El Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó un comunicado el 4 de mayo de 2026 en el que desmiente señalamientos sobre supuestas amenazas electorales y vínculos con el narcotráfico, al tiempo que acusa al gobierno colombiano de incumplir los acuerdos pactados en la mesa de diálogos, tras el mandatario Gustavo Petro reabrir hace días la posibilidad de diálogo con el grupo armado si este avanza en el desmantelamiento de economías ilícitas.

En el documento, la organización guerrillera sostiene que “Aclaramos las mentiras, el ELN lo que dice lo cumple, no miente, reconoce lo que hace, su política es pública y trasparente para el pueblo y el mundo”. El texto, difundido a través de sus redes sociales reitera la postura del grupo frente al proceso de paz, la situación política actual y las recientes acusaciones en su contra.

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el ELN afirma que el Estado y el gobierno de Colombia han recurrido a la mentira y el engaño como política, señalando que esta doctrina proviene de los Estados Unidos.

El grupo subraya su carácter político-militar y reivindica una lucha motivada por lo que considera injusticias, exclusión y persecución política cometidas por las instituciones estatales durante más de seis décadas. Según la organización, su accionar se enmarca en la búsqueda de “vida digna, democracia, equidad social y soberanía nacional”.

En el documento, el ELN sostiene: “Hemos sido claros en manifestar, que si bien no compartimos las elecciones, las respetamos. No participamos ni orientamos votar por nadie”. Además, niega cualquier tipo de amenaza o acción contra candidatos y rechaza haber ejercido cargos en el gobierno, en instancias legislativas o judiciales.

La guerrilla argumenta que no existe justificación para inventar acusaciones en su contra, y atribuye dichas versiones a intereses políticos de quienes, según sus palabras, “buscan hacerse las víctimas”.

Sobre las acusaciones de narcotráfico, el ELN rechaza cualquier relación con carteles o actividades ilícitas asociadas a este fenómeno. La organización declara: “El ELN no participa en ninguno de los eslabones del narcotráfico, por tanto no somos narcotraficantes ni hacemos parte de cartel alguno y menos tenemos acuerdos con ninguno de ellos”.

En el comunicado, la agrupación resalta que su historial es “limpio” en este aspecto y propone impulsar alternativas para enfrentar lo que define como un “problema crítico que afecta a la humanidad”.

El grupo subraya que las políticas de Estados Unidos y del Estado colombiano han fracasado en su intento por controlar y erradicar el narcotráfico.

Según el texto, estas estrategias han derivado en conflictos armados, asesinatos y operaciones internacionales como el intento de captura del presidente venezolano. El ELN enfatiza: “Por más mentiras que inventen en contra nuestra, no servirán para encubrir dicho fracaso”, en referencia a los recientes señalamientos.

En cuanto al proceso de paz, el comunicado responsabiliza al presidente Gustavo Petro de incumplir los compromisos alcanzados en la mesa de negociación. La organización acusa al gobierno de utilizar la “perfidia” para obtener ventajas militares y de imponer viejas lógicas orientadas a la desmovilización.

La agrupación asegura que el fracaso del proceso se debió a la imposición de condiciones unilaterales y a la reanudación de operaciones militares en su contra.

El ELN expresa que la verdadera negociación implica acordar transformaciones para mejorar la situación del país y beneficiar a las mayorías, no rendirse ni someterse.

Según el documento, desde 1989 el grupo definió democráticamente dialogar para buscar una salida política al conflicto y sostiene que nunca se ha levantado de las mesas establecidas. En este sentido, la organización ratifica su disposición de construir un acuerdo nacional y extiende la invitación al gobierno que asuma funciones en agosto de 2026 para iniciar un proceso participativo y democrático.

En la etapa final del comunicado, el ELN condena las acciones violentas perpetradas por las bandas de Iván Mordisco, destacando que han causado graves afectaciones a la población civil y buscan deslegitimar la lucha armada revolucionaria.

Para finalizar, el grupo insiste en que su ética y estructura interna le han permitido mantener estabilidad en el mando y control de sus filas, y asegura que las campañas de desinformación no alterarán su identidad ni sus objetivos.

El expresidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, volvió a elevar el tono de su crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la nueva escalada de ataques que golpea varias regiones del país, con especial impacto en el suroccidente.

Su intervención se centró en la situación del Cauca, donde la violencia de las disidencias armadas mantiene a la población en un escenario de zozobra constante, con más de 30 acciones violentas, y sin una respuesta estatal que contenga el deterioro de seguridad.

“Mientras el Cauca sangra, el Gobierno calla”. A partir de esa afirmación, el exmandatario sostuvo por medio de un comunicado que la reacción oficial no está a la altura de los hechos, pues, en su criterio, predomina la ausencia de un lineamiento político frente a los ataques que dejaron víctimas mortales y una creciente sensación de abandono en las comunidades afectadas.

El exmandatario dirigió parte de sus cuestionamientos a la agenda internacional del presidente Petro, en particular a su visita a Venezuela para conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el desarrollo de la ofensiva armada en Colombia.

Gaviria consideró que esa decisión envía un mensaje equivocado en medio de la crisis y aseguró que “es inaceptable que, mientras los colombianos cuentan muertos y heridos, el presidente Petro prefiera la comodidad de los despachos en Caracas para reunirse con el régimen de Delcy Rodríguez”.

En esa misma línea, insistió en que la atención del Ejecutivo debería concentrarse en la seguridad nacional y no en escenarios externos mientras persiste el deterioro del orden público.

También cuestionó la visibilidad de actividades presidenciales, como la celebración del cumpleaños del mandatario el 19 de abril, al señalar que este tipo de episodios evidencian la percepción de desconexión que Petro tiene con el país: “Lo único que se conoce del presidente es su cumpleaños y su paso por el M-19”.

Expresidente lanzó fuerte crítica a Petro por su “error” con la ‘Paz Total’

Uno de los apartes más duros de su comunicado estuvo dirigido a la política de ‘Paz Total’, estrategia insignia del Gobierno actual; Gaviria sostuvo que dicha política derivó en efectos contrarios a los anunciados y afirmó que “se convirtió en una rendición disfrazada”.

En su análisis, esta aproximación limitó la capacidad operativa de la fuerza pública y facilitó el debilitamiento de la autoridad del Estado. De esta manera, el expresidente dejó entrever que, en su lectura, la cercanía del presidente con sectores vinculados a las guerrilleras, ya sea de forma directa o indirecta, provocó que el país enfrente un repunte de hechos violentos que hoy preocupan a distintas regiones del territorio nacional.

El dirigente liberal también hizo referencia a grupos armados ilegales como las disidencias encabezadas por alias Calarcá, a quienes acusó de aprovechar los espacios de diálogo para mantener sus actividades delictivas. Señaló que estos actores continúan en acciones violentas mientras participan en mesas de conversación que, a su juicio, no produjeron resultados concretos.

“Se burlan del Estado en mesas de diálogo estériles mientras siguen asesinando y traficando”, afirmó. Gaviria fue aún más categórico al resumir su postura sobre el panorama de seguridad al señalar que “el terrorismo venció al Gobierno”, una frase que concentró la parte más crítica de su intervención.

Hacia el cierre de su declaración, el expresidente insistió en que la responsabilidad principal del Estado es garantizar la protección de la ciudadanía y sostuvo que un gobierno que no cumple con esa función pierde legitimidad, por lo que pidió una reacción del jefe de Estado ante la situación actual y advirtió que la sociedad no debe aceptar lo que describió como una inversión de valores en la que las víctimas quedan relegadas frente a los victimarios.

“Colombia no va a permitir que se sacrifique la República en el altar de una ideología que premia al victimario y abandona a la víctima”, concluyó.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó que cerca de 6.000 habitantes estuvieron en un estado de confinamiento durante casi ocho días a causa de las restricciones impuestas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese departamento. Córdoba, citada por el medio Europa Press, denunció que estas limitaciones repercutieron directamente en los derechos fundamentales de la población afectada y rechazó públicamente las acusaciones del ELN hacia su gestión. La noticia principal, según informó Europa Press, es que el ELN confirmó el levantamiento del paro armado desde la medianoche del lunes, permitiendo nuevamente la libre circulación en varias zonas del municipio de Bajo Baudó, en el oeste de Colombia.

De acuerdo con Europa Press, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN comunicó que los ríos Orpúa, Ijuá y Ocampado volverán a estar abiertos a la movilidad a partir de la medianoche entre el lunes y el martes. El grupo agradeció a los pobladores por acatar la medida, argumentando que durante los días de paro no se produjeron incidentes graves. Según el comunicado divulgado por el ELN y citado por Europa Press, la decisión de restringir el tránsito buscaba evitar riesgos de hostilidades y llamar la atención sobre lo que denominaron una crisis humanitaria en la región.

El ELN justificó el bloqueo por la supuesta colaboración entre las fuerzas de seguridad estatales y el grupo paramilitar Clan del Golfo, a quienes consideran responsables directos de la inseguridad en el área. La organización insurgente señaló directamente al comandante de brigada, William Caicedo, acusándolo de mantener contactos con el Clan del Golfo y señalando, además, al Ejército de obstaculizar las actividades tradicionales de los civiles, como la pesca y la caza.

En su declaración, el ELN acusó a los medios de comunicación de no pronunciarse sobre la presencia de mercenarios en la zona, además de tildar a la gobernadora Córdoba de “protectora” y “cómplice” de estos grupos. Europa Press detalló que la líder regional rechazó estas aseveraciones mediante publicaciones en redes sociales y reafirmó su compromiso de enfrentar la crisis derivada del conflicto armado por el control del territorio. Córdoba también anunció el envío de equipos médicos a la zona para atender a la población tras la finalización del confinamiento.

La región de Chocó ha experimentado episodios recurrentes de violencia y disputas territoriales en los últimos años. Europa Press reportó que, aunque este fue el primer paro armado del ELN en Chocó en 2026, la conflictividad persiste a causa del enfrentamiento entre distintas organizaciones armadas, que buscan controlar rutas estratégicas del narcotráfico, especialmente en las zonas de Alto, Medio y Bajo Baudó. El medio subrayó que la tensión generada por el paro actual se suma a otros hechos similares, como el cese de actividades decretado en diciembre pasado en respuesta a amenazas geopolíticas, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas. Esa jornada de 72 horas dejó al menos cinco personas muertas y alteró la vida en cerca de quince departamentos a través de ataques, bloqueos y otras restricciones impuestas por el ELN.

El levantamiento del paro no elimina el clima de temor en la región, donde miles de habitantes permanecen bajo un sistema de vigilancia. Autoridades y líderes comunitarios han manifestado la persistencia del riesgo debido a la rivalidad entre grupos armados ilegales, lo que ha llevado a la adopción de restricciones en la movilidad y la realización de labores productivas cotidianas. Según publicó Europa Press, la situación humanitaria y de seguridad en Chocó continúa siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades locales como para los habitantes de las zonas rurales afectadas por las disputas.

Las acusaciones cruzadas entre los actores armados, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas reflejan la complejidad del conflicto en esta parte de Colombia. El ELN insiste en denunciar la presencia de mercenarios vinculados a estructuras paramilitares, mientras que las autoridades departamentales y nacionales rechazan esa versión, responsabilizando a la guerrilla por las graves afectaciones sobre la vida civil durante los días que duró el confinamiento. Europa Press reiteró que la respuesta institucional tras el levantamiento del paro incluye medidas de atención sanitaria y un llamado a la protección de los derechos fundamentales en las comunidades más vulnerables.

En las zonas ribereñas del Bajo Baudó, la reactivación de la libre circulación traslada el foco de atención a la expectativa por el restablecimiento de las actividades sociales, comerciales y agrícolas. No obstante, líderes sociales y defensores de derechos humanos, citados en el reporte de Europa Press, expresaron preocupación por la volatilidad de la situación, pues las disputas entre el ELN y otras organizaciones armadas no han llegado a una resolución definitiva. La población local, a pesar del término del confinamiento, demanda acciones efectivas y continuas para garantizar su protección y el retorno a la normalidad.

La relación de tensión entre la gobernación y el ELN se suma a la falta de confianza en las instituciones y la permanencia de factores de vulnerabilidad en el departamento. Europa Press relató que la gobernadora Córdoba reiteró su rechazo a la violencia y anunció el despliegue de programas para atender las secuelas sociales y de salud ocasionadas por el paro armado, enfatizando su responsabilidad ante la crisis institucional que genera la disputa armada en el territorio.

El desarrollo de estos acontecimientos sugiere la persistencia de un entorno de conflictividad y vigilancia en la región, donde la intervención estatal se enfrenta a desafíos significativos para restaurar la seguridad y la confianza de la población. Mientras tanto, la reapertura de los ríos y caminos en Bajo Baudó marca un punto de inflexión en el más reciente episodio de violencia, aunque no disipa la incertidumbre sobre la estabilidad futura en el Chocó, según reflejaron las declaraciones recogidas por Europa Press.

Las fuerzas del orden filipinas identificaron a los tres individuos que murieron durante el operativo en Kabankalan como miembros del Frente Suroccidental del Nuevo Ejército Popular (NEP), considerado desmantelado por las autoridades tras varios enfrentamientos previos. Según reportó la prensa filipina, las muertes se produjeron tras intensos señalamientos de habitantes locales, quienes denunciaron la presencia de insurgentes en la zona, lo que derivó en la intervención militar en la provincia de Negros Occidental.

De acuerdo con lo detallado por medios filipinos, el incidente ocurrió sobre las 4:00 horas del sábado, cuando efectivos del 47º Batallón de Infantería sostuvieron un tiroteo con un grupo de guerrilleros. El enfrentamiento tuvo una duración de dos minutos y concluyó con el fallecimiento de Milky ‘Gorting’ Sampini, Ritchie ‘Makoy’/‘Akiro’ Verano y Joedil ‘Junjun’/‘Cairo’ Balsimo. Según consignó la agencia filipina PNA, los elementos abatidos eran buscados por su presunta participación en homicidios de civiles y por haber provocado incendios intencionados dentro de la isla de Negros.

El medio PNA citó declaraciones del teniente coronel Dennis Martínez, quien explicó que la operación respondió a las denuncias de pobladores preocupados por la seguridad de la comunidad. El portavoz militar también indicó que los residentes manifestaron enojo por las acciones violentas que se atribuyen a los insurgentes del NEP, lo que habría impulsado la colaboración con las fuerzas gubernamentales en la localización del grupo armado.

Durante la operación, el Ejército aseguró un fusil R4, dos fusiles M16, dos lanzagranadas M203, una granada de mano, además de distintos objetos personales y documentos pertenecientes a los fallecidos, reportó la prensa local. Estos materiales fueron recuperados como evidencia que, según las autoridades, permiten vincular a los abatidos con el Frente Suroccidental del NEP.

La 302ª Brigada de Infantería declaró, según recogió el periodismo local, que tanto Sampini como Verano y Balsimo estaban directamente relacionados con hechos de violencia sobre la población civil, así como con ataques incendiarios en diversos puntos de Negros Occidental.

El NEP, creado en 1969 bajo un ideario marxista-maoísta, mantiene desde entonces una lucha armada con el objetivo de tomar el control del gobierno. Las autoridades filipinas clasificaron a la organización como grupo terrorista en 2020, pero la designación fue anulada por un tribunal de Manila, según informó la prensa de Filipinas.

El incidente en Kabankalan refleja la persistencia de las tensiones en determinadas áreas rurales, donde la presencia de grupos insurgentes sigue originando episodios de violencia y operativos militares. Además, según subrayaron fuentes oficiales, la colaboración ciudadana resultó determinante para el desarrollo del operativo que terminó con el abatimiento de los tres buscados. Las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en la zona, manteniendo labores de control para prevenir nuevos episodios y evaluar la situación de seguridad en comunidades afectadas por la actividad guerrillera.

Los hechos expuestos forman parte de un largo historial de enfrentamientos que involucran al NEP y las fuerzas armadas filipinas, un conflicto que mantiene su impacto en distintas regiones de Filipinas desde hace más de cinco décadas. Según la prensa filipina, tanto el Ejército como líderes comunitarios han sido enfáticos al solicitar la coordinación permanente con los residentes para disuadir nuevas incursiones de grupos armados y responder de forma efectiva ante posibles amenazas.

El operativo llevado a cabo en Remolinos del Orteguaza, Florencia, permitió a las fuerzas militares colombianas localizar un depósito ilegal con ocho fusiles, una ametralladora M60, cerca de 3.981 cartuchos de diferentes calibres, 32 cargadores y dos artefactos explosivos, según informó el ejército colombiano. En la misma intervención, los uniformados lograron rescatar a un adolescente que, de acuerdo con las versiones oficiales, había sido reclutado previamente por la organización armada disidente.

De acuerdo con la información difundida por las Fuerzas Armadas y recogida por distintas plataformas informativas, la operación resultó en la captura de Alexis Ávila Orozco, conocido como ‘Nelson’, señalado como uno de los máximos dirigentes de la llamada Columna Rodrigo Cadete. Esta facción disidente forma parte de las agrupaciones que se separaron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es dirigida por Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’. El medio detalló que la detención de Ávila Orozco ocurrió en el municipio de Florencia, departamento de Caquetá, en una zona rural identificada como Remolinos del Orteguaza.

El menor de edad que fue recuperado durante el operativo ya se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes, quienes evaluarán las condiciones en que fue reclutado por el grupo armado. Según reportó el medio, la recuperación del adolescente representó uno de los aspectos centrales de la intervención armada en la región del Caquetá.

Sobre el material incautado, el ejército precisó la localización de un depósito oculto en el que se almacenaban armas de largo alcance y explosivos, que según los voceros oficiales, incrementaban la capacidad de fuego de la facción disidente. Las autoridades subrayaron el hallazgo de la ametralladora M60 y la cantidad significativa de municiones, señalando que esto representa un golpe logístico para el grupo comandado por Mendoza.

Según consignaron las Fuerzas Armadas y diversos medios, la Columna Rodrigo Cadete implica una estructura armada que no se ha adherido al proceso de paz establecido en años recientes y ha continuado las actividades armadas en distintas zonas del país. La detención de Ávila Orozco y la recuperación del menor se inscriben en la política de ofensiva estatal contra las disidencias, en un contexto de persistentes enfrentamientos y presencia de estructuras criminales en el sur del territorio colombiano.

También informaron las autoridades que el detenido será puesto a disposición de las instancias judiciales competentes para enfrentar cargos relacionados con la conformación de grupos armados ilegales, reclutamiento de menores y tenencia de armamento de uso exclusivo de las fuerzas militares. El material incautado será sometido a procedimientos periciales para determinar su origen y posible relación con otros hechos violentos en la región.

La intervención militar realizada en Caquetá refuerza las acciones emprendidas para debilitar a las disidencias de las FARC, que según fuentes oficiales continúan desempeñando actividades ilícitas en departamentos clave como Caquetá, Guaviare y Meta. Las operaciones buscan frenar el reclutamiento forzado y desarticular los arsenales con los que cuentan estas agrupaciones.

Según lo detallado por los portavoces de las Fuerzas Armadas, la captura de un cabecilla como Alexis Ávila Orozco representa un avance en los esfuerzos por restablecer condiciones de seguridad en zonas rurales donde persisten grupos armados, y recalcaron su compromiso con la protección de menores y el decomiso de material bélico empleado en acciones ilegales.

Según consignó el Ministerio de Defensa de Ecuador, luego de la inspección militar en un campamento destruido se hallaron armas y otros elementos que evidencian una relación directa entre los Comandos de la Frontera, disidentes de las FARC, y actividades atribuidas al narcotráfico en la región fronteriza con Colombia. Esta operación formó parte de la fase que las autoridades ecuatorianas denominan Ofensiva Total, en la que participan conjuntamente fuerzas ecuatorianas y estadounidenses.

El medio informó que fuerzas militares de ambos países llevaron adelante una intervención aérea y terrestre en la provincia de Sucumbíos, donde se encontraba el centro logístico afectado. El comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Ecuador detalló: “Nuestras fronteras no serán las bases del narcotráfico. Con información obtenida a través de labores de inteligencia y con apoyo de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación militar en la provincia de Sucumbíos que permitió ubicar y bombardear un área campamentaria perteneciente al grupo narco criminal Comandos de la Frontera (CDF)”.

De acuerdo con el reporte, la infraestructura neutralizada funcionaba como punto de descanso para el líder del grupo, conocido como 'Mono Tole', y ofrecía capacidad para la formación de hasta 50 miembros vinculados a actividades delictivas relacionadas con estupefacientes. La operación involucró el uso combinado de aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal militar especializado, así como una fase previa de obtención de datos de inteligencia y reconocimiento aéreo, señaló el Ministerio de Defensa de Ecuador.

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM) publicó que consideró la operación como “exitosa” y subrayó la ejecución de “operaciones cinéticas letales”, aunque las fuentes consultadas por el medio aclararon que hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre víctimas como resultado del ataque al campamento. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó en redes sociales, según cita el medio: “Sí, como ha dicho (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump), también estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra. Gracias a nuestros socios en Ecuador”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, difundió el siguiente mensaje: “Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a las naciones que luchan contra el narcoterrorismo. Juntos, desmantelaremos las redes de narcoterroristas y corrupción, exigiremos responsabilidades a estas organizaciones y restauraremos la paz mediante la fuerza”, reportó el medio. La cooperación entre los dos países, reiterada durante el anuncio de la operación, se centra en la lucha conjunta contra el crimen transnacional y las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en zonas limítrofes.

La elección de Sucumbíos para la intervención responde a la ubicación estratégica de la provincia como corredor habitual de actividades ilícitas, debido a su proximidad a la frontera con Colombia y a antiguas rutas de tránsito de las FARC y sus disidencias, según indicó el Ministerio de Defensa citado por la fuente. La estructura desmantelada servía tanto para la logística del tráfico de drogas como para la capacitación de nuevos integrantes de las redes criminales.

El operativo representa el avance de las colaboraciones militares bilaterales, en línea con los anuncios previos del Ejército de Estados Unidos respecto a operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano orientadas a combatir las denominadas “organizaciones terroristas”, publicó el medio. El gobierno de Ecuador sostuvo que la intervención refuerza el compromiso de cerrar el paso al tráfico de drogas y de interrumpir la expansión de mafias más allá de los límites nacionales, según enfatizó la cartera de Defensa en una declaración pública.

A lo largo de la intervención, se emplearon tecnologías de última generación y se desplegaron especialistas con experiencia en reconocimiento y localización de campamentos utilizados para actividades clandestinas. Según fuentes del Ministerio de Defensa ecuatoriano citadas por el medio, la evidencia recogida incluiría armas, documentación y registros que podrían aportar nuevos datos sobre la estructura y los movimientos de la organización Comandos de la Frontera.

El papel de Estados Unidos en la operación fue destacado como fundamental por ambas partes, argumentando que la cooperación y el intercambio de información permitirán la continuidad de acciones similares en la región. El Ministerio de Defensa de Ecuador afirmó: “Hoy Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha, y esta operación demuestra cómo la cooperación internacional firme permite cerrar el paso a las mafias que operan más allá de las fronteras”.

A raíz de esta intervención, el área bombardeada ha sido objeto de inspecciones posteriores que buscan identificar posibles sobrevivientes, recolectar indicios adicionales y garantizar que el enclave no vuelva a ser utilizado como base operativa para el grupo Comandos de la Frontera, según contrastó la cobertura del medio. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no han ofrecido datos específicos sobre bajas en las filas de la organización ni han informado sobre capturas derivadas directamente del ataque.

The media outlet underscores that this joint operation marks an escalation in both the scope and means of bilateral military actions, indicating that similar interventions could take place in other areas considered to be centers of illegal activity. The official statements emphasize the intention to continue relying on intelligence, technology, and international support, especially from the United States, for future actions aimed at dismantling transnational criminal organizations in border zones.

El recuerdo de un ataque perpetrado en diciembre pasado, tras una declaración similar de cese al fuego, ha generado inquietud entre las autoridades colombianas ante las promesas recientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según informó la prensa local, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, puso en duda este lunes la credibilidad del alto el fuego unilateral anunciado por la guerrilla con motivo de las elecciones legislativas del próximo domingo. Sánchez afirmó que existen indicios de que el ELN estaría usando la tregua para reorganizarse con el objetivo de lanzar acciones violentas, reiterando la amenaza que representa el grupo y subrayando la necesidad de máxima vigilancia en todo el país.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el anuncio del ELN se produjo una semana antes de la cita electoral. La agrupación insurgente informó el lunes anterior que adoptaría un cese unilateral de operaciones entre el sábado 7 y el martes 10 de marzo, con el argumento de facilitar la participación de los ciudadanos en las urnas. El domingo 8 de marzo, los colombianos están llamados a elegir la integración del Senado y la Cámara de Representantes, mientras que varios bloques políticos definen a los aspirantes que los representarán en los comicios presidenciales del 31 de mayo.

El ministro Sánchez, detalló la prensa local, expresó profunda desconfianza ante el compromiso del ELN apelando a las recientes experiencias. “Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir”, sostuvo el titular de Defensa al referirse directamente a lo ocurrido en diciembre, cuando un ataque atribuido a la guerrilla finalizó con la muerte de siete militares en Aguachica, municipio del noreste del país. Este hecho, según Sánchez, evidencia que los anuncios de alto el fuego por parte del grupo no han impedido actos violentos en el pasado reciente.

La postura de las autoridades, reportó la prensa nacional, se enfoca en la prevención y en la intensificación de la vigilancia en las regiones donde el ELN tiene presencia o influencia. Sánchez solicitó a los organismos de seguridad que permanezcan en “alerta permanente”, por considerar que la tregua podría usarse como una táctica para reorganizar fuerzas y planear ataques una vez concluido el periodo electoral. La experiencia del episodio de Aguachica y otras acciones similares ha elevado la preocupación de que los compromisos públicos del ELN escondan intenciones estratégicas que pongan en riesgo la seguridad nacional.

El contexto electoral agrega tensión al panorama. El próximo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para determinar la conformación de las cámaras legislativas. Además, está prevista la selección de candidatos presidenciales por parte de alianzas políticas, en una jornada de alto valor para el devenir político del país. Ante este escenario, las autoridades reiteraron, según consignó la prensa local, que el operativo de seguridad debe desplegarse con especial atención en las zonas donde el ELN ha realizado acciones previas o mantiene capacidad operativa.

En la evaluación de la prensa local recogida en las declaraciones de Sánchez, se señala que la tregua anunciada ha generado escepticismo tanto en sectores del Gobierno como entre analistas de seguridad, quienes consideran que la historia de promesas incumplidas por parte de la guerrilla obliga a extremar precauciones antes y durante el proceso electoral.

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó que los retenes instalados en las carreteras del departamento de Arauca buscan limitar enfrentamientos con otras organizaciones armadas, medidas que, según señalaron, tendrían carácter preventivo frente a la presencia de actores armados y fuerzas estatales. A raíz de esta declaración, la guerrilla sostuvo que el reciente ataque en el que murieron dos miembros del equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos resultó de la desobediencia de esas disposiciones. Según informó el medio, el ELN se atribuyó formalmente el ataque, que tuvo lugar en una zona rural de Fortul y donde también fueron retenidas por varias horas tres personas adicionales.

El medio consignó que el suceso ocurrió mientras el grupo de escoltas transitaba en dirección al municipio de Yopal, donde Castellanos mantenía actividades políticas y no se encontraba presente en la caravana. El comunicado divulgado por el ELN enfatizó: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”, y responsabilizó al equipo de seguridad por no respetar los controles que funciona como filtros de seguridad en los caminos de la zona. Los escoltas Esmely Manrique y Wilmer Leal murieron en el incidente, reportó la fuente.

El relato oficial de los hechos, citado por el medio, describió el ataque como una emboscada: hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el equipo de seguridad, bloqueando cualquier posible ruta de escape al cerrarles el paso con tres camionetas, lo que derivó en un tiroteo. Esta versión, ofrecida por el senador Castellanos, mostró diferencias respecto al comunicado del ELN. Según el Frente de Guerra Oriental, la caravana se saltó el retén voluntariamente, motivando así la confrontación armada.

El ELN hizo un llamado, según reportaron los medios, a que “los entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población acaten y faciliten los controles colocados en las vías”, argumentando que tales dispositivos constituyen “mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano”. El grupo armado sostuvo que esta práctica busca prevenir incursiones de fuerzas estatales y grupos de mercenarios, elementos que, aseguraron, ponen en riesgo a la propia población local y a los que transitan por la región.

Tras los hechos, el ELN remarcó que no persigue obstaculizar el desarrollo de las campañas políticas ni interrumpir el cronograma electoral vigente, haciendo referencia tanto a las elecciones legislativas de marzo como a las presidenciales programadas. De acuerdo con lo publicado, este grupo armado expresó que su objetivo no es interferir de manera directa en los procesos democráticos, sino mantener control territorial y seguridad en áreas donde consideran que hay riesgos mayores de enfrentamientos violentos.

El ataque también incluyó el secuestro temporal de tres integrantes de la caravana vinculada al senador Castellanos, quienes fueron liberados posteriormente tras permanecer detenidos durante varias horas, informó el medio. Este episodio se inscribe en la compleja situación de seguridad que afronta el departamento de Arauca, donde múltiples organizaciones armadas se disputan el control territorial y el tráfico de rutas estratégicas, lo que genera constantes riesgos tanto para autoridades estatales como para actores políticos y civiles en tránsito.

El ELN argumentó, según el comunicado consignado por el medio, que la proliferación de retenes responde no solamente a disputas con el Estado, sino también a la presencia de fuerzas irregulares y bandas mercenarias, identificando estos factores como elementos que incrementan la volatilidad y el peligro en la región. En sus mensajes públicos, el grupo armado insistió en que la población civil y los equipos de campaña deben atender las señales y advertencias, para evitar incidentes fatales similares al ocurrido con el personal de Castellanos.

Los detalles del incidente reafirman el clima de tensión en municipios como Fortul y zonas rurales asociadas de Arauca, donde se registran de manera periódica acciones armadas, controles territoriales y emboscadas en contra de patrullas oficiales o convoyes identificados con figuras públicas. El contexto de las campañas electorales incrementa estos riesgos, al aumentar la movilidad de referentes públicos y delegaciones de seguridad en rutas consideradas vulnerables por la presencia de actores armados ilegales.

El ELN también reiteró en su pronunciamiento la falta de intención de interferir con las actividades legislativas y electorales de Castellanos ni de otros senadores o aspirantes. Este tipo de comunicados, según detalló el medio, suele formar parte de la estrategia de legitimación política de la organización armada, que busca deslindar su accionar violento de objetivos políticos directos contra representantes institucionales.

Las autoridades nacionales y departamentales no han presentado comentarios inmediatos tras la publicación del comunicado del ELN. El medio señaló que la seguridad de las campañas políticas en regiones como Arauca continúa siendo uno de los principales desafíos para el Estado colombiano en el actual ciclo electoral.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro luego de un operativo militar ejecutado en la región del Catatumbo que dejó siete personas muertas, entre ellas un menor de edad.

En un comunicado difundido a través sus redes sociales, el grupo armado acusó al Gobierno de haber retomado una estrategia de guerra alineada con los intereses de Estados Unidos, poniendo en entredicho los avances que, según la organización, se habían logrado en el marco de los diálogos de paz.

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El pronunciamiento, firmado por el Comando Central del ELN y fechado el 8 de febrero de 2026, se suma a una serie de declaraciones en las que la guerrilla ha cuestionado el rumbo de la política de “paz total” impulsada por el Ejecutivo, especialmente tras el recrudecimiento de operaciones militares en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

Señalamientos por presunta presión de Washington

En el documento, el ELN sostiene que las acciones militares ordenadas por el Gobierno colombiano se produjeron poco después de una reunión entre el presidente Petro y el entonces mandatario estadounidense Donald Trump, realizada el 3 de febrero de 2026. Según la guerrilla, ese encuentro habría marcado un punto de quiebre en la postura del Gobierno frente al conflicto interno.

“El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos”, afirma el comunicado, en el que se acusa al Ejecutivo de ponerse “al servicio de la arremetida neocolonial” encabezada por Washington. La organización armada sostiene que la militarización creciente del territorio impide hablar de paz y representa, en su visión, una cesión de soberanía nacional.

El ELN también recordó un episodio ocurrido meses antes, cuando Petro, durante una visita a Estados Unidos, utilizó un megáfono para criticar públicamente al entonces presidente Trump y llamar a las tropas estadounidenses a desobedecer órdenes que consideraba injustas. Para la guerrilla, ese gesto contrasta con lo que califican como un cambio radical en la postura del mandatario colombiano.

Bombardeos y ruptura de gestiones de paz

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la operación aérea realizada en el Catatumbo, una zona estratégica y altamente militarizada del noreste del país. El ELN aseguró que el bombardeo tuvo lugar en el mismo campamento donde, horas antes, había concluido una reunión orientada a reactivar la Mesa de Diálogos.

Según el grupo armado, el 2 de febrero recibieron a un emisario del presidente, acompañado por una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana, con el objetivo de explorar salidas políticas a la crisis del proceso de negociación. En ese encuentro, afirman haber ratificado su voluntad de paz y su disposición a continuar buscando acuerdos.

“La gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que estas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso”, señala el comunicado. La guerrilla considera que la ofensiva militar contradijo compromisos previos y dejó sin sustento las gestiones adelantadas por actores internacionales y por la Iglesia.

Críticas al Ministerio de Defensa y anuncio de continuidad política

El ELN también cuestionó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazando las versiones oficiales que vinculan a la organización con actividades de narcotráfico. En el texto, el grupo insiste en que no se ha lucrado de ese negocio ilícito y acusa al Gobierno de priorizar alianzas con estructuras armadas surgidas tras la desmovilización de las extintas Farc.

Pese a las críticas, el comunicado concluye con un mensaje en el que el ELN asegura que continuará dialogando con la sociedad civil, organizaciones populares y comunidades, mientras se produce un cambio de gobierno. La guerrilla reafirmó su propuesta de avanzar hacia un Acuerdo Nacional, aunque dejó claro que, en su criterio, el actual Ejecutivo perdió coherencia frente al discurso de paz que lo llevó al poder.

Según información difundida por las fuerzas militares y recogida por el departamento de prensa castrense de Pakistán, la intervención en la provincia de Harnai se orientó a combatir a miembros de los "talibán paquistaníes", facción armada que si bien mantiene lazos ideológicos parciales con los talibán afganos, cuenta con una estructura diferenciada. Durante la acción en Harnai, el mando militar declaró que aproximadamente 30 integrantes de estos grupos insurgentes resultaron abatidos. Pakistán, en reiteradas ocasiones, ha señalado a India por dar respaldo y recursos financieros a los denominados "talibán paquistaníes", acusación que forma parte de las tensiones históricas entre ambos países.

Por otra parte, de acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades castrenses y citado por el departamento de medios castrenses de Pakistán, al menos 11 milicianos pertenecientes a bandas separatistas baluches murieron en la operación efectuada en la provincia de Panjgur. Las fuerzas de seguridad reportaron también la confiscación de armas de fuego, municiones y fondos monetarios supuestamente obtenidos por los separatistas mediante actos de robo, recursos que serían empleados para sostener y expandir sus actividades armadas.

El comunicado militar detalló que ambas operaciones se enfocaron en zonas consideradas de alta presencia de actividades insurgentes. En el caso de los llamados "talibán paquistaníes", señalados por el Ejército como participantes en múltiples ataques armados y actos de violencia en distintos puntos del país, la acción se desarrolló en un contexto de alerta y seguimiento de movimientos de estos grupos en áreas remotas de la provincia de Baluchistán.

Los separatistas baluches, por su parte, han mantenido una resistencia armada en la región durante años, con el objetivo de obtener una mayor autonomía o incluso la independencia de esta provincia rica en recursos naturales y estratégicamente situada en el suroeste del país. En el operativo desarrollado en Panjgur, las autoridades aseguraron que la acción permitió identificar y neutralizar uno de los principales bastiones desde donde se coordinaban ataques y asaltos a instalaciones del gobierno y fuerzas de seguridad, según informó el departamento de medios militares.

La lucha contra las facciones separatistas y los denominados "talibán paquistaníes" sigue siendo una de las principales preocupaciones para la seguridad nacional paquistaní, en medio de denuncias de vínculos internacionales por parte de los actores insurgentes. Pakistán mantiene sus señalamientos contra India, acusándola de facilitar apoyo financiero y logístico a los insurgentes, afirmaciones que Nueva Delhi ha desestimado de manera reiterada. El departamento de medios del Ejército enfatizó la importancia de estas operaciones para frenar la financiación y el avance de las redes armadas tanto de los separatistas baluches como de los grupos inspirados en los talibán afganos.

El saldo de 41 insurgentes muertos en esta doble operación representa uno de los reportes más graves en lo que va de año en el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales en Baluchistán. El Ejército paquistaní declaró que la incautación de armas y fondos obtenidos ilícitamente se enmarca en su estrategia para limitar la capacidad operativa de sus oponentes y desmantelar las cadenas de suministro y apoyo con que cuentan estos movimientos.

La provincia de Baluchistán sigue siendo uno de los principales escenarios de conflicto interno en Pakistán, donde confluyen demandas sociales, intereses económicos y disputas geopolíticas. Las operaciones militares recientes manifestadas por el departamento de prensa del ejército subrayan la persistencia de la inestabilidad y la complejidad de alcanzar una resolución definitiva a largo plazo, según publicó la agencia de noticias.

La presencia de varias ramas de las fuerzas armadas de Colombia, incluyendo Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, ha sido fundamental en los recientes operativos realizados en el municipio de Tame, Arauca, donde lograron la incautación de un fusil, tres proveedores y material de intendencia pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según detalló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo coordinado para debilitar la estructura criminal de ese grupo guerrillero, impactando de manera directa su capacidad operativa y logística en la zona fronteriza con Venezuela.

De acuerdo con el medio que dio a conocer los hechos, Sánchez comunicó por redes sociales la muerte de un integrante del ELN durante los combates sostenidos con las Fuerzas Armadas en Arauca. El ministro destacó que con este resultado se reduce el poder de fuego de dicha organización y se limita su movilidad, lo que repercute en los esquemas de intimidación que emplean tanto contra la población civil como hacia la fuerza pública. Según consignó la fuente, esto debilita las líneas de control territorial y restringe actividades relacionadas con el crimen organizado desarrolladas por el grupo armado.

Durante la operación, Sánchez enfatizó que “este resultado afecta directamente la capacidad operativa de esta estructura, al reducir su poder de fuego, limitar su movilidad y alterar sus esquemas de intimidación contra la población civil y la fuerza pública, impactando además sus líneas de control territorial y logística criminal en la región”. La coordinación de varias ramas de las fuerzas armadas permitió no solo el enfrentamiento, sino también la incautación de armamento adicional, lo que, según informó el medio, fortalecía la capacidad criminal del ELN en el área.

El ministro, además, realizó un llamamiento público dirigido a los miembros de la guerrilla e instó a su desmovilización, invitándolos a “acogerse a la legalidad y salvar la vida”. Declaró que “siempre existe una alternativa”, incentivando así a los combatientes del ELN a dejar las armas y buscar vías legales y pacíficas.

