Los conductores en Panamá volverán a pagar más por los combustibles desde las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1,28 por litro, mientras la de 91 se venderá en $1,19 y el diésel llegará a $1,40.

El nuevo ajuste amplía el incremento acumulado desde mediados de julio. En menos de dos meses, la gasolina de 95 se ha encarecido cerca de 9% y la de 91 alrededor de 8%. El mayor impacto corresponde al diésel, que registra un aumento cercano al 29%, según la comparación de los precios oficiales.

El aumento del diésel podría trasladarse a los precios de bienes y alimentos, debido a que es el combustible utilizado principalmente para transportar mercancías dentro del país. Un mayor gasto para movilizar productos desde puertos, centros de distribución y zonas agrícolas incrementa los costos de operación de las empresas, que eventualmente podrían ser asumidos por los consumidores finales.

La evolución comenzó con los valores vigentes desde el 10 de julio, cuando la gasolina de 95 costaba aproximadamente $1,17 por litro en Panamá y Colón. La de 91 se encontraba en $1,11 y el diésel se vendía en cerca de $1,09, precios considerablemente menores a los anunciados para septiembre.

El 24 de julio entró en vigor el primer incremento importante del periodo. La gasolina de 95 subió a $1,26 por litro, la de 91 alcanzó $1,18 y el diésel llegó a $1,27. En apenas dos semanas, este último combustible aumentó cerca de $0,18 por litro, superando ampliamente el avance de las gasolinas.

Agosto comenzó con otro ajuste al alza. Desde el día 7, la gasolina de 95 pasó a $1,27 por litro, mientras la de 91 se ubicó en $1,19. El diésel volvió a registrar el aumento más fuerte de la quincena al alcanzar aproximadamente $1,34 por litro en Panamá y Colón.

El movimiento cambió parcialmente el 21 de agosto. Las gasolinas registraron una reducción: la de 95 bajó a aproximadamente $1,23 por litro y la de 91 descendió a $1,16. Sin embargo, el diésel volvió a subir, aunque ligeramente, hasta situarse en alrededor de $1,35 por litro.

Con el ajuste del 4 de septiembre, la gasolina de 95 subirá nuevamente hasta $1,28, superando el valor registrado a principios de agosto. La de 91 volverá a $1,19, mientras el diésel alcanzará un nuevo máximo de $1,40.

Al comparar los extremos del periodo, la gasolina de 95 aumentó cerca de $0,11 por litro, equivalente a unos $0,40 por galón. La de 91 acumula una subida aproximada de $0,09 por litro o $0,33 por galón. En cambio, el diésel se encareció $0,31 por litro y $1,18 por galón.

Con los nuevos valores, el galón de gasolina de 95 costará aproximadamente $4,84 en Panamá y Colón. El de 91 se ubicará en $4,52, mientras el galón de diésel llegará a $5,30. Los precios serán ligeramente mayores en otras localidades debido a los costos de traslado.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el último incremento responde principalmente a las tensiones en Medio Oriente, que han impulsado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Los enfrentamientos y las dificultades para movilizar cargamentos por rutas estratégicas aumentaron la preocupación por el abastecimiento mundial durante las últimas semanas de agosto.

El West Texas Intermediate, conocido como WTI y negociado en Nueva York, también atravesó un periodo de fuertes movimientos durante agosto.

Después de registrar retrocesos al comenzar el mes, recuperó terreno durante las últimas jornadas y superó los $90 por barril al iniciar septiembre, presionado por los riesgos para el suministro.

Entre mediados de julio y el comienzo de septiembre, el WTI acumuló un aumento cercano al 13%, al pasar de aproximadamente $79,60 a más de $90 por barril.

Esa trayectoria ayuda a explicar el encarecimiento local, aunque los precios panameños no cambian inmediatamente ni reproducen exactamente cada movimiento internacional.

Panamá importa la gasolina y el diésel que consume, por lo que también influyen el valor de los combustibles ya procesados, su transporte hasta el país y la distribución interna.

Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 18 de septiembre, cuando deberá realizarse la siguiente revisión quincenal.

Diecisiete ciudadanos panameños han regresado sanos y salvos desde países relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del total, 11 retornaron desde territorio ruso y seis desde Ucrania, mediante gestiones diplomáticas y consulares coordinadas por Panamá.

La cifra representa el resultado más concreto de las acciones emprendidas para identificar, asistir y desvincular a los nacionales incorporados a fuerzas militares. La Cancillería mantiene contactos para conocer la situación de otros panameños y procurar su retorno seguro cuando jurídicamente sea posible.

El conflicto también ha dejado al menos dos panameños muertos, ambos originarios de Colón. Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, vinculado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien se habría incorporado a las fuerzas rusas.

Navas habría muerto tras ser alcanzado por un dron cuando intentaba evacuar heridos en el frente de batalla.

Las gestiones del Gobierno incluyen cuatro reuniones de alto nivel con representantes de Rusia y dos encuentros con representantes diplomáticos de Ucrania. En esas conversaciones, Panamá solicitó facilitar la desvinculación de sus ciudadanos y organizar su salida de manera segura y ordenada.

El canciller Javier Martínez-Acha también remitió comunicaciones diplomáticas a las autoridades rusas y ucranianas, apelando a consideraciones humanitarias y a las relaciones bilaterales. El objetivo es facilitar la asistencia y protección de los connacionales que buscan abandonar cualquier compromiso con fuerzas militares.

La Embajada de Panamá en Rusia y la misión diplomática en Polonia, concurrente para Ucrania, mantienen gestiones permanentes para localizar a los panameños, facilitar el contacto con sus familiares y ofrecer asistencia consular de acuerdo con las circunstancias particulares y la legislación de cada país.

La Cancillería aseguró que ha mantenido comunicación abierta con las familias de los involucrados, a quienes brinda información sobre las acciones que puede realizar el Estado. Las posibilidades de intervención, precisó, dependen del marco jurídico y de los compromisos firmados por cada ciudadano en el extranjero.

Dos hombres repatriados desde Ucrania denunciaron que viajaron atraídos por ofertas de hasta $9.000 mensuales y promesas de no combatir, pero al llegar les retiraron teléfonos y pasaportes. También aseguraron que firmaron contratos en ucraniano y fueron presionados para participar en misiones militares.

Los testimonios indican que la captación se realizaba por TikTok, Instagram y WhatsApp, mediante propuestas dirigidas a personas con necesidades económicas. Los traslados, pasaportes y boletos eran gestionados parcialmente por terceros, mientras las condiciones ofrecidas cambiaban después de ingresar al territorio ucraniano.

En Panamá, tres personas quedaron detenidas provisionalmente por su presunta participación en el reclutamiento y traslado de nacionales. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y se desarrollan por la posible comisión de trata de personas con fines de explotación laboral.

Entre los investigados figuran Mario Alberto Irwonds Brooks, taxista de 70 años, y Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, veterano del conflicto ucraniano. Ambos han negado actuar como reclutadores y sostienen que solamente ayudaron o transportaron a personas que habían expresado interés en viajar voluntariamente.

El tercer imputado es un panameño de 23 años, detenido en Tocumen cuando regresaba de Colombia. Una alerta silenciosa de Interpol permitió identificarlo en el aeropuerto, y posteriormente un juez ordenó su detención provisional por su presunta vinculación con la estructura investigada por captar ciudadanos panameños.

La Cancillería reiteró su llamado a no viajar para incorporarse a fuerzas militares relacionadas con la guerra. Advirtió que estas decisiones representan graves riesgos para la vida y pueden generar obstáculos jurídicos que limitan o complican considerablemente la asistencia consular panameña.

La cooperación entre el régimen cubano y la Federación de Rusia ha alcanzado un nuevo nivel de complicidad diplomática y militar tras la invasión de Ucrania.

Lejos de tratarse de incidentes aislados de migración o mercenarismo individual, la integración de ciudadanos de la isla en las filas de las Fuerzas Armadas rusas responde a una estrategia deliberada para reforzar la alianza político-militar entre ambos regímenes autoritarios.

El envío de mano de obra y recursos humanos desde La Habana a cambio del respaldo geopolítico, económico y energético de Moscú encuentra su refrendo formal en actos públicos de naturalización acelerada de combatientes.

Un ejemplo evidente del funcionamiento de este engranaje geopolítico es la entrega de la ciudadanía rusa al exmilitar cubano Ernesto Villarino Trujillo.

En una ceremonia oficial celebrada en la ciudad de Vyatskie Polyany, en la región de Kírov, Villarino Trujillo recibió formalmente su pasaporte tras haber participado de forma activa en la ocupación de la región ucraniana de Lugansk entre diciembre de 2024 y junio de 2025, integrado en una unidad catalogada como «voluntaria».

El acto no fue clandestino, sino una escenificación institucional documentada por plataformas como el Periódico Cubano y EcuRed. La entrega del documento estuvo encabezada por el coronel de Policía Serguéi Ulánov, jefe del Ministerio del Interior en Vyatskie Polyany, junto a Svetlana Aleksándrova, jefa del Departamento de Migración, y Salávat Ibragímov, comisario militar regional.

Durante la ceremonia, Villarino Trujillo juró fidelidad a la legislación rusa y a la defensa del país, consolidando el incentivo con el que el Kremlin premia el apoyo de sus aliados ideológicos en el frente.

El marco legal para premiar la complicidad autoritaria

La concesión del pasaporte a Villarino Trujillo se amparó en el artículo 17 de la Ley Federal de Ciudadanía de Rusia, norma que exime a los extranjeros reconocidos como veteranos de combate de cumplir con los requisitos ordinarios de naturalización, tales como certificar cinco años de residencia continua, demostrar dominio del idioma ruso o aprobar exámenes sobre la legislación e historia locales.

Esta flexibilidad legal se profundizó con el Decreto N.º 10, promulgado por Vladímir Putin el 4 de enero de 2024, el cual institucionalizó la ciudadanía exprés para cualquier extranjero que suscriba contratos militares durante la denominada «operación militar especial».

Para la alianza estratégica entre La Habana y Moscú, este mecanismo legal representa una vía directa para canalizar a cientos de nacionales cubanos hacia el conflicto, ofreciéndoles residencia y beneficios sociales a cambio de engrosar las filas del ejército ruso en una guerra de agresión.

La escala de esta colaboración militar ha sido documentada por inteligencias internacionales. Según estimaciones de Andriy Chernyak, portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, se ha confirmado la identidad de más de 1,000 cubanos con contratos militares directos con Rusia, mientras que el flujo total de reclutados desde 2023 se calcula entre 10,000 y 20,000 personas. Muchos de ellos son atraídos mediante falsas ofertas laborales en la construcción o logística, para luego ser presionados a incorporarse al frente de batalla.

Ante el rechazo internacional, el régimen cubano ha intentado distanciar su imagen oficial de estas redes. Aunque en septiembre de 2023 la Cancillería en La Habana admitió la existencia de estructuras de reclutamiento operando en su territorio y reiteró no formar parte de la contienda, la pasividad y conveniencia del acuerdo resulta evidente.

Pese a que las autoridades de la isla reportaron el procesamiento judicial de 40 personas por mercenarismo con condenas de entre 5 y 14 años, la continua llegada de cubanos al campo de batalla demuestra la permeabilidad de un sistema que utiliza a sus ciudadanos como pieza de recambio para sostener su alianza geopolítica con el Kremlin.

Un panameño de 23 años se convirtió en el tercer imputado dentro de las investigaciones por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra entre Rusia y Ucrania. El hombre quedó detenido provisionalmente tras ser aprehendido el 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba en un vuelo procedente de Colombia y fue identificado mediante una alerta silenciosa de Interpol.

El juez de garantías Edgar Naterón Rodríguez legalizó la aprehensión y admitió la imputación por el presunto delito de trata de personas agravada. La Fiscalía sostiene que existen entrevistas con señalamientos directos y elementos relacionados con la captación mediante redes sociales, mientras el tribunal consideró acreditados riesgos de fuga, afectación de pruebas, peligro para las víctimas y para la comunidad.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el investigado habría participado junto con otras personas en la captación de panameños mediante ofertas de trabajo superiores a $2.500, para posteriormente trasladarlos a un país de Europa del Este.

Las autoridades sostienen que las promesas laborales habrían terminado convirtiéndose en servicios militares forzados, hipótesis que deberá determinarse durante el proceso penal.

La Fiscalía indicó que la trata de personas agravada puede alcanzar penas de entre 20 y 30 años de prisión. La defensa particular, ejercida por Ana María Aznarán, anunció una apelación contra la detención provisional, cuya audiencia fue programada para el 4 de septiembre a las 10:00 a.m. ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

El nuevo imputado se suma a otros dos hombres detenidos previamente dentro de las investigaciones desarrolladas en Panamá. El primero fue Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, aprehendido a finales de julio en Tocumen cuando mantenía los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia. El hombre ha sostenido que únicamente prestaba servicios como taxista y no reclutaba personas.

Posteriormente fue detenido Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, señalado por tres víctimas como la persona que presuntamente las habría reclutado y ayudado a financiar gestiones para viajar.

Ryfkogel también ha rechazado esa acusación y sostiene que solo ayudó a personas que se acercaron voluntariamente interesadas en viajar al conflicto.

Las investigaciones avanzan mientras las autoridades intentan establecer cuántos panameños han participado realmente en la guerra. Una estimación divulgada el 12 de agosto situó en alrededor de 77 los nacionales que podrían haber estado o permanecer vinculados: cerca de 60 con fuerzas rusas y 17 con Ucrania, aunque Cancillería advirtió que no se trata de un registro definitivo.

Otras verificaciones oficiales posteriores han manejado cifras menores. Cancillería informó que los datos continúan cambiando conforme avanzan los reportes familiares y las comprobaciones consulares, por lo que mantiene abiertos canales con ambos países.

El Gobierno también confirmó al menos un panameño fallecido y casos de compatriotas con quienes sus familiares han perdido contacto.

Al menos siete panameños regresaron recientemente al país con apoyo de Cancillería, cinco procedentes de Rusia y dos de Ucrania. Dos de estos últimos permanecieron aproximadamente un mes y medio en territorio ucraniano y denunciaron que las condiciones encontradas eran distintas de las ofrecidas antes de viajar, incluyendo retención de documentos y presión para participar en misiones.

Los dos repatriados aseguraron que sus teléfonos y pasaportes fueron retirados y que firmaron contratos redactados en ucraniano que no pudieron comprender.

También afirmaron que no recibieron el dinero prometido y que, al solicitar abandonar la brigada, les indicaron que debían permanecer durante seis meses debido al compromiso contractual que habían firmado.

La dimensión internacional del caso llegó esta semana hasta Moscú. El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, recibió el 18 de agosto a la embajadora panameña en Rusia, Carmen Inés Ávila Ortega, en medio de las gestiones para conocer la situación de los nacionales vinculados al conflicto.

Según la información divulgada por Moscú, ambas partes abordaron asuntos bilaterales y mecanismos para intensificar el diálogo político.

Panamá también ha solicitado directamente información a las autoridades rusas. El canciller Javier Martínez-Acha explicó que envió dos comunicaciones para procurar la ubicación de los nacionales y facilitar su eventual retorno, mediante un circuito humanitario que permita desvincularlos de sus obligaciones.

El objetivo es que quienes manifiesten su voluntad de regresar puedan ser entregados a la representación diplomática panameña para gestionar su repatriación.

El Ministerio Público mantiene varias investigaciones relacionadas con la captación de panameños para el conflicto, mientras intenta determinar la participación individual de quienes presuntamente intervinieron en los traslados.

Los testimonios recopilados describen contactos mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, junto con ofertas económicas que habrían sido utilizadas para atraer a personas interesadas en mejorar sus ingresos.

La reunión celebrada en Moscú y los detalles sobre las gestiones diplomáticas fueron reportados también por la agencia EFE, que señaló que Panamá mantiene contactos con Rusia para facilitar el regreso de sus ciudadanos.

Mientras avanzan esas gestiones, la investigación penal en Panamá ya alcanza a tres imputados, y las autoridades continúan intentando precisar cuántos nacionales permanecen actualmente en territorio ruso o ucraniano.

Dos panameños que viajaron a Ucrania atraídos por ofertas económicas y la promesa de que no estarían obligados a combatir regresaron al país y relataron cómo las condiciones cambiaron una vez llegaron a territorio ucraniano.

Aseguran que les quitaron sus teléfonos y pasaportes, firmaron contratos que no pudieron leer y terminaron bajo presión para participar en misiones.

Los hombres ofrecieron su testimonio este miércoles 12 de agosto, en momentos en que Panamá investiga una presunta estructura dedicada a captar nacionales para trasladarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambos reconocieron que viajaron voluntariamente y sabían cuál era su destino, pero sostienen que las condiciones ofrecidas en Panamá no fueron las que encontraron al llegar.

“Nos dijeron una cantidad de dinero sin misión y con misión era otra cantidad”, relató uno. Sin embargo, afirmó que una vez incorporados a la brigada debían ir a misiones “sí o sí”. La situación, agregó, comenzó a generar temor cuando observaron lo que ocurría con otros hombres enviados al frente: “el que iba, no salía”.

Los dos permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en Ucrania y aseguran que no recibieron ningún pago. “A nosotros no nos dieron ninguna cantidad de dinero. Cero”, sostuvo uno de ellos. Según la investigación del Ministerio Público, las ofertas para captar panameños podían alcanzar entre $3,000 y $9,000 mensuales, dependiendo de las funciones asignadas.

Reclutados por redes sociales

Los testimonios coinciden con elementos que investiga la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Los contactos se producían principalmente mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, donde circulaban las propuestas. Uno de los repatriados advirtió que no existiría un solo captador y aseguró que varias personas estarían reclutando desde Panamá, incluso utilizando números telefónicos extranjeros.

La necesidad económica fue determinante para aceptar. Uno de los hombres explicó que tiene hijos pequeños y vio en la propuesta una oportunidad para obtener mayores ingresos sin exponerse directamente al combate. “Nosotros fuimos conscientes para dónde íbamos”, reconoció, aunque insistió en que “las situaciones en Ucrania cambiaron totalmente” respecto de lo ofrecido antes del viaje.

Entre esas diferencias estuvo la retención de documentos. Los panameños aseguran que antes de partir les prometieron conservar sus pasaportes, teléfonos y comunicación con sus familias.

Al llegar, sostienen, ocurrió exactamente lo contrario. Uno de ellos todavía no había recuperado su pasaporte, documento en el que mantiene una visa estadounidense de turista que teme perder.

También denunciaron que el contrato estaba redactado completamente en ucraniano y no se les permitió traducirlo al español antes de firmarlo. “Nunca pudimos saber qué decía el contrato”, afirmó uno. Cuando posteriormente solicitaron abandonar la brigada, les habrían respondido que debían permanecer seis meses por el compromiso firmado.

Los panameños incluso ofrecieron devolver el dinero utilizado para financiar su traslado, pero la propuesta fue rechazada. Para entonces, aseguran, habían comprendido el nivel de riesgo al que estaban expuestos. Uno de ellos contó que resultó afectado en el ojo izquierdo por la explosión de una granada de conmoción mientras permanecía en Ucrania.

Una investigación en Panamá

El relato surge mientras el Ministerio Público investiga a Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, un panameño de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, a quien se le imputó el presunto delito de tráfico de personas. Un juez ordenó su detención provisional, mientras la Fiscalía profundiza las pesquisas sobre la captación y traslado de nacionales.

Según la Fiscalía, tres víctimas identificaron a Ryfkogel como la persona que las habría reclutado y financiado parte de las gestiones necesarias para viajar. Las autoridades sostienen que los interesados eran contactados mediante redes sociales y luego trasladados a lugares en la capital panameña, mientras se gestionaban pasaportes y boletos para llegar a Ucrania.

Ryfkogel ha negado ser reclutador y sostiene que únicamente ayudó a personas que se acercaron a él interesadas en viajar. La investigación, sin embargo, apunta a que más de 18 personas pudieron haber sido trasladadas mediante este esquema y que algunas encontraron condiciones distintas de las ofrecidas originalmente una vez llegaron al conflicto.

El primer detenido en Panamá por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años residente en San Miguelito. Fue aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde, según la Fiscalía, mantenía en su poder los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia.

La investigación sostiene que las víctimas habían recibido ofertas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos por incorporarse al conflicto. Irwonds Brooks negó ser reclutador y aseguró que únicamente había prestado servicios de transporte, mientras señaló que los verdaderos responsables de la captación se encontrarían en Rusia.

Un tribunal le imputó el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Uno de los repatriados recordó que, al llegar a una segunda casa donde fue alojado en Ucrania, encontró a otros cuatro panameños que habían llegado previamente. Actualmente desconoce cuál es su situación. Las gestiones realizadas con la Cancillería panameña y la representación diplomática que atiende Ucrania desde Polonia permitieron finalmente concretar su salida y regreso.

El canciller Javier Martínez-Acha informó que unos 60 panameños podrían estar o haber estado vinculados a las fuerzas rusas y otros 17 a las ucranianas, aunque aclaró que se trata de estimaciones. Panamá ha pedido a ambos países información sobre la ubicación y condición de sus nacionales, especialmente de quienes buscan terminar sus contratos.

Para quienes ya regresaron, la advertencia es contundente. “Les sugiero que no caigan”, expresó uno de ellos al recordar la propuesta que lo llevó a abandonar Panamá buscando ingresos para su familia. Después de más de un mes en Ucrania, volvió sin el dinero prometido y tras comprobar, según su relato, que la oferta que parecía laboral podía terminar llevándolo directamente al frente de guerra.

El nuevo reporte da cuenta de la situación de los 459 peruanos que, de manera oficial, se conoce que se han enlistado en Rusia. Mientras las familias continúan buscando información sobre sus seres queridos, el Gobierno peruano informó además que viene coordinando la repatriación de cuatro jóvenes que lograron escapar del reclutamiento forzado y se encontraban en situación de vulnerabilidad en territorio ruso. Dos de ellos fueron asistidos recientemente por la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú y ya se encuentran en el país.

11 peruanos fallecieron y 114 permanecen desaparecidos, según reporte oficial

A través de un comunicado difundido este 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó las cifras relacionadas con los compatriotas que terminaron vinculados a las fuerzas armadas rusas. La institución señaló que tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados.

Dentro de ese grupo, 11 han fallecido, mientras que 114 se encuentran desaparecidos. Además, tres ciudadanos peruanos fueron capturados por el Ejército de Ucrania, de acuerdo con la información comunicada por la Cancillería.

El reporte llega en medio de los reclamos de familiares que desde hace meses buscan conocer el paradero y estado de sus seres queridos. En Lima, grupos de familiares han protagonizado plantones frente a la Embajada de Rusia y han solicitado la intervención de las autoridades peruanas para obtener información sobre quienes dejaron de comunicarse después de viajar al país euroasiático.

Las familias han denunciado que algunos ciudadanos aceptaron propuestas de empleo que, según sus testimonios, ofrecían labores civiles y buenos ingresos. Sin embargo, una vez que llegaron a Rusia, habrían terminado vinculados a actividades militares.

En anteriores testimonios difundidos por medios de comunicación, familiares y ciudadanos afectados señalaron que algunas personas fueron contactadas mediante redes de reclutamiento y viajaron convencidas de que trabajarían como cocineros, vigilantes, cuidadores o personal de limpieza. Posteriormente, según estas denuncias, fueron trasladadas a instalaciones militares y se les pidió firmar contratos redactados en ruso.

Uno de los ciudadanos peruanos que logró comunicarse desde Rusia relató recientemente que había viajado con la expectativa de realizar labores de limpieza. Según su testimonio, al llegar fue obligado a firmar documentos cuyo contenido no comprendía y posteriormente terminó en una zona vinculada al conflicto.

El caso también ha sido objeto de investigaciones en Perú por las denuncias relacionadas con el presunto uso de falsas ofertas laborales para captar ciudadanos y trasladarlos fuera del país.

En ese contexto, la Cancillería reiteró su llamado a la población para no aceptar propuestas de empleo que puedan estar relacionadas con actividades militares y pidió denunciar a los presuntos reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cancillería repatria a cuatro jóvenes que escaparon del reclutamiento en Rusia

Además de informar sobre los fallecidos, desaparecidos y capturados, la Cancillería comunicó que su sección consular en Rusia logró asistir y gestionar el retorno de cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad.

Los dos últimos casos fueron atendidos por la Embajada del Perú en la Federación Rusa después de que los jóvenes consiguieran escapar del reclutamiento forzado del que, según el comunicado oficial, fueron víctimas. Ambos fueron trasladados de regreso al Perú y ya se encuentran con sus familias.

Estos casos se suman a otros dos compatriotas que recibieron asistencia consular a finales de julio. Para brindarles atención durante el proceso de retorno, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Con estos cuatro nuevos casos, la Cancillería informó que ya ha conseguido evacuar a 31 compatriotas vinculados a esta problemática. De ese total, 28 retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

La institución también recordó que los ciudadanos que busquen ayuda o tengan familiares afectados pueden comunicarse con las secciones consulares mediante sus canales de emergencia.

En Rusia, la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú atiende emergencias a través del número +7 985 389 06 60, disponible para llamadas y WhatsApp. También se encuentra habilitado el teléfono fijo en Rusia 8 985 389 06 60.

Para ciudadanos ubicados en Ucrania, la sección consular con sede en Varsovia dispone del número de emergencia +48 601 083 987.

La Cancillería advirtió que las personas que acepten ofertas laborales relacionadas con servicios militares para otro Estado pueden exponerse a situaciones de riesgo. El Ministerio recordó que prestar servicio militar para un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución.

Asimismo, exhortó a los afectados y sus familiares a comunicar cualquier información sobre posibles reclutadores a las autoridades competentes para que puedan realizarse las investigaciones correspondientes.

La Cancillería peruana informó este domingo 9 de agosto que logró gestionar el retorno al país de cuatro jóvenes peruanos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad en Rusia, luego de escapar del presunto reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania. Los dos últimos fueron asistidos por la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa y ya se reencontraron con sus familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que estos dos jóvenes se suman a otros dos compatriotas que fueron atendidos a finales de julio. Para concretar su atención y retorno, las autoridades peruanas contaron con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (Minsa). Con estos nuevos casos, la cifra de peruanos evacuados por la Cancillería asciende a 31 compatriotas, en medio de las denuncias sobre ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales y terminaron vinculados al conflicto armado.

Cancillería reporta 31 peruanos evacuados y 11 fallecidos

De acuerdo con el comunicado de prensa 033-26, publicado este 9 de agosto de 2026, la Cancillería ha conseguido evacuar a 31 peruanos que se encontraban vinculados a esta situación. De ellos, 28 ya retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también actualizó la información oficial sobre los compatriotas que se enlistaron en las fuerzas armadas rusas. Hasta la fecha, se tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados. Dentro de este grupo se han registrado 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el Ejército de Ucrania.

Las cifras se conocen mientras familiares de ciudadanos peruanos continúan solicitando información sobre sus seres queridos. En las últimas semanas, allegados de varios afectados realizaron plantones frente a la Embajada de Rusia en Lima y reclamaron una mayor intervención de las autoridades para conocer el paradero de quienes llevan meses sin comunicarse.

Algunos de los testimonios recogidos durante estas protestas describieron situaciones en las que ciudadanos habrían viajado con la expectativa de conseguir empleos civiles, pero posteriormente fueron vinculados a actividades militares. Entre las ofertas mencionadas por familiares aparecen trabajos como personal de limpieza, cuidadores, guardias de seguridad o cocineros.

Uno de los peruanos que logró comunicarse desde Rusia con medios de comunicación relató que, tras llegar al país, fue obligado a firmar un documento redactado en ruso que no podía comprender. Según su testimonio, posteriormente fue trasladado a un campamento militar y terminó en una zona de combate.

Cancillería alerta por falsas ofertas laborales y pide denunciar a reclutadores

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó el nuevo reporte para emitir una advertencia a los ciudadanos que reciban ofertas de trabajo en Rusia u otros países que puedan estar vinculadas con actividades militares. La institución pidió no dejarse convencer por propuestas laborales que podrían utilizarse para captar personas y trasladarlas fuera del país.

Según la Cancillería, existe el riesgo de que quienes acepten estas propuestas terminen siendo víctimas de redes delictivas de trata de personas. La advertencia adquiere especial relevancia debido a las denuncias presentadas por familiares de peruanos que aseguran que sus seres queridos viajaron pensando que realizarían trabajos civiles y posteriormente fueron incorporados a estructuras militares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó además que prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, de acuerdo con la Constitución.

Por ello, la institución exhortó a quienes tengan información sobre posibles reclutadores a presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

La Cancillería también mantiene canales de emergencia para los ciudadanos peruanos y sus familiares que requieran asistencia consular relacionada con esta situación.

En Rusia, la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú recibe comunicaciones de emergencia a través del número +7 985 389 06 60, disponible para llamadas y WhatsApp. Para casos relacionados con ciudadanos peruanos ubicados en Ucrania, la sección consular con sede en Varsovia dispone del celular de emergencia +48 601 083 987.

Dos panameños que permanecían en Ucrania lograron salir de ese país mediante una operación de asistencia consular coordinada por el Gobierno de Panamá y se encuentran a salvo en Polonia, desde donde emprenderán su regreso este domingo.

Con su llegada, serán siete los ciudadanos que habrán retornado esta semana desde Rusia y Ucrania en medio de las investigaciones sobre nacionales vinculados a la guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Edmar Camacho y Efraín Calvo salieron de territorio ucraniano luego de una operación desarrollada por la representación diplomática panameña.

Ambos cruzaron la frontera con Polonia sin incidentes y permanecerán allí hasta iniciar el viaje de regreso a Panamá el domingo 9 de agosto.

La operación tuvo una complejidad particular debido a que los dos ciudadanos se encontraban dentro de Ucrania, en medio del conflicto armado con Rusia. Para concretar su salida, el diplomático panameño Aldo Rodríguez, funcionario de la Embajada de Panamá en Polonia y concurrente ante Ucrania, ingresó a territorio ucraniano para brindarles asistencia consular directa.

Rodríguez estableció contacto con Camacho y Calvo, se desplazó hasta el punto de encuentro previamente acordado y los acompañó durante el recorrido hacia territorio polaco.

Según Cancillería, el cruce fronterizo se completó bajo condiciones de seguridad. Panamá también agradeció la colaboración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la coordinación entre ambos países.

Los dos panameños pasaron dos noches en Polonia para descansar y recuperarse del trayecto realizado desde Ucrania. Su retorno está programado para este domingo mediante la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá, en un vuelo de KLM. Con ello se completará otra operación consular vinculada directamente con panameños involucrados en el contexto de la guerra.

Camacho y Calvo elevarán a siete el número de nacionales que habrán regresado a Panamá durante esta semana desde ambos lados del conflicto. El primero fue Adrián Gabriel González, quien retornó el 5 de agosto después de desvincularse de las fuerzas militares rusas y recibir asistencia de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia.

Otros cuatro ciudadanos —Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan— regresaron la noche del viernes 7 de agosto, también después de permanecer bajo protección y asistencia consular en Rusia. Los cuatro viajaron hacia Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

La salida de Camacho y Calvo amplía el alcance de las gestiones diplomáticas, pues en este caso la operación se desarrolló desde territorio ucraniano hasta Polonia.

La Cancillería señaló que continuará ofreciendo protección a los nacionales que se encuentren en el exterior, incluso ante escenarios considerados de alta complejidad y riesgo.

Los retornos ocurren mientras las autoridades panameñas mantienen abiertas investigaciones para determinar cómo ciudadanos del país terminaron incorporándose a las fuerzas enfrentadas en Europa oriental.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó recientemente que 30 panameños han sido identificados por su posible vinculación con alguno de los dos bandos.

De acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades, 21 ciudadanos habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas rusas, mientras otros nueve viajaron o intentaron viajar para combatir del lado de Ucrania.

Las investigaciones han ido aumentando conforme familiares presentan denuncias y aparecen nuevos testimonios de personas vinculadas al conflicto.

Al menos dos panameños han muerto en combate. Michael Alexander Navas, de 31 años, se había incorporado a las fuerzas ucranianas, mientras que Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, formaba parte de las fuerzas rusas. Ambos eran originarios de Colón y sus casos expusieron los riesgos enfrentados por nacionales que viajaron hacia la zona de guerra.

El Ministerio Público mantiene varias investigaciones para esclarecer si detrás de algunos de esos viajes funcionó una estructura dedicada a captar y trasladar personas mediante ofertas laborales.

Entre los elementos investigados aparecen promesas de salarios mensuales de entre $3,000 y $3,500 y bonos considerablemente mayores, dirigidas en algunos casos a personas que atravesaban situaciones económicas vulnerables.

Uno de los investigados es Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, quien permanece bajo detención provisional por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía intenta determinar su participación y establecer quiénes intervinieron en la captación y traslado de ciudadanos hacia Rusia, mientras Brooks sostiene que únicamente prestó un servicio de transporte y niega haber actuado como reclutador.

El regreso de los siete panameños en apenas una semana marca el mayor movimiento de retorno conocido desde que comenzaron a salir a la luz estos casos.

Sin embargo, las pesquisas continúan abiertas y el número de nacionales identificados supera ampliamente a quienes han logrado regresar, por lo que la dimensión completa de la participación panameña en la guerra todavía está bajo investigación.

Ya son cinco los panameños que lograron regresar al país tras permanecer bajo asistencia de la Embajada de Panamá en Rusia, en medio de las investigaciones por el reclutamiento de nacionales para participar en la guerra contra Ucrania.

Los últimos cuatro ciudadanos llegarán este viernes al Aeropuerto Internacional de Tocumen, con lo que la Cancillería dará por culminado el proceso de repatriación del grupo que estaba bajo protección de la misión diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan viajarán en un vuelo de Turkish Airlines, cuya llegada a Panamá está prevista para las 7:25 p.m. de este viernes 7 de agosto.

Los cuatro se sumarán a Adrián Gabriel González, quien regresó a Panamá el pasado 5 de agosto, después de desvincularse de las fuerzas militares rusas. González fue el primero de los cinco ciudadanos que se encontraban bajo protección y asistencia consular de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia en completar su retorno.

En ese primer caso, la representación diplomática panameña acompañó a González durante todo el proceso necesario para abandonar territorio ruso. Las autoridades de ese país facilitaron los trámites correspondientes y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque para garantizar su salida.

La Cancillería destacó la gestión de la embajadora de Panamá en Rusia, Carmen Ávila, y del equipo de la misión diplomática para concretar el regreso de los cinco ciudadanos. El Gobierno indicó que continuará ofreciendo protección y asistencia consular a los panameños en el exterior cuando las circunstancias lo requieran.

El retorno ocurre mientras las autoridades panameñas intentan determinar el verdadero alcance del reclutamiento de nacionales para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó recientemente que 30 panameños han sido identificados hasta ahora por su posible vinculación con alguno de los dos bandos.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, 21 ciudadanos habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas rusas, mientras que otros nueve viajaron o intentaron viajar para combatir del lado de Ucrania.

Las cifras han aumentado conforme aparecen nuevos testimonios y familiares denuncian la pérdida de contacto con sus allegados.

La participación de panameños en el conflicto ya ha dejado al menos dos nacionales muertos en combate, ambos originarios de la provincia de Colón.

Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, quien se había incorporado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien formaba parte de las fuerzas rusas.

Navas habría fallecido tras ser alcanzado por un dron mientras intentaba evacuar a varios heridos en el frente de batalla.

Su familia fue informada de su muerte, aunque su cuerpo no había podido ser recuperado debido a las condiciones del conflicto. El panameño había sido reclutado después de firmar un contrato en un hotel de Calidonia.

Becerra Ortiz, por su parte, viajó a Rusia en junio de 2026 con la intención de obtener mayores ingresos para ayudar económicamente a sus padres.

Su familia recibió posteriormente la noticia de su muerte en combate. Antes de fallecer, el joven había advertido a su hermana sobre las dificultades y peligros que enfrentaba en el escenario de guerra.

El Ministerio Público mantiene actualmente seis investigaciones bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada para esclarecer estos casos.

Las pesquisas buscan determinar cómo operaba el mecanismo de captación, quiénes participaban en el traslado y si existía una estructura organizada que utilizaba falsas oportunidades laborales para llevar panameños hasta el conflicto armado.

Uno de los principales investigados es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años que permanece en detención provisional, imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la Fiscalía, habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos que se preparaban para viajar hacia Rusia.

Las investigaciones indican que a algunos interesados se les ofrecían salarios mensuales de entre $3.000 y $3.500, además de bonos que podían alcanzar los $70.000.

La Fiscalía sostiene que entre los potenciales reclutados había personas en condiciones de vulnerabilidad económica, incluido un vendedor ambulante que obtenía alrededor de $10 diarios y un hombre con una bebé recién nacida.

Brooks ha rechazado las acusaciones y aseguró durante una audiencia que su participación se limitó a prestar un servicio de transporte y que los responsables del reclutamiento se encontraban en Rusia. Sin embargo, una jueza de garantías ordenó mantenerlo detenido mientras avanzan las diligencias para determinar quiénes participaron en la captación y traslado de los panameños.

Con la llegada de los últimos cuatro ciudadanos, Cancillería dará por concluido el retorno de los cinco panameños que permanecían directamente bajo protección de la embajada en Rusia, pero las investigaciones continuarán abiertas.

Las autoridades buscan establecer cuántos viajaron voluntariamente, quiénes pudieron haber sido engañados y si otras personas participaron en una red que captaba nacionales para llevarlos a la guerra.

El Gobierno de Panamá confirmó el regreso al país de un ciudadano panameño procedente de la Federación de Rusia, en medio de las investigaciones que buscan determinar el alcance del presunto reclutamiento de nacionales para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El retorno ocurre después de que el Ministerio Público informara que 30 panameños han sido identificados como posibles participantes en ambos bandos del conflicto y mantiene abiertas varias investigaciones por presuntos delitos de trata de personas y reclutamiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano Adrián González Morán emprendió su viaje de regreso a Panamá tras desvincularse de las fuerzas militares rusas.

La Cancillería explicó que la Embajada de Panamá en Moscú brindó acompañamiento durante todo el proceso para facilitar su salida del país euroasiático y garantizar que pudiera abordar su vuelo sin contratiempos.

Según el comunicado oficial, la embajadora de Panamá en Rusia, Suzi Carmen Auli, acompañó personalmente al ciudadano al aeropuerto para verificar su embarque y asegurar que el proceso de salida se desarrollara sin inconvenientes.

Asimismo, las autoridades de la Federación de Rusia facilitaron los trámites correspondientes para permitir su salida del país y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque.

La Cancillería precisó que González Morán asumió con recursos propios el costo del boleto aéreo de regreso y tenía previsto arribar a la ciudad de Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

La institución reiteró que continuará brindando el apoyo consular necesario a su llegada al país y dará seguimiento a su situación en coordinación con las autoridades nacionales competentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también reafirmó que la protección y asistencia a los ciudadanos panameños en el exterior constituye una prioridad permanente del Estado.

En ese sentido, indicó que mantendrá el acompañamiento consular para los nacionales que requieran apoyo fuera del país, conforme a las normas del derecho internacional y a los principios humanitarios que rigen la labor diplomática.

El anuncio coincide con la ampliación de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre el presunto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, reveló recientemente que las autoridades han identificado 30 ciudadanos panameños relacionados con ambos bandos del conflicto, una cifra superior a la reportada inicialmente.

De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría tras una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 panameños habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve viajaron o intentaron integrarse al bando de Ucrania.

El procurador explicó que las pesquisas continúan evolucionando conforme aparecen nuevos testimonios y familiares presentan denuncias sobre personas con las que perdieron contacto tras viajar al extranjero.

Las investigaciones también se han ampliado en número. Actualmente existen seis expedientes bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, frente a los cuatro casos que se conocían días antes.

Las autoridades buscan establecer cómo operaba el presunto mecanismo de captación, quiénes participaban en el proceso de reclutamiento y si existía una estructura organizada dedicada a trasladar ciudadanos panameños hacia un escenario de guerra mediante falsas promesas de empleo.

Como parte de esas investigaciones permanece en detención provisional Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la Fiscalía, habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia bajo supuestas ofertas de trabajo con salarios de entre $3.000 y $3.500 mensuales, además de bonos que podían alcanzar $70.000.

El Ministerio Público sostiene que las presuntas víctimas eran seleccionadas por su vulnerabilidad económica y convencidas de aceptar una aparente oportunidad laboral que terminaría vinculándolas al conflicto armado.

Entre los casos investigados figuran un vendedor ambulante con ingresos diarios cercanos a $10 y un hombre con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian un patrón de captación dirigido a personas con necesidades económicas.

Durante la audiencia de garantías, Brooks rechazó las acusaciones y aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte, argumentando que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.

No obstante, la jueza Eyvis Jaén ordenó su detención provisional al considerar que existían suficientes elementos para vincularlo con la investigación, decisión que posteriormente fue apelada por la defensa.

El retorno de Adrián González Morán representa el primer caso confirmado oficialmente por la Cancillería de un panameño que logra regresar al país tras desvincularse de las fuerzas rusas.

Mientras tanto, las autoridades panameñas mantienen abiertas las investigaciones para determinar cuántos ciudadanos pudieron haber sido captados, si viajaron voluntariamente o mediante engaño y si existieron otras personas involucradas en una red de reclutamiento que aprovechó la situación económica de sus víctimas para llevarlas a uno de los conflictos armados más importantes de la actualidad.

Las autoridades panameñas ampliaron el alcance de las investigaciones sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, revelara que el Ministerio Público ha identificado hasta el momento a 30 panameños que habrían sido enlistados para ambos bandos del conflicto.

La cifra representa un aumento con respecto a los reportes divulgados días atrás y mantiene abiertas varias líneas de investigación por posibles delitos de trata de personas y reclutamiento.

De acuerdo con el procurador, tras una reunión sostenida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la información actualizada indica que 21 panameños fueron potencialmente reclutados para integrarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve habrían viajado o intentado incorporarse al bando de Ucrania.

“Nos notificaron de veintiún personas que potencialmente fueron enlistadas para pertenecer a Rusia y nueve con respecto a Ucrania”, explicó Gómez al ofrecer un balance de las investigaciones.

El jefe del Ministerio Público informó además que actualmente existen seis investigaciones en curso bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, un incremento frente a los cuatro expedientes que se conocían hasta hace pocos días.

Asimismo, confirmó que una persona permanece detenida provisionalmente como parte de las pesquisas, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta red de captación.

La persona bajo detención es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, quien fue imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Fiscalía sostiene que habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia mediante supuestas ofertas de empleo que, según la investigación, ocultaban un esquema de reclutamiento para incorporarlos posteriormente al conflicto armado.

Durante la audiencia de garantías, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que al menos dos ciudadanos panameños fueron contactados mediante promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de bonos que oscilarían entre 20,000 y 70,000 dólares.

Según el Ministerio Público, esas ofertas buscaban atraer principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica para convencerlas de aceptar el viaje.

Las investigaciones también establecieron que entre las víctimas figuraban un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida. Para la Fiscalía, esos perfiles evidencian que los presuntos reclutadores seleccionaban personas con necesidades económicas, aprovechándose de su situación para ofrecerles una aparente oportunidad laboral en el extranjero.

Las autoridades sostienen que Brooks habría transportado a dos de esas personas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al momento de su captura, los investigadores aseguran que el imputado mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar Panamá.

Durante la audiencia, el imputado rechazó las acusaciones y afirmó que únicamente prestó un servicio de transporte. También sostuvo que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia y aseguró desconocer cómo funcionaba el supuesto mecanismo de captación.

Sin embargo, la jueza de garantías Eyvis Jaén consideró que existían suficientes elementos para ordenar la detención provisional, decisión que apelada por la defensa.

El procurador Luis Carlos Gómez advirtió que las investigaciones todavía no descartan la existencia de más personas involucradas en el reclutamiento de panameños. “No se descarta que puedan haber otras personas realizando labores de reclutamiento”, afirmó, al indicar que las autoridades continúan verificando el alcance de la estructura y los distintos niveles de participación de quienes facilitarían estos viajes.

Gómez también explicó que una de las principales líneas de investigación consiste en determinar si estos hechos pueden configurarse como trata de personas, particularmente cuando existan elementos de engaño o coacción.

“Habría que verificar esos niveles de reclutamiento y si pueden coincidir con modalidades posibles de trata de personas”, señaló.

Otra de las interrogantes que busca resolver el Ministerio Público es si algunos de los ciudadanos viajaron voluntariamente o si fueron inducidos mediante información falsa sobre las condiciones reales del empleo ofrecido.

Al ser consultado sobre este aspecto, el procurador respondió que esa será precisamente una de las tareas de las investigaciones. “Vamos a ir afinando las líneas que correspondan para identificar si efectivamente fue un ingreso voluntario o un ingreso bajo coacción”, indicó.

El funcionario también aprovechó para enviar un mensaje de advertencia a quienes puedan sentirse atraídos por este tipo de ofertas. Señaló que incorporarse a conflictos armados en el extranjero puede tener consecuencias fatales y reiteró el llamado a mantenerse alerta frente a propuestas laborales que prometen elevados ingresos sin suficiente respaldo o garantías.

Las investigaciones se producen mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ha generado múltiples denuncias internacionales sobre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros mediante incentivos económicos.

En Panamá, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una organización dedicada a captar personas aprovechando su situación económica y trasladarlas hacia un escenario de guerra bajo falsas promesas de empleo.

La protesta estuvo marcada por testimonios de profundo dolor. Mientras madres, esposas e hijos sostenían fotografías de sus familiares desaparecidos, uno de los ciudadanos peruanos que permanece en territorio ruso logró comunicarse en vivo con la prensa peruana para relatar las condiciones que, asegura, enfrentan los extranjeros reclutados. Paralelamente, los manifestantes pidieron la intervención de la Cancillería, de la presidenta Keiko Fujimori y del nuevo canciller Carlos Espá, para gestionar información oficial y la eventual repatriación de los compatriotas.

Peruano atrapado en Rusia asegura que fue obligado a firmar documentos y enviado al frente de guerra

Uno de los momentos más impactantes de la jornada ocurrió durante una videollamada realizada con un ciudadano peruano identificado como José, quien afirmó encontrarse actualmente en Rusia tras haber viajado convencido de que desempeñaría labores de limpieza.

Según relató, la oferta laboral nunca se cumplió. Explicó que, apenas llegó al país, fue obligado a firmar un contrato redactado completamente en ruso, sin posibilidad de traducir su contenido ni comprender las condiciones que estaba aceptando.

Además, sostuvo que también le hicieron firmar un poder notarial y que posteriormente fue trasladado a un campamento militar, donde —según su versión— los reclutas extranjeros eran presionados para aceptar su incorporación a las fuerzas rusas.

José afirmó que quienes se negaban a firmar eran amenazados con ser enviados a campamentos disciplinarios o directamente al frente de combate. También indicó que observó la muerte de varios compatriotas durante las operaciones militares y describió escenas de extrema violencia.

El ciudadano peruano relató que resultó gravemente herido durante un ataque y permaneció varios días sin recibir atención médica adecuada. Señaló que actualmente se encuentra en un centro de recuperación, aunque aseguró que ya le informaron que volvería a ser enviado al combate.

Durante la entrevista también indicó que intentó solicitar ayuda a la Embajada del Perú en Rusia, pero aseguró que la única alternativa que le plantearon fue intentar abandonar el lugar por sus propios medios, algo que considera imposible debido a la vigilancia militar existente.

Las declaraciones coinciden con otras denuncias conocidas en los últimos meses sobre ciudadanos extranjeros que habrían sido captados mediante promesas de empleo civil para luego terminar firmando contratos militares en idioma ruso.

Una investigación publicada semanas atrás por CNN reveló testimonios de familias peruanas cuyos parientes viajaron creyendo que trabajarían como cocineros, guardias de seguridad o personal de apoyo, pero posteriormente aparecieron en zonas cercanas al frente de guerra. El reportaje también recogió casos de contratos firmados sin traducción y denuncias sobre presuntas redes de reclutamiento que ofrecían elevados salarios para captar trabajadores latinoamericanos.

Familiares denuncian meses sin información y piden intervención urgente de la Cancillería

Mientras se desarrollaba la comunicación con José, decenas de familiares permanecían frente a la sede diplomática rusa sosteniendo fotografías y documentos relacionados con sus seres queridos.

Una de las hijas presentes contó que la última comunicación con su padre ocurrió el 2 de abril. Explicó que él había viajado convencido de que desempeñaría funciones como cuidador, luego de haber trabajado durante años como albañil y pintor en Perú.

Desde entonces, aseguró que no ha recibido ningún mensaje ni información oficial sobre su estado.

Otros familiares indicaron que varios compatriotas partieron buscando una oportunidad económica debido a la falta de empleo en el país y denunciaron que fueron convencidos mediante falsas promesas de trabajo.

Durante la manifestación también señalaron que desconocen si sus parientes permanecen con vida, se encuentran hospitalizados o fallecieron durante los enfrentamientos.

Los manifestantes afirmaron que existen aproximadamente 459 peruanos sobre los cuales continúan solicitando información y sostuvieron que recibieron versiones sobre una posible lista de fallecidos, aunque aseguran que dicha documentación no les ha sido entregada oficialmente.

Además, denunciaron que desde hace varios meses vienen solicitando respuestas sin obtener información concreta sobre el estado de sus familiares.

Según indicaron, las respuestas recibidas hasta ahora por parte de las autoridades han sido limitadas y no permiten confirmar la ubicación o condición de los ciudadanos peruanos que permanecen en territorio ruso.

Las familias solicitaron la intervención directa de la Cancillería peruana, argumentando que se requieren gestiones diplomáticas para conocer el paradero de los compatriotas y facilitar su retorno cuando sea posible.

El caso también es materia de investigación en Perú. De acuerdo con información difundida previamente, la Fiscalía investiga denuncias relacionadas con presuntas ofertas laborales falsas que habrían servido para captar ciudadanos y trasladarlos a Rusia, donde posteriormente terminaron participando en el conflicto armado. Las pesquisas buscan determinar si los hechos podrían configurar un caso de trata de personas con fines de explotación en un conflicto bélico.

