue recluido en el penal de Martín García.

Pero lo que nadie imaginaba que también habría fusilamientos sumarios, a través de la ley marcial, que establecía: “Todo individuo que sea sorprendido infraganti cometiendo un delito contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad públicos, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso”.

El 9 de septiembre por la mañana detuvieron a Penina en la pieza que alquilaba. Lo acompañaba el carpintero Victorio Constantini, con quien compartía la vivienda, y el azar quiso que a los pocos minutos se sumara otro amigo, el catalán Pablo Porta. Se los acusaba de imprimir y difundir propaganda anarquista contra Uriburu. Según las autoridades, la prueba del delito estaba a la vista: un mimeógrafo de su propiedad. Vanos fueron los intentos de explicarles a los policías que hacía dos meses que el aparato no funcionaba.

Antes de que se lo llevaran, Penina alcanzó a tomar un par de galletas marineras y una fruta, para sobrellevar las horas que estuviera detenido, confiado en que sería puesto en libertad. Ya había estado preso en 1928, cuando participó de una marcha por la liberación de Sacco y Vanzetti, y sabía lo que le esperaba.

Fueron alojados en una celda de Orden Social, cuyo jefe era Marcelino Colombé, quien los interrogó. Como jefe de investigaciones de la policía se desempeñaba Félix V. de la Fuente. Fue el teniente coronel Rodolfo Lebrero, a cargo de la policía, el que les comunicó que, en vista de las acusaciones que pesaban sobre ellos, serían fusilados. Tan armada estaba la trama que un diario local, La Capital, publicaría en su edición del día siguiente la noticia que tres anarquistas habían sido pasados por las armas cuando aún el hecho no había ocurrido. La fuente citada es la propia policía.

Con la complicidad de personal policial subalterno, dejaron a Constantini que se fuera; Porta también fue liberado, pero ya habían decidido la suerte de Penina. A las 22.30 lo subieron esposado a un camión, en el que iba el subteniente Jorge Rodríguez, que justo esa noche era el oficial de guardia. Fue gracias a él que, por el agobio de los remordimientos o por quitarse responsabilidad, se conocieron los detalles de las últimas horas del militante anarquista.

Lebrero le había dado la orden al joven subteniente de fusilar a Penina. Rodríguez estaba acompañado por un suboficial, tres soldados y un empleado de investigaciones. Delante y detrás del camión iban dos automóviles, ocupados por el mayor Carlos Riccheri, el capitán Luis Sarmiento y otros funcionarios policiales.

Una vez que partieron de la comisaría, tomaron hacia el barrio de Pueblo Nuevo. A los trescientos metros de haber cruzado el puente sobre el Saladillo, el camión se detuvo y condujeron a Penina hacia la barranca del río. Ahí descendieron.

Se improvisó un pelotón de fusilamiento. Fue el subteniente Rodríguez quien dio la orden a los soldados de disparar sus revólveres Colt. Penina, sorprendido, atinó a gritar: “Viva la anarquía”. En una primera andanada no se desplomó sino que quedó doblado, y entonces los soldados continuaron disparando. Rodríguez ordenó el alto el fuego. Una vez caído, aún con vida, el subteniente le dio el tiro de gracia. Debió hacerlo dos veces porque el primero lo erró.

Alguien murmuró: “Fue un valiente hasta último momento”. Había recibido siete disparos.

En sus bolsillos aún guardaba las galletas marineras. También hallaron un giro por cinco pesetas que iba a enviarle a su hermano Juan, que moriría en 1938 durante la guerra civil española. Subieron el cuerpo a una ambulancia y lo llevaron al cementerio de La Piedad. En un cajón de pino, cuatro conscriptos lo enterraron como NN en el solar 2 fosa 450. Hubo una investigación, se identificaron a los responsables pero no hubo condenas. Los policías admitieron haber detenido a las tres personas “en averiguación de antecedentes” pero que el día 10 a las 22 horas habían sido liberadas.

Sus compañeros, Constantini y Porta, volvieron a sus países, Italia y España. Fue por el testimonio de Porta que en el pueblo natal de Penina se enteraron de lo ocurrido.

La venganza no demoraría en concretarse. El capitán de ejército Luis Sarmiento manejaba su auto por la ruta que une El Marquesado con la ciudad de San Juan. Sorpresivamente, se le puso a la par otro automóvil, ocupado por dos personas. Uno de ellos le efectuó varios disparos a quemarropa. “Acordate de Penina”, le gritaron. Era el 23 de julio de 1932 y el asesinato de Sarmiento, de 37 años, sería una de las consecuencias del ojo por ojo por el que considera como el primer fusilado y desaparecido luego del golpe de septiembre de 1930.

Luego del asesinato de este militar, el teniente coronel Lebrero fue cambiado de destino, intuyendo que podría correr la misma suerte. En 1943 sería nombrado interventor de Río Negro y fallecería, anciano, en 1972, jactándose de haber combatido a las mafias de Rosario.

El de Penina fue el primer fusilamiento, pero no sería el único. También enfrentaron a un pelotón, en diversas circunstancias, los hermanos Gatti en el patio de la comisaría primera de Avellaneda, mientras que Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó serían pasados por las armas en la Penitenciaría Nacional, entre otros.

La humilde pieza que habitaba Penina fue vaciada por los policías. Se quedaron con los 600 pesos que el anarquista debía enviar a editoriales para cancelar deudas, y los libros y los panfletos fueron quemados. También corrieron la suerte de las llamas, en 1977, la tirada completa del libro El Fusilamiento de Penina, de Aldo Oliva. Por alguna razón, se salvó un ejemplar, que sirvió para que la obra se reeditase y posibilitar que se conociese su triste historia.

Pablo Gerchunoff presentó el sábado pasado su nuevo libro, La imposible república verdadera (Edhasa), en la librería Notanpuan, de San Isidro. Acompañado por Gerardo Della Paolera y con un muy buen marco de público, la conversación abordó la historia, las ideas y el poder: un diálogo que fue una suerte de clase magistral y recorrió las primeras décadas del siglo XX, con el foco puesto en Hipólito Yrigoyen: desde su rol tras la muerte de Leandro N. Alem, la llegada a la presidencia,

El primero en tomar la palabra fue Della Paolera, que recordó su paso por la Universidad de Buenos Aires, cuando fue alumno de Gerchunoff. Luego planteó que el nuevo libro se ubica en una línea de trabajo en la que Gerchunoff viene trabajando desde sus estructuras más profundas. Y propuso mirar a Yrigoyen no solo como un líder político sino como el síntoma de una tensión política que persiste: “¿Es un revolucionario, un reformista o un pragmático?”, se preguntó. Y lo situó en el cruce entre dos corrientes opuestas o contradictorias: “Es la tensión entre la necesidad de un poder verticalista, y una república representativa, plural, con separación de poderes”.

Para Della Paolera, la Argentina es un país de tradición militar con una cultura política que tiende a rechazar las reglas cuando no coinciden con el orden deseado. “No me sorprende que surja un personaje como Hipólito Yrigoyen”, dijo. “Siempre va a surgir algún personalismo porque los argentinos necesitamos cierto orden. Necesitamos algún ‘papá’ que nos dé cierto orden”.

En esa línea, subrayó que la Ley Sáenz Peña, más que democratizar el sistema, buscó contener la presión social. “Los que siguen el orden imperante piensan que con la ley Sáenz Peña se va a contener básicamente el aluvión de estos inmigrantes en un voto que los va a favorecer. Y subestiman la posibilidad de la victoria de un político”. Ese político fue Yrigoyen. Que además de ganar, se propuso intervenir el sistema desde adentro: “Pablo dice muy bien cómo Yrigoyen usa esa ley de manera instrumental, más que como un enriquecimiento de una forma de república”.

De repúblicas posibles y repúblicas verdaderas

Después de las palabras de Della Paolera, Gerchunoff explicó que el título del libro proviene de las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberdi: ese libro, dijo Gerchunoff, está pensado como la preparación de una Constitución para una república que no terminaba de existir. Por eso, por primera vez, Alberdi dice el término república verdadera. “Es un libro en el que late la ansiedad acerca de si vamos a poder construir finalmente una Nación”.

Gerchunoff recordó que Alberdi fue explícito al advertir que esa república —con división de poderes y sufragio libre— todavía no era viable en el contexto argentino de mediados del siglo XIX. Por eso propuso la idea de una república posible, un estadio previo en el que sería necesario acumular progreso, educación e inmigración antes de estar en condiciones de acceder a un sistema democrático pleno.

En esa clave se inscribe la historia que cuenta su trabajo: el tránsito de una república tutelada a una experiencia democrática —aun con sus límites— que comienza en 1916 con la elección de Yrigoyen. Pero esa elección, sostuvo Gerchunoff, no fue producto de un plan, sino de una serie de circunstancias azarosas. “Cuando los liberales reformistas se lanzan a la reforma del sufragio libre, a lo que se llamó ley Sáenz Peña, que es de 1912, se lanzan como se lanza cualquier político a una reforma en la que creen que van a salir ganando. Nadie hace una reforma para perder”.

Entonces se produce la Primera Guerra Mundial, que golpea a la Argentina de un modo inesperado, y cambia el clima social. Ese cambio se manifiesta en la figura de Yrigoyen, que —según Gerchunoff— encarna la paradoja de haber sido un caudillo civil que intentó ejercer un poder típicamente militar: “La Unión Cívica Radical es un partido horizontal, pero él quiere imponer su verticalidad en ese partido”.

Yrigoyen y el Rey Lear

Una parte clave del recorrido propuesto por Gerchunoff es el modo en que Yrigoyen se vinculaba con las instituciones y con el poder. Su liderazgo, dijo, tenía un “talante revolucionario”, pero no en el sentido clásico, sino en que transformaba sin romper formalmente el régimen: intervino veinte veces las provincias, buscaba modificar la composición del Senado, negaba la legitimidad del Ejército surgido del orden oligárquico, y, sin embargo, se mantenía —al menos en la superficie— dentro de las reglas democráticas. “Era un líder popular magnético”, dijo Gerchunoff, “que jugaba al fleje”.

