El Congreso de Guatemala dejó fuera de la agenda del 4 de agosto la discusión de un nuevo subsidio a los combustibles por falta de acuerdos, en un momento en que el Ejecutivo busca contener el alza derivada de las presiones internacionales por la guerra en Medio Oriente con un aporte de Q12 (1.57 USD) por galón al diésel y de Q3 (0.39 USD) a la gasolina regular.

La decisión se tomó mientras persistía el desacuerdo entre el Gobierno, diputados de oposición y conductores de taxis, que rechazan la vía del subsidio y piden eliminar impuestos.

La propuesta que defendieron los funcionarios del Ejecutivo en la reunión legislativa establece que la gasolina súper quedaría excluida. En paralelo, la alternativa impulsada por opositores y taxistas plantea suprimir el Impuesto a la Distribución de Petróleo, el Impuesto al Valor Agregado asociado y los aranceles de importación.

El Ejecutivo sostiene que el subsidio frenó la inflación y favoreció sobre todo al diésel

En una conferencia de prensa de la ronda GT, el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios afirmó que el apoyo temporal anterior “es efectiva, es responsable y ya está demostrado que funciona”. Según explicó, esa medida estuvo vigente del 28 de abril al 2 de julio.

Barrios detalló que el programa anterior benefició 301.501.330 galones de combustible con aportes de ocho quetzales al diésel y cinco quetzales a la gasolina. Añadió que el diésel representó más del 50% del combustible alcanzado por el esquema, un dato que el ministerio usa para justificar que la nueva propuesta concentre el mayor apoyo en ese producto.

El ministro también señaló que la ejecución presupuestaria llegó al 97% y que se devolvieron Q67 millones. Indicó que la información sobre volúmenes y montos ejecutados está disponible semana por semana en el sitio del Ministerio de Energía y Minas, MEM, y que puede consultarse también mediante un código QR enlazado a esa página.

Para sostener que el subsidio tuvo efecto económico, Barrios mostró una gráfica del Índice de Precios al Consumidor y aseguró que la curva inflacionaria, que venía en ascenso desde enero, se desaceleró durante los dos meses cubiertos por el apoyo temporal.

Según su explicación, esa contención impactó en la canasta familiar y en los gastos de consumo de los hogares guatemaltecos.

El ministro vinculó ese resultado con el uso extendido del combustible en el país. Afirmó que el parque vehicular de Guatemala ronda los casi seis millones de vehículos y sostuvo que esa cobertura trasladó ahorros a las familias y a productos de consumo diario.

Taxistas y oposición exigen rebajas tributarias en lugar del subsidio

La reunión en el Congreso se realizó en medio de una manifestación de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax), cuyos integrantes realizaron una caravana desde las 8 de la mañana. Su postura coincide con la de diputados de oposición como Allan Rodríguez, que sostienen que el subsidio favorece a importadores y distribuidores, pero no llega de forma directa a los consumidores.

La exoneración que reclaman tendría impactos distintos según el combustible. De aplicarse esa fórmula, la gasolina súper bajaría Q4.70 por el IDP y Q0,56 por el IVA asociado, para una reducción total de Q5.26 por galón; la gasolina regular caería Q4.60 más Q0.55, hasta Q5.15; y el diésel descendería Q1.30 más Q0.16, para un recorte de Q1.46.

Ese último dato es el punto que el Ejecutivo ha usado para cuestionar la propuesta rival. De acuerdo con los funcionarios, al menos en el caso del diésel la rebaja tributaria sería menor que el subsidio planteado por el Gobierno.

Barrios añadió otro argumento en favor del modelo ya aplicado: durante ese período, las evaluaciones del Instituto Nacional de Estadística y de DIACO mostraron que, de 64 productos de la canasta básica del área metropolitana, 62 se mantuvieron estables y dos registraron alza. Para el ministerio, esa relación sugiere un control del crecimiento inflacionario y respalda un nuevo plan “enfocado más al diésel”.

La falta de consensos dejó el tema fuera del pleno, aunque el Congreso no cerró la puerta

El presidente del Congreso guatemalteco Luis Contreras resumió el bloqueo político ante la prensa: “Los diputados no están convencidos con lo que los funcionarios expresaron verbalmente. No hay mucho que se pueda hacer... Algunos dicen que la población no está de acuerdo con el subsidio, pero eliminar impuestos es un problema, aquí algo se va a perder”.

En lugar de discutir combustibles, los diputados prevén continuar con el tercer debate y la redacción final de la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Portuario. También figura la elección de dos magistrados titulares para la Corte de Apelaciones que concluirán el período constitucional 2024-2029.

La posibilidad de retomar el tema depende ahora de una moción privilegiada que modifique el orden del día. Hasta que eso ocurra, la respuesta legislativa al aumento de las gasolinas y del diésel seguirá pendiente.

La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional en Guatemala durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto abrió una nueva etapa para la infraestructura logística del país, con el respaldo de cámaras empresariales que la consideran una base para modernizar los puertos, atraer inversión y mejorar la competitividad del comercio exterior.

El peso de esa reforma, según los pronunciamientos empresariales, se explica también por la magnitud del sistema portuario en la economía guatemalteca: se estima que 75 % del comercio exterior del país se moviliza por vía marítima.

Esa proporción convierte a los puertos en una infraestructura estratégica para reducir costos logísticos, fortalecer las cadenas de suministro y mejorar el abastecimiento.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham Guatemala, sostuvo que el nuevo marco legal ofrece una oportunidad para avanzar hacia un sistema portuario moderno, eficiente y competitivo.

La entidad planteó que la norma puede reducir costos y tiempos logísticos, facilitar el intercambio comercial e impulsar la participación del sector privado junto con la incorporación de nuevas tecnologías y proyectos de largo plazo.

Para esa cámara, la reforma cobra especial relevancia por la transformación de las cadenas globales de suministro y por las oportunidades vinculadas al nearshoring.

También señaló que la posición geográfica de Guatemala le da potencial para consolidarse como plataforma logística y comercial de Centroamérica, aunque advirtió que para aprovecharlo será necesario fortalecer la conectividad, los procesos aduaneros, la digitalización y la eficiencia de toda la cadena logística.

El sector exportador e industrial vincula la ley con inversión, empleo y certeza jurídica

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport, felicitó al Congreso de la República y a la Comisión de Economía y Comercio Exterior por la aprobación de la norma.

En un comunicado oficial, la organización la definió como “una decisión trascendental que representa un paso firme hacia la modernización del sistema portuario nacional y fortalece la Agenda de Competitividad que Guatemala necesita para impulsar el crecimiento del comercio exterior y la atracción de inversiones”.

La entidad agregó que la ley puede fortalecer la rectoría del sistema portuario, dar mayor certeza jurídica a las inversiones y promover puertos más modernos, eficientes y competitivos.

También calificó la decisión como “histórica” y afirmó: “Con esta decisión, Guatemala envía una señal clara de confianza, visión de largo plazo y compromiso con la competitividad.

Se ha dado un paso decisivo para fortalecer el entorno exportador, atraer nuevas inversiones, generar empleo y crear mayores oportunidades de prosperidad para todos los guatemaltecos”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, valoró positivamente la decisión del Congreso y afirmó que la normativa representa un avance para modernizar el marco jurídico que regula el desarrollo portuario.

La organización sostuvo que la modernización del sistema portuario es un elemento clave para facilitar el comercio, promover la inversión y fortalecer la integración de Guatemala en las cadenas regionales y globales de suministro.

Desde el sector industrial, el mensaje fue similar, pero con una advertencia sobre la etapa que sigue. Las entidades que respaldan la ley coincidieron en que su impacto dependerá de una implementación técnica, transparente y coordinada entre las instituciones competentes, de modo que el nuevo marco legal se traduzca en mayor capacidad portuaria y en mejores condiciones para competir internacionalmente.

El transporte de carga y el agro ponen el foco en la logística y los costos

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga respaldó la aprobación del Decreto 20-2026 y la describió como “un hito para la modernización del sistema logístico nacional y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior”.

A su juicio, la nueva legislación establece las bases para un sistema portuario más eficiente, moderno y articulado con toda la cadena logística.

La organización remarcó que el potencial de la reforma dependerá de su coordinación con el transporte terrestre, encargado de conectar los puertos con los centros de producción, consumo y comercio internacional.

En su comunicado afirmó: “La competitividad de Guatemala depende de una logística eficiente, donde puertos y transporte terrestre funcionen como un solo sistema al servicio del desarrollo del país”.

La Cámara del Agro, Camagro, también calificó la aprobación como una decisión trascendental para la competitividad y el desarrollo económico. Según la entidad, la norma sienta las bases para modernizar el sistema portuario, atraer inversión, generar empleo, fortalecer el comercio e impulsar el crecimiento económico durante las próximas décadas.

Camagro añadió que la ley puede contribuir a reducir los costos logísticos que hoy limitan la competitividad del país y afectan el abastecimiento y el precio de los alimentos y otros bienes esenciales.

La organización reconoció al Congreso de la República por aprobar una normativa que, en su opinión, abrirá nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guatemaltecos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró este miércoles la decisión del Juzgado Tercero Penal de otorgar medidas sustitutivas a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, una resolución que les permitirá salir de la prisión preventiva tras casi 16 meses detenidos por su papel en las protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales que llevaron al mandatario al poder.

Arévalo sostuvo en redes sociales que Pacheco y Chaclán “nunca debieron ser criminalizados” y afirmó que ambos “defendieron legítimamente la voluntad popular”. El mandatario también recordó que Pacheco integró su gabinete como viceministro y definió la resolución como “una buena noticia para Guatemala”.

El juez Mynor Moto revocó la prisión preventiva al considerar que no existe peligro de fuga ni riesgo de obstaculización, y señaló además que los dos procesados ya habían excedido el plazo legal de detención. Durante la audiencia, sostuvo: “La prisión preventiva debe ser excepcional y la regla general es que el acusado enfrente el proceso en libertad”.

La decisión judicial incluyó condiciones estrictas: arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, registro biométrico mensual, prohibición de comunicarse con testigos y una caución de Q160 mil para cada uno, equivalente a unos 20.600 dólares. Una vez cubierto ese monto, ambos deberán firmar el acta de compromiso y esperar una nueva citación.

La resolución mantuvo el proceso abierto y aplazó la audiencia clave hasta el 22 de septiembre

La medida no cerró el caso. Moto concedió al Ministerio Público un mes adicional de investigación tras la incorporación del delito de asociación ilícita, ordenada por la Sala Cuarta Penal, y reprogramó la audiencia de etapa intermedia del 19 de agosto al 22 de septiembre.

Pacheco y Chaclán siguen procesados por tres delitos: asociación ilícita, obstrucción a la justicia y terrorismo. Las acusaciones están vinculadas con las manifestaciones de octubre y noviembre de 2023, cuando pueblos indígenas encabezaron bloqueos masivos para exigir el respeto a los resultados electorales y la renuncia de Consuelo Porras al frente del MP.

La resolución también tiene un efecto directo sobre la situación administrativa de Pacheco. La prohibición de ejercer cargos públicos le impide retomar su puesto como viceministro de Energía y Minas, del que quedó suspendido desde su captura en abril de 2025.

El Gobierno vinculó el caso con la criminalización de quienes defendieron la democracia

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García Ruano, dijo en la rueda de prensa conocida como la “ronda GT” que el Ejecutivo recibió la resolución con satisfacción. Según la funcionaria, Arévalo “manifestó su alegría, su satisfacción por una buena noticia del día de ayer”.

García Ruano también reiteró la posición del Gobierno sobre el expediente. Sostuvo que se trata de uno de los casos en que “la justicia ha sido mal utilizada para fines de criminalización de personas cuyo único objetivo ha sido defender la democracia”.

En esa misma comparecencia, la funcionaria explicó la ausencia del presidente y dijo que no asistió de forma presencial por una infección intestinal ya tratada. Añadió que se espera su regreso al Palacio Nacional el próximo lunes.

Durante la audiencia, el fiscal no se opuso a la revisión de la medida de coerción, a diferencia de lo ocurrido en sesiones anteriores. El representante del MP indicó que, por el tiempo transcurrido en prisión, los procesados podían resolver su situación legal fuera de la cárcel.

Amnistía Internacional celebró la decisión y recordó que había designado a ambos como presos de conciencia. Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, declaró: “Celebramos que Luis Pacheco y Héctor Chaclán puedan regresar con sus familias y comunidades después de más de un año privados injustamente de su libertad”.

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El volcán de Fuego mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva, y las autoridades de Guatemala advirtieron que la mayor amenaza sigue siendo la posible formación de corrientes de densidad piroclástica y lahares en las próximas horas para las comunidades cercanas.

Bajo Alerta Anaranjada Institucional, el Sistema CONRED mantiene cinco albergues habilitados: cuatro en Escuintla y uno en Sacatepéquez. En esos espacios reciben atención 1.680 personas, mientras continúan las evacuaciones preventivas, el apoyo operativo en el terreno y la coordinación con autoridades locales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la erupción ya superó las 45 horas y ha provocado también dispersión de ceniza hacia algunos departamentos. El organismo prevé que la actividad disminuya gradualmente durante las siguientes horas, pero no descarta nuevos episodios de peligro por el material acumulado en el edificio volcánico.

El principal riesgo sigue en las barrancas del flanco suroeste

El Insivumeh informó en sus boletines BEFGO-065-2026 y 64-2026 que persisten explosiones moderadas, emisiones de gases y ceniza, además del descenso de bloques incandescentes por las barrancas Ceniza y Seca. A través de cámaras web, el instituto también detectó leve incandescencia y explosiones moderadas y débiles.

Esas explosiones expulsan fragmentos de lava a alturas de entre 100 y 150 metros sobre el nivel del cráter. Parte de ese material se acumuló de forma inestable en la parte alta del volcán, lo que ya genera colapsos parciales y el arrastre de bloques ardientes hacia las laderas.

El organismo advirtió: “No se descarta la posibilidad de que, debido al apilamiento inestable de los fragmentos de lava expulsados por esta actividad eruptiva, se generen corrientes de densidad piroclástica que desciendan por cualquiera de las barrancas del volcán, recorriendo distancias de 5 a 7 kilómetros, siendo esta todavía la mayor amenaza para las comunidades ubicadas en las cercanías de estas, principalmente en las del flanco suroeste (Seca, Taniluyá, Ceniza)”.

Ese es el riesgo central de esta fase eruptiva: aunque la actividad tienda a bajar, las corrientes de densidad piroclástica todavía podrían impactar zonas cercanas a las barrancas activas. Por eso, las recomendaciones oficiales siguen enfocadas en las poblaciones de San Pedro Yepocapa, Escuintla y Alotenango.

Las lluvias elevan el riesgo de lahares y se restringió el acceso turístico

El Insivumeh también alertó que las lluvias asociadas al paso de una onda del este crean una amenaza inminente de descenso de lahares con impacto de bajo a medio. El monitoreo se concentra sobre todo en las barrancas Seca y Ceniza, donde la combinación de agua, ceniza y material volcánico puede provocar flujos peligrosos.

Además del seguimiento con sensores sísmicos y de infrasonido, el instituto mantiene vigilancia con cámaras web, imágenes satelitales y reportes de observadores en campo. En paralelo, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED continúa la entrega de ayuda humanitaria y atención integral en los albergues, con alimentación, asistencia médica y seguridad.

Las autoridades también pidieron no acercarse al volcán ni a las barrancas, seguir las indicaciones oficiales, informarse solo por los canales de CONRED e Insivumeh y reportar emergencias al 119. Al Instituto Guatemalteco de Turismo y a la municipalidad de San Juan Alotenango se les recomendó avisar a agencias, guías y visitantes que el Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió hasta nuevo aviso el acceso a los volcanes de Acatenango y Fuego.

El Insivumeh señaló además que se mantiene un tremor acústico continuo de características débiles, acompañado por emisiones de gases, ceniza y sonidos de desgasificación.

El volcán de Fuego es uno de los tres activos en Guatemala, junto al Pacaya y el Santiaguito. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la máxima vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continúa con el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la región.

La Sala Sexta de lo contencioso administrativo ordenó a la Contraloría General de Cuentas entregar en cinco horas el finiquito a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una decisión que le restituye el documento exigido por ley para ejercer el cargo aunque continúan registradas tres denuncias penales en su contra ante el Ministerio Público, según publicaciones de medios locales.

La notificación fue recibida por la CGC el 29 de julio, según informó el propio organismo. La resolución concedió amparo provisional y dispuso la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos a favor de Mazariegos, con la salvedad de que en el sistema de auditoría gubernamental constan acciones legales pendientes de resolver.

La orden judicial llegó después de que Mazariegos ya había asumido un nuevo período al frente de la Usac. El 1 de julio tomó posesión en un acto a puerta cerrada en el campus central, pese a no contar entonces con el finiquito requerido para ocupar y mantenerse en la rectoría.

El fallo devuelve el requisito legal que faltaba

La resolución de la Sala Sexta dio a Mazariegos un nuevo respaldo judicial en un punto central de su continuidad en el cargo. El finiquito era uno de los requisitos legales que no había podido obtener porque la Contraloría había presentado denuncias ante el Ministerio Público, lo que impedía la emisión de la constancia.

La propia CGC había anunciado que no se lo extendería por hallazgos en el manejo de los fondos que la universidad recibe del Estado. Aunque se, señala que esa situación no ha sido aclarada.

Aun así, el Consejo Superior Universitario avaló la continuidad de Mazariegos desde el 1 de julio. Para hacerlo, aceptó dictámenes elaborados por su propio departamento jurídico, con los que evitó la obligatoriedad de la constancia emitida por la Contraloría.

La Sala que ordenó devolver el documento es la misma que, en ocasiones anteriores había fallado a favor de Mazariegos y su grupo. También se indica que fue esa misma instancia la que excluyó la participación de profesionales de ciencias afines en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

La resolución fue firmada por los magistrados Irma Yolando Sosa Flores, Caren Orfilia Guzmán Sagastume y Víctor Manuel Castillo Mayén. El mandato estableció un plazo de cinco horas para emitir el documento a favor del rector.

La reelección se realizó entre denuncias de fraude y exclusiones

Mazariegos obtuvo su reelección como rector en un proceso que la oposición universitaria calificó como fraude. La objeción se centró en la exclusión de votantes afines a otros candidatos a rector.

Con ese escenario, Mazariegos quedó como único candidato en un evento que el Consejo Superior Universitario, presidido por él, decidió realizar en un hotel de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez. La privacidad de la sesión complicó el acceso incluso de algunos electores opositores que sí habían sido acreditados.

La elección para el nuevo período 2026-2030 se celebró el 8 de abril. Según los datos consignados en el texto fuente, participaron 52 electores acreditados y Mazariegos recibió 50 votos favorables.

También hubo reclamaciones de electores que intentaron participar en la votación y no fueron aceptados. Además, 23 asistentes abandonaron las instalaciones y rompieron el quórum.

Ese resultado dejó encaminada la continuidad de Mazariegos en la rectoría, aunque todavía no tenía el finiquito que la ley exigía para competir por la reelección y ejercer el cargo. El documento le fue extendido solo después de la orden emitida por la Sala Sexta, un mes y tres días después de haber asumido formalmente el nuevo período en la universidad estatal.

La erupción más reciente del volcán de Fuego en Guatemala obligó a evacuar y albergar a 1,696 personas y llevó a declarar la alerta roja en tres departamentos, según la entidad Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred). La actividad se intensificó entre el lunes y el martes y afecta de manera directa a 29,061 personas.

La directora ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, detalló que la dispersión de ceniza representa un peligro inminente para la salud, los cultivos y los animales. “Pedimos a los habitantes que usen mascarillas y protejan el agua y los alimentos para evitar la contaminación”, afirmó Ogaldes en declaraciones recogidas por AFP. Además, las autoridades suspendieron las clases escolares en comunidades de tres municipios aledaños al cráter.

En el municipio de San Juan Alotenango, principal punto de evacuación, decenas de personas llegaron con lo puesto tras recibir la alerta nocturna. “Salimos corriendo con miedo al ver la lava bajar por las laderas”, relató Alejandro García, habitante de El Porvenir, en diálogo con AFP. Camas improvisadas y alimentos básicos se distribuyeron en los refugios habilitados para la emergencia.

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala permanece operativo y fue reabierta la carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país, según confirmó AFP. La Conred advirtió que la situación podría mantenerse sin cambios o incluso agravarse en las próximas horas, pues el volcán “está en una de las fases explosivas”, según explicó Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Vulcanología.

Las últimas fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero y en junio de 2025, lo que obligó a evacuar a unas 800 personas en esas ocasiones. Los habitantes de la zona aún recuerdan la devastadora erupción de junio de 2018, que dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos, una tragedia que sigue presente en la memoria colectiva.

Los expertos advierten que la ceniza puede desplazarse hasta 130 kilómetros hacia el oeste y alcanzar alturas de entre 5.000 y 6.000 metros, afectando áreas mucho más allá del perímetro inmediato. En 1932, una erupción de este mismo volcán lanzó cenizas hasta El Salvador y Honduras.

El volcán de Fuego es uno de los tres activos en Guatemala, junto al Pacaya y el Santiaguito. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la máxima vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continúa con el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la región.

El Volcán de Fuego, un estratovolcán de 3.763 metros ubicado entre Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, mantiene una actividad casi ininterrumpida con explosiones diarias, emisiones de ceniza, fuentes de lava y flujos piroclásticos, una dinámica que explica por qué sigue siendo una de las amenazas geológicas más persistentes de Guatemala y de Centroamérica.

Sus columnas de ceniza superan de forma rutinaria los 4.500 metros sobre el nivel del mar, según informó Infobae. Esa actividad incluye también avalanchas de bloques incandescentes y lahares que descienden por sus barrancas.

El dato central es este: el volcán no atraviesa episodios aislados, sino que conserva un conducto principal abierto de manera constante. Esa condición le permite sostener actividad vulcaniana y estromboliana casi sin pausas, con explosiones frecuentes alimentadas por magma rico en gases.

El Juzgado Tercero Penal resolvió este martes Luis Pacheco y Héctor Chaclán salgan de prisión preventiva con medidas sustitutivas, después de un año y tres meses encarcelados, al considerar que no existe peligro de fuga ni de obstaculización y que ya excedieron el plazo legal para seguir privados de libertad mientras avanza el proceso por las protestas de 2023 en Guatemala.

La decisión también cambió el calendario del caso: el juez Mynor Moto concedió un mes adicional de investigación al Ministerio Público por la incorporación del delito de asociación ilícita y reprogramó la audiencia de etapa intermedia del 19 de agosto al 22 de septiembre.

Según la resolución leída en audiencia, ambos quedarán sujetos a arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, obligación de registrar su huella en el sistema biométrico una vez al mes, prohibición de hablar con testigos, pago de una caución de Q160 mil cada uno y prohibición de ejercer cargos públicos.

Esa última medida impide que Pacheco vuelva por ahora a su puesto como viceministro de Energía y Minas, cargo que había quedado suspendido desde su captura. Una vez pagada la caución, ambos deberán firmar el acta de compromiso y esperar una nueva citación judicial, según información del Diario LaHora.

El juez sostuvo que la prisión preventiva ya no era indispensable

En la audiencia, transmitida por la página oficial de los 48 cantones, Moto explicó que la legislación procesal penal establece que la libertad solo debe restringirse dentro de límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado. También afirmó que los riesgos procesales no pueden presumirse y que, en este caso, ya quedó desvirtuado que Pacheco y Chaclán vayan a fugarse o a interferir en la averiguación de la verdad.

El juez señaló además que los delitos atribuidos en este expediente no están dentro de los supuestos que impiden otorgar medidas sustitutivas. A eso sumó que la prisión preventiva debe ser excepcional y que la regla general es que el acusado enfrente el proceso en libertad.

Moto recordó en audiencia que los dos procesados están por cumplir casi 16 meses privados de libertad. En ese tramo de su exposición sostuvo que ya se cumplían los presupuestos para la cesación del encarcelamiento y que el tiempo transcurrido permitía revisar la coerción impuesta.

La postura del Ministerio Público también fue distinta a la de audiencias anteriores. Esta vez, el fiscal no se opuso a la revisión de la medida de coerción y sostuvo que, después del tiempo que llevaban presos, podían resolver su situación legal fuera de la cárcel.

La causa sumó otra acusación y mantiene los cargos por terrorismo

Antes de resolver la libertad condicionada, el juez dio cumplimiento a una orden de la Sala Cuarta Penal que en junio del año pasado dejó sin efecto el sobreseimiento por asociación ilícita y ordenó agregar ese delito al proceso.

Con esa decisión, Pacheco y Chaclán quedan procesados por asociación ilícita, obstrucción a la justicia y terrorismo. Los cargos están vinculados a su papel como exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán durante las manifestaciones de 2023 que exigieron la renuncia de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.

La resolución responde de forma directa a la principal pregunta del caso: los exdirigentes no fueron absueltos ni quedó cerrado el expediente. Recuperarán la libertad bajo condiciones, pero seguirán sometidos a proceso penal mientras el Ministerio Público completa la investigación adicional y se define en septiembre si deben ir a juicio.

En redes sociales, el diputado Samuel Pérez, ahora secretario del comité proformación del partido Raíces, anunció que esa organización pagará la fianza de ambos. En su mensaje dijo: “Acabamos de enterarnos de la resolución que deja en libertad finalmente después de más de un año en la cárcel a Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Y como un compromiso con ellos y con su libertad, con Raíces vamos a pagar la fianza completa que les impuso injustamente Mynor Moto”.

El Congreso de Guatemala aprobó la madrugada del 5 de agosto el Decreto 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario, una norma que busca modernizar el marco legal de los puertos, fortalecer la seguridad y la competitividad del comercio exterior y crear una autoridad nacional autónoma para ordenar un sistema que, según el texto aprobado, arrastraba duplicidad de funciones, instituciones obsoletas y falta de reglas claras para invertir y expandir infraestructura.

La ley fue avalada con 123 votos y entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. El proyecto llegó al pleno con 36 enmiendas incorporadas al dictamen: 33 fueron analizadas técnicamente por la Comisión de Economía y Comercio Exterior y tres introdujeron cambios sobre gobernanza e integración del sistema portuario.

La nueva normativa responde, de forma directa, a una carencia específica: Guatemala no contaba con una autoridad nacional moderna y autónoma para regular el sistema portuario.

El decreto también busca corregir la insuficiencia de estándares de seguridad y protección portuaria, así como el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

La ley crea una autoridad autónoma para regular, fiscalizar y sancionar

El eje institucional de la reforma es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional como entidad autónoma y descentralizada del Estado. Tendrá facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia portuaria.

La APN será, además, la rectora del Sistema Portuario Nacional. Bajo su conducción operarán el Comité Nacional de Protección Portuaria, el Comité de Apoyo Logístico al Sistema Portuario Nacional, el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional y otros entes de coordinación vinculados al sistema.

El artículo 11 define la integración del directorio de la APN. Estará compuesto por un miembro titular y su suplente designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, además de representantes designados por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación.

Entre las enmiendas aprobadas también se redefinieron conceptos como administrador portuario público y privado, área de influencia portuaria, espejo de agua y servicio comercial portuario. El objetivo, según el texto, es delimitar con mayor claridad las competencias de la futura autoridad y de las demás instituciones involucradas.

El sistema incorpora protección portuaria, digitalización y un plan nacional

La ley fortalece la creación del CONAPROP, integrado por instituciones como Gobernación, Defensa, la SAT, Migración, la PNC y el Ministerio Público, entre otras. También otorga nuevas facultades a la APN para supervisar el cumplimiento de las medidas de protección portuaria y crea un Equipo Auditor Interinstitucional para verificar en campo esas disposiciones.

El decreto incorpora además un componente de digitalización de servicios portuarios. Para eso prevé un portal interinstitucional que permitirá realizar trámites electrónicos mediante un esquema de ventanilla única y coordinación entre las entidades participantes.

Otro de los instrumentos centrales es el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, conocido como Planport. Ese plan deberá crear condiciones logísticas para reducir tiempos y costos en comercio exterior y fijar objetivos, prioridades, metas e indicadores para el desarrollo, la modernización y la sostenibilidad del sistema.

La norma también dispone que el plan identifique áreas con condiciones idóneas para el desarrollo portuario en el litoral nacional y en las zonas de influencia de las terminales. Esa planificación deberá incluir accesos, interconectividad y multimodalidad con redes carreteras, ferroviarias u otros modos de transporte.

La norma regula tarifas y apunta a ampliar la infraestructura portuaria

El artículo 53 establece el patrimonio del sistema e incluye una tarifa portuaria aplicable a todo buque por el manejo de carga en operaciones de embarque y desembarque. También fija una tarifa turística de USD 2 por pasajero que desembarque o aborde embarcaciones tipo crucero o similares.

Cuando las instalaciones turísticas operen dentro de áreas administradas por operadores públicos portuarios, el 50% de esa tarifa corresponderá al operador público. El texto aprobado también contempla recursos para adquirir, actualizar y mantener equipos de seguridad portuaria, además de mecanismos de cooperación internacional para sostener estándares nacionales e internacionales.

La ley parte de una premisa geográfica: Guatemala conecta los océanos Pacífico y Atlántico, lo que facilita el comercio internacional, reduce distancias hacia América del Norte y del Sur y la convierte en puente logístico para Centroamérica. En ese esquema, los puertos principales son Puerto Quetzal, en el Pacífico, y Puerto Santo Tomás de Castilla junto a Puerto Barrios, en el Atlántico.

Con la aprobación del decreto, el Congreso también dio cumplimiento al Decreto 26-2024, Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional. El nuevo marco legal está orientado a impulsar proyectos de ampliación de infraestructura portuaria y a fortalecer la capacidad logística del país para atender las demandas actuales y futuras del comercio exterior.

El MAGA activó su Plan de Respuesta y mantiene bajo vigilancia 238,862 hectáreas de cultivos en ocho departamentos de Guatemala por el aumento de la actividad del volcán de Fuego, mientras las autoridades de protección civil reforzaron medidas preventivas ante la emisión de gases y ceniza, la suspensión de clases en tres departamentos y el incremento de personas albergadas a más de 1,600.

La vigilancia oficial abarca 85 municipios con producción de café, hule, maíz, frijol, hortalizas, macadamia, caña de azúcar, palma de aceite, aguacate, huertos y pastos. En paralelo, el fenómeno obligó a habilitar cinco albergues: cuatro en Escuintla y uno en Sacatepéquez.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó que el monitoreo se concentra en Quetzaltenango, San Marcos, Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu, Chimaltenango, Totonicapán y Escuintla. La cartera activó su Plan Institucional de Respuesta para detectar posibles daños en actividades agrícolas y pecuarias por la caída de ceniza volcánica.

Para los productores, el ministerio recomendó inspeccionar de forma constante los cultivos más expuestos a la acumulación de material volcánico y retirar la ceniza de las hojas mediante sacudido o lavado cuando las condiciones sean seguras. También pidió suspender las labores agrícolas en los períodos de mayor caída de ceniza y usar mascarillas y protección ocular durante la limpieza.

El monitoreo oficial abarca 85 municipios agrícolas y pecuarios

En el sector pecuario, el MAGA aconsejó mantener a los animales bajo techo cuando sea posible y revisar de manera periódica la acumulación de ceniza sobre su cuerpo. Si hay presencia de material volcánico, recomendó limpiarlos con agua, en especial en ojos, nariz, boca, cabeza y cuerpo.

El Comité de Emergencia del ministerio sigue activo con la participación de las máximas autoridades de la institución. Ocho sedes departamentales permanecen en apresto, mientras la Unidad de Bienestar Animal participa en el Centro de Operaciones de Emergencia de Sacatepéquez y el Centro de Información Estratégica Agropecuaria genera alertas y análisis con apoyo de imágenes satelitales para identificar las áreas más vulnerables.

La actividad del volcán también llevó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a reforzar recomendaciones para la población y para las autoridades nacionales, departamentales y municipales. La alerta fue emitida el 5 de agosto de 2026, después de la publicación del Boletín Vulcanológico Especial BEFGO0642026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

De acuerdo con INSIVUMEH, el complejo volcánico mantiene emisión persistente de gases y ceniza, incandescencia constante y explosiones que proyectan fragmentos de lava hasta 200 metros. Las autoridades advirtieron además sobre la posible ocurrencia de flujos piroclásticos por las barrancas del volcán con recorridos de entre 5 y 7 kilómetros.

CONRED reportó más de 1,600 personas albergadas y clases suspendidas

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Claudinne Ogaldes confirmó que la cantidad de personas albergadas subió de 1,421 a poco más de 1,600. También indicó que las clases continúan suspendidas en escuelas de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomendó evitar las áreas de peligro, en especial las barrancas próximas al volcán, y cubrir depósitos de agua y alimentos para impedir su contaminación con ceniza. También sugirió usar mascarilla o paño húmedo para proteger nariz y boca, limpiar los techos, mantener lista la “Mochila de las 72 horas” y revisar el plan familiar de respuesta.

Para las autoridades locales y nacionales, la entidad pidió mantener el monitoreo permanente de la información emitida por INSIVUMEH y por la propia CONRED, socializar los planes de respuesta y las rutas de evacuación, y reforzar la difusión preventiva entre la población y los sectores turísticos. En caso de emergencia, recordó que el Sistema CONRED puede activarse a través del número 119.

“La prevención es tarea de todos”, señaló la CONRED en sus avisos informativos emitidos oficialmente el 5 de agosto de 2026 a las 2:30 horas.

Con una imponente altitud de 3,763 metros sobre el nivel del mar y una silueta que domina el paisaje entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, el Volcán de Fuego en Guatemala se mantiene como una de las estructuras geológicas más activas e impredecibles de América Latina.

Este coloso de tipo estratovolcán no solo es un icono visual en las inmediaciones de Antigua Guatemala, sino un constante recordatorio de la inmensa energía tectónica que moldea al continente.

Actualmente, es considerado uno de los colosos más activos de Centroamérica, más allá del lago de lava persistente del volcán Masaya en Nicaragua; las expulsiones de columnas de ceniza del Turrialba en Costa Rica; o las actividad fumarólica del Santa Ana en El Salvador.

El gigante guatemalteco se caracteriza por una actividad estromboliana y vulcaniana casi ininterrumpida. Sus explosiones constantes lanzan columnas de ceniza que superan rutinariamente los 4,500 metros sobre el nivel del mar, acompañadas de flujos piroclásticos, avalanchas de bloques incandescentes y lahares que descienden por sus barrancas.

Factores geológicos de su alta actividad

El coloso se sitúa directamente sobre el límite de convergencia donde la Placa de Cocos se desliza por debajo de la Placa del Caribe (proceso conocido como subducción).

Este movimiento empuja continuamente rocas del manto hacia profundidades donde se funden, generando enormes volúmenes de magma que buscan salir a la superficie.

Su magma es de tipo andesítico y basalto-andesítico, caracterizado por ser moderadamente viscoso y rico en gases disueltos (como vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre). A medida que el magma asciende, la liberación rápida de estos gases genera alta presión, lo que desencadena explosiones frecuentes y la emisión de flujos piroclásticos.

El canal o chimenea principal del Volcán de Fuego se mantiene abierto de forma constante, lo que le permite registrar una actividad vulcaniana y estromboliana casi ininterrumpida, manifestada en explosiones diarias, emisiones de ceniza y fuentes de lava.

El Volcán de Fuego no opera de forma aislada. Pertenece al Arco Volcánico Centroamericano, una franja de más de 1,500 kilómetros producto de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. En este entramado centroamericano, el coloso guatemalteco comparte protagonismo con vecinos de alta peligrosidad:

• Guatemala: El triángulo activo se completa con el Pacaya y el complejo Santiaguito/Santa María, este último protagonista de una de las erupciones más devastadoras del siglo XX.
• Nicaragua: Destacan el Masaya, famoso por su lago de lava persistente en el cráter Santiago, y el Momotombo, histórico por sus erupciones violentas.
• Costa Rica: El Turrialba y el Poás registran actividad fumarólica y emisión constante de cenizas que impactan frecuentemente el espacio aéreo del Valle Central.

A escala continental, Fuego se alinea con otros titanes de la Cintura de Fuego del Pacífico. En México, el Popocatépetl mantiene en alerta permanente al centro del país debido a su densa población circundante.

Hacia el sur, Colombia alberga al Nevado del Ruiz, cuyo deshielo erupcional causó la tragedia de Armero en 1985, y Chile monitorea de cerca al Villarrica. En el extremo norte, el Kilauea en Hawái y el Monte Saint Helens en Estados Unidos complementan la cadena de monitoreo volcánico más importante del planeta.

La leyenda del Chi Q’aq’

Las erupciones del Volcán de Fuego se registran documentalmente desde 1524, cuando los conquistadores españoles presenciaron sus potentes manifestaciones. Desde entonces, ha mantenido fases eruptivas violentas en cada siglo, destacando los eventos de 1932, 1974 y la tragedia del 3 de junio de 2018.

Esta última se convirtió en uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente del país, cuando avalanchas de flujos piroclásticos, una mezcla ardiente de gas, rocas y ceniza a altas temperaturas que destruyeron la comunidad de San Miguel Los Lotes y dejaron cientos de fallecidos.

Su actividad ha sido tal, que aparece registrado en fuentes coloniales y análisis del Popol Wuj, haciendo referencia directa al coloso desde tiempos prehispánicos, cuando se le conocía como Chi Q’aq’, un vocablo que proviene de los idiomas mayas kaqchikel y k’iche’ que significa “donde hay fuego” o “boca de fuego”.

Cuenta la leyenda que durante los primeros siglos de la colonización española en Guatemala, la intensa y constante actividad del volcán aterrorizaba a los frailes y pobladores del valle de Panchoy.

Convencidos de que la montaña alojaba fuerzas demoníacas o la mismísima boca del infierno por sus estruendos y columnas de humo, las autoridades eclesiásticas decidieron someter al coloso a un ritual de cristianización para aplacar sus erupciones.

Un grupo de sacerdotes organizó una solemne procesión litúrgica que ascendió por las faldas de la montaña llevando cruces, agua bendita y vestimentas sagradas con la intención de realizar el exorcismo e instalar las cruces cerca del cráter.

Fue en ese momento cuando, dispusieron bautizar al estratovolcán con el nombre de Santa Catarina o Santa Catarina Mártir (los registros señalan ambos nombres), buscando poner la furia del coloso bajo el amparo de la iglesia.

No obstante, justo cuando la comitiva comenzaba los rezos para verter el agua bendita y proclamar el nuevo nombre religioso, el volcán respondió con una violenta explosión. Un denso manto de ceniza oscureció el cielo y retumbos telúricos hicieron temblar la tierra, mientras una lluvia de piroclastos obligó a la comitiva a huir despavorida cuesta abajo.

La población eclesial interpretó el evento como un rechazo directo de la montaña a ser rebautizada. Tras el frustrado intento, los frailes desistieron de imponerle el nombre de Santa Catarina y optaron por mantener una traducción directa de la denominación nativa en kaqchikel: Chi Q’aq’, llamándolo simplemente Volcán de Fuego.

El privado de libertad Alex Estuardo Rodríguez Aquino, de 20 años, escapó del Hospital Nacional de Jalapa en Guatemala, tras fingir una descompensación en la cárcel. Fue recapturado dos cuadras después por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en un episodio que incluyó una persecución y disparos al aire.

El caso se conoció en medio de críticas y señalamientos contra las autoridades del Sistema Penitenciario, luego de otra evasión ocurrida el 30 de julio donde el reo César Humberto Hernández Vicente escapó de la Granja de Rehabilitación Pavón escondido en un ropero de madera y un líder de la Mara Salvatrucha fue asesinado dentro de otra cárcel el 2 de agosto.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), Rodríguez Aquino pidió asistencia médica por la mañana de este martes 4 de agosto, cuando se encontraba recluido en el Centro Preventivo para Hombres de Jalapa. Simuló estar inconsciente, por lo que el protocolo del penal dispuso su traslado bajo custodia policial al hospital.

