La muerte de uno de los jefes históricos del Clan del Golfo, alias Gonzalito, derivó en cambios en la cúpula de la organización, justo cuando el grupo adelanta conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en Doha, Catar.

La reestructuración interna quedó en evidencia en un video difundido por sus líderes, en el que se oficializó el ascenso de nuevos mandos y se retrataron las disputas por el dominio territorial y el control de rutas del narcotráfico.

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La grabación mostró, armados y con uniformes de combate, a los comandantes que ahora ocupan la cúpula del grupo criminal más numeroso de Colombia, con aproximadamente 9.000 integrantes.

Investigadores de la Policía Nacional revelaron a El Colombiano la aparición de dos nuevos cabecillas: Wilmar Mejía Úsuga “Richard”, “Deivy” o “58”, que se ubica en la cuarta posición de la cadena de mando y es señalado de haber dirigido el Bloque Central Urabá. que suma más de 1.000 hombres.

En 2012 dejó las extintas Farc para unirse al Clan en Urabá; a lo largo de su carrera criminal, las autoridades lo responsabilizan de múltiples atentados contra la Policía en el Occidente de Antioquia, además de ataques a los contratistas de la empresa minera Continental Gold entre 2016 y 2018.

Y José Alberto Vega Albarán, conocido como alias Flaco Monseñor, que comandaba el frente Pablo Montalvo en Chocó, ambos con antecedentes en disputas armadas y acciones violentas en diferentes regiones.

De acuerdo con la policía, tiene experiencia en combate, ya que lideró los conflictos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.

El relevo en la cúpula del Clan del Golfo

La pérdida de José Gonzalo Sánchez Sánchez o “Gonzalito” el 31 de enero de 2026, en un presunto accidente fluvial mientras viajaba en lancha por el río de Tierralta, Córdoba, aceleró la reconfiguración de la cúpula del Clan. Sánchez Sánchez era reconocido como subcomandante y uno de los miembros fundadores, junto a “Otoniel”, actualmente extraditado en Estados Unidos.

Tras este episodio, la dirección estratégica del grupo, el denominado estado mayor conjunto, anunció cambios clave. En el video presentado el 7 de febrero de 2026, Luis Armando Pérez Castañeda, “Bruno” o “Jerónimo”, se identificó como vocero político, confirmando el ascenso de Orosman Orlando Ostén Blanco, “Rodrigo Flechas”, al puesto de subcomandante, desplazando así su rol anterior como tercero en la línea de sucesión.

Elkin Posada Casarrubia , “el Cura” o “Joaquín”, fue promovido a la tercera posición de la jerarquía interna. Tanto él como “Rodrigo Flechas” y el propio “Bruno” tienen suspendidas sus órdenes de captura, dado su papel como gestores de paz en el contexto de los diálogos en Catar.

El reemplazo de alias Gonzalito

Orozman Orlando Ostén Blanco, conocido con el alias de Rodrigo Flechas, sería el nuevo segundo cabecilla al mando del Clan del Golfo, autodenomidado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

De acuerdo con información de inteligencia revelado por Caracol Radio, este sujeto de 52 años de edad reemplazará a José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, que murió en un accidente fluvial ocurrido el 30 de enero de 2026 en el río Esmeraldas, cerca del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.

Considerado como hombre de confianza de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo líder del EGC, “Rodrigo Flechas” ha desempeñado funciones de considerable relevancia, como cabecilla en Urabá antioqueño, encargado del narcotráfico y miembro del Estado Mayor.

El prontuario de Ostén Blanco incluye antecedentes relevantes. Se desmovilizó del Bloque Córdoba de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005, y permaneció en la clandestinidad durante más de una década, hasta que en 2019 fue identificado como dirigente de la subestructura Juan de Dios Úsuga en el Urabá antioqueño, según detallaron fuentes militares a la cadena radial mencionada. Hacia 2022 fue designado responsable del narcotráfico, una de las líneas operativas más importantes dentro de la organización.

Un año después, en 2023, fue promovido a tercer cabecilla e incorporado al Estado Mayor. Actualmente, ejerce control sobre zonas del departamento de Sucre, en límites con Córdoba, Bolívar y Antioquia, especialmente en el corredor del Bajo Cauca.

Las autoridades atribuyen a “Rodrigo Flechas” la instalación de campos minados entre 2019 y 2021 en Tierralta, en la frontera con Antioquia, donde murió un militar y resultaron heridos otros dos. Además, se le señala por su participación en ataques a la fuerza pública durante el plan pistola de 2022, que provocó la muerte de dos militares y un policía, además de lesiones a otros dos uniformados.

A pesar de estos antecedentes, solo pesa sobre Ostén Blanco una orden de captura por concierto para delinquir emitida en 2022, según informó el medio local H13N.

El pronunciamiento de Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, reavivó el debate sobre la violencia y el clima político en Colombia. En una grabación, difundida el 18 de noviembre de 2025, abordó la muerte de 15 menores de edad, señalados como reclutados por su organización, y lanzó duras críticas contra el Gobierno y los medios de comunicación.

En su mensaje, el líder disidente expresó su intención sobre el proceso electoral de 2026 transcurriera con la menor cantidad de conflictos posible. Sin embargo, sostuvo que la postura de ciertos sectores políticos obligó a su grupo a adoptar una posición defensiva.

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“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, afirmó alias Iván Mordisco en el video.

El líder guerrillero también se refirió a los familiares y allegados de los menores fallecidos durante un reciente operativo militar, atribuyendo la responsabilidad de estas muertes al presidente Gustavo Petro. “A los amigos y familiares de los 15 niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro, enviamos nuestro abrazo solidario que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo”, manifestó Iván Mordisco en la grabación.

Y agregó: “Las ejecuciones extrajudiciales o falsos objetivos judiciales han sido una constante en el año 2025. La cifra de 6.402 superó de manera imaginable. Algunos medios de comunicación y periodistas se vinculan directamente en la guerra contra el pueblo”.