Cuando en 1922 debió dejar el gobierno, Yrigoyen eligió como sucesor a Marcelo T. de Alvear. No fue una decisión partidaria ni programática: fue, para Gerchunoff, una elección basada en la amistad, la confianza personal. Para comprender esa dimensión, hay que saber que cuando Yrigoyen se batió a duelo con Lisandro de la Torre, su padrino fue de Alvear. Ese gesto —privado, íntimo— deja en manos de Alvear la continuidad institucional. Y Alvear, aunque leal a Yrigoyen, se rodea de ministros anti-personalistas que no comparten el legado del ex presidente y hacen todo lo posible por evitar su regreso.

Durante la presidencia de Alvear, la tensión interna del radicalismo crece. En los hechos, los integrantes del gobierno conspiran contra el retorno de aquel lo designó. Y a pesar de las maniobras en su contra, Yrigoyen vuelve al poder en 1928 con una elección arrasadora. “Volvió con un aluvión de votos que significan en la Argentina la inauguración de la democracia de masas”. La tasa de participación electoral fue del 80%. Es el momento de mayor afirmación del liderazgo de Yrigoyen. Paradójicamente también el inicio de su ocaso.

La figura que sintetiza ese derrumbe es Elpidio González; amigo íntimo de Yrigoyen, radical leal, vive la contradicción de cuidar al caudillo y, a la vez, proteger el gobierno. “Esto es un drama shakespeareano”, dijo Gerchunoff, “porque el problema es la sucesión, un tema muy tratado por Shakespeare; particularmente en King Lear”.

El gobierno, paralizado, entra en una deriva que desemboca en la revolución de 1930. Gerchunoff insistió en ese término —revolución, no golpe— porque en la época todavía se pensaba la interrupción institucional como una forma de revuelta, heredera de las del siglo XIX. Lo que llama la atención, subrayó, es la debilidad del dispositivo militar. “Una revolución que no tiene militares, que tiene solo a la civilidad de la Ciudad de Buenos Aires y a los Cadetes del Colegio Militar y no tienen más que eso. ¿Cómo puede ser que Uriburu haya ganado sin ningún regimiento de Campo de Mayo, sin ninguna división del Ejército de Campo de Mayo?” El gobierno de Yrigoyen ya no estaba: se había desintegrado.

En el cierre, Gerchunoff planteó una idea que podría funcionar como una aproximación a la identidad de la UCR: “Mussolini era una figura de moda hacia fines de los años 20, y, aunque el primer Mussolini no es igual al que vino después, hay muy poco fascismo en el radicalismo. Yrigoyen, nunca; Alvear, desde ya que no, era un liberal. El fascismo es muy menor en la historia del radicalismo y esto es importante para hablar de la identidad y la diversidad”.

Alfonsín, entre Yrigoyen y Alvear

Gerchunoff escribió hace un par de años una biografía de Raúl Alfonsín: se llama Raúl Alfonsín. El planisferio invertido y es uno de los libros políticos más importantes de los últimos tiempos.

Al final de la charla con Gerardo Della Paolera, Infobae tuvo oportunidad de preguntarle a Gerchunoff por la relación entre las dos grandes figuras del radicalismo.

—¿Cuánto de ese Yrigoyen mantuvo después Alfonsín?

—Alfonsín se creía yrigoyenista y era alvearista. Él no supo nunca; bueno, alguna gente se lo decía. Tenía un afán caudillista, sí: en ese sentido se parecía bastante a Yrigoyen. Pero era mucho más liberal —y cuando digo la palabra “liberal” no hablo de política económica—. Alfonsín es una contradicción en los términos porque es un caudillo democrático. Él creyó toda la vida que era un heredero de Yrigoyen y tenía una especie de desprecio por Alvear, porque no terminó de entender el rol de Alvear en el radicalismo. No entendió el pacto implícito que yo cuento en el libro entre Yrigoyen y Alvear. De haber habido un enfrentamiento, Alvear hubiera sido barrido de la historia.

Ese lunes Hipólito Yrigoyen, el primer presidente depuesto por un golpe militar, entró en un sopor del que no saldría. Agonizaba en una modesta habitación de la casa de Sarmiento 944, en la que la única decoración era una imagen de la Virgen colgada arriba del respaldo de la cama, y en la mesa de luz se destacaba un crucifijo de plata.

Rodeado de familiares y amigos, recibió la extremaunción y a las 19:21 falleció en la tarde desapacible del 3 de julio de 1933. Nueve días después hubiera cumplido 81 años.

La gente que esperaba noticias en la calle no necesitó de un anuncio especial: cuando se abrieron las puertas del balcón y el médico Juan Tamborini, diputado durante la primera presidencia de Yrigoyen, invitó a los presentes a descubrirse, las palabras sobraron. Algunos lloraban, otros se arrodillaron, muchos vivaron el apellido del expresidente y todos cantaron el Himno.

Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen fue dos veces presidente, el primero en ser elegido por la ley Sáenz Peña, víctima del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y referente de la Unión Cívica Radical desde el suicidio de su tío, Leandro N. Alem.

Los militares golpistas no tuvieron reparo en encarcelarlo en la isla Martín García cuando lo desalojaron del poder, lo que perjudicó aún más su salud ya deteriorada. A comienzos de 1933, los médicos Roque Izzo, Pedro Escudero, José Tobías y Armando Meabe no lograban determinar un diagnóstico certero. Yrigoyen arrastraba problemas respiratorios y digestivos y tenían temor de un posible cáncer de garganta por su acentuada ronquera.

Estas indefiniciones llevaron a los familiares a buscar una cura donde fuera: hablaron con un curandero, convocaron a un sacerdote capuchino que golpeaba las partes del cuerpo enfermas con trozos de queso y también llamaron a un japonés que aspiraba el mal del enfermo con solo apoyar su cabeza en el pecho.

En marzo se sintió mejor y le recomendaron otros aires para su recuperación. Había pensado en ir a Brasil pero se negó porque en el pasaporte querían poner “expresidente” y él insistía en que seguía siéndolo. Por eso eligió Uruguay.

Se embarcó hacia Montevideo el 5 de abril junto a Elena, su hija inseparable, la que había tenido a los 20 años con Antonia Pavón, y a la que nunca reconoció como a sus otros hijos, si bien siempre se ocupó de ellos. También viajaron Isabel Menéndez, su secretaria; el doctor Landó y el excomisario Fernando Betancour, un conservador que cambió de ideas políticas en cuanto lo conoció.

En la capital uruguaya tuvo entrevistas con políticos y tiempo para paseos y tres semanas después debió regresar de urgencia por el fallecimiento de su hermana Marcelina Yrigoyen de Rodríguez.

Los médicos le recomendaron hacer reposo por esa ronquera que no se le iba. Salvo por la compañía de su hija, su secretaria y un par de incondicionales, nadie lo visitaba. Sí recompuso la relación con su hijo Eduardo, con quien no se hablaba desde hacía veinte años.

El 1 de julio le diagnosticaron bronquitis aguda que a la noche se transformó en una bronconeumonía. Al día siguiente, se confesó con su amigo Fray Alvaro Alvarez y Sánchez. Luego se rezó una misa e Yrigoyen comulgó, y monseñor Miguel de Andrea le dio la bendición papal.

Primero fueron grupos aislados pero pronto fue una multitud la que se congregó ese día frente a su domicilio, ávidos de novedades. La demolición de muchas casas entre Sarmiento y Diagonal Norte abrió un gran espacio que enseguida fue copado por la gente, a la que no le importó ni el frío ni la llovizna.

El cuerpo fue embalsamado y lo vistieron con el hábito de los dominicos. Recién a las dos de la madrugada habilitaron la entrada a la gente, que a esa altura se calculó en cientos de miles. El velatorio duró dos días y medio.

Esa noche, frente a la casa de Yrigoyen, hubo una impresionante marcha de antorchas.

Hubo gestiones con el Gobierno para que autorizara que el velatorio fuera en el pórtico de la Catedral Metropolitana, o en el Convento de Santo Domingo, o bien en la Plaza Once de Septiembre o en la Plaza San Martín, como opciones de lugares más espaciosos. Al día siguiente a la tarde anunciaron que no se autorizaba ninguno de estos sitios y que solo se aprobaría levantar una tribuna en la entrada del cementerio.

A pesar de que su hija Elena rechazó por carta los honores oficiales, el Gobierno decretó honras fúnebres. Costó convencer a la juventud radical, que pretendió velarlo en una plaza, y hasta propusieron que fuera la de Mayo.

En el interín el ministro del Interior, el entrerriano Leopoldo Melo, referente de la corriente antipersonalista enfrentado a Yrigoyen, se acercó a la casa. Entre insultos y abucheos, no pudo ingresar y se retiró. Alvear salió a calmar a la multitud.

El 6, junto al coche fúnebre y los dos vehículos de acompañamiento llegó —a pesar de la negativa familiar— un escuadrón de Granaderos, enviados por el Gobierno, los que debieron retirarse por la hostilidad de la gente hacia el presidente Justo y los militares.

Al mediodía partió el cortejo a la Recoleta, con el ataúd de ébano platinado, con manijas de plata, cubierto por la bandera argentina. Lo esperaban multitudes sobre Diagonal Sáenz Peña, y sobre avenida de Mayo los comercios permanecieron cerrados. De ahí se dirigieron hacia el Congreso para tomar avenida Callao.

La voluntad de Yrigoyen fue la de ser sepultado en el Panteón de los caídos en la Revolución del Parque. Debieron descartar la carroza fúnebre. La gente —muchos habían viajado desde el interior— lo llevó a pulso. Fueron inútiles los esfuerzos del Escuadrón de Seguridad para mantener el orden. Las personas pinchaban a los caballos y tiraban fósforos encendidos a los policías.