La Justicia panameña dio este sábado un nuevo paso en la investigación sobre el reclutamiento de ciudadanos para la guerra entre Rusia y Ucrania al imputar cargos por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenar la detención provisional de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos captadores de panameños mediante falsas ofertas de trabajo.

La decisión fue adoptada por la juez de garantías Eyvis Jaén, quien además legalizó la aprehensión realizada el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como diversas diligencias de vigilancia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

La investigación sostiene que el imputado habría participado en el traslado y acompañamiento de personas que estaban próximas a viajar hacia Rusia.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que la investigación ha permitido establecer que, al menos, dos ciudadanos panameños fueron contactados para incorporarse al conflicto armado.

Según el Ministerio Público, las víctimas recibían promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de un bono que oscilaría entre 20,000 y 70,000 dólares, una oferta económica que habría sido utilizada para atraer principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Fiscalía sostiene que detrás de esas propuestas laborales se ocultaba un esquema de captación para trasladar a los reclutados hasta Rusia, desde donde posteriormente terminarían vinculados con operaciones militares relacionadas con la guerra contra Ucrania.

Las autoridades investigan el caso como un posible delito de trata de personas, al considerar que las víctimas habrían sido engañadas sobre la verdadera naturaleza del viaje.

Entre las personas identificadas por la investigación figuran un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian que los presuntos reclutadores buscaban personas con necesidades económicas para convencerlas de aceptar la oferta.

Las investigaciones también revelan que el ahora imputado habría transportado a dos de las víctimas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al aeropuerto.

Posteriormente, las autoridades lo sorprendieron en Tocumen cuando, presuntamente, esperaba a los viajeros y mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar el país.

Durante la audiencia, Brooks rechazó las acusaciones. El imputado aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte y afirmó que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.

En una breve intervención también manifestó que desconoce cómo funcionaba el proceso para captar personas y negó haber participado en la organización de esos viajes.

Pese a esos argumentos, la juez concluyó que existían elementos suficientes para ordenar la detención provisional, al considerar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. La defensa presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que un tribunal superior deberá fijar en los próximos días la fecha para revisar esa decisión.

La captura del imputado ocurrió apenas horas después de que el Gobierno de Panamá actualizara a 24 el número de ciudadanos identificados en ambos bandos de la guerra.

De acuerdo con la Cancillería, 19 panameños han sido vinculados con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, uno de ellos murió en combate y varios permanecen desaparecidos.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó recientemente que el aumento de casos se produjo después de que más familiares acudieran a las autoridades para denunciar la desaparición o pérdida de contacto con personas que viajaron al extranjero atraídas por supuestas ofertas de empleo. Esos reportes permitieron ampliar el registro oficial y reforzar las investigaciones.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones relacionadas con estos hechos. Dos expedientes fueron abiertos tras denuncias de familiares y otros dos surgieron a partir de informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que desde hace meses sigue la pista de personas que presuntamente facilitan estos viajes desde Panamá.

El caso también provocó una reacción de la Embajada de Rusia en Panamá, que rechazó las versiones sobre un supuesto sistema de reclutamiento fraudulento impulsado por el Estado ruso.

La representación diplomática aseguró que los extranjeros que ingresan a las Fuerzas Armadas de ese país lo hacen mediante contratos voluntarios y afirmó que la misión diplomática no organiza campañas de reclutamiento, aunque expresó su disposición de colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades panameñas.

La Policía Nacional de Panamá capturó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano panameño señalado de integrar una presunta red criminal dedicada a captar personas mediante falsas ofertas de trabajo para enviarlas a participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, en un caso que las autoridades investigan como un posible delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas.

La diligencia permitió además el rescate de dos víctimas que se disponían a abandonar el país bajo el supuesto ofrecimiento laboral.

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) informó que la aprehensión se produjo como resultado de una acción investigativa desarrollada junto con la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso presuntamente captaba ciudadanos panameños mediante promesas de empleo para posteriormente trasladarlos y reclutarlos con fines relacionados con el conflicto bélico.

Durante la operación, los agentes encontraron en poder del detenido los pasaportes de las dos víctimas, quienes fueron puestas bajo protección mientras continúan las investigaciones.

La captura ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Panamá actualizara a 24 el número de panameños identificados en la guerra.

Según el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, de ese total 19 se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, confirmó que uno de los panameños que combatía del lado ruso falleció, mientras que varios permanecen desaparecidos y se desconoce su paradero.

El funcionario explicó que el incremento de 15 a 24 casos responde a que más familiares acudieron a la Cancillería para aportar información sobre personas que viajaron al extranjero y posteriormente dejaron de comunicarse.

Gracias a esos reportes, las autoridades lograron elaborar un registro más completo de ciudadanos incorporados a ambos bandos del conflicto y reforzar las gestiones diplomáticas para intentar conocer su situación.

Guevara Mann reiteró que existen indicios de que varios ciudadanos fueron captados mediante ofertas laborales que prometían trabajos civiles con remuneraciones elevadas, pero que terminaron convirtiéndose en incorporaciones a estructuras militares.

Incluso afirmó que algunos de ellos permanecen en una situación de la que resulta muy difícil salir, debido a que una vez ingresan a una organización militar las posibilidades de actuación del Estado panameño se reducen considerablemente.

En paralelo, el Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos casos operan redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otros delitos.

Dos de los expedientes surgieron por denuncias de familiares, mientras que los otros fueron iniciados a partir de informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial, que desde hace meses sigue la pista de personas que estarían facilitando estos viajes desde Panamá.

En medio del avance de esas investigaciones, la Embajada de Rusia en Panamá publicó una extensa carta en respuesta a publicaciones periodísticas sobre el tema.

En el documento, firmado por el embajador Konstantin Gavrilov, la misión diplomática rechaza las versiones que vinculan al Gobierno ruso con un sistema de reclutamiento fraudulento de ciudadanos panameños y sostiene que buena parte de la información divulgada contiene “matices selectivos y medias verdades” que, a su juicio, distorsionan el panorama.

La representación diplomática afirma que no existe ninguna prohibición legal para que un ciudadano extranjero, por decisión propia, firme un contrato de servicio militar con las Fuerzas Armadas de Rusia.

Según la embajada, quienes suscriben esos contratos reciben los mismos derechos, obligaciones, salarios, atención médica y cobertura social que cualquier militar ruso, por lo que considera que no pueden ser calificados como mercenarios conforme a las normas internacionales.

La carta también rechaza que Rusia promueva métodos engañosos de reclutamiento y sostiene que la embajada no gestiona ofertas para incorporarse al Ejército ruso. Incluso asegura que cuando recibe consultas de ciudadanos interesados en participar en el conflicto responde desaconsejando esa decisión debido a los riesgos inherentes a una guerra de alta intensidad.

Asimismo, respalda las investigaciones abiertas por el Ministerio Público panameño y manifiesta su disposición de continuar cooperando con las autoridades mediante los canales diplomáticos.

No obstante, la posición del Gobierno panameño continúa siendo de advertencia. La Cancillería insiste en que el país no participa en ningún conflicto bélico y recomienda desconfiar de ofertas laborales que prometan salarios extraordinarios en países involucrados en guerras.

Mientras tanto, la captura realizada en Tocumen representa el primer caso en el que las autoridades anuncian la aprehensión de un presunto reclutador vinculado a estas investigaciones, un paso que podría aportar nuevos elementos para esclarecer si detrás de los viajes de ciudadanos panameños existe una estructura organizada dedicada a captar personas mediante engaños para enviarlas a una de las guerras más devastadoras de la actualidad.

El Gobierno de Panamá actualizó a 24 el número de ciudadanos identificados por las autoridades que se han incorporado a la guerra entre Rusia y Ucrania, una cifra superior a la reportada meses atrás y que mantiene la preocupación de la Cancillería por el destino de varios de ellos.

Cinco panameños se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y 19 a las Fuerzas Armadas de Rusia, informó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, quien confirmó que uno de los panameños que combatía del lado ruso falleció, mientras que varios permanecen desaparecidos y se desconoce su paradero.

El funcionario explicó que algunos continúan activos dentro de las estructuras militares, mientras que otros no han podido ser localizados, lo que dificulta cualquier gestión para conocer su condición o facilitar un eventual retorno al país.

La nueva actualización representa un aumento de nueve casos respecto al último balance oficial, cuando las autoridades habían reconocido la existencia de 15 panameños relacionados con el conflicto.

Guevara Mann explicó que el incremento responde a que más familiares han acudido a la Cancillería para solicitar apoyo y compartir información, permitiendo elaborar un registro más completo de ciudadanos incorporados a ambos bandos.

“Algunos se han acercado y gracias a esos acercamientos hemos podido tener un número más actualizado acerca de los individuos que se han vinculado a las fuerzas armadas de ambos bandos”, señaló.

El viceministro adelantó que sostendría una reunión con el encargado de negocios de Ucrania y recordó que el Gobierno mantiene conversaciones periódicas con el embajador de Rusia para dar seguimiento a estos casos y expresar la preocupación del Estado panameño.

No obstante, insistió en que todas estas personas viajaron de manera voluntaria, aunque muchas terminaron enfrentando una realidad distinta a la que les fue presentada.

El funcionario reiteró el llamado para que ningún panameño acepte ofertas de empleo o reclutamiento relacionadas con países inmersos en conflictos armados, al advertir que existen indicios de que varios ciudadanos fueron captados mediante promesas de trabajos civiles con salarios elevados que terminaron convirtiéndose en incorporaciones a fuerzas militares.

“Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”, afirmó Guevara Mann.

Agregó que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y subrayó que ofrecerse como voluntario para combatir en el extranjero representa un riesgo extremo para la vida y la seguridad personal.

También reconoció que, una vez una persona ingresa a una estructura militar o permanece en una zona de combate, las posibilidades de actuación del Estado panameño se considerablemente, debido a que las autoridades militares pueden negar información sobre su ubicación o condición.

La Cancillería aseguró que mantiene un contacto permanente con las representaciones diplomáticas acreditadas en Panamá y con sus misiones en el exterior para solicitar información sobre los ciudadanos cuyo paradero aún es desconocido, aunque admitió que el proceso resulta complejo por las condiciones propias de la guerra y por la irregularidad con la que muchas veces se realizan estos reclutamientos.

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos viajes existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otros delitos.

Dos expedientes surgieron a partir de denuncias de familiares y los otros dos por informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Mientras avanzan esas pesquisas, el Gobierno reiteró que cualquier panameño que logre salir del conflicto y solicite ayuda recibirá apoyo para regresar al país, aunque insistió en que la mejor herramienta para evitar nuevos casos sigue siendo la prevención y la desconfianza frente a ofertas laborales poco claras o con remuneraciones extraordinarias en países involucrados en conflictos armados.

El Gobierno de Panamá lanzó una nueva advertencia a sus ciudadanos para que no acepten propuestas destinadas a incorporarlos a conflictos armados en el extranjero, ante los casos de panameños que han terminado vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, afirmó que algunas de estas personas podrían encontrarse bajo el control de las fuerzas armadas a las que fueron incorporadas, luego de aceptar propuestas que no correspondían con la realidad.

“Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”, declaró el funcionario.

Guevara Mann insistió en que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y remarcó que los ciudadanos no deben ofrecerse como voluntarios ni aceptar propuestas para prestar servicios en escenarios de guerra, debido al riesgo que esto representa para su vida y seguridad.

“No debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo, porque al final los pone en riesgo y atenta contra su propia seguridad personal”, señaló.

Las declaraciones se producen después de que las autoridades panameñas reconocieran la existencia de varios ciudadanos vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania, algunos de los cuales habrían viajado conscientes de que participarían en el conflicto, mientras que otros aseguran haber sido engañados mediante ofertas de empleos civiles con salarios elevados.

La cifra de al menos 15 panameños identificados desde 2025, así como la información de que uno habría fallecido y varios se encontraban desaparecidos, fue comunicada previamente por el entonces canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos.

De manera paralela, el Ministerio Público informó anteriormente que mantiene cuatro investigaciones abiertas relacionadas con el presunto reclutamiento de panameños para el conflicto.

Dos expedientes surgieron por denuncias de familiares y los otros dos por informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial.

Las pesquisas buscan determinar si detrás de los viajes existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otras conductas delictivas.

Entre los casos denunciados aparecen ciudadanos que habrían recibido propuestas para trabajar como ayudantes de cocina, guardias de seguridad u operadores de maquinaria pesada.

Guevara Mann explicó que la Cancillería mantiene un acercamiento constante con los gobiernos y las representaciones diplomáticas relacionadas con estos casos, aunque admitió que obtener información resulta difícil debido a la naturaleza irregular de los viajes y a las condiciones de la guerra.

“El acercamiento es permanente. Nuestras misiones diplomáticas hacen ese acercamiento, han solicitado a los gobiernos donde están acreditadas que provean la información”, manifestó.

Añadió que la Cancillería también ha convocado a los representantes diplomáticos acreditados en Panamá para insistir en la solicitud de información sobre los ciudadanos cuyo paradero o condición se desconoce.

“Se ha citado a sus representantes diplomáticos en Panamá a que vayan a la Cancillería y se los ha vuelto a citar”, explicó el viceministro.

El funcionario reconoció, sin embargo, que las posibilidades de actuación del Estado panameño son limitadas cuando una persona viaja por decisión propia y termina dentro de una estructura militar o en una zona de combate.

“El Gobierno de Panamá hace lo que puede, pero hay que tomar en cuenta que esta es una decisión personal de cada individuo”, afirmó.

Otro obstáculo es que las autoridades o las propias organizaciones involucradas pueden negar la presencia de los ciudadanos, especialmente cuando el proceso de reclutamiento, traslado o incorporación se realizó de manera irregular.

“Muchas veces hay una tendencia a negar esa presencia o esa situación por la irregularidad del proceso. Entonces, eso todo lo complica más”, sostuvo Guevara Mann.

Pese a esas dificultades, el viceministro aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido instrucciones de facilitar el retorno de cualquier panameño que logre salir del conflicto y solicite asistencia para regresar.

“El canciller dio la orden de que cualquiera que se acercara y pidiera su traslado a Panamá se le sufragara, sin ningún tipo de contemplación, el traslado de vuelta a Panamá”, aseguró.

No obstante, advirtió que concretar una repatriación puede resultar extremadamente complejo cuando el ciudadano permanece dentro de una zona de guerra, no tiene acceso a una representación consular o está sometido al control de una fuerza militar.

Guevara Mann reiteró que la principal herramienta para evitar nuevos casos es la prevención y pidió a la ciudadanía desconfiar de propuestas que prometan salarios extraordinarios o trabajos poco claros en países involucrados en conflictos armados.

“Una vez más, el llamado a la población es: no se metan en eso, porque no trae buenos resultados para nadie”, expresó.

El funcionario concluyó que, tan pronto la Cancillería recibe información sobre un ciudadano en riesgo, el Gobierno procura brindar apoyo dentro de sus posibilidades, aunque insistió en que la capacidad de respuesta está condicionada por la situación de guerra y las decisiones tomadas previamente por cada persona.

El Ministerio Público confirmó que mantiene abiertas cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania, un caso que ha puesto bajo la lupa a las redes que captan ciudadanos mediante falsas ofertas de empleo para enviarlos a zonas de combate.

Las pesquisas avanzan mientras el Gobierno reconoce que al menos 15 panameños han sido vinculados al conflicto desde 2025, uno murió y varios permanecen desaparecidos.

La Procuraduría General de la Nación informó que las investigaciones corresponden a dos denuncias presentadas por familiares y dos informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según el comunicado oficial, todos los casos guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, mientras la institución reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos panameños y con el esclarecimiento de los hechos.

El avance de las investigaciones coincide con la información divulgada por el Gobierno hace unos días, cuando confirmó que ciudadanos panameños han sido reclutados para participar en la guerra.

El canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, reveló que desde 2025 las autoridades tienen identificados al menos 15 panameños, de los cuales uno falleció y varios permanecen desaparecidos, aunque evitó precisar en cuál de los dos bandos combatían.

"Es una lástima“, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al referirse a estos casos. El funcionario subrayó que “no es un tema en que el Gobierno Nacional ni el presidente José Raúl Mulino tenga absolutamente nada que ver” y añadió que la administración panameña “no está de acuerdo, ni participa, ni tiene ninguna intención de que esto se dé”, en referencia al reclutamiento de ciudadanos para el conflicto.

Las investigaciones del Ministerio Público avanzan en paralelo con las gestiones diplomáticas emprendidas por la Cancillería, que desde noviembre de 2025 mantiene contacto con las autoridades rusas para obtener información sobre ciudadanos panameños que viajaron al este de Europa.

El seguimiento se realiza mediante la Embajada de Rusia en Panamá, la representación diplomática panameña en Moscú y reuniones con funcionarios de la Cancillería rusa.

De acuerdo con Hoyos, la cifra de 15 panameños corresponde únicamente a los casos sobre los que el Estado ha logrado obtener información. Sin embargo, reconoció que el número real podría ser mayor, ya que algunos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo sin informar a las autoridades sobre su verdadero destino.

Las pesquisas apuntan a la posible existencia de redes de reclutamiento que utilizan ofertas laborales para atraer latinoamericanos. Según las denuncias recibidas por las autoridades, los reclutadores prometen empleos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, con salarios elevados y oportunidades de trabajo en Europa. No obstante, al llegar a Rusia o Ucrania, algunos terminan incorporados a unidades militares.

Uno de los expedientes que investiga el Ministerio Público corresponde al caso de un hombre de 35 años, cuyos familiares denunciaron que aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania.

Según el relato presentado ante las autoridades, al llegar recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Los familiares también aseguraron que el panameño permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron toda comunicación con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición.

Este caso se suma a una denuncia presentada anteriormente en la provincia de Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Los testimonios recopilados por las autoridades describen un patrón similar. Los reclutadores ofrecían salarios de hasta $10.000 mensuales por trabajos en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Una vez en Rusia, según las denuncias, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos redactados únicamente en ruso e incorporados a unidades militares.

Una investigación publicada previamente por Infobae reveló que estas organizaciones utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar ciudadanos latinoamericanos. Las ofertas prometen pagos iniciales de entre $25.000 y $50.000, salarios mensuales cercanos a $2.600 y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

El recorrido de los reclutados suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía antes de ingresar a Rusia. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en contratos militares para ser enviados a algunas de las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. El vicecanciller Hoyos explicó que algunos ciudadanos viajaron plenamente conscientes de que participarían en la guerra, mientras que otros sostienen haber sido engañados con falsas promesas de empleo.

La Cancillería también ha recibido reportes de ciudadanos fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero sigue siendo incierto. Sin embargo, reconoce que la información llega de manera fragmentada y que resulta difícil confirmar si algunos murieron durante los combates o permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas militares.

El Gobierno admite además que su capacidad de actuación es limitada, debido a que muchos de los ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de combate donde no existe acceso consular permanente.

Mientras el Ministerio Público mantiene abiertas las cuatro investigaciones para determinar si existieron delitos de trata de personas, reclutamiento mediante engaño u otras conductas criminales, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países involucrados en conflictos armados, al advertir que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

En Una dura maestra. Las guerras de Europa en el mundo moderno, el historiador Dieter Langewiesche sostiene que la guerra ha sido una fuerza creativa en la Europa contemporánea y que, lejos de aparecer solo como destrucción, actuó como condición de posibilidad para revoluciones triunfantes, estados nacionales y nuevos órdenes políticos, una tesis que el epílogo proyecta sobre conflictos actuales como Ucrania y la guerra entre Palestina e Israel.

Esa lectura incorpora además una comparación incómoda entre dos modelos de orden internacional. Langewiesche contrapone el sistema surgido del Congreso de Viena entre 1815 y 1914, al que considera flexible y eficaz para evitar una guerra general europea, con el construido tras la paz de París de 1919, descrito como rígido y generador de resultados desastrosos.

La obra empieza a circular en el mundo hispanohablante gracias a la traducción de Jesús Millán, de la Universitat de València. El libro examina las guerras de los siglos XVIII al XXI en las que intervinieron europeos y las organiza a partir de dos categorías centrales: la guerra total, que convierte a la población civil en la principal cantera de víctimas, y la guerra circunscrita, librada entre ejércitos y practicada por los europeos entre sí en ciertos periodos, aunque no en las sociedades colonizadas.

Una de las ideas más duras del estudio es que dos procesos asociados de manera habitual con la modernización, la revolución y la formación de estados nacionales, no avanzaron sin guerras victoriosas. El argumento aparece condensado en dos fórmulas tajantes: “Sin guerra no hay triunfo revolucionario” y “sin guerra no hay Estado nacional y no hay nación”.

Esa tesis abarca procesos que van de Estados Unidos y Francia a Rusia y Turquía. Según el autor, esos movimientos dependieron de batallas externas, guerras civiles o de la combinación de ambas, y las naciones contemporáneas surgieron de la destrucción de imperios, de mitos guerreros y de demandas de homogeneidad cultural que derivaron en limpiezas étnicas.

Langewiesche no presenta la guerra como maestra en el sentido clásico de Tucídides, sino más bien como una fuerza productiva: para el historiador alemán, casi ninguna de las revoluciones entre los siglos XVII y XX habría tenido éxito sin guerra, y que tampoco la nación se habría impuesto como marco espacial de expansión y límite del Estado. Langewiesche evita responder de forma directa si los resultados justificaron el costo humano de esas guerras.

La primera gran parte del libro reconstruye las fases de las guerras europeas entre los siglos XVIII y XX. El recorrido comienza con un conflicto de dimensión mundial entre potencias que concluyó con la caída del imperio de Napoleón Bonaparte.

Después llegó una prolongada paz europea asentada por el Congreso de Viena. Ese periodo solo fue interrumpido por contiendas regionales y sostuvo durante cerca de un siglo el dominio planetario de Europa, hasta la Primera Guerra Mundial.

Los tratados que cerraron esa guerra, mal resueltos según esta interpretación, alimentaron nuevos enfrentamientos que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Adolf Hitler abrió luego otra etapa de paz europea, garantizada por la tensión entre bloques, hasta que resurgieron las guerras y se llegó a la escalada actual.

La conclusión más perturbadora del libro es que esa secuencia no pertenece solo al pasado. En el epílogo de la edición española, las guerras de Palestina e Israel y de Ucrania aparecen como casos que, aunque estremecen por la magnitud de las violaciones de derechos humanos, confirmarían la lógica general del autor: Israel habría impuesto por las armas su posición en disputas territoriales sucesivas, mientras rusos y ucranianos intentarían completar por la fuerza sus respectivos estados nacionales tras la invasión.

Langewiesche reconoce que hubo excepciones parciales a ese patrón. Una de ellas fue la emancipación sin guerra de numerosos países tras el derrumbe de la Unión Soviética.

También valora, en una línea próxima a Jürgen Habermas, el éxito de la Unión Europea para evitar combates en su interior. Esa experiencia introduce una esperanza, pero no cancela la ambivalencia general del libro sobre el futuro del continente.

Langewiesche toma la desintegración violenta de Yugoslavia como confirmación de su tesis general, pero al mismo tiempo sugiere que la Unión Europea podría representar una ruptura histórica en la que las reglas de los siglos XVIII al XX hubieran quedado obsoletas.

El autor deja abierta la pregunta decisiva: si esa ruptura es definitiva o si solo constituye una interrupción temporal de la función histórica de la guerra y desconfía de las teorías sobre una transformación radical de la guerra en las últimas dos o tres décadas y prefiere insistir en líneas de continuidad de larga duración.

Desde esa mirada, las guerras actuales de Asia Central, Oriente Medio y África se parecen a las guerras coloniales o imperiales que los europeos libraron fuera de Europa hasta el siglo XX. Algunas también guardan parentesco con las revoluciones y guerras civiles que moldearon la historia europea y americana, lo que refuerza una conclusión que atraviesa todo el libro: esas guerras no serían nuevas.

Tras casi ocho décadas caracterizadas por un pacifismo profiláctico y un ejército relegado a funciones ceremoniales, Alemania tomó la decisión estratégica más trascendental desde la Guerra Fría. Bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, el país moviliza un histórico presupuesto de 377.000 millones de euros para reconstruir su poderío bélico, liderar la defensa de Europa oriental y blindar al continente frente a la amenaza de Rusia y la creciente volatilidad política de Estados Unidos.

De gigante pacifista a pilar militar de Europa

Durante cerca de 80 años, la República Federal de Alemania operó como el motor económico incuestionable de Europa, manteniendo al mismo tiempo una postura militar contenida tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la degradación acelerada del orden de seguridad europeo forzó una ruptura categórica con este paradigma.

La Bundeswehr, catalogada durante décadas como una fuerza en declive, se encuentra en plena metamorfosis para convertirse en el ejército convencional más poderoso y tecnológicamente avanzado del continente europeo.

El gobierno de Friedrich Merz asumió formalmente que la estabilidad de Europa central y oriental depende de la capacidad alemana para proyectar un músculo militar disuasorio e inquebrantable.

La amenaza de Rusia y Estados Unidos en Europa

Históricamente, la Alianza Atlántica exigía a sus miembros destinar un mínimo del 2% de su producto bruto interno (PBI) a la defensa, meta que Alemania incumplió reiteradamente en años anteriores. En el actual contexto geopolítico de 2026, las conversaciones en Bruselas han dado un giro dramático: para disuadir de manera efectiva un enfrentamiento a gran escala con potencias rivales, la OTAN impulsa a sus miembros a alcanzar un nivel de

gasto militar de hasta el 5 % del PBI durante la próxima década.

Para la primera economía europea, esto representa una cifra superior a los 200.000 millones de euros anuales. Lejos de esquivar el requerimiento, Berlín aceptó el reto, aspirando a convertirse en el hub logístico, operativo y de mando en el flanco oriental de la alianza.

El cambio de doctrina germano también responde a otro vector de conflicto que dejó una serie de enseñanzas: la guerra en Ucrania y la amenaza de los servicios de inteligencia de Rusia.

El conflicto ruso-ucraniano demostró la vigencia de los blindados y la artillería pesada pese al auge de los drones. A su vez, los ciberataques del GRU, el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, se convirtieron en un verdadero inconveniente para el sistema de control aéreo germano. La inteligencia rusa también generó campañas masivas de desinformación para desestabilizar la política interna y una serie de sabotajes marítimos en el mar del Norte.

La estrategia militar de 377.000 millones de Alemania

Para materializar esta transformación, el Bundestag aprobó un paquete inicial de 50.000 millones de euros integrado dentro del megaplan de 377.000 millones. Esta inyección de capital público reactivó con fuerza inusitada la industria de defensa germana e internacional, con firmas como Rheinmetall, KNDS (Krauss-Maffei Wegmann y Nexter) y Diehl Defence a la cabeza.

Uno de los contratos estrella es el Arrow 3, un interceptor de misiles balísticos en el espacio exoatmosférico, por encima de los 100 kilómetros, que será adoptado en el marco de un contrato histórico de 3600 millones de euros.

Por otro lado, Alemania instrumentó la modernización del histórico Leopard 2A8, el tanque de combate principal con protección activa contra drones kamikazes, una lección aprendida de Ucrania, y que hoy es demandado por toda la OTAN. Otro blindado que cobrará mayor protagonismo es el Skyranger 35, también enfocado en la defensa antiaérea de corta distancia y optimizado para neutralizar drones tácticos.

En paralelo, Berlín continúa con la adquisición de los cazas F-35 provenientes de Estados Unidos, que cuenta además con su propia línea de producción que apunta a modernizar la Luftwaffe.

De esta forma, Alemania se encamina a uno de los mayores procesos de rearme militar de su historia y proyecta un poder inédito hacia Europa, con Estados Unidos y Rusia como objetivos centrales de una disputa que tiene al Viejo Continente en el medio.

Panamá confirmó que al menos 15 de sus ciudadanos se encuentran vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania, una cifra que más que duplica los siete casos conocidos hasta ahora y que evidencia el alcance de las redes de reclutamiento que operan en América Latina mediante falsas ofertas de empleo.

La Cancillería advirtió que varios panameños habrían sido engañados con promesas de trabajos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, pero terminaron en zonas de combate.

Paralelamente, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia por el presunto reclutamiento fraudulento de un panameño que habría sido enviado al frente de guerra.

La nueva cifra fue revelada este viernes por el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos Boyd, quien explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a investigar estos casos desde noviembre de 2025 y mantiene un seguimiento permanente mediante gestiones diplomáticas con las autoridades rusas.

Según indicó, la información se obtiene a través de la Embajada de Rusia en Panamá, la misión diplomática panameña en Moscú y reuniones sostenidas con funcionarios de la Cancillería rusa.

"Tenemos contabilizadas aproximadamente 15 personas sobre las que hemos recibido información y estamos constantemente preguntando por su estado", afirmó Hoyos.

No obstante, advirtió que el número real podría ser mayor debido a que muchos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo, sin informar a las autoridades panameñas sobre su verdadero destino.

El vicecanciller explicó que la Cancillería ha recibido reportes de panameños fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero continúa siendo incierto. Sin embargo, aclaró que la información llega de manera fragmentada y resulta difícil determinar si algunos desaparecieron durante combates o si permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas armadas.

"Hay de todo un poco. Tenemos personas que sabían exactamente a qué iban y otras que aseguran haber sido engañadas con ofertas para trabajar en seguridad privada o manejando maquinaria pesada", señaló. Por ello lanzó una advertencia a quienes evalúan aceptar este tipo de propuestas laborales.

"Estas ofertas pueden ser lo más costoso que hagan en su vida, porque literalmente pueden costarles la vida. No los llevan allá para ver flores“, expresó Hoyos, al insistir en que los ciudadanos deben extremar las precauciones frente a anuncios de empleo relacionados con países inmersos en conflictos armados.

El funcionario reconoció además que la capacidad de actuación del Estado panameño es limitada, debido a que muchos de estos ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de guerra y no en ciudades donde exista acceso consular permanente.

"Esta es una guerra del mundo real“, manifestó el vicecanciller al explicar que las autoridades panameñas no pueden desplazarse libremente hasta los lugares donde permanecen los ciudadanos involucrados en el conflicto.

Una segunda denuncia

De acuerdo con información publicada por La Prensa, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia relacionada con el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El nuevo caso corresponde a un hombre de 35 años, quien aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania. Sin embargo, según el relato de sus familiares, al llegar al país europeo recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Los familiares denunciaron además que el joven permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron contacto con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades panameñas para denunciar su desaparición.

Esta denuncia se suma a la presentada anteriormente en Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Según esos testimonios, los reclutadores prometían salarios de hasta 10 mil dólares mensuales por labores en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Sin embargo, una vez en Rusia, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos en ruso e incorporados a unidades militares.

Una nota publicada previamente por Infobae reveló que estas redes utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar a ciudadanos latinoamericanos mediante ofertas de empleo que prometen pagos iniciales de entre 25 mil y 50 mil dólares, salarios mensuales cercanos a 2,600 dólares y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

El recorrido suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía, antes de ingresar a Rusia, donde los reclutados reciben contratos redactados únicamente en ruso, idioma que la mayoría no comprende. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en incorporación a unidades militares enviadas a las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. Incluso un joven chiricano entrevistado por Radio Panamá aseguró que viajó voluntariamente sabiendo que participaría en la guerra y afirmó que algunos compatriotas decidieron no informar a sus familias para evitar que intentaran impedir el viaje.

Ante este panorama, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países en guerra y recordó que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a ubicarse en USD 4 por galón, impulsado por una nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán, así como por el repunte en las cotizaciones internacionales del crudo.

El dato fue reportado por la Federación Estadounidense de Automovilismo (AAA), que monitorea diariamente los valores en las estaciones de servicio de todo el país.

Según la organización, la cifra representa un incremento relevante respecto al mismo período del año pasado, cuando el promedio se encontraba en USD 3,14. Estos valores fueron confirmados por la agencia Associated Press, que atribuyó el alza a las recientes acciones militares en Medio Oriente y a su impacto en los mercados energéticos globales.

Escalada militar y reacción de los mercados

De acuerdo con AP News, los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán reavivaron la volatilidad en el sector energético, generando preocupación en las bolsas internacionales.

El precio del crudo Brent —referencia global— aumentó 3,2% y cerró la jornada en USD 90,95 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 2,8% y alcanzó los USD 84,04.

Reuters corroboró estas cifras y detalló que el incremento responde, en gran parte, a la incertidumbre sobre la estabilidad en los suministros provenientes del Golfo Pérsico.

Funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos aseguraron a Bloomberg que la evolución de los precios está siendo monitoreada de forma continua, aunque destacaron que los márgenes de maniobra para controlar el impacto directo en los consumidores resultan limitados cuando se producen alteraciones en la oferta internacional.

Factores internos y desigualdad regional en los precios

La AAA remarcó que el valor informado corresponde a un promedio nacional, por lo que existen diferencias significativas entre los estados.

En lugares como California y Nueva York, los conductores pagan precios considerablemente más altos debido a la combinación de impuestos locales, costos logísticos y regulaciones medioambientales.

Por su parte, en zonas productoras como Texas o Luisiana, el precio suele ubicarse por debajo del promedio nacional. The Wall Street Journal puntualizó que estas variaciones reflejan tanto la proximidad a los centros de refinación como el impacto de políticas estatales.

La organización también recordó que la gasolina superó los USD 4 por galón a fines de marzo, pero luego descendió por debajo de ese umbral en junio, a partir de una moderación en el precio del petróleo crudo.

Esa tendencia bajista se vinculó, según AP News, a un acuerdo interino alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que había contribuido a reducir la percepción de riesgo geopolítico.

Consecuencias económicas y contexto político

El aumento en los combustibles se refleja en otros rubros de la economía. Analistas citados por CNN advirtieron que el alza de la gasolina y el petróleo tiende a trasladarse a los precios de alimentos, servicios logísticos y bienes de consumo general. Además, el tema adquiere relevancia política en el marco de las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

AP News indicó que la asequibilidad de la energía podría convertirse en un factor determinante para los votantes, especialmente en un escenario marcado por presiones inflacionarias.

Durante el período anterior de bajas en el precio del crudo, Donald Trump expresó su descontento porque los valores en los surtidores no disminuían al mismo ritmo que el petróleo en los mercados mayoristas, según consignó AP News.

Actualmente, la administración federal evalúa posibles medidas para mitigar el impacto sobre los hogares con menores ingresos, aunque hasta el momento no se anunciaron decisiones concretas en ese sentido.

Según cifras oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la demanda de combustibles se mantiene alta pese a la suba, lo que refuerza la presión sobre los precios. La EIA advirtió, además, que cualquier interrupción adicional en la producción o el transporte internacional podría agravar el escenario.

Perspectivas para los próximos meses

De acuerdo con Bloomberg, las perspectivas sobre el comportamiento de los precios dependerán de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como del desarrollo de la temporada de huracanes en el Golfo de México, una región crítica para el abastecimiento nacional.

Los analistas del sector energético coinciden en que los valores podrían mantenerse elevados en el corto plazo, especialmente si persisten las tensiones geopolíticas y la demanda interna no experimenta una caída significativa.

La situación en los mercados internacionales de energía continuará bajo observación por parte de las principales agencias regulatorias y organismos multilaterales, tal y como lo informaron Reuters y Bloomberg.

Las familias estadounidenses, en tanto, enfrentan el desafío de ajustar sus presupuestos ante la persistencia de niveles altos en el costo de los combustibles.

La idea de robots humanoides en el campo de batalla ha dejado de ser ciencia ficción. Una startup estadounidense, Foundation Future Industries, respalda por Eric Trump, está desarrollando robots humanoides diseñados específicamente para aplicaciones militares.

La noticia, confirmada por el propio CEO de la empresa, revela que el proyecto incluye capacidades cinéticas, es decir, sistemas letales que podrían cambiar la naturaleza de los conflictos armados.

El interés global por los robots autónomos, especialmente en el ámbito militar, crece en paralelo al avance de la inteligencia artificial y la robótica. Mientras gobiernos y organizaciones internacionales debaten límites y riesgos, empresas del sector privado aceleran el desarrollo de tecnologías que hasta hace poco parecían imposibles.

Robots humanoides con objetivos militares

Sankaet Pathak, CEO de Foundation Future Industries, confirmó recientemente a WIRED que la empresa explora “cosas cinéticas” para sus robots, un término que en el ámbito militar suele referirse a armamento activo. Aunque la compañía no ha dado detalles sobre las armas exactas, sí adelantó que en los próximos meses podrían revelar avances concretos.

Además del combate, los robots de Foundation estarían destinados a tareas logísticas, reconocimiento e inspección en zonas de conflicto.

El principal prototipo es el Phantom MK1, un robot humanoide probado incluso con fuerzas ucranianas en escenarios de guerra real. La empresa no solo ha conseguido contratos gubernamentales millonarios, también cuenta con la asesoría estratégica y la inversión directa de Eric Trump.

El propio presidente Donald Trump ha destacado públicamente el potencial de estos robots, señalando que la combinación de autonomía e inteligencia artificial puede revolucionar la industria militar y más allá.

El lucrativo negocio de la guerra con IA

Foundation Future Industries fue fundada en 2024 y rápidamente adquirió la firma Boardwalk Robotics, con experiencia en humanoides y colaboración con el Instituto de Cognición Humana y de Máquinas (IHMC) de Florida. En la actualidad, la empresa gestiona contratos heredados y acuerdos de desarrollo con el Pentágono y otras entidades estadounidenses, lo que refuerza su posición en el emergente nicho de la robótica militar.

La orientación de Foundation hacia el mercado bélico es singular y ha demostrado ser lucrativa. Expertos en robótica consultados por medios especializados aseguran que la demanda de sistemas que puedan sustituir a soldados en tareas de alto riesgo es real y que la tecnología está cerca de ser desplegada en escenarios operativos.

El debate internacional: armas autónomas y riesgo moral

El auge de los robots humanoides armados reaviva el debate sobre las denominadas armas autónomas letales. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido prohibir estos sistemas que, apoyados por inteligencia artificial, pueden seleccionar y atacar objetivos sin control humano directo. El secretario general de la ONU, António Guterres, insiste en la necesidad de vetar por derecho internacional las “máquinas que deciden quién vive y quién muere”, advirtiendo que su uso es “moralmente repugnante”.

Los llamados robots asesinos no se limitan a figuras humanoides: la definición incluye drones, sistemas terrestres y marítimos capaces de ejecutar ataques sin la intervención humana. Entre los principales riesgos destacan:

• Errores de identificación: Confusión entre civiles y combatientes.
• Escalada acelerada: Menor margen para revisar o detener acciones en conflicto.
• Responsabilidad difusa: Dudas sobre la rendición de cuentas ante daños.
• Disminución del costo político: Reduce el riesgo para quien inicia una guerra y puede bajar el umbral de uso de la fuerza.

Organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre la “deshumanización digital”, donde algoritmos toman decisiones trascendentales sobre la vida y la muerte. Varias potencias, incluidos Estados Unidos, Rusia, China e Israel, invierten en sistemas autónomos en distintos frentes.

La integración de inteligencia artificial en operaciones militares plantea dilemas inéditos. Mientras defensores argumentan que los sistemas automáticos pueden operar con mayor precisión y menos errores humanos, críticos insisten en la necesidad de mantener el juicio humano para evitar abusos y errores fatales.

El debate no es solo tecnológico, sino ético y legal. La forma en que estos robots sean desplegados y controlados marcará la diferencia entre un avance en la protección de vidas y un riesgo sin precedentes en la historia militar.

En julio de 1969 mientras el mundo contenía el aliento esperando que el Apolo 11 aterrizara en la Luna, en el corazón de Centroamérica comenzó a llover fuego. Aviones de combate con tecnología obsoleta de la Segunda Guerra Mundial despegaron de El Salvador con un rumbo claro: bombardear territorio hondureño.

Durante las siguientes cien horas, las balas sustituyeron a las palabras, dejando una cicatriz que tardaría décadas en cerrarse y un mito que la prensa internacional se encargaría de inmortalizar con un nombre tan absurdo como trágico: “La Guerra del Fútbol”.

Para el resto del planeta, parecía un guion de realismo mágico: dos naciones vecinas y apasionadas van a las armas debido a una eliminatoria para el Mundial de México 1970.

En junio de 1969, las selecciones de El Salvador y Honduras se enfrentaron en una serie de tres partidos de alta tensión. El primero, en Tegucigalpa, lo ganó Honduras; el segundo, en San Salvador, se lo llevaron los locales bajo un ambiente hostil plagado de agresiones a los aficionados visitantes.

Para el tercer y definitivo encuentro en terreno neutral (México), la atmósfera estaba tan intoxicada que el 26 de junio, el mismo día del partido, El Salvador rompió relaciones diplomáticas oficiales. El reportero polaco Ryszard Kapuściński ayudó a acuñar y popularizar mundialmente el término “Guerra del Fútbol”.

El nombre resultaba sumamente magnético para los periódicos de la época; presentaba el conflicto como una explosión de pasión irracional provocada por veintidós hombres corriendo tras un balón. Sin embargo, el fútbol no fue más que la chispa perfecta en un polvorín que llevaba décadas acumulando pólvora.

Más allá de las canchas: Las verdaderas razones del conflicto

Bajo los cánticos de estadio y las portadas sensacionalistas se escondía una profunda crisis socioeconómica y humanitaria. Las verdaderas causas de la guerra eran agrarias, demográficas y políticas, no deportivas:

• La presión por la tierra: El Salvador, el país más pequeño y densamente poblado de la región, sufría de una altísima concentración de tierras en manos de unas pocas familias oligarcas. Esto obligó a más de 300,000 campesinos salvadoreños a emigrar a la vecina Honduras en busca de un futuro en el campo.
• La reforma agraria de Honduras: Ante la presión social interna, el gobierno militar hondureño de Oswaldo López Arellano promulgó una reforma agraria que redistribuyó tierras ociosas, pero con una salvedad: excluyó y comenzó a expropiar a los agricultores salvadoreños, desatando una ola de expulsiones masivas y retornos forzados sin precedentes.
• Una válvula de escape política: Ambos gobiernos, utilizaron el fervor nacionalista de los partidos de fútbol para desviar la atención de sus propias crisis internas y unir a la población bajo un enemigo común.

Cuando la OEA finalmente logró imponer un alto el fuego el 18 de julio de 1969, el saldo del conflicto militar más corto de la región fue devastador: entre 4,000 y 6,000 personas perdieron la vida, en su inmensa mayoría civiles, más de 15,000 resultaron heridas y más de 100,000 salvadoreños se convirtieron en refugiados expulsados de Honduras, desestabilizando aún más la frágil economía y el tejido social salvadoreño.

Un eco que no se apaga: ¿Por qué sigue importando hoy?

Lejos de ser una curiosidad histórica de hace más de medio siglo, la Guerra de las Cien Horas sigue proyectando su sombra en la Centroamérica de hoy por varias razones cruciales.

En primer lugar, el conflicto demostró de la manera más dolorosa cómo la xenofobia y el nacionalismo populista pueden ser instrumentalizados por el poder político para desviar crisis internas.

Las campañas mediáticas de odio que se vivieron en junio de 1969 siguen siendo un recordatorio brutal de la facilidad con la que se puede fracturar la convivencia entre pueblos hermanos.

En segundo lugar, la resolución de este conflicto redefinió la diplomacia regional. Aunque los fusiles se silenciaron en julio, la verdadera paz tardó años en consolidarse. Las relaciones diplomáticas no se normalizaron sino hasta el tratado de 1970, y la disputa por los límites territoriales, los famosos “bolsones”— se extendió hasta 1992, cuando un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya definió definitivamente la frontera compartida de 420 kilómetros.

Finalmente, la guerra hirió de muerte al Mercado Común Centroamericano (MCCA), un proyecto de integración regional que prometía un desarrollo económico conjunto y que tardó décadas en recuperarse del golpe.

Ese eco histórico de desconfianza en las fronteras se asoma, a veces, en la diplomacia del siglo XXI. Recientemente, un roce fronterizo encendió las alarmas cuando a una comitiva del Ministerio de Educación de El Salvador se le negó temporalmente el paso hacia territorio hondureño para entregar paquetes escolares a niños de las zonas delimitadas (los antiguos “bolsones”). Aunque el malentendido provocó fricciones vecinales, a los pocos días las autoridades de ambos países lograron resolver el altercado, permitiendo que la ayuda humanitaria y escolar llegara a su destino.

Este incidente demostró que la convivencia en la línea fronteriza sigue requiriendo de una sintonía fina; una voluntad de diálogo que parece primar en las altas esferas gubernamentales. Casi en paralelo, la canciller de Honduras envió un mensaje de tranquilidad respecto a otro histórico punto de discordia: la Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca.

La jefa de la diplomacia hondureña aseguró que la situación se encuentra bajo total normalidad y adelantó que pronto mantendrá una reunión bilateral con la canciller salvadoreña para continuar fortaleciendo los lazos de cooperación.

La Guerra de las Cien Horas nos enseña que las simplificaciones son peligrosas. Detrás de un balón de fútbol que rodaba en un estadio mexicano se escondían las vidas rotas de miles de campesinos. Hoy, los retos en la frontera común ya no se resuelven con artillería, sino en mesas de diálogo donde ambas naciones intentan dejar atrás los fantasmas de 1969 para construir, finalmente, el desarrollo conjunto que la guerra les arrebató.

Los hondureños enfrentarán una nueva variación en los precios de los combustibles a partir del próximo lunes 20 de julio, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) confirmara el ajuste semanal de los derivados del petróleo.

El nuevo esquema contempla aumentos en la gasolina superior, la gasolina regular, el kerosene y el diésel, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. En contraste, el GLP vehicular registrará una leve rebaja, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio estatal.

Las autoridades explicaron que los ajustes responden al comportamiento del mercado internacional de los combustibles y a la metodología de fijación de precios aplicada semanalmente.

El incremento más significativo volverá a recaer sobre el kerosene, seguido por el diésel, dos combustibles ampliamente utilizados en distintos sectores productivos del país.

Así quedarán los precios en Tegucigalpa

En la capital, la gasolina superior aumentará 69 centavos, por lo que su nuevo precio será de 131.84 lempiras por galón.

Por su parte, la gasolina regular incrementará 33 centavos y pasará a costar 122.03 lempiras, manteniendo el beneficio del apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno.

El kerosene registrará el mayor aumento de la semana al subir 1.29 lempiras, fijando su precio en 103.66 lempiras, mientras que el diésel aumentará 1.06 lempiras, alcanzando los 120.59 lempiras por galón.

En cuanto al gas, el GLP doméstico permanecerá congelado en 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehiculardisminuirá 35 centavos, ubicándose en 47.61 lempiras por galón.

San Pedro Sula también registra ajustes

En la ciudad industrial del país también se aplicarán modificaciones a partir del lunes.

La gasolina superior aumentará 78 centavos, estableciendo un nuevo precio de 128.66 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá 38 centavos, hasta los 118.81 lempiras.

El kerosene también liderará los incrementos con una variación de 1.37 lempiras, alcanzando los 100.46 lempiras, mientras que el diésel aumentará 1.11 lempiras, fijando su precio en 117.34 lempiras por galón.

El GLP doméstico permanecerá en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular bajará 35 centavos, quedando en 44.08 lempiras.

Kerosene y diésel encabezan las alzas

Al comparar ambas ciudades, el kerosene continúa siendo el combustible con el mayor incremento semanal, seguido por el diésel.

En contraste, el GLP vehicular representa el único alivio para los consumidores al experimentar una reducción en su precio, mientras que el GLP doméstico se mantiene congelado mediante el subsidio gubernamental.

La Secretaría de Energía recordó que la gasolina regular y el diésel continúan beneficiándose de un apoyo económico temporal implementado para mitigar parcialmente el impacto de las variaciones internacionales del petróleo.

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse en todas las estaciones de servicio del país desde las 6:00 de la mañana del lunes 20 de julio de 2026.

Los constantes ajustes en los precios de los combustibles tienen un impacto directo en el costo de vida de los hondureños, ya que influyen en las tarifas del transporte, la distribución de mercancías y los costos de producción de diversos sectores económicos.

Por ello, cada modificación semanal es seguida de cerca por transportistas, empresarios y consumidores.

La Secretaría de Energía recordó que los precios de los derivados del petróleo se actualizan cada semana con base en el comportamiento del mercado internacional, las variaciones en el precio del crudo y otros factores que inciden en la importación de combustibles.

La investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania avanzó este jueves con la detención de tres personas vinculadas al principal sospechoso, Amador M.A., quien se encuentra prófugo de la Justicia. En los allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentos personales y alrededor de 50 pasaportes.

La primera persona capturada fue L.A.V., yerno del presunto reclutador, quien se encontraba en un inmueble ubicado en la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, donde se presume que las personas reclutadas se alojaban temporalmente antes de ser trasladadas a Rusia. El hombre aseguró desconocer el paradero de su suegro y afirmó que se enteró de las actividades que se le atribuyen “por los medios de comunicación”.

Más tarde, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) allanaron otra vivienda en la zona de la Pampa de la Isla, donde arrestaron a dos presuntos hermanos del principal investigado, identificados con las iniciales R.C.A. y E.M.A. Según los medios locales, en ese domicilio los investigadores encontraron un bolso con alrededor de 50 pasaportes, además de documentos considerados relevantes para la pesquisa y un vehículo que fue secuestrado.

Los fiscales indicaron que el hallazgo refuerza la hipótesis de que podría existir una estructura organizada detrás del reclutamiento, aunque señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades y la posible participación de otras personas.

De acuerdo con la Fiscalía, actualmente hay tres investigaciones abiertas que reúnen denuncias de 16 presuntas víctimas. La primera fue presentada en mayo por una persona; la segunda se conoció este mes junto con otras seis víctimas, y la tercera corresponde a nueve personas presuntamente captadas en una comunidad rural de Santa Cruz.

El caso estalló públicamente esta semana cuando los familiares de dos jóvenes —Iván Valdivia y José María Soleto— denunciaron que ambos habían viajado a Rusia tras aceptar una oferta laboral con la promesa de salarios de hasta 20.000 dólares, pero terminaron siendo reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania. Tras perder contacto con ellos el 3 de junio, la familia recibió información de que ambos habrían fallecido en el frente de combate y pidió a las autoridades que investigaran la existencia de una red de captación de personas y ayuda para la repatriación de los cuerpos.

A partir de esa denuncia pública, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio por presunta trata y tráfico de personas para conflictos armados.

