La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes el evento del Plan México, un paquete de acciones inmediatas diseñadas para simplificar trámites, atraer capital nacional y extranjero, y fortalecer la posición del país ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El anuncio reunió en un mismo foro a los secretarios de Economía y Hacienda, la jefa de Gobierno de la CDMX y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo que refleja la dimensión del acuerdo entre gobierno y sector privado.

Trámites en 30 días y una oficina presidencial para dar seguimiento

El eje central de la propuesta es la autorización inmediata de proyectos de inversión: cualquier iniciativa que cumpla ciertos criterios podrá ser evaluada y aprobada en un plazo máximo de 30 días mediante un proceso completamente digital, tras lo cual se emite una constancia que habilita el inicio de operaciones.

Para garantizar el cumplimiento de estos tiempos, se crea una Oficina Presidencial de Inversiones, encabezada por una persona designada directamente por Sheinbaum y respaldada por un Comité integrado por los titulares de seis secretarías de Estado.

Para el resto de inversiones privadas, la regla es clara: resolución en un máximo de 90 días o se darán por autorizadas automáticamente.

Ventanilla Única de Comercio Exterior y fin a la duplicidad de trámites

El segundo decreto habilita una Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior que concentrará los procesos de la Secretaría de Economía, el SAT y Aduanas en un solo punto de contacto digital. Según el secretario José Antonio Peña Merino, esta plataforma estará operativa en menos de 15 días y eliminará la duplicidad de requisitos que históricamente ha frenado proyectos de exportación e importación.

Hacienda garantiza certeza fiscal a los inversionistas

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que este mismo lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que busca dar certeza jurídica a las inversiones mediante tres compromisos concretos:

• Garantía de cumplimiento de tratados para evitar la doble tributación.
• Limitación de revisiones fiscales a un solo ejercicio por contribuyente.
• Prohibición de aplicación retroactiva de criterios fiscales.

Cofepris pasa de 340 a 125 trámites

En el ámbito regulatorio sanitario, el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, anunció la conclusión de la simplificación del 100% de los trámites de la dependencia: de 340 procesos se redujo a 125, y los tiempos de resolución bajaron de 100 a un promedio de 24 días. El modelo ahora contempla autorizaciones más ágiles, avisos inmediatos para trámites administrativos y reconocimiento de registros de agencias regulatorias internacionales.

523 mil millones de pesos en infraestructura carretera

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, presentó la apuesta en infraestructura: una inversión superior a los 523 mil millones de pesos distribuida en 44 proyectos carreteros que abarcan 5 mil 100 kilómetros a lo largo del país. El esquema combina cerca de 230 mil millones de recursos públicos con casi 295 mil millones de participación privada, con una proyección de 1.4 millones de empleos generados.

“Este es el momento para invertir en México”, afirmó Mendoza Sánchez al dirigirse al sector empresarial.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo una operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 101 mil 368 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las condiciones del mercado financiero nacional.

Refinanciamiento de deuda en México: claves de la operación

De acuerdo con el Comunicado No. 33, la dependencia federal sustituyó instrumentos de corto y mediano plazo —como Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2029— por nuevos instrumentos con plazos más largos, que van de 2028 hasta 2046.

Esta estrategia permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4.32 años, lo que contribuye a reducir presiones inmediatas de pago y a mejorar la estructura del portafolio gubernamental.

Hacienda busca mejorar liquidez y perfil de vencimientos

La operación forma parte de una política de manejo proactivo de pasivos, alineada con el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Entre sus principales objetivos se encuentran optimizar el calendario de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado local y mantener condiciones financieras estables.

Según Hacienda, este tipo de movimientos también favorece una mayor profundidad en el mercado de deuda en pesos, lo que puede facilitar futuras colocaciones gubernamentales.

Distribución de la deuda refinanciada por año

Del total recomprado en esta operación, los recursos se concentraron en distintos vencimientos de corto plazo:

• 28,635 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026
• 34,489 millones de pesos a 2027
• 19,029 millones de pesos a 2028
• 19,215 millones de pesos a 2029

Esta redistribución permitió trasladar compromisos inmediatos hacia horizontes más largos.

Deuda pública en México: niveles y contexto actual

En términos generales, la deuda pública en México —medida a través de los Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— alcanzó los 18.6 billones de pesos en enero de 2026, equivalente a aproximadamente el 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025.

Aunque el costo financiero de la deuda registró una disminución cercana al 21% a inicios de 2026, impulsado en parte por el comportamiento del tipo de cambio, el nivel de endeudamiento se mantiene en rangos históricamente elevados, alrededor del 50 al 52% del PIB.

Estrategia de Hacienda prioriza deuda interna y estabilidad financiera

El gobierno federal ha mantenido una estrategia enfocada en privilegiar la deuda interna sobre la externa, con el fin de reducir riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.

La mayor parte de esta deuda está contratada a tasa fija y a largo plazo.

Además, las autoridades destacan que, pese al incremento observado en los últimos años —impulsado por factores como el gasto en pensiones y el costo financiero—, México se mantiene en niveles de endeudamiento moderados en comparación con otras economías del G-20.

Confianza de inversionistas respalda operación de refinanciamiento

Finalmente, Hacienda subrayó que las condiciones obtenidas en esta operación reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad macroeconómica del país, así como en la conducción prudente de las finanzas públicas.

La dependencia reiteró que continuará implementando estrategias de refinanciamiento para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y cumplir con los lineamientos aprobados para el ejercicio fiscal 2026.

La Agencia Tributaria atribuye al empresario Víctor de Aldama un presunto fraude fiscal superior a 1,6 millones de euros vinculado directamente a los beneficios obtenidos en el llamado “negocio de las mascarillas”, una de las piezas centrales del ‘caso Koldo’. Así se desprende de un informe de 151 páginas remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y al que ha tenido acceso Infobae, en el que los inspectores concluyen que el empresario habría articulado un sistema para reducir de forma ilícita su tributación durante el ejercicio 2020.

El núcleo del reproche fiscal es claro: los ingresos que percibió por su papel de intermediario en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia debieron tributar como rendimientos personales en el IRPF. Sin embargo, según Hacienda, esos beneficios fueron canalizados a través de dos sociedades —Deluxe Fortune S.L. y MTM 180 Capital S.L.— con el objetivo de minorar la carga fiscal. El resultado, sostienen los técnicos, fue un “importante ahorro fiscal” obtenido de forma dolosa.

La cuantificación que recoge el informe distingue entre la cuota total supuestamente defraudada, que asciende a 2.410.748,95 euros, y la cuota finalmente exigible, fijada en 1.624.308,20 euros tras descontar cantidades ya ingresadas vía Impuesto sobre Sociedades por las empresas interpuestas. Aun así, la cifra supera con creces el umbral penal de 120.000 euros, lo que lleva a los inspectores a apreciar indicios de delito contra la Hacienda Pública.

Ingeniería fiscal en el negocio de la pandemia

El análisis de la Agencia Tributaria sitúa a Víctor de Aldama como una figura clave en la obtención de contratos públicos durante la emergencia sanitaria. Su “proximidad y contactos con el sector público”, según el informe, resultaron determinantes para facilitar adjudicaciones millonarias a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., eje mercantil de la operativa investigada.

Junto a él aparece el empresario Juan Carlos Cueto, a quien se atribuye un papel complementario centrado en la financiación y la dirección efectiva del negocio. Ambos habrían estructurado el reparto de beneficios mediante contratos de prestación de servicios y préstamos remunerados, fijando las cantidades en función de los resultados obtenidos.

Es en ese contexto donde Hacienda identifica los mecanismos defraudatorios. Los beneficios generados por la intermediación y por la propia actividad de la empresa adjudicataria se desviaron hacia estructuras societarias que, en opinión de los inspectores, carecían de sustancia real para justificar ese flujo de ingresos. La finalidad última habría sido rebajar la tributación personal del principal implicado.

El informe no se limita a la actuación individual de Víctor de Aldama. También apunta a posibles irregularidades en la propia Soluciones de Gestión, a la que atribuye un presunto fraude de alrededor de 200.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades. En este caso, el foco se sitúa en la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que los técnicos consideran “no ajustadas a la realidad”, al cuestionar las operaciones que las generaron.

La concurrencia de estos elementos lleva a la Agencia Tributaria a sostener que existen indicios suficientes para apreciar delito fiscal tanto en el ámbito personal como en el societario.

Del circuito empresarial al patrimonio personal

Uno de los aspectos que subraya el informe es el destino final de los fondos. Lejos de permanecer en el circuito empresarial, parte del dinero habría sido utilizado por Víctor de Aldama para fines estrictamente personales. Los inspectores citan, entre otros ejemplos, donaciones a su cónyuge, el pago de gastos corrientes, la amortización de intereses hipotecarios o la adquisición de acciones del Zamora Club de Fútbol.

Estos movimientos refuerzan la tesis de que los ingresos canalizados a través de las sociedades correspondían en realidad a rentas personales encubiertas, lo que, de acuerdo con Hacienda, obligaba a su tributación directa en el IRPF.

Una pieza más en la causa judicial

El informe ha sido incorporado a la investigación que dirige el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, centrada en las contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia. Se trata de una de las derivadas del ‘caso Koldo’ que no afecta directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuya situación se dirime en el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

En paralelo, la investigación judicial examina el supuesto pago de comisiones ilegales a Ábalos y a su entonces asesor Koldo García para facilitar la adjudicación de contratos públicos. En ese entramado, Víctor de Aldama habría actuado como intermediario y beneficiario de los márgenes generados por las operaciones.

La campaña de la declaración de la renta ya está aquí. En dos meses, el 8 de abril, se abrirá el plazo para que los españoles ajusten cuentas con Hacienda y tendrán hasta el el 30 de junio. Respecto a años anteriores, hay un grupo salarial que quizá se sorprende al ver su resultado.

Pongamos contexto: en 2022, el Gobierno aprobó un cambio en la normativa del IRPF que afectó a las retenciones que las empresas aplican a los salarios (el Real Decreto 1039/2022, aprobado el 27 de diciembre de ese año). Antes, a quienes tenían sueldos entre 22.000 y 35.200 euros al año se les retenía una cantidad mayor de IRPF cada mes. Con la nueva norma, esa retención mensual bajó, lo que hizo que los trabajadores recibieran más dinero neto en sus nóminas durante el año.

Esto no significa que el impuesto total a pagar sea menor. Lo que ocurre es que, al llegar la declaración de la renta, Hacienda revisa cuánto IRPF corresponde pagar según el total cobrado y las circunstancias de cada persona (familia, deducciones, etc.). Si con las retenciones mensuales no se llegó a pagar lo que realmente tocaba, en la declaración hay que abonar la diferencia.

El cambio buscaba que los trabajadores tuvieran más liquidez mes a mes, pero ahora muchos tendrán que pagar más en la declaración anual porque se les ha retenido menos de lo que correspondía durante el año.

El nuevo sistema de retenciones se implementó a partir de enero de 2023. Esta modificación benefició de forma inmediata a quienes han visto incrementado su neto mensual, pero, a su vez, ha dejado sin cubrir la totalidad de la obligación tributaria anual. Por este motivo, el resultado final de la declaración no ha coincidido con la sensación transmitida por el salario recibido durante el año.

El efecto de este ajuste no es uniforme para todos los empleados dentro del tramo salarial señalado. Aquellos que se sitúan cerca de los 35.200 euros suelen afrontar una regularización más modesta, ya que la diferencia entre lo retenido y lo que corresponde pagar es menor. En cambio, quienes perciben un salario cercano a 22.000 euros con cargas familiares han experimentado ajustes más altos, ya que sus retenciones han sido especialmente reducidas. El importe final a ingresar está condicionado, además, por otros factores como la situación personal, el número de pagadores o la existencia de deducciones, siempre que estas se apliquen según los requisitos establecidos.

Tramos del IRPF según el salario

Los 6 tramos existentes para esta campaña de la declaración de la renta son, según Tax Down:

• Los ingresos inferiores a 12.450 euros, pagan el 19%.
• Las ingresos superiores a 12.450 euros e inferiores a 20.199 euros, pagan el 24 %.
• Los ingresos superiores a 20.200 euros e inferiores a 35.199 euros, pagan el 30 %.
• Las personas con ingresos superiores a 35.200 euros e inferiores a 59.999 euros, pagan el 37 %.
• Los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros e inferiores a 299.999 euros, pagan el 45 %.
• Las personas con ingresos superiores a 300.000 euros, pagan el 47 %.

Antes de que comience oficialmente la campaña, los ciudadanos podrán solicitar el número de referencia, consultar y descargar sus datos fiscales y acceder a información detallada sobre el proceso. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria permitirá confeccionar la declaración por teléfono, previa solicitud de cita, que podrá gestionarse entre el 29 de abril y el 27 de junio.

En relación con la atención presencial, la Agencia Tributaria atenderá en sus oficinas del 1 al 30 de junio de 2025 para ayudar a cumplimentar la declaración, siempre con cita previa. Las citas podrán concertarse del 29 de mayo al 27 de junio. El plazo para presentar declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria finaliza el 25 de junio.

Obligados a presentar la declaración de la renta 2026

Durante la Campaña de la Renta de 2025 estarán obligados a declarar quienes perciban rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador, o 15.876 euros si los ingresos provienen de dos o más pagadores. También deberán presentar declaración las personas que hayan estado dadas de alta en algún momento del ejercicio como autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Quienes sean titulares del ingreso mínimo vital (IMV) y los miembros de su unidad de convivencia también deberán declarar. Por el contrario, los beneficiarios de prestaciones por desempleo quedarán exentos de presentar la declaración del IRPF, siempre que el Congreso ratifique el real decreto-ley de revalorización de pensiones que contempla este cambio.

El año pasado, el 65% de las declaraciones resultaron a devolver En cuanto a los métodos de pago, la Agencia Tributaria admite el ingreso de la cuota mediante domiciliación, cargo en cuenta, NRC (Número de Referencia Completo), tarjetas de crédito o débito bajo condiciones de comercio electrónico seguro, y transferencias instantáneas a través de plataformas como Bizum. También puede pagarse mediante documento de ingreso, que debe imprimirse para abonar en una entidad colaboradora durante el plazo correspondiente.

En la campaña anterior, la de 2024, la Agencia Tributaria devolvió 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes. Hasta el 30 de diciembre se había efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas y se había abonado el 95,5% de los importes reclamados. Se presentaron 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que en el ejercicio previo. De ellas, 16 millones, el 65%, resultaron a devolver. Más de 47.000 declaraciones rectificativas fueron registradas, facilitando a los contribuyentes evitar comprobaciones posteriores, intereses y posibles sanciones.

Con el inicio de la campaña de la Renta el próximo 8 de abril, millones de contribuyentes buscan fórmulas para cerrar con el mejor saldo posible sus cuentas con Hacienda. Una de las más socorridas consiste en aplicar todas las deducciones posibles en el IRPF, para lo que es necesario conocer que gastos habituales pueden suponer un ahorro fiscal. Es el caso de los seguros del hogar, aunque es importante aclarar que no se trata de una deducción independiente, sino que se integra dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, según detalla la Agencia Tributaria.

Para poder desgravar el seguro de hogar en la Renta 2026, deben cumplirse varios requisitos establecidos por Hacienda. En primer lugar, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente, es decir, el lugar donde reside de manera permanente. Además, la deducción solo se aplica a inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2013, ya que la normativa eliminó la deducción para compras posteriores, salvo que se trate de un régimen transitorio.

Otro requisito clave es que la vivienda esté sujeta a préstamo hipotecario vigente y que el seguro esté vinculado a la hipoteca. Generalmente, estos seguros cubren riesgos básicos como incendio y daños estructurales. Solo en estas condiciones Hacienda permite que la prima pagada por el seguro se incluya dentro del cálculo de la deducción por vivienda habitual. Las coberturas opcionales, como asistencia en el hogar o daños estéticos, no son deducibles.

Hasta 1.350 euros de ahorro

La Agencia Tributaria establece que la base máxima sobre la que se calcula la deducción es de 9.040 euros al año, incluyendo tanto el pago de la hipoteca como los gastos asociados, entre ellos el seguro. El porcentaje de deducción aplicable es del 15%, lo que significa que el ahorro máximo alcanzable ronda los 1.356 euros anuales. Es importante destacar que este límite se aplica al conjunto de pagos relacionados con la vivienda, no exclusivamente al seguro.

Por ejemplo, si un contribuyente paga 8.500 euros de hipoteca y 400 euros de seguro de hogar, el total de gastos deducibles sería 8.900 euros. Aplicando el 15% de deducción, el ahorro fiscal asciende a 1.335 euros. Sin el seguro, la deducción sería menor, por lo que incluirlo puede optimizar el beneficio fiscal, siempre que cumpla los requisitos oficiales.

La deducción del seguro del hogar

El importe del seguro se declara dentro del apartado de deducción por inversión en vivienda habitual, normalmente en la casilla correspondiente a gastos y pagos asociados a la hipoteca. La Agencia Tributaria indica expresamente que las primas de seguros de incendios y de vida vinculadas a la vivienda se consideran “gastos derivados del préstamo hipotecario”, por lo que son deducibles dentro de este régimen.

Aunque la deducción general se limita a viviendas adquiridas antes de 2013, existen situaciones en las que el seguro de hogar puede ser deducible incluso en compras posteriores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la vivienda es alquilada, ya que la prima se puede incluir como gasto deducible en el IRPF del arrendador, o si el inmueble se utiliza parcialmente para una actividad económica por un autónomo, permitiendo deducir la parte proporcional del seguro.

La campaña de la Renta 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, millones de contribuyentes presentarán su declaración del IRPF. Aunque la mayoría prefiere realizar este trámites de manera digital, existen diferentes vías de acceso que buscan facilitar el proceso a todos los ciudadanos, desde quienes manejan con soltura las plataformas online hasta aquellos que prefieren recibir asistencia personalizada, ya sea en persona o por teléfono.

En concreto, los contribuyentes que así lo prefieran podrán pedir cita previa para realizar la declaración por teléfono desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Según el calendario oficial de Hacienda, este es el periodo habilitado por la Agencia Tributaria para acceder al servicio, que permite recibir asistencia directa de un agente sin necesidad de desplazarse a una oficina. Se trata de una alternativa especialmente útil para personas con menor familiaridad con el entorno digital o con el proceso de presentación de la declaración.

Una vez solicitada la cita, el servicio de atención telefónica estará disponible entre el 6 de mayo y el 30 de junio. Durante ese intervalo, un técnico de la Agencia Tributaria llamará al contribuyente en el día y la hora asignados para confeccionar la declaración de la Renta en la propia llamada. Este sistema facilita completar todo el proceso de manera guiada, resolviendo dudas en tiempo real y asegurando que los datos se introduzcan correctamente.

Cómo hacer la declaración por teléfono

La solicitud de cita puede realizarse de forma sencilla a través de diferentes canales. La opción más directa es la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde el usuario puede gestionar todo el proceso en pocos minutos. También existe la posibilidad de pedir cita por teléfono, llamando a los números habilitados: 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344. En ambos casos, será necesario facilitar los datos personales básicos y seleccionar una fecha disponible dentro del calendario.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la alta demanda de este servicio. A medida que avanza la campaña, las citas disponibles suelen reducirse, especialmente en las últimas semanas de junio. Por ello, los expertos recomiendan solicitar la cita lo antes posible dentro del plazo permitido para garantizar una mayor disponibilidad y evitar tener que recurrir a otras vías por falta de huecos.

Antes de recibir la llamada, es fundamental tener preparada toda la documentación necesaria. Aunque la Agencia Tributaria dispone de gran parte de la información fiscal del contribuyente, como datos de pensiones o de entidades financieras, siempre es recomendable revisar y completar cualquier dato que falte. Contar con esta información a mano durante la llamada agiliza el proceso y reduce la posibilidad de errores en la declaración.

Fechas de la declaración de la renta 2026

A pesar de las ventajas de la atención telefónica, esta no es la única alternativa disponible. La mayoría de contribuyentes continúa optando por presentar su declaración a través de Renta WEB, el servicio online que estará operativo desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Esta plataforma permite acceder al borrador prellenado con los datos fiscales y presentarlo de forma telemática utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

Asimismo, quienes prefieran la atención presencial podrán solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio, con atención en oficinas desde el 1 hasta el 30 de junio. En definitiva, la campaña de la Renta 2026 ofrece distintas opciones para adaptarse a las necesidades de cada contribuyente, pero la clave está en conocer los plazos y actuar con antelación para evitar contratiempos.

El próximo día 8 de abril arranca la campaña de la Renta 2025-2026 y a partir de esta fecha millones de contribuyentes deberán liquidar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con Hacienda. Este proceso puede parecer complicado, especialmente para colectivos como los jubilados, pero siguiendo los pasos adecuados es posible convertirlo en un trámite sencillo. La declaración de la renta de este año corresponde a los ingresos obtenidos durante el pasado ejercicio y su presentación se realiza a través de la Agencia Tributaria (AEAT). Antes de empezar, es importante determinar si un jubilado está obligado a declarar, ya que algunos pensionistas están exentos.

En general, un pensionista que percibe únicamente la pensión pública y no tiene otros ingresos de relevancia puede no estar obligado a declarar si sus ingresos anuales no superan ciertos límites. En el caso de los pensionistas con un solo pagador, si se perciben menos de 22.000 euros al año, la declaración no es obligatoria. Sin embargo, si existen varios pagadores (por ejemplo, una pensión pública y una privada, o la pensión más algún tipo de prestación) y la suma de los ingresos del segundo y siguientes pagadores supera 1.500 euros, el límite para declarar se reduce a 14.000 euros anuales. Otras pensiones, como las de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, las pensiones por inutilidad de funcionarios, las de terrorismo o de la Guerra Civil, las pensiones de orfandad, las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia y las pensiones alimenticia, también están exentas.

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Además, es importante tener en cuenta otros tipos de ingresos, como los rendimientos del capital mobiliario, es decir, intereses de cuentas bancarias, dividendos o planes de ahorro, que obligan a declarar si superan los 1.600 euros al año, o las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de acciones o inmuebles.

Documentación y deducciones para pensionistas

Una vez determinada la obligación de declarar, el siguiente paso es recopilar la documentación necesaria. Para un jubilado esto incluye, principalmente, el certificado de la pensión, los certificados bancarios de intereses y dividendos, recibos de alquileres si los hubiera, información sobre la venta de inmuebles y, en caso de tener derecho, los recibos de donativos o aportaciones a planes de pensiones que permitan aplicar deducciones fiscales.

De hecho, existen diversas deducciones que pueden ser especialmente útiles para jubilados. Algunas comunidades autónomas aplican deducciones por edad, generalmente a partir de los 65 años. También pueden aplicarse deducciones por discapacidad, gastos médicos limitados o, en algunos casos, por vivienda, aunque las deducciones por compra de vivienda se aplican solo a hipotecas anteriores a 2013. Es recomendable revisar cuidadosamente cada posible deducción y la normativa de la comunidad autónoma en la que se encuentra el domicilio fiscal, ya que pueden reducir significativamente la cantidad a pagar o incrementar la devolución.

Plazos para la declaración en internet, por teléfono o en persona

El proceso de declaración se realiza principalmente a través de Renta WEB, la plataforma online de la AEAT, que permite acceder al borrador prellenado con la información fiscal disponible. Este borrador incluye, en la mayoría de los casos, los datos de pensiones y de entidades financieras, pero siempre conviene revisarlo y completarlo con cualquier ingreso o deducción no reflejada. Una vez revisado, el jubilado puede confirmar y presentar la declaración online utilizando un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. El plazo para realizar el trámite por esta vía se abrirá el 8 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

Sin embargo, los jubilados que prefieran otros métodos tiene alternativas al online para presentar sus declaraciones. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes la posibilidad de que un agente del Ministerio confeccione la declaración en una llamada telefónica con el pensionista, para lo que habrá que pedir cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio. En caso de preferir la atención presencial, cualquier trabajador o jubilado podrá solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio. Así, se le agenciará un día y una hora entre el 1 de junio y el 30 de junio para acudir a una sede de la Agencia Tributaria y que elaborar allí su declaración.

Para ser atendido por cualquiera de estas dos vías, el pensionista puede concertar una cita en los plazos indicados desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los números de teléfono 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344.

Antes de comenzar, es fundamental reunir toda la información necesaria. Entre los documentos imprescindibles se encuentran los certificados de retenciones de empleo o pensiones, datos bancarios para domiciliar la devolución o el pago, información sobre deducciones y gastos deducibles como hipotecas, planes de pensiones, donaciones y ayudas a familia numerosa, así como cualquier dato sobre inversiones financieras, alquileres o seguros. Contar con todo esto de antemano evita retrasos y errores que puedan complicar la presentación.

El siguiente paso es acceder al borrador de la declaración. Para ello, los contribuyentes deben entrar en la página oficial de la AEAT, seleccionar la sección de Renta 2026 y acceder con Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico. Una vez dentro, se puede consultar el borrador o los datos fiscales pre-cargados, que la Agencia Tributaria obtiene de la información que recibe de empleadores, bancos y otras entidades.

Plazos para enviar el borrador de la Renta 2026

En cuanto a los plazos, la campaña de Renta 2025 (que se presenta en 2026) tiene fechas muy concretas: del 8 de abril al 30 de junio de 2026 se puede presentar la declaración por Internet. La confección telefónica estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio, con cita previa desde el 29 de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo. Cumplir con estos plazos es clave para evitar sanciones y asegurar que la declaración se procesa correctamente.

Una vez revisado y completado el borrador, el sistema muestra si la declaración resulta a pagar o a devolver. El contribuyente puede ajustar cifras o añadir deducciones que falten antes de confirmar el envío. Finalmente, la declaración se puede presentar online o imprimir para entregarla en oficina, conservando siempre el resguardo como comprobante.

Tramitación en internet, por teléfono o presencial

Para rellenar el borrador, el contribuyente debe comprobar y completar los datos que la Agencia Tributaria ya tiene sobre tus ingresos, retenciones y deducciones, para asegurarse de que la declaración refleja correctamente tu situación fiscal. A partir de ahí, el contribuyente puede verificar los datos personales y familiares, corregir errores, añadir ingresos que falten y aplicar deducciones que la Agencia Tributaria no haya tenido en cuenta. Una vez revisado y ajustado, el borrador se puede confirmar y presentar.

Además del acceso online, la AEAT ofrece asistencia personalizada a través de la vía telefónica y presencial para quien prefiera rellenar su borrador de esta forma. La confección telefónica permite que un técnico guíe al contribuyente para completar su declaración sin necesidad de desplazarse, mientras que la asistencia presencial se realiza directamente en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ambas modalidades es imprescindible solicitar cita previa, que se puede gestionar tanto por Internet en la Sede electrónica de la AEAT como por teléfono.

¿Quién manda en España? La pregunta no es baladí. Muchos responderán con total seguridad que son los políticos. Otros, que quien mueve los resortes del país son importantes empresarios, que realmente controlan a los primeros. Algunos, incluso, podrán aventurar que en la ecuación hay que incluir a la prensa o a otros protagonistas como la Iglesia o el estamento judicial. El periodista Rafael Méndez (Murcia, 1975) ofrece otra respuesta en un interesante libro titulado Los dueños del Estado (editorial Península), un viaje por los despachos donde realmente se toman las grandes decisiones y donde opera un poder tan determinante como invisble. “Un grupo muy selecto”, como define el autor, en el que hay abogados del Estado, Letrados de las Cortes, inspectores de Hacienda, letrados del Consejo de Estado y otros altos funcionarios...

Nunca ocupan grandes portadas pero han acumulado un gran poder. “El sistema español de oposiciones, duro y memorístico, ha evitado el clientelismo en el acceso a la Administración. Y eso está muy bien. Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado, una estructura endogámica y resistente al cambio. Y muy apetitosa para las empresas, porque ellos saben a qué puerta tocar, a quién llamar y qué fallos tienen las leyes", relata el autor, que como le dijo uno de ellos, “cuando te sacas la oposición, el Estado te está diciendo que eres listo. Es como si te dieran un carnet oficial de listo”. Estamos ante un texto que todo ciudadano que quiera presumir de su derecho a estar bien informado debería conocer y que, si me lo permiten, debería ser lectura recomendada en nuestros centros educativos.

- Pregunta: Políticos, grades empresas, medios de comunicación, la Iglesia... los tradicionales y grandes poderes del Estado. Pero este libro pone el foco allí donde nadie lo había hecho antes. ¿Qué se va a encontrar el lector?

- Respuesta: Espero que se encuentre una mirada, una mirada original a una parte del poder que normalmente yo creo que no tratamos. Tratamos la prensa, que es quien está en la intersección de todos esos sectores. Pero hay altos funcionarios que se manejan entre todos ellos, que pasan de un sitio a otro y que son abogados del Estado, letrados de las Cortes, letrados del Consejo de Estado, gente, generalmente, de muy buena familia, muy listos, muy preparados, con capacidad de sacar una oposición durísima y que son muy apreciados por todos. Y en el libro recopilo historias y cuento un poco quién es esta gente y cómo son un Estado dentro del Estado. Muchos han tenido una capacidad para manejar las normas a su antojo, en el sentido de que son un poder dentro del Estado.

- P: Como bien cuentas en el libro, hasta ellos mismos se definden como los más listos del país. ¿Lo son?

- R: Pues eso me lo dijo un Letrado de Las Cortes, que como muchos no me ha dejado citarle. Quiero ser justo, las oposiciones son muy duras y no es tan fácil enchufar ahí a un botarate. Te tienes que encerrar, tienes que estudiar un montón, pero claro, cuando el Estado te dice que eres listo, pues es una gran responsabilidad. Yo no sé si son los listos del país. Aquí se abre un debate sobre si las mejores mentes del país tienen que pasarse encerrados varios años memorizando temas de derecho sin valorar otras cosas. No creo que me gustara que mi hijo lo intentara. Pero... si son los listos del país... son listos en el sentido de que es gente que combina la seguridad que te da una oposición y un sueldo del Estado garantizado, con prestigio social, porque están muy bien considerados. Y a la vez, en muchos casos, se les permite pasarse a la privada y ganar dinero teniendo una red de seguridad.

- P. Tu investigación explica muy bien cómo estos funcionarios cruzan con gran facilidad el camino que va de lo público a lo privado y viceversa. Con historias que escandalizan. Por ejemplo, ese letrado de las Cortes, Serrano Alberca, que ideó una nueva teoría jurídica para elevar el precio de las expropiaciones y cuenta sin ningún reparo que se ha hecho rico y ha ha hecho ricos a muchos.

- R: Serrano Alberca es Letrado de Las Cortes y estaba en la ponencia constitucional. Es una persona muy respetada, que por ejemplo cuando abidcó Juan Carlos I le llamaron los medios como experto. Y a la vez tenía un despacho de abogados que desarrolló una teoría jurídica que tuvo éxito y que la acabó comprando el Tribunal Supremo, por la cual elevó el precio de las expropiaciones en miles de millones. Y eso hizo rico a un montón de gente del municipio de Alcobendas y gente muy conocida como Juan Abelló, los Franco, los Serrano Súñer... lo que me parece interesante es que Serrano Alberca salía en entrevistas como abogado, abogado de expropiaciones, y no se contaba que ese señor era funcionario a la vez. Pero tenía la compatibilidad, como tantos letrados de las Cortes, para pleitear contra la Administración General del Estado, contra los ministerios, porque al ser funcionario de las Cortes no vas contra tu administración. Y nada de esto parece corrupción. Y todo esto pasaba a la luz del día. No será delito, pero a mí me parece interesante que se sepa.

- P: Dedicas un capítulo a la historia y las funciones del Consejo de Estado, de sus letrados y de los consejeros. Unas vacas sagradas, grandes juristas con un gran sueldo de por vida, secretaria y chófer. La historia de los consejeros a los que querían jubilar pero no se querían ir es muy ilustrativa.

- R: Los consejeros permanentes son cargos vitalicios, una tradición que creó Franco y que Franco la quitó. Pero en la Transición, Gregorio Peces-Barba y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón la recuperan. El padre de Gregorio Peces-Barba fue consejero permanente del Consejo de Estado y murió siendo consejero permanente. Y ahora lo es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Se han dado casos en los que el Consejo no podía reunirse porque había dos consejeros permanentes con más de 90 años con problemas de salud y encima no querían irse. Y les tuvieron que crear, en plenos recortes, una pensión acorde a lo que habían cobrdo esos años en el Consejo, porque si no, no se iban. Me contaron que se llegó incluso a discutir que la pensión fuera transmisible a sus herederos en caso de fallecimiento.

- P: De hecho, titulas el capítulo “los consejeros permanentes jamás enferman... y rara vez mueren”.

- R: Hay muchos consejeros que se han muerto en el cargo. Y además hay un dicho: jamás enferman y rara vez mueren, porque tienen una longevidad tremenda. En el caso del Consejo de Estado está ahí en pleno centro de Madrid, oímos hablar mucho de él, pero es el típico caso de insitución a la que no le he prestado mucha atención. Por ejemplo, Teresa Fernández de le Vega, que fue vicepresidenta del Gobierno, entró como consejera vitalicia, y lo dejó para ser presidenta, que no es un cargo vitalicio. Pues dejó esa presidencia para volver al puesto vitalicio. En fin.

- P: Y luego están los letrados, que asesoran a los consejeros.

- R: Hacen los informes, los elevan y luego los firman en el Consejo. Muchos letrados trabajan en la privada a la vez y no sabemos para qué les contratan. Se ha dado un caso que el letrado mayor de la sección quinta del Consejo, que es la que analiza las normas del Banco de España, era al mismo tiempo consejero de un banco andorrano, donde tenía una cuenta Juan Carlos I. Todo esto es público si lo sabes buscar. En la web del banco ponía que letrado del Consejo de Estado.

- P: La solución puede parecer lógica. Que los políticos, los legisladores, regulen mejor las incompatibilidades de estos altos funcionarios.

- R: Pero para un político cambiar todo esto no compensa, porque te vas a enfrentr a funcionarios muy poderosos, y lo que quiere el político es llevarse bien con ellos. Le viene bien llevarse con los abogados del Estado, que te hagan los informes como tú los quieres. En el Consejo de Estado igual, los consejeros no se quieren enfrentar con sus letrados. Hubo un presidente del Consejo de Estado que llegó y dijo: “Tenemos que conseguir que los letrados vengan por la tarde”. Y le dijeron: “Presidente, antes tendrán que venir por la mañana”. Cambiar todo esto es admitir que nuestras élites no son ejemplares. Pero podemos vivir más tranquilos pensando simplemente que sí lo son. Además, estos temas no tienen rédito electoral. Cambiar el régimen de compatibilidades de los abogados del Estado, por ejemplo, no vende.

- P: Uno de esos abogados del Estado es Tomás González Cueto, que asesoró a Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol para lograr el millonario contrato de la Suercopa en Arabia Saudí.

- R: Tomás González Cueto era abogado del Estado y se fue a la excedencia. Por lo menos no estaba compatible, se fue a la excedencia y montó un despacho y a la inauguración fue todo Madrid, incluido el ministro de Justicia de entonces, Rafael Catalá. Fíjate la capacidad de mando de un despacho que nace de cero y al que va el ministro. Era el despacho cabecera de Luis Rubiales en la Federación. Rubiales quería tener un abogado del Estado y González Cueto había estado en el Tribunal Administrativo del Deporte. Conocía a todo el mundo del deporte, y era el perfecto para llevar todo esto.

- P: El libro no podía obviar a los inspectores de Hacienda. Y ahí tiene que aparecer Fernando Peña, que lo fue todo en la Agencia Tributaria y que acaba de ser condenado a 80 años de prisión en el caso ‘Nummaria’ por ayudar a evadir impuestos a grandes patrimonios.

- R: Todo cambia con el caso de Messi. A Messi lo condena el Supremo por delito fiscal, porque tenía sociedades en Uruguay. Pero los jueces dicen que tenían que haber juzgado al asesor fiscal. Porque obviamente Messi es el que defrauda, pero no ha creado él toda esa estructura. Y ahí es donde empiezan los jueces a ir a por los asesores fiscales, muchos de los cuales son inspectores de Hacienda. Es que van y vuelven de lo público a lo privado. Cuando los despachos los jubilan, vuelven a administración. Tienen ya un montón de dinero, y cuando vuelve a la administración no regresan ni con la mejor disposición ni el mejor ímpetu. Vuelven a cotizar los últimos años de su carrera y el Estado los acoge. El problema es que cuando se pillan la excedencia luchan contra Hacienda desde el otro lado. Y la gracia de Fernando Peña, en su declaración, es que dice que él es un colaborador de la Agencia Tributaria y que si él lo hacía, estaba bien hecho.

- P: El lector también podrá encontrar cómo la prensa, que se supone que está para fiscalizar todo tipo de poder, también suele mirar para otro lado.

- R: Me salió de forma natural. Me dije: “Joder, a mí me molesta mucho la gente que escribe sus cosas y no cuenta la verdad”. A mí las memorias que me gustan, y leo muchas, son de gente que cuenta la verdad, aunque sea un secundario. Hay un libro de un tenista que acabo de leer, un tenista irlandés que solo llegó a ser el 130 del mundo, pero es muy interesante porque lo cuenta de verdad. Entonces, si vas, vas y cuentas, y si no, pues no vas.

- P: El libro ya lleva un par de semanas a la venta. ¿Has recibido muchas llamadas de altos funcionarios enfadados?

- R: Un alto funcionario me ha dicho: “Te has quedado corto”.

Quizás para incluso quejarse, estos dueños del Estado son los más listos.

El plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2025 comienza este 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026 para todas las modalidades. Durante las primeras horas de la campaña ya se han presentado 640.000 declaraciones, un 5,7% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellas, 256.000 se han realizado a través de la aplicación oficial y 120.000 mediante el sistema ‘Renta directa’.

El mayor volumen de presentaciones se ha registrado poco después de la medianoche, con un ritmo de unas 2.000 declaraciones por minuto. La Agencia Tributaria prevé que en total se presenten 25.251.000 declaraciones, lo que supone un aumento del 2,1% respecto a la campaña anterior, impulsado por la creación de empleo registrada en 2025.

Casi 16 millones de declaraciones a devolver

De ese total, se espera que 15.706.000 declaraciones resulten a devolver, un 2,8% menos que el año pasado, por un importe global de 13.271 millones de euros, cifra que supone una caída del 3,2% en el total que Hacienda pagará a los contribuyentes. Por el contrario, 7.709.000 declaraciones saldrán a ingresar, lo que implica un incremento del 10,3%, sumando un total de 24.628 millones de euros a la recaudación de la Agencia Tributaria, un 18,4% más que el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente al incremento de las ganancias patrimoniales derivadas de ventas de inmuebles, según explica el organismo público.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio, la previsión es de 2.473 millones de euros en ingresos, un 15,4% más que en la campaña anterior, pese a que el número de declaraciones bajará un 2,5%, hasta 220.797.

Plazos y fechas clave de la Renta

El calendario de la campaña de la Renta de este año establece que, por regla general, el plazo ordinario para presentar la declaración finaliza el 30 de junio. No obstante, quienes opten por domiciliar el pago de la declaración a ingresar deberán presentar el formulario antes del 25 de junio.

Más allá de la presentación online, el sistema de atención telefónica, conocido como “Le Llamamos”, así como la asistencia especial en pequeños municipios, comenzará el 6 de mayo, permitiendo la solicitud de cita previa desde el 29 de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria estará disponible a partir del 1 de junio, con posibilidad de pedir cita desde el 29 de mayo. Los contribuyentes pueden gestionar estas citas y trámites tanto desde la sede electrónica como desde la aplicación móvil, que ahora incorpora herramientas para filtrar oficinas por código postal y visualizar de manera sencilla la primera fecha disponible para ser atendido.

Los contribuyentes de Castilla y León que hayan invertido en la rehabilitación de una vivienda en el medio rural pueden beneficiarse de una deducción autonómica en la declaración de la Renta 2025-2026. Se trata de un incentivo fiscal pensado para fomentar la recuperación de inmuebles en pequeñas localidades y, al mismo tiempo, dinamizar el mercado del alquiler en zonas de la España vaciada y con problemas de despoblación.

Según la normativa autonómica vigente, esta deducción permite reducir la cuota del IRPF en un 15% de las cantidades invertidas en obras de rehabilitación, siempre que se cumplan una serie de requisitos específicos. El objetivo es, por un lado, mejorar el estado del parque inmobiliario rural y, por otro, aumentar la oferta de viviendas en alquiler a precios asequibles.

Qué se entiende por rehabilitación

Aunque no todas las obras dan derecho a esta deducción. Para poder aplicarla, los trabajos realizados deben tener la consideración de “rehabilitación de edificaciones” según la normativa fiscal. Esto implica que el proyecto debe centrarse principalmente en la reconstrucción del inmueble.

En la práctica, se considera que existe rehabilitación cuando más de la mitad del coste total de la obra corresponde a actuaciones sobre elementos estructurales, como cimientos, fachadas o cubiertas, o a intervenciones directamente relacionadas con estos aspectos. Además, el coste de la reforma debe superar el 25% del valor de la vivienda (sin contar el suelo), ya sea respecto al precio de compra —si se adquirió en los dos años anteriores— o al valor de mercado en el momento de iniciar las obras.

Dónde debe estar la vivienda

La deducción está limitada a inmuebles situados en zonas rurales de Castilla y León. En concreto, la vivienda debe encontrarse en municipios o entidades locales que no superen los 10.000 habitantes. Este límite se reduce a 3.000 habitantes si la localidad está a menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia.

Otro requisito clave es el valor de la vivienda. Para poder beneficiarse de esta ventaja fiscal, el inmueble no puede superar los 150.000 euros a efectos del impuesto que grava su adquisición.

En cuanto a la deducción en sí, la base máxima sobre la que se aplica el 15% está limitada a 20.000 euros. Es decir, aunque el contribuyente haya invertido más en la rehabilitación, solo podrá deducirse hasta ese importe.

Obligación de alquilar la vivienda

Uno de los aspectos más relevantes de esta deducción es que obliga a destinar la vivienda al alquiler durante al menos cinco años tras finalizar las obras. Además, el arrendamiento debe realizarse a personas que no tengan relación familiar directa con el propietario (quedan excluidos cónyuge, ascendientes, descendientes y familiares hasta el tercer grado).

Si en algún momento durante ese periodo la vivienda no está alquilada, no se pierde automáticamente el derecho a la deducción, pero sí se exige que el inmueble esté disponible en el mercado. Para ello, debe demostrarse que se está ofreciendo activamente en alquiler, por ejemplo, mediante anuncios en portales inmobiliarios, agencias, carteles o cualquier otro medio publicitario.

Eso sí, durante esos periodos sin inquilino, la vivienda no puede estar ocupada. Un indicio de ello es que los consumos de suministros como luz, agua o gas sean mínimos o inexistentes.

Límite del precio del alquiler

La normativa también establece un tope al precio del arrendamiento. La renta mensual no puede superar los 300 euros, una condición que busca garantizar que estas viviendas rehabilitadas se ofrezcan a precios asequibles.

En este importe pueden incluirse, si así se pacta en el contrato, gastos como el IBI, las tasas municipales o la comunidad de propietarios. Si no se especifica nada, estos costes corresponden al propietario, tal y como marca la legislación civil. Además, es obligatorio depositar la fianza del alquiler conforme a la normativa vigente, otro requisito imprescindible para poder aplicar la deducción.