Los que presenciaban todo desde un balcón, veían a una multitud que ocupaba todo el ancho de la calle y de las veredas, apretujada contra el ataúd, y por instantes se percibía el sonido de los pasos sobre los adoquines. Los presentes se disputaban el honor de llevar sobre sus hombros el féretro. En una oportunidad, de tanto bamboleo, cayó al piso.

Era una marea humana de hombres, mujeres, niños, ancianos, que rezaban, agitaban pañuelos, de pronto entonaban el Himno. De lo alto de los edificios colgaban retratos del muerto y hubo quienes se treparon a los techos de los tranvías para ver pasar el cortejo, que era encabezado por Alvear. Viajaron periodistas de países limítrofes, cuyos informes difundieron por los diarios y las radios.

Se demoró cuatro horas en llegar al cementerio, donde se efectuaron 21 salvas de cañones del regimiento 1 de artillería. Por la cantidad de gente se armaron dos tribunas, una adentro y otra afuera de la necrópolis. Como todo espacio resultaba insuficiente, los techos de las bóvedas aledañas fueron también copadas.

Los organizadores decidieron invertir el orden de la ceremonia. Primero depositaron el ataúd en el panteón y luego fue el turno de los discursos de Alvear, Honorio Pueyrredón, Horacio Oyhanarte, Amadeo Sabattini y Ricardo Rojas, entre otros.

Salvo algunos políticos, como Alfredo Palacios, no hubo pronunciamientos sobre la muerte del líder radical. El periodismo también puso lo suyo. Como a los 20 años se había hecho cargo, gracias a su tío Leandro Alem, de la seccional 14º de la ciudad, un diario tituló: “Murió el ex comisario de Balvanera”.

La contracara la brindó el Gobierno que no decretó asueto y amenazó con el despido a los empleados públicos que faltasen al trabajo para ir a las exequias. Los Gobiernos provinciales decretaron honores oficiales, la bandera permaneció a media asta y dieron asueto a sus empleados el día de la inhumación.

Ante semejante manifestación popular, la comparación resultó inevitable: el 29 de abril del año anterior había muerto de un cáncer de estómago en Francia el general José F. Uriburu, quien lo había derrocado. En esa ocasión, el cortejo fúnebre había sido planificado, con la participación de las Fuerzas Armadas y funcionarios, que acompañaron, desde el puerto a la Recoleta, a aquel que despreció la democracia e inauguró una triste y decadente etapa para el país.

El 12 de diciembre de 1871 resultaría fatídico para Roberto Sánchez, estudiante de segundo año, que fue reprobado en el examen final de Derecho Romano. Era un sanjuanino de 20 años a quien Domingo Faustino Sarmiento le había allanado el camino para que pudiese continuar su formación en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Cuando el 14 de febrero de 1870 se matriculó en Derecho, estaba empleado en una dependencia del gobierno y colaboraba con artículos en el diario La Nación.

Para todos era un estudiante serio, sensato y aplicado, pero sufría por demás a la hora de enfrentarse a una mesa examinadora. Una vez reprobado, fue a la casa donde vivía sobre la calle Belgrano al lado de la iglesia de Monserrat, escribió una carta a su mamá y otra a su hermano y se suicidó.

Al día siguiente, a su entierro en el cementerio de la Recoleta concurrieron unos dos mil estudiantes. Su triste muerte había abierto la compuerta que resistía a presión una multiplicidad de reclamos de los universitarios. Se formó el Movimiento “13 de Diciembre” -día de su entierro- que, de entrada, pidió las renuncias de los tres profesores de la mesa examinadora, denunciando que muchos de ellos cobraban por dar clases particulares a alumnos que luego eran favorecidos en los exámenes. La mesa examinadora renunció, pero el gobierno rechazó las dimisiones de Aurelio Prado y Rojas, Ezequiel Pereyra y Miguel Estévez Seguí.

En esa oportunidad, los estudiantes reclamaron una verdadera reforma para la universidad y entonces propusieron una suerte de cogobierno entre estudiantes, profesores y no docentes, entonces llamados personal administrativo. Reclamaban que los estudiantes adquirieran apoyo oficial en las cuestiones que tuvieran con los profesores, pedían socorrer al estudiante indigente, que se estimulase la docencia y la investigación.

En 1883 Nicolás Avellaneda fue el autor de la ley 1597 que llevó su nombre, donde se impuso regular la vida universitaria, sosteniendo su autonomía, estableciendo un sistema de designación de profesores y la creación de un fondo universitario, entre otros. Sin embargo, era una idea de autonomía bastante limitada, más centrada en el gobierno que en cuestiones académicas, donde los profesores titulares eran nombrados por el Poder Ejecutivo, a partir de una terna elevada por la facultad correspondiente, avalada por el Consejo Superior.

Lo que muchos no percibían es que el país estaba cambiando radicalmente. Desde 1869 a 1914 la población se había quintuplicado y los extranjeros conformaban casi la tercera parte de la población total. La inmigración, sin lugar a dudas, había provocado un verdadero shock en todos los ámbitos: la concentración en las ciudades, la aparición de los conventillos, los primeros sindicatos socialistas y anarquistas, y el espanto de los conservadores que reaccionaron de la peor manera: imponiendo leyes restrictivas para expulsar a esos inmigrantes que traían ideas foráneas y a los que se los consideraba indeseables.

Ante ese panorama político y social un tanto caótico para la oligarquía que venía gobernando desde 1880, fue Roque Sáenz Peña el que encontró la solución con la ley de voto secreto, universal y obligatorio, en la creencia que el conservadurismo seguiría siendo mayoría. Pero cuatro años después Hipólito Yrigoyen ganaba las elecciones, con un poder acotado: lo que él llamaba “el Régimen” mantenía la mayoría en el Congreso y manejaba la justicia. Igual fue un momento bisagra en el país, en el que el conservadurismo gobernante fue reemplazado por uno que representaba a las mayorías.

Cuando ocurrieron los hechos de la Reforma, en el país existían cinco universidades: tres nacionales, la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata, y dos provinciales, la de Tucumán y del Litoral.

El peso creciente de la masa estudiantil se nota a partir del 1900. En el marco de diversas huelgas estudiantiles, ese año surgió el centro de estudiantes de Medicina, dos años después el de Ingeniería, en 1905 el de Derecho, y a pesar de su fuerte actividad social y hasta deportiva, fueron desconocidos por las autoridades.

La mecha se encendió en Córdoba

El estallido de los reclamos por una universidad democrática y pluralista partió de Córdoba. Allí, la universidad fundada en 1613, manejada por siglos por la iglesia, permanecía atada a procesos anacrónicos, donde estaban prohibidos autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Charles Darwin, Rudolf Stammler y Ernest Haeckel. Los docentes permanecían en su cargo por años, algunos lo heredaban y hubo casos que lo obtuvieron como regalo de casamiento. “Las universidades eran la expresión intelectual de un pasado que se resistía a morir”, había escrito Gabriel Del Mazo.

Los alumnos reclamaban mayor apertura, formarse de acuerdo a las ideas en boga, que pudieran trabajar, debatir y experimentar en los laboratorios que permanecían inexplicablemente cerrados.

El conflicto surgió a fines de 1917 cuando el centro de estudiantes de Ingeniería protestó por una ordenanza que establecía un nuevo régimen de asistencia a las clases, y los alumnos de Medicina denunciaban la supresión del internado en el Hospital Nacional de Clínicas.

La falta de respuestas motivó la conformación de un comité Pro Reforma, quien se puso a la cabeza del movimiento.

Cuando el 20 de marzo de 1918 el consejo superior de la Universidad de Córdoba resolvió no atender ninguno de los reclamos estudiantiles, se produjeron disturbios que fueron reprimidos. El 31 de ese mes debían iniciarse las clases, pero se llamó a una huelga general. Eran “recios y valerosos muchachos que se levantaron contra la universidad, contra la iglesia, contra la familia, contra la propiedad y contra el Estado”, describió Deodoro Roca, uno de los ideólogos de la reforma.

La universidad cordobesa reaccionó con una medida severa: ante lo que consideraba actos de indisciplina de los estudiantes, les prohibió la entrada. El Comité Pro Reforma, quien había ido a verlo al presidente Hipólito Yrigoyen, le reclamó la intervención de la universidad. El primer mandatario vio una oportunidad para darle una mano a aquellos que luchaban contra un enemigo común y el 11 de abril designó interventor a José Matienzo; ese mismo día quedó constituida la Federación Universitaria Argentina.

Matienzo encontró diversas irregularidades y diseñó un proyecto para democratizar el sistema y terminar con directivos y profesores que ocupaban sus cargos en forma vitalicia. De ahí en mas los docentes estarían habilitados a participar de la elección de los consejeros y del rector.

Los estudiantes lanzaron el 1 de mayo de ese año “La Gaceta Universitaria”, órgano por el que difundieron sus ideas. Adoptaron el mismo lema que acompañó a la Gaceta fundada por Mariano Moreno en junio de 1810: “Raros tiempos de felicidad aquellos en que se sentía cuanto se deseaba y podía expresarse cuanto se sentía”, una frase del pensador romano Tácito.

Muchos docentes renunciaron, contrarios a las reformas. El interventor dejó vacantes los cargos de rector, decanos y profesores con más de dos años de antigüedad y, como un hecho totalmente inédito, convocó a una asamblea a votar a nuevos decanos y consejos directivos, donde los reformistas se impusieron ampliamente, pero no imaginaban lo que se venía.

Se fijó el sábado 15 de junio para elegir al rector, lo que debía hacer la Asamblea Universitaria. El candidato reformista era Enrique Martínez Paz, un abogado, historiador y filósofo formado en Córdoba, y se descontaba su triunfo sobre el candidato ultra conservador Antonio Nores. Pero los reformistas ignoraban el intenso lobby que los jesuitas hicieron sobre los electores y sus familias para evitar cambiar el status quo.

Eso se vio en la elección. En las dos primeras votaciones ninguno obtuvo la mayoría, pero en la tercera terminó imponiéndose Nores con 24 votos contra 13.