La aparición de alias Iván Mordisco generó rechazo en el país, especialmente entre el sector de oposición. La congresista del Centro Democrático y precandidata a la Presidencia de la República, María Fernanda Cabal, utilizó sus redes sociales para increpar a Petro por el fortalecimiento de los grupos armados.

“Terroristas como Iván Mordisco que fue consentido por el gobierno Petro solo deben tener la persecución sin tregua del Estado”, señaló Cabal en su cuenta de X.

De igual manera, sostuvo que las actividades ilícitas de las disidencias de las Farc son una amenaza directa a los comicios de 2026 en el que se elegirán los miembros del Congreso de la República. “Hoy amenaza el proceso electoral de 2026 apalancado en los millones de dólares de la cocaína”.

La respuesta del presidente Petro a Cabal

En reacción a las denuncias de la política vallecaucana María Fernanda Cabal, el gobernante de los colombianos usó la misma plataforma digital para cuestionar su posición frente a los grupos armados durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

En ese sentido, recordó que la guerrilla liderada por “Iván Mordisco” inició actividades delincuenciales bajo la administración anterior, por lo que cuestionó la falta de acciones por su crecimiento.

“Senadora, me temo que la organización de Iván Mordisco se fundó y creció en el gobierno del que hacías parte: Iván Duque ¿Podrías explicar porque en tu gobierno crecieron ese tipo de organizaciones? (sic)”, escribió el mandatario.

En paralelo, Petro insistió en que las operaciones contra las disidencias de las Farc en el Guaviare no vulneraron en ningún momento los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (DIH). Aseguró que sus decisiones fueron tomadas conforme de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, y que tales acciones no deben verse como una violación a los derechos fundamentales de los civiles, incluidos los menores de edad.

“Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”, expuso Petro.

Ernesto Macías Tovar, expresidente del Senado por el partido Centro Democrático, se refirió a la situación de seguridad en Colombia y cuestionó al presidente Gustavo Petro por la falta de respuestas frente a los asesinatos de líderes sociales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Macías señaló que mientras el mandatario se mantiene activo en asuntos internacionales, al interior del país continúan las muertes de ciudadanos vinculados a procesos comunitarios, sociales y territoriales.

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“En lo corrido de 2025 han asesinado 152 líderes sociales en Colombia. Y @petrogustavo, con el genocidio en la ‘sala de su casa’, vive pendiente de lo que ocurre en otros países; la muerte de colombianos no le interesa. ¿Cuándo sacará un rato para pensar en su país?”, escribió el exsenador en la red social.

El pronunciamiento del exsenador se dio luego de la participación del presidente Petro en actos públicos realizados en Nueva York, donde expresó su respaldo a Palestina frente al conflicto entre ese territorio e Israel. Sin embargo, la mayor polémica vino cuando el jefe de Estado colombiano incitó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado colombiano realizó críticas directas al Gobierno de Estados Unidos, en especia al dirigente político Donald Trump, lo que generó repercusiones diplomáticas, como la cancelación de visas a varios funcionarios de su administración.

El conflicto entre estos dos territorios dividió opiniones en todo el mundo, y Colombia no ha sido la excepción. Desde que inició la nueva escalada de violencia en Oriente Medio, Petro tomó partido a favor de Palestina. Llama la atención que, hasta la fecha, no ha condenado el terrorismo del grupo extremista palestino Hamas, autor de la masacre de más de 1.200 civiles, de todas las edades, en territorio israelí, el 7 de octubre de 2023.

Sus discursos provocaron tanto reconocimiento en unos sectores, como un fuerte rechazo en otros; sin embargo, las críticas no se enfocan únicamente en la postura política, sino en el aparente desbalance entre los esfuerzos internacionales del mandatario y su compromiso con los asuntos internos.

La publicación de Macías coincide con el reporte más reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que hasta el 27 de septiembre contabiliza 150 líderes sociales asesinados en el país. La cifra representa un incremento del 19% respecto al mismo periodo del año anterior. La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró 89 homicidios entre enero y junio.

El informe, dirigido a personas que ejercen liderazgos sociales y defienden los derechos humanos, advirtió sobre el alto nivel de riesgo que enfrentan, especialmente con el reclutamiento forzado y otras formas de violencia ejercidas por grupos armados ilegales.

Según el texto, las amenazas, asesinatos y actos de intimidación representan un peligro constante para quienes cumplen este rol en sus comunidades. Por eso, se hace un llamado a reforzar tanto las medidas de protección individuales como colectivas, y a mejorar la respuesta del Estado para garantizar su seguridad y el desarrollo de su labor.

El aumento de los casos fue motivo de preocupación para diversas organizaciones nacionales e internacionales. De acuerdo con los informes, los líderes sociales enfrentan riesgos constantes en regiones donde hay presencia de estructuras armadas ilegales, pues las víctimas se relacionan con procesos de defensa de derechos humanos, territorios colectivos, medio ambiente, y participación ciudadana.

Macías consideró esto como una distracción injustificada frente a los problemas graves que enfrenta Colombia. Para él, el presidente actúa como si las prioridades estuvieran fuera del territorio nacional; el exsenador fue enfático en señalar que mientras Petro busca reconocimiento internacional, los líderes sociales caen asesinados uno tras otro en regiones dominadas por actores armados ilegales.

Por el momento, la situación permanece sin cambios; sin embargo, la crítica del exsenador del Centro Democrático refleja la opinión de otros sectores de la ciudadanía que reclaman mayor atención por parte del Gobierno en temas de seguridad, mientras el presidente mantiene su atención en los acontecimientos del Medio Oriente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarca, así como la guerrilla de la Segunda Marquetalia, son los principales grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento del Caquetá. El anuncio hace parte de un robusto plan de choque que fue puesto en marcha en ese departamento y cuya principal acción es la creación de un bloque de búsqueda para dar con los responsables de los hechos criminales en la región.