La agenda legislativa del Senado de la República prevé discutir la Ley de Feminicidio y la salida de tropas mexicanas tras el receso de Semana Santa, en un periodo que también contempla la ratificación de nombramientos clave y la revisión de diversas reformas.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, detalló que entre el 6 y el 10 de abril se abordarán temas de relevancia nacional, incluyendo propuestas del Ejecutivo y acuerdos institucionales.

Ley de Feminicidio se perfila para ser discutida

En el listado de asuntos prioritarios, el Senado analizará en comisiones la propuesta de reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de otorgar al Congreso la facultad para expedir una ley general sobre feminicidios. Esta iniciativa, impulsada por la Presidencia, busca establecer un marco legal homogéneo para abordar y sancionar este delito a nivel nacional.

La propuesta incluye campañas de concientización y la conformación de grupos de apoyo dirigidos a familiares de víctimas, además del establecimiento de un registro dedicado a niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad por feminicidio. También se prevé la elaboración de programas integrales para atender la violencia contra las mujeres y la creación de un registro nacional de feminicidios.

Castillo Juárez indicó que la discusión de esta iniciativa se suma a la revisión de otras minutas y reformas remitidas por la colegisladora, como la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ratificaciones, nombramientos y salidas del país

Durante la semana posterior a Semana Santa, el Senado también planea abordar:

• Ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
• Nombramiento del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
• Autorización para la salida de tropas mexicanas al extranjero con fines de adiestramiento militar.

Además, se prevé que el Pleno considere un acuerdo para celebrar una ceremonia solemne por la inauguración del “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”.

Actualización económica y reformas fiscales

La presidenta de la Mesa Directiva informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó los Precriterios de Política Económica, insumo fundamental para la elaboración del Paquete Económico 2027. Durante la semana, el Senado recibirá y publicará este documento, que servirá de base para las futuras decisiones presupuestales.

Otras reformas en agenda incluyen cambios al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y la revisión de iniciativas que buscan actualizar el marco regulatorio en materia económica y hacendaria.

La senadora Castillo Juárez recordó que la programación legislativa entre el 6 y el 10 de abril se mantiene sujeta a modificaciones conforme avance el proceso parlamentario.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la economía mexicana crecerá entre 1.8% y 2.8% en 2026, en un contexto de recuperación gradual tras un entorno internacional complejo, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027 entregados a la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que el documento ya fue recibido y será turnado a comisiones para su análisis.

“He ordenado su publicación, para mayor transparencia, en la Gaceta Parlamentaria”, señaló.

Crecimiento económico de México: proyección para 2026 y 2027

Las previsiones de Hacienda apuntan a una expansión moderada pero sostenida del Producto Interno Bruto (PIB):

• Para 2026: crecimiento de entre 1.8% y 2.8%
• Para 2027: crecimiento de entre 1.9% y 2.9%

Este escenario contempla una mejora progresiva respecto a 2025, año en el que la economía enfrentó choques externos como tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y ajustes en la política económica de Estados Unidos.

Factores que impulsarán el crecimiento económico en México

El gobierno federal identifica varios motores que contribuirán al dinamismo económico en los próximos años:

• Consumo interno sólido, impulsado por el aumento de salarios reales y programas sociales.
• Inversión en infraestructura, especialmente en energía, transporte y vivienda.
• Reconfiguración de cadenas globales, que favorece a México por su cercanía con Norteamérica.
• Mayor inversión extranjera directa (IED) y relocalización de empresas (nearshoring).
• Eventos internacionales, como la Copa Mundial de Futbol 2026, que estimularán sectores como turismo y servicios

Además, se prevé que la inversión pública y privada alcance niveles relevantes, con proyectos que podrían sumar hasta 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030.

Aquí tienes el texto con las palabras clave más importantes en negritas y sin repeticiones:

Comparación con estimaciones del Banco de México y Fondo Monetario Internacional

Las estimaciones de la SHCP contrastan con previsiones más conservadoras de organismos como el Banco de México y el Fondo Monetario Internacional.

En su encuesta a especialistas del sector privado, el Banco de México reportó que los analistas ajustaron sus expectativas de crecimiento para 2026 a un rango cercano de entre 1.44% y 1.49%, mientras que el propio banco central ha manejado escenarios alrededor de 1.6% a inicios del año, lo que refleja una postura de cautela frente al entorno económico.

De acuerdo con estos especialistas, el ajuste a la baja responde a factores como preocupaciones en materia de gobernanza, inseguridad y menor dinamismo en algunos sectores productivos, aunque reconocen que eventos como el Mundial de Futbol 2026 podrían generar un impulso en servicios, turismo y entretenimiento.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 1.5% para México en 2026, en línea con una recuperación gradual tras la desaceleración observada en 2025.

A nivel global, el organismo prevé una expansión de 3.3%, apoyada por la inversión tecnológica y condiciones financieras más favorables.

Política económica: los tres pilares del crecimiento

El modelo económico planteado en los Precriterios se sustenta en tres ejes principales:

• Fortalecimiento del ingreso de los hogares, mediante salarios, transferencias y acceso a servicios
• Inversión estratégica en infraestructura, para elevar la productividad y reducir brechas regionales
• Disciplina fiscal, que busca mantener estabilidad macroeconómica y una deuda sostenible

Estos elementos, según Hacienda, permitirán no solo crecer, sino mejorar la distribución del ingreso y las condiciones sociales.

Inflación, tipo de cambio y tasas de interés

Las principales variables macroeconómicas proyectadas para 2026 incluyen:

• Inflación al cierre: 3.7%
• Tipo de cambio: 18.4 pesos por dólar
• Tasa de interés: 6.3%

Para 2027, se anticipa una inflación más cercana al 3% y una reducción en las tasas de interés, en línea con el proceso de estabilización económica.

Riesgos para la economía mexicana

El documento también advierte sobre factores que podrían afectar el crecimiento:

• Incertidumbre en la política comercial de Estados Unidos
• Cambios en las reglas del T-MEC
• Tensiones geopolíticas y disrupciones en cadenas de suministro
• Condiciones financieras internacionales más restrictivas
• Impactos climáticos en la producción agrícola

No obstante, también se identifican posibles factores positivos, como una revisión favorable del T-MEC o un mayor desarrollo de sectores tecnológicos.

Finanzas públicas y estabilidad económica

En materia fiscal, Hacienda proyecta una reducción gradual del déficit y una trayectoria sostenible de la deuda pública, que se ubicará en alrededor de 54.7% del PIB en 2026.

El gobierno estima ingresos presupuestarios por 8.6 billones de pesos y un gasto neto de 10 billones, manteniendo el enfoque en programas sociales e inversión productiva.

Un crecimiento moderado, pero con bases estructurales

Los Precriterios delinean una estrategia económica enfocada en fortalecer el mercado interno, impulsar la inversión y mantener la estabilidad macroeconómica.

Aunque el crecimiento proyectado es moderado, el gobierno sostiene que existen condiciones estructurales —como una deuda controlada, un sistema financiero sólido y una posición estratégica en el comercio internacional— que permitirán a México enfrentar los desafíos globales y consolidar su desarrollo en el mediano plazo.

La Agencia Tributaria ha despejado la situación de inestabilidad que afectaba a 230.000 autónomos al publicar este miércoles una nota técnica en la que prolonga los límites de facturación imprescindibles para seguir acogidos al sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. La información se ha dado a conocer en la misma jornada en la que se inicia el plazo de presentación del pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre del año, según la nota difundida por la Agencia Tributaria.

Los profesionales por cuenta propia podrán conservar el acceso al sistema de módulos después de que la Administración haya confirmado la prórroga de los límites de facturación: 250.000 euros de ingresos globales o, en el caso de facturación a empresas, 125.000 euros. En ausencia de la prórroga, los baremos habrían descendido a 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente, desplazando a un elevado número de autónomos a otros regímenes tributarios.

La nota de la Agencia Tributaria coincide con la apertura del periodo para que estos trabajadores liquiden el primer pago del IRPF anual y clarifica que la medida mantiene, sin cambios, los umbrales de ingresos que permiten optar al sistema simplificado. Esta continuidad ratifica que la modificación favorece a los contribuyentes, como han indicado expertos citados en la propia nota técnica.

Qué modificaciones introduce la Agencia Tributaria

El Ministerio de Hacienda había intentado anteriormente prorrogar estos límites a través de un Real Decreto-ley presentado el 23 de diciembre, que también abordaba la revalorización de las pensiones y la prórroga antidesahucios, lo que provocó el rechazo a la norma por parte de PP, Vox y Junts en el Congreso. Un segundo intento en el Real Decreto-ley del 3 de febrero tampoco prosperó por el mismo motivo. Dada esta situación, la Administración ha optado, por segunda vez consecutiva, por formalizar la extensión mediante una nota técnica, a pesar de que cualquier modificación en la materia requeriría una norma con rango de ley.

La Agencia Tributaria ha justificado su decisión señalando que, dado que la prórroga de los umbrales de facturación incluida en el Real Decreto-ley del 23 de diciembre seguía vigente a 1 de enero de 2026, ejercicio en el que se devenga el IRPF correspondiente a 2025, el texto despliega sus “plenos efectos jurídicos”, siendo por tanto de aplicación a los autónomos.

Otras novedades

Por otra parte, el documento hecho público por Hacienda incluye novedades relativas a la declaración de la Renta que comenzará el 8 de abril. Entre ellas, la Administración confirma la prórroga un año más del tipo reducido que grava a los propietarios de viviendas vacías, esto es, inmuebles sin alquilar. Concretamente, se aplicará un tipo del 1,1% sobre el valor catastral cuando la valoración haya sido revisada tras 2012; en el caso de inmuebles cuya revisión sea anterior, el tipo alcanza el 2%.

La información divulgada por la Agencia Tributaria concluye que la nueva nota técnica asegura la continuidad del marco vigente durante este ejercicio fiscal, tanto en el régimen de módulos de autónomos como en la tributación de viviendas vacías, permaneciendo ambas medidas activas de cara a la campaña de la renta de 2025.

La declaración conjunta permite a los miembros de una misma unidad familiar presentar una única declaración, en la que se integran todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio. Esto implica que las rentas de cada uno se suman y tributan de forma acumulada. Sin embargo, esta modalidad no amplía los límites fiscales ni multiplica los mínimos personales, que se mantienen en los mismos términos que en la tributación individual.

La normativa distingue dos tipos de unidades familiares que pueden acogerse a esta opción. Por un lado, los matrimonios no separados legalmente pueden declarar conjuntamente junto con sus hijos menores de edad o mayores incapacitados que convivan con ellos. Por otro, las familias monoparentales, formadas por un progenitor soltero, viudo o separado y sus hijos dependientes, también pueden optar por esta modalidad.

En el caso de las parejas de hecho, la regulación es distinta, ya que solo uno de los miembros puede formar unidad familiar con los hijos, mientras que el otro deberá presentar su declaración de forma individual. En situaciones de separación o divorcio, la posibilidad de tributar conjuntamente corresponde al progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia, mientras que en los supuestos de custodia compartida cualquiera de los dos puede ejercer esta opción, pero únicamente uno de ellos.

El proceso de presentación

El procedimiento para presentar la declaración conjunta no difiere del habitual. Se realiza a través de la web de la Agencia Tributaria, donde el contribuyente debe identificarse, incorporar a todos los miembros de la unidad familiar y seleccionar esta modalidad antes de revisar y confirmar el borrador. El propio sistema permite comparar el resultado entre la declaración individual y la conjunta, facilitando así la elección más favorable. También están disponibles las vías telefónica y presencial en las mismas fechas que para el resto de declaraciones.

Entre las principales ventajas de la tributación conjunta destaca la aplicación de una reducción en la base imponible, que asciende a 3.400 euros anuales en el caso de matrimonios y a 2.150 euros en familias monoparentales. Este beneficio fiscal suele resultar especialmente útil cuando uno de los miembros de la unidad familiar no percibe ingresos o cuenta con rentas muy reducidas, ya que permite equilibrar la carga tributaria del conjunto.

Cuándo no conviene la declaración conjunta

No obstante, esta opción también presenta inconvenientes. Al sumarse todas las rentas, el tipo impositivo puede incrementarse, lo que en algunos casos deriva en una mayor tributación. Además, la declaración conjunta no permite ampliar deducciones ni ventajas fiscales en función del número de miembros, por lo que cuando ambos cónyuges tienen ingresos similares suele ser más favorable optar por declaraciones individuales.

Si embargo, la declaración conjunta no es obligatoria en ningún caso. Se trata de una elección voluntaria que puede modificarse cada año en función de la situación económica de la unidad familiar. Eso sí, una vez presentada la declaración, la opción elegida solo podrá cambiarse dentro del plazo oficial de la campaña. Asimismo, si uno de los miembros presenta su declaración de forma individual, el resto deberá seguir ese mismo régimen.

El Gobierno de México anunció la entrada en vigor del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, una medida que busca combatir el ‘huachicol’.

Este nuevo mecanismo formará parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y comenzará a aplicarse a partir del 24 de abril de 2026. Se trata de un mecanismo que va contra el mercado ilícito de combustibles para fortalecer la comercialización de gasolina y diésel.

En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), subrayaron que las personas que ya cuenten con un permiso, como el caso de las gasolineras, deberán verificar su vigencia a través del portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Para hacer esta verificación, es importante ingresar a la liga https://www.cne.gob.mx/Permisos y realizar el trámite correspondiente.

Nueva estrategia para combatir corrupción y contrabando

Esta acción forma parte de una estrategia conjunta destinada a “combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles”.

Todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel deberán tener un permiso vigente ante la CNE para poder emitir CFDI con el nuevo complemento.

En caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto, de acuerdo a las instituciones.

Esta medida “reafirma el compromiso con la sociedad para fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población”.

El Gobierno enfatizó la importancia del cumplimiento de las nuevas disposiciones fiscales y administrativas. “Todas y todos contribuimos al bienestar de México”, se lee en el cierre del documento oficial.

Puntos clave de esta nueva medida

• El 24 de abril de 2026 comenzará a aplicarse el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
• Todos los establecimientos que vendan o comercialicen gasolina regular, gasolina premium o diésel deberán contar con este permiso vigente.
• Las personas permisionarias deben verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizarlos ante la CNE para evitar contratiempos y cumplir con sus obligaciones fiscales y administrativas.
• El nuevo mecanismo busca combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles, así como promover el mercado lícito y fortalecer la recaudación fiscal derivada de la venta de hidrocarburos.

La campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025 está a punto de comenzar, con un calendario que ya tienen marcado millones de contribuyentes en su agenda. El pistoletazo de salida será el próximo 8 de abril, fecha desde la que se podrá presentar la declaración por internet.

A partir del 6 de mayo se habilitará la vía telefónica —previa solicitud desde el 29 de abril—, mientras que el 1 de junio comenzará la atención presencial en oficinas, que deberá solicitarse desde el 29 de mayo. El plazo finalizará el 30 de junio, último día para cumplir con la obligación tributaria por cualquiera de las vías disponibles.

Este año llega con importantes novedades que afectan tanto a colectivos concretos como a determinados tipos de ingresos, lo que obligará a muchos contribuyentes a revisar con más atención sus datos fiscales para evitar errores o sanciones.

Nuevos obligados a declarar

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de presentar la declaración para los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), aunque los primeros 12.600 euros estarán exentos y solo tributarán a partir de ese umbral. También estarán obligados todos los autónomos que hayan estado dados de alta durante 2025, independientemente del nivel de ingresos obtenido. Se trata de una medida que amplía el control fiscal sobre este colectivo.

En el resto de contribuyentes, se mantienen los límites habituales: deberán declarar quienes superen los 22.000 euros anuales con un solo pagador o los 15.876 euros si han tenido dos o más, siempre que el segundo y posteriores pagadores superen los 1.500 euros.

Rentas exentas y deducciones que se mantienen

La campaña de este año introduce cambios relevantes en las rentas exentas. Por ejemplo, la pensión de alimentos para hijos dejará de tributar aunque no exista sentencia judicial, siempre que se formalice mediante acuerdo ante notario o en el juzgado.

Algo similar ocurre con las indemnizaciones por daños personales, que podrán justificarse sin necesidad de resolución judicial. Además, las ayudas públicas por catástrofes, como las derivadas de la DANA de Valencia de 2024, seguirán exentas, con posibilidad de deducir pérdidas no cubiertas.

También continúan las deducciones por eficiencia energética en viviendas y por la compra de vehículos eléctricos o instalación de puntos de recarga, prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2025. A esto se suma un descuento para rentas bajas de hasta 340 euros, que se reduce progresivamente hasta desaparecer en los 18.276 euros anuales.

Cambios en reducciones y fiscalidad del ahorro

En el apartado de reducciones, destaca la aplicación de un 30% de rebaja para rendimientos excepcionales vinculados a actividades artísticas y propiedad intelectual, con un límite de 150.000 euros.

Por otro lado, se mantienen beneficios fiscales para el sector agrícola y se prorrogan algunas medidas adoptadas en años anteriores, aunque desaparecen otras como la reducción específica en determinadas zonas.

Uno de los cambios más significativos afecta al ahorro: se incrementa hasta el 30% el tipo impositivo para rentas superiores a 300.000 euros, lo que implica una mayor carga fiscal para grandes patrimonios y refuerza la progresividad del sistema.

Influencers, segundas residencias y nuevas reglas

La campaña de la Renta 2025 también introduce novedades para nuevos perfiles profesionales. Los ingresos de los 'influencers’ pasarán a tributar como rendimientos de actividades económicas, independientemente de su epígrafe en el impuesto de actividades económicas.

Asimismo, se mantiene el tipo reducido del 1,1% para la imputación de rentas inmobiliarias en segundas residencias vacías cuyo valor catastral haya sido revisado desde 2012, lo que beneficia a determinados propietarios.

También se incorporan cambios en el tratamiento de seguros e indemnizaciones: algunas prestaciones por enfermedad pasan a tributar como ganancias patrimoniales, mientras que ciertos pagos por responsabilidad civil podrán computarse como pérdidas.

Consejos clave para evitar errores

Los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya recomiendan no dejar la declaración para el último momento, ya que pueden surgir dudas o incidencias que dificulten su presentación dentro del plazo.

También consideran fundamental revisar los datos fiscales proporcionados por la Agencia Tributaria, ya que el contribuyente es el responsable final de su veracidad. Un error puede derivar en sanciones o recargos.

Además hay que comparar la declaración individual y conjunta en el caso de matrimonios, revisar las deducciones autonómicas, declarar correctamente criptomonedas y ventas de segunda mano, y conservar toda la documentación durante al menos cinco años.

En un contexto de cambios constantes y mayor control fiscal, la campaña de la Renta 2025 se presenta como una de las más complejas de los últimos años, obligando a los contribuyentes a prestar especial atención para cumplir correctamente con Hacienda.

Arcadi España señaló durante su toma de posesión en el Ministerio de Hacienda que el ejercicio de responsabilidad en este ámbito institucional conlleva situaciones de incomprensión, momentos de soledad en la toma de decisiones y la obligación de mantener una visión global sobre el conjunto del país. El nuevo titular de la cartera resaltó que asumir este papel implica buscar equilibrio y gestionar la presión inherente a la función. En ese marco, el ministro destacó cuáles serán sus líneas de acción prioritarias: la reforma del sistema de financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Según consignó el medio, España subrayó la importancia de estas medidas para garantizar estabilidad y sostenibilidad a nivel estatal.

En su discurso tras recibir la cartera de manos de su predecesora, María Jesús Montero, Arcadi España prometió dar continuidad a la política económica y financiera desarrollada hasta el momento. Afirmó que afronta este reto acompañado, según sus palabras, de uno de los equipos más sólidos dentro del Ejecutivo, tanto en los niveles directivos como en el conjunto de trabajadores adscritos al Ministerio, según informó la plataforma noticiosa.

De acuerdo con el medio, España recordó su etapa como titular de Hacienda en la Comunidad Valenciana, experiencia que calificó de formativa para comprender las complejidades que conlleva la gestión pública en materia presupuestaria y de reparto de recursos. El responsable ministerial incidió en la necesidad de reforzar el estado del bienestar, propiciar el crecimiento económico y estimular la creación de empleo como metas fundamentales de su gestión, con el objetivo de mantener la estabilidad económica y financiera en la Administración.

Al detallar sus prioridades, el nuevo responsable de Hacienda reiteró la urgencia de avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica, tema al que se ha venido refiriendo en sus anteriores cargos y al que otorga especial relevancia. Según publicó el medio, España defendió la necesidad de que el sistema de reparto de fondos entre comunidades autónomas se adapte a las realidades actuales y contribuya a corregir desequilibrios existentes. Asimismo, situó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado como una tarea clave para consolidar la planificación financiera y asegurar la continuidad de las políticas públicas.

Tal como destacó la plataforma informativa, el ministro de Hacienda enumeró como valores personales y profesionales que han guiado su desempeño la educación, la utilidad y la humildad, principios que describió como alineados con la actuación de este Gobierno. España añadió que apostará decididamente por el diálogo, la empatía y el respeto a quienes sostienen posturas diferentes, aspectos que consideró indispensables para alcanzar consensos y afrontar con eficacia los desafíos institucionales.

Durante el acto, Arcadi España hizo hincapié en la responsabilidad que implica liderar el Ministerio de Hacienda en un contexto donde la estabilidad financiera figura entre los ejes estratégicos para el funcionamiento del Estado. El medio precisó que el nuevo ministro expresó sentir el respaldo y la expectativa depositados en su figura, así como la importancia de responder al vértigo y la complejidad que entraña la labor ministerial.

Según publicó la fuente, la agenda inmediata de Arcadi España al frente de Hacienda incluye impulsar el escudo social y consolidar instrumentos que garanticen la protección económica para los sectores más vulnerables, al tiempo que promueve una estructura presupuestaria orientada a la consolidación de derechos y servicios públicos. El ministro encara así una etapa en la que la redistribución de recursos y la pugna por el consenso presupuestario se perfilan como ejes centrales de la acción gubernamental que liderará desde el Ministerio de Hacienda.

La elección de Arcadi España para el Ministerio de Hacienda representa el regreso a una cartera para la que ya ejerció responsabilidades al haber sido consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana. Según informó Europa Press, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, vinculó este ajuste dentro del gabinete a la estrategia del Ejecutivo central en materia económica, subrayando que ambas incorporaciones —la de España y la de Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero— reflejan la prioridad que el Gobierno otorga a la economía del país.

Durante su participación en el IV Campeonato Internacional de Parabádminton realizado en el Complejo Deportivo Rafael del Pino de Toledo, Tolón manifestó que los recientes nombramientos muestran un equipo ministerial “muy solvente y muy preparado que nos preocupa mucho la economía”, consignó Europa Press. En su intervención, Tolón destacó que tanto Cuerpo como España aportan trayectorias reconocidas en el ámbito político, y reconoció que conocen los desafíos que enfrenta España, sobre todo en un contexto de crecimiento en comparación con otros países de la Unión Europea.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Carlos Cuerpo, quien hasta ahora ocupaba el puesto de ministro de Economía, Comercio y Empresa, asume el rol de vicepresidente primero. Arcadi España, por su parte, toma las riendas del Ministerio de Hacienda reemplazando a María Jesús Montero. Tolón atribuyó a ambos una sólida experiencia profesional que, según ella, contribuirá de manera favorable a la toma de nuevas decisiones en la agenda económica del Ejecutivo.

El medio Europa Press detalló que la ministra resaltó no solo la experiencia técnica de los nuevos responsables económicos, sino también su perfil humano y su capacidad probada en responsabilidades previas. Tolón defendió que estas designaciones responden a la necesidad de reforzar el área económica del Gobierno central, considerando fundamental la gestión eficiente de los recursos y la política fiscal, en un momento en el que los indicadores sitúan a España entre las economías que presentan mayor dinamismo en la Unión Europea.

Según recogió Europa Press, Tolón manifestó plena confianza en que el trabajo conjunto de Cuerpo y España potenciará la eficacia del Consejo de Ministros y permitirá adoptar medidas adaptadas a las necesidades tanto nacionales como europeas. Tolón subrayó que la renovación de los puestos clave en el ámbito económico se alinea con la voluntad del Gobierno central de mantener el ritmo de crecimiento y de dar respuesta a los retos planteados por el contexto internacional.

Las declaraciones de la ministra surgen en el marco de una reestructuración que, según insistió Europa Press, busca garantizar que el Ejecutivo disponga de perfiles capaces de abordar los compromisos económicos de la administración actual. Tolón enfatizó que el gabinete, con la incorporación de figuras como Cuerpo y España, se muestra preparado para afrontar tanto desafíos presentes como futuros en materia de crecimiento, estabilidad fiscal y desarrollo social.

La declaración de la Renta es una cita ineludible para millones de hogares españoles cada primavera. Este año, la campaña comienza el próximo 8 de abril y finaliza el 30 de junio, días en los que será posible presentar la declaración del IRPF. Entre las dudas más habituales está la de cuándo corresponde dejar de incluir a los hijos en el documento fiscal.

El mínimo por descendientes permite a los contribuyentes reducir la base imponible del impuesto, siempre que los hijos y otros descendientes cumplan una serie de requisitos. Este beneficio fiscal, que puede marcar la diferencia entre pagar o recibir una devolución, se revisa cada año en función de las circunstancias personales de los miembros de la familia.

Condiciones para considerar a un hijo como descendiente en la declaración

La Agencia Tributaria define como descendiente, a efectos fiscales, no solo a los hijos biológicos, sino también a los adoptados, nietos, bisnietos y a quienes estén bajo tutela, acogimiento o curatela representativa. La definición incluye además a las personas sobre las que exista una resolución judicial de guarda y custodia.

Para que los hijos puedan seguir figurando en la declaración, deben cumplir varias condiciones:

• Tener menos de 25 años a 31 de diciembre del ejercicio fiscal.
• Si superan esa edad, contar con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
• La convivencia o dependencia económica es otra exigencia central, aunque existen matices en casos de separación o custodia compartida.

La clave para determinar la validez de mantener a un descendiente en la declaración de la Renta radica en dos cifras:

• Los ingresos propios del hijo no pueden superar los 8.000 euros anuales (excluyendo las rentas exentas).
• Si presenta declaración por separado, esas rentas no deben rebasar los 1.800 euros.

Cuándo hay que dejar de incluir a los hijos

El momento de quitar a los hijos de la declaración de la Renta llega cuando dejan de cumplir cualquiera de los requisitos mencionados. Es decir, al cumplir 25 años (a no ser que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%), cuando empiezan a percibir rentas superiores al límite anual permitido o si presentan declaración individual con ingresos que sobrepasan el umbral establecido.

Así, cualquier hijo mayor de edad que trabaje y supere los 8.000 euros de ingresos anuales, o que declare por su cuenta más de 1.800 euros, debe desaparecer automáticamente de la lista de descendientes en la declaración de sus padres. Este cambio puede suponer una variación en el mínimo familiar aplicable y, en consecuencia, en el saldo final del IRPF.

Requisitos adicionales: situaciones especiales

El régimen fiscal contempla también supuestos particulares. Los nietos y bisnietos pueden figurar en la declaración si son menores de 25 años o mayores con discapacidad y cumplen las mismas condiciones de convivencia y límite de ingresos. Lo mismo sucede con menores en situación de acogimiento o tutela.

En los casos en los que exista un grado de parentesco distinto (por ejemplo, padres y abuelos), el derecho a aplicar el mínimo corresponde siempre a los familiares más cercanos, salvo que estos no alcancen el mínimo de ingresos requerido, en cuyo caso pasaría al siguiente grado.

Cuando el descendiente tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, la edad límite se elimina. En estos supuestos, la condición para quedar fuera de la declaración depende exclusivamente de los ingresos anuales y de la convivencia o dependencia económica.

El relevo en la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda responde a la salida de María Jesús Montero del Ejecutivo, quien ahora será la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Según informó el medio que cubrió la declaración institucional desde Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero, mientras Arcadi España, hasta entonces secretario de Estado de Política Territorial, asumirá el cargo de ministro de Hacienda.

De acuerdo con el mismo medio, la decisión obedece a la necesidad de garantizar continuidad y estabilidad institucional en áreas clave de la Administración, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Andalucía. Sánchez elogió la trayectoria de Cuerpo y remarcó su experiencia como economista del Estado, así como su paso por organismos europeos como la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), además de la Secretaría General del Tesoro. Según detalló el presidente, Cuerpo ha desempeñado su trabajo en Economía de manera destacada y se mostró convencido de que “será un fantástico vicepresidente primero de Economía”.

El nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y un máster en Dirección y Gestión Pública. El medio consignó que España ha desarrollado su carrera tanto en la Administración central, en diversos ministerios, como en la Generalitat Valenciana, donde ocupó puestos de conseller de Política Territorial y de Hacienda. Sánchez resaltó sus condiciones de compromiso y formación, e indicó que su nombramiento busca mantener la línea seguida en el Ministerio y garantizar la gestión responsable de las cuentas públicas.

El presidente subrayó, según publicó el medio, que estos cambios se enmarcan en un Gobierno cuyo perfil lo conforman la experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia. El objetivo pasa por consolidar la transformación económica y la responsabilidad fiscal iniciada por el Ejecutivo hace ocho años. Sánchez también remarcó la importancia de la transición sin sobresaltos y la continuidad en la gestión, aspectos prioritarios en el actual contexto político.

Ambos nombramientos llegan tras la decisión de María Jesús Montero de dejar el Ministerio de Hacienda para centrarse en la candidatura socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. El medio destacó que Montero ha ocupado roles de alta responsabilidad tanto en el Gobierno central como en el ámbito autonómico, y su marcha requiere redistribuir funciones entre figuras con acreditada solvencia.

Carlos Cuerpo, al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha participado en la dirección de políticas económicas en escenarios europeos y nacionales, aportando conocimiento técnico y experiencia acumulada en distintos organismos. El medio agregó que Cuerpo, como economista del Estado, ha ejercido funciones relacionadas con la gestión de la deuda, la coordinación económica y el asesoramiento estratégico desde diversas posiciones públicas.

Arcadi España, por su parte, llega al Ministerio de Hacienda tras un recorrido por áreas claves de la gestión territorial y financiera. Según consignó el medio citado, España ha trabajado en la coordinación de políticas públicas, planificación económica y administración presupuestaria, tanto a nivel central como autonómico, lo que según el Gobierno le otorga una visión amplia para asumir la cartera de Hacienda.

El presidente del Gobierno reafirmó, en palabras recogidas por el medio, su confianza en que ambos responsables permitirán mantener la senda de prosperidad y de transformación económica, insistiendo en que la elección de Cuerpo y España está orientada a reforzar la estabilidad del gabinete y a responder a los retos institucionales derivados de los cambios políticos previstos.

El ascenso de Cuerpo y el acceso de España a Hacienda representan una apuesta por la continuidad de la estrategia económica y presupuestaria del Gobierno central. Sánchez concluyó su intervención describiendo a ambos cargos como figuras que encarnan la integridad y la capacitación técnica necesarias para afrontar los próximos desafíos del Ejecutivo.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el Ejecutivo, la nueva configuración del gabinete responde a la necesidad de mantener la estabilidad en la gestión económica y presupuestaria de España tras la salida de Montero. Según detalló el Gobierno, Cuerpo, quien desempeñaba el cargo de ministro de Economía, Comercio y Empresa, asumirá ahora nuevas funciones que incluyen supervisar de forma directa la estrategia económica nacional como vicepresidente primero, lo que lo coloca en una posición clave dentro del equipo directivo.

España, quien ejercía hasta este momento la secretaría de Estado de Política Territorial, accederá al Ministerio de Hacienda para continuar la línea de trabajo marcada por su antecesora, pero bajo la dirección renovada que pretende imprimir Sánchez tras los cambios producidos en el equipo ejecutivo. El medio oficial del Gobierno explicó que este movimiento se inscribe en la hoja de ruta marcada por el presidente tras la reciente reconfiguración, en busca de consolidar la gestión de los recursos públicos y la planificación presupuestaria ante los desafíos económicos actuales.

La entrada de Carlos Cuerpo en una vicepresidencia de primera línea implica que el área de economía del gobierno gana peso político e institucional. El Ejecutivo subrayó a través de sus portavoces que la trayectoria de Cuerpo y su experiencia previa al frente de la cartera de Economía, Comercio y Empresa fueron determinantes para situarlo al frente de la coordinación de las políticas económicas y para darle el mayor rango dentro del consejo de ministros, después del presidente.

Sobre la salida de María Jesús Montero, el Gobierno subrayó que su labor en el Ministerio de Hacienda ha sido fundamental para afrontar las etapas previas del actual mandato. Con la llegada de Arcadi España, la gestión de los presupuestos generales y la administración tributaria entra en una nueva etapa bajo su liderazgo. El Ejecutivo destacó la experiencia de España en la administración pública y su conocimiento de la maquinaria del Estado como elementos clave de cara a la continuidad y el rigor en el manejo de las cuentas públicas.

Según consignó el Gobierno, con estos cambios, el presidente Sánchez busca una mayor cohesión entre las áreas de economía y hacienda, reforzando así el aparato administrativo encargado de la gestión de los fondos públicos nacionales y europeos. Esta reestructuración afecta tanto al diseño de las próximas cuentas públicas como a la metodología con la que se afrontarán los retos fiscales derivados de la coyuntura económica global.

El impacto de estos nombramientos también se traslada a la estructura interna del Consejo de Ministros, donde la figura de Cuerpo, ahora vicepresidente primero, tendrá un papel esencial en el diseño e implementación de la política económica. Como nuevo titular de Hacienda, Arcadi España asume la responsabilidad de gestionar los recursos públicos y de articular las líneas maestras del proyecto presupuestario del Gobierno, respondiendo a las directrices que el presidente Sánchez ha señalado como prioritarias para los próximos meses.

Los últimos movimientos en el equipo gubernamental siguen la pauta de fortalecer la comunicación y la coordinación interna para enfrentar los desafíos económicos y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España ante la Unión Europea y otros organismos internacionales. Según reportó el Gobierno, este rediseño permitirá una mayor agilidad en la toma de decisiones y mayor capacidad de respuesta ante los cambios que puedan presentarse en el panorama económico internacional.

El Ministerio de Hacienda ha puesto en comenzado el proceso para modificar el impuesto sobre las grandes fortunas, con el propósito de introducir cambios que permita que los contribuyentes con patrimonio en España, aunque no residan en el país, puedan acceder al mismo límite en la cuota a pagar que actualmente beneficia a quienes tienen residencia fiscal. La reforma se produce tras la intervención de los tribunales, que han exigido equiparar el trato fiscal entre residentes y no residentes en el país.

El impuesto sobre las grandes fortunas se dirige a personas físicas cuyo patrimonio supere los 3 millones de euros. Se trata de un gravamen complementario al impuesto de patrimonio, creado para que los patrimonios más elevados contribuyan de forma adicional a las arcas públicas.

El diseño del tributo incluye también un límite de la cuota íntegra, una medida pensada para evitar que las cargas fiscales sean excesivas y desincentiven la generación de riqueza. Este mecanismo establece que la suma de la cuota del impuesto sobre la renta (IRPF) y la del impuesto de patrimonio no puede superar el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente.

El Supremo señala la diferencia como discriminatoria

Sin embargo, este límite solo estaba disponible para los residentes en España. Los no residentes, a pesar de estar obligados a tributar en el país por propiedades o activos aquí situados, quedaban excluidos de este beneficio fiscal. El resultado era que, a igualdad de patrimonio, los no residentes podían acabar pagando sumas superiores a las que afrontaban quienes sí vivían en España.

El Tribunal Supremo intervino al considerar que esta diferencia de trato carecía de justificación. Según el alto tribunal, se trataba de una discriminación contraria al principio de igualdad ante la ley, ya que no existía un motivo objetivo para que los no residentes no pudieran acogerse al mismo límite fiscal. El fallo del Supremo se refería inicialmente al impuesto de patrimonio, pero el criterio fijado en este fallo es también aplicable al impuesto sobre las grandes fortunas.

En consecuencia, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha extendido este criterio al impuesto de las grandes fortunas. El TEAC sostiene que tanto los contribuyentes sujetos por obligación personal, es decir, los residentes, como los que tributan por obligación real (los no residentes) deben poder aplicarse el mismo límite en la cuota a pagar.

En cumplimiento con esta doctrina, la cartera dirigida por María Jesús Montero ha elaborado un proyecto de orden ministerial que modifica el modelo de autoliquidación del impuesto. Esta propuesta normativa ya se encuentra en fase de información pública, lo que permite a los ciudadanos y organizaciones presentar sugerencias antes de su aprobación definitiva.

(Noticia en ampliación)

La fiscalidad en España sigue incorporando cambios que afectan al día a día de los contribuyentes, y uno de los más llamativos de cara a la próxima campaña es el relacionado con los animales de compañía. En concreto, una comunidad autónoma ha decidido dar un paso adelante e incluir por primera vez una deducción específica en el IRPF vinculada a los gastos veterinarios. Esta novedad, que se aplicará en la Renta 2026, introduce nuevas oportunidades de ahorro, pero también una serie de requisitos que conviene conocer con detalle.

La medida ha sido impulsada por la Junta de Andalucía, que ha aprobado una deducción autonómica dirigida a aliviar el coste que supone mantener una mascota. Hasta ahora, los gastos derivados del cuidado de animales -como vacunas, revisiones o tratamientos- no tenían ningún reflejo en la declaración de la renta. Sin embargo, esta nueva normativa cambia el escenario e introduce un incentivo fiscal específico para los contribuyentes que cumplan ciertas condiciones.

La deducción permite desgravar hasta el 30% gastos veterinarios realizados durante el año fiscal, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Es importante tener en cuenta que esta rebaja se aplica únicamente en el tramo autonómico del impuesto, por lo que no afecta a la parte estatal gestionada por la Agencia Tributaria. Este incentivo fiscal está recogido en la Ley 8/2025 de Presupuestos de Andalucía, y entró en vigor el 1 de enero de 2026. No obstante, su aplicación práctica no será inmediata: los contribuyentes podrán beneficiarse de ella por primera vez en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará previsiblemente entre abril y junio de 2027.

Requisitos para aplicar la deducción

No todos los contribuyentes podrán beneficiarse de esta ventaja fiscal. Para empezar, es imprescindible tener la residencia fiscal en Andalucía y cumplir con los límites de ingresos establecidos por la normativa autonómica. Aquellos que superen determinados niveles de base imponible quedarán excluidos de esta deducción.

En cuanto a los animales, deben ser considerados animales compañía o de asistencia según la legislación vigente. Esto incluye principalmente perros, gatos y otras especies domésticas habituales. Sin embargo, quedan fuera los animales de granja, incluso si conviven en el entorno familiar, así como algunas especies exóticas que no cumplan los requisitos legales de identificación y registro.

Otro aspecto clave es la correcta identificación del animal. Para poder aplicar la deducción, la mascota debe contar con microchip y estar inscrita en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA). Además, todos los gastos deben estar debidamente justificados mediante factura oficial emitida por un centro veterinario autorizado y a nombre del contribuyente.

Diferencias entre adopción y compra

Uno de los elementos más destacados de esta medida es el tratamiento diferenciado entre animales adoptados y comprados. En el caso de mascotas adquiridas, la deducción podrá aplicarse, con carácter general, únicamente durante el primer año desde la compra. En cambio, si el animal ha sido adoptado en una protectora o centro de acogida, el contribuyente podrá beneficiarse de esta ventaja fiscal durante tres ejercicios consecutivos.

Este enfoque busca incentivar la adopción frente a la compra, dando visibilidad a la situación de muchos animales que necesitan un hogar. Además, los animales de asistencia, como los perros guía o aquellos con funciones terapéuticas, podrán generar la deducción sin límite temporal, siempre que mantengan su función y estén correctamente registrados.

En la práctica, esto implica que los contribuyentes deberán organizar y conservar cuidadosamente toda la documentación relacionada con los gastos veterinarios desde el inicio del ejercicio fiscal. La correcta planificación será clave para aprovechar al máximo esta deducción, especialmente teniendo en cuenta que su aplicación no será automática y requerirá cumplir con todos los requisitos formales exigidos por la normativa autonómica.

El informe de la Agencia Tributaria incluido en la investigación por los supuestos beneficios fiscales a empresas relacionadas con el despacho Equipo Económico revela que existieron fragmentaciones en los pagos y aplazamientos de estos movimientos, así como ingresos distribuidos en al menos dos cuentas bancarias distintas. Esta observación del informe, según difundió Europa Press, llevó al titular del Juzgado de la Plaza 2 de Tarragona a tomar nuevas decisiones procesales, solicitando datos financieros adicionales a diversas entidades. La finalidad consiste en precisar la naturaleza y destino de los pagos efectuados y subsanar la falta de documentación relevante detectada hasta ahora. El magistrado expuso que la documentación bancaria aportada resulta hasta el momento “insuficiente”.

Europa Press detalló que el juez profundizó en las anomalías detectadas al examinar el informe remitido por la Agencia Tributaria, el cual recoge “pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios”. Además, el documento constata diferencias notables respecto a la proporción de ingresos asignados a determinados socios, ya que algunos registran percepciones inferiores a su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros con participaciones menores. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, el juez calificó estos movimientos como “incoherentes”.

La investigación se enmarca en la presunta concesión de favores fiscales a empresas cuando Cristóbal Montoro ocupaba el cargo de ministro de Hacienda. Uno de los focos es el análisis de posibles lazos entre cargos del Ministerio de Hacienda y el despacho Equipo Económico, señalados por investigadores como intermediarios de empresas del sector de gases industriales que se habrían visto beneficiadas por ciertas normativas. Según indicó Europa Press, el juez ha solicitado un listado de correos electrónicos intercambiados en 2012 entre altos cargos de Hacienda. Dichos correos contienen documentos que, según la investigación judicial, podrían estar relacionados con la elaboración de leyes que habrían otorgado ventajas a empresas cliente de Equipo Económico.

La medida del juez de requerir más documentación a las entidades bancarias se fundamenta en la fragmentada y limitada información proporcionada hasta el momento. Además, informó Europa Press, en el año 2023 se cursaron distintos requerimientos a bancos bajo encargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, buscando rastrear el flujo y origen de fondos asociados a los investigados dentro del caso.

Por otra parte, el titular del juzgado autorizó a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. El objetivo específico reside en identificar productos bancarios en los que figuren como vinculados el propio Cristóbal Montoro y otros implicados en la causa, ampliando así el horizonte de la investigación sobre posibles pistas y movimientos económicos de interés.

De acuerdo con los datos recabados por Europa Press, estas diligencias pretenden esclarecer el entramado de movimientos bancarios asociados a exsocios, familiares y actuales socios de las compañías bajo sospecha. El juez apuntó que la falta de correspondencia entre los pagos realizados y la estructura societaria que consta en los registros oficiales constituye un indicio relevante para profundizar en el análisis y esclarecer el posible desvío o uso irregular de fondos.

Con este nuevo impulso procesal, la investigación judicial pretende determinar la existencia de irregularidades y deficiencias en los controles fiscales alrededor del entorno de la exministra Montoro, así como en las relaciones entre la Agencia Tributaria, cargos del Ministerio y firmas privadas. Todas las diligencias se mantienen orientadas a clarificar si existieron o no tratos de favor durante el periodo señalado y si las compañías implicadas se beneficiaron de ajustes normativos auspiciados desde instancias del Gobierno, según publicó Europa Press.