No se llegó a la proclamación de la fórmula, ya que un millar de estudiantes irrumpieron en el recinto, provocando una terrible batahola. Echaron a empujones a la policía, a los gendarmes, a los profesores y directivos, se destruyó mobiliario que se conservaba de la época colonial, igual que los cuadros con los retratos de antiguos rectores. Colgaron en la puerta de la universidad el cartel de “se alquila” y alguien en el libro de actas escribió: “La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Junio 15 de 1918”.

La ciudad mediterránea se convirtió en un hervidero diario, donde se sucedían los actos públicos. La iglesia los trató de jóvenes inconsultos que se atrevían a pedir “¡frailes no, dogmas no!”.

Del 20 al 31 de julio se celebró en Córdoba el Primer Congreso Nacional de Estudiantes convocado por la FUA, donde se pidió por la autonomía, gobierno tripartito, asistencia y docencia libres, régimen de concursos y periodicidad de cátedras, publicidad de los actos universitarios, bienestar estudiantil, extensión y orientación social universitaria y libertad de juramento, ya que hasta entonces se juraba solamente por los Santos Evangelios.

Nores, como rector de facto, porque no había sido proclamado oficialmente, mantenía clausurada la universidad aunque debió renunciar cuando Yrigoyen mandó nuevo interventor, su ministro de Instrucción Pública José Salinas. Pero como demoraba en asumir, los estudiantes decidieron el 9 de septiembre tomarla hasta que el interventor se hiciese cargo.

De ese día quedaría la imagen icónica, de un grupo de estudiantes subidos al techo del rectorado e izando una bandera.

Dispusieron que se retomasen las clases, que se abriese la biblioteca, se designaron profesores y hasta se rindieron exámenes. Todo terminó cuando el Regimiento de infantería 13 y el 4 de Ingenieros derribaron las puertas y a bayoneta calada hicieron salir a los 83 estudiantes que la ocupaban. La respuesta oficial no se hizo esperar: el 11 el interventor se hacía cargo. Entonces los reformistas festejaron.

Se reorganizó la administración y el cuerpo docente, se reestableció el internado en el Hospital Nacional de Clínicas y se eligió a Eliseo Soaje como rector.

En la Universidad de Buenos Aires el rector Eufemio Uballes impulsó la reforma de los estatutos y hubo facultades, como la de Derecho, que modernizaron sus planes de estudios y organizaron la extensión universitaria. Las dos universidades provinciales, Tucumán y Litoral fueron nacionalizadas.

Seis días después del estallido del 15 de junio de 1918, la Federación Universitaria de Córdoba dio a conocer el “Manifiesto Liminar”, que pasó a ser como la biblia del reformismo, donde se sostenía que “desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que faltan”.

Ese reformismo abrió las puertas a la universidad a la autonomía, a la investigación científica, a la democracia, a la docencia y extensión universitaria, pilares que sufrirían más de un embate en nuestra ajetreada historia como país.

Era una incesante y larga búsqueda de agua, y de paso se exploraría el subsuelo. Eso ocurría a principios del siglo XX en ese caserío perdido llamado Comodoro Rivadavia, a donde habían llevado una máquina comprada en Alemania que superaba la perforación de 170 metros que habían hecho hasta el momento sin encontrar ni una gota.

La sorpresa devino a los 540 metros. Primero fue el olor y luego ese líquido negro que comenzó a fluir. Era el 13 de diciembre de 1907 y el grupo conformado por Humberto Behin, José Fuchs, Gustavo Kunzel, Juan Martínez, Florentino Soto, Antonio Viegas, Joaquín Domínguez, José Barravoz, Pedro Gedhorn, Pedro Peresa y Francisco Ferrera, apenas salieron del asombro, corrieron a comunicar la buena nueva a la Dirección de Hidrología, Geología y Minas del Ministerio de Agricultura de la Nación.

El descubrimiento abría un novedoso y por demás auspicioso panorama para el país y a la par el gobierno se enfrentó al desafío de proteger, a este valioso recurso, con un marco legal correspondiente.

El presidente José Figueroa Alcorta dictó al día siguiente un decreto de reserva petrolífera que abarcó cinco leguas kilométricas de radio alrededor del pozo, constituyendo así la reserva del Estado.

Fue durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento que se había encomendado al ingeniero y mineralogista inglés Francisco Rickard, que había sido contratado por Bartolomé Mitre, un relevamiento minero en 8 mil kilómetros. Fue la primera referencia en las que se incluye la presencia de petróleo en el país. Y el primer debate sobre la cuestión del petróleo en el Congreso Nacional fue el 12 de julio de 1865 y la discusión versó sobre si se trataba de un descubrimiento, de un invento o de una industria.

Por otro decreto del 24 de diciembre de 1910 se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia, para explotar lo que describieron como “los yacimientos más ricos y extensos del mundo”.

Ese nuevo organismo sería manejado por una comisión a cuyo frente estaba Luis Huergo, el primer ingeniero argentino recibido en el país, hecho que ocurrió en 1870.

Huergo denunció en 1913 las maniobras de la Standard Oil para quedarse con el mercado estatal, mediante la obtención de concesiones en distintos puntos del país, y especialmente en el sur.­

El 23 de septiembre de 1919 el presidente Hipólito Yrigoyen, consciente del vacío legal en la materia, presentó al Congreso un proyecto “por la importancia progresiva que habían adquirido las explotaciones petrolíferas en general y las fiscales”, donde se fijaban normas técnicas, administrativas, económicas y comerciales relacionadas a la actividad petrolífera, abriendo la puerta a la iniciativa privada, pero bajo ciertas condiciones. El primer mandatario, con el propósito de jerarquizar la actividad, también envió otro proyecto tres días después para crear la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y declaraba de utilidad pública los instrumentos imprescindibles para la explotación del petróleo.

“A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización”, sostenía el presidente.

Pero lamentablemente, fue una constante en la relación entre Yrigoyen y el Congreso, el proyecto nunca fue tratado. El oficialismo estaba en minoría tanto en diputados como en senadores, y el sector conservador, que el propio mandatario identificaba como “El Régimen”, obstaculizó muchas de las iniciativas que llegaban de la Casa Rosada, empezando por el presupuesto y todo lo que venía detrás.

El presidente radical le daba vital importancia a esa cuestión. La única oportunidad en que Hipólito Yrigoyen delegó el mando durante su primera presidencia fue en 1918 cuando visitó los pozos petroleros de Comodoro Rivadavia.

No obstante, en julio de 1921 el gobierno volvió a la carga con esas cuestiones y nuevamente el Congreso lo ignoró. Por tal motivo el 3 de junio de 1922, a través de un decreto de ocho artículos –firmado por el presidente y por el correntino Eudoro Vargas Gómez, ministro de Agricultura- creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La nueva dirección pasó a depender del Ministerio de Agricultura, quien tuvo a su cargo la fijación de precios de venta del petróleo fiscal y de sus derivados. Sus oficinas se establecieron en Paseo Colón 922.

Yrigoyen finalizó su período sin lograr su objetivo de máxima respecto a YPF, que era su nacionalización. La Standard Oil no se quedó de brazos cruzados: desarrolló exploraciones en el norte y el gobernador de Salta se apuró a reservar para la provincia tierras para la explotación. Sobrevinieron demandas de la empresa extranjera.

En octubre de ese año, Yrigoyen le pasó la banda presidencial a Marcelo Torcuato de Alvear, quien el 19 de ese mes designó, a propuesta del ministro de Agricultura Tomás Le Breton al coronel ingeniero Enrique Mosconi como director general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Ese ingeniero militar de 45 años recibido en la Academia Técnica de Prusia y civil de la Universidad de Buenos Aires, hasta ese momento era director de Aeronáutica del Ejército. Ascendido a general en 1925 y con un presupuesto de ocho millones de pesos, desarrolló una inmensa tarea, ya que el primer informe que elaboró reflejó un enorme desorden en las cuentas de la Dirección y que su estado económico debía “clasificarse de muy malo sin el menor reparo”. Insistió en la autonomía de YPF respecto al ministerio de Agricultura.

Promovió la construcción de la destilería de La Plata, inaugurada en diciembre de 1925 y fue su idea la creación de una flota de buques tanques.

Su gestión llevó a incrementar la producción de 348.888 metros cúbicos en 1922 a 872.171 en 1929. En agosto de 1929 bajó el precio de la nafta, y obligó a las empresas extranjeras a hacer lo mismo.

En 1927 hubo en la Cámara de Diputados nuevos debates por su nacionalización, impuestos en la agenda parlamentaria por los radicales. Mientras los conservadores se opusieron, los socialistas se pronunciaron por una explotación mixta. Triunfó el proyecto radical pero se empantanó en el Senado, donde no se dignaron a tratarlo.

El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 hizo el resto. Yrigoyen fue derrocado y como Mosconi se negó a colaborar con el gobierno de facto, el general Uriburu lo hizo nombrar en una ignota dirección del Ejército luego de haber estado en Italia en un viaje de estudios.

Un ataque de hemiplejia lo terminó sacando de escena. Falleció el 4 de junio de 1940. Pasaría a la historia como el defensor de los intereses nacionales sobre ese líquido negro que, sin esperarlo, había comenzado a fluir en ese lejano caserío que se llamaba Comodoro Rivadavia.

En esta hora de desesperaciones encontradas, entre gobierno y oposición, lógicamente dividida, creo que los radicales debemos abocarnos y centrarnos en asociarnos, como fue siempre, con los que creen y defienden la Constitución Nacional. No con tono doctoral, sino con compromiso ideológico. Los partidos son corrientes de opinión que interpretan con conceptos a ella, dentro de ella. Pero la verdadera ideología es ella, como se autoconvenció Yrigoyen. A los radicales retóricos les resulta difícil admitirlo, porque se les atraviesa la imagen de Hipólito Yrigoyen o los discursos de Raúl Alfonsín. No es hora de imágenes o retórica. Se quedan en la superficie de los problemas de esta sociedad del siglo XXI. Lo único sensato es salvar el sistema agrupándonos con los que piensan parecido. Eso fue Cambiemos y JxC. ¿Por qué? Porque somos los únicos que creemos en el sistema. Milei no es populista, un concepto hecho para patinar. Un populista no se juega a una propuesta económica dura y dogmática, como la de él y en la perspectiva de disolver o destruir el Estado, el Banco Central, por ejemplo. Populistas son los kirchneristas a raíz de Laclau, no de Néstor.

