El Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió una acción de tutela orientada a detener la construcción del osario que albergaría los restos de Camilo Torres Restrepo, conocido sacerdote y militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la Capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá).

Sin embargo, el juzgado rechazó la petición de frenar de manera inmediata las obras, pues determinó que no existe un riesgo que justifique la medida urgente, manteniendo las actividades en el lugar mientras se tramita la tutela.

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El fallo puntualizó que solo corresponde otorgar medidas provisionales como la suspensión inmediata de las obras si hay un riesgo de perjuicio irremediable.

“En este caso no se evidencia un riesgo inmediato”, concluyó el despacho judicial al fundamentar su decisión de no paralizar el avance del osario en la Capilla Cristo Maestro, donde reposarían los restos del sacerdote.

La solicitud de tutela fue interpuesta por Ricardo Esteban Ruiz Castro y Diego Garzón Rincón, que alegaron la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, participación ciudadana, patrimonio cultural y salubridad pública debido al proyecto en la Universidad Nacional. El interés de los accionantes es que la justicia detenga la ejecución de la obra que, según sostienen, afecta intereses colectivos relevantes.

A su juicio, la iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, avanza sin las debidas garantías de consulta y transparencia.

Frente a la polémica por el osario, la vicerrectora Carolina Jiménez expresó que la Universidad Nacional de Colombia mantiene el anhelo de acoger los restos de Camilo Torres en la capilla Cristo Maestro dentro de la Ciudad Universitaria. La funcionaria afirmó a El Espectador: “La Universidad Nacional de Colombia ha albergado, desde cuando se produjo el fallecimiento del padre Camilo, la esperanza de que en la capilla ‘Cristo Maestro’ de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales”.

Según Jiménez, la decisión de preparar el espacio para los restos surgió de un proceso de diálogo desarrollado el 19 de enero de 2026, en el que participaron la vicerrectoría de la sede Bogotá, el padre Giraldo y representantes sociales. El intercambio se centró inicialmente en la conmemoración del aniversario número 60 del fallecimiento de Camilo Torres, pero cambió de enfoque con la confirmación del hallazgo de los restos por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El caso permanecerá en estudio mientras el juzgado avanza en el análisis de fondo de la tutela. Están en juego criterios relacionados con el manejo de la memoria histórica, la participación de la sociedad en decisiones sobre el patrimonio académico y religioso, y la gestión transparente de los espacios simbólicos de la Universidad Nacional de Colombia.

El largo camino para identificar restos de Camilo Torres

La investigación coordinada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) permitió identificar el cuerpo del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, símbolo de la Teología de la Liberación, tras un proceso forense y documental que duró más de dos años y medio.

La certeza científica de la identificación se logró con el respaldo de análisis genéticos, que establecieron una coincidencia genética con su padre, Calisto Torres, con una probabilidad 1.230 millones de veces mayor de filiación que frente al resto de la población, reveló Forero en conferencia en Bogotá.

Durante el proceso, los especialistas de la UBPD recuperaron una urna con características coincidentes con las entregadas por una fuente militar. El aporte de esta fuente resultó crucial: 23 años después del combate donde murió Torres el 15 de febrero de 1966 a los 37 años de edad, había declarado que el cuerpo del sacerdote se trasladó hasta el pabellón militar de dicho cementerio.

La exhumación permitió hallar restos que correspondían, en sexo, edad, estatura y lesiones reportadas en el acta de levantamiento del cadáver de 1966, a los valores biológicos conocidos de Camilo Torres. Posteriormente, se realizaron análisis de individualización y reasociación de estructuras óseas entre julio de 2025 y enero de 2026 para aislar muestras viables.

Las muestras óseas seleccionadas por la UBPD fueron enviadas en diciembre de 2025 a un laboratorio especializado en Texas, que ayudó a identificar material con alto contenido de ADN. El estudio final fue realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo análisis, sumado a la mesa técnica realizada en enero de 2026, confirmó la identidad del sacerdote con una certeza estadística excepcional.

Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD concluyó que: “La evaluación y conciliación de toda la información contextual, histórica y forense, así como los análisis genéticos, nos permiten concluir con certeza su identificación”. Camilo Torres Restrepo fue reconocido así oficialmente tras décadas de incertidumbre sobre el destino de sus restos.