Según publicó el medio, el contexto en el que estos enfrentamientos han ocurrido se complica por el recrudecimiento de la violencia en los últimos meses y por la escalada de tensiones en las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano. El pasado 12 de enero, el presidente Gustavo Petro rechazó una propuesta de Acuerdo Nacional formulada por el ELN, cuyo objetivo era abordar el conflicto armado, político y social en el país. Petro advirtió que, en caso de que la guerrilla no optara por sumarse a la paz y abandonar el país vecino, podrían contemplarse operaciones militares conjuntas entre Colombia y Venezuela, de acuerdo con lo consignado por el medio.

Estos hechos reflejan la situación de conflicto que persiste en la región del Arauca, donde la presencia de grupos armados ilegales agrava las condiciones de seguridad y dificulta los procesos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Las acciones recientes, según reportó el medio, forman parte de un esfuerzo estatal más amplio por debilitar las estructuras delictivas de la insurgencia en una zona particularmente estratégica por su ubicación geográfica y por la dinámica transfronteriza con Venezuela. Las autoridades han remarcado que la cooperación entre diferentes cuerpos armados forma parte de una nueva estrategia para reducir la capacidad logística y militar de las guerrillas en áreas clave del país.

El desarrollo de estas operaciones y la incautación de recursos del ELN responden a la decisión reciente del gobierno de intensificar la presión militar sobre la guerrilla en medio de la incertidumbre que rodea las mesas de diálogo. De acuerdo con la cobertura dada por el medio, la administración actual ha puesto énfasis en la necesidad de ofrecer alternativas legales a los combatientes, al tiempo que mantiene sus acciones contra aquellos grupos que continúan inmersos en actividades ilícitas y armadas.

El aumento de enfrentamientos como el registrado en Tame evidencia, según describió la fuente, la complejidad de la situación en la frontera colombo-venezolana y las dificultades que enfrenta el Estado colombiano en su objetivo de restaurar el control en regiones afectadas por la violencia de los distintos actores armados. La muerte del integrante del ELN, la incautación de armamento y los mensajes dirigidos a la guerrilla configuran el panorama actual del conflicto, marcado por la presión tanto militar como política para alcanzar una solución pacífica al largo conflicto interno en Colombia.

Las condiciones para la liberación de los cinco policías retenidos en Tibú estarán determinadas por la evolución de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad, según informó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado oficial difundido luego del secuestro. De acuerdo con información publicada por el medio que reportó el hecho, los policías permanecen en poder del grupo armado a la espera de que se definan los términos requeridos para ponerles en libertad, procesos que, según la guerrilla, dependerán directamente de la conducta de las autoridades colombianas en el transcurso de los próximos días.

Según publicó la fuente, el secuestro ocurrió el 6 de enero en el municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, una región considerada estratégica en el noreste de Colombia por la presencia de actores armados y las disputas en torno al control de rutas y territorios. El ELN, al atribuirse la autoría, informó que los agentes de policía fueron interceptados mientras se movilizaban en un vehículo del sistema de transporte público local, lo que permitió su retención sin un enfrentamiento armado, según lo consignado por el comunicado del propio grupo guerrillero.

De acuerdo con lo detallado en la declaración del ELN, la privación de libertad de los agentes constituye una respuesta a lo que el grupo denomina como “apoyo y protección” que la Policía local habría brindado al Frente 33, una facción conocida como disidencia de las FARC. Según el comunicado citado por el medio, dicho respaldo, que la guerrilla asocia a órdenes directas de instancias presidenciales, incluiría asistencia logística y operativa tanto del Ejército como de la Policía Nacional. “El apoyo logístico y operativo brindado por el Ejército y la Policía a la banda narcoparamilitar del Frente 33 en la región, los hace partícipes y cómplices de accionar criminal de los narcobandidos”, recoge el texto divulgado, argumentando que éste sería el motivo central que justifica la retención de los cinco uniformados.

El ELN informó a través del comunicado, según citó el medio de referencia, que los agentes secuestrados “se encuentran en buen estado de salud” y ha destacado que recibirán un “trato digno” dentro de las garantías de seguridad que el grupo asegura mantener con los retenidos. Esta afirmación pretende proyectar una imagen de respeto por la integridad de los policías, a la vez que descarta un posible maltrato en el corto plazo, contexto en el que el grupo armado anticipó que las condiciones para una eventual liberación se darán a conocer “en los próximos días”.

La captura de los policías ocurre en un territorio donde confluyen intereses de diversas organizaciones, escenario habitual de disputas entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales. Tibú, y el departamento de Norte de Santander en general, ha sido históricamente escenario de conflictos por la presencia de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico, así como un enclave de importancia para la articulación de redes logísticas de los grupos armados, según han reportado medios nacionales e internacionales en incidentes anteriores. El secuestro de funcionarios públicos en este contexto reviste especial relevancia, dado el impacto que este tipo de acciones puede tener sobre los procesos de diálogo o negociación que regularmente se desarrollan entre el gobierno colombiano y diversos actores armados.

Respecto a la liberación, el ELN ha condicionado cualquier avance en este sentido a la ausencia de intervenciones militares o policiales dirigidas a rescatar a los retenidos. Según aseguró la organización en su declaración difundida por el medio, cualquier intento de operación por parte del Estado para recuperar a los policías sin negociación previa podría modificar los términos para su entrega, lo que sitúa la continuidad y la seguridad de los secuestrados en un escenario de incertidumbre ligado al comportamiento de las fuerzas de seguridad oficiales.

En el comunicado citado por la fuente, la guerrilla no especificó plazos concretos ni detalles adicionales sobre las condiciones requeridas para la liberación de los policías, reiterando en cambio que la próxima comunicación pública proveerá información puntual sobre los criterios y el calendario para la posible puesta en libertad. El ELN también reiteró que su decisión responde a intereses de carácter político y estratégico relacionados con la dinámica local en Tibú y la relación entre la fuerza pública y actores armados ilegales en la región, según lo expresado en el mismo mensaje.

De acuerdo con antecedentes recogidos por medios como la agencia fuente de la noticia, los secuestros cometidos por grupos armados en la zona suelen estar vinculados a presiones por parte de estos actores para forzar negociaciones o lograr concesiones en el ámbito militar o político. El hecho de que el ELN haya explicitado la exigencia de un trato específico a los retenidos y la dependencia de la liberación respecto a la actuación de la fuerza pública se inscribe en esta lógica de escalada y desescalada calculada, con impacto tanto local como nacional.

El grupo guerrillero aprovechó el comunicado para denunciar lo que califica como una connivencia sistemática entre autoridades estatales y actores calificados como “narcoparamilitares”, señalamiento recurrente en las argumentaciones públicas del ELN frente a sus acciones contra fuerzas armadas o policiales. Aludiendo explícitamente al Frente 33, el pronunciamiento reforzó la acusación de que la Policía de Tibú habría ofrecido protección y colaboración a dicho grupo en actividades ilícitas, hecho no confirmado oficialmente por autoridades del Estado.

La eventual publicación de los términos para la liberación de los policías se ha convertido en un asunto de interés público, dada la preocupación por la situación de seguridad regional y los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y los grupos armados presentes en el territorio. El desarrollo de las próximas jornadas estará marcado por la expectativa de pronunciamientos oficiales y, eventualmente, el anuncio de condiciones, tal como anticipó el ELN en sus declaraciones difundidas por la fuente informativa.

El partido Centro Democrático arremetió de nuevo contra el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, que dio un discurso desde Madrid, España, donde varios ciudadanos colombianos se reunieron para escucharlo. Ante sus declaraciones, la colectividad de la oposición se pronunció, calificándolo de “cínico” y acusándolo de favorecer intereses afines a la dictadura de Maduro.

“Cínico Iván Cepeda: Colombia debe dejar de ser una colonia de grupos criminales. En España usted repite el mismo libreto por conveniencia: ataca a aliados estratégicos mientras guarda un silencio cómplice frente a la dictadura de Maduro”, aseveró la agrupación política en su cuenta de X.

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Según el partido, el régimen venezolano –que permanece en la incertidumbre por la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos– ha cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, encarcelando a más de 800 opositores y provocando el éxodo de al menos nueve millones de venezolanos.

Además, afirmó que el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, habría respaldado a los grupos armados que operan en Colombia, entre ellos, la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, señalado de ser presunto responsable del magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

“Es evidente que usted, aferrado a ideas anacrónicas de la URSS, busca el poder para silenciar la oposición, proteger a sus antiguos amigos de la guerrilla y los nuevos del paramilitarismo, amordazar a la prensa y profundizar reformas estatizantes que hoy despojan de salud, seguridad, educación a millones de colombianos”, indicó la colectividad.

Aunado a ello, aseguró que, aunque Cepeda solicite respeto en sus discursos, su jefe, el mandatario Gustavo Petro, vulneró la soberanía de Estados Unidos en una visita que hizo a ese país, en la que, con megáfono en mano, instó a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes del presidente Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, aseveró Petro en su momento.

¿Qué dijo Cepeda en su discurso en Madrid?

El candidato a la Presidencia de la República centró una parte de su intervención en las advertencias que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Colombia, similar a la que adelantó en Venezuela, con la cual logró la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. De acuerdo con Cepeda, lo ocurrido en el vecino país no debería ser catalogado como una simple acción de derrocamiento.

“Debemos ser conscientes, sin paz, sin legalidad internacional y sin estabilidad, justamente tres condiciones básicas que resultan severamente lesionadas por la intervención estadounidense, no hay comercio, no hay prosperidad posible, no hay seguridad para nadie. Es necesario preservar a América Latina como zona de paz”, aclaró.

Indicó que la historia de América Latina ha demostrado que las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en distintos territorios han dejado resultados nefastos. Mencionó hechos de violencia, saqueo de recursos naturales y violaciones a los derechos humanos que han dejado, según sus datos, al menos 10 millones de víctimas.

“Colombia ha sido durante décadas el laboratorio y la plataforma de la injerencia política, militar y económica estadounidense en América Latina. Digo laboratorio y plataforma porque nuestro país para solo hablar de la injerencia militar se ensayaron, aplicaron y luego exportaron toda clase de métodos de guerra”, precisó.

Criticó, además, la política antidrogas empleada por el Gobierno norteamericano y que se ha aplicado durante décadas en Colombia, sin que hasta el momento se haya logrado la erradicación del flagelo del narcotráfico. “El remedio puede ser peor que la enfermedad”, aseveró.

Líderes guerrilleros colombianos, entre ellos mandos históricos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la Segunda Marquetalia, se enfrentan a una coyuntura marcada por la intervención militar estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, factores que han alterado la tradicional seguridad que encontraban en territorio venezolano y los obliga a contemplar el retorno a Colombia. De acuerdo con los informes de inteligencia recogidos por medios colombianos y publicados por el medio citado en la fuente, figuras como Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, jefe de la Segunda Marquetalia —una de las principales disidencias de las FARC—, y Eliécer Herlinto Chamorro, conocido como ‘Antonio García’, actual líder del ELN, han iniciado movimientos para regresar a suelo colombiano después de permanecer años ocultos en Venezuela.

Tal como informaron estos servicios de inteligencia, tras el inicio de las operaciones estadounidenses —incluyendo bombardeos a presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe—, las zonas fronterizas, históricamente utilizadas como rutas de escape y refugio para diversos grupos insurgentes colombianos, han perdido la fiabilidad que ofrecían a los guerrilleros. El medio detalló que, durante años, líderes clave de las guerrillas colombianas aprovecharon la porosidad de la frontera colombo-venezolana para eludir las acciones militares del Estado colombiano. Sin embargo, la ofensiva reciente dejó a estos mandos en una situación vulnerable y propició que inicien su regreso hacia regiones como Catatumbo, donde las disidencias de las FARC y el ELN se han enfrentado violentamente durante meses, provocando decenas de muertes y desplazamientos forzados de miles de personas.

En este contexto, según consignó el medio de referencia, Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, exnegociadora del ELN y parte del Frente de Guerra Noriental, se encuentra entre quienes ya abandonaron Venezuela para reinsertarse en la confrontación interna colombiana. El ELN mantiene aún el peso de ser el grupo armado con más integrantes en el vecino país, contando entre sus filas a miembros notables del Comando Central como ‘Antonio García’ y, del Frente Oriental, William Cruz Lizcano (‘Cendales’) y Gustavo Aníbal Giraldo (‘Pablito’). De acuerdo con la misma fuente, todos ellos arrastran numerosas órdenes de captura y han dirigido su radio de acción hacia departamentos fronterizos como Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá. En estos territorios persiste una aguda disputa por el control de rutas ilícitas y zonas de influencia, enfrentando especialmente al ELN con disidencias de las FARC lideradas por ‘Iván Mordisco’.

El retorno de estos altos mandos cobra un significado distinto cuando se toma en cuenta el debilitamiento de la Segunda Marquetalia, el grupo disidente de las FARC con menor capacidad operativa surgido tras el descontento por la implementación de los acuerdos de paz de 2016. La situación de ‘Iván Márquez’, en particular, genera incertidumbre por las dudas existentes sobre su estado de salud y su paradero, cuestiones sin aclarar desde un ataque sufrido en 2022. El alto comisionado para la paz del Gobierno de Colombia, Otty Patiño, afirmó en octubre de 2024 que Márquez sigue con vida, según corroboraron los informes de inteligencia citados por el medio principal, y que, junto a Génér García Molina, alias ‘John 40’, todavía se encontraría en Venezuela.

Reportó el mismo medio que la presión militar estadounidense sobre Venezuela plantea un dilema a estos líderes insurgentes: decidir entre prolongar su estadía en un territorio donde las condiciones de resguardo se han restringido o retornar a Colombia, donde afrontan la persecución intensificada de las fuerzas de seguridad tras el enfriamiento de las negociaciones de paz. La opción de intentar una maniobra política para abrir nuevos canales de diálogo con el Estado colombiano comienza a tomar forma en algunos sectores del liderazgo guerrillero. No obstante, según consignan las fuentes oficiales citadas en la prensa nacional, el tiempo para encauzar una negociación se acorta, pues quedan apenas siete meses de mandato en el actual Gobierno.

La búsqueda de un acuerdo con los actores armados ilegales ha figurado como uno de los principales objetivos de la política de ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder en 2022. Sobre este punto, el medio recordó que en el mejor de los escenarios se han logrado pactos puntuales con ciertos grupos, aunque las negociaciones con el ELN colapsaron abruptamente en septiembre de 2025 tras la perpetración de un atentado con saldo de dos militares muertos y veintinueve heridos.

En el plano político, la misma fuente indicó que las encuestas otorgan ventaja a la izquierda, favorecida entre otros factores por las reformas sociales del Ejecutivo de Petro. A pesar de la parálisis de los diálogos con los principales grupos armados, no se descarta que una nueva administración progresista retome los esfuerzos de negociación para buscar la desmovilización de estas organizaciones. Al mismo tiempo, subsiste la inquietud ante el papel de la Administración Trump. Según informó la fuente, Washington ha manifestado un especial interés en monitorear y eventualmente intervenir en los próximos comicios colombianos, de forma similar a lo que ya ocurrió en procesos electorales en Honduras y Argentina durante el presente año, e incluso advirtió al Gobierno de Petro respecto a una posible interferencia internacional en el país, como la ocurrida en Venezuela.

El reposicionamiento de los líderes insurgentes ante el giro militar en Venezuela está afectando el equilibrio de fuerzas en la frontera colombo-venezolana. Según información publicada por medios colombianos, la vuelta de nombres emblemáticos como ‘Iván Márquez’ y ‘Antonio García’ podría modificar profundamente la confrontación actual en las regiones periféricas, incrementando tanto la competencia armada como la presión sobre las comunidades fronterizas. Al mismo tiempo, destaca el riesgo de que estos movimientos reactiven nuevas apuestas de negociación a contrarreloj, con incertidumbre sobre su desenlace ante los estrechos márgenes temporales y la persistente desconfianza entre el Estado y los líderes de las antiguas guerrillas.

En este nuevo escenario, los mandos armados buscan redefinir sus estrategias ante la falta de garantías que ofreció Caracas en los últimos años, según coinciden las fuentes consultadas por el medio. Las organizaciones ilegales, ahora más expuestas que en la última década, se ven forzadas a reconsiderar tanto su permanencia en Colombia como la posibilidad de aceptar futuras conversaciones con el Gobierno, mientras se mantiene en vilo el equilibrio político, social y de seguridad en la amplia zona fronteriza y en el conjunto del territorio nacional.

El despliegue de fuerzas estatales en Colombia se intensificó tras una serie de ataques atribuidos al ELN, en un contexto marcado por el paro armado convocado por este grupo armado. Según informó Caracol Radio, la respuesta estatal incluyó la activación de operaciones preventivas y la elevación del nivel de alerta en todo el país, con miras a frenar la ola de hechos violentos que, en las primeras 24 horas, dejaron registro de 51 incidentes relacionados con la guerrilla. El anuncio del paro, ocurrido el pasado viernes, constituyó la cuarta acción de este tipo en lo que va de 2025, pero adquiere un carácter inédito por su alcance nacional.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Colombia y recogida por Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la situación como una "amenaza criminal del cártel del ELN contra el pueblo colombiano". Sánchez apuntó que, si bien la mayoría de los incidentes registrados en el marco del paro armado corresponden a actos de propaganda —aproximadamente el 75%—, al menos doce de ellos implicaron el uso de explosivos, elevando el riesgo para la población en diversas regiones del país. Además, el ministro reportó que durante la jornada se perpetraron ataques contra infraestructuras, incluyendo una comisaría en Maicao, en la región Caribe, y un peaje en Santander, donde una trabajadora resultó herida a causa de una moto bomba.

El ELN justificó la convocatoria del paro como respuesta a lo que considera amenazas de la Administración de Donald Trump contra Colombia y la región. Según detalló el medio Caracol Radio, el grupo armado busca así manifestar rechazo frente a la presión diplomática y militar proveniente de Estados Unidos. El contexto internacional agrega tensión al escenario: Washington desplegó fuerzas militares sin precedentes frente a las costas de Venezuela, con operaciones que han incluido bombardeos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico y la muerte de al menos 80 personas, así como el asalto a un petrolero. En este marco, el presidente estadounidense advirtió al mandatario colombiano, Gustavo Petro, que podría ser el "siguiente" en enfrentar acciones directas si no frena la producción de cocaína en el país.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Pedro Sánchez aseguró que "todas las capacidades están desplegadas y estamos en la máxima alerta", destacando la determinación del gobierno para frenar la escalada de violencia. El ministro subrayó la disposición estatal a responder con el uso de la "fuerza legítima del Estado" si los grupos armados no cesan en sus acciones, e hizo un llamado a estas organizaciones a abandonar las armas y evitar "hacerle daño al país". A la vez, insistió en que la movilidad es segura para los ciudadanos, aunque recomendó adoptar medidas de precaución durante la vigencia del paro, el cual se extenderá hasta el miércoles.

El impacto del paro armado se siente en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre y Chocó, donde se concentran los principales registros de incidentes. Entre los sucesos contabilizados, el uso de explosivos y la difusión de propaganda intimidatoria sobresalen como métodos empleados por el ELN. La mayoría de los episodios, reportó Caracol Radio, han sido catalogados como actos de amedrentamiento más que de daño directo, aunque los ataques a infraestructuras estratégicas y la afectación de civiles evidencian el alcance del paro.

El contexto regional adquiere especial relevancia en este cuarto paro armado decretado por el ELN en 2025. Según consignó Caracol Radio, la coyuntura se agudiza por la presión exterior generada por las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y las recientes declaraciones del presidente Trump, quien ha intensificado su postura frente al gobierno de Gustavo Petro. El antecedente inmediato reside en las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en Venezuela, que han sido motivo de preocupación para los gobiernos de la región y han impactado en las decisiones del ELN respecto a su estrategia armada y sus demandas políticas.

En su balance de las primeras 24 horas del paro, el ministro Sánchez recalcó la importancia de la presencia estatal en todo el territorio nacional. Según el medio Caracol Radio, las autoridades han enfatizado la necesidad de mantener la calma y la colaboración ciudadana, mientras las fuerzas de seguridad desarrollan acciones preventivas y reactivas orientadas a garantizar la integridad de la población. El gobierno también ha reiterado que mantiene abiertas las vías de comunicación y atención a la ciudadanía, instando a denunciar cualquier incidente relacionado con el ELN.

El panorama que describen los reportes oficiales sugiere una coordinación entre acciones armadas y manifestaciones propagandísticas como parte de la estrategia del ELN durante el paro. Las autoridades colombianas, según Caracol Radio, continúan evaluando el desarrollo de los acontecimientos e implementando medidas para contener los riesgos y proteger las infraestructuras críticas y a la población civil.

El jueves 6 de noviembre, al cumplirse 40 años de la toma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más trágicos en la historia de Colombia, el exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, que fue miembro del grupo guerrillero M-19 en su juventud, responsable de la masacre ocurrida en 1985.

La conmemoración, que tuvo lugar en Bogotá, recordó la violencia que se desató en noviembre de ese año, cuando un asalto armado por parte del M-19 al Palacio de Justicia resultó en la muerte de más de 100 personas, entre ellas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y dejó a varias desaparecidas; sin embargo, la versión que maneja el presidente Petro sobre esos hechos es objeto de controversia.

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En declaraciones en sus redes sociales, Petro intentó suavizar o modificar la responsabilidad del M-19 en la tragedia, algo que no pasó desapercibido para Uribe Londoño, que decidió responder públicamente.

“Que le quede claro a Petro: Lo del Palacio de Justicia fue un acto de barbarie terrorista, no una gesta”, escribió el precandidato del Centro Democrático en su cuenta de X, al dejar en evidencia su rechazo a las declaraciones de Petro, que busca restar gravedad a la acción violenta del grupo insurgente al que perteneció.

Uribe Londoño también hizo énfasis en que, aunque el país haya perdonado los delitos del M-19, esto no significa que los hechos deban ser olvidados o minimizados.

“El país le perdonó sus delitos, pero eso no quiere decir que no existieron o que lo volveremos a hacer”, afirmó. En este sentido, se mostró especialmente crítico hacia el hecho de que Petro, en su posición como presidente, intente promover una visión distorsionada de lo ocurrido hace cuatro décadas.

En su mensaje, Uribe Londoño aseguró que la postura de Petro busca revivir una narrativa que “ondeé banderas de un grupo que fue responsable de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia”.

Según el precandidato, el intento de ‘romantizar’ la lucha del M-19 es un acto de revictimización para aquellos que perdieron a sus seres queridos en la toma del Palacio de Justicia.

“Revictimizar a las víctimas no es una opción”, resaltó Uribe Londoño, defendiendo la idea de que la memoria histórica debe ser preservada de manera íntegra y sin filtros, para que las generaciones actuales y futuras no pierdan la conciencia de lo que ocurrió durante los años de violencia en Colombia.

La tragedia del Palacio de Justicia: un tema no resuelto

Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 siguen siendo un tema de debate y división en Colombia. Aunque se realizaron múltiples esfuerzos para esclarecer los responsables y dar justicia a las víctimas, las desapariciones y las versiones contradictorias sobre lo que ocurrió dentro del Palacio de Justicia siguen siendo un doloroso recordatorio de los horrores del conflicto armado.

Este acto, que buscaba enjuiciar al presidente Belisario Betancur, dejó más de 100 muertos y generó una serie de interrogantes que aún permanecen sin respuesta. Durante la toma, el edificio, a pesar de ser considerado uno de los más protegidos del país, no contaba con la seguridad adecuada, lo que fue objeto de múltiples especulaciones.

El ataque, que se prolongó por más de 24 horas, terminó con una violenta retoma por parte de las fuerzas del orden; sin embargo, las circunstancias de la intervención militar y las muertes de varios rehenes, que en algunos casos fueron vistos con vida y luego aparecieron muertos, siguen siendo un misterio.

A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos, la falta de transparencia y las irregularidades en la gestión de las víctimas dejaron un vacío en la verdad sobre lo ocurrido ese día. 40 años después, la toma del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país, mientras las familias de las víctimas aún esperan respuestas.

El régimen venezolano ha desplegado desde hace unas semanas la propaganda del combate contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin que anuncie detenidos, muertos o heridos. Difunden videos para hacer creíble la versión, como lo hizo recientemente el Ceofanb con dos campamentos en el Amazonas, luego del ataque ocurrido a unos kilómetros de Puerto Ayacucho.

Un oficial, en conversación con Infobae, asegura que “la exigencia que, desde el Gobierno, le han hecho al ELN y a la Segunda Marquetalia disidencia de las FARC es que si se hace público los enfrentamientos que ellos tengan en territorio venezolano, les traerá consecuencias. No se puede obviar el interés de convencer a Gustavo Petro que en Venezuela combaten al ELN”.

Cuando el domingo 26 de octubre 2025 las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impactando a habitantes de los de los sectores Agropa y Agua Linda, municipio Átures, estado Amazonas, causaron la muerte de Gerson Gómez Estrada llamado Yito y dejaron varios heridos, como lo detalló Infobae.

Ningún Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se pronunció sobre lo ocurrido, en una zona, ubicada en el eje carretero norte, que está a unos kilómetros de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, lo que demuestra que la guerrilla colombiana está habitando, desde hace años, en pueblos de los estados fronterizos, incluso a metros de instalaciones militares y policiales.

No hubo mención alguna a la muerte de Gerson Gómez Estrada alias Yito,de 35 años, ni de los heridos: la teniente del Ejército Nelci Yineth Tinedo, Wilmer Pastor Barrios Silva, 28 años de edad, otro adulto cuyos datos no fueron dados a conocer, quienes fueron trasladados al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, y un niño de nueve años referido al Hospital Pediátrico.

Los vio la FANB

Aunque esos campamentos no son improvisados y funcioann desde hace años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) parece haberse decidio a desmantelar el campamento sin que los guerrilleros del ELN estuvieran en el lugar, en el sectode Agua Linda.

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, dio a conocer que, en el marco de la Operación Neblina 2025, específicamente en el territorio a orden del MG Wilfredo Alexander Medrano Machado, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, en Amazonas, en el municipio Atures, “efectuó la destrucción de dos campamentos logístico utilizados por grupos Tancol invasores de nuestro territorio nacional siendo desmantelados y destruidos”.

El general Hernández Lárez no llama a los grupos guerrilleros por sus nombres o siglas sino que los cubre con el manto de “Tancol” (terrorista, armado, narcotraficante colombiano), aunque esta vez menciona los panfletos del ELN hallados en los campamentos.

Lo que encontraron, sin que se informe de un solo detenido ni armas, es una casa logística, así como “retención de un vehículo azul, marca Toyota, 1992, modelo land Cruiser, placas AM464YA”.

También “45 cartuchos Cal. 7,62x51 mm, 25 cartuchos cal. 5.56 mm, 38 panfletos Tancol alusivos al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), 20 chalecos verdes tácticos, 2 equipos de comunicaciones (radios transmisores), 4 bombonas de alta presión para el almacenamiento y transporte de gas”.

En la otra casa “incautación de 86 cartuchos Cal 762x51 mm, 40 cartuchos cal. 5.56 mm, 2 cargadores de fusil, 43 panfletos alusivos al ELN, 30 chalecos verdes tácticos, 2 equipos de comunicaciones (radios transmisores) y dos mil litros de combustible tipo gasolina”.

Hay que destacar que el general Hernández Lárez resalta que “los materiales de interés criminalístico fueron registrados y destruidos en el sitio; el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público”, es decir, cero pruebas.

En el Zulia

Luego del enfrentamiento ocurrido en el municipio Catatumbo el 13 de octubre, sin que se conozca las bajas ocurridas, porque los grupos guerrilleros se llevan sus heridos y los cadáveres los sepultan o los lanzan a los ríos.

Después vino otro anuncio por parte del Ceofanb y otro video, destacando que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la Operación Neblina 2025, en el estado Amazonas y de la Operación Binacional Zona de Paz “Relámpago del Catatumbo”, en el Zulia, fueron localizados y destruidos campamentos clandestinos destinados para crímenes relacionados con el narcotráfico”.

Dijeron que localizaron “un campamento clandestino utilizado como astillero para la reparación y construcción de embarcaciones artesanales de interés criminalístico”.

Además, incautaron tres embarcaciones, ocho envases plásticos con combustible tipo gasolina, 22 tambores de 200 litros cada uno para almacenar resina, siete rollos de fibra de vidrio, 30 tablas de madera de cedro y una viga de carga para la fabricación de embarcaciones.

Ese día informaron que habían destruido un campamento sin dar mayores explicaciones de qué grupo funcionaba ahí, solo dijeron que lo destruyeron e incautaron 200 litros de combustible tipo gasolina, seis motores de succión de agua de 13 HP, cuatro caracoles mineros, cuatro alfombras usadas como tamiz, 50 metros de manguera de alta presión, cuatro metros de tubo PVC, un metro de manguera tipo maraca y cuatro correas para motores mineros.

Llamaba la atención que ese pelado de ojos claros siempre lograba eludir los allanamientos y los consiguientes arrestos de los que eran víctimas sus compañeros, y que sería juzgado por abandonar a un grupo de hombres que lideró en el ataque al regimiento de Azul, cuando ordenó la retirada y desapareció.

Hace exactamente treinta años que era apresado, en México, el escurridizo Enrique Gorriarán Merlo. Se filtró el dato de que el ejército zapatista, que se había hecho fuerte en Chiapas, estaba en la búsqueda de instructores para su tropa. El presidente Carlos Menem puso sobre alerta a su par mexicano, Ernesto Zedillo, a quien le manifestó su deseo de capturar al guerrillero, buscado por el sangriento ataque al regimiento de infantería mecanizado 3 de La Tablada.

Fue detenido en una ruta que une Tepotzlan y Cuautla y llevado a migraciones. Lo delató su amante, quien confirmó su verdadera identidad. Gorriarán, con un pasaporte con un nombre falso, quiso solicitar asilo pero ya estaba preparado un avión que lo dejaría en la base aérea de El Palomar. Terminaba así un recorrido de violencia y muerte de un cuarto de siglo.

Gorriarán había nacido en San Nicolás de los Arroyos el 18 de octubre de 1941. Se inició en política en el radicalismo intransigente de Frondizi, involucrándose en su pueblo primero en la campaña presidencial y luego en las luchas que dividieron al país entre laica o libre. En esos momentos, se hizo amigo de Benito Urteaga, también de San Nicolás, militante de la juventud radical que alternaba el teatro con el trabajo en el campo del padre.

Los dos últimos años del secundario los hizo en Pergamino, donde se haría amigo de Luis Enrique Pujals. Ambos coincidían en que el socialismo era el camino a tomar. El padre de Pujals había sido candidato a gobernador bonaerense por el partido Demócrata Progresista, pero él se había acercado al peronismo de la resistencia, donde sobresalía la figura de John Cooke.

En 1960, se fue a Rosario a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral, pero rápidamente cambió por la carrera de económicas. En las elecciones de 1962, había hecho campaña por el candidato peronista Andrés Framini.

Pujals era estudiante de derecho y ya militaba en la agrupación trotskista Palabra Obrera. En tanto, Gorriarán recién se comprometería en 1965, año en que conoció al santiagueño Mario Roberto Santucho, contador recibido en la Universidad Nacional de Tucumán.

Cuando el Frente Revolucionario de los Trabajadores, de los hermanos Santucho, se unió a Palabra Obrera, se fundó el 25 de mayo de 1965 el Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia marxista-leninista. Sus fundadores se inspiraron en los modelos de las revoluciones cubana, argelina y vietnamita. Gorriarán se empleó en el frigorífico Swift de Rosario, armó una agrupación gremial y llevó su militancia a los barrios del sur de esa ciudad. Dos años después entró a Domecq.

En 1968 se casó con Ana María Sívori, con quien tendría tres hijas. La pareja se fue a vivir a una casa junto a su amigo Pujals y su pareja Susana Gaggero.

Se venía el tiempo de la violencia. En febrero de 1968 el PRT se partió. Santucho y Gorriarán optaron por el camino de la guerrilla.

Necesitaban dinero y armas. En enero de 1969 asaltaron un banco y les robaron los fusiles y pistolas a los dos gendarmes que custodiaban el lugar. Fue el primer armamento de la organización terrorista.

En 1970 pasó a la clandestinidad y a fines de mayo en una isla del Tigre quedó establecido el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Gorriarán se fue a vivir con su familia a Tucumán como responsable político-militar y a la par intensificó los contactos con grupos violentos de América, como el MIR chileno. Con Santucho viajaron a Cuba para concretar una alianza política y para que militantes del ERP se entrenasen en la isla en tácticas de guerrilla urbana y rural.

El 30 de agosto de 1971 fue arrestado, junto a Santucho, Alejandro Ulla y Humberto Toschi. Primero estuvo en Villa Devoto y luego en Rawson. El 15 de agosto de 1972 protagonizarían una espectacular fuga, organizada por el ERP y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que incluyó la toma del penal por los propios guerrilleros presos, la entrada de un auto, una camioneta y dos camiones para sacar a los guerrilleros presos y la captura de un avión de línea para fugarse a Chile.

Seis jefes guerrilleros lograron alcanzar el aeropuerto de Rawson y llegar a Chile: Santucho, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Domingo Menna y Fernando Vaca Narvaja. Pero otros 19, luego de esperar infructuosamente a los vehículos que por un malentendido se retiraron, terminaron recapturados y el 22 de ese mes serían ejecutados en el episodio que se conoció como “la Masacre de Trelew”.

El gobierno de Salvador Allende les concedió asilo político y días después volaron a Cuba. En 1972 junto a Santucho y Menna volvieron al país para ponerse al frente del ERP. Gorriarán asumió la jefatura de la Regional Capital y zona norte del conurbano en la organización terrorista.

Sus objetivos fueron unidades de ejército y empresas multinacionales. Si bien durante la corta gestión del presidente Héctor J. Cámpora habían establecido una suerte de tregua, los graves hechos de violencia registrados en Ezeiza con el regreso definitivo de Juan Domingo Perón entre peronistas de izquierda, de derecha y montoneros, hicieron que el ERP acusase al gobierno peronista de reprimir al pueblo y se consideró con las manos libres para accionar con la violencia.

El 6 de septiembre de 1973 participó, con catorce hombres, del asalto al Comando de Sanidad, con el fin de hacerse de armamento, pero la operación terminó con la muerte del teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy y con una decena de guerrilleros detenidos.

El 19 de enero de 1974 fue el que comandó el ataque al Regimiento de Caballería de Tanques 10 de Azul, donde los guerrilleros mataron al jefe de la guarnición coronel Arturo Gay y asesinaron a su esposa Hilda Irma Cazaux, cuando protegía a una de sus hijas. Ese día comenzaría el calvario para el teniente coronel Jorge Ibarzábal. El ERP mantuvo a este militar en cautiverio durante 304 días. El rehén fue asesinado por los terroristas cuando se cruzaron con un retén policial. La víctima pesaba 35 kilos.

Por el malogrado ataque, Gorriarán perdió la jefatura y lo mandaron a Córdoba a trabajar como un militante raso más. Por esa razón no participó en el intento de copamiento del cuartel Domingo Viejobueno de Monte Chingolo en la Navidad de 1975.

Cuando su esposa fue encerrada en la cárcel del Buen Pastor, en Córdoba, organizó una fuga, que se concretó el 25 de mayo de 1975.

Gorriarán mostró algo de humanidad cuando se refirió al asesinato del capitán Humberto Viola, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, en el que también resultó muerta su hija María Cristina, de 3 años, y quedó grave María Fernanda, de 5, debió someterse a ocho operaciones. Dijo que todo había sido “un error” y “un hecho desgraciado”.

El 19 de julio de 1976, Santucho fue muerto por una patrulla del ejército mandada por el capitán Leonetti. Gorriarán había estado allí el día anterior. En el ERP sospecharon porque eran poquísimas las personas que conocían la dirección. Sin embargo, se negó a ser interrogado por los miembros del partido, en el que quedaba como máxima autoridad, ya que sus líderes Santucho, Menna y Urteaga estaban muertos.

Junto a Arnold Kremer, alias “Luis Mattini”, sucesor de Santucho, partió al exilio europeo y el PRT-ERP se debatió entre los que impulsaban una autocrítica y los que eran partidarios de continuar con la violencia. Cuando quedó en minoría, se sumó al ejército sandinista nicaragüense y en septiembre de 1980 participó del operativo que terminó con el asesinato del dictador Anastasio Somoza, que vivía en Paraguay.

En 1984, regresó clandestinamente al país y fundó el Movimiento Todos por la Patria. Esta agrupación pregonaba la lucha por la liberación en una melange multipartidaria de radicales, peronistas y socialistas. Fue noticia el 23 de enero de 1989 cuando atacó el regimiento de infantería 3 de La Tablada, para impedir, según él, un golpe militar: murieron 32 atacantes y 11 militares, entre ellos cuatro soldados y dos policías. Vestido con ropas de combate, siguió las alternativas en un jeep a unas cuatro cuadras del lugar. Solo lo reconoció un camarógrafo de televisión, que se dio cuenta más tarde.

Gorriarán se fue a México, donde el 28 de octubre de 1995 fue detenido por los servicios secretos de ese país en colaboración con los espías argentinos. En junio de 1997, Gorriarán y su esposa fueron condenados a perpetua por el ataque a La Tablada.

No se quedó callado. Hizo una huelga de hambre que lo llevó a la internación, hasta que Eduardo Duhalde lo indultó en 2003, junto a militares carapintadas, entre ellos Mohamed Seineldín.

Ese año publicó sus memorias y en 2006 armó el Partido para el Trabajo y Desarrollo, con el que pensaba presentarse en las elecciones presidenciales de 2007. Pero el 22 de septiembre de 2006 falleció por un aneurisma abdominal de aorta. En su velatorio se expusieron fotografías del Che Guevara, Augusto Sandino, Roberto Santucho, Emiliano Zapata, José Martí, Simón Bolívar y del pobre José de San Martín que, de haberle preguntado, creo que hubiese respondido que lo dejasen elegir con quien estar.

Fuentes: Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho; Diccionario biográfico de la Izquierda Argentina. De los anarquistas a “a la nueva izquierda”. (1870-1976), de Horacio Tarcus; La traición de su amante y el acuerdo que selló Menem para capturarlo: así cayó Gorriarán Merlo, por Juan Bautista Tata Yofré - Infobae

“Hace dos semanas, casi a las 5 de la tarde, empezó el enfrentamiento en Caño en Medio, parroquia de Udón Pérez, municipio Catatumbo, estado Zulia, entre guerrilla y ejército venezolano; hubo cinco muertos, cuatro de ellos del ejército venezolano y también hubo heridos que llegaron al hospital y por eso el hospital fue militarizado”.

“Hay cinco detenidos en esa Operación Relámpago del Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo. Los militares recibieron la orden de hacer un reconocimiento en esa zona del Catatumbo donde está la finca Buenos Aires, en el sector Caño Amarillo, del municipio Catatumbo del Zulia”.

La comisión de uniformados venezolanos ubica “a un grupo de irregulares, quienes estaban ahí ocupando la zona. Los militares actuaron como era razonable y enfrentaron a la guerrilla, pero en el cruce de disparos mataron a cuatro militares venezolanos, solo a un miembro del ELN”.

“Los heridos fueron trasladados al hospital, pero hubo orden de militarizarlo para impedir que se supiera lo que sucedió. Durante días esperaba que la información la diera a conocer la superioridad, pero solo silencio y luego sacaron un video sin mencionar nada de lo realmente ocurrido”.