En Entre Ríos y 8 provincias más optamos por la alianza explicada y por integrar esos gobiernos. No así CABA, que ha cambiado de postura y ahora promueve 2015. Mauricio Macri, después de su oportunismo entusiasta con Milei, ha ido dándose cuenta de que no hay tal coincidencia como él creyó y en la que creyeron cientos de miles de radicales ante la segunda vuelta e incluso ante los primeros pasos, requeridos de instrumentos legales, para cambiar la realidad heredada. Así como 9 provincias reúnen al PRO y a la UCR, las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires organizan un gran encuentro que les dé brújula a los radicales, muy divididos, en la provincia clave. Pero no hay otro camino que el que han planteado Maximiliano Abad y Miguel Fernández.

Este es un sendero que tomará CABA, también. Su Gobierno, el PRO y el sector que maneja a la UCR, se recuesta sobre una idiosincrasia capitalina. Ya que la Capital es la ciudad con mayor cantidad de personas independientes, centristas y que valoran propuestas serias en materia económica. CABA, según mi experiencia militante de 40 años, es la cabecera de playa de los criterios capitalistas en Argentina. La tendencia descrita no garantiza un triunfo. Pero son los argumentos tácitos que daban triunfos a la UCR local si solo participaba Fernando De la Rúa. Si no, era un partido del 22 al 25%. Tampoco es mecanismo de triunfo en la Provincia, pero reconstituye coherencia y territorialidad consciente. El mileismo está creciendo de la nada en la Provincia, pero en clave menemista que picotea al PJ. El desarrollo y progresividad de la administración de LLA irá demostrando su falta de sinceridad y coherencia que surge de sus propias bases, para nada anarquistas, hasta el vértice de orientación y poder, que no tiene nada de liberal o anarquista y mucho de conservadorismo visceral que ya, curiosamente, ni tienen los conservadores auténticos, sino estos desesperados del pataleo. Hay que impulsar en el partido la sensatez, no la pureza, ciertamente impotente. Hay que defender la sensatez reagrupante porque si no es el sistema el que colapsa. Es fundamental no herir ni insultar a nuestros posibles aliados, que ya lo han sido, y recordar, con humildad, en nuestro sincero entusiasmo con la fórmula de Patricia Bullrich. La sensatez tiene que ser coherente y programática.

En Argentina hay un dicho que es “el diario de Yrigoyen” y hace referencia a un periódico falso que supuestamente se le entregaba al presidente Hipólito Yrigoyen durante su segunda presidencia (1928-1930). La idea habitual detrás de este concepto es que sus allegados le proporcionaban noticias alteradas y positivas para evitar que se enterara de la realidad del país y la creciente oposición en su contra. Se suele decir que el problema es el entorno, las personas que rodean al líder. El líder es bueno y puro, y las personas cercanas, malignas, manipuladoras, sin escrúpulos. ¿Pero es así? ¿Acaso el líder es una pobre víctima, que no tiene nada que ver con las personas de su círculo de confianza más íntimo? Me gusta hacer estas preguntas porque cuesta pensar que un líder -o cualquier persona-, no tiene nada que ver con las personas que lo rodean. Es bastante obvio que si no tuviera nada que ver, las echaría, o él mismo se alejaría. Si eso no sucede es porque hay una razón, un sentido. Y porque en el fondo, esas personas expresan en mayor o menor medida al líder.

Asumiendo que la leyenda de aquel presidente fuera cierta, puedo imaginar perfectamente la situación. No toleraba críticas ni malas noticias. Se enojaba con el mensajero. ¿Cómo reacciona el entorno a una situación así? Al principio paga el precio del enojo que injustamente le descargan, por una realidad que no maneja. Después de varias experiencias de esta naturaleza, opta por un camino más fácil, ¿cínico?, aunque quizás el único posible.

Mentir. Hace más de 2000 años, Confucio decía: “No intentes enseñarle algo a un cerdo; perderás tu tiempo, y conseguirás irritarlo”. Pienso que a veces nuestras relaciones tienen una dinámica parecida. ¿Qué hacer si la otra persona -sea padre, esposa, hijos, amigos- no tolera la información que tengo que compartirle? ¿Pelearnos? ¿O la seductora estrategia de evitarnos un problema? La respuesta es bastante obvia. Las consecuencias, no tanto. El problema de mentir es que corroe el vínculo. En ese momento dejamos de construir intimidad y lo que se empieza a consolidar es una distancia emocional. Con el paso del tiempo quizás se convierta en una distancia insalvable. Destruyó por completo el vínculo. Ya no podemos conversar de nada profundo, solo del clima o de temas irrelevantes. La muerte del vínculo.

Kant decía que la falta de sinceridad es letal. Y que las personas nos sentimos tentados a mentir porque no advertimos que esa falta de sinceridad es la última y definitiva forma de enajenación.

Así y todo, lo que pretendo plantear acá es otra cosa. No ser especialistas en detectar las mentiras de los demás. Ni siquiera las nuestras.

Solo aspiro a que repensemos que en muchas ocasiones nosotros somos como Yrigoyen. No toleramos lo que el otro tiene para decirnos. Nuestra rigidez, nuestros prejuicios, nuestra arrogancia, hacen imposible incorporar algo distinto de lo que pensamos o creemos. ¿En qué lugar queda el otro frente a una situación así? En la misma que el entorno de Yrigoyen. Nos miente. Se evita un problema. ¿Es su culpa? ¿Podemos después indignarnos, victimizarnos, culparlo, como si nosotros no hubiéramos tenido nada que ver?

Es difícil. Sería injusto.

¿Y vos? ¿Sos consciente de cuántas situaciones vivís, en la que no dejas ningún margen a que la otra persona exprese lo que tiene para compartir?

* Juan Tonelli es autor de “Un elefante en el living”, historias sobre lo que sentimos y no nos animamos a hablar. Speaker. https://linktr.ee/juan.tonelli

Una nueva iniciativa compiladora y modernizadora del Código Penal ha visto la luz en el curso de este año; ella cobró fisonomía por intermedio de las Resoluciones 2024-25-APN-MJ del 28 de febrero de 2024 y 2024-48-APN-MJ del 13 de marzo de 2024 del Ministerio de Justicia de la Nación, por las cuales se crea la comisión de reforma del Código Penal, que tuvimos el honor de integrar. Si nos deslizamos por el arco del tiempo, transitando hacia cierta arqueología, se impone recordar que el diputado conservador Rodolfo Moreno presentó su proyecto en 1917; lo destacable de esa cuestión fue que la codificación otrora sancionada anidó en un saludable consenso: la labor de un diputado conservador culminó con la promulgación de un Presidente radical, Hipólito Yrigoyen.

En condiciones de asepsia política, nos permitimos inferir que dicho cuerpo no germinó de un sector hegemónico sino que, de manera invertida, maduró al compás de la aquiescencia. La historia de un Código Penal es una historia de pasiones; con las limitaciones propias de este espacio y reeditando algunos conceptos ya delineados en este mismo medio, podemos inferir que la primera norma en nuestra materia —imperfecta y emulando en el rosicler de nuestra organización nacional un primitivo derecho de emergencia— ha sido la ley 49 sancionada como colofón de las guerras en el interior protagonizadas por el General Peñaloza en La Rioja, aun cuando el primer conjunto normativo homogéneo se inicia con la convocatoria a Carlos Tejedor en 1864.

Levaggi aclara que, en esa fecha, el presidente Bartolomé Mitre encomendó al ex gobernador de Buenos Aires delinear un Código Penal, el cual tuvo vida legislativa solo en aquellas provincias que lo han cobijado. Dada la falta de urgencia que tenía el Congreso en sancionar una legislación uniforme y seguir la manda constitucional, se encomendó a Villegas, Ugarriza y García un proyecto de Código Penal; el aletargo denotado quedó evidenciado en que no fue tratado. El Código de 1886 —ya sancionado por el Congreso Nacional— tomó la estructura de Tejedor con enmiendas parciales y asistemáticas, sumergiendo en la bruma oscura el andamiaje montado por este.

El camino sinuoso se observa en el Proyecto de 1895; hacemos hincapié en esta fecha, por los efectos de la ley Bermejo, puesto que, en realidad, la misma debe ser situada en 1891 donde el Congreso Nacional no trató el estudio de Norberto Piñero, José Nicolás Matienzo y Rodolfo Rivarola. No vale la pena recordar la vida efímera de la ley 4189 de 1903 que reformó el Código de 1886 por intervención de Julio Herrera; el burdo y petiso escalón que transitó sumergió a la legislación en la bruma oscura, pues, según Zaffaroni, tomó lo peor del Código Tejedor y lo peor del Proyecto de 1891, situación que el presidente Quintana quiso erradicar, en 1904, creando una nueva comisión donde la figura más influyente volvió a ser Rodolfo Rivarola.

Es por demás palmario el retraso existente entre la sanción de la codificación penal y la civil o comercial; tal vez, una de las explicaciones que pueda ensayarse, recala en que el poder punitivo y el control social que se articula por el intermedio del sistema penal –el cual derechamente se dirigía hacia las clases periféricas– descansaba en los caudillos y los jueces de paz, canalizadas, desde la colonia, en medidas de seguridad predilictivas para los vagos y holgazanes. Una síntesis del tránsito al abordaje específico hacia el territorio criminal, puede observarse en el prólogo de José Ingenieros a la obra de Eusebio Gómez “La Mala Vida en Buenos Aires”; el primero, pone de resalto la escoria social, los fronterizos del delito, los comensales del vicio o de la deshonra y la ciénaga en que chapaleaban la conducta esos malvivientes asfixiaban los gérmenes de todo sentido moral, desarticulando las últimas anastomosis que los vinculaban al solidario consorcio de los honestos.