La estrategia de las autoridades incluye la entrega de jugosas recompensas monetarias por información que conduzca a dar con la captura de alguno de los cabecillas de estos grupos armados, cuya accionar se camufla en las dinámicas diarias de las poblaciones en las que hacen presencia.

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A través de su cuenta oficial de la red social X, Sánchez detalló que estas estructuras delinquen a través de atentados y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil, a la que también intimidad por medio de secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores de edad, siembra de cultivos ilícitos, minería ilegal y constreñimiento y presiones para que atenten en contra de los miembros de la fuerza pública.

“La principal amenaza en el departamento proviene de los carteles de alias ‘Calarcá’, alias ‘Mordisco’ y el cartel de la Segunda Marquetalia, se caracterizan porque se esconden en medio de la población civil”, escribió Sánchez.

A su vez, el miembro del gabinete del presidente compartió el cartel de los más buscados de la disidencia al mando de alias Calarca, cuyas recompensas oscilan entre los $50 y los $200 millones por información que conduzca a dar con su paradero y posterior desarticulación de la estructura armada de la que hacen parte.

El principal cabecilla identificado por las autoridades responde al nombre de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urias Perdomo o Cotíz, por el que ofrecen una remuneración de $200 millones. Este sujeto es señalado de liderar la estructura Rodrigo Cadete de esa disidencia de las extintas Farc.

Otro de los miembros reseñados en el cartel divulgado por el jefe de la cartera de Defensa es Ángel Joven Rojas, alias Albeiro Ramírez o Conejo, por quien se ofrece una recompensa de hasta $100 millones. Adicionalmente, el hombre es señalado de ser uno de los autores intelectuales, junto a alias Urias Perdomo, del ataque en contra de una de las fincas pertenecientes al núcleo familiar del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz.

Las identidades de las demás personas corresponden a José Rodríguez Andrade, alias Pulpo; Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha; y un sujeto de quien no se tiene su nombre de pila, pero que es conocido con el alias Juan Carlos Auner Restrepo. Por estas personas, las autoridades en cabeza del Ministerio de Defensa, están ofreciendo una remuneración de hasta $50 millones por su paradero.

Sánchez destacó que, pese al accionar criminal de los grupos al margen de la ley, se han podido reducir los indicadores de varios delitos con los que delinquen estos grupos al margen de la ley, así como el incremento en las cifras de incautaciones de estupefacientes, lo que denota el fortalecimiento del accionar de las autoridades en la lucha contra las economías ilícitas en el país.

De acuerdo con el ministro, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa de esa cartera, los homicidios disminuyeron 8,5%, los secuestros 86%, las lesiones personales 30% y no se registraron masacres ni casos de trata de personas, mientras que la extorsión, el terrorismo y las confrontaciones entre actores armados se redujeron y dejaron como resultado 81 disidentes neutralizados.

Finalmente, aseguró que en la lucha contra economías ilícitas crecieron las incautaciones y destrucciones de laboratorios, mientras que los hurtos a personas y comercios bajaron notoriamente.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, arremetió en contra del Gobierno nacional por cuenta de un panfleto intimatorio atribuido al Ejército de liberación Nacional (ELN) en el que se lanzaron amenazas en contra de los transportadores de las tiendas D1, presuntamente, por no pagar extorsiones para transitar por las carreteras del departamento del Choco.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la congresista aseguró que las políticas económicas promovidas por el presidente Petro, sumadas a la ola de violencia en las regiones del país, estarían acabando con el sector productivo y con las empresas que generan empleo para miles de colombianos.

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En su mensaje, la también precandidata presidencial citó un artículo publicado por el periódico El Tiempo en el que se informó sobre el panfleto intimidatorio en el que se declaró como “objetivo militar” a los vehículos transportadores de los supermercados de bajo costo D1 a partir de agosto de 2025 por negarse a pagar el denominado “impuesto de guerra” al grupo guerrillero.

De acuerdo con la información del medio de comunicación citado por la congresista el ELN acusó a D1 de haber eludido durante varios años el pago de extorsiones mediante el uso de empresas de transporte privadas y particulares para abastecer sus puntos de venta en el Chocó, por lo que señalaron que esta estrategia ha impedido el flujo normal de los pagos extorsivos exigidos.

El artículo detalló que las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en las regiones afectadas, reconociendo que cualquier ataque contra el transporte de productos podría perjudicar severamente a la población civil, que depende del abastecimiento de alimentos y bienes esenciales a través de las tiendas D1.

Frente a este panorama, la senadora Cabal se pronunció atacando las políticas gubernamentales y acusándolas de ser las responsables de la crisis en las regiones. Adicionalmente, destacó que el país necesita orden para superar la ola de violencia y recuperarse de la crisis económica.

“Entre los impuestos asfixiantes de Petro y las extorsiones de los terroristas, están acabando con el aparato productivo del país. ¡Colombia necesita orden ya!“, escribió la congresista.

En su mensaje, también mencionó los aspectos en los que, de llegar a la Casa de Nariño en 2026, se compromete a poner especial atención en materia de seguridad de las regiones.

La senadora destacó que para que se pueda superar la crisis de violencia se deben establecer zonas estratégicas de seguridad en las regiones en las que la fuerza pública actúe con “mano dura” y respaldo jurídico a favor de la seguridad de los ciudadanos. No obstante, también enfatizó en que para que las actuaciones de las fuerzas militares sean realmente efectivas, deben estar apoyadas pro tecnología, inteligencia y presencia estatal real en los departamentos en los que operan los grupos al margen de la ley.

La publicación de la precandidata al primer cargo de la nación también incluyó el papel de los colombianos a favor de la seguridad. De acuerdo con su mensaje, la acción de la fuerza pública debe ser también apoyada por “redes ciudadanas de cooperación” que trabajen articuladamente con las instituciones con el fin de hacerle frente a la violencia.