Campamento del ELN

La presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano se ha reforzado desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013; numerosos reportes y testimonios dan cuenta de la tolerancia con la que la Fuerza Armada venezolana ha actuado ante esa guerrilla colombiana. Con los años esa tolerancia ha derivado en colaboración entre el ELN y la FANB.

Cuando ha ocurrido algún incidente con militares venezolanos, particularmente en la frontera, donde la guerrilla le ha arrebatado la vida a varios militares, la Fuerza Armada desde su más alta jerarquía ordena silencio y oculta los hechos.

En la conversación con Infobae, el militar relata “supimos que el campamento lo manejaba una facción del Ejército de Liberación Nacional (ELN-EP), porque se identificaron como tal y además tenían ahí uniformes, bandera y panfletos sobre su organización”.

Dice que en el campamento encontraron “nueve fusiles de diverso calibre, siete pistolas, dos artefactos explosivos, 20 rollos de cordón detonante, ocho radios transmisores; también dos computadores portátiles. En cuanto a vehículo había tres camionetas y cinco motos”.

No es la primera vez que la FANB guarda silencio cuando la guerrilla colombiana ha asesinado militares venezolanos porque se sienten amenazados con la presencia o ingreso de la Fuerza Armada a las zonas controladas por el Ejército de Liberación Nacional.

El video de la FANB

Es importante destacar que el uso del término “Tancol” (terroristas armados narcotraficantes colombianos) para referirse a los irregulares y que el general Hernández Lárez popularizó en sus mensajes y declaraciones ocultando así mencionar a las organizaciones guerrilleras por sus siglas y camuflando bajo una sola denominación a las también bandas criminales.

En el marco del despliegue propagandístico que tienen los medios oficialistas y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ (EJ) Domingo Antonio Hernández Lárez, preparan videos con fotos, grabaciones y música para publicitar los diversos operativos militares.

Uno de esos videos se dio a conocer ocho días después del ataque al campamento guerrillero, cuando el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, GD Javier Enrique Magallanes, reportaba al ministro de la Defensa, quien dijo encontrarse en la Universidad Militar Bolivariana.

En una transmisión con video propagandístico incluido el jefe de la Zona Operativa del Zulia dijo que se había desmantelado un campamento “utilizado por elementos Tancol”, donde fueron incautados “nueve fusiles de asalto, siete pistolas, dos granadas fragmentarias, 20 rollos de mecha lenta, 38 cargadores, cuatro vehículos de alta gama y tres motocicletas”. Agregó Magallanes que se también se desmanteló “un astillero clandestino de reparación y fabricación” con incautación de “tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico, ocho envases plásticos con mil 600 litros de gasolina, 22 envases metálicos para el traslado de resina y 13 rollos de fibra de vidrio”.

Específicamente el jefe de la ZODI en su reporte habla de “desarticulación de un campamento utilizado por elementos Tancol lográndose incautar 9 fusiles de asalto 7 pistolas dos granadas fragmentarias 20 rollo de mecha lenta 38 cargadores cuatro vehículos de alta gama 3 motocicletas se procedió al desmantelamiento de un astillero clandestino de reparación y fabricación en donde se incautaron 3 embarcaciones dedicadas al narcotráfico, 8 envases plástico con 1600 L de combustible tipo gasolina, 22 envases metálicos para el traslado de resina”

Lo que llama la atención es que Magallanes le agrega, lo que no aparece ni en el reporte ni en la declaración del oficial que habla con Infobae, y es la incautación de narcóticos, supuestamente hallados en el campamento. “Se logró incautar 126 kg de presunta droga cocaína, 15 escopetas de diferentes calibres, dos rifles de 38 mm y 22 mm respectivamente, 3 pistolas automáticas dos facsímiles se efectuó la destrucción de los diferentes campamentos e instalaciones pertenecientes a grupos Tancol”, es lo que asegura Magallanes. El general Magallanes ocultó los heridos, los muertos y los detenidos.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, publicó un mensaje en su cuenta de X que despertó comentarios divididos entre usuarios y figuras políticas. Su frase, directa y cargada de ironía, reavivó el debate sobre las posturas ideológicas frente a los grupos armados y el manejo del discurso político desde la izquierda.

Valencia escribió en la plataforma digital: “La izquierda es tierna. Para ellos los narcoparamilitares obviamente sí eran narcos, pero, en cambio, la narcoguerrilla no”. Con esas palabras, la congresista dejó entrever una crítica hacia lo que considera un doble rasero en la forma como ciertos sectores interpretan la historia del conflicto armado colombiano.

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En su mensaje, la congresista recurrió a la ironía para destacar lo que, a su juicio, constituye una contradicción moral. Valencia suele hacer énfasis en que los actores armados deben recibir el mismo tratamiento jurídico y ético, sin importar la ideología que los respalde.

Paloma Valencia lanza un mensaje que estaría apuntando a distintos frentes

Aunque la legisladora no mencionó nombres ni hechos concretos, su publicación encajó dentro de una línea de mensajes que mantiene desde hace varios años contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La líder del uribismo señaló en diferentes ocasiones que la izquierda trata con indulgencia a los grupos guerrilleros y que evita reconocer su participación en actividades ilícitas.

De acuerdo con la publicación, se puede inferir que su comentario se relaciona con las posturas que la senadora mantiene frente al pasado guerrillero del presidente Petro. En el pasado insistió en que el país no debe olvidar que el M-19, extinto grupo armado al margen de la ley al que perteneció el mandatario, realizó actos que afectaron a la sociedad y que hoy no pueden quedar cubiertos bajo el discurso de la reconciliación.

La publicación apareció en un momento en que se mantiene una fuerte discusión sobre la política de Paz Total, propuesta del Gobierno para dialogar con grupos armados ilegales. Desde la oposición, varios líderes han cuestionado esa estrategia y la calificaron como una forma de otorgar beneficios a estructuras criminales bajo la figura de procesos de paz.

El mensaje de Valencia se conoció también mientras se presenta una tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente norteamericano Donald Trump señalara a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”. Ese episodio reavivó los debates sobre la relación del Gobierno colombiano con el narcotráfico y las estrategias de cooperación internacional.

Todos estos antecedentes, especialmente desde la visión de la precandidata presidencial, conectan con el sentido de sus palabras en la actualidad, en un momento marcado por la crisis en la lucha contra el narcotráfico —ya mencionado—, que provocó el aumento de la violencia en Colombia y las tensiones con Estados Unidos; país que descertificó a la Nación para 2026 y amenazó con imponer sanciones por los señalamientos del mandatario colombiano hacia el jefe de Estado Donald Trump.

Aunque la senadora no mencionó ese hecho, su comentario pareció alinearse con el clima de controversia. Su publicación fue compartida ampliamente y generó varias respuestas; algunos usuarios la apoyaron al considerar que su mensaje refleja una inconformidad frente a lo que ven como un trato desigual hacia los distintos actores del conflicto y otros la criticaron por simplificar un problema complejo y por mantener un discurso que divide.

Algunos mensajes en respuesta a la publicación de la senadora señalan: “Ya no gritan eso de que somos un ‘narcoestado’… Justo ahora que si nos parecemos más a eso!”; “Esa no es la discusión, la discusión es como acabar el narcotráfico”; “Y para la tierna derecha, Como era la ecuación?”; “Y para ustedes es al revés, solo la guerrilla son narcos, pero ni los paras ni los amigos lo son”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó la divulgación en redes sociales de una imagen alterada del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, en la que aparece vestido con traje camuflado, simulando pertenencia a un grupo armado ilegal. Marín calificó esta difusión como una amenaza para la democracia, poniendo en alerta a las autoridades frente a este tipo de contenidos que circulan en las plataformas digitales.

“Esta es una asociación intolerable para una democracia. @DefensoriaCol rechaza esta imagen que se basa en un hecho falso que pone en riesgo a un aspirante de la izquierda, tan válido como todas las expresiones ideológicas, que enriquecen nuestra democracia. La imagen es violencia política, simbólica y puede alentar la violencia física”, escribió la defensora en su cuenta de X.

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En su mensaje, la funcionaria solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades electorales investigar la circulación de la imagen, esclarecer su origen y detener la propagación de noticias e informaciones que carecen de veracidad. Esto, teniendo en cuenta que, según denunció Iván Cepeda en sus redes, un periodista identificado como Pedro Viveros fue el responsable de difundirla; sin embargo, el comunicador negó haber hecho el fotomontaje.

En ese sentido, la defensora del Pueblo instó a los creadores y amplificadores de este tipo de publicaciones a asumir la responsabilidad de sus actos, puesto que impactan negativamente en la vida de las personas y en las instituciones.

Además, llamó a los usuarios de redes sociales, a los sectores políticos, a las y los precandidatos presidenciales y a los medios de comunicación a no difundir mensajes que contengan información falsa, y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de manipulación visual o verbal dirigido contra figuras públicas.

“Invitamos a todos los sectores a rechazar estos hechos. Hacerlo establece un límite ético que favorece la calidad de la democracia y a todos los sectores políticos. Marca las reglas de comportamiento de un debate democrático sano”, precisó Marín.

Iván Cepeda anunció denuncia contra el periodista que difundió la foto

Por su parte, el senador y precandidato presidencial negó estar involucrado con grupos al margen de la ley y solicitó al periodista presentar ante las autoridades competentes las pruebas que demuestran sus presuntos nexos con organizaciones guerrilleras, específicamente, con las extintas Farc, como se indica en la imagen. Advirtió que, en caso de no dar a conocer esa evidencia, lo denunciaría penalmente.

El comunicador respondió al aspirante, asegurando que no fue el autor de la imagen que fue modificada. En consecuencia, instó a Cepeda a hacer indagaciones antes de emitir denuncias de ese tipo. “Señor @IvanCepedaCast esa foto no es mía. Fue hecha por alguien que no fui yo. Así que averigüe bien antes de mandar mensajes como el que envió. Cordial saludo”, señaló.

El precandidato informó que, finalmente, acudirá a la Fiscalía General de la Nación para que el periodista sea investigado por difundir el fotomontaje. Recalcó que, según el artículo 222 del Código Penal, los delitos de injuria y calumnia también pueden ser indirectos, y se les atribuye a “publican, reproducen y repiten falsas imputaciones hechas por otros”.

En consecuencia, informó que el comunicador deberá asumir sus responsabilidades y responder ante la justicia, donde explicará y demostrará, con pruebas, si es o no el autor de la imagen que fue alterada para perjudicar al congresista.

“Señor Viveros: El uso arbitrario de mi imagen manipulada para endilgarme falsamente la pertenencia a un grupo armado ilegal es injurioso y calumnioso. Por tanto, será ante la Fiscalía que deberá explicar si este fotomontaje es suyo o no”, indicó Iván Cepeda.

El senador y precandidato Iván Cepeda Castro reaccionó a la publicación de una fotografía suya en la que aparece con un traje de camuflaje, como si hiciera parte de las Farc. La imagen, que fue compartida por el periodista Pedro Viveros, está incluida en una valla publicitaria en la que también aparece el aspirante Abelardo de la Espriella, de una corriente política contraria a la de Cepeda.

El comunicador aseguró que no elegiría a ninguno de los precandidatos. “Ninguna de las dos. Nos quieren sacar a “votar emberracados” por eso valoremos que muchas opciones para escoger bien y mejor, no caigamos en la trampa de los extremos”, escribió Viveros en su cuenta de X.

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Cepeda calificó la acción como un intento de desprestigio, y exigió al periodista que presente pruebas ante las autoridades sobre sus supuestos nexos con la guerrilla o, de lo contrario, tomará acciones legales en su contra.

“Publica usted una fotografía mía con traje de camuflado y que me presenta como integrante de una organización guerrillera. Una de dos: o entrega usted a la mayor brevedad posible la información de la que dispone sobre un hecho tan grave a las autoridades competentes o, de lo contrario, lo denunciaré penalmente por calumnia”, advirtió el aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico.

Viveros respondió a las afirmaciones del congresista, aclarando que no es el autor de la imagen alterada en la que se le muestra como guerrillero. En ese sentido, instó a Cepeda a indagar más a fondo antes de hacer advertencias sobre acciones legales a las personas equivocadas.

“Señor @IvanCepedaCast esa foto no es mía. Fue hecha por alguien que no fui yo. Así que averigüe bien antes de mandar mensajes como el que envió. Cordial saludo”, señaló.

Juan David Correa, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes del Gobierno de Gustavo Petro, se unió a la discusión, defendiendo al precandidato presidencial. Destacó lo que considera son cualidades del congresista.

“Quieren insistir en el relato de un país que se quedó atrás. @IvanCepedaCast es un demócrata, defensor de derechos humanos, progresista, culto, y eso, sin duda, los deja con un solo argumento falaz y peligroso. La sociedad colombiana ya es otra. El cambio es cultural y ético”, detalló.

Supuestos vínculos de Cepeda con el secretariado de las Farc

No es la primera vez que vinculan al senador con grupos armados. El 28 de agosto de 2025, un escritor llamado Camilo García Giraldo reveló en una extensa carta que, supuestamente, el congresista y precandidato estuvo relacionado con antiguos jefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

El escritor aseguró que el aspirante y su padre, Manuel Cepeda, solían visitar un inmueble que era conocido como la “Casa Verde”, donde, al parecer, el secretariado de las Farc hacía sus reuniones. Asimismo, lo señaló de haberlo amenazado en 1992, luego de haberse encontrado por coincidencia en un bus en Colombia y de haber agendado un encuentro para comer y conversar.

García Giraldo afirmó haberle dado su número telefónico a Cepeda y aclaró que era la única persona que tenía ese dato. Por lo que, cuando empezó a recibir llamadas amenazantes, concluyó que el senador podría estar detrás de esas intimidaciones.

“Concluí que no podía ser nadie más que el propio Cepeda o alguien mandado por él, quien me estaba haciendo esas tenebrosas llamadas. Decidí anticipar mi regreso a Suecia para evitar el riesgo de ser asesinado”, denunció.

El congresista negó las aseveraciones en su contra y, de nuevo, anunció acciones legales: “Es parte de los intentos por vincularme falsamente con las Farc. Su presunto autor es el señor Camilo García. A primera hora la radicaré en la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se investiguen a fondo estas acusaciones temerarias”.

Los rebeldes maoístas de la India anunciaron este martes la suspensión unilateral de la lucha armada que mantenían desde 1967 en el denominado Corredor Rojo, una región históricamente conflictiva en el este y centro del país. Este gesto responde a la fuerte ofensiva lanzada recientemente por las fuerzas de seguridad indias, que llevó a la eliminación de varios de sus líderes más relevantes y a la intensificación de operaciones en sus bastiones tradicionales.

En un comunicado difundido este martes, Abhay, portavoz del Partido Comunista de la India (CPI, maoísta), declaró la voluntad del grupo de “dejar las armas” y entablar un diálogo con las autoridades de Nueva Delhi. Abhay argumentó que la decisión fue tomada “teniendo en cuenta el nuevo orden mundial y la situación nacional, así como los continuos llamamientos del primer ministro, el ministro del Interior y los altos cargos de la policía”, y subrayó que el grupo está listo para entablar “conversaciones de paz” con el gobierno.

El portavoz detalló además que el partido venía realizando desde finales de marzo “esfuerzos serios y sinceros” para iniciar conversaciones con el Ejecutivo, siendo mayo el mes en el que formalizaron la propuesta de entregar las armas bajo la condición de un alto el fuego de un mes para consultar internamente. No obstante, Abhay criticó en el comunicado que el Gobierno no solo no respondió favorablemente, sino que “intensificó sus ataques militares de asedio y exterminio, que se han venido llevando a cabo desde enero de 2024”. El dirigente rebelde denunció, además, la muerte de cerca de una treintena de sus miembros, incluido su secretario general, en recientes enfrentamientos.

La escalada militar en el oriente del país ha dejado varios episodios destacados en los últimos días. La Fuerza Central de la Policía de Reserva anunció en su cuenta en la red social X la muerte de tres influyentes comandantes maoístas en el estado de Jarjand, identificados como Sahdev Soren, Raghunath Hembram y Birsen Ganjhu. Soren, miembro del Comité Central del CPI, tenía una recompensa cercana a los 96.600 euros. Tras el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad incautaron tres fusiles de asalto tipo AK-47.

El viernes pasado, las autoridades informaron la muerte de al menos diez presuntos insurgentes maoístas, incluido un comandante, durante una operación en una zona boscosa entre los estados de Odisha y Chhattisgarh. El portavoz de la Policía de Odisha, Sanyib Panda, identificó a los caídos como Modem Balakrishna, alias ‘Manoj’, y Pramod, ambos líderes relevantes del CPI. Panda afirmó en declaraciones recogidas por The New Indian Express que sus muertes representaban “un duro golpe a las actividades de los naxalitas” en Odisha.

En mayo, las fuerzas indias anunciaron la muerte de Nambala Keshava Rao, líder del CPI, en una operación en Chhattisgarh.

Durante casi seis décadas, los maoístas —conocidos en la región como naxalitas, por el pueblo del Himalaya donde surgió el movimiento en 1967— han combatido a las autoridades indias en demanda de reformas agrarias y derechos para campesinos y pueblos tribales.

El CPI, fundado en 2004, fue declarado organización terrorista por el gobierno indio cinco años después, y sus actividades han estado en el centro de la principal insurgencia armada interna del país desde entonces. Hasta la fecha, el conflicto ha causado más de 12.000 muertes entre rebeldes, militares y civiles, según cifras oficiales.

(COn información de AFP y EP)

“La guerrilla colombiana, siembra, custodia y traslada la coca a los laboratorios dentro o fuera de Venezuela; no me lo contaron, lo viví como comandante del entonces Teatro de Operaciones No 2, en La Fría, estado Táchira, y lo denunciamos directamente, en el año 2000, al entonces presidente Hugo Chávez y, públicamente en el año 2002”, dice el general de Brigada del Ejército, en situación de retiro, Néstor González González, a través de un escrito enviado a sus compañeros de armas.

Su afirmación viene a propósito de lo que ha ocurrido con la destrucción de una embarcación al sur del Caribe, que Estados Unidos asegura salió de Venezuela, con un cargamento de droga, y que para algunas voces critican porque pudo haberse detenido a las once personas que murieron e iban en la embarcación. “Ciudadanos que mueren mientras el régimen disfruta con esa sangre, entre suntuosas veladas y privilegios”, dice el alto oficial del Ejército en situación de retiro.

“Hay gente que se conduele, acude al respeto por los derechos humanos ante la destrucción de una lancha con venezolanos y un cargamento de drogas. Quiero hacer un recuento rápido, a fin se entienda que esas muertes se iniciaron con Hugo Chávez y son de Nicolás Maduro, quien ha intoxicado y envenenado a nuestros ciudadanos con el negocio del narcotráfico”.

Destaca el GB González que “la lucha comenzó hace 25 años o más y durante 25 años ha denunciado la asociación del régimen venezolano con la guerrilla”, sea Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la disidencia de las FARC.

“La guerrilla traslada la coca hasta los laboratorios en suelo venezolano. El régimen, cuyo brazo armado de la revolución es esa guerrilla colombiana, le paga con armas y tecnología”.

Asegura González González que “el régimen traslada la droga procesada por vía terrestre, marítima, aérea o fluvial por los diferentes puertos y vías a través de Venezuela de donde obtienen grandes dividendos para enriquecerse mediante el lavado de dinero, hacer negocios, compra de inmuebles, entre otros, en todas partes del mundo”.

Durante 25 años, primero el régimen de Chávez y ahora el de Maduro “han sido narcoterrorista convirtiendo a Venezuela en una corporación criminal”.

Desde hace 25 años

El general González fue uno de los oficiales que se insubordinó el 11 de abril del 2002 y un día antes hizo fuertes declaraciones contra Hugo Chávez, ante la prensa, señalándolo de negociar, a pesar del sufrimiento del pueblo venezolano, “para alcanzar sus objetivos comunistas”, increpándolo con dureza porque “no es aceptable que un Presidente diga que aquí no existe la guerrilla, cuando existen pruebas en poder del CUFAN (Comando Unificado de la FAN)”, y asumiendo que a Chávez le interesaba “más su relación con Fidel Castro y el comunismo. Somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted”.

En su escrito de ahora dice que “es necesario, hacer un rápido repaso de cómo hemos llegado hasta aquí y particularmente de las razones por las cuales hemos denunciado, acusado abierta y públicamente, desde hace 25 años, a Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro de narcoterroristas y a todos sus cómplices del actual gobierno de Venezuela”.

Siendo comandante del Teatro de Operaciones No 2 (TO2), en Táchira, el general González González denunció, en los años 2000 y 2002, la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. “Descubrimos y destruimos siembras de coca, marihuana, y amapola en la Sierra de Perijá, al noroeste de Venezuela”.

Asevera que en la zona “había campamentos guerrilleros colombianos a los cuales también combatimos, en territorio venezolano y muchos lugares más, desde la Villa del Rosario hasta el Páramo del Tama, a lo largo de 1250 km de frontera con Colombia”.

Insiste en la necesidad de “repetir esto, en honor a todas las vidas perdidas a lo largo de esta lucha y a las cuales debemos honrar, hoy más que nunca”.

Agrega el alto oficial, en situación de retiro, que, aun cuando el alto poder, ha utilizado las instituciones y la fachada del gobierno-país para el negocio ilegal y criminal de la droga, “los venezolanos avanzan en un estado de empobrecimiento económico, descomposición social y abuso de derechos humanos, cada día mayor”.

El general es enfático al señalar que “Nicolás Maduro y los miembros del gobierno, sus cómplices, tienen una empresa particular llamada ‘Venezuela’ con asociaciones y organizaciones internacionales de producción, tráfico y distribución de drogas, carteles mexicanos, colombianos y apoyo cubano, con la marca nacional llamada Cartel de los Soles, es decir Chávez fue, y Maduro ha sido y es narcotraficante”.

Estamos cerca

Para el oficial del Ejército González González, quien explica lo que vio, desde hace más de dos décadas, en la frontera de Venezuela con Colombia, y la actuación de la guerrilla y el negocio del narcotráfico, Venezuela ha sido destruida y traicionada la patria “por los intereses personales e ideológicos” de quienes han liderizado la revolución en Venezuela pues “han financiado, con las actividades del narcotráfico, grupos terroristas a nivel internacional”.

Dice que los narcóticos en Venezuela son “transportados y distribuidos en los países y ciudades del mundo, especialmente en los Estados Unidos con el objeto intoxicar, envenenar, matar gente, inundando e induciendo a la población, especialmente jóvenes, al consumo”.

Asevera que “ya no necesitan utilizar bombas humanas, mártires ni ataques armados como Hezbollah, ISIS o Hamas; ahora utilizan cocaína, fentanilo. Marihuana o heroína, para desestabilizar la sociedad y por ende, intentar desestabilizar los gobiernos; eso se llama terrorismo”.

Considera el oficial que “mucha gente no tiene claro y se apiada del actual llanto del régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, pero es necesario entender que la lucha de la campaña naval, aérea y militar de los Estados Unidos, en el Mar Caribe, no es contra nuestra Venezuela, no es contra los venezolanos, es contra la organización delictiva de Maduro y todos los que participen en ella”.

Insiste en asegurar que la operación contra carteles del narcotráfico que EEUU desplegó al sur del Caribe es contra un “régimen narcoterrorista, dictador y cargado de crímenes de lesa humanidad, hechos públicos y notorios, como el caso del piloto Oscar Pérez y muchos otros”.

A su juicio “Maduro y sus cómplices deberán pagar por sus horrendos crímenes y la miseria a que han sometido a los venezolanos, a lo largo de estos 25 años”, por lo que considera “necesario apoyar al Presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marcos Rubio, a todo el gobierno norteamericano y países amigos que hoy nos ayudan en esta lucha, para que en Venezuela florezca la libertad y democracia bajo la dirección del presidente electo Edmundo González Urrutia y la vicepresidente María Corina Machado”.

Finaliza el general retirado González que no debe haber más consideraciones para “quienes han destruido nuestro país. Debemos mantenernos firmes, inclementes, en esta lucha; estamos muy cerca y debemos hacer nuestro trabajo por amor a nuestra patria y por lo que tanto anhelamos, recuperar nuestra Venezuela, nuestra libertad y nuestra democracia”.

La zona rural del distrito especial de Buenaventura fue escenario de una reciente operación conjunta que expuso el accionar de uno de los grupos ilegales más activos de la región.

Cinco presuntos integrantes del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN fueron capturados durante un operativo articulado entre la Policía Nacional y la Armada de Colombia, incautando material de guerra presuntamente vinculado con una serie de ataques terroristas ocurridos en el principal corredor vial hacia el puerto vallecaucano.

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Según informó en declaraciones a medios de comunicación, el coronel de Infantería de Marina Ricardo Bisbal, se desplegó el dispositivo policial y militar en el corregimiento Los Córdobas, donde las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en cinco diferentes inmuebles.

En el lugar, los uniformados hallaron cuatro armas de fuego, tres granadas artesanales, tres proveedores para fusil y 24 cartuchos, cuyo destino final se presume estaba relacionado con la ejecución de atentados y actividades delictivas en la región. “Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para responder por los presuntos delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de estupefacientes y de armas de fuego”, explicó el coronel Bisbal.

Actividades de extorsión

La investigación relaciona a los capturados con recientes actos violentos, entre ellos la incineración de seis tractocamiones el 16 de julio de 2025, hechos que paralizaron el tráfico en la vía principal a Buenaventura y afectaron la seguridad de quienes dependen de esta arteria comercial. Las autoridades también atribuyen al mismo grupo actividades de extorsión a comerciantes, así como amenazas con armas de fuego en estaciones de servicio y parqueaderos del sector, mediante las cuales obtenían rentas ilícitas y perpetuaban un clima de intimidación. Los cálculos oficiales estiman que las rentas criminales generadas por estas acciones superan los 600 millones de pesos.

El resultado de esta operación se suma a una labor institucional sostenida durante el año en curso. El balance entregado por la Institución Naval en Buenaventura señala que, en lo que va de 2025, han logrado detener a 11 presuntos integrantes del GAO ELN, debilitando progresivamente las finanzas y la estructura operativa de este grupo en la región.

De acuerdo con las autoridades, la captura de estos cinco sujetos fue resultado de labores de inteligencia y trabajo coordinado entre las fuerzas del orden. El operativo cobró especial relevancia dada la peligrosidad de los materiales encontrados, en particular las granadas artesanales y las armas largas que, de acuerdo con los informes policiales, estarían destinadas a nuevos atentados o a fortalecer las redes de intimidación sobre la población civil y el comercio local.

Afectación en la economía local

El frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN ha sido relacionado durante los últimos años con el control de rutas de narcotráfico y el cobro de extorsiones en las zonas portuarias y rurales cercanas a Buenaventura. Las comunidades rurales y comerciantes del área han denunciado de manera constante los riesgos asociados a la presencia de este grupo armado, que emplea la violencia para obtención de recursos y como instrumento de control territorial.

Los detalles de la operación ponen en evidencia la persistencia del accionar delictivo del GAO ELN, a pesar de las capturas y los decomisos constantes que han influido en su estructura. El caso de la incineración de vehículos pesados fue especialmente impactante para la región, al tratarse de camiones de carga esenciales para la logística y abastecimiento de uno de los puertos más importantes del país. Además de las pérdidas materiales, los atentados han contribuido a generar un clima de temor y zozobra que afecta tanto la economía local como la movilidad regional.

El material confiscado y los presuntos responsables quedaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación, que determinó la apertura de procesos judiciales por tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas y estupefacientes. Las autoridades resaltaron la relevancia de estas acciones conjuntas como parte de una estrategia más amplia para combatir el fortalecimiento criminal en los corredores estratégicos del Valle del Cauca y garantizar mayores niveles de seguridad en la zona.

En un escrito publicado en su cuenta en X, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, se pronunció sobre la condena que fue emitida ayer 28 de julio de 2025 por la jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia a su padre por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Tomás Uribe afirmó que no dejará que la narcoguerrilla se apodere del país: "La narco guerrilla que hoy ostenta el poder en Colombia busca eliminar a la oposición democrática. No dejaremos“.

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En medio de su pronunciamiento publicó una foto donde mostró su inconformismo frente a la decisión de la juez Sandra Liliana Heredia.

En palabras de Tomás Uribe señaló: “Álvaro Uribe fue declarado culpable de sobornar a dos convictos para declarar en contra de Iván Cepeda, el jefe político de las Farc. La fiscal, elegida por Petro, pidió 10 años de cárcel y $2000 millones de indemnización. Mientras tanto, los jefes de Farc, y Petro, exguerrillero del ”M19″, celebran desde el poder sin haber pagado un día de cárcel a la par que reciben sueldo del Estado“.

“La juez Sandra Liliana Heredia logró escribir una sentencia de ”mil páginas" en el tiempo récord de dos semanas. Colombia pierde por lo pronto al líder de la oposición. Será una instancia superior, o la historia, la que califique este proceso por lo que es, un asalto de la narco guerrilla que ostenta el poder a la democracia colombiana", aseveró.

El hijo del exmandatario Uribe pidió a todos los conocedores del caso visibilizarlo y repasar cada una de las pruebas de las audiencia.

“Pido a los profesores y estudiosos del derecho, amigos, independientes o detractores, debatir el caso, visibilizar las apruebas y repasar los videos de las audiencias. La verdad siempre triunfa. Hoy ganaron las Farc y sus amigos. La batalla no ha terminado”.

Centro Democrático se pronunció sobre decisión de la jueza en caso de Uribe

Tras la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, de declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el partido Centro Democrático emitió una declaración oficial en la que expresó su respaldo al exmandatario y manifestó su desacuerdo con el fallo.

En el comunicado publicado la noche del lunes 28 de julio, la colectividad señaló: “Queremos manifestar nuestra tristeza y dolor por el sentido del fallo anunciado por la Juez 44 Penal del Circuito y por ello acompañamos al expresidente Álvaro Uribe y su familia en este difícil momento”.

Pese a que el fallo aún no es definitivo, la decisión judicial provocó múltiples reacciones. El Centro Democrático afirmó que respetará el proceso legal, pero mantiene la confianza en la inocencia de su líder natural.

“Respetamos las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho. Sin embargo, frente al fallo emitido hoy, reafirmamos nuestra convicción sobre la inocencia del expresidente”, informó el partido, citando a su equipo de defensa, liderado por el abogado Jaime Granados.

El partido también confirmó que la decisión será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá y que, de ser necesario, acudirán a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recordaron que Uribe, de 73 años, aún cuenta con garantías judiciales vigentes.

“Recordamos que esta no es una decisión definitiva. Mientras existan recursos judiciales pendientes, el expresidente Uribe conserva plenamente su presunción de inocencia”, afirmaron.

Paralelamente, jueces penales de Bogotá respaldaron a la jueza Heredia antes de la lectura del fallo. En declaraciones, defendieron la legalidad de sus actuaciones, indicando que todas las decisiones fueron tomadas conforme al análisis riguroso de las pruebas y dentro de lo que establece la Constitución.

“Seguiremos actuando con respeto institucional, firmeza jurídica plena confianza en que la verdad y la inocencia del expresidente Uribe prevalecerán”, finalizaron en el comunicado oficial.

“Es la propia justicia colombiana la que desmiente a los que sostienen que el senador Gustavo Petro no fue amnistiado ni indultado, y por tanto no es un luchador político”.

Con esta afirmación, Rafael Barrios Mendivil, fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, zanjó una de las controversias más persistentes en torno al pasado del actual presidente de Colombia. La declaración, recogida en un artículo conocido del Confidencial Colombia, no solo reivindica la condición política de Gustavo Petro, sino que también desmonta los argumentos de quienes han intentado inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por su antigua militancia en el Movimiento 19 de Abril (M-19).

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La polémica sobre la elegibilidad de Petro para ocupar cargos públicos cobró fuerza durante su paso por el Senado entre 2006 y 2010, cuando una demanda de pérdida de investidura buscó anular su elección. El ciudadano Orlando Parada impulsó esta acción, alegando que el entonces senador había violado el régimen de inhabilidades al haber sido condenado por porte ilegal de armas, delito por el que recibió una pena de 18 meses de arresto y permaneció en la cárcel Modelo hasta el 6 de febrero de 1987, fecha en la que recuperó la libertad tras cumplir la sanción.

La defensa de Petro, liderada por Barrios Mendivil, se centró en demostrar que la condena y la detención estaban directamente relacionadas con su pertenencia al M-19, organización insurgente a la que se vinculó en agosto de 1984, cuando ya ejercía como concejal de Zipaquirá. Según el abogado, el futuro presidente integró el Comando de Diálogo Nacional de Cundinamarca y dirigió la Asociación Bolívar 83, dedicada a la construcción de viviendas para 400 familias pobres.

El núcleo de la argumentación jurídica residió en la aplicación de la ley 77 de 1989 y el decreto 206 de 1990, normas promulgadas durante el gobierno de Virgilio Barco para facilitar la reconciliación nacional. La ley facultó al presidente de la República para conceder indultos y regular la cesación de procedimientos penales en el contexto de la desmovilización de grupos armados. El decreto, por su parte, reglamentó los procedimientos para hacer efectiva esa política.

En el proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, reconoció a Petro como miembro del M-19 y ordenó la cesación del procedimiento en su contra, en virtud de los artículos 10 y 11 de la ley de 1989 y su decreto reglamentario. De acuerdo con la defensa, este reconocimiento implicó que la tenencia de armas, por la que fue condenado, se consideró un delito conexo a la rebelión, lo que excluía cualquier inhabilidad para ejercer funciones públicas.

La demanda de pérdida de investidura no prosperó en el Consejo de Estado, que avaló la interpretación de que Petro actuó como integrante de una organización política y no como delincuente común. Barrios Mendivil subrayó que “Petro no incurrió en ninguna inhabilidad para posesionarse como senador, porque, al momento de los hechos, pertenecía a un grupo político y era miembro en la clandestinidad del movimiento M-19, y la tenencia de armas es conexa con el delito de rebelión”.

Una de las dudas recurrentes ha sido la ausencia del nombre de Petro en las listas oficiales de amnistiados e indultados. El abogado aclaró que el Ministerio de Justicia, mediante un oficio del 3 de febrero de 2012 y una comunicación del 12 de febrero del mismo año, informó al Tribunal Superior de Bogotá que el nombre de Gustavo Petro sí fue incluido en las listas contempladas por la normatividad vigente.

En su balance, Barrios Mendivil insistió en que la defensa de Petro se basó en su condición de actor político y no de delincuente común, y reivindicó su papel como abogado en el procedimiento administrativo adelantado por la Brigada XIII del Ejército, que lo procesó por su calidad de rebelde.

La polémica en torno al presidente de la República, Gustavo Petro, surgió por presuntamente haber sido beneficiaro de un indulto tras la desmovilización del Movimiento 19 de abril (M-19), grupo armado al margen de la ley del que hizo parte.

Fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez el que difundió un documento, que data de 1991, en el que Petro solicitaba un certificado judicial para poder asumir su curul como congresista, argumentando que en los registros del DAS aún figuraban órdenes de captura activas, las cuales, según su propio escrito, estaban cubiertas por un indulto.

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El jefe de Estado respondió citando un aparte de un documento dirigido al Ministerio de Justicia en el que se aclara que no se le otorgaron beneficios jurídicos. “Así mismo, se estableció que el señor Petro Urrego, no ha sido Amnistiado o indultado por el Gobierno Nacional, es decir que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecieron las citadas normas”.

A pesar de la prueba, Petro fue desmentido por la abogada Carolina Restrepo Cañavera, que publicó las leyes en las que se amparó el Estado colombiano para eximir al grupo de cualquier sanción. En su concepto, la togada explicó que no fue directamente para el presidente, sino para todos los integrantes del grupo armado, por lo tanto, sí fue beneficiario.

“No fue indultado “de un delito” concreto, porque no fue un proceso penal individual, sino un proceso colectivo de desmovilización política. El M-19 fue indultado como grupo mediante el Decreto 206 de 1990 y la Ley 77 de 1989. Petro no fue excluido de ese beneficio”, explicó.

De igual manera, sostuvo que “la carta del MinJusticia no dice que no haya recibido beneficios: dice que no quedó registro individualizado de indulto, lo cual es normal cuando se otorga colectivamente. Esa es la trampa del documento que hoy exhiben como “prueba”.

El testimonio de la abogada fue utilizado por críticos para justificar su posición. Entre ellos, el periodista Yesid Lancheros, que aseguró que hay pruebas de que Gustavo Petro fue indultado por actos criminales durante su permanencia en el M-19.

“El M-19 fue indultado como grupo mediante el Decreto 206 de 1990 y la Ley 77 de 1989. Petro no fue excluido de ese beneficio, explica la abogada Carolina Restrepo Cañavera, ante la controversia entre Uribe y Petro”, dijo, retomando la explicación de la experta.

En paralelo, rememoró una entrevista en la que el exabogado del mandatario expuso los beneficios a los que accedió por militar en el grupo armado ilegal con el mismo fundamento legal que explicó la litigante Restrepo.

“Presidente, su abogado Rafael Barrios Mendivil, el 26 de abril de 2021, explicó en detalle el beneficio que usted recibió en calidad de integrante del M-19. Usted se acogió a la Ley 77 de 1989 y al Decreto 206 de 1990”.

Sin embargo, el jefe de Estado insistió en que no hay argumentos que demuestren un indulto hacia él, porque cumplió con todos sus compromisos con la justicia. Además, señaló que estuvo en la cárcel, por lo que no tuvo ningún tipo de perdón en esa época.

“Nada señor Yesid dice el artículo acerca de si se me otorgó indultos u amnistías. En primer lugar porque cumplí mi arresto en la cárcel, en segundo lugar porque hubo un cese de procedimiento. Ni lo primero, ni lo segundo se llama indulto”.

De igual manera, sostuvo que las declaraciones a las que se refiere son anteriores a la desmovilización. “El artículo que muestra se refiere es al carácter político que tenía la contravención por la que se me arrestó en 1985 y que fué cuestionada por el concejal de la U”.

La PlayStation 5 Pro es, sin dudas, el siguiente paso para quienes buscan sacarle el jugo a cada pixel de tu pantalla. No es una nueva generación, pero tampoco un simple retoque: es una versión potenciada que toma lo mejor del hardware original y lo lleva más lejos. ¿Cómo? Con más músculo gráfico, mejores velocidades y un objetivo claro: que no tengas que elegir entre calidad visual o rendimiento.

¿Qué hace diferente a la PlayStation 5 Pro?

Sony se apoyó en tres pilares clave para justificar este salto: una GPU significativamente más potente, ray tracing mucho más eficiente, y una nueva tecnología de escalado llamada PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), que mejora la imagen sin sacrificar framerate. Todo esto permite algo que antes parecía exclusivo del PC de alta gama: jugar en 4K con ray tracing activado y a 60 fps. Y en algunos títulos incluso más.

No todos los juegos aprovechan todas estas mejoras, pero los que lo hacen, lo demuestran con creces. La diferencia se nota: sombras más nítidas, iluminación más realista, reflejos con más profundidad, texturas más finas, mayor cantidad de partículas. Los personajes respiran más vida, los escenarios ganan volumen, y todo se mueve con una suavidad que antes estaba reservada a los modos Performance, que no contaban con mejoras gráficas.