En paralelo, la Embajada de Rusia negó cualquier vinculación con el proceso de reclutamiento, pero el representante de la misión diplomática, Dmitry Vérchenko, señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que si bien desconoce sobre la presencia de bolivianos, se tiene información sobre la participación de “extranjeros de América Latina”.

En los últimos días surgieron nuevas denuncias de familias de la comunidad Rincón de Palometas, en el departamento de Santa Cruz, quienes indicaron que cerca de diez jóvenes habían sido captados meses antes con ofertas de trabajo como albañiles, plomeros o electricistas en Rusia, pero que, una vez en ese país, recibieron entrenamiento militar y fueron enviados al frente de combate.

La Cancillería informó que la Embajada de Bolivia en Rusia está prestando asistencia a las presuntas víctimas y que envió una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre los dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados y fallecidos en combate.

El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, se refirió al presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto bélico con Ucrania, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación a partir de la denuncia pública de los familiares de dos jóvenes que habrían sido captados para ir a la guerra y que se cree fallecieron.

En un contacto con medios locales, Vérchenko señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que en este conflicto también hay presencia de “extranjeros de América Latina”. Sin embargo, el embajador descartó que la misión diplomática que representa esté involucrada en el sistema de reclutamiento.

Vérchenko agregó que desconoce si hay bolivianos participando en el conflicto armado y señaló que esa información debe ser solicitada por Cancillería al Ministerio de Defensa de Rusia.

Este martes, la Fiscalía boliviana abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

En junio pasado, la Embajada de Bolivia en Rusia alertó en un comunicado de prensa sobre la “circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero”.

La representación boliviana alertó de que una eventual incorporación a esas actividades supone “un alto riesgo de estafa promovida por intermediarios inescrupulosos” y “un máximo riesgo contra la integridad física y la vida de las personas”, por lo que exhortó a los bolivianos a “abstenerse de todo contacto con oferentes” y a denunciarlos.

Según el viceministro de Gestión Consular Héctor Huanca, se presume que hay alrededor de 16 bolivianos en la zona del conflicto. “Son datos que estamos por confirmar. De acuerdo con los familiares, hay aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos que se encontrarían en estos lugares”, indicó Huanca en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Tras darse a conocer esta información, la Cancillería activó los protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Rusia y envió una nota oficial para pedir información sobre los jóvenes que habrían perdido la vida en el conflicto.

La Embajada de Bolivia en Rusia envió una nota oficial al gobierno para solicitar información sobre dos bolivianos que presuntamente habrían muerto en combate tras ser reclutados, mediante engaños, para participar en la guerra con Ucrania.

El viceministro de Gestión Consular, Héctor Huanca, indicó que tomaron conocimiento del caso a partir de solicitudes de asistencia de familiares de las víctimas y se activaron protocolos de asistencia consular mientras esperan una respuesta oficial a su solicitud.

“Hemos activado de manera inmediata nuestros protocolos de protección y asistencia consular e iniciado las consultas correspondientes a través de la Embajada”, afirmó en entrevista en el canal Unitel.

Según Huanca, presumen que hay al menos 16 ciudadanos bolivianos involucrados que habrían sido contactados por intermediarios con ofertas laborales y económicas.

El caso se destapó este martes cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

Soleto y Valdivia eran primos y en Bolivia tenían trabajos eventuales como albañil y plomero. Según sus familiares, ambos viajaron con la promesa de recibir pagos de hasta 28.000 dólares por trabajos relacionados con la construcción, pero que una vez en el lugar les dieron entrenamiento militar por un mes y luego de un mes los mandaron al frente del conflicto.

Tras darse a conocer públicamente estas denuncias, la Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado en el que descartó un vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania.

“Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras», afirma la nota y añade que la Embajada rusa “no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión”.

En junio pasado, la representación diplomática había alertado sobre “la circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero” y que la eventual incorporación a esas actividades suponía “un alto riesgo de estafa” y “un máximo riesgo para la integridad física y la vida de las personas”.

No es la primera vez que se denuncian reclutamientos en Sudamérica para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El caso más reciente ocurrió en abril cuando se conoció que unos 130 peruanos habían sido llevados al combate mediante engaños y promesas de remuneración.

Donald Trump notificó al Congreso de Estados Unidos la reanudación de los ataques militares contra Irán el 7 de julio, según una carta fechada el 10 de julio y dirigida al senador republicano Chuck Grassley de Iowa, presidente pro tempore del Senado, que trascendió este lunes. En la misiva, el mandatario describe las operaciones como “limitadas, medidas, planificadas y ejecutadas de manera que se minimicen las bajas civiles”.

La notificación, enviada en cumplimiento de la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, abre un nuevo plazo de 60 días —prorrogable por 30 más a discreción del presidente— para que el Mando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) continúe operando sin autorización legislativa. Trump precisó que “las fuerzas terrestres de Estados Unidos no están implicadas en estos ataques”, según el texto.

El reinicio de las hostilidades se produjo después de que Trump declarara “terminado” el alto el fuego acordado el 7 de abril con Teherán y ordenara varias rondas de bombardeos sobre objetivos iraníes. La causa inmediata fueron los ataques de Irán contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz a principios de la semana pasada. Las autoridades iraníes habían exigido que los buques solicitaran permiso y utilizaran una ruta aprobada por Teherán antes de transitar el estrecho, en violación de un memorando de entendimiento suscrito el mes anterior.

Irán respondió a los bombardeos estadounidenses lanzando misiles y drones contra estados del Golfo aliados de Washington. Trump anunció además este lunes el restablecimiento de un bloqueo sobre puertos y embarcaciones iraníes. El objetivo declarado en la carta es atacar instalaciones militares iraníes que representen una amenaza para las fuerzas estadounidenses y la navegación comercial.

La notificación reactiva el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Capitolio sobre la facultad del presidente para sostener una guerra sin aprobación legislativa. La Administración Trump sostiene que el alto el fuego del 7 de abril puso fin a la ofensiva iniciada el 28 de febrero junto a Israel, lo que le permitiría reiniciar el cómputo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra. En una carta enviada al Congreso el 1 de mayo, Trump ya había argumentado que el cese de hostilidades cerró formalmente aquella fase del conflicto.

Los críticos rechazan esa interpretación. El representante republicano Thomas Massie de Kentucky afirmó a periodistas que la guerra “nunca se detuvo” y que la Administración “intenta esquivar la ley fingiendo que se puede parar y reanudar el reloj”. El senador demócrata Adam Schiff de California sostuvo que “cualquier afirmación de la Administración Trump de que dispone de 60 días más para actuar sin el Congreso carece de fundamento legal”, e introdujo una nueva resolución de poderes de guerra que ordena la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, legisladores de ambas cámaras han cuestionado la decisión de Trump de emprender una guerra que ha afectado a la economía mundial y al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses. El Senado votó el 23 de junio, por 50 votos a favor y 48 en contra, a favor de poner fin a la guerra, respaldando una resolución que la Cámara de Representantes había aprobado a principios de ese mes.

Esa resolución, que ordenaba a Trump cesar las operaciones o solicitar autorización para continuarlas, no tenía fuerza de ley, por lo que su alcance fue más simbólico que vinculante. Posteriormente, el Senado rechazó una medida similar de poderes de guerra, con varios republicanos clave argumentando que preferían dar más margen a la vía diplomática impulsada por la Administración.

Ahora, con los bombardeos reanudados y Trump expresando escepticismo sobre las negociaciones con Teherán, la carta enviada a Grassley deja abierta la incógnita sobre cómo reaccionarán los legisladores republicanos ante una nueva fase del conflicto.

Un autodenominado tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 años y el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

Sin embargo, este jueves la embajada de Ucrania en México aclaró que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.

Decenas de mexicanos se han sumado a la lucha de Ucraniaante la invasión de Rusia, algunos han muerto y muchos otros siguen en la lucha, aquí puedes leer sus historias.

En la misma resolución, el tribunal dispuso la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado. Esa cantidad fue estimada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos, según lo asentado en el comunicado oficial difundido por las autoridades.

El expediente judicial estableció que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad que fue presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El tribunal sostuvo que el mexicano se sumó después de recibir información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en la ofensiva contra fuerzas prorrusas.

Las autoridades señalaron que, tras integrarse, recibió entrenamiento militar y se le proporcionaron armas. También afirmaron que obtuvo una compensación económica por su participación en las operaciones, punto que fue usado para sostener la acusación vinculada a actividades de mercenarismo en el marco del conflicto.

En su comunicación pública, el tribunal indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. En esa narrativa oficial, la participación se extendió durante cuatro años e incluyó enfrentamientos en el contexto de la guerra.

El caso fue procesado sin la presencia del acusado y se desarrolló a puerta cerrada, según lo informado por las propias autoridades judiciales. El tribunal también indicó que la sentencia aún no había entrado en vigor al momento del anuncio.

El comunicado incluyó la tipificación legal aplicada y consignó que la condena correspondió a un delito previsto en la Parte 3 del Artículo 359 del Código Penal ruso. En ese mismo documento, el tribunal describió al sentenciado como “ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos” y precisó su año de nacimiento: 1997.

En un tramo del mensaje oficial, las autoridades aseguraron que el mexicano combatió de marzo de 2022 a marzo de 2026 como parte del “batallón terrorista Carpathian Sich”, al que señalaron como prohibido en Rusia. La declaración añadió que, por ese motivo, el “mercenario” recibió una compensación económica.

Hasta ese momento no se reportó un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso, ni se confirmó si Ramos Arreguín solicitó atención consular. El comunicado tampoco detalló su paradero ni ofreció información sobre una eventual detención previa o un proceso de entrega.

El proceso contra Ramos Arreguín fue presentado como parte de otros juicios en los que ciudadanos extranjeros fueron acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó que el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk había condenado en rebeldía al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas como mercenario.

• Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión y ordenó que cumpliera la pena en régimen “estricto”.
• La sentencia incluyó la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado.
• El caso se juzgó en ausencia del acusado y a puerta cerrada; la resolución aún no había entrado en vigor al ser anunciada.

La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra el mexicano Gilberto Ramos Arreguín y sostuvo que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.

La representación diplomática fijó esa postura después de que el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk anunció una sentencia dictada in absentia (en ausencia). Se usa comúnmente en contextos legales y académicos para describir un procedimiento o ceremonia que se lleva a cabo sin la presencia física de la persona involucrada, por lo que el mexicano Gilberto Ramos podría estar libre o escondido. También ordenó la confiscación de 3 millones 882 mil rublos, además del internamiento en un centro penal de régimen estricto.

Según el comunicado diplomático, la llamada República Popular de Donetsk fue descrita como una estructura creada, financiada y utilizada por la Federación de Rusia para sostener su guerra de agresión contra Ucrania. La embajada señaló que, de acuerdo con el derecho internacional, esos pseudoestados no tuvieron soberanía ni autoridad real y que sus supuestos órganos judiciales carecieron de competencias efectivas.

Ese fue el punto central de la respuesta ucraniana: para Kiev, la sentencia contra Gilberto Ramos Arreguín no tuvo fuerza jurídica y no pudo ser reconocida como un fallo válido. La embajada sostuvo que ninguna de las decisiones emitidas por esas entidades tuvo efecto legal vinculante.

El tribunal separatista procesó al mexicano en ausencia y a puerta cerrada

La condena fue anunciada contra Gilberto Ramos Arreguín, identificado por las propias autoridades como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos y nacido en 1997. El proceso se llevó a cabo sin la presencia del acusado y a puerta cerrada, mientras que la propia resolución indicó que el fallo todavía no entraba en vigor al momento de su difusión.

La pena impuesta fue de 14 años de prisión en un centro penal de régimen estricto. Además, la resolución ordenó confiscar 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks, cantidad que fue presentada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos.

Las autoridades que emitieron el fallo sostuvieron que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esa versión, el mexicano se habría sumado después de conocer información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en operaciones militares contra fuerzas prorrusas.

El expediente judicial aseguró que, tras integrarse a esa unidad, recibió entrenamiento militar y armas. También afirmó que obtuvo una compensación económica por participar en los combates, elemento con el que se buscó sostener la acusación de mercenarismo en el marco del conflicto.

La tipificación legal aplicada correspondió a la parte 3 del artículo 359 del Código Penal ruso. En otro tramo del mensaje oficial, las autoridades separatistas describieron al batallón como una organización prohibida en Rusia y lo calificaron como “terrorista”.

Ucrania defendió el estatus de los voluntarios extranjeros

Frente a esa narrativa, la embajada sostuvo que Ucrania fue un Estado soberano, independiente y miembro fundador de la ONU, sometido a una agresión armada generalizada e injustificada por parte de Rusia. Bajo esa interpretación, señaló que los voluntarios extranjeros que se incorporaron oficialmente al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas actuaron como defensores legítimos de la soberanía del país.

Decenas de mexicanos se han sumado a la lucha de Ucrania ante la invasión de Rusia, algunos han muerto y muchos otros siguen en la lucha, aquí puedes leer sus historias.

La representación diplomática afirmó que todos los ciudadanos extranjeros integrados formalmente a esas fuerzas contaron con respaldo y protección total del Estado ucraniano. También calificó como cínico que el Kremlin intentara llamar “mercenarios” a militares que consideró legítimos.

En su comunicado, la embajada contrapuso esa acusación con el señalamiento de que Rusia utilizó a decenas de miles de mercenarios extranjeros provenientes de Corea del Norte, países africanos, Cuba y Asia Central. Agregó que quienes participaron en la agresión ilegal rusa y cometieron crímenes en territorio ucraniano serían juzgados ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales legítimos, cuyas sentencias sí tendrían carácter vinculante y fuerza ejecutoria en todo el mundo.

La postura ucraniana también incluyó un mensaje político hacia la opinión pública mexicana. La embajada expresó preocupación por la reproducción de esa información y consideró que ese tipo de contenidos buscó erosionar las relaciones de amistad entre los pueblos de Ucrania y México.

El caso se inscribió en otros juicios contra extranjeros que combatieron del lado ucraniano

La versión difundida por las autoridades separatistas indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. Esa cronología le atribuyó una intervención de cuatro años dentro de la guerra.

Hasta el momento referido en el texto fuente, no hubo un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso. Tampoco se confirmó si el ciudadano mexicano solicitó atención consular, y la información disponible no detalló su paradero ni reportó una detención previa o un eventual proceso de entrega.

El expediente fue presentado como parte de una serie de juicios contra ciudadanos extranjeros acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó la condena en rebeldía impuesta al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, sentenciado a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas bajo la misma acusación.

La embajada cerró su pronunciamiento con un agradecimiento a las personas que apoyaron la defensa ucraniana frente a la ocupación rusa. Señaló que esa solidaridad estuvo motivada por la justicia, la libertad y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

• La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra Gilberto Ramos Arreguín y afirmó que el tribunal de Donetsk careció de validez legal.
• El fallo anunciado impuso 14 años de prisión en régimen estricto y la confiscación de 3,882,160 rublos al ciudadano mexicano de 29 años.
• Hasta ese momento no hubo postura oficial de autoridades mexicanas ni confirmación sobre atención consular, detención previa o paradero del acusado.

Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 añosy el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

Cinco días después de que Rusia comenzó la invasión a territorio ucraniano, el 22 de febrero de 2022, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ordenó la creación de una unidad de resistencia multinacional denominada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la que se invitó a voluntarios del mundo para sumarse a la defensa de esta nación. Muchos latinoamericanos se alistaron, incluso mexicanos.

El periódico The Kyiv Independent resaltó que se trataban de un grupo proveniente de medio centenar de países, incluidos más de un centenar de mexicanos; 11 de ellos respondieron al primer llamado desde la creación de esta Fuerza Multinacional.

La participación de mexicanos como voluntarios en la guerra de Ucrania queda documentada en una publicación de The Kyiv Independent, que en mayo de 2022 difundió una fotografía en la que afirma que la Legión Internacional se integra por soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India.

De acuerdo con el mismo texto, al menos 20 mil voluntarios de 52 países se suman a actividades que van desde logística y redes de comunicación hasta operaciones de combate.

En esa convocatoria, The Kyiv Independent señala puestos como fusileros, médicos de combate, instructores, operadores de drones, ametralladores, infantes y lanzagranadas. También consigna salarios anunciados de hasta USD 3,300 al mes, con pagos en un rango de USD 550 a USD 4,800 mensuales según la tarea.

En ese contexto, la embajadora de México Olga García Guillen informa que un grupo de 30 mexicanos, junto con sus familias, decide por su propia voluntad quedarse.

Se reportó ya que al menos tres connacionales perdieron la vida en combate en sus primeras incursiones hasta 2025.

“Mis amigos fueron a la guerra en Ucrania”

Miguel Maldonado Galindo es un joven músico originario de Orizaba, Veracruz que vivía frente a una academia militar ubicada en Kiev; sin embargo, ante el clima de tensión que se vivía en Ucrania y los rumores de que el Gobierno de México preparaba una repatriación masiva de connacionales, sus padres decidieron que saliera el 15 de febrero por la frontera con Polonia.

Miguel ya estaba a salvo, cuando los bombardeos del 24 de febrero destruyeron la academia militar frente a la que fuera su casa en Ucrania: “Ha comenzado”, le dijo uno de sus amigos que lo llamó cuando la invasión inició.

Ya en México declaró que muchos de sus amigos mexicanos fueron enlistados para defender a Ucrania de las tropas rusas; no sólo interrumpió sus estudios, también dejó atrás a su mejor amigo, de quien poco se sabe pues desde agosto de 2021 Miguel dejó de publicar en sus redes sociales.

Luis

Cuando la invasión rusa a Ucrania apenas tenía dos meses de haber iniciado, un exfotógrafo y exmilitar mexicano decidió sumarse a los más de 20 mil extranjeros que se enlistaron en las tropas de Ucrania para defender la soberanía, informó el canciller Dmytro Kuleba.

A sus escasos 29 años, Luis ya era un veterano del Ejército Mexicano que ayudó a combatir al narcotráfico y que al ver en una fotografía el rostro de una mujer embarazada llevada en una camilla, decidió enlistarse; Luis dejó a su familia y su trabajo como fotógrafo en Chihuahua. Desde abril de 2022 no se sabe nada de él.

Salvador Brambila

En el frente de guerra, Salvador Brambila González, un exmilitar mexicano que en octubre pasado viajó a Europa para alistarse a las fuerzas armadas de Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia

Es exintegrante del Ejército mexicano yen octubre de 2022 viajó a Europa para enlistarse en las Fuerzas Armadas de Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia, a pesar de la negativa de su familia.

Salvador ingresó a Ucrania y después de constatar que tenía capacitación militar, el Ejército de ese país lo adiestró en una base secreta, junto a cientos de combatientes extranjeros.

Indicó que “son ejercicios que tienes que estar repitiendo una y otra, y otra, y otra vez para que se te cree algo que le llamamos memoria muscular, para poderlo realizar a pesar del miedo, a pesar del terror”.

Después del adiestramiento, el Ejército lo contrató, le comenzó a pagar un sueldo y le otorgó un pasaporte ucraniano. Se convirtió en un legionario de guerra.

Salvador señaló que ese pasaporte únicamente lo tienen los que cumplen un mínimo de tres meses y medio en la Legión. Agregó que ese documento es un certificado de doble nacionalidad.

Desde noviembre de ese 2022, lo enviaron al frente de guerra y tras cinco meses de combate, le otorgaron un periodo de vacaciones, que aprovechó para regresar a México a ver a su esposa e hija.

El Soldado Rodríguez

Pero como lo dijo el excanciller Marcelo Ebrard, hubo una serie de mexicanos que no salieron de Ucrania por diversas razones: uno de esos casos fue el de “El Soldado Rodríguez”, un connacional que decidió combatir en la guerra con Rusia y que se hizo viral en redes sociales por su cuenta de TikTok @UnMexicanoenUcrania.

En uno de sus últimos videos publicado el 12 de agosto de 2022, “El Soldado Rodríguez” graba mientras de fondo se escuchan bombardeos; en algunos de los comentarios, los usuarios se cuestionan sobre la veracidad de las hipótesis que apuntan a su presunto fallecimiento, mismo que no ha sido confirmado por sus familiares o por las autoridades mexicanas.

Los albañiles en Ucrania

Una historia peculiar fue la que protagonizaron los trabajadores de la construcción Armando Martínez, Jerónimo Pérez y Alfredo Gómez, quienes viajaron a Hungría para remodelar lujosas residencias, pero el destino los envió a Kiev justo en el momento de la invasión rusa.

Con ayuda de sus teléfonos celulares, del wifi gratis, del traductor de Google y de un grupo de estudiantes ecuatorianos, lograron comunicarse en inglés con las autoridades y pobladores ucranianos y dirigirse a un refugio en Budapest, Hungría, donde fueron recogidos por uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando les informaron a sus familias que estaban en un país en guerra, no les creyeron.

Pablo Ferrat

Es otro de los mexicanos que decidió quedarse en Ucrania a pesar de la guerra; en febrero de 2023 el originario de Veracruz dijo que no regresaría a México por la inseguridad. Pablo Ferrat habita desde hace más de 13 años en Kiev

Aquella noche yo me fui a dormir normal, de lo más tranquilo. Por lo general a las 5:00 de la mañana mi gato me despierta para comer. Va conmigo y yo lo acompaño a la cocina. Esa vez no fue la excepción. Cuando estaba frente a la mesa vi que el teléfono se encendió. Lo tomé y era un mensaje que decía: ‘Oye, Pablo, (Vladimir) Putin acaba de anunciar una operación militar. ¿Qué está pasando?’ Cuando terminé de leerlo, en ese momento escuché la primera explosión”.

Así recuerda Pablo Ferrat, un mexicano que se encontraba a más de 10 mil kilómetros de distancia de Veracruz -donde nació-, el inicio de la guerra en Ucrania. De una noche a otra, las circunstancias de su vida cambiaron radicalmente y, conforme ha transcurrido el tiempo, ha tenido que encontrar la manera de adaptarse a una situación donde asecha el peligro.

Karol Enrique Rodríguez León

Un joven que se formó como paramédico en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rescate y Salvamento de Michoacán. Acorde con una entrevista concedida a Azteca Noticias, se sumó a la milicia ucraniana con la intención de ayudar con sus conocimientos como rescatista. Estando allá, se integró al cuerpo de Infantería.

La familia de Karol Enrique está dividida en dos naciones. En México permanecen su madre, su padre y su hermana, mientras que en Ucrania se encuentra su pareja sentimental. (KaponMX)

“Me he sentido muy bien acogido, [han sido] personas muy buenas conmigo, es por eso que yo siento que esta lucha también ya pasó a ser mía y es por eso que me siento parte de aquí”, declaró el joven al equipo de Fuerza Informativa Azteca en septiembre de 2023. En ese entonces, advirtió que permanecería en Ucrania hasta que terminara la guerra.

Pedro Liazaola

Declaró haber formado parte de la Sedena. Llegó a Ucrania en el verano de 2022 y se convirtió en traductor para la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania en el cuartel de Járkov.

Se desconoce su edad, lugar de origen y estatus actual.

Mario Alberto Lover Martínez

El ex policía federal mexicano, Mario Alberto Lover Martínez, murió el 9 de junio de 2025 en Ucrania tras un ataque ruso con drones explosivos. Tras 8 meses de haber ingresado como voluntario a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, su familia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, .

El ex agente oaxaqueño perdió la vida en medio de la guerra frente a fuerzas rusas.

Lover Martínez era conocido por haber liderado las protestas en 2019 de elementos que intentaban evitar la desaparición de la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional. Al no aceptar su transferencia, dejó la corporación.

Era padre de dos hijas de 6 y 9 años y ya estaba separado de su ex pareja. Su hermana Julieta le mandó un mensaje el día que murió, le dijo que se cuidara, él respondió que sí, que siempre lo hacía pero que sabía desde un inicio que era un infierno y al llegar lo comprobó. Su madreno quería que se fuera pero él inistió en conocer cómo era la vida allá, señaló una entrevista con la familia por parte de Multimedios.

Carlos Jesús González Mendoza

Un joven de 20 años originario del estado de Guanajuato, murió como elemento voluntario del Ejército de Ucrania durante lo que se considera uno de los mayores ataques aéreos de la milicia rusa desde que estalló el conflicto en febrero de 2022.

La noticia de su muerte trascendió primero en un canal de Telegram dedicado a compartir información de los agentes abatidos por las Fuerzas Armadas de Rusia. En el reporte preliminar, se estableció que Carlos Mendoza arribó a Ucrania sólo un mes antes de su deceso.

El canal de difusión incluía enlaces a las distintas redes sociales del joven, en las que supuestamente se presentaba como un “asesino experimentado”.

Integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa

En otro episodio relacionado con el conflicto, Dmitri Medvédev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y quien fue presidente de dicha nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que señala que Ucrania estaría involucrada en la contratación de miembros de grupos criminales mexicanos para la guerra.

“La situación ha llegado al punto de incorporar sicarios de cárteles colombianos y mexicanos, cuyos nombres son conocidos mundialmente por reportajes y series de televisión: el Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. El reclutamiento de estos matones está a cargo de una empresa llamada Segurcol Ltd., de Medellín”, es parte del mensaje del funcionario ruso.

“Este burdo intento de manipulación mediática no es más que una alarmante cortina de humo. Incapaces de responder con argumentos sólidos y verdades verificables ante las investigaciones periodísticas imparciales, como la reciente y rigurosa cobertura de la prensa mexicana que expone cómo la propia red transnacional rusa opera para proveer de armas de alto poder a organizaciones criminales en Jalisco y Sinaloa, las autoridades del Kremlin optan por fabricar cualquier narrativa fantástica, divorciada por completo de la realidad, con el único fin de desprestigiar a Ucrania y desviar la atención internacional de sus propios lazos ilícitos y crímenes de guerra”, respondió la embajada de Ucrania en México tras el señalamiento.

Tres familias peruanas solicitaron apoyo urgente a las autoridades luego de recibir la noticia de la presunta muerte de sus parientes, quienes viajaron a Rusia tras aceptar ofertas de trabajo que, según sus testimonios, prometían labores de seguridad. Los familiares sostienen que, al llegar a ese país, los ciudadanos fueron incorporados al conflicto armado en Ucrania bajo condiciones distintas a las ofrecidas inicialmente.

La denuncia comprende los casos de Carlos Daniel Flores Muñoz, Frank Edison Abad Jiménez y Emerson Balki Vargas. Sus allegados afirman que durante varios meses mantuvieron comunicación esporádica con ellos, pero el contacto se interrumpió por completo. Tiempo después, una persona identificada por las familias como responsable del pelotón donde permanecían les informó que los tres habrían fallecido. Sin embargo, hasta el momento, aseguran que no recibieron pruebas ni documentación que confirme esa versión.

Familias cuestionan la falta de información sobre los presuntos fallecimientos

Los familiares señalaron que la única respuesta obtenida consiste en la indicación de acudir a la embajada para solicitar información. No obstante, sostienen que esa gestión no resolvió sus dudas debido a la ausencia de evidencias sobre lo ocurrido.

Una familiar de Frank Edison Abad Jiménez explicó que no aceptan la versión recibida mientras no existan pruebas. “Que vayamos a la embajada a pedir nuestro cuerpo, pero nosotros no creemos hasta que nos manden pruebas de nuestros familiares, que nos manden pruebas, fotos. Dicen que nos van a enviar, pero no nos envían nada. Hasta allí estamos esperando y nada, nada. Dicen que solamente están muertos y nada más”, expresó.

La misma familiar pidió la intervención de las autoridades peruanas para facilitar el retorno de su ser querido. “Pedimos ayuda, por favor, la presidenta, que la presidenta que nos ayude para traerlos”, manifestó durante su declaración.

Los últimos mensajes antes de perder contacto

Según los testimonios, la última comunicación con Frank Edison Abad Jiménez ocurrió el 8 de junio. Desde esa fecha, su familia asegura que no volvió a recibir llamadas ni mensajes.

Su familiar recordó que, durante esa conversación, él relató la situación que enfrentaba en la zona de combate. “Que los estaban mandando a primera fila allá a la guerra y ellos no sabían nada. Ellos fueron con engaño”, indicó entre lágrimas.

También relató otro mensaje atribuido a Abad Jiménez. “Acá me tratan mal, me pegan, todo. No nos dan que comida, nada, nos están amenazando. Si no vamos a primera fila, nos están amenazando, nos van a meter presos si no vamos a primera fila”, afirmó.

Emerson Balki Vargas dejó de comunicarse tras ingresar a la línea de combate

La familia de Emerson Balki Vargas informó que la última conversación por WhatsApp ocurrió el 19 de junio. Según su pareja, él explicó que dejaría de comunicarse porque sería enviado a la primera línea del frente.

De acuerdo con su testimonio, Vargas manifestó su intención de regresar al Perú por sus hijos y por sus padres, quienes dependían económicamente de él. La familia recordó que es padre de tres menores de edad y que viajó con la expectativa de conseguir ingresos para sostener a sus seres queridos.

La familiar también señaló que posteriormente recibieron una llamada de quien identificó como su superior, quien comunicó que Vargas había fallecido. Sin embargo, aseguró que tampoco recibieron fotografías, documentos u otra evidencia. “Le pedimos, pero no nos quieren mandar. Nos han dicho que en tres días nos va a mandar, pero nada, nada”, declaró.

La familia de Carlos Daniel Flores Muñoz también solicita evidencias

La hermana de Carlos Daniel Flores Muñoz indicó que la última comunicación ocurrió en junio. Según su relato, él comentó que sería trasladado hacia una zona de combate y que dejaría de comunicarse porque no existían las condiciones para hacerlo.

Posteriormente, relató que un joven se comunicó con la familia para informar que Flores Muñoz habría fallecido el día 27. También afirmó que recibieron la promesa de obtener pruebas en un plazo de tres días, situación que, según dijo, nunca se cumplió.

“¿Cómo certifican que él está muerto? ¿Cómo nos dicen a cada familia que está muerto si no nos quieren mandar las evidencias?”, preguntó durante su intervención. Además, insistió en el pedido de apoyo para recuperar a su familiar. “Ellos prometieron regresar. Se fueron a trabajar de seguridad, no a la guerra”, expresó.

Denuncian reclutamiento mediante ofertas laborales falsas

Durante la reunión con los familiares, otro de los voceros sostuvo que los tres peruanos aceptaron viajar porque recibieron la propuesta de desempeñarse como personal de vigilancia y no como combatientes.

Según su versión, al llegar a Rusia les presentaron un contrato escrito en ruso por un año, idioma que no comprendían. También afirmó que, cuando intentaron desistir, recibieron amenazas para impedir su salida.

“Ellos iban a ir como guardias de seguridad, a trabajar de vigilancia, no a la guerra. Cuando llegaron allá, las cosas cambiaron”, señaló. Añadió que, de acuerdo con la información recibida por las familias, también les retiraron sus pertenencias, redujeron el acceso a alimentos y los sometieron a entrenamiento militar.

Mientras esperan información oficial sobre el paradero y la situación de Carlos Daniel Flores Muñoz, Frank Edison Abad Jiménez y Emerson Balki Vargas, los familiares solicitaron la intervención del Estado peruano y de la representación diplomática para esclarecer los hechos y obtener una respuesta documentada sobre el destino de sus parientes.

Ambos crecimos a la sombra de la Guerra Fría, cuando Europa se sentía protegida, vigilante y comprometida con la paz. “Nunca más” era la consigna de nuestra generación. Tras siglos de conflicto, Europa se forjó bajo la convicción de que la cooperación económica era esencial para una paz duradera.

Cuando los monumentos a un continente dividido se derrumbaron con el colapso del comunismo, el temor a la guerra se desvaneció. Los presupuestos de defensa se redujeron y nuestras fuerzas armadas disminuyeron. Muchas de las industrias de defensa que las habían abastecido cerraron sus puertas. Europa pasó a depender más de Estados Unidos, a través de la OTAN, para obtener las capacidades que necesitaría si su seguridad se viera amenazada.

Con el tiempo, muchos en Europa se acostumbraron a este sistema y a la externalización de gran parte de las capacidades de defensa y seguridad del continente. La cruda realidad y los peligros del mundo actual han puesto fin a esta forma de pensar.

La era de la externalización de gran parte de la defensa europea ha llegado a su fin . Los aliados europeos de la OTAN y los Estados miembros de la UE están reaprendiendo que, si queremos prevenir la guerra, debemos estar preparados. Están rearmando y revitalizando la base industrial de defensa para proteger a nuestros ciudadanos, nuestra libertad y nuestra seguridad. Tanto el gasto como la producción en defensa están aumentando: se están inaugurando nuevas fábricas y las existentes están ampliando sus turnos y líneas de producción.

No solo las empresas de defensa tradicionales están aumentando su producción. Cada vez se observa una mayor innovación en el sector. Nuevas compañías están desarrollando las herramientas y tecnologías que exige la guerra moderna. Drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas de guerra electrónica: todo esto es esencial para que nuestras fuerzas armadas disuadan, protejan y defiendan. La mentalidad ha cambiado. Incluso los fabricantes de automóviles civiles están reconvirtiendo sus fábricas para producir componentes para el sector de la defensa, incluidos sistemas de defensa aérea y drones de largo alcance.

Estamos viendo el impacto que este cambio de mentalidad tiene en el ecosistema de defensa con el aumento de la producción. Los nuevos métodos innovadores nos permiten producir más, más rápido y a menor costo.

Este pragmatismo y sentido de urgencia son prioritarios, pero aún nos queda mucho por hacer. Nuestras capacidades de defensa siguen presentando deficiencias. Los aliados de la OTAN y los Estados miembros de la UE necesitan más aviones de combate, aviones cisterna, buques y submarinos, sistemas de defensa aérea y antimisiles, drones y sistemas antidrones. El apoyo que brindamos a Ucrania y al conflicto en Oriente Medio ha ejercido una presión adicional sobre las reservas militares, incluidos los interceptores y los sistemas antidrones. Nuestra capacidad de producción actual no da abasto para satisfacer la demanda.

Mientras Europa asume una responsabilidad cada vez mayor en su propia defensa, Rusia, China, Corea del Norte e Irán siguen fortaleciendo su cooperación y expandiendo sus capacidades industriales de defensa. La economía rusa está claramente orientada a la guerra. Moscú invierte más del 40% de su presupuesto estatal en defensa. Produce equipo militar sin cesar para librar su brutal guerra contra Ucrania, y sería ingenuo pensar que esta maquinaria bélica se detendrá al día siguiente de la paz. Desde 2022, Irán ha suministrado drones y tecnología a Rusia. La amenaza que representan las capacidades de misiles y el potencial nuclear de Irán ha sido durante mucho tiempo una preocupación para la UE y la OTAN . Mirando más al este, la industria de defensa china está en pleno auge. Siete de las 15 mayores empresas relacionadas con la defensa en el mundo son empresas estatales chinas. El arsenal nuclear de Pekín también continúa creciendo.

En este mundo más peligroso, una industria de defensa europea más fuerte, capaz de producir a gran escala y con rapidez, es crucial para una disuasión creíble. La única manera de lograrlo es mediante la cooperación: aunando los esfuerzos de países e industrias, aliados y socios.

Este es un esfuerzo conjunto a ambos lados del Atlántico. Nuestras defensas son inigualables cuando aprovechamos los recursos, la experiencia y las capacidades innovadoras desde California hasta Kiev, de Copenhague a Varsovia, de Oslo a Ankara. Nuestra red de socios, incluidos los del Indo-Pacífico, también puede y debe contribuir. Juntas, nuestras industrias pueden potenciar la innovación y acelerar la producción de capacidades y tecnologías esenciales.

Lo que proponemos es ambicioso, pero también factible. Juntos, la OTAN y la UE contamos con todo lo necesario para tener éxito: poder económico, las mentes más creativas e innovadoras, un sector financiero sofisticado e industrias de defensa y tecnología de vanguardia . Nuestra prioridad común es garantizar que la base industrial de Europa y Norteamérica produzca más, mejor y más rápido, porque así es como garantizamos nuestra seguridad.

Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

La guerra entre Estados Unidos e Irán marcó el pulso del mercado petrolero durante buena parte de este año, con subas y bajas que impactaron distintas variables económicas en América Latina. La nafta, por supuesto, no fue la excepción. A partir de un relevamiento elaborado por GlobalPetrolPrices, que compara el valor del litro en dólares para 30 países de la región, es posible determinar en qué posición se ubica Argentina dentro de ese ranking y cómo evolucionó su precio a lo largo del semestre.

Según el relevamiento, correspondiente al 29 de junio, el litro de nafta en Argentina se pagó a USD 1,37, lo que la ubicó en el puesto 16 sobre 30 países relevados. Se trata de una posición intermedia, apenas por encima de la mitad de la tabla, en un contexto donde los extremos están marcados por Venezuela, con el litro más barato de la región, y Uruguay, con el más caro.

El ranking incluye tanto a países con estructuras de subsidios muy fuertes como a otros donde el precio surge de una relación más directa con la cotización internacional del crudo. Esa combinación de factores explica buena parte de las diferencias que se observan entre uno y otro extremo de la tabla.

La radiografía regional

Dentro de los países sudamericanos, Argentina se ubicó en una posición intermedia. Venezuela encabezó el ranking regional con un litro que costó apenas USD 0,035, un valor que se mantiene invariable respecto de enero debido al fuerte esquema de subsidios estatales. Le siguieron Ecuador, con USD 0,875, y Bolivia, con 1,005 dólares.

Más arriba en la escala de precios aparecieron Paraguay, con USD 1,182, Colombia, con USD 1,216, y Brasil, con USD 1,286, todos por debajo del valor argentino.

Por encima de la Argentina se ubicaron Perú, con USD 1,566, y Chile, con USD 1,624. En el extremo superior del ranking sudamericano, y también del ranking general, se ubicó Uruguay, donde el litro llegó a costar USD 2,323, el valor más alto de los 30 países relevados.

El derrumbe del petróleo

El comportamiento de los precios de los combustibles en la región estuvo atado, en gran medida, a la evolución del petróleo internacional. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que había llevado al barril de Brent a un máximo de USD 126 durante abril, generó una escalada que se sintió en los surtidores de buena parte del continente.

Ya en mayo, con la guerra sin resolución a la vista, el Brent cotizaba en torno a los USD 104,50 y el WTI cerca de los USD 98, valores que igual se mantenían por encima de los USD 72 en los que se ubicaba el barril antes del inicio de la ofensiva. El cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el tráfico petrolero, había obligado a los productores del Golfo a recortar producción.

El escenario cambió en las últimas semanas. Las negociaciones entre Washington y Teherán en Doha, sumadas a la reapertura gradual del tráfico marítimo por Ormuz, llevaron al Brent a cerrar en USD 71,57 y al WTI en USD 68,58 el 1° de julio, los valores más bajos en más de cuatro meses y por debajo del nivel previo al estallido del conflicto.

Aumentos que no siempre acompañaron al petróleo

Pese a este recorrido descendente del crudo en las últimas semanas, el precio de la nafta en dólares no bajó en la mayoría de los países relevados. En Argentina, la comparación semestral arrojó un aumento del 18,2% en dólares, uno de los incrementos más relevantes entre los países grandes de la región.

No obstante, otros países registraron subas todavía más pronunciadas en ese mismo período. Panamá, por ejemplo, acumuló un incremento del 41,4% en seis meses, mientras que Paraguay avanzó 34,3 por ciento. En ambos casos, el aumento superó ampliamente al de Argentina.

De esta manera, aunque el barril de crudo retrocedió con fuerza desde los máximos de abril, hoy la Argentina resulta más cara en dólares que a comienzos de año, un fenómeno que también se replicó en la mayoría de los países del ranking.

El contraste se hace más nítido al observar los valores vigentes en enero, antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán y de la posterior disparada del petróleo. En aquel momento, el litro de nafta en Argentina costaba USD 1,159, unos 21 centavos menos que en junio.

Cuba fue el país que más movimiento mostró en la comparación: pasó de USD 1,295 en enero a USD 1,95 en junio, un salto del 50,6 por ciento, el mayor de todo el relevamiento. Venezuela, en cambio, representó el caso opuesto: mantuvo su litro congelado en USD 0,035 durante todo el semestre, ajeno a las oscilaciones del mercado internacional.

Mañana, 2 de julio, y hasta el 6 de septiembre, la muestra Ai Weiwei Button Up! abre en Aviva Studios de Manchester. Son obras de gran formato sobre guerra, censura, exilio y globalización.

La más importante, la instalación Eight-Nation Alliance Flags, reúne cuatro millones de botones comprados por el artista a A Brown & Co, una fábrica de botones de Croydon que cerró en 2019. Son 30 toneladas enviadas a China, donde se cosieron las banderas de los ocho países que invadieron el norte de China en 1900: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, Italia y el Imperio austrohúngaro.

A priori, impactante, pero la lectura que hace Laura Freeman en The New York Times sostiene que el despliegue monumental no logra traducirse en una experiencia emocional a la misma escala.

El título de la muestra juega con dos ideas. Alude a la necesidad de mantener la boca cerrada cuando cualquier palabra puede volverse en contra de quien habla y remite también a las piezas suspendidas en el espacio, colgadas desde lo alto como paños de gran escala.

Al ingresar al recinto aparece Teahouse, una instalación impregnada con aroma de té. La invitación a “venir a tomar una taza de té”, explica la crítica citada por el diario, funciona en China como una fórmula ambigua: puede ser cortesía, pero también la frase con la que la policía convoca a una persona a un interrogatorio.

Esa obra cambia de sentido cuando el visitante lee los textos que la acompañan. Allí se recountan la detención del artista y años de vigilancia policial intrusiva, un contexto que vuelve inquietante una escena inicialmente apacible.

Freeman describe la exhibición como una muestra “grande” en un espacio “grande” con temas también “grandes”: guerra, comercio, imperio, globalización, revolución cultural e industrial, verdad, justicia, censura, oficio y exilio. Para la crítica, esa amplitud temática termina por diluir parte de la fuerza de las piezas.

La otra obra que la crítica identifica como principal es un gran bote inflable repleto de figuras hechas con el mismo PVC de la embarcación. Ai Weiwei, que estuvo en Lesbos observando la llegada de embarcaciones, incluso algunas vacías tras muertes en el mar, plantea allí su rechazo a la crisis de refugiados.

La objeción de la reseña es que esa escultura reduce vidas humanas a la uniformidad visual de los chalecos salvavidas. El resultado, según la publicación, es una exposición “extrañamente fría”, con momentos de humanidad que no alcanzan a compensar la vaguedad que aparece cuando la obra aumenta de escala.

La crítica recuerda un antecedente del artista en Tate Modern: las semillas de girasol de porcelana modeladas y pintadas a mano, donde cada unidad permitía imaginar una historia individual. Frente a ese recuerdo, Button Up! le parece menos eficaz para conectar lo masivo con la experiencia personal.

También menciona un muro de ladrillos de Lego dispuesto para representar un arsenal histórico de bombas. Su tamaño impresiona, pero no conmueve, y esa elección material, añade, entra en tensión con la defensa del trabajo manual y artesanal que suele atravesar la producción del artista.

Entre las piezas que examina figura además una pila de jarrones de chinoiserie que narra los horrores de la guerra moderna en el lenguaje azul y blanco de la porcelana tradicional china. La reseña concede que la obra es ingeniosa, engañosa y bella.

Pero la valoración cambia con una araña de cristal de Murano construida con ramas y portavelas convertidos en un osario. En ese caso, el diario entiende que la pieza se acerca más a una escenografía efectista que a una forma de elaboración plástica del horror.

El recorrido está acompañado por extensos textos explicativos junto a cada obra. Para Freeman, esa necesidad de exposición verbal resulta persuasiva, pero también sugiere que las piezas no siempre consiguen hablar por sí mismas. La reseña publicada por The New York Times califica la muestra con dos estrellas sobre cinco. Ai Weiwei: Button Up! permanecerá en Manchester hasta el 6 de septiembre.

El Mundial 2026 entró en etapa clasificatoria. Y, mientras gran parte de la población global sigue atentamente la evolución de la competencia, algo más sucede detrás de los goles, las hinchadas y el deporte. Según los expertos, más allá de la Copa, hay una competencia que prefiere permanecer oculta: la del poder geopolítico y las rivalidades estratégicas.

Para analizar este fenómeno, DEF dialogó con el coronel (retirado) Omar Locatelli, analista internacional que se anima a poner el Mundial de la FIFA bajo la lupa y reconoce que el fútbol se transformó en una herramienta privilegiada para comprender las dinámicas del poder contemporáneo.

El Mundial 2026: entre el deporte y la guerra híbrida

-¿Los mundiales de fútbol son eventos deportivos o se transformaron en operaciones geopolíticas?

-Hoy vemos una metamorfosis del evento. Podemos decir que casi se transformaron en operaciones geopolíticas.

El Mundial sigue siendo un hecho deportivo, pero su envoltura es una operación de guerra híbrida y proyección de soft power. Funciona como un teatro de operaciones asimétrico donde los Estados no buscan destruir al adversario, sino colonizar su narrativa, ganar legitimidad y construir hegemonía cultural sin disparar un solo tiro.

-¿Cómo sería eso?

-Los Estados pueden utilizar este tipo de eventos para construir prestigio internacional, reforzar su legitimidad interna, mejorar su imagen exterior, mostrar capacidad organizativa, tecnológica y de seguridad, y atraer inversiones y turismo.

En términos de relaciones internacionales, el Mundial es una expresión de lo que el politólogo Frederic Charrillon definió como soft power (poder blando), entendido como la capacidad de influir mediante la atracción (más que por la coerción). Por ello, hoy sería difícil considerar una Copa del Mundo únicamente como un acontecimiento deportivo.

-¿Puede una Copa del Mundo alterar la posición internacional de un país?

-Puede actuar como un acelerador de partículas políticas. El éxito puede consolidar el estatus de una potencia emergente o redefinir la percepción de una región (como lo hizo Qatar en 2022 al posicionarse como mediador diplomático indispensable). Un límite, al respecto, funciona si hay coherencia estructural detrás. Si un Estado intenta usarlo sólo como fachada (sportswashing), sin sustentarlo en realidades geopolíticas o económicas, el evento puede provocar un efecto bumerán, amplificando las críticas internacionales sobre sus vulnerabilidades internas.

Entonces, un Mundial no convierte automáticamente una potencia regional en una potencia global. Sin embargo, puede aumentar la visibilidad internacional, reforzar la marca país, facilitar inversiones, y consolidar relaciones diplomáticas. Existen ejemplos interesantes: en el año 2006, Alemania utilizó el Mundial para proyectar una imagen moderna; luego, Sudáfrica apuntó a consolidar el liderazgo, y, finalmente, Qatar lo empleó como estrategia de posicionamiento global. En definitiva, el Mundial funciona como amplificador de poder, no como creador de poder.

La FIFA, ¿actor transnacional con influencia política?

-Sobre la FIFA, ¿es una simple organización deportiva o es un actor de poder global con gran capacidad de influencia?

-La FIFA opera como un actor transnacional soberano. Tiene más estados miembros que la ONU, maneja presupuestos que superan el PBI de varias naciones y posee la capacidad jurídica de imponer “zonas de exclusión legal y fiscal” a los países organizadores. Su mayor demostración de poder duro (hard power) es la capacidad de excomunión cultural: suspender a una federación (como ocurrió con Rusia tras la invasión a Ucrania) equivale a borrar a ese país de la narrativa lúdica global.

La FIFA es mucho más que una organización deportiva, tiene gran capacidad para movilizar gobiernos, una influencia económica significativa y poder para premiar o castigar Estados.

Aunque no es un actor estatal, opera como un actor transnacional con influencia política real. La elección de sedes, las sanciones deportivas y las decisiones sobre símbolos políticos generan consecuencias diplomáticas concretas.

-¿El Mundial 2026 puede ser concebido como una demostración de liderazgo de Estados Unidos en un contexto de competencia con China?

-Puede ser considerado como una demostración de liderazgo de EE. UU. frente a China. Para Washington, este torneo conjunto con México y Canadá es una declaración de hegemonía hemisférica y capacidad de convocatoria global. En un momento donde China avanza con la Ruta de la Seda y acuerdos comerciales en América Latina, Estados Unidos proyecta un país integrado, hipertecnológico y capaz de organizar el evento más masivo de la historia (ahora con 48 equipos). China no está en la cancha, pero compite en el subsuelo mediante el patrocinio corporativo masivo de sus empresas tecnológicas y de infraestructura, disputando el relato del desarrollo.

No será una confrontación directa con China, pero sí una demostración de liderazgo occidental.

Locatelli: “Un Mundial puede producir más impacto global que el despliegue de una fuerza naval”

-¿Los estadios reemplazan parcialmente a los portaaviones?

-No, pero los complementan en el espectro de la disuasión multidimensional. El poder duro (militar y económico) sigue siendo la última ratio, pero el costo de usarlo es altísimo. Los estadios operan en la zona gris, permitiendo medir fuerzas, canalizar nacionalismos y exhibir supremacía logística y tecnológica a una fracción del costo político de una movilización militar.

Los estadios también implican el smart power (combinación de poder duro y blando). Actualmente, las grandes potencias compiten simultáneamente tanto en lo militar como en lo económico, lo tecnológico, lo cultural y lo deportivo. La inauguración de un Mundial puede producir más impacto comunicacional global que el despliegue de una fuerza naval. Sin embargo, cuando surge una crisis estratégica grave, los portaaviones siguen siendo más decisivos.

-¿Qué país entendió mejor que nadie el valor geopolítico del fútbol?

-Como ejemplo, la evolución futbolística de las petromonarquías del golfo Pérsico, con Qatar a la vanguardia, porque diseñó una doctrina de seguridad nacional integral donde el fútbol fue su escudo diplomático (compra del PSG, creación de la cadena Bein Sports y la organización del Mundial 2022). Esta red de influencia fue clave para evitar el aislamiento definitivo durante el bloqueo regional que sufrió entre 2017 y 2021. El fútbol pasó de ser un juego a convertirse en una póliza de seguro geopolítico.

Otro caso destacable es el de Arabia Saudita, que está desarrollando la estrategia más ambiciosa: la compra de activos deportivos, la inversión en ligas y la organización de eventos globales como el Mundial 2034. Si la tendencia continúa, podría convertirse en el caso más significativo de la próxima década.