Con el inicio de la campaña de la Renta 2026, muchos contribuyentes con salarios elevados se preguntan cómo afectará a su declaración la cuota de solidaridad, la cotización adicional de la Seguridad Social que grava los ingresos que superan la base máxima de cotización. Esta medida, vigente desde 2025, no solo refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que también influye en la base imponible del IRPF, ya que las aportaciones efectuadas en concepto de cuota de solidaridad se deducen del salario bruto, reduciendo ligeramente la carga fiscal de los trabajadores más altos.

La cuota de solidaridad no es un impuesto convencional, sino un recargo sobre las cotizaciones habituales. Su finalidad es fortalecer el sistema de Seguridad Social frente a los retos del envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, que incrementan la presión sobre las pensiones. Según los informes de la Seguridad Social, esta medida permite que quienes perciben salarios elevados contribuyan en mayor proporción a la financiación del sistema, sin que ello genere derechos adicionales de pensión. Es decir, los pagos efectuados en concepto de cuota de solidaridad no incrementan la futura pensión del trabajador, sino que se destinan íntegramente a reforzar los recursos colectivos del sistema.

En términos prácticos, la cuota de solidaridad se aplica únicamente sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, que en 2026 se sitúa en 5.101,20 euros mensuales. La cotización se calcula de forma progresiva por tramos: la primera franja, entre 5.101,21 euros y 5.611,32 euros, paga un tipo del 1,15%; la siguiente, entre 5.611,33 euros y 7.651,80 euros, un 1,25%; y la parte que excede 7.651,80 euros llega al 1,46%. La distribución de la cuota entre empresa y trabajador se mantiene proporcional a la de las cotizaciones por contingencias comunes, garantizando la coherencia con el sistema general de cotización

Medida de redistribución de la Renta

La implementación de esta medida responde a criterios de sostenibilidad y redistribución. Por un lado, asegura un flujo adicional de ingresos que permite al sistema público cubrir las necesidades de pensiones sin comprometer su viabilidad a largo plazo. Por otro, fortalece el carácter progresivo de la financiación del sistema, haciendo que quienes cuentan con mayores recursos contribuyan en mayor medida.

A diferencia de las cotizaciones ordinarias, que sí generan derechos para prestaciones futuras, esta cuota adicional se considera una contribución colectiva. Los expertos de la Seguridad Social señalan que, aunque no aumenta la pensión individual, sí mejora la capacidad del sistema para garantizar prestaciones a largo plazo y reducir riesgos de déficit.

Cómo afecta a la declaración

Aunque su objetivo principal es reforzar la financiación del sistema de pensiones, también reduce la base imponible del IRPF, ya que se considera un gasto deducible del rendimiento del trabajo. Es decir, el importe pagado como cuota de solidaridad se descuenta del salario bruto antes de calcular el impuesto sobre la renta, disminuyendo ligeramente la carga fiscal. No genera derechos adicionales de pensión ni deducciones extra; su función es contribuir a la sostenibilidad del sistema y mantener su carácter redistributivo.

En la práctica, la cuota de solidaridad se integra en las nóminas y liquidaciones de forma transparente. Aparece junto con las cotizaciones normales, aunque claramente identificada como un recargo adicional sobre los salarios más elevados. Su existencia está recogida en la Ley General de la Seguridad Social y en la normativa consolidada publicada en el Boletín Oficial del Estado, asegurando su aplicación legal y ofreciendo seguridad jurídica tanto a empresas como a trabajadores.

Ángel Víctor Torres, al ser preguntado sobre quién podría remplazar a María Jesús Montero tras su salida del Gobierno, indicó que existen perfiles con experiencia política capaces de asumir el liderazgo en las áreas de Economía y Hacienda. El medio Europa Press reportó que, en una entrevista en el programa ‘La Noche en 24 horas’, Torres también planteó la posibilidad de fusionar ambas carteras ministeriales, una propuesta que surge en el contexto de los recientes cambios provocados por el avance electoral en Andalucía.

Según manifestó Torres durante la conversación recogida por Europa Press, la decisión final sobre el futuro de las áreas económicas del Ejecutivo corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática evitó compartir cuál sería su intuición sobre quién sería el sucesor o sucesora de Montero, señalando que teme pronunciarse por la posibilidad de que la opción sugerida finalmente no se concrete. Torres remarcó que desconoce los planes que Sánchez tiene para resolver la crisis de Gobierno generada tras la decisión de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, de adelantar las elecciones autonómicas.

En relación con las carteras ministeriales, Europa Press detalla que distintas informaciones han señalado la opción de una unión de Hacienda y Economía, lo que supondría que el ministro Carlos Cuerpo asumiría la responsabilidad de ambas áreas durante el periodo restante de legislatura, que abarca aproximadamente un año y medio. Torres aclaró que, más allá de los distintos escenarios que se manejan, corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo tomar la decisión definitiva sobre los cambios.

A lo largo de la entrevista, Torres abordó también el tema de la relación entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el ministro afirmó que la relación entre ambos miembros del Gobierno es buena, aunque reconoció que pueden surgir diferencias debido a que pertenecen a formaciones políticas distintas. Esta declaración ocurre tras las objeciones señaladas por el Consejo de Estado respecto al registro horario, que originaron un nuevo encuentro entre ambos cargos.

El ministro de Memoria Democrática también se refirió a los debates que rodean la memoria histórica en el contexto internacional. Europa Press consignó que, ante el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina y las desapariciones forzadas durante la dictadura militar, Torres expresó la seguridad de que Vox actuará, según sus palabras, “exactamente lo mismo que está haciendo el presidente argentino, Javier Milei”, y cuestionará la cifra de los 30.000 desaparecidos en España durante la Guerra Civil. Torres aseguró: “Indudablemente sí, estoy absolutamente convencido”.

Las declaraciones de Torres adquieren especial relevancia en un momento de incertidumbre sobre la composición del Ejecutivo y la posible reestructuración de áreas clave como Hacienda y Economía, además de la atención que suscitan los debates internos en el Gobierno y las posiciones sobre memoria democrática en el escenario político. El desarrollo de estos acontecimientos dependerá, según detalló Europa Press, de las decisiones que adopte Pedro Sánchez en respuesta a la situación política generada en Andalucía y a las necesidades del Ejecutivo en la etapa final de la legislatura.

Mónica Medina del Palacio, excompañera sentimental de Emilio Gutiérrez Caba, detalló en su reciente intervención en el programa televisivo ‘Y ahora Sonsoles’ que ha intentado adquirir la vivienda que utilizó como su hogar durante más de veinte años por el mismo valor que el actor la compró, es decir, 270.000 euros. Actualmente, el valor del inmueble se ha duplicado, pero, según consignó el medio, Gutiérrez Caba se ha negado a aceptar la oferta y ha optado por recurrir a los tribunales, iniciando un procedimiento de desahucio.

Según informó el medio, el intérprete, de 83 años, enfrenta una compleja situación personal tras la exposición pública realizada por Medina del Palacio. Ella explicó que, a pesar de no figurar como titular del inmueble, recibió la promesa verbal de que la casa sería un regalo durante sus diez años de relación, la cual se mantuvo de forma discreta. Afirmó que asumió el pago del 10% de la propiedad y destinó 80.000 euros a mejoras y reformas. “Hicimos un acuerdo verbal y me fie de él”, expresó Medina del Palacio en declaraciones recogidas por el medio.

La excompañera de Gutiérrez Caba indicó que el procedimiento judicial de desahucio constituye el resultado de la falta de un acuerdo entre ambas partes, lo que la obliga a enfrentar la perspectiva de abandonar la que ha sido su residencia desde 2002. Conforme a la información publicada, Medina del Palacio subrayó el impacto personal de la situación, mencionando que ha intentado solventar el conflicto acudiendo a la disposición de compra, pero no ha obtenido respuesta favorable.

El medio detalló también que, a raíz de este testimonio, salieron a la luz los problemas financieros que atraviesa el veterano actor. De acuerdo con la información divulgada, Gutiérrez Caba arrastra una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 300.000 euros desde el año 2017. El actor necesitaría vender la propiedad para afrontar el pago y evitar un embargo sobre el resto de sus bienes inmuebles.

Esta circunstancia expuso al intérprete a una atención mediática poco habitual. De acuerdo con la cobertura, Gutiérrez Caba apareció en público tras conocerse la denuncia de su excompañera. El actor mostró signos de afectación en su estado de ánimo y físico, utilizó un respirador y caminó con dificultad. A las preguntas de la prensa, respondió de forma reiterada “sin comentarios”, manteniendo total reserva sobre los detalles del proceso judicial, su situación económica y su estado personal. Durante la interacción con los reporteros, Gutiérrez Caba repitió hasta ocho veces la frase “sin comentarios”.

El medio también informó sobre la postura de la familia ante la situación. Su sobrina nieta, Irene Escolar, quien también desarrolla carrera en el mundo interpretativo, fue consultada en la alfombra roja de los premios Fotogramas acerca de la situación de su tío abuelo. Escolar, al ser interrogada, se limitó a manifestar: “está todo muy bien, gracias”, evitando así emitir opiniones o detalles sobre el asunto familiar.

La información publicada explica que el procedimiento de desahucio y la deuda con Hacienda han generado una nueva dinámica en la vida de Gutiérrez Caba, conocido principalmente por su trabajo en la interpretación y no por situaciones personales. El caso ha puesto sobre la mesa asuntos relacionados con los compromisos personales y financieros que surgen a partir de relaciones de pareja prolongadas en el tiempo y en contextos de informalidad legal, así como la afectación que conlleva la exposición pública derivada de estas disputas.

El medio señala además que la situación de Medina del Palacio pone el foco en la dificultad de acreditar derechos de uso sobre un inmueble cuando el vínculo entre las partes no cuenta con respaldo documental oficial y el patrimonio permanece a nombre de uno solo. En el caso de la vivienda en cuestión, toda la documentación legal figura exclusivamente a nombre de Gutiérrez Caba, condición que ha sido determinante en el proceso judicial por el que atraviesa su expareja.

Por el momento, según el medio especializado, ni Emilio Gutiérrez Caba ni su entorno inmediato han querido pronunciarse más allá de las respuestas institucionales y lacónicas ofrecidas en sus recientes apariciones públicas, mientras continúa el proceso legal con las implicaciones patrimoniales y personales que esto conlleva.

La caída del conocido decreto 'ómnibus', rechazada a comienzos de año por el Congreso de los Diputados, ha dejado sin efecto la prórroga que hasta 2026 permitía a los autónomos acogerse al régimen de módulos con un volumen de facturación de hasta 250.000 euros anuales. Esto implica que, en ausencia de una nueva regulación oficial, los límites fiscales podrían reducirse considerablemente, lo que dejaría fuera del sistema de módulos a un importante número de trabajadores por cuenta propia, quienes, a solo una semana del cierre del primer trimestre fiscal, desconocen sus actuales obligaciones tributarias. Según informó la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), cerca de 400.000 autónomos todavía ignoran cómo proceder y cuánto deberían declarar, debido a la falta de una declaración formal por parte del Ejecutivo.

La organización ha solicitado al Ministerio de Hacienda una comunicación urgente y oficial que clarifique la normativa vigente para los autónomos que tributan bajo el sistema de módulos. Tal como publicó UPTA en un comunicado, la ausencia de instrucciones oficiales genera incertidumbre en miles de profesionales que se ven afectados, especialmente en sectores como el transporte, el comercio, la hostelería y otros servicios profesionales. De acuerdo con la información difundida por UPTA y reportada por la agencia EFE, estos colectivos constituyen la mayor parte de los usuarios del régimen de módulos.

Hasta la entrada en vigor del decreto 'ómnibus', los límites que permitían tributar bajo este sistema estaban fijados en 250.000 euros de ingresos totales, 125.000 euros de facturación a empresas o profesionales y, en casos concretos, hasta 250.000 euros en volumen de compras. No obstante, la anulación del decreto supone que, desde marzo, estas cantidades podrían reducirse a 125.000 euros en ingresos anuales totales y 75.000 euros en facturación a empresas, según detalló la organización de autónomos. UPTA advirtió que miles de trabajadores independientes se verían forzados a cambiar de régimen fiscal y acogerse a la estimación directa, un sistema con mayor carga administrativa y complejidad.

La UPTA manifestó, en palabras de su presidente Eduardo Abad, que "la falta de información y la ausencia de una comunicación oficial por parte del Ministerio de Hacienda reflejan una preocupante falta de seriedad. Esta situación solo genera desconfianza en el sistema tributario y deja a miles de autónomos en una inseguridad jurídica y económica totalmente inaceptable", según recogió la misma organización.

Según consignó UPTA, la prórroga de los límites en el régimen de módulos no representa únicamente un aspecto administrativo, sino que cumple una función esencial para garantizar previsibilidad, confianza y estabilidad jurídica a un sector que considera vital para la economía nacional. El medio EFE detalló que la situación actual impide a los afectados planificarse adecuadamente y aumenta el riesgo de que incurran en costes y obligaciones para los que no están preparados, dado que muchos autónomos tendrían que adaptarse a la estimación directa en apenas unos días.

En su reclamación pública, la UPTA subrayó la obligación del Gobierno de aportar certidumbre y seguridad normativa, recordando que el régimen de módulos proporciona un marco fiscal más sencillo y adecuado para actividades económicas que, por su volumen y características, difícilmente se ajustan a las exigencias de la estimación directa. La organización advirtió que, si decaen los límites actuales, numerosos pequeños negocios podrían verse abocados a afrontar trámites adicionales, una actualización de registros contables y mayores penalizaciones por errores o retrasos originados por la falta de información.

La incertidumbre generada a partir del rechazo parlamentario del 'ómnibus' afecta de manera directa la relación de los trabajadores autónomos con la Agencia Tributaria, según puntualizó UPTA, entidad que insiste en la urgencia de “una respuesta institucional” para evitar una situación de inseguridad jurídica. Eduardo Abad insistió, según recogió EFE, en la necesidad de una prórroga que mantenga el marco vigente mientras se resuelve la situación y se adopte una normativa definitiva.

La situación actual, según reportó UPTA, pone en riesgo a numerosas pequeñas empresas familiares y profesionales que no cuentan con los recursos para asumir el esfuerzo administrativo y económico de pasar a un régimen tributario más exigente en tan corto plazo. Este escenario, detalla la organización, se ha traducido en un incremento de consultas y reclamaciones en sus oficinas a medida que se acerca la fecha límite del trimestre fiscal.

UPTA concluyó sus advertencias señalando que la falta de pronunciamiento oficial por parte de Hacienda compromete la confianza y viabilidad de miles de trabajadores independientes, sectores que, según la organización, constituyen un pilar esencial en el tejido productivo del país. Reclamaron que se publique de inmediato una instrucción clara que disipe la incertidumbre fiscal, evitando mayores complicaciones a quienes sostienen la actividad económica a nivel local y estatal.

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva deducción en el IRPF con el objetivo de evitar que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado para 2026 -establecido en 1.221 euros mensuales, catorce pagas- se vea neutralizado por una mayor presión fiscal. Según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta actualización permitirá adecuar el sistema tributario al nuevo SMI y asegurar que los perceptores de estas rentas no deban abonar el impuesto correspondiente.

A partir de la nueva medida, podrán beneficiarse aproximadamente tres millones de contribuyentes con ingresos brutos inferiores a 20.000 euros anuales, aunque la cuantía máxima alcanzable por deducción será de 591 euros. De esta forma, quien perciba el SMI en 2026 -esto es, 17.094 euros al año- verá reducido su IRPF en 365 euros respecto a 2025, de modo que la subida salarial no quede disminuida por la tributación en la declaración de la Renta.

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Este mecanismo sirve para corregir el llamado “error de salto”, evitando que un ligero incremento salarial desencadene un tipo marginal próximo al 90% mediante la pérdida de deducciones y exenciones en el IRPF. Para el caso concreto de un trabajador soltero y sin hijos, con un salario de 17.094 euros en 2026, el tipo impositivo efectivo tras aplicar la deducción será del 0%, en contraste con el 2,1% registrado en 2025 para un salario similar. Por su parte, un trabajador con rentas de 20.000 euros afrontaría un tipo del 6% -es decir, 1.191 euros- frente al 8,9% en caso de no adaptar la deducción.

En cuanto al impacto en los últimos años, la propia Montero ha cifrado en 11.160 millones de euros la rebaja acumulada en el IRPF para los salarios más modestos en el último cuatrienio, una medida que, según sus datos, ha favorecido a alrededor de diez millones de contribuyentes. Esta serie de revisiones fiscales se sitúa en línea con las sucesivas subidas del SMI aprobadas desde 2020, aunque en 2025 el Ministerio de Hacienda optó por mantener el mínimo exento en 15.876 euros anuales en vez de seguir incrementándolo.

Cómo beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF

De acuerdo con las directrices de Hacienda, podrán acogerse a esta deducción los trabajadores cuyos ingresos no superen los 20.000 euros brutos por rendimientos del trabajo, resultado de elevar el umbral respecto al SMI anual de 17.094 euros con la finalidad de amortiguar saltos abruptos en la tributación. La deducción se concede de forma plena a quienes perciban el salario mínimo, reduciéndose progresivamente conforme se aproxima al límite de 20.000 euros anuales. El máximo deducible -591 euros- solo se alcanzará en las rentas más bajas.

En lo que respecta al procedimiento, los contribuyentes que hayan recibido el SMI en el año 2026 recuperarán mensualmente las cantidades retenidas de más al realizar la declaración de la Renta en el ejercicio siguiente. El periodo de presentación de la declaración para la campaña 2026 se ha fijado del 8 de abril al 30 de junio de ese año. El proceso puede llevarse a cabo tanto por vía telemática o de manera presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas.

Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que el coste de la deducción fiscal en 2026 rondará los 200 millones de euros, y prevé que quedarán excluidos pensionistas y desempleados, como ocurrió en la campaña anterior al ser una deducción ligada exclusivamente a rendimientos del trabajo. Esta situación responde a la decisión adoptada en 2025 de no incrementar el mínimo exento, tras el desacuerdo entre Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que finalmente se saldó con una bonificación intermedia.

La aplicación del real decreto ley, dirigido a mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, ha desplazado otras negociaciones dentro del Ejecutivo. Según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este paquete de medidas se abordará en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para el viernes, lo cual ha generado un aplazamiento en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). De acuerdo con la información publicada por RTVE y la Agencia EFE, la responsable de Hacienda explicó que esta decisión responde a la necesidad de priorizar la gestión de la crisis desatada por el conflicto en Oriente Próximo.

La ministra Montero señaló que la entrega de los nuevos presupuestos se retrasa tanto por la urgencia de atender la situación derivada del conflicto internacional como por la relevancia del conjunto de actuaciones económicas planteadas en el real decreto ley. Según publicó RTVE, la titular de Hacienda indicó que el retraso con respecto a la fecha prometida será de “unas semanas” y que el Gobierno mantiene la intención de aprobar los presupuestos en cuanto el contexto lo permita.

Montero, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por RTVE y la Agencia EFE, expresó su sorpresa por la controversia generada en torno al calendario de entrega de los PGE. Según la ministra, la principal condición para presentar estos presupuestos consiste en contar con la confianza necesaria para sacarlos adelante en el trámite parlamentario. "Yo nunca presento los presupuestos sin tener la confianza de que se vayan a aprobar", dijo la ministra, según informó EFE.

El Ejecutivo, que había anunciado la aprobación de las cuentas estatales durante el primer trimestre del año, ya había dado señales de que podría no cumplir con este plazo autoimpuesto. Tanto la vicepresidenta Montero como el presidente Pedro Sánchez habían incidido recientemente en la urgencia de la situación internacional y en la necesidad de focalizar todos los esfuerzos en minimizar las consecuencias económicas que la guerra en Irán podría acarrear para España.

Según consignó RTVE, el propio Sánchez dejó abierta la posibilidad de modificar el calendario presupuestario al insistir en la gravedad de la crisis y subrayar que la prioridad absoluta del Gobierno consiste en implementar medidas de urgencia para abordar sus efectos económicos. El real decreto ley que se tratará en el Consejo de Ministros extraordinario contiene distintas disposiciones orientadas a amortiguar el impacto en la economía nacional.

Montero aclaró ante los medios que no espera que el retraso de “unas semanas” dificulte la gestión del Ejecutivo. Además, ha defendido la capacidad del Gobierno para gestionar crisis sucesivas con presupuestos prorrogados, mencionando que hasta ahora esto no ha supuesto un obstáculo para el desarrollo de iniciativas clave. Según recogió EFE, la vicepresidenta resaltó la acumulación de logros obtenidos pese a estas condiciones, recordando que el Ejecutivo ha sacado adelante diversas reformas y respuestas a emergencias incluso sin presupuestos actualizados.

El escenario fiscal español sufrirá en los próximos meses una modificación relacionada con la finalización de los fondos europeos de recuperación. Estas partidas dejarán de abonarse a mediados del año en curso, lo que puede afectar la elaboración y previsiones de las cuentas estatales. Según subrayó la ministra de Hacienda, su objetivo consiste en evitar que España llegue a 2027 sin nuevos presupuestos generales, haciendo referencia a la trascendencia que otorga el Ejecutivo al carácter actualizado de las cuentas públicas.

Montero insistió en la importancia de aprovechar cualquier coyuntura favorable para aprobar las cuentas del Estado, argumentando que disponer de un marco presupuestario actualizado resulta fundamental para el funcionamiento de la administración y la correcta aplicación de políticas económicas y sociales. “Tener cuentas públicas actualizadas es un bien muy valioso, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad”, puntualizó la ministra durante el evento informativo.

En el exterior de las instalaciones de Atresmedia, tras terminar su participación en el programa 'Espejo Público', Laura Matamoros enfrentó preguntas de Europa Press sobre el proceso judicial en el que está implicado su padre, Kiko Matamoros. La influencer optó por no realizar comentarios específicos sobre la causa, expresando únicamente agradecimientos y un escueto “lo siento mucho”, sin brindar detalles acerca de sus opiniones sobre la situación procesal de su progenitor o del reencuentro entre él y Makoke. Según reportó Europa Press, la reacción de Matamoros fue distante, y no ofreció declaraciones sobre si mantenía contacto con su padre ni sobre la posibilidad de que Kiko logre demostrar su inocencia en los tribunales.

La jornada en la Audiencia Provincial de Madrid estuvo marcada por el aplazamiento del juicio en el que Kiko Matamoros y su exesposa, Makoke, se encuentran acusados de un posible delito de ocultamiento de bienes para evitar satisfacer una deuda superior a un millón de euros con la Agencia Tributaria. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y una indemnización de 636.697 euros para Matamoros, además de cuatro años de prisión y un pago de 471.900 euros para Makoke, quien fue señalada como presunta colaboradora necesaria en el delito.

La razón principal para el retraso del juicio, originalmente programado para este miércoles, se relacionó con la presentación, con menos de veinticuatro horas de antelación, de un informe pericial extenso por parte del equipo de defensa de Makoke. Según detalló Europa Press, este documento pretende aportar argumentos en favor de la inocencia de la exesposa de Matamoros en relación a la cooperación en la presunta ocultación de bienes. Debido a la nueva prueba aportada por la defensa de Makoke, el tribunal resolvió posponer la vista hasta el próximo 17 de abril, brindando más tiempo a las partes para analizar el informe presentado.

Durante la comparecencia en el tribunal, Kiko Matamoros y Makoke volvieron a coincidir presencialmente, aunque según publicó Europa Press, evitaron el contacto visual y no se dirigieron la palabra a lo largo del procedimiento. Esta situación generó atención mediática por la tensión latente entre ambos, quienes mantienen un conflicto judicial desde su separación y han protagonizado comentarios públicos en distintos programas de televisión.

Mientras esto ocurría en sede judicial, Laura Matamoros cumplió con su agenda laboral como colaboradora en el espacio televisivo 'Espejo Público', comentando diversos asuntos de actualidad, entre ellos el reciente comentario de su tía, Mar Flores, dirigido a Alejandra Rubio. Europa Press especificó que, a pesar de la gravedad de la situación legal que involucra a su padre y a Makoke, Laura Matamoros evitó pronunciarse sobre asuntos familiares y mantuvo reserva sobre el proceso legal.

La consulta por parte de periodistas no logró obtener manifestaciones personales de la influencer ni esclarecer si sigue el caso de cerca o ha presenciado los recientes encuentros de sus padres en el contexto judicial. La postura de Laura Matamoros, según observó Europa Press, es consistente con su actitud de mantener la discreción respecto a los temas legales y personales que afectan a su familia. Todo indica que, durante esta fase crítica, la colaboradora televisiva prefiere concentrarse en sus compromisos profesionales y mantener distancia ante la atención mediática generada por el proceso judicial de su entorno más cercano.

La atención pública se ha centrado en la reciente inclusión de Bertín Osborne en la lista de deudores de Hacienda en junio de 2025, hecho que generó un debate sobre sus finanzas personales. De acuerdo con Europa Press, diversos medios han especulado sobre una supuesta deuda que superaría los 850.000 euros y la necesidad inmediata de obtener 4,3 millones de euros adicionales, según lo reportado por el periodista Alejandro Entrambasaguas en el programa 'Fiesta'. Sin embargo, José Luis López, conocido como 'El Turronero' y amigo cercano del cantante, descartó que Osborne enfrente una crisis económica severa y atribuyó los fondos mencionados a una inversión inmobiliaria.

Según informó Europa Press, los comentarios de Entrambasaguas apuntaron a que el artista buscaría obtener una importante cantidad de dinero en condiciones calificadas como arriesgadas, lo que podría acarrear consecuencias negativas si finalmente no las acepta. Este relato fue motivo de sorpresa para 'El Turronero', quien frente a las cámaras negó tener conocimiento de una deuda en los términos planteados y explicó que, en realidad, el dinero podría estar destinado a financiar un complejo hotelero planeado por Bertín Osborne en su hacienda de Sevilla. El empresario subrayó que el proyecto cuenta con permisos y que la financiación responde a una dinámica común en el sector inmobiliario.

Sobre la supuesta urgencia financiera atribuida a Osborne, 'El Turronero' reiteró que el cantante lleva sus asuntos económicos como cualquier otro promotor, haciendo uso de créditos o financiaciones para el desarrollo de obras, y afirmó: "Yo creo que no, que eso no es cierto. Concretamente, de lo que me estás preguntando, no creo que sea así. Él va a hacer ahí un complejo, creo que va a ser unas obras que ya tenía permisos y tal. Y habrá financiado parte de la obra que va a hacer como cualquier promotor, pero el resto que me estás diciendo no tengo ni idea, de verdad."

El medio Europa Press detalló que López también resaltó el carácter prudente del artista en la gestión de sus pagos y sostuvo que, hasta donde puede observar, Osborne se mantiene solvente. Comentó: "Yo, como digo siempre, no sé las cuentas de cada uno... Yo sé que es un tío que es bien, que como cualquier hijo de vecino o cualquier persona tiene sus problemas, ¿me entiende? Pero yo lo veo bien y yo creo que estará al día en sus pagos y estará al día en todo, pero tampoco lo tengo concretamente ubicado en cómo lo lleva. Pero bueno, yo creo que el tema ese de la financiación es solo y exclusivamente para ver el tema ese de la promoción".

Paralelamente al debate sobre las finanzas de Bertín Osborne, su vida personal ha sido objeto de atención mediática, en particular su relación con Gabriela Guillén. Según publicó Europa Press, Guillén intervino en el programa 'Supervivientes' donde hizo declaraciones elogiosas sobre el cantante, asegurando que es "un padrazo" y manifestando su aprecio y cariño por él. López celebró la armonía alcanzada entre ambas partes, relatando que, poco antes de la participación de Guillén en el programa, ella le confió que la relación era cordial y que tanto ella como su hijo se encontraban a gusto con Osborne. "Al final las aguas vuelven a su cauce y evidentemente ellos ahora se llevan bien. Y así me lo dijo la semana antes de irse a la islame lo comentó, que estaba todo perfectamente. Con el chico también estupendo, o sea que todo muy bien", manifestó López.

En cuanto a las revelaciones de Guillén sobre la filtración de su embarazo y las tensiones derivadas de ese episodio, 'El Turronero' optó por no profundizar, limitándose a indicar que, por respeto y amistad con ambas partes, prefiere la discreción en estos asuntos. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Guillén publique un libro sobre su experiencia junto a Osborne, López reflexionó que "todos tenemos un libro que escribir. Todos en la vida tenemos algo que decir, y me imagino que ella también lo tendrá, claro", según consignó Europa Press.

Toda la atención mediática se ha centrado en la figura de Bertín Osborne, tanto por lo concerniente a su situación financiera como por el entorno familiar y personal que lo rodea. La participación de actores cercanos, como López, ofrece una perspectiva distinta sobre el origen y destino de los fondos mencionados en las últimas informaciones, negando así que el cantante se encuentre en situación crítica o de insolvencia, de acuerdo con los testimonios recogidos por Europa Press. El asunto sigue suscitando interés en la opinión pública, en paralelo a la evolución de los proyectos empresariales y personales del artista.

La colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) marca un nuevo capítulo en la supervisión del sector bancario mexicano, al establecer un convenio que incorpora herramientas tecnológicas avanzadas y nuevos esquemas de coordinación interinstitucional para combatir el lavado de dinero.

El acuerdo fue confirmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda).

El acuerdo, oficializado el lunes 16 de marzo, reunió a los titulares de las tres instituciones en un acto celebrado en la Ciudad de México.

Modernización de la supervisión y canales de comunicación

El convenio establece la implementación de mecanismos de supervisión basados en riesgos, con la finalidad de consolidar canales entre las dos instituciones que permitan responder de manera coordinada y segura ante posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas en los bancos mexicanos.

De acuerdo con Hacienda, estas acciones permitirán detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan comprometer la estabilidad financiera del país.

Durante la firma del acuerdo, Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda, subrayó que desde hace casi veinte años la UIF y la CNBV mantienen una relación de trabajo conjunto para prevenir, identificar y combatir delitos relacionados con recursos ilícitos.

Con la entrada en vigor de este nuevo instrumento, las instituciones suman capacidades para el intercambio ágil y seguro de información, así como para la coordinación técnica y el desarrollo de competencias institucionales, detalló la dependencia en su comunicado.

Grupos de trabajo y fortalecimiento tecnológico

Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio prevé los siguientes avances:

• Creación de grupos de trabajo interinstitucionales orientados al análisis técnico de casos relevantes
• Emisión de recomendaciones especializadas
• Seguimiento conjunto de riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

Esas tres medidas buscarían elevar la eficacia de las investigaciones y la respuesta ante amenazas emergentes.

Otro aspecto relevante, según las autoridades, es el fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos para la gestión y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de impedir que recursos de origen ilícito continúen circulando en los bancos mexicanos.

Además, se prevén iniciativas de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las competencias técnicas de ambas instituciones.

Cooperación internacional y cumplimiento de estándares

Durante el acto protocolario, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, destacó que “la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera”.

En ese marco, Cabrera Mendoza afirmó que la cooperación interinstitucional resulta indispensable para preservar la estabilidad, transparencia y confianza en el sistema financiero, y para que México mantenga el cumplimiento de los estándares internacionales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó que la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre su departamento y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) acerca de la exigencia para que la Generalitat gestione y recaude el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se mantiene sin cambios tras anteriores desacuerdos, pese a los esfuerzos por fomentar la colaboración en otros ámbitos. Según informó Europa Press, Montero situó el centro de la discusión política en la próxima votación sobre los Presupuestos de Cataluña, marcada por una enmienda de totalidad presentada por ERC, que condiciona su respaldo a las cuentas públicas a la aceptación de esta reclamación fiscal.

Durante una comparecencia ante los medios realizada en Algeciras, Cádiz, luego de reunirse con representantes de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Montero subrayó que la disputa sobre la gestión del IRPF por parte del Gobierno catalán constituye un punto de fricción insalvable en este momento entre Hacienda y ERC. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la vicepresidenta detalló que "las posiciones respecto al IRPF están absolutamente encontradas" y reiteró que existe una "incapacidad de poder avanzar, de poder llegar a un acuerdo" sobre este aspecto.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el debate de totalidad de los Presupuestos catalanes está previsto para el 20 de marzo, y la postura de ERC se erige como uno de los factores que pueden determinar la viabilidad del proyecto elaborado por el Ejecutivo autonómico, liderado por el socialista Salvador Illa. La negativa del Gobierno central a ceder la recaudación del IRPF a la Generalitat se suma al voto de enmienda de totalidad de ERC, complicando las perspectivas de lograr la aprobación de unas nuevas cuentas públicas para Cataluña.

Europa Press consignó que la ministra de Hacienda instó a todos los grupos políticos que han presentado enmiendas a totalidad a las cuentas catalanas a priorizar la responsabilidad y la necesidad de renovar el presupuesto autonómico. Montero insistió en la importancia de dotar a Cataluña de unos presupuestos actualizados, al igual que otras regiones y la propia administración general del Estado, argumentando que se trata de un requerimiento compartido en el actual contexto financiero.

Además, Montero destacó, según reportó Europa Press, los avances alcanzados en materia de financiación autonómica, poniendo como ejemplo la propuesta de condonación de deuda para las comunidades autónomas. La ministra defendió que su departamento ha promovido otras iniciativas relevantes, como la revisión del modelo de financiación regional, apuntando a que estos proyectos deben valorarse en el debate político.

Pese al desacuerdo en la cuestión del IRPF, Montero abogó por mantener el diálogo como vía de trabajo habitual entre las diferentes formaciones políticas. En sus palabras, el camino debe orientarse hacia la búsqueda de consensos, aunque subrayó que hasta el momento persiste la falta de entendimiento sobre la recaudación del citado impuesto por parte de la Generalitat.

La postura de ERC, en tanto, persigue que Cataluña pueda asumir la recaudación directa del IRPF como condición imprescindible para apoyar los presupuestos. Este planteamiento, de acuerdo con lo expuesto por Europa Press, coloca en primer plano el debate sobre el alcance de la autonomía fiscal y financiera en el actual modelo descentralizado español, introduciendo presión adicional en las negociaciones presupuestarias.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que las reformas ya emprendidas, como la condonación de parte de la deuda y el estudio de nuevos criterios de financiación, representan progresos significativos en la distribución de recursos entre territorios. Montero insistió en que estos temas deben encontrar su sitio en la agenda de debate, aunque aclaró que el traspaso de la recaudación del IRPF no cuenta con el aval de Hacienda.

Según reiteró Europa Press, la vicepresidenta y titular de Hacienda concluyó su intervención subrayando la importancia de que la necesidad de dotar a Cataluña de nuevos presupuestos prevalezca en la votación de las enmiendas de totalidad en el Parlamento catalán. Mantener el ejercicio del diálogo, pese a las diferencias actuales sobre la gestión de los grandes tributos, aparece como la recomendación reiterada por Montero ante la coyuntura política catalana.

La esposa de Kiko Matamoros ha expresado que la exposición mediática derivada del proceso judicial que enfrenta su pareja ha tenido un impacto negativo en su carrera profesional, atribuyendo parte de esa repercusión al hecho de ser pareja del colaborador televisivo. Según publica el medio que difundió la información, Marta López Álamo explicó que la relación con Matamoros ha supuesto dificultades laborales para ella, aunque evitó detallar casos concretos. La modelo aseguró que, frente a esta situación, ha decidido enfocarse en su proyecto personal en YouTube, donde está compartiendo experiencias abiertamente con su audiencia y considera que este espacio representa una etapa profesional diferente.

De acuerdo con la información difundida esta semana, un juzgado en Madrid formalizó la apertura de juicio oral contra Kiko Matamoros y su exmujer, Makoke, a quienes se acusa de ocultar patrimonio presuntamente para impedir el cobro de una deuda fiscal cercana al millón de euros. Según informó el medio, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión y sanciones económicas para ambos por delitos asociados al alzamiento de bienes y la frustración de la ejecución judicial. El caso se originó a partir de impagos fiscales anteriores y las operaciones vinculadas a sus bienes, acciones que habrían ejecutado en los últimos años. El proceso judicial está previsto para los próximos meses, momento en el que nuevamente Matamoros y Makoke serán sujetos de atención en los tribunales y en el espacio mediático, según consignó el medio.

Tras hacerse pública la solicitud de condena por parte del Ministerio Público, Marta López Álamo ofreció declaraciones con el fin de transmitir tranquilidad acerca del estado emocional y físico de su esposo. En conversación con la prensa, sostuvo que Matamoros mantiene la calma ante el juicio y que este representa una oportunidad para que finalmente se aclaren los hechos. “Está bien, está bien. El juicio se va a celebrar ahora. Él está muy feliz y muy tranquilo porque por fin se va a poder contar todo lo que lleva callando todos estos años”, puntualizó López Álamo, según reportó el medio.

La modelo destacó la cooperación que su esposo ha mantenido con la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Insiste en que Matamoros siempre ha dado muestras de colaboración con ambas entidades y que esa disposición se mantendrá durante todo el proceso. “Su colaboración con la Fiscalía y la Agencia Tributaria es lo que ha hecho siempre y lo que va a seguir haciendo”, declaró. La esposa del presentador también quiso descartar especulaciones sobre un supuesto pacto con Makoke en el ámbito legal, aclarando que la única colaboración de Matamoros es con las instancias judiciales y tributarias, no con su exmujer.

En relación al estado de salud de Matamoros, López Álamo se refirió al episodio físico que lo llevó a cancelar su último compromiso televisivo. Relató que el colaborador experimentó un pinzamiento lumbar acompañado de dolor en la zona cervical y lumbar, hasta el punto de que el día anterior al juicio no podía moverse ni girar el cuello. Describió el episodio como puntual y afirmó que, tras recuperarse, Matamoros se encuentra enfocado en la preparación del proceso judicial, sin dejar de lado su intención de volver pronto a los medios.

Consultada sobre el posible impacto que este proceso pueda tener en la relación con su exmujer, López Álamo recalcó el compromiso de Matamoros de colaborar únicamente con las autoridades competentes: “En todo momento con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria y Abogacía del Estado, porque siempre quiere cumplir con su deber”. Aunque se abstiene de nombrar a posibles personas o circunstancias que estén detrás del caso, dejó entrever la existencia de factores externos que podrían perjudicar la imagen o la situación de su esposo, limitándose a expresar: “No voy a hacer más declaraciones respecto a ello... ojalá pudiera, porque ver sufrir a mi marido por algo injusto”, cita recogida por la publicación.

López Álamo expresó confianza en que el juicio servirá para que se conozcan todos los detalles y se aclare la conducta de Matamoros respecto a sus obligaciones fiscales y legales. Además, expuso que el proceso judicial no ha impedido que la pareja mantenga su vínculo y su apoyo mutuo. En declaraciones recogidas por el medio, afirmó sentirse “orgullosísima de estar con él” y manifestó su intención de estar presente junto a Matamoros ante cualquier resultado del proceso, explicando que estos últimos cinco años han fortalecido su compromiso.

El caso que enfrenta Matamoros y Makoke se sitúa en el contexto de los movimientos patrimoniales y obligaciones fiscales del colaborador televisivo y su exesposa, bajo la supervisión de la Fiscalía y la Agencia Tributaria española. El juicio oral determinará si las conductas atribuidas constituyen delito y, en tal caso, qué consecuencias legales recaerán sobre ambos. Según el medio, tanto la cobertura mediática como los procedimientos legales mantendrán a los implicados en atención pública durante los próximos meses, a la espera de que el juzgado tome una decisión definitiva respecto a los presuntos delitos de alzamiento de bienes y frustración de la ejecución.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) afronta un aumento en la carga laboral respecto a hace cinco años, acompañado por una disminución de plantilla, lo que ha derivado en una sobrecarga para el personal restante y dificultades para cumplir con las exigencias regulatorias y administrativas. Según informó Europa Press, la representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la AEMPS, Pilar Navarro, advirtió que la situación puede profundizarse y afectar directamente el cumplimiento de los objetivos institucionales en 2026, debido a una fuga profesional estimada en hasta el 15% para ese año.

La información publicada por Europa Press indica que Navarro participó en una concentración frente al Ministerio de Sanidad reclamando mayores recursos económicos para la Agencia, así como soluciones estructurales ante el éxodo de empleados especializados. En sus declaraciones, la delegada sindical señaló que aproximadamente un 10% de la plantilla, compuesta por cerca de 600 trabajadores, abandonó la Agencia durante el año anterior. De mantenerse esta tendencia, la cifra podría incrementarse en los próximos dos ejercicios, planteando un riesgo significativo para la capacidad operativa del organismo.

Navarro también explicó que la presión sobre el resto del personal ha crecido al absorber las tareas de quienes se marchan. Señaló que existen departamentos particularmente afectados, como Química y Tecnología Farmacéutica, en el que tres profesionales dejarán la plantilla en marzo, impactando directamente en la distribución y realización del trabajo. Según consignó Europa Press, la sindicalista destacó la urgencia de que los ministerios de Función Pública y Hacienda revisen las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y saquen adelante una actualización que contemple la creación de al menos 200 nuevos puestos de trabajo, lo que considera fundamental para retener talento cualificado en la organización.

La funcionaria manifestó, según detalló Europa Press, que uno de los principales motivos que explican la salida de personal es la desactualización de las estructuras de los puestos, que ya no se corresponden con las necesidades y funciones actuales de la Agencia. “La gente se está yendo porque hay unas RPT que no son adecuadas a los puestos de trabajo que ahora mismo se están desarrollando”, sostuvo, y agregó que si la situación no cambia, la AEMPS tendrá que priorizar algunas líneas de trabajo frente a otras, lo que repercutirá en el cumplimiento de compromisos tanto nacionales como europeos.

Europa Press también recogió que Navarro puso el acento en la falta de reconocimiento a la AEMPS como organismo público de referencia a nivel estatal y europeo, pese al papel esencial que desempeña al garantizar la seguridad, calidad y eficacia de medicamentos y productos sanitarios. Remarcó la necesidad de diseñar una Carrera Profesional específica que responda a las particularidades de la Agencia, aspecto que, en su opinión, resulta clave para evitar la fuga de profesionales cualificados y asegurar la continuidad de las actividades regulatorias y técnicas.

En sus intervenciones, la delegada sindical precisó que existe una diferencia de productividad entre el Ministerio de Sanidad y la propia AEMPS, pese a que ambos están integrados. Según declaró Navarro a Europa Press, “las productividades dentro de los mismos niveles son diferentes en la Agencia y el Ministerio y esto crea muchísimo malestar al personal”. Este aspecto contribuye a la percepción de precariedad y desincentiva la permanencia de los empleados en la Agencia, reforzando el círculo de pérdida de capital humano.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad ante las reivindicaciones del sindicato agrava el escenario actual. Navarro puntualizó que esta carencia de interlocución ha resultado en una merma de la presencia de la AEMPS en los foros europeos, dado que no dispone del personal necesario para cualificar laboratorios estratégicos, como los dedicados a materias primas.

La información recogida por Europa Press señala que, a pesar de contar con menos trabajadores, la AEMPS gestiona actualmente más ensayos clínicos y autorizaciones que hace cinco años, habiéndose incrementado los estudios clínicos autorizados en un 10%. Además, la crisis sanitaria propiciada por la pandemia añadió una nueva carga regulatoria y administrativa, intensificando la presión sobre la estructura existente. A esto se suma la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de productos sanitarios y la necesidad de responder a un contexto regulatorio europeo en constante evolución, lo que, según el sindicato, exige una dotación de recursos humanos y materiales que, a día de hoy, no está garantizada.

Todas estas circunstancias fueron expuestas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios durante la segunda protesta frente a la sede ministerial, acción que da continuidad a las movilizaciones iniciadas en noviembre. Los representantes sindicales reiteraron su petición de que se adopten medidas urgentes para actualizar la relación de puestos y crear nuevas plazas, con el objetivo de evitar que los problemas actuales desemboquen en una pérdida irreversible de capacidad y prestigio institucional, así como en el incumplimiento de compromisos adquiridos con organismos nacionales y del ámbito europeo.