Modo Performance Pro: lo mejor de los dos mundos

Varios estudios —en especial los de PlayStation Studios como Insomniac Games, Naughty Dog o Guerrilla— diseñaron modos específicos para la PlayStation 5 Pro que combinan lo mejor de cada configuración. Estos nuevos Performance Pro ofrecen 4K con ray tracing y 60 fps, una combinación que antes requería elegir entre fidelidad o fluidez. Juegos como Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart o The Last of Us Part II Remastered son ejemplos claros de esto.

¿Qué juegos están mejorados?

Hay más de 100 juegos que ya fueron actualizados para aprovechar el hardware de la PlayStation 5 Pro. Algunos recibieron parches dedicados; otros fueron optimizados desde el desarrollo. Acá te dejamos un resumen de los títulos más grandes que presentan mejoras en la PlayStation 5 Pro. Incluso si un juego no está en la lista, la consola presenta la función Game Boost, que mejora automáticamente el rendimiento de más de 8.000 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5:

• Alan Wake 2
• Albatroz
• Apex Legends
• Arma Reforger
• Assassin’s Creed Mirage
• Assassin’s Creed Shadows
• Baldur’s Gate 3

• Black Myth: Wukong
• Call of Duty: Black Ops 6
• Clair Obscur: Expedition 33
• EA Sports College Football 25
• Dead Island 2
• Dead Rising Deluxe Remastered
• Demon’s Souls
• Diablo IV
• Dragon Age: The Veilguard
• Dragon’s Dogma 2

• Dying Light 2: Reloaded Edition
• Dynasty Warriors: Origins
• EA Sports FC 25
• Enlisted
• F1 24
• Final Fantasy VII Rebirth
• Fortnite
• God of War Ragnarök
• Hogwarts Legacy
• Horizon Forbidden West
• Horizon Zero Dawn Remastered
• Indiana Jones and the Great Circle
• Kayak VR: Mirage

• Kingdom Come: Deliverance II
• Lies of P
• Lords of the Fallen
• Madden NFL 25
• Marvel’s Spider-Man Remastered
• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
• Marvel’s Spider-Man 2
• Monster Hunter Wilds
• Naraka: Bladepoint
• NBA2K 25
• Ninja Gaiden 2 Black
• No Man’s Sky

• Palworld
• Paladin’s Passage
• Path of Exile 2
• Planet Coaster 2
• Professional Spirits Baseball 2024-2025
• Ratchet & Clank: Rift Apart
• Resident Evil 4
• Resident Evil Village
• Rise of the Ronin
• Rogue Flight
• Slitterhead
• Star Wars: Jedi Survivor
• Star Wars: Outlaws

• Stellar Blade
• Test Drive Unlimited: Solar Crown
• The Callisto Protocol
• The Crew Motorfest
• The Finals
• The First Descendant
• The Last of Us Part I
• The Last of Us Part II Remastered
• UFC 25
• UFL

• Until Dawn
• War Thunder
• Warframe
• Warhammer 40,000 Darktide
• World of Warships: Legend
• Zenless Zone Zero
• Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

¿Conviene dar el salto?

Para aquellos que buscan juegos impactantes en lo visual e increíbles en rendimiento, la PlayStation 5 Pro es ideal. No es solo una cuestión de gráficos más lindos: es un sistema que permite a los desarrolladores experimentar con un nuevo equilibrio entre potencia y estabilidad. Lo mejor es que muchas de las mejoras ya están activas y listas para disfrutarse.

La PlayStation 5 Pro no reinventa la rueda, pero definitivamente justifica su existencia con la potencia que ofrece. Para los jugadores que solamente se conforman con lo mejor, vale cada frame.

José Bladimir Bigott Portela alias El Mecha, quien desde hace años se erigió como jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la población de Elorza, estado Apure, es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al Concejo Municipal de esa población. Por su parte, uno de los gatilleros del ELN, Andrés Daniel Brito Ramos alias El Ojón, fue detenido por la DGCIM en un reacomodo de sectores de la guerrilla en territorio venezolano. Andrés Daniel Brito Ramos alias El Ojón se hacía llamar “Daniel Ramos” y es uno de los reconocidos gatilleros del Frente Oriental Domingo Lain Sánz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el fronterizo estado Apure, específicamente en Elorza, municipio Rómulo Gallegos.

El ELN en Elorza “desde que, hace tiempo, tomó el lugar donde se botaba la basura, no le permite a la comunidad que coloquen ahí los desechos”, le dice a Infobae un habitante de la zona. “La primera vez que nos encontramos con eso fue cuando, al ir a botar la basura, salió un hombre armado y nos amenazó con dispararnos si volvíamos por allí. No se trataba de nosotros, como creímos, era que el ELN se tomó ese lugar y ya ninguno de los elorzanos puede usar el lugar”.

Alias El Mecha se maneja no solo con armas, sicarios, sino también con testaferros, uno de ellos conocido como alias El Gordo. “Hace siete meses compraron dos fundos, y el hijo de José Bladimir Bigott Portela amenaza a personas que el grupo lleva para desaparecer”, revela un elorzano.

Se desconoce las reales razones para que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Sebin y Conas, se llevaran detenido a Andrés Daniel Brito Ramos alias El Ojón, hombre muy cercano a alias El Mecha, todos con estrecha relación con dirigentes del PSUV y funcionarios policiales.

A Andrés Daniel Brito Ramos alias El Ojón lo señalan, muchas personas de Elorza, de ser un sicario de la guerrilla del ELN en el municipio Rómulo Gallegos. “Estaba asociado con un grupo de la DGCIM en una red de extorsión, para obtener dinero de personas que los funcionarios de Contrainteligencia detenían o amenazaban con hacerlo sino pagaban altas sumas de dinero”. El lunes 14 de julio llegó una comisión mixta de funcionarios de la DGCIM, el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), enviada desde Caracas, quienes detuvieron a sus compañeros de Contraiteligencia Militar asociados a alias El Ojón.

El viernes 18 de julio 2025, a las 6 de la mañana, la comisión mixta fue por los elenos y hubo un enfrentamiento, donde Brito Ramos buscó huir, lanzándose al río, pero los funcionarios de la comisión mixta le dispararon mientras trataba de cruzarlo y por eso El Ojón resultó herido en pierna y brazo. A Elorza no le brotan soluciones sino problemas, porque ahora hay un individuo de la guerrilla alias Dieguito y alias El Indio que se ha proclamado “dueño de Elorza”, aumentando la indignación de sus habitantes. “¿Desde cuándo el ELN ha comprado un pueblo? ¿Desde cuándo compró Elorza?”.

Uno perdió protección

“Hace unos meses, antes de entrar las lluvias, Daniel Ramos y El Mechas secuestraron a un muchacho que acusaban de ser parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo golpearon y lo encerraron en una casa cerca de Defensa Civil”, dicen vecinos en conversación con Infobae, “después El Ojón anunciaba que se lo habían llevado para El Bote”, como llaman al lugar donde se dejaban los desechos en Elorza. “En los fundos que ellos compraron cerca de El Bote, tienen un centro de reuniones del ELN, ahí planifican acciones y desaparecen gente”, le dice a Infobae José Ángel, primo de un desaparecido en manos de la guerrilla. Ahora, no solo fue detenido Brito Ramos sino también dos de los funcionarios de la DGCIM con quienes hacía fechorías.

¿Por qué no se llevan al otro integrante del grupo, alias Mechas? La respuesta la da un dirigente vecinal de la zona “porque Mechas es candidato a concejal y de la fórmula que tiene el PSUV con el candidato a alcalde Pedro Guerra, pero principalmente porque Bigott Portela es un protegido del coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, porque El Mechas es el enlace del ELN con el gobierno”.

El candidato Bigott Portela, alias Mechas del ELN, hace campaña, visitas y paseos en una camioneta Hilux, color blanca, con placa que termina en 3R, “que Mechas dice se la regaló Granko Arteaga. Ahí envía provisiones, comida, colchones, hamacas y cosas así. Lo acompaña otro hombre, alias Caporal, quien se moviliza en una camioneta Autana color verde”.

Alias Mecha no solo usaba como sicario a El Ojón sino a alias El Julio, quien se pasea por Elorza armado y, al estilo del viejo oeste, llega a los lugares públicos de donde su grupo corre a las personas que se encuentren en esos sitios. “Si uno está sentado al frente de las casas, como es costumbre en estos pueblos, más aún si no hay electricidad, pasa la gente de Bigott Portela y nos obligan a entrar porque sino te matan”, reconocen vecinos de la comunidad. La lluvia ha traído consigo mayores problemas, porque para entrar hasta donde está El Bote “se encuentra con los guerrillos, hay que entrar por una zona llena de agua, porque el río creció mucho y extendió el agua hasta la sabana. Si se pasa para el lugar hay que atravesar una alcabala del ELN con esos hombres armados”.

De todos los pueblos fronterizos de Venezuela la guerrilla se lleva adolescentes para ser combatientes de las organizaciones irregulares. “Son jovencitos de 15 y 16 17 años, sin idea de qué es eso, les lavan el cerebro o los convencen con dádiva, mientras aquí la madre sufriendo por sus hijos adolescentes desaparecidos en manos de la guerrilla”.

Presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional han atacado las obras de la autopista Troncal del Magdalena 2 y han destruido al menos 33 máquinas, 20 vehículos y diverso material.

El ataque se ha producido entre las localidades de Pelaya y Curumaní, en el departamento colombiano de Cesar, según ha indicado el portavoz de la Policía Carlos Triana, que atribuye el ataque al ELN, según recoge la emisora W Radio.

La Concesión Autopista del Río Grande ha denunciado la destrucción de equipo y maquinaria esenciales para la ejecución del proyecto. Además, dos miembros del personal de seguridad fueron retenidos y brutalmente agredidos.

Entre la maquinaria afectada hay mezcladoras de cemento, excavadoras, vibrocompactadores, remolques, camiones pesados, camiones cisterna, piloteadoras, trituradoras y vehículos utilitarios.

La realidad había golpeado de la peor manera a Tucumán. En la tarde del viernes 14 de febrero de 1975, unos cincuenta hombres de Ejército del Grupo de Artillería de Montaña 5 regresaba de una patrulla en el monte tucumano, y a la altura de la localidad de Yacuchina, el teniente Rodolfo Ritcher se sorprendió por un hombre que, al verlos, echó a correr. Ritcher fue tras él y no reparó en un compañero del desconocido que, cuando pasó, le disparó un escopetazo en la espalda. El teniente primero Héctor Cáceres, un rionegrino de 29 años fue a auxiliarlo y recibió un tiro mortal en el cuello. El combate se generalizó, y hasta participaron helicópteros de la Aviación de Ejército. Hubo un par de guerrilleros muertos y, además de Cáceres, Ritcher quedaría paralítico de por vida. Esa acción pasó en la historia como el Combate de Pueblo Viejo y sería el bautismo de fuego para las tropas que habían sido llevadas a la provincia para combatir a la guerrilla que pretendía hacerse fuerte en el monte tucumano.

El 9 de febrero de ese año, mediante el decreto 261 del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se ponía en funcionamiento en esa provincia el Operativo Independencia, en el que se debía neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos.

El radio de acción del Ejército estaba delimitado al oeste de la ruta 38 que une a las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán. Las principales localidades de la región eran Famaillá, Montañeses y Concepción, región donde el Ejército Revolucionario del Pueblo pretendía iniciar un foco guerrillero y expandirlo a todo el país. Había iniciado acciones de guerrilla rural cuando tomó la localidad de Acheral -50 kilómetros al sur de la capital provincial- y su unidad más importante era la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que tomó el nombre de uno que había caído en un enfrentamiento policial tres años antes.

Mientras las tropas de infantería las destinaban a las patrullas en el monte, a los ingenieros los ocuparon en tareas de acción social, especialmente la refacción de las escuelas perdidas en el medio de la nada.

La primera sección de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5 llegó a Tucumán proveniente de Salta el 1 de mayo de 1975.

Eran 32 soldados, la mayoría albañiles, los que fueron recibidos por el capellán padre Martín y cada uno de ellos recibió escapularios de la Virgen del Carmen, patrona de Famaillá. Los alojaron en un galpón muy grande, que compartían con otras unidades. Debían ocuparse de arreglos de las escuelas de Yacuchina, Yonopongo, Balderrama y Manchalá.

Ese miércoles 28 de mayo de 1975 la primera sección de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5 debían terminar los arreglos de albañilería y pintura de la escuela rural de Manchalá, 47 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, ya que en un par de días regresarían a Salta.

El combate

Mientras unos reemplazaban con material el piso de tierra de las aulas, otros la pintaban. En el reparto de trabajos y responsabilidades, al soldado clase 54 José Romero le tocó el de centinela junto a sus compañeros Medina y Pardal.

La construcción estaba rodeada de eucaliptus y palmeras en medio del campo. Enfrente había un rancho y a unos dos kilómetros, cerca del río Colorado, la finca de los Sorteis. A unos cinco estaba la escuela de Balderrama, que también estaban arreglando y camino a Catamarca, se repartían tres más. La de Manchalá estaba a 25 kilómetros del escuadrón logístico en Famaillá.

Los fusiles, para no ensuciarlos, estaban colocados en el patio de adelante, cerca de una ermita con la imagen de la virgen, y los pupitres estaban apilados en la galería.

La suerte quiso que el ataque fuera a la tarde, porque en el único turno, el matutino, asistían treinta chicos.

Un poco más allá de la escuela, la calle de tierra, rodeada de cañaverales, hace una curva. Por ahí apareció una camioneta Chevrolet blanca, que amagó con frenar pero siguió, y sus ocupantes saludaron. Detrás la seguía una camioneta Ford gris modelo 1970 con su caja cubierta con una lona. Vieron a un individuo que apoyaba su pierna derecha en el paragolpe y la izquierda en la caja. “¡Milicos de mierda!”, gritó, y les disparó.

El combate comenzó. Entre los manchaleros -así les gusta llamarse- aún no logran ponerse de acuerdo con la hora, que fue a la tarde.

Un proyectil impactó en la pierna de Adrián Segura y le seccionó 18 centímetros de fémur. Sus compañeros lo arrastraron detrás de un árbol porque Segura, que no dejaba de maldecir, notó que su pierna no le respondía.

El soldado Rodolfo Demayo, que tenía el fusil en automático, disparó pero el arma se le trabó y mientras trataba de arreglarlo, se quedó junto a Segura.

Los soldados hirieron a uno de los agresores y vieron cuando un compañero le pasó su brazo por el hombro. En el momento que se agachó recibió un tiro que ingresó por la nalga y salió por la nuca. El caído era Domingo Villalobos Campos, un chileno que se hacía llamar sargento Dago.

Detrás de las dos camionetas, aparecieron un camión 608, un Rastrojero y un camión 1114 que transportaba armamento, ropa y comida. Estaban vestidos con un uniforme verde, pero sin casco. El 27 habían copado la finca Sorteis, apresaron a sus dueños y allí más de un centenar de guerrilleros habían establecido su puesto de comando.

Una de las camionetas frenó frente al rancho y con bolsas armaron un parapeto en forma de medialuna y apostaron dos ametralladoras Mag, una apuntando hacia la escuela y otra en dirección a la ruta 38. Comenzaron a disparar hacia la escuela.

Detrás de la ermita de la virgen del frente de la escuela se guarnecieron el cabo primero Gerardo Lafuente y el soldado Osvaldo Alcalá; el suboficial fue el que organizó la defensa. Alcalá no tenía fusil y Lafuente le ordenó ir a recoger uno que estaba a unos metros. Cuando el soldado lo tomó le disparó a una de las camionetas que pasó por el camino hasta perderse.

Los veteranos recuerdan que el combate, en sí, duró entre 45 minutos y una hora y que era infernal la lluvia de balas, que era como en las películas y que cuando impactaban en el piso les llenaban los ojos de tierra. Los proyectiles rebotaban por todos lados.

Demayo, que tenía su fusil trabado, alcanzó a llegar a la escuela, tomó otra arma y acompañó a Lafuente detrás de la ermita. El cabo primero, que indicaba hacia dónde disparar, mandó al soldado Romero al techo de la escuela. Mientras lo hacía vio cómo los disparos hacían saltar, muy cerca suyo, el revoque de las paredes.

Más allá de la curva del camino, se escuchaba cómo un camión del ERP regulaba sin cesar y Lafuente le ordenó a Demayo que disparase hacia ese lugar, e instantes después no se lo escuchó más.

En el documental “La Escuelita de Manchalá”, realizado por Sandro Rojas Filártiga en 2015, los veteranos contaron que cientos de pensamientos se cruzaron, como el que se acordó de sus padres mayores que vivían en el campo, de la madre viuda, y uno se preguntó si la muerte dolería.

Lafuente ordenó ir a rescatar a Segura, inmóvil detrás de un árbol en la entrada de la escuela. Con una soga Demayo lo ató y entre Alcalá y Pardal lo arrastraron boca arriba, mientras los terroristas continuaban disparando. Cuando llegaron a la galería de la escuela quisieron entrar pero la puerta estaba trabada y debieron abrirla de una patada. Lo colocaron sobre un pizarrón y notaron que, a pesar de la gravedad de la herida, no sangraba.

Escuchaban que los guerrilleros les gritaban con megáfonos “¡Grupo escuela! ¡Ríndanse! Los tenemos rodeados”. De adentro respondieron: “¡Avancen hijos de puta!”. “La cosa no es con ustedes, sino con los oficiales”, intentaron en vano convencerlos.

Esperaban, que de un momento a otro, los guerrilleros copasen el lugar y eran conscientes que la lucha sería cuerpo a cuerpo. Les preocupaba que en poco tiempo oscurecería.

Los tres camiones

Veinte minutos después llegó un camión del ejército que, ajeno a lo que sucedía, traía latas de pintura y los guerrilleros supusieron que eran refuerzos. Una de las ametralladoras les abrió fuego. Además del conductor, el soldado Mamaní, iba un suboficial y dos soldados. Para los que defendían la escuela fue un alivio, porque ya no eran el único blanco.

Mamaní pudo bajar y se cubrió detrás de los neumáticos. Estaba herido en el brazo, y perdía mucha sangre.

Lafuente dijo que había que ir a pedir ayuda y el único chofer era Demayo, cuyo Unimog que manejaba estaba cerca, pero el suboficial Héctor Reynoso no quería que fuera, que lo iban a matar y discutió con Lafuente. “¿Te animás a ir? Dejá tu fusil y tomá mi pistola”, le dijo Reynoso. Cuando subió, una ráfaga de ametralladora lo obligó a tirarse por la puerta del acompañante. Lafuente le indicó que subiera y que fuera marcha atrás y que tomase por el otro lado del camino. Dimayo así lo hizo pero cuando se dio cuenta que el vehículo no tenía frenos lo estrelló contra una pila de caños de desague.

Luego llegó otro camión con el mate cocido, pan y facturas para los que estaban trabajando. También respondieron el fuego.

Mientras tanto, a unos cinco kilómetros, de la escuela de Balderrama los soldados escucharon los disparos. Lo primero que pensaron Luis Peñaranda y Jesús Pucapuca fue que “los changos están solos”. El sargento primero Serafín Lastra ordenó ir y con media docena de soldados se subieron a un camión. Para llegar más rápido, cortaron camino por el campo. No calcularon que en el trayecto había un arroyo con un profundo barranco, el que lograron sortear gracias a que el vehículo tenía doble tracción. Llegaron diez minutos después que el camión del mate cocido.

Un proyectil pinchó un neumático, otro entró por la puerta y una esquirla hirió a Ricardo García en el antebrazo izquierdo, que era el conductor. Luego de intentar una maniobra, quedó atascado en la banquina.

Detrás apareció el camión volquete manejado por el soldado Luis Arce, quien iba a preguntarles a sus compañeros qué materiales necesitarían para el día siguiente. Cuando vio al camión del Ejército en la banquina y una camioneta Ford en medio del camino, pensó que habían chocado. Frenó unos metros antes y se bajó, dejando el fusil y el casco dentro del vehículo. Hizo un par de pasos cuando sintió que una ráfaga pasó muy cerca de la rueda delantera. En dirección al rancho, vio a un hombre que intentaba destrabar una ametralladora. Arce buscó su fusil y casco, a la par que escuchó que le gritaban que se tirase al suelo, que era un ataque.

Vio cómo el guerrillero que operaba la ametralladora se internaba en los cañaverales. Se escuchaban tiros esporádicos.

Cuando llegó el teniente Leopoldo Diamante Díaz, jefe de la sección, los propios soldados, que no lo habían reconocido, le gritaron “¡Tirate o te cago a tiros!” hasta que lo reconocieron.

Le explicaron lo que había ocurrido. El soldado Juan Sulca sintió un golpe y demoró en darse cuenta que tenía una bala en su costado derecho y aún perdiendo sangre, no había dejado de disparar.

El soldado César Mamaní tenía dos heridas en su brazo que le habían afectado el húmero y pedía no morir porque quería conocer a su hijo que nacería en meses, mientras el soldado Fava lo tranquilizaba. Había perdido mucha sangre y terminó desmayándose.

Ya anochecía y la Mag de los guerrilleros no dejaba de disparar ráfagas cortas. Arce encendió las luces altas del camión y subió a Mamaní, quien volvió en sí a los gritos porque lo tomaron por donde estaba herido.

Como Arce desconocía que había otros heridos, lo cargó a Mamaní y fue a Famaillá. Le costó convencer a la guardia que no le permitían ingresar y cuando lo hizo enfiló directo al hospital.

Cuando emprendió el regreso junto al sargento primero Soto, quien quiso ir, vio un centenar de vehículos del Ejército que se dirigían al lugar de la acción.

Mientras tanto, los defensores de la escuela esperaban el ataque final, ya de noche. Sin embargo, cerca de medianoche escucharon una suerte de explosión, y vieron cómo bengalas bajaban en paracaídas, iluminando el lugar como si fuera de día. Las disparaban desde la columna de vehículos del Ejército, quienes supusieron que los guerrilleros habían matado a todos los soldados. Iban con la idea de hacer volar la escuela, a la que creían en poder de los guerrilleros hasta que alguien, desde adentro, comenzó a entonar la canción del arma de ingenieros “Ingenieros, audaces guerreros…” “que la Patria en su yunque forjó”, respondieron y de adentro siguieron con la letra.

La escuela quedó con muchos impactos de bala en sus paredes y el rancho de adobe tenía cerca de treinta boquetes. Sus ocupantes se salvaron porque permanecieron cuerpo a tierra durante todo el enfrentamiento.

Los soldados se apropiaron de la bandera celeste y blanca con la estrella roja, que era de los atacantes y que llevaba el nombre de Compañía Ramón Rosa Jiménez.

El ERP dio su versión de los hechos en su revista Estrella Roja del 18 de junio: que una patrulla enemiga los había emboscado, y que el Ejército había tenido más de 20 muertos y heridos y que ellos solo habían perdido una metralleta PAM.

Lo cierto fue que además del “sargento Dago”, murieron Ricardo (Juan Carlos Irurtia) y fueron heridos el “teniente Pedro” (Héctor Burgos, chileno) y el “Hippie” (Ramiro Leguizamón). Se supo que estuvo presente Hugo Irurzún, “Capitán Santiago” integrante de la plana mayor del ERP, quien en agosto de 1974 había comandado el copamiento al Regimiento 17 de Infantería de Catamarca.

Por lo que supieron cuando todo terminó, ese nutrido grupo de guerrilleros iban a unirse con los Decididos de Córdoba para darles armamento con el que atacarían a las dos de la mañana del día siguiente -día del Ejército- el puesto de Comando Táctico de la V Brigada de Infantería, que estaba en Famaillá, donde planeaban asesinar al comandante y a oficiales y tomar rehenes a fin de levantar la moral, lograr la colaboración de la gente y apropiarse de armamento.

Al día siguiente, los soldados debieron regresar a la escuela a buscar los enseres y herramientas de trabajo. Les adelantaron que saldrían en la primera baja porque los consideraban héroes nacionales. El 30 de mayo regresaron a Salta y fueron relevados por la segunda sección.

El 1 de junio fueron saludados y felicitados por todos y ya, en el segundo día, comenzaron a ignorarlos hasta llegar al punto de que no los saludaban.

Todos se fueron de baja pero Arce -que al momento en que se había incorporado no le importaba su futuro- se quedó en el Ejército y se convirtió en suboficial solo por una razón: quería vengarse. Nunca olvidó los gritos de dolor de su amigo Mamaní que aún hoy le recuerda que le salvó la vida.

De esos soldados de la primera sección, algunos viven en Salta pero otros están desperdigados por todo el país. Uno de ellos, César Pardal, que hace años tiene una panadería, está radicado en Chile.

Los que viven en Salta son Rodolfo de Mayo, Luis Peñaranda, Hugo Ontiveros, Ricardo García, Juan Sulca, José Romero, César Mamaní y Osvaldo Alcalá. Algunos fueron profesionales, otros se dedicaron a instalaciones de luz y gas; están los que se ganaron la vida como manteros y vendedores ambulantes o empleados municipales o los que lograron instalar un comercio. Coinciden en señalar en que peor la pasó fue Juan Sulca, quien a sus 70 años aún sigue trabajando en la cosecha del tabaco, ganando una miseria. Para el documental de Sandro Rojas Filártiga, manifestó sentir dolor por haber sido abandonados por los gobiernos y se lamentó que, por años, le costó conseguir trabajo porque presumían que, como habían combatido, habían terminado locos. Admitió que, desde ese momento, su vida fue otra.

El monumento de la discordia

En 1976 levantaron en el Batallón de Ingenieros de Salta un monumento alusivo al combate, que tenía en su cúspide un globo terráqueo con un cóndor. En abril de 2013 el concejal peronista Martín Ávila fue el autor de la ordenanza 037/12 que estipulaba demolerlo porque argumentó que resignificaba el terrorismo de Estado. Se exponían dos razones: que la figura del cóndor remitía al Plan Cóndor, y sostenía que debajo de los cimientos había restos de personas desaparecidas. En 2013 lo demolieron y no hallaron nada.

Ahora levantaron otro. Para los soldados veteranos, es más lindo y moderno y ya no tiene ni el globo terráqueo ni el águila que a ellos les hacía recordar a una marca de bebida alcohólica. Tiene la figura de un soldado ingeniero con un lanzallamas, dos gauchos de Güemes, todo rodeados de las placas conmemorativas que lucía el original.

La escuela, con los años, se transformó en un museo y luego fue tirada abajo. Al lado construyeron otra, más moderna y con más capacidad que lleva el nombre “Compañía de Ingenieros De Montaña 5″.

El reconocimiento que no llega

Pasaron 50 años del hecho y siguen lamentándose por el olvido. Recién el 22 de mayo de 2018 el general Claudio Pasqualini, jefe del Estado Mayor General del Ejército los hizo desfilar y en la formación, les entregó una medalla que tiene grabada la leyenda “Combatientes de Manchalá”. Era el primer reconocimiento que recibían y que lucen orgullosos en los desfiles y actos.

Arce remarcó que durante las presidencias de Cristina Fernández y de Alberto Fernández estuvieron prohibidas las formaciones dentro de la unidad y entonces organizaban los desfiles en la avenida frente al cuartel. Vieron que era mucho mejor, porque participaban alumnos de las escuelas, agrupaciones tradicionalistas y toda la ciudad.

Este año volverán a desfilar dentro cuartel con la participación de toda la comunidad y, lo más importante, con la presencia de las familias de los veteranos.

Se sienten orgullosos porque la bandera del regimiento lleva la leyenda “Combatió con gloria por la libertad y el honor argentino el 28 de mayo de 1975″. Dicen que eso tiene más valor que cien monumentos y siempre recuerdan que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio durante un gobierno democrático, que pararon un ataque terrorista y abortaron una operación sobre el comando en Famaillá.

Ellos pretenden ser reconocidos por el gobierno nacional, hubo un intento de la actual vicepresidente Victoria Villarruel quien había hecho gestiones durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sin suerte y había esperanzas que para los 50 años fueran beneficiarios de una pensión. El diputado Ricardo López Murphy presentó recientemente un proyecto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo que abarca desde 1960 a 1989.

El pasado 25 de mayo esos soldados veteranos desfilaron en Famaillá y la comuna distinguió a los hechos de Manchalá con una declaración de interés municipal que reconoce a esos hombres que pasaron los setenta años pero que sus vidas quedaron marcadas a fuego por lo que habían hecho cuando tenían veinte.

Fuentes: La Escuelita de Manchalá, documental de Sandro Rojas Filártiga; entrevista a Luis Arias; colección Estrella Roja; La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho; La guerrilla en Tucumán, de Eusebio González Breard.

"Hay una segunda oportunidad. Ellos (el ELN) quieren mantener las reuniones en Cuba, en Venezuela (...) Hablé con el papa de este tema: ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz bajo, puede ser una ingenuidad mía, la creencia de que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz?", expresó Petro en un video publicado por la Presidencia.

El mandatario se reunió este lunes con el nuevo papa en una audiencia en la que hablaron de la positiva y duradera colaboración entre la Iglesia y el Estado para sostener los procesos de paz y reconciliación" y "los desafíos vinculados a la seguridad, a las migraciones y al cambio climático", según una nota del Vaticano. EFE

(video)

"Este anuncio representa una verdadera oportunidad para impulsar los esfuerzos de la paz y acabar con los conflictos extendidos cuyas repercusiones afectaron a los pueblos de la región durante décadas", agregó el departamento iraquí en un comunicado.

Según la nota, este paso permite "reconsiderar los pretextos utilizados para justificar la presencia extranjera sobre el territorio iraquí", en referencia a la actividad militar habitual de las fuerzas armadas turcas en el norte de Irak, donde el PKK tiene su retaguardia.

El Ministerio destacó su "apoyo a todos los esfuerzos encaminados a consolidar la paz y la estabilidad" y enfatizó "la importancia de abordar los desafíos de seguridad por el diálogo y el entendimiento para lograr las aspiraciones de los pueblos de la región de seguridad y desarrollo".

El PKK, considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía, anunció este lunes su disolución y el fin de su "lucha armada", respondiendo así al llamamiento que hizo a finales de febrero desde la cárcel el fundador y líder de la organización, Abdullah Öcalan, que lleva 25 años cumpliendo cadena perpetua.

Öcalan ya había anunciado el fin de las aspiraciones independentistas del PKK en 2013, así como la intención de integrar a los kurdos en una Turquía democrática y el abandono de las armas, pero el proceso se abortó en 2015 y los combates y ataques se intensificaron. EFE

El Ejército de Ecuador informó este martes que encontró los cuerpos sin vida de dos presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, el grupo disidente de la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al que atribuye el asesinato de once militares ecuatorianos el pasado viernes en una zona de la Amazonía.

El hallazgo se produjo durante una operación militar que se realizaba en el sector de Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana, específicamente en el denominado “punto cero”, lugar en donde el viernes se produjo la emboscada a una patrulla de la Brigada de Selva 19 Napo que realizaba un operativo contra la minería ilegal y que terminó con un saldo de doce muertos, entre ellos once militares fallecidos y un atacante al que se le ha identificado como el líder.

Según el Ejército, uno de los dos hombres “pertenecientes a dicho grupo irregular” tenía un uniforme y en la zona también se encontró granadas, mochilas y cargas explosivas colocadas en las maquinarias utilizadas para la extracción de material minero.

Además, se halló medicamentos, pañuelos con los distintivos de los Comandos de la Frontera, colchones y ponchos de agua.

“Con estos hallazgos se confirma que pertenecen al grupo irregular armado Comandos de Frontera y la muerte de tres de sus miembros durante el ataque del 9 de mayo”, señaló la institución en su cuenta de la red social X.

El primero de ellos fue encontrado ese mismo viernes, pero no fue hasta el lunes que las Fuerzas Armadas identificaron que el hombre, conocido como ‘Compadre’, era el presunto líder del grupo armado en Ecuador.

El hombre era el supuesto responsable del control de actividades ilícitas de minería ilegal en Ecuador, “así como del cobro de extorsiones, conocidas como vacunas, a los mineros que operan en la región”, en complicidad con la banda criminal ecuatoriana Los Lobos.

La operación es liderada por el comandante general del Ejército, Henry Delgado, quien el lunes se desplazó hasta la zona junto con más de 1.500 soldados de diversas unidades especiales para intensificar los controles en varias partes de la frontera con Colombia, con el objetivo de “identificar, localizar y neutralizar” a más integrantes de los Comandos de la Frontera.

El Ejército señaló que en estas operaciones están utilizando “tecnología especializada” como “cámaras FLIR y sensores LiDAR, que permiten recolectar información segmentada del área”.

Además, añadió que la Policía está colaborando en la investigación e identificación de posibles sospechosos que se encuentran al interior de la población, así como en el control de las vías del sector y de los trámites legales relacionados a los cuerpos encontrados y el material incautado.

Ecuador ha desplegado centenares de efectivos para “continuar con operaciones de reconocimiento ofensivo y rastrillaje para identificar, localizar y neutralizar” a los integrantes de ese grupo armado ilegal, destacó el Ejército. Añadió que “factores climáticos adversos han dificultado el desplazamiento hacia los puntos de interés operacional”.

El Ejército también señaló que desde el pasado domingo fue desplazado personal de unidades élite de fuerzas especiales y de inteligencia hacia las provincias de Orellana y Sucumbíos para intensificar las operaciones militares. Entre los puntos de patrullaje, están los ríos San Miguel y Putumayo, que marcan la frontera de Ecuador con Colombia “para prevenir el uso de esas rutas por parte de grupos irregulares”.

(Con información de AP y EFE)

Fundado en 1978 y de inspiración marxista leninista, el PKK comenzó su lucha armada en 1984 y es una organización que Ankara ha considerado siempre terrorista. Su decisión llega después de que a finales de febrero el fundador y líder de la organización, Abdullah Öcalan., pidiera desde la cárcel el fin de la lucha armada.

Desde que el PKK inició la lucha armada para conseguir la independencia del Kurdistán unas 45.000 personas -en su mayoría kurdos- han muerto en un conflicto que ha dejado decenas de miles de aldeas destruidas y cientos de miles de desplazados en el sudeste y el este de Turquía.

La detención de Öcalan

Después de los años noventa del siglo pasado, los más duros de la confrontación, las reivindicaciones independentistas del PKK fueron modificadas por las de una fuerte autonomía, una amnistía para los miles de presos y la posibilidad de participar en la vida política.

En 1999 se produjo la detención en Kenia de Ocalan, que tras varios años de exilio en Siria fue obligado a dejar ese país por las presiones turcas.

Aunque inicialmente condenado a muerte, la pena se le conmutó por la de cadena perpetua.

En su primera intervención ante los jueces, Ocalan pidió perdón a los familiares de los muertos por el PKK y exhortó a la guerrilla a deponer las armas.

La captura de Ocalan marcó una nueva época en el PKK, que decretó un alto el fuego unilateral, pero Turquía se negó a reconocer la tregua y a negociar.

El grupo armado reanudó sus ataques en 2004 y, tras una nueva tregua unilateral en 2006, intensificó sus acciones violentas.

Negociaciones de paz

En enero de 2013 el Gobierno turco autorizó contactos con Ocalan y en abril de ese año el PKK anunció la retirada de sus combatientes del territorio de Turquía. Sin embargo, en septiembre suspendió el repliegue en respuesta a la parálisis en el proceso de paz.

Durante 2014 y la primera mitad de 2015 no hubo avances y en junio de ese año se produjeron enfrentamientos entre el Gobierno y los militantes del PKK que condujeron al fin del proceso de paz, anunciado en julio de 2015 por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

A lo largo de la última década, el grupo armado reanudó sus ataques, mientras el ejército turco a su vez bombardeaba posiciones de la guerrilla kurda del PKK en el norte de Irak y efectuaba operaciones en el norte de Siria con el fin de controlar áreas habitualmente atacadas por el PKK y las Unidades de Protección Popular (YPG).

La etapa final

En otoño de 2024 la ultraderecha turca sugirió reiniciar el proceso de paz, y tras varias visitas de una delegación del partido de la izquierda prokurda, el DEM, que también se entrevistó con todas las fuerzas políticas turcas y viajó a Irak, Öcalan pidió desde la cárcel el pasado 27 de febrero el fin de la lucha armada.

El 1 de marzo el PKK anunció un alto el fuego unilateral, reclamando inicialmente que el propio Öcalan dirigiera en libertad un eventual proceso de paz con el Estado turco, petición a la que Ankara no respondió.

Entre el 5 y el 7 de mayo pasados, la guerrilla celebró un congreso para debatir la petición de Öcalan, y en él aprobó la decisión anunciada hoy de disolverse y abandonar la lucha armada.

Los kurdos, entre 35 y 40 millones de personas según las estimaciones, son el mayor pueblo sin Estado del mundo y la tercera minoría étnica más importante en número de Asia Occidental, tras los árabes y turcos.

Se asientan en el Kurdistán, una región de 500.000 kilómetros cuadrados que se extiende entre el sureste de Turquía, noreste de Siria, norte de Irak, noroeste de Irán y suroeste de Armenia.

Su población se reparte entre Turquía (20 millones), Irán (6,5 millones), Irak (6,5 millones), Siria (1 millón) y Armenia (300.000), además de su amplia diáspora en Europa y Estados Unidos. EFE

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este lunes su disolución y el fin de su lucha armada contra el Estado turco, una decisión histórica adoptada durante su 12º congreso, celebrado entre el 5 y el 7 de mayo en dos localizaciones diferentes, según informó la agencia prokurda ANF y otros medios vinculados al movimiento.

La resolución responde directamente al llamado de su fundador y líder, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999, quien en febrero instó a sus militantes a deponer las armas y desmantelar la organización.

“El 12º Congreso del PKK ha decidido disolver la estructura organizativa del PKK y poner fin al método de la lucha armada”, señaló la formación en un comunicado recogido por la agencia kurda Firat.

El texto añade que el proceso será “dirigido y llevado a cabo por el líder APO (Öcalan)” y que “pone fin a todas las actividades llevadas a cabo en nombre del PKK”.

Este paso marca el cierre de un ciclo iniciado en 1984, cuando el PKK tomó las armas con el objetivo de crear un Estado independiente para el pueblo kurdo en el sureste de Turquía.

A lo largo de más de cuatro décadas de insurgencia, el conflicto ha dejado un saldo de más de 40.000 muertos, según cifras oficiales turcas.

Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea han catalogado al PKK como una organización terrorista.

La decisión de disolverse no fue espontánea. El pasado 27 de febrero, Öcalan hizo público un llamado desde la prisión de Imrali, donde cumple cadena perpetua desde hace 25 años. En una carta, pidió al PKK que convocara un congreso para oficializar su renuncia a la lucha armada. Pocos días después, la cúpula del partido respondió con la declaración de un alto el fuego unilateral y comenzó los preparativos para la reunión decisiva.

“Estamos decididos a salvar a nuestro país del flagelo del terrorismo”, expresó el sábado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discurso en el que anticipó que pronto podría haber novedades importantes. “Avanzamos con pasos firmes hacia el objetivo de una Turquía libre de terrorismo”, añadió.

Durante el congreso, según indicó el PKK, participaron delegados que representaban a todas las ramas del movimiento, aunque no se detallaron sus ubicaciones ni los nombres de los asistentes por motivos de seguridad. La organización anunció que las conclusiones finales de las reuniones serán publicadas en su totalidad una vez que se unifiquen los informes de las dos zonas de celebración.