-Con la escalada en Medio Oriente, ¿cree que el deporte puede mantenerse al margen de los conflictos o ya es imposible?

-El frente de Medio Oriente produce un conocido elemento del diseño operacional llamado “niebla”. Si podemos hablar de “niebla deportiva” referida a los factores externos al evento en sí, eso implica que trasladan una faceta de guerra “no cinética” (entendida como políticas de enfrentamiento no militar) al deporte. Con la altísima tensión en Gaza y el Líbano, el torneo actual refracta inevitablemente la crisis. El fútbol no es una burbuja aislada, es un espejo retrovisor de las tensiones del mundo real. Intentar despolitizar las canchas es tan imposible como querer hacerlo con la economía internacional.

Históricamente, se intentó separar el deporte de la política, pero en la práctica debemos recordar que los atletas representan naciones y que las banderas tienen un significado político. Además, los boicots poseen impacto diplomático que hace que los conflictos internacionales generen presión sobre las organizaciones deportivas.

“Las guerras de cuarta generación son las que atacan la mente de la población”

-¿Existe el riesgo de que los grandes eventos deportivos se conviertan en escenarios de disputas políticas vinculadas al conflicto de Medio Oriente?

-El riesgo de disputas políticas en los estadios es total y se está materializando en la gestión cotidiana del torneo. Lo vemos en las fricciones por la asignación de visados y entradas a delegaciones oficiales de países de Medio Oriente (como las recientes quejas de Irán frente a las restricciones en suelo estadounidense), la seguridad antiterrorista en los estadios y las manifestaciones de las hinchadas. Los estadios del Mundial son cajas de resonancia hiperconectadas: un mensaje en una tribuna de Nueva Jersey o Los Ángeles viaja más rápido y tiene más impacto mediático que una resolución en la Asamblea General de la ONU.

-Mientras el mundo mira los partidos, ¿qué movimientos geopolíticos suelen pasar desapercibidos?

-Mientras las pantallas del mundo se llenan de goles, se genera el escenario ideal para la “niebla de guerra estratégica”. Históricamente, los megaeventos son el momento perfecto para que ciertos actores internacionales realicen movimientos de diseño complejo bajo el radar. Como ejemplo, la aprobación de leyes domésticas controvertidas o restrictivas o avances silenciosos en el despliegue de capacidades militares en zonas grises o disputadas, o acuerdos económicos estratégicos que vinculan corredores energéticos, contratos de infraestructura y acuerdos tecnológicos.

No obstante, lo más interesante son las eventuales operaciones híbridas que se desarrollen (que incluirían campañas de influencia y de desinformación, ciberoperaciones y competencia narrativa de distintos niveles ante diferentes públicos). La atención global es un recurso finito; cuando se concentra al 100 % en una pelota, el resto del mapa queda tácticamente a oscuras.

-Entonces, ¿el Mundial puede ser un elemento de guerra de cuarta generación?

-En un sistema internacional cada vez más multipolar y mediático, la Copa del Mundo funciona simultáneamente como espectáculo deportivo, plataforma diplomática y escenario de competencia geopolítica global.

Si, durante el siglo XIX, las grandes potencias competían por controlar rutas marítimas y, durante el siglo XX, por controlar espacios ideológicos, en el siglo XXI la competencia podría girar en torno a la atención global. No olvidemos que las guerras de cuarta generación son las que atacan la mente de la población. El Mundial es, probablemente, el mayor concentrador de atención global que existe fuera de una guerra o una gran crisis internacional.

Ya entrando en el segundo cuarto del siglo podemos decir que el progreso trajo muchas cosas, pero hubo algo que no cambió: las guerras siguen sucediendo. Para los adultos puede ser más o menos fácil entenderlo, pero ¿para los niños? ¿Cómo responderle cuando preguntan, entre perplejos, inocentes y tristes, por qué existe las guerras?

Ese es el título del nuevo libro de la periodista y escritora Hinde Pomeraniec: ¿Por qué existen las guerras?, ilustrado por Penélope Chauvié. Mañana, martes 23 de junio, lo presenta en Céspedes Libros, en Álvarez Thomas 853 (Ciudad de Buenos Aires), a las 18 horas, en un diálogo con Juan Elman. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

El encuentro abordará justamente esto: cómo hablar con los más chicos sobre conflictos armados. ¿Por qué existen las guerras? ¿En las guerras vale todo? ¿Por qué hay gente que mata a otra y no va presa? ¿Qué pasa con la gente que vive en el territorio donde ocurre el conflicto? ¿Qué pasa con sus casas, con sus vidas, con sus rutinas?

Pomeraniec escribió el título para la colección Entender y participar del sello Siglo Veintiuno, que pone el foco en inquietudes infantiles que los adultos no siempre logran responder. Elman, periodista especializado en política internacional, conversará con la autora sobre herramientas para explicar lo que ocurre en el mundo.

La propuesta está dirigida a madres, padres, docentes, pedagogos y adultos interesados en conversar con los más chicos sobre problemáticas actuales. Pomeraniec es periodista, escritora y editora, dedicada al periodismo cultural, con experiencia en diarios, televisión y radio. Escribe habitualmente en Infobae Cultura.

El reciente acuerdo preliminar para finalizar el conflicto entre Irán y Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz no traerá un alivio inmediato en los precios de la gasolina, los alimentos, los pasajes aéreos ni otros bienes de consumo, según especialistas citados por ABC News.

Las disrupciones en el suministro energético, el transporte y las cadenas de distribución seguirán afectando los bolsillos de los hogares durante las próximas semanas y meses.

Los precios siguen elevados pese al acuerdo

De acuerdo con ABC News, la caída del petróleo tras el anuncio del acuerdo no se traduce en un descenso instantáneo de los precios en los surtidores ni en los supermercados.

Las refinerías suelen comprar el crudo con semanas de anticipación, lo que retrasa el impacto de las bajas en el mercado internacional para los consumidores finales. Michael Lynch, de la Energy Policy Research Foundation, explicó al medio que el proceso hasta que el combustible barato llegue a los hogares puede extenderse durante semanas.

En la costa oeste de Estados Unidos, donde la capacidad de refinación es limitada, el descenso de precios podría tardar aún más, según Mark Barteau, profesor de Texas A&M University. El conflicto en el Estrecho de Ormuz alteró no solo el flujo de crudo sino también la logística de fertilizantes, alimentos y calzado, lo que mantiene elevados los costos de producción y distribución.

Efectos en alimentos, aviación y comercio minorista

La presión inflacionaria sobre los alimentos ya tiene cifras concretas en Estados Unidos. Según U.S. Department of Agriculture citado por ABC News, los precios de los comestibles subirían 3,2% este año frente a un promedio histórico de 2,6%. El combustible representa entre 15% y 30% del costo total de los alimentos, y un choque energético como el provocado por la guerra tarda meses en trasladarse por completo a la cadena de suministro.

En el sector aéreo, las aerolíneas adquieren combustible por adelantado y ajustan sus tarifas conforme a la demanda. Brett House, de Columbia Business School, afirmó a ABC News que “es improbable ver una reducción en el costo de volar durante este verano”. Los recargos por combustible, sobre todo fuera de Estados Unidos, pueden ser los primeros en ajustarse, según Gordon Ho, de la University of Southern California.

El comercio minorista tampoco escapa a estas tensiones. Andy Polk, vicepresidente del grupo Footwear Distributors and Retailers of America, relató a ABC News que el sector del calzado mantiene altos sus costos y prevé precios elevados en lo que resta de 2026 y 2027. En mayo, el precio del calzado fue 5,2% superior al del mismo mes del año anterior, según cifras oficiales.

La importancia del Estrecho de Ormuz y las cadenas globales

El Estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial de energía y fertilizantes. Antes del inicio de la guerra, alrededor del 30% del fertilizante global transitaba por esa vía marítima.

Con el cierre, los precios del insumo aumentaron de forma considerable, afectando tanto a productores agrícolas como a consumidores por los efectos en los rendimientos y la oferta de alimentos, según datos recogidos por ABC News.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió que la persistente escasez y el encarecimiento del fertilizante tendrán un “impacto devastador” sobre las cosechas y los precios de los alimentos a nivel internacional en los próximos meses. Muchos agricultores afrontan la siembra con menos insumos o con costos mucho más altos.

Logística y precios finales: la normalidad tardará

En el sector logístico, Judah Levine, de la plataforma Freightos, sostuvo a ABC News que el cierre del Estrecho afectó entre 2% y 3% del volumen total de buques portacontenedores.

El encarecimiento del petróleo y las disrupciones en el transporte marítimo elevaron los costos de envío, algo que también repercute en los consumidores con productos más caros y demoras en la reposición de inventarios.

Josh Steinitz, responsable de estrategia de ShipStation Global, anticipó que los recargos por combustible y los mayores costos de envío persistirán durante buena parte de 2026 y que los consumidores podrían notar más productos fuera de stock en las tiendas en línea hasta fin de año. Según especialistas consultados por ABC News, “la vuelta a la normalidad será un proceso largo que involucra a múltiples países y actores económicos”.

Costa Rica manifestó un enérgico rechazo a los más recientes lanzamientos de misiles balísticos de Irán hacia Israel, hechos que interrumpieron el cese al fuego vigente desde abril pasado y elevaron las tensiones en Medio Oriente. El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto subrayó la preocupación del país centroamericano por la escalada de violencia en la región y apeló a la búsqueda de soluciones diplomáticas para preservar la paz.

La respuesta de Costa Rica se conoció tras la ofensiva iraní del domingo 7 de junio, cuando Irán lanzó al menos once misiles contra territorio israelí en represalia por ataques previos de Israel contra suburbios de Beirut, Líbano, según reportó The Jerusalem Post y corroboró la agencia Reuters. El incidente representó el primer ataque directo de Irán a Israel desde la tregua alcanzada en abril, acuerdo que había mantenido una relativa calma durante dos meses.

Según la información recopilada por India Today, la Defensa israelí activó sus sistemas antimisiles y logró interceptar todos los proyectiles iraníes, evitando víctimas fatales y daños materiales significativos. Las sirenas de alerta se activaron en varias ciudades del norte y centro de Israel, mientras las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y limitaron reuniones públicas. El Ejército israelí advirtió que respondería con fuerza a la agresión y anunció la intensificación de sus operaciones contra el grupo Hezbolá en Líbano, al que considera aliado de Irán.

La declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica enfatizó la preocupación del gobierno ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. En el texto se lee: “Costa Rica expresa su enérgico rechazo a los más recientes lanzamientos de misiles balísticos de Irán hacia Israel, que rompen el cese al fuego vigente desde el pasado mes de abril. Costa Rica manifiesta también su preocupación por la escalada de tensiones en Medio Oriente”. El comunicado reafirma, además, el compromiso histórico del país con el respeto al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y respalda la búsqueda de soluciones basadas en el diálogo para la recuperación de la paz.

La ofensiva iraní se produjo tras un ataque de Israel sobre zonas controladas por Hezbolá, que dejó víctimas en Beirut y fue percibido por Irán como una violación del acuerdo de tregua. El gobierno iraní justificó su acción bajo el derecho a la legítima defensa, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país “Las Fuerzas Armadas iraníes atacaron objetivos dentro de Israel en el marco del derecho legítimo de defensa, tras las reiteradas acciones agresivas de Israel contra Líbano e Irán”.

Por su parte, la comunidad internacional expresó preocupación por la posibilidad de un conflicto regional aún mayor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Israel no responder de inmediato para evitar el colapso de las negociaciones de alto el fuego.

La postura de Costa Rica ante los ataques en Medio Oriente no es aislada. En días recientes, el gobierno costarricense había expresado también su rechazo a los bombardeos perpetrados por Rusia contra ciudades ucranianas como Kiev, Dnipró y Járkov, que causaron al menos 22 muertos y más de 130 heridos. “Estos ataques violan el Derecho Internacional Humanitario y la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, subrayó el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El pronunciamiento costarricense advirtió que el aumento de las hostilidades obstaculiza cualquier avance hacia una solución pacífica y sostenible.

El gobierno de Costa Rica mantiene su histórica defensa del multilateralismo y la diplomacia como herramientas para la resolución de conflictos. La cancillería costarricense, a través de sus recientes comunicados, ha insistido en que la recuperación de la paz en zonas de conflicto solo se logrará mediante el respeto al Derecho Internacional y un diálogo efectivo entre las partes involucradas.

El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, en Bogotá, un menor de edad le propinó varios disparos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto tras varias semanas de esfuerzo por parte del personal médico de la Clínica Santa Fe por salvarle la vida.

Alrededor del crimen se generó un debate sobre el futuro del menor, que confesó haber tenido una rápida reflexión tras el hecho, pasando de creer que recibiría un pago millonario por asesinar al político de derecha, de verse rodeado de la multitud, defendido por las autoridades para evitar ser linchado y teniendo claridad de que solo había sido utilizado en una misión suicida.

En Colombia la discusión se centró en la posible condena para el joven sicario, que terminó con una sanción de siete años; cabe recordar que en Colombia los menores no son condenados, sino que en estos casos el sistema debe comenzar un protocolo para reintegrar al menor de edad en la sociedad de manera efectiva, ya que es considerado una víctima del conflicto interno.

Un año después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, la sociedad sigue discutiendo sobre el castigo que deben recibir los menores que cometen crímenes de esta índole, mientras, al unísono, los niños siguen siendo utilizados para la guerra.

Durante la investigación del caso se confirmó que Elder José Arteaga Hernández, “El Costeño”, había instrumentalizado a otros menores para delinquir, siempre bajo la creencia de que podrían quedar libres en poco tiempo.

Aunque esto sorprendió a la ciudadanía, dejó en evidencia una realidad que se ha vivido en Colombia durante décadas, ya que “El Costeño” no fue pionero en este tipo de prácticas, sino que siguió con un método que han repetido las guerrillas y que utilizó constantemente el cartel de Medellín durante la guerra contra el Estado.

Los “suizos” no son nuevos en Colombia

En esa época, los lugartenientes de Pablo Escobar comenzaron a utilizar el concepto “suizo” para referirse a un joven sin oportunidades, de estrato bajo y que pudiera aceptar “misiones” en las que podrían morir a cambio de transformarle la vida a su familia.

En la historia de Colombia menores o jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad han sido protagonistas de varios crímenes que cambiaron la historia del país. Por ejemplo, en los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Pizarro y en la explosión del vuelo 203 de Avianca, los protagonistas fueron personas que no superaban los 20 años.

Las marcadas clases sociales y el abandono estatal han sido claves para que las organizaciones criminales y los grupos armados puedan seguir utilizando a menores para delinquir. De acuerdo con la JEP, más de 18.000 menores han sido reclutados por la guerrilla para combatir contra las Fuerzas Militares, en una estrategia que no solo se enfoca en aumentar su personal.

Durante varios años existió la creencia de que las Fuerzas Militares no harían ataques con explosivos en campamentos en los que había menores; sin embargo, en el siglo XXI se han registrado varios bombardeos que terminan con pedidos de disculpas del ministro de Defensa de turno por dar de baja a menores que habían sido reclutados por los grupos armados.

Un año de discusiones, pero sin soluciones a la vista

Ha pasado un año desde que un menor terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, y mientras la sociedad colombiana sigue discutiendo sobre los castigos como adultos para esta población, en Guaviare un combate entre disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” terminó con 11 menores muertos, la mayoría, hijos de campesinos a los que la guerra les quito a sus niños.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han emitido comunicados en los que rechazan que niños sigan siendo utilizados para la guerra, mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha informado que se cree que cerca del 37% de los combatientes de las disidencias son niños.

Entre las disidencias está la Segunda Marquetalia, que es dirigida por “Iván Márquez”, estructura que retomó las armas luego de firmar la paz y desde donde se cree que se envió la orden de terminar con la vida de Miguel Uribe Turbay.

"Habiendo visto esa situación en Gaza, me horroriza la idea de que cualquier otro lugar pueda enfrentarse a semejante devastación. Y, por lo tanto, me resultan muy escalofriantes las amenazas que hemos oído de que el Líbano también quedará reducido al estado de Gaza", dijo a EFE en Madrid, donde participa en la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista.

Además, el representante de la OCHA aseguró que vivimos "un momento aterrador de violencia e impunidad cuando los ministros (israelíes) pueden lanzar ese tipo de amenazas escalofriantes de la manera en que lo están haciendo".

Israel intensificó esta semana los ataques en el Líbano, sobre todo en la región sur, donde este martes concentró la ofensiva en Nabatieh, una estratégica urbe y de las más importantes del país.

Además, el lunes Israel bombardeó las inmediaciones de un hospital en Sour (Tiro), donde provocó cuatro muertos y 127 heridos, y el domingo tomó el histórico y estratégico castillo de Beaufort, próximo a Nabatieh y al norte del río Litani.

"Estamos viendo enormes cantidades de desplazamiento forzoso en este momento, particularmente desde el sur del Líbano, y las condiciones de seguridad allí abajo están haciendo que sea cada vez más difícil para nosotros poner nuestros convoyes de ayuda en camino hacia donde necesitan estar, hacia donde los civiles están atrapados", alertó Fletcher.

El británico añadió que un quinto del país está actualmente desplazado y hay "cientos de miles de civiles en movimiento" desde el sur, que intentan llegar a Beirut o al norte del Líbano, que son zonas que también están amenazadas.

"Eso, combinado con los recortes de financiación y la falta de recursos, hace que sea muy, muy difícil para nosotros hacerles llegar lo esencial: alimentos, medicinas, refugio, lugares donde quedarse", lamentó Fletcher, que condenó que además los trabajadores humanitarios que salen a apoyar a los civiles "están siendo blanco de los ataques".

Desde que Israel retomó la ofensiva aérea y terrestre en el Líbano el 2 de marzo, cuando Hizbulá se unió al apoyo a Irán, las autoridades libanesas han registrado 3.468 muertos y más de 10.500 heridos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró anoche en su red, Truth Social, que Hizbulá se había comprometido a detener sus ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenaría su ofensiva militar en el Líbano.

Sin embargo, la violencia continúa en activo, como ya ha ocurrido también durante el alto el fuego técnico acordado a mediados de abril, una medida que ha servido de amparo al avance entre bambalinas de las tropas israelíes en el sur del Líbano.

Paralelamente, ambos países iniciaron este martes en Washington una nueva ronda de diálogo para buscar una salida negociada al conflicto.

La presencia de exmilitares colombianos en conflictos armados de África, Medio Oriente y Europa ha llamado la atención de la opinión pública y de los organismos internacionales, motivo por el que Human Rights Watch (HWR) emitió un informe en el que destacó la importancia de los cafeteros en este tipo de conflictos.

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque habló de la demanda de soldados y mercenarios colombianos en el mercado internacional y porque esta se debe a una combinación de factores estructurales, formativos y sociales.

“La doctrina de las fuerzas colombianas está alineada estructuralmente con los manuales estadounidenses y los procesos de estandarización de la OTAN”, señaló Ubaque, que afirmó que esto significa que los militares colombianos manejan armamento, comunicaciones y tácticas que resultan universales en el ámbito mercenario, facilitando su integración en estructuras de mando extranjeras.

La importancia de los mercenarios colombianos en el mundo

“Hablan el mismo lenguaje común de la guerra”, declaró el experto al hablar de la suma de experiencia geográfica que tienen los soldados colombianos que han combatido en “todos los pisos térmicos de una geografía accidentada”, lo que incluye alta montaña, desierto, entornos fluviales, zonas áridas y selva tropical.

Esta versatilidad los convierte en perfiles altamente adaptativos para operaciones en territorios tan disímiles como Sudán, Ucrania, México o el Sahel africano. El experto enfatizó que el aparato militar colombiano ha estado “enfocado de manera masiva en la infantería ligera y las maniobras de control territorial irregular”, lo que ha naturalizado una mentalidad de combate asimétrico desde las etapas iniciales de formación.

El estándar militar sobre el que habló Ubaque es especialmente valorado por reclutadores internacionales de empresas privadas, que buscan personal con experiencia real en escenarios de guerra irregular. Por otro lado, explicó que la disposición de los exmilitares colombianos para trabajar como mercenarios en conflictos extranjeros responde en gran medida a condiciones internas.

“El flujo constante de personal militar colombiano a fuerzas mercenarias responde a una profunda asimetría económica interna y a fracturas institucionales que precarizan la vida del soldado profesional tras su salida del servicio activo”.

Para el experto, el diseño del sistema de seguridad social militar en Colombia permite un retiro temprano, por lo que miles de soldados pasan a la reserva activa a los 38 años, aun en plena edad productiva y operativa, pero desvinculados de la fuerza pública. Las oportunidades laborales en la vida civil son limitadas, casi exclusivamente en el sector de la seguridad privada convencional, mientras, que en contraste, las agencias de reclutamiento internacionales ofrecen remuneraciones significativamente superiores y oportunidades en el exterior.

Esta migración se ve intensificada por las marcadas diferencias de estatus y derechos económicos entre los distintos rangos. “Mientras los oficiales gozan de carreras robustas, primas especiales y amplios reconocimientos, al soldado profesional se le regula bajo un vínculo laboral básico que frecuentemente restringe o niega derechos económicos fundamentales”.

Ubaque destacó la falta de compensaciones plenas por muerte en cualquier circunstancia del servicio, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes dejan la vida militar.

En cuanto a lo que distingue al militar colombiano frente a otros países, Ubaque mencionó la magnitud del aparato militar, en el que Colombia ocupa el puesto 14 a nivel mundial en personal activo, con más de 400.000 efectivos combinados, superando individualmente a potencias como Francia o el Reino Unido; además, la reserva oscila entre 900.000 y un millón de efectivos, ubicando al país en el puesto 11 a nivel global.

El valor agregado del militar colombiano, según Ubaque, radica en su experiencia en el conflicto armado interno más antiguo del hemisferio occidental. “Esto se traduce en años de despliegue directo frente a amenazas híbridas, insurgencia organizada, economías criminales y tácticas de terrorismo”, resaltó el experto, que mencionó cómo el soldado colombiano suele estar especializado en operaciones contraterroristas, combate urbano y rural, asaltos helitransportados y desactivación de artefactos explosivos improvisados.

“Son destrezas técnicas que representan un costo prohibitivo de desarrollo para la mayoría de los Estados. Así, la combinación de formación, experiencia y condiciones laborales ha convertido a los mercenarios colombianos en un recurso codiciado por empresas de seguridad privada y ejércitos irregulares en zonas de conflicto alrededor del mundo”.

La publicación de la primera encíclica de León XIV se convirtió en un hito para el debate global sobre el futuro de la inteligencia artificial. Bajo el título Magnifica Humanitas, el pontífice lanzó un mensaje directo y contundente: la IA debe ser “desarmada”.

Su advertencia no solo apunta a los peligros concretos de esta tecnología, sino que invita a repensar el lugar de la ética, el poder y la dignidad humana en la era digital.

El Papa eligió una palabra fuerte y deliberada. Al explicar su elección, detalló que el momento actual exige términos capaces de captar la atención global y de despertar la conciencia colectiva ante los riesgos que plantea la IA si se desarrolla sin controles claros. León XIV no se limitó a una postura técnica: la suya fue una interpelación moral y social de alcance universal.

Cuál es el sentido de “desarmar” la inteligencia artificial

Para León XIV, “desarmar” la IA significa liberar a esta herramienta de cualquier lógica que la transforme en un instrumento de dominio, exclusión o muerte. El Papa estableció un paralelismo entre el desarme nuclear, promovido históricamente por la Iglesia como servicio a la paz y la dignidad de la familia humana, y la necesidad de limitar el poder autónomo de la inteligencia artificial.

Según su encíclica, la IA requiere hoy ser “desarmada” porque, como la energía nuclear, debe ponerse al servicio del bien común y estar sujeta a la responsabilidad y la conciencia colectiva.

El pontífice advirtió que la tecnología, cuando debilita el sentido crítico o escapa al control humano, pone en riesgo la paz misma, transformando la defensa en predicción de amenazas y reduciendo a las víctimas a meros datos.

“Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, dijo León XIV. La IA, lejos de eliminar la inhumanidad de los conflictos armados, puede acelerarlos y volverlos más impersonales, rebajando el umbral para recurrir a la violencia y dificultando aún más la posibilidad de considerar una guerra como “justa”.

Cuáles son los riesgos de la IA y la guerra según el Papa

En su encíclica, el Papa condenó de forma explícita el uso de inteligencia artificial en la guerra. Sostuvo que reducir el control humano sobre el armamento dificulta aún más cualquier justificación moral de un conflicto. Además, alertó sobre el inicio de una carrera armamentística basada en IA, en la que los sistemas autónomos de armas podrían escapar a la intervención humana directa.

El pontífice relató que, durante el proceso de escucha que precedió a la redacción del documento, recibió testimonios preocupantes sobre algoritmos capaces de impedir el acceso a servicios básicos como la salud, el trabajo o la seguridad social, fundamentados en datos viciados por prejuicios e injusticias.

La encíclica de León XIV constituye un llamado a todos los actores sociales y políticos, no solo a los responsables de desarrollar la tecnología, para que frenen las amenazas que la IA puede acarrear. Cada decisión de diseño, subrayó, refleja una visión de la humanidad y, por tanto, conlleva una responsabilidad ética y espiritual.

La propuesta del Papa sobre la IA

El Papa no adopta una postura tecnófoba ni fatalista frente a los avances de la inteligencia artificial. Su mensaje propone la construcción colectiva de un camino en el que la tecnología esté siempre subordinada a la dignidad y el bien común.

Plantea que la Iglesia, aunque no dispone de respuestas técnicas ni busca reemplazar a los expertos, puede aportar una sabiduría sobre lo humano que la época necesita con urgencia.

León XIV pide liberar a la inteligencia artificial de lógicas de exclusión y dominio. Propone orientarla hacia la justicia en acción, evitando que debilite el sentido crítico de las sociedades y que sirva de herramienta para nuevas formas de explotación o “esclavitud digital”. Insiste en que las decisiones sobre tecnología no deben separarse nunca de la conciencia y la responsabilidad.

Durante la presentación de Magnifica humanitas, León XIV subrayó que la IA ya influye en muchos ámbitos de la vida y afecta decisiones que configuran la convivencia humana, incluyendo las dinámicas de guerra. Por ello, invita a un diálogo abierto, en el que la Iglesia participa “con humildad y franqueza”, aportando su visión sobre la dignidad y el valor irreductible de cada persona.

Medios nacionales han reportado que un rescatista mexicano e integrante de la Tercera Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, identificado como José Guadalupe Gamiño Cabello, fue asesinado en medio del conflicto bélico que vive ese país con Rusia, cuando realizaba labores de extracción de dos soldados heridos.

De acuerdo con reportes, fuentes del Gobierno de Michoacán confirmó que Gamiño Cabello murió el pasado lunes 18 de mayo durante una misión de rescate, misma que tenía como finalidad auxiliar a dos soldados al servicio del Ejército de Ucrania, heridos en el frente de batalla.

El rescatista era originario del poblado de Los Sauces, en el municipio michoacano de Zináparo, al occidente del estado, además de que contaba con una importante trayectoria como bombero y paramédico dentro del Cuerpo de Rescate de La Piedad, en Michoacán.

En su cuenta de la red social Facebook, Gamiño Cabello mostraba una fotografía con un uniforme del Ejército de Ucrania, portando equipo táctico y un rifle de asalto. Sin embargo, no puede verse mucho pues el perfil está restringido.

Por su parte, el Cuerpo de Rescate de La Piedad compartió una publicación en Facebook en la que dice que Gamiño Cabello siempre se distinguió por su gran amor al servicio de los demás, así como su compromiso, disciplina y vocación humanitaria, desempeñándose siempre con honor y entrega como bombero y paramédico.

“Hoy —lunes— en un acto de valentía y servicio, durante el rescate de dos soldados fuera del país, nuestro compañero perdió la vida cumpliendo con el deber que siempre lo caracterizó: ayudar a quien más lo necesitaba”, se lee en la publicación.

Infobae México trató de obtener información adicional con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la dependencia federal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó apoyo a la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Lima para la búsqueda, ubicación e identificación de ciudadanos peruanos que se encontrarían en Rusia prestando servicios en las Fuerzas Armadas de ese país, en medio de la invasión Rusa a Ucrania. La medida fue anunciada mediante un comunicado difundido por la Cancillería, luego de las denuncias de familiares sobre presuntos casos de connacionales llevados con engaños al conflicto bélico.

Según detalló la entidad, la solicitud al CICR busca reforzar las acciones humanitarias y facilitar el contacto con los ciudadanos peruanos reportados en territorio ruso. Asimismo, la Cancillería exhortó a los familiares de los connacionales a presentar sus solicitudes de asistencia, ya sea de forma presencial o virtual, ante la organización internacional para contribuir con la identificación y seguimiento de los casos.

Cancillería recibe a familiares de peruanos afectados

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que altas autoridades de Torre Tagle continúan reuniéndose con familiares y representantes de los peruanos involucrados, con el objetivo de atender sus preocupaciones y recopilar información sobre la situación de los ciudadanos en Rusia.

En esa línea, la Cancillería informó que se ha dispuesto brindar atención prioritaria a los connacionales considerados vulnerables, especialmente aquellos con enfermedades crónicas y casos en los que existirían reportes de heridos. Las autoridades señalaron que estas situaciones vienen siendo monitoreadas de manera especial debido al riesgo que representa el contexto del conflicto armado.

Canales de asistencia y atención en regiones

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó el correo electrónico peruanosprotegidos@rree.gob.pe para registrar o actualizar información sobre los peruanos que se encuentran en Rusia. La entidad pidió a los familiares remitir datos que permitan facilitar las gestiones de búsqueda y asistencia.

Además, la Cancillería exhortó a los familiares que residen fuera de Lima a acudir a cualquiera de las 13 Direcciones Desconcentradas del sector para presentar solicitudes de apoyo sin necesidad de trasladarse hasta la capital. La institución señaló que estas oficinas podrán canalizar la información y orientar a las familias sobre los procedimientos correspondientes.

Gestiones diplomáticas e investigación

El comunicado también precisa que la misión diplomática peruana en la Federación de Rusia ha intensificado sus coordinaciones con las autoridades rusas respecto a los casos registrados de connacionales. Según la Cancillería, la embajada mantiene seguimiento permanente de cualquier información oficial relacionada con ciudadanos peruanos en ese país, con el fin de comunicarla de inmediato a sus familiares.

Finalmente, Cancillería informó que trasladó a la Embajada de Rusia en el Perú la solicitud cursada por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones sobre presunta trata y tráfico de migrantes. Estas indagaciones buscan determinar si ciudadanos peruanos fueron captados mediante engaños para ser trasladados al extranjero y participar en actividades vinculadas al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La más simple definición de “colapso” aplicado a la sociedad, entiéndase en este caso al mundo entero, es el quiebre drástico y a largo plazo del gobierno, la economía y la cultura que impide satisfacer las necesidades básicas de la humanidad de manera global. Se da un proceso de transformación forzosa, que implica violencia, pérdida de complejidad social y caída o declive de sistemas complejos y de muy difícil recomposición. De volverse sistémico y global, ese colapso impulsa las desigualdades, el incremento de la violencia y la pérdida de la identidad cultural. A ello se suman, en forma determinante, las migraciones masivas y la crisis sanitaria y ambiental en términos aún no conocidos.

Los conflictos actuales que impactan en el orden global

Esta aseveración, no ausente en otros siglos de la historia por diferentes motivos, se vuelve real y posible en estos tiempos por la desmadrada situación de las guerras y de los conflictos en curso, pero también por una realidad coadyuvante que nos presenta la tecnología hoy: la interconectividad y la interdependencia económica del planeta. Un fenómeno que nunca se ha visto, donde todo ha cambiado a una velocidad geométrica, salvo el ser humano y sus líderes, que no han crecido en la medida de las expectativas que genera un futuro frágil e imprevisible. Tampoco, han dado muestras del más mínimo sentido común o de más serenidad y cuidado en la toma de decisiones, acorde a las increíbles consecuencias que podrían acarrear sus acciones.

Y no son estos comentarios apocalípticos, sino las conclusiones de una combinación de factores que dan como resultado la posibilidad concreta de crisis no conocidas. Existe un explosivo cóctel que combina la tecnología, la economía global y las múltiples guerras que afectan al mundo –algunas no son acompañadas por la prensa ni son de conocimiento público, pero son igual de peligrosas y factibles de encender la chispa de la discordia general–. La sola enumeración de los conflictos y de las guerras, y su gravedad, da una idea global de a qué nos enfrentamos:

• La guerra de Ucrania que salió del primer plano, pero sigue su curso, caracterizada por marcadas contradicciones étnicas y lingüísticas, y con una crueldad que conoceremos seguramente con el paso del tiempo. Una invasión iniciada en febrero de 2022, cuyo resultado fue estimado como de breve solución. Sin embargo, ello no resultó: las hostilidades continúan hasta hoy y configuran un conflicto prolongado de desgaste con implicancias estratégicas que trascienden el escenario regional, lo que ha afectado seriamente la economía rusa y ha intensificado la presión internacional sobre Putin. En este marco, la persistente tensión entre Rusia y la OTAN, que se expresa indirectamente en este escenario, mantiene abierto un riesgo de escalada entre grandes potencias con consecuencias globales.

• La guerra civil Siria, iniciada en la Primavera Árabe en 2011, tras las postales que tuvo la represión feroz del régimen de Assad, con intervención de intereses extranjeros, incluidas milicias extremistas, como ISIS y Al Nusra. En su evolución reciente, la caída del régimen en diciembre de 2024 reconfiguró el conflicto hacia una nueva etapa marcada por fragmentación interna, violencia residual y desafíos de reconstrucción institucional. Se estima que más de 500.000 personas han muerto y se cuentan en millones los desplazados y refugiados en la Región y en gran parte de Europa.

• La tensión permanente en el mar de China meridional que lleva décadas e involucra a China, Vietnam, Filipinas y Malasia; y que por las características de lo que está en disputa –recursos pesqueros y combustibles– afecta en forma permanente la seguridad regional y las rutas comerciales hacia otros lugares del mundo. Este foco, poco iluminado por la mirada occidental, podría escalar con consecuencias económicas muy graves a nivel global. A ello se suma la creciente tensión en el estrecho de Taiwán, donde la presión de China y la respuesta de Estados Unidos configuran uno de los escenarios de mayor riesgo potencial para una confrontación entre grandes potencias.

• La crisis en Myanmar, tras el golpe militar de 2021, que ha derivado en un conflicto interno prolongado con múltiples actores armados, con un progresivo debilitamiento del Estado y una creciente fragmentación territorial, lo que ha generado una situación de inestabilidad persistente en el sudeste asiático, con impacto en la seguridad regional y en las dinámicas geopolíticas del Indo-Pacífico.

• Conflictos en el cuerno de África, una región caracterizada por siglos de marginación y explotación, con profundas tensiones étnicas, políticas y territoriales acumuladas históricamente, y un entramado de factores estructurales que complejizan su dinámica interna. El escenario ha recrudecido en los últimos años, con particular intensidad desde 2020, y se destaca el caso de Sudán como uno de los conflictos más críticos en la actualidad, que involucra a Etiopía, Sudán del Sur y Somalia, cuyas guerras internas han provocado una crisis sin precedentes que ha promovido una ola de refugiados hacia Europa.

• El conflicto entre Israel y Palestina que se remonta al siglo XIX y cuya disputa gira alrededor de la identidad y de los derechos sobre un mismo territorio. Desde la creación del Estado de Israel, en 1948, toda la Región ha vivido en constante inestabilidad, y ningún intento de paz ha logrado resolver las raíces del conflicto. En el contexto actual, esta dinámica se ha intensificado a partir de los acontecimientos de octubre de 2023, ha ampliado su impacto regional y profundizado la participación indirecta de múltiples actores estatales y no estatales. Esta situación, que no encuentra respuestas e involucra a las principales potencias en un foco que afecta a todo Oriente Medio y su polarización, parece no tener fin ni encontrar un destino aceptable para ninguna de las partes.

• El caso de Irán, EE. UU. e Israel, que ha arrastrado a toda la Región en el aspecto militar y a las potencias en general en relación con su posicionamiento y sus posibles e inmediatas consecuencias, y que es paradigmático para el escenario geopolítico actual. Este conflicto impacta, en particular, en el comercio global y en la dependencia y el costo del petróleo y del gas natural. Hoy, la evolución del programa nuclear iraní y la dinámica de confrontación indirecta a través de actores aliados han incrementado el nivel de riesgo de una escalada regional, con efectos directos no solo en el plano militar, sino también en el desarrollo y en las inversiones extranjeras, así como en una inminente crisis humanitaria, incluyendo a los refugiados y los costos sociales que acarrea este fenómeno. Un final abierto que justamente no se define por la gigantesca diferencia económica y militar de una superpotencia contra un actor menor en cualquier comparación, sino por la complejidad y la brecha existente entre la percepción internacional, la presión económica y las realidades contrapuestas que se enfrentan. Un final abierto y con consecuencias muy relevantes, cualquiera sea el resultado.

Cuáles son los futuros conflictos para prestar atención

Al inicio de estos comentarios, señalábamos que estamos asistiendo a una situación única, sin parangón. Pero, aunque a primera vista parece compleja y de difícil solución, no es muy diferente a otras crisis en la historia. Hasta podría decirse que hubo otras de mayor trascendencia en vidas perdidas y actores involucrados. Particularmente, considero este un nuevo e inquietante período, a los que seguramente se sumarán los próximos por venir, con características distintivas que incrementan por mil la peligrosidad a la que se expone la humanidad, entre varias contabilizo:

• La proliferación de actores con capacidad nuclear o capacidad cercana a obtenerla. Muchos de ellos son capaces de usar armas de destrucción masiva amparados en convicciones políticas y religiosas que no tienen reparos racionales, lo que puede desatar una contienda de destrucción absoluta y fuera de control. Ello implica no solo un aumento del arsenal en el mundo, sino una escalada en las condiciones de ciberseguridad y un peligroso debilitamiento del control armamentístico, en un contexto donde se observa además la modernización de los arsenales existentes y el desarrollo de capacidades nucleares tácticas y de uso limitado, lo que reduce los umbrales tradicionales de disuasión y aumenta el riesgo de empleo en escenarios regionales.

• Las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, que promueven una época de transformaciones radicales y que, por su bajo costo, permiten a actores menores e impensados desafiar a las grandes potencias como nunca antes. Vehículos de superficie no tripulados, drones, impresión 3D en el lugar de la acción, guerra electrónica y sistemas láser, entre muchos otros sistemas dan soluciones defensivas y de ataque que habilitan, con una mínima inversión, a dar batalla a grandes potencias con inversiones gigantescas. Todo esto en un entorno donde la creciente autonomía de los sistemas, la integración de la IA en la toma de decisiones y la posibilidad de operaciones distribuidas y coordinadas en tiempo real están modificando profundamente la naturaleza del combate y reduciendo los tiempos de respuesta estratégica.

• Guerra cibernética y ciberseguridad: infraestructuras críticas como redes, sistemas de retaguardia, de salud y transporte, siempre objetivos vulnerables, que se enfrentan a la dificultad de ser un espacio de desinformación y propaganda negativa instantánea que altera la realidad propia, de los aliados y de la siempre sensible opinión pública, cuya eventual interrupción puede generar efectos sistémicos inmediatos en sociedades altamente interdependientes.

• Guerra híbrida: espacio que confunde lo convencional y no convencional, sin fronteras entre lo civil y lo militar, entre grupos estatales, paramilitares y terrorismo que generan un escenario de alta complejidad incrementado por la instantaneidad de la información y también por el engaño con la proliferación de tecnologías autónomas con posibilidades ciertas de quedar fuera de control, incluyendo la dimensión cognitiva del conflicto, donde la desinformación, la manipulación de percepciones y el uso de inteligencia artificial amplifican la inestabilidad y erosionan la confianza social.

• El factor económico, que es sin duda un actor vital e imprescindible a considerar en este mundo nuevo; nuevo en interconexión, en necesidad de energía y de materiales raros y específicos para industrias imprescindibles para el funcionamiento global y que muestran una realidad absoluta: no esperan. Su carencia puede detener sistemas en los que el mundo se apoya para poder funcionar; en un contexto donde la competencia por recursos estratégicos, la fragmentación de las cadenas de suministro y la creciente utilización de instrumentos económicos como herramientas de presión geopolítica están redefiniendo las relaciones de poder en el sistema internacional.

Alguien dijo, inteligentemente: “Incierto es peor que malo”, partiendo de la idea de que lo malo por lo menos permite ordenar y prever cómo enfrentar determinada circunstancia. Alguien también dijo: “La primera víctima de la guerra es la verdad”, en este caso, viene de la palabra de Esquilo, dramaturgo de la antigua Grecia.

Todo es muy incierto, y la verdad está escondida entre los recovecos de la más incierta de las realidades. ¿Se puede estar peor? No desafiemos eso, porque siempre se puede estar peor.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el viernes la aprobación de nuevos “formatos de respuesta” contra Rusia tras los recientes bombardeos sobre Kiev, que dejaron al menos 24 muertos, incluidos tres niños.

“Debemos responder a los ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos de forma justa y contundente. Aprobaré ciertos formatos de respuesta”, declaró Zelensky en su discurso vespertino hacia los ucranianos que sufren día a día los bombardeos de las tropas invasoras.

El mandatario confirmó que “anoche, el enemigo ya presenció ataques que impactaron, en particular, en sus instalaciones petroleras y bases militares” y que las operaciones continuarán.

Las declaraciones siguieron al ataque ruso del jueves en Kiev, donde un misil Kh-101 destruyó parte de un edificio residencial de nueve plantas. “Los rusos prácticamente arrasaron una sección entera del edificio”, denunció el presidente.

Zelensky advirtió que los servicios de Inteligencia ucranianos detectaron un aumento de la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia y acusó a Moscú de buscar una mayor implicación de Minsk en el conflicto. Según el mandatario, el Kremlin estudia nuevas operaciones desde territorio bielorruso dirigidas tanto contra el eje Chernígov-Kiev como contra países de la OTAN fronterizos con Bielorrusia.

Por este motivo, el presidente ordenó a las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania preparar un plan específico de respuesta y reforzar la defensa en ambas regiones ante el riesgo de nuevas ofensivas.

También afirmó que Kiev dispone de documentos rusos sobre posibles ataques contra “instalaciones políticas y militares” en la capital, incluida la calle Bankova, sede de la Presidencia. “Algunos en Moscú aún no comprenden que los ucranianos jamás renunciaremos a nuestra independencia”, concluyó.

Horas antes, Zelensky afirmó que su país se reservaba el derecho a responder tras el ataque ruso que ocasionó la muerte de 24 personas. “Tenemos motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa, su producción militar y contra quienes son directamente responsables de los crímenes de guerra cometidos contra Ucrania y los ucranianos”, publicó en su cuenta de X.

Los comentarios del mandatario surgieron luego de que Rusia entregara a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos en combate, mientras la parte ucraniana hizo lo propio con 41 restos mortales de efectivos rusos, tras un nuevo intercambio entre ambos países.

La agencia estatal rusa RIA Nóvosti, que citó fuentes castrenses, informó sobre el procedimiento realizado horas después de que Moscú y Kiev efectuaran un canje de prisioneros de guerra. El intercambio anterior de cuerpos se realizó el 9 de abril, cuando Rusia entregó mil cadáveres y recibió 41 cuerpos de soldados rusos.

En viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó un intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando, confirmado, posteriormente junto a imágenes, por el presidente ucraniano. “Es la primera etapa del intercambio de 1.000 por 1.000”, señaló Zelenski en sus redes sociales, en referencia al acuerdo alcanzado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como condición para que Kiev se sumara a la tregua declarada por Moscú con motivo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, celebrado el 9 de mayo.

El alto el fuego se prolongó hasta el 11 de mayo, mientras la parte ucraniana manifestó su preocupación por un posible incumplimiento ruso en los términos del canje. Según Zelenski, muchos de los prisioneros retornados a Ucrania permanecían en cautiverio desde 2022, año del inicio de la invasión rusa a gran escala.

El canje previo, con 193 prisioneros por lado, tuvo lugar el 24 de abril. De acuerdo con el mando militar ruso, la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos resultó fundamental para concretar estos intercambios.

(Con información de EFE)

El primer año del pontificado de León XIV estuvo marcado por su influencia moral en debates globales sobre la guerra, la inmigración y la inteligencia artificial, así como por una transformación profunda y silenciosa en la estructura de la Iglesia Católica en Estados Unidos.

Según The New York Times, la serie de 30 nombramientos episcopales realizados durante este periodo sugiere una reorientación hacia el liderazgo pastoral y la integración de la diversidad étnica que caracteriza hoy a las parroquias y al clero del país.

Estos cambios, ejecutados por León XIV, incluyen obispos nuevos, ascensos o retiros en territorio estadounidense, y anticipan cómo podría configurarse la jerarquía católica nacional bajo este papado.

Un rasgo diferenciador es la preferencia por líderes con historias personales ligadas a la migración y al servicio parroquial directo, en contraste con perfiles tradicionalmente administrativos o políticamente alineados.

El caso más reciente es el de Evelio Menjivar-Ayala, designado como nuevo obispo de Wheeling-Charleston, diócesis que abarca todo Virginia Occidental.

Menjivar-Ayala es el primer obispo salvadoreño en Estados Unidos y, hace dos décadas, obtuvo la ciudadanía tras un periodo como inmigrante indocumentado, lo que le acerca a muchas familias católicas del país.

Señaló que estas decisiones responden a las necesidades de la comunidad. Para él, la biografía de León, quien fue misionero y adquirió la ciudadanía peruana antes de regresar a Estados Unidos, aporta una visión global a estos nombramientos.

Ese mismo día, John Gomez, sacerdote nacido en Colombia y ciudadano estadounidense desde hace cinco años, fue nombrado obispo de la diócesis de Laredo, en la frontera texano-mexicana.

Indicó que su motivación para emigrar a Estados Unidos fue servir a la creciente población hispanohablante en la Iglesia Católica.

Actualmente vicario general en Tyler, Texas, precisó que en esa diócesis casi la mitad de los católicos hablan español y que la demanda de sacerdotes bilingües continúa en aumento.

El papa León XIV, primer pontífice estadounidense, inició una renovación profunda en la jerarquía regional al nombrar a obispos y líderes con experiencia pastoral y raíces migrantes, reflejando así el cambio demográfico de la Iglesia en Estados Unidos.

Estos nombramientos están orientados a responder a la diversidad étnica y lingüística de las comunidades católicas locales y sientan las bases para una transformación duradera en la conducción eclesiástica nacional.

Según datos recogidos por The New York Times, aproximadamente un tercio de los sacerdotes en algunas diócesis de Estados Unidos nacieron en el extranjero, muchos de ellos con tarjetas de residencia o visados religiosos.

En la diócesis de Houma-Thibodaux, en Luisiana, donde León nombró a Simon Peter Engurait, originario de Uganda y séptimo de 14 hermanos, esta diversidad se ve tanto en los fieles como en el clero.

Engurait observó que históricamente los obispos provenían de países como Irlanda, mientras que hoy la procedencia dominante es de América Latina y África.

Expresó su deseo de integrar la variedad de comunidades católicas en su diócesis y fomentar la representación de distintas culturas en festividades y celebraciones.

El impacto del giro promovido por León XIV se intensifica ante la próxima renovación generacional de la élite episcopal. La normativa canónica obliga a los obispos a ofrecer su renuncia al papa al cumplir 75 años, aunque este puede aceptarla hasta cinco años después.

Actualmente, líderes destacados como el cardenal Blase Cupich de Chicago, que cumplió 77 años en marzo, el cardenal Joseph Tobin de Newark, que celebró 74 la semana pasada, y los arzobispos de Las Vegas, Miami y Santa Fe, quienes alcanzarán 76 años este año, perfilan un horizonte de cambios en los cargos más altos.

La celeridad con que se están efectuando estas designaciones se explica por el propio trasfondo de León XIV: antes de su elección como papa, estuvo al frente de la oficina vaticana encargada de seleccionar obispos.

De acuerdo con Christopher White, investigador senior del programa académico de la Universidad de Georgetown, Initiative on Catholic Social Thought and Public Life, este conocimiento da al pontífice la capacidad de “remodelar significativamente una generación completa de la jerarquía de la Iglesia”, comparable a la impronta de Juan Pablo II.

Ejemplo de esta tendencia fue el relevo, en diciembre, del cardenal Timothy Dolan al frente de la archidiócesis de Nueva York.

Dolan, quien había cumplido 75 años poco antes del fallecimiento de Francisco, fue sustituido por Ronald Hicks, de 58 años, cuya carrera y experiencia ministerial son afines a las de León XIV.

El denominador común entre estos nuevos obispos, como destacó Pedro Bismarck Chau, auxiliar en Newark nacido en Nicaragua y nombrado por León, es la experiencia directa como pastores de comunidades parroquiales, más allá de un historial en oficinas diocesanas o ámbitos burocráticos.

Sostuvo que se eleva a sacerdotes con lo que Francisco definía como “olor a oveja”. Muchos comparten trayectorias como párrocos, lo que facilita el conocimiento directo de las necesidades locales.

Chau especificó que su propio proceso de nombramiento se inició cuando Francisco aún vivía y León dirigía la oficina de designación episcopal, siendo el entonces cardenal Robert Francis Prevost. Agregó que le interesa dialogar con él sobre ese proceso.

La estrategia de León XIV, inscrita en una línea de continuidad con las prácticas impulsadas durante el papado de Francisco, acentúa la universalidad de la Iglesia y la respuesta a una comunidad católica en rápida transformación.

Según el obispo Engurait, existe un “reconocimiento de la familia humana global” en la política actual de designaciones, que prioriza la construcción de puentes entre culturas, experiencias y generaciones que conforman el rostro del catolicismo en Estados Unidos.

Hay frases que no buscan el consenso, sino la herida. Cuando la intelectual neoyorquina Susan Sontag sentenció que la guerra es uno de los pocos escenarios donde el ser humano experimenta una vitalidad total, no estaba haciendo una apología del combate. Estaba lanzando una advertencia sobre la condición humana y nuestra relación parasitaria con la tragedia ajena. Esa idea, que sobrevuela gran parte de su obra tardía y sus diarios, encuentra su anclaje definitivo en Ante el dolor de los demás, de 2003.