Finalmente, la senadora aseguró que su mensaje no es una promesa, sino que es un compromiso real en beneficio de todos los colombianos, lo que significó también una pulla al Gobierno nacional que no ha podido materializar la promesa de la denominada “Paz Total” y que, por el contrario, ha llevado la violencia en el país a cifras que son comparables con las épocas más violentas en la historia.

“No prometo. Me comprometo“, finalizó.

Si bien Cabal no aclaró si su mensaje obedeció a una propuesta formal en su aspiración a la Casa de Nariño, sí sienta un precedente en la carrera por, en sus propias palabras, adquirir un compromiso de frente a la opinión pública para consolidar la seguridad en las regiones apartadas.

Frente a la escalada de la violencia, el Ministerio de Defensa busca abordar la crisis de inseguridad en el país con cuatro proyectos que ya radicó ante el Congreso de la República con la solicitud expresa del ministro de esa cartera, Pedro Sánchez, al Legislativo para tramitar y aprobar las iniciativas que buscan fortalecer el accionar de la fuerza pública frente a los grupos armados.

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En total son cuatro proyectos de ley con los que el Gobierno nacional busca abordar la crisis de violencia en el país y hacerle frente a la, cada vez más novedosa y sofisticada, accionar de los grupos guerrilleros y delincuenciales en el país.

“Estamos presentando ante el Congreso cuatro importantes iniciativas legislativas que tienen que ver con proteger, con defender, con garantizar la seguridad de este hermoso Estado colombiano“, declaró el ministro Sánchez durante el evento de radicación de los proyectos.

De acuerdo con la información oficial, la primera de las iniciativas busca regular la operación de aeronaves tripuladas y no tripuladas –drones– en apoyo al accionar en defensa de la fuerza pública. Con esta iniciativa, el Gobierno busca contrarrestar el actuar terrorista de los grupos armados ilegales que han perpetrado atentados en las zonas rurales de varios departamentos, dejando como saldo numerosos uniformados y ciudadanos como víctimas mortales producto de los ataques.

Según el ministerio, el proyecto, que deberá transitar por las comisiones segundas del Congreso, constituye “una herramienta clave para enfrentar una de las amenazas más crecientes en materia de seguridad”.

“En lo que hemos visto desde que los grupos criminales han empleado los drones para atacar no solamente a la fuerza pública sino a la población civil, esto evidencia la necesidad imperiosa y lo más rápido posible por adelantar esta iniciativa legislativa con el fin de establecer un marco normativo integral para la importación, fabricación, comercialización, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones y drones”, expresó Sánchez.

El segundo proyecto pretende dotar al país y, consigo, a la fuerza pública de un marco jurídico y normativo que permita ejercer legítima y democráticamente la defensa de la seguridad y la soberanía nacional en todo el territorio. A diferencia de su antecesor, este proyecto deberá tramitarse por las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca articular todas las capacidades del Estado para volcarlas al ejercicio de la defensa nacional y el fortalecimiento de la fuerza pública. Entre los pilares que rigen el proyecto se destacan tres que el jefe de la cartera explicó y articuló con el fortalecimiento del accionar militar, así como su armonía con la población civil en los departamentos.

“Primero que todo, consolidar la supremacía del poder civil sobre las capacidades de defensa. Segundo, garantizar la participación de todos los actores estatales y sociales. Y tercero, garantizar que siempre haya una trazabilidad y una armonía con el Derecho internacional humanitario y los estándares de derechos humanos”, explicó.

El tercer proyecto busca, según lo explicó el ministro, crear un estatuto que actualice el régimen laboral militar y fomente el desarrollo profesional en las instituciones, en sintonía con un bienestar integral de los miembros de la fuerza pública. Al igual que la segunda iniciativa, este proyecto deberá ser discutido por las Comisiones Primeras del Congreso de la República.

Finalmente, la última iniciativa va en sintonía con la actualización del régimen laboral que el Gobierno busca implementar con el tercer proyecto. No obstante, esta iniciativa busca fortalecer la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policial, por lo que deberá debatirse en las Comisiones Segundas del Legislativo.

De acuerdo con la explicación entregada por el ministro, a lo largo del Gobierno Petro, el aporte a esta entidad ha crecido pasando del tres al 4%, por lo que con la iniciativa se busca que dicho aporte sea del 5% como recompensa a los hombres que están dispuestos a dar la vida en el campo de batalla por el país.

Colombia junto con Brasil, Namibia, Sudáfrica y Zambia conforma el cuadro de países más desiguales del mundo, con el 80% de la tierra fértil concentrada en el 2% de la población y un índice de Gini de 0.54.

Esta concentración no solo es producto del feudalismo colonial, sino también del crecimiento del crimen organizado dentro de Colombia, cuya ilícita riqueza se ha transformado en posesión de tierras. Y, si bien se intentó realizar una reforma agraria, esta jamás se concretó gracias a miles de triquiñuelas de los terratenientes para impedir la ejecución de las leyes de la reforma.

De igual manera, la vigencia del Estado de derecho alcanza para algunos estratos de la población, mientras otros sufren arbitrariedades y despotismo de caudillos locales, grandes empresarios y cualquier portador de armas, ya sea un capataz, un policía, un soldado o un jefe.

En síntesis, Colombia no es una nación que haya conocido eso que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés) llama el desarrollo humano.

Bajo estas circunstancias, no todos los colombianos son libres. Y esos que no son libres no sienten el menor apego por la institucionalidad, militando ahora y siempre en las filas de la violencia.

Así, la violencia ha sido y es parte de su metabolismo vital.

Esto quedó plasmado en el famoso período de La Violencia (1948-1959).

Se calcula que en ese lapso murieron entre 200.000 y 300.000 personas. La violencia fue seguida por alzamientos guerrilleros (1960 – presente), la guerra de los carteles de droga contra el Estado (1980-1995) y la violencia paramilitar (1994-2004).