La última vez que se registraron esfuerzos significativos de paz entre el PKK y el gobierno turco fue entre 2013 y 2015, cuando se produjo una tregua que acabó colapsando tras una serie de atentados y operaciones militares. Desde entonces, los enfrentamientos se habían intensificado, particularmente en las regiones montañosas del sureste de Turquía y el norte de Irak, donde el grupo mantenía sus bases.

El fin formal de la estructura armada del PKK genera expectativas sobre la posibilidad de una normalización del conflicto kurdo en Turquía, aunque todavía no hay indicios de una respuesta institucional más allá de las palabras del presidente Erdogan.

No está claro, por ejemplo, si esta disolución abrirá la puerta a un nuevo proceso político con participación kurda o si se traducirá en medidas de reconciliación nacional.

Por el momento, Ankara no ha emitido un comunicado oficial de reacción detallada al anuncio del PKK, aunque medios estatales turcos han reflejado con amplio despliegue la noticia, destacando que se trata de un “triunfo de la política de seguridad nacional” del actual gobierno.

Con esta decisión, el PKK pone fin a una de las insurgencias armadas más largas de Europa y Oriente Medio, cerrando un capítulo marcado por décadas de enfrentamientos, represión y profundas divisiones étnicas.

Resta por ver si este anuncio conllevará un cambio duradero en la política interna turca y en la situación del pueblo kurdo, que representa aproximadamente el 20% de la población de Turquía, estimada en 85 millones de personas.

(Con información de EFE y AFP)

Hasta la subcomisaría décima del distrito (municipio) de Ybyrarobana llegaron en la noche del sábado tres sujetos que "efectuaron varios disparos de arma de fuego y lanzaron objetos incendiarios", detalló un informe de la Dirección de la Policía de Prevención y Seguridad de Canindeyú, difundido a la prensa por el Ministerio Público.

Integrantes de otras comisarías y de los departamentos Antisecuestro, de Hechos Punibles y Criminalística de la Policía, así como de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se trasladaron este domingo hasta la instalación, que, según la información oficial, presenta unos 35 impactos de proyectil, "aparentemente" disparados con armas largas".

Entre los objetos incautados, agregó la nota, está una bolsa "en cuyo interior se encontraban seis hojas blancas con logos e inscripciones alusivas" al EPP.

También se hallaron en los alrededores de la dependencia policial al menos 13 vainillas calibre 5.56 y una botella de vidrio con tela y combustible en su interior, que la Policía describió como "tipo bomba incendiaria".

El Ministerio Público ordenó el desplazamiento de un fiscal, que tendrá a cargo las investigaciones.

En octubre del año pasado, el comandante de la FTC, el coronel Julio César Alarcón, aseguró a una radio local que el EPP "existe todavía" e indicó que opera en el norte del país, donde se ubican los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro.

El EPP, según analistas, fue fundado en 2008 bajo postulados marxistas y siguiendo el modelo de la extinta guerrilla de las FARC en Colombia.EFE

La delegación del Gobierno que negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ve complicado retomar los diálogos tras la crisis desatada en Catatumbo y reprocha a los representantes de la guerrilla que hasta ahora solo hayan buscado "justificaciones" a sus acciones en esta región.

"Nos llama mucho la atención que frente a esos hechos lo único que se escucha del ELN son justificaciones", ha dicho el senador Iván Cepeda, integrante de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz, según informa RCN.

"A estas alturas yo quiero decir que en esas circunstancias el ELN está dando muestras de que no le interesa para nada seguir en un proceso de paz", ha valorado Cepeda, quien ha adelantado que visitarán nuevamente la zona este martes.

"Ha habido una acción despiadada contra la población civil", ha denunciado Cepeda, quien ha condicionado cualquier tipo de nuevo acercamiento a una verdadera muestra de interés por parte de la guerrilla de dejar atrás episodios como este.

Alrededor de 50.000 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares y decenas más han muerto en medio del aumento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región.

Por su parte, el ministro del Interior, ha calificado de barbarie estos últimos acontecimiento en Catatumbo y ha subrayado que lo hecho por el ELN "no tiene perdón de ninguna naturaleza ni justificación".

La región de Catatumbo ha sido tradicionalmente un bastión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha visto peligrar su control ante el aumento cada vez mayor del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Se trata de un área que incluye una quincena de municipios colombianos y hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados irregulares.

La escalada del conflicto motivó al presidente Petro a cancelar las negociaciones de paz con el ELN, las cuales ya venían sufriendo varios reveses por otras acciones de la guerrilla y en medio de los reproches del grupo armado, que acusan al Gobierno de no cumplir con algunos de los precarios acuerdos alcanzados.

"Gustavo Petro es quien ha generado la crisis humanitaria en el Catatumbo promoviendo y facilitando el desplazamiento masivo, con el pretexto de proteger a la población civil", ha acusado 'Antonio García' en una serie de mensajes en X.

El principal comandante de la guerrilla ha asegurado que Petro "está subordinado a la doctrina del Pentágono" de Estados Unidos y que ha intentado "legitimar las diferentes expresiones del paramilitarismo", en referencia al Frente 33 de las disidencias de las FARC con las que el ELN se disputa el territorio.

En ese sentido, ha reprochado a Petro que haya impuesto la "guerra total" al ELN y la militarización de la frontera con Venezuela, en el marco de la operación militar lanzada este viernes de manera conjunta por las fuerzas colombinas y venezolanas para hacer frente a la situación en Catatumbo.

Asimismo, ha asegurado que dichos planes esconden el interés de Petro por una "intervención militar extranjera contra Venezuela".

"Todo esto mientras utiliza su manipulación mediática para decir que es el ELN quien obliga a la gente al destierro y que la gente que aún queda por salir es porque el ELN la tiene confinada", ha acusado.

La región de Catatumbo ha sido tradicionalmente un bastión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha visto peligrar su control ante el aumento cada vez mayor del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Se trata de un área que incluye una quincena de municipios colombianos y hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace la convierte en una de las más disputadas por los grupos armados irregulares.

La escalada del conflicto motivó al presidente Petro a cancelar las negociaciones de paz con el ELN, las cuales ya venían sufriendo varios reveses por otras acciones de la guerrilla y en medio de los reproches del grupo armado, que acusan al Gobierno de no cumplir con algunos de los precarios acuerdos alcanzados.

En una operación desarrollada por la Policía Nacional en el municipio de Mercaderes, al sur del departamento del Cauca, fueron capturados dos miembros destacados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerados piezas clave dentro de la estructura del frente José María Becerra.

Uno de los capturados fue identificado como Yoveimar Grueso, conocido con el alias de Diomedes, que fungía como tercer cabecilla de dicho frente. De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Defensa, Grueso acumulaba más de 12 años de trayectoria en actividades criminales.

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Entre sus responsabilidades se encontraban la ejecución de acciones terroristas dirigidas contra miembros de la Fuerza Pública y contra la población civil, el control de corredores estratégicos de movilidad en el suroccidente colombiano, así como el reclutamiento de menores de edad para integrar el grupo armado.

Fuentes de inteligencia policial señalaron que alias Diomedes había recibido recientemente entrenamiento especializado en el manejo de explosivos en territorio venezolano. Además, sobre él pesaban tres órdenes de captura vigentes, y había logrado evadir previamente un operativo de las autoridades.

La operación también permitió la captura de José Taison Perlaza, alias Quinta, integrante del mismo frente guerrillero, que, según las autoridades, contaba con una trayectoria criminal de 10 años y lideraba acciones violentas dirigidas principalmente contra unidades de la fuerza pública.

Ambos capturados deberán enfrentar procesos judiciales por delitos como homicidio y rebelión, conforme a los cargos que les imputa la Fiscalía General de la Nación.

El ministro de Defensa destacó que con estas capturas se logra un golpe significativo a la línea de mando del frente José María Becerra, debilitando su capacidad operativa en la región.

Las autoridades continúan desplegando operaciones en el sur del Cauca, una zona prioritaria en las estrategias de seguridad por su complejidad en materia de presencia de grupos armados ilegales y dinámicas de violencia.

Plan pistola de grupos armados deja preocupantes cifras

Este esquema de ataques, liderados por el Clan del Golfo, en alianza con otros grupos armados como el ELN, ha resultado en el asesinato de al menos 13 policías y 4 militares en las últimas semanas.

El balance de la Policía Nacional hasta la fecha refleja un panorama alarmante: los ataques del plan pistola han afectado principalmente a Antioquia, Bolívar y Córdoba, regiones donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte presencia. Este grupo, considerado uno de los principales carteles del narcotráfico en el país, ha demostrado su capacidad para coordinar ataques simultáneos y letales contra las fuerzas de seguridad

El último atentado dejó como víctima fatal al patrullero Christian Juvenal Mora Parra, además de tres personas heridas, en hechos ocurridos eln la mañana del sábado 26 de abril de 2025 en el sector de Sitio Nuevo, en La Apartada (Córdoba).

Mientras que en horas de la tarde del mismo sábado, un francotirador de las disidencias de las Farc habría asesinado a un patrullero de la Policía en Suárez (Cauca).

Otro de los ataques ocurrió en la madrugada del viernes 25 de abril en el municipio de Simití (Bolívar), donde dos patrulleros fueron asesinados y otro resultó herido.

El ataque en Simití tuvo lugar a las 2:30 a. m., cuando un grupo de delincuentes, que se desplazaba en un bote por la ciénaga de la localidad, desembarcó cerca de la capilla de la Virgen de La Original, a una cuadra de la estación de Policía.

Desde ese punto, abrieron fuego con pistolas y fusiles contra los uniformados que se encontraban en servicio de vigilancia. Las víctimas fatales fueron identificadas como los patrulleros Edwin Agustín Feria Mercado y Belén Karina Durán Ortiz, mientras que el patrullero Imanol Javier Escorcia Torres sufrió una herida en la pierna. Los atacantes lograron huir nuevamente en el bote, aprovechando la oscuridad de la noche.

Bogotá, 27 ene (EFE).- Al menos 13 cuerpos sin vida fueron hallados este lunes en una zona rural del municipio colombiano de Teorama, en la convulsa región del Catatumbo (noreste), donde desde hace 11 días se enfrentan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

El personero de Teorama, Celso Sebastián Rincón, confirmó a EFE que son 13 las víctimas mortales halladas en el corregimiento de La Cecilia, de las cuales "11 son hombres y dos mujeres". También señaló que entre los muertos "hay tres menores de edad".

Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo desde el 16 de enero dejan entre 60 y 80 muertos, según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander. EFE

Bogotá, 25 ene (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó este sábado con explosivos un vehículo blindado del Ejército colombiano que se dirigía a la convulsa región del Catatumbo (noreste), donde la arremetida de ese grupo armado contra una disidencia de las FARC ha dejado entre 60 y 80 muertos en la última semana.

Las tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 5 estaban realizando "operaciones de estabilidad en la región del Catatumbo" cuando fueron atacadas por integrantes del ELN que activaron "un artefacto explosivo improvisado al paso de vehículos blindados" en una zona rural de Cúcuta, capital de Norte de Santander, departamento en el que está ubicado el Catatumbo, detalló el Ejército en un comunicado.

"En este hecho terrorista ninguno de nuestros militares resultó afectado. En desarrollo de esta acción fueron capturados en flagrancia tres integrantes del ELN, quienes presuntamente serían los responsables de este hecho. Estos sujetos quedaron disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización", agregó la información.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander.

Sin embargo, las autoridades solo han podido recoger 41 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales alejadas del Catatumbo donde las autoridades aún no han podido acceder.

Además hay más de 41.000 desplazados, según las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que alertó también de que 12.520 personas están confinadas por la violencia. EFE

Bogotá, 24 ene (EFE).- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió a las organizaciones sociales que conformen una comisión humanitaria para interlocutar y acordar protocolos para "el restablecimiento de la vida social" en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre esa guerrilla y una disidencia de las FARC dejan decenas de muertos.

"Es fundamental la conformación de una comisión humanitaria con la que el ELN pueda interlocutar para acordar protocolos que faciliten continuar con las labores humanitarias y el restablecimiento de la vida social y comunitaria interrumpida por la confrontación en algunas zonas", dijo el ELN en un videocomunicado que responde a una petición de organizaciones sociales y organismos como la Defensoría del Pueblo en la que le pedían a la guerrilla la apertura de un corredor humanitario.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría y la Gobernación de Norte de Santander, de los cuales solo se ha podido recoger 41 cuerpos por la situación que siguen viviendo zonas rurales alejadas del Catatumbo donde las autoridades aún no han podido acceder.

Además, hay más de 36.000 desplazados, sobre todo en la capital departamental, Cúcuta, y en los pueblos de Ocaña y Tibú, incluidas 700 personas diarias entre el 17 y el 19 de enero a Venezuela.

Igualmente, 395 personas han sido "extraídas" (retiradas de la zona), según el Gobierno, entre ellos 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares.

Mientras tanto, el ELN sigue justificando esta ofensiva en que las disidencias de las FARC son las que ponen en jaque a los ciudadanos del Catatumbo y denunciando que firmantes del acuerdo de paz de 2016 se han rearmado.

"El Catatumbo sigue siendo víctima del abandono social (...) y hoy es víctima del fracasado proceso de paz con las extintas FARC-EP que facilitó el rearme de muchos excombatientes que hoy integran el denominado Frente 33 de las exFARC (...) que hoy nos obliga a confrontarlos", dice el videocomunicado de la guerrilla a las organizaciones sociales.

Y también apuntan que su "objetivo único" es el Frente 33 y tiene "prohibido realizar acciones de población no combatiente", a pesar de las denuncias de la población civil de amenazas y secuestros.

El Ejército, de hecho, en las últimas horas ha evacuado a 25 campesinos de una zona rural de Tibú que estaban siendo perseguidos por la guerrilla.

Por otro lado, el ELN asegura que tienen a "decenas de integrantes del Frente 33 que han depuesto las armas, algunos rendidos en combate y otros entregados voluntariamente" como "prisioneros de guerra".

"Varios de estos, luego de procesados, han vuelto al seno de sus familias y comunidades", asevera esa guerrilla. EFE

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Bogotá, 20 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se está transformando en una organización "narcoarmada" y que ante la ofensiva que ha emprendido en el Catatumbo contra una disidencia de las FARC que ha dejado más de 80 muertos, "guerra tendrá".

"El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el Gobierno, estamos al lado del pueblo", dijo Petro en un mensaje en su cuenta de X donde añadió que "le corresponde al Ejército actual, el Ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino".

Los enfrentamientos en zonas rurales del Catatumbo que comenzaron el jueves pasado entre el ELN y una disidencia de las FARC han dejado 80 muertos, más de 20 heridos y más de 11.000 personas desplazadas, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo. EFE

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Bogotá, 19 ene (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró este domingo que los cinco firmantes de paz asesinados en los últimos días en la convulsa región colombiana del Catatumbo eran en realidad miembros activos de las disidencias de las FARC con las mantienen un enfrentamiento.

"El objetivo de nuestras acciones son el grupo armado del frente 33 de las ex-Farc, sus milicias armadas y su estructura económica, por tanto los llamados 'firmantes de paz' que han sido dados de baja en las operaciones realizadas no eran civiles sino activos jefes de milicias y responsables de finanzas del 33", aseguró el Frente de Guerra Nororiental del ELN en un comunicado.

Según la guerrilla, estos cinco firmantes -se verifica si dos más fueron asesinados entre el jueves y el viernes- "jugaban a dos bandos, por un lado ponían la cara ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) para recibir prebendas (jurídicas) y por otro integraban las filas del 33".

Sin embargo, en el comunicado la guerrilla no se pronuncia sobre el resto de hechos que se han producido en los enfrentamientos con esta disidencia de las FARC, entre los que se contabilizan ya más de 80 muertos, más de 20 heridos y miles de personas desplazadas, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo.

La situación en algunas zonas rurales del Catatumbo sigue siendo confusa después de que el jueves el ELN comenzara una ofensiva contra una disidencia de las FARC, un frente del Estado Mayor de Bloques, una escisión del Estado Mayor Central (EMC), que ha puesto en jaque a la población.

El ELN asegura que "continua con el desarrollo de las operaciones ofensivas contra las unidades de las ex-Farc" ataques que, aseguran, van contra 'Richard Suárez', el supuesto jefe del Frente 33 del llamado Estado Mayor de Bloques.

Tampoco hace referencia al hecho de que por estas acciones, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denominó "crímenes de guerra", el Gobierno ha suspendido los diálogos de paz.

"El presidente Gustavo Petro aterrizó en Tibú para anunciar 'Estado de Conmoción Interior y militarización', mientras sigue aplazando la firma y ejecución del llamado Pacto Territorial por el Catatumbo, acuerdo comprometido por el Gobierno Nacional y exigido por las comunidades para que el Estado empiece a pagar la histórica deuda social con esta zona del país", acusó el ELN. EFE

Cúcuta (Colombia), 19 ene (EFE).- Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región colombiana del Catatumbo (noreste), dejan más de 80 muertos, más de 20 heridos y miles de personas desplazadas, informó este domingo el gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar.

"Hoy en día tenemos un resultado que es muy triste, más de 80 personas asesinadas, más de 20 heridos, personas que ha tocado sacarlas de la región por vía aérea para poder salvar su vida", manifestó el gobernador.

La guerra del ELN contra las disidencias de las FARC por el control territorial, que comenzó el pasado jueves, ha provocado además el éxodo de miles de campesinos, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo, e incluso algunas han atravesado la frontera selvática hacia Venezuela. EFE

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Bogotá, 17 ene (EFE).- Los enfrentamientos en la región del Catatumbo, en el noroeste de Colombia, entre la guerrilla del ELN y una disidencia de las FARC dejan ya más de 30 muertos, entre ellos cinco firmantes del acuerdo de paz, según informó este viernes la defensora del Pueblo, Iris Marín.

"Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad", dijo Marín en su cuenta de X, donde añadió que "se reportan más de 30 personas muertas según información en confirmación, al menos 5 firmantes de paz asesinados, 10 heridos".

Marín añadió que hay "secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases", crímenes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha considerado "de guerra" y por los que anunció la suspensión de diálogos con el ELN. EFE

Bogotá, 16 ene (EFE).- La delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dijo este jueves que la guerrilla les ha asegurado que no tienen planes de asesinar a Álvaro Jiménez, asesor de la oficina de paz colombiana, como denunció el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño.

En una larga carta pública dirigida a los negociadores del ELN, Patiño denunció ayer que la guerrilla tenía planes para asesinar a su asesor que es prácticamente su mano derecha Álvaro Jiménez.

Y el consejero comisionado volvió a incidir hoy, ampliando la denuncia en declaraciones a periodistas en las que señaló que "curiosamente la decisión de asesinar a Álvaro (...) es del propio Comando Central del ELN", sin precisar el porqué de ese plan.

Según el consejero comisionado para la paz, para ejecutar el plan criminal esa guerrilla al parecer ha recurrido a "bandas sicariales que son empresas que (...) matan a quien les pague por hacerlo".

"No es simplemente una amenaza o una sospecha sino una certeza de que hay una decisión del ELN de matar a Álvaro", afirmó Patiño, quien añadió que la información sobre dicho plan le ha llegado de "ocho fuentes distintas, todas ellas confiables".

Sin embargo, la delegación de Gobierno, liderada por Vera Grabe, publicó hoy un comunicado asegurando que en diciembre, tras recibir de Patiño esta información, le preguntaron por comunicación escrita al ELN sobre dichos planes.

"En respuesta a esta solicitud, el ELN ha asegurado que no existen amenazas a planes como los mencionados por parte de su organización", apuntó la delegación.

Además, la delegación del Gobierno remitió la respuesta del ELN al consejero comisionado para la paz el pasado 9 de enero "con el fin de contribuir a prevenir cualquier situación".

No es la primera vez que la delegación de Gobierno se planta de forma pública frente a quien supuestamente es su jefe, Otty Patiño, pues el pasado mes de abril, en otro comunicado le pidieron al presidente colombiano, Gustavo Petro, que decida si se continúan los diálogos con la guerrilla o solo con un frente, que supuestamente se ha dividido del ELN, en un proceso autónomo.

Esta petición con tintes de ultimátum se dio después del congelamiento de la mesa de negociación, cuyo último ciclo fue hace un año en México, por un proceso de paz autónomo que el Gobierno mantiene en Nariño, en el suroeste colombiano, con el Frente Comuneros del Sur, que pertenecía al ELN pero se escindió.

Este diálogo regional enfadó a la delegación que negocia la paz por parte de la guerrilla que aseguran que el jefe de los Comuneros, Gabriel Yepes Mejía, conocido como ‘HH’ o ‘Samuel’, es realmente un infiltrado de la inteligencia militar para crear la imagen de que la guerrilla está dividida.

Por eso se han mantenido durante un año las negociaciones estancadas. Las partes tienen intención de reunirse antes de que acabe el mes de nuevo para buscar las vías de volver a encauzar los diálogos. EFE

En medio de una entrevista con Juanpis González para su canal de YouTube, el creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, reveló detalles de su consolidación como figura pública y de su vida personal, desconocidos hasta el momento.

El joven, de 24 años, que se ha caracterizado por consolidar una fortuna y mostrar una vida llena de excentricidades gracias a sus actividades en redes sociales, reveló que en su adolescencia vivió las inclemencias de la desigualdad en Colombia, pues, junto a su familia, fueron víctimas del desplazamiento forzado a causa de los grupos criminales que atemorizan a varios departamentos del territorio nacional.

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Explicó que, en medio de sus días en la finca de su familia en un municipio del departamento de Antioquia, llegaron actores armados que los obligaron a desalojar el predio o, de lo contrario, los asesinarían: “No sé quiénes eran, gente que desplazaba gente. Se veían como campesinos gamines, armados. Tenía como 14 años y vivíamos en una finca fuera de Mutatá (Antioquia). Nosotros no salíamos de ahí (...) En una de esas llegó la guerrilla y nos dijo que nos teníamos que ir, entonces nos tocó irnos porque si les decíamos que no, nos fritaban”.

A causa de esa situación, regresó a la capital de Antioquía para vivir en condiciones de pobreza: “Pero sí, nos desplazaron y volví a Medellín como estrato 0. Antes sí era para llorar, pero ahorita se puede pasar mejor. Ya lloré lo que debía con esos temas”.

A raíz de esta situación, aseguró que aun en el sistema figura como estrato 0, por lo que continúa recibiendo todos los beneficios del Gobierno, a pesar de la condición socioeconómica que tiene actualmente.

Dice que gracias a ello, goza de muchos beneficios: “Yo, en este momento, me enfermo y no tengo que pagar un centavo. Muchas veces he llamado para que me saquen de estrato 0 y a mí no me sacan. Ahí nos damos cuenta del Gobierno que tenemos, que ni siquiera para sacarlo a uno”, y continúa recibiendo un subsidio que le llega cada dos meses por una suma cercana a los $300.000.

También contó que logró escaparse de las garras de la guerrilla en varias oportunidades. Relató que, en una ocasión, huyeron de estos delincuentes estando en una bananera. Lograron llegar a su vivienda, y no había pasado el susto cuando su madre los golpeó por temor a que los fueran a buscar.

Juanpis no dudó en interrogarlo sobre su fortuna y si ha realizado o considerado en hacer actividades ilícitas como el lavado del dinero, situación por la que ha sido señalado en oportunidades. El joven respondió de manera contundente y aseguró que lo que está en juego más que el dinero es la imagen de quien esté al frente de las empresas, en este caso, él:

“Una persona que tiene empresa, trabaja para ella y camella duro, nunca va a ensuciar su nombre o su dinero, porque entonces, ¿para qué está haciendo eso?”. Afirmó que son muchos los influencers que lavan dinero, porque en sus inicios fue creador de contenido y conoce las tarifas e ingresos para el gremio, lo que no les permitiría los lujos que, en la actualidad, gozan muchos de ellos.

Asegura que las múltiples empresas que ha logrado consolidar en un par de años le han permitido despreocuparse la urgencia de conseguir dinero para las necesidades básicas, así como la generación de empleos para miles de personas. Además, ha contribuido a muchas fundaciones diciendo que eso son cosas que no tienen porque estarse divulgando en público y mucho menos en las redes sociales.

El presidente de Gustavo Petro volvió a manifestar sus desacuerdos con la Justicia Especial para la Paz (JEP), señalando que el tribunal transicional no está recibiendo las versiones de los exparamilitares dentro de su marco de actuación.

Según el mandatario, esta decisión representa una limitación en la construcción de una verdad completa sobre el conflicto armado en el país.

Petro ha insistido en la necesidad de un tribunal de cierre que permita consolidar todas las versiones de los actores del conflicto, incluyendo no solo a exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, sino también a paramilitares y otros terceros vinculados.

En su reciente pronunciamiento en la red social X, expresó su inconformidad con la JEP, al afirmar que esta no ha dado espacio a los testimonios de exparamilitares, a pesar de que el acuerdo de paz contempla la posibilidad de citar incluso a narcotraficantes.

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“Por que la JEP no recibe versiones de paramilitares, y se reduce a exguerrilleros y militares, cuando el acuerdo de paz, dice que podrían citar hasta a narcotraficantes? Creo que aquí hay una de las grandes barreras a la eficiencia judicial y a la verdad”, escribió Petro en la mencionada red social.

No obstante, la realidad del tribunal transicional es más compleja. Si bien es cierto que exparamilitares han testificado en diversos casos, como en el Macrocaso 08, donde se investigan crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles, su participación se ha limitado al rol de testigos. Figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) han comparecido ante la JEP, pero no han sido formalmente admitidos en su jurisdicción.

La razón de esta exclusión radica en la existencia de otro mecanismo de justicia transicional para los paramilitares: la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz.

Desde su creación, la JEP estableció que solo podrían participar en sus procesos los terceros civiles que hayan financiado el paramilitarismo, y no los miembros de los grupos armados en sí.

Por ello, aunque algunos exparamilitares han intentado postularse alegando ser financiadores del conflicto, su inclusión ha sido rechazada con el argumento de que ya se beneficiaron de otro esquema de justicia transicional.

Las declaraciones de Petro reavivan un debate sobre los alcances de la JEP y su papel en la consolidación de la verdad sobre el conflicto.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de un mecanismo más amplio, el tribunal mantiene su postura de operar dentro de los límites definidos desde su creación. Este nuevo choque entre el Ejecutivo y la JEP refleja las tensiones persistentes en el proceso de paz y la búsqueda de una narrativa integral sobre los hechos violentos que marcaron la historia reciente de Colombia.

Estados Unidos reactivó parte del financiamiento para la JEP que estaba congelado por el gobierno Trump

Un proyecto fundamental para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia recibió un nuevo impulso tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de reactivar una parte de los recursos que habían sido congelados durante la administración de Donald Trump.

La financiación, que asciende a diez mil millones de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares), permitirá retomar actividades esenciales en el marco de la justicia transicional en el país sudamericano.

De acuerdo con el reporte, los fondos están destinados a un proyecto denominado Aumentando el impacto de la JEP con un enfoque holístico de la justicia transicional.

Esta iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

l proyecto, que involucra a la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y la Organización Internacional para el Estado de Derecho y el Desarrollo, había quedado en pausa tras la decisión de Trump de suspender proyectos de cooperación internacional en enero de 2021.

El congelamiento de los fondos, que afectó no solo a la JEP sino también a otros proyectos humanitarios en Colombia, fue parte de una política más amplia de la administración Trump.

Bogotá, 26 mar (EFE).- Comunidades de la región colombiana del Catatumbo consideran, según constató Human Rights Watch (HWR) allí, que el Gobierno colombiano tomó partido a favor del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la guerra que libra en esa zona con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 16 de enero.

"La percepción, a partir de eso que hemos podido documentar en territorio, es el sentimiento de comunidades (...) de que el Gobierno había tomado partido en esa disputa entre el Frente 33 y el ELN, por el Frente 33", expresó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una rueda de prensa en Bogotá.

Goebertus presentó el informe 'El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal', que señala que estos grupos armados cometieron "graves abusos" contra los habitantes de esa región fronteriza con Venezuela.

Antes de que estallara el conflicto guerrillero, el control territorial del Frente 33 -liderado, entre otros, por alias 'Jhon Mechas' y 'Richard'- "venía claramente ampliándose", indicó Goebertus.

"Estaban todas las señales de ampliación del control territorial: mayor reclutamiento de menores, mayor capacidad de incidir en juntas de acción comunal", agregó.

La directora de la División de las Américas de HRW recordó que el Estado Mayor de los Bloques (EMB), la disidencia de la que hace parte el Frente 33, tiene activa una mesa de negociación con el Gobierno, y está vigente un cese al fuego bilateral que concluye en abril.

"En el marco de la política de paz total, pudimos documentar que los ceses al fuego permitieron la ampliación del control territorial del Frente 33, su posibilidad de ampliar el reclutamiento de menores", explicó.

Goebertus expresó que "el anuncio de la implementación de proyectos de desarrollo rural, que fueron públicamente acordados entre el Frente 33 y el Gobierno, relacionados con proyectos de arroz y humedales" fueron interpretados por el ELN "como una amenaza".

El Ejército de Liberación Nacional "señaló que iba a vengarse de quienes participaron de esos procesos", como lo hace desde el 16 de enero, agregó.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo obligaron a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas, según el informe.

El resultado de esa confrontación fue que, según las autoridades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo, 78 personas, entre ellas cuatro niños, fueron asesinadas entre el 16 de enero y el 8 de marzo.

Según Goebertus, las víctimas entrevistadas "también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales".

Muchas de las personas entrevistadas para la elaboración del informe contaron "que el Frente 33 tiene lo que describen como 'campamentos de resocialización'" a los que llevan para someterlas a trabajos forzados a personas acusadas de violar sus "normas", como por ejemplo, consumir drogas o apoyar al Ejército.

"Documentamos particularmente el caso de un hombre de 35 años que en diciembre del año pasado fue sacado de Tibú por hombres armados que supuestamente estaban investigando el hecho de que él subiese un video a sus estados de WhatsApp de un helicóptero militar", contó Goebertus.

Agregó: "Él describe haber estado en un lugar, a 45 minutos de Tibú que podría ser incluso dentro de Venezuela, con 27 personas más, donde fue obligado a cortar caña desde las 4:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y a formar constantemente en una lógica militar".

En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, María Fernanda Viola celebró que el Gobierno Nacional haya reconocido “hidalgamente” que el atentado sufrido por su padre, el capitán Humberto Antonio Viola y su hermana, María Cristina, representa un crimen de lesa humanidad. El hecho fue cometido en la provincia de Tucumán 1° de diciembre de 1974, por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En un acuerdo de solución amistosa, celebrado en la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, el Gobierno de Milei decidió cambiar la posición que el Estado argentino había mantenido hasta aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al pedido de la familia Viola. Este cambio modifica la postura que había adoptado el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, que no reconocía aquel hecho en esa categoría. Milei adoptó la visión contraria.

“El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, insistió María Fernanda en la misiva a la que accedió Infobae.

Más adelante, cuestiona la actuación del gobierno del Frente de Todos. “Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado (el gobierno actual) que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso”.

“Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”, añade.

Finalmente, destaca que “homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.

Cómo fue el hecho

El 1 de diciembre de 1974, en San Miguel de Tucumán, el capitán del Ejército Humberto Antonio Viola fue asesinado junto a su hija María Cristina, de tres años, en un atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El ataque ocurrió cuando la familia llegaba a la casa de los padres de Viola para almorzar. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y su otra hija, María Fernanda, de cinco años, también fueron víctimas del ataque; María Fernanda resultó gravemente herida con un disparo en la cabeza.

Tras el atentado, el ERP reconoció la muerte de la niña como “un exceso injustificable”. Los responsables fueron capturados y condenados a reclusión perpetua en 1976; sin embargo, para fines de la década de 1980, todos habían sido liberados bajo libertad condicional.

La carta completa

Han pasado cincuenta años desde aquel primero de diciembre de l974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista.

Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones.

Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública.

Durante los mismos hemos sufrido mucho al ver como los distintos poderes del estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.

Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia,y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes.(ver: capítulo sexto sentencia Cámara Federal, situación preexistente al 24.3.76

Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y, lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla.

Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en “Testamento de los años 70”, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución.

Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre no bajó nunca sus brazos. Una y otra vez sostuvo que para el dolor no hay ideologías: “Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las victimas de la subversión somos discriminadas”-.dijo, al hablar en la Plaza San Martín.

No dándose jamás por vencida denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación, por el Estado Argentino, de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art 3 común de las Convenciones de Ginebra de l949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.

Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16”María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras”, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada, que – destaco- la Corte Suprema aplicara en la causa “Arrillaga”, el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad.

Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso.

Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.

Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados.

Bogotá, 22 dic (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó este domingo que realizará un cese al fuego unilateral en toda Colombia en las fiestas navideñas, "como gesto de paz con el pueblo colombiano".

Se trata de un gesto ya tradicional en esa guerrilla en estas fechas y que iniciará a las 00:00 horas del 23 de diciembre y terminará a las 00:00 horas del 3 enero de 2025.

"En tal sentido, la Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado", apuntó la guerrilla en un comunicado publicado este domingo.

Además, aseguró que el ELN "en ningún momento realiza operaciones militares que afecten a la población".

Se trata del primer cese al fuego unilateral desde que el pasado 3 de agosto acabara el alto al fuego más largo pactado entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano, debido a que las dos partes no se pusieron de acuerdo para su renovación después de un año en vigencia.

El Gobierno y el ELN retomaron en noviembre de 2022 las negociaciones de paz y se han realizado varios ciclos, pero actualmente se encuentran suspendidas y las dos partes tienen previsto volver a la mesa de diálogos en enero para tratar el descongelamiento de las mismas. EFE

La principal guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha anunciado un alto el fuego unilateral con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que ha destacado como "un gesto de paz".

"La Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado", ha explicado la guerrilla en un comunicado que fija el inicio de la tregua en las 0.00 horas del 23 de diciembre y su fin en las 0.00 horas del 3 de enero.

Durante este periodo, "el ELN en ningún momento realiza operaciones militares que afecten a la población". "¡Colombia... para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!", ha concluido el grupo insurgente, que firma el comunicado en las montañas de Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha publicado el mensaje del ELN en su cuenta oficial en la red social X junto con un breve mensaje: "El fin de la guerra es el propósito nacional para el 2025".

Tras varios intentos de proceso de paz, el actual gobierno colombiano liderado por Petro anunció el 21 de noviembre de 2022 que retomaba las conversaciones de paz retomando la agenda acordada durante el mandato de Juan Manuel Santos. Sin embargo, el pasado 3 de agosto terminó el alto el fuego bilateral después de la ruptura de las negociaciones.

Al menos tres militares de las Fuerzas Armadas de Colombia han resultado heridos en un ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar cuando se encontraban realizando un operativo de seguridad en la zona.

El ataque ha tenido lugar en las últimas horas en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el norte de Colombia. El ELN ha activado un artefacto explosivo al paso de una patrulla del Ejército, que acto seguido ha sido ha sufrido varias ráfagas de disparos, iniciándose así un tiroteo hasta la huída de los guerrilleros.

Los tres heridos han tenido que ser trasladados de urgencia al distrito Barrancabermeja, situado en el vecino departamento de Santander. Su situación es estable y están fuera de peligro, informan la prensa colombiana.

En paralelo, se ha registrado otro ataque con explosivos contra las instalaciones del Ejército en un área rural del municipio de Patía, ya en el sur del Cauca, sin que se hayan registrado daños de importancia ni heridos.

El ELN es una de las organizaciones armadas con las que el Gobierno de Gustavo Petro tiene abiertas negociaciones. En este caso, después de meses de estancamiento tras el malestar de la guerrilla por un encuentro de las autoridades colombianas con una de sus facciones, en noviembre decidieron reactivar la mesa de diálogo.

En un comunicado recuerdan que en aquel entonces en el país “se vivía un clima de extrema violencia por parte de organizaciones guerrilleras” y que “fue en ese contexto que Isabel Perón firma el decreto 261/75 facultando al ejército para ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en al provincia de Tucumán”.

También recuerdan que “el ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista] formó la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, con un planteo foquista: bajar desde el monte tucumano hacia la ciudad y ahí tomar el control de toda la provincia, reclamar el reconocimiento internacional, para luego avanzar sobre el resto del país”.

En las últimas dos décadas se ha instalado un relato sobre esa etapa de la historia argentina que ha sacrificado buena parte de la verdad en aras del revanchismo, instalando una reivindicación acrítica de los movimientos armados de los años 70, que antes que resistir a la dictadura, desarrollaron lo principal de su accionar más violento en plena democracia.

Una romantización del accionar y los fines de la lucha armada lleva prácticamente a creer que formar una organización guerrillera y desafiar a un poder democrático y legal era un derecho ciudadano que no debía ser reprimido.

Se deslegitima de esta manera el derecho del Estado, ocupado en aquel momento por un gobierno democráticamente electo, de defenderse y reprimir una insurgencia.

Entrevistado en 1995, Italo Argentino Luder, que en su condición de titular del Senado ocupó la presidencia entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975 -durante una licencia de Isabel Perón- señaló que, en 1975, “todos los gobernadores y los servicios de inteligencia del Estado señalaban que las fuerzas policiales estaban rebasadas, que no eran suficientes, que no tenían elementos, ni a veces estado físico, ni preparación, para una lucha de esa naturaleza”.

De hecho, recordó que fue él mismo quien dictó el decreto que extendía a todo el país “la orden de que las fuerzas armadas combatieran a la subversión”.

Otro detalle interesante que señala es que “muchos legisladores de la oposición reclamaban medidas más enérgicas contra la subversión, y tenían razón porque las fuerzas policiales estaban rebasadas”.

La mirada deformada de estos años ha sepultado en el olvido el escasísimo arraigo popular que tenían las organizaciones guerrilleras que hablaban en nombre de un pueblo que no las reconocía en absoluto como referentes.

El ERP, brazo armado del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se proponía desde el comienzo abrir un foco insurgente en Tucumán, provincia cuya situación geográfica les evocaba una suerte de Sierra Maestra, escenario de la Revolución Cubana, o una selva vietnamita, dos de los procesos que inspiraban sus proyectos de toma del poder en la Argentina.

Y no se puede entender esto sin el impulso que recibían desde afuera en el contexto de la Guerra Fría, durante la cual las dos potencias en pugna se hacían la guerra en sus respectivos patios traseros a través de otros actores.

En 1970, el ERP planeaba una “primera etapa”, en la que “la lucha armada se reducirá a Tucumán, pero posteriormente se irá extendiendo por todo el Norte hasta llegar a enlazar geográficamente áreas cercanas a regiones urbanas como Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, etc”. Desde 1972, iniciaron tareas de reconocimiento de la zona con el fin de instalar una unidad de monte y abrir un frente rural para iniciar las acciones de una guerra de guerrillas.

Para el ERP, el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina y su triunfo rotundo en las elecciones no tenían la menor importancia ni modificaba sus planes, por lo que ya en 1973 empezaron sus operaciones armadas.

Luis Mattini, que perteneció a la conducción del PRT, le dijo a Felipe Pigna: “Nosotros no queríamos un régimen de democracia liberal en la Argentina. Nos proponíamos un Estado socialista, y estábamos convencidos de que un Estado socialista solo podía ser conquistado por la fuerza de las armas”.