Para entender esta frase, hay que situarse en la Nueva York de principios del siglo XXI. Sontag, que ya había analizado la estética del poder y la imagen en su consagrado libro Sobre la fotografía (1973), regresó al tema tras los atentados a las Torres Gemelas y el inicio de la invasión a Irak. En un mundo saturado de pantallas, la autora se preguntaba: ¿qué nos sucede cuando miramos una fotografía de una masacre? ¿Nos vuelve más éticos o simplemente nos vuelve mirones?

La frase sobre la vitalidad de la guerra aborda el fenómeno de la “adrenalina del espanto”. Para Sontag, la guerra rompe la monotonía de la sociedad de consumo, ofreciendo una “verdad” brutal que, paradójicamente, hace que quienes la viven (y quienes la consumen desde lejos) se sientan sacudidos de su letargo existencial. En ese sentido, Ante el dolor de los demás, su último gran ensayo publicado en vida, es una pieza fundamental de la crítica cultural contemporánea.

En él, Sontag revisita sus propias teorías de los años 70. Mientras que en Sobre la fotografía las imágenes de horror nos insensibilizaban, en Ante el dolor de los demás son una invitación a la reflexión, pero también un recordatorio de que no podemos comprender el sufrimiento real si solo lo vemos a través de una lente. Este libro desmitifica la compasión. Sontag sostiene que la guerra es una actividad que otorga sentido, jerarquía y una urgencia que la paz, en su comodidad burguesa, suele diluir.

Siempre buscó la intensidad. Ya sea en sus críticas sobre la obra de Jean-Luc Godard, en su puesta en escena de la obra de teatro Esperando a Godot en una Sarajevo bajo fuego, o en sus diarios personales reunidos en Renacida, siempre rechazó lo tibio. Para ella, la guerra representaba el límite de la experiencia humana. La frase captura su obsesión con la ética de la mirada: el hombre se siente “vivo” ante el peligro porque allí no hay espacio para la ironía, solo para la supervivencia o la destrucción.

¿Quién es Susan Sontag?

Nacida en Nueva York como Susan Rosenblatt, la autora adoptó el apellido de su padrastro, Nathan Sontag, tras la muerte de su padre biológico en China. Estudiante brillante y voraz, terminó la secundaria a los 15 años y se formó en instituciones de élite como la Universidad de Chicago, Harvard, Oxford y la Sorbona. A los 17 años se casó con el sociólogo Philip Rieff, con quien tuvo a su único hijo, David Rieff, antes de divorciarse y mudarse a París, ciudad que marcó su formación estética.

A lo largo de su carrera, Sontag se consolidó como una de las intelectuales más influyentes del siglo XX, alternando la escritura de novelas como El amante del volcán y En América —por la cual recibió el Premio Nacional del Libro— con ensayos como Contra la interpretación y Sobre la fotografía. Fue también una activista comprometida que dirigió teatro en una Sarajevo sitiada y presidió el PEN American Center. Falleció a los 71 años en 2004 a causa de una leucemia mieloide aguda.

El representante legal señaló que la cifra forma parte de un grupo mayor de peruanos involucrados en el conflicto entre los países, situación que —según indicó— continúa creciendo conforme aparecen nuevos testimonios y reportes de familiares. Salinas explicó que su equipo viene recopilando información y validando casos junto a distintas instituciones internacionales.

“Por lo menos tenemos cuatro registrados”, afirmó el abogado respecto a los peruanos detenidos en Ucrania. Precisó además que los ciudadanos cruzaron la línea fronteriza y decidieron entregarse a las fuerzas ucranianas. Según relató, las familias lograron enterarse de esta situación luego de que los detenidos recibieran autorización para realizar una única llamada telefónica.

Solicitan información oficial a Ucrania

En entrevista con TV Perú, Salinas indicó que acudirá a la embajada de Ucrania para solicitar información oficial sobre la situación de los ciudadanos peruanos retenidos. Explicó que buscan confirmar el estado de salud, ubicación y situación legal de los compatriotas detenidos.

Asimismo, sostuvo que la defensa legal también ha solicitado apoyo a organismos internacionales, entre ellos la Cruz Roja Internacional, debido a que estas entidades tendrían mayores facilidades para acceder a información relacionada con prisioneros de guerra y personas desaparecidas en zonas de conflicto.

El abogado advirtió además que existirían más casos similares entre ciudadanos latinoamericanos. Según mencionó, ya se tiene conocimiento de colombianos, argentinos y ecuatorianos detenidos en Ucrania bajo circunstancias parecidas.

Número de casos y fallecidos continúa aumentando

Durante la entrevista con TV Perú, Salinas indicó que el número de peruanos involucrados a la guerra en Rusia ya no sería de 180 personas, como se manejaba semanas atrás, sino de al menos 310 casos, cifra que incluso podría superar los 350 conforme continúan apareciendo nuevos reportes.

El abogado sostuvo que estas captaciones ya no se limitan a Lima, sino que también se han detectado casos en distintas regiones del país. Mencionó, por ejemplo, la existencia de personas captadas en Cajamarca. Según explicó, las presuntas redes de reclutamiento operarían ofreciendo falsas oportunidades laborales o deportivas para atraer ciudadanos peruanos y latinoamericanos.

Salinas también confirmó que, hasta el momento, tienen registrados 15 peruanos fallecidos en el conflicto. Añadió que corresponde a la Cancillería peruana oficializar la lista completa, debido a que aún se encuentran realizando coordinaciones diplomáticas con Rusia.

Familias denuncian desapariciones y amenazas

El representante legal indicó que algunas familias no tienen noticias de sus parientes desde hace siete meses. “Necesitamos saber dónde están”, declaró para el citado miembro, al referirse a los casos de ciudadanos desaparecidos o incomunicados en territorio ruso o ucraniano.

Además, reveló que tanto familiares como integrantes de la defensa legal han recibido amenazas constantes. Por razones de seguridad, señaló que no se han difundido públicamente los nombres de los peruanos que lograron retornar al país.

Sobre este punto, precisó que, según información de la Cancillería, 18 ciudadanos peruanos ya regresaron al Perú mediante gestiones diplomáticas. Salinas afirmó que seis de esos casos pertenecen al grupo de familias que representa legalmente y adelantó que algunos de los retornados ofrecerán próximamente una conferencia de prensa para relatar su experiencia.

Colombia endurece controles por reclutamiento

Percy Salinas también afirmó que el gobierno colombiano empezó a adoptar medidas más estrictas para evitar el traslado de ciudadanos hacia Rusia. Según indicó, el presidente Gustavo Petro habría dispuesto mayores controles migratorios para verificar el motivo de viaje de las personas que se dirigen a ese país.

“El Estado colombiano ha empezado a tomar acciones más drásticas”, sostuvo el abogado. Añadió que actualmente Rusia no representa un destino turístico habitual debido al contexto de guerra, por lo que consideró necesario investigar las verdaderas razones detrás de estos desplazamientos.

Finalmente, el abogado señaló que la prioridad inmediata es entregar un padrón actualizado con información sobre ciudadanos vivos, fallecidos, hospitalizados y desaparecidos. También indicó que buscarán acelerar las coordinaciones con la embajada de Ucrania para obtener detalles oficiales sobre los peruanos detenidos como prisioneros de guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) confirmó que ya son 25 los peruanos que lograron retornar al país tras quedar atrapados en Rusia, en el contexto de la guerra con Ucrania y el fenómeno de captación de ciudadanos latinoamericanos bajo promesas de empleo.

Entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo, siete connacionales regresaron con apoyo de la Cancillería y la Sección Consular en Moscú, sumándose a los grupos que lograron salir desde inicios de abril.

La cartera diplomática precisó, a través de un comunicado oficial, que el regreso de los compatriotas se realizó bajo protocolos de seguridad y acompañamiento institucional, garantizando su resguardo y el reencuentro con sus familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que, por razones de protección, no es posible difundir detalles sobre los vuelos ni las rutas utilizadas, en resguardo de quienes aún permanecen en territorio ruso o se encuentran en proceso de repatriación.

La labor de la Cancillería del Perú incluyó la coordinación con autoridades rusas y la puesta en marcha de canales de atención consular para recibir solicitudes de ayuda de peruanos expuestos a situaciones de riesgo.

Las gestiones continúan para atender casos pendientes, incluyendo ciudadanos que habrían sido alistados en las Fuerzas Armadas rusas o que no han logrado salir de zonas de conflicto.

Reclamos y contrastes

Mientras la Cancillería difunde reportes sobre la asistencia y protección brindada a los connacionales retornados, familiares y abogados de los afectados señalan carencias en el procedimiento.

El abogado Percy Salinas, representante de más de 300 familias, denunció que varios peruanos repatriados arribaron en condiciones físicas y emocionales delicadas, presentando cuadros de deshidratación, bajo peso y estrés postraumático.

Según declaró a medios locales, la atención médica y los gastos de traslado habrían recaído en las propias familias, lo que generó reclamos por una desprotección en el proceso de reintegración.

El arribo de los connacionales al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estuvo marcado por la presencia de allegados portando carteles y buscando información sobre el paradero de sus seres queridos.

Algunas familias reportaron dificultades para retomar el contacto con quienes permanecen en Rusia, lo que incrementa la incertidumbre y la ansiedad en quienes aguardan noticias.

La Cancillería remarcó su compromiso de continuar gestionando la repatriación y de canalizar nuevas solicitudes de ayuda a través de la embajada peruana en Moscú. El ministerio también aclaró que se están implementando protocolos de atención diferenciada para quienes lograron regresar, considerando las condiciones en que estuvieron en territorio ruso y la necesidad de un acompañamiento integral.

“Todos los días grupos de peruanos se acercan a la línea de batalla. Hay familias que hace siete meses no saben nada de su familiar. Y lamentablemente hay peruanos que siguen viajando allá, a pesar de que esto lo estamos haciendo masivos”, comentó Salinas.

“Este gobierno se va en julio. ¿Usted cree que alguno de estos funcionarios va a poder avanzar un tratamiento de tratado de extradición? A Ecuador le tomó 8 meses extraer ochenta ecuatorianos, entre vivos y muertos”, refirió el letrado.

El arribo se registró en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en medio de versiones contradictorias. Aunque inicialmente se informó que seis ciudadanos llegarían en un mismo vuelo, solo tres fueron vistos saliendo del terminal aéreo, acompañados por su abogado y sin brindar declaraciones. En paralelo, otras familias acudieron al aeropuerto con carteles para pedir información sobre sus parientes, con quienes aseguran haber perdido contacto desde hace semanas.

Repatriación de peruanos desde Rusia avanza en medio de denuncias por engaño laboral

De acuerdo con un comunicado oficial, la Cancillería informó que en las últimas semanas se logró el retorno de 18 peruanos desde Rusia, quienes acudieron a la sección consular de la embajada peruana en Moscú para solicitar ayuda. La entidad precisó que a los connacionales se les brindó asistencia inmediata y protección consular, mientras continúan las coordinaciones para repatriar a más ciudadanos en los próximos días.

Sin embargo, la llegada de los últimos repatriados evidenció inconsistencias en la información oficial. Mientras se anunciaba el retorno de seis personas, el abogado de las familias indicó que solo tres habrían ingresado al país en ese momento. Esta situación ha incrementado la preocupación de los familiares, quienes reclaman mayor claridad sobre el paradero de sus seres queridos.

La Cancillería también informó que se vienen implementando protocolos de atención diferenciada para los ciudadanos retornados, considerando las condiciones en las que habrían permanecido en territorio ruso. Además, se activaron mecanismos de coordinación con la embajada peruana para canalizar nuevas solicitudes de ayuda.

Connacionales llegan con problemas de salud y denuncian abusos en territorio ruso

El estado de salud de los peruanos repatriados es uno de los aspectos que más preocupa. Según su defensa legal, varios de ellos presentan deshidratación, pérdida de peso y afectación psicológica, luego de haber permanecido en condiciones adversas. Tras su llegada, fueron sometidos a evaluaciones médicas y se prevé que inicien tratamientos especializados, incluyendo terapias para tratar el estrés postraumático.

El abogado que representa a las familias indicó que los connacionales habrían sido llevados bajo promesas de trabajo en áreas como seguridad o servicios, pero al llegar a su destino enfrentaron un escenario completamente distinto. Algunos testimonios recogidos por sus allegados dan cuenta de maltratos físicos, falta de alimentación y amenazas, además de la firma de contratos en idioma ruso que no comprendían.

En uno de los casos, la esposa de un ciudadano peruano relató que recibió el contrato posteriormente para traducirlo, lo que evidenció irregularidades en las condiciones ofrecidas. También denunció que su pareja habría sido víctima de agresiones y obligado a realizar actividades para las que no fue contratado.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre otros peruanos que aún permanecen en Rusia. Las familias continúan solicitando información a las autoridades, en medio de denuncias de pérdida de contacto y posibles riesgos para quienes todavía no han logrado retornar al país.

La Cancillería recordó que mantiene habilitados canales de atención permanente para casos de peruanos en Rusia que requieran asistencia. Los ciudadanos o familiares pueden comunicarse a los números +7 985 389 0660 (celular y WhatsApp) y 8 985 389 0660 (teléfono local en Rusia), disponibles las 24 horas.

Asimismo, indicó que el procedimiento consiste en contactar directamente a la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú, donde se evalúa cada caso para activar protocolos de protección, asistencia humanitaria y eventual repatriación, según la situación de cada connacional.

El mercado internacional de granos atraviesa una nueva etapa de fuerte volatilidad, con el trigo como principal protagonista de las subas.

Este lunes 4 de mayo de 2026, el cereal abrió la jornada con una fuerte tendencia alcista, alcanzando máximos de 21 meses en Chicago. Mientras que en Rosario, los precios locales se sitúan cerca de los$283.000 por tonelada, a nivel internacional la cotización superó los 246 dólares por tonelada.

La escalada del conflicto en Irán, junto con señales de menor producción en países clave y una mayor demanda de cobertura por parte de importadores, reconfiguró el escenario global y volvió a colocar al cereal en el centro de la escena. “El mercado internacional está muy alcista, con compradores que buscan cubrirse ante la incertidumbre y una oferta que empieza a mostrar señales de debilidad”, advirtió al respecto Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Entre los factores que sostienen la escalada aparecen las proyecciones de menor cosecha en Australia y Canadá, mientras que en Estados Unidos el trigo de invierno muestra un marcado deterioro por la sequía: apenas un 30% del cultivo se encuentra en condición buena a excelente, contra el 49% registrado un año atrás. A esto se suma una demanda internacional más activa, con compras extraordinarias como la de Arabia Saudita, que adquirió 985.000 toneladas en una sola licitación para reforzar sus reservas.

Mientras tanto, la soja y el maíz muestran mayor estabilidad, con la atención puesta en la siembra estadounidense y en la evolución de la demanda china, según detalló Romano. El gigante asiático continúa liderando las compras de soja, priorizando mercadería de Brasil y, en menor medida, de Argentina, aunque el mercado sigue de cerca la evolución de la relación comercial con Washington por su potencial impacto sobre los flujos globales.

En el plano local, Argentina acelera la cosecha de soja gracias a un clima más seco y frío, aunque todavía mantiene demoras respecto del ritmo histórico. Los rindes, sin embargo, se ubican por encima de lo esperado y sostienen una proyección de producción cercana a las 48,6 millones de toneladas. El ingreso tardío de mercadería generó tensión logística en los puertos, aunque la necesidad de abastecimiento mantiene firme la demanda en el corto plazo.

¿Se podría revertir la baja en la intención de siembra de trigo?

De cara a la próxima campaña, la intención de siembra de trigo en Argentina caería un 3%, hasta 6,5 millones de hectáreas, aunque el actual contexto de precios internacionales elevados podría modificar esa tendencia. “Hoy el incentivo a sembrar está presente”, subrayó Dante Romano, dejando abierta la posibilidad de que el rally global del cereal termine impactando también en las decisiones productivas locales.

La Fiscalía General bareiní indicó que la policía detuvo a los menores "in fraganti" en la capital, Manama, en la que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desataron importantes protestas, al ser Baréin un país de mayoría chií, aunque gobernado por una monarquía absoluta suní aliada de Washington.

Los menores llevaban desde marzo en prisión provisional, a la espera de que concluyese una investigación que "reveló evidencias verbales y técnicas" de los hechos juzgados, según el comunicado.

La Fiscalía afirmó que los informes realizados sobre "el estado psicológico y familiar de los acusados" mostraron que "viven en un ambiente familiar que carece de supervisión por parte de los progenitores".

Sostuvo que dichos informes se elaboran para "tomar la mejor decisión en favor del niño" y que se continuarán aplicando "medidas reformatorias y de rehabilitación" que ayuden "a subsanar" la "actitud" de los menores, para "evitar que reincidan en acciones similares".

Además, justificó la sentencia a tres años de cárcel como una decisión "en el marco de la aplicación de la ley" que permite "preservar la seguridad y la estabilidad de la sociedad".

El inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y las protestas que desató en Baréin llevaron al Ejecutivo a lanzar una campaña de seguridad que se saldó con al menos 204 detenidos únicamente en el mes de marzo, uno de ellos fallecido bajo arresto, según indicó la ONG Autoridad de Asuntos de los Prisioneros de Baréin.

También se enmarca en esta campaña el anuncio, emitido la semana pasada por el Ministerio de Interior, de la retirada de la nacionalidad de 69 bareiníes por "simpatizar y glorificar" los ataques de represalia de Irán contra este país y otras naciones del golfo Pérsico. EFE

El extremista radical de izquierda Antauro Humala, condenado por homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas tras el denominado “Andahuaylazo”, hecho que provocó la muerte de cuatro policías en 2005, se ha convertido en una de las figuras más polémicas vinculadas al escenario electoral. El líder de los llamados “etnocaceristas” es considerado además una imagen incómoda para el partido Juntos por el Perú, agrupación encabezada por Roberto Sánchez, que busca tomar distancia de sus declaraciones ante una eventual segunda vuelta presidencial.

En una reciente entrevista concedida a Perú21, Humala afirmó que, como nacionalista, aspira a “recuperar Tarapacá y Arica”, territorios que el Perú perdió tras la Guerra del Pacífico. Incluso señaló que dicha reivindicación podría realizarse “por la vía diplomática o por la vía armada”, en referencia a un eventual conflicto con Chile.

Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que el exmilitar no solo reivindicó posiciones nacionalistas extremas, sino que además planteó revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, acuerdos que definieron los límites territoriales entre Perú y Chile tras el conflicto bélico del siglo XIX.

Humala sobre tratados con Chile

Durante la entrevista, Antauro Humala sostuvo que, de llegar a ocupar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aplicaría el principio de “reciprocidad” frente al Estado chileno. Asimismo, indicó que revisaría “al pie de la letra” los tratados bilaterales firmados entre ambos países.

El líder etnocacerista también hizo referencia al denominado triángulo terrestre, zona fronteriza cuya controversia diplomática fue motivo de tensiones entre Lima y Santiago en años anteriores. Humala aseguró que mantendría dicho litigio pendiente y reiteró que el Perú debería reivindicar “en los hechos” los territorios de Arica y Tarapacá.

“Es parte de la conquista”

En otro momento de la entrevista, Humala fue consultado sobre una frase atribuida a su padre, Isaac Humala, quien años atrás señaló que una eventual invasión a Chile sería “con fusil y pene”. Al respecto, el líder etnocacerista respondió que esa expresión “describe la historia de la humanidad”, justificó para el citado medio.

Como parte de su explicación, mencionó episodios históricos vinculados a guerras y conquistas territoriales. También hizo referencias a conflictos internacionales contemporáneos y sostuvo que la expansión geopolítica de las naciones históricamente estuvo acompañada por violencia militar. “Cuando los aqueos destruyen Troya, se llevan a las troyanas cautivas”, defendió el condenado.

Liberación de Pedro Castillo y rondas campesinas contra inseguridad

Durante el diálogo con Perú21, Antauro Humala también se refirió al expresidente Pedro Castillo. Señaló que el exmandatario no cometió rebelión sino una “tentativa” y afirmó que Castillo debió contar con un “buen ministro de Defensa”.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas no respaldaron al entonces presidente durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según Humala, ese habría sido uno de los factores que precipitaron la caída del exjefe de Estado.

En materia de seguridad ciudadana, el líder etnocacerista propuso incorporar a las rondas campesinas y reservistas en las estrategias de lucha contra la delincuencia. Además, planteó otorgar mayores facilidades para que los ciudadanos puedan acceder legalmente a armas de fuego a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Los manifestantes reclamaron la falta de respuestas por parte de la sede diplomática y expusieron la preocupación por la seguridad e integridad de los afectados.

De acuerdo con lo recabado por TvPerú Noticias, las familias denunciaron que los reclutadores ofrecieron sueldos de hasta 20.000 dólares como bono y 3.000 dólares mensuales, bajo la promesa de empleos en el área de seguridad.

“Mi papá contactó a través de un grupo de WhatsApp, recibió un anuncio y le ofrecían veinte mil dólares un bono y tres mil dólares de pago mensual”, relató una de las hijas de los afectados.

La joven sostuvo que su padre partió convencido de que trabajaría como agente de seguridad debido a su experiencia previa, pero pronto fue destinado al frente de combate. “Se fueron a la guerra con engaños”, afirmó la mujer, quien además indicó que desde el 18 de abril perdió contacto con él.

Otra familiar contó que su padre viajó a Rusia en busca de un puesto de seguridad, pero al llegar le hicieron firmar un contrato en ruso, idioma que no comprendía. “Todos los peruanos creo que no entendemos el mensaje que es en ruso”, manifestó.

Ella explicó que su padre, exintegrante del Ejército peruano y con experiencia en Irak, confió en las condiciones ofrecidas, pero la realidad fue otra. “Eso estamos pidiendo nosotros, que nos ayuden para que puedan traer a nuestros familiares ya, porque ellos ya están en primera línea para la guerra”, reclamó.

Próximo movimiento legal

El grupo de manifestantes estuvo acompañado de su defensa legal, que detalló al referido medio la falta de atención por parte de la embajada. 

“Estamos acá desde las dos de la tarde para hacer un plantón y entregar un memorial, pero no los quieren atender”, señaló uno de los abogados presentes.

Según la defensa, la mayoría de los peruanos reclutados no tenía formación militar y fue llevada como civil, bajo la promesa de realizar funciones de resguardo en hospitales o embajadas. “A ninguno se le informó que realmente iba a ir a la guerra”, explicó el letrado.

La preocupación de las familias se agrava ante la falta de comunicación y respuestas. Entre los testimonios, se destaca el caso de una mujer cuyo hermano logró salir antes de firmar el contrato, pero la embajada de Perú en Rusia no le brindó ayuda.

Los manifestantes también respondieron al comunicado de la embajada de Rusia, que sostuvo que todos los peruanos firmaron consentimiento informado. Los abogados y familiares niegan que los afectados conocieran realmente los riesgos y condiciones.

Según datos proporcionados por los representantes legales, aproximadamente 180 peruanos permanecen en Rusia bajo estas circunstancias y al menos ocho han muerto en el conflicto.

La defensa también señaló la presunta participación de una empresa de reclutamiento de origen colombiano, que habría captado personas tanto en Lima como en provincias.

El reclamo de los familiares busca que tanto la Cancillería peruana como la embajada de Rusia brinden información precisa sobre el paradero de los peruanos y gestionen su repatriación

De acuerdo con el testimonio, el joven salió del país el pasado 21 de marzo desde Trujillo, en la región La Libertad, luego de recibir una propuesta laboral relacionada con labores de cocina y apoyo logístico. Su familiar indicó que él trabajaba anteriormente como agente de seguridad en una empresa minera.

Gabriela Seminario relató que su hermano viajó junto a un grupo de jóvenes y que, antes de partir, le comentó que recibiría una remuneración de hasta 20 mil dólares, además de un seguro ofrecido como parte del contrato. Según explicó, Edgar le envió documentos parcialmente redactados en ruso y español, además de fotografías tomadas en el aeropuerto junto a otras personas que también iban rumbo a Rusia.

Última comunicación ocurrió el 19 de abril

Según la información difundida por RPP, Edgar Jesús Seminario mantuvo comunicación con su hermana luego de llegar a territorio ruso. En una primera etapa, le informó que había pasado exámenes y que se encontraba en entrenamiento dentro de instalaciones militares.

La hermana señaló que el ciudadano peruano incluso le envió fotografías usando uniforme camuflado del Ejército mientras realizaba entrenamientos. Asimismo, indicó que las comunicaciones comenzaron a hacerse cada vez más limitadas y que muchas veces solo podían conversar mediante mensajes escritos.

Gabriela Seminario contó que en una ocasión su hermano le envió una transferencia por Yape de un sol y que en la descripción escribió: “Estoy bien, estoy en entrenamiento”. También afirmó que él le decía constantemente que no podía enviar fotografías ni compartir su ubicación porque tenía restricciones de comunicación.

“Me llevan a un campo de guerra”

La última comunicación entre ambos ocurrió el pasado 19 de abril. Según relató, para el citado medio, Gabriela Seminario, su hermano le informó que estaba siendo trasladado a un “campo de guerra” y que le retirarían el celular.

“Me dijo que lo estaban llevando a un campo de batalla y que ya no podía hablar mucho”, sostuvo. La mujer agregó que durante la llamada escuchó la voz de un ciudadano ruso hablando “español entrecortado” mientras presionaba a Edgar para terminar rápidamente la conversación.

La hermana del joven afirmó además que él evitaba responder preguntas sobre el lugar exacto donde se encontraba y que parecía estar bajo vigilancia constante. Desde aquella comunicación, la familia perdió completamente el contacto con él y aseguró que ya pasaron diez días sin recibir noticias.

Familia pide intervención urgente de Cancillería

La hermana del compatriota manifestó su preocupación por la posibilidad de que a su hermano y a otros ciudadanos peruanos les hayan retenido los pasaportes y teléfonos al llegar a Rusia. Según explicó en RPP, Edgar viajó junto a aproximadamente 13 personas que no se conocían previamente y que se reunieron en el aeropuerto antes de partir.

La mujer indicó también que tomó mayor conciencia de la gravedad del caso luego de ver reportajes televisivos sobre otros compatriotas que habrían sido captados mediante falsas ofertas de trabajo y posteriormente vinculados a actividades militares en Rusia.

Durante la entrevista, Gabriela Seminario aseguró que hasta el momento la familia no ha recibido apoyo ni comunicación oficial de la Cancillería peruana. Por ello, pidió la intervención urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores para ubicar a su hermano y gestionar la repatriación de los connacionales que se encontrarían en situaciones similares. “Pido a la Cancillería que por favor traten de ubicar a todos los ciudadanos peruanos, incluido mi hermano, y que los traigan”, expresó.

La guerra es tan antigua como la humanidad misma. Esta afirmación puede tener matices filosóficos y ontológicos en la medida en que entenderíamos a la guerra como una entidad distinta y paralela a la naturaleza humana. Nada más errado. La guerra es un producto o una consecuencia de las acciones humanas erradas y dispersas de las sendas de la razón o colmadas por la hybris o desmesura.

Así como el cosmos, la naturaleza, la vida o la existencia han sido tópicos del quehacer filosófico, la guerra también ha formado parte del corpus del pensamiento. Desde las referencias homéricas a la legendaria guerra de Troya pasando por los principios de los milesios (Tales, Anaxímenes y Anaximandro) y del viejo Heráclito hasta las primeras teorizaciones aristotélicas en su libro la Política y la visión historiográfica de Tucídides. El imperio romano también tuvo en Cicerón, autor del “De Officiis”, a uno de los teóricos de la natura belli más connotados antes de la aparición del cristianismo. San Agustín de Hipona, en cambio, no solo reconoce la naturaleza de la violencia desmedida en los campos de batalla, sino que ensaya una teoría sobre las causas justas de la guerra (de causa belli), en su magna obra, la Ciudad de Dios, acaso uno de los más grande tratados de teoría política y de teología de la historia que se haya escrito en Occidente. Precisamente, en esta monumental obra, el santo de Hipona articula una serie de principios que permiten articular con serenidad las causas justas que un grupo humano debería aludir para iniciar una guerra contra otro grupo humano.

Esta tradición ha continuado en el Occidente latino hasta el siglo XVI, cuando el descubrimiento de América y la ocupación del Nuevo Mundo encendió nuevamente apasionados debates a favor o en contra de la guerra. Destacan autores como Francisco de Vitoria, autor de las famosas “Relectiones”, Juan Ginés de Sepúlveda, autor del “Democrates alter”, Bartolomé de las Casas, autor del “De unico modo”, entre otros. Lo cierto, es que esta centuria representó para Occidente acaso uno de los momentos más delicados en cuestiones bélicas y geopolíticas: por el oriente, la amenaza turca representaba un peligro que se cernía por los campos austriacos y bohemios; por el occidente, la inestabilidad del proceso de incorporación de América a las coronas imperiales (España, Portugal, Francia, Gran Bretaña) amenazaba no solo el estallido de una guerra, sino la agudización (acaso mortal) de las fragmentaciones que habían acometido breve tiempo atrás por Martín Lutero.

Los datos históricos demuestran que la razón humana ha reflexionado sobre este fenómeno extraño, doloroso, contradictorio, estresante. Un fenómeno inevitable, que nos sofoca, nos preocupa, nos conduce a nuestros límites. Después de todo, personas sensatas han racionalizado estrategias para evitarlo a toda costa, personas que incluso en nuestra caótica época siguen racionalizando lo irracional.

Las guerras han transformado el panorama económico global, dice un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio del conflicto en Oriente Medio, la institución advierte que los conflictos armados generan costos económicos más profundos y duraderos que otros fenómenos, como desastres naturales o de deuda soberana, crisis bancarias y crisis cambiarias, que pueden englobarse en la categoría de crisis financieras.

El estudio, incluido en la reciente edición de sus “Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por su sigla en inglés), identifica una escalada de conflictos activos a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial y resalta cómo la presión por reforzar la seguridad nacional está modificando las prioridades de muchos gobiernos.

Según el estudio, el inicio de una guerra provoca una caída inicial cercana al 3% en la producción de los países involucrados, y las pérdidas se acumulan hasta alcanzar aproximadamente el 7% en cinco años. Estas cifras superan las pérdidas derivadas de crisis financieras o catástrofes naturales graves. Y las secuelas económicas se extienden incluso una década después de los bombardeos o combates, reflejando un daño persistente en el potencial productivo y el bienestar de las sociedades.

El reporte subraya que los efectos nocivos de los conflictos no se limitan a los países donde ocurren los enfrentamientos. Sino que las economías vecinas y los principales socios comerciales suelen experimentar caídas moderadas en la producción durante los primeros años del conflicto, aunque logran evitar daños tan severos como los países en guerra, ya que no sufren destrucción física directa en su territorio.

Más gasto público: ¿efecto multiplicador?

La investigación del FMI documenta que en los países afectados por guerras de gran envergadura, caracterizadas por al menos 1.000 muertes en combate, los presupuestos públicos sufren un deterioro significativo. El gasto se desplaza hacia la defensa, la deuda pública se incrementa y la recaudación fiscal cae. Estos países también experimentan fuertes tensiones en sus cuentas externas: las importaciones y exportaciones se reducen, el déficit comercial aumenta de manera temporal y la incertidumbre propicia la salida de capitales, con un descenso tanto en la inversión extranjera directa como en los flujos de cartera.

En ese contexto, los gobiernos suelen recurrir con mayor frecuencia a la ayuda internacional y a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits. No obstante, el FMI señala que estas medidas no resultan suficientes para evitar una depreciación cambiaria sostenida, la pérdida de reservas y un aumento de la inflación. Los precios suben por encima de las metas de los bancos centrales, lo que empuja a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés y acentuar las tensiones macroeconómicas.

El FMI analizó episodios de aumento del gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial; esas expansiones, con una duración promedio de casi 3 años, llevan a un alza de 2,7 puntos del PBI del presupuesto de defensa

El estudio también enfatiza que las guerras generan disyuntivas complejas en materia de gasto público, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas lleva a muchos gobiernos a reconsiderar sus prioridades y aumentar el gasto en defensa. El FMI analizó episodios de incrementos en el gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial y observó que estas expansiones, con una duración promedio de casi tres años, se traducen en un alza de 2,7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a defensa. Esta cifra se acerca a la meta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que aspira a destinar un 5% del PIB al gasto militar para 2035.

Y si bien el aumento del gasto en defensa actúa como un estímulo positivo para la demanda, impulsando el consumo privado y la inversión, es sobre todo en los sectores vinculados a la industria militar. Es por ello que el organismo internacional indica que el impacto global del mayor gasto en defensa sobre la producción tiende a ser moderado: el incremento en el PIB suele corresponderse con el aumento del gasto, sin que se produzca un efecto multiplicador relevante en la economía general. El efecto dominó del gasto depende de cómo se financie y asigne, y de la proporción destinada a la importación de equipamiento militar.

Cuando la expansión del gasto implica una mayor importación de armamento, el crecimiento de la producción resulta menor y se deteriora la balanza externa. En cambio, priorizar la inversión pública en infraestructura y equipo, junto con una contratación estatal más eficiente y estándares comunes, permite fortalecer la capacidad industrial, reducir las fugas hacia el exterior y favorecer el crecimiento de la productividad a largo plazo.

Financiar la destrucción

La forma de financiar estos incrementos de gasto representa un desafío central. A corto plazo, los gobiernos suelen apelar al déficit, pero si el aumento del gasto en defensa se vuelve permanente, cobra mayor importancia la generación de ingresos. El FMI advierte que el financiamiento mediante déficit puede estimular la economía en el corto plazo, pero pone en riesgo la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, en especial en países con poco margen presupuestario. En los tres años posteriores a la escalada del gasto militar, los déficits aumentan alrededor de 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública sube unos 7 puntos porcentuales, llegando a 14 puntos en contextos bélicos.

El informe sostiene que la acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede contener si se utilizan mecanismos de financiamiento duraderos. No obstante, elevar los ingresos implica reducir el consumo y limitar el estímulo de la demanda, mientras que reajustar prioridades presupuestarias suele afectar el gasto en protección social, salud y educación.

Recuperación en función de la paz

El FMI también describe el proceso de recuperación económica después de una guerra como lento y marcado por la volatilidad, dependiendo de la duración de la paz. En contextos donde la paz se sostiene, la producción logra recuperarse, aunque permanece en niveles inferiores a los previos al conflicto. Las economías frágiles, donde el conflicto resurge, enfrentan recuperaciones truncas. La reactivación proviene principalmente del regreso de la mano de obra civil y el retorno paulatino de los refugiados, mientras que el capital y la productividad permanecen bajos.

El organismo subraya la importancia de una estabilización macroeconómica temprana, una reestructuración de deuda decisiva y el apoyo internacional para restablecer la confianza. El éxito de la recuperación depende de la implementación de reformas internas que reconstruyan las instituciones, promuevan la inclusión y la seguridad, y aborden los costos humanos, como los atrasos educativos y el deterioro de la salud. El informe remarca que los paquetes de medidas integrales y coordinadas resultan más efectivos que las acciones dispersas para reducir la incertidumbre, recuperar el capital y facilitar el regreso de desplazados.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los precios de los combustibles en la Argentina subieron un 23,8%. En este contexto, la Argentina se ubicó en el puesto 63 entre 120 países en el ranking de asequibilidad de combustibles elaborado por la consultora internacional Global Petrol Prices.

El dato revela que un ciudadano promedio en la Argentina debe destinar el 2% de su ingreso mensual total para cubrir sus gastos efectivos de combustible. Este indicador contempla no solo el precio en el surtidor sino también el nivel de consumo promedio de la población.

El ranking muestra que la dinámica de asequibilidad es dispar a nivel global y está fuertemente influenciada por los niveles salariales de cada nación. Mientras que países como Bangladesh (0,2%), Irlanda (0,3%) y Noruega (0,3%) lideran el listado con el menor impacto sobre los ingresos, la Argentina se encuentra en un bloque junto a Filipinas y por encima de Rusia (1,9%) y Uruguay (2,1%).

En la comparación regional el país muestra un desempeño similar al de Perú (1,8%) e incluso al de Estados Unidos (2,1%), aunque en el país del norte la suba promedio del precio fue del 31,1 por ciento.

En un escenario internacional marcado por la volatilidad energética, países como Líbano (15,0%), Surinam (9,5%) y Malawi (9,3%) encabezan la lista de los lugares donde cargar combustible es superlativamente caro respecto a otras latitudes. Por el contrario los productores petroleros de Medio Oriente como Catar, Kuwait y Argelia logran blindar a sus ciudadanos con un impacto que no supera el 0,4% de sus ingresos mensuales.

Para la Argentina el desafío actual no radica solamente en la variación del precio internacional del barril, que al momento de cierre de esta nota flota entre los USD 99,13, sino en evitar que la combinación de aumentos internos y salarios estancados termine desplazando al país hacia los puestos más críticos del ranking de esfuerzo financiero.

Para realizar los cálculos, Global Petrol Prices utiliza datos de consumo de gasolina de la Agencia de Información Energética de EE. UU., datos del PIB del Banco Mundial y su propia recopilación internacional sobre precios de los combustibles.

Cómo está la Argentina frente a los países de la región

En el plano regional latinoamericano, la Argentina registró una suba del 23,8% en el precio de las naftas desde el comienzo del conflicto, ubicándose por encima de Chile (16,8%), Brasil (7,6%) y Paraguay (7,9%), pero por debajo de Perú (35,6%), Guatemala (34,4%) y Panamá (26,3%), según datos de Global Petrol Prices. Dos excepciones notables dentro de los países de la región fueron Colombia y Uruguay, con retrocesos en los precios del 3,1% y del 1,2%, respectivamente.

A nivel global, los saltos más pronunciados se observaron en Myanmar (100%), Filipinas (71,6%) y Malasia (52,4%), con aumentos que superan ampliamente el promedio internacional. En el caso europeo, la mayoría de las naciones experimentaron variaciones entre el 5% y el 25 por ciento.

En la Argentina, el rol de la petrolera de mayoría estatal YPF resultó determinante para el equilibrio del mercado local. Tras el estallido del conflicto bélico, la petrolera que controla más de la mitad del mercado, adoptó la política de diferir el impacto del precio internacional del crudo en los valores de surtidor, medida que luego fue replicada por otras petroleras del país. El objetivo principal fue limitar un efecto inflacionario adicional y contener la caída del consumo de la nafta Súper, que se acentuó sobre todo en el interior del territorio nacional.

De hecho, el pasado 20 de abril se registró, por primera vez desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, una leve baja en los precios de algunos combustibles vendidos en estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el índice semanal de EcoGo. El informe muestra que la última suba semanal fue de apenas 0,76%, una variación menor frente al promedio de las semanas anteriores, donde se llegaron a observar saltos de hasta 23% acumulado en apenas mes y medio.

El seguimiento realizado por Infobae en las principales cadenas de estaciones del país —Axion, Shell y YPF— reveló ligeras disminuciones y estabilizaciones en la semana del 13 al 20 de abril. En Axion, por ejemplo, la nafta Súper bajó de $2.089 a $2.069 y Quantum Diesel X10 pasó de $2.399 a $2.439, mientras que otros productos mantuvieron valores estables. Shell redujo la nafta Súper a $2.019 y la V-Power Nafta a $2.299, en tanto que la V-Power Diesel descendió a $2.399. En YPF, la nafta Súper cayó a $1.976 y el Infinia Diesel a $2.308, mientras que la variante Infinia subió levemente a 2.226 pesos por litro.

Los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador expresaron su respaldo a Panamá y condenaron enérgicamente la incautación de un buque con bandera panameña por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz, en un pronunciamiento conjunto que eleva la presión internacional sobre el conflicto en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El posicionamiento fue emitido en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que agrupa a estos países y que calificó la acción como una violación inaceptable del derecho internacional, además de un desafío directo a principios fundamentales como la libertad de navegación en aguas internacionales.

En el comunicado, los gobiernos advirtieron que la acción de Irán no solo afecta a Panamá como Estado de abanderamiento, sino que también compromete la seguridad de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio global, con implicaciones directas en la estabilidad energética y económica a nivel mundial.

La alianza subrayó que el respeto a la libertad de navegación, el derecho de paso inocente y el tránsito por estrechos internacionales está plenamente consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que su incumplimiento no puede ser considerado opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales.

Además, advirtieron que el uso de la fuerza o medidas coercitivas contra embarcaciones civiles en tránsito internacional constituye una escalada inaceptable que vulnera las normas que rigen el comportamiento de los Estados y pone en riesgo el funcionamiento del sistema marítimo global.

En ese sentido, los países firmantes señalaron que ninguna nación puede atribuirse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo internacional, ni utilizar los estrechos estratégicos como herramienta de presión política o geopolítica.

Como parte del pronunciamiento, exigieron la liberación inmediata del buque y de su tripulación, así como el cese de cualquier acción que atente contra la libre navegación en aguas internacionales, en un llamado directo a reducir la tensión en la zona.

El comunicado también incluyó un llamado a la comunidad internacional para rechazar de manera categórica este tipo de conductas y reafirmar el respeto a las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima a nivel global.

Los países reiteraron su plena solidaridad con Panamá, destacando su compromiso con la defensa del derecho internacional, la libertad de los mares y el respeto a las reglas que sostienen el orden jurídico global.

Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión en el Estrecho de Ormuz, donde recientemente el buque MSC Francesca, con bandera panameña, fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que el portacontenedores Euphoria fue atacado con disparos por embarcaciones no identificadas.

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, el MSC Francesca permanece fondeado bajo vigilancia iraní, mientras que el Euphoria logró desplazarse hasta Emiratos Árabes Unidos, donde se mantiene sin reportes de heridos, en un contexto de alta incertidumbre para la navegación comercial.

Las autoridades panameñas han activado canales diplomáticos y mantienen comunicación directa con los operadores de las naves, priorizando la seguridad de las tripulaciones y el seguimiento a los acontecimientos en coordinación con organismos internacionales.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural, lo que convierte cualquier incidente en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

En este contexto, el respaldo de la Alianza para el Desarrollo en Democracia introduce un componente regional en la crisis, al elevar el caso de Panamá a un plano diplomático más amplio y reforzar la presión internacional sobre el respeto a las normas marítimas.

El episodio evidencia la fragilidad de las rutas comerciales en escenarios de conflicto geopolítico, donde acciones unilaterales pueden alterar no solo la seguridad de las tripulaciones, sino también el equilibrio del comercio internacional.

Mientras se mantienen las gestiones diplomáticas, la situación en el Estrecho de Ormuz continúa bajo monitoreo, en un entorno donde la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y sus posibles repercusiones en la economía global.

Por el momento, la Dirección General de Marina Mercante de Panamá, hizo un llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas, o en su defecto, extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo protocolos internacionales.

La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una notable contracción en medio del aumento del costo del combustible. De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), actualmente circulan 30% menos unidades en comparación con los niveles habituales, con un impacto más marcado en los servicios interjurisdiccionales.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que analiza la evolución reciente del sistema de transporte público de pasajeros. Según el estudio, “la oferta de vehículos del autotransporte público de pasajeros del AMBA se contrajo un 30% respecto al nivel operativo regular”, aunque en algunos segmentos la caída es mayor.

En particular, el informe detalla que la reducción alcanza el 40% en los servicios que dependen del Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires. En contraste, los colectivos con recorrido exclusivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan una baja menor, del 5%, lo que modera parcialmente el promedio general.

El impacto del combustible y la reducción de la flota

El trabajo atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, señala el impacto del aumento del combustible, vinculado a la guerra en Irán. “El abrupto incremento en el costo del combustible motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA”, sostienen los autores del estudio.

Sin embargo, también advierten que existen elementos estructurales que explican la situación actual. En ese sentido, remarcan que la flota operativa ya venía reducida antes del último recorte de servicios. “La flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019”, lo que equivale a 2.359 unidades menos en circulación.

La discusión por subsidios y tarifas

El informe también pone el foco en la cuestión fiscal del sistema. Según los cálculos del IIEP, para sostener el nivel de servicio sería necesario incrementar los subsidios en aproximadamente $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que las compensaciones vigentes fueron definidas con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor actual de mercado supera los 2.100 pesos.

“Los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2.100”, indica el documento. Esa brecha explica parte de la presión financiera sobre el sistema y la reducción de la oferta.

El reparto de ese esfuerzo fiscal se distribuye entre distintos niveles de gobierno. Del total estimado, $7.595 millones corresponden al Estado nacional, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, el informe plantea que una alternativa para compensar el aumento de costos sería trasladarlo a las tarifas. “De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%”, señalan los autores, lo que se sumaría a los ajustes ya previstos en el esquema vigente.

Cómo evolucionaron las tarifas y los subsidios

El estudio también describe cómo se define el esquema tarifario en el transporte público. En la mayoría de los casos, las tarifas son competencia de los gobiernos locales, mientras que los servicios interjurisdiccionales dependen de la Nación y los que conectan municipios son regulados por la Provincia.

En paralelo, el informe incluye una comparación con la evolución de las tarifas en el interior del país. Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en febrero de 2024, se registró un incremento significativo en los boletos.

A marzo de 2026, el boleto promedio en el interior se ubica en $1.526. En el AMBA, en tanto, el boleto mínimo para los servicios entre la Ciudad y el conurbano es de $700, mientras que los recorridos exclusivos dentro de la Ciudad cuestan $715 y los del Gran Buenos Aires, $871. Por su parte, el boleto mínimo de trenes es de $280 y el de subte asciende a 1.414 pesos.

Medidas en valores constantes, las tarifas del AMBA se aproximan a los valores de 2019, mientras que en el interior del país se ubican un 45% por encima de ese nivel. Además, el informe señala que, en relación con los ingresos, el peso del transporte es mayor en varias provincias que en el área metropolitana.

Otro de los puntos que destaca el estudio es la evolución de los subsidios en los últimos años. Desde 2023, las compensaciones al transporte en el AMBA registran una caída del 34% en términos reales, en un contexto de aumentos tarifarios acumulados que oscilan entre el 1.200% y el 1.668%, según el tipo de servicio.

En este escenario, la combinación de mayores costos, menor nivel de subsidios y ajustes tarifarios configura un cuadro que impacta directamente en la cantidad de unidades disponibles en las calles. El informe concluye que, si bien el detonante reciente es el encarecimiento del combustible, la dinámica del sistema responde a una interacción entre factores coyunturales y estructurales que condicionan la oferta de transporte público en el AMBA.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que tiene pleno conocimiento de la situación que involucra a las naves “Euphoria” y “MSC Francesca”, ambas con bandera panameña, en medio de un entorno de inestabilidad creciente en Medio Oriente que ha elevado los riesgos para la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el comunicado oficial, el buque Euphoria fue objeto de disparos por parte de tres embarcaciones no identificadas a las 10:00 a.m. del miércoles 22 de abril, aunque no se reportaron heridos y la nave logró desplazarse hasta Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos, donde permanece fondeada.

En paralelo, el portacontenedores MSC Francesca fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ordenó su fondeo cerca de la costa iraní mientras transitaba por el estrecho, quedando a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales.

La AMP indicó que mantiene un canal de comunicación directo y permanente con los operadores y propietarios de las embarcaciones, a quienes está brindando apoyo conforme a su rol como Estado de abanderamiento, en línea con lo establecido en el derecho internacional marítimo.

La entidad enfatizó que su prioridad absoluta es la seguridad del buque y de la gente de mar, en un contexto donde la región ha experimentado un aumento significativo de incidentes que comprometen la seguridad de la navegación internacional.

Ante este escenario, la Dirección General de Marina Mercante reiteró un llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas, o en su defecto, a extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo protocolos internacionales.

La Cancillería de Panamá también se pronunció tras los incidentes, confirmando que se activaron los mecanismos diplomáticos correspondientes para dar seguimiento a la situación y garantizar la protección de la tripulación, en coordinación con organismos internacionales.

Según reportes internacionales, el MSC Francesca forma parte de un grupo de embarcaciones detenidas por fuerzas iraníes, en un contexto de represalias tras la incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos días antes, lo que ha intensificado la tensión en la zona.

Información de Reuters indica que uno de los buques interceptados habrían sido trasladados hacia el puerto de Bandar Abbas, con unos 40 tripulantes a bordo, quienes se encuentran bajo control iraní, aunque hasta el momento no se han reportado daños físicos.

En paralelo, fuentes citadas por esa agencia señalaron que los marineros se encuentran en condiciones estables, aunque con movilidad restringida dentro de la embarcación, mientras continúan las negociaciones entre las empresas operadoras y las autoridades iraníes.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más estratégicos del comercio global, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que convierte cualquier incidente en la zona en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

El incremento de la tensión ya ha tenido efectos en los mercados energéticos, con el precio del crudo Brent superando los $100 por barril, impulsado por la incertidumbre sobre la continuidad del flujo de exportaciones desde el Golfo Pérsico.

Para Panamá, como uno de los principales países de abanderamiento de buques en el mundo, estos eventos tienen una relevancia directa, ya que involucran a embarcaciones registradas bajo su bandera y ponen a prueba los mecanismos de protección y respuesta del Estado frente a crisis internacionales.

Las autoridades panameñas reiteraron que continuarán monitoreando de cerca la evolución de los incidentes y coordinando con organismos internacionales y autoridades diplomáticas, con el objetivo de lograr una pronta resolución y garantizar la seguridad de las tripulaciones.

El episodio refleja el nivel de vulnerabilidad de las rutas marítimas en contextos de conflicto geopolítico, donde decisiones militares y tensiones entre Estados pueden impactar directamente en la cadena global de suministros y el comercio internacional.

Mientras tanto, la navegación en el Estrecho de Ormuz sigue bajo presión, con operadores marítimos ajustando rutas y evaluando riesgos en una zona que, en cuestión de días, ha pasado de ser un corredor clave a un foco crítico de inestabilidad global.

Los países de la UE dieron el miércoles luz verde preliminar al desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros (105.702 millones de dólares) para Ucrania, y Hungría tiene 24 horas para dar su aprobación definitiva, según informaron diplomáticos.

Budapest ha declarado que está a la espera de que el petróleo llegue a través del oleoducto Druzhba después de que Kiev lo reparara tras una disputa que duró varios meses.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciase en la víspera la finalización de la reparación del tramo del oleoducto Druzhba -que abastece a Hungría- en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Viktor Orbán vinculaba ambos vetos.