Esta ha sido, en prieta síntesis, la observación de algunos de los senderos que dieron vida al Código Penal de 1921. No hemos de jalonar el derrotero posterior a dicho ordenamiento. Solo queremos señalar que, desde su sanción, se han creado 19 comisiones de reforma; ninguna de ellas ha logrado la compilación y la actualización que se propone. La comisión disecada por el Ministro Mariano Cúneo Libarona (h), luego de veinticinco reuniones – con una integración decididamente federal, habida cuenta que muchos de los asesores de los proyectistas provienen de diversos rincones de nuestro país – ha puesto a disposición del Poder Ejecutivo un anteproyecto que necesariamente debe analizarse y debatirse.

Muchas fueron las aristas abordadas en los largos meses de trabajo; allí, se verificaron discusiones ricas y apasionadas pero respetuosas del enfoque diverso o de la mirada distinta; a modo de síntesis, si bien se mantiene la construcción criminal tradicional, se han extendido o ampliado figuras delictivas. Existen elementos distintivos y actualizados en el tratamiento de algunos tramos de los delitos sexuales; se incorporaron modalidades específicas en relación a delitos vinculados a las comunicaciones, los medios de transporte y los servicios esenciales. Se rejuveneció y precisó la penalización de los delitos cometidos por funcionarios públicos; se superó la primera y significativa erosión vinculada con la corrupción, consagrándose una anatomía y fisiología depurada al decomiso anticipado para los delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios públicos. Hay nuevos bienes que tutela la flamante compilación; el terrorismo; los delitos relacionados con estupefacientes; los fraudes fiscales; los injustos aduaneros; los delitos cambiarios; la actividad delictiva en el ámbito militar; el tráfico y la permanencia ilegal de migrantes; delitos contra la libertad y dignidad del trabajo; tráfico de sangre, órganos y manipulación genética; protección del ambiente sano; delitos contra el patrimonio arqueológico; delitos relacionados con el deporte; delitos informáticos; fraudes a la propiedad intelectual; delitos contra el orden internacional: desaparición forzada de personas, genocidio e injustos que ofenden a la humanidad; delitos de guerra; agresión; responsabilidad de jefes y superiores, a la vez que el articulado finaliza con el abordaje de los ilícitos contra la administración de justicia de la Corte Internacional Penal.

Se coloca el sudario a la arcaica discusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como decía Nino, la incapacidad de acción y responsabilidad de los entes colectivos se traspolan hacia sus representantes; básicamente, se cincela un catálogo de penas específico para aquellas, con independencia de la actividad desviada del ser humano interviniente. Se amortigua ese “cáncer repetitivo” que es la inflación como fenómeno monetario ante la excesiva oferta de moneda y la licuación que produce la evolución en la dinámica de precios sobre la latitud de la respuesta punitiva.

Para ello, se elaboró un sistema de normas independiente de una política monetaria expansiva. Concretamente, para el itinerario dinerario, la pena de multa se estableció en días-multa; se definió cómo y en qué momento se calcula cada día-multa recurriendo a un parámetro estandarizado y de reconocida legitimidad (el Salario Mínimo, Vital y Móvil) de actualización constante e independiente ingresar en el dédalo legislativo. Análogo criterio se consagró para los casos de delitos que establecen umbrales mínimos de punibilidad dependientes de sumas de dinero; ello, le coloca una lápida a posibles cuestionamientos sobre la vigencia temporal de la ley penal en función de la necesidad de actualización constante que atesoran estas figuras.

No debe olvidarse que cuando el Congreso echa manos a la legislación represiva acude al instrumento sancionador más intenso que posee el Estado para articular el control social. Le debemos a la ilustración la idea de organicidad y autosuficiencia legislativa; la legislación penal actual ha tendido a esparcirse o descodificarse dando pábulo a un entramado normativo heterogéneo y caótico –donde se observa superposición, hasta contradicción de normas penales entre sí y permanentes reenvíos– que no hace más que desestabilizar la frescura del sistema.

La evolución y consolidación de la codificación penal significa mucho más que un mero agrupamiento de normas; ella debe abrigar la exigencia misma de que el derecho penal sea claro y conocido. En su “Derecho Penal Hebreo” Schwab nos recuerda que a ningún juez de Israel se le hubiera ocurrido juzgar y condenar a alguien sin que existiera una ley que contemplara su delito –principio de legalidad– y sin que hubiese tenido la posibilidad de conocer tal prohibición para lo cual el vocero de Jehová, Moisés, pensó en todos los detalles un sistema punitivo desde su inicio.

Finalizamos esta breve columna señalando que la cíclope labor llevada a cabo por la comisión – donde la compulsa de antecedentes nacionales y legislación comparada, se verificó en un ejercicio rutinario – se ha compactado en una faena estrictamente técnica ausente de condicionamientos coyunturales o políticos-partidarios. El Anteproyecto elaborado, se define como dos mundos que concurren en oposición respecto de una versión final o concluyente; por el contrario, a más de cuatro décadas de haberse recuperado la democracia como forma de gobierno y a la república como proyecto de estado, corresponde a las instituciones de la Constitución Nacional pronunciarse, en forma definitiva, en relación a qué tipo de legislación criminal se desea.

En agosto de 1930 los preparativos de los conspiradores se habían acelerado. Ante los rumores de golpe militar, y con un clima más que enrarecido, el 21 de ese mes una multitudinaria marcha de militantes radicales, que recorrieron las calles del centro porteño, se concentró en Plaza Once y se dirigieron a la casa que habitaba el presidente Hipólito Yrigoyen hacía más de treinta años.

Vivía con su hija Elena, fruto de una relación de juventud con Antonia Pavón, de la época en que era comisario en Balvanera. La puerta de la casa se abría temprano y la vigilancia policial recién se reforzó cuando el 24 de diciembre del año anterior el italiano Gualterio Marinelli disparó contra su auto, a un par de cuadras de la casa. Su hija, que hacía de secretaria, por la mañana le leía los diarios, que en esos días no traían buenas noticias.

El 23, la agrupación fascista Legión de Mayo denunció que “La Patria está en peligro” y que “el Congreso no existe, la autonomía provincial no existe. El presidente de la República tampoco existe…”. Y el 29 los porteños se asombraron con los afiches pegados en las paredes: “Advertencia perentoria: la Renuncia Presidencial o la Guerra Necesaria”. El dirigente nacionalista Manuel Carlés, futuro admirador de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, escribió: “Renuncie, señor; sea honrado como Rivadavia, que resignó el mando cuando le faltó, como a usted, la confianza de la República”.

A la noche, los radicales respondieron con un acto y una marcha de antorchas, con tiroteo incluido cuando la muchedumbre pasó por el Círculo de Armas, en Corrientes, entre Florida y Maipú.

Al día siguiente, corrió el rumor de que el ministro de Guerra teniente general Luis Dellepiane había renunciado. Era un militar de prestigio que había demostrado su idoneidad en el manejo de los disturbios de la Semana Trágica de 1919. Tenía información fresca de que la revolución estallaría entre el 30 y 31, pero no lo tomaron en serio. Cuando arrestó a algunos jefes que sabía que eran conspiradores, Yrigoyen los hizo liberar. Tozudo, al presidente no lo convencieron de reorganizar el gabinete.

Posiblemente se haya vuelto más mañoso o más lento al momento de decidir, tal vez se irritaba ante hechos menores. Pero otra cosa era creer a rajatabla esa versión de anciano senil que la crueldad opositora había echado a rodar. Con 78 años, Yrigoyen era un líder carismático que había llegado por segunda vez a la presidencia gracias a un triunfo contundente en las urnas, mientras su antecesor Marcelo Torcuato de Alvear era despedido con una tremenda silbatina en Plaza de Mayo.

Ya no solo era “el peludo”, protagonista de revoluciones y de años de luchas en el llano, sino que la devoción popular lo había eternizado como “el apóstol”.

Los días previos al golpe

Desde el domingo 31 estaba en cama por una gripe. Su casa era un ir y venir de miembros de su gabinete. Al que peor le fue ese día fue a su ministro de Agricultura, el correntino Juan B. Fleitas, que fue silbado, abucheado e insultado en la apertura de la Exposición Rural de Palermo.

Mientras tanto Elpidio González, ministro del Interior, se había reunido en un domicilio particular con los militares acusados de conspirar: José F. Uriburu, Agustín P. Justo y otros. Les dijo que Yrigoyen sabía del complot en el que estaban, pero que privilegiaba al país y a las fuerzas armadas, y que por eso no detendría a nadie.

Los militares se hicieron los desentendidos y solo alertaron sobre inquietud en el ejército. Pero Uriburu pretendía asumir el poder total, mientras que el segundo, más inteligente, buscaba que la presidencia pasase al vicepresidente radical y que se llamase a elecciones en tres meses, abriéndole el juego a los partidos políticos.

Uriburu -quien conocía a Yrigoyen desde la época en que habían peleado en el mismo bando en la Revolución del Parque en 1890- confesaría tiempo después que no estaba haciendo una revolución, sino una operación de guerra. Había puesto una sola condición: él solo mandaría y todos deberían obedecerlo.

“Pocas lealtades y muchos intereses”

El lunes 1 de septiembre una autodenominada Juventud Universitaria denunció el “desquicio administrativo, bancarrota moral y económica” del gobierno. Por la noche, los pocos transeúntes notaron movimiento de tropas, mientras se reforzaba la custodia de la Casa Rosada. Al día siguiente, se confirmó la renuncia de Dellepiane, quien denunció que cerca del presidente había “pocas lealtades y muchos intereses”.

Los diarios que apoyaban al gobierno no se hicieron eco de la situación, pero no así lo que los conspiradores llamaban “la prensa seria”, como La Razón, que anunciaba que “la revolución está como tema en todos los labios” o Crítica que iba más allá, al titular “La situación del país es una bomba que no tardará en estallar”.