Las operaciones vinculadas con plataformas digitales de alquiler turístico estarán bajo una fiscalización más estricta en los próximos años, dado que la Agencia Tributaria ha manifestado la intención de prestar atención relevante a la intermediación, para asegurar que el sistema de comisiones y los ingresos derivados cuenten con “un adecuado reflejo” en las declaraciones tributarias. Según informó la Agencia Tributaria en su Plan de Control Tributario para 2026, consignado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas actuaciones buscan identificar arrendamientos de inmuebles residenciales para usos diferentes al de vivienda, o que hayan sido declarados como arrendamiento de vivienda pero funcionen realmente bajo otras modalidades, como pisos turísticos o alquileres de temporada. Esta medida se enmarca dentro de una serie de nuevas estrategias para abordar la economía sumergida y el fraude fiscal.

De acuerdo con lo publicado por el BOE, la Agencia Tributaria ampliará su supervisión en el ámbito de los negocios digitales, con especial énfasis en las operaciones de comercio electrónico y el análisis de la correcta tributación de creadores de contenido en redes sociales, comúnmente conocidos como “influencers”, y empresas u operadores asociados a la llamada “neobanca". La administración aprovechará una mayor cantidad de datos financieros facilitados por nuevos requerimientos informativos mensuales que los bancos deben presentar sobre cobros con tarjeta y movimientos en cuentas de diversa índole, lo que aportará más herramientas para identificar ocultaciones de actividades empresariales, empleo de sociedades pantalla y cualquier otra estructura instrumental diseñada para eludir obligaciones fiscales, tal como reportó el BOE.

El control sobre los denominados “neobancos” crecerá gracias a la nueva información financiera sobre pagos transfronterizos y movimientos en entidades digitales, que se suma a la ya disponible por parte de plataformas online, incluidas aquellas remitidas a través de la DAC7. Estas fuentes permiten detectar comportamientos sospechosos relacionados con la ocultación de rentas y patrimonios fuera de España, así como identificar si los contribuyentes emplean cuentas de estas entidades para sustraer activos de la fiscalización nacional, según consignó el BOE. Las inspecciones tendrán como objetivo a personas y entidades que realicen un uso irregular de cuentas en neobancos y operaciones digitales, con el fin de eludir sus responsabilidades tributarias.

El sector inmobiliario también quedará sujeto a una fiscalización reforzada. La Agencia Tributaria ha señalado que, además de centrarse en la deducción improcedente de gastos financieros y el empleo abusivo de subcontratas, atenderá a la correcta valoración de inmuebles en procesos de transmisión, particularmente en situaciones que involucren entidades vinculadas o estructuras societarias. Entre los riesgos a vigilar figuran artimañas en la venta y arrendamiento de propiedades, todo ello en un contexto de reactivación del mercado inmobiliario tras un periodo de menor actividad, según publicó el BOE. Dentro de este segmento destaca la vigilancia sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), debido a su régimen fiscal especial y al papel que ocupan en el mercado de la vivienda.

El citado Plan de Control Tributario establece la necesidad de fortalecer la detección de posibles fraudes en la promoción, rehabilitación y sucesivas transmisiones de bienes raíces, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos en operaciones complejas. También se concretarán acciones sistemáticas en el control de la correcta declaración de los beneficios obtenidos a través de alquileres gestionados mediante plataformas digitales, poniendo especial énfasis en los arrendamientos turísticos y en asegurar la declaración real de los ingresos y comisiones que genera este tipo de actividad.

En lo relativo al comercio electrónico, la Agencia Tributaria priorizará el examen de sociedades que simulan estar establecidas en la Unión Europea con el fin de modificar la forma en que tributan el IVA en sus ventas a través de plataformas digitales, lo que podría suponer una elusión parcial o total del pago de este impuesto. El BOE detalla que la explotación de datos recabados a través de nuevas vías permitirá mejorar la capacidad de rastreo y prevención en operaciones digitales, tanto en la compraventa de bienes como en la prestación de servicios.

Los creadores de contenido e “influencers” también constituirán un grupo bajo análisis específico, no sólo por sus actividades internas, sino también por la evaluación de su residencia fiscal, elemento clave para determinar correctamente cómo y dónde deben tributar, según precisa el BOE.

Dentro de las novedades relativas a la fiscalización del uso de criptomonedas, el plan de la Agencia Tributaria proyecta para 2026 la intensificación de controles sobre contribuyentes que hayan realizado operaciones con monedas virtuales sin declarar las rentas o plusvalías generadas. La entidad hará uso de sistemas de trazabilidad en blockchain y de perfiles de riesgo para identificar patrimonios no justificados o rendimientos ocultos. El análisis se extenderá hasta aprovechar toda la información disponible para localizar aquellos casos en los que no se haya reportado a la administración tributaria la tenencia o transmisión de estos activos digitales, tal como informó el BOE.

En el sector de hidrocarburos se implementarán comprobaciones extras enfocadas en el seguimiento de quienes hayan accedido al Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) en el IVA, para asegurarse de que se respetan los requisitos estipulados y evitar que la figura de titular de un depósito fiscal sirva de vía para prácticas fraudulentas. Paralelamente, la Agencia Tributaria se mantendrá vigilante en sectores y modelos de negocio caracterizados por un riesgo elevado de economía sumergida, desplegando planes de visitas centrados en actividades empresariales y profesionales y con un marcado carácter de revisión censal y formal, acompañados de medidas que desincentiven la aceptación de pagos con tarjeta.

En el ámbito de la recaudación de grandes patrimonios y grupos empresariales, las áreas de control estarán dirigidas al escrutinio de signos externos de riqueza que no correspondan con los ingresos y bienes declarados, así como a la revisión de la utilización de sociedades instrumentales para minimizar impuestos personales. El BOE indica que se pondrá especial atención sobre los grupos fiscales que presenten cifras de negocio notablemente bajas y sobre las multinacionales cuando exista sospecha de aplicación de normas tributarias más allá de los límites de una interpretación razonable.

La Agencia Tributaria refuerza así su intención de aprovechar el volumen creciente de información fiscal generada a través de nuevas tecnologías y obligaciones de reporte, aplicando este caudal de datos al despliegue de una estrategia más eficiente en la detección del fraude, el control de grandes fortunas y la persecución de prácticas de evasión en los principales sectores económicos digitales e inmobiliarios de España, conforme a lo detallado en el Plan de Control publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La existencia de modificaciones contractuales que representaron aumentos presupuestarios cercanos al límite legal del 20% se repitió tanto en proyectos ferroviarios como en obras viarias, según informó el medio Europa Press. El informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependencia del Ministerio de Hacienda, fue remitido recientemente al juez encargado del llamado 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional y señala supuestas irregularidades en contrataciones públicas llevadas a cabo por Adif y la Dirección General de Carreteras.

De acuerdo con Europa Press, el análisis de la IGAE abarcó 11 contratos en total, distribuidos en cinco adjudicaciones vinculadas al administrador ferroviario Adif y seis proyectos gestionados por la Dirección General de Carreteras. El informe responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación que lidera el magistrado Ismael Moreno. En este contexto, tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, figuran como investigados en el sumario judicial, debido a las presuntas irregularidades señaladas.

Tal como detalló Europa Press, tres de los cinco contratos de Adif fueron adjudicados a la empresa Acciona ya fuera de manera individual o en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Ferrovial Agroman. La IGAE identificó patrones comunes en los procedimientos de adjudicación, especialmente en lo referente a los criterios determinantes. En los tres casos, la adjudicación se basó principalmente en juicios de valor, mientras que los criterios técnicos o económicos marcados por fórmulas tuvieron un peso inferior en la decisión final. El informe apunta que las diferencias de puntuación derivadas de los juicios de valor hicieron que, salvo excepción, solo una de las ofertas pudiera competir realmente por el contrato.

Entre los contratos examinados, destaca el correspondiente al soterramiento de la red ferroviaria de Murcia. En ese procedimiento participaron diez empresas y los criterios por juicios de valor sumaron una ponderación de 40 puntos sobre un máximo de 100. La propuesta de la UTE liderada por Acciona obtuvo 36,17 puntos por este concepto, una distancia de 3,04 puntos respecto de la segunda mejor valorada y al menos 5,83 puntos en relación al resto de licitadores. En lo relativo a la puntuación determinada por el precio ofertado, la diferencia entre la oferta más económica y la menos favorable fue de 6,18 puntos, y respecto a la segunda menos competitiva, 4,5 puntos. Según especifica el informe publicado por Europa Press, solamente la segunda empresa clasificada tenía posibilidad real de acceder a la adjudicación.

La IGAE incluyó además el análisis de un contrato de soterramiento en el área de Estación y Barriomar, también en Murcia. De las doce ofertas presentadas, la UTE compuesta por Acciona y Ferrovial Construcción resultó vencedora. De nuevo, la decisión se sustentó principalmente en los criterios de juicios de valor, con una diferencia de 5,88 puntos sobre la siguiente propuesta. La memoria del proyecto señala que este contrato sustituía actuaciones similares del tramo Estación del Carmen-Barriomar, previstas en otro proyecto pero finalmente no ejecutadas y sujetas a una nueva licitación independiente. El informe subraya que este proyecto no debió presentarse como uno separado, sino como modificación del plan inicial de soterramiento ferroviario en Murcia, lo que habría conllevado un tratamiento distinto según la normativa de contratación pública.

Europa Press recoge que la elección de presentar el proyecto como nuevo y separado tendría vínculo con la normativa vigente: las modificaciones superiores al 20% del importe original exigen dictamen del Consejo de Estado. Según la IGAE, se diseñaron los incrementos de costes para que quedaran justo por debajo de ese umbral legal, lo que permitía reducir los controles y procedimientos externos.

En otro de los contratos relacionados con Acciona, vinculado a la construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad en el tramo Pulpí-Vera entre Murcia y Almería, el contratista presentó reservas tras el replanteo inicial, circunstancia que desembocó en una modificación del proyecto antes incluso de iniciar las obras. La resolución de incremento presupuestario se aprobó el 31 de julio de 2022 con un aumento de 24.155.223 euros; la cifra corresponde al 19,93% sobre el importe adjudicado. Según la IGAE, el análisis comparativo entre el informe final del proyecto y el desglose por capítulos muestra variaciones notables y temporales muy cercanas, lo que lleva a pensar en una coordinación previa para mantener el recálculo por debajo del 20% permitido y así evitar el dictamen preceptivo de organismos independientes.

El informe de Hacienda subraya que la justificación de estas modificaciones, al alegarse imprevisibilidad previa a la licitación, resulta insatisfactoria puesto que las advertencias sobre los supuestos defectos partieron del propio contratista al comienzo de la ejecución y no de circunstancias imprevistas.

En relación con los seis contratos de carreteras, la IGAE indica que en dos de ellos, adjudicados a Acciona en UTE con otras compañías, el incremento presupuestario se situó en porcentajes similares a los de los contratos ferroviarios, rozando el 20% permitido por ley. Europa Press cita como ejemplo la obra de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, cuyo coste aumentó en 13,5 millones de euros respecto a los 71 millones del presupuesto original, lo que representa un 19,02% adicional. Un caso similar aparece en la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, donde el presupuesto inicial de 92 millones aumentó en 18,46 millones tras dos revisiones, alcanzando un alza del 19,98%.

La evaluación de los sistemas empleados para asignar la puntuación en los procesos de licitación de las obras de carreteras evidenció, según la IGAE, carencias en la justificación de las valoraciones. En contratos como el de la Autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Castilla y León), y el del Puente del Centenario, los funcionarios responsables no aportaron documentación debidamente firmada que sostuviera la asignación de puntos; la única justificación presentada constaba como anexo a la valoración de la Subdirección de Construcción, sin firma oficial.

Europa Press detalla que el informe transmitido por Hacienda al juzgado proporciona al magistrado nuevas evidencias sobre el modo en que se utilizaron los mecanismos de adjudicación —priorizando criterios subjetivos y gestionando modificaciones al borde del máximo autorizado— en contratos relevantes tanto de infraestructura ferroviaria como de carreteras. Estos hallazgos abren la puerta al análisis judicial de los procedimientos y a la valoración de responsabilidades en el contexto de la investigación penal del 'caso Koldo'.

Kiko Matamoros y su expareja, Makoke, deberán comparecer el próximo miércoles, 18 de marzo, en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se sentarán en el banquillo de los acusados, según revela en primicia El Español. De acuerdo con los datos publicados, la Fiscalía solicita para el tertuliano una condena de cinco años y medio de prisión por los presuntos delitos de alzamiento y ocultación de bienes. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide que abone más de 636.000 euros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía expone que el popular colaborador de televisión habría puesto en marcha una estrategia destinada a evitar el pago de sus deudas con la Agencia Tributaria y, de esta manera, impedir que su situación económica se viera afectada. De acuerdo con el documento, el Ministerio Público sostiene que Matamoros era “conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas”, pero también de que “el pago de la mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y, por tanto, su forma de vida”.

Por este motivo, el colaborador habría desarrollado un sistema para evitar figurar oficialmente como titular de ingresos o propiedades, según el relato de la Fiscalía. En el escrito se recoge que, “desarrolló de forma continuada un comportamiento económico financiero en la que no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien”. De acuerdo con esta tesis, la finalidad de esa actuación sería evitar que cualquier bien o ingreso pudiera ser objeto de embargo por parte de la Administración para saldar las deudas pendientes.

Makoke se enfrenta a más de 4 años de cárcel

En otras palabras, el colaborador no aparecería formalmente como propietario de bienes o beneficiario de ingresos, lo que dificultaría que pudieran ser intervenidos por la Agencia Tributaria. La causa judicial también salpica a quien fue su esposa, la presentadora y colaboradora televisiva Makoke, cuyo nombre real es María José Giaever. Según sostiene la Fiscalía, ella habría colaborado en la operativa descrita en el escrito de acusación.

Por ello, el Ministerio Público también solicita para Makoke una pena de prisión. En concreto, la petición fiscal es de cuatro años y tres días de cárcel por su presunta participación en los hechos investigados. La comparecencia de ambos en la Audiencia Provincial de Madrid está prevista para el próximo miércoles, 18 de marzo, cuando se celebrará la vista en la que se abordarán las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

La supuesta estrategia de Kiko Matamoros para evitar pagar a Hacienda

Durante el juicio se analizarán las pruebas y los argumentos de las partes para determinar si existió la estrategia descrita por el Ministerio Público y si los acusados incurrieron en los delitos de alzamiento y ocultación de bienes. En resumen, la Fiscalía sostiene que Matamoros habría realizado un “vaciamiento formal de su patrimonio” para evitar el pago de sus deudas con Hacienda. “En ningún caso procedía a liquidarlas, pues se abstenía de presentar las correspondientes declaraciones”, reprocha el fiscal.

Al parecer, Matamoros habría “interpuesto empresas y contratos paralelos” en su trabajo, pese a que realizaba “actividades personalísimas tanto en el sector audiovisual y de prensa como en el del ocio”. Con esto, la Fiscalía sostiene que, en lugar, de firmar un contrato laboral como persona física, se elaboraba primero un contrato entre la empresa que requería sus servicios y una mercantil propiedad de Matamoros. Esta sociedad actuaba como su representante y era la que, finalmente, retribuía al colaborador. Además, también se llevaba a cabo un segundo contrato entre Matamoros, como persona física, y la sociedad que le representaba.

La Fiscalía también sostiene en su escrito que el tertuliano habría percibido ingresos que eran “facturados por terceras personas, que posteriormente se los entregaban”. Asimismo, apunta que la vivienda habitual en la que residía estaba registrada a nombre de Makoke, aunque, según el Ministerio Público, era Kiko Matamoros quien la disfrutaba y quien pagaba la hipoteca.

En el escrito de acusación se mencionan además dos sociedades: Salto Mortal S.L. y Silla de Ring S.L.. La primera fue constituida el 19 de julio de 2006 como sociedad unipersonal por el propio Matamoros, aunque desde 2010 no presenta cuentas. Según el fiscal, ese mismo año el colaborador televisivo “abandonó su uso” sin liquidarla, “una vez que ya no era útil para sus fines elusivos”.

Por su parte, Silla de Ring S.L. fue creada el 21 de octubre de 2010. Matamoros poseía el 10% de su capital social, aunque ejercía como administrador único. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, esta sociedad “era el instrumento societario del que pretendía servirse para enmascarar sus ingresos personales”.

El Plan de Control Tributario 2026, recientemente recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha supuesto un cambio de enfoque en la vigilancia fiscal en España, tal como han señalado los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Esta nueva hoja de ruta introduce controles reforzados en sectores como el sector inmobiliario, la actividad de los influencers y el comercio aduanero, con especial énfasis en identificar y desarticular prácticas de evasión de impuestos.

El documento establece que el sector inmobiliario será un foco de atención central por parte de la Agencia Tributaria, motivado por la subida de precios tanto en las compraventas como en los alquileres de inmuebles en los últimos años. Este incremento ha generado beneficios elevados para propietarios, inversores y empresas del sector y, al mismo tiempo, ha incrementado las sospechas de posibles fraudes en la declaración de ingresos.

Entre las medidas anunciadas, la Agencia intensificará la revisión de escrituras y contratos para asegurar que recogen el valor real pagado en cada operación. Detectar y evitar la infradeclaración de precios busca impedir una reducción artificial de la carga fiscal en transmisiones inmobiliarias, ya sea en compraventas o alquileres.

Qué acciones adoptará la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha detallado que el refuerzo del control sobre el sector inmobiliario abarcará todas las fases de actividad: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización y la intermediación de inmuebles. El objetivo es asegurar que todos los flujos económicos generados quedan declarados de forma adecuada en sus autoliquidaciones fiscales. Como medida concreta, el control exhaustivo de costes, la vigilancia frente a subcontrataciones abusivas y la revisión de gastos financieros se aplicarán en los casos en los que se detecten riesgos de fraude.

Respecto a las transmisiones de inmuebles, la Agencia Tributaria informa que intensificará la supervisión de la correcta valoración, prestando especial atención a operaciones entre entidades vinculadas o que involucren estructuras societarias. Estas operaciones complejas, entre las que figuran promociones, rehabilitaciones y transmisiones sucesivas de propiedades, quedarán bajo una supervisión más estricta para garantizar el cumplimiento normativo y fiscal.

Adicionalmente, el plan contempla un seguimiento individualizado de las estructuras empresariales, societarias y patrimoniales utilizadas en el sector inmobiliario para detectar esquemas diseñados para reducir fraudulentamente la tributación. En el ámbito de los arrendamientos, la Agencia Tributaria enfoca también sus esfuerzos en comprobar la correcta declaración de rentas obtenidas, en especial para los alquileres gestionados a través de plataformas digitales.

Por último, el segmento de la intermediación en operaciones de venta y arrendamiento de inmuebles también estará sometido a una vigilancia específica durante la aplicación del Plan de Control Tributario 2026. El objetivo de la Agencia Tributaria, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, es garantizar que el régimen de comisiones que rige en este tipo de transacciones quede reflejado en las declaraciones fiscales de los contribuyentes implicados.

El Ministerio de Hacienda ha intensificado su plan de acción para perseguir a los influencers que obtienen beneficios con negocios precedentes de España pero que trasladan su residencia a países como Andorra o Dubai. El nuevo Plan de Control Tributario 2026, publicado en el último Boletín Oficial del Estado, hace especial hincapié en el control de “los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales, así como a la utilización de cuentas en entidades financieras digitales (neobancos) para ocultar rentas o patrimonios en el exterior”.

Según ha especificado el Ministerio de Hacienda, a raíz del auge de las redes sociales han surgido nuevas tipologías de negocios como el marketing de la influencia, un modelo basado en la colaboración entre marcas y personas con capacidad de generar impacto en las decisiones de consumo de sus seguidores, conocidas como influencers.

“A través de publicaciones patrocinadas, reseñas de productos o participación en eventos promocionales, estos creadores de contenido proporcionan a las marcas una mayor visibilidad, credibilidad y alcance en entornos digitales altamente segmentados”, explica Hacienda en el BOE.

Además, señala que, dado que se trata de “un sector en auge y cada vez más consolidado”, continuarán profundizando en el análisis y verificación de su correcta tributación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estas nuevas actividades económicas derivadas del entorno digital.

Willyrex y Vegetta777 en la mira

Esta advertencia de la Agencia Tributaria surge tres meses después de conocerse la lucha abierta entre Hacienda y los youtubers Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, (Vegetta777), enfrentados con en ente fiscal por su obligación de tributar en España en los ejercicios de 2016 y 2017, pese a haber fijado su residencia en Andorra.

Los creadores de contenido, pioneros del mundo YouTube en España, cuentan con una audiencia masiva de unos 17,2 millones y 34,5 millones de seguidores respectivamente. Al igual que otros youtubers y creadores de contenido se trasladaron a Andorra -después de haber vivido en España y Estados Unidos-, generando un intenso debate social sobre la responsabilidad fiscal de las figuras públicas.

El núcleo del conflicto se sitúa en la interpretación de los criterios de residencia fiscal, ya que, según la defensa de los dos creadores de contenido, la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos permanecieron más días en Andorra que en España durante los ejercicios investigados y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrollaba desde estudios ubicados en el Principado.

Hacienda, por su parte, sostiene que la obligación de tributar en España se mantiene al considerar que el centro de intereses económicos seguía vinculado al país durante ese periodo transitorio. Los abogados de Willyrex y Vegetta777, Marc Urgell e Iñaki Picaza, han calificado las resoluciones del TEAC como “un auténtico sinsentido tributario”.

En su argumentación, sostienen que se pretende que sus clientes paguen impuestos en un país en el que ya no viven ni trabajan, ignorando tanto su residencia efectiva como el lugar desde el que desarrollan su actividad económica. A su juicio, esta interpretación contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición.

El envío de dinero a través de plataformas de pago inmediato como Bizum se ha consolidado en España, superando ya los 30 millones de usuarios. La frecuencia de estas transferencias también ha aumentado los errores, por lo que surge la duda: ¿qué sucede si no devuelvo un dinero que no era para mí?

Recibir el dinero no constituye delito mientras el receptor no se haya dado cuenta de su origen erróneo. El problema surge cuando, después de ser informado del error, el destinatario decide quedarse con el importe. Y es que negarse a devolver un Bizum recibido por equivocación puede acarrear una multa de hasta 180 euros para incidentes leves, o incluso penas de prisión de hasta tres años si la suma sobrepasa los 400 euros. Ignorar la reclamación del remitente puede llevar a procesos civiles por enriquecimiento injusto, incluso cuando se trata de sumas muy bajas.

El Código Penal español precisa, en los artículos 253 y 254, el delito de apropiación indebida, que abarca los errores en transferencias por Bizum. La infracción se produce si el destinatario, informado expresamente del error y sabiendo que debe devolver el dinero, escoge no hacerlo. La Policía Nacional ha advertido en sus redes sociales sobre la gravedad de estas conductas y el seguimiento judicial ante el aumento de incidentes en todo el territorio. No es necesario un contrato formal para que la conducta se considere delictiva. Basta con que el receptor carezca de derecho legítimo sobre la suma y haya recibido la reclamación del remitente.

En estos casos, no existe un importe mínimo para emprender acciones judiciales. Ejemplos recientes documentados incluyen un caso en Zamora, donde la negativa a devolver un Bizum de 20 euros resultó en una multa de 180 euros; y otro en Alicante, que terminó en un proceso penal porque se originó con una transferencia municipal de 300.000 euros.

Qué penas y multas se aplican por no devolver un Bizum

La sanción por apropiación indebida depende principalmente del importe apropiado. Para cantidades inferiores a 400 euros, el Código Penal establece una pena de multa de uno a tres meses. Si se supera ese umbral, la ley contempla penas de prisión que van de seis meses a tres años. Si el perjuicio económico supera los 50.000 euros, la condena puede alcanzar hasta seis años de cárcel.

A estas sanciones económicas o de privación de libertad se suman otras consecuencias, como el pago de costes judiciales y la obligación de reintegrar el importe recibido. Las sentencias muestran que, independientemente de la cuantía, los jueces valoran la prueba digital del error y la notificación previa al receptor, agilizando el procedimiento en favor del perjudicado.

Ante la recepción de un Bizum inesperado, la Policía Nacional aconseja comprobar el origen de la transferencia, descartar la posibilidad de fraude y, en caso de dudas, informar de inmediato al banco antes de cualquier movimiento. La forma más segura de proceder es devolver el importe al número original mediante un nuevo Bizum y conservar el justificante de la operación.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México llamó nuevamente al Sindicato Nacional de Cultura a frenar el cierre de oficinas ubicadas en Reforma 175 y retomar el diálogo, en medio de las inconformidades relacionadas con temas salariales y laborales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura advirtió que la suspensión de actividades impacta directamente en trámites internos y en la operación cotidiana de la dependencia.

Además, destacó que ha sido una de las primeras instituciones de la Administración Pública Federal en trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el análisis del tema de los salarios mínimos y otras demandas planteadas por dirigencias sindicales, tanto de esta como de otras agrupaciones de trabajadores.

La dependencia reiteró su llamado al respeto de todas y todos los trabajadores y colaboradores de la institución, al tiempo que insistió en la importancia de privilegiar el diálogo para evitar afectaciones mayores.

¿Cuáles son las demandas del SINAC?

El Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), junto con otros sindicatos del sector, instaló un plantón indefinido en la sede de Reforma 175 exigiendo un incremento salarial del 13%, argumentando que alrededor de 2 mil trabajadores han percibido ingresos por debajo del salario mínimo durante los últimos dos años, lo que ha dificultado trámites de jubilación, el pago de créditos de vivienda y el acceso a servicios como el FOVISSSTE.

El pliego petitorio también incluye demandas adicionales como:

• Homologación salarial para que los ingresos del personal estén alineados con el salario mínimo.
• Apoyos para transporte que permitan cubrir los costos de movilidad de trabajadoras y trabajadores.
• Ayuda para útiles escolares para quienes tienen familia a su cargo.
• Entrega de vestuario laboral adecuado para personal que lo requiere.

Los manifestantes advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían extender las acciones de cierre a otras dependencias y unidades culturales como el Museo de Culturas Populares, la Biblioteca Vasconcelos o el Centro Nacional de las Artes.

Salarios en revisión con Hacienda

En relación con las exigencias laborales, la Secretaría de Cultura indicó que el tema presupuestal debe analizarse de manera integral, al formar parte de un proceso más amplio dentro de la Administración Pública Federal.

Según lo expresado por la presidenta en referencia al asunto, se está trabajando en el cumplimiento de la ley para que el personal cuente con prestaciones suficientes; sin embargo, precisó que no es posible comprometer una fecha específica para la resolución definitiva, aunque sí se mantiene el objetivo de alcanzar el cumplimiento deseado.

Finalmente, la Secretaría de Cultura reiteró su respeto a las manifestaciones sindicales e hizo un llamado a la comprensión de los procesos y acciones en materia de política salarial que encabeza el Gobierno federal, mientras continúan las revisiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desechar el recurso de revisión presentado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obligándolo a realizar una devolución fiscal millonaria a favor de Grupo Televisa.

Esta resolución fue comunicada por la ministra Lenia Batres este 2 de marzo y establece que el SAT deberá pagar más de$103 millones 073 mil 347 pesos a Televisa por concepto de pagos indebidos de impuestos, con intereses y actualizaciones.

El tribunal ordenó dicha devolución después de que la mayoría del Pleno coincidió en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cuenta con legitimidad para impugnar el amparo otorgado a Televisa. Por esta razón, el SAT está obligado a transferir a la empresa la suma adicional de 103 millones de pesos, que se suma a una devolución previa de 288 millones 671 mil 887 pesos.

La ministra Lenia Batres manifestó su desacuerdo con la decisión mayoritaria del Pleno. A través de un mensaje en redes sociales, afirmó que votó en contra porque considera que la SHCP tiene derecho a recurrir en defensa de los recursos públicos.

Posición de la Suprema Corte sobre la devolución a Televisa

La SCJN determinó que no resulta obligatorio el pago de intereses en devoluciones fiscales cuando una persona contribuyente obtiene una sentencia que anula un crédito fiscal previamente pagado, siempre que la resolución judicial no ordene de manera expresa la devolución por el pago indebido.

Este criterio, que delimita los alcances del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, introduce un precedente vinculante sobre devoluciones y sanciones en materia tributaria, según informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en comunicado este 2 de marzo, en dicho pronunciamiento no se menciona el nombre de Televisa.

Suprema Corte determina los casos en los que se pagarán intereses en las devoluciones del SAT

En su sesión plenaria del 2 de marzo, el máximo tribunal precisó que la naturaleza de la devolución y la de los intereses es diferente: mientras la devolución de cantidades —junto con su respectiva actualización— cumple una función restitutoria, el pago de intereses reviste un carácter indemnizatorio y sancionatorio, reservado para casos donde se acredita un incumplimiento o negligencia por parte de la autoridad fiscal.

Por tanto, el pago de intereses no se genera automáticamente junto con la devolución, sino solamente cuando existe una obligación condenatoria clara en la resolución respectiva.

El criterio deriva de la interpretación sistemática de los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación. El Pleno especificó que solo habrá derecho a intereses si la sentencia declara de manera expresa la obligación de devolver pagos indebidos, lo que constituye, según la SCJN, “un pronunciamiento condenatorio”.

En consecuencia, no basta que la resolución judicial declare la nulidad del crédito fiscal original para que surja la obligación de la autoridad de pagar intereses.

La jurisprudencia surgió a partir de un caso analizado por la Corte: cuando no se presenta solicitud de devolución y esta se efectúa en cumplimiento de una resolución administrativa o judicial, el cálculo de intereses se realiza desde la fecha de la interposición del recurso o demanda, para los pagos previos, y desde la fecha del pago, para los posteriores. No obstante, el Pleno concluyó que esto solo aplica cuando la sentencia de nulidad ordena de forma específica la devolución.

“No siempre que proceda una devolución necesariamente trae aparejado el pago de intereses ya que éste proviene de un incumplimiento o actuar negligente por parte de la autoridad fiscal”, dictó la SCJN.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, contador personal de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

El imputado fue aprehendido en la ciudad de Querétaro con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Tras ser certificado médicamente, fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Cinco años de declaraciones fiscales apócrifas y 28 millones de daño al erario

De acuerdo con la indagatoria, Jorge “N” habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

La maniobra, según las autoridades, causó un perjuicio al fisco federal de aproximadamente 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, al declarar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales anuales.

Prisión preventiva y tres meses para cerrar la investigación

En la audiencia inicial, el juez dictó medida cautelar de prisión preventiva para Jorge “N”, quien permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Además, se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo durante el cual la FGR deberá consolidar las pruebas del caso.

Emilio Lozoya: proceso y situación actual

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenido y extraditado a México en 2020 por su implicación en los casos Odebrecht y Agro-nitrogenados, que involucran sobornos y daño al erario público. Tras permanecer más de dos años en prisión preventiva, Lozoya fue liberado en febrero de 2024. Actualmente enfrenta su proceso penal en libertad provisional, con brazalete electrónico y restricciones para salir del país.

Un nuevo capítulo en el expediente Lozoya

La detención del contador se suma a la larga cadena de consecuencias legales derivadas del caso Lozoya, uno de los escándalos de corrupción más resonantes de la historia reciente de México, que involucró presuntos sobornos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht y la compra de la planta de Agro Nitrogenados durante la gestión del exfuncionario al frente de Pemex.

La vinculación a proceso de Jorge “N” muestra que las investigaciones en torno a ese entramado siguen activas y continúan alcanzando a figuras del círculo cercano del exdirector.

El debate relativo al posible regreso de Juan Carlos I a España y su relación tributaria con el país ha generado diferencias políticas, especialmente a raíz de recientes declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien propuso el retorno del monarca emérito tras la publicación de documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según consignó el medio, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó que la iniciativa de Feijóo ha reabierto polémicas que perturban tanto a las instituciones como a la opinión pública, en el marco de una controversia centrada en la residencia fiscal de Juan Carlos I.

De acuerdo con la fuente, Montero, en declaraciones a los medios en Sevilla durante un acto sobre el sector agrario junto a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, expresó su respaldo a la postura oficial de la Casa Real en torno a la normativa fiscal aplicable a Juan Carlos I si decide volver a residir en territorio nacional. Montero afirmó: "Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo" con la premisa de la Casa Real, que establece como requisito la residencia superior a 183 días en España para adquirir la condición de residente fiscal.

La ministra remarcó que esta disposición se ajusta al marco legal vigente y reiteró su conformidad con los criterios planteados por la Casa Real al respecto. A su vez, dirigió críticas al líder del Partido Popular por alentar lo que consideró un debate institucional innecesario. Tal como publicó el medio, Montero señaló su desacuerdo con Feijóo al calificar su postura como "despropósito". Añadió que la propuesta del dirigente popular introduce cuestiones que, en sus palabras, "no tienen ni pies ni cabeza", subrayando que la posibilidad del regreso de Juan Carlos I debe gestionarse únicamente dentro de lo acordado con la propia Casa Real y conforme a la legislación tributaria.

Según detalló la fuente, Montero cuestionó el enfoque del Partido Popular ante la reciente decisión del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, de desclasificar documentos relacionados con el 23-F con motivo de su 45 aniversario. En su intervención, la ministra recordó que el PP inicialmente desestimó esta medida tildándola de "cortina de humo", para luego impulsar, a su juicio, una polémica sin objeto claro que ha supuesto una tensión innecesaria de cara a la Casa Real.

La también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta manifestó que la actitud del líder popular genera confusión en torno al debate, al sugerir que el regreso del rey emérito responde a una reclamación gubernamental. Montero subrayó que ni el Ejecutivo ni los partidos que lo apoyan han expresado rechazo a la eventual vuelta de Juan Carlos I, señalando que esa decisión corresponde estrictamente al propio interesado, y que cualquier retorno debe coordinarse con la institución monárquica.

En sus declaraciones, Montero continuó su crítica apuntando que Feijóo, al volver sobre el tema de Juan Carlos I y vincularlo con el contexto de los documentos desclasificados sobre la defensa de la democracia, según el medio, ha ido más allá de lo deseado por la Casa Real, generando lo que catalogó como "mala oportunidad" para establecer un reconocimiento sobre el papel del monarca emérito. Destacó que estas propuestas vuelven a situar en el espacio público debates que, según su criterio, carecen de fundamento y resultan incómodos para las instituciones estatales.

De acuerdo con las informaciones difundidas, Montero concluyó que este tipo de planteamientos por parte de Feijóo denotan desconocimiento sobre el papel que corresponde tanto a los líderes políticos como a las instituciones en el marco democrático, sugiriendo que la polémica deriva de una falta de ubicación respecto a las funciones y deberes institucionales.

A través de sus intervenciones recogidas por el medio, la ministra insistió en que la controversia generada excede el ámbito fiscal o legal, y desplaza el foco hacia la conveniencia institucional y la coordinación que, en última instancia, debe marcar el retorno del monarca emérito. Montero marcó distancia respecto a los enfoques del Partido Popular y reiteró su conformidad con la premisa fijada por la Casa Real, afirmando que cualquier regreso de Juan Carlos I se debe tramitar en consonancia con la institución y según lo dispuesto por la normativa tributaria española.

En el año 2022, Loles León enfrentó un importante revés financiero a raíz de un conflicto con la Agencia Tributaria, lo que derivó en el embargo de sus cuentas y la pérdida de propiedades. Según informó el medio que cubrió su intervención en ‘La Revuelta’, la actriz compartió que a los 72 años se encontró con solo dos mil euros en su cuenta bancaria tras haber liquidado todas las deudas y sanciones impuestas por Hacienda. Esta situación la obligó a desprenderse de su apartamento en Ibiza y, para salir adelante, asumió múltiples trabajos de forma simultánea, transitando por toda España y participando en diversos proyectos televisivos y teatrales.

Durante su reciente aparición en el programa presentado por David Broncano, Loles León anunció su próxima incursión como presentadora de “Zero dramas”, un formato de debate en torno a la sexología que se lanzará el 8 de marzo en La 2 de RTVE. De acuerdo con lo publicado por el citado medio, la actriz explicó que el objetivo del espacio será abordar cuestiones sobre sexualidad de manera entretenida, acompañada de invitados y de una experta que responderá las inquietudes de la audiencia. La propuesta busca motivar al público a adoptar una visión menos dramática sobre estos temas, recurriendo al humor y la conversación abierta.

A sus 75 años, la actriz manifestó sentirse en su mejor momento. “Estoy mejor que nunca. Mira qué piernas, cómo estoy”, declaró en el plató mientras lucía minishorts de lentejuelas, botines oscuros y una chaqueta asimétrica de colores vivos. Según recogió el medio, Loles León atribuyó su vitalidad a mantenerse activa y nunca perder el impulso de alcanzar nuevos retos. “Siempre he tenido mucha hambre de cumplir mis sueños. Los he cumplido y los sigo cumpliendo a día de hoy. Hay que cumplir los sueños cueste lo que cueste.” Para la actriz, la clave reside en el carácter fuerte, la energía y la perseverancia frente a las adversidades.

Durante la entrevista, abordó aspectos de su vida personal y profesional, señalando que la jubilación no figura entre sus planes. Relató que tras la ruptura de su última relación sentimental se enfocó exclusivamente en el trabajo, afirmando: “No necesito a nadie”. León rememoró lo difícil que resultó recomponer su economía y cómo respondió a la crisis laboralizando su agenda al máximo, con participaciones en programas como ‘Padre no hay más que uno’, ‘La que se avecina’, ‘Una noche con ella’ y 'Tu cara me suena', todo en paralelo cuando tenía 72 años, movilizándose en autobuses de un extremo a otro del país.

Según publicó el medio, la actriz identificó el origen de sus problemas económicos en un cambio de criterio fiscal por parte de la Administración. Explicó que gestionaba su actividad a través de una sociedad limitada considerada “transparente”, pero la reforma tributaria alteró esa condición, y Hacienda le reclamó, con multas e intereses, todas las deducciones de años anteriores. León explicó que cada ingreso que recibía era embargado para cumplir con la deuda, hasta quedarse con el saldo mínimo en su cuenta.

Además de su recorrido como una de las intérpretes más reconocidas del cine y la televisión nacional, tanto por sus papeles en producciones de éxito como por su identidad como “chica Almodóvar”, la artista subrayó su popularidad entre el público joven gracias a su trabajo en series recientes. Según consignó el medio, León hizo pública la venta reciente de su casa de más de 150 metros cuadrados con vistas a la Catedral de La Almudena, lo que le permitió estabilizar su situación financiera y empezar a recuperarse tras la etapa crítica vivida.

La participación de León en el espacio televisivo estuvo marcada tanto por la autoafirmación sobre su salud y estado físico como por la reflexión acerca de la necesidad de adaptarse y reinventarse. Manifestó que ni la diabetes tipo 2 ni la menopausia han interferido en sus ganas de seguir trabajando y explorando nuevos proyectos. El medio detalló que León considera fundamental mantener una actitud optimista y no dejarse vencer por las dificultades, animando a otros a luchar por sus metas personales y laborales.

A lo largo de la entrevista, la actriz compartió anécdotas sobre cómo ha conseguido sobreponerse a etapas complicadas sin abandonar su presencia en la escena pública. Su testimonio reflejó el impacto que una disputa fiscal puede tener sobre figuras reconocidas y la determinación personal necesaria para reconstruir una carrera y una vida tras situaciones económicas adversas. El medio subrayó que León mostró una disposición constante para afrontar nuevos desafíos y mantenerse activa, integrando experiencias pasadas para proyectar una imagen de resiliencia ante los espectadores.

Makoke se enfrenta a un nuevo problema. Cuando todavía intenta recomponerse tras la cancelación de su boda con Gonzalo Fernández por el delicado estado de salud de su nuera, y mientras lidia con el impacto mediático del proceso judicial que afecta a su pareja, ahora vuelve a situarse en el centro de la polémica por un asunto económico que creía superado: Hacienda le reclama más de 110.000 euros.

Hace apenas unos meses, la colaboradora aseguraba en una entrevista que no debía nada a la Agencia Tributaria y que sus cuentas estaban completamente regularizadas. Durante años, su nombre figuró en la lista pública de deudores, llegando a acumular una cifra que superaba el millón de euros. Un capítulo complicado que, según su versión, ya formaba parte del pasado.

Sin embargo, la sombra del fisco vuelve a aparecer. Según ha desvelado el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, la Agencia Tributaria le reclama actualmente 111.132 euros. La notificación le habría llegado a Makoke el pasado 18 de febrero mediante una carta oficial. La noticia dejó sorprendidos a muchos de sus compañeros, que daban por hecho que la colaboradora había saldado todas sus deudas.

“Hace poco dijiste que estabas al día”, recordó Pliego públicamente, asegurando además que la deuda no estaría resuelta. Una afirmación que choca frontalmente con la postura de Makoke. La madre de Javier Tudela ha decidido recurrir la reclamación, por lo que el asunto se encuentra pendiente de resolución. Es decir, no hay todavía una decisión definitiva.

La clave está en ese recurso. Si la resolución le da la razón, no tendría que abonar la cantidad reclamada. Si ocurre lo contrario, deberá hacer frente a esos más de 110.000 euros. Mientras tanto, la colaboradora sostiene que está al corriente de pago y que ha realizado importantes desembolsos en los últimos años para regularizar su situación con Hacienda.

Este nuevo episodio llega, además, en un momento especialmente delicado en su relación con el propio director de la publicación. La amistad que ambos mantenían se resquebrajó tras el frustrado acuerdo para la exclusiva de su boda. Según explicó Pliego, existía un contrato firmado con la revista que finalmente no se materializó porque Makoke habría optado por otro medio. Desde entonces, la tensión entre ambos ha ido en aumento y las diferencias se han hecho públicas.

A todo ello se suma el malestar de la colaboradora por las informaciones relacionadas con el procedimiento judicial que podría afectar a su pareja. Ella misma confesó que se enteró por una llamada antes de que la noticia trascendiera públicamente, un golpe que vivió con especial disgusto.

Entre problemas personales, desencuentros profesionales y ahora una nueva reclamación de Hacienda, Makoke atraviesa una etapa compleja. El desenlace dependerá de lo que dictamine la Agencia Tributaria, pero lo cierto es que, una vez más, su situación económica vuelve a convertirse en tema de conversación.

Las nuevas reglas para la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), adaptadas a la reciente subida del salario mínimo, implican cambios notables para quienes perciben ingresos por debajo de los 20.048,45 euros anuales. Según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE), las rentas que se sitúan bajo este umbral podrán acceder a una deducción de hasta 590,89 euros. Este ajuste acompaña la medida gubernamental que establece el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 en 17.094 euros brutos al año, y supone que un trabajador que perciba dicho salario pagará 356 euros menos de IRPF respecto al año anterior.

El BOE detalló este jueves que la subida del SMI se aplicará desde el 1 de enero de 2026, tras la aprobación del Real Decreto que fija el incremento del 3,1%. Así, el SMI pasa de los 1.184 euros mensuales establecidos para 2025 a 1.221 euros mensuales por catorce pagas, lo que representa una mejora de 37 euros mensuales y de 518 euros al año. La subida, que tendrá efecto retroactivo desde el inicio del año, beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, según consignó el medio.