La misma convicción tenían los Montoneros, que se decían peronistas pero le declararon la guerra al gobierno de Perón.

Entre fines del 73 y comienzos del 74 el ERP continúa con el entrenamiento de sus militantes, el reconocimiento de la zona y la instalación de los primeros campamentos guerrilleros en el monte tucumano. El 5 de mayo de 1974, la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP toma la localidad tucumana de Acheral, copa la comisaría, la estación de tren y la telefónica.

El objetivo era llegar a constituir una “zona liberada”, al estilo de otras experiencias guerrilleras de otros países, para instalar allí a la conducción del PRT y del ERP y reclamar el reconocimiento internacional como “territorio independiente liberado”. En concreto, un desafío a la soberanía y a la integridad territorial de la Argentina.

El 11 de agosto de 1974, intentan copar el Regimiento de Infantería 17 en Catamarca, sin lograrlo, En esa acción mueren 16 guerrilleros. Poco después toman la localidad de Santa Lucía y fusilan en la plaza a dos policías, supuestamente culpables de la muerte de Ramón Rosa Jiménez, uno de sus jefes caídos y en cuyo honor habían bautizado al comando.

También hacen incursiones en la capital tucumana. El 1° de diciembre de 1974, asesinan al capitán Humberto Viola y a su hija. En agosto del 74 habían atacado la Fábrica Militar de Villa María, llevándose armas y secuestrando al subdirector, teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, a quien luego asesinarían.

Vale recordar que ya en abril de 1974, estando todavía Juan Perón en la presidencia, éste había firmado un decreto secreto -desclasificado recientemente- en el que afirmaba: “El Estado argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista”.

En ese decreto, Perón daba una serie de instrucciones a su gabinete para enfrentar una amenaza que consideraba muy grave. El objetivo: “Eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”.

Por el decreto de María Estela Martínez de Perón se inició el operativo que desplegó unos mil quinientos soldados. En Famaillá se instaló el Comando Táctico del general Adel Edgardo Vilas, que conducía el Operativo (la localidad está a 35 km de la capital tucumana y a 10 km de los cerros donde se encontraba la guerrilla). Desde allí se lanzaban las acciones de contrainsurgencia, que buscaban aislar a la guerrilla para dificultar su abastecimiento.

Isabel Perón visitó Tucumán en mayo como muestra del apoyo político al operativo.

Se calcula que la Compañía de Monte del ERP en Tucumán contaba con un número de 300 integrantes -muchos de ellos entrenados en Cuba- o 600 si se incluía a las personas que brindaban apoyo logístico desde pueblos y ciudades.

El 28 de mayo tuvo lugar el combate de Manchalá, el más importante de todo el operativo, que duró una 4 horas. La guerrilla fue derrotada en su intento de atacar el comando de Famaillá.

El 28 de agosto, en una operación de apoyo al ERP, Montoneros colocó una bomba de 150 kg en la pista del Aeropuerto Matienzo, en el momento del despegue de un C-130 que transportaba a efectivos de la Gendarmería Nacional, causando seis muertes y dejando otros 29 heridos.

En octubre, tras la caída de su principal campamento, el ERP decide poner fin a la guerrilla rural, y ordena la dispersión de los sobrevivientes que deben volver a la guerrilla urbana.

El Operativo Independencia había logrado en pocos meses neutralizar en buena medida el accionar del ERP.

Las bajas en el Ejército fueron algo más de 50 y en la guerrilla, unas 160.

Vale recordar que la Argentina ya se encontraba por aquel entonces rodeada de gobiernos dictatoriales en países vecinos, a la vez que crecía internamente la amenaza de una interrupción democrática, que buscaba su justificación, entre otras cosas, en el accionar de la subversión.

Luder también recordó que en 1975 “había una subversión instalada, con alto nivel operativo y un importante apoyo logístico”. Sin embargo, consideró que “las Fuerzas Armadas cometieron un grave error al tomar el poder, porque asumieron la total responsabilidad de la lucha antisubversiva” y “al no existir ningún organismo de control”, como podía haberlo sido el Congreso, “tuvieron la suma del poder y se inclinaron por una lucha al margen de la ley”.

En el comunicado de quienes reivindican a Isabel Perón y su decisión de combatir a la guerrilla, se evoca los ataques a cuarteles protagonizados por esa guerrilla (el ERP) y por los Montoneros (Azul en enero de 1974 y Formosa en octubre de 1975, respectivamente), además del intento de copamiento del batallón de arsenales Domingo Viejobueno en Monte Chingolo en vísperas de la Navidad de 1974, entre otros desafíos “a un gobierno democrático, elegido por el 63% de los votos”. Esos “ataques guerrilleros durante el gobierno constitucional buscaron debilitarlo y abrieron el camino para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976″, agregan.

También recuerdan a Atilio Santillán, secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar, “asesinado por el ERP el 22 de marzo de 1976, por haber respaldado el Operativo Independencia junto con la CGT, el PJ y la totalidad de los partidos políticos de aquel entonces”.

Este hecho evidencia dos cosas: primero, el generalizado método de la guerrilla de eliminar físicamente a sus adversarios políticos, en este caso, a un referente sindical; segundo, el casi inexistente respaldo político con que contaban las organizaciones armadas.

Estos gestos de reivindicación de las decisiones del gobierno constitucional de entonces ante el desafío de la guerrilla puede ser ocasión para poner fin a un relato parcial y sesgado de lo sucedido. Por mucho que se hable de Memoria, con mayúscula, el paso del tiempo, ha traído, al amparo de la conveniencia política, un olvido selectivo y una tremenda simplificación de los hechos que rodearon el gobierno de Isabel Perón y su derrocamiento.

La pegatina de afiches en las calles de Buenos Aires y de Tucumán evocando su figura recuerdan a otra, que se produjo en enero de 2007, por iniciativa sindical, con la frase “No jodan con Perón”. Fue un parate al intento del gobierno de Néstor Kirchner de implicar a Isabel Perón en los juicios reabiertos contra los militares.

En el fondo, esa maniobra confirmaba la colusión que se dio en 1976 entre guerrilleros y golpistas: todos buscaban profundizar el caos y ninguno defendía la institucionalidad ni la democracia por la cual muchos hoy se rasgan las vestiduras.

Los militares concentraron todo el poder ayudados por el accionar delirante de jefes guerrilleros para los cuales “cuanto peor, mejor”, porque la presencia de un gobierno constitucional “confundía” a las masas y frenaba su necesaria radicalización.

El Operativo Independencia había sido exitoso, gozaba de la legitimidad que le confería el haber sido ordenado por una Presidente constitucional en defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial.

En ese momento, la dirigencia argentina debió haber cerrado filas en torno al gobierno constitucional, pero prefirió especular con que los militares tomarían el poder para entregárselos a ellos, y se des-solidarizaron de la suerte de la gestión.

Quienes buscan establecer una línea de continuidad entre aquel Operativo y el Proceso, olvidan que una de las razones para dar el golpe fue la cercanía de las elecciones y la certeza de muchos de que el peronismo volvería a imponerse.

Hace unos años, cuando empezaron a reabrirse los juicios a los militares, la hija de uno de ellos dijo: “Hubo un solo demonio: la violencia”. Tenía razón. Hubo un solo demonio, pero con dos cabezas, porque el desafío de unos al poder legítimo fue la mejor excusa a la réplica desmedida de los otros.

Este 50 aniversario del Operativo Independencia debería ser la ocasión para una reflexión más honesta acerca de esa etapa de nuestra historia y de los motivos que llevaron al desencuentro y a la tragedia. Seria el mejor homenaje a todas las víctimas de la violencia que asoló al país.

En la tarde del 6 enero de 2025, un nuevo acto de violencia por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) interrumpió el tránsito en la carretera que conecta a Quibdó con Pereira. Según el reporte preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron en el corregimiento de El Tabor, jurisdicción del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con las primeras investigaciones, miembros del grupo armado instalaron señales de “PARE” en la vía para detener a los conductores. Una vez detenidos, obligaron a los ocupantes de los vehículos a descender, procediendo luego a prenderles fuego. Los automotores afectados fueron un camión tipo furgón, destinado al transporte de alimentos, y una camioneta particular.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció el ataque a través de su cuenta oficial en X, donde compartió su rechazo frente a estos actos y pidió al Gobierno nacional medidas inmediatas para garantizar la seguridad en la región.

“Se presentó otro ataque del ELN en la vía Quibdó-Pereira, a la altura del corregimiento del Tabor, en el municipio de Tadó. Un furgón de transporte de alimentos fue incinerado bajo las insignias del ELN”, escribió la mandataria.

Además, Córdoba-Curi expresó su descontento con el cese al fuego anunciado por el ELN durante el pasado mes de diciembre, el cual tuvo vigencia entre el 24 de diciembre y el 3 de enero. La gobernadora cuestionó la efectividad de dicha tregua, al señalar: “Esto refuerza la paradoja: ¿Hay en verdad ‘tregua’ o ‘cese al fuego’ cuando no cesan las acciones bélicas contra la población civil, el comercio, los servicios y vías públicas?”.

En las imágenes que circulan en redes sociales, no se muestra claramente la explicación del incidente, pero según las autoridades, los vehículos afectados fueron un camión tipo furgón que transportaba alimentos y una camioneta. Estas declaraciones preliminares, obtenidas por el diario El País de Cali, ayudaron a esclarecer los detalles del ataque.

El furgón, que llevaba insignias pintadas del ELN en su estructura, además de otros vehículos, fue incendiado por los agresores, lo que se ha interpretado como un acto de vandalismo con claros objetivos intimidatorios. Este ataque no solo afectó la logística en la zona, sino que provocó una creciente preocupación

Este ataque se presenta en un contexto donde los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN atraviesan por un periodo de incertidumbre. A pesar de que las conversaciones habían sido suspendidas a finales de 2024 debido a una división interna dentro de las filas del grupo guerrillero, algunos acercamientos se han mantenido, especialmente en Caracas, Venezuela, donde se han realizado reuniones para explorar la posibilidad de reactivar las negociaciones, de acuerdo a la información que obtuvo un corresponsal de Noticias Caracol.

Un nuevo capítulo en los diálogos de paz

La nueva acción del ELN de un vehículo de transporte de alimentos que fue incinerado en la vía que conecta a Quibdó con Pereira. El ataque se registró en el corregimiento de Tabor, en el municipio de Tadó, una zona crucial para la comunicación entre los departamentos del Chocó, Risaralda y Antioquia.

Para comprender cómo se llegó a esta situación de suspensión de los diálogos, es importante destacar que a mediados de 2024, las mesas de negociación estuvieron activas.; sin embargo, la deserción de una de las alas del ELN, conocida como los “comuneros del sur”, provocó la interrupción de las conversaciones. Este grupo disidente abandonó el proceso por considerar que no se les estaba dando una representación adecuada en las negociaciones. Ante esta situación, el Gobierno aceptó la decisión y suspendió los diálogos, lo que llevó a la guerrilla a anunciar el cese de las conversaciones.

A pesar de esta ruptura formal, las reuniones informales continuaron, con el objetivo de resolver algunas de las diferencias entre las partes. Las dos últimas reuniones tuvieron lugar en Caracas, pero no lograron reactivar de manera efectiva los diálogos. Se espera que en enero de 2025 se retome el proceso, con la esperanza de iniciar el séptimo ciclo de negociaciones.

Durante este ciclo, se pretende abordar temas fundamentales, como la posibilidad de un cese al fuego bilateral, aunque con una extensión más prolongada que la que se implementó en el último acuerdo de Navidad y Fin de Año. El ELN y el Gobierno tienen claro que un acuerdo de cese al fuego más extenso podría ser crucial para reducir la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

A pesar de estos esfuerzos, la realidad sobre el terreno sigue siendo compleja. La violencia continúa afectando a las comunidades y obstaculizando la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz estable. Para muchos, el ataque reciente a este vehículo de transporte de alimentos en la vía Quibdó-Pereira demuestra que la guerrilla del ELN sigue siendo un actor que pone en jaque el proceso de paz, sin mostrar señales claras de voluntad para cesar sus acciones violentas.

El Gobierno de Colombia ha lamentado que los diálogos de paz con el líder de Segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', no fluyan como lo esperado y le ha reprochado que no haya dado aún señales de vida. "Pareciera que tratamos con un fantasma", ha dicho Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo.

"Podríamos decir que el avance de una mesa de diálogos depende de la certeza de la existencia real del interlocutor, pero en el caso de 'Iván Márquez' parecería que estuviéramos tratando de entablar diálogos con un fantasma", ha dicho Novoa.

Hace un mes, se volvió a cuestionar que 'Márquez' estuviera vivo tras pasar por quirófano para tratarse de unas heridas sufridas en un atentado. Desde entonces, se ha comunicado por carta, la última vez este fin de semana para desautorizar al jefe negociador de la guerrilla José Vicente Lesmes, alias 'Walter Mendoza'.

"Un diálogo de paz no puede avanzar a través de medios puramente epistolares", ha dicho Novoa, en declaraciones a Blu Radio. "Estamos interesados y comprometidos en ir a hablar con 'Iván Márquez', en donde nos diga, en el momento que quiera, pero tiene que haber una respuesta pronta y eficaz", ha señalado.

En ese sentido, Novoa ha remarcado que la situación de aquellas comunidades en las que existe la presencia de este tipo de grupos armados sigue siendo "muy grave" y por tanto se requiere de mayor celeridad en las negociaciones.

"Necesitamos una señal de supervivencia para poder reiniciar un diálogo útil que nos permita encontrar un acuerdo de paz antes de que termine el presente Gobierno", ha demandado Novoa.

En lo que atañe a la aparente división dentro de la guerrilla, Novoa ha insistido en que "la característica principal" de estas negociaciones es que "la paz tiene que concretarse en los territorios" y por tanto esperarán la decisión de la guerrilla para actuar en consecuencia.

'Márquez' habría desautorizado a través de una carta el papel de 'Mendoza' en el proceso, así como a dos de las estructuras que conforman la disidencia de Segunda Marquetalia, según reveló el Gobierno durante una reunión mantenida este fin de semana en la localidad de Puerto Asis, Putumayo.

La propia delegación de la disidencia ha cuestionado la autoría de la misiva --en posesión del Gobierno y los países observadores del proceso-- y ha solicitado a Bogotá que verifique su veracidad y exija a 'Iván Marquez' una prueba de vida.

Trece supuestos miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional han muerto este viernes en operaciones de la Policía y del Ejército en los departamentos de colombianos de Arauca y Bolívar.

En Arauca han muerto seis guerrilleros en una operación militar en la zona rural de Arauquita. También se recuperó un menor de edad y se liberó a un secuestrado, según fuentes militares citadas por la emisora colombiana W Radio.

En la operación se incautaron trece armas largas y siete armas cortas, así como dos drones, más de 2.000 municiones calibre 5.56 milímetros, 128 de 9 milímetros y cerca de 470 municiones calibre 7.62 milímetros.

Por otra parte, en zona rural de San Pablo Bolívar murieron siete integrantes del ELN, cuatro más fueron capturados y tres menores de edad reclutados ilegalmente fueron recuperados. Además, se incautaron once armas de fuego, incluyendo nueve fusiles.

Bogotá, 5 nov (EFE).- Un soldado colombiano fue asesinado este martes en una zona rural del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), informó el Ejército.

"Fue asesinado el soldado profesional Jorge Torres Sierra, integrante del Batallón de Despliegue Rápido #8, quien se encontraba cumpliendo su misión de proteger a la comunidad" de la región del Catatumbo, detalló la institución en un comunicado.

Tras el ataque, fueron activados "los protocolos para verificar la situación que precedió a este lamentable hecho", pues el Ejército cree que esto hace parte de un 'plan pistola' puesto en marcha por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra los uniformados.

Además de El Carmen, del Catatumbo, una de las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, Tibú, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata y Teorama.

En las últimas semanas el ELN ha perpetrado ataques en varias regiones del país contra la fuerza pública y los oleoductos en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, luego de que los diálogos de paz con el Gobierno se suspendieran y no se renovara el cese al fuego bilateral que terminó el pasado 3 de agosto.

Las partes anunciaron este jueves que se reunirán, en una fecha y lugar que aún no han definido, para superar la crisis y retomar las negociaciones. EFE

Bogotá, 27 oct (EFE).- Un soldado colombiano falleció este domingo después de recibir un disparo de un francotirador de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el Ejército.

El ataque se produjo en la vereda (zona rural) de Tierra Nueva, en el municipio de Morales, en el departamento de Bolívar (Caribe), cuando una patrulla militar realizaba operaciones para proteger a la población.

Miembros del frente Luis José Solano Sepúlveda atacaron a los militares e hirieron, mediante un disparo de un francotitador, al soldado Ángel Alberto Cerquera García.

"A pesar de los esfuerzos del enfermero de combate por salvar su vida, nuestro soldado lamentablemente falleció debido a la gravedad de la herida", apuntó el Ejército.

El Ejército ha puesto en marcha "un equipo interdisciplinario que actualmente se encuentra brindando apoyo integral a la familia" del soldado, a quien han trasladado su pésame.

El pasado 3 de agosto finalizó la tregua que el Gobierno pactó con el ELN, sin un acuerdo para su renovación, y desde entonces la guerrilla ha perpetrado varios ataques contra las fuerzas militares.

El más grave de ellos fue el ataque el pasado 17 de septiembre contra una base militar en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, a la que lanzaron artefactos explosivos y que dejó tres soldados muertos y una treintena de heridos. EFE

Estambul, 25 oct (EFE).- El proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, ha reivindicado este viernes el atentado contra la fábrica de armas Tusas en Ankara, ya atribuido al grupo por el Gobierno turco, que dejó cinco muertos el miércoles pasado.

El PKK, considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, afirmó en un comunicado que el ataque se había planificado "con gran antelación" y "no tiene relación con la agenda política debatida en Turquía en el último mes", en alusión a un posible proceso de paz con la guerrilla. EFE

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este martes de nuevo numerosas instalaciones del grupo chií Hizbulá en Beirut, entre ellas la base de su unidad naval, en la que almacenaban lanchas y un centro de entrenamiento, según un comunicado castrense.

"Las lanchas rápidas de la unidad naval estaban destinadas a ser utilizadas en ataques contra buques de la Armada israelí y contra objetivos navales y estratégicos dentro de las aguas territoriales de Israel", alegó el Ejército esta mañana.

Junto a esta base, la aviación israelí atacó varios almacenes de armas y centros de mando del grupo, asegurando que algunos de ellos se encontraban bajo tierra.

Entre los lugares bombardeados en las últimas se encontraban las inmediaciones del hospital gubernamental Rafic Hariri de la capital libanesa, donde el ataque israelí mató por la noche a trece personas, entre ellas un niño, e hirió a otras 77.

Esta mañana las fuerzas armadas decían haber atacado 230 objetivos de Hizbulá a lo largo de Líbano, incluyendo tres centros de comando pertenecientes a su unidad aérea responsables del lanzamiento de drones contra Israel.

Por su parte, las tropas israelíes continúan operando en el sur del país, donde lanzaron una invasión terrestre en la noche entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Allí, las fuerzas armadas aseguran haber matado "a decenas de terroristas y desmantelaron grandes cantidades de armamento", si bien no dieron cifras exactas o detalles al respecto.

Desde el inicio de la incursión dieciséis soldados israelíes han muerto en combate en Líbano.

Al menos 2.483 personas han muerto y más de 11.600 han resultado heridas en ataques de Israel contra el país vecino desde el 8 de octubre de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo chií libanés Hizbulá.

La mayor parte de esas víctimas se registraron tras el inicio por Israel el pasado 23 de septiembre de una campaña de intensos bombardeos aéreos contra el sur y el este del Líbano, así como el sur de Beirut, una ofensiva que ha causado más de 1,2 millones de desplazados. EFE

Venezuela será el escenario de una reunión crucial entre la delegación del Gobierno de Gustavo Petro y el equipo de diálogos del ELN. Este encuentro se llevará a cabo entre el 1 y el 7 de noviembre, con el objetivo de reanudar el ciclo de diálogo antes de que finalice el 2024.

La aceptación de la invitación por parte de Pablo Beltrán fue confirmada mediante una carta, según información de Caracol Radio.

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“Vera Grabe, jefa de la Delegación del Gobierno Nacional Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) Desde la Delegación de Diálogos del ELN, la saludamos y esperamos que sus gestiones por la solución política del conflicto avancen positivamente. En consulta con el Garante de Venezuela nos confirmó su disposición a ser sede de una Reunión Extraordinaria de las dos Delegaciones de Diálogo, llegando a Caracas el viernes Primero de noviembre y saliendo de allí el jueves 7 de noviembre”, dice el texto publicado por el ELN.

El proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) busca avanzar en la construcción de un acuerdo de paz que ponga fin a décadas de conflicto armado en el país. Este esfuerzo se da en la política de Paz Total promovida por el presidente Petro, que ha reiterado su compromiso de alcanzar acuerdos con todos los grupos armados ilegales.

La elección de Venezuela como sede de las conversaciones no es casual. El país vecino ha jugado un papel de mediador en anteriores procesos de paz en Colombia, y su participación es vista por el Gobierno nacional como un elemento clave para facilitar el diálogo. Además, la cercanía geográfica y política actual entre ambos países podría contribuir a generar un ambiente propicio para las negociaciones.

El ELN, considerado el último grupo guerrillero activo en Colombia, ha estado involucrado en diversos intentos de diálogo con gobiernos anteriores, pero las conversaciones han enfrentado múltiples obstáculos. La administración de Petro busca superar estos desafíos y avanzar hacia un acuerdo que permita la desmovilización y reintegración de los combatientes.

La carta de aceptación de Israel Ramírez Pineda, o Pablo Beltrán, líder negociador del ELN, representa un paso significativo hacia la reanudación de las conversaciones.

El proceso de diálogo que se deterioró rápidamente

Las tensiones internas y ataques violentos llevaron a que se suspendiera de forma indefinida los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano. encabezado por Gustavo Petro, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El proceso, que se interrumpió el 18 de septiembre de 2024, se vio afectado principalmente por un ataque con explosivos atribuido al ELN en un área rural de Arauca, que resultó en la muerte de dos soldados y más de 20 heridos. Este evento fue calificado por el presidente Gustavo Petro como un “proceso de paz con sangre”.

Desde marzo de 2024, las relaciones entre el Gobierno y el ELN se habían deteriorado debido a divisiones internas dentro del grupo guerrillero. Una facción conocida como los Comuneros del Sur se separó del mando general del ELN, complicando aún más las negociaciones. Además, en agosto de 2024, las partes no lograron extender un cese al fuego que había estado vigente durante un año, lo que incrementó la desconfianza y la incertidumbre en el proceso.

El ataque en Arauca fue el detonante que llevó a la suspensión de las conversaciones. Este incidente no solo afectó la seguridad en la región, sino que también puso en evidencia las dificultades para mantener un diálogo efectivo en medio de la violencia. La falta de consenso sobre el cese al fuego y las tensiones internas dentro del ELN han sido factores críticos que han contribuido a la crisis actual en la mesa de negociación.

La situación plantea un desafío significativo para el Gobierno de Gustavo Petro, que ha buscado avanzar en el proceso de paz como una de sus prioridades. La suspensión de los diálogos representa un retroceso en los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica al conflicto armado en Colombia, que ha persistido durante décadas. Por ahora Vera Grabe no se ha pronunciado al respecto.

Asunción, 15 oct (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, reveló este martes que uno de los líderes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pudo haber muerto en octubre del año pasado tras resultar herido en un enfrentamiento con tropas militares en el que fue abatido el jefe de ese grupo, Osvaldo Villalba.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, Riera afirmó que se tiene "casi la certeza de que está muerto también Manuel Cristaldo Mieres", cuñado de Osvaldo Villalba y quien en su momento se consideró su posible sucesor en la EPP.

"En ese enfrentamiento (...) él quedó herido y no pudieron acceder a la medicina suficiente y habría fallecido", relató el titular del Interior, al citar "informaciones obtenidas de inteligencia".

Riera señaló que "en principio" se maneja esa información, pero admitió que aún no se ha encontrado el cadáver.

La imagen de Cristaldo Mieres fue incluida en los carteles que el Gobierno empezó a difundir como parte de una nueva campaña para capturar a 14 integrantes del EPP, por quienes ha ofrecido una recompensa de 7.000 millones guaraníes (unos 894.366 dólares) por datos que conduzcan a su detención.

Villalba y dos presuntos integrantes del EPP murieron el 23 de octubre de 2023 en combates con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ocurridos en una zona rural del departamento de Amambay (norte), donde también perdieron la vida dos indígenas y uno más resultó herido.

Riera aseguró igualmente que las autoridades están "en alerta" por el primer aniversario de la muerte de Villalba, ocurrida en el Cerro Guazú.

Osvaldo Villalba, quien era conocido con el alias de 'Comandante Alexander', es hermano de Carmen, Liliana, Laura y Myriam Villalba.

Carmen Villalba, quien permanece en prisión desde 2004, fue trasladada el sábado desde la cárcel del Buen Pastor, en Asunción, al módulo de máxima seguridad para mujeres de la penitenciaría de Minga Guazú (este). También fue destinada a ese lugar Laura Villalba, hasta entonces recluida en la Penitenciaría Regional de Misiones (sur).

Alcides Oviedo, quien purga una pena de 40 años de cárcel, fue esposo de Carmen Villalba.

Ambos son considerados los fundadores del EPP, en 2008, bajo postulados marxistas y siguiendo el modelo de la extinta guerrilla de las FARC en Colombia, según analistas.

Al EPP se le atribuye el secuestro del exvicepresidente del país Óscar Denis y del policía Edelio Morínigo, en los años 2020 y 2014, respectivamente. También permanece en cautiverio el ganadero Félix Urbieta, en poder desde 2016 de una escisión de esa guerrilla, el Ejército del Mariscal López (EML). EFE

Bogotá, 15 oct (EFE).- Un soldado profesional colombiano murió y otro resultó herido en un ataque atribuido a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra tropas que estaban en la población de Aguachica, departamento del Cesar (norte), informaron este martes fuentes castrenses.

El comando de la Quinta Brigada del Ejército dijo en un comunicado que supuestos integrantes del ELN atacaron a los soldados que desarrollaban labores de registro y control en esta parte del país.

Como resultado de este enfrentamiento, dos soldados profesionales resultaron heridos. Ambos fueron evacuados inmediatamente a un centro médico en el municipio de Aguachica.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, el soldado profesional David Ramón "falleció a causa de las heridas sufridas. El otro militar herido se encuentra estable y continúa recibiendo atención médica para lograr su recuperación".

El Ejército agregó que, pese a la situación, las operaciones militares en la zona han sido intensificadas con el propósito de ubicar a los responsables de este ataque y llevarlos ante la Justicia.

En las últimas semanas el ELN ha perpetrado ataques en varias regiones del país contra la fuerza pública y los oleoductos en los departamentos de Arauca (este) y Norte de Santander (noroeste), ambos fronterizos con Venezuela, luego de que los diálogos de paz con el Gobierno se suspendieran y no se renovara el cese al fuego bilateral que terminó el pasado 3 de agosto.

Las partes anunciaron la semana pasada que se reunirán, en una fecha y lugar que aún no han definido, para superar la crisis y retomar las negociaciones. EFE

El Gobierno de Paraguay anunció este lunes una recompensa de 7.000 millones guaraníes (unos 894.366 dólares) por información “certera, cierta y responsable” sobre integrantes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como parte de la búsqueda de tres secuestrados en el país, entre ellos el ex vicepresidente Óscar Denis.

“Hay la voluntad política institucional del Gobierno de pagar hasta 7.000 millones guaraníes para aquellos que nos den la información certera, cierta, responsable, para poder localizarlos, detenerlos y someterlos a la justicia”, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, en una conferencia de prensa desde la residencia presidencial, en alusión a quienes acusó de haber causado “dolor a estas familias”.

El funcionario compareció ante la prensa después de reunirse con el presidente Santiago Peña junto a otros integrantes del Ejecutivo y familiares de Óscar Denis, del policía Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP en 2014, y del ganadero Félix Urbieta, quien desde 2016 permanece en poder del Ejército del Mariscal López (EML), una escisión de esa guerrilla.

Riera anunció igualmente que difundirán carteles “con los rostros, los nombres y los alias” de 14 integrantes de esa organización, que anticipó serán ubicados “en zonas estratégicas”, en particular en el norte del país, considerado bastión de ese grupo.

Las denuncias, aseguró, podrán hacerse a través de una línea telefónica antisecuestro.

“Les pedimos por favor que utilicen el canal, las llamadas son confidenciales y que nos ayuden a que el Paraguay recupere la paz y que estas familias puedan poner, si no los encontramos vivos, por lo menos una vela en un lugar para rezarle a sus seres queridos”, afirmó el titular del Interior.

En 2020, año en el que Denis fue secuestrado, el Gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez anunció una recompensa de 1.000 millones de guaraníes (unos 144.000 dólares de la época) por información sobre el paradero de los tres secuestrados.

Dicho monto fue elevado en 2022 hasta 7.000 millones de guaraníes tras un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Sobre la reunión durante esta jornada, Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente, indicó que durante el encuentro hubo un “compromiso formal” de Peña de proveer más tecnología a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), y otras autoridades para el combate al EPP.

“Mientras no tengamos este resultado (de encontrar a los tres secuestrados), todo el trabajo, todo el esfuerzo que se realice, para nosotros no es suficiente”, puntualizó Denis.

El EPP fue fundado en 2008, según los analistas, bajo postulados marxistas y siguiendo el modelo de la extinta guerrilla de las FARC en Colombia.

(Con información de EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha autorizado bombardear al Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por "proporcionalidad" después de que un dron de los insurgentes lanzara una bomba sobre población civil en El Plateado (Cauca) e hiriera a 14 personas.

"El EMC al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas. Les envío un mensaje: venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano", ha afirmado Petro, según recoge el diario colombiano 'El Tiempo'.

Petro ha anunciado además que viajará a El Plateado con todo su gabinete para "con todos los habitantes del Micay trazar el plan de inversiones inmediato".

"Le solicito a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del Micay dejar de atender órdenes impuestas del MC. La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras", ha planteado.

Petro ha apelado además a que "las organizaciones populares dirigirán el esfuerzo para pasar a las economías lícitas, ganar tranquilidad y bienestar. Es la hora del cambio".

Habitantes de El Plateado, considerado un bastión del EMC, presionaron a los militares para concentrarse en el centro del pueblo, momento que aprovechó la guerrilla para lanzaron un explosivo desde un dron. Tras este incidente, unos 1.400 militares entraron en la localidad y se escucharon disparos y explosiones, según testimonio de los vecinos.

La zona sirve de corredor por el cañón de Micay hacia las costas del Pacífico para sacar cocaína y marihuana que se produce en Cauca y Nariño.

El Gobierno de Colombia ha aceptado este jueves reunirse con la delegación de del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para intentar reactivar el proceso de diálogo que quedó paralizado en septiembre por un ataque de la guerrilla en el departamento de Arauca.

"Aceptamos la invitación para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana", ha indicado en un comunicado la delegación del Gobierno.

Esto se produce después de que la guerrilla haya planteado llevar a cabo una reunión con el Gobierno colombiano "para examinar la crisis en que se encuentra el proceso con presencia de los países garantes y acompañantes permanentes" y pese a "la actual situación de incumplimientos" de los acuerdos entre las partes.

El ELN ha recordado que el Gobierno se negó a rectificar los incumplimientos y que incluso desestimó la extensión de alto el fuego que el ELN hizo "de manera generosa" a pesar de haber expirado el 3 de agosto. Por contra, el Ejército colombiano comenzó a realizar "medidas guerreristas" en contra de los milicianos.

El pasado 3 de agosto concluyó un alto el fuego temporal entre el Gobierno y el ELN que había llegado a extenderse por más de un año, si bien la guerrilla se negó a aprobar otra prórroga al considerar que las autoridades habían incumplido ciertos compromisos firmados.

El ataque contra una unidad militar ubicada en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, en el que murieron tres militares y cerca de treinta resultaron heridos, forzó al Gobierno de Gustavo Petro a congelar la mesa de negociación.

Bogotá, 9 oct (EFE).- El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional se reunirán por primera vez en más de 4 meses para tratar de resolver la crisis que ha llevado al congelamiento de los diálogos de paz que se retomaron en noviembre de 2022.

La guerrilla anunció este miércoles en un comunicado que se dispone "a realizar una reunión con la delegación de diálogos del Gobierno para examinar la crisis en que se encuentra el proceso con presencia de países garantes y acompañantes permanentes".

Las dos partes llevan desde mayo de este año sin reunirse y desde finales de enero sin celebrar un ciclo de diálogos por una serie de desentendimientos que llevaron a no renovar el cese al fuego que finalizó el pasado 3 de agosto y al congelamiento de los diálogos. EFE

(foto)

Bogotá, 30 sep (EFE).- Un soldado colombiano murió en una zona rural del departamento del Cesar (norte) como consecuencia de un ataque atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Cesar (norte), informaron este lunes fuentes castrenses.

El Comando de la Quinta Brigada del Ejército explicó en un comunicado que el soldado Jairo Ortiz fue asesinado en la carretera entre las localidades de Río de Oro y Aguachica, cuando en compañía de otros militares iban a retirar vehículos que la guerrilla atravesó en esa vía.

"En el momento en que los soldados se encontraban retirando los vehículos, fueron atacados por este grupo al margen de la ley. Como resultado de esta acción terrorista (...) el soldado profesional Jairo Ortiz Díaz resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario en Aguachica, donde lamentablemente falleció horas más tarde por la gravedad de las heridas", detalló la información.

La Quinta Brigada rechazó lo sucedido porque no solo viola los derechos humanos, sino que también transgrede el Derecho Internacional Humanitario.

Este ataque del ELN sigue al realizado el martes pasado en la región del Catatumbo, en el noreste del país, en el que un soldado murió y cinco más quedaron heridos.

El ELN, cuyas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano están suspendidas desde hace dos semanas, ha incrementado sus ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y al Bicentenario desde que el pasado 3 de agosto terminó el cese al fuego bilateral que durante un año estuvo vigente en el país.

Tras la terminación del cese al fuego esa guerrilla ha lanzado numerosos ataques contra la fuerza pública y la infraestructura nacional, el más grave de los cuales fue perpetrado el pasado 17 de septiembre cuando atacó una base militar en Puerto Jordán (Arauca), lo que causó la muerte a tres militares y heridas a 26 más.

Como consecuencia de ese ataque el Gobierno dijo hace una semana que el diálogo de paz con el ELN, iniciado en noviembre de 2022 en Caracas, "queda suspendido". EFE

El subteniente del Ejército Juan Carlos Araque fue absuelto por la justicia ordinaria en un caso de falsos positivos y luego acusado nuevamente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Semana, la acusación ante el tribunal transicional podría ser un falso positivo judicial.

El caso comenzó el 26 de julio de 2006, cuando José Lizardo Vela, un jornalero de 34 años, murió durante una operación militar en la vereda Bellavista, en Acevedo (Huila). Inicialmente, se informó que Vela había fallecido en un cruce de disparos y que portaba un arma de fuego, pero luego se descubrió que todo era un montaje. Familiares y amigos de Vela denunciaron que él no tenía vínculos con grupos ilegales y que se dedicaba únicamente a trabajar como jornalero.

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El primer informe de Policía Judicial no dejó vínculo alguno de Vela con estructuras criminales, este tampoco tenía denuncias ni procesos disciplinarios y nunca hubo información de inteligencia sobre presencia de las Farc para aquel entonces.

Sin embargo, años después, un grupo de soldados fue imputado por la muerte de Vela. Entre los acusados se encontraba el subteniente Araque, quien fue absuelto por la justicia ordinaria. La JEP reabrió el caso y Araque fue nuevamente acusado, pero en esta oportunidad, en ese grupo también estaba el teniente Carlos Andrés Mahecha, que para la época de la muerte de Vela era el comandante de la Compañía Berlín, del Batallón Magdalena. En la lista de involucrados también entraron los militares Vicente Osorio, Wilson Rodallega y Sandro Trujillo.

Fue entonces cuando el nombre del subteniente Juan Carlos Araque apareció en un informe judicial como el responsable de firmar una consignación de 1.000.000 de pesos para el pago de la información que llegó sobre la víctima del falso positivo. En esa época, Araque era oficial de inteligencia del Batallón Magdalena.

Según Semana, la acusación ante la JEP podría haber sido fabricada, ya que se revelaron audios en los que comparecientes se ponían de acuerdo en sus versiones para inculpar al subteniente.

El montaje en cuestión

Juan Carlos Araque, un subteniente involucrado en las investigaciones por falsos positivos en Colombia, asegura que fue incriminado injustamente por sus compañeros. Según el medio mencionado, Araque presentó grabaciones ante la Fiscalía que demuestran un acuerdo para acusarlo falsamente. En estos audios, Riveros, comandante del pelotón motorizado, admite haber mencionado a Araque en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) “por ser jefe”, aunque no lo era. Además, el teniente Mahecha, encargado de la compañía involucrada en la muerte de un jornalero, reconoce que Araque no fue quien llevó a la víctima al lugar de los hechos.

“En la noche no fue usted el que fue a llevar a la víctima. La víctima la llevó uno de los hermanos que eran guías de ese batallón, que eran dos hermanos”, confesó Mahecha, entonces comandante de la compañía que mató a Vela, en un audio que no ha sido tomado en cuenta.

Araque denunció a Mahecha ante la fiscal general Luz Adriana Camargo, argumentando que las versiones falsas de Mahecha fueron suficientes para que la JEP emitiera decisiones judiciales en su contra. Este caso es parte de las investigaciones sobre falsos positivos en el país, un tema que ha generado gran controversia y atención mediática.

El abogado Víctor Mosquera comenzó a revisar el proceso hace unos meses y encontró varias inconsistencias, como la asesoría del abogado Ramírez en un momento en que Araque atravesaba por una situación mental compleja debido al fallecimiento de un familiar cercano, sobrecarga laboral y falta de tiempo para atender el proceso en la JEP. Mosquera ha llevado el caso ante el relator de Naciones Unidas para justicia transicional, buscando corregir las mentiras que han afectado a su cliente.

La JEP respondió a Semana que Araque no había sido absuelto en la justicia ordinaria y que fue investigado, aunque las investigaciones no avanzaron más allá de los ejecutores materiales. La JEP también afirmó que Araque siempre tuvo un abogado de confianza durante su aceptación de responsabilidad y que los audios de los comparecientes que se retractaron de los señalamientos en su contra no fueron tenidos en cuenta porque se dieron “por fuera del registro oficial de la oficina de Comunicaciones de la JEP”.

En medio de la denuncia de Araque, la JEP ahora estudia si cambia su situación para que se adelante un proceso de juicio adversarial para determinar su responsabilidad. Desde la JEP explicaron que esta situación podría terminar en una condena de hasta 20 años de cárcel. La denuncia de Araque sugiere que podría tratarse de un falso positivo montado dentro de la misma JEP, por comparecientes que se pusieron de acuerdo y amañaron sus versiones.

Se ha instalado un debate sobre Victoria Villarruel y los desaparecidos. Un debate interesante, que muchos ubican en una posición negacionista.