Mientras recibía atención, el detenido aprovechó un descuido para salir corriendo del centro asistencial e intentar huir. Los agentes iniciaron la persecución y lo alcanzaron dos cuadras más adelante, de acuerdo con la institución.

En videos que circularon en redes sociales se observa a dos policías correr detrás del prófugo por calles del sector. Las imágenes muestran también que uno de los agentes hizo disparos al aire durante la persecución, mientras vecinos presenciaban la escena.

Los primeros reportes indicaron que policías de la Comisaría 22 participaron en la recaptura. En las grabaciones se ve además el momento en que uno de los agentes alcanza al fugitivo y lo reduce sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los reportes policiales, Rodríguez Aquino está en prisión preventiva señalado del delito de hurto agravado. Había ingresado al centro preventivo de Jalapa el 28 de mayo de 2026.

La fuga en Pavón activó protocolos de emergencia y abrió sospechas internas

La otra evasión reportada fue la de César Humberto Hernández Vicente, un privado de libertad que escapó de la Granja de Rehabilitación Pavón, esta vez, escondido dentro de un ropero de madera que él mismo había fabricado. La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó la fuga, activó protocolos, pero indicaron que las investigaciones detallarán la forma en que el privado de libertad habría evadido la prisión.

De acuerdo con la autoridad penitenciaria, los órganos de control de la DGSP pusieron en marcha mecanismos de búsqueda y la PNC participa en operativos dentro y fuera del complejo. La Inspectoría General del Régimen Penitenciario también inició procesos para establecer posibles responsabilidades.

El Sistema Penitenciario advirtió en un comunicado: “Se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten involucrados en los hechos”. La entidad difundió además la fotografía del reo fugado y habilitó canales de denuncia anónima: la línea 1533 del Sistema Penitenciario, el 110 de la PNC y el WhatsApp Crime Stoppers 3764-1561.

Versiones no oficiales señalaron que Hernández Vicente habría salido oculto en un ropero de madera con doble fondo fabricado en el propio penal para su venta. Ese mueble habría aparecido vacío en las inmediaciones del complejo Pavón Fraijanes, un dato que alimentó sospechas sobre fallas en los controles de salida de objetos o posibles complicidades internas.

Por su parte, diputados y expertos en seguridad han manifestado su indignación por la forma en que el privado de libertad habría escapado, señalando, lo que consideran, “graves deficiencias” en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

Asesinato

Este nuevo hecho ocurre tan sólo dos días después del asesinato del privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”. Hecho armado en el que también falleció la esposa del reo Jennifer Dyana Santizo Umul, quien se encontraba en una visita conyugal.

Durante el ataque resultó herido un guardia del Sistema Penitenciario, quien intentó evitar el incidente.

Ortiz Romero era un líder de la Mara Salvatrucha, quien habría liderado el asesinato del cabecilla de un cartel de narcomenudeo guatemalteco conocido como “Los Caradura”. Tras su muerte, fueron detenidos dos privados de libertad del Barrio 18 como autores materiales del crimen.

El volcán de Fuego de Guatemala se ubica a unos 140 kilómetros en línea recta de la frontera con Chiapas, una distancia que coloca a municipios del Soconusco dentro del radar de las autoridades mexicanas cada vez que el coloso registra actividad eruptiva.

Protección Civil de Chiapas mantiene vigilancia en siete municipios fronterizos, aunque hasta este miércoles 5 de agosto no se reporta caída de ceniza en territorio mexicano ante el aumento en la actividad del volcán guatemalteco.

El volcán se localiza en el centro-sur de Guatemala, en el límite de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, a unos 50 kilómetros de Ciudad de Guatemala y a 16 kilómetros de Antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su altura es de aproximadamente 3,763 metros sobre el nivel del mar.

El coloso lleva en erupción constante desde enero de 2002, aunque su actividad se intensificó con pulsos explosivos desde la noche del 3 de agosto, según el Diario del Soconusco. La fase actual es la más explosiva y crítica del proceso eruptivo, con emisión de gases, ceniza y lava desde el cráter, informó el director del INSIVUMEH, Edwin Rojas.

La ceniza llegó a San Marcos, departamento guatemalteco que colinda con México

Durante la fase eruptiva, la columna de ceniza alcanzó entre 5,000 y 7,000 metros sobre el nivel del mar y se dispersó 120 kilómetros en dirección oeste y noroeste, sobre los departamentos guatemaltecos de Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá, de acuerdo con el INSIVUMEH. Los residuos volcánicos llegaron al departamento de San Marcos, que comparte frontera con Chiapas.

El modelo meteorológico del INSIVUMEH prevé que la ceniza podría dispersarse hasta 150 kilómetros en las próximas horas, alcanzando el espacio aéreo del departamento de Quetzaltenango. Las emisiones podrían continuar hasta por 24 horas más.

El boletín más reciente del organismo, actualizado la madrugada de este miércoles a la 1:48, indica que horas después la ceniza se desplazó en dirección norte sobre Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez, y que los registros sísmicos no sugieren un incremento en la actividad del volcán. El INSIVUMEH considera el episodio parte de la actividad normal del coloso.

Los municipios chiapanecos que Protección Civil vigila son Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tapachula. Todos pertenecen a la región del Soconusco, la franja costera más cercana a la frontera guatemalteca.

Protección Civil Chiapas descarta riesgo directo, pero mantiene el monitoreo

El delegado de Protección Civil de la región Soconusco Alto, Joaquín Ernesto Montes Molina, descartó afectaciones en la zona. “La ceniza puede viajar hasta un máximo de 100 km de distancia, entonces es muy baja la probabilidad de que caiga en estos municipios y la región”, dijo al Diario del Soconusco.

Montes Molina precisó que el volcán está a unos 250 kilómetros de Tapachula y a 220 de Suchiate. Pidió a la población no alarmarse: “Es muy poco probable que llegue aunque sea un poquito a la región como tal”. Añadió que las evacuaciones visibles en redes sociales corresponden a comunidades ubicadas entre 40 y 100 kilómetros del cráter, dentro de Guatemala.

El coordinador de Protección Civil de Suchiate, Juan Antonio Ruiz, confirmó a Record que no se ha detectado presencia de ceniza en territorio mexicano. Recomendó evitar el contacto con el agua de lluvia ante la posibilidad de que contenga partículas volcánicas.

Protección Civil de Chiapas precisó que la lava y los flujos piroclásticos no representan riesgo para México: el único fenómeno que podría cruzar la frontera es la ceniza, y solo si los vientos soplan hacia el norte o noreste, algo que ocurre de forma poco frecuente. Hasta ahora las autoridades mexicanas y chiapanecas no han emitido boletines de alertamiento.

La erupción de 2018 marcó el antecedente más grave

La erupción del 3 de junio de 2018 es el antecedente más destructor registrado en el volcán de Fuego. Generó flujos piroclásticos que sepultaron comunidades enteras en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, con un saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos. En ese episodio, las afectaciones se concentraron en territorio guatemalteco y no se registraron daños en Chiapas. La última erupción significativa antes de la actual se registró el 9 de marzo de 2025.

La erupción actual dejó hasta este miércoles 29,000 personas afectadas y más de 1,700 evacuadas en Guatemala, según el balance de la Conred.

El Congreso de Guatemala mantiene su debate este martes la aprobación final de la Ley General del Sistema Portuario, una norma que busca reorganizar el funcionamiento de los puertos del país y responder a demoras que en 2024 elevaron hasta 35% el precio final de productos importados por vía marítima.

De acuerdo con los diputados, el cambio apuntó a una reforma más amplia del sistema portuario: no solo sobre operación e inspección, sino sobre seguridad, gobernanza, inversión y control en instalaciones clave para el comercio exterior guatemalteco.

El Congreso de Guatemala discute una ley para modernizar sus puertos, reducir demoras y ajustar la operación a estándares internacionales. La consecuencia inmediata que persiguió el oficialismo fue bajar costos para importadores y exportadores y reforzar la seguridad en puntos por donde pasa la mayor parte del comercio exterior del país.

Guatemala ubicó el debate en un punto sensible de su estructura económica. El país opera con Puerto Quetzal en el Pacífico y con Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en el Atlántico, una red que conecta con América del Norte y del Sur y sostiene su papel como puente logístico entre ambos océanos.

Uno de los argumentos centrales para acelerar ley radica en el impacto económico de los cuellos de botella de los puertos. El Congreso analiza que los atrasos logísticos y de inspección en uno de los principales recintos portuarios del país trasladaron sobrecostos al consumidor y agravaron el costo de vida nacional.

Los costos diarios de fondeo de un buque pueden llegar a USD 35 mil, una cifra superior al cuarto de millón de quetzales. Los tiempos de espera alcanzaron hasta 45 días para buques de graneles sólidos y 25 días para graneles líquidos.

La reforma cambió el foco hacia protección integral

El dictamen incorpora 33 enmiendas de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, y otras tres sobre gobernanza, en especial sobre la integración del directorio. Según sus palabras, esas correcciones buscaron robustecer la estructura institucional del sistema.

Ayala pidió devolver temporalmente la iniciativa a la comisión para revisar cambios específicos. Ese paso modificó el enfoque de la autoridad portuaria: pasó de un modelo centrado en la inspección a otro orientado a la protección integral de los puertos.

La nueva ley también busca resolver vacíos de fondo: la ausencia de una autoridad portuaria nacional moderna y autónoma, la duplicidad de competencias, la vigencia de instituciones obsoletas y la falta de procedimientos claros para inversión y expansión portuaria.

Según explicaron en el Congreso, en materia de seguridad, el proyecto incluye protección de personas, bienes e instalaciones, prevención de actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico y contrabando, resguardo fitosanitario e inspecciones estatales efectivas. El objetivo oficial fue alinear el sistema con el Código PBIP y con estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

La aprobación de la norma también daría cumplimiento al Decreto 26-2024, que estableció la Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional durante la X Legislatura.

Hasta el cierre de la nota, los legisladores continuaban con la discusión y aprobación de artículos.

El Congreso de Guatemala programó 12 interpelaciones contra ministros del gobierno de Bernardo Arévalo a partir del 27 de agosto, una decisión que deja a 12 de los 14 integrantes del gabinete sin poder salir del país y obliga al Ejecutivo a reorganizar su funcionamiento.

La agenda se extenderá, al menos, hasta el 22 de octubre. El calendario no garantiza que los procesos terminen en esas fechas, porque la propia mecánica de las interpelaciones permite que se prolonguen por tiempo indefinido.

El caso más avanzado es el del ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto, que ya enfrenta una interpelación en curso y debe asistir al Congreso cada jueves. Ese juicio político comenzó el 13 de noviembre de 2025, lleva cerca de nueve meses y todavía permanece en la fase de preguntas adicionales, con cinco diputados aún pendientes de intervenir.

Trece ministros quedan alcanzados por la restricción para salir del país

Con la interpelación de Pinto, 13 de los 14 ministros del gabinete quedan sujetos a la prohibición de salir de Guatemala y deben de llegar al Congreso de la República cada jueves. La única excepción, por ahora, es el ministro de Energía y Minas.

La base legal de esa restricción está en el artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: “Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna”.

El presidente del Congreso Luis Contreras anunció que el pleno conoció las solicitudes pendientes y fijó fechas para las comparecencias. Una de esas peticiones, de acuerdo con el diario, estaba ingresada desde el 25 de febrero y aún no se había conocido ni agendado en el pleno.

La ministra más requerida es Norma Lissette Zea Osorio, titular de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con siete solicitudes. Su primera cita está prevista para el 3 de septiembre.

Por su parte, el ministro de Salud Joaquín Barnoya acumula cinco; la ministra de Trabajo Miriam Roquel suma cuatro; la ministra de Ambiente Patricia Orantes tiene tres; y la ministra de Economía Gabriela García enfrenta dos.

También fueron citados una vez cada uno los titulares de Gobernación, Educación, Defensa, Cultura, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas y Agricultura. La programación de las sesiones quedó distribuida entre el 27 de agosto y el 22 de octubre.

La Corte de Constitucionalidad ordenó priorizar los juicios políticos pendientes

Horas antes de que el Congreso destrabara los expedientes, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Organismo Legislativo dar prioridad a las interpelaciones pendientes. La resolución surgió de un amparo presentado por la diputada Lourdes Teresita de León, subjefa de la bancada de la UNE y secretaria general de ese partido, el cual ha estado bajo la dirección de Sandra Torres, mamá de la congresista y candidata presidencial en tres ocasiones.

La orden de los magistrados constitucionales ordenó la fijación de fecha para cada juicio político. Una vez agendada, la ley obliga al ministro citado a asistir al Congreso en espera de ser interrogado.

El Ejecutivo intentó frenar la simultaneidad de las citaciones

El gobierno de Arévalo había anunciado una acción ante la misma Corte para evitar que las interpelaciones se desarrollaran de manera simultánea. El presidente presentó ese recurso en una conferencia de prensa del 21 de julio, cuando calificó la ofensiva legislativa como una medida para “hostigar y obstaculizar” el funcionamiento del Gobierno”.

El mandatario sostuvo entonces que el amparo no buscaba impedir los juicios políticos, sino ordenar su desarrollo de forma coordinada y sucesiva para que no afectaran las tareas del Organismo Ejecutivo. Hasta el momento de la programación legislativa, la CC aún no había conocido ese recurso.

¿Qué es una interpelación?

La interpelación de ministros en el Congreso de la República de Guatemala es un mecanismo constitucional de fiscalización y control político ejercido por el Organismo Legislativo sobre el Organismo Ejecutivo (artículo 166 de la Constitución Política).

Su propósito central es obligar a los ministros de Estado a rendir cuentas públicamente sobre su gestión, el uso de fondos públicos o decisiones administrativas de su cartera.

No obstante, en la práctica legislativa guatemalteca, este recurso también ha sido utilizado por bloques de oposición como una herramienta estratégica para bloquear o desacelerar la agenda legislativa y al Gabinete de Estado, dado que la Constitución establece que no se pueden tratar otros puntos en el Pleno mientras una interpelación esté en curso. Normalmente, los diputados se ausentan y el juicio político se suspende.

El Volcán de Fuego, uno de los colosos más emblemáticos de Guatemala y considerado entre los más activos de Centroamérica, inició una nueva y violenta fase eruptiva en las primeras horas del 3 de agosto.

La magnitud del fenómeno sorprendió a visitantes y residentes, quienes observaron cómo el volcán arrojaba una columna de ceniza y gas que superó los 6.000 metros sobre el nivel del mar, transformando el entorno natural en un escenario de intensa actividad y riesgo.

Durante las primeras horas del 3 de agosto, decenas de turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en los miradores y senderos del volcán Acatenango documentaron el inicio de la erupción con videos e imágenes.

El material, que rápidamente circuló en redes sociales, refleja la potencia de las explosiones y la presencia de flujos piroclásticos descendiendo por las laderas del Volcán de Fuego.

En las imágenes difundidas se observa la salida violenta de material volcánico, así como las cenizas que rápidamente cubrieron el cielo. Entre gritos de asombro y, algunas risas de temor, los turistas visualizan la magnitud del coloso.

Restringen ingreso

Conforme se incrementó la actividad, las autoridades del Parque Nacional Volcán de Acatenango restringieron el ascenso, ya que desde este coloso se suele observar la salida de magma y gases del Volcán de Fuego, gracias a su cercanía.

Las puertas de ingreso al parque fueron cerradas. No obstante, la presencia de excursionistas obligó a los equipos de Asistencia Turística y cuerpos de socorro a intervenir.

No obstante, algunos excursionistas lograron evadir las restricciones y la seguridad, realizando ascensos pese a la prohibición, al extremo que un creador de contenido realizó una transmisión en vivo durante la noche del 3 de agosto.

“Ya me voy, sólo vine a echar una mi carrera. Ya voy para abajo, sólo vine a grabar un unos videos, yo me hago 30 minutos de aquí a mi casa en la soledad. Soy corredor, también. Lo hago con el fin de que miren como es la naturaleza de increíble”, dice mientras transmitía en vivo la erupción del volcán de Fuego.

Incluso, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de Acatenango publicó un vido en el que se observa a una persona realizar un ascenso al volcán, pese a las restricciones.

“Pese a las restricciones... varias personas continúan ascendiendo al volcán Acatenango, incumpliendo los protocolos de seguridad”, manifestaron a través de las redes sociales.

Además, recordaron que la caída de ceniza, las explosiones y el riesgo de corrientes piroclásticas mantienen en alerta a las comunidades cercanas, por lo que hicieron un llamado a no poner en riesgo la vida y respetar las restricciones vigentes.

Alerta roja y restricciones inmediatas

La escalada en la intensidad eruptiva llevó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) a declarar Alerta Anaranjada a nivel nacional.

Mientras que las municipalidades de Sacatepéquez y San Pedro Yepocapa elevaron el nivel a Alerta Roja en respuesta a la amenaza. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) dispuso la restricción total del acceso al Acatenango y suspendió todas las rutas de senderismo cercanas al sector volcánico.

Las autoridades evacuaron preventivamente caseríos cercanos y decretaron la suspensión de clases en municipios aledaños, ante la persistente caída de ceniza. El Ministerio de Ambiente sumó recomendaciones para proteger el agua potable y limitar actividades al aire libre debido a la dispersión de material volcánico.

En medio del incremento de la amenaza, CONRED, INGUAT y el Ministerio de Ambiente reiteraron la prohibición absoluta de ascenso a los volcanes de Fuego y Acatenango. Se sancionará a operadores clandestinos que ofrezcan tours ilegales.

Las autoridades instan a denunciar servicios turísticos no autorizados a los teléfonos oficiales del Ministerio Público (3756-8368) y de DIPRONA (3032-5596). Para asistencia inmediata, se mantiene disponible la línea de Asistencia Turística (1500) las 24 horas.

La suspensión de clases presenciales sigue vigente en varios municipios de Guatemala debido a la reciente actividad del volcán de Fuego.

A través de dos comunicados, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que mantienen medidas preventivas para proteger a la comunidad educativa mientras el coloso continúa en fase eruptiva y las lluvias incrementan el riesgo de lahares.

Las clases presenciales estarán suspendidas en los siguientes municipios:

• San Juan Alotenango, Sacatepéquez
• Escuintla, Escuintla
• San Pedro Yepocapa, Chimaltenango

La decisión responde a la recomendación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que instó al Mineduc a priorizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

La suspensión abarca todos los sectores: público, privado, cooperativas, municipal y extraescolar. La medida protege a miles de personas que integran la comunidad educativa en los tres municipos municipios, ubicados en áreas de influencia directa del volcán.

Monitoreo constante y pronóstico de lahares

La actividad eruptiva del volcán de Fuego en Guatemala ha generado preocupación por la seguridad en los municipios cercanos.

El Mineduc, siguiendo las recomendaciones de la Conred y en coordinación con los comités de emergencia, determinó que la mejor medida de prevención es mantener la suspensión de clases presenciales. El riesgo de flujos de lodo y la caída de ceniza, que por las lluvias incrementa el peligro para la población.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la erupción del volcán de Fuego continúa activa. Según la institución, se espera que las precipitaciones asociadas al paso de una Onda del Este puedan provocar lahares —flujos de lodo, rocas y material volcánico— principalmente en las barrancas Seca y Ceniza.

El Insivumeh advirtió que los lahares representan un riesgo para comunidades cercanas y para quienes transitan por las inmediaciones del volcán. La vigilancia se realiza mediante observadores de campo, sensores sísmicos, cámaras web e imágenes satelitales.

Acciones de las autoridades educativas y de emergencia

El Mineduc, a través de sus Direcciones Departamentales de Educación en Sacatepéquez y Escuintla, participa activamente en las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE).

En estos encuentros se evalúan nuevas acciones de resguardo y se decide la continuidad o modificación de las restricciones según la evolución del fenómeno.

Las autoridades exhortan a la comunidad educativa a consultar únicamente los canales oficiales de la Dirección Departamental de Educación y del Ministerio para obtener información actualizada sobre el regreso a clases o nuevas directrices.

También piden evacuar a las personas que se encuentran en riesgo para resguardar su seguridad.

Recomendaciones y zonas de vigilancia

Las autoridades mantienen planes de respuesta activos en municipios como San Pedro Yepocapa, Escuintla y San Juan Alotenango. A la población se le recomienda mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales, especialmente quienes residen o circulan dentro de un radio de 10 kilómetros del volcán.

El descenso de corrientes de densidad piroclástica y la caída de ceniza volcánica continúan reportándose en la zona. Por ello, la SE-CONRED solicita a las comunidades estar atentas a cualquier cambio en la actividad y no exponerse innecesariamente.

Perspectivas para los próximos días

La ausencia de los estudiantes en las aulas podría extenderse si la actividad volcánica y las lluvias persisten. Las autoridades reiteran su compromiso de informar oportunamente sobre la evolución de la situación y recalcan que la protección de la vida es la prioridad en las decisiones adoptadas.

La reanudación de clases presenciales dependerá de la evolución de la emergencia y del monitoreo constante que realizan los equipos técnicos en el área afectada. Mientras tanto, la suspensión sigue siendo la principal medida preventiva para minimizar los riesgos asociados a la erupción.

El Volcán de Fuego seguirá activo al menos 72 horas más en Guatemala, con explosiones, caída de ceniza, emisión de gases, retumbos y lanzamiento de rocas, mientras las autoridades mantienen la alerta roja por el riesgo de flujos piroclásticos y lahares asociados a las lluvias, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Más de 29 mil personas sufrieron efectos por la emergencia y 1,221 permanecen en cinco albergues, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). La entidad agregó que esos espacios ya no tienen más capacidad y que hay otros tres listos para recibir a más familias evacuadas.

Las explosiones alcanzaron entre cinco y siete kilómetros sobre el cráter y la ceniza se desplaza hacia el este y suroeste. Los departamentos con mayor impacto son Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, en un radio de hasta 120 kilómetros.

El último boletín del Insivumeh señaló que el volcán continúa en su fase más intensa de emisión de gases, lava y ceniza desde el cráter. El organismo advirtió además que se mantiene la posibilidad de descenso de flujos piroclásticos por cualquiera de las barrancas.

La ceniza cubre 1,280 kilómetros cuadrados y obligó a suspender clases en 488 escuelas

La dispersión de ceniza cubre 1.280 kilómetros cuadrados, según Conred, que recomendó usar mascarilla y revisar los techos, en especial los de lámina, por el peso que puede acumularse. Hasta el momento, 18 comunidades presentan impacto directo, aunque no se reportan daños en viviendas.

Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas en 488 escuelas para reducir la exposición de estudiantes y personal educativo. También continúa cerrado el paso en la Ruta Nacional 14 para priorizar la emergencia y facilitar las evacuaciones, bajo coordinación de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala.

Claudinne Ogaldez, secretaria ejecutiva de Conred, dijo a la publicación que los equipos de respuesta permanecen en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango para apoyar a las autoridades departamentales, municipales y comunitarias. Añadió que el sector azucarero apoyó con buses para facilitar las evacuaciones.

Edwin Rojas, director general del Insivumeh, explicó que observar una columna de humo no significa necesariamente que ocurra una explosión. También indicó que uno de los siete sensores permitió establecer el comportamiento del volcán y que, tras ocho pulsos, se determinó que la actividad puede sostenerse durante varios días.

Rojas informó que en el país se registraron más de 21 mil sismos, de los cuales 125 fueron percibidos por la población. Aclaró que esos eventos no guardan relación con el comportamiento del Volcán de Fuego.

Las lluvias elevan el riesgo de lahares en las barrancas Seca y Ceniza

La actividad eruptiva comenzó el 3 de agosto a las 8:30 y alcanzó su fase más intensa hacia las 23:00, informaron las autoridades de la Conred en conferencia de prensa. Desde entonces se mantiene la emisión constante de gases, ceniza y lava, acompañada de un tremor acústico continuo.

En tanto, el Insivumeh indicó que las precipitaciones previstas por el paso de una onda del este podrían generar lahares, sobre todo en las barrancas Seca y Ceniza, con impactos de nivel bajo a medio. Las autoridades señalaron que esos flujos de lodo, rocas y material volcánico representan un riesgo para las comunidades cercanas y para quienes transitan por áreas aledañas al volcán.

El instituto mantiene vigilancia visual e instrumental mediante observadores de campo, sensores sísmicos y de infrasonido, cámaras web e imágenes satelitales. También recomendó a la Secretaría Ejecutiva de la Conred mantener activos los planes de respuesta en los municipios de San Pedro Yepocapa, Escuintla y San Juan Alotenango, e informar de forma oportuna a las comunidades ubicadas en un radio de 10 kilómetros del volcán.

El Insivumeh también recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil mantener precauciones con el tráfico aéreo por la dispersión de ceniza. A la vez, el Parque Nacional Volcán de Acatenango mantiene restringido hasta nuevo aviso el acceso a los volcanes de Acatenango y de Fuego, con un llamado a agencias de turismo, guías y visitantes para que respeten la medida mientras persista la emergencia.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, confirmó este martes que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se encuentra padeciendo problemas de salud, pero aclaró que no es nada grave y que se mantiene al frente del aparato gubernamental.

Según García, se vio obligada a revelar la información, luego de varios rumores y desinformación que surgió, principalmente, en redes sociales tras la primera conferencia de prensa sobre la emergencia del volcán de Fuego, lo que motivó una respuesta oficial.

La funcionaria explicó que el presidente se encuentra en condiciones estables y continúa al frente de su equipo. “El presidente está bien. El presidente está trabajando como siempre. El presidente está liderando sus equipos como siempre. Está al tanto de esta situación como siempre”, aseguraron voceros oficiales.

Luego detalló que Arévalo experimentó una infección intestinal que requirió atención médica. “Este tipo de cuadro médico resulta frecuente en la población general”, dijo, mientras que afirmó que el mandatario ya muestra mejoría.

El tratamiento incluyó la administración de antibióticos, por lo que su presencia física en algunos eventos podría verse limitada en los próximos días.

“El presidente sí tuvo una situación de salud. Les quisiera decir que es bastante normal para las poblaciones que lo viven, que es tema intestinal, una infección intestinal, y pues sí, tuvo que ser atendido médicamente, pero ya está mejor. Como les dije, él está trabajando como siempre”, afirmó la portavoz del Ejecutivo, en la conferencia de prensa relacionada con la actividad del Volcán de Fuego.

Enfoque en la emergencia volcánica

La secretaria afirmó que, en lugar de centra la atención en la salud de Arévalo, el foco de la comunicación institucional debería de estar en la emergencia volcánica.

Y afirmó que la presencia o ausencia del Presidente en determinadas actividades responde estrictamente a recomendaciones médicas y no afecta la gestión de la crisis.

“Probablemente no lo tengamos presencialmente en algunos espacios por esos temas de que tiene que ser tratado con antibióticos y este tipo de situaciones. Pero sí quiero aclarar a la población el Presidente está bien y liderando”, puntualizó la vocera.

Antecedentes de salud en Presidentes recientes

En el análisis de antecedentes, otros mandatarios guatemaltecos también atravesaron problemas de salud durante su gestión.

Uno de ellos fue el Jimmy Morales, quien administró el aparato estatal guatemalteco entre 2016 a 2020. En ese período, requirió una cirugía de emergencia tras una fractura en el brazo y la muñeca derecha sufrida durante un partido de fútbol con mandos del Ejército en mayo de 2019.

Por su parte, el expresidente Alejandro Giammattei (2020–2024) vivió varios episodios médicos: convivía con un diagnóstico de esclerosis múltiple previo a su mandato, lo que le obligaba a utilizar muletas. Pero en septiembre de 2020 tuvo un cuadro confirmado de COVID-19, con síntomas respiratorios; y en noviembre de 2022 permaneció hospitalizado por un cuadro de gastritis aguda y una úlcera péptica.

Llamado a la responsabilidad informativa

El gobierno llamó a la población y a los medios a no difundir información sin confirmar sobre la salud del presidente ni sobre la emergencia en curso.

Se insistió en que el presidente está al tanto de la situación y lidera la respuesta oficial. La prioridad, subrayaron, es brindar información precisa sobre el desarrollo de la emergencia volcánica y las acciones para proteger a la población.

Más de 29 mil personas han sido afectadas por la dispersión masiva de ceniza lanzada por el volcán de Fuego que se encuentra en niveles eruptivos críticos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la columna eruptiva ha superado los 5.000 metros sobre el nivel del mar, impulsando el material volcánico hasta 130 kilómetros hacia el oeste, incluso alcanzando las costas del Pacífico frente a Retalhuleu.

Por su parte, varias personas han publicado en sus redes sociales imágenes que muestran la magnitud de la ceniza que ha lanzado el coloso, así como los daños provocados a las plantaciones.

Esta situación ha llevado a un monitoreo constante por parte del Insivumeh y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en respuesta al pulso eruptivo registrado entre el 3 y el 4 de agosto de 2026.

En este contexto, la dispersión de ceniza ha provocado dificultades en la movilidad, afectaciones a la salud y daños potenciales a cultivos y viviendas, por lo que las autoridades han solicitado a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones oficiales para evitar complicaciones mayores.

Municipios y comunidades bajo mayor impacto

Las zonas más afectadas se concentran en los alrededores del volcán. Localidades como San Pedro Yepocapa en Chimaltenango y Alotenango en Sacatepéquez registran acumulaciones considerables de ceniza sobre techos, calles y tierras de cultivo.

También se han reportado efectos en San Miguel Dueñas, así como en sectores de Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa.

El fenómeno ha reducido la visibilidad horizontal, complicando el tránsito en rutas departamentales y obligando a los automovilistas a extremar precauciones. La caída de ceniza en estas áreas ha sido particularmente intensa durante las últimas horas.

Medidas de protección recomendadas

La CONRED recomienda a los habitantes de las zonas impactadas usar mascarillas o pañuelos húmedos para proteger las vías respiratorias, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades pulmonares.

Además, instan a mantener puertas y ventanas cerradas, cubrir recipientes de agua y limpiar techos de viviendas, ya que la acumulación de ceniza húmeda puede comprometer la integridad de las estructuras.

En respuesta a la emergencia, las autoridades han intensificado la comunicación preventiva, recordando que la ceniza puede permanecer en suspensión y continuar siendo un riesgo para la salud y la infraestructura durante los próximos días.

Consecuencias para la agricultura y los animales

El sector agrícola enfrenta desafíos considerables, pues la ceniza no solo afecta la calidad del aire, sino que también puede dañar las hojas y frenar el crecimiento de los cultivos. Los especialistas aconsejan sacudir suavemente las plantas y, si es posible, aplicar riegos ligeros para limpiar el follaje.

En cultivos perennes como el café, la limpieza oportuna será clave para evitar daños en la producción.

En cuanto a los animales, se recomienda resguardarlos en áreas cubiertas y mantener los bebederos y comederos protegidos de la ceniza. El agua debe renovarse con frecuencia para evitar la ingestión de partículas que puedan causar problemas digestivos o intoxicaciones.

La Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala, presidida por la diputada Carolina Orellana, emitió dictamen favorable unificado con modificaciones a las iniciativas 6716, 6720 y 6721 para crear una ley de fortalecimiento, protección y promoción de la lactancia materna, con la novedad de que incorpora obligaciones para el sector privado y busca que el proyecto entre a primera lectura en la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

El dictamen establece que las empresas deberán habilitar espacios de lactancia cuando tengan al menos una trabajadora lactante, mientras que en el sector público la implementación de esos ambientes será obligatoria.

La propuesta también reconoce como derecho la lactancia materna en espacios públicos, en áreas específicas, utilizables sin condiciones para ejercer ese derecho.

La comisión consolidó el texto después de varias semanas de mesas de trabajo en la Sala Legislativa, con participación de representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y otros actores vinculados al tema.

Según los legisladores que integran la instancia, ese proceso permitió reunir en un solo proyecto los principales aportes de las tres iniciativas.

Orellana, del bloque Vamos, sostuvo que la unificación permitió rescatar los mejores elementos de cada propuesta para construir un proyecto integral orientado a las mujeres trabajadoras y a la niñez guatemalteca. La legisladora afirmó: “Una buena iniciativa no es la que tiene más hojas, sino la que realmente responde a las necesidades de la población”.

El nuevo dictamen incorpora al sector empresarial

La inclusión de las empresas aparece como uno de los cambios centrales del nuevo texto. Una iniciativa con ese objetivo había sido desaprobada en febrero, cuando las enmiendas para sumar al sector empresarial frenaron el respaldo necesario, y el dictamen entregado por la mesa de trabajo el 30 de julio retomó ese punto.

La propuesta ordena crear espacios para lactancia y extracción de leche tanto en instituciones gubernamentales como en empresas privadas. Esos lugares deberán ser independientes de los servicios sanitarios y no podrán instalarse en baños ni en bodegas.

El proyecto fija además condiciones mínimas para esos espacios: privacidad, higiene, ventilación, iluminación, mobiliario apropiado y conservación segura de la leche materna. También deberán estar disponibles durante las jornadas laborales y sin publicidad ni promoción comercial de sucedáneos de la leche materna.

La diputada Elena Motta señaló que la propuesta incorpora medidas dirigidas a dignificar a las mujeres trabajadoras en los sectores público y privado.

Entre ellas mencionó la posibilidad de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social proporcione a las madres afiliadas los insumos necesarios para la extracción y conservación de leche materna en sus lugares de trabajo.

Salud y Trabajo supervisarán la aplicación de la norma

El dictamen dispone que los ministerios de Salud Pública y de Trabajo supervisen y brinden asesoría para la implementación de los espacios de lactancia materna. También prevé que el IGSS entregue el equipo necesario para la extracción y almacenamiento de leche materna a las trabajadoras afiliadas.

Esa previsión obligaría a las instituciones del Estado, incluidas las de la administración central, las entidades descentralizadas y autónomas y las que reciben fondos públicos, a realizar ajustes administrativos y presupuestarios para habilitar esos espacios. De convertirse en ley, el proyecto ampliaría el marco legal de protección de la salud de la madre y del niño durante los primeros años de vida.

En la presentación del dictamen participaron también las diputadas Olga Villalta, Mercedes Monzón y Motta, además del diputado Ricardo Martínez, quienes señalaron que el texto surgió de un proceso amplio de análisis y consenso. Monzón informó que pedirán incorporar la iniciativa a la agenda legislativa para que sea conocida en primera lectura e inicie su trámite en el Pleno del Congreso durante los primeros días de agosto.

La diputada destacó que el acuerdo para incluir a las empresas modificó la forma de la obligatoriedad, pero mantuvo el objetivo de asegurar condiciones dignas para que las mujeres continúen trabajando mientras ejercen la maternidad y garantizan la nutrición de sus hijos. También pidió a los diputados respetar el dictamen por el trabajo realizado sobre las tres iniciativas.

Orellana resumió el alcance de la propuesta con una definición sobre la responsabilidad institucional en esta materia: “La protección de la lactancia materna no depende únicamente de la voluntad de una mujer, sino que requiere de instituciones comprometidas, servicios de salud fortalecidos, espacios adecuados, familias que acompañen y una sociedad que comprenda el enorme valor que tiene este acto para el desarrollo de un niño”.

La caída de ceniza del volcán de Fuego dejó más de 29,000 personas afectadas y 1,421 evacuadas a cinco albergues, según el balance presentado al mediodía del martes 4 de agosto por las autoridades guatemaltecas. La erupción del coloso, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital, se mantenía en su fase más intensa.

La secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudinne Ogaldes, confirmó que los evacuados reciben comida caliente y atención del Ministerio de Desarrollo Social en cuatro puntos del departamento de Escuintla: el polideportivo de Santa Lucía Cotzumalguapa, el gimnasio Abner Casasola y dos escuelas mixtas.

El quinto albergue opera en el salón municipal de Alotenango, en Sacatepéquez. Tres instalaciones adicionales permanecen en apresto.

Las 18 comunidades bajo impacto directo

Ogaldes precisó que 18 comunidades sufren el impacto directo: Panimaché I y II, Morelia, Sangre de Cristo, Yepocapa, Ceilán, La Rochela, Quizaché, El Campamento, La Soledad, Santa María, El Zapote, Don Pancho, La Reina, Granja Toledo, La Candelaria, El Porvenir y Alotenango. Hasta el momento de la conferencia no se reportaban daños en viviendas.

La evacuación no es coercitiva por mandato legal, lo que obliga a los equipos a recorrer “casa por casa” para convencer a los habitantes de salir.

En la mañana del martes, brigadas de la Dirección de Respuesta Humanitaria y la Secretaría Ejecutiva de la CONRED recorrieron Panimaché I y II con ese objetivo.

Alerta roja y carretera cortada

Las gobernaciones de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez elevaron sus niveles a alerta roja. Ogaldes aclaró que el cambio no responde a que las instituciones hayan superado su capacidad, sino a la necesidad de presionar a quienes aún no han evacuado.

La ruta nacional 14 permanece cerrada al tránsito ordinario. La Policía Nacional Civil y Provial mantienen el bloqueo para priorizar el flujo de evacuación.

Lo que dice el Insivumeh sobre los sismos

El director general del INSIVUMEH, Edwin Rojas, descartó una relación científicamente probada entre los movimientos sísmicos recientes y la erupción.

El instituto registró alrededor de 23,700 sismos, de los cuales entre 125 y 130 fueron perceptibles para la población, y la mayoría se originó en la zona del Pacífico.

Rojas explicó que el comportamiento interno del Fuego se monitorea mediante la metodología RSAM —comparable a un electrocardiograma— a través de siete sensores instalados en el volcán. Esa herramienta mide el movimiento dentro del cráter con independencia de los fallamientos tectónicos externos.

Ceniza sobre 389,000 personas y riesgo de lahares

El mapa de dispersión de ceniza, elaborado con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, cubre 1,280.53 kilómetros cuadrados hasta Retalhuleu. En esa zona viven unas 389,705 personas, y hay 488 escuelas y 65 centros de salud expuestos.

Rojas advirtió sobre el riesgo adicional de la lluvia: Guatemala acumula 23 ondas del este en lo que va del año, el 4 de agosto ingresó la número 24 y para el fin de semana se esperaba la 25.

El pronóstico del INSIVUMEH para el período del 4 al 6 de agosto identifica las barrancas Ceniza, Las Lajas y Onda como los puntos más vulnerables a lahares.

Las próximas 72 horas de vigilancia intensiva

El volcán de Fuego entrará en un período de vigilancia intensiva de entre 24 y 72 horas, dado que su historial muestra que en ese lapso puede aumentar su capacidad explosiva.

Rojas aclaró que ese plazo no implica que la actividad vaya a cesar al cumplirse: el comportamiento puede continuar, mantenerse o cambiar, pero no se interrumpirá de forma abrupta.

Durante ese período seguirán la ceniza, el humo, las explosiones y las coladas de lodo. El director advirtió que la nubosidad puede ocultar actividad en curso y pidió atender únicamente la información técnica oficial.

Las autoridades ya reforzaron la seguridad en las zonas desalojadas, aunque Ogaldes precisó que no se pondrá en riesgo a agentes policiales ni militares para proteger pertenencias. La Policía Nacional Civil también impide el ascenso al volcán de Acatenango.

La diferencia con 2018: más monitoreo y más sensibilización

Ogaldes sostuvo que la diferencia más marcada respecto de la erupción de 2018 es que la población está más sensibilizada y sabe que, cuando se ordena evacuar, debe hacerlo.

El primer boletín oficial se emitió a las 10 de la mañana; al mediodía, ella se comunicó con las tres gobernadoras departamentales para elevar el nivel de respuesta.