El salario mínimo establecido para 2026 se traduce en 40,70 euros brutos al día. Los trabajadores eventuales y temporeros percibirán al menos 57,82 euros diarios por jornada legal de actividad, mientras que quienes trabajan en el servicio doméstico recibirán un mínimo de 9,55 euros por hora efectiva trabajada, de acuerdo con lo publicado por el BOE.

El Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sellaron este acuerdo a finales de enero, tal como reportó el BOE. Este pacto no contó con la adhesión de las organizaciones empresariales y marca el sexto año consecutivo en el que el incremento del SMI se logra sin el apoyo de la patronal. El Ministerio de Trabajo señaló que la revisión del SMI responde al objetivo de garantizar la suficiencia de ingresos para los asalariados con remuneraciones más bajas.

El medio indicó que la subida del SMI no modifica ni la estructura ni la cuantía de salarios que, sumados y anualizados, ya son superiores al nuevo salario mínimo. Por el contrario, sí se requerirá una adaptación en todos los acuerdos privados o contratos cuya retribución anual total sea inferior al SMI de 2026, conforme a las actuales reglas de absorción y compensación. Esto obliga a que los empleadores ajusten los salarios que no alcancen el mínimo legal.

Adicionalmente, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos prevé la reforma de las reglas de absorción y compensación, con la intención de que el aumento no afecte a los complementos salariales, también conocidos como pluses. No obstante, según sostuvo el BOE, esta reforma se abordará en una norma distinta y se vinculará a la incorporación a la legislación nacional de la directiva europea sobre salarios mínimos.

En referencia al IRPF, el Boletín Oficial del Estado explicó que la nueva deducción busca evitar que la subida del SMI perjudique fiscalmente a quienes superen por poco el límite mínimo. Por este motivo, la deducción máxima de 590,89 euros se extenderá para quienes no alcancen los 20.048,45 euros brutos anuales, según los datos oficiales. De este modo, se pretende suavizar el impacto económico y evitar lo que en términos fiscales se conoce como "error de salto", donde un incremento salarial puede traducirse en una mayor carga tributaria.

El Consejo de Ministros aprobó el martes anterior la subida del SMI del 3,1%, sumando así un nuevo incremento a los realizados en los ejercicios previos. El importe fijado para el salario mínimo de 2026 es de 17.094 euros brutos anuales. Según publicó el BOE, la medida alcanza tanto a trabajadores a tiempo completo como a quienes realizan labores temporales o en el ámbito doméstico, asegurando una cobertura amplia y homogénea.

El BOE subrayó que quienes ya perciben salarios por encima del nuevo SMI no verán modificadas sus retribuciones, ni en su estructura ni en la cuantía, siempre que el total anual supere el umbral establecido. Solo deberán ajustarse aquellos acuerdos de retribución que, sumados al conjunto de complentos y pagas, resulten inferiores al salario mínimo anual de 2026. De acuerdo con la normativa vigente, empleadores y trabajadores ajustarán los salarios para garantizar el cumplimiento del incremento.

La publicación del Real Decreto en el BOE sitúa la referencia de salario mínimo en 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas, frente a los 1.184 euros aplicados el año anterior. Se contemplan también las condiciones específicas para trabajadores eventuales y miembros del servicio del hogar, quienes obtendrán ingresos mínimos ajustados a su tipo de actividad y jornada, de acuerdo con lo estipulado en la nueva disposición.

La medida adoptada se acompaña de una revisión en el tratamiento fiscal para los perceptores del salario mínimo. Según el BOE, Hacienda calcula que quienes reciban el SMI pagarán 356 euros menos de IRPF en comparación con el año pasado, un alivio que refuerza el objetivo de mejorar el poder adquisitivo para trabajadores con ingresos más reducidos.

Los ajustes recogidos en la disposición legal dejarán fuera de tributación a quienes reciban el SMI, lo que se traduce en un beneficio fiscal que, sumado al incremento salarial, impactará de manera significativa en los ingresos netos de casi 2,5 millones de españoles, de acuerdo con la información publicada por el BOE.

La concertación entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT permitió la aprobación del incremento sin la participación de las asociaciones empresariales, tal como viene ocurriendo desde hace seis años, según el BOE. Además, la reforma de las reglas de absorción y compensación, pendiente de aprobación en otro Real Decreto, buscará impedir que los complementos de los trabajadores se vean reducidos o absorbidos por el nuevo SMI. Este ajuste se vinculará, además, a la transposición de la directiva europea sobre condiciones mínimas de salario, reforzando la protección de los ingresos más bajos.

Según el BOE, la actualización del salario mínimo interprofesional y de sus condiciones asociadas responde a la política gubernamental de equidad salarial y protección a los trabajadores, en línea con los compromisos adquiridos en la negociación colectiva y la normativa europea, regulando aspectos fundamentales para la economía y el mercado laboral español.

Documentos vinculados con Hacienda han sido divulgados por el diario El Confidencial, en los cuales Borja Cabezón figura implicado en el uso de estructuras societarias con el objetivo de minimizar obligaciones tributarias. Según publicó El Confidencial, Cabezón, actualmente adjunto a la secretaría de Organización del PSOE desde julio de 2025, habría recurrido durante un periodo prolongado a sociedades gestionadas por intermediarios, supuestamente creadas para reducir el pago de impuestos a través de prácticas de ingeniería fiscal. Esta información es el centro de una ofensiva política del Partido Popular (PP), que demanda su destitución inmediata y acusa al gobierno de encubrimiento.

El medio Europa Press consignó que la dirección nacional del PP ha apuntado directamente tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como al PSOE, al afirmar que ambos protegen a Cabezón pese a la gravedad de la documentación publicada y a la sospecha generada por la presunta red de sociedades empleadas para eludir tributos. Los principales portavoces del PP han criticado que el dirigente socialista no haya sido apartado de sus funciones tras la revelación de estos hechos.

Miguel Tellado, secretario general del PP, subrayó que habían transcurrido más de 24 horas desde la publicación de la noticia y que, según sus palabras, “el íntimo de Sánchez, creó una red con empresas en el extranjero para pagar menos impuestos.” Añadió que los documentos de Hacienda evidencian que “el PSOE mintió para protegerle.” La postura de Tellado, recogida por Europa Press, insistió en que el caso implica no solo una infracción ética sino un supuesto ejercicio de protección y falta de transparencia por parte del Ejecutivo y la cúpula socialista.

La vicesecretaria de Política Institucional del PP, Cuca Gamarra, utilizó la red social X para manifestar públicamente su rechazo a la continuidad de Cabezón en funciones. Gamarra expuso que este escenario demuestra que Sánchez y su equipo “se creen que él y su entorno están por encima del bien y del mal y que pueden hacer lo que quieran.” Agregó que, frente al aumento de los impuestos para la ciudadanía, dirigentes del PSOE crearían sociedades para evitar esos mismos pagos.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda en el PP, reforzó la acusación al afirmar que la permanencia de Cabezón en su cargo, tras la publicación de los documentos, no puede entenderse simplemente como protección, “es encubrimiento”, según reportó Europa Press. Bravo también sostuvo que la documentación deja en entredicho las declaraciones públicas de los responsables socialistas.

En la Cámara Alta, Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, relacionó las revelaciones actuales con afirmaciones pasadas de Pedro Sánchez, recordando una declaración de 2015: “Si yo tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva.” Según consignó Europa Press, García cuestionó la coherencia del Ejecutivo y lo acusó de mantener a Cabezón en el cargo por motivos personales y de proximidad.

Por su parte, el gobierno y el Partido Socialista han negado la existencia de irregularidades en la conducta de Borja Cabezón. Europa Press detalló que, ante las informaciones periodísticas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que Cabezón no está siendo investigado judicialmente y que únicamente contrató una empresa de asesoramiento fiscal, desmarcándolo así de la comisión de ilícitos. El PSOE también descartó la apertura de un procedimiento interno o el cese de Cabezón, asegurando que actualmente no hallan motivos para tomar medidas disciplinarias.

El Confidencial añadió que la documentación de Hacienda que presentó en su investigación acredita la implicación de Cabezón en la referida red de empresas pantalla. Mientras tanto, las críticas del PP se centran no solo en la permanencia de Cabezón sino en el respaldo explícito que, a su juicio, el partido y el propio Sánchez ofrecen a su colaborador.

Este asunto ha generado debate abierto sobre la gestión política y la transparencia en la esfera pública, así como sobre la aplicación de criterios éticos respecto a la fiscalidad por parte de dirigentes y partidos en el poder, según el rastreo informativo realizado por Europa Press y El Confidencial. El cruce de declaraciones entre ambas fuerzas políticas ha convertido el caso en un nuevo frente de confrontación en la política nacional, con atención puesta en la documentación oficial y la interpretación de los hechos por parte de los principales actores implicados.

La entrada en vigor de la nueva deducción en el IRPF, motivada por la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas, ha llevado al sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a recomendar de forma expresa la presentación de la declaración de la renta a quienes perciban entre 15.876 y 20.000 euros brutos anuales. Así lo ha confirmado Gestha en declaraciones recogidas en su página oficial, donde ha cifrado en 2.976.220 los contribuyentes que podrían beneficiarse de esta medida, aprobada esta semana.

La organización ha detallado que la nueva deducción exime de tributar a aquellos trabajadores cuyos ingresos alcanzan hasta 17.094 euros, reduciéndose de manera progresiva hasta el límite de 20.000 euros. De esta forma, la medida se suma a la reducción ya existente para quienes perciben desde 15.876 euros, vigente también para 2025. Según el análisis de Gestha, Canarias, Murcia y Extremadura presentan la mayor proporción de asalariados en la horquilla de entre 15.876 y 20.000 euros, una circunstancia que los técnicos atribuyen a la menor cuantía salarial media en estas comunidades y a una mayor incidencia del empleo a tiempo parcial o de duración determinada. Por el contrario, Cataluña, Madrid y Aragón registran los porcentajes más bajos de asalariados en ese intervalo salarial.

Debido a su elevada población trabajadora, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el 52,1% de los asalariados comprendidos entre los 15.876 y 20.000 euros, según ha subrayado Gestha. Esta característica poblacional resulta fundamental para entender quiénes se beneficiarán realmente del incremento en la deducción.

En el marco de la normativa actual, la obligación de declarar afecta a quienes superan los 15.876 euros de ingresos anuales cuando provienen de dos o más pagadores, salvo que la suma de las cantidades cobradas del segundo y sucesivos no supere en total los 1.500 euros al año. Aquellos que reciben la totalidad de sus ingresos de un solo pagador deben presentar la declaración si superan los 22.000 euros anuales. Además, estos límites dejan de aplicarse en caso de contar con otros tipos de rentas, como ingresos por alquiler de viviendas o actividades económicas, así como por otras situaciones recogidas en la ley. Este recordatorio ha sido trasladado por Gestha en sus comunicaciones más recientes.

Recomendaciones para asalariados

Gestha ha aconsejado que todos los asalariados cuyos salarios brutos se sitúan entre los 15.876 euros ―correspondientes al SMI de 2024 exento de tributación gracias al incremento de la reducción por rendimientos del trabajo― y los 20.000 euros presenten la declaración con el objetivo de beneficiarse íntegramente de la nueva deducción.

En el caso de asalariados cuyos ingresos se encuentran entre los 20.000 y 22.000 euros, para quienes la deducción ampliada no resulta aplicable, los técnicos recomiendan igualmente presentar la declaración si concurren otros conceptos deducibles que permitan recuperar parte de las retenciones, ya que estas se ajustan de forma muy próxima a la cuota final de la autoliquidación.

“Acompañamos la aprobación del salario mínimo interprofesional con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente”, ha indicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque el SMI se sitúa en 17.094 euros anuales, la deducción se amplía para cubrir a quienes perciban hasta 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal sea más inclusivo y no penalice a quienes estén apenas por encima del mínimo.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Ahorro acumulado de 11.000 millones desde 2018

Desde que el Gobierno inició las sucesivas subidas del SMI (la primera fue en 2018 y desde entonces ha habido seis incrementos) el conjunto de contribuyentes de rentas bajas ha obtenido un ahorro acumulado que ya alcanza los 11.000 millones de euros, de acuerdo con los datos expuestos por la ministra. Montero ha comparado los datos con “la etapa del PP”: ahora, según ha explicado, quien cobra el salario mínimo paga 800 euros menos en IRPF.

La responsable de Hacienda ha explicado la orientación redistributiva de la política fiscal, enfatizando que el Ejecutivo actúa para aliviar la carga tributaria sobre las rentas más bajas y exigir mayores contribuciones a quienes se sitúan en los tramos superiores. “Ha sido una iniciativa de este Gobierno, como siempre, bajar la contribución a las personas de bajo salario y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta”, ha afirmado.

Por otro lado, Montero considera que esta deducción wa una “invitación clara” para que los empresarios firmaran el acuerdo de subida del salario mínimo, que se sitúa en la parte baja de la propuesta de los expertos al ir exento de tributación, lo que permite unos costes laborales “más bajos” a los empresarios.

La subida del SMI se ha producido tras llegar a un acuerdo Gobierno y sindicatos, pero sin la patronal. La última vez que se pusieron de acuerdo en este ámbito fue en 2020. Este martes, en una entrevista en la COPE, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez. “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”, ha sentenciado.

No obstante, la vicepresidenta ha insistido en que para Hacienda “el debate sobre la tributación mínima y el debate sobre el salario mínimo son debates distintos”, porque la aspiración del Gobierno es que el salario mínimo “siga creciendo y alcance cotas elevadas”, mientras que la tributación mínima es “otro debate”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 78 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 contra servidores públicos por presuntos delitos federales, de acuerdo con informes oficiales entregados al Congreso de la Unión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas querellas forman parte de un total de 262 procedimientos iniciados, de los cuales 184 fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC) del SAT por posibles irregularidades o faltas administrativas.

Delitos más frecuentes y marco legal

Entre los ilícitos que dieron lugar a las denuncias ante la FGR, destacan:

• Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipificado en el artículo 211 del Código Penal Federal, siendo el delito más recurrente.
• Falsificación de documentos, conforme al artículo 244 del mismo ordenamiento.
• Ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades.
• Remuneración ilícita, un delito que no se reportaba con frecuencia en años recientes y que fue detectado en varios empleados de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS).
• Otros ilícitos, como actividades equivalentes al contrabando, cohecho y acciones contra la administración de justicia.

Estos delitos están sancionados en el Código Penal Federal, con penas que pueden incluir prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Áreas del SAT con mayor número de denuncias

Los informes oficiales detallan que los funcionarios señalados por presuntos delitos federales se desempeñaban principalmente en áreas clave del SAT:

• La Administración General de Auditoría Fiscal Federal concentra un alto número de los casos, tanto penales como administrativos.
• Otras áreas con reportes importantes incluyen las administraciones de Auditoría de Comercio Exterior, Recaudación, Jurídica, Recursos y Servicios, Grandes Contribuyentes y Servicios al Contribuyente.

Además de las investigaciones penales, el OIC del SAT sigue procedimientos por responsabilidades administrativas, cuyos resultados pueden derivar en sanciones laborales internas, desde amonestaciones hasta separación del cargo.

Objetivos del SAT con estas acciones

Las denuncias presentadas por el SAT forman parte de esfuerzos institucionales para fortalecer la transparencia y la integridad interna, así como para combatir conductas irregulares y posibles actos de corrupción al interior del organismo recaudador.

Estos movimientos se suman a una tendencia más amplia de la institución por elevar los estándares éticos y de control entre sus servidores públicos, en sintonía con las estrategias de fiscalización y combate a la evasión fiscal en México.

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local, logrando disminuir sus costos de financiamiento y reafirmando la confianza de los inversionistas en su plan estratégico.

En un comunicado, la empresa detalló que la operación, que alcanzó los 31 mil 500 millones de pesos, forma parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento contemplada en el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa.

La emisión se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los instrumentos financieros colocados presentan los siguientes tramos:

• 9 mil 005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante
• 16, mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
• 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.

La empresa informó que el costo de financiamiento se ubicó por debajo de los niveles de precio inicial, con una reducción de 40 puntos base en el formato flotante, 37 puntos base en el fijo nominal y 48 puntos base en el fijo real.

La demanda por los instrumentos alcanzó 63 mil 285 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo inicial de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces respecto al monto total colocado.

Pemex detalló que la reducción promedio en el costo fue de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.

Los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin que ello implique un incremento en el saldo de la deuda de Pemex.

Mencionó que los agentes colocadores de la operación fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

La empresa subrayó que el proceso contó con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todas las etapas de mercadeo y ejecución.

La operación marcó el regreso de Pemex a los mercados financieros y registró la participación de inversionistas tanto locales como internacionales.

Según el propio comunicado, esto valida la confianza del público inversionista en la estrategia de la petrolera y se refleja en los niveles de precio alcanzados para los distintos plazos.

La empresa señaló que las condiciones favorables obtenidas refuerzan el perfil financiero de Petróleos Mexicanos y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y la gestión prudente de la compañía estatal.

La mayor emisión corporativa local constituye un paso relevante dentro del Plan Estratégico 2025-2035, implementado de manera conjunta por Hacienda y Pemex.

Actualmente, Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con unas deudas acumuladas de 84 mil 500 millones de dólares.

El Gobierno negocia con los grupos parlamentarios la introducción de penalizaciones ficales a los arrendadores que suban el precio de sus viviendas en alquiler, según adelantaba esta mañana El País y han confirmado fuentes oficiales a Europa Press. La inicitiva contemplaría castigar a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a aquellos caseros que incrementen el importe de las rentas al renovar contratos, sin afectar a las actualizaciones anuales aplicadas normalmente en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC).

Tras el rechazo de los socios del Gobierno a la propuesta del Ejecutivo de bonificar con el 100% del IRPF a los propietarios que mantengan los precios, los ministerios de Hacienda y Vivienda estudian ahora un modelo que combine estas ayudas fiscales con herramientas para desincentivar el encarecimiento de los contratos. Estas negociaciones llegan en un contexto en el que cerca de 1,6 millones de inquilinos encaran potenciales subidas del 30% por la finalización de más de 630.000 contratos este 2026.

Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo se había basado en reducciones y deducciones estatales para los caseros, que podrían verse modificadas si esta iniciativa, aún sin cerrar, acaba saliendo adelante. Según han comunicado fuentes oficiales a Efe, la nueva fórmula se basaría en aplicar la bonificación del 100% para los caseros que no alteren el precio y disminuir el porcentaje de la reducción general del 50% para los que sí aumentan las rentas, aunque descartan eliminarla por completo.

Sumar cree que la medida tendrá un efecto “cosmético”

Tanto Sumar como Podemos y EH Bildu han reiterado su negativa a respaldar las ayudas a los propietarios como medida para beneficiar a los inquilinos. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Cosnumo y Agenda 2030 y la formación política liderada por Yolanda Díaz, socio minoritario del Gobierno del PSOE, han defendido una prórroga automática de los alquileres actuales como única opción para frenar la escalada de precios a la que brindarán su apoyo.

Sobre la nueva propuesta, Sumar ha subrayado que merma el “privilegio fiscal” de los caseros sin suprimirlo y califica de meramente “cosmético” su impacto sobre los precios. Además, la formación recuerda que ya garantizó su ‘no’ a planteamientos que centren los intereses de los arrendadores en lugar de los de los arrendatarios cuando esta medida se planteó anteriormente en la mesa de negoaciación. Los de Díaz tachan de “injusta” la vía de los incentivos fiscales y lamentan que la hoja de ruta del Gobierno para moderar el encarecimiento de la vivienda depende de la buena voluntad del casero.

Mayor control sobre contratos de temporada y por habitaciones

Los planes del Gobierno para regular el mercado de vivienda también incluyen nuevos límites a los contratos de temporada para evitar abusos en los alquileres de corta duración. Según informa Europa Press, estas modificaciones legales establecerían condiciones estrictas para que un alquiler se considere de temporada y sanciones frente a los incumplimientos.

Otro de los objetivos del Ejecutivo son los alquileres por habitaciones, que hasta ahora quedan excluídos de la mayoría de regulaciones de la Ley de Vivienda. El planteamiento del Gobierno busca garantizar que la suma de las rentas de todos las habitaciones de un inmueble no superen el valor de la misma vivienda entera en alquiler. Además, se aplicarán la misma normativa que al resto de alquileres en los territorios declarados zonas tensionadas.

*Con información de agencias

La donación en vida de un inmueble de padres a hijos una práctica muy habitual para facilitar la organización patrimonial, simplificar la gestión fiscal y evitar conflictos a la hora de repartir los bienes del testamento. En un contexto en el que heredar una casa de los progenitores se está convirtiendo en una de las únicas vías de acceso a la vivienda para gran parte de la población, este mecanismo cobra todavía más importancia, pero también implica obligaciones que muchas familias desconocen. Según el abogado David Jiménez, la Agencia Tributaria considera esta operación de la misma forma que una venta, lo que obliga a declarar la ganancia patrimonial en el IRPF.

De acuerdo con el abogado, la ganancia obtenida por la diferencia entre el valor de adquisición y el de donación tributa en una escala progresiva, según la normativa vigente. Esta obligación se basa en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece que cualquier transmisión patrimonial, ya sea a título lucrativo u oneroso (es decir, con el fin de obtener beneficio o sin él), puede generar una ganancia o pérdida patrimonial sujeta a tributación.

En un video publicado en su perfil de TikTok (@davidjimenezabogado), David Jiménez detalla el cálculo a través de un ejemplo. “Imagina que donaste a tu hijo un piso por 200.000 euros y te costó 100.000. Tienes una ganancia de 100.000. De esos 100.000 euros, los primeros 6.000 tributan al 19%, hasta 50.000, al 21%, y luego al 23%”. Según su estimación, una ganancia de 100.000 euros supondría para el donante “en torno a 21.000 euros en el IRPF”.

Exenciones y otros impuestos municipales

En España, el IRPF grava las ganancias patrimoniales con una escala progresiva que va del 19% al 28%, dependiendo de la cuantía de la ganancia. Este impuesto se aplica tanto si se vende el piso como si se dona, salvo excepciones contempladas por la ley. Además, la ley española considera que la transmisión entre familiares directos debe reflejar el valor real de mercado, evitando así posibles infravaloraciones que podrían generar sanciones.

No obstante, Jiménez matiza que puede haber situaciones en las que esta tributación quede exenta. Como precisa el abogado, que difunde consejos legales e información jurídica a través de sus redes sociales, “puede que esta tributación en renta esté completamente exenta si cumples una serie de requisitos que ya te he contado en otros videos”. Las exenciones suelen estar relacionadas con la edad del donante o del receptor, la reinversión en vivienda habitual u otras circunstancias personales que establece la normativa del IRPF y las comunidades autónomas, que pueden aplicar reducciones o bonificaciones adicionales.

La operación no termina con el IRPF

El experto recuerda la existencia también de la plusvalía municipal, formalmente conocido como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que grava el aumento de valor del suelo desde que se adquirió hasta que se dona. Este impuesto se regula por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su cuantía varía según el municipio, el valor catastral del terreno y los años de propiedad.

En paralelo, el hijo receptor deberá liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, regulado por cada comunidad autónoma para la operación, que puede aplicar reducciones por parentesco directo, vivienda habitual o edad, aunque el tipo impositivo puede superar el 30% en algunas regiones si no se cumplen los requisitos de bonificación.

El embargo de la finca Cantora y su próxima subasta han dejado a Isabel Pantoja sin bienes con los que responder a la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria, lo que ha llevado a que el organismo fiscal decida agotar la vía penal para reclamar el importe adeudado. Según la información difundida por la revista Lecturas, la artista tendría que hacer frente a una obligación tributaria de 1.010.000 euros, cifra que excede el umbral que configura un delito fiscal en España. La intervención judicial podría acarrear para Pantoja consecuencias legales de relevancia, incluida una eventual condena que oscilaría entre uno y cinco años de prisión, dadas sus antecedentes penales.

Lecturas reportó que la cantante atraviesa la peor de las coyunturas desde que en 2014 salió de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira, en la que permaneció durante 14 meses tras ser condenada en el marco del ‘Caso Malaya’ por blanqueo de capitales. La publicación subrayó que la situación actual implica la posibilidad real de que la artista regrese a la cárcel si no salda la cuantiosa deuda pendiente con la Hacienda española. De acuerdo con Lecturas, la garantía principal para dicha deuda era la finca Cantora, ubicada en Medina Sidonia, la cual quedó embargada por el impago de cinco años de hipoteca, que ascendía a 12.000 euros mensuales, generando un adeudo total de 2.200.000 euros con KutxaBank.

El director de Lecturas, Luis Pliego, declaró en el programa ‘El tiempo justo’ que la expiración del plazo administrativo para saldar la deuda ha dejado a la Agencia Tributaria sin bienes a los que dirigirse para recobrar el capital, pues la finca ya no pertenece a Isabel Pantoja. “El plazo ya se ha acabado porque ya no tiene la finca, la finca pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene donde reclamar a Isabel Pantoja ese dinero y los aplazamientos y los plazos que le habían dado han vencido”, sostuvo Pliego, citado por la misma revista.

La posibilidad de que el caso sea tratado en la vía penal añade presión a la tonadillera, especialmente porque arrastra antecedentes penales tras su condena previa. Lecturas detalló que el hecho de que la deuda supere el millón de euros sitúa el asunto en el terreno del delito fiscal, agravando la situación procesal de Pantoja y abriendo el riesgo de una sanción de reclusión. El mismo Luis Pliego mencionó que las perspectivas legales dependerán enteramente de que la cantante consiga abonar el total adeudado: “Lo tiene complicado a no ser que pague. Va a revivir su peor pesadilla”, aseguró.

A este complejo escenario se suma la incertidumbre económica por el futuro de la serie biográfica sobre la vida de Isabel Pantoja. Según difundió Lecturas, la cantante ha estado en negociaciones prolongadas con una plataforma de vídeo global para vender los derechos de una producción que recoja los episodios más privados y polémicos de su trayectoria. Sin embargo, la compañía audiovisual habría dado como plazo límite el mes de abril para que Pantoja acepte relatar temas sensibles como su paso por la cárcel, el vínculo mantenido con Julián Muñoz, así como amistades mediáticas con figuras como Encarna Sánchez o María del Monte. La publicación indicó que la negativa de la cantante a abordar estos asuntos considerados “líneas rojas” podría hacer que el proyecto no prospere.

El medio subraya que esta serie representaba la principal opción para la artista en su búsqueda de estabilidad financiera, dado su potencial comercial. La imposibilidad de concretar este proyecto agrava el delicado momento económico que Isabel Pantoja enfrenta tras la pérdida de sus activos inmobiliarios y las deudas acumuladas. Lecturas concluyó que la suma de los problemas legales y económicos coloca a la cantante en una posición cada vez más desafiante, mientras la Agencia Tributaria continúa los trámites necesarios para reclamar judicialmente el millón diez mil euros a través de la jurisdicción penal.

“El problema es que no tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento”, expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al detallar la dificultad presupuestaria que enfrenta su Gobierno ante emergencias como las inundaciones que han afectado a 140.000 personas en Córdoba. Según informó el medio, Petro solicitó oficialmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión temporal que pesa sobre el decreto de emergencia económica y social con el fin de poder atender necesidades imprevistas y disponer de recursos adicionales para responder a situaciones como esta catástrofe.

Tal como publicó el medio, el Ejecutivo colombianopretendía con la Ley de Financiamiento recaudar 16.300 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 3.700 millones de euros. Estos fondos eran considerados esenciales para completar el presupuesto programado para el año 2026. La falta de instrumentos legales para generar ingresos extraordinarios ha dejado al Gobierno sin opciones inmediatas para financiar la atención de emergencias y otras situaciones imprevisibles.

El presidente Petro también dirigió críticas hacia las decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso que afectaron directamente la financiación estatal. Según consignó el medio, el mandatario afirmó que la Corte Constitucional anuló la mitad de la reforma tributaria de 2022 para “salvar las utilidades [beneficios] de carboneros y petroleros, exclusivamente”. En la misma intervención, Petro recordó que posteriormente el Congreso eliminó tanto la primera como la segunda Ley de Financiamiento, lo que agravó las restricciones presupuestarias del Estado frente a las emergencias.

El Gobierno colombiano, ante el impedimento generado por la suspensión temporal del decreto, evalúa nuevas vías para obtener ingresos corrientes a través de mecanismos legislativos ordinarios. El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, adelantó según el medio que el Ejecutivo sigue estudiando la posibilidad de presentar proyectos de ley dirigidos a aumentar o modificar el sistema tributario vigente, con el fin de ampliar la disponibilidad presupuestaria sin depender de medidas excepcionales.

De acuerdo con información consignada, las inundaciones recientes en Córdoba han impactado de manera directa a al menos 140.000 personas, lo que ha puesto en primer plano los límites financieros del Gobierno central para articular una respuesta eficaz cuando no cuenta con instrumentos legales que permitan movilizar recursos extra. Petro utilizó el Consejo de Ministros como escenario para reiterar la urgencia de reactivar el marco de emergencia económica y social, señalando que la restricción de fondos compromete la capacidad del Estado para enfrentar desastres que requieren atención inmediata.

La suspensión del decreto de emergencia económica y social por parte de la Corte Constitucional busca garantizar el control de las facultades extraordinarias del Ejecutivo, asegurando que toda actuación en el marco de esta figura esté sometida a escrutinio y límites legales. Ante este contexto, la administración de Petro argumenta la necesidad de una respuesta expeditiva cuando las catástrofes naturales afectan de manera imprevisible a miles de ciudadanos y no existen fuentes inmediatas de financiación.

La disputa institucional entre el Gobierno, la Corte Constitucional y el Congreso gira en torno a la potestad para definir los márgenes del gasto público y la generación de ingresos estatales. El Poder Ejecutivo considera indispensable adaptar las leyes tributarias y recuperar facultades excepcionales, mientras el Poder Judicial y el Legislativo mantienen posturas restrictivas basadas en el control constitucional y la revisión de los mecanismos para aprobar fondos extraordinarios.

El desafío de responder financieramente a emergencias y la discusión sobre la arquitectura legal del sistema tributario colombiano continúan en el centro del debate público y político, tal como indicaron las autoridades citadas por el medio. El avance de proyectos legislativos ordinarios o un eventual fallo favorable de la Corte definirán los próximos pasos del Gobierno de Petro para sortear la actual escasez de recursos en momentos críticos.

La Secretaría de Hacienda destacó el desempeño del aguacate mexicano en el marco del Super Bowl LX al resaltar el “modelo de exportación responsable, sostenible y competitivo” que distingue al sector, así como el liderazgo de Michoacán y Jalisco, que participaron con el 88% y 12% del volumen exportado, respectivamente.

En un mensaje oficial publicado en X, la Secretaría de Hacienda caracterizó a Michoacán y Jalisco como los pilares del “gran equipo nacional” que cumple con los más altos estándares internacionales y llamó al país “el campeón exportador de aguacates del mundo.”

El gobierno mexicano, detalló la dependencia, actúa como “entrenador sénior” al respaldar a los productores a través de la expedición del certificado de exportación, que garantiza la trazabilidad y la calidad del aguacate nacional.

La institución mencionó, además, que Estado de México, Nayarit, Morelos, Puebla y Guerrero también contribuyeron a la producción de aguacate, aunque en menor medida que Michoacán y Jalisco.

Asociación de aguacateros informa de un aumento del 11% de exportaciones en comparación con el año anterior

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que las exportaciones hacia el mercado estadounidense aumentarán un 11% sobre el ciclo anterior, alcanzando así una cifra histórica.

Del volumen total estimado, Michoacán aporta la mayoría, sobre todo desde municipios productores como Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro; Jalisco, por su parte, sobresale con envíos provenientes de Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.

De acuerdo con la APEAM en su comunicado del pasado 26 de enero, este resultado se debe a los microclimas favorables, suelos fértiles y la experiencia agrícola de ambas regiones.

La calidad del fruto está avalada por estrictos programas de trazabilidad y por la aplicación de los lineamientos del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en materia de fitosanidad e inocuidad, explicó la organización.

Además, la industria aguacatera refuerza su visión a largo plazo con medidas como la reforestación de 650 mil plantas en Michoacán y Jalisco y la Certificación Laboral de la Agroexportación (VELAGRO), la primera de su tipo para un producto fresco de exportación en el sector.

127 mil toneladas de aguacate se espera que sean exportadas a Estados Unidos durante el Super Bowl

La temporada del Gran Juego representa la principal ventana de exportación para el aguacate y simboliza su inserción en la cultura popular de Estados Unidos, según la APEAM y EFE.

El consumo durante las semanas previas al Super Bowl supera habitualmente las 114 mil toneladas y, en 2026, se prevé que ese récord sea superado con la nueva marca de 127 mil toneladas.

Sin embargo, el auge de las exportaciones enfrenta desafíos económicos. Según testimonios recogidos por EFE, los productores experimentan una crisis de rentabilidad, ya que actualmente el precio de exportación oscila entre 17 y 19 pesos por kilo (alrededor de un dólar), mientras que en años anteriores llegaba a los 35 pesos (dos dólares).

La saturación del mercado, la debilidad de la demanda y el crecimiento de competidores como Chile, Perú y Colombia han presionado los márgenes y elevado la incertidumbre en el sector.

Tras dos ejercicios económicos con saldo negativo, los resultados contables de RTVE en 2025 mostrarán una mejora sustancial, con más de 55 millones de euros que, tras la revalorización de los inmuebles, incrementarán el Fondo de Reserva de la Corporación. El presidente José Pablo López explicó estos resultados durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, marco en el que defendió que la corporación pública no representa una carga creciente para el Estado.

Según publicó el medio, José Pablo López aseguró ante los diputados y senadores que las cuentas de RTVE correspondientes a 2025 reflejarán un resultado operativo positivo, es decir, una diferencia favorable entre ingresos y gastos (sin contemplar intereses ni impuestos), superior a 45 millones de euros. De acuerdo con el propio presidente, el cierre del año marcará "la mayor cifra de ingresos comerciales" desde la aprobación de la nueva Ley de Financiación de RTVE en 2009. Este ingreso comercial superará los 85 millones de euros, lo que significa un incremento del 23% respecto al año previo.

El presidente insistió en distintos momentos de su comparecencia en que “es falso que RTVE le cueste cada vez más dinero al contribuyente”. López argumentó que la compensación de servicio público se redujo en 2025 un 6%, pasando de 589 millones de euros a 552 millones, lo que supone un ahorro de 37 millones de euros frente al ejercicio precedente. Según indicó, este dato contradice la percepción de que la corporación requiere un esfuerzo presupuestario cada vez mayor.

En respuesta a observaciones parlamentarias acerca del gasto en contenidos, López especificó que “es falso que RTVE dedique cada vez más dinero a programas”. Explicó que, si bien la inversión en programas en 2023 fue de 388 millones de euros y la cuota de audiencia alcanzó el 9,7%, para 2025 la inversión apenas subió a 392 millones, mientras que La 1 cerró diciembre con una cuota de pantalla del 12,2%. Según argumentó, la leve variación presupuestaria en programación no explica el crecimiento de la audiencia, afirmando que “parece que ha compensado la inversión”.

Sobre el volumen total presupuestario, el presidente detalló que “RTVE redujo su presupuesto ejecutado desde los 1.263 millones en el año 2024 a los 1.239 en 2025”. Incidió en que “es falso que nuestro crecimiento en audiencia se base en un incremento presupuestario”, dado que la reducción presupuestaria se concretó junto al aumento en las cifras de espectadores.

El medio también consignó que, durante la sesión, la portavoz de Vox, Carina Mejías, preguntó por la situación de la deuda de RTVE con la Agencia Tributaria. José Pablo López respondió que, contrario a algunos informes, la corporación pública “no ha pedido ningún préstamo” y “no tiene una deuda de 739 millones”. Aclaró que la cifra citada hace referencia a un contencioso relacionado con el IVA, un conflicto que afecta también a otras televisiones públicas desde 2015 y que, según López, “provocó” el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Ese problema, por lo tanto, no lo hemos generado nosotros y no tenemos nada que ocultar”, manifestó durante su intervención.

Además, López invitó a quienes tengan dudas sobre las cuentas de RTVE a impugnarlas ante instancias judiciales o a presentarlas al Tribunal de Cuentas, reforzando la idea de que el proceso de fiscalización mantiene total transparencia. Esta postura buscó despejar las acusaciones relacionadas con presuntos incrementos presupuestarios injustificados o riesgos para la sostenibilidad financiera de la Corporación.

José Pablo López defendió el equilibrio entre el gasto, el ahorro para el Estado y la inversión en contenidos que, a su juicio, se tradujo en mejores datos de audiencia sin incurrir en mayores desembolsos. Estos argumentos fueron presentados en un contexto donde el debate político y mediático en torno al papel y el coste de RTVE sigue presente en la actividad parlamentaria y en la opinión pública.

El análisis de las cifras presentadas ante la Comisión Mixta pone de manifiesto la estrategia de la dirección de RTVE orientada a equilibrar la eficiencia en la gestión financiera, el cumplimiento de su función de servicio público y la necesidad de captar mayores audiencias. Los datos sobre la evolución de la inversión en contenidos, los ingresos comerciales y el ajuste en el presupuesto global formaron parte de la exposición de López, quien buscó subrayar la viabilidad financiera de la Corporación y su contribución al ahorro público, según reportó el medio.

Vivir gratis en una vivienda propiedad de los padres es una situación mucho más habitual de lo que parece, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y adultos con ingresos medios. Esta realidad genera una duda recurrente: ¿tiene consecuencias fiscales residir sin pagar renta en un piso familiar?

La respuesta corta es tranquilizadora, pero el matiz jurídico y fiscal es importante, porque una mala gestión documental puede acabar convirtiendo una situación cotidiana en un problema con la Agencia Tributaria. De entrada, no existe una obligación automática de pagar a Hacienda por vivir gratis en una casa de los padres.

La cesión gratuita de una vivienda no tributa por sí misma ni debería considerarse, en principio, una donación. Sin embargo, el sistema fiscal español se basa en una premisa que conviene tener presente: la llamada “presunción de onerosidad”. Esto significa que la Administración tiende a presumir que toda cesión de un bien susceptible de generar renta tiene un precio, aunque en la práctica no se pague nada.

Esta presunción está recogida en el artículo 6.5 de la Ley del IRPF, que establece que las prestaciones de bienes, derechos o servicios se presumen retribuidas cuando pueden generar rendimientos del trabajo o del capital. En el caso de una vivienda, el riesgo está claro: si no se acredita que la cesión es gratuita, la Agencia Tributaria podría interpretar que existe un alquiler encubierto y exigir que se tribute como si se cobrara una renta a precio de mercado.

Aquí es donde entra en juego la importancia de documentar la situación. Una de las fórmulas más habituales es el contrato de comodato, un acuerdo por el que el propietario cede gratuitamente el uso de un inmueble a otra persona durante un tiempo determinado. Este documento no implica pago alguno y sirve como prueba clara de que no existe un alquiler. Otra alternativa es el llamado documento de precario, que deja constancia de que el hijo vive en la vivienda por mera tolerancia de los padres, sin contraprestación económica y sin que exista un derecho permanente de uso.

Diferencia de vivir con los padres o en segunda residencia

La diferencia no es menor, porque si no existe ningún documento que respalde la gratuidad de la cesión y Hacienda detecta que la vivienda está ocupada por un hijo, un familiar o incluso un amigo, puede reclamar que se declare un alquiler ficticio conforme a los precios de mercado. En ese caso, el propietario tendría que tributar por un rendimiento del capital inmobiliario que en realidad nunca ha percibido.

Ahora bien, no todas las situaciones se tratan igual. Cuando el hijo vive en la vivienda habitual de los padres, la normativa es mucho más clara y favorable. En este supuesto no existe obligación de imputar rentas inmobiliarias, ya que la ley excluye expresamente la residencia habitual de este cálculo. En estos casos, el riesgo fiscal es prácticamente inexistente.

La situación cambia cuando se trata de una segunda residencia o de un inmueble distinto de la vivienda habitual. Si se acredita que la cesión es gratuita mediante comodato o precario, el propietario no tiene que declarar un rendimiento del capital inmobiliario, pero sí debe imputarse rentas inmobiliarias conforme al artículo 85 de la Ley del IRPF, igual que ocurriría si la vivienda estuviera vacía.

Existe otro escenario especialmente sensible para Hacienda: cuando la cesión gratuita se utiliza como estrategia para reducir la factura fiscal. Por ejemplo, en viviendas que generan ingresos por alquiler turístico en determinadas épocas del año. En estos casos, ceder el uso al hijo no implica cederle el derecho a obtener los rendimientos. Si el hijo alquila la vivienda a terceros sin que exista un derecho real de usufructo formalizado en escritura pública, los ingresos seguirán imputándose al propietario.

Este punto es clave porque el IRPF es progresivo. Desplazar los ingresos del alquiler al hijo, que suele tener menos rentas, rompe esa progresividad y puede ser considerado una maniobra irregular si no se ha formalizado correctamente la donación del usufructo. En ausencia de ese derecho real, la Administración entiende que no ha habido una transmisión válida de las rentas.

La ganadería argentina cerró 2025 con un hito histórico: el país alcanzó el mayor ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina desde que existen registros. El resultado refleja una combinación de fuerte demanda internacional y una marcada recuperación de los precios globales, en un contexto que volvió a colocar al sector cárnico entre los grandes generadores de dólares para la economía nacional.

De acuerdo con datos informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, las ventas externas de carne bovina totalizaron 3.700 millones de dólares en 2025. La cifra representa un incremento interanual del 22,3 % en valor, consolidando un récord histórico para la cadena ganadera argentina.

Las estadísticas fueron elaboradas por la Dirección Nacional de Producción Ganadera sobre la base de información provista por el SENASA, el INDEC y la Dirección de Control Comercial Agropecuario. Este trabajo conjunto permitió dimensionar con precisión tanto el desempeño en divisas como la evolución de los volúmenes exportados a lo largo del año.

En términos físicos, el volumen total embarcado durante 2025 alcanzó las 853.183 toneladas equivalente res con hueso, un nivel que acompañó la mejora en los precios internacionales. La sostenida demanda desde distintos mercados del mundo impulsó las cotizaciones de la carne vacuna argentina a valores destacados, fortaleciendo los ingresos del sector exportador.

Uno de los datos más sobresalientes del informe es la recuperación de los precios internacionales. Solo en diciembre de 2025, el valor en dólares por tonelada equivalente res con hueso se ubicó 35,6 % por encima del registrado en el mismo mes de 2024, marcando el nivel nominal más alto de la serie histórica para la carne bovina argentina.

El desempeño exportador también se apoyó en la consolidación de destinos estratégicos. Mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y China mantuvieron una participación clave en las compras, reafirmando el posicionamiento internacional de la carne argentina en los segmentos de mayor valor.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que el acuerdo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos para situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 17.094 euros sin tributación llevará a que el Ministerio de Hacienda proponga aumentar la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 592,68 euros, con la que las personas trabajadoras solteras sin cargas personales ni familiares no tributarán.

Esta medida supondrá para el Tesoro Público un coste que podría rondar los 200 millones de euros, estiman desde Gestha. A su juicio, el instrumento que delimita la capacidad económica no sujeta a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el mínimo personal y familiar, “cuya actualización debería realizarse cuanto antes y acompasar en el futuro las sucesivas revisiones del SMI”.

En este contexto, consideran que la deducción en cuota es el mecanismo idóneo para evitar la tributación efectiva del SMI sin los efectos regresivos de las reducciones en base, y aseguran que se minimiza el impacto en las cuentas públicas, pues no todas las personas pueden agotar la deducción al tener mayores cargas personales y familiares o por insuficiencia de ingresos.