La representante republicana María Elvira Salazar, del estado de Florida, se pronunció con respecto al caso del video que circuló en redes sociales en el que fue incinerado un vehículo de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La parlamentaria estadounidense enfocó su crítica al presidente Gustavo Petro por el caso ocurrido entre los departamentos de Arauca y Norte de Santander: Salazar solicitó al presidente colombiano garantizar la protección de todos los candidatos a la Presidencia.

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En su pronunciamiento, Salazar rememoró el pasado del presidente como militante de la extinta guerrilla M-19, hecho con el que justificó, a su juicio, que el presidente “tiende a justificar la violencia” en Colombia.

“Atacar la campaña de un candidato es atacar la democracia misma. Petro debe garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales. Sabemos que, por su pasado guerrillero, el presidente tiende a justificar la violencia, pero esto no es normal ni aceptable. La violencia política debe ser condenada, no tolerada. ¡Colombia no puede volver a su pasado sangriento!"

El relato de uno de los gerente de campaña de De La Espriella por la quema del vehículo

Uno de los vehículos identificados con los emblemas del Movimiento Defensores de la Patria fue incendiado por personas desconocidas y armados en la carretera que une los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

El caso ocurrió específicamente en el sector de Fundame, a escasa distancia de la salida al alto de Mejue, sobre la vía secundaria que conecta los municipios de Chinácota y Toledo.

Según información difundida por W Radio, un grupo de hombres armados interceptó el automóvil, obligó a descender a sus ocupantes y procedió a prenderle fuego. Dentro del vehículo viajaba Juan Carlos Santamaría, director de la campaña en Arauca, acompañado por varios escoltas. El medio precisó que el ataque ocurrió mientras el equipo realizaba labores de recolección de firmas, una actividad que, de acuerdo con Santamaría en declaraciones a Semana, venían desarrollando desde hacía varias semanas.

El propio Santamaría relató a ese medio que había decidido utilizar su propio automóvil, un Chevrolet Spark, al que le colocó la publicidad de la campaña: “Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”, explicó.

El gerente de campaña local añadió que, debido a las características del vehículo, no pudieron avanzar mucho y fueron encañonados: “Nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”, afirmó Santamaría a Semana.

Campaña de Abelardo de la Espriella condenó el hecho

A propósito del caso, la campaña de Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que condenó el atentado y detalló que el vehículo, claramente identificado con los símbolos del movimiento, fue incendiado en un acto que calificaron como “evidente intimidación política y violencia injustificable”.

El texto, difundido por el equipo de prensa, subrayó el rechazo categórico al ataque perpetrado el 13 de octubre de 2025 contra el coordinador departamental en Arauca. En cuanto a la investigación, el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, declaró a La FM que las pesquisas continúan y que hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables.

“Se realiza la investigación pertinente, aún no se tiene información precisa sobre los autores de lo sucedido. Se recibió la denuncia de quienes se movilizaban en el vehículo; se trata de cuatro personas que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Nadie resultó lesionado”, indicó el oficial a La FM.

El incidente ha puesto de manifiesto los riesgos que enfrentan los equipos de campaña en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales y la violencia política persisten como amenazas constantes.

Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial para las elecciones de 2026, se refirió nuevamente a las acusaciones que lo califican de “guerrillero”.

A través de una extensa publicación en X, el precandidato recordó la muerte de su padre (Manuel Cepeda) y la información que lo tildaba de guerrillero.

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“A mi padre lo asesinaron la mañana del 9 de agosto de 1994. Con frecuencia en el Congreso de la República, en las columnas de opinión, en las entrevistas radiales, o en las declaraciones de los ministros, se insinuaba o se decía abiertamente que él era un guerrillero. Algunos lo hacían veladamente, y otros los más cercanos al paramilitarismo y a la extrema derecha, lo decían de frente”, indicó Iván Cepeda.

Asimismo, se refirió al exterminio de la Unión Patriótica, que, según el senador Cepeda, tenían una misma narrativa y que ha estado “por décadas en Colombia”.

“Como él, 6.000 miembros de la Unión Patriótica fueron sometidos al mismo procedimiento: primero se preparó a la opinión pública, se incitó a la violencia, luego se ejecutaron los homicidios, y después se alegó la legitimidad del acto para ambientar su impunidad. Así ha sido por décadas en Colombia: con los miles de miembros de la UP, o con los liberales, o con los líderes sociales”, expresó Iván Cepeda.