Rojas situó la diferencia técnica en la capacidad actual de vigilancia: 7 sensores sísmicos, 4 de infrasonido, 4 cámaras web y seguimiento satelital de ceniza y temperatura. Añadió que Guatemala incorporó además el monitoreo de dióxido de azufre como precursor del ascenso de magma. La secretaria de Comunicación del gobierno informó que ese sistema también se extendió al volcán Santiaguito.

Recomendaciones para la población

Ogaldes reiteró varias medidas para quienes permanecen en la zona de dispersión: cubrir depósitos de agua y alimentos, usar mascarilla o paño húmedo, limpiar los techos con frecuencia para evitar daños por el peso de la ceniza húmeda, y seguir únicamente las fuentes oficiales de la CONRED, el INSIVUMEH y el Gobierno de Guatemala.

La funcionaria hizo un llamado a no ascender ningún volcán del país. Fuego, Pacaya y Santiaguito figuran entre los más peligrosos de América Latina y todos tienen zonas de veda establecidas por ley. El Santa María, frecuentado por turistas por su cercanía al Santiaguito, tampoco es seguro en este contexto.

La salud del presidente, en la conferencia

Un periodista preguntó por la ausencia del mandatario y por versiones sobre su estado de salud. La secretaria de Comunicación respondió que el presidente está informado de forma permanente y lidera los procesos de atención, aunque no estaba previsto que asistiera a las conferencias.

Confirmó que atravesó “situaciones más difíciles” en días anteriores y que se encuentra en recuperación, condición que, afirmó, no afecta su capacidad para conducir al país. Indicó que esa era la única información que podía proporcionar sobre el tema.

Durante la noche de este lunes, la tranquilidad en zona 21 de Ciudad de Guatemala se vio interrumpida por un ataque armado que terminó con la vida de un adolescente de 15 años. La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro y puso en alerta a las autoridades locales, que mantienen bajo investigación los motivos detrás de este hecho violento.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de la 78 compañía, una serie de llamadas alertó sobre disparos en el sector de Nimajuyu 1, módulo 18-01. Al llegar, el personal encontró al menor gravemente herido y sin signos vitales. Los socorristas confirmaron el fallecimiento en el lugar y procedieron a notificar a la Policía Nacional Civil (PNC).

El área fue acordonada por los agentes de los agentes policiales, quienes solicitaron a los bomberos evacuar la escena y restringieron la documentación del hecho mientras esperaban la llegada del Ministerio Público para procesar la escena. La presencia policial buscó preservar la evidencia y garantizar el desarrollo de las diligencias de ley. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado las hipótesis que se manejan sobre el ataque ni la identidad de posibles responsables.

Este incidente en la capital guatemalteca se suma a una serie de hechos violentos reportados en distintas regiones del país. Durante la misma jornada, en el departamento de Suchitepéquez, se registró la muerte de un empresario en circunstancias similares. La víctima fue identificada como Jonathan Cancinos Dimas, de 38 años, fue localizado sin vida dentro de un vehículo tipo pick-up en un camino de terracería en la zona de Santa Bárbara.

De acuerdo con las primeras pesquisas del Ministerio Público (MP), Cancinos habría sido interceptado por personas no identificadas, quienes lo atacaron con armas de fuego. La víctima fue ubicada en la parte trasera del vehículo, cerca de la finca Santa Inés, y el automotor presentaba múltiples impactos de bala, lo que evidencia la violencia con la que se cometió el hecho.

Durante las diligencias, los peritos del MP recolectaron indicios que, según explicaron, serán clave para la investigación del crimen. Las autoridades distribuyeron imágenes del vehículo dañado, las cuales muestran la magnitud del ataque. Residentes de la zona han señalado que las calles de terracería y áreas montañosas de Santa Bárbara frecuentemente son utilizadas por delincuentes para perpetrar hechos similares y luego escapar.

En ambos casos, las autoridades han reforzado la presencia policial en los sectores afectados y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y detener a los responsables. Estos sucesos alimentan la preocupación de la población ante el aumento de la violencia en diversas localidades de Guatemala, donde la inseguridad persiste como uno de los principales desafíos para las autoridades.

La coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ha permitido la recopilación de evidencia relevante en ambas escenas. El tratamiento de los casos se mantiene bajo reserva, mientras avanza el proceso de investigación. La comunidad permanece expectante por los avances y resultados de las pesquisas oficiales.

El 30 de julio de 2026, en la comunidad Xecoxol del municipio de Santa María Nebaj, en el departamento de Quiché, Guatemala, se ejecutó un desalojo contra la señora Juana Santiago Chel, una mujer adulta mayor.

Este hecho ha generado profunda preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Observatorio Regional de Derechos (ORD), que ha alertado sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales en la realización de este tipo de procedimientos judiciales y solicita al Estado guatemalteco a investigar “con independencia e imparcialidad”.

El ORD, a través de un comunicado oficial, subrayó que el cumplimiento de las resoluciones judiciales constituye un pilar esencial del Estado de derecho.

Sin embargo, recordó que la ejecución de estas decisiones no exime al Estado guatemalteco de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.

Guatemala es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada.

En ese sentido, en una publicación realizada en redes sociales, el Observatorio Regional de Derechos exhortó al Estado de Guatemala a garantizar que toda actuación relacionada con el caso sea investigada con independencia e imparcialidad. La organización hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la búsqueda de alternativas habitacionales cuando corresponda, la protección reforzada de las personas en condición de vulnerabilidad y el pleno respeto de la dignidad humana.

En la misma publicación, el ORD compartió un comunicado en el cual señala que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los desalojos forzosos constituyen una de las violaciones más graves al derecho a la vivienda adecuada, especialmente cuando se realizan sin las debidas garantías procesales.

Entre estas garantías se encuentra la consulta efectiva con las personas afectadas, la notificación previa razonable, el acceso a recursos judiciales efectivos y la evaluación de todas las alternativas posibles para evitar o minimizar los efectos negativos del desalojo. La falta de cumplimiento de estos estándares puede dejar a las personas afectadas sin hogar o expuestas a nuevas vulneraciones de sus derechos.

Según el ORD, estos principios cobran mayor relevancia cuando los desalojos afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, niños, personas con discapacidad o miembros de pueblos indígenas.

La Observación General No. 4 del mismo comité precisa que el derecho a una vivienda adecuada va más allá de la mera tenencia de un techo, e incluye elementos como la seguridad jurídica, la protección frente a desalojos arbitrarios, el acceso a servicios básicos y la garantía de condiciones que permitan a las personas vivir con seguridad, paz y dignidad.

En el caso específico de Nebaj, el desalojo de la señora Juana Santiago Chel ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los procedimientos y de fortalecer las garantías para que estos se realicen en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos. El ORD enfatizó que ninguna persona debe quedar sin hogar como consecuencia de un desalojo, y que las autoridades deben agotar todas las vías de diálogo y búsqueda de soluciones habitacionales alternas antes de recurrir a medidas extremas.

Los desalojos forzosos en Guatemala han sido recurrentemente señalados por organismos nacionales e internacionales como una problemática que afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos indígenas y sectores socialmente vulnerables. Diversos informes han documentado casos en los que las personas desalojadas pierden sus viviendas y medios de vida, en contextos de ausencia de soluciones habitacionales alternativas y con limitada intervención de las autoridades para garantizar la protección de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los desalojos deben ser considerados como última medida, precedidos por un proceso transparente y participativo, y acompañados de la provisión de alternativas de vivienda adecuadas para las personas afectadas. El impacto de estas acciones es especialmente grave cuando se trata de personas adultas mayores, quienes suelen enfrentar mayores barreras para acceder nuevamente a una vivienda digna y a servicios básicos.

El caso de Nebaj reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado guatemalteco en la protección de los derechos a la vivienda y a la dignidad humana, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las personas en condición de vulnerabilidad. Organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la urgencia de adoptar políticas públicas integrales que prevengan los desalojos forzosos y garanticen el acceso efectivo a una vivienda adecuada, conforme a los estándares internacionales.

La AGEXPORT cerró una campaña de apoyo a Venezuela con USD 18,600 recaudados para asistir a niños y familias afectadas por los terremotos, después de una colecta de dos semanas que había sido lanzada con la meta de reunir Q150.000 antes del 15 de julio y canalizar ayuda hacia hogares en situación de vulnerabilidad.

Del total reunido, USD 14,600 correspondieron a aportes en efectivo y fueron enviados a FUNDANA, una organización venezolana dedicada a la protección de niños, niñas y familias vulnerables. Las donaciones en especie consistieron en toallas y frazadas infantiles, que se canalizaron a través de la Asociación de Venezolanos residentes en Guatemala, ASOVEGUA.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores había abierto la campaña para convocar a empresas socias, colaboradores, aliados estratégicos y público en general. El objetivo era atender a la niñez y a familias golpeadas por los sismos en Venezuela, en un contexto en el que Guatemala también coordinaba con Caracas un eventual envío de equipos de rescate y apoyo técnico.

La organización venezolana aliada fue presentada como una fundación con 35 años de trayectoria en protección de la niñez. Según la información difundida por la entidad guatemalteca, esa institución participa en apoyo a menores vulnerables, distribución de ayuda humanitaria y coordinación con otras organizaciones para responder a las necesidades más urgentes en las zonas afectadas.

La campaña se enfocó en niños y familias en situación de vulnerabilidad

La respuesta concreta al llamado quedó definida desde el inicio: las personas y empresas interesadas debían depositar su contribución en la cuenta monetaria 217-000981-1 de Banco Industrial, a nombre de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, y después enviar el comprobante junto con el NIT al correo donacionesrse@agexport.org.gt para solicitar el recibo correspondiente.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, vinculó la recaudación con el perfil del gremio exportador. “Hoy queremos convertir el puente del comercio en un puente de esperanza para la niñez venezolana. Cada aporte refleja los valores de solidaridad que caracterizan al sector exportador guatemalteco y nos permite acompañar a quienes hoy más lo necesitan”.

Tras el cierre de la colecta, la entidad destacó que el resultado fue posible por la participación de empresas socias, colaboradores y ciudadanos que se sumaron a la iniciativa. La campaña dejó, además de los recursos, un mensaje de acompañamiento entre países frente a una emergencia humanitaria.

Francis Cohen, presidenta de FUNDANA, envió un mensaje de agradecimiento por la ayuda recibida desde Guatemala. “Desde FUNDANA queremos agradecer profundamente a AGEXPORT y a todas las empresas exportadoras y colaboradores y personas que se sumaron a esta iniciativa de solidaridad. Su generosa donación y apoyo para estos niños y familias que hoy enfrentan momentos tan difíciles, gracias por tender un puente de solidaridad entre Guatemala y Venezuela, por demostrar que cuando nos unimos podemos transformar vidas”.

Las donaciones incluyeron dinero en efectivo y ayuda en especie

La recaudación monetaria representó la mayor parte del apoyo obtenido y fue destinada a la fundación venezolana encargada de atender a la población infantil y a los hogares vulnerables. La ayuda material complementó ese envío con artículos infantiles entregados por medio de ASOVEGUA.

AGEXPORT también había difundido un mensaje público de solidaridad con Venezuela tras los terremotos del miércoles y expresó condolencias a las familias que sufrieron pérdidas. En ese pronunciamiento, sostuvo que desde Guatemala enviaba un mensaje de acompañamiento y fraternidad a las comunidades afectadas.

El cierre de la campaña confirmó que la colecta superó la conversión directa de la meta inicial fijada en quetzales y consolidó una red de apoyo impulsada por el sector exportador guatemalteco, empresas vinculadas al gremio y personas que decidieron sumarse a la asistencia para la niñez y las familias venezolanas.

Durante la mañana de este martes, viajeros salvadoreños encontraron suspendido el paso en la principal ruta de acceso hacia Antigua Guatemala por una emergencia declarada en el área del Volcán de Fuego.

Las autoridades de Guatemala anunciaron el cierre preventivo de la Ruta Nacional 14 (RN-14) debido a la actividad volcánica, lo que ha alterado el flujo habitual de tránsito durante el periodo de vacaciones agostinas.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala decretó la medida bajo una declaratoria de emergencia naranja, tras reportar una intensa expulsión de material volcánico y una alta concentración de gases en la zona.

Según la información oficial, el cierre afecta los kilómetros 83 y 103 de la RN-14, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala y es utilizada por una mayoría de viajeros provenientes de El Salvador que buscan evitar la capital guatemalteca.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades guatemaltecas, la interrupción del tráfico ha generado una fila de vehículos de aproximadamente dos kilómetros, incluidos camiones de carga, automóviles particulares y motocicletas.

Solamente los residentes de comunidades cercanas pueden cruzar el área restringida, bajo supervisión de la Policía Nacional Civil y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

La RN-14 es una vía fundamental para la conexión turística y comercial entre El Salvador y Guatemala. Durante la temporada de vacaciones agostinas, el gobierno guatemalteco esperaba un incremento en el flujo de visitantes salvadoreños hacia destinos como Antigua Guatemala, una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este año, las autoridades habían preparado dispositivos especiales para atender el cruce fronterizo, ante la previsión de miles de personas desplazándose hacia el país vecino en busca de actividades culturales, turismo religioso y comercio.

El cierre de la RN-14 se mantendrá de manera indefinida mientras persista la amenaza volcánica. La CONRED advirtió que la elevada actividad del Volcán de Fuego y el descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas impiden reanudar el tránsito con normalidad.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda emitió un aviso institucional en el que sugiere rutas alternas para quienes necesiten viajar entre ambos países.

Para transporte liviano, las autoridades recomiendan las rutas CA-9 Sur (Palín, Escuintla) con conexión hacia Santa María de Jesús, Ciudad San Cristóbal - CA-1 Occidente, Periférico - Calzada Roosevelt, RD-GUA-16 vía Bárcenas - Villa Nueva y CA-2 Occidente - RN CITO Zarco 180. Para el transporte de carga, las opciones señaladas incluyen RD-GUA-16 vía Bárcenas - Villa Nueva, Periférico - Calzada Roosevelt y CA-2 Occidente - RN CITO Zarco 180.

En la frontera de La Hachadura, los vehículos con destino a Antigua Guatemala recibieron orientación sobre estas rutas alternas y sobre la situación de la emergencia. Las autoridades destacaron que el cierre preventivo en el acceso a Alotenango continuará mientras el riesgo persista, por lo que no existe una fecha definida para la reapertura de la carretera.

El Ministerio reiteró que la RN-14 conecta los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, y se ha consolidado como una de las principales arterias para el turismo regional. El tránsito habitual por la zona ofrece vistas a los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, lo que convierte a la carretera en la preferida de turistas nacionales y extranjeros.

La declaratoria de emergencia naranja por la actividad del Volcán de Fuego obliga a los viajeros a planificar sus desplazamientos con rutas alternativas, mientras los organismos de socorro y la policía permanecen atentos a la evolución del fenómeno natural. La comunicación oficial sobre el estado de la carretera y el acceso a la región continuará a través de los canales institucionales guatemaltecos.

La Segeplan abrió del 1 de agosto al 30 de septiembre la segunda convocatoria de 2026 del programa Becas por Nuestro Futuro, dirigida a guatemaltecos que busquen iniciar, continuar o concluir estudios, en un proceso que se realiza por internet y que llega después de una primera ronda con miles de solicitudes y más de mil postulantes preseleccionados.

Hasta julio, el programa reportaba 842 becarios a nivel nacional. En la primera convocatoria de 2026, abierta del 16 de abril al 31 de mayo, se registraron 4,250 solicitudes: 2,043 de mujeres y 1,624 de hombres, según informó la entidad.

La postulación se hace de forma completamente virtual en becasnuestrofuturo.gob.gt. Para aplicar, los interesados deben revisar primero el listado de áreas académicas priorizadas, porque ese criterio tiene peso en la evaluación final.

Luego deben crear un registro con CUI, nombre completo, teléfono, correo electrónico y una contraseña, completar los formularios y enviar la solicitud. Los requisitos básicos son ser guatemalteco, residir en el país y contar con historial académico.

La evaluación combina situación socioeconómica, carrera priorizada y dos ensayos

La beca se asigna con base en la situación socioeconómica del postulante, el nivel de priorización de la carrera elegida y dos ensayos en los que cada aspirante debe exponer su historia de vida y sus metas. El programa ofrece apoyo para pregrado, que incluye técnicos y carreras universitarias, posgrado, con maestrías y doctorados, y cursos técnicos vocacionales como mecánica, enfermería y construcción.

Ese esquema de evaluación se apoya en herramientas automatizadas. Según declaraciones anteriores del secretario de Segeplan Carlos Mendoza, un algoritmo revisa las respuestas del cuestionario y un sistema de inteligencia artificial califica los ensayos para agilizar la preselección ante el volumen previsto de solicitudes.

Mendoza explicó que esa herramienta fue entrenada con expertos que evaluaron manualmente 400 ensayos y luego compararon esos resultados con la calificación emitida por la inteligencia artificial sobre otros 400 textos. Según el funcionario, la institución resolvió utilizarla de forma exclusiva en la revisión de ensayos cuando comprobó que calificaba “no solo igual, sino que mejor que los humanos”.

Para esta convocatoria, la entidad prevé más de 6,000 aplicaciones y la revisión de 2,000 ensayos. Mendoza añadió que en la primera convocatoria del año pasado se registraron más de 9.000 aplicaciones, un volumen que habría supuesto revisar 18,000 ensayos.

La primera convocatoria dejó más de mil preseleccionados y un padrón con mayoría femenina

En junio, la entidad informó que 1.033 postulantes ya habían sido preseleccionados en la primera convocatoria de 2026 y que las confirmaciones estaban llegando a los correos electrónicos de los estudiantes. Ese dato sitúa la nueva apertura como una segunda oportunidad para quienes no aplicaron en la ronda anterior o buscan avanzar en otro nivel de formación.

El programa también arrastra resultados de asignaciones previas. En otra actualización incluida en el material fuente, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia aprobó 62 nuevos beneficiarios, con lo que elevó a 636 el total de jóvenes apoyados en 2024, dentro de una meta acordada con el presidente Bernardo Arévalo de incorporar entre 100 y 150 becas nuevas por mes.

Del total acumulado en ese corte, el 58 % correspondía a mujeres y el 42 % a hombres. Mendoza también indicó que 25 becarios estudiaban en el extranjero, en Honduras, Costa Rica, México y Brasil.

Las asignaciones anunciadas para ese grupo sumaban 6 millones de quetzales para los próximos cinco y seis años. El funcionario precisó que la aprobación correspondía a siete nuevas planillas para 62 beneficiarios que cumplieron con los requisitos fijados en la página oficial del programa.

El programa concentra demanda en pregrado y amplía su alcance territorial y étnico

La mayor parte de las solicitudes se dirige a estudios de pregrado. Entre las carreras más demandadas figuran Medicina, Veterinaria, Pedagogía, Mecánica e Ingeniería Industrial, mientras que, en el acumulado de beneficiarios, destacan la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, con 21 becarios, Trabajo Social, Ingeniería Agronómica, Medicina y Cirugía e Ingeniería Industrial.

El programa no restringe la elección de carreras ni de universidades. Mendoza señaló que también crecen las solicitudes para técnicos no universitarios, en especial después de la firma de un convenio con la Fundación Kinal, institución con más de 65 años de experiencia en formación técnica y vocacional.

El alcance territorial incluye los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá. En Alta Verapaz se contabilizaban más de 85 beneficiarios.

La distribución también muestra un componente étnico marcado: el 47 % de los beneficiarios pertenece a la población maya, por encima del 42 % de autoidentificados registrado en el último censo nacional. Mendoza sostuvo que esa proporción es relevante por los niveles históricos de pobreza y menor escolaridad que enfrenta esa población, mientras que la franja de edad con más presencia entre los becarios es la de 20 a 24 años, con el 38 % del total.

Una intensa actividad eruptiva del Volcán de Fuego forzó la evacuación de habitantes en dos aldeas de Sacatepéquez, mientras mantiene en alerta naranja a autoridades y comunidades en el centro de Guatemala.

El Sistema de Emergencia de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) activó el protocolo tras el incremento de explosiones y flujos piroclásticos, mientras equipos de rescate y protección civil trabajan para resguardar a quienes viven en zonas de mayor riesgo.

Desde el pasado 2 de agosto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un aumento en la frecuencia e intensidad de las explosiones del Volcán de Fuego, con columnas de ceniza que alcanzan los 6,000 metros sobre el nivel del mar.

Las autoridades han informado que los flujos de material volcánico han descendido por varias barrancas del cono, provocando la evacuación preventiva de las comunidades más expuestas.

El Porvenir y Las Lajitas, dos comunidades ubicadas en el municipio de San Juan Alotenango, departamento de Sacatepéquez, fueron evacuadas durante la noche por equipos de bomberos y personal de la SE-Conred.

Según explicó Édwin de León, miembro de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, “hemos evacuado con buses para hacer estos traslados. Hay personas que no quieren ser evacuadas aún por temor a perder sus pertenencias”.

Las evacuaciones buscan evitar tragedias como las registradas en años anteriores, cuando este volcán se ha cobrado víctimas y causado daños materiales graves.

Las condiciones en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas han cambiado drásticamente tras la intensificación de la erupción. Habitantes de ambas comunidades describen un ambiente de incertidumbre debido a la caída de ceniza y la cercanía de los flujos piroclásticos que descienden por las barrancas Seca y Ceniza. Se observa ceniza acumulada, mientras las familias trasladadas han sido alojadas en albergues temporales establecidos en instalaciones municipales y educativas del municipio.

La dispersión de ceniza volcánica se ha extendido hasta 130 kilómetros en dirección oeste, afectando a zonas rurales y urbanas de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

El Volcán de Fuego, considerado uno de los tres volcanes más activos de Guatemala junto al Pacaya y el Santiaguito, se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la capital guatemalteca. El Insivumeh prevé que la actividad podría disminuir en las próximas 24 a 72 horas, aunque se mantiene el monitoreo constante para detectar cualquier nuevo incremento.

Las cifras oficiales señalan que menos de un centenar de personas han sido evacuadas hasta el momento, aunque no se ha precisado el dato exacto. Las labores de traslado y resguardo incluyen a familias de otras comunidades como La Trinidad, Santa Rosa, La Reyna y El Rodeo, quienes también fueron llevadas a refugios habilitados mientras persiste la emergencia.

Recomendaciones para la población y turistas en medio de la emergencia

Como parte de la respuesta coordinada del Sistema CONRED, las autoridades han emitido recomendaciones para los habitantes de las áreas cercanas al Volcán de Fuego y para los turistas que puedan encontrarse en la zona:

1. Se solicita a la población no acercarse a las barrancas por donde descienden los flujos piroclásticosu.
2. Utilizar mascarillas para proteger las vías respiratorias del polvo y la ceniza.
3. Las familias deben cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.
4. Mantener lista la Mochila de las 72 Horas y atender únicamente las indicaciones de las autoridades locales.

Para reportar cualquier emergencia, la población puede comunicarse al número nacional 119, disponible las 24 horas. Las instituciones miembros del Sistema CONRED mantienen la vigilancia de la actividad volcánica y el resguardo de las personas evacuadas en los albergues. En los refugios habilitados, como el Gimnasio Abner Casasola, la Escuela Colonia El Quetzal y la Escuela José Francisco Azurdia, se brinda atención básica y seguridad a las familias desplazadas.

La Municipalidad de San Juan Alotenango, en coordinación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Desastres y las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED), ha reiterado el llamado a priorizar la prevención y a acatar todas las indicaciones oficiales mientras continúan los monitoreos y acciones de emergencia. El compromiso institucional busca reducir el riesgo y salvaguardar la vida de los residentes en un escenario marcado por la fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad de las comunidades rurales del país.

Estados Unidos y Guatemala firmaron una cooperación por USD 3.5 millones para modernizar los controles migratorios guatemaltecos con tecnología estadounidense. El objetivo es reforzar la seguridad fronteriza regional, ampliar la capacidad de identificación de viajeros de alto riesgo y mejorar el intercambio de información en tiempo real contra amenazas como el narcotráfico y la trata de personas.

La contribución se suma a USD 450,000 en equipo, tecnología y consultoría técnica que Estados Unidos ya había entregado en 2025 para expandir y modernizar las cabinas migratorias del Aeropuerto Internacional La Aurora.

La nueva fase extiende esas mejoras a puntos de entrada terrestres y marítimos, además de puestos de control estratégicos en carreteras.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que el encargado de Negocios Jorgan Andrews participó en la firma de la carta de cooperación junto con el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera.

El acuerdo formaliza la donación al IGM para actualizar la infraestructura migratoria del país.

Controles biométricos y datos anticipados de pasajeros

El Instituto Guatemalteco de Migración precisó que la donación apoyará la implementación del sistema automatizado de identificación biométrica ABIS y del servicio de información anticipada de pasajeros API. Ambos mecanismos buscan fortalecer la gestión migratoria mediante nuevas herramientas tecnológicas con apoyo de la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.

La modernización permitirá a las autoridades migratorias guatemaltecas identificar con mayor precisión a viajeros considerados de alto riesgo y a integrantes de redes criminales transnacionales. También apunta a agilizar la toma de decisiones mediante el acceso a información compartida entre los dos gobiernos.

Según la representación diplomática, el intercambio de información en tiempo real con estándares de seguridad comprobados contribuirá a frenar amenazas transnacionales. Entre ellas mencionó el narcotráfico y la trata de personas, dos fenómenos que, de acuerdo con el anuncio, afectan la seguridad de ambos países.

Una estrategia de seguridad fronteriza regional

La iniciativa parte de una primera fase iniciada en 2025 y ahora amplía el alcance del sistema a corredores terrestres, marítimos y viales. El objetivo es que Guatemala refuerce su capacidad de control en distintos puntos de ingreso y tránsito, no solo en su principal terminal aérea.

La embajada vinculó esta cooperación con la política “America First” del presidente Donald Trump. En ese marco, sostuvo que el proyecto responde a una prioridad de Estados Unidos: fortalecer la seguridad fronteriza, contrarrestar el crimen transnacional y detener la migración ilegal en su origen antes de que llegue a territorio estadounidense.

El anuncio también presenta la inversión como parte de un compromiso compartido entre ambos gobiernos para asegurar sus fronteras, proteger a sus ciudadanos y enfrentar a organizaciones criminales transnacionales. Ese enfoque incluye, según la misión diplomática, la meta de detener el terrorismo y contener amenazas a la seguridad y la prosperidad de las dos naciones.

El titular del IGM se reúne con el nuevo jefe de misión de la OIM en Guatemala

En paralelo, el Instituto Guatemalteco de Migración, informó que su director Alfredo Danilo Rivera, mantuvo una reunión de cortesía con el nuevo jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, Jeremy Macgillivray, como parte del proceso de transición de funciones del organismo internacional en el país.

En el encuentro, ambas autoridades reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación para impulsar acciones orientadas a una gestión migratoria integral, segura, ordenada y regular, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la atención a las personas migrantes.

Macgillivray asistió acompañado por Juan Francisco Espinosa, a quien Rivera agradeció por el trabajo realizado durante su gestión. El titular del IGM dio la bienvenida al nuevo jefe de misión y reiteró la disposición de la institución de consolidar una agenda de cooperación basada en objetivos comunes.

El Tribunal de Mayor Riesgo D en Guatemala, presidido por el juez Fredy Aguilar, dictó este lunes sentencia condenatoria contra tres exdiputados del Congreso de Guatemala, luego de hallarlos culpables del delito de tráfico de influencias en el caso conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”.

Según el demostraron las investigaciones del Ministerio Público (MP), los exlegisladores utilizaron su posición para incidir de manera irregular en nombramientos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La decisión fue tomada por unanimidad, en una causa que se originó en 2019, luego de que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en conjunto con Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelara que, durante la gestión de Jorge Villavicencio, durante la administración de Otto Pérez Molina, se consolidó una estructura de corrupción en el Ministerio de Salud.

Durante el fallo, el Tribunal informó que la exdiputada Aracely Chavarría Cabrera recibió una condena de 7 años y 11 meses de prisión inconmutable por tráfico de influencias en forma continuada.

Mientras que el excongresista Humberto Leonel Sosa Mendoza, fue imputado con 3 años y 9 meses de prisión conmutables mediante el pago de Q100 diarios por cada día no cumplido.

Finalmente, el exparlamentario Ronald Arango Ordóñez fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión, también de cumplimiento inconmutable.

A los tres condenados se les estableció la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante la vigencia de la pena.

La resolución, dictada por unanimidad, establece que los tres excongresistas actuaron de manera coordinada para gestionar plazas laborales como favores políticos dentro del ministerio.

El tribunal rechazó un incidente presentado por el abogado Alejandro Arriaza, defensor de Arango Ordóñez, en el que alegaba problemas en la redacción de la acusación. Según los jueces, ese planteamiento debió formularse en la fase intermedia del proceso.

Arango Ordóñez no sólo es exdiputado, también es hijo del exprocurador de los Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, quien estuvo de 1997 a 2002, mandato que abarcó la parte final del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen y la primera mitad de Alfonso Portillo. Su gestión estuvo marcada por señalamientos de uso de fondos institucionales para fines políticos.

Estructura criminal y antecedentes del caso

La investigación, impulsada por la FECI y la CICIG, documentó la existencia de una estructura criminal en el MSPAS entre 2012 y 2014. Esta red, aparentemente dirigida por Jorge Villavicencio se articuló en tres ejes:

• Cobro de comisiones en obras públicas: Se exigieron porcentajes ilícitos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción y remodelación de hospitales y centros de salud.
• Adquisiciones irregulares: Se detectaron pagos ilegales a proveedores de insumos médicos y servicios de publicidad.
• Tráfico de plazas: Se crearon o asignaron más de 450 contrataciones como pago de favores políticos, cuotas semanales y plazas fantasma.

Según la acusación, los exdiputados utilizaban su influencia para condicionar la asignación de cargos a personas cercanas, muchas veces sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

Las investigaciones de la FECI y la CICIG revelaron que la red operó bajo el amparo de altos funcionarios y legisladores, lo que permitió el establecimiento de mecanismos de corrupción sostenida en el tiempo. El proceso judicial por el caso “Asalto al Ministerio de Salud” continúa con líneas abiertas respecto a otros actores investigados.

Este lunes 3 de agosto la Selección Mexicana Sub 23 le ganó 4-1 a su similar de Guatemala en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, dentro de la competencia de futbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El seleccionado azteca se había visto sorprendido en los primeros minutos con un gol de vestidor de los chapines, pero Tahiel Jiménez salió en plan grande y puso al frente al Tri con un hat-trick, Rogelio González aumentó la ventaja con un golazo de volea.

México busca de nueva cuenta el oro en estos juegos, y al vencer a Guatemala, se afianza en el liderato del Grupo A clasificando a la siguiente ronda. Los dirigidos por Eduardo Arce se mantienen invictos, aunque dejaron algunas dudas en sus primeros dos compromisos.

El paso de México Sub-23 en la fase de grupos

La Selección Mexicana Sub-23 llegó a este partido invicta y como líder del Grupo A con 4 unidades, luego de sumar una victoria y un empate en sus primeros dos partidos de la competencia; el Tri venció a Venezuela en su debut con un gol de Joaquín Moxica hasta el minuto 87.

Pese a esa victoria, México dejó dudas al mostrar falta de contundencia y generación de juego, ya que la Vinotinto se quedó con 10 jugadores en gran parte del juego.

En su segundo partido, la Selección Mexicana se midió ante República Dominicana en un partido sufrido para el conjunto azteca, que empató el juego en los minutos finales gracias a un tanto de Jonathan Pérez.

Finalmente el Tri dio su mejor juego ante Guatemala en la última fecha, derrotaron a los chapines por goleada de 4-1 con gol de Rogelio González y hat-trick de Tahiel Jiménez

El paso de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Por su parte, los guatemaltecos llegaron a este partido ante México sin ningún tipo de presión, ya que no tenían posibilidades matemáticas de avanzar tras no sumar una sola unidad en la competencia. Guatemala Sub 23 perdió 0-1 ante República Dominicana y 3-1 con Venezuela.

Los chapines se despidieron del certamen cayendo por goleada de 4-1 ante la Selección Mexicana, pese a que habían sorprendido con un gol tempranero en los primeros minutos del juego en el Estadio Cibao, sin embargo, no supieron manejar la ventaja y se van de los Juegos Centroamericanos con tres derrotas.

La alineación de México Sub 23 vs Guatemala

Estos fueron los jugadores elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a Guatemala Sub 23 en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026:

• E. Ochoa
• J. Mendoza
• D. Ochoa
• R. Pachuca
• R. González
• I. Tello
• B. Parra
• J. Uribe
• T. Jiménez
• J. Serrato
• M. Levy

El Sistema de Emergencia de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) declaró alerta anaranjada en el departamento de Escuintla de Guatemala, debido al incremento de actividad del Volcán de Fuego.

En una reunión de urgencia, las autoridades que integran el sistema nacional de respuesta decidieron declarar la alerta en Escuintla, principalmente en el municipio que lleva el mismo nombre.

Según indicaron, la erupción del coloso está produciendo emisiones de gas y ceniza a una altura de entre 4 mil a 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar, que actualmente se observan a 60 kilómetros con dirección al oeste.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la ceniza puede lograr distancias de hasta 100 kilómetros y alcanzar el espacio aéreo del departamento de Retalhuleu.

Se prevé que estas condiciones atmosféricas se mantengan por las siguientes 24 horas, aunque podrían cambiar o dispersarse por cambios en la dirección del viento o por incrementos en la actividad eruptiva.

Suspenden ascensos

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), emitió una advertencia en la que se prohíbe el ascenso no sólo al volcán de Fuego, sino que al de Acatenango, el cual es utilizado por alpinistas para observar la actividad volcánica del primero.

La alerta fue enviada a agencias de turismo, guías y visitantes, advirtiendo que el Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió el acceso hasta nuevo aviso.

No obstante, varios turistas ya se encontraban en el lugar. Incluso, en el canal de TikTok “Turistiemos por Guate”, se muestra un video captado desde el volcán Acatenango que revela la magnitud de la actividad volcánica.

“Hace un rato el Volcán de Fuego estaba haciendo mucha lava. Ahorita ya no se mira por la ceniza que está alrededor. La verdad es que está algo bravo el Volcán“, dijo uno de los turistas en el lugar.

En los comentarios, otro usuario de TikTok afirmó haber estado en el área y publicó una fotografía donde se observa a varios turistas en el Acatenango, observando la actividad del volcán de Fuego.

Incrementa caudal

En otro video publicado por personas que residen en la cercanía del volcán, evidencian el incremento en el caudal río Pantaleón, el cual está recibiendo grandes cantidades de material volcánico.

Las imágenes fueron captadas sobre el puente que conduce a San Vicente Los Cimientos, Escuintla.

Suspenden clases

Debido a la emergencia, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó sobre la suspensión de clases presenciales el martes 4 de agosto de 2026 en los siguientes lugare:

• Caserío El Porvenir de San Juan Alotenango, Sacatepéquez;
• Municipio de Escuintla, Escuintla;
• Municipio de Yepocapa, Chimaltenango.

Las autoridades solicitaron mantenerse informados por los canales oficiales, ante cualquier cambio de decisión o aplazamiento de la medida.

El Volcán de Fuego es el centro eruptivo más activo de Centroamérica, con más de 60 erupciones registradas desde la época colonial en 1524.

Su nombre en idioma kaqchikel es Chi’Qaq’, que significa “Donde está el fuego”. Forma parte de un complejo volcánico junto al Acatenango y se eleva a unos 3.763 metros sobre el nivel del mar.

Su dinamismo eruptivo ha dejado huellas profundas en la región, destacando la trágica erupción de junio de 2018, la cual sepultó comunidades enteras bajo flujos piroclásticos. Hoy en día, el coloso mantiene una vigilancia científica constante debido a sus frecuentes emisiones de ceniza y lava.

Con el sonar de las bocinas y rodeados por conductores de taxis que realizaron una manifestación, los diputados jefes de bloques sostuvieron una reunión en el Congreso de Guatemala para buscar acuerdos relacionados con una posible solución al alza de los combustibles, derivado de las presiones internacionales por la guerra en Medio Oriente.

La reunión contó con la presencia de Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas; Erick Echeverría, Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Elizabeth Ugalde, viceministra de Economía, y Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, quienes expusieron la iniciativa de ley para otorgar un subsidio a los combustibles.

La propuesta el Ejecutivo consiste en subsidiar el galón de combustibles con un aporte de Q12 (USD 1.53) al diésel, y de Q3 (USD 0.38) al galón de gasolina Regular, quedando excluida la gasolina Súper.

Quieren eliminar impuestos

No obstante, tanto la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax) que realizaron su caravana desde las 8 de la mañana de este lunes 3 de agosto, hasta diputados de oposición como Allan Rodríguez, rechazan el subsidio y a cambio exigen la eliminación de los impuestos.

La percepción de los taxistas es que el Ejecutivo no ha realizado ninguna acción real para evitar el incremento a los combustibles, pese al subsidio que ya se otorgó y que estuvo vigente entre mayo y julio de 2026.

A decir de los opositores, el aporte económico sólo beneficia a los importadores y distribuidores de la gasolina y el diésel, pero no llega directamente a los consumidores

Exigen exoneración de impuestos

La propuesta de los diputados contrarios al Gobierno y de los pilotos de taxis es eliminar los impuestos a la Distribución de Petróleo (IDP) y al Valor Agregado (IVA), así como los aranceles de importación.

Según ellos, esta medida contribuirá directamente a los consumidores, pues se tendrá certeza y transparencia del descuento que se realizará por galón de combustible.

Sin embargo, el resultado real, por lo menos, en el caso del diésel, sería inferior a la propuesta de otorgar un subsidio. De aplicarse la exigencia de los taxistas y de algunos diputados, el impacto sería el siguiente:

• Gasolina Súper: Reducción de Q4.70 (IDP) + Q0.56 (IVA asociado) = Q5.26 por galón (USD 0.67)
• Gasolina Regular: Reducción de Q4.60 (IDP) + Q0.55 (IVA asociado) = Q5.15 por galón (USD 0.66)
• Diésel: Reducción de Q1.30 (IDP) + Q0.16 (IVA asociado) = Q1.46 por galón (USD 0.19)

Desde el Ejecutivo, ministros y funcionarios han evidenciado esta situación, pero los opositores insisten en exigir la eliminación de los tributos.

No está en agenda

Ante la falta de acuerdos en el Congreso, la Junta Directiva decidió no incluir ninguna iniciativa relacionada a los combustibles en la agenda de temas que se conocerán durante la sesión plenaria de mañana martes 4 de agosto.

“Los diputados no están convencidos con lo que los funcionarios expresaron verbalmente. No hay mucho que se pueda hacer... Algunos dicen que la población no está de acuerdo con el subsidio, pero eliminar impuestos es un problema, aquí algo se va a perder", afirmó el presidente del Congreso guatemalteco, Luis Contreras en declaraciones a la prensa.

En su lugar, los diputados le apuestan a terminar de conocer en tercer debate y redacción final la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Portuario, así como otros temas como la elección de dos Magistrados Titulares para la Corte de Apelaciones que concluirán el período constitucional 2024-2029.

No obstante, Contreras no descartó que se presente alguna moción privilegiada que modifique el orden del día y, si hay consensos, se conozca lo relacionado al incremento de combustibles.

Un autobús extraurbanovolcó este lunes en Chichicastenango, Guatemala, dejando, unas 20 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladas de urgencia a un centro asistencial.

El hecho ocurrió este lunes 3 de agosto en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, jurisdicción del cantón Agua Escondida, en Quiché.

Testigos y pasajeros narraron a bomberos que el bus comenzó a presentar fallas mecánicas desde la zona conocida como Los Encuentros, Sololá, por lo que varias personas optaron por bajarse del vehículo un par de kilómetros atrás.

No obstante, otros decidieron continuar su camino. Muchos de ellos terminaron con graves heridas y crisis nerviosa.