Los técnicos de Hacienda inciden en que los aumentos del SMI sin tributación son los importes que menos incrementan los costes de los empresarios tanto por la vía de los salarios como por la del aumento de las bases mínimas de las cotizaciones sociales, lo que en el futuro podrán acercar las posiciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Ampliar la deducción a los pensionistas y parados

Desde Gestha piden ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados, cuyas percepciones son también rentas del trabajo, pues no entienden que “se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI”.

Estiman que tendría un coste total muy reducido por los mayores mínimos por edad o discapacidad, y “habitualmente quien está unos meses en desempleo no llegará a superar el umbral de ingresos del nuevo salario mínimo interprofesional”.

Sobrecostes administrativos para las empresas

Por su parte, las empresas tendrán sobrecostes administrativos por importe de 2,9 millones de euros por el retraso en la aprobación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, ya que aún no ha sido aprobado y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Según la patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo, este retraso implicaría un coste agregado para las empresas del sector de 690.000 euros, derivados de los cálculos de todas las nóminas complementarias que deban hacerse una vez se ponga en marcha el nuevo SMI.

“Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa”, explica Asempleo. Por ello, pide al Ministerio de Trabajo que “la publicación del Real Decreto por el que se fije el nuevo SMI y la entrada en vigor de este debe de realizarse de manera sincrónica”.

Las compañías que logren un crecimiento en su plantilla de empleados con remuneraciones superiores al salario mínimo interprofesional (SMI) pueden optar a deducciones fiscales que alcanzan hasta la totalidad del incremento del SMI, de acuerdo con el borrador de incentivos elaborado por el Ministerio de Hacienda. Según detalló Europa Press, el incentivo dirigido a empresas establece una compensación fiscal gradual condicionada tanto al número de contrataciones como al nivel salarial ofrecido, con el objetivo de facilitar el aumento del SMI en 2026 y sumar a la patronal CEOE al pacto.

El plan del Gobierno, según publicó Europa Press a partir de la propuesta filtrada, prevé fijar el SMI en 1.221 euros mensuales, distribuidos en catorce pagas anuales, lo que representa una subida del 3,1% respecto al valor previsto para 2025. Para materializar este incremento sin desalentar la contratación, el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, diseña una reducción progresiva en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción favorecería a las empresas que no solo mantengan, sino que amplíen su plantilla con empleos cuya retribución supere el SMI.

El alcance del beneficio fiscal depende de la magnitud de dicho aumento en el empleo. Las compañías de menos de 100 trabajadores accederían a la compensación si amplían su plantilla en al menos una persona contratada a tiempo completo durante un año. En el caso de las organizaciones que cuentan con al menos un centenar de trabajadores, la condición sería sumar dos nuevos empleados o elevar la plantilla en al menos un 1%. Según consignó Europa Press, la cuantía de la reducción fiscal es escalonada: si el crecimiento de la plantilla resulta inferior al 5%, la rebaja en el impuesto resulta menor, pero si el incremento iguala o supera el 15% del personal, puede alcanzar el 100% de la subida del SMI.

Europa Press detalló que para mantener el derecho a la deducción, las empresas beneficiadas por este incentivo estarán obligadas a preservar ese incremento de trabajadores durante los dos años siguientes al ejercicio fiscal en que se aplicó la reducción. El esquema busca asegurar una consolidación del aumento en el empleo y evitar ajustes que anulen el efecto de las nuevas contrataciones tras recibir la ventaja tributaria.

El Gobierno espera que este tipo de estímulos fiscales sirva como elemento persuasivo para involucrar a la CEOE y alcanzar un acuerdo en torno al alza del salario mínimo. Hasta ahora, los representantes empresariales se han mostrado reticentes ante las propuestas de aumentos del SMI sin medidas compensatorias que mitiguen el impacto en los costes laborales. Como publicó Europa Press, la reducción fiscal actúa como opción para que las empresas puedan absorber el sobrecoste derivado del nuevo SMI a través de ventajas impositivas condicionadas a la creación de empleo de calidad.

El borrador del Ministerio de Hacienda, al que accedió Europa Press, forma parte de un conjunto más amplio de negociaciones entre el Ejecutivo, sindicatos y patronal, en las que el consenso resulta clave para definir la evolución del SMI de cara a 2026. La medida no contempla requisitos en cuanto a los sectores o actividades de las compañías, sino que vincula la deducción directamente al número de empleados y al nivel retributivo. El modelo propone como referencia la plantilla media durante el periodo impositivo, para contar la variación en la cifra de empleados y evitar manipulaciones puntuales.

La propuesta trasladada a la CEOE integra el objetivo gubernamental de avanzar hacia una convergencia del salario mínimo con parámetros de otros países europeos, pero ajustándose a las realidades específicas del mercado laboral español. Según la información de Europa Press, el mecanismo prevé un seguimiento posterior de dos años, ratificando así el compromiso empresarial con la estabilidad en la generación de empleo.

El plan fiscal presentado por Hacienda refleja la búsqueda de apoyos para una reforma que afectará a millones de trabajadores y a la estructura de costes de las empresas, en los ámbitos de negociación colectiva y en la planificación de recursos humanos. Desde el Ejecutivo aseguran, según citó Europa Press, que la medida contribuye tanto al objetivo social de elevar las condiciones salariales mínimas como a la viabilidad económica de las empresas en un contexto de incremento de costes laborales.

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en San Sebastián de los Reyes, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero debe ofrecer explicaciones públicas sobre su participación y vínculos en el caso Plus Ultra, una investigación que se extiende a las conexiones de la aerolínea con Nicolás Maduro y el entorno chavista. De acuerdo con la información difundida por el medio, Ayuso señaló que resulta necesario que tanto Hacienda como la Agencia Tributaria exijan aclaraciones a Zapatero por la implicación de personas vinculadas al caso que ya se encuentran en prisión.

Según publicó el medio, la mandataria madrileña cuestionó la ausencia de respuestas por parte del expresidente, apuntando que cualquier otra persona en las mismas circunstancias estaría rindiendo cuentas ante las autoridades. Ayuso remarcó que son necesarias pruebas documentales como facturas para establecer la naturaleza del papel ejercido por Zapatero en una trama que ha derivado en consecuencias judiciales para algunos de los involucrados.

El caso Plus Ultra, investigado por la justicia española, está centrado en los supuestos nexos económicos y societarios entre la aerolínea y miembros del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro, cuestión que ha generado amplias repercusiones políticas. La presidenta madrileña calificó de escándalo toda la información que está surgiendo acerca de la relación de Zapatero con estas operaciones, considerándolo de magnitud inédita.

La dirigente insistió en que tanto Hacienda como la Agencia Tributaria tienen la responsabilidad de solicitar la documentación pertinente y propiciar que se esclarezcan todos los hechos en torno a la gestión y los posibles intereses del expresidente en la operación empresarial investigada. Tal como detalló el medio, Ayuso reclamó la máxima transparencia en este proceso y ratificó públicamente la demanda de intervención inmediata de las autoridades fiscales para dilucidar cualquier posible irregularidad.

El Consejo de Gobierno extraordinario tuvo lugar en San Sebastián de los Reyes en un contexto en el que la presión política aumenta sobre la figura de Zapatero. El medio consignó que la presidenta subrayó que no resulta suficiente mantener silencio público, y que es imprescindible, tanto por parte del propio Zapatero como de las autoridades correspondientes, aclarar la naturaleza precisa de las transacciones y relaciones con Plus Ultra y el entorno del gobierno venezolano.

Ayuso reiteró que, dadas las circunstancias del caso y la gravedad de las sospechas que han aparecido en los medios y en investigaciones oficiales, resulta insostenible la falta de comparecencias públicas que expliquen el rol desempeñado por el expresidente. Según el medio, insistió en que "debería enseñar las facturas y demostrar cuál es su papel en una trama en la que un señor ya ha acabado en la cárcel".

Finalmente, la presidenta madrileña ha puesto el foco en la necesidad de garantizar controles efectivos desde los órganos fiscales del Estado y de exigir cuentas, ante una situación que, según sus declaraciones recogidas por el medio, supera los estándares habituales de transparencia y rendición de cuentas exigibles a cualquier figura pública o privada involucrada en un procedimiento similar.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el pasado 22 de enero el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a personas físicas y empresas cuyos ingresos en el ejercicio fiscal 2024 no superen los 300 millones de pesos.

Este programa permite condonar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con obligaciones fiscales de 2024 o años anteriores.

Según el SAT, estas medidas también contemplan una reducción de hasta el 90% en créditos fiscales constituidos exclusivamente por multas. La iniciativa se fundamenta en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y alcanza a multas derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

¿Cómo ser beneficiario del programa de regularización?

Para acceder al beneficio, las y los contribuyentes no deben haber recibido condonaciones en programas generalizados previos ni haber sido beneficiados por el estímulo fiscal señalado en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025.

Quedan además excluidos aquellos que cuenten con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales o figuren en los listados definitivos sobre irregularidades de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Tres casos posibles para personas físicas y morales

El programa cubre tres supuestos principales. El primero corresponde a contribuyentes que tengan contribuciones omitidas autodeterminadas de 2024 o ejercicios anteriores.

Para acceder, deben presentar la declaración, reconocer la contribución a cargo y sus accesorios, y pagar en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026; la condonación aplica únicamente sobre los recargos generados.

En el segundo caso, dirigido a quienes están sujetos a facultades de comprobación, el SAT señala que los contribuyentes podrán acceder al estímulo siempre que corrijan irregularidades, se autocorrijan y paguen dentro del plazo correspondiente, antes del 31 de diciembre de 2026, y previo a la notificación de la resolución final.

El tercer supuesto aplica a personas o empresas con créditos fiscales firmes determinados por la autoridad fiscal federal, que no hayan sido impugnados o que se desistan de algún medio de defensa interpuesto.

La solicitud debe presentarse antes del 31 de octubre de 2026, a través del portal del SAT o de manera presencial. Si procede, se otorgará una línea de captura y el pago deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales.

Para los créditos fiscales firmes, el pago puede realizarse en hasta seis parcialidades siempre que la última ocurra antes del 30 de noviembre de 2026 y el contribuyente no se encuentre en concurso mercantil ni haya sido declarado en quiebra. El incumplimiento de los plazos establecidos en las líneas de captura provoca la pérdida del estímulo fiscal, y la autoridad exigirá el pago conforme la ley.

Al presentar la solicitud del estímulo fiscal, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución y no es necesario garantizar el interés fiscal. También se interrumpe el término de prescripción. El SAT destaca que solicitar el estímulo implica aceptar íntegramente el crédito fiscal, y si se interpone algún recurso de impugnación, el beneficio pierde efecto.

El programa establece que el estímulo fiscal no se considera ingreso acumulable para el cálculo del impuesto sobre la renta. Tampoco da lugar a devolución, deducción, compensación, acreditamiento ni saldo a favor. El SAT conserva la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La especialista financiera Montse Cespedosa subraya el alcance de la medida en un video publicado en su perfil de TikTok (@montse_cespedosa): “Hacienda confirma que los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”. Esta aclaración por parte de la Administración Tributaria despeja una de las principales dudas que existían hasta ahora, ya que tradicionalmente la donación de un inmueble podía generar una ganancia patrimonial sujeta a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que debía afrontar el donante en la declaración. La novedad ha despertado un notable interés entre familias que buscan alternativas a la herencia clásica para transmitir su patrimonio de forma más eficiente.

No obstante, la Dirección General de Tributos introduce un matiz clave que conviene tener muy presente y es que “solo afecta esta exención al donante”. Esto significa que, aunque el propietario mayor de 65 años no tendrá que tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial derivada de la donación, los hijos que reciban la vivienda sí deberán asumir el pago correspondiente del impuesto sobre donaciones y sucesiones. Este tributo depende de cada comunidad autónoma, lo que puede suponer diferencias muy importantes en el coste final de la operación según el lugar de residencia.

A quién beneficia esta medida

La exención fiscal se restringe exclusivamente a la vivienda habitual del donante, entendida como aquella en la que haya residido de manera efectiva durante un periodo continuado. No se aplica, por tanto, a segundas residencias, viviendas en alquiler u otros inmuebles del patrimonio personal. Además, la normativa contempla también los supuestos en los que el propietario se encuentre en situación de dependencia severa o gran dependencia, equiparando estos casos a los mayores de 65 años a efectos fiscales.

Desde el punto de vista de la planificación financiera, esta medida puede resultar especialmente útil para familias que desean anticipar la transmisión de la vivienda y evitar posibles conflictos futuros entre herederos. También puede ser una herramienta para ayudar a los hijos en momentos clave, como la formación de un nuevo hogar, sin esperar al fallecimiento del propietario.

Recomendaciones de la experta

Según la información difundida por la experta, quienes deseen aprovechar esta exención deben asegurarse de cumplir estrictamente los requisitos exigidos por la administración tributaria, revisar la normativa autonómica aplicable y, en muchos casos, consultar con un asesor fiscal o jurídico. Una planificación adecuada puede marcar la diferencia entre una operación ventajosa y un coste fiscal inesperado, ya que esta exención no implica que las partes no se vayan a ver afectadas por otros impuestos tras la transacción.

El Ministerio de Hacienda prevé adelantar la liquidación del sistema de financiación autonómica con el objetivo de que las comunidades autónomas reciban antes los fondos vinculados a la recaudación real, una medida que se enmarca dentro del debate parlamentario sobre la futura ley de financiación territorial en España. Según informó El País, y tal como confirmó Europa Press, el Gobierno ha trasladado a los gobiernos regionales su intención de modificar la relación entre las entregas a cuenta y el calendario de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta gubernamental plantea que estos pagos anticipados dejen de depender del ciclo presupuestario estatal.

El medio El País detalló que Hacienda ha sugerido incluir esta desarticulación de las entregas a cuenta como una de las novedades que compondrán la nueva normativa de financiación autonómica actualmente bajo negociación. Según fuentes recogidas por Europa Press, la mecánica tradicional en la que la Administración General del Estado recibe los fondos de los impuestos compartidos y, posteriormente, distribuye cálculos preliminares de recursos a las comunidades durante el año fiscal anterior, podría verse alterada. Esta fórmula implica que, independientemente del comportamiento real de los ingresos tributarios, las comunidades perciben un monto fijo previamente determinado, con una liquidación posterior que ajusta la diferencia a los dos años, en función de la recaudación final.

En situaciones previas en las que el Estado prorroga los Presupuestos Generales, la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se ha realizado mediante la aprobación de reales decretos-ley. No obstante, el Ministerio pretende institucionalizar una modalidad que garantice estos flujos financieros regulares sin la necesidad de emplear esa vía legislativa extraordinaria, garantizando así mayor certidumbre y estabilidad a los gobiernos autonómicos.

La reforma propuesta por el Gobierno recoge además la posibilidad de que las comunidades autónomas opten por un modelo de “caja compartida”. Según publicó El País, el nuevo modelo permitiría que los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) fluyan de forma simultánea tanto al Estado como a las administraciones autonómicas. Para que un territorio pueda acogerse a este esquema, deberá expresar formalmente su decisión a través de la comisión mixta correspondiente con la Administración central, y dicha elección se mantendrá vigente durante un periodo mínimo de cinco años, según la propuesta difundida.

Adicionalmente, Hacienda ha puesto sobre la mesa la negociación de nuevas condiciones que posibiliten realizar las liquidaciones mucho antes, acelerando así el acceso de los gobiernos regionales a los fondos que generan sus propios territorios. La intención expresada en las discusiones, según señaló Europa Press, apunta a corregir las demoras que han caracterizado hasta ahora el sistema, en el que las autonomías ven reflejado el posible incremento en la recaudación con un retraso de hasta dos ejercicios fiscales.

Este planteamiento surge en un contexto de creciente preocupación por la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que dependen en gran medida de estos anticipos y liquidaciones para la prestación de servicios públicos fundamentales. Tanto El País como Europa Press remarcaron que con esta reforma, el Ejecutivo busca que las comunidades cuenten con un marco más previsible y menos sujeto a los ritmos de aprobación parlamentaria del Estado, con potencial impacto en la gestión presupuestaria regional.

El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica continúa abierto, con la perspectiva de que tanto las entregas a cuenta como el método de distribución de los fondos experimenten cambios de calado si prosperan las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Hacienda en el marco legislativo y de concertación entre las administraciones.

Si de algo no hay dudas, es que la carne vacuna estará en el centro de la escena tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Para el Rosgan, es uno de los productos que resultaría más favorecido tras la implementación de semejante compromiso. Aunque en términos de volumen hoy no prevalece, ni mucho menos, dentro de las exportaciones argentinas de carne vacuna, el mercado europeo sigue siendo sinónimo de gran valoración y altos precios para nuestros mejores cortes.

En primer lugar, la eliminación de aranceles prevista en el entendimiento entre ambos bloques impactaría de manera inmediata sobre el actual contingente Hilton, para el cual la Aduana europea aplica un arancel de ingreso del 20%. Nos han otorgado una cuota de 29.500 toneladas dentro de este contingente, que se compone básicamente de los cortes de mayor valor: los dos bifes, ancho y angosto, el lomo y el cuadril, con un precio promedio por encima de USD 18.000 la tonelada. A partir del acuerdo, esto pasaría a arancel cero.

En una primera instancia, se generaría un ahorro inmediato del 20% como consecuencia de la eliminación de los aranceles vigentes para Hilton. En una segunda etapa, y a medida que se incorporen las cuotas adicionales, el ahorro por cada tonelada embarcada dentro del contingente podría superar el 40% en relación con el actual arancel consolidado.

Es que además de la cuotas Hilton y 481, se le asignará al Mercosur un cupo anual de 99.000 toneladas equivalente carcasa — aproximadamente 76.000 toneladas peso producto—, el cual se implementaría de forma gradual a lo largo de los próximos cinco años. Según el Rosgan, dicho cupo estaría sujeto a un arancel intracuota del 7,5%, frente a una tarifa consolidada fuera de cuota cercana al 50%. No obstante, a diferencia de las exigencias establecidas en los otros regímenes arancelarios, esta nueva cuota no impondría restricciones respecto del tipo de alimentación del ganado (grano o pasto).

Eso sí, introduce requisitos en materia de conservación de la carne, estableciendo un límite del 55% para los productos enfriados, mientras que el resto deberá ser exclusivamente congelado. Por otra parte, la distribución de este cupo no sería homogénea entre los Estados miembros del Mercosur. Su administración deberá ser acordada internamente entre los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, un aspecto que aún no ha sido abordado y que podría convertirse en un nuevo punto de tensión previo a su implementación.

En el caso de Argentina, que goza de una posición claramente dominante dentro de la Hilton, el volumen exportado por fuera de esta cuota duplicó en 2025 las ventas realizadas dentro de ella, según indica el Rosgan. Para el resto de los orígenes —especialmente Brasil— los excedentes resultan aún más significativos. Estos datos evidencian con claridad que el beneficio derivado de la implementación del presente acuerdo sobre el mercado de la carne vacuna sería directo y sin mediar esfuerzos adicionales ni redireccionamientos de los saldos exportables para cumplir con las nuevas cuotas de acceso.

En el balance, el volumen total al que accedería el Mercosur en su conjunto estaría compuesto por el contingente asignado bajo la Cuota Hilton, equivalente a aproximadamente 45.000 toneladas anuales; otras 10.000 toneladas máximo correspondientes a la Cuota 481, actualmente vigente para terceros países; y este nuevo cupo adicional, que se incorporaría de manera progresiva año tras año hasta alcanzar unas 76.000 toneladas peso producto a partir del quinto período, con un aumento promedio estimado en torno al 26% anual. Esto pone de manifiesto la creciente participación que adquiriría la carne vacuna proveniente de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en el mercado europeo, apalancada por una contundente ventaja arancelaria.

Todavía restan algunos pasos por cumplir en el ámbito de las autoridades del Viejo Continente –también en el Mercosur, pero en este caso no se esperan problemas- , que quizás demandarán algunos meses, si bien hay coincidencia en el sentido de que el acuerdo firmado en Paraguay no tiene marcha atrás. O al menos eso parece. Desde la consultora Zorraquín-Meneses advierten que tomará tiempo analizarlo en detalle, pero a priori en términos generales se supone positivo, ya que debería impulsar una mayor apertura al mundo de nuestro país y la región, con un socio que es la tercera economía mundial. Desde luego, habrá aranceles preferenciales para el comercio, pero también pueden generarse restricciones no arancelarias que resten competitividad más allá de las salvaguardas.

Estos especialistas creen que queda mucho por intercambiar y por negociar, sin perder de vista que en algunos países de Europa los productores muestran una fuerte resistencia a esta integración y sus gobiernos deberán hacer equilibrio para que funcione. Un conocido analista brasileño agrega que “se trata del acuerdo de libre comercio más extraño que he conocido, ya que es el primero que exhibe un montón de restricciones, cuotas y aranceles, tanto, que ni siquiera parece un acuerdo”, ironiza. Con sus limitaciones, la obligación será aprovecharlo al máximo.

Ayudar económicamente a los hijos es una práctica habitual en miles de familias españolas, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la dificultad para acceder a una hipoteca y el aumento del coste de vida. Transferencias para pagar la entrada de un piso, colaborar con el alquiler o facilitar la compra de un coche forman parte de la normalidad doméstica. Sin embargo, lo que para padres e hijos es un gesto de apoyo familiar puede convertirse en un problema serio con Hacienda si no se hace de la forma correcta.

Sobre este riesgo ha alertado el abogado David Jiménez, poniendo el foco en las consecuencias fiscales de realizar transferencias de dinero sin respaldo legal. Jiménez, economista y abogado especializado en herencias, parte de una situación muy común: hijos que recurren a sus padres para poder afrontar gastos importantes ante la falta de ahorro suficiente.

Según explica, el error más habitual es pensar que una transferencia bancaria entre familiares no tiene trascendencia fiscal o que, por tratarse de una ayuda puntual, no genera obligaciones ante la Administración. Nada más lejos de la realidad. Desde el punto de vista tributario, este tipo de movimientos de dinero están sometidos a una presunción fiscal que puede jugar en contra del beneficiario.

El abogado señala que cuando un padre o una madre transfiere una cantidad relevante de dinero a un hijo -por ejemplo, para pagar la entrada de una vivienda-, Hacienda puede interpretar que se trata de una donación. Esta interpretación no depende de la intención real de las partes, sino de la ausencia de un soporte jurídico que justifique el origen y la naturaleza de la transferencia.

Realizar una donación o un préstamo

El impuesto sobre sucesiones y donaciones es autonómico y su impacto varía mucho según la comunidad autónoma de residencia. En algunos territorios la carga fiscal es reducida o existen bonificaciones elevadas, pero en otros el coste puede ser significativo. El problema, tal y como advierte Jiménez, es que muchos contribuyentes solo descubren esta realidad cuando Hacienda inicia una comprobación y reclama el impuesto, con recargos e intereses incluidos.

Además, el abogado subraya que no solo está en juego el pago del impuesto. Una regularización de este tipo puede generar conflictos administrativos, retrasos en trámites posteriores e incluso sanciones si la Agencia Tributaria considera que ha existido una omisión de obligaciones fiscales. Todo ello por una transferencia que, en el ámbito familiar, se percibe como algo completamente normal.

Ante este escenario, Jiménez insiste en la importancia de distinguir claramente entre una donación y un préstamo. Si la intención real es regalar el dinero al hijo, lo correcto es formalizar una donación y liquidar el impuesto correspondiente conforme a la normativa autonómica. Por el contrario, si el dinero se entrega con la idea de que sea devuelto, recomienda formalizar un préstamo entre particulares.

Jiménez recalca que el mayor riesgo está en hacer transferencias “libremente”, sin pensar en cómo se justifican ni en cómo pueden ser interpretadas por Hacienda. La Administración no analiza el contexto emocional o familiar, sino los movimientos bancarios y la documentación que los respalda. Y en ausencia de esa documentación, la presunción fiscal puede resultar determinante.

El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que implica una inyección extraordinaria de 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas a partir de 2027. Sin embargo, la reacción de la mayoría de ejecutivos regionales ha sido el rechazo al nuevo sistema, principalmente por el temor a un reparto menos uniforme de recursos entre los territorios. Aunque desde el Ministerio de Hacienda sostienen que la medida refuerza el Estado del bienestar y mejora la equidad territorial, apotando fondos récord a todas las regiones, de momento solo Cataluña se ha mostrado satisfecha con su diseño.

A esta línea de análisis se ha sumado el centro de estudios Fedea, que ha elaborado un informe que pone a prueba la homogeneidad de estas mejoras en financiación. El estudio, firmado por Ángel de la Fuente, desglosa con detalle cómo el nuevo reparto beneficia a algunos territorios y relega a otros realizando una simulación de los recursos con los que hubiese contado cada comunidad en 2023 si el modelo propuesto se hubiese aplicado entonces.

La reforma prevé para 2027 más de 20.000 millones de euros más para las autonomías, provenientes de una mayor cesión de impuestos y varios mecanismos adicionales, mientras que el análisis de Fedea parte de una estimación de 14.658 millones que se hubiesen sumado a las cuentas en 2023. Más allá de la diferencia de año, la distancia entre estas dos cifras se explica por diferencias de cálculo entre las cuentas de Hacienda y la aproximación realizada en el estudio.

La suma total de fondos beneficia a Cataluña y Andalucía

En términos absolutos, Cataluña se sitúa a la cabeza en cuanto a recursos adicionales, con 3.903 millones de euros más que bajo el sistema vigente. Andalucía también experimenta un notable aumento, recibiendo 3.072 millones extra, mientras que la Comunidad Valenciana suma 2.500 millones y Madrid 2.708 millones a su financiación. Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias registran incrementos más moderados, de entre 546 y 726 millones de euros.

En el otro extremo, algunas comunidades, como Galicia o Asturias apenas ven cambios en el volumen total de fondos que reciben. Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Extremadura no obtienen incrementos netos, ya que la compensación del statu quo se limita a impedir que pierdan recursos frente al modelo anterior.

Valencia y Murcia completan el podio en el cálculo por habitante

Más allá de la cifra total de financiación adicional, Fedea calcula otro indicador fundamental para el análisis de la equidad del reparto: la financiación efectiva por habitante ajustado. Este número expresa en euros la cantidad que cada comunidad recibe para financiar servicios públicos transferidos, corrigiendo la población según factores sociales, demográficos y de necesidad. Es decir, muestra el dinero real que recibe cada comunidad autónoma por habitante.

Este enfoque revela nuevos desajustes en el reparto entre comunidades, aunque Cataluña se mantiene como la más favorecida y lidera el incremento, con 507 euros adicionales por habitante ajustado. Le siguen la Comunidad Valenciana y Murcia, que suman cerca de 500 euros cada una. Madrid y Baleares también registran aumentos destacados, de entre 400 y 450 euros, mientras que Andalucía y Canarias experimentan mejoras más moderadas.

En el extremo opuesto, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Extremadura no registran incrementos, manteniéndose en los mismos niveles de financiación que con el modelo anterior. Por su parte, Galicia y Asturias presentan avances muy modestos, con aumentos de 89 y 122 euros por habitante ajustado, respectivamente. Dejando a un lado la excpeción de Murcia, el desglose por habitante muestra que las grandes comunidades con mayor financiación quedan en los primeros puestos de este ránking.

Hacienda señala a Andalucía como principal favorecida

Las estimaciones de Hacienda para 2027, en cambio, señalan a un reparto con Andalucía como líder, con 4.846 millones de euros, mientras Cataluña cae al segundo puesto y recibiría 4.686 millones. La Comunidad Valenciana, cuarta en la lista de Fedea, sumaría 3.669 millones, mientras que Madrid alcanzaría 2.555 millones.

En cuanto a la financiación por habitante, cálculada aproximadamente a partir de los datos poblacionales más recientes disponibles pero sin ajuste estructural, Murcia encabeza la lista con 743,7 euros por persona ajustada, seguida de la Comunidad Valenciana con 668 euros y Castilla-La Mancha con 582,7 euros.

Cataluña, también primera en posición relativa

Por útlimo, el informe de Fedea compara a través del índice de financiación relativa por habitante la posición de cada territorio respecto al promedio nacional, comparando su financiación por habitante ajustado con la del conjunto y expresándolo sobre 100. Un valor mayor a 100 indica que recibe más recursos que la media, y menor a 100 que recibe menos. Así, se puede evaluar el reparto relativo de recursos desde la perspectiva de la equidad y la comparación territorial. Este índice revela que, aunque ninguna comunidad pierde fondos en términos absolutos, algunas regiones retroceden en el reparto comparativo y quedan relegadas en el ranking nacional de financiación por habitante ajustado.

El análisis del informe pone de manifiesto que, aunque la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada se reduce, las desigualdades regionales siguen siendo significativas. Cataluña vuelve a siturse a la cabeza, con un índice que asciende de 102,4 a 106,6, colocándose un 6,6% por encima de la media nacional. La Comunidad Valenciana y Murcia registran también avances importantes, con subidas de 4,8 y 4,3 puntos, respectivamente, mientras que Baleares y Madrid experimentan incrementos más moderados y Andalucía aumenta ligeramente su posición.

En el otro extremo, algunas comunidades pierden peso relativo frente al resto. Cantabria desciende 10,7 puntos, La Rioja 10,1, Castilla y León 9,7 y Extremadura 10, mientras que Galicia, Asturias, Aragón y Canarias registran retrocesos menores, de entre 3 y 7 puntos. Estos movimientos reflejan que, pese a los ajustes, persiste un reparto desigual de la financiación entre territorios.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha augurado que no formará parte del Gobierno central cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado de 2026. “No sé cuándo se convocan las elecciones autonómicas en Andalucía pero los periodos máximos hacen pensar que cuando se presente el nuevo PGE, ya no estaré aquí seguro”, ha señalado este miércoles tras la rueda de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Montero ha asegurado que el Gobierno se encuentra trabajando de manera “intensa” en la elaboración de las cuentas públicas, aunque por el momento no hay fecha para su presentación. Según la ministra, todo dependerá de cuándo se convoquen las elecciones en Andalucía: “No está en mi mano y, por tanto, no puedo decir más”, ha señalado.

Respecto a la fecha exacta de las elecciones andaluzas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró en abril de 2025 que cumpliría con la legislatura de cuatro años, por lo que los comicios serían “cuando toca, en el mes de junio del año 2026”, sin decir qué fin de semana será el elegido, aunque adelantando que intentará “sortear las fiestas de primavera, donde hay mucha romería”.

Según Montero, en el momento en que el Gobierno tenga listo el Presupuesto, lo presentará a la opinión pública y lo registrará en el Congreso de los Diputados, aunque ha detallado que por el momento “no hay ninguna novedad” y continúan en los mismos parámetros. Además, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal, una cuestión a la que esta misma semana ha instado a vigilar Standard and Poor’s a colación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Se desplaza la fecha límite anunciada por Elma Saiz

Con el anuncio de Montero, cabe esperar que los PGE no vean la luz hasta mediados de año, lo que choca con lo anunciado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, el 29 de diciembre de 2025, cuando fijó el primer trimestre de 2026 como fecha límite para presentar las cuentas públicas.

Saiz, también aseguró que, aunque el Ejecutivo no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado, “de ninguna manera” significaría el final de la legislatura. Además, detalló que dentro de los Presupuestos seguirán siendo una prioridad el Escudo Social y la puesta en marcha de medidas en materia de vivienda, con el objetivo de “cambiar el paradigma, dejar de hablar de la vivienda como un negocio para hablar como un derecho”.

La ministra defendió también que el Gobierno no renuncie a aprobar nuevos PGE y aseguró que las cuentas deberán responder a unos criterios determinados, ya que “no vale cualquier cosa”. Además, ha recalcado que el Ejecutivo está trabajando en “un proyecto de presupuestos bueno que siga en la línea en la que estamos”, diferenciándolo de otras cuentas que, a su juicio, incluyen “recortes en derechos” o carecen de avances en protección social y recordó que, incluso con los presupuestos prorrogados, se han podido adoptar medidas relevantes.

Durante la presentación de la propuesta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que más de 15.000 millones de los 20.975 millones de euros que el Estado prevé transferir a las comunidades autónomas corresponderán a regiones administradas actualmente por el Partido Popular. Esta cifra forma parte del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno español ha puesto a consideración de las comunidades y cuyo contenido ha motivado reacciones críticas de varios gobiernos regionales, según informó el medio que proporcionó la información.

El encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por Montero, estuvo centrado en la revisión de la propuesta para una reforma del sistema de financiación autonómica. Según consignó la fuente, la ministra subrayó que el nuevo modelo sería de aplicación voluntaria, negando que esté diseñado para beneficiar de manera particular a Cataluña o para responder a las demandas de partidos independentistas. "No hay ningún tipo de privilegio ni de trato de favor con ninguna comunidad autónoma", afirmó Montero, tal como reportó el medio. Recalcó que la mayor parte de los fondos extra favorecerá a regiones bajo administración de partidos opuestos al Gobierno central, frente a las acusaciones que señalaban un posible sesgo hacia Cataluña.

Durante la reunión, los consejeros de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, expresaron críticas a la propuesta. A pesar de la oposición, la ministra defendió la iniciativa y subrayó que no existen razones objetivas para que alguna comunidad se resista a este modelo, según expresó en declaraciones recogidas por el medio que cubrió la información. Montero lamentó que las discusiones se centraran más en argumentos políticos que en elementos técnicos del sistema de financiación.

El proyecto ha suscitado rechazo tanto en regiones con administración del Partido Popular como en sectores socialistas, principalmente debido a la percepción de que las negociaciones previas con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pudieran haber condicionado el contenido del modelo, detalló la fuente. En respuesta a estas críticas, Montero aludió a las acusaciones sobre la existencia de un supuesto "cupo separatista". Según la ministra, estas afirmaciones carecen de fundamento y respondió: "Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira".

El nuevo sistema no cambia el trato entre comunidades, de acuerdo con lo que sostiene el Gobierno. El medio detalló que la reestructuración propuesta busca reforzar la financiación de los servicios públicos, sin asignar ventajas particulares según orientación política o ubicación territorial. La ministra recalcó que si alguna formación política se verá más beneficiada por la transferencia de recursos será la que controla una mayor parte del territorio nacional, en referencia al Partido Popular.

La aplicación voluntaria del nuevo modelo supone que cada comunidad tendrá la opción de adherirse a este esquema de financiación, lo que, según explicó Montero, responde a las necesidades diferenciadas de las regiones e intenta evitar la imposición de un marco único sin consenso. Insistió en que el diálogo con todas las comunidades sigue abierto y que la propuesta busca garantizar la estabilidad financiera, especialmente en un contexto donde la prestación de servicios públicos depende de la suficiencia y la equidad en la distribución de recursos estatales.

De esta manera, pese a las discrepancias y a las tensiones políticas reflejadas en el CPFF, la titular de Hacienda dejó en claro que el Ejecutivo español mantiene su postura de equidad y rechaza los señalamientos de trato privilegiado hacia Cataluña o cualquier otra comunidad, recogió el medio.

El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno ha provocado un rechazo casi unánime de las comunidades autónomas. Todos los consejeros regionales que participaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), excepto el representante de Cataluña, trasladaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su oposición frontal a una propuesta que consideran condicionada de origen por el pacto político entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Tras más de cuatro horas de reunión, el encuentro concluyó sin avances y con un evidente malestar entre los responsables autonómicos de Hacienda. Según señalaron al término del CPFF, la ministra se limitó a reiterar los argumentos que ya había expuesto el pasado viernes en rueda de prensa, sin introducir cambios ni abrir un verdadero proceso de negociación multilateral.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del consejero de Economía de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, quien subrayó el aislamiento del Gobierno en esta cuestión. “Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado y que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas”, afirmó.

Ruptura del principio de igualdad entre territorios

Marín criticó que el nuevo sistema no aborda los desequilibrios estructurales que arrastran muchas comunidades desde hace años y advirtió de que el planteamiento del Ejecutivo rompe el principio de igualdad entre territorios. A su juicio, diseñar la financiación autonómica a partir de acuerdos políticos con una sola comunidad supone “deslegitimar” un modelo que debería construirse desde el consenso y criterios técnicos.

En la misma línea se expresó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien reiteró su rechazo tanto al nuevo modelo como al actual sistema de financiación. Albert exigió al Gobierno central que presente una propuesta verdaderamente multilateral, debatida en el seno del CPFF, y no un esquema “que no venga dado por el resultado que ha decidido el señor Junqueras”.

La responsable madrileña defendió que la financiación autonómica no puede ser moneda de cambio en negociaciones políticas y alertó de que un sistema condicionado por pactos bilaterales puede tener consecuencias negativas sobre la cohesión territorial y la calidad de los servicios públicos. “Este no es el camino para garantizar la igualdad de todos los españoles”, subrayó.

Batalla legal

Preguntada por la posibilidad de recurrir el nuevo modelo ante el Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba, Albert descartó por ahora esa opción concreta. Sin embargo, dejó claro que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizará “todos los recursos legales” disponibles para defender los intereses de la comunidad.

El rechazo expresado por Murcia y Madrid fue compartido por el resto de comunidades presentes, que coincidieron en denunciar la falta de diálogo y de voluntad real de consenso por parte del Ministerio de Hacienda. Muchas de ellas reclamaron reabrir el debate sobre la financiación autonómica, pendiente de reforma desde hace más de una década, con un enfoque global y no condicionado por acuerdos políticos previos.

Pacto “falso”

Por su parte, María Jesús Montero, ha manifestado que es “mentira” que se haya pactado “un cupo separatista” en la nueva propuesta de financiación autonómica. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña”, ha señalado.

Montero considera que todos los datos ponen de manifiesto que siempre que se ha planteado una propuesta para un territorio se ha hecho extensivo al resto de territorios y que “no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma”.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, ha destacado que cerca del 70 % de los 21.000 millones de euros previstos en el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ministerio de Hacienda se destinarán a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Así lo expresó antes de su intervención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid, de acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press. Romero sostuvo que estos datos desmienten las acusaciones de falta de equidad en la distribución de recursos y solicitó explicaciones por parte de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo acerca de cómo planean rechazar estos fondos.

Europa Press detalló que el nuevo modelo propuesto por Hacienda contempla un incremento en el porcentaje de cesión de impuestos a las comunidades autónomas. La Generalitat de Cataluña podría acceder al 55 % de la recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ampliando el porcentaje actual que se sitúa en el 50 %. Asimismo, el reparto del impuesto sobre el valor añadido (IVA) subiría del 50 % al 56,5 %. Estas medidas forman parte de una reforma cuyo objetivo, según la consellera, es garantizar una mejor financiación no solo para Cataluña sino para todas las comunidades autónomas.

Alicia Romero reconoció, según Europa Press, que Cataluña resulta favorecida por la reforma, después de varios años de lo que definió como una situación de infrafinanciación. Sin embargo, insistió en que el nuevo modelo permite que todas las regiones se beneficien, defendiendo que la propuesta establece un sistema más justo e igualitario. Romero señaló: “Es verdad que hay comunidades autónomas que salimos un poco más beneficiadas porque veníamos de una infrafinanciación, pero es un modelo en el que todo el mundo gana”, añadiendo que el actual sistema lleva “13 o 14 años caducado” y calificándolo de desigual y no equitativo.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la consellera instó al resto de regiones autónomas a actuar con responsabilidad ante la propuesta del Ministerio de Hacienda. Pidió que el debate se desarrolle bajo criterios racionales, utilizando cifras y buscando la reflexión sensata sobre el tema. Romero expuso que hoy en día la diferencia entre los fondos que recibe la comunidad autónoma mejor financiada y la peor financiada alcanza los 1.500 euros por habitante, brecha que el nuevo modelo reduciría a tan solo 500 euros.

La funcionaria puso de ejemplo el contraste entre Extremadura y Murcia, ya que, según Romero, la primera percibe actualmente 1.000 euros más por habitante que la segunda. La intención del Gobierno, según subrayó, es avanzar en la equiparación de recursos entre comunidades consideradas infrafinanciadas, como Murcia o la Comunidad Valenciana, que recibirá 3.600 millones de euros, o Andalucía, que alcanzará los 4.800 millones.

En el transcurso de las declaraciones recabadas por Europa Press, la consellera manifestó satisfacción por la presentación de la nueva propuesta y su posible impacto positivo en todos los territorios. Romero matizó que este modelo dista de constituir un acuerdo basado en la insolidaridad o en el desequilibrio. Frente a las críticas formuladas desde filas del Partido Popular por un supuesto trato de favor hacia Cataluña, defendió las cifras presentadas por Hacienda. Según sus datos, la mayoría de los fondos previstos en la reforma beneficiarían a regiones donde gobierna el PP, lo que contradice la acusación de falta de justicia en el reparto.

Romero remarcó que, ante el sistema vigente desde hace más de una década, el planteamiento de una redistribución que reduzca desigualdades y amplíe los márgenes de financiación supone un avance hacia el equilibrio interterritorial. Enfatizó en que los datos presentados por el Ministerio muestran una intención de reforzar el conjunto del sistema autonómico y no de privilegiar a una única región.

Las medidas, de concretarse, modificarían la estructura de financiación de las comunidades autónomas, aumentando el porcentaje de cesión tanto del IRPF como del IVA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expuso el alcance de esta propuesta en el CPFF, según Europa Press. Las cifras volcadas por la Generalitat y el Gobierno central buscan responder a un debate que se prolonga desde hace más de una década y acercar las posiciones que existen en materia de financiación territorial.

Romero concluyó su intervención reiterando la importancia de alcanzar un consenso entre las distintas comunidades y agrupaciones políticas, apelando a un análisis objetivo de las propuestas sobre la mesa, y dejando en manos de las autoridades nacionales y regionales la tarea de evaluar y negociar una solución definitiva para corregir los déficits detectados en el sistema hasta la fecha, tal como recogió Europa Press.

La petición de los consejeros del Partido Popular (PP) para que en la negociación de la reforma del Estatuto Marco de Sanidad participen todos los sindicatos, incluida la representación médica, se suma a la crítica sobre el modo en que el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, ha gestionado este proceso. Según detalló el medio, los representantes autonómicos del PP han reaccionado a la reciente carta de la ministra, dirigida a las consejerías de salud para recabar opiniones respecto a las demandas del Comité de Huelga de los médicos, exigiendo una convocatoria más inclusiva y cuestionando los acuerdos alcanzados con algunos sindicatos por considerar que se ha excluido a parte clave de los interlocutores.

El medio informó que los consejeros del PP manifestaron su rechazo a los preacuerdos parciales entre el Ministerio de Sanidad y determinados sindicatos, argumentando que se ha dejado al margen tanto a otras agrupaciones sindicales como a los médicos. En su comunicado, solicitaron que el Ministerio reúna a todos los actores necesarios en la mesa de negociación para avanzar en la reforma normativa. Según publicó la fuente, los consejeros reclamaron un giro en la gestión ministerial y criticaron que, a su juicio, el proceso ha mostrado un sesgo partidista, lo que consideran inadecuado en un asunto que afecta de modo directo a los profesionales del sistema sanitario.

De acuerdo con los detalles difundidos, el PP también cuestionó que el Ministerio ahora pretenda atribuir la responsabilidad de la reforma del Estatuto Marco a las comunidades autónomas. A su entender, esta maniobra representa una estrategia de confrontación política que contrasta con la naturaleza cooperativa que debiera caracterizar la reforma. En ese sentido, los representantes populares señalaron que en distintas ocasiones solo han conocido los avances del proceso a través de los medios de comunicación o de publicaciones en redes sociales, antes de llegarles información oficial, lo que consideran prueba de la falta de coordinación institucional.