El precandidato presidencial aseguró que este tipo de narrativas pueden terminar en atentados políticos o muertes violentas.

“Eso ha consolidado la convicción de que calificar o mostrar a alguien como ilegal, terrorista, subversivo, o guerrillero, es algo normal y plenamente justificado. Así lo entienden hoy ‘analistas’ políticos, y humoristas. Pero no: acusar a alguien de guerrillero no es ‘infame’, es criminal, pues termina en atentados políticos y muertes violentas”, aseveró Iván Cepeda.

Recientemente, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro manifestó su inconformidad tras la circulación de una fotografía en la que aparece con un atuendo de camuflaje, semejando una vinculación con las Farc.

La imagen, difundida por el periodista Pedro Viveros, forma parte de una valla publicitaria donde también aparece Abelardo de la Espriella, que representa una postura política opuesta a la de Cepeda.

Pedro Viveros señaló en su cuenta de X que no optaría por ninguno de los dos precandidatos. “Ninguna de las dos. Nos quieren sacar a ‘votar emberracados’ por eso valoremos que muchas opciones para escoger bien y mejor, no caigamos en la trampa de los extremos”, declaró el periodista, invitando a considerar otras alternativas electorales y evitar la polarización.

Frente a la divulgación de la fotografía, Iván Cepeda afirmó que se trata de una estrategia para afectar su imagen y pidió al comunicador que presentara pruebas ante las autoridades sobre los presuntos vínculos con la insurgencia, advirtiendo consecuencias judiciales de no hacerlo.

El senador enfatizó: “Publica usted una fotografía mía con traje de camuflado y que me presenta como integrante de una organización guerrillera. Una de dos: o entrega usted a la mayor brevedad posible la información de la que dispone sobre un hecho tan grave a las autoridades competentes o, de lo contrario, lo denunciaré penalmente por calumnia”. Cepeda reiteró su posición y dio plazo al periodista para responder formalmente ante la justicia.

Ante este reclamo, Pedro Viveros respondió asegurando que no tiene responsabilidad sobre la creación ni sobre la edición de la imagen en cuestión. Dirigiéndose al congresista, manifestó que debe investigar antes de emitir señalamientos sobre posibles acciones legales.

“Señor @IvanCepedaCast esa foto no es mía. Fue hecha por alguien que no fui yo. Así que averigüe bien antes de mandar mensajes como el que envió. Cordial saludo”, escribió Viveros, deslindándose de la autoría y pidiendo que se aclaren los hechos.

En medio de la controversia, Juan David Correa, exministro de Culturas, Artes y Saberes del gobierno de Gustavo Petro, intervino en redes sociales para respaldar a Iván Cepeda. Resaltó lo que considera cualidades del congresista y cuestionó la persistencia de ciertas narrativas.

“Quieren insistir en el relato de un país que se quedó atrás. @IvanCepedaCast es un demócrata, defensor de derechos humanos, progresista, culto, y eso, sin duda, los deja con un solo argumento falaz y peligroso. La sociedad colombiana ya es otra. El cambio es cultural y ético”, escribió Correa, sumándose al apoyo hacia el precandidato.

En un operativo liderado por el Gaula de la Policía en el departamento de Boyacá, tres mujeres fueron capturadas en diferentes regiones del país, específicamente en Valle del Cauca, Meta y Barrancabermeja.

Estas personas están señaladas de participar en una red de extorsión que operaba mediante llamadas intimidatorias, exigiendo dinero bajo amenazas. Según el reporte preliminar, las detenidas eran responsables de cobrar los montos obtenidos a través de estas actividades ilícitas.

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Los detalles proporcionados apuntan a que las extorsiones se realizaban bajo la modalidad de suplantación, en la que un hombre, haciéndose pasar por miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), contactaba a las víctimas.

En una de las grabaciones obtenidas por las autoridades, se evidencia cómo el extorsionista se comunicó con la madre de un joven, asegurando que este había sido detenido en un supuesto retén y que debía pagar una suma considerable de dinero para garantizar su liberación.

“Estoy presto al diálogo. Dígame con qué le pueden colaborar al muchacho. En 10-15 minutos se tiene que ver reflejado en nuestro fondo financiero. De lo contrario, le voy a afectar el patrimonio económico quemándole el vehículo. Estamos en meses de reclutamiento, el señor (el hijo) tiene la capacidad para ponerse un chaleco, usar un fusil y hacerle frente al Estado”, dijo el extorsionador.