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el número de lesionados era de 17 pasajeros y que cuatro habían sido llevados a un hospital.

Los socorristas informaron que el bus quedó sobre el arriate central de la ruta, con daños por el impacto, y que la circulación se volvió lenta en ambos sentidos a la altura del kilómetro 105. La mayoría de los pasajeros salió por sus propios medios.

Investigación y multa

Por su parte, la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, emitió un comunicado en el que informó que se iniciará una investigación para determinar las causas del percance vial.

No obstante, resaltaron que, al momento de efectuar una revisión preliminar, se percataron que la unidad no contaba con el Sistema Limitador de Velocidad, un dispositivo exigido para este tipo de transporte.

Por esa infracción, las autoridades impusieron una sanción de Q20.011,40 (unos USD 2.566) conforme a la normativa vigente.

Según el relato preliminar de varios pasajeros, el autobús presentaba fallas mecánicas desde que circulaba por el sector de Los Encuentros, en Sololá. Algunos usuarios decidieron bajar antes de que continuara el trayecto, mientras otros siguieron viaje.

Más del 90 % de los percances se atribuye a fallas humanas, imprudencia y exceso de velocidad

El caso se inserta en una tendencia persistente del transporte colectivo de pasajeros en Guatemala. Datos del ONSET señalan que, aunque este sector representa una proporción menor del parque vehicular, registra una de las tasas de mortalidad más altas por unidad.

La DGT y autoridades viales sostienen que más del 90 % de los percances responde a fallas humanas, imprudencia, sobrecarga de unidades y exceso de velocidad. El señalamiento adquiere mayor peso en un caso donde la inspección posterior detectó la ausencia de uno de los dispositivos obligatorios de control.

Entre los antecedentes de mayor impacto figura la tragedia de febrero de 2025 bajo el puente Belice, donde un autobús cayó al precipicio y murieron 54 personas. También permanece como referencia el accidente de 2013 en San Martín Jilotepeque, que dejó 50 fallecidos, además de otros episodios recurrentes en corredores como la CA-1 y la CA-9 Norte.

Registros del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito indican que cada año más de 500 autobuses extraurbanos y urbanos se ven involucrados en accidentes, con cientos de muertos y heridos.

La PNC confirmó dos capturas durante la puesta en marcha del plan Anillo de Contención en el barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Las detenciones se lograron con la verificación de órdenes judiciales vigentes, como parte de una estrategia para prevenir delitos y localizar ilícitos en sectores con alta incidencia criminal.

El despliegue no se limitó a ese barrio. De acuerdo con la información oficial, la operación comenzó desde tempranas horas del domingo 2 de agosto y abarcó también las colonias La Trinidad, Buena Vista, Santa Luisa, La Arenera, El Esfuerzo, Santa Isabela y Las Calaveras, con puestos fijos de control, recorridos preventivos y verificaciones.

Las dos detenciones ocurrieron a pocas horas de iniciado el plan. La primera fue la de Jhonatan “N”, de 30 años, requerido por un juzgado de Guatemala desde el 23 de marzo por lavado de dinero u otros activos; la segunda, la de Víctor “N”, de 36 años, buscado desde el 12 de mayo por un juzgado especializado en femicidio de Guatemala por un proceso relacionado con violencia contra la mujer, según informó la Policía Nacional Civil.

El operativo se extendió a varios sectores de la zona 3 capitalina

La captura de Jhonatan “N” estuvo a cargo de agentes de la comisaría 11 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La aprehensión se realizó en El Gallito, uno de los puntos donde se concentró el dispositivo de seguridad.

En otro sector de la misma colonia fue detenido Víctor “N”. La PNC indicó que, tras verificar sus antecedentes, estableció que tenía una orden de captura activa por el proceso vinculado con violencia contra la mujer.

El bloque de seguridad incluye participación del Ejército de Guatemala junto con unidades policiales especializadas. La operación, según la versión oficial difundida por la agencia estatal, fue diseñada para reforzar la seguridad ciudadana mediante un aumento de la presencia policial en áreas consideradas de atención prioritaria.

Ese refuerzo se traduce en controles e inspecciones en puntos definidos de la capital. Según las autoridades policiales, la intención es mantener presencia constante en sectores estratégicos con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y contrarrestar estructuras criminales.

Las actividades contaron con el apoyo de agentes K-9, entrenados para la detección de drogas, explosivos, armas y otros ilícitos.

El plan arrancó un día después de otra captura en el mismo barrio

El inicio del Anillo de Contención ocurrió un día después de otra detención en El Gallito. La PNC había capturado en ese mismo barrio a Christopher “N”, alias “El Gato”, señalado por las autoridades como presunto integrante del Barrio 18, pese a que el sector está controlado, principalmente por pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El joven fue detenido cuando presuntamente se disponía a cometer un ataque armado. Las autoridades afirmaron que portaba una pistola con reporte de robo, municiones y un teléfono celular que sería analizado dentro de la investigación.

La explicación oficial sobre el alcance del plan apunta a una continuidad de los operativos más allá de esta jornada. La PNC aseguró que el Anillo de Contención seguirá en distintos puntos de la capital como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y ejecutar órdenes judiciales pendientes.

El volcán de Fuego en Guatemala ha intensificado su actividad, lo que ha llevado a la emisión de una alerta especial por parte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El más reciente Boletín Vulcanológico confirma un cambio relevante en el patrón eruptivo de este coloso, lo cual implica riesgos para varias comunidades y requiere la atención de autoridades y población.

Según el informe técnico, se han observado explosiones casi constantes, acompañadas de una desgasificación prolongada y una incandescencia persistente en el cráter. Según informaron las autoridades, el patrón de activdad cambió desde las 14:30 horas del 2 de agosto.

También se ha reportado la expulsión de material incandescente, que alcanza alturas de entre 100 y 200 metros. Este comportamiento supera la actividad habitual del volcán y marca una fase de mayor inestabilidad.

Durante las próximas horas y días, los expertos advierten que podría registrarse una mayor emisión de ceniza, orientada principalmente hacia el oeste y suroeste.

Además, existe la posibilidad de que se forme un flujo de lava en dirección a la barranca Seca. Si la actividad persiste o se incrementa, se podrían originar corrientes de densidad piroclástica que desciendan rápidamente por las barrancas cercanas, poniendo en peligro a las personas en esas zonas.

Recomendaciones oficiales para autoridades y población

Ante este panorama, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, como a la población en general.

Las autoridades deben activar los planes de respuesta locales y municipales, verificar rutas de evacuación, puntos de reunión y disponibilidad de albergues temporales.

La CONRED también enfatiza la necesidad de reforzar la difusión de información preventiva sobre los riesgos de la caída de ceniza y la presencia de flujos piroclásticos.

Se recomienda mantener vigilancia en las barrancas Ceniza y Seca-Santa Teresa, e informar a guías y operadores turísticos que está prohibido acercarse al cráter y a la zona de El Camellón.

En cuanto a la población, se aconseja no acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

• No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.
• Cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación con ceniza.
• Utilizar mascarilla o un paño húmedo para proteger nariz y boca.
• Tener lista la mochila de las 72 horas.
• Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
• Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
• Poner en práctica el principio de la autoevacuación en caso de ser necesario.

¿Qué hacer ante la emergencia volcánica?

En caso de una situación crítica, la población debe estar preparada para auto-evacuarse y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El Sistema CONRED puede activarse llamando al número nacional de emergencias 119.

Mantenerse informado a través de canales oficiales del INSIVUMEH, la CONRED y el Gobierno de Guatemala es esencial para recibir actualizaciones y nuevas instrucciones.

En resumen, el cambio en el patrón explosivo del volcán de Fuego representa una amenaza latente para las áreas circundantes. Las autoridades trabajan coordinadamente para reducir riesgos y la responsabilidad individual es fundamental: la prevención y la acción rápida pueden salvar vidas ante la posibilidad de nuevos eventos eruptivos.

Una discusión de pareja alimentada por el alcohol y los celos terminó en tragedia en el departamento de El Progreso. Luego de que una mujer le disparara a su pareja. No obstante, fue capturada.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo 2 de agosto dentro de un domicilio ubicado en el callejón Los Arriagas, de la aldea Los Cerritos, del municipio de Sansare, en el departamento de El Progreso, Guatemala.

De acuerdo con los reportes oficiales, la pareja ingería bebidas alcohólicas y surgió una discusión motivada por celos. La mujer, identificada como Rosario Beatriz “H”, disparó en varias ocasiones contra su esposo, Anner Yovany “A”, de 44 años, ocasionándole heridas en ambas piernas y en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Nicolasa Cruz de Jalapa.

Intento de fuga y decomiso de armas

Tras el ataque, la mujer intentó huir a bordo de un vehículo Mitsubishi Lancer, pero fue interceptada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, aproximadamente a dos kilómetros del lugar del hecho.

En el operativo, las autoridades incautaron dos pistolas marca Kor FX calibre 9 mm, 149 municiones de calibre no especificado, cuatro tolvas y un teléfono móvil.

Todo el material fue embalado y remitido al Ministerio Público (MP), que también se constituyó en el lugar de los hechos para continuar con las diligencias de investigación pertinentes.

El contexto de la violencia armada en Guatemala

El hecho ha llamado la atención de la opinión pública local, dado que la abrumadora mayoría de los ataques armados en el país son ejecutados por hombres.

De acuerdo con informes del Ministerio Público (MP) y análisis de seguridad ciudadana basados en datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y de la PNC, las mujeres agresoras constituyen una minoría dentro de las estadísticas criminales: representan entre el 0.5% y el 6.1% de los perpetradores en hechos de violencia homicida o agresiones graves.

En tanto, el número de mujeres adultas víctimas de homicidio descendió de 150 a 136 en los primeros cinco meses de 2026 respecto a 2025.

Sin embargo, la proporción de mujeres como victimarias es considerablemente menor frente a la de hombres. Informes de Human Rights Watch y la propia PNC subrayan que la mayoría de los ataques armados son cometidos por hombres adultos, aunque se han registrado episodios aislados en los que mujeres figuran como agresoras.

Las estadísticas oficiales revelan la magnitud de la violencia armada en Guatemala. Según datos hasta enero de 2026, el país registró 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en 2025, cifra superior en 110 casos a los 2.910 reportados el año anterior.

El departamento de Guatemala, que incluye la capital, concentró el mayor número de muertes violentas con armas de fuego, con 1.446 casos en 2025. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 1.172 homicidios, de los cuales 35 víctimas en mayo eran mujeres.

Con paso lento y un ramo de flores en las manos, este domingo 2 de agosto, fue dada de alta Juana Santiago Chel, la anciana de 72 años que causó conmoción y repudio a las fuerzas de seguridad, luego que fuera desalojada de su vivienda con lo que fue calificado como "excesivo uso de la fuerza policial“.

Santiago Chel estuvo hospitalizada durante tres días, luego de presentar evidentes golpes en diferentes partes del cuerpo, aparentemente provocados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a su vivienda para desalojarla por orden judicial.

El operativo se llevó a cabo la mañana del 31 de julio en una aldea del municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, en Guatemala, luego de que su propio hijo promoviera acciones legales para desalojar a su madre y a su hermana Juana López, de 51 años, junto con sus hijos.

Durante el operativo se hizo presente la hermana de Juana, Elena Santiago Chel, de 77 años, quien reside a la par de la vivienda que estaba siendo desalojada, por lo que también resultó lastimada.

Las acciones de los agentes provocaron indignación entre los vecinos, que más tarde se organizaron y acudieron al Ministerio Público para exigir el resguardo de las mujeres de la tercera edad.

Al sentirse ignorados, decidieron tomar la justicia por sus propias manos y terminaron quemando la residencia de la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, Ada Madaí López Morales, quien firmó la orden de desalojo.

¿A dónde irá?

Debido al desalojo de su vivienda, Juana Santiago Chel no tiene un lugar a donde ir, por lo que su abogado, Gabriel Guzmán Matón, aseguró que será auxiliada por su hermana Elena.

“Yo ya no tengo a dónde ir”, manifestó doña Juana a medios de comunicación de la localidad. Mientras que Guzmán detalló que "le dará posada su hermana“.

El abogado explicó que doña Juana “no puede regresar a su vivienda, porque ya se ejecutó la orden de lanzamiento. El mismo sistema no le permite regresar”.

No obstante, afirmó que como asistentes legales están haciendo los trámites correspondientes para que le restablezcan los derechos de la propiedad. “Desconocemos cuánto tiempo tomará. El sistema es tardado, pero vamos a tomar el tiempo que nos sea necesario", detalló.

“Firmó su sentencia”

La situación se ha vuelto aún más complicada, debido a que doña Juana estaría atravesando un episodio de ansiedad. “Ella ya no quiere ver papeles, porque su hijo la engañó, confió en él, puso su huella y con esa imagen, esa terrible imagen, como bien dice ella: 'Firmó su sentencia’“, lamentó el abogado.

Ya no tiene confianza en nadie, comentó Guzmán Matón, ya que, antes del desalojo, Santiago Chel acudió a la Alcaldía Indígena, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Desarrollo, a la Defensoría de la Mujer Indígena, incluso, al Ministerio de Salud, “pero ninguna le cerraron las puertas. La han victimazado por todos lados“, dijo.

El proceso legal continuará, junto con las denuncias que el abogado de Juana Santiago ya presentó en contra de varias instituciones, incluida la Jueza Ada López y la PNC. Mientras tanto, la anciana ya fue dada de alta y estará en acogida con su hermana, luego de haber sido la propietaria de 50 cuerdas de terreno, unos 21,836 metros cuadrados.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, llamó este domingo Guatemala a combatir las injusticias causadas por las desigualdades y la corrupción durante una misa en la Catedral Metropolitana.

Parolin acudió a Guatemala durante una visita marcada por la conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República de Guatemala.

Su presencia en el país inició con una Santa Misa oficiada en la Catedral Metropolitana, donde estuvieron presentes el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros funcionarios del Estado.

Al inicio de su mensaje, el secretario de Estado dijo que llevaba “el afectuoso saludo” del Papa León XIV y su “paternal bendición” para el pueblo guatemalteco.

Parolin centró su reflexión en la obligación cristiana de responder al sufrimiento ajeno. Dijo que el mandato evangélico “Denles ustedes de comer” sigue vigente frente a la pobreza, la soledad, la injusticia y el sufrimiento, que a menudo son consecuencia de la corrupción.

“Esta realidad humana es donde la Iglesia encuentra su verdadera vocación: Llevar el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, siguiendo el mandato: ‘Denles ustedes de comer’... La invitación exigente de Dios nos apremia a no permanecer indiferentes ante las necesidades de nuestros semejantes... Frente a las necesidades del mundo: la pobreza, la soledad, la injusticia, el sufrimiento, a menudo consecuencia de la corrupción... Jesús nos invita a hacer lo que podemos”, manifestó durante su mensaje eclesiástico.

A partir de esa idea, afirmó que incluso lo poco que una persona puede ofrecer —su tiempo, sus capacidades, su generosidad o sus limitaciones— puede multiplicarse en beneficio de muchos. “Es necesario combatir la desigualdad”, subrayó.

La visita coincide con la conmemoración de 90 años de vínculos diplomáticos

El cardenal explicó que su presencia en el país responde a dos conmemoraciones: los 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala y los 400 años del nacimiento del hermano Pedro. Añadió que esos vínculos nacen de una diplomacia que el Papa entiende no como un acto político, sino como una expresión de la catolicidad de la Iglesia al servicio de la humanidad.

“Se podría decir que el amor de Dios está también en el origen de las relaciones diplomáticas que la Santa Sede teje entre los pueblos, así como sucedió entre la Santa Sede y Guatemala hace ahora 90 años”, expresó Parolin. En la misma línea, afirmó que la misión de la Iglesia no busca privilegios, sino intensificar su acción evangélica y pastoral.

El viaje comenzó el sábado 1 de agosto, cuando Parolin fue recibido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la vicecanciller María Luisa Ramírez, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Vaticano también prepara la beatificación de Augusto Rafael Ramírez Monasterio

La visita incluye además preparativos para la beatificación del fraile franciscano Augusto Rafael Ramírez Monasterio, informó la Conferencia Episcopal de Guatemala. El proceso fue autorizado por el papa León XIV el 22 de enero de este año, después de que obispos guatemaltecos entregaran a Juan Pablo II un listado de mártires para su consideración.

El portal de noticias del Vaticano, citado por la publicación, señala que Ramírez Monasterio fue en 1978 guardián y párroco de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, y que se dedicó a la vida pastoral de la parroquia y a los pobres e indefensos en medio de la guerra civil. Fue capturado por militares y sometido nuevamente a torturas antes de su asesinato, ocurrido el 7 de noviembre de 1983 en el puente El Incienso del anillo Periférico, de la Ciudad de Guatemala.

Durante la misa, Parolin también mencionó a quienes entregaron su vida por Cristo y citó entre ellos al beato Tullio Maruzzo y a fray Augusto Rafael. En ese marco, sostuvo que la Iglesia está llamada a no cerrar ningún camino que pueda conducir a una sociedad más justa, fraterna y solidaria, y a romper las dinámicas del desprecio, la indiferencia y las injusticias provocadas por la desigualdad y la corrupción.

El secretario de Estado añadió que hace falta una fidelidad renovada al Evangelio y al cerrar su intervención, aseguró que Guatemala “podrá contar siempre con la colaboración y el compromiso de la Santa Sede” para que cada habitante del país pueda vivir en libertad y trabajar por la paz.

Agenda

Además de la Santa Misa, el Cardenal prevé, la Secretaría de Estado del Vaticano informó que Parolin realizará las siguientes actividades:

• Visita al hogar de ancianos Madre Teresa de Calcuta
• Asistencia al Santuario del Santo Hermano Pedro: en la ciudad de Antigua Guatemala para conocer los preparativos para la beatificación del Padre Ramírez Monasterio que se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2026.

Lunes 3 de agosto

• Reunión con el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
• Reunión con representantes del pueblo indígena
• Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez
• Reunión con el Cuerpo Diplomático

Martes 4 de agosto

• Encuentro con obispos y sacerdotes, que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto.
• Celebración eucarística en el Santuario Arquidiocesano de Adoración Perpetua, ubicado en el municipio de Mixco.

Un ataque armado dentro del Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B en Guatemala dejó como resultado la muerte del privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, un hombre que estuvo vinculado durante muchos años al cartel de menudeo "Los Caradura" y que más tarde se volvió su enemigo.

Además de Ortiz Romero, durante el ataque armado falleció su esposa, quien había llegado a visitarlo durante este domingo 2 de agosto. También resultó gravemente herido un guardia del sistema penitenciario quien reaccionó para repeler el ataque, informó a través de un comunicado la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió mientras el centro carcelario mantenía las rutinas de custodia habituales.

No obstante, después del ataque activaron los protocolos de emergencia y aislaron a los internos, entre ellos, a los presuntos responsables del hecho, quienes serán puestos a disposición judicial para abrir un nuevo proceso en su contra.

¿Quién era “Gorgojo” y cuál fue su papel en la rivalidad criminal?

Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, figuraba como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha en la Ciudad de Guatemala, detalló el Ministerio de Gobernación en 2024, luego de su detención.

Su nombre cobró notoriedad tras una investigación que lo vinculó con el asesinato de cinco jóvenes en enero de 2024, hecho que detonó una ola de enfrentamientos entre pandillas.

Según las fuentes de investigación, Ortiz Romero habría ordenado la ejecución de los cinco hombres desaparecidos el 5 de enero de 2024 en un club nocturno de la zona 9.

Las víctimas fueron identificadas como José Guillermo Enrique Marroquín Conde, de 29 años; Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, de 39; Brandon Stefan Enríquez Alarcón, de 23; César Alexander Alemán Ramírez, de 26 y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, de 31.

De acuerdo con las investigaciones, los cuerpos fueron posteriormente disueltos en ácido, dentro del barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, un área que anteriormente estuvo bajo el mando del cartel de narcomenudeo "Los Caradura" y que, posteriormente, fue tomada por la Mara Salvatrucha, quien rompió el pacto con la estructura criminal dirigida por los hermanos Francisco y Julio Dominguez Higueros.

Como consecuencia de este crimen, Francisco Édgar Domínguez Higueros, en ese entonces, uno de los líderes de “Los Caradura”, expulsó a “Gorgojo” de la banda y lo obligó a dejar el control del sector.

Este hecho marcó el inicio de una disputa territorialentre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, que ha generado múltiples víctimas en la Ciudad de Guatemala y algunos municipios aledaños.

Capturado

El 6 de febrero de 2024, “El Gorgojo” fue capturado, junto con otro miembros de la Mara Salvatrucha que controlan El Gallito, entre ellos Luis Eduardo Rojas Chivicho “Wuicho”, Andy Rolando Martínez de La Roca “Camello”, Ana Carolina Rodas García “Carol” y Ángel Humberto Alfaro Bran “Angel”.

Todos señalados de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.

Según autoridades se trata del seguimiento a una organización dedicada a la venta de droga, asesinatos y varias desapariciones entre hombres, mujeres y menores de edad.

Posteriormente, a los detenidos se les vinculó con la desaparición y muerte de los cinco jóvenes.

Sospechoso del asesinato de uno de los líderes de Los Caradura

La situación no terminó allí. Estando dentro de prisión, las investigaciones del Ministerio Público habrían revelado que tras su expulsión del territorio por parte de “Los Caradura”, Ortíz Romero no se quedó de brazos cruzados y habría ordenado el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco”.

El cabecilla de "Los Caradura" fue acribillado cuando salía de una cita médica en la zona 10, territorio gobernado por el cartel del narcomenudeo guatemalteco. Según se sabe, sus guardaespaldas lo habrían dejado solo al momento del ataque.

Este hecho incrementó la violencia en la Ciudad de Guatemala, al activarse una guerra indiscriminada entre los líderes de las organizaciones criminales de la Mara Salvatrucha, contra "Los Caradura" que mantienen una alianza con el Barrio 18.

Guerra de poder

Analistas y expertos de seguridad, coinciden en que esta lucha por territorio entre pandillas surgió justamente en 2014, cuando se rompió la alianza de "Los Caradura" con la Mara Salvatrucha, lo que fortaleció los acuerdos con el Barrio 18.

“Siendo estructura rivales, por naturaleza, esta situación escaló de un pleito interno a convertirse en una guerra que ha cobrado la vida de decenas de guatemaltecos, la mayoría integrantes de las estructuras criminales, pero también ha habido muertes civiles que se consideran como daños colaterales", manifestó a Infobae el exministro de Gobernación, Julio César Rivera Clavería.

Ahora, este ataque se produce justo el mismo día en que las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) realizaron una incursión en el Barrio El Gallito, como parte del cumplimiento del Plan 03 “Anillo de Contención”.

Por ahora, entre los territorios más importantes en disputa estaría la Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala; el Barrio El Gallito, zona 3; y los municipios de Villa Nueva y Mixco.

No obstante, la lucha de poder no se concentra sólo en esos lugares, sino que abarca toda la Ciudad y áreas aledañas a la Metrópoli guatemalteca, así como algunos municipios y departamentos considerados como paso del narcotráfico.

Un hombre cubierto con una máscara de Spider-Man protagonizó un ataque armado contra el conductor de un tráiler, quien resultó ileso.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 1 de agosto en el kilómetro 57 de la ruta al Atlántico, jurisdicción del municipio de Sanarate, en el departamento de El Progreso, en Guatemala.

De acuerdo con la víctima, el agresor llegó en motocicleta al parqueo de una gasolinera. Le llamó la atención, porque llevaba un disfraz del Hombre Araña, pero creyó que estaba relacionado con el reciente estreno de la película Spider-Man: Brand New Day.

Sin embargo, terminó con una gran sorpresa cuando el hombre desenfundó un arma de fuego y sin cruzar palabras disparó varias veces contra la cabina y el chasis del vehículo de una empresa de gaseosas, luego huyó a toda velocidad.

Testimonio del conductor y hallazgos en la escena

El piloto del camión resultó ileso y relató que descansaba fuera del transporte pesado cuando observó la llegada del atacante.

“Pensé que disparó al aire porque no me disparó directamente. Cuando di la vuelta observé los orificios en la cabina y parte del chasis... No estoy asustado porque nunca pensé que era contra mí”, manifestó el conductor a medios locales.

En el sitio quedaron esparcidos múltiples casquillos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) como parte de las diligencias para esclarecer el hecho.

El vehículo sufrió varios impactos de bala que evidencian la violencia del ataque, según constató el personal de investigación.

Hipótesis de extorsión y antecedentes

En tanto, las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado con un reciente caso de extorsión contra la misma compañía de bebidas.

Según detallaron, en la aldea El Upayón, de El Progreso, sujetos desconocidos entregaron un teléfono celular a los pilotos para exigir el pago de dinero.

Integrantes de la PNC recordaron que semanas antes se registró otro incidente contra repartidores de la empresa en esa localidad.

Las investigaciones permanecen abiertas para identificar al atacante y desarticular la estructura criminal responsable de las amenazas dirigidas al sector de transporte de mercancías.

El uso de disfraces en delitos y la iconografía de cómics

El uso de máscaras y disfraces es una táctica criminal que se utiliza para evadir cámaras de vigilancia y dificultar la identificación y no es un hecho aislado en el crimen organizado guatemalteco.

De acuerdo con la PNC, la iconografía de editoriales como Marvel y DC ha figurado en actividades delictivas a través de sobrenombres de pandilleros, logotipos en cargamentos ilícitos y ataques en eventos temáticos.

En operativos recientes, la PNC capturó a miembros de la pandilla Barrio 18 que utilizaban alias alusivos a villanos de cómic, como “Joker” o “Guasón”, quienes fueron vinculados a investigaciones por extorsión, homicidio y portación ilegal de armas.

Un hecho ocurrido en Sanarate, El Progreso se suma a otros incidentes violentos relacionados con caracterizaciones: en octubre de 2024, en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 de Ciudad de Guatemala, hombres armados con máscaras de payaso irrumpieron en una fiesta y perpetraron un ataque que dejó dos personas fallecidas y cinco heridas.

Centroamérica y República Dominicana registran avances y brechas en la inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y en la gestión de emergencias, según el informe Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias de América Latina y el Caribe.

El análisis señala que Belice, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana impulsaron acciones para fortalecer la recopilación de datos y la prestación de servicios de salud inclusivos. Aun con marcos normativos y estrategias sectoriales, persisten barreras físicas, organizativas y comunicacionales que dificultan el acceso de las personas con discapacidad.

Entre los principales retos figura la fragmentación de la información y la limitada interoperabilidad de registros administrativos y clínicos.

El informe indica que los datos sobre discapacidad suelen permanecer dispersos y carecen de desagregación sistemática por tipo, edad, sexo y territorio. Esto, según documenta, “limita la posibilidad de aplicar políticas basadas en evidencia y obstaculiza la anticipación de riesgos diferenciados y la activación de apoyos oportunos para personas con discapacidad”.

Datos, registros y acceso a la información

República Dominicana y Panamá avanzaron en la integración de procesos de certificación y mecanismos de interoperabilidad, lo que permite una mejor identificación y vinculación institucional, aunque el uso estratégico de la información aún muestra debilidades.

“La difusión de la información está principalmente dirigida a públicos técnicos y utiliza formatos poco accesibles para actores no especializados”, precisa el documento.

La participación de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) aparece como un elemento para la legitimidad y pertinencia de las políticas, pero el informe advierte que su intervención suele ser consultiva y con escasa incidencia institucionalizada en la toma de decisiones. “La información clínica y administrativa no siempre se presenta en formatos accesibles; la comunicación suele orientarse a públicos generales o técnicos”, señala el informe consultado.

Servicios de salud y formación del personal

En los servicios, Belice y República Dominicana desarrollaron iniciativas preventivas y guías normativas en salud, incluidas estrategias de detección temprana. Panamá incorporó telemedicina y recursos humanos especializados para ampliar el acceso territorial.

Estos avances estuvieron acompañados por componentes de accesibilidad física y comunicacional, así como por procesos de adecuación progresiva de la infraestructura.

Aun así, el informe señala que “persisten barreras que deben ser abordadas para consolidar sistemas de salud más inclusivos”.

Entre ellas, menciona la limitada institucionalización de modelos de atención inclusiva y la escasa documentación sobre mecanismos de seguimiento y evaluación desde la experiencia de las personas con discapacidad.

Las estrategias preventivas suelen centrarse en la niñez y la adolescencia, sin una cobertura integral a lo largo del ciclo de vida.

El Salvador y Costa Rica pusieron en marcha acciones formativas para el personal sanitario, focalizadas en el abordaje de la discapacidad y la gestión de emergencias.

Según el informe, “las capacitaciones inclusivas suelen ser descritas como iniciativas puntuales o ligadas a proyectos, sin una integración consistente en sistemas permanentes”.

En el plano normativo, República Dominicana y Panamá desarrollaron marcos técnicos y disposiciones sectoriales que sirven como referencia para integrar contenidos inclusivos en la formación y los protocolos. El documento señala que estas normativas representan una oportunidad para avanzar hacia la institucionalización de capacidades inclusivas y fortalecer la adaptación de los servicios de salud a necesidades diferenciadas.

Emergencias, riesgos y continuidad del cuidado

Durante emergencias y desastres, la inclusión de la discapacidad en la planificación y la respuesta sanitaria muestra progresos, aunque también brechas. Guatemala implementó instrumentos y planes de gestión del riesgo con enfoque inclusivo en establecimientos de salud, mientras que Panamá y República Dominicana incorporaron lineamientos sectoriales para la reducción de vulnerabilidades.

Pese a esos avances, la discapacidad suele incluirse de manera general en los planes y protocolos, sin definiciones operativas claras sobre apoyos, accesibilidad o continuidad de tratamientos. El informe destaca la necesidad de mejorar la comunicación de riesgos en formatos accesibles y de garantizar la continuidad del cuidado para las personas con discapacidad durante la recuperación posterior a la emergencia.

“La recuperación se organiza desde enfoques generales de restablecimiento de servicios, sin estrategias sistemáticas para el seguimiento clínico de la población con discapacidad y la restitución de apoyos diferenciados”, según lo recopilado por Infobae.

El mexicano Gustavo Barriga fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores guatemaltecos y difundir videos de los abusos en plataformas para adultos y redes sociales, una sentencia que también incluyó una multa de Q700 mil 500 (USD 89,807) y que cerró un caso iniciado tras alertas sobre material pornográfico detectado en septiembre de 2025.

La pena se dividió en 12 años de cárcel y Q100 mil (USD 12,820) de multa por producción de pornografía de personas menores de edad, 72 años por difusión de pornografía de personas menores de edad y Q600 mil (USD 76,923) de multa por ese delito. El tribunal también impuso Q500 (SUD 64.1) por uso indebido de uniformes e insignias, de acuerdo con la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP).

El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas. La investigación del MP sostuvo que el ahora condenado grabó el material y lo distribuyó en OnlyFans, TikTok y X.

La investigación comenzó por alertas sobre videos difundidos en plataformas digitales

El caso comenzó el 11 de septiembre de 2025, cuando la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales del Ministerio Público recibió alertas sobre la circulación de material pornográfico en plataformas digitales. Con apoyo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, las autoridades confirmaron que en los videos aparecía Barriga manteniendo relaciones sexuales con menores de edad.

Barriga fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaba salir de Guatemala. La detención ocurrió el 15 de septiembre de 2025. El expediente lo ubicó como responsable de captar a víctimas, grabar los abusos y obtener ganancias por la difusión del material.

El Ministerio Público sostuvo que captaba a víctimas con dinero y repetía el mismo método en distintos países

Barriga habría viajado a varios países y repetido allí el mismo patrón de abuso sexual contra menores. Durante sus visitas a distintos departamentos de Guatemala en 2025, los fiscales sostuvieron que contactó y explotó sexualmente a varios menores de edad.

El Ministerio Público indicó que las víctimas eran de escasos recursos y que el acusado les ofrecía dinero. Después grababa el material, lo publicaba en redes sociales como X y obtenía ganancias ilícitas por su difusión.

Cuando se conoció la captura, que Barriga era identificado en TikTok como “Don Gustavo” y acumulaba más de 155 mil seguidores en esa plataforma y más de 244 mil en X. Ese medio también reportó que en sus perfiles advertía que su contenido estaba dirigido a adultos y lo vinculaba con OnlyFans.

Durante la inspección de su equipaje, las autoridades localizaron un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta microSD, auriculares, cuatro condones, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme completo del Ejército de Guatemala, cuya procedencia quedó bajo investigación.

En el juicio, el acusado aceptó los delitos pero negó haber forzado a las víctimas

Durante el juicio, Barriga aceptó los delitos que se le imputaban. Aseguró: “Nadie fue forzado”, y sostuvo que las víctimas “eran mayores de edad”, además de responsabilizar a los investigadores del Ministerio Público por “no recopilar” la información.

Según la Policía Nacional Civil, la captura fue ejecutada por la Unidad Especial de Investigación en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas, en cumplimiento de una orden emitida el 12 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Específica en Delitos de Trata de Personas de la ciudad de Guatemala.

La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala anunció una manifestación pacífica para el lunes 3 de agosto en rechazo al alza de los combustibles, una protesta que comenzará a las 8:00 en Molino de las Flores, zona 2 de Mixco, y que busca presionar al Ejecutivo y al Legislativo mientras el sector cuestiona el subsidio planteado por el presidente Bernardo Arévalo.

Los gremios de taxistas advirtieron además que podrían retomar medidas de presión con caravanas y bloqueos en distintos puntos de la capital si el Gobierno no responde a sus demandas ni abre una mesa de diálogo. Los dirigentes indicaron que mantienen reuniones para definir esas acciones, que podrían afectar la movilidad al inicio de la próxima semana.

La notificación de la protesta fue presentada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la que la organización pidió acompañamiento para verificar el respeto de los derechos de los participantes durante el recorrido hacia el Congreso de la República. Según el documento, a la actividad se sumarán de forma voluntaria pilotos de taxis, conductores de vehículos de aplicaciones, mototaxis y vehículos particulares.

La protesta partirá de Mixco y avanzará hacia el Congreso

La convocatoria, divulgada en redes sociales por la Asotax, plantea una nueva movilización contra el “incremento constante” en los precios de las gasolinas y del diésel. En ese mensaje, la asociación sostuvo: “Nuevamente vamos a manifestarnos este 3 de agosto por el alto costo del combustible. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido hacer algo. La presión social hace la fuerza. Cordialmente invitados para que nos acompañen”.

El punto de concentración fijado por la organización es la colonia Molino de las Flores, en Mixco, desde las 8:00. Desde allí, los participantes se dirigirán al Congreso de la República, de acuerdo con la comunicación remitida a la PDH.

El reclamo central del sector apunta también contra la propuesta de subsidio anunciada por el Gobierno. La asociación expresó: “Nos oponemos al subsidio propuesto por el señor Presidente Bernardo Arévalo en la forma planteada al otorgar Q12 al diésel y Q3 al combustible regular, por considerarlo injusto, no equitativo y porque no beneficia a la población ni al transportista”.

Los taxistas piden exoneraciones e informes sobre el impacto económico

La demanda de los pilotos organizados incluye la exoneración temporal del impuesto a la importación del combustible hasta que los precios se estabilicen. Según expone la agrupación, esa medida frenaría la inflación y aportaría certeza, además de exigir transparencia en cualquier mecanismo de apoyo.

También solicitan la exoneración del impuesto a la venta del combustible mientras persistan las condiciones extraordinarias de aumento en los precios. El argumento del sector es que esa decisión ayudaría a mitigar el impacto económico sobre la población.

Entre sus peticiones figura además un requerimiento a universidades y centros de investigación para que elaboren un informe sobre el efecto de los combustibles en la economía familiar. Los representantes del sector sostienen que el encarecimiento de la gasolina y del diésel ha reducido sus ingresos y golpea la economía de miles de conductores.

El antecedente más cercano fue la manifestación del 24 de julio por la misma causa. Ese día, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa la presentación de una iniciativa de ley para establecer un nuevo subsidio con los montos planteados para el diésel y la gasolina regular.

De acuerdo con la convocatoria citada en el texto original, la movilización del 3 de agosto se presenta como una respuesta directa a ese anuncio y al encarecimiento sostenido de los combustibles. Aunque en una parte de los llamados previos los dirigentes señalaron que aún no habían oficializado recorridos ni horarios de una posible nueva protesta, la asociación ya informó a la PDH que la concentración arrancará en Mixco y avanzará hacia el Legislativo.

Durante la primera semana de agosto, Guatemala se prepara para recibir una de las mayores afluencias de visitantes extranjeros del año. El flujo de turistas proveniente de El Salvador por las vacaciones agostinas genera altas expectativas en sectores clave de la economía, especialmente en turismo, transporte y comercio local. Las autoridades calculan que cerca de 78 mil salvadoreños cruzarán la frontera para vacacionar en destinos nacionales, lo que representa una oportunidad de dinamización económica significativa para el país.

El periodo de asueto en El Salvador, motivado por las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo, provoca cada año un movimiento masivo de personas hacia Guatemala. Según información publicada desde el primer día de agosto se observa un aumento en el tránsito por la frontera de Valle Nuevo, uno de los principales puntos de acceso terrestre. Este fenómeno impulsa la demanda de servicios turísticos, hospedaje, gastronomía y transporte, sectores que han desarrollado ofertas especiales para captar la atención de los visitantes.

La llegada de turistas coincide con la implementación de operativos de seguridad en los pasos fronterizos. El Ejército de Guatemala y otras instituciones nacionales han desplegado patrullajes preventivos, controles territoriales y puntos de vigilancia para garantizar el ingreso ordenado de los viajeros. Estas acciones buscan ofrecer confianza a los turistas y fomentar el consumo en los mercados locales, que dependen en gran medida de la afluencia de extranjeros durante temporadas altas.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) estima que el derrame económica generada por los visitantes salvadoreños puede superar cifras alcanzadas en años previos, dado el incremento del turismo regional tras el levantamiento de restricciones sanitarias. El gasto promedio de los turistas salvadoreños se distribuye principalmente en alojamiento, alimentación, transporte interno, actividades recreativas y compras de productos locales, lo que beneficia tanto a pequeños negocios como a cadenas hoteleras.

La reactivación del turismo fronterizo también incentiva el empleo temporal. Empresas de transporte, agencias de viajes, guías turísticos y emprendimientos familiares reportan un alza en la contratación de personal durante la semana de celebraciones. Además, la presencia masiva de turistas favorece la comercialización de artesanías, productos típicos y servicios vinculados al entretenimiento.

Las autoridades guatemaltecas han reforzado la información dirigida a los viajeros. Desde la oficina de Asistencia Turística se recomienda planificar rutas, llevar la documentación adecuada y consultar fuentes oficiales sobre el estado de las carreteras. El número telefónico PBX 1500 está disponible para consultas y emergencias durante la estancia de los salvadoreños en el país, un recurso que facilita la atención inmediata y fortalece la percepción de seguridad.

El impacto económico de la llegada de turistas salvadoreños trasciende las cifras inmediatas. La visibilidad que adquieren los destinos guatemaltecos durante las vacaciones agostinas contribuye a posicionar al país como un lugar atractivo para el turismo regional, lo que puede traducirse en futuras visitas y acuerdos comerciales. Para el sector privado y las comunidades receptoras, la temporada representa una ocasión estratégica para fortalecer vínculos comerciales y consolidar relaciones con un mercado recurrente.

La dinámica de los primeros días de agosto muestra una estructura económica adaptada a la temporalidad, con inversiones focalizadas en mejorar la infraestructura turística y optimizar la atención al visitante. El esfuerzo coordinado entre entidades públicas y privadas busca capitalizar al máximo los beneficios derivados de la movilidad regional, en un contexto donde la competencia por captar turistas centroamericanos se ha intensificado.