El medio consignó que entre las principales demandas del PP a la ministra Mónica García figura la exigencia de que las negociaciones cuenten no solo con las aportaciones de todos los sindicatos implicados, sino también con la participación de los Ministerios de Hacienda y de Función Pública. Estos departamentos se consideran necesarios a la hora de evaluar los efectos jurídicos, técnicos y económicos de cualquier modificación en el Estatuto Marco, memorias que, según recordaron los consejeros, ya han sido solicitadas en varias ocasiones sin que hasta el momento hayan sido recibidas.

En las declaraciones recogidas por el medio, los consejeros expresaron su malestar por entender que la carta enviada por García responde más a un interés de visibilización mediática que a la búsqueda de consensos institucionales. Resaltaron la premura con que el Ministerio comunicó el contenido del escrito y estimaron que la responsable de Sanidad intentó posicionar a las comunidades autónomas como responsables principales en la toma de decisiones, a pesar de que mantienen que muchos anuncios superaban los márgenes de las competencias de cada administración. En este punto, tildaron de incoherente la actitud de García, quien, después de anunciar propuestas que, según los consejeros, excedían las competencias del Estatuto, comenzó a mostrarse, en sus palabras, "escrupulosa" con estos límites en una etapa posterior del proceso.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, intervino en la discusión y advirtió sobre los impactos negativos que puede tener esta incertidumbre en la estabilidad laboral de los profesionales del sistema de salud. “No se puede jugar así con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios”, reclamó al Ministerio según destacó el medio.

De igual modo, el PP centró parte de su posicionamiento en la cuestión de la financiación autonómica, aspecto que, a su juicio, resulta fundamental para que cualquier avance en el Estatuto Marco logre implementarse con garantías de viabilidad. En opinión de los consejeros citados por el medio, la reforma de la financiación debe adecuarse para responder a las futuras necesidades del sistema sanitario. En este contexto, los representantes del PP hicieron referencia a la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusaron de priorizar acuerdos con fuerzas independentistas y de ligar cuestiones como la financiación especial para Cataluña a intereses políticos, lo que interpretan como un trato desigual que perjudica la sanidad pública en el conjunto del país.

Según reportó la fuente, las críticas del PP a la ministra de Sanidad señalaron la ausencia de rigor en el manejo del proceso de reforma, mencionando tanto la carencia de informes jurídicos y económicos oficiales como la exclusión de actores fundamentales del diálogo sectorial. El partido sostiene que la gestión de Mónica García ha fomentado enfrentamientos entre distintos colectivos y administraciones, además de haber introducido elementos de confrontación política que obstaculizan la búsqueda de soluciones compartidas.

Tal como publicó la fuente, los responsables de las áreas de salud del PP reiteraron su petición para reorientar el proceso, hacerlo más transparente, y mejorar la interlocución tanto con los profesionales sanitarios como con las diferentes instancias de gobierno involucradas en la configuración de la política sanitaria nacional.

Ante la expectativa generada por la asignación de 248 millones de euros para Asturias en el contexto del debate sobre el sistema de financiación autonómica, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, subrayó la necesidad de estudiar la totalidad de la propuesta antes de tomar una postura definitiva. Según recogió el medio, Peláez explicó que el Ejecutivo autonómico, dirigido por el PSOE, aguardará a conocer el contenido de los documentos oficiales que se compartirán en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el miércoles 14 de enero.

De acuerdo con lo consignado por las declaraciones del consejero difundidas por la prensa, el Gobierno de Asturias no avanzará en la toma de decisiones respecto al nuevo modelo de financiación hasta que no disponga de toda la información detallada. Según sus palabras, aunque la cifra anunciada de 248 millones representa un volumen de recursos de gran relevancia para la región, la principal preocupación se centra en la revisión exhaustiva de los mecanismos de solidaridad y garantía, elementos clave para asegurar una prestación equitativa de los servicios públicos en todas las zonas del territorio asturiano.

Peláez detalló, según publicaron los medios, que la postura del Ejecutivo autonómico pasa por mantener el Pacto de Financiación previamente firmado a nivel regional. Además, recordó que ese acuerdo fue posteriormente refrendado en el marco de la Declaración de Santiago con otras comunidades autónomas, lo que refuerza la posición asturiana de exigir garantías claras sobre la igualdad territorial en el acceso a los servicios básicos.

En sus declaraciones, el consejero insistió en que la administración asturiana solicitará revisar pormenorizadamente todos los aspectos de la propuesta que sean presentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con especial énfasis en aquellos relacionados con la distribución de fondos y la defensa de la cohesión territorial. "Lo que queremos ver es la foto en su conjunto, cuando nos faciliten la documentación técnica", manifestó Peláez, reiterando la importancia de disponer de todos los elementos para evaluar los efectos que el modelo propuesto podría tener sobre la financiación y la igualdad en la prestación de servicios públicos en Asturias.

Según publicó el medio, esta cautela en la adopción de una decisión responde a la voluntad de garantizar que la futura financiación autonómica contemple herramientas efectivas que protejan a las comunidades con menor densidad de población o mayores desafíos geográficos, como es el caso asturiano. El Ejecutivo regional remarcó que su objetivo es asegurarse de que ningún territorio quede en desventaja y que los recursos asignados permitan atender adecuadamente las necesidades sociales y económicas del Principado.

El consejero de Hacienda dejó claro, según detalló la prensa, que la posición del gobierno regional será comunicada tras la valoración de los documentos técnicos que Hacienda presentará en el encuentro. Se reafirma así la importancia que el Ejecutivo asturiano otorga a un análisis exhaustivo y colectivo, que involucre a todas las comunidades autónomas en la definición de criterios de reparto y en la defensa de los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.

El vicepresidente de Junts y actual diputado en el Parlament de Cataluña, Toni Castellà, remarcó la diferencia fundamental entre un sistema fiscal singular y otro de régimen común al argumentar que ambos modelos resultan incompatibles entre sí. Según informó el medio, Junts se prepara para presentar en el Parlament una enmienda a la totalidad a la nueva propuesta de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo español. La intención es sustituir la iniciativa gubernamental por una propuesta integral de corte nacionalista, orientada a alcanzar un modelo de concierto económico propio para Cataluña.

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia de noticias, Castellà expuso esta estrategia durante una rueda de prensa ofrecida tras la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ante los medios, el diputado señaló que el texto alternativo de Junts busca precisamente abrir un camino institucional que permita a la comunidad catalana transitar progresivamente hacia un sistema de autogestión financiera similar al que ya aplican el País Vasco y Navarra. Castellà puntualizó que “lo que planteamos es una enmienda a la totalidad constructiva en que el texto alternativo sea transitar hacia el modelo de concierto económico”.

El medio detalló que Junts, a través de esta iniciativa parlamentaria, persigue establecer una base legal y política que desplace el modelo actual de financiación autonómica. La formación considera que la propuesta presentada por el Gobierno central no recoge las aspiraciones de soberanía fiscal defendidas por una parte significativa del nacionalismo catalán. Del mismo modo, Castellà insistió en la incompatibilidad conceptual entre mantener un régimen común, gestionado desde el Estado, y un modelo singular, controlado de manera propia por Cataluña.

Durante su intervención, el líder de Junts hizo un llamamiento directo a Esquerra Republicana (ERC) y a las demás fuerzas nacionalistas catalanas para estimular una negociación que abandone el acuerdo previamente alcanzado con el Partido Socialista y retome los planteamientos en favor del concierto económico. Castellà recordó que este modelo, que atribuye a Cataluña la gestión directa y plena de todos los impuestos recaudados en su territorio, ya fue sometido a referéndum interno en ERC y recibido el respaldo de su militancia. Además, según consignó el medio de comunicación, remarcó que en el Parlament, Junts y ERC han votado conjuntamente por la adopción de este sistema en hasta cuatro ocasiones previas.

El planteamiento de Junts llega tras la comparecencia pública de la ministra Montero, que defendió ante los medios la propuesta gubernamental de una nueva financiación autonómica para Cataluña. Sin embargo, el partido liderado por Toni Castellà considera que la propuesta estatal no va lo suficientemente lejos respecto a la capacidad de autogestión financiera que demanda una parte del electorado catalán, según reiteraron en su intervención pública.

Este movimiento político evidencia la fractura persistente dentro del panorama catalán a la hora de decidir el futuro sistema fiscal de la comunidad autónoma. Según publicó el medio, la intención de Junts de materializar una enmienda “constructiva” responde al objetivo de ofrecer una alternativa argumentada y viable en lugar de limitarse a rechazar el texto gubernamental. La formación nacionalista ha enfatizado la urgencia de impulsar un proceso de negociación que tenga como meta la consecución de un concierto económico, en el que todos los ingresos fiscales recaudados en Cataluña sean gestionados íntegramente por las instituciones catalanas.

El medio destacó que la propuesta de Junts se plantea en un contexto marcado por los frecuentes debates sobre el reparto de competencias y recursos dentro del Estado autonómico. En la rueda de prensa, Castellà recalcó que la transición hacia el modelo de concierto constituye una demanda histórica del nacionalismo catalán y apeló tanto a ERC como al resto de partidos soberanistas a actuar en consonancia con las votaciones precedentes en el Parlament, donde estas formaciones han apoyado iniciativas similares.

La propuesta de enmienda a la totalidad de Junts supondría, de aprobarse, solicitar la retirada completa del texto del Gobierno y reemplazarlo por un nuevo marco legal que defina un modelo de financiación basado en la gestión y recaudación plena por parte de la Generalitat, siguiendo el ejemplo de Euskadi y Navarra. El medio recordó que este modelo de autogestión fiscal contempla la recaudación directa de impuestos en el territorio y una posterior aportación al Estado para financiar competencias generales, como defensa, relaciones exteriores o infraestructuras comunes.

La formación que representa Toni Castellà comunicó que la presentación de la enmienda contendrá un desarrollo argumental y legislativo sobre cómo podría implementarse la transición hacia el concierto económico. La intención, según informó el medio, es iniciar un debate en la cámara catalana que obligue al resto de grupos políticos a posicionarse sobre la autonomía financiera de Cataluña y la posibilidad de romper con la dependencia del régimen común estatal.

Por último, la convocatoria al consenso entre Esquerra Republicana y demás fuerzas nacionalistas se perfila como un intento de reconstituir un frente común catalán en el debate sobre la financiación autonómica, lo que podría afectar futuras negociaciones institucionales tanto en el Parlament como en el ámbito estatal, según detalló el medio.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ante las críticas recibidas. Durante la Interparlamentaria regional socialista celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Montero señaló que la iniciativa se sostiene “por encima de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas”.

Montero acusa al PP de buscar “un enemigo” al que culpar por “su incompetencia”

En su intervención, la ministra subrayó que “no hay excusa posible para decir que no” a la cantidad propuesta para comunidades como Andalucía, que, según detalló, recibirá más de 4.850 millones de euros del total de 21.000 millones contemplados para las comunidades de régimen común.

Montero, además, acusó al Partido Popular de querer “siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia” y añadió: “Parece que le iba mucho mejor con el ‘procés’”. Según sus palabras, el PP “añora una etapa de conflicto en Cataluña” porque era “una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes”.

El Partido Popular sostiene que el sistema rompe con la equidad entre territorios y critica que el Ejecutivo busque apoyos selectivos. Desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se advierte sobre los riesgos de constitucionalidad y se reclama un acuerdo multilateral para actualizar la financiación y reforzar la cohesión territorial.

El debate en torno al principio de ordinalidad es uno de los puntos más controvertidos. “No es el principio fundamental ni el principio rector del sistema que va a presentar la vicepresidenta. Es un parámetro que, como tantos, se aplicará objetivamente y de manera igualitaria a todas las comunidades autónomas”, explicaba Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en este sentido.

El modelo impulsado por Hacienda permite que las comunidades que más aportan sean también las que más reciben, aunque con excepciones. Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana lideran el incremento de recursos, mientras que Madrid, pese a ser la región con mayor capacidad de contribución, no figura a la cabeza en financiación por habitante debido a los mecanismos de ajuste. En el caso de Extremadura y Cantabria, el Gobierno ha anunciado medidas de compensación específicas para evitar que la reforma suponga una pérdida de recursos respecto al sistema anterior.

Las claves del nuevo modelo de financiación

El diseño del nuevo sistema de financiación autonómica incorpora varios cambios clave para el reparto de recursos entre las comunidades de régimen común, con el objetivo de aumentar la equidad y la suficiencia financiera a partir del próximo año. El plan contempla un total de 224.507 millones de euros para todas las regiones incluidas, lo que supondría un crecimiento de casi 21.000 millones respecto al modelo actual.

La distribución de fondos se basa en una fórmula de población ajustada, que pondera elementos como la edad, nivel educativo y la dependencia. Este cálculo permite reflejar mejor las necesidades de gasto de cada territorio. Además, el sistema introduce ajustes de nivelación horizontal - por el que las regiones con mayor capacidad tributaria aportan más - y ajustes verticales, a través de los cuales el Estado suma una transferencia adicional de casi 19.000 millones de euros para reducir las diferencias entre comunidades.

Entre las novedades figura la creación de un fondo climático de 1.004 millones, dirigido especialmente a las regiones mediterráneas. Se suma un refuerzo del fondo de compensación interterritorial, que dispondrá de 3.300 millones adicionales para las autonomías con peor financiación por habitante. Para evitar retrocesos, el modelo incluye un mecanismo de ‘statu quo’ que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el sistema anterior.

El modelo da a las comunidades la posibilidad de gestionar en tiempo real sus ingresos, como ya hace el Estado, y de optar entre dos fórmulas para el IVA de las pymes: recibir fondos según el índice de consumo o recaudar directamente el 5% del IVA generado por este sector, asumiendo los riesgos asociados. Además, se prevé que las autonomías perciban una mayor proporción de ingresos por IRPF, IVA y otros tributos como el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades de juego y el depósito de residuos.

La deuda acumulada por la Comunidad Valenciana derivada de su infrafinanciación alcanza ya los 46.000 millones de euros, lo que representa casi la totalidad de la deuda total de la autonomía. En este contexto, Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, ha urgido a la adopción de medidas que no solo contemplen un nuevo sistema de reparto de fondos, sino que corrijan de manera efectiva el desequilibrio arrastrado durante años. La representante valenciana advierte que, aunque el nuevo modelo propuesto por el Gobierno central introduce recursos adicionales y algunos avances iniciales, las desigualdades estructurales persisten y requieren un enfoque más profundo. Según informó el medio de comunicación, Compromís ha considerado insuficiente la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y ha reclamado una revisión de criterios para poner fin a la brecha económica que afecta a la Comunidad Valenciana.

El nuevo esquema de financiación autonómica presentado por el Gobierno incluye un aumento de 16.000 millones de euros provenientes del incremento en la recaudación por IRPF e IVA, así como una aportación adicional de 19.000 millones por parte de la Administración General del Estado, conocida como nivelación vertical. De acuerdo con la información difundida por Compromís y confirmada por el medio citado, Micó reconoce que esta inyección financiera aporta mayor capacidad económica a todos los territorios, si bien destaca que esto no garantiza por sí mismo el cierre de las diferencias entre comunidades. La diputada insiste en que los progresos son insuficientes mientras se mantenga la brecha actual, y pone el foco en analizar detenidamente “la letra pequeña” del nuevo modelo.

Dentro de los aspectos que Compromís examinará con especial atención figura la aplicación del concepto de “población ajustada”, mecanismo que, según denunció Micó y recogió el medio, ha favorecido históricamente una distribución desigual de fondos, en perjuicio de la Comunidad Valenciana. Según sus propios análisis, la aplicación de este criterio ha generado una amplia discriminación y obstáculos para que esta autonomía logre situarse en la media nacional. También anticipó que evaluarán cómo se distribuyen los fondos de solidaridad para comprobar si las novedades previstas permitirían superar la infrafinanciación y alcanzar niveles equiparables al resto de territorios.

Compromís sostiene que sigue existiendo una diferencia significativa entre la comunidad mejor financiada y aquella que menos recibe. La diputada valenciana destaca que, según reconoció la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la distancia per cápita podría alcanzar hasta 700 millones de euros, lo que, a juicio de la formación política, evidencia la persistencia de los desequilibrios que el nuevo modelo no aborda por completo. Tal como publicó el citado medio, Micó pide no solo acortar la desigualdad, sino erradicar las diferencias entre autonomías respecto a la financiación recibida.

Además de reclamar cambios en los criterios de reparto, Micó ha reiterado la relevancia de que el eventual nuevo sistema esté acompañado de un fondo complementario de nivelación destinado a corregir la deuda generada por la infrafinanciación valenciana. Según detalló Compromís y reportó el medio, la propuesta contempla que este fondo actúe como medida transitoria hasta la puesta en marcha definitiva del nuevo sistema, cuya entrada en vigor dependerá de la aprobación parlamentaria y está prevista para 2027. La diputada argumentó que la ministra Montero ya habría confirmado la existencia de recursos económicos suficientes para implementar este instrumento de compensación de manera inmediata, lo que permitiría que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación igual o superior a la media hasta la reforma integral del modelo.

Según consignó el medio informativo, la demanda de Compromís de revisar el sistema recoge tanto la necesidad de erradicar la infrafinanciación como la urgencia de reparar la deuda histórica. Estas reivindicaciones buscan garantizar que la Comunidad Valenciana reciba un trato equitativo bajo la nueva normativa, dejando atrás la discriminación observada en ejercicios anteriores. El planteamiento de Àgueda Micó recoge el sentir mayoritario entre los representantes valencianos en el Congreso, quienes consideran que un reparto más justo de los recursos permitirá mejorar la prestación de servicios públicos y fortalecer la autonomía financiera de la región.

La formación valenciana manifiesta la voluntad de analizar en profundidad todos los aspectos técnicos y jurídicos del documento presentado por Hacienda y advierte que su posición definitiva dependerá del resultado de este examen. La diputada de Compromís subraya que el objetivo prioritario es que ninguna comunidad autónoma quede relegada en términos de financiación y que la cohesión territorial se asegure a través de un sistema que elimine diferencias sustanciales en las transferencias que reciben los distintos territorios del Estado.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la propuesta presentada por el Gobierno responde a demandas históricas de varias comunidades que han reclamado durante años cambios en la fórmula de financiación. A pesar de reconocer avances en el incremento de fondos y en la capacidad tributaria de las autonomías, Compromís enfatiza que el modelo debe contemplar mecanismos específicos para corregir desigualdades preexistentes y no limitarse a reducirlas de manera parcial.

En este contexto de debate sobre la financiación autonómica, la posición de la diputada Micó refleja la preocupación de sectores sociales y políticos valencianos respecto a la distribución de los recursos estatales y el impacto que ello tiene en la gestión de los servicios básicos. La incertidumbre sobre los criterios de reparto plantea preguntas sobre el futuro fiscal y económico de la región, en tanto la formación aspira a que sus reivindicaciones sean incorporadas en el proceso parlamentario y que la reforma se traduzca en una mejora real en la equidad financiera entre comunidades.

De salir adelante el nuevo modelo, todas las regiones ingresarían más el próximo año. Recibirían 20.975 millones de euros más y el sistema aportaría a las comunidades incluidas en el régimen común un total de 224.507 millones de euros.

A pesar de este incremento, los detractores del nuevo modelo argumentan que el actual sistema de financiación se fundamenta en que la comunidad que más tiene, más contribuye al Estado, mientras el sistema presentado por Montero está orientado al principio de ordinalidad basado en que la región que más paga más recibe. Esto haría que las comunidades con menor capacidad de generar riqueza estarían en desventaja. Para evitarlo, el Gobierno ha anunciado que habrá compensaciones.

De dónde vendrán los 20.975 millones

Una parte importante del incremento de 20.975 millones de euros, en torno a 15.700 millones, procedería de un aumento de los porcentajes de cesión a las autonomías de los impuestos de IRPF, que pasaría del 50% al 55%, y del IVA, que se aumentaría del 50% al 56,5%.

La propuesta también establece ceder a las comunidades autónomas el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que de aprobarse la propuesta formarían parte del reparto del sistema.

Un polémico reparto

En cuanto al reparto de los recursos entre las autonomías, el nuevo modelo parte de un cálculo renovado de la población ajustada, que prioriza el gasto asociado a los diferentes grupos de edad, las variables educativas o las de dependencia. Sobre ese cálculo se aplican unos ajustes de nivelación horizontal, según el cual las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor capacidad reciben, y vertical, por el que el Estado aportará 18.993 millones para reducir las disparidades en financiación por habitante.

Además se suman ajustes adicionales, como un nuevo fondo climático, dotado con 1.004 millones de euros, dos tercios irán a las regiones del litoral mediterráneo y un tercio al resto.

El nuevo sistema también daría a las autonomías que lo deseen la posibilidad de recibir un 5% del IVA generado por las pymes en su territorio. Si estos ingresos son mayores de los que les corresponderían por índice de consumo, recibirían una transferencia, y, de lo contrario, tendrán que hacer una aportación.

Asimismo, habría un “elemento de cierre”, denominado ‘statu quo’, para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el anterior modelo, que aportará 216 millones a Extremadura y 46 millones a Cantabria.

Fuera del sistema de financiación, María Jesús Montero ha planteado renovar el fondo de compensación interterritorial, que contará con 3.300 millones adicionales para compensar a las regiones que queden por debajo de la media en financiación por habitante con el objetivo de incentivar su economía.

La propuesta de Hacienda va acompañada de otras materias, como dar a las regiones la posibilidad de renunciar al sistema de entregas a cuenta -por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después- para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Cataluña, una de las regiones más beneficiadas

Las comunidades autónomas que más verían aumentados sus recursos en 2027 si finalmente se aprueba el nuevo modelo de financiación serían Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. En concreto, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones.

La siguiente en sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 y por detrás se situarían Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas y que recibiría 1.248 millones más, y Murcia, con 1.188 millones de euros .

Tras ellas se situarían Aragón (629 millones), Canarias (611 millones), Galicia (587 millones), Baleares (412 millones); Castilla y León (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

Las que menos verían aumentada su financiación el próximo año serían Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Para favorecer a estas dos comunidades, el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las regiones que antes del ‘statu quo’ están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.

El problema de la ordinalidad

Las mayores críticas al sistema proceden de que es un modelo que “tiende a la ordinalidad”, según ha asegurado Montero, y esto permitirá que, tal y como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, Cataluña sea la tercera región en aportar recursos al sistema y en recibir. Sin embargo, este principio no se respeta para todas las comunidades debido a la aplicación de los ajustes, sobre todo el de ‘statu quo’, que impediría a la región que más aporta, Madrid, ser la que más recursos por habitante recibiría.

En relación con el criterio de ordinalidad, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que “no es un principio constitucional, ni se regula en la normativa vigente de la financiación autonómica”.

Gestha ya alertó de que el criterio de ordinalidad presentaba “riesgos de inconstitucionalidad” y considera que el reto de la negociación es “mantener los importes los mecanismos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que garantiza un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales en todas las autonomías”.

Los técnicos recuerdan que el actual modelo está caducado desde 2014 y está provocando “importantes déficits de financiación”, por lo que instan a todas las formaciones parlamentarias a “impulsar una reforma necesaria, ajustada al ordenamiento constitucional”.

Consideran que la reforma del sistema de financiación autonómica constituye uno de los principales retos estructurales de España, por lo que abogan por un “pacto multilateral con las comunidades autónomas que permita actualizar el modelo y reforzar la cohesión del Estado autonómico”.

“El mayor ataque a la igualdad de toda la democracia”

Un pacto que no se ve fácil. El PP, que gobierna 11 de las 17 comunidades autónomas, considera que el nuevo modelo acaba con la “igualdad” entre regiones, pero no ha sido el único. Muy beligerante se ha mostrado el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que considera “intolerable” el hecho de que “en España se pacte el sistema de financiación con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”, lo cual constituye el “mayor ataque a la igualdad en toda la democracia y echa a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal”.

Por el momento, la ministra de Hacienda ha convocado para el próximo miércoles, 14 de enero, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación, para después iniciar una serie de reuniones bilaterales con las regiones para dar “mayor detalle” del modelo.

Después, se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde también tendría que aprobarse. Para lograr este objetivo, Montero ha hecho un llamamiento al PP para que apoye el texto y que “el nuevo modelo pueda entrar en vigor el año que viene”.

El Ministerio de Hacienda ha presentado este viernes su nueva propuesta de financiación de las comunidades autónomas. Según ha adelantado La Vanguardia, una de las fórmulas escogidas para este crecimiento de los ingresos comunitarios es destinar un mayor porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA. Ambos se encontraban en el 50% del impuesto para la comunidad, que ahora, si se implanta el modelo, aumentará hasta el 55% y 56,5%.

La reunión del pasado jueves entre Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, terminó con un acuerdo con el que, según los líderes, “nadie pierde”, pero que ha conllevado una importante disputa política. El Ejecutivo nacional ha fijado en torno a 21.000 millones de euros la cantidad que añade al presupuesto. Según el político catalán, 4.700 millones de euros corresponderían a Cataluña, tras el pacto realizado con ERC.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha comunicado esta propuesta durante una comparecencia. Ha resaltado que el Gobierno lanza un nuevo modelo tras 17 años sin una actualización y que, durante la legislatura de Pedro Sánchez, han renovado el presupuesto con 300.000 millones de euros más. “Todas las medidas han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas”, ha asegurado Montero, dirigiéndose a las acusaciones de “agravio territorial”.

No entra en cantidades de las comunidades

La ministra de Hacienda ha anunciado un incremento de 20.900 millones de euros en los recursos de financiación autonómica a partir de 2027, cuando entraría en vigor el nuevo modelo. Según ha explicado, el Gobierno plantea que las comunidades autónomas perciban una mayor proporción de ingresos procedentes del IRPF y el IVA, así como de figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades de juego y el depósito de residuos en vertederos.

Además, ha anunciado que el esquema se apoya en dos grandes pilares. Por un lado, el aumento de los ingresos del IVA y el IRPF, y, por otro, una aportación adicional del Estado. Además, las comunidades podrán elegir voluntariamente entre dos mecanismos en lo referente a las pymes. Pueden recibir fondos de acuerdo al indicador de consumo o encargarse de la recaudación del 5% del IVA de las pequeñas y medianas empresas, asumiendo los riesgos que supone.

El modelo se basa en la denominada financiación por habitante ajustado, que busca “garantizar la solidaridad interterritorial”. Las comunidades con una capacidad tributaria por debajo de la media recibirán más recursos para equilibrar las diferencias entre territorios. “Ninguna perderá recursos y todos ganarán”, ha afirmado la ministra Montero. La responsable de Hacienda también ha señalado que las competencias no homogéneas de las comunidades dependen de sus respectivos estatutos de autonomía, lo que introduce matices en la distribución de fondos.

Al ser preguntada por el dumping fiscal, ha explicado que se buscará el método para limitar la capacidad de las comunidades para disminuir los impuestos buscando inversión empresarial, pero que todavía no se ha cerrado. Traslada el balón al tejado del PP, sosteniendo que no entendería que los populares rechazaran el modelo. No ha querido entrar en cantidades concretas que corresponden a cada comunidad, asegurando que este tipo de “ranking” favorece un falso discurso de “agravio territorial”.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó que el salario mínimo interprofesional (SMI) estaría exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en 2026, tras coordinar esta medida con el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, este anunció se suma a la propuesta del Ejecutivo de incrementar el SMI en un 3,1%, elevando la remuneración base a 1.221 euros mensuales en catorce pagas para ese año.

La propuesta oficial llegó durante una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales celebrada la mañana del miércoles, según detalló Europa Press. El Ejecutivo trasladó la iniciativa a sindicatos y empresarios, quienes cuentan ahora con el encargo de analizarla antes de emitir una respuesta formal. Hasta el momento, según indicó Pérez Rey, en el encuentro no se obtuvo un respaldo explícito ni rechazo por parte de las organizaciones participantes.

El planteamiento gubernamental busca incrementar el SMI en 37 euros al mes respecto a los actuales 1.184 euros mensuales, manteniendo el esquema de catorce pagas anuales. El medio Europa Press especificó que esta subida coincide con una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia salarial. Estos expertos habían propuesto dos rutas: aplicar una subida del 3,1% siempre que el salario mínimo permanezca exento de tributación estatal, o elevar el incremento al 4,7% en caso de que el SMI pasase a tributar IRPF.

Pérez Rey comunicó, según publicó Europa Press, que la decisión de que el SMI continúe fuera del ámbito impositivo del IRPF para 2026 se consensuó con el Ministerio de Hacienda. El objetivo central detrás de esta medida sería salvaguardar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con ingresos mínimos y evitar que una mejora salarial nominal se vea compensada con nuevas obligaciones fiscales.

En la reunión no se trataron otros elementos regulatorios como la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial. Según explicó el propio secretario de Estado, estos asuntos quedarían vinculados a un futuro marco legislativo diferente y no quedarían recogidos en el actual decreto del SMI, de acuerdo con Europa Press.

El proceso de toma de decisiones sobre el salario mínimo para el ejercicio siguiente cuenta con la intervención de los agentes sociales, que representan tanto a los trabajadores como a los empleadores. Europa Press reportó que el hecho de que no se formalizara aún una respuesta por parte de sindicatos y patronal refleja la necesidad de analizar detenidamente el nuevo escenario propuesto por el Ejecutivo antes de definir una posición.

La cuantía sugerida para el SMI en 2026 cobra mayor relevancia tras el análisis efectuado por el Comité de Expertos. Según lo difundido por Europa Press, el grupo de especialistas argumentó que un crecimiento del 3,1% puede resultar adecuado siempre que se mantenga la exención fiscal, al considerar el impacto de la inflación y la evolución de la economía. Por el contrario, una tributación del SMI habría requerido un aumento mayor, hasta el 4,7%, para mitigar las consecuencias de la retención impositiva sobre los beneficiarios del salario mínimo.

El Ejecutivo español, como remarcó Europa Press, se comprometió también a examinar con mayor detenimiento las reglas que regulan la desindexación en la contratación pública. El compromiso de iniciar un análisis "serio" de estas normas se comunicó en paralelo a la presentación de la propuesta de subida salarial, si bien este aspecto no formó parte del decreto sobre el salario mínimo.

El diálogo sobre el SMI forma parte de un proceso anual en el que el Gobierno traslada su propuesta a las principales organizaciones de trabajadores y empresarios, quienes, tras valorar la medida, plantean observaciones o propuestas alternativas. Europa Press recogió que el escenario actual se caracteriza por la expectativa que genera la doble garantía planteada: tanto el aumento del SMI como el mantenimiento de su exención fiscal.

El salario mínimo interprofesional constituye una referencia clave en el mercado laboral español y su actualización impacta directamente sobre el poder adquisitivo de los empleados que perciben la remuneración más baja regulada legalmente. Según Europa Press, la exención en el IRPF supone que quienes perciban el SMI no afrontarán cargas fiscales sobre estos ingresos, lo que habitualmente se traduce en una mejora real de su capacidad de consumo y en una protección frente al incremento del coste de vida.

La convocatoria de la reunión y la posterior comunicación de la propuesta se producen a pocos meses del inicio del ejercicio fiscal para el que regirá el nuevo salario mínimo. Europa Press consignó que el Gobierno busca anticipar la actualización, estableciendo un marco previsible para negociaciones colectivas y para la planificación empresarial frente a los ajustes del mercado laboral.

La iniciativa forma parte de la agenda de política laboral y social que el Ejecutivo ha puesto en marcha en el contexto posterior a la pandemia, donde la atención a los salarios más bajos se ha convertido en uno de los ejes preferentes en diálogo con los agentes sociales. La mejora del salario mínimo, sumada a la exención fiscal aprobada, perfila un escenario en el que la renta mínima de referencia podría alcanzar los 1.221 euros mensuales para miles de trabajadores sin incrementar su presión tributaria, según subrayan los datos recogidos por Europa Press.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en un comunicado de este 5 de noviembre la colocación de 9 mil millones de dólares de deuda pública en los mercados internacionales, marcando así el inicio de las emisiones latinoamericanas en 2026 y estableciendo un nuevo récord anual para México por tercer año consecutivo.

Esta operación —realizada en condiciones de alta liquidez y con el atractivo de ser el primer soberano regional en emitir títulos este año— permite al gobierno, según el comunicado de Hacienda, cubrir una parte significativa de las necesidades de financiamiento externo, otorgando flexibilidad ante eventuales cambios en el contexto financiero global.

La reciente emisión estrenó tres bonos de referencia en dólares: uno a 8 años, con un cupón de 5.625% por un monto de 3 mil millones de dólares; otro a 12 años, con cupón de 6.125% por 4 mil millones de dólares; y el tercero a 30 años, con cupón de 6.75% por 2 mil millones de dólares.

Los tramos a largo plazo destacaron al registrar los diferenciales de precio más bajos desde 2019 y 2020 (200 puntos básicos), lo que, según Hacienda, refleja una percepción de menor riesgo soberano a futuro entre inversionistas internacionales pese al entorno global desafiante.

Los bonos tuvieron una demanda de 300 mil millones de dólares

La colocación despertó un interés sin precedentes, con una demanda máxima de 30 mil millones de dólares —más de 3.3 veces el monto emitido— y la participación de 279 inversionistas de diversas regiones.

Ello prolonga la trayectoria de los altos niveles históricos de participación en los títulos mexicanos y representa una señal clara sobre la confianza en su gestión fiscal prudente y orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.

Con esta operación, México consolida tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares, lo que, en palabras de la Secretaría, fortalece la infraestructura de los mercados de capitales y mejora “las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados".

Deuda pública de México descendió en el 2025

De acuerdo con Hacienda, el nivel de deuda pública descendió a 51.1% del PIB al cierre de octubre de 2025, una mejora respecto al 52% registrado al finalizar 2024. Esta tendencia se asocia con una optimización en el perfil de vencimientos y avances en la sostenibilidad fiscal. Según la dependencia federal, todas las nuevas emisiones respetaron los límites y lineamientos del Programa Anual de Financiamiento, confirmando la disciplina presupuestaria del Ejecutivo.

La estructura de la deuda federal continuó privilegiando la moneda nacional y tasas fijas de largo plazo, limitando la vulnerabilidad frente a ciclos adversos internacionales.

Operaciones de refinanciación superiores a 300 mil millones de pesos —incluyendo recompra y emisión de Cetes, Bonos M y Udibonos— contribuyeron a aumentar la vida promedio de los instrumentos y a mantener el endeudamiento en los márgenes previstos. Aunque el costo financiero subió 7.9% en términos reales por las condiciones todavía restrictivas en el mercado internacional, al cierre de octubre aún se mantuvo 52 mil millones de pesos por debajo de lo esperado.

El Sorteo Extraordinario del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero de 2026, vuelve a despertar el interés de millones de jugadores que ven en él una segunda oportunidad tras el sorteo de Navidad. Aunque la sensación popular sugiere que la Agencia Tributaria muestra mayor benignidad con este sorteo, la realidad fiscal es que las reglas de tributación son idénticas a las que se aplican el 22 de diciembre.

A efectos fiscales, la normativa establece que únicamente se tributa por la parte del premio que excede los 40.000 euros. El gravamen impuesto por Hacienda consiste en una retención del 20% sobre ese excedente, que se descuenta automáticamente al cobrar el premio en la entidad bancaria. Por tanto, quienes obtienen premios de 40.000 euros o menos reciben el importe íntegro, sin obligación de incluirlo en la declaración anual del IRPF.

La estructura de premios del Sorteo del Niño está concebida para repartir cantidades más bajas pero más distribuidas en comparación con la Lotería de Navidad. Así, el primer premio otorga 200.000 euros por décimo, el segundo 75.000 euros y el tercero 25.000 euros.

32.000 euros de impuestos para el primer premio

En el caso del primer premio, tan solo la parte que rebasa los 40.000 euros queda sujeta al gravamen. El titular de un décimo agraciado ve cómo los primeros 40.000 euros llegan a su cuenta sin retención, pero el Estado aplica un 20% sobre los 160.000 euros restantes, lo que supone una deducción fiscal de 32.000 euros, resultando en un ingreso neto de 168.000 euros.

El segundo premio experimenta un proceso similar. De los 75.000 euros del décimo premiado, los 40.000 euros exentos se suman a los 35.000 euros sobre los que se aplica la retención, de modo que Hacienda percibe 7.000 euros y el ganador dispone finalmente de 68.000 euros.

Sin embargo, la principal diferencia respecto al sorteo navideño surge en el tercer premio, dotado con 25.000 euros al décimo. Al situarse por debajo del umbral de tributación, esta cuantía está totalmente libre de impuestos y se cobra en su totalidad, sin merma alguna, al igual que el resto de premios menores del Niño, incluidas terminaciones y reintegros.

Comparativa con la Lotería de Navidad: premios, gravamen y exención

La clave para entender por qué Hacienda retiene menos en el Sorteo del Niño se encuentra en la propia configuración de los premios. La Lotería de Navidad está diseñada para concentrar una suma considerable en premios principales, siendo el Gordo de 400.000 euros por décimo. Dada la exención idéntica de 40.000 euros, la retención del 20% se aplica a 360.000 euros, por lo que el fisco se queda con 72.000 euros y el agraciado obtiene 328.000 euros netos. Tanto el segundo premio (125.000 euros) como el tercero (50.000 euros) también superan el umbral exento y están sujetos a tributación.

Además, la bolsa total de premios de la Lotería de Navidad ha ascendido en 2024 a 2.590 millones de euros, con una facturación superior a los 3.500 millones de euros, de modo que la cantidad de dinero sometida a retención resulta muy superior a la del Niño. En contraste, el Sorteo del Niño reparte 770 millones de euros en premios, distribuidos en 37.920 galardones, la mayoría por debajo de la base exenta de 40.000 euros.

El impuesto solo afecta a los premios principales, y en menor medida que en Navidad, pues el importe sujeto a retención es mucho más reducido (160.000 euros en el primer premio frente a 360.000 euros en el Gordo). Como consecuencia, prácticamente todos los agraciados en el Sorteo del Niño reciben sus ganancias íntegras sin necesidad de descontar impuestos adicionales.

Más de 47.000 contribuyentes presentaron declaraciones rectificativas tras las notificaciones enviadas por la Agencia Tributaria, un mecanismo adoptado para prevenir errores u omisiones y evitar sanciones. Estas actuaciones forman parte de una estrategia de asistencia preventiva que busca minimizar comprobaciones posteriores y reducir el impacto de posibles intereses o penalizaciones. En este marco, la Agencia Tributaria no solo envió cartas a los afectados, sino que alertó por medios digitales como Renta Web y la aplicación móvil, de manera que los contribuyentes tuvieran información suficiente sobre la conveniencia de revisar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según informó la Agencia Tributaria, en caso de detectar un error, el sistema de Renta Web proponía automáticamente una corrección con los datos actualizados.

La Agencia Tributaria comunicó que ha completado la devolución de 13.094 millones de euros a un total de 15.611.000 contribuyentes en el contexto de la campaña del IRPF correspondiente a 2024. La cifra representa el 95,5% del total de los importes solicitados y el 97,5% de las devoluciones en número, calculados hasta el 30 de diciembre. La información, reportada por la propia Agencia y recogida por distintos medios, refleja una agilización general del proceso y un uso creciente de los canales digitales y telefónicos de asistencia a los contribuyentes.

A lo largo del último ejercicio, la campaña de la renta captó un número récord de declaraciones: 24.720.000, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al año anterior, informó la Agencia Tributaria. De estas, aproximadamente 16 millones, un 65% del total, resultaron con saldo a favor del contribuyente, lo que supuso la acceso a una devolución.

Dentro del proceso, la digitalización de las gestiones fiscales experimentó un avance notable. El organismo destacó que más de 2.920.000 declaraciones se tramitaron de manera ágil sin necesidad de desplazamiento físico, a través de iniciativas recientes como la nueva modalidad 'Renta Directa', la aplicación móvil y el plan telefónico 'Le Llamamos'. Estas tres alternativas supusieron un aumento conjunto de 1.140.000 declaraciones respecto a la campaña previa.

El servicio 'Renta Directa', concebido para facilitar presentaciones instantáneas de declaraciones sencillas, aportó casi 1.028.000 declaraciones. Permite una experiencia similar a la de la 'app' pero adaptada a la visualización desde pantallas grandes, lo que facilitó aún más la presentación para quienes acceden desde ordenadores. Según detalló la Agencia Tributaria, la convivencia de 'Renta Directa' con la aplicación móvil demostró su carácter complementario, dado que ambos servicios se utilizaron de manera diferenciada por los contribuyentes.

La aplicación móvil mantuvo su impulso como canal de presentación, con cerca de 704.000 declaraciones, lo que supone 52.000 más que el año pasado. De ellas, más de 523.000 se realizaron con la opción de presentación con un solo clic, mostrando una alta aceptación entre usuarios familiarizados con la tecnología móvil. El resto correspondió a contribuyentes que redirigieron su proceso a la web oficial de la Agencia para completar modificaciones, y una vez realizados los cambios, finalizaron el trámite en la misma aplicación.

Por el lado del canal telefónico, el plan ‘Le Llamamos’ volvió a consolidarse como la principal alternativa de asistencia personalizada, superando las 1.188.000 declaraciones, lo que representa 60.000 más que la campaña previa, según consignó la Agencia Tributaria. El servicio telefónico compitió con la asistencia tradicional en oficinas, que experimentó también un leve aumento hasta alcanzar las 874.000 declaraciones, unos 43.000 trámites adicionales respecto al año anterior.

En conjunto, las modalidades asistidas, tanto telefónicas como presenciales, sumaron 2.062.000 presentaciones. Este crecimiento, de 103.000 casos sobre la campaña previa, puso en valor el modelo dual adoptado por la Agencia Tributaria, que permite a quienes requieren orientación contar con ayuda tanto presencial como remota para el proceso de declaración.

El uso de herramientas de asistencia digital también se reforzó. Los asistentes automáticos ofrecieron respuestas a 1.250.000 consultas relacionadas con el IRPF, lo que equivale a un crecimiento de 59% respecto a la anterior campaña, según informó la Agencia. Desde abril hasta diciembre, el total de contribuyentes atendidos digitalmente por este canal se situó por encima de 1.466.000, lo que evidencia una creciente preferencia por las soluciones en línea para resolver dudas fiscales.

De acuerdo con los datos publicados por la Agencia Tributaria y difundidos en diversos medios, la campaña de prevención de errores incluyó no solo el envío de cartas, sino también recordatorios y avisos mediante plataformas digitales en el estado de tramitación de la declaración. Así, cualquier modificación sobre las propuestas previamente aportadas por la Agencia motivaba una notificación, advirtiendo al contribuyente acerca de posibles discrepancias con los datos registrados en Hacienda.

Aquel contribuyente que consideró válida su declaración original pudo mantenerla, pero quienes identificaron errores o datos omitidos tuvieron la posibilidad de corregirlos mediante una declaración rectificativa. Estas operaciones, según la Agencia Tributaria, se facilitaron porque el propio sistema Renta Web generaba ya una propuesta de corrección con los datos correspondientes, simplificando el proceso.

En síntesis, la Agencia Tributaria enfatizó el éxito del despliegue de vías rápidas y asistidas para la gestión del IRPF, alcanzando índices elevados de devolución procesada tanto en número de declaraciones como en importe abonado, a la vez que impulsó la utilización de canales digitales y telefónicos para adaptarse a las necesidades de los contribuyentes y reducir incidencias fiscales en la campaña de 2024.