En todos estos episodios, la población civil ha sido diezmada como consecuencia de ajustes de cuentas entre políticos, jefes de carteles de drogas, guerrilleros entre sí, y contra las fuerzas del orden o ejércitos paramilitares comprometidos con el narcotráfico.

En síntesis, Colombia exhibe una hoja de vida donde la violencia tanto económica como política es parte del ADN nacional. Y si bien existe un sistema democrático formal, está lleno de intersticios a través de los cuales se ha colado la plutocracia colombiana para preservar el monopolio de los hilos del poder.

Durante la era propiamente democrática, solo Virgilio Barco pareció comprender que la democracia era hermana gemela del libre mercado, y que de la eficiencia del Estado en ejecutar servicios públicos dependía la apertura de oportunidades para los estratos de menor desarrollo para mejorar por sí mismos su situación patrimonial.

Durante la administración Barco se atiende por primera vez los dos problemas subyacentes en las olas de violencia, que son la desigualdad y la ausencia de un marco legal que consagre la democracia liberal.

Dejó como legado la Constitución de 1991 y el inicio de conversaciones de paz con los diversos grupos guerrilleros. Fue bajo su mandato que el M-19 entregó sus armas.

Su sucesor, César Gaviria, continuó la política de modernización del Estado, sosteniendo las reformas articuladas por Barco. También, logró apresar a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, y continuó los diálogos de paz con los insurrectos.

Andrés Pastrana intentó imprimirles un sello personal a las negociaciones, pero su esquema fue rechazado por las FARC. El gran logro de su administración fue el Plan Colombia acordado con Estados Unidos para combatir el negocio de las drogas.

Álvaro Uribe tuvo que abordar de manera frontal a las mafias de la droga y las guerrillas, que se negaron a acogerse al diálogo. Así, enfatizó la lucha contra la violencia criminal y prestó menos importancia a la modernización del Estado.

Juan Manuel Santos se abocó a la negociación de paz, logrando cerrar un acuerdo que, sin embargo, fue rechazado por la población en un referéndum.

Iván Duque retomó el tema de la modernización del Estado, concentrándose en la reforma fiscal y del fondo de pensiones.

Gustavo Petro ha intentado seguir la destructiva ruta de otros militantes de la izquierda latinoamericana -como los cubanos, los hondureños, los bolivianos y los venezolanos- aunque se encontró con un sólido muro institucional plantado por Barco y consolidado por Gaviria.

Ante este inconveniente se ha dedicado a desvariar y a ejercer la violencia verbal contra sus rivales. Esta conducta, producto de su debilidad por el consumo de ciertas sustancias, ha hecho de él una suerte cacaseno en quien el pueblo ve una desilusión; los cultos, un peligro; y el mundo, un sainete excepcional para Colombia.

Esta apretada síntesis nos sirve para comprender cuál ha sido el detonante de la reaparición de la violencia a Colombia.

Salvo Barco, ninguno de los presidentes democráticos comprendió que para que haya democracia tiene que haber libertad y libre mercado, y que estos no pueden existir en un país donde el 2% de la población es dueña de las tierras fértiles, donde no existe una infraestructura moderna que permita la movilidad entre provincias y ciudades, y donde los servicios públicos -que son la manera de abrir oportunidades a la población menos favorecida- se deterioran constantemente.

Se perpetúa, así, la pobreza, y dentro de ella surgen los ejércitos de la violencia.

Acabamos de presenciar cómo el atentado al senador Miguel Uribe Turbay ha sido perpetrado por un chico de 14 años, quien confesó haber incurrido en el crimen para lograr que su familia comiera.

En síntesis, mientras haya esa marcada desigualdad y ausencia de libertades para todo el mundo, en Colombia habrá violencia.

Bangkok, 31 ene (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) anunció este viernes una nueva extensión del estado de emergencia para "estabilizar" el país, que se encuentra en plena escalada de violencia cuando este sábado se cumplen cuatro años del golpe de Estado militar.

Con esta nueva prórroga, la séptima desde el golpe, las fuerzas armadas mantendrán plenos poderes ejecutivos y legislativos en los próximos seis meses, durante los que no se podrán convocar elecciones, una de las promesas de los militares desde la asonada.

El anuncio se produce con el conflicto en plena escalada, debido a enfrentamientos entre el Ejército y guerrillas de minorías étnicas y fuerzas prodemocráticas, que han ganado terreno a los generales sobre todo en los pasados quince meses. EFE

El 16 de septiembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, autorizó la instalación de una mesa de diálogos con los Comuneros del Sur, principal disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el que ha tenido varios traspiés a la hora de conseguir su desmovilización tras la suspensión de los diálogos de paz por el atentado con cilindros bomba contra una unidad militar en Puerto Jordán, Arauca.

Durante las negociaciones lideradas por Carlos Augusto Erazo, que fue el comandante del actual presidente cuando era miembro de la extinta guerrilla M-19, y los altos mandos del grupo armado ilegal, se acordó la creación de un equipo de búsqueda de 10 integrantes para encontrar a personas dadas por desaparecidas en su zona de influencia.

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“La delegación de Comuneros del Sur conformará un equipo de diez personas que dinamizará el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Este equipo contará con una persona encargada de la comunicación y articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”.

Para garantizar que el equipo esté debidamente preparado para contribuir de manera efectiva a este proceso, se hará una capacitación teórico-práctica en la que se concertarán acciones específicas que permitirán un ejercicio colectivo de búsqueda.

Además de “trabajar para que las entidades, instituciones y familiares que buscan a las personas desaparecidas puedan realizar su labor con todas las garantías necesarias, facilitando su trabajo a través de actividades concertadas en el territorio”, especificó la UBPD en una misiva publicada a la opinión pública.

Con ese enfoque, el Gobierno nacional y los Comuneros del Sur acordaron respetar el Derecho Internacional Humanitario, por lo que permitirán que la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR) circule libremente en todo el territorio y dar cumplimiento a esta acción humanitaria.