La Municipalidad de Guatemala fijó una tarifa máxima temporal para el transporte público colectivo urbano autorizado que empezó a regir este domingo 2 de agosto, con topes de Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0. 92) según el precio del diésel, en una decisión que busca frenar cobros arbitrarios y sostener la continuidad del servicio ante el aumento del combustible.

El ajuste quedó atado al valor del galón de diésel:

• Será de Q6 (USD 0.79) cuando cueste entre Q30 (USD 3.84)
• De Q7 (USD 0. 92) si alcanza los Q49.99 (USD 6.40) o si supera los Q50 (USD 6.41)

Informó la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte, a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

El cobro, además, solo podrá hacerse mediante sistema electrónico de prepago. La disposición prohíbe el manejo de dinero en efectivo a bordo de los autobuses alcanzados por la medida.

La medida responde a un escenario de presión sobre el transporte urbano que ya había derivado en incrementos de hecho.

El 29 de julio, usuarios reportaron que el pasaje en buses urbanos de la capital había subido de Q5 (USD 0.64) a Q7 (USD 0. 92), y el presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala Catug, Saúl Umaña, confirmó que el aumento obedecía al alto precio del combustible y que también se aplicaba en el municipio de Mixco.

La tarifa máxima solo aplica a rutas urbanas autorizadas y excluye a Transmetro y TuBus

El nuevo techo tarifario alcanza al servicio público colectivo urbano operado por concesionarios autorizados en la ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, portavoz de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) de la Municipalidad de Guatemala, afirmó que el ajuste no aplica a Transmetro ni a TuBus, que mantienen el precio habitual del pasaje.

Sostuvo que la disposición es temporal y que su propósito es dar certeza a los usuarios sobre el costo del servicio. Según la entidad, también busca establecer reglas claras para los operadores autorizados en medio del alza de los combustibles.

La autoridad municipal presentó la decisión como una medida de contingencia para evitar especulación y cobros excesivos por parte de pilotos y ayudantes.

El aumento del diésel abrió un conflicto entre transportistas, municipalidad y Gobierno

Antes de la fijación del techo tarifario, la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug) anunció que, tras una reunión sin acuerdos con autoridades de la Municipalidad de Guatemala realizada el 28 de julio, el pasaje pasaría de Q5 (USD 0.64) a Q7 (USD 0. 92).

Incluso taxis colectivos, conocidos como “piratas” habían anunciado a sus usuarios un incremento al costo del pasaje desde inicios de la semana pasada.

La decisión fue comunicada después de una protesta en el Centro Cívico, donde decenas de buses permanecieron estacionados mientras representantes del sector buscaban una salida al incremento de sus costos de operación.

En Mixco, Walter Montiel, representante de los buses Express, explicó a la publicación que el aumento respondía al encarecimiento del diésel y que la falta de una respuesta inmediata del Gobierno y del Congreso llevó al sector a tomar medidas.

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala anunció una protesta para el lunes 3 de agosto contra el alza constante de las gasolinas y el diésel.

El conflicto también se cruza con la propuesta del Ejecutivo para subsidiar los combustibles. El 24 de julio, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que presentó al Congreso una iniciativa de ley para otorgar un subsidio temporal de Q12 (USD 1.53) por galón de diésel y Q3 (USD 0.38) por galón de gasolina regular, con una previsión de Q3 mil 480 millones (USD 435.89 millones) para financiar el programa.

Una jornada de exploración al volcán Acatenango terminó en tragedia cuando un adolescente de 17 añosperdió la vida durante el ascenso al coloso, según confirmaron los Bomberos Municipales Departamentales y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

El grupo, integrado por varios excursionistas, transitaba la exigente ruta situada entre Chimaltenango y Sacatepéquez. El joven presentó un cuadro severo de hipotermia y descompensación física extrema, lo que derivó en su fallecimiento en una de las zonas de mayor altitud.

Emergencia en las alturas y dificultades en el rescate

De acuerdo con reportes de CONRED y los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima comenzó a mostrar signos de deterioro físico cuando la temperatura descendió de manera abrupta y el oxígeno se volvió escaso.

Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno obstaculizaron los esfuerzos de las brigadas de rescate, que acudieron tras recibir la alerta de emergencia.

Al momento de ser alcanzado por los socorristas, el adolescente ya no tenía signos vitales. Los equipos trasladaron el cuerpo hasta la base del volcán, donde el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes.

Riesgos en la ruta al volcán Acatenango

El volcán Acatenango, localizado en Guatemala entre los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango, tiene una altitud de 3.976 metros sobre el nivel del mar, es uno de los destinos preferidos para el montañismo en Guatemala.

Su popularidad radica en la vista privilegiada hacia el volcán de Fuego, pero la ruta exige preparación física y equipamiento adecuado, ya que el trayecto total ronda entre 13 y 14 kilómetros (8 a 9 millas) de ida y vuelta, según la variante de la ruta utilizada. El ascenso puede durar entre 4 a 6 horas, mientras que el descenso requiere de 2 a 3 horas.

Durante la noche, las temperaturas pueden descender por debajo de 0℃ (32℉), lo que eleva el riesgo de hipotermia para quienes no cuentan con la protección necesaria. Las autoridades han reiterado la importancia de respetar las recomendaciones técnicas y de seguridad antes de intentar el ascenso.

Antecedentes de tragedias en volcanes guatemaltecos

La muerte de este adolescente se suma a una serie de incidentes registrados en volcanes del país. En enero de 2017, seis excursionistas fallecieron en el Acatenango debido a una ola de frío extremo, episodio que marcó uno de los capítulos más dramáticos del montañismo nacional. Un reporte de los Bomberos Municipales Departamentales indicó que los excursionistas no contaban con el equipamiento adecuado para enfrentar el frente frío.

Por su parte, el pasado 7 de julio, un turista costarricense fue hallado sin vida en el Parque Nacional Volcán de Pacaya. El informe preliminar de los bomberos señaló un posible paro cardiorrespiratorio como causa del deceso. Estos casos han impulsado a las autoridades a revisar los protocolos de seguridad y a promover una regulación más estricta para las excursiones en zonas de alta montaña.

Llamado a la prevención y regulación

Organismos como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y los Bomberos insisten en la necesidad de fortalecer los controles y la preparación previa de quienes buscan ascender volcanes en Guatemala.

Entre las recomendaciones figuran la verificación del estado de salud, el uso de guías certificados y la revisión del equipo técnico. La exigencia física y los riesgos ambientales convierten al montañismo en una actividad que requiere planificación cuidadosa y responsabilidad colectiva.

La incertidumbre finalizó este 1 de agosto en Guatemala, cuando autoridades confirmaron que Leidy Mariana Zambrano Suárez, una docente de 31 años, con doble nacionalidad, fue localizada sana y salva tras casi tres semanas desaparecida.

La noticia, ampliamente difundida, generó alivio entre sus familiares y redes de apoyo, no obstante, el sistema de búsqueda Isabel-Claudina, informó sobre la localización de la joven con nacionalidad colombiana y estadounidense.

El caso: desaparición y búsqueda coordinada

El paradero de Zambrano se desconocía desde su arribo a Guatemala el 13 de julio, tras haber abordado un vuelo procedente de Estados Unidos.

La última referencia sobre su ubicación correspondía a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en la zona 13 de la capital. Familiares, alarmados por la ausencia de comunicación, presentaron denuncias ante las autoridades, lo que motivó la activación de alertas de búsqueda a nivel interinstitucional.

Las autoridades guatemaltecas desplegaron protocolos de localización que involucraron a distintas dependencias estatales, incluyendo la Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público (MP).

Tras iniciar las alertas de desaparición por parte de Isabel-Claudina y del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), explicó a Infobae que estaban colaborando en la en la indagatoria y se brindarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia en cuanto fueran solicitadas por el ente investigador.

Además, descartaron, en todo momento que la joven hubiera desaparecido dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala.

La aparición voluntaria y el motivo del silencio

El desenlace se produjo cuando Zambrano se presentó voluntariamente en la sede de la Agencia Fiscal de la Mujer, del Ministerio Público, en el departamento de Sacatepéquez, Guatemala. En el lugar se verificó su identidad y se constató que se encontraba en buen estado de salud.

Durante la comparecencia, la docente colombiana-estadounidense explicó su prolongada inalcanzabilidad. Expuso que su teléfono móvil presentó fallas técnicas poco después de su llegada, lo que le impidió restablecer contacto.

Además, relató que su visita al país obedecía a actividades de voluntariado en comunidades rurales, donde la conectividad y el acceso a tecnología suelen ser limitados.

“Al advertir la preocupación familiar y las alertas oficiales, decidí presentarme para aclarar mi situación”, declaró Zambrano, a las autoridades del Ministerio Público.

Fin de la búsqueda y notificación oficial

Tras las diligencias y la declaración de Zambrano, la representación fiscal descartó la comisión de delitos en su contra. El Ministerio Público procedió a desactivar las alertas vigentes y notificó formalmente a las entidades responsables y a la familia de la docente sobre el cierre del caso.

Las autoridades resaltaron que la colaboración interinstitucional fue clave para el desenlace positivo, ya que permitió canalizar los recursos y la información necesaria para dar con el paradero de la ciudadana.

La localización de Leidy Mariana Zambrano Suárez se suma a otros casos recientes donde la coordinación entre países y la respuesta oportuna de las instituciones han sido determinantes para la protección de personas extranjeras en situación de riesgo.

En tanto, la joven inició su itinerario en Filadelfia, Estados Unidos, e hizo una escala en Orlando, luego viajó con destino a Guatemala.

El fallecimiento de Sebastián Villaverde, modelo guatemalteco de 24 años, ha impresionado en el mundo del modelaje y el deporte en Guatemala. Su muerte se produjo la tarde del 1 de agosto, luego de un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en un sector conocido como “Las Cabras”, bajo la jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango, según informó el debate.com.mx.

De acuerdo con datos de este medio y otros diarios guatemaltecos, Villaverde viajaba junto a un grupo de motociclistas cuando perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra el arriate central de la autopista. El impacto fue tan fuerte que los cuerpos de socorro confirmaron su deceso en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades de tránsito y el Ministerio Público continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas técnicas del accidente. Hasta el momento, se sabe que Villaverde participaba en una caravana de motociclistas, actividad que solía realizar motivado por su pasión por los viajes y el motor.

El descontrol de la motocicleta provocó el choque violento contra el arriate, lanzando a Villaverde sobre el asfalto y ocasionándole lesiones fatales casi de inmediato.

Sebastián Villaverde era una figura reconocida en el mundo de la moda latinoamericana. De acuerdo con el sitio Soy 502, Villaverde participó en importantes semanas de la moda en ciudades como Cali y Cartagena de Indias en Colombia, así como en Quito, Ecuador, entre otros destinos. Su presencia en las pasarelas se caracterizaba por su porte y profesionalismo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de modelos de la región.

Además de su carrera en el modelaje, Villaverde era un atleta destacado en trail running, una disciplina que consiste en correr por senderos naturales, montañas y caminos alejados del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y disfrutaba de los viajes en motocicleta por Guatemala, lo que lo llevó a combinar su pasión por el deporte y la aventura.

Fuera de las pasarelas y las pistas, Villaverde demostró un marcado espíritu emprendedor. Fundó “Zona Urbana”, un sitio especializado en la compra y venta de bienes raíces. Además, se desempeñó como productor visual y cineasta, sumando así otra faceta a su perfil multifacético. Su creatividad lo llevó a explorar distintas áreas del arte y la comunicación, dejando huella en los proyectos que impulsó.

Reacciones y legado

La noticia de su muerte generó una ola de consternación que trascendió las fronteras del modelaje. Diversas instituciones manifestaron su pesar, como la Dirección General de Aeronáutica Civil, que lamentó públicamente el deceso e informó que Sebastián era hijo de Brenda Lissette Posadas Franco de Villaverde, colaboradora de la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, según publicó el debate.com.mx. Además de esta institución, el equipo de “Zona Urbana” publicó mensajes recordándolo como un gran amigo y miembro fundador.

Sus colegas del modelaje y excompañeros de estudio inundaron las redes sociales con mensajes de duelo, describiéndolo como un alumno y amigo muy querido. Una de sus últimas publicaciones en redes sociales, realizada días antes del accidente, contenía una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de mantener los pies en la tierra, lo que cobró especial significado para sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

En tanto, la ruta Interamericana vuelve a ser escenario de una tragedia vial que deja un profundo vacío en la familia Villaverde y en la comunidad artística y deportiva de Guatemala, que pierde a un talento en ascenso y a un joven multifacético cuyo legado trasciende la moda y el deporte.

Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros en sus desplazamientos, estadía y visitas a destinos del país, con un despliegue previsto en 20 delegaciones de la división a nivel nacional.

El nuevo contingente está integrado por 109 hombres y 37 mujeres que completaron el décimo segundo Curso de Especialización en Seguridad Turística. Además de tareas de resguardo, deberán brindar orientación sobre gastronomía local, servicios humanitarios y áreas seguras para transitar.

El acto de graduación se celebró ayer en las instalaciones de la Academia de la PNC y fue presidido por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. Allí sostuvo que la función de estos policías apunta a proteger al visitante y a acompañarlo durante su experiencia en el país.

“La seguridad turística consiste en cuidar la experiencia de quien llega a nuestro país, en asistir a quien enfrenta una dificultad, y en demostrar por medio del servicio que Guatemala sabe servir, recibir, proteger, y sobre todo acompañar”, afirmó Villeda.

El ministro señaló que la formación reforzó los conocimientos de los agentes y les dio herramientas para el desempeño de sus funciones. Luego añadió: “Que cada visitante encuentre en ustedes a una persona preparada para ayudar, que cada comunidad los reconozca como aliados y que su conducta honre siempre el uniforme”.

También les pidió combinar autoridad con trato respetuoso. “Actúen con firmeza, pero también con respeto, sean atentos sin perder autoridad, sean cercanos sin descuidar la disciplina y recuerden siempre que portar un uniforme significa representar algo más grande que uno mismo”, dijo.

La PNC los distribuirá en 20 delegaciones turísticas del país

La responsabilidad central de los nuevos agentes será garantizar protección y seguridad a los visitantes en los principales destinos turísticos de Guatemala. Ese trabajo incluye prevención de riesgos, atención en situaciones de dificultad y orientación práctica para el recorrido de viajeros nacionales y extranjeros.

El director general de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo sostuvo que la institución suma especialistas para fortalecer ese servicio. En su intervención remarcó que cada atención, orientación e intervención debe expresar “el orgullo de pertenecer a una Policía Nacional Civil que sirve con honor, actúa con profesionalismo y trabaja permanentemente por la seguridad y el desarrollo de toda una Guatemala”.

Custodio Boteo indicó que la seguridad turística requiere personal con criterio profesional y capacidad para atender a personas de distintas nacionalidades y culturas. También mencionó habilidades para prevenir riesgos, resolver conflictos y coordinar acciones con las autoridades competentes.

“Desde hoy asumen una gran responsabilidad que los convierte en representantes de la PNC y de Guatemala, donde presten ustedes su servicio. Tendrán la gran oportunidad de demostrar que la disciplina, la integridad, el profesionalismo y la vocación de servicio constituyen la esencia de una policía moderna”, expresó.

El curso incluyó inglés, medicina táctica y atención al turista

La promoción egresó del décimo segundo Curso de Especialización en Seguridad Turística, impartido por docentes policiales en la Escuela de Especialidades de Policía (EESPOL) de la PNC. En este ciclo formativo participó de manera especial el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

La capacitación incluyó relaciones humanas, doctrina y derecho policial, idioma inglés, navegación terrestre, acondicionamiento físico, natación, cartografía, medicina táctica y atención al turista. Los agentes también recibieron instrucción en protocolos de seguridad y asistencia al visitante, resolución de conflictos, geografía, bases legales, atractivos turísticos e historia de Guatemala.

Este ciclo educativo fue desarrollado en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). La nueva promoción de policías de turismo queda destinada a reforzar la atención y la seguridad de los visitantes en el territorio guatemalteco.

El Congreso de Guatemala abrirá el segundo período ordinario con el debate del nuevo subsidio a los combustibles anunciado por Bernardo Arévalo, una propuesta que prevé Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026 para contener el alza internacional del petróleo, el precio del pasaje y el gasto de los hogares.

La iniciativa del Ejecutivo, contempla un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones, equivalentes a unos USD 453 millones. El Gobierno sostiene que ese monto saldrá de una readecuación interna del presupuesto, sin deuda nueva y sin tocar los recursos de Salud Pública, Educación ni Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Antes de que el pleno entre al fondo de la propuesta, la Instancia de Jefes de Bloque volverá a reunirse el lunes 3 de agosto. Allí comparecerán los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas, junto con autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para presentar un informe sobre la ejecución del subsidio anterior y responder dudas de los diputados sobre financiamiento, fiscalización y resultados.

La discusión llega sin consensos cerrados. Tras la reunión de jefes de bloque del jueves 30 de julio, el vicepresidente del Congreso Nery Ramos informó que seguía en análisis tanto la iniciativa del oficialismo para un subsidio directo como otra opción: crear un fondo de compensación que se active cuando los precios internacionales superen un techo previamente definido.

El Ejecutivo propone un apoyo mayor al que venció a inicios de julio

El nuevo esquema supera al apoyo temporal aprobado en el Decreto 11-2026, que rigió entre el 28 de abril y el 2 de julio de este año. Ese mecanismo otorgó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con un costo fiscal cercano a Q2 mil millones.

Según el Ministerio de Energía y Minas, ese subsidio ayudó a contener la inflación mientras estuvo vigente. Cuando expiró, los precios volvieron a subir hasta superar los Q40 por galón en algunas estaciones de la capital.

Arévalo presentó la propuesta en una conferencia de prensa junto al ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos y el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios. El presidente vinculó la presión sobre los combustibles con las tensiones bélicas en el estrecho de Ormuz, que han empujado al alza los precios internacionales del crudo.

“El precio de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, está golpeando la economía de las familias guatemaltecas y se siente en quienes llenan el tanque de sus vehículos, pero también en el precio del pasaje que utilizan quienes van a trabajar o estudiar”, dijo el mandatario. Luego agregó: “Ningún país de nuestra región está libre de esta realidad. Nos encontramos en medio de una crisis de carácter global”.

Barrios explicó que la diferencia entre los montos asignados al diésel y a la gasolina responde al peso económico de cada combustible. Según el ministro, el diésel tiene un impacto tres veces mayor porque mueve el transporte de personas y mercancías en trayectos cortos y largos.

Arévalo resumió ese criterio con una frase: “El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina, que se limita al vehículo en el transporte”. La apuesta oficial busca contener tanto el costo de carga de combustible como los precios de movilidad y distribución.

Los diputados exigen controles y el Gobierno descarta otras salidas

La bancada oficialista sostiene que el proyecto aún puede modificarse para endurecer controles. Uno de los diputados que defendió esa línea afirmó tras la reunión del jueves: “Aún estamos discutiendo, aún estamos buscando consensos y acuerdos con los diferentes bloques que nos permitan aprobar lo más pronto posible una medida urgente, necesaria para poder aliviar la crisis que las familias guatemaltecas están enfrentando por el incremento de los precios del petróleo”.

Otra voz del oficialismo planteó que el punto central es evitar que el beneficio se pierda antes de llegar al usuario final. En esa línea, señaló: “Lo que debemos de atacar fuertemente es las alzas del pasaje injustificados. Tenemos denuncias que aún con el subsidio, los transportistas incrementaron el pasaje y esa es la parte que no se vale”.

El Ejecutivo también fijó límites a las alternativas en discusión. Menkos descartó contratar nuevos préstamos o cualquier otro esquema de endeudamiento público para cubrir el subsidio.

Barrios rechazó además una rebaja parcial de tributos como solución suficiente. Indicó que eliminar el Impuesto de Distribución de Petróleo y el IVA al diésel solo produciría una rebaja de Q7 por galón, por debajo del beneficio planteado por el Gobierno.

La fijación de precios máximos tampoco forma parte del plan. El ministro de Energía y Minas sostuvo que esa opción contradice la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, basada en el libre mercado, y afirmó: “Los precios tope serían una ilegalidad”.

El Gobierno prevé vigilancia de precios y una mesa técnica si la crisis sigue

Arévalo recordó que la aprobación y entrada en vigor del Decreto 11-2026 tomó cerca de dos semanas, del 14 al 28 de abril. El presidente estimó que esta vez el plazo podría ser menor porque los reglamentos y mecanismos de control ya existen y solo requieren ajustes.

El Gobierno anunció además una mesa técnica para definir medidas adicionales si la crisis energética internacional se prolonga más allá del plazo del subsidio. Entre las alternativas figura focalizar el apoyo, aunque el presidente advirtió que ese mecanismo necesitaría al menos dos meses de preparación.

También prevé reforzar a la Dirección de Asistencia al Consumidor y al Ministerio de Energía y Minas para vigilar posibles maniobras especulativas en los precios. A la vez, evalúa si el subsidio anterior favoreció el contrabando de combustible hacia países vecinos para diseñar controles que aseguren que el beneficio se aplique solo dentro del territorio nacional.

En su mensaje final, Arévalo pidió rapidez al Legislativo para aprobar la medida: “Este no es tiempo para divisiones, este no es un tiempo para réditos personales o políticos. Guatemala necesita un Congreso unido que proteja el bolsillo de nuestras familias”. Varias bancadas ya habían expresado su disposición a respaldar una readecuación presupuestaria antes del anuncio oficial, según reportes de medios guatemaltecos del día anterior.

El Insivumeh informó que fortaleció la Red Sismológica Nacional y mejoró su sistema de alerta temprana de terremotos, un avance que amplió la detección de eventos, permitió identificar nuevos sistemas de fallas en Guatemala y sostiene el envío de avisos a más de medio millón de usuarios de su aplicación oficial.

La expansión del monitoreo también modificó la capacidad de registro del país: de acuerdo con el instituto, la red pasó de documentar 850 sismos en 2018 a 11.804 en 2025, con una tasa media anual de crecimiento del 39% en el conocimiento de las fuentes sísmicas.

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó que el proyecto de Alerta Temprana de Terremotos en América Central comenzó en 2016 y es liderado por el Servicio Sismológico Suizo. Su objetivo fue implementar sistemas de alerta en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

El proyecto se desarrolló en tres fases. Ese proceso reforzó la infraestructura de monitoreo sísmico, optimizó los sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos y amplió las capacidades técnicas especializadas en la región.

La red de monitoreo creció de 30 a 85 estaciones

Uno de los cambios centrales fue la ampliación de la Red Sismológica Nacional. El Insivumeh indicó que pasó de 30 estaciones en 2022 a 85 entre 2024 y 2026, con un incremento superior al 80 % en la cobertura del territorio nacional.

Esas estaciones transmiten información en tiempo real y operan bajo estándares internacionales de control de calidad. La institución atribuye a esa red ampliada una mejor comprensión de las fuentes sísmicas del país.

Tras las secuencias sísmicas ocurridas en 2025 en Sacatepéquez y Jutiapa, el instituto elaboró dos documentos técnicos que describen por primera vez las amenazas geológicas asociadas a esos eventos. La ampliación de la red también permitió identificar un nuevo sistema de fallas en el área de San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, y otro en Jutiapa.

Como parte de esa expansión, fueron instaladas nuevas estaciones sísmicas en Coatepeque, Quetzaltenango; Moyuta, Jutiapa; y La Democracia, Escuintla. La institución agregó que continúa el proceso de adquisición de más estaciones sísmicas y volcánicas para reforzar la vigilancia y analizar la posible relación entre distintos eventos geológicos.

La aplicación oficial emitió 649 notificaciones desde 2024

En Guatemala, el Insivumeh lanzó en 2024 la aplicación móvil Alerta de Terremotos, el primer mecanismo oficial para recibir alertas sísmicas después de pruebas y validaciones realizadas junto con el Servicio Sismológico Suizo.

Desde su entrada en funcionamiento, la aplicación emitió 649 notificaciones: 163 en 2024, 335 en 2025 y 151 en el primer semestre de 2026. El instituto aclaró que el sistema solo genera alertas cuando los eventos superan los umbrales establecidos, por lo que no todos los sismos son comunicados a la población.

El caso que la institución presentó como prueba de efectividad ocurrió durante el sismo de magnitud 6.4 registrado en mayo de 2024. En ese episodio, el sistema alertó a 9.844 usuarios y 6.198 recibieron la notificación con más de 10 segundos de anticipación.

La aplicación supera actualmente el medio millón de usuarios activos. El medio oficial agregó que la plataforma atraviesa una fase de revisión y mejoras, aunque continuará operando con normalidad.

El Insivumeh también puso a disposición del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), una nueva herramienta para la recepción instantánea de alertas sísmicas. A la vez, recomendó a los usuarios mantener actualizada la aplicación, contar con conexión a internet y evitar cerrarla manualmente para asegurar la recepción oportuna de los avisos.

Rojas también cuestionó los reportes sobre sismos difundidos por una casa de estudios y por creadores de contenido. Según el funcionario, el país no necesariamente registra más sismos, sino que ahora los detecta mejor gracias a las 85 estaciones de monitoreo disponibles.

La plataforma de trámites del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 70,304 usuarios regulados y se convirtió en una de las principales apuestas de digitalización del Estado para agilizar registros, licencias y autorizaciones sanitarias, con un efecto directo sobre la fiscalización de productos, establecimientos y servicios vinculados con la salud pública.

El portal, puesto en marcha en 2025, opera las 24 horas y concentra procesos ligados a establecimientos salubristas, alimentos procesados, productos farmacéuticos, tarjetas de salud y constancias para manipular comida. Según el ministerio, la herramienta ya permite finalizar trámites con entrega de documentos digitales por correo electrónico.

Entre los datos desagregados que presentó la cartera aparecen tres bloques de actividad. En establecimientos de salud se reportaron 1.787 solicitudes y 360 propietarios inscritos; en alimentos procesados, 5.749 peticiones, 374 empresas y 916 registros sanitarios avalados; en el área farmacéutica, 660 usuarios, 792 solicitudes y 155 registros autorizados.

La plataforma concentra controles sobre alimentos, fármacos y establecimientos

La digitalización no se limita a una mejora administrativa. Cada registro sanitario, licencia, autorización o certificación funciona también como mecanismo de control para garantizar condiciones adecuadas de producción, comercialización e importación de bienes relacionados con la sanidad.

Según explicó el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya, la estrategia apunta a “contar con dispositivos que sirvan para responder de manera ágil, segura y transparente al usuario”. El funcionario sostuvo que estas plataformas responden a la necesidad de consolidar instituciones modernas y eficientes.

Durante la presentación de avances, el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud Edgar Rolando González detalló que los documentos emitidos de forma digital incluyen firma electrónica autorizada y un código para verificar su autenticidad.

Ese sistema alcanza tanto a la dirección de regulación en sus tres departamentos como a documentos de otras direcciones departamentales, entre ellos la tarjeta de salud y las constancias de manipulación de alimentos.

González resumió el cambio con una definición centrada en el control del proceso: “Esta transición de lo físico a lo digital nos permite no solo ser más ágiles, sino también transparencia en las gestiones regulatorias, que es uno de los temas que estamos buscando”.

El control sanitario también alcanza a salones de belleza y productos afines

El viceministro explicó que la modernización también facilita trámites vinculados con establecimientos como salones de belleza y estéticas. La supervisión, precisó, no se enfoca en los servicios que prestan, sino en los productos que utilizan y comercializan, como cremas y otros artículos de belleza que deben contar con registro sanitario.

Ese registro, indicó González, certifica que los productos sean de calidad, seguros y eficaces. Dentro de esa evaluación, la seguridad ocupa el lugar prioritario por su relación con la protección de la salud de la población.

La cartera también recordó que existen tarifas establecidas para los distintos procedimientos. En el caso de la licencia integrada de funcionamiento para salón de belleza y distribuidor de productos afines, el costo es de 170 quetzales, además de la gestión administrativa correspondiente.

El viceministro sostuvo ante la prensa que el uso del sistema digital también mejora la revisión técnica de los expedientes. “Esto nos permite no solo mayor agilidad, sino también una mejor evaluación de los expedientes que se ingresan, ya que hay trazabilidad y se disminuye la discrecionalidad de los evaluadores”.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud consideran la digitalización de los servicios como un componente esencial para mejorar el acceso, la transparencia y la capacidad regulatoria de los sistemas de salud. En esa línea, el ministerio presentó la plataforma como una herramienta que combina simplificación de trámites, vigilancia sanitaria y mayor certeza para usuarios, empresas e industrias reguladas.

Guatemala puso en marcha la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun con horizonte en 2052, un proceso participativo que busca definir inversiones y decisiones prioritarias desde los territorios y que, tras los diálogos departamentales de julio, avanzará en agosto hacia una integración nacional de propuestas.

Los insumos recogidos en esta etapa serán parte de una ruta de seis fases que incluye preparación metodológica, recopilación de información técnica y participativa, sistematización y análisis prospectivo, formulación estratégica, validación y aprobación, e institucionalización con seguimiento e implementación inicial.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia impulsan los Diálogos Territoriales con Mirada al Futuro. Las jornadas comenzaron el 9 de julio y concluyen este 30 de julio en los 22 departamentos del país, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

El proceso se desarrolla en reuniones ordinarias o extraordinarias de los consejos departamentales de desarrollo, los Codede, con participación de sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, mujeres, juventudes e instituciones públicas. El objetivo es construir una visión compartida sobre cada departamento y sobre el país para las próximas décadas.

Los diálogos departamentales ordenan propuestas en cinco ejes de desarrollo

La metodología prevé mesas de trabajo para analizar la situación de cada departamento y formular propuestas en cinco ejes: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todas y todos, recursos naturales hoy y para el futuro, y fortalecimiento del Estado.

Ese esquema busca responder de forma directa qué se definirá en esta etapa: las preocupaciones, prioridades, oportunidades y propuestas de las regiones para incorporarlas a la actualización del K’atun 2052. Los aportes servirán para identificar las decisiones y las inversiones prioritarias de cada territorio.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia sostiene que uno de los principales aportes del mecanismo es que la planificación se construye desde las comunidades. También señala que, a diferencia de ejercicios anteriores, esta ronda amplía la participación de sectores sociales para que las necesidades y potencialidades departamentales queden incorporadas en el plan.

En esta etapa, la SCEP actúa como coordinadora del Sistema de Consejos de Desarrollo, Siscode, y concentra la articulación entre actores territoriales e instituciones. Su papel consiste en facilitar que las prioridades definidas en los departamentos entren en el proceso nacional de planificación.

Durante una sesión de trabajo del Conadur, el presidente Bernardo Arévalo planteó el sentido político de la revisión del plan: “Viendo hacia el futuro y hacia las próximas generaciones, los invito a que reflexionemos sobre la revisión del Plan Nacional de Desarrollo K’atun. La reflexión que está detrás de estas modificaciones es que un gobierno que no llega al territorio no es un gobierno completo. Puede tener las mejores políticas, los mejores técnicos, los mejores planes pero si no tiene quién conecte esas decisiones con la realidad de las personas, se queda a mitad del camino”.

La siguiente etapa sumará consultas, expertos y una reunión nacional en agosto

La actualización no se limitará a los talleres departamentales. Los resultados se complementarán con consulta virtual ciudadana, entrevistas con expertos, diálogos regionales multiactor, talleres nacionales de construcción de escenarios y un Encuentro Nacional de Planificación.

Ese encuentro está previsto para el 27 y 28 de agosto y reunirá a directores de planificación de las instituciones públicas. La meta será integrar los aportes recopilados y avanzar en la formulación del nuevo K’atun 2052.

Hugo Allan García, subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo, llamó a ampliar la participación de los integrantes de los consejos de desarrollo. “Queremos la participación de los integrantes de los consejos de desarrollo en estos amplios diálogos para poder construir miradas de futuro con la mejor calidad posible”, afirmó.

García añadió que los hallazgos de los diálogos se incorporarán al proceso de actualización y pidió el respaldo de los miembros del sistema para sostener las acciones previstas. Según el diseño del proceso, la etapa también busca identificar problemáticas urgentes, brechas estructurales específicas de los departamentos, necesidades apremiantes de la población y un mapeo del potencial económico, social y ambiental.

Toda la información obtenida será sistematizada para servir de base a la actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Con ello, la SCEP plantea fortalecer al Siscode como mecanismo principal de participación ciudadana para la planificación del desarrollo y orientar la visión de país hacia 2052 a partir de las realidades y aspiraciones de los territorios.

Guatemala, el Mspas y Unicef acordaron incorporar el Suplemento Nutricional Lipídico a la atención integral de la niñez en los primeros mil días de vida para extender el programa a 205 municipios priorizados en los próximos tres años, en un país que mantiene uno de los índices de desnutrición crónica más altos de la región y del mundo.

La expansión parte de una fase inicial que ya alcanzó a 14.000 niñas y niños de entre seis y 23 meses en siete municipios de Alta Verapaz y Totonicapán, dos departamentos con altos niveles de vulnerabilidad nutricional. El convenio prevé que esa experiencia sirva de base para escalar la intervención desde los siete municipios y nueve distritos del piloto hacia la cobertura priorizada a nivel nacional.

Según informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ministro de Salud Joaquín Barnoya encabezó la firma del acuerdo y sostuvo que la medida busca reforzar la respuesta frente a la desnutrición infantil. “Esta acción contribuirá a reducir la mortalidad y la anemia, y favorecerá el desarrollo físico e intelectual de la niñez”, afirmó.

En el acto también participaron el viceministro de Atención Primaria en Salud Donato Camey y el representante adjunto de Unicef Guatemala Vincenzo Placco. El suplemento se incorporará al Modelo Demostrativo de Atención Integral como parte de la estrategia de atención a la primera infancia.

El suplemento aporta 24 micronutrientes y se usa como prevención desde los seis meses

El SQ-LNS es una pasta de pequeña cantidad, de unos 20 gramos diarios, destinada a niñas y niños desde los seis meses. Aporta 24 vitaminas y minerales esenciales, además de proteínas y ácidos grasos saludables como omega 3 y omega 6.

Su función es preventiva y no terapéutica. Está diseñado para complementar la alimentación en una etapa en la que las necesidades nutricionales aumentan y las dietas suelen presentar múltiples carencias.

De acuerdo con datos citados por Unicef, un metaanálisis de 14 ensayos controlados aleatorizados con más de 37.000 participantes mostró que quienes reciben este suplemento presentan una prevalencia de desnutrición aguda grave 31% menor. El mismo análisis registró una reducción del 17% en la desnutrición crónica grave y una caída del 64% en la anemia por deficiencia de hierro.

La misma fuente indicó que la mortalidad infantil entre los seis y los 24 meses disminuye alrededor de 27% con el uso del SQ-LNS. Los datos también muestran que los niños suplementados tienen entre 16% y 19% menos probabilidades de ubicarse en el decil más bajo en pruebas de lenguaje, habilidades socioemocionales y motricidad.

Esas mejoras equivalen a entre uno y cinco puntos de cociente intelectual, según el nivel de desnutrición de la población, de acuerdo con la información difundida por el organismo. La evidencia sitúa el impacto del suplemento más allá de la supervivencia y lo vincula también con el desarrollo infantil.

El plan oficial combina el suplemento con lactancia, monitoreo y consejería

El Ministerio de Salud no distribuirá el SQ-LNS como una intervención aislada. La cartera lo integrará en un paquete de acciones que incluye promoción de la lactancia materna, consejería nutricional, control del crecimiento y otras atenciones de salud.

Esa decisión sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece que los suplementos lipídicos deben acompañarse con orientación sobre alimentación infantil y no reemplazar una dieta diversa. La lógica del programa es sumar el producto a una estrategia de cuidado más amplia durante la primera infancia.

La medida apunta a responder a un problema estructural que golpea con mayor fuerza a comunidades indígenas y rurales en Guatemala. En ese contexto, el convenio firmado entre el ministerio y Unicef fija una ruta de ampliación territorial para los próximos tres años sobre la base de la experiencia ya aplicada en las zonas piloto.

El Encuentro de Conviteros 2026 se realizará el 27 de septiembre en la Ciudad de Guatemala con dos desfiles que partirán a las 8:00 y concluirán en la Plaza de la Constitución, en una edición que busca ampliar la participación nacional y reforzar la preservación del convite como parte del patrimonio cultural intangible del país.

Según el Ministerio de Cultura y Deportes, se espera la asistencia de al menos 4 mil integrantes de agrupaciones conviteras de los 22 departamentos de Guatemala. La cifra supera la del primer encuentro de 2025, que reunió a más de 3 mil participantes organizados en 66 grupos de 14 departamentos.

Bajo el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”, la jornada fue planteada como un espacio de homenaje para comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país. La actividad será gratuita.

La edición 2026 tendrá dos recorridos entre las zonas 1 y 2

A diferencia de la primera edición, el encuentro de 2026 tendrá dos rutas en lugar de una. Ambos recorridos transitarán entre las zonas 1 y 2 de la capital y tendrán como punto final la Plaza de la Constitución, donde se realizará la presentación final de las agrupaciones.

El Desfile 1 saldrá del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en 24 calle 3-81 de la zona 1. El Desfile 2 comenzará en la Sexta Avenida de la zona 2.

De acuerdo con el ministerio, el encuentro reunirá convites tradicionales, botargas, guerreras e indumentaria maya. El objetivo oficial es reconocer, fortalecer y divulgar estas expresiones artísticas, presentadas como parte de una tradición que excede lo festivo y se vincula con la preservación cultural.

La convocatoria de agrupaciones de los 22 departamentos también apunta a reducir la centralización de este tipo de celebraciones. La propuesta, según la cartera, es que la diversidad cultural del país tenga presencia en una misma jornada en la capital.

El antecedente de 2025 reunió 66 grupos de 14 departamentos

La edición de 2026 será la segunda del Encuentro de Conviteros, después de la realizada en 2025. En esa primera experiencia participaron agrupaciones de departamentos como Quiché, Chimaltenango y Huehuetenango, entre otros.

En el acto de 2025, la primera dama de la Nación Lucrecia Peinado afirmó: “Todos ustedes, los conviteros y conviteras, deben estar en alto, porque son ustedes quienes mantienen con vida esa tradición centenaria. Para todos ustedes, el reconocimiento de la nación guatemalteca formada por varios pueblos”.

Peinado también expresó su expectativa de que la actividad se mantenga de forma anual. En esa ocasión dijo: “Felicitaciones por acceder a este primer llamado del Ministerio de Cultura, por su apoyo en estos seis meses de trabajo. El reto es apoyarles a ustedes a continuar haciendo esta reunión anual de convites a nivel nacional y regional”.

La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural Laura Cotí Lux sostuvo durante el primer encuentro: “Ustedes son portadores de tradiciones y son los guardianes de nuestra fiesta. Hoy representan las costumbres que engalanan a Guatemala”.

Según la funcionaria, esa tradición concentra un valor histórico, artístico, creativo y espiritual que enlaza generaciones dentro de un mismo sentido comunitario. El ministerio describió además a los conviteros como actores que convierten las calles en escenarios de música, danza, diseño, creatividad, sátira e historia.

En los convites, los participantes utilizan máscaras y trajes que representan animales como monos, tigres, toros, perros y venados, además de personajes humanos con vestimenta extravagante. Esa combinación de baile, música y caracterización formó parte del recorrido de 2025 por el Centro Histórico.

Aquel desfile inició en la 16 calle y avanzó por la 6a. avenida hasta la Plaza de la Constitución, entre música, danzas y público reunido a lo largo del trayecto. El cierre incluyó una presentación especial de Checha y su India Maya Caballero, junto con una muestra artística de los conviteros participantes.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala expresó este sábado su preocupación por la violencia desatada tras el desalojo judicial de Juana Santiago Chel en Santa María Nebaj, Quiché, un operativo ejecutado el 30 de julio que derivó en el incendio de la vivienda de la jueza que emitió la orden y en la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.