El modus operandi: amenazas y presión psicológica

En la llamada interceptada por la policía, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, utilizaba un lenguaje intimidante para presionar a la víctima. El extorsionista afirmaba que, de no realizarse el pago, el vehículo del joven sería quemado y este sería reclutado para portar armas y combatir al Estado.

El extorsionista también se mostraba dispuesto a negociar, preguntando con cuánto dinero podía “colaborar” la víctima. Sin embargo, ante la negativa de la mujer, que aseguró no contar con la suma exigida, el hombre insistió en que debía reunir al menos tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 750 dólares estadounidenses).

La llamada concluyó con una reiteración de las amenazas, dejando claro que, de no cumplirse con el pago, las consecuencias serían graves. “Me van a tener que cancelar una “multa” (extorsión), por eso me estoy comunicando. Le manda decir su hijo que por favor se haga cargo cuando llegue a Tunja. La orden que dio el camarada era de quemar el vehículo”.

Y agregó: “Si usted se me hace cargo de la vida e integridad del señor y de la multa, yo le garantizo que acá en el retén donde está el muchacho, soy autónomo de tomar la decisión para que pueda retornar al seno familiar. La plata se consigue, la vida no”.

Las extorsiones del ELN en El Catatumbo

El grupo armado ELN, que lidera una fuerte arremetida en El Catatumbo, Norte de Santander, se apoya en las Estructuras de Finanzas de Economías para la Revolución (Efer), una red que tiene como objetivo el fortalecimiento financiero de la guerrilla en ese departamento.

Para ello, recaudan extorsiones e impuestos a los habitantes de la región, así como cobros multimillonarios a contrabandistas, minería ilegal, el gramaje a cultivos, entre otros. Las extorsiones del ELN son uno de los factores que han recrudecido un conflicto que generó más de 50.000 desplazados y 70 muertos, según documentos que publicó Semana.

También se pueden leer los objetivos que tiene el ELN con las Efer. Allí se ordena al personal que hace parte de esta división criminal de la guerrilla no portar uniformes ni armamentos. Las acciones de recaudo de dinero se deben hacer de civil, diferenciando de este modo los combatientes de los recaudadores.

Un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) decidió entregarse de manera voluntaria al Ejército Nacional tras los intensos operativos desarrollados en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.

Según el coronel Oswaldo Alexander Forero Moreno, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, consultado por Blu Radio, el guerrillero estuvo vinculado al ELN durante aproximadamente diez años y finalmente optó por su desmovilización al sentirse presionado por los combates y los abusos dentro del grupo.

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El desmovilizado, quien pertenecía al Frente “Édgar Almílkar Grimaldo Barón” del ELN, había participado en labores de inteligencia contra organizaciones criminales como el Clan del Golfo.

Su decisión de abandonar las armas lo llevó a presentarse ante las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 6 en Barrancabermeja, Santander, en medio de los enfrentamientos que se intensificaron en municipios de Antioquia, como Remedios y Segovia, así como en Cantagallo, Bolívar.

En los últimos meses, la región ha sido escenario de constantes confrontaciones entre el ELN, las autoridades y otros grupos armados ilegales. Estas disputas han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a las comunidades como a los combatientes, quienes se ven forzados a replantear su participación en actividades delictivas.

Este caso se suma a la desmovilización de al menos ocho integrantes de diferentes grupos armados reportada por el Ejército este año, evidenciando el impacto de las estrategias para reducir la violencia y fomentar la paz.

Aunque esta entrega voluntaria representa un avance, la situación en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio sigue siendo crítica, con enfrentamientos que continúan desplazando a civiles y afectando la seguridad en la región. Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones que permitan a los excombatientes integrarse a la sociedad y contribuir a la estabilización de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

El coronel Forero enfatizó que el Ejército mantiene su disposición de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de quienes opten por abandonar las armas, resaltando la importancia de la reconciliación y el fortalecimiento de las comunidades vulnerables en la construcción de un futuro más pacífico.

También señala que este gesto de desmovilización no solo simboliza una oportunidad para la reintegración social, sino que también refuerza los esfuerzos por reducir las tensiones en territorios históricamente golpeados por la violencia.