Con respecto a la desaparición Forzada, se adoptarán todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.

Otros compromisos de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Grupo Comuneros del Sur

Luego de varias sesiones de diálogo, los miembros de la mesa negociadora de ambos bandos anunciaron que el Gobierno y el frente Comuneros del Sur instalará una mesa técnica con el fin de trabajar en la co-construcción de paz territorial en el departamento de Nariño; el desescalamiento de las violencias; la transformación territorial; y un cese al fuego bilateral.

“Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD): Las Partes comenzarán a trabajar en una mesa técnica que incluirá a las Delegaciones de Gobierno y Comuneros del Sur, la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa, con el fin de establecer de forma gradual los protocolos para llegar a un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”.

Además de lo anterior, se comprometieron a suspender los secuestros, el reclutamiento de menores de edad y el uso de minas antipersonal. “Para implementar este punto del acuerdo sin ningún tipo de problema establecieron un Mecanismo de Monitoreo y Verificación Eficaz acorde a los puntos establecidos”. Con estas estrategias buscan contribuir a la transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de ejecución del cese al fuego bilateral.

Para consolidar el proceso de desmovilización y paz establecieron varias metas sólidas, entre las más importantes, destacaron la instalación de una zona de concentración para los integrantes de ese grupo y la destrucción gradual del material de guerra antes de que finalice el 2024.

Bangkok, 27 sep (EFE).- La junta militar birmana hizo un inusual llamado al diálogo a las guerrillas de minorías étnicas y las milicias prodemocráticas para resolver el conflicto que les enfrenta mediante la "política" o "elecciones", tras aceptar las "pérdidas" del Ejército en los enfrentamientos.

El régimen castrense, que detenta el poder en Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, señaló en un comunicado que recoge este viernes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar que "invita" a estos grupos "a contactar al estado".

"Considerando las pérdidas del Estado debido a la lucha armada y al terrorismo, las organizaciones étnicas y los terroristas de las fuerzas populares de defensa (PDF, por sus siglas en inglés) son invitados a contactar al Estado para resolver los problemas a través de la política o procesos electorales", subraya el texto.

Las PDF, que los militares birmanos tachan de "terroristas", son el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), surgidos tras el golpe para defender la restauración de la democracia en el país.

Mientras el NUG se formó en parte por exdiputados del Legislativo que iba a ser constituido el día de la asonada y se declara el poder legítimo de Birmania, operando en la semiclandestinidad, las PDF fueron constituidas en gran medida por jóvenes sin experiencia castrense que han ido adquiriendo pericia en estos años de lucha.

El Ejército birmano -Tatmadaw- lleva meses enfrentándose a importantes pérdidas de territorio, después de que una alianza de guerrillas étnicas lanzaran una campaña en octubre de 2023 -la denominada Operación 1027- en el norte del país, a la que se unieron después las PDF y otros grupos por otros territorios.

En su comunicado, la junta acepta haber perdido "una gran cantidad de vidas, infraestructura y propiedades debido a que algunos individuos y organizaciones han optado por el terrorismo y la lucha armada".

Insiste a su vez en que su plan actual es poner en marcha un censo electoral en octubre, lo que ya había anunciado, para celebrar "elecciones libres, justas y multipartidistas".

La celebración de elecciones ha sido una de las promesas de la junta tras el golpe, justificado por los militares por un supuesto fraude durante los comicios generales de noviembre de 2020, ganados por la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi con el aval de observadores internacionales.

La Liga quedó disuelta por los militares y Suu Kyi permanece detenida desde el levantamiento, que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Según los datos de la ONU, al menos 5.350 civiles han muerto debido a la violencia de los militares desde el golpe, mientras que más de 26.900 personas, incluidos 547 menores, han sido detenidos en medio de abusos y torturas.

En paralelo al llamado al diálogo, al menos 14 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el jueves, en su mayoría niños y ancianos, debido a un ataque aéreo militar contra dos centros de civiles desplazados en el estado Rakáin (oeste), según medios independientes birmanos. EFE

Acompañado de un soldado en un batallón militar, quien sostiene un recipiente ceremonial con el líquido, el sacerdote bendice las armas que se presume serán usadas por miembros del Ejercitó Nacional. Según lo que se aprecia, también hay varios soldados en formación, espectadores de este hecho.

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Aunque el video dura una decena de segundos, fueron suficientes para generar incomodidad en varios usuarios. Comentarios sugieren y resaltan la ironía de las imágenes, pues argumentan que si se tienen en cuenta los mandamientos de las religiones judeocristianas, apostólicas y romanas, es hipócrita que un sacerdote se preste para bendecir herramientas con las que se pretende asesinar “en defensa de la patria”. Estos usuarios también mencionaron el mandamiento “No matarás”.

“Nunca tendrán la bendición de Dios... nunca..”, “El negocio más rentable que se ha creado después del banco... Los billetes que produce la guerra es la razón por la cual en Colombia esta práctica no termina... Todos van a prometer que van a traer paz, pero lo cierto es que disparar genera mucha plata. Ojalá un día cambiemos plomo por palmas, bosque y vida.”, “La iglesia, el máximo accionista en equipo bélico, mínimo, bendecirlo”, son solo algunos de los comentarios en contra de las acciones vistas en el video.

Otro comentario que resaltó en este video, fue el que cuestionaba por qué había necesidad de bendecir las armas, cuando Colombia es un país laico.

En respuesta, también hay otros comentarios que, en cambio, defienden y justifican esta acción, como encomendarse a “la protección del único Dios verdadero para que los héroes de la patria no mueran en acción”.

Otros usuarios extienden la discusión, cuestionando a los comentarios que rechazan esta acción: “Y por qué no lloran igual cuando los guerrilleros rezan para poder asesinar. Mamertos Hijueputas”.