El 3 Elpidio González, que no se llevaba bien con Dellepiane, se hizo cargo de su ministerio. Mientras tanto, el intendente porteño José Luis Cantilo le contó a Yrigoyen lo que sabía de la conspiración. Pero aquel no quiso entrar en razones.

Mientras Matías Sánchez Sorondo, que sería ministro del Interior de Uriburu, hablaba con sectores antiyrigoyenistas, en la redacción del diario Crítica -uno de los reductos de la conspiración- el sanjuanino Federico Cantoni y algunos periodistas elaboraron un panfleto radical apócrifo con la leyenda “Los radicales que rodeamos al Restaurador de las libertades argentinas”, pero no fue tomado en serio.

Cada vez eran más fuertes las versiones del golpe, que solo se pararía con la renuncia de Yrigoyen. Así se lo hicieron saber a Elpidio González.

Por la noche, el gobierno convocó a la Asamblea Legislativa para el día 11. La Cámara de Diputados había culminado con la aceptación de los diplomas y se había constituido reglamentariamente. Junto al mensaje presidencial, el gobierno mandaría un paquete de leyes que esperaban su sanción.

Los golpistas tienen un muerto

El jueves 4 el ministro de Justicia e Instrucción Pública Juan De la Campa le solicitó a Yrigoyen delegar el mando en su vice. Aunque en un principio se negó, pidió pensarlo hasta el 8, ya que el que se lo solicitaba era un viejo militante del partido.

En la marcha de cinco mil estudiantes universitarios que culminó en la Plaza de Mayo murieron, en un confuso episodio, un policía y un empleado del Banco Nación, Juvencio Aguilar, al que hicieron pasar por estudiante y que fue velado en la Facultad de Medicina. Las autoridades de la Facultad de Derecho pedían “la inmediata restauración de los procedimientos democráticos”.

El 5 el presidente, que continuaba en su domicilio a raíz de su gripe, firmó varios decretos, entre ellos el nombramiento de José Figueroa Alcorta como presidente de la Corte Suprema de Justicia, del que era miembro desde 1915. Le llegó la adhesión de gremios ferroviarios y sobre el golpe insistía en que eran rumores.

Aun así, le aconsejaron decretar el estado de sitio pero otros lo convencieron en delegar el mando lo antes posible. En su lecho de enfermo, cansado, finalmente bajó los brazos.

El papel del vice

Esa tarde, el vicepresidente Enrique Martínez estaba en su despacho del Senado y lo llamaron a Gobierno, donde le informaron que era el presidente en ejercicio. Era un médico cordobés, que había tenido que dejar la gobernación de su provincia para asumir como vice, por la muerte de Francisco Beiró, ocurrida en 1928.

Los conspiradores habían logrado su exigencia. El golpe ya no tenía sentido. Aún así, Martínez decretó el estado de sitio en la ciudad de Buenos Aires, mientras militares y civiles golpistas, reunidos en Crítica con su director, Natalio Botana, hacían cuentas: tenían el compromiso de la marina, de parte de la aviación militar, pero ninguna unidad importante de ejército, salvo algunos jefes y oficiales aislados.

Al amanecer del sábado 6, Uriburu salió de su casa rumbo al Colegio Militar. Su director el coronel Francisco Reynolds se había plegado aunque la mayoría de sus capitanes se habían opuesto, ya que el presidente había renunciado. Aviones comenzaron a sobrevolar la ciudad arrojando panfletos.

Desde las carteleras del diario Crítica se anunciaba que Uriburu, al frente de tropas -600 cadetes del Colegio Militar y efectivos de la Escuela de Comunicaciones que en total no superaban los 1500 hombres- marchaba hacia el centro de la ciudad. Se le fueron uniendo civiles armados.

Un mantel para rendirse

En Casa Rosada, Martínez había llamado a una reunión de gabinete. Era poco lo que se sabía, era un ir y venir de gente cada uno con su versión de los hechos, con acusaciones cruzadas, gritos y reproches; se decidió extender el estado de sitio a todo el país y se suspendieron las elecciones de Mendoza y San Juan.

A las 11, el médico Osvaldo Meabe llevó a un desconcertado gabinete un mensaje de su paciente y amigo, Yrigoyen, en el que pedía resistir, defenderse y que el radicalismo ocupara la calle. Pero una hora después llegó un telegrama de Uriburu exigiendo la renuncia de todo el gobierno y nadie supo qué hacer. El militar responsabilizaba a un atribulado Martínez por la sangre que pudiera correr.

Lo que era un misterio era la composición de las fuerzas rebeldes, ya que ningún jefe había abandonado su unidad. Por eso, cuando se pensaba imponer la rendición a los sediciosos, no pudieron creer que Martínez ya había hecho izar en los techos de la Rosada la bandera blanca de parlamento, hecha con un mantel.

Un puñado de militares leales, encabezados por el edecán presidencial teniente coronel Gregorio Pomar, fueron a la Casa Rosada a proponerle a Martínez resistir. Pomar era un militar de prestigio, apreciado por Yrigoyen, por haber mediado años atrás en conflictos laborales en los que siempre había beneficiado a los trabajadores. Pero Martínez no estaba en su despacho, todo el piso estaba desierto. Corrieron escaleras abajo y lo sorprendieron a punto de subirse a su auto. Lo convencieron de que se quedara y casi a los empujones fue llevado nuevamente a su despacho.

A esa altura, la columna de los golpistas pasaba por el Congreso. Sonaron disparos, hubo confusión y la gente abrió fuego a ciegas sobre el frente del Palacio. Los cadetes Güemes y Larguía resultaron muertos y hubo varios heridos. Algunos ingresaron y fueron al bloque radical. Solo encontraron un retrato de Yrigoyen, al que balearon.

Pomar ordenó alistar a los 80 efectivos que defendían la casa de gobierno y se pidieron refuerzos a la marina y a la policía. Pero el que menos ganas tenía de resistir era el presidente interino.

Luego de un breve intercambio de palabras con Martínez, Uriburu lo obligó a renunciar. Leopoldo Lugones fue el autor del manifiesto de los golpistas, en el que se hizo hincapié que comenzaba un gobierno de fuerza y que estaba decidido a apelar a ella para sostenerse.

Ese sábado 6 de septiembre de 1930, cuando los militares se adueñaron de la Casa Rosada, civiles descontrolados tomaron como blanco todo lo que oliera a radical. Saquearon y destruyeron la sede del comité nacional de la UCR, en Avenida de Mayo 1288. Luego fueron al Hotel España, donde solían reunirse dirigentes de ese partido; pasaron por las sedes de los diarios La Calle y La Epoca y se acordaron que el dirigente Horacio Oyhanarte vivía en Florida 140. Tampoco se salvó la confitería del Molino, desde donde se había producido un confuso tiroteo, en el que murieron los dos cadetes del Colegio Militar.

A alguien se le ocurrió terminar con la casa donde vivía Yrigoyen, en Brasil 1039, en el barrio de Constitución. El presidente, temiendo lo peor, le había dado a su contador su bastón, su tintero, un cuadro y un manuscrito, para que los escondiese.

La turba forzó la puerta. Arrojaron a la calle por el balcón libros, papeles, muebles, cuadros y vajilla que caían directo a una fogata. La gente se dispersó con la llegada de un pelotón de granaderos y de bomberos.

El presidente ya no estaba. Había resuelto viajar a la ciudad de La Plata a buscar fuerzas leales. Aún con fiebre, fue en auto junto a su médico Meabe y Oyhanarte. Por tramos, debieron disminuir la velocidad para evitar que el traqueteo de los baches lo afectara. Iba en silencio. Dos horas después, abrigado con un sobretodo oscuro, sombrero y envuelto en un poncho de vicuña, sorprendió al hacendado Nereo Crovetto, que en marzo de ese año había sido electo gobernador bonaerense. Allí se enteró que el jefe del Regimiento 7 ya había recibido la orden de solicitarle la renuncia. Todo estaba perdido.

Yrigoyen dictó su renuncia: “Ante los sucesos ocurridos, presento en absoluto la renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina”, y agregó de su puño y letra: “Dios guarde a usted”. La dirigió al jefe de las fuerzas militares de La Plata, a quien se la entregó en mano en el Regimiento. En su presencia la firmó y pidió un lugar para descansar. El jefe le cedió su propio dormitorio. Le aclaró que estaba en libertad. Pidió quedarse. “No tengo a dónde ir…”, se sinceró. Yrigoyen dejaba de ser presidente en medio de la indiferencia general.

Fue encarcelado en la isla Martín García cuando los militares dijeron haber descubierto una conspiración radical. Liberado a comienzos de 1933, el 5 de julio su corazón dijo basta y todo un pueblo lo lloró. Pero ya se sabe que siempre es tarde cuando se llora.

En enero de 1933 los médicos confirmaron el diagnóstico de cáncer laríngeo que, de no ser tratado, podría provocar un cierre de las vías respiratorias. Como prevención, se le debía practicar a Hipólito Yrigoyen una traqueotomía, pero el doctor José Landa descartó esa posibilidad por su avanzada edad.

Cuando le permitieron regresar a su casa, ya estaba muy delgado. Recibía pocas visitas y pasaba el tiempo leyendo. Cuando se sintió más repuesto, lo llevaban en paseos en auto, acompañado por su hija y el comisario Fernando Betancour, antiguo miembro de su custodia presidencial. Recorría plazas y paseos, pero no descendía del vehículo y, con su parquedad característica, respondía a través de la ventanilla los saludos de la gente que lo reconocía.

El viaje a Uruguay

En marzo de 1933 se sintió mejor y le recomendaron otros aires para su recuperación. Pensaron en Brasil pero se negó porque en el pasaporte querían poner “ex presidente” y él insistía en que seguía siéndolo. El 5 de abril se le permitió viajar al Uruguay.

Se embarcó junto a Elena, su hija inseparable, la que había tenido a los 20 años con Antonia Pavón, y a la que nunca reconoció como a sus otros hijos, si bien siempre se ocupó de ella. También era de la partida su secretaria Isabel Menéndez, el doctor Landa y el ex comisario Betancour, que no era radical.