La Agencia Tributaria ha completado el proceso de devolución de la campaña de la renta de 2024 con un volumen que alcanza los 13.094 millones de euros, con un reparto entre cerca de 15 millones de contribuyentes. Este resultado equivale al 95,5% de los importes solicitados y al 97,5% de las devoluciones reclamadas durante la campaña.

Según la información de la Agencia Tributaria, recogida por la agencia EFE, la campaña de este año cerró con la presentación de 24,72 millones de declaraciones, lo que supone un crecimiento del 2,4% respecto al ciclo anterior. De ese total, cerca del 65% resultaron a devolver, aunque la cifra representa un descenso del 1,73% en comparación con la campaña previa.

Por otro lado, la entidad recibió 6,99 millones de declaraciones a ingresar, una cifra que marca un incremento del 12% y que suma 20 millones de euros, un 23% más que el año anterior. Las novedades introducidas, como la modalidad “Renta Directa”, junto a la consolidación de la atención digital y telefónica, han permitido cumplir con los objetivos de la campaña y facilitar la experiencia de los usuarios en todo el territorio nacional.

La digitalización o la vía telefónica

La digitalización se consolida como la vía preferida por los contribuyentes españoles. Según detalló la Agencia Tributaria, el 87,4% de las declaraciones se presentaron a través de la plataforma en línea Renta Web, un aumento del 3,58 % en relación con el ejercicio anterior.

Esta preferencia por servicios digitales incluye también modalidades como Renta Directa, la aplicación móvil y el plan telefónico Le Llamamos, vías que permitieron la tramitación de más de 2.920.000 declaraciones sin necesidad de desplazamiento físico. El organismo destaca que la asistencia presencial y telefónica sumó más de dos millones de declaraciones.

Este dato muestra que, aunque la atención digital domina el proceso, los servicios tradicionales continúan brindando soporte a un segmento relevante de la población, especialmente a quienes requieren acompañamiento personalizado durante el trámite fiscal y a personas muy acostumbradas a este método.

Prevención de errores y balance de la campaña

La entidad también subraya la importancia de los avisos preventivos, que han permitido la presentación de más de 47.000 declaraciones rectificativas. Este mecanismo busca reducir la necesidad de posteriores comprobaciones, la generación de intereses y la posible imposición de sanciones, con el objetivo de agilizar la regularización de situaciones fiscales y minimizar conflictos administrativos.

La campaña de la renta de 2024, en la que se han gestionado cifras superiores a las de ejercicios previos, refleja una optimización de los procesos de devolución. Según la Agencia Tributaria, el despliegue de herramientas tecnológicas y la diversificación de los canales de atención han favorecido la presentación eficiente y la reducción de incidencias, contribuyendo a que la mayoría haya podido cerrar su declaración en los plazos establecidos.

Las cifras publicadas por la Agencia confirman la magnitud del operativo. Más de 24 millones de declaraciones procesadas, una devolución global que supera los 13.000 millones de euros y un avance sostenido en la digitalización de los servicios públicos vinculados a la fiscalidad personal en España.

El último informe mensual sobre ingresos tributarios destaca que prácticamente la mitad de los fondos adicionales recaudados por el Estado se relaciona directamente con modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, alcanzando los 3.050 millones de euros. A partir de este dato, el Ministerio de Hacienda ha obtenido hasta noviembre un total de 7.364 millones de euros adicionales debido a distintas subidas y cambios fiscales implementados este año, según consignó Europa Press con datos de la Intervención General de la Administración del Estado.

Entre las reformas adoptadas figura la reintroducción del tipo general del 21% en el IVA de la electricidad, dejando atrás el tipo reducido del 10% que se aplicaba hasta finales de 2024, una medida adoptada originalmente tras el incremento global de los precios energéticos derivado de la guerra de Ucrania. Junto a este ajuste, la actualización de los tipos de IVA aplicados a alimentos básicos fue otra de las acciones clave. Productos como aceite de oliva, pan, leche, huevos y queso retomaron el 4% tras haber contado el año anterior con una reducción al 2%. Otro grupo de productos, en especial aquellos como aceites de semillas y pastas, vieron cómo el IVA aumentó al 10%, después de que se aplicara una rebaja temporal al 7,5%, precisó Europa Press.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, el incremento de la recaudación se debe principalmente a dos factores: la obligación de revertir pérdidas por deterioro y las restricciones a la compensación de bases imponibles negativas. El desglose presentado en el informe muestra que, de los 3.050 millones de euros adicionales, 2.309 millones corresponden al impacto de limitar la consolidación de solo el 50% de las pérdidas acumuladas por grupos empresariales. Además, la disminución de los límites para compensar bases imponibles negativas de grandes empresas, con cifras de negocio superiores a 20 millones de euros, dejó un saldo positivo neto de 1.696 millones de euros, tras bajar esos límites del 70% al 50% o al 25%. Según los datos recopilados por Europa Press, esa restricción, vigente desde 2016, fue anulada por una sentencia al inicio de 2024 y se reincorporó en 2025.

El informe también señala un ingreso extra de 36 millones de euros relacionado con el tercer pago fraccionado de 2024 del Impuesto sobre Sociedades. Este movimiento se vincula a la prórroga del plazo de ingreso de impuestos, del 20 de diciembre al 5 de febrero de 2025, para sociedades domiciliadas en la provincia de Valencia y en otros municipios afectados, derivada de los efectos de la dana.

Respecto al IVA, la recaudación creció en 2.102 millones de euros netos, asociándose el aumento principalmente a la recuperación de los tipos impositivos habituales en productos alimentarios, con un impacto de 1.936 millones, y en productos energéticos, con 513 millones adicionales, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

Dentro de los Impuestos Especiales, el balance también es positivo, sumando 806 millones de euros. La mayor porción corresponde al restablecimiento del tipo original del 5,113% en el Impuesto especial sobre la electricidad, con una aportación de 436 millones de euros. La subida de los tipos en el Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco generó ingresos extra por 344 millones. Como innovación en la fiscalidad de 2025, desde abril se ha comenzado a aplicar un nuevo tributo a los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos vinculados al tabaco, añadiendo 26 millones a la recaudación.

El nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras, que sustituyó al gravamen temporal sobre entidades de crédito, reportó también ingresos de 1.423 millones de euros. Además, la recuperación total del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, vigente desde el 1 de julio de 2024, generó 807 millones de euros adicionales según los detalles consignados por Europa Press.

Otros ingresos asociados a la normativa fiscal incluyen aproximadamente 550 millones de euros por cambios relevantes en la declaración del IRPF de 2024, así como cerca de 600 millones provenientes de medidas adoptadas tras la dana, con efectos en la provincia de Valencia y en otros municipios a nivel estatal.

De acuerdo con el informe, ciertos impactos negativos han restado al alza general de ingresos tributarios. Las devoluciones extraordinarias ligadas a sentencias desfavorables para la Hacienda Pública supusieron una caída de 407 millones de euros en la recaudación. En el caso del IRPF, el saldo es negativo en 834 millones de euros, donde el principal determinante fue la sentencia favorable a los pensionistas que realizaron aportaciones a Mutualidades Laborales, provocando una merma de 1.976 millones de euros durante la campaña de 2024. Además, la desaparición del pago por parte de las principales operadoras de 265 millones de euros en concepto de tasa por la reserva del dominio público radioeléctrico obedeció a una demanda para reducir este gravamen, especificó Europa Press.

Europa Press reportó que, en términos globales, la recaudación tributaria entre enero y noviembre ascendió a 301.355 millones de euros, un 10% más que en el mismo período del año anterior. Esta cifra ya supera los 294.734 millones alcanzados en todo el año 2024. Con estos datos, la Agencia Tributaria prevé que España marque un nuevo récord de ingresos fiscales al cierre de 2025.

La inflación en México mostró una moderación durante la primera quincena de diciembre de 2025, al ubicarse en 3.72% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado se explicó principalmente por la caída en los precios de productos agropecuarios, aunque persistieron presiones en el componente subyacente, especialmente en servicios y algunos bienes de consumo.

En términos quincenales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.17%, una variación menor a la registrada en periodos previos y por debajo de las expectativas del mercado.

Con ello, la inflación general se colocó dentro del rango objetivo del Banco de México, establecido en 3% más/menos un punto porcentual.

Menor presión desde los precios no subyacentes

El comportamiento de la inflación estuvo influido por el componente no subyacente, que registró una disminución de 0.30% quincenal y una tasa anual de 1.71%.

Este rubro incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

La baja respondió principalmente a la reducción en los precios de frutas y verduras, que retrocedieron 1.54% en la primera mitad de diciembre.

En contraste, los energéticos y tarifas gubernamentales mostraron incrementos moderados, sin ejercer una presión significativa sobre el índice general.

Inflación subyacente continúa elevada

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y es considerada un indicador clave de la tendencia inflacionaria, presentó un incremento quincenal de 0.31% y una variación anual de 4.34%.

Aunque este nivel fue inferior al observado en la quincena anterior, se mantuvo por encima del 4%, fuera de la meta de estabilidad del banco central.

Al interior de este componente, los precios de los servicios aumentaron 0.47% quincenal, mientras que las mercancías subieron 0.13%.

Analistas señalaron que la persistencia de una inflación subyacente elevada sugiere que las presiones estructurales sobre los precios aún no se disipan por completo.

Transporte aéreo y turismo, con alzas relevantes

Durante la primera quincena de diciembre, algunos bienes y servicios registraron incrementos importantes, en un contexto previo al periodo vacacional de fin de año.

El transporte aéreo fue el genérico con mayor aumento de precios, con un alza quincenal de 38.25%, lo que incidió de manera significativa en la inflación general.

Otros productos y servicios que mostraron aumentos relevantes fueron:

• Transporte aéreo
• Servicios turísticos en paquete
• Tomate verde
• Azúcar
• Leche

En contraste, productos como jitomate, huevo, pollo y calabacita registraron disminuciones de precio, contribuyendo a contener el avance del INPC.

Expectativas y panorama hacia 2026

De acuerdo con analistas financieros, la desaceleración de la inflación al cierre de 2025 refleja un comportamiento mixto: menores presiones desde el componente no subyacente, pero niveles aún elevados en la inflación subyacente.

Para 2026, se identifican riesgos al alza asociados al aumento del salario mínimo, posibles ajustes fiscales, mayores aranceles a productos importados y factores climáticos que podrían afectar los precios agropecuarios.

No obstante, la moderación reciente de la inflación podría ofrecer margen para ajustes adicionales en la política monetaria durante el próximo año, en un entorno donde el balance de riesgos sigue siendo relevante para la evolución de los precios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía reiteraron que permanece vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, implementada desde el 1 de marzo del presente año.

Este pacto voluntario con empresarios gasolineros está orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

El acuerdo, diseñado para garantizar estabilidad, ha sido coordinado entre las secretarías de Energía, Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, además de Petróleos Mexicanos.

Gobierno aclara precio de gasolina tras publicación en el DOF

Esta precisión se dio tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la aplicación de un factor de actualización del IEPS por inflación que supuestamente comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, aunque el ajuste eleva las cuotas del impuesto, el costo final de los combustibles automotrices no sufrirá aumentos para los usuarios finales.

La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, aplicable a dicho combustible a partir del 1 de enero, no modificará la estrategia vigente y no se reflejará en incrementos en el costo final al consumidor.

Medida aplicada al IEPS no afecta Estrategia Nacional

En el anuncio, se detalló que la cuota del IEPS para la gasolina Magna será de 6.7001 pesos por litro, mientras que para la gasolina Premium se fijará en 5.6579 pesos por litro. Ambos montos reflejan el ajuste derivado de la inflación, pero, según el comunicado conjunto publicado este viernes, 26 de diciembre de 2025, esta medida no afectará la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina.

En septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 98 por ciento de los gasolineros del país renovaron el acuerdo para mantener el precio del litro de gasolina Magna o regular por debajo de los 24 pesos. Durante ese anuncio, la titular del Ejecutivo federal destacó la colaboración con los empresarios del sector para garantizar la estabilidad de los precios de los combustibles en beneficio de los consumidores.

Datos relevantes sobre el precio de la gasolina fijado por Hacienda

1. La Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, implementada el 1 de marzo de 2025, sigue vigente y busca mantener el precio de la gasolina regular (menor a 91 octanos) por debajo de los 24 pesos por litro.
2. El acuerdo es resultado de la colaboración entre las secretarías de Energía, Hacienda, Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Energía, el SAT, Profeco, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Pemex, junto con los empresarios gasolineros.
3. La publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la actualización del IEPS por inflación no implica un aumento en el precio final de los combustibles automotrices para los consumidores, a pesar de que las cuotas del impuesto serán ajustadas.
4. El 98 por ciento de los gasolineros del país renovaron el acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre de 2025.

La temporada decembrina llega a México con cambios significativos para millones de trabajadores. En medio de celebraciones y preparativos para el cierre de año, el tema del salario mínimo cobra especial relevancia. Las familias mexicanas analizan las implicaciones de un nuevo ajuste que impacta directamente en su economía diaria.

Un incremento relevante para 2025

El salario mínimo general en México experimentó un crecimiento notable entre 2024 y 2025. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto diario pasó de 248.93 pesos en 2024 a 278.80 pesos en 2025. Este ajuste representa un alza de poco menos de 30 pesos diarios y equivale a un incremento porcentual del 12%.

Hacienda subrayó en su publicación de redes sociales del pasado 24 de diciembre que este aumento al salario mínimo refuerza el poder adquisitivo de los trabajadores y contribuye al bienestar de las familias mexicanas.

Este avance no surge de manera aislada. El crecimiento sostenido del salario mínimo ha sido una constante durante los últimos años, impulsado por políticas gubernamentales enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población laboral.

Contexto y composición del salario mínimo

El aumento aplicado en 2025 se suma a una tendencia ascendente que se ha mantenido durante todo el sexenio anterior y se proyecta hacia el futuro. Para calcular el nuevo monto, la Secretaría de Hacienda consideró tanto el entorno inflacionario como la necesidad de fortalecer el poder de compra.

La política salarial contempla también la integración de un Monto Independiente de Recuperación (MIR), una herramienta implementada desde 2017 para apuntalar el salario mínimo y que conserve su capacidad de compra, incluso en escenarios de inflación. El MIR consiste en una cantidad fija en pesos que se suma al sueldo base y no afecta otras remuneraciones contractuales.

Perspectivas para 2026 y nuevos acuerdos

El panorama para 2026 mantiene la tendencia de incrementos, aunque con diferencias en la proporción aplicada. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general suba a 315.04 pesos diarios.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), pasará a 440.87 pesos diarios, lo que representa un aumento proporcionalmente menor en comparación con el resto del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el incremento para el año próximo será del 13% en el territorio nacional, mientras que en la ZLFN el ajuste será del 5%. Estos porcentajes reflejan la dinámica de negociación entre los sectores empresarial, sindical y gubernamental, quienes lograron un consenso sin divisiones para definir los nuevos montos.

El aumento para 2026 se compone de la suma del MIR al salario base vigente en 2025 (17.01 pesos) y un aumento adicional del 6.5%. En la ZLFN, el porcentaje de incremento es diferente, pero asegura que los trabajadores de esa región mantengan un ingreso competitivo respecto al resto de México.

Detalles adicionales del nuevo esquema

Este incremento también tendrá impacto en los salarios mínimos profesionales de 61 profesiones y oficios. Estos ajustes se aplicarán en la misma proporción establecida para cada zona geográfica. Los acuerdos tripartitos alcanzados, según la propia Secretaría de Hacienda, buscan mantener el equilibrio entre la mejora salarial y la estabilidad económica general.

Los datos clave del ajuste en el 2025 y las proyecciones para 2026 pueden resumirse en los siguientes puntos:

• El salario mínimo pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios en 2025, lo que representa un incremento del 12%.
• Para 2026, el monto subirá a 315.04 pesos diarios a nivel nacional y 440.87 pesos diarios en la ZLFN.

México se alista para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento deportivo que, además de reforzar la imagen de nuestro país, podría atraer a más de 5.5 millones de turistas extranjeros, con una derrama prevista de hasta 3 mil millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido acuerdos con la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) para delimitar, tanto el alcance como la vigencia de los privilegios fiscales y aduaneros vinculados a la organización de la Copa Mundial.

Estas medidas responden a la garantía gubernamental suscrita en enero de 2018 bajo la administración de Enrique Peña Nieto, que otorgaba a la FIFA y sus asociados exenciones fiscales amplias y eliminaba controles administrativos hasta 2028.

México ajusta beneficios fiscales exclusivos para la FIFA

No obstante, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo acordó acotar su aplicación, de modo que dichos beneficios solo serán efectivos hasta el ejercicio fiscal 2026 y únicamente para los actores directamente relacionados con el torneo.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda detalló que la limitación de los beneficios quedó formalizada a través de la inclusión de una norma habilitante en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, ratificada por el poder legislativo en octubre pasado.

El Gobierno limita privilegios fiscales solo al Mundial de 2026

Esta disposición establece que solo los sujetos involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 están exentos del cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales, entre ellas el pago, la retención y el traslado de impuestos.

Para el resto de las contrapartes, incluidas aquellas que participen en juegos o eventos fuera del marco del Mundial en territorio nacional, persiste la obligación de tributar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según lo remarcó la dependencia federal, este ajuste en los términos se alcanzó mediante acuerdos y sin litigios.

La Secretaría de Hacienda precisó además que el proceso de importación temporal de mercancías vinculadas con la Copa Mundial también fue objeto de regulaciones específicas.

Mediante el Acuerdo Interinstitucional publicado el seis de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron facilidades para la importación sin pago del derecho de trámite aduanero y el uso de formatos simplificados, vigentes hasta diciembre de 2026 y exclusivos para personas autorizadas por FIFA México.

Paralelamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió un procedimiento simplificado el siete de agosto de 2025 en su portal, mientras que la norma habilitante publicada el siete de noviembre de 2025 formaliza la liberación de ciertas obligaciones fiscales para quienes participan en la organización de la Copa, instrumento que será reglamentado con controles emitidos por el SAT hasta el mismo mes de diciembre de 2026.

La Secretaría de Hacienda reiteró que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo honra así los compromisos institucionales asumidos por el Estado mexicano, lo que permitirá que México se convierta en el primer país del mundo que alberga una Copa Mundial de Fútbol en tres ocasiones.

México y el acuerdo fiscal por la Copa del Mundo 2026

• México espera recibir más de 5.5 millones de turistas extranjeros y una derrama económica de hasta 3 mil millones de dólares.
• México acotó los privilegios fiscales, limitándolos solo al periodo del Mundial 2026 y exclusivamente para los actores directamente involucrados.
• Se establecieron facilidades aduaneras y fiscales temporales para la importación de mercancías y la organización del evento, vigentes hasta diciembre de 2026.

El nuevo esfuerzo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está centrado en acercar la educación financiera a cada rincón de México.

A través de la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030, en coordinación de Hacienda con el Comité de Educación Financiera, se proponen herramientas prácticas y contenidos accesibles para que todas las personas, sin excepción, aprendan a gestionar su dinero y planificar su estabilidad económica.

Alcances y compromisos de la campaña

El plan contempla mecanismos para que las familias puedan ahorrar, administrar el crédito, prever gastos imprevistos y sacar provecho de los servicios financieros digitales, pero también tengan criterios para evitar riesgos. Se coordinaron acciones con diversas instituciones, buscando coherencia con las políticas nacionales y acompañamiento constante en la ejecución.

La colaboración interinstitucional ha permitido definir una hoja de ruta con seis objetivos centrales, donde destacan la integración curricular, capacitación docente, fortalecimiento de recursos digitales y campañas de información. Además, se suma la perspectiva de género y el enfoque hacia grupos históricamente rezagados en el acceso a servicios financieros.

Integración curricular y formación docente

El primer objetivo es que estudiantes desde educación básica hasta superior tengan en sus planes y materiales contenidos de educación financiera. Las acciones incluyen:

• Valoración técnica y pedagógica de los materiales, adaptándolos a libros de texto y programas sintéticos.
• Inclusión de estos temas en la formación docente y cursos de capacitación continua, para que el personal educativo pueda guiar a estudiantes de distintas comunidades.
• Ampliación de materiales específicos, especialmente para los grados tres, seis y nueve, y en plataformas tanto escolarizadas como no escolarizadas.

Bajo este esquema, estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, junto con sus maestros, recibirán insumos contextualizados, considerando también a las comunidades indígenas y hablantes de lenguas originarias. Todo esto se complementa con alianzas federales y la generación de contenidos accesibles, promoviendo así el aprendizaje activo y la participación estudiantil.

Capacidades financieras para un entorno digital

La segunda línea de acción subraya la urgencia de que la población y las pequeñas empresas desarrollen competencias financieras en el mundo digital. Las metas están orientadas a:

• Difundir recursos digitales y materiales descargables mediante plataformas especializadas.
• Desarrollar objetos de aprendizaje sobre ahorro, presupuesto y prevención de fraudes.
• Impulsar el uso de herramientas y cursos para mejorar la toma de decisiones en temas como ahorro para el retiro o la obtención de créditos hipotecarios.

Aquí, el enfoque está en la población en general, pero hay materiales específicos para beneficiarios de programas sociales, trabajadoras del sistema de pensiones, personas emprendedoras y empresas pequeñas y medianas. Se incluyen capacitaciones para quienes brindan atención directa en instituciones financieras.

Información oportuna y protección para usuarios

Para que más personas reciban datos claros y comprendan cómo usar los servicios financieros de manera segura, la estrategia despliega campañas y materiales en distintos canales. Se promueve:

• Difusión de contenido audiovisual y gráfico en redes sociales.
• Participación estudiantil y de jóvenes en concursos, eventos nacionales y programas.
• Fortalecimiento de mecanismos para la protección del ahorro y prevención de fraudes financieros.

Estas campañas incluyen comunicación en lenguaje inclusivo y materiales en lenguas indígenas.

Comprensión y sostenibilidad: la nueva visión financiera

El conocimiento sobre los productos y servicios financieros se ampliará con talleres, talleres directos, material actualizado y asesoría para quienes buscan créditos hipotecarios o productos de inversión. Así, se busca que familias y empresas tomen decisiones informadas.

El plan integra capacitación en sostenibilidad, riesgos climáticos y financiamiento verde, relevando que la economía y el bienestar futuros dependen del manejo responsable y sustentable de los recursos.

Finalmente, la implementación será medida de forma continua, con evaluaciones y sondeos para garantizar que la educación financiera evolucione junto con las necesidades del país.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) resolvió revocar la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., tras una solicitud voluntaria presentada por la propia entidad, apuntó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta decisión, adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vector el veintiséis de noviembre, responde exclusivamente a los intereses de la casa de bolsa y no está vinculada a acciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según informó la CNBV en un comunicado oficial.

La CNBV concluye proceso de revocación para Vector Casa de Bolsa sin vínculo con acciones de FinCEN

En el análisis realizado por la Junta de Gobierno de la CNBV, se determinó que la revocación cumplía con todos los requisitos legales, financieros y operativos exigidos por la normatividad vigente.

El doce de diciembre, la autoridad resolvió de manera favorable la solicitud, tras constatar que el expediente presentado estaba debidamente integrado y satisfacía las condiciones documentales requeridas.

La petición formal de revocación fue entregada a la CNBV el primero de diciembre, tras el acuerdo adoptado por los accionistas de Vector Casa de Bolsa.

La CNBV subrayó que la decisión de los socios “obedeció exclusivamente a sus intereses”, descartando cualquier relación con medidas externas, en particular con las acciones de la FinCEN.

Vector Casa de Bolsa concluye así su operación en el sector financiero mexicano, en un proceso que, de acuerdo con la CNBV, se desarrolló conforme a los procedimientos legales y regulatorios establecidos.

La presidenta Sheinbaum descarta nexos de Vector y CIBanco con lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el 21 de noviembre que no existe evidencia que vincule a Vector Casa de Bolsa, Intercam o CIBanco con la delincuencia organizada ni con operaciones de lavado de dinero, pese a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2025.

La mandataria explicó que la intervención temporal de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue una “acción preventiva” motivada por los retiros atípicos de dinero que generaron los señalamientos estadounidenses, con el objetivo de proteger los depósitos de los clientes y evitar riesgos para el sistema financiero nacional.

De acuerdo con Sheinbaum, ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni la SHCP hallaron elementos suficientes para iniciar acciones penales en México.

Además, precisó que la información proporcionada por Washington “no fue suficiente para establecer alguna relación con el crimen organizado”.

La presidenta detalló que, tras una revisión interna, las autoridades mexicanas solo detectaron irregularidades administrativas que ya habían sido auditadas y sancionadas previamente por la CNBV.

“No hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información del Tesoro, que confirmara lavado de dinero. La intervención se realizó para evitar afectaciones al sistema financiero nacional”, afirmó.

Pedir dinero a un familiar para comprar una casa, montar un negocio o salir de un apuro económico es una práctica habitual en miles de hogares españoles. La confianza, la cercanía y la ausencia de intereses convierten a padres, hijos o hermanos en una especie de “banco doméstico”.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este tipo de acuerdos no son tan informales como parecen. Desde el punto de vista fiscal, un préstamo familiar mal hecho puede convertirse en un serio problema con Hacienda.

Una reciente interpretación del Tribunal Supremo ha puesto el foco en estas operaciones y ha reforzado el criterio de la Agencia Tributaria: si no se demuestra correctamente que el dinero recibido es un préstamo, Hacienda puede considerarlo una donación encubierta, con las consiguientes consecuencias económicas.

A ojos de la ley, un préstamo entre familiares funciona igual que uno concedido por un banco. La única diferencia es quién presta el dinero. El Supremo recuerda que existen tres elementos esenciales que deben cumplirse para que Hacienda lo reconozca como tal.

En primer lugar, debe existir una entrega efectiva de dinero. En segundo lugar, tiene que haber una obligación real de devolverlo. Y, por último, debe poder demostrarse que no se trata de un regalo disfrazado de préstamo. Si alguno de estos puntos falla o no puede acreditarse, la Agencia Tributaria puede intervenir.

El problema es que, en muchos casos, estos acuerdos se hacen “de palabra”, sin documentos ni pruebas, confiando en la relación familiar. Y ahí es donde empiezan los riesgos.

Hacienda vigila de cerca estos movimientos

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las comprobaciones sobre el origen del dinero que reciben las personas físicas. Especialmente cuando se trata de cantidades elevadas que no proceden de salarios, herencias o préstamos bancarios.

Los préstamos entre familiares se han convertido en uno de los focos habituales de inspección. El motivo es sencillo: en la práctica, muchos de ellos nunca se devuelven o no hay constancia de que exista una verdadera intención de hacerlo.

El Tribunal Supremo ha respaldado esta estrategia y ha dejado claro que no basta con la palabra de las partes para afirmar que una cantidad es un préstamo. Si no hay pruebas, Hacienda está legitimada para cuestionarlo.

El riesgo de las donaciones encubiertas

Desde el punto de vista de la Administración, la lógica es clara. Si una persona recibe dinero y no puede demostrar que lo devuelve —o que tiene la obligación de hacerlo—, lo más probable es que se trate de una donación.

Por eso, el Supremo avala que Hacienda no solo pueda exigir documentación, sino también hacer un seguimiento del préstamo. Si no hay devoluciones periódicas, transferencias justificadas o un calendario de pagos, la Agencia Tributaria puede recalificar la operación como una donación.

Este cambio de criterio no es menor, porque el tratamiento fiscal de una donación es muy distinto al de un préstamo, incluso aunque sea entre padres e hijos.

La carga de la prueba recae en el contribuyente

Uno de los puntos más relevantes que subraya el Tribunal Supremo es quién tiene que demostrar que el préstamo es real. Y la respuesta es contundente: el contribuyente.

“No es Hacienda quien debe probar que hubo una donación, sino la persona que recibió el dinero quien debe acreditar que se trata de un préstamo auténtico, con intención de devolución y con pruebas de que esa devolución se está realizando", señala Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

Esto implica aportar contratos, justificantes bancarios y cualquier documentación que respalde la operación. Si no se aportan pruebas suficientes, la Administración puede actuar y regularizar la situación. Además, el Supremo recuerda que la relación familiar no elimina las obligaciones fiscales. La confianza personal no sustituye a los requisitos legales.

Qué ocurre si Hacienda lo considera una donación

Si finalmente la Agencia Tributaria concluye que el dinero recibido no era un préstamo, sino una donación encubierta, las consecuencias pueden ser importantes. En primer lugar, se exigirá el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que varía según la comunidad autónoma y puede suponer una cantidad elevada. A ello se sumarán recargos, intereses de demora y, en algunos casos, sanciones económicas.

La solicitud realizada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso y ofrezca explicaciones sobre lo que ha calificado como “corrupción sistémica” en el Ejecutivo, tomó fuerza después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara actuaciones en diferentes instituciones del Estado. De acuerdo con la información difundida por varios dirigentes populares y detallada por distintos medios, la presencia de la UCO en entidades como Correos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica responde a la investigación de una trama de presuntas irregularidades que involucran a Leire Díez, exmilitante del PSOE arrestada días atrás.

Según reportó el medio, las peticiones del principal partido opositor reflejan el aumento de la presión política tras conocerse la actuación de la Guardia Civil en busca de documentación relacionada con la causa por la que Díez permanece detenida. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, anunció públicamente que en el momento en que el presidente del Gobierno compartía en redes sociales una entrevista concedida a la revista italiana 'L'Espresso', los agentes de la UCO se encontraban realizando diligencias en las sedes de Correos, Hacienda y Transición Ecológica. Muñoz solicitó de nuevo la convocatoria de elecciones, instando a Sánchez con alusiones al universo literario de ‘Las crónicas de Narnia’ a regresar “de Narnia, dimitir y convocar elecciones”.

En ese contexto, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, intervino también a través de redes sociales para señalar que “un día más España amanece con la UCO registrando ministerios y empresas públicas”, advirtiendo que la situación no se detendrá con maniobras mediáticas. Tellado empleó expresiones como “la corrupción lo ha devorado todo” y apeló a la dirección del Gobierno a “salir con las manos en alto y entregarse”, insistiendo en el carácter grave de las actuaciones policiales.

Tal como publicó el medio, estas declaraciones se produjeron justo después de que la UCO se presentara en varias dependencias estatales para recabar información y documentación relevante para la investigación, poniendo el foco en posibles irregularidades durante procesos de contratación en el sector público y en las gestiones llevadas a cabo por la exmilitante socialista implicada en la causa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado horas antes la necesidad de una comparecencia urgente de Sánchez ante las Cortes Generales, alegando que “España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas”, mientras el presidente del Gobierno permanece, en sus palabras, “encerrado en la Moncloa”. Feijóo remarcó que no considera aceptable que Sánchez evite comparecer ante la representación popular al menos hasta febrero, tal como había previsto el Ejecutivo.

Según informó el medio, la comparecencia solicitada por Feijóo y la petición de un Pleno extraordinario en el Congreso la próxima semana se enmarcan dentro de la ofensiva política impulsada por el PP para exigir explicaciones sobre las sucesivas actuaciones judiciales y policiales relacionadas con miembros o exmiembros del PSOE que ocupan o han ocupado cargos vinculados a contratos públicos investigados.

La noticia sobre la detención de Leire Díez, así como la presencia de la UCO en las sedes de relevantes instituciones estatales, ha intensificado el debate en el ámbito político acerca de la transparencia y la asunción de responsabilidades ante casos investigados por corrupción. Según consignó el medio, el PP ha aprovechado el contexto para incrementar la presión sobre la figura de Sánchez, tanto en el plano institucional como en el terreno del discurso público.

Esta dinámica de tensión política ha venido acompañada por críticas explícitas de los portavoces populares hacia la gestión de comunicación del Gobierno sobre el asunto. La difusión por parte de Sánchez de contenidos relacionados con su entrevista en una publicación internacional al tiempo que se desarrollaban registros en dependencias estatales fue especialmente señalada por miembros del PP, que utilizaron este hecho como argumento para reforzar sus demandas de dimisión y convocatoria inmediata de elecciones.

Durante sus intervenciones, los representantes populares han insistido en la gravedad de las investigaciones en curso, sosteniendo que afectan al núcleo de la gestión pública y refuerzan su diagnóstico de una presunta corrupción arraigada en el Gobierno. Tanto Ester Muñoz como Miguel Tellado emplearon mensajes rotundos en sus redes sociales para instar a una respuesta institucional por parte de Sánchez y responsabilizarlo políticamente del clima de sospecha que rodea a la actividad ejecutiva.

A lo largo de la jornada, según detalló el medio, la exigencia opositora pasó a centrarse en la necesidad de transparencia y en la convocatoria de una sesión parlamentaria de carácter extraordinario. La solicitud, según explicaron los portavoces del PP, busca forzar al presidente a abordar de manera pública y directa las acusaciones y los hechos investigados que afectan a dirigentes vinculados al partido socialista y a la gestión de recursos públicos.

Mientras tanto, el desarrollo de las investigaciones judiciales y policiales continúa, en paralelo a la escalada de presión política e institucional promovida desde las filas populares. La presencia de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica, corroborada por fuentes del propio PP y difundida por el medio, refuerza el interés de la opinión pública en una causa que involucra la gestión de contratos en el ámbito estatal y la actuación de altos funcionarios y cargos administrativos.

La reacción del Gobierno a estas demandas todavía no se ha concretado en una comparecencia parlamentaria inmediata, y desde el Partido Popular se ha reiterado la necesidad de que el presidente actúe conforme a la “gravedad” atribuida a los hechos por la oposición en el contexto de las investigaciones judiciales en marcha.

Los tres detenidos en el marco de una pesquisa sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos comparecerán ante el juez de la Audiencia Nacional este sábado a partir de las 10.00 horas, momento en que se definirá si continúan bajo prisión provisional o recuperan la libertad tras sus declaraciones. Según reportó Europa Press, la operación forma parte de una investigación judicial dirigida por el magistrado Antonio Piña y que mantiene bajo secreto de sumario las actuaciones recientes.

Durante la jornada del viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron múltiples requerimientos de documentación en instalaciones de Correos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la finalidad de estas diligencias es recabar expedientes relacionados con la investigación que involucra a Leire Díez, exmilitante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien fue detenida por presuntas irregularidades cometidas en procesos de contratación pública.

El medio Europa Press detalló que los agentes de la UCO también solicitaron expedientes a otras entidades clave, como Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales. Todas estas acciones se desarrollan en el marco de una causa judicial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y que involucra presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y organización criminal.

La investigación, bajo la supervisión del juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional, llevó a la detención de Leire Díez, de Vicente Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— y de Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Europa Press subrayó que los tres detenidos permanecerán en calidad de arrestados hasta su comparecencia judicial, momento en que se evaluarán las implicaciones de sus declaraciones y se determinarán las medidas cautelares a adoptar.

Las actuaciones de la UCO, previas a la audiencia judicial, incluyeron registros en varias entidades públicas y la recolección de expedientes que puedan aportar nueva información a la causa. Según publicó Europa Press, el procedimiento es parte de una operación más amplia que busca esclarecer la supuesta existencia de una trama coordinada para la manipulación de contratos públicos, así como el posible aprovechamiento de cargos y contactos institucionales para obtener beneficios ilícitos.

La Fiscalía Anticorrupción promueve esta investigación para determinar la extensión y los responsables de los hechos bajo examen, e identificar si existe una red organizada que haya favorecido adjudicaciones irregulares en el sector público. Europa Press informó que las pesquisas involucran el análisis de centenares de documentos oficiales, declaraciones de responsables y datos financieros, con el propósito de delimitar las eventuales responsabilidades penales y administrativas de los implicados.

De acuerdo con el mismo medio, las diligencias de la UCO y la documentación solicitada abarcan información sobre adjudicaciones sospechosas realizadas durante los últimos años en organismos estatales y dependencias ministeriales. En este contexto, las detenciones y los registros buscan acelerar la obtención de pruebas y asegurar que los posibles implicados no obstaculicen la investigación ni destruyan evidencias relacionadas.

Por el momento, el secreto de sumario impuesto por el juez Antonio Piña restringe el acceso a detalles adicionales sobre el alcance de la operación y el contenido de los documentos incautados. Europa Press enfatizó que la investigación se mantiene abierta y se esperan nuevas actuaciones en función de los resultados que arroje el análisis de la documentación recogida durante las últimas horas.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emitieron un Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un valor de 3 mil millones de pesos.

En su cuenta de X, la jefa de Gobierno capitalina indicó que “cada peso respaldará proyectos sustentables como el Cablebús” y consideró la emisión del bono como una muestra de “la confianza de las y los inversionistas” en la ciudad.

Brugada Molina precisó que el bono estará destinado a la construcción de las líneas 5 y 6 del Cablebús, que conectarán a las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, así como a Milpa Alta con Tláhuac, respectivamente.

“Regresamos al mercado bursátil para emitir un Bono Verde de $3 mil millones, destinado a financiar las nuevas líneas de @MICablebusCDMX en Álvaro Obregón–Magdalena Contreras y Milpa Alta–Tláhuac", escribió en una segunda publicación.

De igual forma, mencionó que tras encabezar el campanazo de apertura junto con el secretario de Hacienda, aseveró que la “Ciudad de México es pionera en emisiones de deuda responsable desde 2003″ y reafirmó su compromiso con la movilidad sustentable.

Por su parte, Édgar Amador explicó que el actual Bono Verde, según la Secretaría de Hacienda, se diferencia por ser un instrumento quirografario con tasa fija y un plazo de 10 años.

Destacó que cuenta con la máxima calificación crediticia (AAA) otorgada por Fitch y HR Ratings, además de estar alineado a los principios internacionales de bonos verdes, la Taxonomía Sostenible de México y los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para financiamiento subnacional.

“Este marco brinda certidumbre a emisores e inversionistas y alinea proyectos de movilidad con estándares nacionales e internacionales”, resaltó.

Amador reconoció la labor de la propia Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, así como el apoyo de la Bolsa Mexicana de Valores, resaltando su papel como plataforma para el crecimiento del mercado de deuda sostenible en México.

El secretario también dirigió un mensaje a las entidades federativas y gobiernos subnacionales para que repliquen este tipo de esfuerzos.

“Animo al resto de las entidades federativas y gobiernos subnacionales a reproducir este esfuerzo para continuar democratizando el acceso al mercado de capitales a lo largo del país”, afirmó, según lo registrado en el acto.

Finalmente, Édgar Amador se dirigió a los inversionistas presentes agradeciéndoles su confianza en el instrumento, recalcando que cada peso invertido en el Bono Verde se reflejará en infraestructura que transforme barrios, mejore el entorno y eleve la calidad de vida de miles de personas.

Comprometió, además, la continuidad del trabajo desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que este tipo de financiamientos –con criterios claros, responsables y sostenibles– sean accesibles para más gobiernos locales.

El uso de Bizum y otras plataformas de pago móvil ha experimentado un crecimiento sin precedentes en España y Andorra, hasta el punto de que, en los primeros nueve meses de 2025, el número de usuarios ha superado los 30 millones. Esta cifra representa aproximadamente un 60% de la población española, con una penetración que, en el segmento de jóvenes de 18 a 35 años, rebasa el 95%. Este auge ha impulsado a la Agencia Tributaria a reforzar el control fiscal sobre los pagos digitales, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, según lo establecido en el Real Decreto 253/2025.

A partir de esa fecha, la Agencia Tributaria podrá acceder de manera sistemática a las operaciones realizadas a través de Bizum, tarjetas y cualquier otro sistema de pago móvil, siempre que los cobros estén vinculados a actividades profesionales o empresariales. El Real Decreto 253/2025 modifica y amplía varios artículos del reglamento fiscal vigente, en particular los artículos 37, 38, 38 bis y añade el 38 ter, con el objetivo de actualizar las obligaciones de información de entidades financieras, emisores de tarjetas y empresas de dinero electrónico.

El artículo 38 bis del Real Decreto redefine la obligación de informar sobre los cobros efectuados mediante cualquier tipo de tarjeta y pagos asociados a números de teléfono móvil. Desde 2026, profesionales autónomos y empresas deberán declarar mensualmente todos los pagos recibidos por tarjeta, ya sea física o virtual, y por Bizum, sin importar la cuantía. Hasta ahora, solo era obligatorio informar a Hacienda cuando los cobros superaban ciertos umbrales, como 3.000 o 10.000 euros, pero con la nueva normativa, cualquier cantidad será reportada.

Por su parte, el artículo 38 ter introduce una obligación informativa anual relativa a operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas. No obstante, quedan excluidas de esta obligación las tarjetas cuyo importe total de cargos y abonos registrados en el ejercicio sea inferior a 25.000 euros. De este modo, la Agencia Tributaria podrá cruzar datos de manera más exhaustiva para detectar posibles casos de evasión fiscal, economía sumergida o ingresos no declarados.

¿A quién afecta el nuevo control fiscal?

La nueva regulación afecta a todos los empresarios, autónomos y profesionales que reciben pagos mediante Bizum, tarjeta, TPV o cualquier otro sistema de cobro móvil. Las entidades financieras, emisoras de tarjetas y plataformas de pago estarán obligadas a proporcionar informes detallados, que incluirán la identificación del receptor del pago, la cuenta bancaria o método de cobro asociado, el importe de cada operación y la periodicidad mensual de los cobros profesionales.

En cambio, los usuarios particulares que utilizan Bizum de forma puntual, por ejemplo, para dividir una cena o pagar un regalo, no tendrán que informar a Hacienda sobre sus movimientos. La normativa se centra en los cobros vinculados a actividades económicas, aunque también establece que los particulares que superen los 25.000 euros anuales en movimientos podrán ser objeto de control.

El Real Decreto 253/2025 también elimina el umbral mínimo de 3.000 euros que hasta ahora obligaba a las entidades a informar a Hacienda sobre los movimientos superiores a esa cantidad. A partir de 2026, los bancos deberán reportar no solo los importes, sino también los patrones de pago y el volumen anual, incluyendo transferencias realizadas por Bizum o aplicaciones móviles. Así, pagos recurrentes, aunque sean de importe reducido, podrán ser objeto de seguimiento si se detecta un patrón que sugiera actividad económica no declarada o donaciones encubiertas.

Recomendaciones para autónomos y profesionales

Ante este nuevo escenario, los expertos aconsejan a autónomos, pequeños comerciantes y profesionales que utilicen Bizum o TPV para sus cobros que adopten una serie de buenas prácticas. Entre ellas, se recomienda separar las cuentas bancarias de uso personal y profesional, llevar un registro ordenado de ingresos y facturas, declarar correctamente los ingresos y conservar justificantes, contratos o comprobantes que respalden las operaciones. Además, es fundamental que los conceptos de cada movimiento sean claros y reales, y que se emita factura cuando corresponda.

En el caso de los autónomos, los cobros por Bizum tienen la misma consideración fiscal que los pagos con tarjeta, por lo que deben declararse en el IRPF y el IVA, si procede. La nueva normativa permitirá a Hacienda cruzar los cobros por Bizum con lo declarado en los impuestos, y en caso de discrepancias, la inspección será casi segura. Por ello, mantener una contabilidad organizada y conservar los extractos bancarios y justificantes de pago se convierte en una medida imprescindible.

En el caso de particulares, el importe mínimo por operación es de 0,50 euros, el máximo es de 1.000 euros, el límite diario asciende a 2.000 euros y el mensual a 5.000 euros, con un máximo de 60 operaciones al mes. Estas restricciones buscan reforzar la seguridad del sistema sin afectar la comodidad de los clientes. Sin embargo, para las cuentas profesionales, no existe un límite mensual estricto.