Hay un tercer grupo en estos comentarios, que aceptando el hecho de que “matar es matar y sin importar de donde venga la bala sigue siendo pecado”, han optado por tomarse el video en gracia, realizando comentarios referenciales a los videojuegos de rol medieval: “+25 de ataque mágico”, “Cuando el clérigo le ayuda al arquero” y “Que lancen un D20 (Dados de 20 lados) para que aprovechen la ventaja”.

El Ejército colombiano desmiente video viral sobre supuestos ataques armados en Cauca

En la noche del pasado domingo 3 de junio, el Ejército Nacional de Colombia desmintió la autenticidad de un video que circula en redes sociales y que aparenta mostrar un hostigamiento armado en el municipio de El Tambo, Cauca.

La institución castrense aclaró que el material audiovisual no corresponde a hechos recientes y alertó que podría estar siendo utilizado para confundir a la opinión pública.

En un comunicado emitido desde su cuenta oficial en la red social X, la autoridad militar subrayó que el video no refleja la situación actual en dicha región. “Sobre la publicación de un video sobre supuestas alteraciones de orden público en el municipio de El Tambo, Cauca, se aclara que dicho audiovisual no corresponde a hechos recientes. Cualquier situación derivada de esta información no corresponde a la realidad”, se lee en el mensaje compartido.

El video en cuestión fue difundido por opositores al actual Gobierno Nacional, quienes intentaron vincular el supuesto hostigamiento armado con una crítica hacia la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, en materia de seguridad. En las publicaciones que acompañan el video, se sugería una toma guerrillera del municipio como resultado directo de las políticas actuales.

Esta no es la primera vez que el Ejército se ve forzado a desmentir grabaciones que circulan en redes sociales con información falsa o manipulada. A principios de mayo, otra grabación se volvió viral, usando imágenes de un antiguo comercial de las Fuerzas Militares. Dicha grabación intentaba desmeritar el cumplimiento de la ley por parte del presidente, aunque el contenido no correspondía con el material original.

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, prometió este martes reabrir las causas judiciales contra actos de terrorismo perpetrados por guerrillas de izquierda durante la década de 1970.

"Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años", afirmó Villarruel.

La vicepresidenta y titular del Senado hizo este anuncio durante un homenaje en la Cámara Alta a "víctimas del terrorismo" que ha incluido a fallecidos por ataques de la guerrilla y del extremismo islámico pero no a las víctimas del terrorismo de Estado.

El año pasado, cuando era diputada y estaba en plena campaña electoral, Villarruel ya había organizado un homenaje a víctimas de las guerrillas de izquierda durante la década de 1970 que fue repudiado por organizaciones de derechos humanos al interpretarlo como un acto de reivindicación del terrorismo de Estado.

En esta ocasión, el tributo fue para los fallecidos en los ataques de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, donde murieron 29 personas, y de 1994 contra la sede de la mutualista judía AMIA en la capital argentina, en el que fallecieron 85 personas.

También para los cinco argentinos muertos en 2001 en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York; los dos argentinos heridos en el atentado en Madrid en 2004 y en París en 2015; los cinco argentinos muertos en un atentado en 2017 en Nueva York; y los ocho asesinados y 21 secuestrados de nacionalidad argentina durante el ataque de milicias palestinas a Israel en octubre de 2023.

Pero, principalmente se homenajearon a los 1.094 fallecidos entre 1969 y 1979 en Argentina por el accionar de las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, ultraizquierda comunista) y Montoneros (izquierda peronista).

Ambas organizaciones operaron durante la década de 1970 y fueron blanco del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), que dejó también miles de víctimas que no fueron recordadas este martes en el acto en el Senado.

"Todos los Montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación", aseveró Villarruel, quien sostuvo que Argentina solo se pondrá otra vez "de pie" con "los asesinos en las cárceles".

La vicepresidenta acusó a los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), ambos peronistas, de construir una "muralla de oscuridad pestilente" para "proteger" y "garantizar" la impunidad de los responsables de actos terroristas que intentaron que "flameara un trapo rojo ajeno" a lo que Argentina "es, fue y será".

El homenaje de este martes se hizo en medio de la fuerte polémica desatada en las últimas semanas por la visita hecha recientemente por legisladores de la formación oficialista de ultraderecha La Libertad Avanza a militares presos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

La controversia se ha acrecentado desde que en las últimas horas una diputada libertaria divulgara un presunto proyecto de ley para dejar en libertad a los militares encarcelados.

La difícil situación de las minas antipersona en Colombia cada vez se acerca más a la luz que se asoma al final del túnel. Colombia, específicamente en la región del Carmen de Bolívar, se ha logrado un significativo avance en el proceso de desminado humanitario.

Según información de Presidencia de la República, los Montes de María, área previamente asolada por el conflicto armado, han completado el proceso de desminado. Esta región, que fue un epicentro de confrontación entre las Farc y grupos paramilitares en la década de los noventa, sintió en carne propia cómo las minas antipersonales fueron utilizadas no solo como armas de guerra sino también como herramientas de terror contra la población civil.

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“¡En Carmen de Bolívar se vivió una jornada histórica Hoy se hizo entrega de la subregión de Montes de María como libre de sospecha de contaminación por minas antipersonal. Luego de un trabajo de 15 años y gracias a las labores que adelantó el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios de la @ArmadaColombia, sus habitantes podrán vivir en un territorio seguro”, destacó el mensaje oficial, el 2 de mayo del año en curso.

Ese mismo día, el infante de la Marina Eider Orozco, con 15 años de experiencia en la desactivación de minas, destacó la importancia de su trabajo al afirmar que “cada día que podemos salvar vidas y devolver tierras seguras a los campesinos es una victoria contra la violencia que durante años nos ha golpeado”.

Colombia, es el segundo país del mundo con afectaciones por minas antipersona

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los hechos del pasado han dejado, como remanente, al país con la dolorosa ubicación del segundo lugar, detrás de Afganistán como el país más afectado por este fenómeno de violencia. Información del Centro de Memoría Histórica apunta que “hasta noviembre de 2016, Colombia era el 2° país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG)”. Además, fue “el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos”.