El caso se originó en una disputa familiar por un inmueble. Uno de los hijos de Santiago Chel promovió el proceso que concluyó con la orden de desocupación, y la ejecución de esa resolución provocó una reacción violenta entre pobladores de la comunidad.

Según reportes de medios locales, los habitantes incendiaron la vivienda de la jueza responsable de la orden. También fue detenido un vecino que intentó auxiliar a la adulta mayor, un hecho que elevó la tensión en el municipio.

El Ministerio Público aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del operativo, pero confirmó que abrió pesquisas al conocer posibles acciones delictivas vinculadas al procedimiento. La investigación incluye tanto lo ocurrido durante el desalojo como los hechos posteriores en la comunidad, entre ellos los eventos en los que se vio involucrada Santiago Chel y cualquier otra conducta que pueda derivar en responsabilidades penales.

El Colegio de Abogados rechazó la fuerza excesiva y pidió una investigación sin estigmatización

En el Comunicado No. 15/2026, fechado el 1 de agosto de 2026, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala manifestó solidaridad con las personas, familias, profesionales, autoridades y comunidades afectadas en su integridad, seguridad, patrimonio o tranquilidad. La institución rechazó el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con desalojos y sostuvo que en esos procedimientos debe prevalecer el respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas involucradas.

El documento advirtió que ningún profesional, funcionario, autoridad comunitaria o ciudadano debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, agresiones o represalias por el ejercicio legítimo de sus funciones o derechos. También remarcó que cualquier inconformidad con una resolución judicial debe canalizarse por los mecanismos legales correspondientes.

“La violencia, las agresiones y la destrucción de bienes no constituyen medios legítimos para resolver controversias”, señaló el comunicado. El colegio pidió a las autoridades competentes investigar los hechos de manera pronta, objetiva, imparcial y transparente, sin prejuzgar ni estigmatizar a personas o comunidades, con garantía de presunción de inocencia y derecho de defensa.

La entidad también exhortó a instituciones públicas, autoridades indígenas, autoridades locales y organizaciones comunitarias a fortalecer el diálogo y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. El llamado incluyó promover una relación respetuosa entre la jurisdicción ordinaria, las formas propias de organización comunitaria y el marco constitucional vigente.

El abogado de Juana Santiago Chel denunció a la jueza, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos

El abogado Gabriel Guzmán Matón, defensor de Santiago Chel, informó a Infobae que presentó acciones legales contra la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la jueza de Primera Instancia que autorizó el desalojo. El jurista identificó a la funcionaria como Ada Madaí López Morales, jueza pluripersonal de Primera Instancia Civil.

Guzmán Matón señaló que las principales denuncias contra la jueza son por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. También afirmó: “Ella jamás se presentó a ninguno de los lanzamientos en contra de mi clienta”.

El abogado sostuvo además que esta era la séptima ocasión en que Santiago Chel iba a ser desalojada de su vivienda. En las ocasiones anteriores, agregó, la mujer había logrado frenar el procedimiento mediante acciones legales.

En otra parte del caso, el texto señala que la jornada en Santa María Nebaj cambió de forma abrupta cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron la orden judicial de desocupación en la casa de la adulta mayor, a quien el mismo material identifica en un tramo como de 72 años y en otro como de 77 años. La orden, según vecinos y autoridades locales citados en el relato, fue tramitada por su hijo Pedro Santiago López.

Las imágenes y transmisiones en vivo de medios locales mostraron que el operativo estuvo marcado por el uso de fuerza que dejó las pertenencias de la mujer en la calle. En esos registros también se observa cómo la hija de la anciana fue cargada por agentes de la Policía Nacional Civil cuando opuso resistencia al desalojo.

San Lucas Sacatepéquez celebrará el 9 de agosto la cuarta edición del Festival del Atol de Elote, una jornada gratuita que reunirá gastronomía, música y emprendimientos locales con un objetivo doble: preservar una bebida asociada a la identidad del municipio y reforzar el papel del maíz como eje de su vida cultural y comunitaria.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 20:00 en la sexta calle, desde el Mercado Cantonal hasta la cancha de básquetbol frente a la Municipalidad. Para quienes lleguen en automóvil, habrá parqueo en el Campo de Fútbol y en el Mercado Central por Q10 por vehículo durante toda la permanencia en el evento.

El encuentro espera recibir a vecinos, turistas y comerciantes en una franja del municipio conocida por su tradición culinaria. La programación incluirá conciertos, presentaciones artísticas y espacios para productores y pequeños negocios, además de la venta de atol de elote y otros alimentos preparados con maíz.

Quien quiera asistir encontrará un festival abierto al público, con comida típica, música en vivo y actividades familiares a lo largo de todo el día. La celebración tendrá como sede una de las principales vías de San Lucas Sacatepéquez y buscará consolidar al municipio como destino de turismo gastronómico.

El atol de elote pasó de venta en carretera a símbolo del municipio

La historia local del atol de elote se remonta a las décadas de 1950 y 1960, cuando varias familias comenzaron a vender la bebida a los viajeros que transitaban por la carretera interamericana. En el punto conocido como “La Cuchilla”, mujeres de la comunidad ofrecían también tostadas y elotes cocidos a quienes se dirigían hacia Antigua Guatemala o al occidente del país.

Con la ampliación de la carretera en 1980, las ventas se trasladaron al Mercado Monumento al Caminero. Ese cambio afianzó la relación entre el municipio y la bebida, hasta convertir a la localidad en la “capital” del atol de elote y dar origen a la decisión de institucionalizar el festival.

La Dirección Municipal de Cultura sostiene que la actividad se ha convertido en una de las principales expresiones gastronómicas y culturales del municipio. Su propósito es mantener vivas las recetas tradicionales y transmitir su preparación a las nuevas generaciones.

En el festival no solo habrá distintas versiones de atol de elote. Los asistentes podrán consumir tacos guatemaltecos, dobladas, tostadas, tamalitos de elote, chuchitos, chipilín, elote cocido y otros productos derivados del maíz, ingrediente central de la cocina guatemalteca.

La municipalidad abrió inscripciones para emprendedores y comerciantes

La celebración también funcionará como vitrina para negocios locales vinculados con alimentos, bebidas, artesanías y otros productos. La organización abrió la participación a emprendedores, productores y comerciantes interesados en instalarse durante la jornada.

Las inscripciones se realizan en la Dirección Municipal de Cultura, ubicada en la 3.ª avenida 3-10, zona 1 de San Lucas Sacatepéquez. La municipalidad también habilitó el teléfono 7937-3634 para informar sobre los espacios disponibles.

En una invitación pública, la municipalidad llamó a las familias guatemaltecas a sumarse al festival como parte de una celebración que reúne gastronomía, cultura y el trabajo de los emprendedores locales. La convocatoria insiste en que la actividad está pensada para compartir en familia y celebrar las raíces del municipio.

San Lucas Sacatepéquez está situado a unos 29,5 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en el Altiplano Central. El municipio es reconocido por su comida típica, su clima fresco y su cercanía con la capital, además de puntos de visita como el Cerro Alux, el Mercado Monumento al Caminero y fincas de la zona.

El festival rendirá homenaje al atol de elote y al maíz como base de la cocina guatemalteca. La jornada del domingo 9 de agosto combinará tradición culinaria, espectáculos en vivo y oportunidades de comercialización para los productores locales.

El Mineduc abrió 968 plazas para supervisores educativos y reactivó un cargo que no incorporaba desde hace casi 30 años, con la meta de nombrar este año al personal que empezará funciones en 2027 en los 340 municipios del país y de acercar la supervisión a escuelas, institutos y colegios.

El rediseño no se limita a esas plazas. El ministerio prevé además otra convocatoria en septiembre para 1.067 acompañantes pedagógicos, 1.156 acompañantes de gestión y 1.265 asistentes, dentro de un esquema que busca descargar a los supervisores de tareas administrativas y ampliar la presencia territorial.

Según el Ministerio de Educación, la convocatoria para supervisores se publicó el 30 de julio y las postulaciones estarán abiertas durante agosto. El proceso seguirá hasta octubre, cuando se entregarán al departamento de Recursos Humanos los expedientes de quienes ocuparán los puestos.

Los departamentos de Guatemala, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango recibirían la mayor cantidad de personal por la extensión de sus territorios. La meta oficial es cubrir los 340 municipios.

Francisco Cabrera, viceministro técnico, explicó que la supervisión “es como la columna vertebral del sistema educativo, y esa columna ha estado limitada durante casi 30 años”. Añadió que el sistema se acostumbró a resolver problemas desde el nivel central, cuando podían resolverse con rapidez en cada distrito por medio de los supervisores.

El proceso de oposición exige experiencia, evaluación y expediente completo

El Ministerio de Educación oficializó las reglas del concurso con el Acuerdo Ministerial 3442-2026, publicado en el Diario de Centro América. La norma regula el proceso de oposición para seleccionar supervisores educativos en el área de trabajo técnico-administrativo.

El nombramiento dependerá de un procedimiento de reclutamiento y selección dirigido por jurados de oposición integrados por representantes de la cartera educativa. Esos jurados revisarán todas las candidaturas.

El trámite se hará a través del Sistema Informático Nacional de Oposición, e-SINO. Cada persona podrá presentar un solo expediente a nivel nacional, sin importar distrito o municipio, y la plataforma rechazará las postulaciones con documentación incompleta.

Entre los documentos exigidos figuran la fotocopia del Documento Personal de Identificación, la constancia del Registro Nacional de Agresores Sexuales y la constancia de carencia de procesos disciplinarios pendientes de resolver emitida por la Dirección Departamental de Educación correspondiente. La convocatoria contempla dos vías de acceso: una para primer ingreso y reingreso, y otra para quienes ya tienen historial de aplicaciones.

Uno de los requisitos principales es contar, como mínimo, con la categoría C en el escalafón del Magisterio Nacional. Esa condición supone entre ocho y 12 años de servicio en el sistema público nacional.

La evaluación de expedientes suma 100 puntos. La Prueba de Conocimientos de la DIGEDUCA vale 40 puntos y mide conocimiento técnico, demostrable y estandarizado de la comunidad docente.

También se calificarán los méritos académicos, entre ellos doctorados, maestrías, licenciaturas, profesorados y diplomados vinculados con educación. Los títulos no acumulan puntaje entre sí: los jurados tomarán en cuenta únicamente el grado académico más alto.

Los méritos especiales aportan 15 puntos. Ese apartado considera el desempeño de funciones de supervisión educativa en puestos administrativos o técnicos, el ejercicio de supervisión con nombramiento docente y el dominio de idioma maya, garífuna o xinka.

El ministerio busca sacar la supervisión del escritorio y llevarla a las escuelas

Según explicó la ministra de Educación Anabella Giracca, la transformación de la supervisión educativa parte de un reordenamiento territorial en distritos educativos para reducir el tiempo en oficina y aumentar la presencia en los centros. La funcionaria sostuvo que la selección se hará con reglas claras, criterios objetivos, revisión de requisitos, seguimiento y mecanismos para resolver inconformidades.

Giracca afirmó que las plazas “no deben depender de recomendaciones, presiones o intereses particulares”. Añadió que deben ser ocupadas por personas con calidad humana, preparación, experiencia y capacidades, y que la selección tomará en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país para que quienes supervisen comprendan la realidad de cada territorio.

La ministra definió la función más allá de la revisión documental. Señaló que un supervisor debe orientar escuelas, institutos y colegios, apoyar a las direcciones, acompañar a docentes, detectar problemas y ayudar a resolverlos a tiempo.

El ministerio atribuye el debilitamiento de esta área a un proceso que comenzó en la década de 1990, cuando se incorporaron figuras como los coordinadores técnico-administrativos y los coordinadores técnico-pedagógicos para asumir tareas de supervisión. Con los años, ese personal se jubiló y el recurso humano restante quedó a cargo de más establecimientos.

En el nuevo esquema, el acompañante pedagógico estará enfocado en apoyar a los centros educativos y a los maestros para mejorar las prácticas de aprendizaje. También verificará la entrega de libros de texto y útiles escolares en cada escuela.

El acompañante de gestión asumirá funciones administrativas para que el supervisor no quede absorbido por trámites y papeles. El asistente, por su parte, respaldará distintos procesos y facilitará la comunicación.

La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos en Guatemala, un mecanismo que desde 2010 permitió localizar a más de 85.200 niñas, niños y adolescentes y que elimina cualquier espera previa para denunciar una desaparición o sustracción.

Los registros de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth muestran que 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025 fueron los años con mayor cantidad de alertas activadas desde la creación del mecanismo. De acuerdo con esos datos, una alta proporción de los casos pudo cerrarse tras la localización de los menores y la aplicación posterior de medidas de protección y restitución de derechos cuando existían condiciones de vulnerabilidad.

La Procuraduría General de la Nación explicó que el sistema opera de forma permanente y que las acciones de búsqueda comienzan desde el momento en que se recibe la denuncia. El objetivo es elevar las posibilidades de localizar al menor en el menor tiempo posible.

La respuesta directa del sistema es esta: cualquier desaparición o sustracción de una niña, niño o adolescente puede reportarse de inmediato al 1546, las 24 horas del día, todos los días del año, sin necesidad de esperar un plazo previo, como establece el Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala.

La alerta se activa en cuanto ingresa la denuncia

La jefa de Operaciones del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Suilma Cano, detalló a la Agencia Guatemalteca de Noticias que, cuando se recibe un reporte la alerta se activa de manera inmediata y comienza la coordinación entre las siete instituciones que integran la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

Según la funcionaria, ese procedimiento permite ejecutar acciones conjuntas para facilitar la pronta localización de la niña, niño o adolescente. La difusión de los boletines oficiales forma parte del protocolo y se realiza a través de redes sociales, medios de comunicación y plataformas institucionales para ampliar el alcance de la búsqueda.

La PGN remarcó que la eficacia del mecanismo se apoya en la activación urgente de protocolos que priorizan el interés superior del menor. La Dirección del sistema sostiene que esa lógica suprime dilaciones en la búsqueda y ofrece apoyo específico a las familias afectadas.

Cano subrayó el papel de la ciudadanía durante las investigaciones y pidió informar cualquier dato vinculado con una alerta activa. La funcionaria indicó: “Es importante comunicarse de inmediato con la Policía Nacional Civil al 110, con el Ministerio Público o con la PGN al 1546. La información ciudadana puede ser determinante para localizar a un niño o adolescente”.

La desactivación solo ocurre después de la intervención de la autoridad competente

Una vez localizado el menor, debe ser presentado ante la autoridad competente para que sea escuchado y se desarrollen las diligencias necesarias orientadas a su protección y a la restitución de sus derechos. Solo después de ese procedimiento se desactiva oficialmente la alerta.

La Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth también indicó que el mecanismo fue diseñado para proceder sin demora ante reportes de desaparición o sustracción. Esa premisa se resume en una definición operativa citada por la propia dependencia: “Cada minuto cuenta para su localización”.

La Procuraduría General de la Nación informó además que el sistema conmemorará próximamente un nuevo aniversario de funcionamiento ininterrumpido. La institución señaló que mantiene su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para la búsqueda, localización y protección de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o sustraídos en el país.

El cardenal Pietro Parolin preside este domingo una misa solemne en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala y mantiene reuniones con el presidente Bernardo Arévalo durante una visita oficial que conmemora 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y el Vaticano y busca reforzar el diálogo político, eclesial e institucional entre ambos Estados.

La eucaristía se celebrará el 2 de agosto a las 12:00 en el templo del Centro Histórico y será la única actividad abierta al público durante una estadía que se extenderá hasta el 4 de agosto. Al acto asistirán Arévalo, la primera dama Lucrecia Peinado, la vicepresidenta Karin Herrera, integrantes del Gabinete y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

La misa también podrá seguirse en vivo por los canales digitales de la Televisión Arquidiocesana en YouTube y Facebook. El resto de la agenda del secretario de Estado de la Santa Sede incluye encuentros con Arévalo, con el canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado y con el clero de todo el país.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esas reuniones apuntan a “afianzar aún más las relaciones diplomáticas y el diálogo entre Guatemala y la Santa Sede”. La visita coincide con la conmemoración de los vínculos bilaterales establecidos en 1936.

Parolin encabeza la diplomacia del Vaticano y representa al papa León XIV

Parolin llega a Guatemala como enviado del papa León XIV y como principal colaborador del pontífice en el gobierno de la Iglesia católica. Su papel combina la conducción eclesial con la diplomacia internacional.

El portavoz del Arzobispado, Luis Sandoval, explicó que la función del cardenal puede compararse con la de un primer ministro, aunque su misión es ante todo eclesial y diplomática. Desde la Arquidiócesis también se extendió la invitación a sacerdotes, religiosos y laicos para participar en la celebración.

La Conferencia Episcopal de Guatemala afirmó que el cardenal, en nombre del pontífice, “busca fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Guatemala, reunirse con autoridades civiles y eclesiásticas, y expresar la cercanía del Santo Padre con la Iglesia y el Pueblo de Guatemala”. La misma entidad pidió a los fieles orar para que la visita dé “frutos pastorales abundantes” para la Iglesia universal y la Iglesia particular guatemalteca.

Parolin nació en Schiavon, Italia, en 1955 y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1986 y desempeñó funciones en Nigeria y México, donde participó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, antes de ser nuncio apostólico en Venezuela.

En 2013 fue designado secretario de Estado del Vaticano, cargo equivalente al de primer ministro y jefe de la Cancillería pontificia. Desde esa posición es responsable de la política exterior de la Santa Sede y consejero directo del Papa.

La visita ocurre después de la audiencia privada entre Arévalo y el Papa en 2025

La presencia de Parolin en Guatemala se produce meses después de que Arévalo fuera recibido en audiencia privada por León XIV en el Palacio Apostólico, en octubre de 2025. En ese encuentro abordaron la promoción de la paz, la justicia, la dignidad humana, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, además de los desafíos de la migración y la protección del medioambiente.

En aquella ocasión, el presidente guatemalteco reiteró su invitación al pontífice para realizar un viaje apostólico al país. Arévalo sostuvo entonces que esa visita sería “un motivo de esperanza y alegría para millones de guatemaltecos”.

La actual misión diplomática y pastoral del secretario de Estado se inscribe en esa continuidad política y eclesial. Su agenda en Guatemala articula la conmemoración de los 90 años de relaciones bilaterales con contactos directos con las autoridades civiles, el cuerpo diplomático y la estructura eclesiástica del país.

Las pruebas de calidad realizadas por el Ministerio de Energía y Minas al etanol de tres buques que ingresaron a Guatemala desde finales de mayo dieron resultado positivo, un paso clave antes del inicio de la distribución de la gasolina E10 el próximo 22 de agosto.

El plan oficial prevé un flujo de dos buques por mes para cubrir una demanda anual cercana a 100 millones de galones, mientras que para 2027 la cartera proyecta un consumo de 94,7 millones de galones de etanol y una proporción mínima de 60% de etanol avanzado en la mezcla total.

El ministerio confirmó que los análisis fueron hechos en su laboratorio como parte de los preparativos para la entrada en vigor del nuevo combustible. Las verificaciones alcanzaron al etanol transportado en las tres embarcaciones que llegaron al país desde el 29 de mayo.

Julio Roberto Obranco Cosenza, director general de Energía, informó que la Unidad de Monitoreo de la Dirección General de Energía realizó las pruebas entre el 9 y el 26 de julio. Según la cartera, las inspecciones se efectuaron en Puerto Quetzal antes de autorizar el almacenamiento de los cargamentos.

El etanol permanecerá almacenado hasta el 22 de agosto, fecha fijada para el arranque oficial de la distribución de la gasolina E10 en Guatemala.

El Gobierno prevé recibir entre dos y tres buques mensuales para sostener la mezcla

El ministro de Energía y Minas Erwin Barrios aseguró que el proceso de importación avanza conforme a lo previsto y que un cuarto buque está por arribar al país. El funcionario describió así el ritmo esperado de abastecimiento: “Está estimado que son entre dos y tres buques mensuales los que va a llevar la mezcla en general y ahorita ya vamos casi por el cuarto buque que está llegando. O sea que la activación de la gasolina E10 ya está en marcha”.

Barrios añadió que la implementación del nuevo combustible no ha enfrentado contratiempos. También señaló que Guatemala dispone de producción nacional de etanol.

En esa misma línea, sostuvo: “Afortunadamente todos los elementos se han conjugado para que la cosa salga bien. Sin menoscabo de que en Guatemala también se produce etanol y ya los productores nacionales están negociando con los importadores para colocar su producto de manera competitiva”.

El etanol guatemalteco aún no entra en la mezcla por falta de contratos

Obranco explicó que el etanol producido en Guatemala cumple altos estándares de calidad. Aun así, precisó que ese producto todavía no se incorpora a la mezcla porque los productores nacionales y las empresas importadoras no han formalizado contratos de suministro.

La proyección oficial para 2027 quedó establecida en los acuerdos ministeriales 298-2026/SG y 299-2026/SG publicados en el Diario de Centro América. Esos documentos fijan la demanda prevista de etanol y el piso mínimo de participación del etanol avanzado en la mezcla total.

La venta voluntaria de gasolina E10 el 22 de agosto de 2026

Guatemala comenzará a vender gasolina E10 de forma voluntaria desde el 22 de agosto de 2026, una medida con la que el Ministerio de Energía y Minas busca sustituir un aditivo cuestionado por etanol y abrir la puerta a una baja en el precio al consumidor.

El plan ya tiene calendario de ejecución y volumen previsto. El ministerio informó que la operativización empezó en junio y terminará el 21 de agosto, mientras que entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2026 el país necesitará alrededor de 44 millones de galones de etanol.

En la conferencia de prensa, el ministro Erwin Barrios precisó que el conductor podrá elegir entre la nueva mezcla y la gasolina convencional cada vez que acuda a una estación de servicio. El esquema aprobado establece que solo la bomba de gasolina regular despachará E10 y que las demás seguirán ofreciendo combustible sin mezcla.

Barrios aseguró que ya están listos todos los registros, licencias y autorizaciones para la comercialización, el transporte y el resto de la cadena de suministro. El funcionario afirmó: “Actualmente ya se cuenta con todos los registros, todas las licencias y autorizaciones correspondientes para la comercialización, el transporte y los demás actores involucrados en la cadena de suministro”.

Una secuencia sísmica activada en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa mantiene enalerta a Guatemala, donde se han registrado cientos de movimientos telúricos en las últimas semanas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El jefe del departamento sísmico del Insivumeh, Diego Castro, detalló en conferencia de prensa que la secuencia sísmica permanece activa en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa, regiones donde se han sentido la mayor parte de los movimientos recientes.

Sostuvo que desde el 17 de julio hasta el 25 de julio, se acumularon 478 sismos en la región activa del Pacífico, con magnitudes entre 7.4 (el principal) y 2.5. En total, 34 de estos eventos fueron sensibles para los residentes.

Mientras que la secretaria Ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes Cruz, explicó que Guatemala experimenta actividad sísmica constante por su ubicación en una zona de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe.

Zonas más afectadas y cifras recientes

De acuerdo con un informes del Insivumeh, Guatemala reportó 173 sismos en solo 24 horas tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el 17 de julio de 2026.

De ese total, 35 movimientos fueron percibidos por la población. Desde entonces, la Fosa Mesoamericana y las costas del Pacífico han registrado numerosos eventos, algunos de ellos sensibles para los habitantes de Escuintla, Mixco y Amatitlán.

A lo largo de 2026, los registros oficiales indican 4,763 sismos en el territorio guatemalteco, de los cuales 38 han sido sensibles en el Océano Pacífico, 61 en Sacatepéquez y 106 en Jutiapa.

El balance anual, confirma la persistencia de la actividad sísmica en distintas zonas y la vigilancia constante de las autoridades.

Motivos de la actividad sísmica

Durante la rueda de prensa, Ogaldes Cruz subrayó que “los sismos son parte de la realidad de Guatemala” debido a su localización geográfica.

Castro señaló que, tras el sismo del 17 de julio, la secuencia de réplicas y nuevos eventos se ha concentrado en los mismos sectores por la interacción de las placas tectónicas.

La Fosa Mesoamericana fue identificada como uno de los sectores más activos del continente, y los movimientos han tenido epicentro principalmente en el Pacífico, cerca de la frontera con México.

Seguirá temblando

Ogaldes Cruz recomendó contar con un Plan Familiar de Respuesta, que incluya una mochila de 72 horas y rutas de evacuación.

“Los sismos van a seguir ocurriendo”, afirmó, y aseguró que la institución está preparada para coordinar la respuesta ante cualquier emergencia. No obstante, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales tras los eventos principales ni durante las réplicas.

El monitoreo y la prevención continúan siendo la prioridad, mientras la secuencia sísmica sigue activa en varias regiones de Guatemala.

Para prevenir desastres durante un temblor, las autoridades guatemaltecas recomiendan:

• Mantener la calma
• Identificar zonas seguras
• Tener lista la Mochila de las 72 horas
• Conocer las rutas de evacuación
• Participación en simulacros
• Alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer
• Agacharse y cubrirse en un espacio seguro como una mesa
• Prepararse ante posibles réplicas

Luego del desalojo violento de una anciana de 72 años en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala, el abogado defensor informó a Infobae que presentó acciones legales en contra de la Policía Nacional Civil (PNC), contra la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y contra la Jueza de Primera Instancia que autorizó el desalojo.

Gabriel Guzmán Matón, abogado de Juana Santiago Chel, de 72 años, explicó que las principales denuncias van contra la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil, Ada Madaí López Morales, por los siguientes delitos:

• Prevaricato
• Resoluciones contrarias a la Constitución
• Abuso de Autoridad
• Incumplimiento de Deberes

“Ella (la jueza) jamás se presentó a ninguno de los lanzamientos en contra de mi clienta”, detalló el jurista, quien comentó que esta era la séptima ocasión que Juana Santiago Chel iba a ser desalojada de su vivienda, pero las ocasiones anteriores logró frenar el procedimiento a través de acciones legales.

No obstante, comentó que en esta oportunidad fue notificado hasta las 10.30 horas, pese a que el desalojo inició a las 9 de la mañana, es decir, casi una hora y media después de que empezó el procedimiento. "Es una clara violación para mi defendida y un ejemplo de que la juez actuó en dolo“, manifestó en entrevista con Infobae.

Además, la jueza habría ordenado el lanzamiento en una propiedad que está a nombre de otra persona, pero, según el abogado, ha hecho caso omiso a todas las explicaciones que se le han dado durante años.

“Sobre este tema hay hasta amparos en la Corte de Constitucionalidad, pero ellos me dijeron que el acto aún no ocurría y que cuando se hiciera debía plantear un interdicto de amparo de despojo. Prácticamente me dijeron que me pueden disparar, pero tengo el hospital para recuperarme", se quejó.

Otras denuncias

Las acciones legales no se quedarán allí. Según Guzmán Matón, está por presentar una denuncia en contra del Ministro Ejecutor que realizó las diligencias, porque nunca presentó un documento que lo amparara, ni se identificó.

“No llevaba resolución. Nunca la vimos. Es más, el que anunció el lanzamiento de mi clienta fue el abogado de la parte contraria. ¿Cuándo un abogado está facultado para informar sobre la ejecución de una orden judicial? Todo el procedimiento estuvo viciado. Ni siquiera sé el nombre del Ministro Ejecutor, porque no se identificó“, dijo.

El jurista también presentó denuncias en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, uso excesivo de la fuerza y exceso de la fuerza pública, argumenta que la ley los amparaba a negarse a cumplir resoluciones violatorias a la ley.

Otros denunciados podrían son los personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Para el abogado de Santiago Chel, incumplieron con sus funciones, debido a que presenciaron los abusos en contra de su clienta y "no hicieron nada“.

Incluso, contó que los delegados de la PDH que participaron en la ejecución del lanzamiento fueron enviados de la Ciudad de Guatemala, por petición del abogado del demandante, debido a que los residentes de Nebaj se negaron al no tener competencia por tratarse de un lanzamiento y no de un desalojo.

“No se puede esperar nada de la PDH, cuando el procurador Alejandro Córdova ni siquiera se ha pronunciado por las violaciones de los derechos humanos en contra de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Lo mismo está pasando aquí, hay claras violaciones, pero él está callado”, lamentó.

La historia del desalojo

Con la manos levantadas y suplicando por compasión a agentes de la PNC para que no la desalojaban de la vivienda que la vio crecer, la imagen de Juana Santiago Chel, una anciana de 72 años, causó indignación en todas las esferas de Guatemala.

De acuerdo con el abogado defensor, la mujer fue la heredera de 50 cuerdas (unos 21,836 metros cuadrados) de terreno que un día fue propiedad de su progenitora. Santiago Chel tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre, éste último migró muy pequeño a la Ciudad de Guatemala.

“No vivió con ella. En la capital se desvió. Incluso, tiene antecedentes penales por varios delitos“, detalló.

Se trata de Pedro Santiago López, quien promovió el desalojo. Según el abogado, en 2014 realizó una visita a su madre donde le prometió que al ser “el hombre de la casa” se encargaría de ella, pues sus hermanas estaban casadas.

“Le dijo que debían asegurar el terreno y para ello, Santiago Chel debía ir a la Municipalidad a firmar un documento que la protegería de cualquier persona que quisiera quitarle la propiedad. Ella lo hizo y se presentó a colocar su huella sin saber lo que estaba autorizando“, dijo el abogado.

Meses después se percató que el bien inmueble estaba a nombre de una persona que resultó ser el cuñado de Santiago López. Dos años después, se realizó un nuevo traspaso, esta vez hacia el hijo de la señora Juana.

Todo esto se hizo sobre la totalidad del terreno, pero en 2003 la propiedad fue fraccionada a favor de una de las hijas de la anciana. “Ella le dio 6 cuerdas a través de una donación, convirtiéndose en dos terrenos diferentes", comentó Guzmán Matón.

El hijo de Juana inició el proceso de desalojo en 2014. Fue al juzgado y aseguró que su mamá le cedió el terreno con la promesa de que él de construiría una vivienda y se encargaría de ella hasta su muerte, pero eso nunca pasó.

Cuando se dieron cuenta, la mujer buscó apoyo de la Alcaldía Indígena, pero no lograron hacer nada para restituirle sus derechos como propietaria.

“Yo tomé el caso cuando todo estaba avanzado. Ya se había dado sentencia y habían pasado los plazos para casación y menos para un amparo. Detecté el desmembramiento y sobre eso comencé a trabajar en favor de mi clienta. Traté de explicarle a la jueza pero nunca quiso escuchar“, detalló.

El abogado llegó al extremo de presentar tres recusaciones en contra de la Jueza, pero no se separó del caso, pese a que doña Juana ni siquiera la conoce, pues “no hubo intermediación y menos un procedimiento adecuado”.

“Imagínese que en ningún momento llegaron a realizar mediciones del terreno. Lo único que consta en el expediente es una fotografía de la vivienda de adobe donde reside mi clienta, pero ese terreno no pertenece al que Santiago López el quitó con engaños, por ello alego que se dio un despojo judicial y no un lanzamiento", manifestó el abogado.

Agregó: “Estamos viendo un claro abuso del Estado en contra de Juana Santiago Chel. Se le violaron todos sus derechos, incluyendo a la vida, pues ayer se puso en riesgo", lamentó.

¿Dónde está Juana?

Inmediatamente después del despojo violento de su residencia, otro abogado entró en escena. Se trata de Elmer Salguero, un jurista con amplia experiencia en desalojos y lanzamientos.

Según narró a Infobae, él se encontraba en Escuintla cuando vecinos de Nebaj le pidieron interceder en el caso, por lo que, a través del abogado Estuardo Pedro de Paz, presentó una exhibición personal a favor de Juana Santiago Chel.

El caso fue aceptado por el Juzgado de Paz de Nebaj, quienes determinaron que la mujer de 72 años, se encuentra hospitalizada en el Hospital Nacional de Nebaj y está bajo tratamiento médico.

Por su parte, Guzmán Matón detalló que la señora Juana está recluida en el hospital junto con su hija de 51 años, Juana López, quien resultó herida durante el proceso de desalojo.

También se había hablado de que la hermana de la mujer, Elena Santiago Chel, de 77 años, estaba hospitalizada, pero el abogado confirmó que ella se encuentra bien en su residencia.

Sin hogar

La historia no ha terminado. Cuando Juana y su hija salgan del hospital no tendrán hogar, ya que la orden de lanzamiento se ejecutó con éxito a favor del demandante, lamentó Guzmán Matón.

“Creo que se irá a vivir con su hermana Elena o con una de sus hijas, mientras que tratamos de recuperar su propiedad. Es una injusticia total”, criticó el abogado.

¿Qué dice la PDH?

Saúl Orellana, director de Auxiliaturas de la PDH, explicó que los personeros de la institución fueron requeridos como “observadores”, por lo que la responsabilidad de actuar en caso se detectara un uso excesivo de la fuerza era el Ministro Ejecutor del lanzamiento, quien fue delegado por el Juez en su nombre.

“Por esta limitante que tenemos, lo que se hace como PDH es abrir un expediente para iniciar una investigación. En el mismo momento no tenemos mayor incidencia, porque todo aquello que hagamos o que esté fuera de nuestro mandato en la resolución para la que fuimos llamados, puede poner en riesgo la diligencia que iría en contra de lo resuelto por el Juez”, manifestó.

Orellana insistió en que “todo lo ocurrido en el lugar estaba a cargo del Ministro Ejecutor, nosotros no tenemos incidencia porque no somos parte del proceso... los compañeros trataron de promover el diálogo, pero se salió de control por el malestar de los pobladores".

“El Ministro Ejecutor puede certificar lo conducente, rectificar sus actuaciones, eso sí, únicamente por las partes dentro del proceso. La PDH acudió en calidad deobservadores, así estaba establecido en el requerimiento legal, nunca se nos pidió actuar, nuestro mandato tiene un límite“, comentó.

Al final, Santiago Chel fue desalojada de su vivienda, por agente de la PNC quienes llegaron hasta a cargar a su hija para sacarlas de la residencia, razón por la que el Ministerio de Gobernación anunció una investigación interna para determinar si se actuó en base a los protocolos.

El actuar de los agentes policiales generó tal indignación, que vecinos de Santa María Nebaj se organizaron en defensa de la anciana, al extremo que durante la noche del jueves 30 de julio quemaron la residencia de la Jueza ejecutora de la orden de lanzamiento, quien, hasta el momento, no se ha pronunciado.

No obstante, el Organismo Judicial emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad a favor de la Jueza y expresó su "enérgico rechazo ante los hechos de intimidación y violencia registrados“. También indicaron que darán acompañamiento institucional a López Morales “coordinando las acciones necesarias para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la Ley”.

Al tiempo que hicieron a la población para que “toda inconformidad sea canalizada a través de los mecanismos legales e institucionales establecidos, privilegiando el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica”.

La viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado Mancilla, presentó su renuncia este 31 de julio y la dimisión se hizo efectiva de inmediato, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Con esa salida, el GabineteEconómico registró su segunda baja en un mes, tras la renuncia del entonces ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz.

El Ministerio de Economía indicó que Prado concluyó sus funciones y que desde el 1 de agosto se incorporará a la Presidencia de la República para brindar asesoría especializada en proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.

La cartera también señaló que desarrolla una transición ordenada y evalúa perfiles para designar a quien asumirá el viceministerio.

Prado Mancilla había asumido el cargo en abril de 2025, luego de la renuncia de Antonio José Romero Florián, y antes fue viceministra de Asuntos Registrales.

Durante su gestión, estuvo a cargo de la agenda de inversión y competencia del Mineco, dio seguimiento a negociaciones entre Guatemala y EstadosUnidos sobre temas comerciales y de inversión, e integró el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

El Mineco también recordó que Prado promovió la modernización y digitalización de los registros públicos cuando ocupó el Viceministerio de Asuntos Registrales.

Sin confirmación

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el ingeniero Luis Arturo Mérida presentó su renuncia como viceministro encargado del Área Energética.

Sin embargo, después indicó que la salida no estaba confirmada, pese a que habían publicado un comunicado de prensa que después fue eliminado de sus redes sociales y de la información compartida a los medios de comunicación.

Esa cartera añadió que sigue pendiente el nombramiento del viceministro de Minería e Hidrocarburos, cargo que ocupaba el actual ministro ErwinBarrios.

Relevos, renuncias y destituciones

A lo largo de la administración del presidente Bernardo Arévalo, la alta rotación en las carteras ejecutivas.

Entre destituciones motivadas por cuestionamientos éticos, dimisiones por desacuerdos presupuestarios y crisis operativas, el Gabinete de Gobierno ha registrado la salida de múltiples ministros y una varios viceministros y altos directores, entre ellos:

Comunicaciones (CIV)

• Jazmín de la Vega: Primera ministra destituida de la cartera en mayo de 2024, tras confirmarse pagos realizados a empresas contratistas fuera del cronograma acordado con la Presidencia.
• Félix Alvarado: Sucedió a De la Vega y dimitió en noviembre de 2024. Su renuncia estuvo enmarcada en diferencias metodológicas y discrepancias estructurales respecto a la gestión vial y ejecución del gasto.
• Lizzette Benítez: Removida en octubre de 2025 después de admitir ante la bancada parlamentaria la inexistencia de un plan integral de mantenimiento carretero.
• Viceministerios en constante relevo: Viceministros como Max García, Alex Bautista y Edvin Cardona (Infraestructura), Érick Rosales (Desarrollo Urbano) y José Raúl Solares (Comunicaciones) dejaron sus viceministerios en medio de restructuraciones continuas.

Gobernación

En octubre de 2025, la fuga masiva de 20 reclusos vinculados a la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II desencadenó una profunda reestructuración en el Ministerio de Gobernación (Mingob):

• Francisco Jiménez:Presentó su renuncia como ministro de Gobernación a solicitud del Ejecutivo para asumir la responsabilidad política tras la falla de contención del sistema penitenciario.
• Claudia Palencia: Viceministra de Asuntos Antinarcóticos, removida dentro del mismo paquete de relevos gubernamentales.
• José Portillo: Viceministro de Seguridad, cuya dimisión fue aceptada conjuntamente en el reajuste del equipo de seguridad ciudadana.

Ambiente, Salud y Energía

• María José Iturbide (MARN): Removida del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2024 debido a investigaciones tras revelarse el uso de vehículos oficiales asignados para fines particulares de sus familiares.
• Óscar Cordón Cruz (MSPAS): Dimitió de la titularidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en junio de 2024 citando complicaciones severas de salud.
• Víctor Hugo Ventura (MEM): Dejó el Ministerio de Energía y Minas tras reajustes internos de gabinete, relevado por Erwin Barrios.

Centroamérica enfrenta una transformación demográfica que redefine sus desafíos educativos y sociales. Países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua experimentan una disminución sostenida de la natalidad, fenómeno que impacta directamente en la estructura poblacional y en la demanda de servicios como la educación. Este proceso, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), marca un cambio demográfico en la región.

En El Salvador, la tasa global de fecundidad pasó de 3.10 en el año 2000 a una proyección de 1.68 para 2050. El número anual de nacimientos descendió de 161,255 a 71,788 para ese mismo periodo. Para Guatemala, la tendencia es similar: la tasa de fecundidad se redujo de 3.08 a 1.65 hijos por mujer y los nacimientos anuales bajaron de 406,001 a 342,959. Honduras muestra una caída de 4.39 a 2.06 hijos por mujer y una reducción de nacimientos de 224,798 a 114,392. Estos datos, recogidos por la CEPAL, muestran el cambio demográfico en la región.