Orbán, que el pasado 12 de abril perdió las elecciones frente al opositor Peter Magyar y dejará el poder tras dieciséis años al frente del Ejecutivo, se había comprometido en diciembre pasado con sus homólogos de la UE a aprobar el paquete de ayuda a Ucrania tras obtener garantías de que Budapest no tendría que participar del mismo.

Sin embargo, en vísperas de unos comicios a los que concurrió con la oposición a Ucrania como principal argumento de campaña, el líder ultraconservador dio marcha atrás y anunció que no aprobaría el préstamo hasta que Kiev reparase el oleoducto, algo que irritó a sus socios y a las instituciones comunitarias.

Magyar ya había anunciado tras su victoria que levantaría el veto a la ayuda, aunque finalmente no ha hecho falta esperar a que forme un Gobierno con plenas funciones.

En concreto, los embajadores europeos han aprobado la enmienda al Marco Financiero Plurianual que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados para financiar el préstamo, el último elemento que faltaba por aprobar para poner en marcha la ayuda.

A la espera de este visto bueno definitivo, el Ejecutivo comunitario ya había estado trabajando en la articulación de las mismas de modo que el primer desembolso a Kiev pueda producirse durante el segundo trimestre del año.

Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, anunció que los embajadores de los 27 Estados miembros del bloque habían acordado iniciar un “procedimiento escrito” para su aprobación final antes del jueves por la tarde.

Veto a las sanciones a Moscú

Junto a Eslovaquia, Hungría bloqueaba también el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, cuya propuesta inicial en febrero incluía vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a este país.

La Comisión Europea había propuesto originalmente estas medidas restrictivas el 6 de febrero, con el objetivo de que estuvieran acordadas de cara al cuarto aniversario del inicio de la invasión, para el que los líderes de las instituciones se desplazaron a Kiev el 24 de febrero, pero finalmente no fue posible por el veto de Budapest y Bratislava.

(con información de AFP y EFE)

La creciente influencia de factores geopolíticos y la mayor conflictividad internacional, expresada en escenarios bélicos, como la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la guerra en Medio Oriente desde el 28 de febrero pasado, revalorizaron el precio de los hidrocarburos y de los llamados minerales críticos, llevando a proyecciones positivas de exportaciones para la Argentina.

En la última semana, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) presentó un estudio que proyecta que en un escenario “moderado” la Argentina exportará petróleo y gas por valor de USD 17.741 millones hacia 2030 y por USD 22.382 millones hacia 2035, cifras que se elevan a USD 27.945 y USD 41.758 millones respectivamente en un escenario “expansivo”. Mejor aun, la barrera de los USD 40.000 millones podría alcanzarse ya en 2030 en un escenario “acelerado”.

Los conflictos geopolíticos y la guerra, dijo el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea, dieron pre-eminencia a dos factores a favor del potencial exportador de hidrocarburos de la Argentina, concentrado en Vaca Muerta: seguridad y diversificación de fuentes de suministro.

Los conflictos geopolíticos y la guerra dieron pre-eminencia a dos factores a favor del potencial exportador de hidrocarburos de la Argentina (Ormachea)

Además, según las más recientes proyecciones de comercio exterior del Banco Central las exportaciones mineras totales, de unos USD 6.000 millones en 2025, pasarán a USD 15.600 millones en 2030. Sumando sectores, como campo, agroindustria, automotor y petroquímico, las exportaciones totales rozarían los USD 150.000 millones hacia 2030, calculó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Un decenio de retroceso y otro de estancamiento

A la vez, en los últimos veinte años la Argentina registra, en números redondos, una caída del 40% en el número de empresas exportadoras: de cerca de 15.000 en 2006 a 9.000 en 2025. La caída fuerte se produjo de 2006 a 2015. Desde entonces, el número de exportadores apenas varió.

“En 2025 crecimos en cerca de 300, pero estamos en el mismo promedio desde 2016”, dijo a Infobae Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Otros datos compilados por la CERA muestran que casi 94% del valor exportado en 2024 provino de grandes empresas, mientras que las pymex (pequeñas y medianas exportadoras) si bien fueron más del 50% del total, explicaron solo el 6,3% del valor exportado, muy por detrás de la participación de las pymex en la canasta de los países desarrollados (35%) y también por detrás de la participación promedio de sus pares en países en desarrollo (11,6 por ciento).

Argentina registra 199 exportadoras por millón de habitantes, muy lejos de la proporción que registran países como Corea, Canadá, España y Estados Unidos, pero también bien por debajo de la que se observa en Uruguay, Chile y Perú.

Argentina registra 199 exportadoras por millón de habitantes, muy lejos de la proporción que registran países como Corea, Canadá, España y Estados Unidos, pero también bien por debajo de la que se observa en Uruguay, Chile y Perú

Una investigación de la CERA sobre el panorama del comercio mundial a un año del Liberation Day en que Donald Trump anunció en la Casa Blanca la imposición de “aranceles recíprocos”, generando una cadena de reacciones a nivel mundial, describió el “doble desafío exportador” de Argentina: un complejo escenario internacional, en el que uno de cada cinco dólares de las exportaciones globales enfrenta medidas restrictivas, al que suma tres principales “asignaturas pendientes”

• Un atraso “insostenible” en el pago de reintegros y recupero de IVA,
• La liquidación mandatoria de divisas, que configuran desigualdad ante la ley)
• La persistencia de derechos de exportación (DEX, o retenciones) que si bien en algunos casos bajaron en otros hubo incluso aumentos.

Seguridad revalorizada, comercio complejizado

Al igual que Ormachea, de la CEPH, el documento de la CERA, destaca que el comercio y la inversión mutaron de dar prioridad casi exclusiva a la eficiencia (precios) a una revalorización de la seguridad, en un contexto en el que los principales actores del comercio internacionales vuelvan recursos para impulsar a sus sectores productivos y atraer inversiones, con programas específicos y erigen nuevas barreras de acceso a sus mercados, como aranceles o cuotas, que se duplicaron en 2025, principalmente por la imposición de aranceles.

“Ya antes de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz teníamos un nivel de conflictividad superior a cualquier punto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, debido a una lucha por la dominancia en temas relativos a la Inteligencia Artificial y su cadena de valor: materiales y tecnologías críticas. Además, está el tema ambiental. Hoy, uno de cada cinco divisas de exportación mundial está sujeto a barreras”, dijo Landa.

Sin embargo, hay sectores, como hidrocarburos y minería, donde las proyecciones de exportación son muy importantes, le señaló este medio.

“Hay situaciones divergentes. En petróleo y gas, un desarrollo a partir de Vaca Muerta que se va a sostener en base a inversión y dentro de la ventana del RIGI, la exportación no está limitada, porque son recursos escasos. Lo mismo la minería en un contexto de guerra y complejidad. También el campo tuvo muy buenos resultados: gran volumen de exportación de materias primas, pese a caída de precios. Pero las exportaciones agroindustriales e industriales sufren el contexto de conflictividad. Y Argentina suma su sesgo anti-exportador, reflejado en la evolución del número de exportadores. En 2025 crecimos en cerca de 300, pero estamos en el mismo promedio desde 2016. Bajamos en forma constante el número de exportadores desde hace veinte años”, respondió el presidente de la CERA.

Sesgo anti-exportador

En el “combo de factores” del sesgo anti-exportador Landa anotó en primer lugar a los DEX o retenciones, casi inexistentes en el resto del mundo: “En algunos sectores industriales bajaron, pero no en la posición por la que se más se exporta, y hay complejos exportadores como la pesca, equivalente a cualquier otra economía regional, en que tampoco bajaron”.

Argentina suma su sesgo anti-exportador, reflejado en la evolución del número de exportadores. En 2025 crecimos en cerca de 300, pero estamos en el mismo promedio desde 2016 (Landa)

Otro factor es la liquidación mandatoria de divisas, un régimen que, dijo Marcelo Elizondo, presidente del capítulo argentino de la International Chamber of Commerce, "es una rareza argentina que no usa casi nadie en el mundo”.

Landa precisó que los exportadores locales están obligados a ingresar y liquidar el 100% de las divisas de exportación. “Los únicos países que tienen algo similar, pero no exigen liquidar el 100%, son Paquistán y Libia. Es una interferencia del Estado en la actividad privada y una discriminación, porque si se vende en el mercado interno en dólares el mismo bien, no hay obligación de liquidar. Es una desigualdad e impide a los exportadores disponer de sus divisas para importar equipos. Tiene que pedírselas al Estado. Si tiene que hacer un pago adelantado, no puede hacerlo. Debe conseguir financiación y pagar el costo”.

Por último, Landa refirió la existencia de normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para exportar sin impuestos indirectos, pues se cobran en destino: “No tiene sentido pagarlos en origen, pero nosotros cobramos IVA en la exportación. El Estado tiene dos regímenes para aplicar la normativa OMC: la devolución de impuestos indirectos vía reintegros y el recupero del IVA. Y acá hay un atraso creciente.

De hecho, los atrasos se extendieron a ocho meses: entre abril y diciembre del año pasado, mientras el valor de las exportaciones creció 28%, el de los reintegros disminuyó 10%, al equivalente a solo USD 89 millones en ese período. La anomalía se agudizó al inicio de este año y en febrero, como reportó Infobae, los principales estudios del país destacaron que los reintegros y devoluciones fueron nulos, contra $50.000 millones en febrero de 2025.

“En marzo devolvieron algo, pero sin compensar atrasos previos. Eso afecta a la cuenta económica del exportador y paradójicamente afecta más a los exportadores puros y de mayor valor agregado, una contradicción en sí misma”, concluyó el presidente de la Cámara de Exportadores.

Pese a la tregua alcanzada entre EEUU e Irán recientemente, el conflicto en Medio Oriente pone presión sobre los mercados energéticos y de insumos clave, lo que altera precios y costos de producción. Aunque esta situación genera luces y sombras para la Argentina, el impacto, tanto positivo como negativo, no es homogéneo a lo largo del país.

El efecto del actual escenario global varía según la región del país, ya que depende de factores como la demanda interna y la capacidad de producción local, elementos que pueden provocar un comportamiento diferente respecto a la tendencia internacional.

En este marco, el IERAL analizó de qué manera esta “nueva normalidad” incide sobre la economía en general y en las distintas provincias en particular.

Es importante tener en cuenta que la Argentina atravesó en los últimos años una transformación significativa, al punto de convertirse actualmente en exportador neto de petróleo. Por otra parte, las importaciones de gas se concentran en los meses invernales debido a factores estacionales.

En cuanto a los fertilizantes, cerca del 50% del consumo interno de urea se produce localmente, lo que implica que el impacto varía de manera clara según el sector.

En ese marco, en el primer trimestre del año, los precios internacionales de la energía e insumos clave registraron fuertes subas, aunque en la Argentina el traslado fue bastante menor: el petróleo aumentó un 55% a nivel global, mientras que el gasoil en el mercado interno subió un 31%, lo que marca una brecha de 24 puntos porcentuales.

Una dinámica similar se observó en el gas natural: en Europa los precios treparon un 52%, frente a un incremento del 27% en Argentina, con una diferencia de 25 puntos. En tanto, la urea registró un alza del 75% en el mercado internacional, contra un 54% en la Argentina.

Si bien hay provincias que tendrán una mejora substancial en términos económicos debido al aumento de los ingresos por la producción de gas y petróleo, otras se verán más afectadas debido al incremento de costos en base a sus estructuras productivas.

“Los ingresos por mayores cotizaciones del precio del petróleo (y por lo tanto de las exportaciones y de las regalías correspondientes) se concentrarán en Neuquén, seguida por la provincia de Chubut (en un tercer grupo de productores de petróleo encontraremos a Santa Cruz, Mendoza y Río Negro)“, señaló el IERAL.

En el caso del gas natural, los beneficios de mayores precios, actividad y regalías también estarán claramente concentrados en Neuquén debido a la localización de la producción.

En contraste, considerando el aumento de los costos asociado a la suba de precios de los tres productos analizados —aun cuando a nivel local los incrementos hayan sido menores que en el contexto internacional—, es posible identificar en el corto plazo los principales impactos regionales a partir del consumo anual de cada provincia.

“En el caso de los combustibles líquidos, observamos que el incremento del precio del gas oil generó una suba de costos productivos que supera ampliamente la dinámica de los principales cultivos, reduciendo los márgenes de rentabilidad existentes. Se destacan las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe por el uso de este combustible en las labores agrícolas", apuntó el informe.

Además, el aumento en el precio del gasoil eleva los costos logísticos del transporte por carretera, impactando con mayor intensidad en las regiones más alejadas de los puertos y sin acceso al transporte ferroviario. Entre ellas, se destacan el Nordeste Argentino y las provincias patagónicas.

En materia de consumo de gas natural, sobresalen la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, junto con Santa Fe, La Pampa y la región patagónica, impulsadas tanto por la demanda industrial como residencial, esta última fuertemente asociada al consumo estacional durante el invierno.

En un segundo nivel se ubican las provincias del Noroeste argentino, mientras que en tercer lugar aparecen las de Cuyo y la Región Centro. Por su parte, el NEA presenta niveles de consumo muy reducidos, debido a la falta de conexión a las principales redes de gasoductos del país.

Por último, el IERAL resaltó el impacto de la variación en el precio de los fertilizantes sobre la estructura de costos de los cultivos, con especial énfasis en el uso de urea. Esto ocurre aun cuando Argentina cuenta con cierta ventaja relativa frente a otros países gracias a su producción local.

Al analizar la intensidad en el uso de este fertilizante, se destacan las provincias que concentran la producción nacional de maíz y trigo —Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—. En un segundo plano aparecen Entre Ríos, donde también se emplea en la producción de arroz, y La Pampa.

“En todas estas provincias se repite el escenario de reducción de márgenes debido a que los precios internacionales no acompañan de igual manera esta suba de costos de insumos, aun cuando los incrementos locales sean menores a los registrados a nivel mundial”, explicó dicho centro de estudios.

Como reflexión final, el IERAL sostuvo: “Tal vez el impacto (y la oportunidad) más importante que plantea este escenario internacional no tiene que ver con el cambio de precios en el corto plazo sino con los procesos dinámicos a mediano plazo asociados al cambio estructural o proceso de inversión generado como consecuencia del ‘efecto multiplicador aguas abajo’ de la disponibilidad de gas abundante y a un precio doméstico competitivo (que hoy se sitúa sustancialmente por debajo de los niveles de competidores regionales como Brasil), actuando como incentivo a la radicación de industrias intensivas en energía”.

Cuál es el estado de situación

Ahora bien, Carlos Mendizábal, profesor del Instituto de Energía de la Universidad Austral, señaló que la escalada bélica en torno al Estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% del petróleo global, dejó de ser un episodio puntual para convertirse en un factor de disrupción estructural del sistema energético global.

El especialista relató que, como resultado del conflicto, que involucra a EEUU, Israel e Irán; hubo destrucción de infraestructura crítica, ataques a instalaciones y cierre de decenas de pozos en producción.

El efecto inmediato se tradujo en un shock de flujos. No obstante, lo significativo es que ese fenómeno pronto se transformó en algo más profundo: un shock de oferta.

“La imposibilidad de evacuar producción derivó en cierres de campos, pérdidas de producción y tensiones en toda la cadena. Cuando el problema deja de ser logístico y pasa a ser productivo, la recuperación ya no es inmediata y depende de factores técnicos, financieros y geopolíticos. Esto introduce una inercia en la crisis que puede extender sus efectos mucho más allá del conflicto puntual”, dijo Mendizábal.

Asimismo, indicó que “el sistema de refinación global tiene menos flexibilidad que en crisis anteriores, lo que amplifica los efectos sobre precios y disponibilidad”.

En este contexto, en el sector energético, descartan que los precios de los combustibles en los surtidores regresen a los niveles previos al conflicto. Esto se debe a que solo podrían retroceder si el precio internacional del petróleo descendiera de manera significativa, en torno a los USD 60 por barril, un escenario que hoy, por lo dicho, se percibe como poco probable.

El escenario económico regional de marzo estuvo marcado por una disparidad significativa en la evolución de los precios al consumidor, en un contexto global atravesado por la inestabilidad generada por la guerra en Medio Oriente. Según los datos oficiales relevados por los institutos de estadística de los diferentes países, la inflación se aceleró en algunos casos, pero mostró signos de estabilidad en otros.

Para dar cuenta de estas diferencias, Infobae analizó cómo se comportaron los precios en diez de las principales economías de América Latina. Los resultados muestran realidades muy diferentes en cada caso.

En el primer puesto del ranking regional de inflación se encuentra Venezuela. Según las mediciones del Banco Central de Venezuela, el país caribeño registró un 13,10% de inflación mensual en marzo. Esta cifra lo consolida como el caso más crítico de la región, acumulando en el primer trimestre de 2026 un alza de precios del 71,80%. La dinámica venezolana sigue operando en una escala completamente diferente a la de sus vecinos, manteniendo niveles de dos dígitos mensuales de manera persistente.

En segundo lugar se ubicó Argentina, que mantiene una tendencia que lo distancia de la mayoría de sus pares regionales. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación local de marzo fue de 3,4%, con lo que el acumulado del primer trimestre cerró en 9,40 por ciento.

Por debajo de Argentina, en el tercer lugar, se posicionó Perú. El Banco Central de Reserva del Perú informó para marzo una inflación de 2,38 por ciento. Si bien es una cifra considerablemente menor a la argentina, el acumulado trimestral peruano alcanzó el 3,19%, lo que refleja una presión sobre los precios que supera a la de otros países con metas de inflación más estables en la zona.

Es necesario considerar que el mundo entero sufrió de presiones externas sobre los precios durante este periodo. La persistencia del conflicto bélico en Medio Oriente generó una volatilidad constante en los mercados energéticos, provocando el encarecimiento del barril de crudo a nivel internacional. Este factor actuó como un motor de inflación importada para diversas economías, encareciendo los costos de logística, transporte y producción de bienes básicos. Sin embargo, la suba del petróleo no afectó a todos los países por igual, lo que queda en evidencia con los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada país, donde las estructuras energéticas y las políticas de subsidios de cada nación determinaron la magnitud del traspaso a los precios finales.

Chile ocupó el cuarto lugar del ranking con una variación mensual del 1% en marzo. Los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) muestran que el país trasandino acumuló en el primer trimestre un 1,40% de inflación. Este desempeño refleja un control relativo de las variables macroeconómicas a pesar de la exposición de su economía a los vaivenes de los precios de los combustibles importados.

En la quinta posición aparece Brasil, la economía más grande de la región. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge) reportó una inflación mensual de 0,88 por ciento. En lo que va del año, Brasil acumula un incremento del 1,92 por ciento. Los datos del país vecino muestran una resistencia mayor a las presiones externas, manteniendo sus indicadores dentro de rangos que permiten una previsibilidad financiera superior a la de los países que encabezan la lista.

Paraguay se ubicó en el sexto puesto con un registro del 0,80% en marzo, según el Banco Central del Paraguay. Su acumulado trimestral es idéntico al de Chile, situándose en el 1,40 por ciento. En séptimo lugar aparece Colombia, donde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística informó una variación del 0,78% para el mes de marzo, totalizando un 3,07% en el acumulado del primer trimestre, lo que marca una trayectoria de descenso gradual en comparación con períodos anteriores.

En la parte baja de la tabla, con variaciones mensuales inferiores al medio punto porcentual, se encuentran Uruguay, Ecuador y Bolivia. Uruguay registró un 0,41% mensual de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), con un acumulado trimestral de 1,68%. Por su parte, Ecuador, bajo la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentó una inflación del 0,12% en marzo y un acumulado de apenas 0,70% en los primeros tres meses de 2026, reafirmando la estabilidad de precios característica de su economía dolarizada.

Cerrando la lista se encuentra Bolivia, que presentó un fenómeno de deflación mensual. El Instituto Nacional de Estadística (Ine) boliviano reportó una variación de -0,34% para marzo. A pesar de este registro negativo en el mes, el acumulado trimestral se mantiene en terreno positivo con un 0,34%, siendo el indicador más bajo de toda la región analizada.

Como se puede observar, la brecha entre los países es amplia. Mientras Argentina y Venezuela lidian con desequilibrios que mantienen sus tasas mensuales por encima del 3%, la mayoría de las naciones sudamericanas han logrado procesar los choques externos, como el aumento del crudo, manteniendo sus variaciones mensuales por debajo del 1 por ciento. El dato de marzo en Argentina, aunque muestra una posición elevada en el ranking, es interpretado por las autoridades nacionales como parte de un “sendero de desaceleración” que permanece condicionado por factores internos y externos en la búsqueda de una convergencia definitiva hacia la estabilidad regional.

Estados Unidos no perdió la guerra con Irán. Pero tampoco pudo ganarla. Y ese matiz, en geopolítica, lo cambia todo.

La tentación de explicar este conflicto como un fracaso o una victoria es fuerte, pero equivocada. Lo que ocurrió entre Estados Unidos e Irán en estas semanas no encaja en esas categorías simples. No hubo colapso del régimen, como anticipaban en Washington. Tampoco hubo una derrota estratégica iraní. Lo que emergió fue algo más incómodo: una demostración concreta de los límites del poder y de la vigencia de la disuasión en el siglo XXI.

El punto de partida fue un error de cálculo. La administración de Donald Trump, junto al Pentágono, diseñó una operación con una premisa central: que un shock inicial suficientemente contundente podía desarticular al régimen iraní antes de que este reorganizara su capacidad de respuesta. La lógica era clara, incluso racional desde la superioridad militar estadounidense. Pero falló en lo esencial: la comprensión del adversario.

Irán no es un Estado convencional. Es una estructura político-militar diseñada para sobrevivir. La eliminación de cuadros de mando no genera parálisis, sino reemplazo. Las cadenas de sucesión están previstas. Las unidades operan con autonomía relativa. Y, sobre todo, existe una estrategia regional pensada para activarse en escenarios de guerra abierta.

Durante las primeras cinco semanas del conflicto, esto quedó en evidencia. Irán perdió líderes militares y figuras políticas relevantes, pero no colapsó. Resistió. Y en esa resistencia activó su principal activo estratégico: la red de aliados no estatales. Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y milicias en Irak comenzaron a operar como extensiones del poder iraní, ampliando el conflicto más allá de sus fronteras sin necesidad de una confrontación directa total.

Este punto es central: Irán no compite con Estados Unidos en términos de poder convencional. Compite en resiliencia, dispersión y capacidad de generar costos indirectos. Es una doctrina construida durante décadas.

Irán no necesitó ganar en el campo de batalla. Le alcanzó con demostrar que puede volver demasiado costosa cualquier victoria estadounidense.

El verdadero punto de inflexión no ocurrió en el campo de batalla, sino en la economía global. Entre la cuarta y quinta semana, la amenaza —y en algunos momentos la interrupción parcial— del tránsito en el Estrecho de Ormuz empezó a impactar de lleno en los mercados. El petróleo subió, pero no fue lo único: fertilizantes, aluminio y costos logísticos comenzaron a escalar. La incertidumbre energética se tradujo rápidamente en presión inflacionaria global.

El estrecho de Ormuz no es solo un paso geográfico. Es una válvula del sistema económico global. Y su vulnerabilidad transforma cualquier conflicto regional en una crisis internacional.

Ahí cambió la lógica de la guerra.

Lo que había sido concebido como una operación militar acotada empezó a transformarse en un problema político doméstico para la Casa Blanca. La doctrina “America First”, eje del discurso de Trump, entró en tensión con una guerra que empezaba a impactar en precios, mercados y expectativas económicas.

Las semanas avanzaron y la presión interna creció. Sectores del electorado republicano comenzaron a cuestionar el conflicto por desviarse de una agenda centrada en lo doméstico. Voces influyentes dentro del ecosistema mediático conservador amplificaron esas críticas. Las encuestas empezaron a mostrar un deterioro en las perspectivas del oficialismo de cara a las elecciones de medio término.

Trump quedó atrapado en una tensión clásica de poder: sostener la credibilidad externa o evitar un costo político interno creciente. Escalar implicaba riesgos económicos y militares. No escalar implicaba erosionar la disuasión. No había salida sin costo.

En paralelo, comenzaron a aparecer fisuras dentro del propio gobierno. El vicepresidente JD Vance, con una visión más alineada al nacionalismo estratégico, no emergió como un impulsor de la escalada sino como parte de una corriente que busca evitar guerras prolongadas sin beneficios claros. No se trata de moderación en términos clásicos, sino de cálculo político: maximizar poder sin quedar atrapado en conflictos abiertos.

Este elemento es clave para entender la decisión posterior de suspender el ultimátum. La suspensión no fue debilidad. Fue una admisión implícita: el costo de cumplir la amenaza empezaba a ser mayor que el costo de no hacerlo.

Estados Unidos no perdió capacidad militar. Perdió margen político.

Y ese es el verdadero límite del poder estadounidense hoy: no lo que no puede hacer, sino lo que ya no le conviene hacer.

En ese contexto, la diplomacia volvió al centro de la escena. Pakistán, Turquía y Qatar emergieron como mediadores clave. No es casual. Pakistán, en particular, ocupa un lugar singular: es el único país musulmán con armamento nuclear y mantiene canales abiertos tanto con Washington como con Teherán. Su rol como potencial sede de negociaciones en Islamabad refleja un intento de construir una salida que permita evitar una escalada mayor sin obligar a ninguna de las partes a una capitulación explícita.

Las posiciones en la mesa de negociación muestran la complejidad del escenario. Irán busca el reconocimiento de su derecho a un programa nuclear civil limitado, mantener capacidad de influencia sobre el estrecho de Ormuz y obtener algún tipo de compensación por los daños sufridos. Estados Unidos exige la normalización del tránsito marítimo y la eliminación verificable de cualquier capacidad nuclear con potencial militar.

El núcleo del problema sigue siendo el enriquecimiento de uranio. Es la frontera técnica y política entre uso civil y militar. Para que un acuerdo sea viable, Irán debería aceptar restricciones claras y un sistema de verificación robusto. Sin eso, cualquier entendimiento será percibido como insuficiente por Washington y sus aliados.

Ahora bien, incluso si se alcanza un acuerdo, el equilibrio regional ya cambió.

Irán salió golpeado en términos militares. Sus capacidades fueron degradadas, su infraestructura atacada y su red de mando tensionada. Pero no fue derrotado. Y en Medio Oriente, resistir es una forma de poder. La percepción de que pudo soportar la presión de Estados Unidos e Israel sin colapsar le otorga un capital simbólico que no es menor.

Para las monarquías del Golfo, especialmente Arabia Saudita, el mensaje es incómodo. Si Irán puede resistir un ataque directo, su capacidad de disuasión indirecta —a través de aliados y presión sobre rutas energéticas— sigue siendo relevante. Esto reconfigura los cálculos de seguridad en toda la región.

Israel enfrenta su propio dilema. Su objetivo estratégico es claro: debilitar de forma sostenida la capacidad militar iraní, especialmente en materia de misiles y proyección regional. Pero una escalada sin control puede sabotear cualquier proceso de negociación y arrastrar a la región a un conflicto más amplio. Por eso su comportamiento reciente combina presión militar con cierta contención táctica.

Estados Unidos, por su parte, queda en una posición ambigua pero conocida. Sigue siendo el actor dominante, pero el conflicto expuso límites en su capacidad para imponer resultados rápidos. Además, la gestión inicial generó tensiones con aliados tradicionales en Europa y Asia.

Europa, Japón y Corea del Sur no cuestionan el liderazgo estadounidense. Pero sí empiezan a cuestionar su previsibilidad.

En el plano interno, el costo político es ineludible. Trump enfrenta un escenario complejo: presión electoral, críticas dentro de su propia base y cuestionamientos sobre la conducción del conflicto. La posibilidad de cambios en el equipo de defensa no puede descartarse, especialmente si se busca reconstruir credibilidad institucional.

Sin embargo, reducir este episodio a sus consecuencias políticas internas sería un error. Lo que está en juego es más profundo.

Primero, la centralidad del estrecho de Ormuz como punto crítico del sistema internacional quedó nuevamente confirmada. No se trata solo de un corredor energético, sino de una herramienta de disuasión. La capacidad de interrumpir —o amenazar con interrumpir— ese flujo otorga a Irán un poder desproporcionado con relación a su peso económico.

Segundo, la guerra reafirmó la vigencia de la estrategia asimétrica. Irán demostró que puede absorber golpes significativos y seguir operando a través de redes, aliados y presión indirecta. Esto desafía las doctrinas tradicionales basadas en superioridad tecnológica.

Tercero, la política interna sigue siendo un condicionante central de la política exterior. Ninguna potencia puede sostener indefinidamente un conflicto que erosiona su base doméstica, especialmente en contextos electorales sensibles.

Cuarto, el conflicto evidenció las limitaciones de las soluciones rápidas en Medio Oriente. Las dinámicas regionales, atravesadas por rivalidades históricas, identidades y alianzas informales, resisten los intentos de resolución unilateral.

En el corto plazo, el escenario más probable es una negociación que congele el conflicto sin resolverlo completamente. Un alto el fuego informal, la reanudación del tránsito en Ormuz y algún tipo de acuerdo limitado sobre el programa nuclear iraní. No será una solución definitiva, pero puede ser suficiente para evitar una escalada mayor.

Irán no ganó. Estados Unidos tampoco. Pero ambos evitaron una derrota clara.

Y en ese equilibrio incómodo se define el nuevo mapa de poder en Medio Oriente: un orden donde la paz no es un estado, sino apenas el intervalo entre dos conflictos.

*Guido Feld es Magíster en Estudios Internacionales. Colaborador del Observatorio de Defensa y Seguridad Internacional (CEPI - UBA). Miembro del Comité de Medio Oriente del CARI

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, prevista por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el próximo martes, se produce en un contexto de renovada presión sobre los precios internacionales. Los datos oficiales de las principales economías del mundo y de la región ya reflejan un fenómeno de aceleración durante el tercer mes del año, impulsado fundamentalmente por el incremento en el costo de la energía y los combustibles a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

En la Argentina, la dinámica inflacionaria del primer bimestre de 2026 mostró una estabilidad relativa en niveles del 2,9% mensual tanto en enero como en febrero. Sin embargo, el quiebre de la tendencia descendente en los indicadores globales durante marzo establece un nuevo piso de expectativas para el dato local.

La evolución del mercado petrolero, marcada por la volatilidad en las rutas comerciales del estrecho de Ormuz y el vencimiento de los plazos diplomáticos entre las potencias, ha impactado de manera directa en las estructuras de costos de transporte y producción a escala mundial.

El escenario global

Las estadísticas oficiales de diversos países confirman que marzo fue un mes de reversión en la tendencia de desaceleración de los precios. Según los datos del Bureau of Labor Statistics (BLS), Estados Unidos registró un salto significativo en su inflación mensual, que pasó del 0,4% en febrero al 0,9% en marzo, llevando la cifra interanual al 3,3 por ciento. Este incremento estuvo traccionado en gran medida por el rubro energético, que reaccionó a las fluctuaciones del precio del crudo en el mercado de Texas.

En la región, el fenómeno fue similar. En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) notó un salto de 1% en marzo. México, por su parte, reportó a través del Inegi una inflación del 0,86% en el tercer mes del año, frente al 0,38% del segundo. Brasil también mostró una curva ascendente, con un avance del 0,88% en marzo según el IBGE, superando el 0,70% registrado en febrero.

Incluso en la Eurozona, donde las presiones suelen ser más rígidas, los datos preliminares de Eurostat proyectaon un incremento del 0,4% al 0,6 por ciento.

En el ámbito local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya ofreció un anticipo a través del Idecba, que reportó un IPC del 3,0% para marzo, lo que representa una aceleración respecto del 2,6% medido en febrero y una inflación acumulada interanual del 32,1 por ciento.

La suba del petróleo: la raíz de la volatilidad

El principal motor de la aceleración de precios ha sido el mercado de hidrocarburos. Durante marzo, el barril de crudo Brent, referencia para el mercado argentino, acumuló un incremento mensual del 63%, cerrando el mes en USD 118,35 por barril. Esta escalada respondió al conflicto militar directo que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán, sumado al cierre parcial del Estrecho de Ormuz.

Si bien un breve acuerdo de tregua entre Irán y Estados Unidos logró descomprimir los valores de manera transitoria —llevando al Brent a tocar los USD 95,53 y al WTI a los USD 91,55—, la incertidumbre sobre la durabilidad del alto el fuego provocó nuevos repuntes en las últimas horas. El jueves, el WTI volvió a superar el umbral de los 100 dólares durante las últimas ruedas de negociación, manteniendo la presión sobre los costos logísticos internacionales a pocos días de que el Indec cierre el cómputo de marzo.

El impacto en los surtidores: Argentina en el ranking global

El traslado de estos costos internacionales a los precios internos ha sido desigual. Según un relevamiento global de precios de combustibles realizado por Global Petrol Prices, la Argentina se ubicó en el puesto 24 entre 124 países en cuanto a la magnitud de los aumentos registrados desde el inicio de la guerra. Con una suba acumulada del 23,8% en las naftas, el país quedó por encima de vecinos como Chile (16,8%), Brasil (7,6%) y Paraguay (7,9%), aunque por debajo de Perú, que lideró la región con un incremento del 35,6%.

En comparación con economías desarrolladas, la suba en los surtidores argentinos fue menor a la de Estados Unidos, donde los combustibles escalaron un 31,1%, ubicando a la economía norteamericana en el puesto 13 del ranking global. En el extremo superior del listado aparecen países como Myanmar y Filipinas, con alzas que superaron el 70% en el mismo periodo.

Para la economía argentina, el peso de los combustibles es central debido a su efecto multiplicador. Un incremento en el precio de la nafta y el gasoil impacta no solo de forma directa en el rubro de Transporte del IPC, sino también de manera indirecta en el precio de los alimentos y bienes de consumo masivo por el costo de los fletes.

Medidas de contención

Ante la posibilidad de que la escalada internacional impactara con mayor fuerza en el índice de marzo y abril, las empresas del sector energético en la Argentina implementaron mecanismos de estabilización. Por iniciativa propia y ante una merma sensible en el consumo interno —especialmente en el interior del país, donde el litro de nafta súper superó los $2000—, las principales compañías acordaron un esquema de “amortiguador” de precios.

Este acuerdo involucra a productoras como Tecpetrol y Pluspetrol, refinadoras como Raízen y Trafigura, e integradas como YPF y PAE (Axion). El mecanismo establece que los precios en los surtidores se mantendrán estables por un periodo de 45 días desde el 1 de abril. Para lograr esto, las empresas acordaron utilizar el valor del crudo de marzo como referencia para sus transacciones internas, acumulando la diferencia con el precio internacional en una cuenta compensadora.

Desde YPF señalaron que la petrolera estatal, que concentra más del 50% del mercado, ha trasladado hasta el momento solo un tercio del aumento del Brent al consumidor final. Según explicaron directivos de la compañía, la estrategia busca evitar la especulación y proteger el mercado interno en un contexto donde el 30% del crudo refinado se adquiere a terceros.

Complementariamente, el Gobierno resolvió postergar a fines de marzo la actualización prevista de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para el mes de abril. Esta decisión fiscal se fundamentó específicamente en la necesidad de mitigar el impacto de la tensión energética global derivada de la guerra.

Qué mostrará el IPC de marzo

El dato que el Indec difundirá el próximo martes será el primer registro oficial que refleje el impacto pleno del shock energético de marzo sobre la economía doméstica. Tras el 2,9% mensual registrado en enero y febrero, el mercado analiza si las medidas de contención —como la postergación de impuestos y el amortiguador de las petroleras— fueron suficientes para disociar la tendencia local de la aceleración observada en Estados Unidos, Brasil y Chile.

Como anticipo, se puede recordar que los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectaron una inflación del 3% en marzo. De cumplirse este pronóstico, el ICP habrá aumentado sólo 0,1 puntos porcentuales respecto al mes previo.

Lo que sí está claro, es que la persistencia de la volatilidad en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la durabilidad de las treguas mantienen el precio del petróleo en niveles elevados. Con una infraestructura energética global dañada por el conflicto, los analistas advierten que, incluso si las hostilidades cesan, los costos logísticos podrían no retornar a los niveles previos de manera inmediata.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigilia en la Basílica de San Pedro, donde pronunció uno de los discursos más directos y severos contra la guerra y la ostentación de poder en la historia reciente del Vaticano.

Durante la ceremonia, el pontífice reclamó: “¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra!”, situando su llamado en el centro de la agenda global, en momentos de alta tensión entre Estados Unidos e Irán y con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo.

En su homilía, León XIV exigió abandonar las justificaciones materiales y personales de los enfrentamientos y subrayó: “La verdadera fuerza se muestra en servir a la vida”.

La intervención tuvo lugar el mismo día que representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieron negociaciones directas en Pakistán, en medio de un frágil alto el fuego.

A lo largo de su discurso, el papa advirtió sobre las consecuencias de la arrogancia y la idolatría, sosteniendo: “La guerra divide; la esperanza une. La arrogancia aplasta a los demás; el amor eleva. La idolatría nos ciega; el Dios vivo nos ilumina”.

Ante los fieles, insistió en que el mundo atraviesa una “hora dramática”, pero afirmó: “Basta una simple migaja de fe para atravesar juntos este momento como humanidad y junto a la humanidad”.

El papa aseguró que a través de la oración, las posibilidades humanas se combinan con las posibilidades infinitas de Dios, invitando a los creyentes a un compromiso activo por la paz.

En su mensaje, León XIV también remarcó el valor de la oración como herramienta de acción y transformación social. El pontífice explicó: “La oración no es un refugio para huir de nuestras responsabilidades ni un anestésico frente al dolor que provoca tanta injusticia. Es la respuesta más desinteresada, universal y transformadora frente a la muerte”.

Aunque León XIV no mencionó de forma explícita ni a Estados Unidos ni al presidente Donald Trump, su discurso estuvo dirigido a los líderes políticos responsables de la escalada bélica y del uso de la fe en la retórica de guerra.

El mensaje del papa coincidió con otros hechos clave en el escenario internacional. Israel atacó más de 200 objetivos asociados a Hezbollah en el Líbano, en una jornada marcada por la incertidumbre y por la crisis energética derivada de la confrontación en Medio Oriente.

El contexto acentuó el peso de las palabras de León XIV, que se sumaron a una serie de gestos diplomáticos y pastorales para promover el diálogo.

En paralelo a su llamado a la paz, León XIV ultima detalles para una gira de once días que lo llevará a visitar Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El viaje, que inicia el lunes y culmina el 23 de abril, constituye la primera gran salida internacional del pontífice estadounidense desde su elección. El itinerario incluye 18.000 kilómetros de desplazamiento, once discursos, siete misas y encuentros con líderes políticos y religiosos de la región.

La agenda del papa en Argelia prevé una visita a la Gran Mezquita de Argel y un encuentro con el presidente Abdelmadjid Tebboune.

Además, participará en ceremonias en honor a religiosos asesinados durante la guerra civil de los años noventa y se reunirá con la orden agustiniana en Annaba, antigua residencia de San Agustín.

El arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, definió la llegada del sumo pontífice como la de “un hermano que viene a visitar a sus hermanos”.

En cada país de la gira, León XIV abordará temas como el diálogo interreligioso, la paz, la desigualdad y los derechos humanos, en un contexto donde la convivencia entre el cristianismo y el islam presenta desafíos históricos. Esta será la tercera vez que el papa viaja fuera de Italia, luego de sus visitas a Turquía, Líbano y Mónaco.

(Con información de AP y AFP)

El crudo cayó casi 15% en un solo día. El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán alivió la tensión en los mercados globales, y México —país petrolero y exportador— no puede ignorar lo que eso implica para sus finanzas públicas.

La tregua que sacudió los precios del petróleo

Este miércoles, el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a que Teherán reabra de forma inmediata el estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde transita cerca del 20% del suministro diario mundial de petróleo, según reportó Reuters.

La reacción de los mercados fue inmediata. El petróleo Brent, de referencia local cayó más de 12%, para operar alrededor de los 93.49 dólares, mientras que el WTI —referencia estadounidense— retrocedió 16.7%, hasta los 94.05 dólares. La Jornada reportó caídas de hasta 14.89% para el WTI, que llegó a operar en 96.06 dólares.

En apenas horas, el petróleo borró semanas de escalada provocada por el conflicto.

El estrecho de Ormuz: la llave que mueve al mundo

Para entender la magnitud del movimiento, hay que mirar el mapa. El estrecho de Ormuz es un paso de apenas 33 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, y por él fluyen entre 10 y 13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados, según el analista Tamas Varga de la correduría PVM Oil, citado por Reuters.

Cuando Trump amenazó con bombardear Irán si no se reabrían las rutas marítimas, los precios del petróleo se dispararon. La distensión llegó tras una mediación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que abrió la puerta a la negociación. En respuesta, el canciller iraní Abbas Araqchi emitió un comunicado oficial desde Teherán en el que declaró: si cesan los ataques contra Irán, las fuerzas armadas iraníes suspenderán sus operaciones defensivas. Además, confirmó que durante un periodo de dos semanas se permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz, en coordinación con las fuerzas armadas de Irán. Con ese anuncio, los precios del crudo se desplomaron con la misma velocidad con la que habían subido.

México y el petróleo barato: ¿Buena o mala noticia?

Aquí es donde el tema aterriza en casa. México es un país productor y exportador de petróleo a través de Pemex, cuyas finanzas dependen directamente del precio del crudo. Cuando el barril baja, los ingresos del gobierno también bajan.

El presupuesto federal mexicano para 2026 fue calculado con un precio de referencia para la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) que ya enfrentaba presión. Una caída sostenida por debajo de los 100 dólares podría generar un boquete fiscal significativo, justo en un momento en que el gobierno necesita recursos para infraestructura y programas sociales.

Sin embargo, hay una cara positiva para los consumidores: los energéticos se abaratan. En Estados Unidos, la gasolina cayó 8.57% en un día, según La Jornada. Aunque en México los precios de la gasolina no fluctúan de forma inmediata con el mercado internacional, la tendencia global a la baja reduce presiones inflacionarias.

El peso se fortaleció, las bolsas asiáticas rebotaron

La señal de alivio se sintió en múltiples frentes. El peso mexicano se apreció 0.93%, para operar alrededor de 17.54 unidades por dólar, reportó La Jornada. En Asia, el Nikkei japonés subió 4.84% y el Kospi coreano avanzó 6.42%. Los futuros de Wall Street operaban con ganancias promedio de 2.5%.

El oro subió 2.68%, la plata aceleró su avance y el bitcoin tocó los 72,200 dólares: señales clásicas de un mercado que respira tras semanas de tensión extrema.

La incertidumbre no desaparece

Ni Reuters ni los mercados cantan victoria. Irán dejó claro que el alto el fuego no significa el fin de la guerra, y analistas advierten que la estabilidad depende de si la tregua deriva en negociaciones permanentes. La volatilidad, anticipan, continuará.

Para México, la pregunta es la misma de siempre ante cualquier sacudida geopolítica: ¿Cuánto dura el alivio y qué tan profundo será el golpe si la tensión regresa?

El precio del crudo registró una fuerte caída durante las primeras operaciones inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán.

El petróleo Brent, de referencia local, cayó más de 12% en el mercado de futuros y se está vendiendo a un valor de USD 95,53, muy lejos del pico de 118,35 dólares.

Por su parte, el contrato de futuros del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo se situaba esta noche en 91,55 dólares por barril, lo que representa una baja de 19 por ciento.

La decisión de Trump se comunicó poco antes de que expirara el plazo fijado por la administración estadounidense para que Irán garantizara la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

“Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en las redes sociales. “Este será un alto el fuego recíproco”, afirmó.

El freno a la escalada del crudo

La reacción del mercado fue inmediata porque el anuncio desactivó, al menos de manera transitoria, uno de los principales factores que venían sosteniendo la escalada del crudo: el riesgo de una interrupción prolongada del suministro desde Medio Oriente. En las últimas semanas, la tensión geopolítica había empujado al barril a niveles que no se veían desde 2022, con fuertes subas tanto en el Brent como en el WTI.

Durante marzo, el Brent había acumulado un incremento mensual de 63% y cerró ese mes en USD 118,35 por barril, en medio del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán y del cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Solo en la última rueda de marzo, el contrato para entrega en mayo avanzó cerca de 5%, consolidando un salto que lo llevó a superar nuevamente la barrera de los 100 dólares.

Ese movimiento respondió al temor de una restricción sobre una de las rutas más sensibles para el comercio energético global. El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Por eso, cualquier amenaza sobre la navegación en esa zona suele trasladarse casi de inmediato a los precios internacionales.

La presión alcista se mantuvo en los primeros días de abril. Este martes, antes de conocerse el anuncio de Trump, el Brent llegó a operar en torno a los USD 111 por barril durante la apertura de los mercados europeos, con una suba superior al 1% en las primeras horas de la rueda. Ese avance se dio mientras los inversores seguían de cerca el vencimiento del ultimátum de la Casa Blanca a Irán y evaluaban la posibilidad de una nueva escalada militar si no se restablecía plenamente el tránsito marítimo en Ormuz.

Más tarde, ya cerca del cierre de la jornada en Europa, el mismo contrato moderó el alza y pasó a mostrar una variación mínima. Hacia las 21.00 horas de este martes, el Brent se negociaba en la zona de los USD 108 por barril, con una suba de apenas 0,15%, reflejo de la cautela del mercado a la espera de una definición política. Esa dinámica dejó en evidencia la elevada volatilidad de las últimas ruedas, con oscilaciones amplias dentro de una misma jornada a medida que se sucedían las señales diplomáticas y militares.

El giro llegó cuando Trump comunicó la suspensión de los ataques y la apertura de una ventana de negociación de dos semanas. La posibilidad de evitar, al menos en lo inmediato, una ofensiva directa de mayor escala contra Irán redujo la prima de riesgo geopolítico que se había incorporado al barril en las últimas semanas.

En ese contexto, el derrumbe del WTI por debajo de los USD 100 marcó un cambio brusco respecto de la tendencia que dominó desde fines de febrero. El mercado venía descontando escenarios de mayor disrupción sobre la oferta global, especialmente por el peso que tiene Medio Oriente en la producción y exportación de crudo. El solo hecho de que se alejara la posibilidad de una interrupción más severa en el tránsito marítimo bastó para disparar una toma de ganancias en los contratos.

La caída también funcionó como una corrección frente a una suba que había sido muy pronunciada en poco tiempo. En apenas un mes, el Brent había escalado más de 60%, y en las últimas jornadas se había mantenido por encima de los USD 100 en un escenario de fuerte sensibilidad a cualquier novedad proveniente de Washington, Teherán o del frente militar en la región. Con ese antecedente, cualquier señal de distensión tenía margen para provocar un ajuste abrupto.

La columna de Andrei Serbin Pont en Infobae al Regreso abordó la reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras las advertencias de Donald Trump luego de la muerte de Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Serbin Pont describió la capacidad de Estados Unidos para llevar adelante bombardeos con un costo reducido: “Vos ahora podés hacer un bombardeo como con B-52 lanzando miles y miles de toneladas de explosivos sobre diferentes objetivos sin tener que estar gastando misiles cruceros caros, bombas guiadas caras, que ha sido parte de la discusión sobre lo costoso de este conflicto”.

A pesar de esta ventaja operativa, el especialista advirtió: “Hoy ninguna de esas se está cumpliendo”, en alusión a los objetivos estratégicos occidentales de neutralizar a Irán como amenaza convencional y nuclear o impedir que afecte el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Israel intensifican los bombardeos, pero Irán mantiene su capacidad de respuesta

El especialista destacó que, aunque Estados Unidos y Israel han incrementado la presión aérea, los resultados materiales no han sido decisivos. “Estados Unidos opera de forma casi impune sobre espacio aéreo iraní”, subrayó Serbin Pont, pero reconoció la dificultad de alcanzar una victoria estratégica. La operación de rescate de la tripulación de un F-15 derribado sobre Irán fue “brillante en términos de la recuperación”, aunque implicó “la pérdida de un montón de material” por parte de los norteamericanos.

Según detalló el analista, el incidente involucró la caída del caza cerca de Isfahán, a escasos 70 kilómetros de una central nuclear iraní. “Lograron establecer una base de avanzada dentro del territorio iraní”, explicó, pero en el proceso se destruyeron dos aviones de transporte, helicópteros, el propio F-15 y drones. “En términos humanos, no tuvieron pérdida de vidas los norteamericanos, pero en términos materiales perdieron un montón de material esta semana”, remarcó. A esto se suman los ataques iraníes a aviones de alto valor estratégico en bases estadounidenses del Golfo.

El desgaste logístico también afecta la reposición de equipos: “Vos querés reemplazar un E-3 y esos E-3 no se fabrican hace décadas. No vas a poder reemplazarlo hasta que no entre el reemplazo en serviciomen 2028”, ilustró Serbin Pont.

La infraestructura subterránea iraní pone en jaque a la inteligencia occidental

La discusión sobre el verdadero alcance del daño a la capacidad militar iraní expuso la dificultad de los aliados occidentales para eliminar el arsenal enemigo. “Trump dijo 80% de los misiles balísticos destruidos. Después Israel dijo: ‘Bueno, quizás un 50%’. Después el número fue: ‘Bueno, una tercera parte fueron destruidos y otra tercera parte no pueden usarse porque quedaron enterrados en los túneles’”, relató Serbin Pont. Sin embargo, aclaró que los misiles “son recuperables” y que Irán conserva la capacidad de lanzar ataques.

La clave, según el analista, radica en la preparación de Irán para resistir largos períodos de hostilidades: “Es un país que lleva 50 años preparándose para esta guerra. Esos túneles le permiten guardar ese material y poder destruir esos túneles es increíblemente difícil”. El ejército estadounidense e israelí solo logra afectar accesos y salidas, pero “eso es algo reparable”, afirmó.

Fuerzas especiales israelíes y estadounidenses operan en territorio iraní

La operación de rescate de la tripulación del F-15 derribado reveló la penetración de comandos israelíes en Irán, un dato que sorprendió a los conductores del programa. “Las fuerzas especiales de Israel no entraron y salieron en helicóptero y en avión de Estados Unidos. Ya estaban en el terreno”, aseguró Serbin Pont, señalando un nivel de infiltración que remite a tácticas utilizadas durante la guerra del Golfo en 1991.