De tal manera, como indica la misma entidad, “actualmente, Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo de víctimas general, y el segundo lugar en el número de víctimas de la Fuerza Pública”. Inclusive, información tomada de la agencia de noticias EFE destacó que, en medio de los resultados del desminado, “Colombia es, después de Afganistán, el país más afectado por las minas. De los 9,4 millones de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 12.228 por Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados”.

El proceso de desminado humanitario

Con temperaturas promediando los 35 grados centífrados, los desminadores llevan a cabo su labor con un equipo especializado, que incluye detectores de metales y trajes protectores para enfrentar los riesgos de explosivos ocultos en el suelo. La dificultad y el peligro de su tarea no disminuyen la motivación de personas como el uniformado Orozco, quien considera su trabajo como una misión de paz y reconstrucción. Según señala, “la satisfacción de ver las tierras libres de amenazas y listas para ser cultivadas nuevamente no tiene comparación”.

Testimonios citados por EFE como el de Irene Niño Cortés, quien vio cómo su hermano perdió una pierna debido a una mina en Norte de Santander, y de José Díaz Hoyos, un exinfante de marina cuya vida cambió radicalmente al pisar una mina, subrayan la urgencia y la necesidad del desminado humanitario.

Estas historias personales no solo reflejan el dolor y el sufrimiento causado por las minas, sino también la esperanza que surge con cada área despejada.

El impacto del desminado va más allá de la seguridad física; posibilita el retorno a las actividades agrícolas tradicionales, clave para la economía local. La tierra en los Montes de María, caracterizada por su fertilidad, espera ser nuevamente cultivada con yuca, ñame, aguacate, cacao, ajonjolí, tabaco y maíz, cultivos que han sido el sustento de sus habitantes.

El recuerdo de la tragedia aún persiste en Bojayá, un remoto rincón del Chocó, donde el 2 de mayo de 2002 el horror se apoderó de ese lugar. Es así como se cumplen 22 años del atentado perpetrado por el frente 58 del Bloque Noroccidental de las Farc-EP que cobró la vida de 74 personas tras la explosión de un cilindro bomba.

Un grupo de paramilitares, surcando las aguas del río Atrato en varias lanchas, llegaron a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá, dos regiones situadas en las orillas opuestas de este caudaloso afluente. Este lugar estratégico era tradicionalmente controlado por la guerrilla de las Farc. Pero los paramilitares sortearon sin contratiempos los puestos de control y retenes del ejército, como lo revela una investigación de Naciones Unidas.

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Los enfrentamientos entre el frente 58 de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desataron el 1 de mayo en Vigía del Fuerte, extendiéndose rápidamente a Bojayá. Los habitantes, que buscaron refugio, se aglomeraron en lugares sagrados como la iglesia, la casa de las Misioneras Agustinas y la casa cural; sin embargo, incluso estos santuarios no fueron respetados.

La guerrilla empleaba morteros adaptados para lanzar pipetas de gas cargadas de explosivos y metralla. Una de esas pipetas, lanzada hacia las 10:30 de la noche, perforó el techo de la iglesia, donde cerca de 300 personas se resguardaban.

El saldo de esta masacre fue devastador: 79 personas perecieron en la iglesia, incluidos 41 mujeres y 38 hombres, la mayoría menores de 18 años. Dos bebés perdieron la vida en el vientre de sus madres, mientras que otro nació y murió en medio de los hechos. Además, otras 13 personas perdieron la vida de manera violenta antes o después del ataque.

La tragedia desencadenó un éxodo masivo. La mayoría de los habitantes huyeron hacia Vigía del Fuerte o la capital departamental, Quibdó. Solo en mayo de 2002, se estima que unas 5.771 personas abandonaron Bojayá y sus alrededores en busca de seguridad y refugio.

Cuatro meses más tarde, comenzó el retorno gradual, acompañado de una ayuda gubernamental caótica y desorganizada. A pesar de la tragedia, el gobierno y los militares rechazaron la investigación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los hechos.

La gobernadora del Chocó habló del pasado de Bojayá

Ante el recuerdo de episodio en Colombia, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló de la memoria de aquellos días. En una declaración, destacó que el territorio sigue marcado por la presencia de minas antipersona y la violencia que no da tregua. “No es un capítulo cerrado”, afirmó.

En palabras de la gobernadora, “el hecho de que hoy el territorio esté minado, el hecho de que hoy las comunidades que hacen parte de las zonas limítrofes con el río Bojayá se encuentran asentadas, y la violencia que sigue azotando a nuestro territorio a causa de la misma presencia de los grupos”.

La conmemoración de estos 22 años de la masacre de Bojayá coincide con la realidad actual del Chocó. Según la gobernadora, alrededor de 50 mil personas se encuentran confinadas en medio del conflicto que persiste en la región. Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han cobrado la vida de civiles inocentes, jóvenes que, como lamenta la gobernadora, “no tenían ningún antecedente” y cayeron víctimas de las minas antipersona en el municipio de Sipí.

La gobernadora enfatizó que estas actividades estarán centradas en honrar la memoria de las víctimas y fortalecer la educación en la región. Entre los eventos planificados, se destaca el lanzamiento del programa “Sonidos para la Paz”, un acto simbólico que busca recordar a las víctimas y promover la no repetición y el no olvido.

Mientras tanto, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, utilizó las redes sociales para recordar la masacre y condenar la impunidad de los perpetradores. En un mensaje, lamentó la pérdida de más de 70 civiles, incluyendo niños, y criticó la impunidad que aún prevalece entre los terroristas.

Sin embargo, el recuerdo de la masacre también sirvió como punto de partida para reflexiones políticas. La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para recordar el evento y condenar a los responsables.

En su mensaje, lamentó la impunidad que, a su juicio, aún prevalece entre los miembros de las disidencias de las Farc involucrados en el ataque. “Hoy los terroristas siguen en la impunidad”, escribió.