El informe destaca que Costa Rica y Panamá presentan niveles de fecundidad más bajos, con una proyección de tasas de fecundidad menores a 1.4 y 1.86 respectivamente para 2050. En Costa Rica, los nacimientos anuales pasarán de 79,689 a 40,860, mientras que en Panamá la disminución será de 70.773 a 66.757. En Nicaragua, la reducción de la tasa de fecundidad de 2.71 a 1.70 hijos por mujer significará una caída de nacimientos de 140,057 a 114,392.

El descenso de la natalidad afecta directamente al sistema educativo. La CEPAL advierte que, de mantenerse las tendencias actuales, la matrícula escolar caerá durante las próximas décadas. Costa Rica prevé una reducción de la matrícula en todos los niveles para 2050: 34% en preprimaria, 41% en primaria, 39% en secundaria baja y 41% en secundaria alta respecto a los niveles de 2023. En Panamá y Guatemala se proyectan caídas semejantes, lo que obligará a replantear la distribución de recursos y estrategias de cobertura.

El impacto en el gasto educativo

El gasto público en educación se convierte en un indicador. En 2023, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua asignaron un 3.58% del PIB a la educación, mientras que Costa Rica destinó un 3.9% y Panamá un 3.41%. Las proyecciones para 2050 muestran una tendencia a la baja: el gasto podría descender hasta el 2.5% del PIB en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y hasta el 2.4% en Panamá.

Las autoridades y expertos de la región advierten que, a pesar de la liberación de recursos por la disminución de estudiantes, la inversión en educación debería mantenerse o incrementarse para mejorar la calidad y la equidad. La CEPAL sostiene que el envejecimiento poblacional y la reducción de la población en edad escolar permiten fortalecer la educación, pero solo si se prioriza la mejora de la infraestructura, la capacitación docente y la actualización curricular.

El envejecimiento y sus desafíos

El impacto demográfico también plantea desafíos fuera del ámbito educativo. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida modifican la estructura etaria, incrementando la proporción de adultos mayores en la población. Este fenómeno requiere políticas públicas que aborden la seguridad social, la salud y el empleo para las próximas décadas en los países de la región.

El caso de República Dominicana

En el caso de la República Dominicana, aunque no forma parte de la región continental centroamericana, comparte algunas de estas tendencias. Su tasa de fecundidad bajó de 2.85 a 1.74 hijos por mujer entre los años 2000 y 2050, mientras que los nacimientos anuales se reducirán de 219,389 a 165,941. El gasto en educación, ubicado en 3.41% del PIB en 2023, podría disminuir a 2.4% en 2050, según las proyecciones de la CEPAL.

Frente a este panorama, las autoridades educativas y los organismos internacionales insisten en la necesidad de anticipar los cambios y modificar las políticas públicas. “La reducción de la población escolar no debe implicar una disminución de recursos, sino una oportunidad para invertir en calidad y equidad“, concluye el informe presentado por la CEPAL.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el desalojo violento ejecutado el jueves 30 de julio en Nebaj, Quiché, aunque admitió que el operativo dejó imágenes “difíciles de procesar”.

El funcionario también anunció que se llevará a cabo una revisión sobre el cumplimiento de los protocolos, en un caso que además derivó en el incendio de la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien aprobó la ordenó de desalojo en contra de Juana Santiago Chel, una mujer de 72 años, quien vive en compañía de su hermana Elena, de 77; de su hija Juana López, de 52; y de su nieto, Tomás, quien tiene discapacidad.

El funcionario justificó que la presencia policial respondió a una solicitud judicial que ya había cumplido con todas las etapas y las revisiones correspondientes, dejando firme una resolución de juez, quien ordenó el lanzamiento de los habitantes del inmueble.

No obstante, imágenes de medios locales revelaron que las diligencias estuvieron acuerpadas por una fuerza de entre 20 y 40 agentes e incluía personal de fuerzas especiales Antimotines.

Según dijo el Ministro guatemalteco, la institución no puede escoger qué resoluciones cumple y cuáles no, porque su obligación legal es ejecutar las órdenes emitidas por los jueces, e insistió que sólo se cumplió con la orden judicial.

“Ayer se suscitaron unos hechos muy lamentables en Nebaj, Quiché. Imágenes difíciles de procesar, imágenes reprochables también... Sin embargo, todo esto gira al rededor de una orden judicial... Nunca el lanzamiento es agradable y rara vez se hacen de forma voluntaria”, manifestó Villeda.

No obstante, el abogado de Santiago Chel, afirmó que la PNC no contaba con una orden de desalojo y tampoco se apersonó la jueza responsable, por lo que calificó las acciones de la policía como un allanamiento ilegal.

“Fue un delito el que cometieron porque allanaron propiedad privada y la justicia defiende la propiedad privada. Lo único que llevaron fue una resolución de un juicio sumario de lanzamiento sobre otro terreno que no era donde residía la señora“, manifestó el abogado, quien afirmó que ya habían recusado a la jueza, pero que ella se negó a dejar el caso.

El Ministerio de Gobernación revisará si los agentes respetaron los protocolos

Pese a esa defensa del marco legal del operativo, el ministro dijo que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil tienen la obligación moral y legal de analizar si se cumplieron todos los protocolos durante la ejecución del lanzamiento.

La revisión, dijo, quedará en manos de la Inspectoría General de la PNC, que deberá determinar la actuación de cada agente y establecer responsabilidades personales si existió alguna agresión.

Ante las preguntas sobre el trato dado a una mujer de la tercera edad, el funcionario reconoció que las imágenes de una persona mayor sacada de su domicilio son difíciles de ver. También afirmó que existen protocolos para proteger a las personas mayores, a las que calificó como vulnerables, y que el desafío consiste en equilibrar el cumplimiento de la ley con esa obligación de resguardo.

El ministro evitó anticipar una sanción contra los policías que participaron en el procedimiento. Dijo que antes de emitir un criterio necesita un análisis sereno de lo ocurrido, de la forma en que se actuó y de cómo se intervino durante el lanzamiento.

El Gobierno vincula el operativo con una disputa familiar que debe resolverse en los tribunales

Sobre el origen del caso, el funcionario indicó que supo que la demanda habría sido presentada por un nieto contra su abuela, sin embargo, los abogados afirman que fue el hijo de la mujer, Pedro Santiago López, quien inició el proceso.

Aclaró que ese conflicto no corresponde al Ministerio de Gobernación ni a la policía, sino a los juzgados, que son las instancias encargadas de dirimir ese tipo de diferencias.

Esa fue también la base de su defensa institucional: insistió en que la policía no entra a valorar las circunstancias que dieron origen al proceso judicial ni a revisar el fondo de las resoluciones. Según explicó, si los agentes desobedecen una orden judicial, pueden enfrentar procesos por incumplimiento, porque están obligados a ejecutar lo resuelto por los tribunales.

Se contradijeron

Momentos después de que ocurriera el desalojo y que iniciaran los disturbios en Nebaj, Quiché, la PNC de Guatemala publicó un comunicado (que más tarde fue retirado de sus redes sociales) en el que insistieron en el cumplimiento de una orden judicial.

Además, afirmaron que se “limitaron a brindar seguridad y apoyo a las autoridades competentes, con un trato digno y respetuoso hacia todas las personas presentes, especialmente hacia quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad durante el cumplimiento de una resolución judicial”.

No obstante, después de las críticas y de los disturbios en el municipio quichelense, la policía emitió un nuevo comunicado en el que detallan que al lugar se hizo presente un notificador y ejecutor, con acompañamiento de un intérprete del Juzgado de Primera Instancia Civil.

Luego advierten de la presencia de otras instancias de gobierno, como la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación, incluyendo una trabajadora social y afirmaron que, a pesar de ello, se harán verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante la diligencia".

Por su parte, autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicaron a Infobae que se abrió un expediente para determinar si hubo vulneración de los derechos humanos contra las personas afectadas en el desalojo y que se verificará el actuar de todos los presentes.

Analizan protección a Jueza

Derivado del desalojo, la indignación social llevó a lo vecinos de Nebaj, Quiché a incendiar la casa de la jueza Ada Madaí López Morales, quien, minutos antes de que llegara la turba, abandonó la vivienda.

En ese aspecto, el ministro calificó ese episodio como un hecho lamentable y sostuvo que las leyes y los jueces son los mecanismos para resolver diferencias de manera civilizada, por lo que rechazó cualquier reacción fuera del cauce judicial.

Consultado sobre si se brindará seguridad a la jueza, respondió que esa posibilidad será evaluada junto con el Organismo Judicial y con el personal encargado de la protección de jueces. Agregó que también se revisará qué acciones se tomarán para resguardar la seguridad del los Juzgados Judiciales en Nebaj.

El desalojo

En Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala, un violento desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años, desató protestas y la quema de la casa de la jueza responsable del caso. La orden de desocupación fue solicitada por el propio hijo de la afectada, Pedro Santiago López, en el marco de un conflicto familiar por la propiedad. El procedimiento se caracterizó por el uso de fuerza excesiva, con la anciana y su hija siendo retiradas entre empujones y sus pertenencias dejadas en la calle, lo que generó rechazo social y acusaciones de violación de derechos humanos.

La comunidad se movilizó, reuniéndose frente a la sede judicial para exigir la devolución del inmueble y la suspensión del proceso. Al no obtener respuesta, un grupo incendió la vivienda de la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil, aunque no se reportaron víctimas. Las autoridades reforzaron la seguridad en la región.

El Ministerio Público abrió investigaciones tanto por el incendio como por posibles irregularidades en el desalojo. La Policía Nacional Civil afirmó haber actuado bajo orden judicial y siguiendo protocolos legales.

Guatemala desplazó a República Dominicana del quinto puesto del medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, alcanzando 41 medallas y empentando en 10 oros con la delegación anfitriona hasta el cierre de esta nota.

El salto guatemalteco quedó atado a un antecedente inmediato de la edición anterior. En San Salvador, Dominicana terminó quinta con 111 preseas, mientras Guatemala compitió bajo la bandera de Centro Caribe Sports por la suspensión de su Comité Olímpico por parte del Comité Olímpico Internacional, una situación que no se repitió en Santo Domingo.

Hasta el momento, Guatemala suma 10 oros, 16 platas y 15 bronces, mientras que los atletas dominicanos acumulan 60 medallas: 10 oros, 13 platas y 37 bronces.

El equipo de fosa en tiro con escopeta empujó el cambio en la clasificación general. Fernando Brol Cárdenas y Adriana Ruano Oliva ganaron el oro tras romper 31 platos, y Ana Soto Abril junto a Jean Pierre Brol Cárdenas se quedaron con la plata con 27.

.Puerto Rico también se mantiene cerca, alcanzando nueve oros, 10 platas y 19 bronces.

México sostuvo la cima y Colombia presionó

Hasta la fecha, México mantuvo el liderazgo con 185 preseas: 82 oros, 59 platas y 44 bronces. Colombia se mantiene en el segundo lugar con 43 oros, 50 platas y 28 bronces, para un total de 121 podios.

Por su parte, Cuba ocupa la tercera posición con 17 oros, 18 platas y 24 bronces. Venezuela sigue cuarta con 13 oros, 24 platas y 44 bronces, para un total de 81 medallas.

La disputa entre México y Colombia también se trasladó al ciclismo, donde ambos llegaron con seis oros. Los mexicanos sumaron además seis platas y cuatro bronces, mientras los colombianos registraron cinco platas y cuatro bronces.

Ignacio Prado y Ricardo Peña le dieron a México el oro en la madison masculina con 72 puntos, citados por la agencia. Venezuela quedó segunda con 59 unidades y Colombia terminó tercera con 57 por medio de Brayan Sánchez y Jordan Parra.

En la rama femenina, Elizabeth Castaño y Lina Hernández ganaron el oro para Colombia. El binomio superó en el sprint final a las mexicanas Sofía Arreola y Yarelis Acevedo.

República Dominicana logró una plata inédita en clavados

La jornada de clavados dejó una marca para la delegación local. Victoria “Vicky” Garza consiguió la primera medalla para República Dominicana en la plataforma de 10 metros y obtuvo la medalla de plata.

Garza, de ascendencia mexicana, dijo tras la prueba que agradeció a sus entrenadores y a la Federación Dominicana de Natación por la oportunidad de competir por ese país.

También afirmó que la brisa complicó la prueba, aunque pudo ejecutar sus saltos como había planeado. Garza llegó a República Dominicana a los 18 años.

Por su parte, México amplió su dominio en clavados con los oros de Alejandra Estudillo en plataforma de 10 metros, Osmar Olvera en trampolín de un metro y la pareja de Rut Páez y Zyanya Parra en trampolín sincronizado de tres metros.

En un operativo coordinado, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala retiró cámaras de videovigilancia ilegales instaladas por pandillas en la aldea Boca del Monte y áreas cercanas del municipio de Villa Canales.

El despliegue, liderado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), tuvo como objetivo neutralizar el control tecnológico que ejercían las estructuras criminales sobre el espacio público, según reportó Prensa Libre en su cobertura del caso.

Durante la intervención, los agentes del Departamento de Delitos contra la Vida desmontaron al menos 28 dispositivos de vigilancia que las pandillas habían colocado sin autorización en postes del alumbrado público y tendidos eléctricos.

De acuerdo con lo informado por la PNC, estos aparatos permitían a los grupos criminales monitorear los movimientos de la comunidad, vigilar a rivales, y anticipar la presencia de las fuerzas de seguridad.

Luego de ampliar las diligencias a otros puntos de Villa Canales, la cantidad de dispositivos retirados superó las 40 unidades en total.

Respuesta a hechos violentos recientes

El operativo respondió a una escalada de violencia registrada en la zona, que incluyó un ataque armado en el que murieron siete personas. Investigadores de la DEIC señalaron que el sistema de videovigilancia clandestino resultaba clave para que las pandillas coordinaran ataques, gestionaran extorsiones a comercios y transportistas, y evadieran los patrullajes policiales.

Al respecto autoridades del Ministerio de Gobernación y de la PNC, afirmaron que no permitirán que los grupos criminales utilicen los espacios públicos para amedrentar a la población ni para montar centros de monitoreo clandestinos.

Expansión del modelo delictivo

El caso de Boca del Monte no constituye un hecho aislado. Según recuentos de la PNC recogidos por Prensa Libre, operativos previos en la zona 7 de la capital permitieron el retiro de 18 cámaras asociadas a la Mara Salvatrucha, y en la zona 18 se decomisaron 37 dispositivos empleados por el Barrio 18.

Otras acciones similares en las zonas 3 y 13 elevaron la cifra de cámaras incautadas en el área metropolitana a más de 200.

Especialistas en seguridad consultados afirman que las pandillas han evolucionado hacia un dominio territorial apoyado en tecnología, desplazando la vigilancia física por el monitoreo digital.

El Ministerio de Gobernación ha señalado que la recuperación del espacio público exige no solo presencia policial y militar, sino también el desmantelamiento sistemático de las herramientas tecnológicas de las pandillas, quienes se han encargado de infundir el miedo entre la población guatemalteca.

Investigación sobre los responsables

Los dispositivos decomisados quedaron bajo custodia del Ministerio Público, que se encargará de rastrear las direcciones IP, los sistemas de almacenamiento y las redes de conectividad utilizadas para operar estas cámaras.

El objetivo, según la PNC, consiste en identificar a los responsables directos de la instalación y administración del sistema de vigilancia ilegal. “La colocación de tecnología en infraestructura estatal, sin autorización y con fines delictivos, representa una infracción grave y una amenaza para la seguridad de la población”, declararon voceros oficiales a Prensa Libre. Las fuerzas de seguridad anticipan nuevas acciones para desarticular redes similares en otros sectores del departamento de Guatemala.

Ucrania solicitó a Guatemala sumarse a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, una iniciativa destinada a coordinar acciones globales frente a la deportación de menores por parte de Rusia.

La petición fue transmitida durante una conversación entre Mariana Betsa, viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, y Mónica Bolaños, su homóloga guatemalteca, según confirmaron las cancillerías de ambos países.

Conversaciones diplomáticas y agenda bilateral

El diálogo, realizado por vía telefónica, giró en torno a la cooperación bilateral y multilateral entre Ucrania y Guatemala.

Las partes discutieron la situación actual de la relación, las dinámicas en el seno de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el respaldo guatemalteco a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Uno de los puntos principales del encuentro fue el análisis de las consecuencias humanitarias de la invasión rusa, con especial énfasis en la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso o zonas bajo ocupación. En este contexto, Ucrania solicitó formalmente a Guatemala que evalúe su adhesión a la coalición internacional creada para facilitar el retorno de esos menores, según reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado.

¿Qué implica la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos?

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos representa una plataforma diplomática, legal y humanitaria cuyo objetivo es identificar, localizar, repatriar y reintegrar a los miles de menores ucranianos trasladados ilegalmente fuera del país.

Al integrarse a la coalición, un Estado adquiere el compromiso de intercambiar información, aportar recursos financieros y técnicos, y ejercer presión diplomática en foros internacionales.

Entre las obligaciones asumidas por los miembros destacan: el intercambio ético de datos sobre casos documentados, la cooperación judicial y logística, y la exigencia a la Federación Rusa de cumplir las Convenciones de Ginebra y los derechos del niño.

Actualmente, la coalición incluye a 50 miembros entre países y organizaciones internacionales, con Ucrania y Canadá como co-presidentes. Se encuentran representadas naciones de América, Europa, Asia y Oceanía, así como entidades como la Unión Europea (UE) y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

Respuestas y próximos pasos de Guatemala

Durante la reunión, Guatemala recibió la información sobre la iniciativa y anunció que analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Según autoridades consultadas por Infobae, el gobierno guatemalteco no ha adelantado detalles ni ha tomado una decisión mientras esté en curso la fase de análisis.

La Cancillería guatemalteca informó que el diálogo con Ucrania continuará y que se dará seguimiento a los temas abordados en futuras rondas diplomáticas.

“Ucrania compartió información sobre la iniciativa Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y planteó a Guatemala la posibilidad de sumarse. Al respecto, Guatemala analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes, por lo que, por el momento y durante la fase de análisis, no es posible adelantar la decisión ni brindar mayores detalles sobre la iniciativa", dijo la cancillería a Infobae.

En el mismo intercambio, Guatemala reiteró su adhesión a los principios de la Carta de la ONU y al Derecho Internacional para la solución pacífica de controversias. El país reafirmó su compromiso con el multilateralismo, postura que ha sostenido en distintas instancias internacionales.

Impacto y acciones de la Coalición

Las gestiones de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos incluyen cumbres de alto nivel, operaciones de repatriación, respaldo judicial y programas de rehabilitación integral. Según cifras recogidas por Reuters, más de 1.600 niños ucranianos han logrado regresar a sus familias o tutores legales gracias a estas acciones colectivas.

El proceso de retorno suele ser complejo y requiere la mediación de terceros países, así como la participación de organismos internacionales. Además, la coalición financia programas de asistencia médica, apoyo psicológico y reintegración educativa para los menores repatriados.

El trabajo a través de plataformas digitales se ha consolidado en Guatemala como una opción relevante para generar ingresos, especialmente para jóvenes y personas que encuentran barreras para acceder al empleo formal. Servicios como transporte, reparto, hospedaje, trabajo freelance y comercio electrónico han crecido en los últimos años, posicionándose como alternativas para quienes necesitan fuentes de ingreso flexibles y accesibles.

Según el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral, alrededor de 5.3 millones de personas trabajaban en el sector informal en 2025, lo que representa el 66% de la población económicamente activa. En este contexto, las plataformas digitales representan una vía para incorporarse al mercado laboral, aunque no están exentas de retos.

El boletín difundido por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) advierte que estas modalidades de empleo presentan desafíos importantes. Entre ellos se destacan la falta de protección social, la inestabilidad de los ingresos y la precariedad de las condiciones laborales para quienes dependen de las plataformas como fuente principal o complementaria de sustento.

Brechas de género aparecen en Guatemala ante las plataformas digitales

La participación de mujeres en las plataformas digitales continúa siendo menor que la de los hombres, lo que evidencia la persistencia de brechas de género en el acceso y las oportunidades laborales. Esta desigualdad refleja tendencias presentes en otros sectores y subraya la necesidad de políticas públicas que fomenten la equidad y mejoren las condiciones laborales para todos los trabajadores de la economía digital.

El análisis de ORMUSA y organizaciones aliadas enfatiza la urgencia de fortalecer la protección social y la estabilidad laboral en el sector de plataformas digitales, así como de promover la inclusión de las mujeres para avanzar hacia un empleo más justo en Guatemala.

¿Respaldo internacional?

En junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en Ginebra un convenio para proteger a los trabajadores de plataformas digitales y equipararlos con el resto de los empleados en derechos como salario mínimo, seguridad social y resguardo frente al despido, una decisión que busca responder a la expansión de un modelo laboral transnacional y que entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados miembros lo ratifiquen.

La votación en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo se resolvió con 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones, según informó el Diario de Centro América. El acuerdo fue respaldado por representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores en la asamblea anual de la organización.

El texto fue adoptado tras años de debate y alcanza a trabajadores como conductores de aplicaciones internacionales. El objetivo es que sus condiciones no queden por fuera de estándares ya reconocidos para otros asalariados.

Sukti Dasgupta, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, explicó que el nuevo instrumento pretende llevar derechos y beneficios a personas que no están en una relación laboral formal y que hasta ahora quedaban en gran medida fuera de marcos concebidos para asalariados. Añadió que el convenio busca una correcta clasificación de la relación laboral en un entorno digital donde muchos trabajadores no tienen contratación formal.

Dasgupta dijo que tras lo escuchado en el plenario parece haber suficiente interés para alcanzar con rapidez las dos ratificaciones necesarias. La funcionaria añadió que, incluso si algunos países no lo ratifican, el convenio servirá como orientación normativa general. En los Estados que sí lo adopten, la Organización Internacional del Trabajo podrá intervenir mediante su mecanismo de supervisión si se presentan denuncias por incumplimientos.

La jueza María BenildaSandoval rechazó las órdenes de captura que el Ministerio Público de Guatemala pidió contra los exjefes fiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, una decisión que frenó el intento de llevarlos de inmediato ante la justicia por una investigación en la que ambos coinciden por el delito de abuso de autoridad.

El propio Ministerio Público advirtió que la resolución abre la posibilidad de fuga de los investigados y favorece la impunidad de exfuncionarios. También sostuvo que existía riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, porque los señalados podrían mantener influencia sobre personal interno de la institución, informó el Diario La Hora.

Según Prensa Libre, las solicitudes de captura fueron planteadas esta semana por fiscales de la nueva administración del MP ante el juzgado de diligencias urgentes. Una fuente con conocimiento del caso, que pidió no ser identificada, confirmó al diario que las pesquisas llevaron a pedir la aprehensión de ambos exfuncionarios.

La jueza consideró que no había motivo para autorizar las capturas. De acuerdo con La Hora, en su resolución dispuso que los señalados comparezcan al proceso penal mediante una citación ordinaria para su primera declaración.

El Ministerio Público sostiene que había riesgo de fuga y de interferencia en la investigación

El ente investigador, dirigido por Gabriel Estuardo García Luna, inició investigaciones penales contra José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina, mientras que las solicitudes fueron solicitadas al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes.

Hasta ahora se desconocen pormenores de los hechos por los que el MP busca procesar a los dos exjefes fiscales, únicamente se sabe que ambos habrían incurrido en serios abusos de autoridad cuando fueron jefes de sección dentro del Ministerio Público.

En el caso de Curruchiche, la jueza sí había accedido a una cita para audiencia de primera declaración y la programó en el juzgado a cargo del expediente. Ese caso fue asignado al juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, quien conoce el expediente de Corrupción Semilla, y la citación fue cancelada por el juez.

Curruchiche y Sánchez ocuparon cargos sensibles en la gestión anterior del MP

Curruchiche fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) después de la salida del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien ahora se encuentra en el exilio.

Durante la administración de la exfiscal General, Consuelo Porras, Curruchiche se convirtió en uno de sus rostros más visibles y tuvo a su cargo el caso Corrupción Semilla.

Uno de los expedientes que mantuvo activa la FECI de Curruchiche, fue el vinculado con el actual presidente Bernardo Arévalo y el cancelado partido político Movimiento Semilla. Por esa investigación, el MP obtuvo confesiones ante jueces mediante el procedimiento de aceptación de cargos y, tras las elecciones de 2023, autoridades fiscales llegaron a sugerir en una rueda de prensa que no se tomaran como válidos los comicios.

Sánchez, por su parte, fue jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Antes había destacado en investigaciones relacionadas con lavado de dinero y otros activos, y entre sus últimos casos figuró Toma Usac, un proceso que grupos universitarios describieron como criminalización de estudiantes y docentes después de manifestaciones.

Curruchiche dejó el Ministerio Público luego de que García Luna asumiera como nuevo fiscal general en sustitución de Consuelo Porras, en una de las primeras decisiones de la nueva gestión. Sánchez fue trasladado después a la Fiscalía contra el Secuestro, pero presentó su renuncia y abandonó la institución.

Durante su jefatura en la FECI, Curruchiche estuvo mantuvo abiertos los procesos contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval, condecorado a nivel nacional e internacional por el impulso que mantuvo en la lucha contra la corrupción. También investigó al expresidente Alejandro Giammattei, en casos que nunca avanzaron, así como contra José Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, quien estuvo en prisión preventiva durante varios meses, pese a las exigencias de liberad de instancias internacionales que lo consideraban un preso político.

Curruchiche también está sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel y en los listados de actores corruptos y antidemocráticos de la Unión Europea también le impuso sanciones. Actualmente, espera ser citado por el caso penal derivado de sus acciones cuando fue fiscal.

San Juan del Obispo celebrará este domingo 9 de agosto la cuarta edición del Festival del Chocolate 2026, una jornada que reunirá tradición, gastronomía y turismo comunitario en este poblado situado en las faldas del Volcán de Agua, a pocos minutos de Antigua Guatemala, con una propuesta centrada en el cacao artesanal y en las prácticas que la comunidad ha preservado de generación en generación.

La actividad se desarrollará de 8:00 a 18:00 horas y contará con transporte gratuito en salidas continuas desde la Plaza Mayor de Antigua Guatemala hacia la localidad. Para quienes lleguen en vehículo propio, también habrá áreas de estacionamiento habilitadas.

El festival girará en torno a una tradición que en San Juan del Obispo se mantiene como un legado vivo. Las familias de la comunidad han conservado técnicas ancestrales para transformar el cacao en tabletas y bebidas, y esa continuidad es uno de los ejes de una celebración que busca rescatar y rendir homenaje a las costumbres locales.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer estands atendidos por productores de la propia comunidad. Allí habrá degustaciones de chocolate artesanal en distintas presentaciones, además de postres, antojitos típicos guatemaltecos y productos elaborados a partir del níspero, fruto estrechamente ligado a la identidad de la región.

El festival reunirá cacao artesanal, níspero y producción local

La oferta no se limitará a la comida. También participarán artesanos con piezas elaboradas por manos locales y se impartirán talleres interactivos para que el público conozca de cerca los procesos de producción.

Ese componente práctico acompaña el valor simbólico del encuentro. Cada producto exhibido en el festival representa el trabajo, la dedicación y la identidad de una población que sostiene sus raíces artesanales como parte de su vida cotidiana.

La agenda incluirá además una programación artística pensada para ampliar la experiencia cultural. Está prevista la participación de la Marimba Maderas Chapinas, así como presentaciones de danza a cargo de una bailarina de ballet, intervenciones de saxofón en vivo y actuaciones de artistas de la localidad.

Esa combinación entre gastronomía y espectáculos convierte al festival en una actividad para familias, turistas y público interesado en la cultura local. El evento propone, al mismo tiempo, una vitrina para el talento comunitario y para los oficios que distinguen a San Juan del Obispo.

El recorrido incluye calles empedradas, iglesia parroquial y el Museo del Níspero

La celebración también se presenta como una oportunidad para el turismo comunitario. Quienes visiten el poblado podrán caminar por sus calles empedradas, observar la arquitectura de la iglesia parroquial y acercarse a uno de los espacios más representativos del municipio.

Se trata del Museo del Níspero, dedicado a resaltar el impacto agrícola y económico de ese cultivo en la zona. La presencia de derivados de esta fruta dentro de la feria refuerza el vínculo entre el festival y la producción que identifica a la comunidad.

La organización ha puesto el acento en facilitar el acceso al evento. El servicio de transporte sin costo busca ordenar la movilidad entre Antigua Guatemala y el poblado durante todo el horario de la actividad, mientras que el estacionamiento disponible amplía las opciones para los visitantes.

Con su cuarta edición, el Festival del Chocolate 2026 volverá a convertir a San Juan del Obispo en un punto de encuentro para el cacao artesanal, la cocina tradicional y las expresiones artísticas locales, en una fecha de agosto dedicada a exponer la historia productiva y cultural de la comunidad.

Guatemala abrió Xetulhá en Retalhuleu como un nuevo parque acuático del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (IRTRA) con capacidad para 10 mil visitantes simultáneos, una inversión de Q700 millones y la promesa de ampliar la oferta de turismo familiar en Guatemala mientras impulsa empleo y actividad económica en el suroccidente del país.

La apertura llega con una previsión de 500 empleos directos y en un contexto de crecimiento del turismo. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Harris Whitbeck, afirmó que desde 2024 el país registra un aumento acumulado de casi 26% en el número de arribos de visitantes no residentes.

El parque se desarrolla sobre 76.665 metros cuadrados, con cerca de 50 mil metros cuadrados de construcción.

La nueva instalación incorpora 13 complejos acuáticos y 40 toboganes, además de áreas diseñadas para niños, jóvenes y adultos.

Xetulhá suma 13 complejos acuáticos y 40 toboganes al complejo del IRTRA

Una de sus atracciones principales es Ola de Balam, un río rápido de olas de aproximadamente 464 metros de longitud. También incluye Mundo Chispeante, un espacio infantil de casi 5 mil metros cuadrados orientado a los visitantes más pequeños.

La oferta se completa con cabañas familiares, restaurantes temáticos, servicios de spa, áreas gastronómicas, espacios para eventos y piscinas para distintas edades.

El parque incorpora además a Nauti y Nati, dos nutrias que pasan a formar parte de los personajes del universo del instituto.

El nombre Xetulhá significa “Bajo el Agua” en idioma maya. Ese concepto, según la publicación, guía una propuesta en la que la arquitectura temática, la naturaleza y el agua se integran en una experiencia enfocada en el descanso y la recreación familiar.

Durante la inauguración, el presidente de la junta directiva del IRTRA, Ricardo Castillo Sinibaldi, sostuvo que el proyecto busca fortalecer la oferta recreativa de Guatemala y contribuir a posicionar al país como destino para el turismo familiar.

En ese sentido dijo: “Porque los sueños no tienen fronteras cuando existen personas decididas a construirlos. Y en esta tierra, donde creemos en las personas, en las familias y en el futuro... siempre encontraremos una nueva razón para decir: sí se puede”.

La apertura se apoya en un auge del turismo y en mejoras de acceso al suroccidente

Castillo comentó que la construcción implicó una inversión de Q700 millones y que el impacto esperado no se limita al parque. La previsión alcanza también a hoteles, restaurantes, transporte y comercio en Retalhuleu.

En la inauguración participó el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, quien resaltó la importancia de contar con espacios de recreación y descanso para las familias guatemaltecas. El mandatario consideró que este tipo de proyectos contribuye al bienestar de la población.

Whitbeck señaló que, con base en un estudio de una organización internacional del sector privado del turismo, Guatemala podría generar 138 mil empleos vinculados de manera directa a esta actividad durante los próximos diez años. También indicó que la campaña “Yo Exploro Mi País” destina alrededor de Q2 millones a la promoción de la región de Retalhuleu.

El director del Inguat afirmó: “El turismo en Guatemala viene en franco aumento. Desde 2024 hemos visto un crecimiento acumulado de casi 26% en el número de arribos de visitantes no residentes”. Luego añadió: “Creemos que esta gran inversión del sector privado es una señal que muestra confianza en lo que se está haciendo”.

La expansión del complejo recreativo coincide además con mejoras en la infraestructura vial del suroccidente. Los proyectos de ampliación de la ruta hacia Retalhuleu, incluida la carretera de Xochi, apuntan a facilitar la llegada de miles de visitantes y a elevar el flujo turístico hacia la zona.

Xetulhá se incorpora así a una red de parques y hostales que el IRTRA ha desarrollado desde su fundación en 1962. Entre ellos se incluyen los parques de Amatitlán, Agua Caliente y Mundo Petapa, aledaños a la ciudad capital, mientras que en Retalhuleu: Los Hostales, Xocomil, Xetulul y Xejuyup.

La trayectoria del instituto también acumula reconocimientos internacionales. Entre ellos figuran el Applause Award otorgado a Xetulul por la IAAPA y el Golden Ticket Award concedido a Xocomil como uno de los mejores parques acuáticos del mundo.

La gran inauguración de Xetulhá está prevista para este 31 de julio, con una invitación a guatemaltecos y extranjeros para visitar el nuevo parque en familia o con amigos.

Un operativo de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché, en Guatemala, terminó con la expulsión forzosa de una mujer de 77 años, junto con su hija, así como conel estallido de protestas masivas y el incendio de la vivienda de la jueza responsable del caso.

La jornada en Santa María Nebaj cambió de manera abrupta tras la intervención de las fuerzas de seguridad para cumplir una orden judicial de desocupación en el domicilio de Juana Santiago Chel, una adulta mayor que habitaba ese inmueble desde hace décadas.

La orden fue tramitada por su propio hijo, Pedro Santiago López, en medio de una disputa familiar por la propiedad, según confirmaron vecinos y autoridades locales.

La diligencia judicial estuvo marcada por el uso de fuerza excesiva, que incluyó la retirada de la señora entre empujones, dejando sus pertenencias en la calle y todo quedó evidenciado en imágenes y transmisiones en vivo de medios locales.

La intervención generó de inmediato un fuerte rechazo social y acusaciones de violación a los derechos humanos. En imágenes captadas por medios locales se ve cómo la hija de la anciana es cargada por agentes de la Policía Nacional Civil al mostrar resistencia en el desalojo.

Testigos relataron que la comunidad reaccionó con indignación al conocer que la acción legal partió del descendiente directo de la afectada. “Nadie merecía ese trato, menos una persona mayor, señalaron líderes comunitarios.

Escalada de disturbios y ataque a la jueza

Las protestas se multiplicaron en las horas siguientes. Decenas de habitantes y representantes de organizaciones comunitarias se congregaron frente a la sede judicial local para exigir la devolución del inmueble a la señora Santiago y la suspensión del proceso. La tensión escaló cuando no se produjo ningún acercamiento por parte de las autoridades.

Al final de la noche, un grupo se desplazó hasta la residencia de la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, responsable de firmar la orden. Entre consignas contra el sistema judicial y reclamos por la actuación de las fuerzas de seguridad, los manifestantes irrumpieron en la propiedad, rociaron combustible y le prendieron fuego.

El inmueble sufrió daños considerables, aunque, hasta el cierre de esta nota no se reportaron víctimas ya que la jueza fue evacuada previamente ante las amenazas.

Expansión del conflicto y respuesta institucional

La región Ixil permaneció bajo gran tensión mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos militares reforzaron la seguridad en los accesos al municipio.

Organizaciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitaron la intervención urgente de las autoridades nacionales para prevenir nuevas agresiones y atender la situación de la afectada. “La actuación de las fuerzas de seguridad debe ser investigada a fondo, advirtió la PDH.

La señora Juana Santiago fue trasladada a un refugio temporal, donde recibe atención médica por su estado de salud, agravado tras la expulsión. Vecinos y miembros de organizaciones humanitarias acompañan su proceso y piden garantías para su integridad.

Investigaciones y clima de incertidumbre

El Ministerio Público anunció la apertura de investigaciones tanto por los daños a la residencia privada de la jueza como por posibles irregularidades en la ejecución del desalojo.

Por su parte, la Policía Nacional Civil publicó un comunicado en el que indicaron que actuaron por solicitud del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj. Argumentan que actuaron conforme a los protocolos establecidos y en apego a la ley.

“La PNC reconoce que este tipo de diligencias puede representar momentos difíciles para las familias involucradas. Por ello, su actuación se limitó a brindar seguridad y apoyo a las autoridades competentes, con un trato digno y respetuoso hacia todas las personas presentes”, dijeron en el comunicado.

Después de 45 minutos en el estadio Cuauhtémoc, la Selección Mexicana de Futbol vence 1-0 a la Selección de Guatemala en la tercera y última fecha de la fase de grupos del Premundial sub 20 de la Concacaf.

El gol cayó en la última jugada, procedente de un servicio por la banda izquierda que Diego Ramírez remató con la testa, dedicando su anotación a Santiago Sandoval, quien acaba de ser operado con éxito tras su participación en el campeonato regional.

Para la parte complementaria, la Selección Azteca siguió incesante rumbo a su segunda anotación de la noche. El jugador de Chivas, Hugo Camberos, aprovechó el rebate para quedar frente al guardameta y así anotar el 2-0 en Puebla; su segundo gol en el Premundial sub-20.

Más tarde, México encontró el espacio por sector izquierdo así que un trazo largo quedó a merced de Luis Gamboa para cruzar su disparo y firmar la goliza nacional sobre Guatemala que perdió la concentración desde la primera anotación de la noche.

Ya para cerrar una velada sólida en la Angelópolis, Nelson Cedillo cobró un tiro libre directo para encajar el balón dentro de la puerta guatemalteca y hacer estallar el Coloso de las Maravillas por convertir una de las mejores anotaciones de este Premundial sub-20. 4-0 oficial.

El Tri sub 20 saltó a la cancha del estadio Cuauhtémoc con Navarrete, Alfaro, Soto, Carmona, Gómez, Inda, Sigala, Camberos Gamboa y Ramírez para medir fuerzas contra su homóloga Guatemala, en el juego de la fecha 3 del Premundial sub 20 de la zona de Concacaf.

México amarra el Grupo B

La Selección Nacional varonil sub 20 goleó a la Selección de Guatemala y de esa forma se afianzó el liderato del Grupo B del Premundial de la Concacaf, que se festeja en Puebla, con el propósito de calificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

La plantilla nacional, adiestrada por el mexicano, Álex Diego Tejado, no recibió un sólo gol en este campeonato. En su debut goleó a la Selección de Antigua y Barbuda (3-0) y el lunes último México se impuso a la representación de Costa Rica (2-0). Hoy, ante Guatemala (4-0), el Tri goleó con comodidad para encabezar el sector con nueve puntos.

Por otro lado, los chapines tenían la opción de cerrar como ganadores del Bloque B si sorprendían al Tri sub 20 en el estadio Cuauhtémoc. La Selección de Guatemala necesitaba ganar por diferencia de dos goles para desbancar a México de la primera casilla.

Los centroamericanos, antes del encuentro frente a México, ocupaban el segundo escalón con seis unidades y diferencia de +3; México tenía diferencia de +5, lo que colocó a la escuadra local por encima de Guatemala, que, en este Premundial, lleva una marca de un triunfo sobre Antigua y Barbuda (4-0) y dos derrotaa ante Costa Rica (1-0) y México (4-0).

México obtiene revancha contra Guatemala

La Selección Nacional tenía cuentas pendientes con la Selección Guatemalteca, por ser su verdugo en los Premundiales del 2008 y 2022. Los chapines marginaron a los mexicanos en su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y París 2024.

Rumbo a la justa veraniega en Francia, el equipo Tricolor, anteriormente dirigido por Luis Ernesto Pérez, sufrió la eliminación a costa de Guatemala en tanda de penaltis en la ronda de 4tos de Final, decretando un severo fracaso en la categoría sub 20.

La goleada de la Selección de México, 4-0, sobre Guatemala sirve para llegar con la moral alta a la siguiente ronda y empiece a preparar todo lo necesario para enfrentar a uno de los mejores terceros de este Premundial, que saldrán de los grupos: A, B y C.