A pesar de la experiencia de operaciones previas, la infraestructura defensiva iraní representa un desafío superior. “La infraestructura defensiva que tiene Irán es muy superior a la que tenía Irak en ese momento”, concluyó el analista.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Abril inició con un entorno internacional adverso que coloca a México en una posición de alta presión. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha elevado los precios del petróleo, mientras que el expresidente Donald Trump perfila un gabinete con posturas más duras.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta, según especialistas, uno de los momentos más determinantes de su administración. Así lo señalaron el analista Javier Tello y el internacionalista Carlos Bravo en entrevista con N+ FORO, donde delinearon los principales retos que marcarán el rumbo del país en las próximas semanas.

Un nuevo canciller para un mundo post-2016

El primer movimiento de abril fue el cambio en la Cancillería. La llegada de Roberto Velasco en lugar de Juan Ramón de la Fuente no fue, según los analistas, un ajuste menor. Es una señal de hacia dónde apunta Sheinbaum sus prioridades.

Para Javier Tello, Velasco tiene exactamente lo que el momento exige: es especialista en Norteamérica, tiene interlocución directa con Estados Unidos y se formó políticamente en el mundo post-2016, es decir, en la era Trump. “Es alguien que se ha forjado al calor de este nuevo mundo”, afirmó.

Su juventud, lejos de ser una debilidad, podría traducirse en mayor energía y más apetito por demostrar resultados. El analista lo describió además como una figura ecuánime, elocuente y capaz de escuchar, cualidades que en la diplomacia pesan tanto como el conocimiento técnico.

La gran incógnita, sin embargo, sigue abierta: ¿Qué tan buena mancuerna hará con Marco Rubio y el equipo del Departamento de Estado? Esa pregunta, admitieron los analistas, solo el tiempo la responderá.

Todo se filtra por Trump

El diagnóstico de Tello fue contundente: cualquier tema que enfrente México en los próximos tres años —seguridad, comercio, migración, energía— pasa inevitablemente por el prisma de Washington. Por eso la apuesta por Velasco cobra sentido: necesita hacer equipo con Marcelo Ebrard en lo comercial y con García Harfuch en seguridad, los otros dos pesos pesados del gabinete con agenda bilateral directa.

Pero hay un problema de fondo: México no puede controlar a Trump. Lo que sí puede controlar, advirtieron los analistas, es su propio frente interno.

El verdadero riesgo: un sexenio sin crecimiento

Aquí está el núcleo más crítico del análisis. Para Javier Tello, la decisión más importante que enfrenta Sheinbaum en abril no es diplomática sino económica: detonar el crecimiento.

La inversión que México necesita para crecer no ha llegado. Y el tiempo no es neutral: “Si no se resuelve pronto, se le va a ir el sexenio completo sin crecimiento”, advirtió. Doce años de crecimiento nulo o mínimo —sumando el sexenio anterior— serían, en sus palabras, “muy, muy costosos” no solo para el país, sino para el propio proyecto político de Morena.

Trump también tiene su dilema de abril

Del otro lado de la frontera, el panorama tampoco es sencillo. Con los precios del petróleo 40 por ciento por encima de los niveles previos al conflicto con Irán, la presión inflacionaria en Estados Unidos crece y la popularidad de Trump cae.

Carlos Bravo fue contundente: Trump no puede ganar en Irán y en las elecciones intermedias al mismo tiempo. Tendrá que elegir a qué le da prioridad, y esa decisión —la de un presidente que no está acostumbrado a reconocer costos de oportunidad— definirá el clima bilateral que Sheinbaum deberá navegar en los meses que siguen.

Se les llenaron los ojos de lágrimas y nadie se pudo enterar del contenido de la carta.

Esa carta había sido enviada por una mujer al colegio Euskal Echea de Llavallol, provincia de Buenos Aires. Esa institución recibía cartas de la comunidad educativa y las enviaba a las Malvinas.

El que rescató la carta de una bolsa enorme de Encotel (Empresa de Correos y Telecomunicaciones) fue el soldado clase 1963 Marcelo Lapajufker quien llegó a las Malvinas pocos días antes de cumplir los 19 años. “Lapa” como le dicen todos, estuvo en el programa conducido por Pergolini junto a otro Veterano de la Guerra de Malvinas, José Cruz.

Lapajufker contó que esa carta, abandonada y rescatada por él, no tenía destinatario. Pero cuando llegó al continente luego de la guerra tejió una historia que combinaba su infancia cuando pasaba por la puerta del imponente Euskal Echea de Llavallol. Al ver que provenía de ese colegio, se la “adjudicó” en su mente a un soldado clase 1962 que había muerto en combate y que había estudiado allí.

El nombre del soldado es Ignacio María Indino y murió el 11 de junio de 1982. Era el estafeta de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10 donde revistaron tanto Lapajufker como Indino. “No lo conocí -cuenta Lapa- supe que murió en Moody Brook y que había estudiado en el Euskal Echea y decidí que esa carta era un homenaje para él”.

Lapajufker, que jamás disparó un tiro con su fusil, compartió pozo en Puerto Argentino en condiciones infrahumanas con otros tres soldados quienes desde 1982 pasaron a ser “hermanos”. Marcelo Bruno, Sergio Grabchuk y Ricardo Deutsch padecieron juntos el frío, el agua, el hambre, pero volvieron al continente. Lapa pasó 71 días en Malvinas de los cuales seis fue en condición de prisionero luego de la rendición Argentina. “Bajé 14 kilos, se me congelaron los pies y las manos y tuve enormes problemas digestivos. Pero con huevos, la fuerza de las cartas y mis hermanos de toda la vida, sobrevivimos”.

De su paso por Malvinas, Lapajufker atesora 187 cartas. Unas 40 fueron para soldados sin nombre. El resto las recibió de amigos, familiares, vecinos y conocidos que le daban aliento. Las conservó en bolsas de plásticos porque todo el tiempo estaban empapados en Malvinas y no quería permitir que la tinta cayera en el olvido.

La carta que no pudo leer Pergolini y las otras 186 estuvieron a punto de quedar en manos del enemigo. Es que en el momento de la rendición en el campo de desarme, a Lapajufker le quitaron todo: su fusil, las municiones, la bayoneta y la corredera le palparon sus bolsillos y allí estaban amontonadas las palabras que habían llegado desde el continente.

Lapajufker relata que: “El soldado inglés que hablaba español me preguntó qué eran esas cartas. Y yo le dije que eran cartas que me permitían saber mi nombre, porque lo había olvidado durante la guerra. Le dije que ya no sabía cómo me llamaba y que en los sobres decía quién soy. Y me las volvió a poner en el bolsillo del pantalón de combate”.

La carta que había llegado a Malvinas a través del Euskal Echea fue enviada por Delia de Dubilet, quien por entonces era abuela. Y de ello habla en la carta que dice así:

“Querido soldadito: perdona que te diga así, pero vos podés ser mi nieto (tengo uno de 17 años). Yo no soy alumna de este colegio, sino que soy la abuela de cuatro nietos que concurren al Euskal Echea, uno de 14 años, que está en 2 año y tres nenas, una en 5 grado otra en 4 y otra en 1 todos han escrito cartas, agradeciéndoles mucho lo que estás haciendo por todos nosotros arriesgando tu preciosa vida, para defender a “Nuestra Queridísima Patria” del vil invasor. Pero si Dios quiere y la Virgen del Rosario los llevaran a la VICTORIA final, ya que las cosas justas siempre triunfan. Me gustaría un día conocerte para poder abrazar a un héroe. Estamos todos los argentinos muy orgullosos de tener tan grandes patriotas como son Uds. Adelante con todo nuestro valor y hasta la victoria final. “Viva la patria”. Te mando un gran abrazo. Delia de Dubilet”.

Esa carta que emocionó a Pergolini fue conservada por Lapajufker y ofrendada en homenaje a Ignacio María Indino. El soldado que no volvió de Malvinas jamás tuvo que haber ido a la guerra porque era hijo de madre viuda y esa era una causal para no hacer el Servicio Militar Obligatorio, más conocido como “colimba”. Pero quiso ir y allí murió.

Lapajufker, casado, dos hijos, hincha de Independiente, se dedica a contar su experiencia en Malvinas y luego de volver del campo de batalla. También acompañó a Aurelia, la madre de Indino en el momento en el que le comunicaron oficialmente que los restos de su hijo habían sido identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Habían sido hallados en una tumba del Cenotafio de Darwin destinada a un “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

Lapajufker e Indino no se conocieron. Pero quedaron emparentados para siempre a partir de una carta breve, bella, emotiva, rescatada de las manos del enemigo y que no pudo ser leída por Pergolini.

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya tiene definido el escenario para su regreso al ring, incluso en medio de la tensión internacional en Medio Oriente. Tras su derrota frente a Terence Crawford y la posterior operación en el codo derecho, el pugilista jalisciense alista su vuelta con la intención de cerrar su trayectoria con dignidad.

Luego de perder los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB, el tapatío de 35 años busca reencontrarse con la victoria. Su retorno está contemplado dentro del acuerdo firmado con el promotor saudí Turki Alalshikh, quien lo vinculó a una serie de combates bajo la marca Riyadh Season.

Hasta ahora, Álvarez ha disputado dos de las peleas estipuladas: una ante William Scull en mayo de 2025 y otra frente a Crawford en septiembre del mismo año. El tercer compromiso ya tiene fecha: 12 de septiembre, nuevamente en Arabia Saudita, pese al conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos.

Aunque en semanas recientes se manejó la posibilidad de cambiar la sede del evento denominado “Mexicanos contra el mundo”, el propio Alalshikh descartó cualquier modificación y ratificó la realización en territorio árabe.

“Sí, estoy muy ocupado con otras cosas. Gracias a Dios mi país está seguro y estamos bien, incluso estando cerca de una guerra. Gracias por preguntar. Todos los días llegan misiles y drones. Estamos cerrando a Canelo para Riyadh Season en septiembre”, expresó el promotor.

La ciudad de Riad volvería a ser el punto de encuentro para el combate, tal como ocurrió en la presentación anterior del mexicano, cuando venció a William Scull. El contrato firmado contempla al menos cuatro enfrentamientos, con opción a uno adicional, los cuales podrían extenderse hasta 2027.

En cuanto al rival, el nombre que toma mayor fuerza es el del invicto camerunés con nacionalidad francesa y canadiense Christian Mbilli. Aunque el Consejo Mundial de Boxeo ya dio luz verde al enfrentamiento, aún restan detalles para oficializar el anuncio.

Otra opción considerada fue el guatemalteco Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras. Sin embargo, las negociaciones con Mbilli avanzan de manera significativa, por lo que se espera que en breve se haga oficial el combate que marcaría el retorno de Canelo Álvarez.

El futbolista mexicano Julián Quiñones, delantero del Al Qadsiah en Arabia Saudita, atraviesa un momento personal marcado por la incertidumbre derivada del conflicto armado en Medio Oriente, una situación que ha modificado la vida cotidiana en la región y ha obligado a miles de personas a desplazarse.

Aunque el entorno donde reside no ha registrado incidentes directos, el propio jugador reconoció que la tensión generada por el contexto internacional lo llevó a tomar decisiones importantes en su vida personal. En entrevista con TUDN, el seleccionado nacional explicó que optó por poner a salvo a su familia, enviándola fuera del país mientras se mantiene activo con su equipo.

“Sí, al principio sí (tenía miedo) porque estaba mi familia conmigo. Era un temor de no saber, uno solo corre para donde sea, pero con la familia es muy complicado”, declaró el atacante, al recordar los primeros momentos en los que la situación generó preocupación en su entorno cercano.

El delantero detalló que, ante la incertidumbre, decidió que su esposa y su hija dejaran Arabia Saudita, priorizando su seguridad ante cualquier eventualidad. Desde entonces, Quiñones permanece solo en la ciudad donde milita, concentrado en su carrera profesional mientras sigue atento a la evolución del conflicto.

“Ahora me tocó sacar a mi familia, estoy solo allá, pero hasta el momento no ha pasado nada fuera de lo normal en el lugar donde estoy y eso me tiene mucha tranquilidad”, añadió, dejando claro que, aunque existe calma en su zona, la decisión respondió a un escenario preventivo.

El jugador no reveló el destino actual de su familia, sin embargo, expresó su deseo de que la situación se estabilice lo antes posible para poder reencontrarse con ellas en Khobar, sede del club Al Qadsiah.

“Mi familia se queda por estos tiempos, esperemos que baje todo este caos y pronto estar con ellos”, comentó el futbolista, mostrando optimismo pese al contexto complicado que se vive en distintas partes de la región.

La situación en Medio Oriente continúa siendo un tema de atención internacional, y aunque algunos sectores mantienen relativa normalidad, el impacto emocional y las decisiones personales de quienes residen ahí reflejan la incertidumbre que persiste. En el caso de Quiñones, su prioridad ha sido la seguridad de su familia, mientras intenta mantener la estabilidad en su carrera deportiva lejos de ellos.

Hay 473 millones de niños en el mundo que viven en zonas de conflicto armado. No es una cifra abstracta: son niñas reclutadas como esclavas sexuales, niños convertidos en soldados, familias separadas por la guerra, escuelas bombardeadas y hospitales destruidos. Y las cifras no mejoran: entre 2023 y 2024, las violaciones graves contra la infancia en zonas de guerra aumentaron un 25%.

La resolución que México presentó en la ONU

Durante el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Misión de México en Ginebra encabezó, junto con la Unión Europea y un grupo de países de América Latina y el Caribe, la presentación del proyecto de resolución A/HRC/61/L.27/Rev.1 titulado “Derechos del niño: efectividad de los derechos del niño afectados por los conflictos armados”.

El documento, respaldado por más de 70 países, exige a los Estados que adopten medidas concretas para proteger a la infancia en situaciones de guerra. Entre los puntos centrales destacan la prohibición del reclutamiento de menores, la protección de escuelas y hospitales como zonas civiles, el acceso sin obstáculos a ayuda humanitaria, y la atención a víctimas de violencia sexual relacionada con conflictos, que afecta de manera desproporcionada a las niñas.

Lo que la resolución le exige al mundo

El texto va más allá de las buenas intenciones. Condena los ataques a instalaciones educativas y sanitarias, señala la creciente amenaza del reclutamiento de menores a través de internet, y alerta sobre el uso de armas autónomas e inteligencia artificial en conflictos como un riesgo emergente para la infancia.

También exige que los niños vinculados a grupos armados sean tratados ante todo como víctimas, no como combatientes, y que tengan acceso a programas de rehabilitación, salud mental y reintegración social.

Un punto que cobra especial relevancia en el contexto actual: la resolución subraya la obligación de todas las partes en conflicto de garantizar el acceso humanitario, en un momento en que el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la guerra en Medio Oriente han agravado las condiciones de vida de millones de civiles, incluidos niños.

Por qué importa que México lo haya impulsado

La participación de México como copatrocinador de esta resolución forma parte de su agenda de política exterior multilateral, en el que se ha buscado posicionarse en foros internacionales en temas de derechos humanos. Presentar esta iniciativa en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU implica también asumir un compromiso de seguimiento y rendición de cuentas ante la comunidad internacional.

La resolución solicita además que para 2027 se realice una reunión específica sobre salud mental y bienestar infantil, y encarga un informe sobre los derechos del niño e inteligencia artificial de cara a 2028, lo que convierte este documento en una hoja de ruta de largo plazo, no solo en una declaración de principios.

Elías Bendodo, quien ocupa el cargo de vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral en el Partido Popular, señaló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibe el conflicto en Irán y la coyuntura en Oriente Medio como una herramienta política destinada a reactivar el apoyo entre los votantes de izquierda y movilizar su base electoral. En declaraciones a medios en Málaga, y tras una pregunta sobre unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bendodo hizo hincapié en que considera “indecente” que el Ejecutivo encabezado por Sánchez utilice un conflicto bélico como instrumento para conseguir ventajas electorales. Según informó el medio que cubrió la comparecencia, Bendodo expresó que desde la perspectiva del PP, “la guerra le da igual” al presidente del Gobierno, afirmando que lo ve únicamente como un “intento de recuperar votos en la izquierda”.

Tal como publicó la fuente original, el representante del Partido Popular evitó pronunciarse acerca de los dichos de Donald Trump —que anunció estar “más que considerando” la retirada de Estados Unidos de la OTAN por la falta de respaldo a Washington en la guerra en Irán— y enfocó su crítica hacia el Gobierno español. Bendodo acusó a Pedro Sánchez de adoptar decisiones en el conflicto de Oriente Medio sin consideraciones humanitarias, asegurando que “las medidas que está tomando Pedro Sánchez en el conflicto de Oriente Medio no tienen un cariz humanitario”, y que estas decisiones responden esencialmente a motivaciones electorales y a “una estrategia” para asegurar apoyos dentro de la izquierda.

En este contexto, Bendodo cuestionó la coherencia del discurso del presidente del Gobierno, recordando un episodio reciente en el que, según detalló el medio consultado, Pedro Sánchez pronunció un rotundo “No a la guerra” pero, poco después, ordenó el envío de un buque de guerra español a la zona del conflicto. “En el mismo momento que anunciaba el ‘no a la guerra’, mandaba el mejor barco de nuestra armada a la guerra, un barco de guerra español en la guerra con 200 militares lleno de misiles”, declaró Bendodo, tachando este movimiento de incongruente y sugiriendo que el argumento pacifista de Sánchez pierde consistencia frente a las acciones tomadas.

El vicesecretario del PP remarcó su descontento con el proceder del Ejecutivo, destacando la premura con la que Sánchez habría pasado de la negativa al enfrentamiento al despliegue de fuerzas armadas. “El ‘No a la guerra’ de Pedro Sánchez duró 15 minutos”, puntualizó Bendodo, recalcando la rapidez del cambio de posición del presidente del Gobierno y acentuando el componente electoral que, a su juicio, habría motivado las decisiones del Ejecutivo en este asunto.

Según consignó el medio que reportó la comparecencia, Bendodo concluyó su intervención destacando que, bajo la óptica del PP, acciones de este tipo restan credibilidad al posicionamiento del Gobierno respecto a la guerra en Oriente Medio. Este señalamiento se produce en un momento de tensión internacional, donde las posturas de los distintos gobiernos europeos se encuentran bajo observación, especialmente por parte de las fuerzas políticas nacionales que buscan capitalizar los movimientos de sus adversarios.

El mandatario estadounidense Donald Trump afirmó en Washington que la campaña militar impulsada por Estados Unidos en colaboración con Israel sobre territorio iraní se encuentra cerca de concluirse, augurando que el conflicto podría finalizar en un periodo estimado de dos a tres semanas. En una declaración ofrecida desde el Despacho Oval, Trump sostuvo que Teherán ha mostrado disposición para negociar al margen de un cambio de régimen, y resaltó que, a su juicio, el principal objetivo se ha cumplido: el gobierno iraní ya no tendrá acceso a armas nucleares. De acuerdo con Europa Press, Trump declaró: “No tendrán armas nucleares. Pero estamos terminando el trabajo, y creo que lo lograremos en unas dos semanas, tal vez un par de días más”.

El presidente estadounidense detalló que la ofensiva, iniciada mediante una acción militar conjunta con Israel, ha derivado en transformaciones dentro del liderazgo iraní. Según publicó Europa Press, Trump manifestó que el nuevo liderazgo de Irán "es mucho mejor que el anterior" y afirmó que las nuevas autoridades se muestran “mucho más razonables” que sus predecesores. En el mismo mensaje, el mandatario recalcó que la imposibilidad de acceso nuclear para Irán continuará vigente “durante años”. “Cuando estén listos, tal vez dentro de mucho tiempo, tendréis un presidente como yo que irá allí y los derrotará contundentemente”, expresó Trump, insistiendo en la línea de evitar una capacidad nuclear iraní.

Al abordar las condiciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el mandatario adoptó una postura distinta respecto a semanas previas, en las que había amenazado con represalias graves si Irán no reabría dicho paso estratégico. Ahora sostuvo que la responsabilidad de mantener ese flujo recae sobre quienes dependan del suministro de petróleo y gas transportado por esa ruta. “Si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas, que vaya por el estrecho; irán directamente por ahí y podrán valerse por sí mismos”, aseguró Trump, según informó Europa Press. Además, reiteró que Estados Unidos no tiene intención de mantener su presión sobre el bloqueo de Ormuz y reiteró que la retirada de las tropas estadounidenses del área está prevista próximamente.

El medio Europa Press resaltó que las declaraciones del presidente llegan en un contexto de tensión por el bloqueo parcial impuesto por fuerzas iraníes en el estrecho, como represalia a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel. Este bloqueo ha ocasionado un incremento notable en los precios internacionales del crudo, situando el precio del galón de gasolina en Estados Unidos en un máximo relativo, alcanzando los 4 dólares (0,91 euros el litro) por primera vez desde 2022. Trump se refirió a esta situación en su comparecencia y buscó transmitir tranquilidad a la opinión pública estadounidense al afirmar que la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irán tendrá como consecuencia una caída de los precios de la gasolina. "Lo único que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y los precios se desplomarán", prometió el mandatario, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En otro tramo de su intervención, Trump insistió en que el cambio en la postura del gobierno de Irán se debe a la presión internacional, y describió el actual proceso diplomático como una oportunidad para alcanzar acuerdos que anteriormente eran considerados improbables. El mandatario enfatizó que, según su visión, las nuevas autoridades en Teherán tienen un comportamiento “más razonable” y que existen posibilidades reales de lograr consensos diplomáticos para el futuro inmediato.

A lo largo de su comparecencia, Trump reiteró en varias ocasiones que su propósito inicial no consistía en un cambio de régimen, sino en impedir el desarrollo de armas nucleares en Irán, y consideró que este objetivo ya se ha alcanzado. Al pronunciarse sobre la viabilidad de un acuerdo, el presidente señaló que percibe mayor interés por parte de Irán que de su propia administración. “Quieren llegar a un acuerdo más que yo”, afirmó.

Las diferentes fases de la actual contienda en el golfo Pérsico han provocado cambios en los equilibrios energéticos globales y han suscitado inquietud en los mercados internacionales, como consignó Europa Press. El control sobre el estrecho de Ormuz representa un elemento clave para el suministro energético mundial debido al volumen de petróleo y gas natural que atraviesa diariamente esa vía. Las tensiones recientes han generado preocupación entre los países europeos y asiáticos que dependen mayormente de este canal para sus importaciones de hidrocarburos.

La atención internacional permanece centrada en el desenlace del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como en el impacto que tendrá sobre la estabilidad política y económica regional. La administración estadounidense mantiene que el “nuevo régimen” iraní adoptará medidas más compatibles con los intereses occidentales, mientras que el futuro del acuerdo nuclear y la normalización de las relaciones diplomáticas ocupan un lugar preponderante en la agenda bilateral, según reiteró Trump según Europa Press. Las perspectivas abiertas por la posible retirada estadounidense y la aparente disposición iraní a negociar configuran el escenario de las próximas semanas, con consecuencias sobre la política energética internacional y la seguridad en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que la presión ejercida sobre Teherán tras el bloqueo del estrecho de Ormuz ha llevado al liderazgo iraní a mostrar interés en alcanzar un acuerdo, una postura que califica de “mucho más razonable” que la anterior, y que considera posible. Según informó CNN, Trump aseguró este martes desde el Despacho Oval que la ofensiva estadounidense en Irán, realizada conjuntamente con Israel, finalizará en un plazo de dos a tres semanas, al tiempo que dio por logrado su objetivo principal: impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Durante su intervención, el mandatario estadounidense declaró que el “cambio de régimen” en Irán ya se ha logrado, aunque precisó que este no era parte de su misión inicial. “Mi objetivo era que no tuvieran armas nucleares, y ese objetivo se ha alcanzado. No tendrán armas nucleares. Pero estamos terminando el trabajo, y creo que lo lograremos en unas dos semanas, tal vez un par de días más”, afirmó Trump, según consignó CNN. Reiteró que Irán no contará con la capacidad de fabricar un arma nuclear durante varios años.

Trump expresó que, mientras continúe en el poder, no permitirá que Irán obtenga capacidad nuclear: “Cuando estén listos, tal vez dentro de mucho tiempo, tendréis un presidente como yo que irá allí y los derrotará contundentemente”, declaró ante los medios, según reportó CNN. También justificó su posición argumentando que Irán está dirigido por personas radicalizadas y por líderes que calificó como enfermos. En este contexto, sostuvo que el peligro nuclear está descartado a corto y medio plazo.

Según informó el medio CNN, el presidente estadounidense resaltó un cambio en el liderazgo iraní, calificando a las nuevas autoridades como “más razonables” y distintas a sus predecesores. “Ahora tenemos un grupo de personas muy diferentes. Son mucho más razonables”, explicó Trump, quien además consideró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán resulta factible y que incluso el gobierno iraní “quiere llegar a un acuerdo más que yo”. Prevé que la retirada estadounidense tendrá lugar en un plazo breve.

Trump también abordó la situación en el estrecho de Ormuz, paso estratégico que conecta los golfos Pérsico y de Omán y que, tras los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes, había quedado bloqueado por fuerzas iraníes. De acuerdo con CNN, el presidente varió su postura al indicar que la seguridad del paso marítimo y el abastecimiento energético por esa ruta ya no deben recaer exclusivamente sobre Estados Unidos: “Si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas, que vaya por el estrecho; irán directamente por ahí y podrán valerse por sí mismos”. Añadió que lo que acontezca en ese punto geográfico no involucrará a su país y que no existe razón que justifique mantener fuerzas militares en la zona una vez resuelta la ofensiva.

En relación con las consecuencias económicas generadas por el conflicto, Trump se refirió al aumento de los precios del petróleo, con un impacto palpable en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Según detalló CNN, el galón de gasolina alcanzó los 4 dólares (0,91 euros el litro) por primera vez desde 2022. Para tranquilizar a la población estadounidense, Trump aseguró que una vez que las tropas estadounidenses se retiren de Irán, los precios de los combustibles experimentarán una caída: “Lo único que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y los precios se desplomarán”, indicó.

En sus declaraciones, el presidente insistió en que el proceso de retirada militar será rápido y que no contempla prolongar la presencia de fuerzas estadounidenses en la región más allá del periodo previsto de dos a tres semanas. Mientras tanto, subrayó que la estrategia aplicada ya imposibilitó el acceso iraní a armas nucleares y que la nueva dirigencia en Teherán busca activamente negociar un acuerdo. Por último, Trump reafirmó que la responsabilidad de garantizar el flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz recaerá en los países que dependen directamente de esos recursos. Así, según publicó CNN, la administración estadounidense centra su atención en el cumplimiento de los objetivos nucleares y la retirada, con la expectativa de repercusiones inmediatas en los mercados internacionales de energía.

Al igual que Brasil, la Argentina resulta uno de los países más beneficiados dentro de la región por la suba de los precios del petróleo, en el marco del conflicto en Medio Oriente. Sucede que ambos son exportadores netos de energía y un alza en las cotizaciones internacionales genera mayores ingresos de divisas por ventas al exterior. No obstante, el efecto adverso de la guerra se refleja en una aceleración de la inflación, que ya viene mostrando dificultades para perforar el 2% mensual.

La escalada bélica entre Irán, EEUU e Israel, y más específicamente el bloqueo al estrecho de Ormuz por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, hizo que el barril de crudo superara los USD 100.

En ese contexto, un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) resaltó los cambios en el mapa energético argentino y el fortalecimiento de su posición en este escenario.

Para la Argentina, la energía pasó de ser “un lastre crónico a convertirse en un apoyo sostenido tanto para el crecimiento como para las cuentas externas, ya que la Formación Vaca Muerta respalda la producción récord de petróleo y gas, el incremento de las exportaciones de crudo y la ampliación de la capacidad de los gasoductos para ventas regionales de gas”, señaló el documento.

Como en los últimos dos años, los analistas de la entidad creen que la actividad energética tendrá un papel central en el crecimiento económico durante 2026, con un impulso adicional por la guerra.

“Se estima que cada aumento de 10 dólares por barril en el precio del petróleo genera un ingreso extraordinario en divisas de USD 1.700 millones (0,25% del PBI)”, detalló el IIF. Como comparativa, esa ganancia en el caso de Brasil, que registra saldos positivos en el rubro desde 2017, asciende a USD 4.000 millones.

A su vez, el reporte indicó que las exportaciones energéticas argentinas, encabezadas por el petróleo no convencional, deberían ayudar a limitar el déficit de cuenta corriente, situándolo en alrededor del 1% del PBI este año, dependiendo de la continuidad de las inversiones y la “ejecución oportuna de la infraestructura”.

El optimismo también responde al impacto indirecto sobre los precios de otras materias primas, en particular la soja, que podría sumar exportaciones pese al alza en los costos de insumos como la energía y los fertilizantes. Vale mencionar que, según la Sociedad Rural Argentina (SRA), si persisten las condiciones actuales, la producción para la cosecha fina 2026/27 se encarecería entre un 9,5% y 11%.

“Hace algunos años, un shock similar en el precio del petróleo habría debilitado la posición externa; hoy, la fortalece y reduce la vulnerabilidad macroeconómica”, consideró el IIF.

En una línea similar, el banco de inversión Morgan Stanley precisó en un informe a clientes: “Con una producción que se prevé aumente de forma significativa durante la próxima década — motorizada por el desarrollo de Vaca Muerta— y el sector representando ya cerca del 6% del PBI, precios más elevados respaldarían aún más la inversión, el gasto de capital y los ingresos por exportaciones".

La consultora Empiria calculó que, de mantenerse constante el precio del barril en torno a los USD 100, las exportaciones de petróleo pasarían de USD 6.400 millones en 2025 a USD 9.400 millones.

Desde Aleph Energy, Daniel Dreizzen aseguró que 2026 podría cerrar con un superávit en la balanza energética de USD 12.307 millones, lo que supondría un adicional de casi USD 4.500 millones respecto al año pasado.

En tanto, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó durante el evento CERAWeek by S&P Global que la guerra podría acelerar la expansión del proyecto Argentina LNG, considerado el más grande y complejo de la historia de América Latina, debido a una mayor demanda de Gas Natural Licuado (GNL) y a la necesidad de los países de diversificar proveedores.

Por otra parte, y como contracara, el informe del IIF plantea que, precios más altos del petróleo complican “el ya desafiante proceso de desinflación”.

Precisa que desde principios de marzo, los valores de la nafta y el diésel aumentaron entre 6% y 9%, reflejando los ajustes en los impuestos a los combustibles. En consecuencia, la actualización del tributo prevista para abril fue suspendida por el Gobierno para evitar nuevas subas bruscas en los surtidores.

Además, el incremento de los fertilizantes, insumo en el que la Argentina tiene una alta dependencia de las importaciones, añade presión sobre los precios internos.

El exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, difundió una imagen del supuesto impacto sobre la Compañía de Investigación y Desarrollo Tofigh Daru, acompañando su declaración de que este centro, dedicado a la producción de ingredientes farmacéuticos activos, figura entre los objetivos de Estados Unidos e Israel. Según informó Europa Press, Zarif vinculó este ataque con una serie de acciones que, en su opinión, constituyen crímenes de guerra y reflejan lo que considera un fracaso de la ofensiva de ambos países contra Irán.

De acuerdo con Europa Press, Zarif declaró en sus redes sociales que tras “un mes de crímenes de guerra”, la citada compañía farmacéutica sufrió un ataque. El diplomático responsabilizó a Estados Unidos e Israel del incidente, acusando a ambos gobiernos de intensificar una campaña de agresión contra infraestructuras que considera estratégicas para la sociedad iraní. Según sus palabras, la infraestructura dañada pertenece a Tamin Pharmaceutical Investment Company (TPICO), holding con posición preponderante en el sector farmacéutico del país.

El exministro enfatizó que el ataque tuvo como objetivo a un productor de insumos farmacéuticos activos, incluyendo medicamentos destinados al tratamiento de cáncer. En su mensaje, Zarif señaló: “Los agresores desesperados, tras fracasar en materializar sus delirios diabólicos, han golpeado ahora deliberadamente a un productor de ingredientes farmacéuticos activos, incluidos medicamentos contra el cáncer”. Estos comentarios fueron publicados junto a una fotografía del lugar supuestamente afectado.

Europa Press detalló que Tofigh Daru no solo representa un centro de investigación y desarrollo, sino que también desempeña un papel relevante como parte del mayor conglomerado farmacéutico iraní. De acuerdo con el medio, TPICO concentra gran parte de la inversión y la capacidad de innovación farmacéutica en Irán, lo que incrementa la importancia estratégica de sus instalaciones.

Javad Zarif, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2021, estuvo al frente de la diplomacia iraní durante el mandato presidencial de Hasán Rohaní. Según Europa Press, Zarif fue uno de los negociadores clave del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y varias potencias mundiales, incluido Estados Unidos. El texto de la fuente recuerda que ese pacto resultó abandonado por la administración estadounidense en la etapa de Donald Trump, marcando una nueva etapa de tensión entre las partes.

Las denuncias de Zarif se enmarcan en un contexto de acusaciones continuas por parte de Teherán hacia Washington y Tel Aviv, responsabilizándolos de operaciones encubiertas y ataques destinados a limitar sus capacidades, tanto en el ámbito nuclear como en otras áreas industriales y científicas. Europa Press informó que el diplomático sumó el episodio contra la compañía farmacéutica al balance de acciones que, según su visión, constituyen una “escalada ofensiva”.

La agencia consignó también que Zarif expresó su convicción de que los hechos refuerzan su evaluación sobre el fracaso de los ataques dirigidos a Irán, interpretando los incidentes recientes como resultado de la desesperación de quienes encabezan la agresión. La alusión a crímenes de guerra por parte del exministro busca encuadrar los hechos en una dimensión jurídica internacional, subrayó Europa Press en el desarrollo de la noticia.

Las instalaciones afectadas, según la fuente, están dedicadas al desarrollo de fármacos esenciales para el tratamiento de enfermedades graves. El medio detalló que incluir la producción de medicamentos contra el cáncer entre los objetivos de la acción denota una preocupación particular por el impacto social y sanitario de este tipo de ataques. Europa Press reportó además que la publicación de la imagen por parte de Zarif buscó aportar evidencia visual del daño causado al centro de investigación.

El medio recordó que la gestión de Javad Zarif en la diplomacia iraní estuvo marcada por períodos de negociación y colaboración internacional, particularmente en el logro del acuerdo nuclear, pero también por fases de tensión tras el retiro estadounidense del acuerdo y la reactivación de políticas de presión sobre Irán. La denuncia actual se inscribe en una cronología de incidentes que, según las autoridades iraníes, afectan tanto al sector nuclear como a la capacidad científica y sanitaria del país.

El impacto que los conflictos internacionales generan sobre la economía rusa fue uno de los temas destacados por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al analizar la situación actual de la guerra en Ucrania. En una entrevista publicada por Axios, Zelenski aseguró que el aumento de las exportaciones energéticas rusas, junto con un levantamiento parcial de las sanciones occidentales, están permitiendo a Moscú recuperar ingresos y fortalecer su economía en un contexto dominado por la atención internacional al conflicto en Oriente Próximo. Según consignó Axios, este giro en la dinámica económica rusa representa un desafío adicional para Kiev, ya que reduce la presión sobre el Kremlin y altera el marco de apoyos internacionales.

El mandatario ucraniano señaló que las autoridades rusas mantienen un interés particular en la prolongación de la guerra en Irán debido a las consecuencias directas que genera sobre la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. De acuerdo con Axios, Zelenski afirmó que el conflicto en Oriente Próximo desvía la atención y los recursos estadounidenses, lo que se traduce en un descenso en la ayuda militar destinada a Kiev. El presidente expresó que Moscú “se beneficia” de la expansión de la crisis porque la atención global se distribuye y, como resultado, el apoyo occidental hacia Ucrania se debilita.

A lo largo de la conversación, Zelenski subrayó que Rusia busca sacar provecho del escenario regional y que ese interés contrasta con los objetivos de los países de Oriente Próximo. Axios reportó que, según el presidente ucraniano, los líderes de la región no desean una guerra prolongada y prefieren centrarse en el desarrollo económico, las finanzas, el ámbito tecnológico, los negocios y el turismo, factores que requieren estabilidad. Zelenski puso de manifiesto que la evolución de la situación depende tanto de las decisiones que adopten Estados Unidos, Irán e Israel, como de la estrategia que persiga Rusia.

El medio Axios amplió que Zelenski atribuyó a Moscú la intención de prolongar la lucha armada, remarcando su convicción al expresar: “Estoy seguro. Se benefician de ella. Estados Unidos se centra en Oriente Próximo, y eso implica que desciende su apoyo militar a Ucrania. Además, las sanciones se levantan, parcialmente pero se levantan, y Rusia empieza a experimentar un cierto crecimiento económico”. El presidente remarcó que la política de sanciones internacionales pierde eficacia cuando no se mantiene de manera constante y, en consecuencia, Rusia encuentra resquicios para fortalecer sectores clave como el energético.

Además, Axios detalló que Zelenski describió el modo en que la economía rusa resulta afectada por el conflicto y las medidas externas. Señaló que la economía de ese país depende “de la energía”, y que la imposición de sanciones tiene un efecto considerable en las finanzas del Kremlin. A pesar de los ataques ucranianos a la infraestructura rusa, el presidente puntualizó que el incremento de las exportaciones energéticas hacia Oriente Próximo y, en menor medida, hacia Estados Unidos, ha permitido a Moscú reducir su déficit presupuestario. Según Zelenski, estos ingresos provenientes de la venta de petróleo dificultan la tarea de Ucrania para contrarrestar el esfuerzo bélico ruso.

En esa línea, Axios informó que el jefe de Estado ucraniano insistió en la necesidad de identificar nuevas debilidades del adversario y establecer prioridades en la defensa de Ucrania, en función de este nuevo escenario económico y estratégico. Zelenski también denunció la existencia de intercambios de información militar entre Rusia e Irán, lo que, según su planteamiento, constituye otro factor que complica la situación en el frente ucraniano.

La entrevista concedida a Axios permite conocer la perspectiva ucraniana sobre la relación directa entre los conflictos armados en diferentes regiones y el impacto sobre el apoyo internacional a Kiev. Zelenski abordó tanto las repercusiones políticas como las consecuencias económicas para su país y para la maquinaria bélica rusa, presentando el conflicto en Oriente Próximo como un elemento clave en la evolución del escenario energético y diplomático.

Durante el conflicto que involucra a la República Islámica de Irán desde hace más de un mes, milicias proiraníes con base en territorio iraquí han ejecutado ataques contra intereses vinculados a Estados Unidos en la región como respuesta a la ofensiva dirigida contra Teherán. Según publicó Europa Press, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, atribuyó públicamente a Irak un papel relevante de respaldo durante esta escalada de violencia, resaltando la resistencia exhibida tanto por el pueblo como por las instituciones iraquíes.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, Pezeshkian expresó que "el pueblo musulmán de Irak apoyó valientemente a Irán en esta guerra injusta; esta resistencia no se debe a las limitaciones geográficas, sino a la historia, la identidad y los valores religiosos compartidos". De acuerdo con Europa Press, el mandatario iraní centró su agradecimiento tanto en el pueblo iraquí como en sus funcionarios y en los combatientes de Mesopotamia, remarcando la profundidad de los vínculos históricos entre los dos países vecinos. Pezeshkian añadió: "Agradezco su firmeza y respeto hacia nuestro compromiso".

Europa Press detalló que esta postura de apoyo manifestada por Irak se encuadra en un contexto de guerra que el Gobierno iraní califica como "injusta", atribuida a la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica desde hace más de un mes. El presidente iraní hizo hincapié en que la solidaridad entre ambos territorios no responde solo a la vecindad geográfica, sino que se apoya en elementos de identidad, tradiciones religiosas y un pasado civilizatorio compartido. Esa conexión se refleja no solo en la retórica oficial, sino también en la acción de las milicias alineadas con los intereses iraníes dentro del territorio iraquí.

Desde el arranque del conflicto, según consignó Europa Press, grupos armados proiraníes establecidos en Irak mantienen una actividad constante dirigida contra infraestructuras y personal vinculados a Estados Unidos. Estos operativos han sido justificados como represalias directas a la campaña militar emprendida contra Teherán, lo que agrega presión a la situación regional y tensa las relaciones diplomáticas y de seguridad.

El mandatario iraní subrayó el respaldo no solo por parte de la población civil, sino también con referencia específica a los funcionarios iraquíes y a quienes participan activamente en la defensa de Mesopotamia, término frecuentemente utilizado para referirse a la zona donde confluyen las mayores influencias culturales de ambas naciones. Europa Press reportó que el mensaje del presidente fue interpretado no solo como reconocimiento de gestos pasados, sino también como una invitación a continuar una cooperación basada en objetivos comunes, que trascienden momentos coyunturales de crisis.

En su cobertura, Europa Press señaló que la narrativa oficial de Irán intenta consolidar una imagen de unidad frente a lo que considera agresiones externas lideradas por Washington y Tel Aviv. Teherán insiste en su interpretación de la guerra como una imposición fuera de derecho internacional y remarca que la respuesta de Irak forma parte de un eje de resistencia más amplio, con implicaciones en toda la región de Medio Oriente.

Las manifestaciones de agradecimiento de Pezeshkian fueron difundidas en un entorno regional caracterizado por episodios de violencia, incremento en el despliegue militar y continuas tensiones diplomáticas. De acuerdo con Europa Press, la referencia a la constante actividad de las milicias iraquíes filoiraníes pone de relieve el papel central que desempeña Irak en los equilibrios de poder y en la configuración de alianzas regionales.

La alianza histórica y religiosa entre Irán e Irak, resaltada por el discurso de Pezeshkian, forma parte del argumento esgrimido por Teherán para justificar la continuidad de su política exterior y sus lazos con actores no estatales en otros territorios vecinos. La presencia y protagonismo de las milicias proiraníes en suelo iraquí refleja para el Gobierno iraní una demostración de resistencia colectiva derivada de una identidad común, que —según el mandatario— resulta determinante en la respuesta ante las operaciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel.

Así lo dejó en claro Pezeshkian, de acuerdo con el reporte de Europa Press, al destacar la firmeza, el respeto y la constancia de la sociedad iraquí y sus líderes en esta coyuntura, estableciendo que el apoyo se basa en razones históricas y religiosas más que en cuestiones de proximidad territorial o intereses circunstanciales.

Escribí hace unos días un esbozo de lo que puede ser el final de la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, pero en solo ocho días las cosas cambiaron de tal manera que hoy se pueden ver unos escenarios distintos con una confrontación aún mayor.

En ese texto adelanté que lo más probable, dada la decapitación de toda la autoridad religiosa y militar, era que el régimen iraní diera paso a una dictadura militar tradicional, sin el matiz islámico, con la cual se podría negociar un cambio, que incluiría entregar todo el uranio y eliminar toda posibilidad de construir armas atómicas, dejar la financiación de grupos terroristas, como Hamas, Hizbollah y los Houtis, y poner fin al intervencionismo a lo largo y ancho del mundo, que Irán tenía como práctica común bajo el régimen de los ayatollahs. ¿La contraprestación? Fin de las sanciones y normalización de las relaciones económicas y políticas con el mundo.

Lo que ha pasado en los últimos días enreda un poco esta solución que se vislumbraba; ahora, antes de llegar de todas maneras a un acuerdo, en el cual, desafortunadamente, la democracia, lo que quieren más del 60 por ciento de los iraníes, no se va a dar, creo que habrá una operación militar como la que se llevó a cabo en Venezuela, pero que en Irán tendrá su prueba mayor, la toma del negocio del petróleo iraní en la isla de Kharg.

Hay un sector de líderes iraníes que se sienten victoriosos por la subida del precio del petróleo, y asumen que Donald Trump y Estados Unidos no van a aguantar. Es más, el cierre del estrecho de Ormuz, a pesar de la destrucción de toda la armada iraní, le ha abierto un negocio increíble a la Guardia Revolucionaria, que hoy cobra dos millones de dólares por barco al que le dan paso por esa zona restringida.

Estos dos éxitos de Irán, más el ataque a otros países del Golfo y a una base americana en Arabia Saudita -que dejó diez militares estadounidenses heridos- han envalentonado a sectores radicales iraníes, que hoy creen tener la sartén por el mango y no están dispuestos a negociar.

Si en los próximos diez días Irán no negocia, la segunda etapa del modelo venezolano se va a ejecutar y hoy las fuerzas militares norteamericanas están listas para hacerlo, tomarse el control del petróleo iraní.

Los americanos ya bombardearon todos los objetivos militares en la isla de Kharg, desde donde se mueve el 90 por ciento del petróleo iraní, pero sin tocar nada de la infraestructura energética: el mensaje es claro.

Ahora que Irán se hace el intransigente, esa opción, que doblegaría el régimen, pues la crisis económica es absoluta, se vuelve necesaria para lograr el objetivo final de esta operación militar, iniciada hace unas semanas. No será fácil, pero sí es mucho más que tener el control del estrecho de Hormuz. La diferencia: militares americanos e israelíes en suelo iraní. La posibilidad de muertos es mucho más alta y, por ende, el costo político aumenta, aunque la recompensa política también es enorme.

¿Va a prevalecer algún tipo del sensatez en Irán que facilite una salida antes de que esto se dé, pues es un escalamiento total? Una acción de esta naturaleza, sin duda, llevaría a Irán a atacar de manera mucho más obvia, y masiva, por cierto, a sus vecinos, incluyendo objetivos civiles de gran importancia, como las plantas desalinizadoras que le dan agua a todas las grandes ciudades del Golfo. El escalamiento, de todas maneras, ya comenzó, y para los países de la región quedó claro que Irán es el enemigo y apaciguarlo no vale de nada.

Los diez días de suspensión de operaciones contra la infraestructura civil que Trump dio para hacer negociaciones terminan el 6 de abril. Ya el mandatario estadounidense dijo hoy que atacaría toda la infraestructura energética, petrolífera e incluso de plantas desalinizadoras si Irán no negocia los 15 puntos que Estados Unidos puso sobre la mesa.

Es decir, estamos ante el final de esta operación a corto plazo o ante una escalada que, al final, si Estados Unidos se mantiene -y eso está por verse-, puede llevar incluso a un cambio total de régimen en Irán, que no ha sido el objetivo norteamericano, aunque sí es el de Israel. Es más, el control del estrecho o el control de barcos con petróleo, al estilo Venezuela, le dan a Estados Unidos otras opciones para estrangular la ya debilitada economía iraní y lograr lo que quieren, pero prolongan la operación, algo con lo que Iran cuenta.

El libreto que Estados Unidos está construyendo sobre intervenciones a lo largo y ancho del mundo, distinto a Irak, a Afganistan, a Libia o a Panamá, y que comenzó con la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, hoy tiene un segundo capítulo en Irán. Mucho más complejo, pero con un objetivo claro, dejar de lado la dependencia del petróleo iraní y de los estrechos de Ormuz y de aquel que conecta el golfo de Adén con el mar rojo, donde operan los Huties, terroristas entrenados por Irán.

La comodidad energética con que se vivió durante décadas, y que le permitió a Irán lograr esa posición de chantaje, se acabó, e independientemente de lo que pase, occidente, tal le pasó a Europa cuando Rusia invadió Ucrania, apenas comienza a buscar alternativas.

Hasta hoy, Irán puede chantajear, amenazar y atacar a otros países, como lo hizo desde que llegó al poder el ayatollah Khomeini, pues tiene el petróleo y el control del estrecho, pero esa ventaja táctica está a punto de terminar, e Irán, independientemente de lo que pase (con excepción de que logre desarrollar una bomba atómica) va a dejar de ser el país medianamente poderoso en el que se convirtió gracias al terrorismo.

La pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿quién cede primero? Y la segunda, ¿en cuánto tiempo? Irán quiere esperar y causar más daño a sus vecinos y a Occidente, para negociar la supervivencia del régimen, aunque no sepamos hoy quién está a cargo. Trump quiere apretar aun más, para lograr en corto tiempo sus objetivos políticos internos y externos. En poco días lo sabremos.

Que momento geopolítico tan interesante.

Según informó EpData, los datos registrados evidencian que este salto porcentual es consecuencia primordial de la presión que ejercen los precios de la energía sobre el conjunto de la economía nacional. La coyuntura internacional, especialmente la guerra en Irán, ha repercutido en el abastecimiento y los costes de los recursos energéticos, empujando al alza no solo los precios del gas y la electricidad, sino también derivados como el petróleo.

El medio EpData detalló que el incremento en el sector energético tiene repercusiones ampliadas. El encarecimiento energético se traslada gradualmente al resto de los sectores productivos, impactando sobre el transporte, la manufactura y los bienes de consumo. Esta espiral ascendente en los precios añade presión sobre los hogares alemanes, quienes deben afrontar mayores costes en productos básicos y servicios esenciales.

La publicación de EpData señala que el contexto geopolítico actual, marcado por tensiones en Medio Oriente y el impacto de la guerra en Irán, ha introducido incertidumbres sobre la continuidad del suministro energético. Este panorama global ha generado inquietud en los mercados internacionales, donde se han reflejado estas tensiones en cotizaciones más elevadas del crudo y el gas natural. Como resultado, Alemania, que depende en parte de las importaciones de estos insumos, ha experimentado una subida en su índice inflacionario.

EpData reportó que los precios de la energía registraron el mayor avance entre los diferentes componentes del índice de inflación. Dentro del desglose, los carburantes y la electricidad encabezaron la escalada, y se observó también un encarecimiento de los costos para la industria manufacturera y el transporte público y de mercancías. Este efecto dominó a sectores que ya presentaban dificultades por la desaceleración del crecimiento económico alemán en meses anteriores.

El ente estadístico subrayó que esta evolución de la inflación se produce después de un periodo en que los precios se habían mantenido relativamente estables, impulsados por medidas de contención aplicadas desde el gobierno y el Banco Central Europeo. No obstante, el rebrote del conflicto en Medio Oriente alteró las tendencias, empujando los precios de la energía y, en consecuencia, la tasa de inflación general.

EpData indicó que la reacción en los mercados financieros alemanes y europeos refleja la preocupación por posibles impactos a mediano plazo. Una inflación sostenida en niveles elevados puede influir en las decisiones de política monetaria, en particular en las tasas de interés y en los programas de estímulo económico, así como en las expectativas de consumo e inversión tanto en la esfera privada como en la pública.