En Uruguay, visitó al presidente de ese país Gabriel Terra, quien en el segundo mandato del radical, había sido embajador en Buenos Aires. También se encontró con Luis Alberto de Herrera, líder nacionalista. Estas reuniones sirvieron para levantarle el ánimo, pero nuevamente se derrumbó al enterarse de la muerte de su hermana Marcelina Yrigoyen de Rodríguez. El radical pudo volver al país y llegó justo para asistir a su sepelio.

En mayo retomó las actividades, recibiendo a militantes y dirigentes partidarios. Parecía haber mejorado hasta que volvieron los problemas respiratorios. Los médicos aconsejaron que viajase al Paraguay, un clima mejor que el de Buenos Aires, pero ya era tarde. Cuando se agravaron sus dolencias pulmonares, ya no pudo salir de su casa.

La agonía en Buenos Aires

Vivía en Sarmiento 944, casi esquina Carabelas, en una casa de altos que alquilaba, donde hoy se levanta un edificio. Los médicos le recomendaron hacer reposo por esa ronquera que no se le iba. Salvo por la compañía de su hija, su secretaria y un par de incondicionales, pocos se acercaban.

Se alegró cuando Marcelo T. de Alvear, cuando fue liberado, fue a verlo el 30 de junio. El se hacía negar porque todo lo fatigaba, pero cuando se enteró que era él, se levantó de la cama y se peinó.

Lo atendían los médicos Roque A. Izzo, Meabe, Tobías, Angel H. Roffo, el radiólogo José Uslenghi y también se sumó al equipo J.A. Buasso, especialista en garganta.

Su salud se complicó notoriamente el 2 de julio. El encarcelamiento que había sufrido había sido cruel y los fríos de junio colaboraron en acelerar el desenlace. A sus problemas respiratorios se sumaron trastornos digestivos que el encierro en Martín García había acentuado. Los que lo visitaron lo notaban irritable y contrariado por las acusaciones del gobierno que lo habían llevado a detenerlo.

En los últimos tiempos los familiares habían llamado a un cura capuchino que golpeaba las partes del cuerpo enfermas con trozos de queso y también convocaron a un japonés que aspiraba el mal del enfermo con solo apoyar su cabeza en el pecho.

El 2 de julio de 1933 se quedaron hasta la una de la mañana acompañándolo. Ese mismo día lo visitó su viejo amigo, el padre dominico fray Alvaro Álvarez y Sánchez y por la noche fueron Alvear y Honorio Pueyrredón.

El 3 el anciano líder estaba realmente grave. A las 9 de la mañana Álvarez y Sánchez le dio la extremaunción. El asentía con un leve movimiento de cabeza. Con voz apenas audible, en la confesión dijo que “no tenía males de qué arrepentirse”, pues lo alentaba la certeza de haber hecho todo el bien posible a la patria, a sus conciudadanos y a sus amigos. Se rezó una misa y monseñor D’Andrea le dio la bendición papal.

Estaba rodeado de sus hijos, Elena, Eduardo y Sara, estos dos últimos fruto de la unión con Dominga Campos, fallecida años atrás. Cuando al mediodía llegaron más allegados y conocidos, Yrigoyen estaba a solas con Eduardo, con quien había estado distanciado por veinte años. Pudieron hablar por unos pocos minutos.

Su temperatura era alta y su pulso débil. Entró en agonía. Ese día ya no reconocía a las personas que permanecían a su lado. En la casa había mucha gente pero era poca la autorizada a ingresar a la habitación.

Los médicos se propusieron reanimarlo. Le dieron suero por boca, acordaron inyectarle un enérgico reactivo y continuaron suministrándole oxígeno. Su corazón latía cada vez más débil.

A las 17 horas reaccionó y hasta se incorporó un poco en la cama. Le hicieron preguntas que respondió con leves movimientos de sus manos. Pero enseguida volvió a caer en un sopor y los médicos llamaron a los familiares a que permaneciesen en la habitación. Según el cronista del diario La Nación, Yrigoyen “presentaba la plácida expresión de un hombre que se extingue suavemente”.

Elpidio González, quien había sido ministro de Guerra y Jefe de Policía en el primer gobierno radical, le preguntó la hora a Alvear, que por momentos lloraba como un chico. También estaban Pueyrredón, hijos y amigos de la familia, todos rodeando el lecho donde Yrigoyen había dado el último suspiro. Era una modesta habitación, decorada únicamente por un cuadro de la virgen que colgaba arriba del respaldo de la cama. “Son las 19 y 21″ –respondió Alvear.

Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen murió nueve días antes de cumplir los 81 años. Fue dos veces presidente y víctima del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

A las 20 horas, el doctor Izzo firmó el certificado de defunción.

La masiva despedida

Primero llegaron grupos aislados pero pronto fue una multitud la que se congregó frente a su domicilio. La demolición de muchas casas entre Sarmiento y Diagonal Norte abrió un gran espacio que enseguida fue ocupado por la gente, a la que no le importó ni el frío ni la llovizna. Se habían enterado por las noticias que daban los diarios. La multitud hizo que el tráfico en la zona fuera imposible y los tranvías debieron cambiar sus recorridos.

Se enteraron del fallecimiento cuando se abrieron las puertas del balcón y vieron salir a Tamborini, que invitó a todos a descubrirse. No hubo más que decir. Algunos lloraban, otros se arrodillaron, muchos vivaron el apellido del ex presidente y todos cantaron el Himno.

En la puerta de la casa, agentes de infantería y de caballería trataban de mantener el orden.

A las ocho de la noche monseñor D’Andrea con el dirigente radical Walter Perkins fueron a la Casa Rosada a ver al ministro del Interior, Leopoldo Melo, un viejo correligionario que en 1924 había sido uno de los promotores de la Unión Cívica Radical antipersonalista, una vertiente radical duramente opositora a Yrigoyen.

Los dos emisarios le plantearon el deseo de la familia del difunto de que fuera velado en el pórtico de la Catedral metropolitana o bien en el convento de Santo Domingo. Melo les respondió que debía consultarlo con el presidente Agustín P. Justo, que ya se había retirado, y que lo haría al día siguiente a las diez y media de la mañana.

Sin embargo, a las nueve de la noche volvió Perkins, acompañado por el dirigente Albino Pugnalin. Le comentaron a Melo que con la familia coincidieron en que el atrio de la Catedral era chico y que solicitaban permiso para hacer el velatorio en Plaza Once de Septiembre o en Plaza San Martín. El ministro del Interior les respondió que no habría inconveniente, pero que debía consultarlo al día siguiente con el primer mandatario.

La juventud radical insistía en que debía ser velado en la Plaza de Mayo.

Esa noche a las 22 el cuerpo fue embalsamado por el doctor Angel Roffo, quien contó con la ayuda de los otros médicos presentes, y el escultor Pedro Zonza Briano le confeccionó una mascarilla mortuoria. Vistieron el cadáver con el hábito de los dominicos. En su pecho colocaron una bandera argentina de guerra, con un crespón negro. Sus manos entrelazadas tenían un escapulario blanco con una pequeña cruz de plata. Su cabeza había sido acomodada levemente levantada.

El 4 de julio por la tarde el gobierno respondió que no autorizaría a usar un espacio público, y permitió que el féretro fuese exhibido unas cuatro o cinco horas antes en la plazoleta frente al Cementerio de la Recoleta, y que ahí podrían levantar una tribuna desde donde los oradores lo despedirían. Melo aclaró en que no había ni “egoísmo ni mezquindad”.

El gobierno, si bien aclaró que no se suspenderían los festejos previstos para el 9 de julio, decretó diez días de duelo, con bandera a media asta en los edificios públicos. Nuevamente Walter Perkins concurrió a la casa de gobierno para entregar una carta de Elena, la hija del muerto, en la que decía que como el gobierno se había rehusado a autorizar un lugar público para velar a su padre, la familia “no puede aceptar otros honores oficiales en su reemplazo”.

De todas formas, el poder ejecutivo dijo que los honores serían mantenidos. Luego amenazaría con el despido a los empleados públicos que faltasen al trabajo para ir a las exequias.

El velorio se hizo en su casa y la capilla ardiente se levantó en una de las antesalas. En la entrada colocaron un libro donde la gente escribía sus condolencias. El cuerpo estaba en un ataúd de ébano platinado, con manijas de plata.

Recién a las dos de la madrugada del 3 habilitaron la entrada a la gente, que a esa altura se calculó en cientos de miles.

El velatorio duró dos días y medio. Leopoldo Melo se acercó a la casa, pero no lo dejaron pasar y se retiró entre insultos y abucheos.

A las 10 de la mañana del 6, se cerró la puerta de la casa. Al mediodía partió el cortejo a la Recoleta. Salió de Sarmiento 944 hacia Suipacha hasta Avenida de Mayo, tomó por Sáenz Peña, se bordeó la plaza y enfilaron por Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) hasta Entre Ríos y de ahí por Callao hasta Quintana.

La voluntad de Yrigoyen fue la de ser sepultado en el Panteón de los caídos en la Revolución del Parque. Debieron descartar la carroza fúnebre. La gente –muchos habían viajado desde el interior- lo llevó a pulso. Fueron inútiles los esfuerzos del Escuadrón de Seguridad para mantener el orden. La gente pinchaba a los caballos y le tiraban fósforos encendidos a los policías. Debió salir Alvear al balcón para calmar a la multitud.

A lo largo del cortejo, hubo corridas, empujones. En una ocasión, el ataúd, que iba bamboleándose mientras pasaba de mano en mano, de hombro en hombro, cayó al piso.

Todos los balcones de los edificios asomaban hombres, mujeres y niños, muchos arrojaban flores, agitaban pañuelos, otros cantaban el himno.

El cortejo demoró cuatro horas en llegar al cementerio, donde se pronunciaron los discursos de rigor. Debieron armarse dos tribunas, una adentro y otra afuera para despedir los restos del primer presidente electo con la ley Sáenz Peña.