Hace unos días, me convocó una periodista para hacerme una entrevista sobre el aniversario de mi secuestro, tema que yo tenía en el olvido, pero el recuerdo de ese hecho, llevado a cabo por un personaje tan oscuro como Aníbal Gordon, me instó a reflexionar sobre este complejo debate de los caídos de un lado y del otro.

No participo de la discusión sobre si Victoria Villarruel es peronista o no, me parece un debate sin contenido. El asunto central es el de las víctimas de ambos lados como parte del dolor de la sociedad, lo cual no implica mi aceptación, ni siquiera remota, de la teoría de los dos demonios. Sin duda alguna, la dictadura fue atroz en su masacre, aunque nunca digo treinta mil, sino diez mil desaparecidos y agrego que en la lucha de los deudos, las madres y las abuelas, se arrastró cierta reivindicación de la guerrilla, que no acepto. No hay dos demonios, pero tampoco puedo asumir la existencia de un demonio y un santo. La guerrilla en democracia fue traición a la patria.

Eso no sitúa a los guerrilleros en el lugar demoníaco, tampoco en el de héroes. La violencia contra la dictadura merecía respeto, pero su continuación en democracia la tornó deleznable, y me parece que aclarar ambos temas significa instalar las bases para una futura pacificación, que no pasa por reivindicar el lugar de la Vicepresidenta como tampoco asumir su planteo que conlleva aquella teoría. De poco sirve y poco nos ayuda.

España pudo lograr un encuentro -un millón de muertos dejó la atroz Guerra Civil del 36- en el Pacto de la Moncloa, donde un personaje como Santiago Carrillo, jefe del Partido Comunista, se juntaba a discutir con un representante del franquismo, Fraga Iribarne, lo que en alguna medida suponía para España la posibilidad de una pacificación. Cuando vino Tzvetan Todorov a la Argentina y vio la placa de los caídos en el Parque de la Memoria, señaló que mientras no estuvieran todos los nombres en un mismo espacio recordatorio, nosotros no la lograríamos. Por ese motivo, apuesto a la necesidad de que los derechos humanos sean compartidos por toda la sociedad sin que ello presuponga la teoría de los dos demonios. Creo, sí, que casos como el de José Rucci deben ser asumidos y penalizados. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el planteo de la Vicepresidenta de que los montoneros sobrevivientes deberían estar presos, aunque tampoco me resulta soportable su reivindicación como héroes. Condenados habían sido, fueron indultados por Carlos Menem. Nadie parece -o quiere- recordarlo o mencionarlo. Jugaron en contra de la democracia, y ese hecho lastima la imagen que nos quieren imponer de aquella dolorosa y oscura etapa.

Jamás vería de buen grado la liberación de los genocidas. Lo triste es que esa demencia es, en mi opinión, la expresión profunda, ideológica y antidemocrática de los sectores basados en la concentración económica, que hoy lograron un salto de calidad exorbitante al poder instalar su pensamiento en democracia. Y están llevando adelante su maquiavélico plan de hundimiento de la nación. Creo que los errores de la fanatización de los Derechos Humanos, deformados y apropiados por un grupo político convertido en secta, permitieron, por la necedad de nuestro comportamiento, que lo peor de esa derecha que decimos condenar se convierta en poder democrático.

Cuando Perón nos trae el diálogo con los radicales y el resto de las fuerzas políticas, nos ubica en el único camino posible para transitar la democracia y la defensa de los humildes. Cuando Néstor y Cristina eligen la fractura, están optando por la derrota. Quiénes somos mayoría en lo electoral, jamás lo seremos apoyando al sectarismo que se aparta del campo popular para instalarse en el de los intelectuales, desconocedor de las necesidades de la clase trabajadora. De ese sector dependió la violencia guerrillera que cuestionaría el poder del General Perón en su retorno. Difícil olvidar que la guerrilla ingresa en el peronismo asesinando a Aramburu y termina siendo repudiada por el mismo Perón al asesinar a José Ignacio Rucci. Creo recordar mi frase de despedida en el parlamento: “Ignoro si pertenecían a la CIA o a la KGB, sólo sé que atentaron contra la Patria”.

Bogotá, 30 ago (EFE).- Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 se han producido 1.730 casos de desaparición en Colombia, lo que supone uno cada 36 horas y pone en relieve que la desaparición de personas "no es un hecho del pasado".

Así lo denunció el organismo en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, haciéndose eco de que "miles de familias continúan experimentando incertidumbre y angustia al no saber el destino y el paradero de sus seres queridos, a pesar de que la desaparición ocurrió hace varios años o incluso décadas".

El 76 % de los casos documentados -que no refleja la dimensión del fenómeno, pues el CICR es consciente de que existe un subregistro- corresponde a civiles y entre ellos hay 304 niños, niñas o adolescentes.

A su vez, el 83 % de las personas desaparecidas (ya sean víctimas de desaparición forzada, reclutados, etc) son hombres, que son buscados en su gran mayoría por madres, esposas, hijas y hermanas, sobre las que cae el peso de encontrar a su ser querido y la incertidumbre.

El CICR es la única alternativa exclusivamente humanitaria para buscar desaparecidos que hayan ocurrido después de la firma de la paz con las extintas FARC, pues los casos ocurridos antes son competencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

En ese sentido, la UBPD contempla un universo de 111.640 personas desaparecidas, de las cuales más de 89.000 continúan desaparecidas, haciendo de Colombia uno de los países que registra cifras más altas de este delito de lesa humanidad.

El Ejército Nacional reportó la entrega voluntaria de un joven de 22 años, conocido como alias ‘Panda’, quien decidió abandonar las filas del Frente José Antonio Galán del ELN, de acuerdo con información de la emisora colombiana Blu Radio.

Este frente opera en los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia, así como en Santa Rosa del Sur de Bolívar. Alias ‘Panda’ se presentó ante las tropas de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional en la vereda Cancha Manila, en Segovia, manifestando su deseo de regresar a la vida civil y reunirse con su familia.

Alias ‘Panda’ había estado vinculado al ELN durante seis años, tiempo en el cual se desempeñó como cabecilla de una comisión armada y financiera. Según el Ejército, el joven decidió dejar el grupo armado debido a su descontento con la organización y las amenazas de muerte que había recibido de sus propios compañeros.

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Al momento de su entrega, las autoridades le brindaron atención médica, ya que presentaba heridas de bala, aparentemente causadas por miembros del mismo grupo armado al que pertenecía.

El Ejército informó que la desmovilización de alias ‘Panda’ se enmarca dentro de las operaciones de control militar que se adelantan en el Nordeste antioqueño, donde recientemente se han registrado combates que han generado temor en la comunidad local. Estos operativos buscan reducir la influencia del ELN en la región y garantizar la seguridad de la población civil.

La Brigada 14 del Ejército ha intensificado sus esfuerzos en la zona, donde hace aproximadamente una semana se vivieron enfrentamientos que afectaron a los habitantes del área, quienes quedaron en medio del conflicto.

5.000 hombres del Ejército vigilarán puntos estratégicos del Chocó

El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado indefinido en varias zonas del Chocó a partir del 11 de agosto de 2024, por la ofensiva del grupo criminal armado Clan del Golfo, que se agudizó por la supuesta unión entre los paramilitares en el río San Juan y las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano.

En un comunicado difundido el viernes 9 de agosto de 2024, el ELN señaló que el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados y que “por el contrario, sus unidades militares se alinean con los mercenarios del Clan del Golfo”.

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A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río Cajón”.

En ese sentido, el ELN afirmó que “se decreta Paro Armado indefinido en los ríos San Juan, Sipi y Cajón y la carretera Novita-Torra a partir de las 00:00 horas del día 11 de agosto a las cero horas”.

Ante el anuncio del grupo armado ilegal, las autoridades del departamento, junto al Ejército Nacional de Colombia, se reunieron para discutir la hoja de ruta a seguir para proteger la integridad de los habitantes en el contexto de guerra que hay en la región y en el caso de que la confrontación tienda a agudizarse.

En el Consejo de Seguridad en Quibdó se reunieron los alcaldes municipales de la subregión del San Juan, la Fiscalía General de la Nación-seccional del Chocó y la Procuraduría regional del departamento, que ratificaron el despliegue de más de 5.000 hombres en puntos estratégicos del departamento.

Desde hace más de 50 años Colombia ha lidiado con el conflicto armado interno; sin embargo, en los últimos dos años, el país experimenta un alarmante incremento en la presencia y actividades de grupos armados y en la delincuencia, afectando gravemente diversas regiones del país. La situación ha sido documentada por informes oficiales y expertos en seguridad que analizan a fondo esta problemática.

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Durante el primer trimestre de 2024, se observó un aumento del 36% en la presencia de grupos armados en Colombia, extendiéndose a 253 municipios. Entre los principales actores se encuentran Clan del Golfo, el Estado Mayor Central (EMC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Clan del Golfo se consolida como el mayor grupo paramilitar y criminal del país, con influencia en 60 zonas, mientras que EMC, la facción disidente más grande de las Farc, opera en 29 zonas. Por su parte, el ELN mantiene presencia en 26 áreas, pese a una leve disminución en algunos aspectos de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa.

Los primeros tres meses de 2024 registraron 272 episodios violentos documentados, que incluyen violaciones a los acuerdos de cese al fuego y agresiones directas a la población civil. El tráfico de cocaína sigue siendo un gran problema, otorgando a Colombia una calificación escalofriante de 9,5 sobre 10 en este aspecto. Además, la minería ilegal y el tráfico de armas y cannabis son otras actividades delictivas preocupantes.

Las áreas más afectadas por la reactivación del conflicto incluyen a Montes de María, Sur de Bolívar, Occidente antioqueño, Sur de Chocó y Bajo Calima, Medio y Bajo Atrato, Norte del Cauca y Sur de Valle del Cauca, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo, Sabana y piedemonte araucano, Nordeste antioqueño y Bajo Cauca, Urabá antioqueño y Sur de Córdoba.

Estas regiones han experimentado un incremento significativo en los actos hostiles perpetrados por los grupos armados, con un aumento del 70% en comparación con periodos anteriores, según los informes oficiales revisados por diversos medios de prensa.

El Gobierno colombiano enfrenta un reto formidable para contrarrestar esta expansión de grupos armados y la creciente delincuencia. Se requieren acciones coordinadas y estratégicas para garantizar la seguridad y la paz en todo el territorio nacional. Expertos en seguridad insisten en la necesidad de un enfoque integral que considere tanto la acción militar como las políticas de desarrollo y justicia social.

El conflicto armado interno en Colombia: evolución y áreas de influencia

Colombia ha vivido un conflicto armado interno que se ha extendido por más de seis décadas, involucrando a diversas agrupaciones y marcando distintos períodos históricos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgidos durante el período del Frente Nacional (1958-1974), comenzaron su lucha armada en las zonas rurales y montañosas como Sumapaz y los Llanos Orientales en la región sudeste del país. Estos grupos de guerrillas de extrema izquierda se convirtieron en actores principales del conflicto en los años 60 y 70.

Durante las décadas de 1970 a 1990, el panorama colombiano se complicó con la aparición de grupos paramilitares de extrema derecha. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emergieron como respuesta a las guerrillas, aumentando la violencia en regiones como Urabá, Magdalena Medio y el norte de Antioquia. En este período, las Farc lograron expandir su influencia a vastas áreas rurales, manteniendo una presencia significativa mientras los paramilitares fortalecían sus operaciones en diferentes partes del país.

En los años 90 y 2000, Colombia fue testigo de una intensificación del conflicto con la entrada de los cárteles del narcotráfico, en particular el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Estos cárteles no solo se enfrentaron entre sí, sino también con las guerrillas y los paramilitares, aumentando la complejidad del conflicto. Las AUC continuaron expandiéndose, especialmente en el norte de Colombia, mientras las Farc mantenían su control en áreas rurales y selváticas.

El comienzo del siglo XXI trajo cambios significativos. La desmovilización oficial de las AUC en la década de 2000 dio lugar al surgimiento de las Bandas Criminales (Bacrim), herederas de los paramilitares. Estas bandas se establecieron tanto en áreas urbanas como rurales, especialmente en regiones cocaleras y de minería ilegal. “Aunque las AUC se desmovilizaron, su legado criminal continúa en forma de Bacrim”, según reportó el medio nacional El Tiempo. Las Farc y el ELN mantuvieron su lucha durante este período.

La década de 2010 marcó un hito importante con la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y las Farc, lo que significó la desmovilización de una parte importante de este grupo guerrillero. Sin embargo, algunas disidencias no se acogieron al acuerdo y continuaron con la lucha armada. Mientras tanto, el ELN persistió en su operar en regiones como Arauca y Chocó. Las Bacrim también permanecieron activas, manteniendo su influencia en áreas rurales y explotando economías ilegales, pero cambiando de nombre.

En la década de 2020, el escenario se ha mimetizado. Las disidencias de las Far, como el EMC y la Segunda Marquetalia, y grupos emergentes como el Clan del Golfo han jugado un papel predominante en el conflicto actual. “El Clan del Golfo tiene influencia en más de 200 municipios”, afirmó el informe reciente de Semana. Estos grupos mantienen su presencia en diferentes regiones del país, aprovechando la debilidad del Estado en ciertas zonas fronterizas y selváticas.

A pesar de los avances hacia la paz con el proceso de desmovilización de las Farc, la violencia no ha cesado, de hecho parece ser lo contrario. Según datos publicados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “la persistencia de la violencia en estas regiones muestra los desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia una paz duradera”. Los retos incluyen no solo la presencia continuada de estos grupos armados, sino también la explotación de economías ilegales que financian sus actividades, siendo las Bacrim un ejemplo claro de cómo estas economías ilícitas siguen alimentando el conflicto.

Diferentes tipos de grupos armados y delictivos en Colombia: características y diferencias

En Colombia, el el recrudecimiento de la violencia ha hecho que la presencia de diversos grupos armados y delictivos plantee desafíos para la seguridad y estabilidad del país y es que ya los grupos que en algún punto fueron Bacrim ahora se dividen en varios como: los Grupos Armados No Estatales (GANE), Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Cada uno presenta particularidades que los distinguen y afectan de manera distinta al entorno en el cual operan.

Grupos Armados No Estatales (GANE) son organizaciones caracterizadas por su capacidad para participar en conflictos armados o actuar como actores de la delincuencia común. A pesar de su naturaleza diversa, no siempre tienen una ideología política clara. Por ejemplo, los GANE pueden estar involucrados en actividades que van desde delitos comunes hasta conflictos armados, sin seguir necesariamente líneas ideológicas precisas.

Dentro de la categoría de GAO, los Grupos Armados Organizados se destacan por su estructura jerárquica y su capacidad de ejercer control territorial significativo. A menudo cuentan con un mando responsable que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

GDO, o Grupos Delincuenciales Organizados, operan de manera diferente a los GAO. Centran sus actividades en delitos específicos como el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, el secuestro y el contrabando. A diferencia de los GAO, los GDO no siempre controlan amplias regiones territoriales ni poseen estructuras jerárquicas tan definidas.

Es notable que los GANE, GAO y GDO difieren en múltiples aspectos, principalmente en cuanto a su orientación, estructura, control territorial y actividades criminales. Mientras que los GANE abarcan una categoría más amplia de actores involucrados en distintos tipos de violencia y crimen, los GAO y GDO se distinguen por sus objetivos más específicos y métodos operativos. Diferente a lo que son los GAOr o Grupos Armados Organizados residuales.

El 2019 y su importancia

Pese a que ahora en la administración Petro el recrudecimiento de la violencia es más evidente, en 2019, Colombia enfrentó un in cremento de acciones armadas que se tradujo en un deterioro significativo de las condiciones humanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, destacándose amenazas, homicidios, violencia sexual y el reclutamiento de menores como los más prominentes. “El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad”, informó el Cicr

Las zonas más afectadas incluyen Chocó, donde más del 83% de los 27.600 habitantes confinados se encuentran. La pobreza y la falta de servicios básicos agravan la situación en este departamento. En palabras del Cicr: “Este fenómeno deja a comunidades enteras en medio de enfrentamientos, desabastecidas y con limitado acceso a sus cultivos y centros de salud”.

Otras áreas críticas incluyen Nariño, Antioquia (especialmente en Bajo Cauca), Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta y Córdoba. “Aunque el contexto mejoró de manera importante en muchas partes del país, en otras, las carencias de la respuesta institucional contribuyeron al sufrimiento ya causado por la escalada en la intensidad del conflicto y la violencia armada”, declaró el Cicr.

Según los datos del Cicr, retomados por Pares (Fundación de Paz y Reconciliación) hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas antipersonal. En total, se registraron 352 víctimas en 2019, destacando la persistencia del uso de estos dispositivos a pesar de los esfuerzos por la paz. Además, más de 25.300 personas se desplazaron masivamente debido a la violencia, reflejando el impacto continuo del conflicto en la población civil. “En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica”, confirmó el Cicr.

La Misión Médica también enfrentó importantes desafíos, con 218 agresiones registradas en zonas con menor cobertura sanitaria. “Estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país”, mencionó la organización humanitaria. La destrucción de recursos naturales y la violencia sexual fueron otros problemas graves documentados por el Cicr.

Las promesas de paz aún no se han materializado en Colombia. El Cicr dice que “las acciones armadas indican que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables”, destacando la falta de una consolidación integral de la presencia del Estado y los desafíos adicionales que trae la llegada de migrantes.

La organización también señala que la población civil sigue enfrentando las peores consecuencias del conflicto. “Todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra”, denunció el Cicr.

Luego de una inspección llevada a cabo en el batallón Pedro Nel Ospina en Bello (Antioquia), las autoridades confirmaron que el disidente de las Farc Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, sí estaba en la comitiva de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se movilizaba por la vía Medellín-Anorí (Antioquia). La situación generó indignación en varios políticos de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que cuestionaron la presencia de actores armados en el país.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue uno de los que se pronunció al respecto, enlistando los espacios en los que los integrantes de organizaciones armadas han estado y los escándalos en los que han estado involucrados. “Guerrilleros usando el hospital militar, guerrillero usando carros de la UNP, guerrilleros apoyando la constituyente, guerrilleros con contratos del Estado (ELN)”, sostuvo el congresista en X.

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Polo Polo se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de que los desmovilizados de las Farc sean atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá, en aras de cumplir con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla. Así, se busca garantizar a los excombatientes un servicio de salud adecuado y especializado.

La idea fue criticada por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares en un comunicado, en el que expresaron su preocupación por la instrucción del jefe de Estado.“Estas personas han cometido graves crímenes contra la sociedad colombiana, incluyendo asesinatos y secuestros, lo cual contraviene los principios de justicia y legalidad que deben prevalecer en nuestra nación”, indicaron.

Otro de los hechos a los que hizo referencia el congresista tiene que ver con la propuesta del presidente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente —que tiempo después negó, explicando que se trata de un “poder constituyente”—, la cual fue apoyada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrillera con la que el Gobierno nacional está adelantando negociaciones de paz.

“El poder popular es la esencia de nuestro proyecto de nueva nación. El pueblo con su historia, experiencia, creatividad y sabiduría, ha venido transitando el camino de cambios, que le permitan superar la exclusión, la miseria, el despojo y la represión, impuestos por la oligarquía colombiana desde hace casi doscientos años; el levantamiento armado del ELN es parte de estas luchas”,

Igualmente, mencionó la presunta entrega de contratos al mencionado grupo armado, haciendo alusión a las declaraciones que dio el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en las que indicó que se habrían redireccionado contratos a la guerrilla. Esto, en medio del escándalo de corrupción que rodea a la entidad, a varios congresistas de distintos partidos políticos y a altos funcionarios del Gobierno Petro.

“Ellos emitieron un comunicado en el que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres en los acuerdos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Con contratos”, señaló el exfuncionario, según reveló Noticias Caracol en un informe.

Finalmente, el congresista reiteró lo dicho durante la instalación del nuevo periodo legislativo el 20 de julio en el Congreso de la República, donde aseguró que en la Casa de Nariño hay un “frente”, haciendo referencia a una organización criminal que comandaría el presidente Gustavo Petro. Su comentario generó una ola de críticas por parte de otros políticos, que lo catalogaron como irrespetuoso. “Y así pretenden que no los llamen FRENTE CASA DE NARIÑO. Solo falta que Francia Márquez suba a la guerrilla al helicóptero”, precisó el representante opositor.

En la mañana del martes 16 de julio, el general William René Salamanca Ramírez, director de la Policía Nacional, reportó que, a través de la Operación Cauca, la institución asestó un golpe a las finanzas de la estructura Jaime Martínez, del Estado Mayor Central, grupo disidente de las Farc liderado por alias Iván Mordisco.

En el municipio de López de Micay fueron destruidas dos unidades de producción minera, cinco excavadoras, dos dragas y seis motores. Así quedó evidenciado en un video como tomas aéreas y terrestres en donde se evidencia la destrucción de la maquinaria por parte de agentes de la Policía Nacional.

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El presidente Gustavo Petro celebró el operativo contra la estructura criminal y lanzó una advertencia para los líderes del grupo armado ilegal.

“Sigue la ofensiva contra la economía ilegal del EMC del Cauca. Entre más se destruya esta economía, más reaccionará el EMC con desespero, pero más débil será”, escribió en su cuenta de X.

Los frentes contra los que Gobierno intensificará ofensiva

El Ministerio de Defensa expuso que, a través del Decreto 0888, el Gobierno da fin a un cese al fuego con 24 estructuras del Estado Mayor Central, las del suroccidente que están en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y todas las que están bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Se mantiene el cese al fuego bilateral y temporal de tres meses con 16 estructuras que integran los bloques Comandante ‘Gentil Duarte’, ‘Comandante Jorge Suárez’ y el frente ‘Raúl Reyes’.

“Lo que queremos informar en el día de hoy es que el Gobierno Nacional declara terminado el cese al fuego con todos los bloques y frentes el antes denominado Estado Mayor Central, excepto con los bloques Magdalena Medio, comandante ‘Gentil Duarte’ y comandante ‘Jorge Suárez Briceño’ y el frente Raúl Reyes”, señaló en una rueda de prensa.

A su vez, el jefe de la cartera indicó que estas estructuras incumplieron con el cese al fuego pactado en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, aunque sostuvo que esta medida se mantendrá con las disidencias al mando de alias Calarcá, uno de los integrantes que participa en el quinto ciclo de negociaciones realizado en Bogotá.

“Los hombres al mando de ‘Mordisco’ no cumplieron con el cese al fuego bilateral, por lo que la orden es arremeter las operaciones contra esta facción del grupo armado organizado y en esa línea, reactivar todas las operaciones ofensivas en todo el país contra esta red”, manifestó Velásquez.

“La Fuerza Pública deberá seguir cumpliendo sus funciones constitucionales, en especial frente a la protección de la población civil y la protección del territorio”, comentó.

Iván Velásquez manifestó su preocupación ante el incremento de las extorsiones por parte del Estado Mayor Central de las Farc, por lo que sostuvo que este tema será tratado en los diálogos de paz. “Continúan extorsionando todos los sectores en poblaciones donde tienen presencia. La disposición del Gobierno es la de enfrentar, junto con la Fiscalía, en acciones de choque, esta modalidad que afecta tan sensiblemente a la población”, explicó.

Por otra parte, el funcionario del Gobierno nacional mencionó que se “integrarán mecanismos regionales y locales para verificar el cumplimiento de reglas y compromisos”, y se creará un comité técnico para la georreferenciación de los frentes y delimitar las áreas de presencia, con el fin de conocer donde se ubica cada frente y así “saber cuál es su área de ubicación exacta y evitar un contacto armado”.

La medida no es del todo sorpresiva, pues semanas antes el funcionario había señalado que las Fuerzas Militares no estaban obligadas a dejar de lado sus misiones ofensivas en contra de estas estructuras ilegales, salvo que el presidente Petro diera esa orden, algo que, hasta el momento, no ha ocurrido. De hecho, el primer mandatario ha dado a entender que está de acuerdo con las acciones tomadas militarmente en contra del EMC.

Hamas desbordó la frontera de Israel en octubre con una maniobra coordinada a gran escala antes de cometer atrocidades. Ahora, actúa como una guerrilla, sus combatientes a menudo disfrazados de civiles.

Se esconden bajo barrios residenciales, almacenando sus armas en kilómetros de túneles y en casas, mezquitas, sofás -incluso en la habitación de un niño-, desdibujando la frontera entre civiles y combatientes.

Salen de su escondite vestidos de civil, a veces con sandalias o chándales, antes de disparar contra las tropas israelíes, colocar minas en sus vehículos o lanzar cohetes desde lanzaderas situadas en zonas civiles.

Colocan explosivos y cables trampa en casas abandonadas y, en ocasiones, atraen a los soldados israelíes para que entren en los edificios con trampas explosivas esparciendo señales de la presencia de Hamás.

Durante los ocho meses de combates en Gaza, el brazo militar de Hamas -las Brigadas Qassam- ha luchado como una fuerza descentralizada y en gran medida oculta, en contraste con su ataque del 7 de octubre contra Israel, que comenzó con una maniobra coordinada a gran escala en la que miles de comandos uniformados irrumpieron en las ciudades fronterizas y mataron a unas 1.200 personas.

En lugar de enfrentarse a la invasión israelí que siguió en batallas frontales, la mayoría de los combatientes de Hamas se han retirado de sus bases y puestos avanzados, tratando de contrarrestar la ventaja tecnológica y numérica de Israel lanzando ataques sorpresa contra pequeños grupos de soldados.

Desde el subsuelo, el ejército fantasma de Hamas sólo ha aparecido fugazmente, emergiendo de repente de una madriguera de túneles -a menudo armados con granadas propulsadas por cohetes- para abatir soldados y luego regresar rápidamente a su fortaleza subterránea. A veces, se han escondido entre los pocos civiles que decidieron permanecer en sus barrios a pesar de las órdenes israelíes de evacuación, o han acompañado a civiles en su regreso a zonas que los israelíes habían capturado y luego abandonado.

La decisión de Hamas de seguir luchando ha resultado desastrosa para los palestinos de Gaza. Ante la negativa de Hamas a rendirse, Israel ha seguido adelante con una campaña militar que ha matado a casi el 2% de la población de Gaza antes de la guerra, según las autoridades de Gaza; ha desplazado a aproximadamente el 80% de sus residentes, según las Naciones Unidas; y ha dañado la mayoría de los edificios de Gaza, según la ONU.

Por el contrario, menos de 350 soldados israelíes han muerto en Gaza desde el comienzo de la invasión, según las estadísticas militares, muchos menos de los que las autoridades israelíes habían pronosticado en octubre.

Sin embargo, a pesar de la carnicería en Gaza, la estrategia de Hamas ha ayudado al grupo a cumplir algunos de sus propios objetivos.

La guerra ha empañado la reputación de Israel en gran parte del mundo, provocando acusaciones de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Ha exacerbado antiguas fisuras en la sociedad israelí, provocando desacuerdos entre los israelíes sobre si Israel debe derrotar a Hamás y cómo debe hacerlo. Y ha devuelto la cuestión del Estado palestino al discurso mundial, llevando a varios países a reconocer a Palestina como Estado.

Igual de importante para Hamás es que su doctrina de guerra le ha permitido sobrevivir.

El líder de Hamas en el territorio, Yahya Sinwar, y la mayoría de sus altos mandos militares siguen vivos. Israel afirma que ha matado a más de 14.000 de los 25.000 combatientes de Hamas, una cifra no verificable y discutida que, de ser cierta, sugiere que miles de ellos siguen activos.

Un análisis de los vídeos del campo de batalla difundidos por Hamas y entrevistas con tres miembros de Hamas y decenas de soldados israelíes, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente, sugiere que la estrategia de Hamas se basa en:

• Utilizar cientos de kilómetros de túneles, cuya magnitud sorprendió a los mandos israelíes, para desplazarse por Gaza sin ser vistos por los soldados israelíes;
• Utilizar viviendas e infraestructuras civiles -incluidas instalaciones médicas, oficinas de la ONU y mezquitas- para ocultar combatientes, entradas a túneles, trampas explosivas y almacenes de munición;
• Emboscar a soldados israelíes con pequeños grupos de combatientes vestidos de civiles y utilizar a civiles, incluidos niños, como vigías;
• Dejar señales secretas en el exterior de las casas, como una sábana roja colgada de una ventana o un grafiti, para indicar a los demás combatientes la presencia cercana de minas, entradas a túneles o depósitos de armas en el interior;
• Alargar la guerra tanto como sea posible, incluso a costa de más muerte y destrucción de civiles, con el fin de empantanar a Israel en una batalla de desgaste que ha amplificado las críticas internacionales contra Israel.

“El objetivo es desaparecer, evitar la confrontación directa, mientras se lanzan ataques tácticos contra el ejército de ocupación. Se hace hincapié en la paciencia”, declaró Salah al-Din al-Awawdeh, miembro de Hamas y antiguo combatiente de su ala militar, que ahora es analista en Estambul. Antes del 7 de octubre, las Brigadas Qassam funcionaban como “un ejército con bases de entrenamiento y arsenales”, afirmó al-Awawdeh. “Pero durante esta guerra, se están comportando como guerrillas”.

Al comienzo de la guerra, Hamas y sus aliados dispararon una andanada de cohetes contra zonas civiles de Israel, entre ellos unos 3.000 el mismo 7 de octubre, a menudo utilizando lanzaderas ocultas en barrios civiles densamente poblados de Gaza. El ejército israelí capturó y destruyó decenas de lanzaderas, entre ellas algunas que dijo haber encontrado cerca de una mezquita y una guardería, con lo que el lanzamiento de cohetes quedó prácticamente detenido.

Tras la invasión de las tropas terrestres israelíes a finales de octubre, Hamas fue más allá al transformar zonas civiles de Gaza en zonas militares, colocando trampas en decenas de barrios y creando confusión sobre el aspecto de un combatiente al vestir a sus combatientes como civiles.

Funcionarios israelíes afirman que las tácticas de Hamás explican por qué Israel se ha visto obligado a atacar tantas infraestructuras civiles, matar a tantos palestinos y detener a tantos civiles.

Mousa Abu Marzouk, un alto cargo de Hamas con sede en Qatar, desestimó las críticas al uso por Hamas de atuendos civiles y al almacenamiento de armas en el interior de viviendas civiles, afirmando que desviaban la atención de las fechorías israelíes.

“Si hay alguien que saca un arma de debajo de una cama, ¿es eso una justificación para matar a 100.000 personas?”. dijo Abu Marzouk. “Si hay alguien que saca un arma de debajo de una cama, ¿es eso una justificación para matar a toda una escuela y destruir un hospital?”.

Otros miembros de Hamas reconocen y defienden el uso por parte del movimiento de ropa y viviendas civiles, afirmando que el grupo no tenía alternativa.

“En todas las guerras insurgentes, desde Vietnam hasta Afganistán, la gente luchaba desde sus casas”, dijo al-Awawdeh. “Si vivo en Zeitoun, por ejemplo, y viene el ejército, lucharé contra ellos allí, desde mi casa, o la de mi vecino, o desde la mezquita. Lucharé contra ellos dondequiera que esté”.

Los militantes de Hamas visten de paisano en un intento legítimo de evitar ser detectados, dijo al-Awawdeh. “Eso es natural para un movimiento de resistencia”, añadió, “y no hay nada inusual en ello”.

Cómo reaccionó Hamás a la invasión

La respuesta de Hamas a la invasión terrestre israelí del 27 de octubre se convirtió en un modelo para su estrategia desde entonces.

Cuando los tanques y batallones de infantería israelíes irrumpieron en Gaza aquel viernes, apenas encontraron resistencia durante los primeros kilómetros, según cuatro soldados que estuvieron entre los primeros en cruzar la frontera.

Lior Soharin, sargento mayor de la reserva israelí, ayudó a superar un puesto avanzado de Hamas a unas decenas de metros de la frontera. No había nadie dentro, recordó.

“En retrospectiva nos dimos cuenta de que estaban allí, justo debajo del suelo”, dijo Soharin.

Tras retirarse a su laberinto de túneles, los combatientes de Hamás habían cedido miles de acres de tierras de cultivo a las fuerzas israelíes.

Ello se debió en parte a que las fuerzas israelíes avanzaron por rutas que Hamas no había revestido con explosivos y trampas, según un oficial subalterno de Hamas del norte de Gaza que abandonó el territorio antes del 7 de octubre y permanece en estrecho contacto con sus subordinados. Pero también se debió a que la estrategia de las Brigadas Qassam consistía en tender emboscadas a los soldados israelíes una vez que hubieran avanzado profundamente en el territorio, en lugar de contraatacar inmediatamente, según el combatiente.

Decenas de vídeos de propaganda de Hamas, publicados por el grupo en sus canales de redes sociales, muestran a pequeños grupos de combatientes gazatíes -a menudo vestidos con vaqueros, pantalones de chándal, sandalias y zapatillas de deporte- saliendo de túneles para disparar a los tanques y vehículos de transporte de tropas israelíes cercanos; corriendo a pie hacia los tanques y colocando minas cerca de las torretas; disparando granadas propulsadas por cohetes desde edificios residenciales; y disparando a los soldados con rifles de francotirador.

Hamas se había estado preparando para este momento desde al menos 2021, cuando el grupo comenzó a aumentar la producción de explosivos y misiles antitanque, en preparación para una guerra terrestre, y dejó de fabricar tantos cohetes de largo alcance, dijo el oficial de Hamas.

También amplió una vasta red de túneles, creando puntos de entrada en casas de toda Gaza que permitieran a los combatientes entrar y salir sin ser vistos desde el aire, pero convirtiendo en objetivos los barrios civiles. La red estaba dotada de una red de telefonía fija difícil de vigilar por Israel y que permite a los combatientes comunicarse incluso durante los cortes de las redes de telefonía móvil de Gaza, controladas por Israel, según el oficial de Hamás, al-Awawdeh y funcionarios israelíes.

Al comienzo de la guerra, Hamas tenía suficientes explosivos en sus arsenales subterráneos para una campaña prolongada, así como suficientes verduras enlatadas, dátiles y agua potable para al menos 10 meses, según el oficial.

La red de túneles creció tanto que pasaba por debajo de un importante complejo de la ONU y del mayor hospital de Gaza, así como de carreteras principales, innumerables viviendas y edificios gubernamentales. Nueve meses después, altos cargos israelíes afirman que sólo han destruido una pequeña parte de la red y que su existencia ha obstaculizado la capacidad de Israel para destruir a Hamás.

Los comandos de Hamas también habían sido entrenados para permanecer alerta y concentrados durante la escasez de alimentos y agua, dijo el oficial. Antes de la guerra, a veces se ordenaba a los combatientes que pasaran días comiendo sólo un puñado de dátiles y que permanecieran sentados durante varias horas sin moverse, incluso mientras los instructores les echaban agua en la cara para distraerlos, dijo el oficial.

Cuando grandes franjas de Gaza empezaron a vaciarse en octubre, los combatientes de Hamas empezaron a colocar trampas explosivas en cientos de casas en las que esperaban que las tropas israelíes intentaran entrar, dijo el oficial. Las minas estaban conectadas a cables trampa, sensores de movimiento y detectores de sonido que detonaban los explosivos una vez activados, explicó el oficial.

Una vez preparado el terreno, los combatientes descendieron a los túneles y esperaron la llegada de los israelíes.

Cómo Hamas prepara una trampa

En las emboscadas mejor planificadas, los escuadrones de Hamas han adormecido a las fuerzas israelíes con una falsa sensación de seguridad al permitirles moverse libremente durante horas o incluso días en zonas marcadas para el ataque.

Combatientes de Hamas y soldados israelíes afirman que Hamas rastrea la ubicación de los israelíes mediante cámaras ocultas, aviones no tripulados e información proporcionada por vigías civiles. Cinco soldados israelíes dijeron que entre esos vigías hay niños que se suben a los tejados y transmiten información a los comandantes que están abajo.

Los escuadrones de emboscada de Hamas suelen permanecer ocultos hasta que un convoy israelí ha atravesado una zona durante varios minutos, o hasta que las fuerzas israelíes se han agrupado en un lugar concreto durante horas, creando la impresión de que Hamas ha abandonado la zona, dijeron seis soldados israelíes y el oficial de Hamas. Tras un periodo de calma, un pelotón sale de un túnel, a menudo en grupo de cuatro.

Dos combatientes se encargan de fijar explosivos a los lados de un vehículo o de dispararle misiles antitanque, según el oficial de Hamas. Un tercero lleva una cámara para filmar imágenes de propaganda. Un cuarto suele quedarse en la entrada del túnel, preparando una trampa explosiva que puede activarse en cuanto regresen los demás, para matar a cualquier israelí que intente seguirles bajo tierra.

Una emboscada bien planeada tiene como objetivo eliminar no sólo a la fuerza israelí inicial, sino también a los combatientes de refuerzo y a los médicos que acuden a rescatar a los heridos, según los soldados que han experimentado este tipo de emboscadas y el oficial de Hamás.

Un miembro de las fuerzas especiales israelíes recordó cómo un grupo de combatientes de Hamas parecía haberse colocado específicamente para que las fuerzas de refuerzo israelíes tuvieran que disparar a través de sus compañeros heridos para alcanzar a los emboscadores.

Otro describió a combatientes de Hamas esperando a que miembros de una unidad israelí resultaran heridos por la explosión de una mina para salir y disparar contra las fuerzas de rescate. En un ataque perpetrado el 11 de junio en Rafah, tanto Hamas como el ejército israelí afirmaron que combatientes de Qassam dispararon morteros contra una fuerza de socorro israelí que acudió a rescatar a unos soldados que habían sido atacados ese mismo día.

Hamas mostró la mayoría de estos ataques en un extenso vídeo de ocho minutos difundido en sus canales de redes sociales a principios de abril.

El vídeo parece mostrar a combatientes llevando a cabo una emboscada en varias fases que, al parecer, tiene lugar en Khan Yunis, en el sur de Gaza.

El vídeo parece mostrar a combatientes de Hamas, con los rostros borrosos, sentados en esteras estampadas mientras planean el ataque. Utilizan bolígrafo, papel y una tableta digital para dibujar mapas simplistas en los que detallan dónde quieren plantar un conjunto de minas colocadas al borde de la carretera.

“Te pedimos, Señor, que la emboscada logre sus objetivos: déjanos matar a tus enemigos, los judíos”, dice el narrador.

A continuación, se ve a hombres de Hamas -vestidos de paisano- colocando esos explosivos entre los escombros de un barrio en ruinas. A continuación, el vídeo muestra lo que parece ser la emboscada planeada: filmado por cámaras ocultas, un grupo de soldados israelíes se abre paso entre los escombros antes de ser alcanzado por disparos. Ese ataque parece atraer a un escuadrón de socorro israelí al lugar, y la llegada de esos socorristas parece activar las minas.

“Esta es una muestra en miniatura de lo que su ejército derrotado está sufriendo en el fango de Gaza”, concluye el narrador.

Cómo Hamás utiliza las casas

Además de colocar trampas en las casas, Hamas también ha utilizado edificios residenciales para ocultar decenas de alijos de armas pequeñas en todo el territorio, según más de una docena de soldados israelíes que han encontrado tales arsenales.

Los soldados afirmaron que se ha convertido en algo normal encontrar municiones ocultas en el interior de viviendas civiles y mezquitas, lo que constituye una de las razones, según ellos, por las que el ejército ha destruido tantos edificios de este tipo.