Según consignó el medio EpData, la evolución de la inflación en Alemania es objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales y nacionales, ante el riesgo de que las presiones externas deriven en una mayor volatilidad de los precios durante los próximos meses. La dinámica actual también plantea desafíos adicionales para el sector productivo, que debe enfrentar unos costes operativos crecientes en un entorno de demanda moderada.

El informe de EpData señala que los datos, disponibles en la plataforma oficial de EpData, ofrecen un análisis gráfico de la evolución de los precios y su componenda sectorial. Para solicitudes adicionales de información, EpData facilitó su canal de contacto institucional.

Durante una conversación con su par turco Yasar Güler, el ministro iraní de Defensa en funciones, Majid Ibn al Reza, expresó que su país se encontraba involucrado en un proceso de negociación con Washington cuando se produjo el ataque sorpresa efectuado por Estados Unidos e Israel. Así lo publicó la cadena estatal IRIB, que recogió las declaraciones del funcionario en un contexto en el que Ankara impulsa nuevas rondas de conversaciones indirectas entre ambos gobiernos tras los incidentes militares de febrero.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, Ibn al Reza enfatizó que la República Islámica de Irán accedió a dialogar con EEUU a pesar de la desconfianza y la hostilidad manifiesta, en un intento por alejar la amenaza de un conflicto en la región. Según manifestó el ministro citado por la cadena iraní, la disposición de Teherán para negociar perseguía demostrar su buena voluntad y consideración hacia los países vecinos mediante la vía diplomática.

El ministro declaró que “las Fuerzas Armadas iraníes continuarán utilizando todas sus fuerzas para castigar severamente a los agresores”, y que la política de represalia tiene como objetivo consolidar una “disuasión efectiva” que prevenga la repetición de situaciones de guerra y agresión. La cadena IRIB consignó que esta postura responde a los ataques realizados por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero, los cuales, según afirmó el ministro, limitaron las opciones de Irán y forzaron una respuesta en defensa propia.

Distintos medios han informado que Pakistán se prepara para facilitar contactos diplomáticos entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en los próximos días, en un intento por retomar las negociaciones interrumpidas tras los bombardeos. Tal como reportó IRIB, esta mediación cuenta con el respaldo de autoridades turcas, quienes buscan reducir la tensión y restablecer canales de diálogo que permitan evitar una nueva escalada.

Majid Ibn al Reza asumió funciones al frente del Ministerio de Defensa luego de la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, ocurrida durante los primeros ataques aéreos llevados a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes al inicio de la ofensiva. Según indicó el propio Ibn al Reza en la conversación con su homólogo turco, la pérdida de Nasirzadé marcó un punto de inflexión en la postura iraní, intensificando la determinación de emplear todos los recursos militares del país para asegurar una respuesta contundente ante futuras agresiones.

IRIB también recogió el mensaje del ministro iraní en el que subrayó que la estrategia de "castigo severo" busca proteger no sólo la soberanía iraní, sino también la estabilidad general de la región, procurando que el ciclo de hostilidades iniciado el 28 de febrero no se repita. La cadena destacó la insistencia de Ibn al Reza en que la política defensiva iraní está guiada por el principio de disuasión, mientras continúan las gestiones diplomáticas impulsadas por Turquía para canalizar una solución negociada.

Las menciones a Estados Unidos e Israel como responsables directos del ataque fueron reiteradas en las declaraciones del ministro, quien reiteró que Teherán seguirá adelante con su enfoque represivo tras los incidentes militares recientes. Según detalló IRIB, la mediación internacional a través de Ankara busca crear un marco donde ambas partes puedan abordar sus desacuerdos sin recurrir a la vía armada, aunque los responsables de Defensa iraníes insisten en que el uso de la fuerza seguirá presente como elemento disuasorio mientras persista el riesgo de nuevas agresiones.

El rendimiento de las obligaciones del Estado francés a diez años ha superado el 19% de incremento en el último mes, mientras que en el mismo periodo el bono italiano ha experimentado una subida del 24%, elevándose hasta el 4,075%. Esta evolución de las rentabilidades refleja un cambio importante en la percepción del riesgo en los mercados de deuda soberana y pone de manifiesto la reacción de los inversores ante el contexto actual de inflación elevada y tensiones geopolíticas. Según lo publicado por el medio, los analistas coinciden en que estos repuntes se vinculan de manera directa con la escalada de la inflación y la falta de certidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo, lo que ha llevado a que los bonos de varios países europeos y Estados Unidos hayan dejado de cumplir su función habitual como activos refugio.

De acuerdo con la información difundida, desde el 27 de febrero —víspera del inicio de los ataques en Oriente Próximo— el bono español a diez años ha pasado del 3,064% al 3,640%, aunque durante la sesión del último viernes alcanzó picos cercanos al 3,7%. El incremento se traduce en una variación del 19% para la deuda soberana española. Otros países del bloque europeo han registrado trayectorias similares. En Alemania, el rendimiento del bono a diez años se ha situado en un 3,099%, creciendo un 17%, el menor aumento entre las principales economías de la unión, según reportó el medio. En Estados Unidos, el rendimiento del bono a diez años ha subido un 11%, situándose en el 4,43%, en un contexto en el que el endeudamiento federal ya se encontraba en niveles considerablemente altos antes de la crisis actual.

La dinámica de los mercados de deuda soberana en las últimas semanas responde, según sostienen los expertos consultados, a la tendencia global de inflación persistente. De acuerdo con Vincent Chaigneau, responsable de análisis de Generali AM, las expectativas respecto a las políticas de los bancos centrales se han modificado de manera significativa en un período breve. Chaigneau señala que hace apenas tres semanas, los mercados descontaban una posible bajada de más de 10 puntos básicos en las tasas del Banco Central Europeo para 2026, pero las previsiones han cambiado radicalmente y ahora se anticipan hasta 77 puntos básicos de alza. En el caso de la Reserva Federal estadounidense, los precios implícitos han pasado de un descenso de 60 puntos a un posible aumento de 10 puntos.

Chaigneau apunta que los rendimientos reales de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años han aumentado a un ritmo que supera incluso el ajuste de las expectativas de inflación, lo cual representa un cambio en la estructura del riesgo para los inversores. El medio detalla que este fenómeno guarda relación directa con la incertidumbre económica derivada del aumento en los precios de la energía y del resurgimiento del riesgo geopolítico. El precio del petróleo, que se ha incrementado a raíz de las preocupaciones en torno al suministro global, ha incentivado una revisión al alza en las previsiones de inflación y redundado en un aumento de los rendimientos de los bonos en las principales economías, de acuerdo con la cobertura del medio.

Luke Hickmore, director de inversiones de renta fija de Aberdeen Investments, señala que la actual crisis se diferencia de episodios previos, como la recesión ocasionada por la pandemia, porque el origen de la inestabilidad reside en la presión de los precios energéticos y en la persistencia de la inflación, y no en un retroceso de la demanda o el consumo. Según la publicación, Hickmore explica que en este tipo de contexto los pagos de los bonos pierden poder adquisitivo si la inflación supera lo previsto, por lo que los inversores tienden a exigir mayores rendimientos como compensación. “Cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. Esta dinámica ha quedado clara en las últimas semanas”, explicó Hickmore en declaraciones recogidas por el medio.

La confluencia de factores que inciden sobre los intereses de la deuda pública —inflación elevada, duración de la incertidumbre y tensiones geopolíticas— está alterando la demanda tradicional de los inversores en el mercado de bonos. El experto sostiene que actualmente se están acumulando diferentes primas sobre los bonos: una relacionada con la inflación, otra por la extensión del periodo de incertidumbre y una tercera motivada por el riesgo geopolítico. Chaigneau destaca que la evolución futura de los activos dependerá en gran medida del desarrollo de la guerra en Oriente Próximo en las próximas semanas. Se contempla que, en caso de que el escenario avance hacia una “distensión”, el dólar estadounidense, que ha incrementado su valor más de un 3% respecto al euro en este contexto, perdería parte de sus ganancias recientes y los activos cíclicos resultarían afectados con pérdidas adicionales, informa el medio.

Pese a ello, Chaigneau no anticipa cambios drásticos en la estrategia de inversión a corto plazo y recomienda una postura defensiva en cuanto a la duración de las posiciones hasta que no se aclare completamente la situación en el estrecho de Ormuz, cuya reapertura se considera decisiva para la normalización de los flujos energéticos y financieros globales, según detalló el medio de comunicación. De este modo, los efectos de la incertidumbre, la presión inflacionaria y la volatilidad geopolítica continúan posicionando a los bonos soberanos fuera de su tradicional rol de refugio financiero, al menos mientras persistan las condiciones actuales en los mercados internacionales.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tomó la palabra ante miles de personas congregadas en el capitolio de St. Paul para recordar la muerte de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de fuerzas federales de inmigración. Desde ese escenario, Walz reclamó justicia para las víctimas y señaló a los agentes migratorios federales, al tiempo que subrayó la importancia de la reacción ciudadana ante la violencia institucional. Según detalló el medio original, la jornada estuvo marcada por manifestaciones masivas en diversas ciudades de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y la escalada militar en el exterior.

De acuerdo con la información publicada, las movilizaciones se llevaron a cabo bajo el lema “No Kings, Sin Reyes” y congregaron a ciudadanos en las principales urbes estadounidenses como Nueva York, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y Minneapolis, donde se reportó una de las concentraciones más concurridas. El medio reportó que figuras destacadas del espectáculo y la cultura, como Bruce Springsteen y Robert De Niro, participaron activamente en las protestas; Springsteen interpretó la canción “Streets of Minneapolis” en Minnesota y De Niro compareció públicamente en la manifestación de Nueva York.

La participación política incluyó a la congresista demócrata Ilhan Omar, presente en el acto central de Minnesota, quien denunció lo que calificó de "autoritarismo artero" por parte de la administración Trump. Omar criticó, según consignó la fuente, las políticas migratorias y las intervenciones estadounidenses en Irán, Venezuela y Ecuador, subrayando el impacto negativo que estas acciones generan en la percepción y el futuro del país. La legisladora resaltó el carácter resiliente de la comunidad de Minnesota y reiteró el compromiso de los manifestantes de rechazar escenarios de “miedo, corrupción y caos”.

El senador Bernie Sanders también tomó parte en el evento principal de Minneapolis, según reportó el medio, y sostuvo que la respuesta ciudadana contra la actuación del ICE en el estado representa una expresión real de la democracia. Sanders aplaudió la solidaridad de la comunidad y describió la resistencia civil frente a las acciones federales como una victoria colectiva.

El medio informó que en Nueva York, Manhattan fue escenario de manifestantes portando pancartas en rechazo al ICE, a Trump y a la guerra con Irán. En San Francisco, cientos de personas marcharon desde el Embarcadero hasta el Centro Cívico, ondeando banderas estadounidenses, ucranianas y trans para visibilizar diversas demandas sociales y políticas. Simultáneamente, se notificaron concentraciones en Florida, específicamente en West Palm Beach y Boynton Beach, donde se observaron pequeños focos de contramanifestantes que increparon la legitimidad de la protesta. Además, en Virginia, manifestantes marcharon desde Arlington hasta la Explanada Nacional de Washington D.C. al inicio de la jornada, coreando la consigna “Sin justicia no habrá paz. Fuera el ICE de nuestras calles”.

Según detalló la fuente, también ciudades de menor tamaño como Columbus, en Georgia, y Jekyll Island, fueron escenario de marchas de protesta durante la misma jornada. En todas estas localidades, los convocantes exigieron el fin de los abusos de las fuerzas federales, el repliegue militar de Estados Unidos en el extranjero y la adopción de medidas para contrarrestar el encarecimiento del costo de vida.

El contexto político de la jornada incluyó la celebración simultánea del congreso anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, Texas. Según consignó el medio, esta reunión reflejó fracturas en el movimiento MAGA (Make America Great Again), evidenciadas por la división entre partidarios de Trump y sectores de la base ultraconservadora críticos con la política bélica desplegada contra Irán.

Durante su intervención ante los manifestantes de Minnesota, Walz valoró especialmente el papel de la comunidad inmigrante y reiteró: “Os vemos, os escuchamos, os valoramos y os queremos”. También resaltó la reacción local ante la “ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump”, en referencia a las operaciones del ICE. Walz caracterizó a Minnesota como “el estado más libre de la nación”, destacando la movilización ciudadana en defensa de derechos y libertades.

Según publicó el medio original, la jornada de protestas reflejó demandas diversas agrupadas en torno a la oposición a políticas migratorias restrictivas, el cuestionamiento al incremento de presencia militar estadounidense en el exterior y la preocupación profunda por el aumento generalizado de precios. Los organizadores insistieron en mantener la presión social como respuesta a las políticas de la actual administración y anunciaron su determinación de sostener las movilizaciones mientras estas demandas no se vean satisfechas.

Los arrestos incluyeron a figuras como Ayman Odeh, diputado árabe-israelí, cuya detención se produjo durante un operativo policial pese a su inmunidad parlamentaria. Según informó ‘The Times of Israel’, las fuerzas de seguridad de Israel disolvieron varias protestas este sábado, lo que resultó en al menos 18 personas arrestadas en diferentes ciudades, durante concentraciones que expresaban rechazo a la guerra con Irán.

De acuerdo con la información publicada por ‘The Times of Israel’, la mayoría de los arrestos se registraron en Tel Aviv, donde trece manifestantes fueron aprehendidos durante una concentración en la plaza Habima. Otras cinco personas fueron detenidas en Haifa, mientras que las movilizaciones también tuvieron lugar en Jerusalén y Beersheba. Según consignó el diario, la Policía justificó la disolución de las marchas bajo el argumento de que existía un “riesgo real para la vida humana”, luego de mantener reuniones con el Mando para el Frente Interior. Tras estas evaluaciones, las autoridades calificaron de ilegales las manifestaciones, respaldadas en la normativa de estado de guerra, que actualmente limita las reuniones en espacios al aire libre a cincuenta personas.

En Haifa, cerca de un centenar de personas participaron en una manifestación portando banderas israelíes y entonando consignas contrarias al conflicto armado. Una pancarta exhibida en la concentración afirmaba: “Millones de niños crecen en refugios”, poniendo el foco en el impacto de la guerra sobre la población infantil. Según ‘The Times of Israel’, cuando los participantes intentaron bloquear el tráfico en una calle, la Policía declaró ilegal el acto y procedió a desalojarlo, lo que generó enfrentamientos y detenciones entre los asistentes.

En Tel Aviv, a pesar de la prohibición establecida por las autoridades, ciudadanos se congregaron en la plaza Habima para manifestar su rechazo a los bombardeos y a la escalada bélica con Irán. Según relató ‘The Times of Israel’, esta convocatoria marcó un cambio respecto a movilizaciones anteriores, pues contó con la presencia significativa de representantes de la oposición política. Hasta el momento, las protestas habían sido organizadas por activistas de izquierda. Esto representa el primer llamado a manifestarse contra la guerra en Irán desde el inicio de los ataques el pasado 28 de febrero, involucrando a diferentes sectores de la sociedad civil y política.

La Policía israelí fundamentó su decisión de dispersar a los asistentes en la legislación derivada de la situación bélica, que restringe severamente las concentraciones públicas. Portavoces oficiales declararon que, tras la evaluación de riesgos y la consideración de la situación de seguridad, se estableció que “había un riesgo real para la vida humana y en consecuencia la Policía ha ordenado disolver” las reuniones, según recogió ‘The Times of Israel’.

La participación de un diputado como Ayman Odeh entre los detenidos incrementó la repercusión política del suceso. Según publicó el medio israelí, Odeh habría sido objeto de intervención policial a pesar de contar con inmunidad parlamentaria, situación que podría generar un debate sobre los límites de la acción policial en el contexto de emergencias nacionales y el respeto a los derechos de los representantes electos.

Las protestas registradas forman parte del clima político y social que rodea el conflicto entre Israel e Irán y su impacto sobre la vida cotidiana de la población. El endurecimiento de las restricciones para reuniones públicas refleja la tensión interna y la preocupación de las autoridades por posibles amenazas a la seguridad, mientras diversos sectores buscan espacios para expresar su protesta contra la guerra. Las movilizaciones, según reportó ‘The Times of Israel’, continuaron bajo una intensa vigilancia policial y con un despliegue de fuerzas de seguridad dirigido a impedir la formación de grandes concentraciones en espacios públicos.

El informe más reciente del Ministerio de Salud de Irán ha cuantificado los daños en la infraestructura médica y sanitaria tras un mes de ataques de Estados Unidos e Israel, subrayando la evacuación de seis hospitales, daños a 38 ambulancias y afectaciones en unas 50 instalaciones de emergencia, 41 centros médicos y 199 centros de salud. Esta evaluación se publicó luego de que se confirmara que el saldo de víctimas mortales entre menores supera los 230, mientras que cerca de 1.800 menores resultaron heridos en ese periodo. Tal como dio a conocer el medio, el Ministerio de Salud también notificó la muerte de al menos 24 trabajadores sanitarios desde el principio del conflicto.

Según detalló la información difundida por el Ministerio y recogida el domingo, la crisis humanitaria resultado de la escalada de violencia ha repercutido en una presión sin precedentes sobre los hospitales y servicios de emergencia del país. El ministerio señaló que la serie de ataques no solo ha dejado víctimas entre la población civil, sino que también ha obstaculizado gravemente la capacidad de respuesta médica y de socorro en las zonas más afectadas.

El medio resaltó que las víctimas mortales —más de 230 niños según cifras oficiales— y los heridos han supuesto un desafío adicional para una estructura sanitaria que enfrenta daños severos en recursos materiales y humanos. Seis hospitales tuvieron que ser desalojados ante el peligro, mientras que casi medio centenar de instalaciones médicas están directamente afectadas. Las 38 ambulancias dañadas limitan la posibilidad de traslados de emergencia.

Un informe adicional de la ONG Activistas por los Derechos Humanos en Irán (HRA, por su sigla en inglés), actualizado hasta el 23 de marzo y publicado el viernes, hizo pública una estimación alternativa: al menos 1.443 civiles iraníes habrían perdido la vida desde el inicio de los ataques iraníes, dato que excede el registro del gobierno sobre menores y trabajadores sanitarios y amplía el alcance del saldo humano del conflicto.

El Ministerio de Salud informó que el balance en hospitales, centros médicos y de salud incluye pérdidas materiales, así como la disminución en la capacidad para atender nuevos casos y emergencias prolongadas, lo que agrava aún más la situación de acceso a la atención médica de la población en las regiones afectadas por los ataques aéreos y bombardeos conjuntos.

La ONG HRA advirtió que los daños a la infraestructura sanitaria y la alta mortalidad civil constituyen una emergencia humanitaria sostenida. Las organizaciones supervisan el impacto del conflicto en el terreno y actualizan de manera regular las cifras de víctimas para documentar sus denuncias y reclamos ante organismos internacionales. Según consignó la misma entidad, la interrupción de los servicios médicos y el riesgo de ataques directos a infraestructuras de socorro afectan tanto la supervivencia de personas heridas en el momento de los ataques como el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas o en estado crítico.

El reporte del Ministerio asigna al menos 24 muertes entre profesionales de la salud al contexto del conflicto, lo que dificulta aún más la operación de hospitales y unidades de emergencia en las áreas más comprometidas. El gobierno iraní sostiene que las acciones militares de Estados Unidos e Israel desde hace un mes son la causa principal de este deterioro y asegura que las cifras podrían aumentar conforme avancen las revisiones y la evaluación de los daños.

Según ha informado la ONG HRA, las estadísticas de fallecidos y heridos reflejan la magnitud y la gravedad sostenidas de la crisis. Los analistas de la organización consideran que la cifra de muertos civiles y de menores podría crecer a medida que se reciba información adicional desde zonas con acceso restringido.

La documentación de los hechos y daños materiales, de acuerdo con la información oficial y la de HRA, ha permitido contar con registros actualizados que refuerzan las denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos de la infancia. Ambas partes llaman a que organismos internacionales intervengan para evaluar la situación y atender las necesidades humanitarias inmediatas de la población afectada.

De acuerdo con la información proporcionada por Magen David Adom y difundida por la prensa internacional, los ataques tuvieron lugar durante la noche del viernes, en el contexto de la escalada militar que comenzó un mes antes debido a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. El parte de los servicios de emergencia describió la escena como especialmente crítica al encontrar a la víctima fatal: “Cuando llegamos al lugar, vimos a un hombre de unos 60 años tirado en el suelo, inconsciente y con heridas muy graves. Sus lesiones eran de gravedad crítica y no nos quedó más remedio que certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos”, señaló Shai Bachar, técnico de emergencias de la MDA.

Las acciones de Irán incluyeron el lanzamiento de misiles que impactaron distintas áreas de Israel y fragmentos interceptados alcanzaron zonas como Kuseife, en el sur del país, lo que provocó daños entre civiles. En ese punto, los servicios médicos trataron a otras dos personas con heridas leves ocasionadas por los restos tras la intercepción de un misil iraní, según consignó la fuente.

Luego de los ataques nocturnos, el ejército israelí anunció a través de sus cuentas oficiales en redes sociales una contraofensiva dirigida a “objetivos del régimen terrorista iraní en todo Teherán”. Las fuerzas armadas israelíes informaron sobre la intensificación de los bombardeos y operaciones militares dentro de la capital iraní, conforme a lo divulgado por el medio de referencia.

Por su parte, autoridades iraníes han reportado un elevado número de víctimas fatales como resultado de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra su territorio. Datos oficiales citados por la prensa internacional establecieron el saldo en más de 1.500 muertos. Entre las personas señaladas por las autoridades iraníes figuran altos cargos de la estructura estatal y militar, incluyendo al líder supremo, ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros Aziz Nasirzadé (Defensa) y Esmaeil Jatib (Inteligencia), además de otros responsables de las fuerzas armadas y organismos de seguridad, como reportó el medio internacional.

El conflicto ha generado una escalada bélica en la región, con ataques e intercambios que afectan tanto a la población civil como a funcionarios de alto rango. Los comunicados oficiales difundidos tras los incidentes dan cuenta de la gravedad de la situación y el aumento de la tensión militar en Oriente Próximo, según las informaciones recopiladas por las principales agencias de noticias.

Según lo expresado por Shai Bachar, técnico de emergencias de la Magen David Adom (MDA), al llegar al lugar de los hechos en Tel Aviv encontraron a un hombre de aproximadamente 60 años en el suelo, inconsciente y con lesiones de gravedad crítica. El personal médico no pudo hacer nada para salvarle la vida y certificó su fallecimiento en el sitio, según informó el propio Bachar por medio de declaraciones difundidas por la MDA, organización conocida como la Estrella de David Roja. Esta situación se produjo tras el lanzamiento de misiles atribuido a Irán hacia el centro de Israel.

El medio de comunicación reportó que este incidente tuvo lugar la noche del viernes y dejó al menos dos personas más con lesiones consideradas leves. Según publicó la MDA en sus redes sociales y tal como describió el organismo, el personal médico continúa atendiendo a los heridos en diversas ubicaciones del centro de Israel, en el contexto de una escalada bélica regional derivada del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Según detalló el medio, el ataque iraní ocurrió en un escenario de incremento de las tensiones en la región, luego de casi un mes de hostilidades iniciadas por la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Se atribuye a la acción militar una elevada cifra de víctimas mortales reportadas por las autoridades iraníes, quienes informaron más de 1.500 fallecidos en su territorio a causa de los ataques israelíes y estadounidenses.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades locales y recogida por el medio consultado, entre las bajas reportadas por Irán se encuentran figuras de alto nivel institucional. Entre los muertos se menciona al ayatolá Alí Jamenei, identificado como líder supremo del país; así como al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. También han sido incluidos en la lista de fallecidos los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib. Además, la ofensiva ha resultado en la muerte de altos mandos vinculados a las Fuerzas Armadas iraníes y de otros organismos relacionados con la seguridad.

Tal como consignó el medio, el relato de los técnicos de emergencias pone de manifiesto la gravedad de la situación vivida en el centro de Israel tras el impacto de los misiles lanzados desde territorio iraní. El testimonio de Bachar aporta detalles sobre la rapidez de la respuesta de los equipos de emergencia y la desesperanza ante la imposibilidad de revertir la condición crítica en que se encontraba la víctima más grave.

La Magen David Adom, a través de sus canales oficiales, ha ampliado información sobre la atención brindada a los heridos y sobre el estado general derivado de este nuevo episodio de violencia en el marco del enfrentamiento regional. Según lo difundido, los dispositivos de emergencia se mantienen en alerta y continúan vigilando posibles consecuencias adicionales tras el ataque.

El cuadro general que se desprende de los reportes apunta a una coyuntura caracterizada por la escalada del conflicto y el aumento de víctimas tanto en territorio israelí como iraní. Según informó el medio, la cifra de bajas del lado iraní incluye no solo combatientes, sino también autoridades civiles y militares de alto perfil, lo que contribuye a la gravedad de la crisis. Mientras tanto, en Israel, los servicios médicos trabajan para contrarrestar los efectos del ataque más reciente y asegurar la atención de los damnificados. Las autoridades han reforzado la vigilancia y la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia.

El impacto de los misiles en el centro de Israel ha generado respuestas de condena y solicitudes de protección civil por parte de instituciones locales, según notificó el medio. El entorno de seguridad se mantiene tenso y las fuerzas de emergencia han reiterado el llamado a la población para acatar las directrices oficiales en caso de nuevos incidentes.

Los testimonios recogidos por la MDA y compartidos en redes sociales ilustran el nivel de preparación de los equipos de respuesta ante eventos violentos de estas características. El relato directo de los profesionales de la salud sobre el terreno añade perspectiva al alcance de los daños ocasionados y muestra el desafío operativo y humano al que hacen frente en estos momentos de crisis.

Steve Witkoff, emisario especial de Estados Unidos, subrayó que Irán tiene en sus manos desde hace tiempo una propuesta de acuerdo de paz de 15 puntos propuesta por Washington. Durante un foro de inversiones realizado en Miami, Florida, Witkoff detalló que este documento contempla temas considerados fundamentales para el Gobierno estadounidense, como el enriquecimiento de uranio, el control del material nuclear almacenado —que estima en cerca de 10.000 kilos— y el reforzamiento de la supervisión internacional. Según afirmó el enviado, la Administración estadounidense espera una respuesta formal de Teherán y considera que la aceptación del pacto permitiría resolver de manera integral los elementos en disputa relacionados con el programa nuclear y la seguridad regional. El funcionario sostuvo que “eso lo solucionaría todo”, en referencia al documento, cuya aceptación representaría para Estados Unidos el cumplimiento de sus líneas rojas en el marco del conflicto.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Witkoff manifestó confianza en que una reunión bilateral de alto nivel entre Washington y Teherán podría desarrollarse durante la semana en curso. El representante estadounidense expresó: “Creemos que habrá reuniones esta semana. Sin duda, tenemos muchas esperanzas”, dejando en claro la expectativa del Ejecutivo estadounidense de avanzar hacia una solución diplomática después de casi un mes de hostilidades entre ambos países. El conflicto se agudizó tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos junto con Israel contra territorio iraní.

Durante el foro en la ciudad de Miami, Witkoff destacó la reapertura del paso marítimo por el estrecho de Ormuz, que permaneció bloqueado durante semanas por fuerzas iraníes en represalia por los ataques. “Los barcos están cruzando”, indicó el funcionario, interpretando este gesto como un indicio favorable para la distensión. A su juicio, la reanudación del tráfico en esa zona clave evidencia un clima propicio para la negociación. Witkoff también enfatizó la voluntad del presidente Donald Trump de lograr una salida negociada, afirmando: “Creo que el presidente quiere un acuerdo de paz”.

El medio Europa Press precisó que entre los puntos centrales de la posición estadounidense destaca la exigencia de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y permita una mayor supervisión internacional. Según Witkoff, “Resolvería la cuestión del enriquecimiento, que hoy en día no podemos permitir que haya enriquecimiento (de uranio) allí”. Además, recalcó la necesidad de abordar los depósitos de material nuclear y el régimen de almacenamiento, mencionando la preocupación por unas 10.000 toneladas de material enriquecido bajo control iraní.

El funcionario estadounidense se mostró firme al rechazar la idea de que Washington busque un desenlace extremo respecto a la población iraní. “Estados Unidos no busca la desaparición del pueblo iraní”, sostuvo Witkoff durante su intervención, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El conflicto, iniciado tras la ofensiva estadounidense-israelí hace casi un mes, ha dejado más de 1.500 muertos en Irán, según datos confirmados por las autoridades de ese país. Entre los fallecidos, reportó Europa Press, figuran altos líderes del régimen, incluido el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. También se han reportado fallecimientos de otros altos cargos de las fuerzas armadas y organismos de seguridad.

En cuanto al contexto diplomático, el medio Europa Press destacó que los movimientos recientes en el estrecho de Ormuz han sido interpretados por el Gobierno estadounidense como una apertura hacia el diálogo. La reapertura al tránsito marítimo en uno de los pasos estratégicos más importantes del mundo constituye un paso relevante después del periodo de máxima tensión, cuando Irán implementó bloqueos como respuesta a las operaciones militares.

Con relación al documento presentado por Estados Unidos, Witkoff insistió en que Teherán dispone de la propuesta desde hace tiempo y que la Casa Blanca espera una contestación. Según precisó Europa Press, el acuerdo incluye los mecanismos que Washington considera fundamentales para asegurar la no proliferación de armas nucleares y la transparencia respecto a las capacidades militares iraníes. El diplomático puntualizó que los objetivos principales son impedir el desarrollo de actividades nucleares con posible uso militar y asegurar el control de los materiales existentes.

Durante su participación en el foro de inversiones en Miami, Witkoff señaló que la continuidad de la guerra representa altos riesgos para la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Según el funcionario, la comunidad internacional observa de cerca las consecuencias del conflicto y su potencial para alterar el equilibrio en Oriente Medio.

El medio Europa Press también informó que las autoridades estadounidenses consideran que, pese a la gravedad de la situación, existen canales para retomar el diálogo y cerrar un acuerdo que implique cesar las hostilidades. Witkoff reiteró la disposición de su Gobierno para negociar, aunque enfatizó la importancia del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en la propuesta.

Así, mientras todas las miradas permanecen puestas en un posible encuentro directo entre representantes de ambos países, los pasos dados —como la reapertura del estrecho de Ormuz y la insistencia en avanzar con la propuesta de paz— delinean un nuevo escenario en el que tanto Washington como Teherán valoran el diálogo como alternativa a la confrontación abierta.

La legislación sancionada por el presidente Karol Nawrocki contempla la aplicación retroactiva de la amnistía a ciudadanos polacos que hayan combatido junto a las fuerzas ucranianas desde el 6 de abril de 2014, fecha en la que Rusia consolidó la anexión de Crimea. Esta disposición impacta tanto a quienes participaron en el conflicto desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022 como a los involucrados en enfrentamientos vinculados a la ofensiva prorrusa posterior al derrocamiento de Viktor Yanukovich, según informó la Presidencia de Polonia.

Tal como detalló el medio, la ley fue aprobada por el Parlamento polaco en marzo y representa un cambio en el tratamiento legal de estos voluntarios. Anteriormente, los ciudadanos polacos que se unían sin autorización a las fuerzas armadas de Ucrania se enfrentaban a sanciones que podían alcanzar hasta cinco años de prisión. Ahora, la nueva normativa elimina la responsabilidad penal para la mayoría de estos casos, conforme a lo establecido en el paquete legislativo ratificado por Nawrocki, según confirmó la oficina presidencial.

El medio consignó que esta medida también introduce un requerimiento: los ciudadanos polacos que regresen al país tras su experiencia militar en Ucrania deben notificar su participación y detallar su formación y habilidades adquiridas a las autoridades nacionales. El plazo para realizar este reporte es de hasta seis meses después de su retorno, y la información debe remitirse directamente al Ministerio de Defensa. Este aspecto tiene como finalidad recopilar datos sobre competencias y destrezas en combate identificadas durante el despliegue en territorio ucraniano, de acuerdo con el comunicado oficial.

Según publicó la Presidencia, la amnistía tiene validez para quienes hayan participado en hostilidades a partir del 6 de abril de 2014, fecha señalada por el ejecutivo polaco como punto de inicio para considerar conductas exentas de persecución penal bajo esta legislación. El contexto histórico de esa fecha sitúa la aprobación de la ley en el marco de los acontecimientos posteriores al Euromaidán, cuando la destitución del exmandatario Yanukovich llevó a Moscú a intervenir en Crimea y, posteriormente, al desarrollo de la guerra en el este de Ucrania con el respaldo de fuerzas separatistas prorrusas.

De acuerdo con la información difundida, el paquete de leyes firmado por Nawrocki el lunes incluye otras cuatro normativas, aunque la presidencia dio prioridad en su anuncio a la que atañe al estatus legal de los ciudadanos polacos que combaten junto a Ucrania. El Parlamento polaco debatió y aprobó este conjunto legislativo entre febrero y marzo de este año, culminando el proceso con la ratificación presidencial según reportó la fuente.

La nueva ley implica que los polacos que hayan decidido sumarse a las filas ucranianas, considerando los diferentes momentos del conflicto desde 2014 hasta la actualidad, quedan exentos en su mayoría de acciones judiciales por su alistamiento. Además, la regulación exige la entrega de informes pormenorizados sobre su experiencia castrense, que permitirá a las autoridades evaluar las capacidades militares incorporadas durante su estadía en Ucrania y, de este modo, contar con una supervisión detallada al respecto. El dispositivo normativo refleja la postura de Polonia en relación con la guerra y ajusta la situación legal de sus ciudadanos que han participado directamente en el conflicto, según se desprende de la documentación oficial presentada al momento de la promulgación.

El documento oficial también recuerda que, antes de este cambio legislativo, la legislación polaca prohibía expresamente servir en ejércitos extranjeros sin permiso formal, lo que motivó la imposición de penas de reclusión en varios casos. La actualización legal modifica este enfoque y establece lineamientos de regularización y notificación para quienes decidieran participar en operaciones bélicas al lado de Ucrania. El Parlamento fundamentó la aprobación de esta amnistía en el carácter excepcional del conflicto y la evolución de la relación bilateral entre Polonia y el país vecino, tal como se refleja en las declaraciones proporcionadas por las autoridades al medio.

El texto, según la Presidencia polaca, resalta igualmente la obligación de tramitar la notificación al Ministerio de Defensa en tiempo y forma, elemento considerado clave para el seguimiento nacional de efectivos potencialmente formados en el exterior. Las autoridades polacas sostienen que esta recopilación de información estratégica contribuirá a mejorar la comprensión institucional sobre el fenómeno. Todo el proceso legislativo y sus fundamentos fueron comunicados oficialmente en los últimos días, tras la sanción del mandatario, puntualizó el mismo medio.

Los buques estadounidenses USS Nimitz y el USS Gridley permanecerán en aguas panameñas desde este domingo 29 de marzo hasta el 2 de abril, como parte de los ejercicios de cooperación marítima multinacional denominados “Mares del Sur 2026”, Southern Seas 2026.

La embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que El USS Nimitz es un portaaviones y uno de los buques navales más grandes del mundo, permanecerá anclado en aguas abiertas durante la visita.

Esta es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones visita aguas panameñas, lo que según la sede diplomática es una muestra la solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y Panamá, y la importancia que Estados Unidos otorga a sus estrechos lazos con la nación istmeña.

El USS Gridley, un destructor equipado con sistemas avanzados de radar y defensa, atracará en el puerto de Amador, en las riberas del Canal de Panamá.

La presencia de estas embarcaciones en Panamá brindará a los tripulantes la oportunidad de descanso y recuperación durante las operaciones realizadas como parte del ejercicio “Mares del Sur 2026”.

La información de la embajada estadounidense indica que hasta 3,500 tripulantes por día desembarcarán en Panamá, generando un impacto económico positivo para numerosos negocios locales, en restaurantes, comercios y sitios turísticos, a la vez que ofrece a estos tripulantes una oportunidad única de conocer la nación canalera.

Algunos de los tripulantes participarán de manera oficial en actividades de enlace comunitario, incluyendo eventos deportivos con grupos de jóvenes. De igual manera, la embajada de Estados Unidos organizará visitas guiadas de estas embarcaciones para grupos preseleccionados, incluidos estudiantes y autoridades.

La llegada de estos navíos a Panamá, destaca la sede diplomática, resalta la solidez de la cooperación ampliada en seguridad entre Estados Unidos y Panamá bajo el presidente Donald Trump, particularmente de nuestros lazos en materia de seguridad marítima. En su undécima edición, “Mares del Sur 2026” llevará a cabo ejercicios de paso y operaciones en el mar con naciones socias como parte de su objetivo de circunnavegar el continente.

“Mares del Sur 2026” incluirá sesiones de intercambio de conocimiento entre especialistas y brindará la oportunidad a invitados distinguidos de países socios para observar de primera mano las operaciones de un portaaviones.

La sede diplomática explicó que la visita del USS Nimitz y el USS Gridley es reflejo del compromiso continuo de Estados Unidos de trabajar junto a socios cercanos en el hemisferio, como Panamá, para avanzar nuestros objetivos de seguridad compartidos.

Reportes de prensa indican que el Comando Sur de EE.UU. explicó que el Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas del continente sudamericano.

“Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de las naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaaviones”, indicó el Comando.

Además, se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

“El despliegue Mares del Sur 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, señaló el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU./Cuarta Flota de Estados Unidos., citado por medios de comunicación.

El despliegue Mares del Sur 2026, de acuerdo con el Comando Sur, será la edición 11 del ejercicio en la región desde 2007 y propósitos bien definidos, como fomentar la buena voluntad, fortalecer las alianzas marítimas y contrarrestar las amenazas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado dirigido a los peruanos que residen en Medio Oriente, ante el avance del conflicto en la región y el aumento de los riesgos para la población.

La Cancillería recomendó extremar precauciones, desplazarse con prudencia y mantenerse informados a través de fuentes oficiales. Además, pidió seguir las indicaciones de las autoridades locales en cada país, evitando zonas de riesgo y limitando desplazamientos innecesarios.

El mensaje central del comunicado es claro: quienes no tengan una permanencia esencial en la zona deben evaluar la posibilidad de salir hacia un país seguro, mientras aún existan condiciones que lo permitan.

La advertencia responde a la evolución constante de la situación, que puede cambiar rápidamente y generar escenarios de mayor peligro, como restricciones de movilidad, interrupción de vuelos o escaladas de violencia.

Prepararse ante una posible evacuación

El comunicado también incluye recomendaciones prácticas para los connacionales en la región, orientadas a facilitar una eventual evacuación si la situación se agrava.

Entre ellas, se destaca la necesidad de contar con documentos personales y familiares actualizados. En caso de no tenerlos, se indica que pueden tramitarse en la misión peruana más cercana, lo que permitirá acelerar cualquier proceso de salida.

Asimismo, se pide mantener contacto permanente con las embajadas y consulados, registrarse en sus canales oficiales y estar atentos a sus comunicaciones, donde se difunde información clave en tiempo real.

Otro punto importante es la recomendación de evaluar la salida mientras aún existan opciones disponibles. Actualmente, algunos vuelos comerciales continúan operando y existen rutas terrestres habilitadas consideradas seguras, lo que podría cambiar si el conflicto se intensifica.

Estas medidas buscan que los ciudadanos puedan reaccionar con rapidez y anticipación, evitando quedar atrapados en zonas de alto riesgo.

Peruanos en la región y suspensión de elecciones

La crisis ha tenido un impacto directo en la comunidad peruana en Medio Oriente. Según información oficial, alrededor de 5.600 peruanos residen en esta zona, distribuidos en distintos países del Golfo y áreas cercanas al conflicto.

Ante este escenario, el Gobierno decidió no realizar las Elecciones Generales 2026 en países como Israel, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Líbano, debido a las condiciones de seguridad.

El canciller Hugo de Zela Martínez señaló que la decisión busca evitar exponer a los connacionales a situaciones de riesgo en medio de la crisis, priorizando su seguridad frente al proceso electoral.

Además, se dispuso reforzar el personal diplomático en algunas misiones, especialmente en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de atender el incremento de consultas y solicitudes de asistencia por parte de los ciudadanos.

También se evalúan acciones para evacuar a peruanos en tránsito que quedaron varados a raíz del conflicto, así como mecanismos para facilitar su traslado hacia zonas seguras.

Guerra en Medio Oriente: ataques, tensión y negociaciones

El conflicto se intensificó tras los ataques conjuntos de Estados Unidos y Israel contra Irán, lo que elevó la tensión en toda la región y generó preocupación a nivel internacional.

En respuesta, se han producido movimientos militares, despliegue de tropas y advertencias sobre posibles impactos globales, especialmente en el suministro energético y en el comercio internacional.

Estados Unidos ha impulsado negociaciones para poner fin a la guerra, mientras que Irán ha mostrado escepticismo y ha señalado que solo evaluará propuestas que considere sostenibles y creíbles.

Además, se han registrado restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula una parte importante del petróleo mundial, lo que ha incrementado la incertidumbre en los mercados.

En este escenario, la Cancillería peruana insiste en la prevención y en la necesidad de que los connacionales se mantengan informados, en contacto con las autoridades y preparados para actuar con rapidez si la situación se agrava, priorizando siempre su seguridad y la de sus familias.

Teherán considera que el estrecho de Ormuz forma parte de un derecho natural y legal de Irán, incluyendo las restricciones impuestas a la navegación y los ataques a varios buques, respuestas directas a la ofensiva en curso, según detalló la agencia iraní Tasnim. En este contexto, Irán entregó oficialmente a Estados Unidos una respuesta a la propuesta presentada por Washington para poner fin al conflicto abierto, documento que fija condiciones específicas centradas en evitar la repetición de hostilidades y en aplicar el cese del fuego a toda la región. Pakistán intervino como mediador, encargándose de transferir el mensaje a Estados Unidos después de confirmar públicamente su papel en el proceso, dado que Islamabad actúa como canal entre ambas partes.

De acuerdo con la agencia Tasnim, la posición de Teherán se plasma en una respuesta a una propuesta estadounidense de quince puntos, entregada durante la última noche. Las autoridades iraníes insisten en que aguardan la contestación por parte estadounidense, a la vez que subrayan demandas centrales: poner fin a acciones consideradas terroristas, establecer garantías objetivas para evitar futuras guerras, exigir reparaciones e indemnizaciones, determinar las responsabilidades de los actores y asegurar que la finalización del conflicto se extienda a todos los ámbitos, lo que incluye territorios y actores en Líbano e Irak. Las condiciones también contemplan el reconocimiento de los derechos de Irán en el estrecho de Ormuz frente a las restricciones impuestas en el contexto de la violencia regional.

Según consignó la agencia Tasnim a través de fuentes iraníes, la propuesta de Washington se interpreta como parte de una táctica orientada a proyectar una imagen pacifista ante la comunidad internacional, controlar el precio del crudo y ganar tiempo para posibles futuras agresiones, entre ellas una eventual operación terrestre en el sur de Irán. Señalan que iniciativas de este tipo ya han coincidido anteriormente con negociaciones entre ambas naciones, como durante las ofensivas coordinadas junto a Israel en junio de 2025 y febrero de 2026. Los representantes iraníes plantean que “los estadounidenses buscan sentar las bases para cometer nuevos crímenes bajo la cobertura de las negociaciones”, en referencia explícita a la estrategia vista en episodios previos durante negociaciones nucleares indirectas entre ambos países.

En declaraciones recientes reportadas por Tasnim, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que se mantienen canales de comunicación indirecta entre Teherán y Washington con la mediación de Islamabad. Dar confirmó la entrega de mensajes entre las delegaciones y señaló la existencia de una propuesta de 15 puntos elaborada por la parte estadounidense, actualmente bajo análisis en Irán. Esta dinámica diplomática no ha sido reconocida públicamente por las autoridades iraníes como un proceso formal de negociación.

La cobertura de Tasnim también recoge reacciones desde Washington. El presidente Donald Trump lanzó una serie de advertencias dirigidas a Teherán, demandando que las autoridades iraníes se comprometan en un diálogo serio y aludiendo a la urgencia de alcanzar un acuerdo antes de que “sea demasiado tarde”. Trump sostuvo que los negociadores iraníes transmiten mensajes contradictorios, por un lado recurriendo a los canales diplomáticos y por otro asegurando de forma oficial que evalúan la propuesta estadounidense sin asumir compromisos claros.

Desde el Gobierno iraní, el ministro de Exteriores Abbas Araqchi negó que exista una mesa de diálogo ni conversaciones oficiales con Estados Unidos. Reconoció la recepción de mensajes de Washington, aunque insistió ante los medios en que esto no se traduce en negociación ni en un proceso de conversaciones formales. Según relató Tasnim, fuentes de Teherán describieron la propuesta estadounidense como “excesiva” y mantuvieron que los contactos actuales no tienen carácter de negociación.

Respecto a las consecuencias humanitarias y políticas de la ofensiva desarrollada por fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán desde el 28 de febrero, las autoridades iraníes confirmaron un balance superior a 1.500 muertos, cifra que incluye personal de alto rango entre el liderazgo político y militar. Entre las víctimas figuran el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, junto a altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad nacional, según detalló la agencia Tasnim.

Las condiciones planteadas por Irán para avanzar hacia el fin de la guerra incluyen, además del cese de hostilidades regionales, el establecimiento de mecanismos para el pago de compensaciones por daños sufridos y la creación de garantías verificables de no repetición. Fuentes citadas por Tasnim recalcaron que el Gobierno iraní mantiene una postura de desconfianza ante la declarada voluntad de negociar desde Washington y percibe los llamados al diálogo bajo sospecha de encubrir futuras maniobras estratégicas.

La misma agencia detalló que, para el liderazgo iraní, el contexto geopolítico que rodea al estrecho de Ormuz sigue revistiendo especial importancia en el enfoque del conflicto, dado que las acciones allí implementadas son concebidas como parte de una defensa legítima frente a la presión militar y económica ejercida desde el exterior. Además, la posición oficial iraní subraya la demanda de que cualquier posible acuerdo debe incluir necesariamente a todos los actores implicados y a los denominados grupos de resistencia presentes en los distintos frentes de la región involucrados en la confrontación.

Tasnim añadió que el proceso negociador sigue abierto y pendiente de nuevas respuestas de Washington. Las expectativas oficiales en Teherán se centran en la recepción y evaluación de la contestación estadounidense para decidir próximos pasos, mientras el contexto permanece marcado por un clima de alta tensión en la región, la mediación activa de Pakistán y la falta de contactos directos formales entre ambas capitales.

Con relación a la duración esperada del conflicto en Irán, el 54% de los entrevistados considera que la guerra se prolongará por al menos seis meses más, mientras que un 29% estima que el enfrentamiento podría extenderse durante un año o incluso más. De acuerdo con la información difundida por el Pew Research Center, la encuesta revela estas percepciones sobre el tiempo que podría continuar el conflicto tras la ofensiva militar impulsada por la administración del presidente Donald Trump junto con Israel.

La encuesta reportada por el Pew Research Center, realizada entre el 16 y el 22 de marzo a una muestra superior a las 3.500 personas, indica que cerca del 61% de los ciudadanos estadounidenses desaprueba las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. El estudio distingue que tan solo el 37% de los consultados respalda estas medidas. Desde el comienzo de la ofensiva el 28 de febrero, más de 1.500 personas han muerto en territorio iraní, según consignó el medio.

Según publicó el Pew Research Center, tras varias semanas de operaciones militares, la mayoría de los estadounidenses encuestados considera que atacar territorio iraní fue una decisión equivocada. Los resultados de la encuesta muestran que el 59% expresa que recurrir a la fuerza militar inicialmente constituyó un error, mientras que un 38% opina que esa decisión fue adecuada. Además, un 45% de los participantes expresa que el desarrollo de las acciones militares "no va bien", frente a un 25% que opina que la operación avanza "extremadamente bien".

La interpretación de la estrategia seguida por la administración Trump refleja diferencias notables según el perfil político de los encuestados. El Pew Research Center detalló que entre demócratas e independientes predomina una desaprobación significativa hacia la gestión del presidente. Según los datos, el 90% de estos grupos rechazan la manera en que la Casa Blanca maneja el conflicto con Irán. En contraste, entre los republicanos, el 71% considera que Estados Unidos "ha tomado la decisión correcta" con respecto a la ofensiva militar.

Respecto al tiempo previsto de la guerra, el Pew Research Center señaló que la mayor parte de los republicanos espera que el conflicto termine en un plazo de hasta seis meses, mientras que los demócratas tienden a creer que la duración podría ser mayor. Dentro de los cálculos expresados por la población estadounidense, un 35% considera probable que la guerra se prolongue entre uno y seis meses, y solo un 8% ve viable que culmine en menos de un mes. En el conjunto de los encuestados, el 40% sostiene que la hostilidad bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán podría extenderse durante un año.

El sondeo forma parte de los estudios periódicos que el Pew Research Center realiza para medir la percepción pública en Estados Unidos sobre temas de política exterior y seguridad nacional. Según detalló el medio, el contexto de la ofensiva implica una escalada significativa en la región, reflejando no solo consecuencias directas en Irán—con más de 1.500 muertos—sino también un impacto en la opinión pública estadounidense y la polarización política al interior del país.

El trabajo del Pew Research Center recoge además la opinión de los estadounidenses acerca de la evolución de la operación militar, subrayando que menos de la mitad observa avances satisfactorios en el desarrollo de los acontecimientos. Esta perspectiva se conecta con el nivel de desaprobación global hacia las decisiones adoptadas por la administración Trump, tanto al iniciar la ofensiva como al gestionar la evolución de la guerra.

El despliegue militar, apoyado por una parte considerable de la base republicana, enfrenta, de acuerdo con el medio, la oposición de la mayoría de los votantes demócratas e independientes. Esta diferencia se refleja en la estimación sobre la duración del conflicto y en la interpretación sobre la oportunidad y conveniencia de la intervención armada.

El informe del Pew Research Center, al servir como referencia para actores políticos y analistas, muestra una tendencia marcada de insatisfacción y duda acerca de los beneficios y la dirección del actual enfrentamiento en Irán, así como una percepción de incertidumbre sobre el futuro del conflicto y el papel que Estados Unidos desempeñará en la región.