Algunos soldados dijeron que sus unidades destruían innecesariamente bienes civiles, o se filmaban a sí mismos destrozándolos, creando la impresión de que el ejército israelí a menudo tenía pocas razones para registrar viviendas civiles. Pero otros afirmaron que el registro de pertenencias civiles solía tener una clara finalidad militar: Uno recordó haber encontrado armas detrás de una pared falsa en el dormitorio de un niño, mientras que otro dijo que su unidad encontró granadas en el armario de la ropa de una mujer. El derecho internacional exige a los combatientes que eviten utilizar “bienes de carácter civil”, entre los que se incluyen viviendas, escuelas, hospitales y mezquitas, para objetivos militares.

A veces, los combatientes de Hamas salían de los túneles sin armas, haciéndose pasar por civiles hasta que llegaban a una casa donde otros combatientes habían escondido armas y munición dentro del forro de los muebles, dijeron los soldados israelíes.

Para ayudar a sus hombres armados a encontrar estos alijos de armas, dijeron varios soldados israelíes, Hamas ha desarrollado un elaborado sistema para marcar las casas que sirven de almacenes militares o que contienen túneles o trampas explosivas. Algunos edificios estaban marcados con un símbolo concreto, otros tenían telas rojas colgando de las ventanas y otros tenían barriles de plástico o bolsas de plástico en el exterior, todo lo cual indicaba a los combatientes de Hamás algo sobre lo que se ocultaba en su interior.

Algunas unidades israelíes recibieron finalmente guías impresas para ayudarles a identificar el significado de cada símbolo u objeto, dijo un soldado.

En caso de duda, los soldados entraban en las casas haciendo un agujero en sus paredes, por si las puertas principales estaban equipadas con minas, según un oficial militar de alto rango, el general de división Itai Veruv, que escoltó a un reportero de The New York Times en el centro de Gaza en enero.

Para atraer a los israelíes hacia una trampa, los hombres armados de Hamas a veces dispersaban un edificio con signos visibles de su presencia, como una bandera de Hamas. En otras ocasiones, según dos soldados israelíes, atraían a las tropas israelíes al interior mediante una prenda de ropa o un documento de identidad israelíes, que daban a entender que en el interior podía haber rehenes.

Un soldado dijo que Hamas utilizó perros encadenados para atraer a los soldados hacia un edificio con trampas explosivas, con la esperanza de que los soldados intentaran liberar a los perros.

Otro soldado recordó que vio a un combatiente de Hamas muerto en el interior de un bloque de apartamentos y se dirigió hacia el cadáver. Al acercarse, se dio cuenta de que el cadáver había sido equipado con un explosivo. Cuando su escuadrón disparó contra el cadáver, éste estalló e incendió el edificio, añadió.

Algunos soldados dijeron que habían encontrado armas en casas que habían registrado antes en la guerra. Ello sugería que al menos algunas de las armas se habían depositado en las casas después del comienzo de la invasión israelí.

Incluso en zonas en las que Israel afirma haber derrotado a Hamas, las fuerzas israelíes han tenido que regresar a menudo, semanas o incluso meses después, para continuar la batalla contra combatientes que habían sobrevivido a fases anteriores de la guerra.

Para Hamas, “siempre se trató de evitar pérdidas durante el mayor tiempo posible para poder luchar otro día”, afirmó Andreas Krieg, experto en estrategia militar del King’s College de Londres. “No están ni cerca de ser derrotados”.

Copyright c. 2024 - The New York Times

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en su más reciente informe, hizo seguimiento al cumplimiento del cese al fuego bilateral pactado entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN; dicho acuerdo está por llegar al año de vigencia.

Según la entidad, del 6 de junio al 5 de julio de 2024, el número de acciones violentas atribuidas a ese grupo armado ilegal aumentó cuatro veces frente al registro del mes anterior, incumpliendo con el acuerdo pactado. El Cerac afirmó que en 11 meses se han registrado 39 violaciones al cese al fuego y otros seis incumplimientos.

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Las violaciones corresponden a cinco homicidios, tres personas heridas y 52 secuestros. Se presentaron 13 hechos en Arauca, siete en Chocó, seis en Cauca, cuatro en Norte de Santander, tres en Santander, dos en Antioquia, y uno en cada uno de los siguientes departamentos: Casanare, La Guajira, Nariño y Risaralda. El informe señala que 12 secuestrados pertenecen al mismo ELN, adscritos a otras estructuras; 37 ya fueron liberados y tres permanecen en poder de dicha guerrilla.

Por otro lado, dos de los incumplimientos ocurrieron en Arauca, y en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Santander, uno por departamento. En el último mes, se registraron ocho acciones violentas consideradas violaciones de los compromisos del cese el fuego. En cuatro de esos hechos fue asesinado un policía; tres personas fueron secuestradas y hubo una amenaza contra Edgar Guevara, integrante de la Mesa Autónoma de Reincorporación en Bucaramanga. La entidad confirmó que el asesinato del subteniente “rompe un periodo de dos meses consecutivos sin muertes por la actividad violenta del ELN”.

En el mismo mes se evidenció un incumplimiento del cese al fuego que se representó en la incursión de guerrilleros uniformados y armados en el corregimiento El Mango, zona rural de Piendamó, Cauca.

“Esta acción es un incumplimiento al compromiso del Protocolo de acciones Violentas acordado por las partes de “no realizar acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario en particular las contenidas en el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”, que en el Título IV, artículo 13 numeral 2, indica que «no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles»”, dice el Cerac.

El 15 de junio, dos personas fueron secuestradas y constreñidas por el ELN para asistir a una reunión con miembros de ese grupo guerrillero en zona rural de Remedios, Antioquia. Además, un menor de edad fue secuestrado en El Tarra, Norte de Santander. En otro hecho ocurrido el 19 de junio, los guerrilleros incendiaron un vehículo de carga en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.

En junio no hubo operaciones de la fuerza pública en contra de la guerrilla del ELN; sin embargo, se registraron combates con el Ejército Nacional. El primero ocurrió el 25 de junio en Labranzagrande, Boyacá, en el operativo fueron rescatados dos menores de edad que habían sido reclutados por el grupo ilegal. El segundo se presentó el 20 de junio en Pueblo Rico, Risaralda, donde se desplazaron forzosamente 900 indígenas. El último fue el 4 de julio en la región del Zulia, Norte de Santander, el día en que los integrantes de la guerrilla celebran la fecha de su fundación en 1964.

Según el Cerac, ese mismo día los insurgentes realizaron al menos 29 acciones de propaganda con pancartas, banderas y grafitis. “Esas acciones no se consideran violaciones o incumplimientos por parte del ELN, ya que en esas acciones esa guerrilla no infringió ninguno de los compromisos que rigen el cese el fuego bilateral”, detalla el informe.

Durante las últimas 24 horas, el ELN realizó una campaña de zozobra en el suroccidente de Colombia. Todo parece indicar que el grupo estaría adelantando estas acciones por las seis décadas que cumple esta guerrilla desde su fundación, el 4 de julio de 1964. Por ejemplo, el miércoles 3 de julio, el grupo instaló banderas en la capital del departamento de Valle del Cauca y también pintó grafitis en varias partes de la ciudad. Asimismo, este jueves se reportó una posible maleta bomba en Timbío, lo que está siendo investigado por las autoridades locales.

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En Cali, una bandera del grupo insurgente fue descubierta cerca de la estación Calipso del MIO el miércoles a las 6:00 a. m. La ubicación de la bandera junto a un cronómetro y cables generó pánico entre los residentes, quienes temieron la presencia de un artefacto explosivo. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cali descartó dicha posibilidad y retiró la bandera de inmediato.

Dichas imágenes han sido ampliamente difundidas a través de redes sociales generando pánico entre los colombianos, lo que ha despertado opiniones entre los internautas y en la esfera política. Es el caso del senador David Luna, que expresó mediante su cuenta de X: “Municipios y ciudades de Colombia como Chiriguana, Curumaní, Tibú y hasta Cali, amanecieron con banderas del ELN en conmemoración a los 60 años de fundación de este grupo delincuencial. Pero además, en la vía Panamericana hay presencia de guerrilleros de este grupo. Increíble y doloroso.”

Lo propio hizo el secretario de Cultura de Popayán, Luis Miguel Zambrano, indicando que: “Tal parece que ahora el pulgar en alto se le debe hacer al ELN y no al Ejército como en el pasado. Hoy en El Mango en plena vía Panamericana entre Popayán y Cali este es el panorama.” Cabe acotar que lo que más ha llamado loa atención es la nula presencia de las autoridades para controlar la situación.

En paralelo, es de mencionar que estos eventos coinciden con la reciente denuncia de la Personería Distrital sobre la presencia de células urbanas de disidencias de las Farc en la Sucursal del Cielo. Este contexto, hay preocupación entre las autoridades locales y nacionales sobre la seguridad en la región. En otro frente, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 016-2024 para el sur del departamento del Casanare, en municipios como Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva. La alerta advierte sobre el riesgo de conflictos territoriales entre grupos armados ilegales, incluidos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Farc.

Cabe mencionar que, la AT 016 menciona tres escenarios de riesgo: el control armado ilegal de las AGC, su accionar violento, y la injerencia del ELN y las disidencias de las Farc. La expansión de las AGC desplazó violentamente a otras estructuras armadas, permitiendo “supremacía y control en la región” y a su vez afectar a las comunidades rurales y urbanas, aumentando el temor entre la población.

En las áreas bajo riesgo, los grupos armados han penetrado en zonas de alta pobreza, generando intimidación y reclutamiento de jóvenes en estado de vulnerabilidad. Las comunidades afectadas incluyen organizaciones comunitarias, campesinas, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos, agricultores, ganaderos, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes y estudiantes, entre otros.

Se llevó a cabo el lunes 24 de junio de 2024 en Caracas (Venezuela) la instalación de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez, en el tercer proceso de negociación que tiene en curso el presidente de la República, Gustavo Petro, con organizaciones al margen de la ley; que hacen parte de la política de Paz Total.

Además de la reaparición de Luciano Marín Arango, nombre de pila del exintegrante del secretariado de las Farc, del que se confirmó que perdió su mano derecha y registra serias dificultades en su visión, también generó una fuerte ola de comentarios en redes sociales las declaraciones del consejero alto comisionado para la paz, Otty Patiño, que lamentó la muerte de varios integrantes de esta agrupación.

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En efecto, Patiño ofreció disculpas a los miembros de la Segunda Marquetalia por la muerte de miembros de la estructura ilegal en Nariño. Además de sus afirmaciones, el funcionario del Estado generó indignación por el tono de sus palabras, pues se veía afectado por la situación, pues así se lo hizo saber a Márquez y demás pertenecientes a la delegación de la organización disidente.

“Lamentar profundamente los acontecimientos de ayer (domingo 23 de junio), acontecimientos que no pueden llamarse incidentes porque es volverlos leves e insignificantes. Es algo fatídico y hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la Segunda Marquetalia”, afirmó el comisionado de paz, en el acto en el que estuvo presente el canciller del régimen venezolano, Yvan Gil.

¿Por qué Otty Patiño pidió “perdón” a la Segunda Marquetalia?

En sus declaraciones, Patiño parece haberle ofrecido perdón en nombre del Estado a la Segunda Marquetalia, en especial por el hecho que ocurrió en departamento de Nariño, en donde una operación de las fuerzas especiales del Ejército Nacional derivó en la muerte de tres personas y dejó a cuatro más heridas. En sus afirmaciones, indicó que su postura contaba con el visto bueno del presidente Gustavo Petro.

“Es algo fatídico y así lo entienden el presidente, el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y el alto mando de las Fuerzas Militares, de tal manera de que el hecho de que estemos acá sentados significa que hay templanza”, expresó Patiño.

Entre los abatidos está Hermes Guerrero, uno de los comandantes de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de esta estructura al margen de la ley. La información se difundió en la mañana del lunes 24 de junio, lo que generó un ambiente de tensión entre las delegaciones de paz. Justo en la jornada en la que se dio inicio a un nuevo proceso, a la par del protagonizado por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC).

Al margen de esa situación que se registró en este departamento del sur del país, los diálogos con este grupo armado ilegal quedaron instalados y desde el martes 25 de junio se adelantará la primera ronda entre las partes, que trabajarán durante cuatro días seguidos para definir asuntos logísticos de la negociación y trazar la hoja de ruta con la que avanzarán en las conversaciones.

“Los ciclos de negociación serán de una semana, prorrogables por acuerdo mutuo, con intervalos no superiores a 30 días hábiles”, se precisó en el documento firmado por las delegaciones durante el encuentro exploratorio. A su vez, en el contenido temático de estas tratativas, en el mismo se indicó que tendrá una serie de puntos básicos con los que se desarrollará la discusión. Son ellos:

• Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz.
• Construcción de Territorios de paz.
• Víctimas como sujeto social transformador.
• Condiciones para la convivencia pacifica.
• Implementación y verificación.

Con un duro mensaje en sus redes sociales, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, arremetió el domingo 23 de junio de 2024 contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Y todo por cuenta del acto en el que, según indicó en primer lugar el Ministerio de Cultura, se declaró –mediante resolución– el sombrero usado por el excabecilla del M-19 y exaspirante presidencial Carlos Pizarro Leongómez, durante la firma del Acuerdo de Paz con el Estado y en su campaña a la Casa de Nariño.

Para Peñalosa, considerado un ácido crítico de Petro y sus ejecutorias –no solo como primer mandatario sino durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, pues fue el encargado de sucederlo en el cargo en 2016–, este evento lo que hizo fue reivindicar la lucha armada de esta organización al margen de ley, que pactó la dejación de armas en 1990, pero que fue responsable de cruentos atentados, como el de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

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“Este sombrero es un símbolo de paz. Indudable. Y debe quedar aquí. Será patrimonio. Este es un patrimonio del amor. Así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño”, destacó el primer mandatario el 18 de junio, en el evento que se efectuó en la Casa de Nariño, cuando presentó el accesorio que recibió de manos de un grupo de exiliados de la organización armada que se encuentran en Estocolmo (Suecia), a propósito de la visita del presidente.

¿Qué dijo Enrique Peñalosa del homenaje de Gustavo Petro?

Aunque se refirió al asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990 al interior de un avión de Avianca, cuando adelantaba su agenda como aspirante a la presidencia, Peñalosa dio a conocer sus reparos en relación con lo que sería, según él, el afán de Petro de legitimar el accionar terrorista de esta agrupación; por más de que sus desmovilizados, incluido el propio jefe de Estado, sean protagonistas del proceso de paz más exitoso en la historia del país.

“Primero, lamento que Carlos Pizarro haya sido asesinado. Pero que Petro quiera volver el sombrero de Pizarro Patrimonio Cultural de la Nación, al igual que su show con la espada de Bolívar el día de su posesión, las numerosas referencias al M-19 en su libro y cada vez que puede, subraya que Petro considera legítimo asesinar, secuestrar, y cometer toda clase de delitos para lograr sus objetivos políticos”, expresó el exmandatario local en su perfil.

Según Peñalosa, que fue en dos ocasiones burgomaestre de la capital de la República, “Petro se enorgullece y nunca ha pedido perdón por los numerosos asesinatos del M-19, comenzando por el del humilde vigilante del Palacio de Justicia al que asesinaron de entrada; y ni hablar del horror del Palacio de Justicia que ocasionaron”. Un mensaje con el que levantó toda una polvareda mediática luego de que el debate se consideraba superado.

No solo el exalcalde de Bogotá se refirió en contra de esta determinación, sino también otros personajes de la vida política nacional, como el expresidente Andrés Pastrana Arango y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que rechazaron este tipo de actos que tendrían como objetivo promover la candidatura de María José Pizarro, hija del abatido excombatiente, a la presidencia; de cara a los comicios del 2026.

“La pretensión de Petro de convertir un sombrero que supuestamente usaba el comandante del M-19 Carlos Pizarro en un objeto de culto nacional, es un insulto sin precedentes a las víctimas de ese grupo terrorista”, indicó Pastrana. En tanto que Cabal fue más allá: “¿También harán del mugroso trapo de ‘Tiro Fijo’ un monumento nacional? ¿Para cuándo convertirán en patrimonio cultural algún avión del narcotraficante socio del M-19 Pablo Escobar? Debemos trabajar en una ley que prohíba los honores y apología de criminales o terroristas”, apuntó.

En las redes sociales, el presidente Gustavo Petro generó debate al compartir un video sobre el conocido “fraude electoral” de 1970. Este hecho histórico, que motivó la fundación de la guerrilla del M-19, a la que perteneció en su juventud, fue objeto de controversia. La senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, respondió al jefe de Estado, al destacar que su versión de los hechos no es más que “otro mito revolucionario”.

El video narraba los eventos de esas elecciones que desencadenaron una serie de manifestaciones debido a la forma en que se divulgaron los resultados. Junto al video, Petro escribió: “Esta historia ya no quieren que la estudies. Te la cambian por la mentira. Esta es la historia de una bandera”.

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El contexto de esta afirmación se refiere a las supuestas irregularidades en el conteo de votos que llevaron a la elección de Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional, como presidente, en detrimento de Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (Anapo).

Por esto, la senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático y una de las líderes de la oposición, respondió a este mensaje, al mostrar su rechazo a la versión presentada por el presidente, por lo que afirmó que no correspondía a la verdadera historia.

Para respaldar su afirmación, Cabal citó una entrevista realizada en 1984 por el periodista Carlos Arango con Jacobo Arenas —el principal líder ideológico y cofundador de la guerrilla de las Farc desde 1964 hasta su muerte en 1990—, en la que reconocía la participación de las Farc en la creación del M-19.

“En una obra publicada en 1984, el periodista Carlos Arango le preguntó a Jacobo Arenas por la paternidad del M-19, a lo cual respondió: ‘Sí, se puede decir que sí. Yo no sé si los compañeros del M-19 cuando se hacen estos planteamientos resulten afectados o no les guste. Pero no se pueden sentir afectados porque ellos saben cómo es. En realidad, el M-19 surgió de una organización urbana de las FARC. Nosotros pusimos los hombres, pusimos la plata y pusimos pensamiento’”, indicó la parlamentaria.

Cabal continuó y proporcionó detalles sobre la formación del M-19, de esta manera, contradijo la narrativa presentada por Petro. Ella destacó la participación de diversos individuos, conocidos por su historia en grupos armados, y movimientos en la creación de esta guerrilla urbana.

“Al núcleo inicial de Comuneros se sumaron hombres como Carlos Pizarro, que huyó de las FARC el 11 de septiembre de 1973. Gustavo Arias Londoño (Boris), procedente del llamado Campo ML en Caldas. Otty Patiño que en mayo de 1970 secuestró un avión en Yopal con el pretexto de conseguir apoyo para el movimiento indígena de Planas (Meta) y lo desvió hacia Cuba; regresó al país y en abril de 1973 se presentó ante Enrique Santos Calderón, quien lo puso en contacto con Bateman. Elmer Marín (El Cholo), ex militante del ELN y miembro de la Juventud Obrera Católica. Álvaro Fayad, que desertó del lado de Jacobo Arenas en las FARC el 9 de abril de 1973. Andrés Almarales y Carlos Toledo Plata, miembros activos y dirigentes de la ANAPO”, detalló Cabal.

Además, el congresista señaló que la versión de Petro sobre el origen del M-19 no es del todo precisa y omite el papel de las Farc en su creación. Según ella, este grupo guerrillero, conocido por su participación en eventos históricos como la toma del Palacio de Justicia en 1985, no surgió solo como respuesta al “fraude electoral” de 1970, sino que fue influenciado y respaldado por otras fuerzas guerrilleras y políticas de la época.

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) notificó a la opinión pública la conclusión de su sexto congreso interno, en el que participaron Antonio García y Pablo Beltrán, líderes políticos de la organización.

En un comunicado que resume los temas abordados en el encuentro, se deja claro que el proceso de diálogos con el Gobierno está en uno de sus momentos más complejos debido a una serie de “incumplimientos” por parte del Estado. Sin embargo, manifiestan que están dispuestos a seguir adelante con los esfuerzos para consolidar la paz.

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Una vez conocidas las conclusiones del ELN, el Gobierno, a través de su delegación de paz, hizo un llamado a la estructura ilegal para que no deje de lado el interés común y retome los ciclos de negociación en el menor tiempo posible.

“Para la superación de las dificultades y situaciones críticas que afronta la mesa, invitamos a la Delegación del ELN al diálogo constructivo, al examen bilateral para transitar salidas y reanudar a la mayor brevedad los ciclos de diálogo de la mesa”.

Descartan fracturas internas

Parte del escepticismo de muchos ciudadanos sobre los avances en la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN tiene que ver con la sospecha de que, en el fondo, el grupo armado no está del todo unido y que hay directrices que chocan entre sí. Los voceros de esta estructura aseguraron que no hay tales grietas y que, por el contrario, pese a las mencionadas dificultades, han evidenciado fortalezas a lo largo del proceso.

Con esto último se refieren a la participación de la sociedad en general y su interés en que se logre un cese al fuego definitivo.

“Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías, puede abrir o confluir en un proceso constituyente (sic)”, indican.

Asimismo, se mostraron conformes con el rol que hasta ahora han cumplido los observadores internacionales, pues encuentran en ellos garantías y voluntad.

Flechazo a Estados Unidos y apoyo a las reformas de Petro

Como parte de su lectura general del panorama político colombiano, expusieron su inconformidad con las dificultades que han enfrentado las reformas propuestas desde el gobierno del presidente Petro. La justificación la encuentran en el exterior: señalan a Estados Unidos de organizar un complot para obstaculizar la aplicación y el avance de las reformas.

Al respecto, argumentan que “Colombia no ha sido la excepción en las luchas masivas del pueblo por conquistar los cambios para la sociedad. Como producto de esa esperanza, el Pacto Histórico logró la presidencia con Gustavo Petro, pero las reformas propuestas han sido bloqueadas por los grupos de poder económico y político que son hegemónicos en el régimen y el Estado”.

Pese a las complejidades dialógicas para alcanzar la paz, dejaron claro que ven con buenos ojos los esfuerzos de la administración de Petro para consolidar los cambios estructurales prometidos en campaña.

“Los casi dos años que lleva este gobierno son la reafirmación de que solo la lucha y movilización creciente de las masas, de sus organizaciones, será la que abrirá el verdadero camino para las transformaciones que las mayorías de Colombia reclaman desde hace décadas y que son las causas por las que ha luchado el ELN”, se lee en el comunicado.

Con esto podría concluirse, al menos por ahora, que los ciclos de diálogos y negociaciones se mantendrán, algo que resulta particularmente importante para el Gobierno, teniendo en cuenta que la Paz Total se ha convertido en una de sus banderas políticas más importantes y sobre las que tendrá que rendir cuentas al finalizar su período.

El partido político Comunes, integrado por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc - EP) que se acogieron al Acuerdo de Paz en 2016, hizo un llamado a los medios de comunicación para que reflexionen sobre cómo están informando a la ciudadanía sobre los exguerrilleros. Pues, son miles los que están en un proceso de reincorporación a la vida civil, que se ha visto afectado por la violencia.

De acuerdo con la colectividad, la prensa colombiana no ha dejado de vincular a los excombatientes con la guerrilla e, incluso, ha encasillado al mismo partido como un grupo armado. “Resulta preocupante que, tras más de 7 años de la firma del Acuerdo, sigan haciendo ver nuestro Partido como la extinta guerrilla de las FARC o, más grave aún, con las nuevas estructuras armadas que nada tienen que ver con el proyecto histórico de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, proyecto del cual somos continuación desde la legalidad”, detalló Comunes en X (antes Twitter).

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Según el grupo político, los firmantes de paz están siendo estigmatizados por los medios de comunicación con titulares en los que se recuerda su pasado guerrillero. Esto pasa, según el partido, cada vez que como colectividad o de manera individual se pronuncian con respecto a cualquier coyuntura del país.

De hecho, indicó que Rodrigo Londoño, actual presidente del partido político y último comandante de las extintas Farc, ha solicitado en más de una ocasión que se deje de mencionar el alias con el que era reconocido en las filas armadas, puesto que ya no es un hombre armado, sino un político. Asimismo, cuestionó el hecho de que a Pastor Alape se le relacione con las disidencias de las Farc, a pesar de que es el delegado del partido Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación y nada tiene que ver con ellas.

“Quienes, quizá por ganar vistas o ser noticia, nos señalan y estigmatizan desde los micrófonos y prensa, queremos creer que no se han preguntado qué imaginario construyen en las regiones en las que nuestra militancia y firmantes de paz trabajan construyendo paz y reconciliación”, añadió el partido.

Según cifras presentadas por la colectividad, desde la firma del Acuerdo de Paz, 430 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia, en medio de sus procesos por retornar a una vida civil. Además, militantes de Comunes también han sido asesinados. “430 familias que -la mayoría de veces desde la vulnerabilidad- trabajaban por cambiar estructuralmente nuestro país”, precisó.

Incluso, Pastor Alape e integrantes del partido informaron que están siendo estigmatizados y amenazados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pues, el jefe del comando central Eliécer Herlinto Chamorro, más conocido como Antonio García, aseguró que hay contratos irregulares de desminado que involucran a la colectividad y con los cuales se está colaborando a paramilitares del Chocó. Asegurar algo así, según el grupo político, es “una condena a muerte”.

“Reclamamos del Gobierno nacional; del alto comisionado consejero para la Paz, Otty Patiño; de la mesa negociadora del Gobierno nacional; a la misión de verificación de Naciones Unidos y a los países garantes, Cuba y Noruega, claridades, y al Gobierno garantías respecto a estos hechos de amenaza del ELN contra firmantes de paz”, expresó Alape en su misiva.

Comunes instó al Gobierno nacional a implementar el Acuerdo de Paz, puesto que, desde su perspectiva, ha evidenciado ser incapaz de garantizar la vida de los firmantes y de los líderes sociales. Asimismo, pidió a la prensa colombiana reflexionar sobre su trabajo. “A los medios de comunicación les recordamos que este también es su país, dejen de condenarlo a la violencia”, concluyó el partido político.

El lunes 24 de junio será el inicio práctico de los diálogos de paz entre el Gobierno y la autodenominada Segunda Marquetalia, esto según lo pactado el miércoles 5 de junio en Caracas, Venezuela, cuando fue el anuncio oficial entre el grupo armado de las disidencias de las Farc y la administración bajo el mandato de Gustavo Petro.

Informes recientes de la Fuerza Pública, obtenidos por la revista Semana, revelan que la mayoría de los líderes de la Segunda Marquetalia se encuentran operando desde Venezuela. Entre los 13 cabecillas identificados en territorio venezolano se encuentran figuras prominentes como Iván Márquez, Walter Mendoza, el Zarco Aldinever, y Jhon 40. Estos líderes dirigen sus operaciones desde el vecino país, aprovechando la falta de persecución en esa jurisdicción.

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Aunque su cúpula reside en Venezuela, su influencia se extiende principalmente por el sur de Colombia, las costas del Pacífico y la frontera con Ecuador. La región del río Mira, Ipiales, Cumbal, y los municipios de Túquerres y Tumaco, en Nariño son áreas clave de operación. Mientras que la frontera suroccidental es la ruta principal para el narcotráfico, lo que refuerza la presencia de este grupo armado en esa zona.

Según los documentos de inteligencia, la Segunda Marquetalia cuenta con 1.751 integrantes, de los cuales 1.262 forman parte del brazo armado y 589 están en redes de apoyo. Los que ejecutan las órdenes en el territorio nacional son Allende Perilla Sandoval, conocido con el alias de Allende; alias Chichico, en el Cauca; Geovanny Andrés Rojas, conocido con el alias de Araña se encuentra en los comandos de frontera, al parecer, siguiendo las órdenes de Iván Márquez.

Así se ha reforzado la Segunda Marquetalia desde sus inicios

La Segunda Marquetalia se formó tras la desmovilización de la extinta guerrilla de las Farc. Luego de tres años desde la firma de los Acuerdos de Paz, el 29 de agosto de 2019 alias Iván Márquez, junto con otros excomandantes como Jesús Santrich, el Paisa y Romaña aparecieron en un video declarando que retornarían a las armas, abandonando el acuerdo de paz firmado en 2016. Estos líderes de la extinta guerrilla alegaron incumplimientos por parte del Gobierno como argumento para dejar la vida civil.

Las próximas negociaciones en Caracas representan una oportunidad crucial para abordar el conflicto que ha perdurado durante los cinco años y que se ha recrudecido con el paso del tiempo.

Entre 2019 y 2024, según el informe Los contrastes de la realidad humanitaria, de la Defensoría del Pueblo, se han fortalecido todos los grupos armados al margen de la ley. En el caso puntual de las disidencias de las Farc han pasado de tener presencia en 124 municipios, en 2019, a hacerlo en casi 300 en 2024. “La presencia de facciones disidentes de las Farc-EP entre 2019 y 2024 tuvo un incremento del 141%”, dice el informe de la entidad.

La Segunda Marquetalia es una estructura que, aunque no ha crecido al mismo ritmo que otros grupos armados, cuenta con aproximadamente 15 subestructuras, distribuidas principalmente en el suroccidente de Colombia. Su presencia ha sido marcada por un incremento en las acciones armadas debido a disputas territoriales con el Estado Mayor Central y el ELN. Estas confrontaciones han llevado a la formación de nuevas alianzas entre la Segunda Marquetalia y el ELN, especialmente en áreas de los departamentos de Cauca y Nariño.

En términos de control territorial, el Estado Mayor Central domina el sur del Valle del Cauca y partes del Cauca, mientras que la Segunda Marquetalia y ciertas estructuras del ELN tienen una presencia significativa en Nariño. En estas regiones, se ha observado un aumento en los mecanismos de control social ejercidos por estos grupos.

La influencia de la Segunda Marquetalia y su capacidad de control varían según la región, pero su impacto en la vida diaria de las comunidades afectadas es profundo, perpetuando un clima de inseguridad y violencia en las áreas bajo su influencia.

Pastor Álape, delegado del partido Comunes, criticó al presidente Gustavo Petro por la falta de avances en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

Álape instó al mandatario a centrarse en acciones concretas y no en la retórica. “Presidente @petrogustavo se requiere más acciones de implementación y menos retórica. Usted desmontó la arquitectura de la implementación, a pesar de que en marzo del año pasado, en Mesetas, Meta, se comprometió a restablecer la alta consejería para la implementación y no cumplió.”, según declaraciones hechas en la plataforma X.

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En sus comentarios, Álape mencionó que el jefe de Estado incumplió su compromiso de marzo del año 2023 de restablecer la alta consejería para la implementación del acuerdo, una responsabilidad que debía haberse formalizado, pero que continúa bajo la gestión de Gloria Cuartas.

El presidente Gustavo Petro ha sido objeto de críticas por parte de varios políticos y exmandatarios, incluidos el expresidente Juan Manuel Santos y el senador Humberto de la Calle, quienes sostienen que usar el acuerdo de paz para convocar una asamblea constituyente sería inapropiado y carece de fundamento jurídico.

Santos afirmó que cualquier intento de convocar una constituyente fuera de los parámetros establecidos en la Constitución enfrentaría resistencia de los poderes Legislativo y Judicial, así como de las Fuerzas Armadas y la mayoría de los colombianos.

Petro respondió a las críticas por medio de un mensaje, en el que insistió en su desinterés en la reelección, pero acusó a anteriores administraciones de incumplir lo firmado en el acuerdo. El presidente también se refirió a aspectos de la Convención de Viena, subrayando que la declaración unilateral de Estado obliga a cumplir lo acordado y ajustar la normativa interna para garantizar su cumplimiento.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: leer la convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir”, aseguró el jefe de Estado.

Por su parte, el senador Humberto de la Calle también cuestionó la interpretación de Petro sobre el acuerdo de paz, indicando que el plebiscito fue la única medida pactada para evitar el camino de una constituyente. De la Calle sostuvo que cualquier declaración que sugiera lo contrario “carece de asidero jurídico” y recordó que una constituyente requiere una ley del Congreso.

“El plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente que siempre estuvo fuera de consideración por parte del Gobierno. Por lo tanto, tengo que declararles a los colombianos que no es cierto que en lo acordado esté implícita la autorización para buscar una constituyente. Y menos aún la tesis de que las partes sencillamente se ponen de acuerdo por fuera de la legalidad colombiana, a través del Consejo de Seguridad y otras ideas descabelladas, e impone una constituyente por fuera de las normas constitucionales. No podemos olvidar que hoy una constituyente está regulada en la Constitución y exige una ley del Congreso; por lo tanto, yo diría que si el Gobierno tiene interés en una constituyente, que presente el proyecto”, afirmó el senador Humberto de la Calle.

Ante estas declaraciones contradictorias y la falta de avances en la implementación del acuerdo, Pastor Alape reiteró la necesidad de acciones concretas y llamó al presidente a cumplir con sus compromisos, alejándose de cualquier discurso que desvíe la atención de los acuerdos previamente establecidos.

Solo el 32% de los compromisos del acuerdo de paz de 2016 han sido implementados

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame presentó a principios de mayo su octavo informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc. Este documento cubre el periodo de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 y proporciona un análisis detallado del avance en las 578 disposiciones derivadas del acuerdo.

El informe destaca que hasta noviembre de 2022, solo el 32% de los compromisos han sido implementados en su totalidad. A pesar de que no se ha detenido la implementación, el nivel de avance anual sigue siendo insuficiente. “Identificaron que en 2023 el porcentaje de disposiciones que iniciaron su implementación fue del 2%”, lo que está por debajo del promedio anual, según el Instituto Kroc.

Dentro de los varios puntos del acuerdo, los puntos 3 (fin del conflicto) y 6 (implementación y verificación) son los que registraron mayor avance. Por otro lado, los puntos 1 (reforma rural) y 2 (participación política) presentan los niveles más bajos de implementación. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 10% de los temas pactados en La Habana todavía no se han comenzado a implementar.

En cuanto a la clasificación de las disposiciones del acuerdo, el Instituto Kroc las organiza en cuatro niveles: no iniciada, mínima, intermedia y completa. Relevante es que con corte a noviembre del año pasado, el avance del 32% de implementación completa muestra un retraso significativo, considerando la importancia del proceso para la paz en Colombia.

El informe también sugiere que la implementación de los compromisos ha avanzado más en ciertas áreas específicas. “Identificaron que en 2023 el porcentaje de disposiciones que iniciaron su implementación fue del 2 por ciento”, lo que sugiere que, aunque ha habido progreso, este ha sido lento y desigual.

El Instituto Kroc además menciona que el nivel de avance del 1% en 2022 subió a un 2% en 2023, aunque esto sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos pactados en tiempos razonables. Este dato subraya una tendencia de progreso que, aunque positiva, aún está por debajo de lo esperado y necesario para consolidar el proceso de paz.

Estos resultados del informe del Instituto Kroc ponen en relieve la necesidad de redoblar esfuerzos para alcanzar una implementación más robusta y equitativa de los puntos acordados en La Habana. La comunidad internacional y los propios actores del proceso de paz deben prestar atención a estos hallazgos y trabajar conjuntamente para acelerar la implementación.

En un contundente comunicado, las disidencias de las FARC han manifestado su postura crítica frente a la gestión del presidente Gustavo Petro y su propuesta de paz total. La organización guerrillera acusó al actual gobierno de prometer cambios superficiales y de formar una coalición gubernamental con todos los partidos posibles, sin buscar ningún cambio estructural ni tener la fuerza en el Congreso para intentarlo.

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“Ahora en el gobierno de Gustavo Petro, que cooptó al proceso de resistencia post COVID, prometiendo cambios cosméticos y haciendo una coalición de gobierno con todos los partidos que pudo, sin buscar ningún cambio estructural y sin fuerza en el Congreso para si quiera intentarlo, ha buscado nuevamente un proceso dentro de lo que ha llamado ‘la paz total’”.

La organización terrorista aseguró que su línea política siempre ha contemplado el diálogo como medio para resolver los graves problemas del pueblo colombiano. Sin embargo, critican que el gobierno de Petro haya optado por buscar el fraccionamiento interno de la insurgencia, manteniendo el diálogo con una “minoría descompuesta”.

Así mismo los guerrilleros resaltaron su compromiso con la revolución y criticado a los poderes establecidos, incluyendo al gobierno de Gustavo Petro, por prometer cambios sin tocar los intereses de los poderosos.

Le están mintiendo señor presidente: disidencias de las Farc

En las últimas semanas se han protagonizado varios hechos violentos en el departamento del Cauca perpetrados por las disidencias de las Farc, entre ellos el ataque en el departamento de Micay, que terminó con la vida de cuatro personas, incluidos dos uniformados de la Policía Nacional.

En medio de las ofensivas de los guerrilleros en el departamento del Cauca el presidente, Gustavo Petro, durante un encuentro llamado Acciones por la paz, la seguridad y la vida reiteró que el Gobierno ha estado en disposición de llegar a un acuerdo con las disidencias, pero el grupo ha sido el que ha optado por incumplir lo negociado.

“Nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego: se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, en la segunda reunión dijimos hagamos ya el protocolo, dijeron, no. No todo el EMC (Estado Mayor Central) sino los del Cauca dijeron no (...) No se quiere es porque se quiere seguir en una economía ilícita, que ahora son dos, porque no es cocaína sola, sino ahora es oro el oro ilícito”.

A través de un perfil en X, donde se comparten comunicados de las disidencias de las Farc, la organización señaló que al presidente le están mintiendo. Contrariamente a lo que menciona Petro, afirmaron que sí están interesados en terminar con la producción de estupefacientes.

“Le están mintiendo Sr. @petrogustavo: No es cierto que no queramos acabar con la industria de las drogas, uno de los primeros acuerdos plan de transformación del Micay, la tarea era visitar e iniciar construcción del plan con las comunidades. Gob. Nal dejó plantado a campesinos (SIC)”.

Asimismo, en sus publicaciones, los guerrilleros señalaron al jefe de Estado que en la región han realizado varias obras “a favor de la comunidad”, acciones que el Gobierno ha vinculado estrictamente a las economías ilícitas.

“Le están mintiendo Sr. @petrogustavo, la única vía al mar que hay en el Cauca no la construyeron los narcos, fueron campesinos, transportadores y las FARC-EP los que la hicimos, objetivo reducir el costo y tiempo de ingreso de alimentos (SIC)”.

Asimismo la organización terrorista en sus trinos publicados el pasado domingo 26 de mayo señaló que no está siendo representada la mayoría del grupo guerrillero en la mesa de negociación llevada acabo entre el grupo armado y el Gobierno nacional.

De acuerdo con la organización terrorista los presuntos representantes que están llevando el proceso ante el Estado no representarían a la mayoría de militantes de las disidencias de las Farc.

“Sr. @petrogustavo le mienten a usted y a al mundo, personas que están dialogando a nombre de las FARC-EP no nos representan, se lo dijimos a su delegación. No son ni el 5% de las FARC-EP. Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP (SIC)”.

Finalmente desde el perfil de la organización guerrillera afirmaron que el Gobierno del mandatario izquierdista que prometía una diferencia ha venido siendo similar a los que han regido históricamente en el país: “La única alternativa que este gobierno que dice ser del cambio ofrece a los campesinos cultivadores de coca es hambre o guerra?. Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores”.