Resultados de México en el Premundial sub 20

Jornada 1: México 3-0 Antigua y Barbuda

Anotadores:

• Hugo Camberos
• Francisco Valenzuela
• Santiago Sandoval

Jornada 2: México 2-0 Costa Rica

Anotadores:

• Hugo Camberos
• Emmanuel Brenes

Jornada 3: México 4-0 Guatemala

• Diego Ramírez
• Hugo Camberos
• Luis Gamboa
• Nelson Cedillo

Premio doble si México es campeón del Premundial sub 20

México aspira a competir en dos certámenes de talla internacional si termina con éxito su participación en el Premundial de la Concacaf sub 20; el torneo regional ofrece boletos para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y. los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El primer paso es la Copa del Mundo y para eso el Tricolor deberá instalarse a las semifinales del campeonato para obtener su lugar en la justa que se llevará a cabo conjuntamente entre los meses de mayo y junio del próximo año.

Si la Selección Azteca quiere festejar el pase al Mundial y también a los Juegos Olímpicos tendrá que ganar el Premundial sub-20, ya que el ganador recibe pase directo a Los Ángeles 2028 por ser campeón de la Concacaf.

El banco guatemalteco Bam recibirá un financiamiento subordinado de USD 70 millones para ampliar el acceso al crédito en el país, según informó la entidad bancaria. La operación, canalizada a través de Bancolombia Panamá, filial del grupo financiero Grupo Cibest, busca fortalecer la estructura de capital de la entidad y expandir su capacidad de acompañar el crecimiento económico guatemalteco.

El anuncio de la transacción fue realizado por el propio Grupo Cibest, que destacó el efecto que tendrá el préstamo en el desarrollo del tejido productivo nacional. Bam utilizará estos recursos para impulsar la productividad de sus operaciones y ampliar la oferta de crédito, especialmente para empresas, pymes y trabajadores independientes. El financiamiento responde a una estrategia para atender las necesidades de los actores económicos de Guatemala, permitiendo su expansión y el respaldo a sus planes de crecimiento.

La entidad financiera subrayó que la operación representa un voto de confianza en la economía local. De acuerdo con declaraciones de Alejandro Aguilar, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Bam, “este financiamiento es un impulso clave para el crecimiento de los diferentes actores económicos en Guatemala, ya que amplía el acceso a recursos que potenciarán su desarrollo y aportará en la generación de empleo y bienestar económico del país” a la vez que reafirma el compromiso del grupo financiero con el país.

La operación fue estructurada como un préstamo subordinado, modalidad que fortalece la solidez patrimonial de la institución receptora y le permite incrementar su capacidad de otorgar créditos. El mecanismo, según informa el comunicado, se presenta como una alternativa en el mercado local, accesible para otros actores del sistema financiero guatemalteco. Según el comunicado, la operación permitirá a Bam responder con mayor eficacia a las demandas locales, apoyar la creación de oportunidades y fomentar el desarrollo del tejido productivo nacional.

La estrategia de Grupo Cibest en Guatemala

El Grupo Cibest detalló que la solución financiera está alineada con su propósito de promover el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. La entidad mantendrá su enfoque en acompañar transformaciones económicas, sociales y ambientales en Guatemala e impulsar iniciativas orientadas a construir comunidades más sostenibles y resilientes.

El financiamiento, gestionado a través de Bancolombia Panamá, refuerza la presencia del grupo en el país y consolida su estrategia de crecimiento regional.

El respaldo de instituciones internacionales como Grupo Cibest y su filial panameña se interpreta como un reconocimiento a la estabilidad y potencial de crecimiento de la economía guatemalteca. El préstamo fortalece la posición de Bam como actor del sistema bancario y refuerza la capacidad del sector para contribuir en la generación de empleo y bienestar.

Guatemala se vistió de azul, desplegó símbolos y efectuó actividades en diversos puntos del país para conmemorar el Día Mundial Contra la Trata de Personas, una jornada establecida cada 30 de julio por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este año, la campaña global se centró en la alerta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el fenómeno de las víctimas obligadas por redes criminales a participar en ciberdelitos, bajo el lema “Atrapados detrás de la estafa”.

Estrategias estatales y el símbolo del Corazón Azul

El gobierno de Guatemala ratificó su adhesión a la campaña internacional Corazón Azul. Esta iniciativa busca articular esfuerzos entre instituciones estatales y la sociedad civil para fortalecer la prevención y combate a la trata de personas en todas sus formas.

El Corazón Azul representa la tristeza de las víctimas y la insensibilidad de quienes las explotan, así como el compromiso de la ONU para erradicar este delito.

Por su parte el Ministerio de Gobernación (Mingob) implementó estrategias coordinadas desde la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades especializadas, logrando desarticular cinco estructuras criminales y capturar a 35 presuntos responsables de trata y tráfico ilícito de personas durante 2026.

Mientras que el Palacio Nacional de la Cultura y otros edificios de Gobierno fueron iluminados con una tonalidad azul.

Fortalecimiento institucional y profesionalización

La profesionalización de los cuerpos de seguridad constituye una prioridad para las autoridades. En alianza con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), se han desarrollado procesos de formación orientados a capacitar a agentes de la PNC en la identificación y atención de víctimas, así como en la persecución penal de estos delitos.

Estas capacitaciones dotan a los policías de herramientas técnicas para responder de manera oportuna y garantizar una atención digna a quienes sufren explotación.

El Ministerio de Gobernación destacó que la creación de Oficinas de Investigación Criminal Contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas, junto con la ratificación de alianzas con organizaciones internacionales como Crime Stoppers, refuerza el mecanismo de persecución penal y la cooperación interinstitucional.

Mientras que edificios de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) también se iluminaron de azul.

Concientización social y participación ciudadana

Durante la jornada, mujeres especialistas de la Unidad de Género del Mingob instalaron un stand informativo en la sede ministerial. Allí, servidores públicos y visitantes recibieron material educativo sobre la prevención de la trata, junto con pulseras azules elaboradas por adolescentes beneficiadas por programas de atención integral.

La campaña incluyó la distribución de documentos con información sobre la línea de denuncia 110 de la PNC, medida que busca incentivar la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos delitos.

La iniciativa pretende “reconstruir el proyecto de vida de los sobrevivientes”, como señaló Linda Alay, encargada de la Unidad de Género: “Desde el Estado se continúa fortaleciendo la prevención, la investigación, la persecución de este crimen y la reconstrucción del proyecto de vida de los sobrevivientes”.

Visibilización y apoyo a sobrevivientes

El emblemático Edificio de Gobernación fue iluminado de azul durante julio como parte de los actos de sensibilización. Paralelamente, se realizó una exposición y venta de productos elaborados por sobrevivientes de trata.

Según el Mingob, esta actividad busca “contribuir a la recuperación integral, robustecer la autonomía económica y visibilizar los procesos de reintegración”.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fomentar la prevención, reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la coordinación entre entidades estatales y organismos internacionales.

El fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna, confirmó que se están efectuando investigaciones en torno al caso relacionado con la desaparición de expedientes de estudiantes opositores a Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El titular del ente investigador confirmó que las denuncias presentadas por la comunidad universitaria están siendo analizadas con objetividad y que la fiscalía dará seguimiento a los expedientes.

El funcionario reconoció que existe temor por parte de los estudiantes a presentar denuncias por posibles represalias, pero recordó que se puede informar sin necesidad de poner datos personales.

La denuncia estudiantil: una “muerte académica”

El pronunciamiento ocurre en el marco de la acción penal presentada el pasado 24 de julio por decenas de estudiantes de diversas unidades académicas —entre ellas la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Escuela de Ciencias de la Comunicación y la Escuela de Ciencia Política— ante el Ministerio Público.

Los denunciantes expusieron que entre 40 y 50 estudiantes detectaron el borrado sistemático de sus datos en el departamento de Registro y Estadística de la USAC.La medida bloquea trámites de graduación, asignación de cursos, solicitudes de beca y procesos de investigación, un fenómeno que los afectados tipificaron públicamente como una "muerte académica" destinada a frenar la oposición estudiantil.

Asimismo, los alumnos dirigieron la denuncia penal contra el jefe del departamento de Registro y Estadística, señalando una persecución directa hacia quienes han expresado posturas críticas o se han movilizado en defensa de la autonomía universitaria.

Antecedentes y postura universitaria

Por su parte, la USAC ha argumentado que el conflicto tiene sus raíces en las protestas surgidas tras el cuestionado proceso de elección a la rectoría en 2022 contra Walter Mazariegos y la posterior toma de instalaciones. A través de mensajes institucionales en redes sociales, la administración universitaria justificó la ausencia de archivos afirmando que se trataba de una sustracción y daño a documentos físicos ocurrido durante las protestas de 2022 y 2023.

Sin embargo, los estudiantes rechazaron esa versión, calificándola de infundada.Argumentaron que varios de los universitarios afectados ingresaron en las promociones de 2024 o 2025 o contaban con constancias de inscripción y solvencia académica vigentes para el ciclo 2026, por lo que el borrado de sus registros obedece a una represalia política y no a daños históricos de archivo.

Con la acumulación de más de una docena de denuncias vinculadas a anomalías administrativas y de representatividad en la USAC, el MP evalúa los elementos de convicción presentados por los estudiantes para determinar las responsabilidades penales de las autoridades involucradas.

El informe

Por su parte, este jueves 20 de julio, el jefe del Departamento de Registro y Estadística de la USAC, Bryan Fuentes, remitió un informe al secretario del Consejo Superior Universitario (CSU), Fernando Cordón Lucero, por la desaparición de expedientes de al menos nueve universitarios.

En el mismo, refiere que que ese departamento inició un proceso de fortalecimiento y regularización de expedientes estudiantiles desde 2023 como una “necesidad institucional de verificar... la información contenida en los sistemas institucionales” que les permitiría no sólo garantizar la integridad, sino que también la autenticidad de los documentos.

Argumentan que con la toma de la USAC se perdieron unos 30 años de expedientes históricos, debido a que los archivos físicos fueron vulnerados y los discos duros destruidos.

Según dicen, por esta razón han solicitado a los mismos estudiantes que presenten copias o documentos destinados a integrar sus expedientes que constituye “una actuación administrativa de colaboración”.

No obstante, los afectados insisten en que, a pesar de los alegatos de las autoridades de la USAC, ellos han logrado continuar sus estudios desde 2023 sin problemas, pero esto ocurrió con la oposición a la reelección de Walter Mazariegos como Rector. También lamentan que estas actitudes prácticamente los dejen fuera de la universidad estatal o que les implique perder un año de estudios.

Las autoridades de Guatemala activaron los protocolos de emergencia tras reportarse la desaparición de Leidy Mariana Zambrano Suárez, una mujer de 31 años y doble nacionalidad (colombiana y estadounidense), quien fue vista por última vez a inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

La alerta fue difundida a través del sistema Isabel-Claudina, que coordina la respuesta institucional ante casos de mujeres desaparecidas, donde se detalló que la joven fue vista por última vez el 13 de julio de 2026.

La desaparición de Zambrano Suárez generó una respuesta inmediata de los organismos de socorro y las agencias especializadas.

Según informó el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) a través de un comunicado, el Departamento de Asistencia Turística y la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros del Ministerio Público (MP) abrieron expedientes para coordinar las labores de rastreo en todo el territorio nacional.

Mientras que la familia expresó su preocupación y solicitó apoyo internacional.

En paralelo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se encuentra colaborando en la indagatoria y se brindarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia en cuanto sean solicitadas por el ente investigador.

La joven inició su itinerario en Filadelfia, Estados Unidos, e hizo una escala en Orlando, luego viajó con destino a Guatemala. Mientras que el Ministerio Público evalúa si la pasajera abordó el último tramo hacia la capital guatemalteca.

Personas allegadas a la investigación detallaron a Infobae que se logró corroborar que Zambrano Suárez ingresó a Guatemala. No obstante, se ha determinado que los movimientos de compras con su tarjeta de crédito son normales.

“Ha comprado alimentos y bebidas, creemos que la joven no está en peligro y que apagó su teléfono para no ser contactada por sus familiares, pero sus consumos han sido normales", detalló una fuente que pidió no ser nombrada.

Perfil y características de la persona desaparecida

La Alerta Isabel-Claudina detalla que Leidy Mariana Zambrano Suárez mide 1.65 metros, tiene tez morena clara, ojos café y cabello largo ondulado castaño. Como característica particular detallan un lunar que tiene cerca de la boca en el lado izquierdo.

Estos datos fueron difundidos en boletines oficiales y medios locales, con el objetivo de facilitar su identificación.

Las autoridades recalcaron la importancia de cualquier información ciudadana y habilitaron la línea de emergencia 1572 para canalizar reportes.

Contexto: aumento del turismo y llegada de extranjeros a Guatemala

El caso ocurre en un periodo de intenso flujo turístico y migratorio en Guatemala. Según cifras del INGUAT, durante el primer semestre de 2026 ingresaron más de 1.62 millones de visitantes internacionales al país. El organismo destacó un crecimiento del 42 % en la llegada de turistas colombianos, lo que posiciona a Colombia como uno de los mercados emisores más dinámicos hacia destinos guatemaltecos.

Más del 80 % de los viajeros internacionales corresponde a turismo de pernocta, es decir, visitantes que permanecen varios días en el país. La vía aérea continúa siendo la principal puerta de entrada para turistas de Norteamérica y otras regiones.

El Sistema Penitenciario de Guatemala enfrenta una nueva crisis tras la confirmación de la fuga de César Humberto Hernández Vicente, un privado de libertad que logró evadir la custodia de la Granja de Rehabilitación Pavón.

Según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), la evasión se produjo en circunstancias que aún se investigan, pero versiones extraoficiales apuntan a que el interno habría escapado escondido en un ropero de madera con doble fondo, fabricado en el propio penal para su venta.

Activación de protocolos y búsqueda exhaustiva

A través de un comunicado, el Sistema Penitenciario informó que al detectar la ausencia de Hernández Vicente, los órganos de control de la DGSP activaron protocolos de emergencia.

La Policía Nacional Civil (PNC) participa en una búsqueda exhaustiva dentro y fuera del complejo penitenciario, mientras la Inspectoría General del Régimen Penitenciario inició procesos para deducir posibles responsabilidades.

“Se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten involucrados en los hechos”, advirtió la autoridad penitenciaria en el comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

La DGSP puso a disposición del público la fotografía del interno fugado y habilitó los canales de denuncia anónima. La ciudadanía puede comunicarse a la línea 1533 del Sistema Penitenciario, al 110 de la PNC o mediante WhatsApp Crime Stoppers al 3764-1561. “Su información es valiosa. La denuncia es anónima y confidencial”, enfatizó la DGSP.

El ropero, pieza clave en la evasión

Aunque las autoridades no han confirmado públicamente los detalles, fuentes no oficiales informaron que el recluso se ocultó en un ropero fabricado en el taller del penal, aprovechando un doble fondo.

El mueble habría sido trasladado fuera del área de seguridad, donde fue hallado vacío en las inmediaciones del complejo Pavón Fraijanes. Este dato refuerza las sospechas de posibles complicidades internas o fallas en los controles de salida de objetos del penal.

En un video, al que Infobae tuvo acceso, se observa como personas ajenas y guardias del Sistema Penitenciario fotografían el interior del ropero.

Mientras que fotografías revelan que en el interior quedaron únicamente un par de zapatos.

No obstante, el Sistema Penitenciario respondió a Infobae que, si bien, han circulado imágenes al respecto “no podría confirmar ese extremo, ya que es la entidad a cargo de la investigación la que lo pueda llegar a determinar”.

Además, recordaron que dentro de la Granja existen varios proyectos ocupacionales: panadería, carpintería, textiles, entre otros, pero “hasta el momento el tema del ropero no podría calificarse más que como conjetura” e indicaron que “la DGSP no brindará más información al respecto para no entorpecer las investigaciones correspondientes”.

Un sistema bajo presión: antecedentes de fugas recientes

El caso de Hernández Vicente se suma a una serie de evasiones que han puesto en entredicho la seguridad de las prisiones guatemaltecas.

En septiembre del año pasado, la fuga masiva en el centro de máxima seguridad Fraijanes II expuso serias debilidades estructurales. En ese episodio, 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 lograron escapar, hecho calificado como “inaceptable” por socios internacionales y que precipitó la destitución de altos mandos de seguridad, órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y la captura de más de 25 guardias penitenciarios.

Pese a los operativos de la PNC y el apoyo de agencias como el FBI, 11 de los reclusos de alta peligrosidad siguen prófugos. En los últimos meses se han registrado nuevos incidentes, incluyendo evasiones durante traslados médicos al Hospital Roosevelt e intentos frustrados en el Preventivo de la Zona 18.

Investigación abierta y alerta ciudadana

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que la investigación está a cargo de las autoridades competentes y que no se divulgarán mayores detalles para no afectar las diligencias. El Ministerio Público mantiene abiertos varios procesos penales por incumplimiento de deberes e ilícitos relacionados con la facilitación de fugas.

La recurrencia de estos hechos expone la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a redes de complicidad interna y la urgente necesidad de reformas estructurales. Las fuerzas de seguridad continúan los operativos de recaptura, mientras la alerta se mantiene en todo el ámbito carcelario nacional.

Guatemaltecos por la Nutrición reporta que en las comunidades intervenidas se registró la reducción de la desnutrición aguda del 6% al 0.38% en un período de dos años, y la desnutrición crónica tuvo una disminución de 17 puntos porcentuales en el mismo período, un resultado que la empresa presenta como prueba de que un modelo centrado en salud, nutrición, agua, saneamiento y economía familiar puede intervenir sobre una de las crisis sociales más persistentes de Guatemala, según información de Castillo Hermanos.

La iniciativa, creada en 2022 y financiada en un 100% por la compañía, contó con una inversión de USD 15 millones. Desde 2023 opera con un campamento y, en 2024, incorpora un segundo Campamento de Nutrimóviles®, estructuras móviles fabricadas en España para funcionar en entornos exigentes, que han permitido entregar más de 60,000 servicios en áreas de difícil acceso.

Guatemala registra uno de los índices de desnutrición más altos de la región y del mundo, de acuerdo con el texto de presentación de la iniciativa. Ese escenario, señaló la empresa, no está asociado solo a la falta de alimentos, sino también al acceso limitado a servicios de salud, agua potable, saneamiento, educación nutricional e ingresos familiares.

Los resultados fueron presentados por representantes del programa y por Sophia Aguirre, investigadora de la Universidad Católica de América en Washington y auditora externa de la iniciativa. Según la evaluación, más del 70% de las madres participantes reportaron crecimiento normal en sus hijos, las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta un 76% y el consumo nutricional por hogar aumentó un 17%.

El programa fue diseñado para actuar sobre seis causas asociadas a la desnutrición

La respuesta central del programa es un modelo integral que trabaja en seis ejes: atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento ambiental, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos y desarrollo infantil temprano. Cuando se detecta un caso, se activa un protocolo con evaluación médica y nutricional, recuperación y seguimiento en el hogar hasta restablecer el estado de salud del niño o la niña.

Aguirre sostuvo que el rasgo distintivo del esquema no es solo el tratamiento, sino el acompañamiento constante a las familias en distintas etapas de vida. La investigadora explicó que la desnutrición no depende únicamente de los ingresos económicos y que también intervienen la educación en higiene, el fortalecimiento de prácticas de cuidado y el apoyo durante el embarazo, el posparto y la primera infancia.

Los datos del programa fueron comparados con indicadores internacionales incluidos en informes de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Según la iniciativa, esa referencia muestra que los resultados superan las expectativas de la tasa de reducción anual de desnutrición establecida en esos parámetros.

Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos, explicó el origen del proyecto en estos términos: “Desde hace muchos años Castillo Hermanos ha desarrollado iniciativas para reducir la desnutrición infantil en Guatemala, y también lo han hecho otros actores. Y, aun así, los índices de desnutrición no mejoraban significativamente. Decidimos plantearnos el reto de crear un programa que resolviera el problema de la desnutrición desde la raíz. Así nació Guatemaltecos por la Nutrición, un programa creado desde el corazón de Castillo Hermanos, de autoría 100% propia y financiamiento 100% propio”.

La empresa presentó la iniciativa como una apuesta privada replicable y auditable

Sinibaldi afirmó que la compañía adoptó un enfoque “holístico, replicable, sostenible y auditable”, con el objetivo de que el modelo pueda medirse, evaluarse y reproducirse en otros territorios. La empresa remarcó que no se trata de una alianza público-privada ni de un esquema de cooperación internacional, sino de una apuesta sostenida con capital propio.

Guillermo Castillo, director del grupo, indicó que la experiencia previa de la compañía en programas sociales fue un antecedente para esta intervención. Mencionó entre ellos el Programa de Recuperación Nutricional y el Programa de Alimentación Escolar, ejecutados a través de Fundación Castillo Córdova.

Castillo sostuvo que esos esfuerzos previos no alcanzaron la dimensión de Guatemaltecos por la Nutrición, al que definió como “el programa de atención a la desnutrición con mayor impacto”. La empresa añadió que, más de 140 años después de su fundación, mantiene una estrategia de inversión social enfocada en el desarrollo del país y el bienestar de las comunidades.

La iniciativa también recibió el reconocimiento “Bien Hecho 2025” en la categoría de Proyección Social, otorgado por Prensa Libre. Ese respaldo se sumó, según la presentación del programa, a los resultados verificados por la auditoría académica internacional.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó en el Congreso dos iniciativas de ley. La primera,busca prohibir la medida sustitutiva para quienes sean detenidos por portación ilegal de arma de fuego y la otra, para ampliar el uso del control telemático como mecanismo autónomo.

Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el objetivo es endurecer las acciones contra la criminalidad y optimizar los recursos del sistema penitenciario.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Congreso, el jefe de la cartera del Interior, explicó que la medida sustitutiva permitida en el artículo 264 del Código Procesal Penal perjudica la aplicación de la justicia.

“Hemos tenido la experiencia de que en muchos casos se ha capturado a sicarios que, lógicamente cargan un arma de fuego sin licencia, y (en los juzgados) se les otorga medida sustitutiva. Salen en libertad en 24 horas y al cabo de pocos días los volvemos a capturar en posesión de otra arma de fuego con la que pretenden cometer un hecho grave contra la vida", manifestó Villeda.

Villeda sostuvo que este patrón evidencia una presunción clara de intenciones delictivas entre quienes portan armas sin la debida autorización.

“Consideramos, desde el Ministerio de Gobernación, que esta no es una conducta defensiva. Quien porta un arma con intenciones defensivas la lleva debidamente registrada y con licencia otorgada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM). En cambio, quien porta un arma sin registro ni licencia suele pretender un acto delictivo de enorme gravedad”, afirmó el funcionario guatemalteco.

La reforma busca dotar a las autoridades de herramientas legales más eficaces para reducir los índices de violencia homicida en el país, dijo el ministro en un contexto donde Guatemala enfrenta altos niveles de criminalidad.

Segunda propuesta

En paralelo, la Cartera del Interior impulsó una segunda iniciativa para modificar el uso del control telemático. Actualmente, este mecanismo solo se utiliza para el monitoreo de arresto domiciliario, y no como una medida sustitutiva autónoma.

Según explicó Villeda, “el sistema tiene capacidad para monitorear a unas 3,200 personas simultáneamente, pero actualmente se utilizan solo entre 300 y 350. El control telemático está muy subutilizado”.

La propuesta plantea que los jueces puedan aplicar el control telemático como alternativa a la prisión preventiva, permitiendo a los procesados enfrentar la justicia en libertad bajo supervisión electrónica.

De acuerdo con el ministro, esto contribuiría a desahogar las cárceles y optimizar el seguimiento judicial de los casos. “La iniciativa permitiría que personas con auto de prisión preventiva enfrenten proceso fuera de la cárcel, siempre bajo vigilancia de la Unidad de Control Telemático”, precisó el funcionario.

El planteamiento fue presentado formalmente ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República para que sean estudiadas y analizadas por los diputados para su eventual aprobación.

Según datos oficiales, la reforma al artículo 264 del Código Procesal Penal representa una herramienta clave en la lucha contra los grupos criminales, mientras que la expansión del control telemático responde a la necesidad de aprovechar plenamente la infraestructura tecnológica existente.

Guatemalteco es arrestado en EE. UU. acusado de exhibicionismo y violación sexual en Massachusetts

Rocael Ordóñez Cruz, de 23 años, se encuentra bajo custodia federal de inmigración luego de ser detenido en Estados Unidos tras afrontar "gravísimos" cargos por delitos sexuales.

El guatemalteco fue arrestado por autoridades federales de inmigración en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, tras haber sido procesado por múltiples cargos locales relacionados con agresiones sexuales y exhibicionismo indecente en el condado de Middlesex.

El imputado fue identificado como Rocael Ordóñez Cruz, de 23 años de edad. De acuerdo con los informes oficiales emitidos por la Oficina de Detención y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Boston, la detención federal el arresto en la cárcel del condado de Middlesex tras su liberación de la custodia estatal.

Los agentes del ICE le entregaron a Ordonez-Cruz una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia. Permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del resultado de su proceso de deportación.

El operativo federal se coordinó inmediatamente después de que se tuvo conocimiento de la liberación de Ordóñez Cruz tras responder a los cargos penales iniciados por la policía local.

El historial y la intervención policial local

Los hechos penales se remontan al pasado 25 de junio, fecha en la que oficiales del Departamento de Policía de Arlington, Massachusetts, procedieron al arresto inicial del joven guatemalteco. Las autoridades locales le formularon severas acusaciones judiciales que incluyen:

• Agresión con intención de cometer violación
• Violación sexual
• Agresión e intento indecente a una persona de 14 años
• Exhibicionismo o exposición indecente

Según los registros migratorios presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., Ordóñez Cruz había ingresado de manera irregular al territorio estadounidense en una fecha y lugar no determinados, sin haber sido inspeccionado, admitido ni contar con un permiso de permanencia otorgado por un oficial de inmigración autorizado.

Postura de las autoridades de inmigración

El director interino de la oficina de ERO Boston, David Wesling, destacó la relevancia de la captura en términos de seguridad pública para las comunidades del noreste estadounidense.

“Rocael Ordóñez Cruz no solo ha mostrado un flagrante desprecio por nuestras leyes al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y presuntamente agredir sexualmente a nuestros residentes, sino que también ha demostrado ser una amenaza para nuestros vecindarios", declaró el funcionario federal.

Agregó: “El arresto de este presunto delincuente sexual demuestra la dedicación de nuestros agentes para mantener la seguridad de las comunidades de Nueva Inglaterra”.

Proceso de deportación en curso

Tras tomar la custodia del guatemalteco, los agentes de ICE le notificaron formalmente una orden de comparecencia ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia de EE. UU..

Acto seguido, Ordóñez Cruz permanece bajo custodia cautelar de las autoridades migratorias, a la espera de que se resuelva el proceso de expulsión y deportación de Estados Unidos, para devolverlo a su lugar de origen, donde se hará conocimiento de los agravios cometidos.

El Congreso de Guatemala aprobó 14 decretos en el primer semestre de 2026, pero solo uno cumplió con los requisitos legales de estudios técnicos, documentos de justificación y análisis financieros, una señal de que el aumento de la actividad legislativa no se tradujo en mejor calidad normativa, según el informe presentado este 30 de julio por la Alianza por un Congreso Eficiente.

El reporte también registró un deterioro en controles clave: la asistencia al pleno cayó a 76% y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en la web del Legislativo bajó a 88%, el nivel más bajo de la actual legislatura.

La alianza está integrada por Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida–Fíjate Bien y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Entre enero y mayo, las sesiones plenarias pasaron de 21 a 35 frente al mismo periodo de 2025, las iniciativas presentadas subieron de 62 a 86 y los decretos aprobados crecieron de cuatro a 14.

María Isabel Bonilla de Anzueto, investigadora asociada del CIEN, resumió el hallazgo central: “Solamente uno de 14 decretos emitidos cumplió con los requisitos de ley para su aprobación, y seis fueron aprobados bajo la figura de urgencia nacional”.

Esa figura permite omitir el dictamen de comisión y aprobar una norma en un solo debate. El mecanismo elimina el análisis técnico que exige la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

De los 14 decretos aprobados, 13 carecieron de estudios técnicos y 13 no incluyeron documentos de justificación. Otros siete tampoco presentaron estudios financieros, pese a que su contenido sí tenía impacto sobre las finanzas públicas, una omisión que deja sin respuesta documentada el origen de los recursos para aplicarlos.

La asistencia cayó y el registro no verifica quién permanece en la sesión

La asistencia al pleno descendió de 89% en 2024 a 76% en 2026. Fabiola Rodríguez, investigadora del CIEN, indicó que solo dos de los 160 diputados asistieron al 100% de las 35 sesiones celebradas entre el 14 de enero y el 15 de mayo.

Los distritos con mayor asistencia fueron Jalapa y Jutiapa. Los niveles más bajos correspondieron a Retalhuleu y Chiquimula.

El informe señaló además una falla en el sistema de control de asistencia: el mecanismo actual registra el ingreso del diputado, pero no confirma si permanece durante toda la sesión.

Eso permite que un legislador marque presencia al inicio y se retire minutos después sin que el registro oficial refleje la ausencia, con efectos sobre el quórum real y el avance de la agenda.

En las comisiones de trabajo, 13 de las 14 monitoreadas entre febrero y mayo cumplieron con el mínimo legal de dos sesiones mensuales. El problema, según el informe, es que el 72% de las 117 sesiones registradas, es decir 84, se realizó de forma consecutiva el mismo día.

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, explicó que esa práctica vacía el propósito de la norma, porque si las dos sesiones obligatorias ocurren una tras otra no existe margen para análisis, deliberación ni seguimiento de los asuntos tratados.

A eso se agregó que 17 de las 38 comisiones existentes no recibieron ninguna iniciativa de ley en el periodo, un dato que la alianza considera útil para revisar si la estructura actual responde a la carga legislativa real.

Las citaciones al Ejecutivo llegaron a 818 y el gasto siguió creciendo

En materia de fiscalización, entre enero y junio de 2026 se realizaron 818 citaciones a funcionarios del Organismo Ejecutivo, un promedio de 136 por mes, de acuerdo con Fernando Bon, director ejecutivo de la alianza. Los bloques UNE con 145 y VOS con 130 concentraron casi la mitad del total.

Hasta mayo, siete de los 14 ministros de Estado tenían una interpelación activa o pendiente de conocer. La organización advirtió que el uso excesivo de citaciones e interpelaciones puede convertirse en una forma de presión política y distraer a los funcionarios de sus responsabilidades.

El personal del Congreso pasó de 2.432 empleados en 2025 a 2.547 en el primer semestre de 2026. El renglón 022, destinado por ley a asesores temporales de diputados y bloques, acumuló un aumento del 93% entre 2016 y 2026.

La normativa permite un máximo de 576 empleados bajo ese renglón, pero los contratados superan los 1.100. De ellos, 580 estaban asignados a tareas administrativas, pese a que la ley no lo autoriza, con la mayor concentración en la Dirección Administrativa, que reunía 139 personas.

El presupuesto aprobado para 2026 fue de Q1.347,4 millones, un 8% menos que en 2025. A junio, la ejecución alcanzó Q530 millones, Q23,58 millones más que en el mismo periodo del año anterior, y el 65% del gasto total, equivalente a Q344,11 millones, correspondió a servicios personales.

El informe indicó también que la página web del Congreso cayó a 88% de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, diez puntos por debajo del 98% registrado en 2025. El retroceso se concentró en el artículo 10 de la ley y en la publicación de información sobre las comisiones de trabajo, cuyas agendas todavía no tienen un espacio específico en el portal institucional.

María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN, presentó siete recomendaciones. La alianza pidió orientar la producción legislativa a una agenda de país con objetivos claros, priorizar la calidad de iniciativas y dictámenes, evitar el uso injustificado de la urgencia nacional y de las enmiendas de curul, recuperar los niveles de asistencia, sancionar a diputados con presencia muy baja, impedir que las sesiones obligatorias de comisión se hagan de forma consecutiva, revisar la estructura de personal, vincular la gestión financiera a resultados y restablecer los niveles de transparencia alcanzados en años anteriores.

El Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo de Guatemala ordenó levantar el emplazamiento promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala contra el Ministerio de Educación, una decisión emitida este jueves 30 de julio de 2026 que despeja, por ahora, el obstáculo judicial que había interrumpido la negociación del pacto colectivo entre ambas partes.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Educación, el tribunal concluyó que el STEG acudió a la vía judicial sin haber agotado antes la negociación directa, un requisito legal indispensable para solicitar esa medida. Por esa razón, declaró improcedente el emplazamiento y ordenó dejarlo sin efecto.

La cartera sostuvo que mantuvo activa la mesa de diálogo durante más de 70 sesiones de negociación, pese a las medidas adoptadas por el sindicato durante ese período. El conflicto, según registros periodísticos citados en el texto fuente, se arrastra desde enero de 2026 y ha pasado por varias instancias laborales y constitucionales.

El emplazamiento es la actuación procesal por la que un juez notifica formalmente a la parte demandada sobre una acción legal, le entrega copia de la demanda y fija un plazo para responder. Ese acto abre de manera oficial el juicio, garantiza el derecho de defensa y somete al demandado a la jurisdicción del tribunal.

En este caso, la medida había frenado las discusiones sobre el pacto colectivo entre el ministerio y el gremio magisterial. El fallo reciente responde de forma directa al punto central de la disputa: para el juzgado, el sindicato no podía trasladar el conflicto a tribunales sin cerrar antes la etapa de trato directo.

El sindicato anunció apelaciones tras un nuevo revés judicial

El STEG, encabezado por Joviel Acevedo, rechazó la resolución y anunció que presentará recursos de apelación con el argumento de que el emplazamiento sigue vigente. Esa respuesta abre una nueva fase procesal en una controversia de varios meses, marcada por resoluciones desfavorables para la organización sindical.

El ministerio, dirigido por la ministra Anabella Giracca, interpretó la decisión como una confirmación de que su actuación se ha mantenido dentro de la legalidad durante todo el proceso de negociación. En su comunicado, la cartera reiteró su posición con una frase que resumió su postura frente al conflicto: “Los derechos laborales se respetan; el derecho a la educación no se negocia”.

Los antecedentes inmediatos muestran que no es la primera vez que un emplazamiento relacionado con esta disputa queda sin efecto. Según los registros periodísticos incorporados al texto fuente, en enero de 2026 un comité ad hoc vinculado a la dirigencia sindical promovió una primera acción de este tipo para resguardar derechos laborales y limitar despidos o destituciones dentro de la cartera educativa.

Esa primera medida fue revisada en abril de 2026 por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que la dejó sin efecto al establecer que no se había agotado previamente la vía directa de negociación. Después de ese revés, el sindicato impulsó un nuevo emplazamiento ya bajo su propio nombre, con lo que dio por terminada la etapa de diálogo directo y trasladó de nuevo la disputa a tribunales.

La Corte de Constitucionalidad ya había invalidado parte del pacto colectivo

El trasfondo del litigio también incluye una resolución de la Corte de Constitucionalidad emitida en junio de 2026, que declaró inconstitucionales varias disposiciones del pacto colectivo vigente entre el Mineduc y el sindicato. Entre los puntos cuestionados figuraban facultades que el gremio ejercía en la aprobación de programas de capacitación docente, la intervención en procesos administrativos del ministerio y la supervisión de programas educativos financiados por el Estado.

La CC determinó que esas atribuciones implicaban una transferencia indebida de funciones estatales al sindicato. Ese fallo añadió un componente institucional al conflicto laboral y reforzó el debate sobre los límites de la participación gremial en decisiones propias de la administración pública.

En el mismo período, la Procuraduría General de la Nación informó que la CC confirmó la certificación de lo conducente al Ministerio Público contra el Comité Ejecutivo Nacional y dirigentes del STEG. La medida se relacionó con el incumplimiento de una orden judicial que prohibía la suspensión indebida de clases en centros educativos públicos del país.

Con la resolución del juzgado laboral, el ministerio afirmó que continuará con su política de rescate de la educación en Guatemala. El sindicato deberá tramitar ahora sus apelaciones ante la instancia correspondiente, que definirá si el emplazamiento puede ser reinstaurado o si la negociación colectiva vuelve a la vía directa.

Las autoridades indígenas y ancestrales que observaron las elecciones de segundo grado de 2026 en Guatemala concluyeron que el sistema de comisiones de postulación “ya no funciona”, denunciaron que la justicia y el sistema electoral siguen bajo control de redes de corrupción y advirtieron que esa configuración puede afectar la credibilidad institucional de cara a las elecciones generales de 2027.

En su conferencia de prensa, las organizaciones participantes también pidieron mantener la vigilancia ciudadana sobre los funcionarios recién electos y reclamaron la presencia anticipada de misiones internacionales de observación para el próximo proceso general. Su advertencia se apoyó en lo que describieron como un ciclo de exclusión política de los pueblos indígenas y de opacidad en las designaciones de magistrados y otras autoridades.

Entre las entidades que integraron el proceso de observación estuvieron los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, la Junta Directiva K’iche’ de las 19 aldeas de Santa María Chiquimula, las Autoridades Ancestrales de la Región Ixil, autoridades del pueblo Tz’utujil, el Consejo de Ancianos de Panajachel y autoridades kaqchikeles de Santiago Sacatepéquez.

Las autoridades indígenas sostienen que las comisiones de postulación fueron capturadas

Vivian Nasburt, del Consejo de Autoridades Ancestrales de Santiago Sacatepéquez, explicó que la observación fue acordada en asamblea del POPWIXI en junio de 2025 y dio continuidad a acciones impulsadas desde 2023 y 2024 para vigilar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y fiscal general.

Nasburt dijo que las autoridades no participaron “para ser simples espectadores”, sino para exigir transparencia y la designación de funcionarios idóneos. Según relató, asistieron presencialmente a reuniones, solicitaron audiencias con comisiones de postulación, presentaron planteamientos sobre derechos de los pueblos indígenas y promovieron impugnaciones contra aspirantes.

La principal conclusión del bloque indígena fue que el mecanismo de comisiones de postulación “se ha pervertido” y hoy sirve, a su juicio, para que élites hegemónicas y redes de corrupción cooptaran y controlaran tanto el sistema de justicia como el electoral. Añadieron que ese mecanismo sigue siendo excluyente y no garantiza participación ni representación de los pueblos indígenas.

Denuncian opacidad en el Congreso, la Corte Suprema y la Universidad de San Carlos

Las autoridades afirmaron que en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad no hubo transparencia ni espacios suficientes de observación y participación para ciudadanía, medios de comunicación y autoridades indígenas. Señalaron al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala por cerrar esos espacios.

En su balance, las organizaciones también expresaron preocupación por la forma en que quedó integrada la corte. Aseguraron que el llamado pacto de corruptos reeligió a cuatro magistrados cuestionados de la magistratura anterior: tres titulares y un suplente.

Las organizaciones también mencionaron señalamientos de diputados sobre presunta injerencia extranjera en la reelección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Indicaron que hubo cuestionamientos públicos sobre presiones externas durante ese proceso.

Las recomendaciones apuntan a reformas legales y vigilancia sobre 2027

Eduardo Tache, de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, presentó las recomendaciones finales dirigidas al Estado, a los funcionarios electos, a la población y a la comunidad internacional. La primera fue abrir un debate nacional amplio y participativo, con inclusión de pueblos indígenas, para formular reformas constitucionales vinculadas con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la fiscal general.

También pidieron reformar la ley de comisiones de postulación para fijar perfiles de aspirantes, procedimientos de calificación, mecanismos para valorar objeciones, sistemas de evaluación de candidatos y reglas que favorezcan participación indígena, participación ciudadana, objetividad, transparencia y rendición de cuentas.

Una tercera propuesta apuntó a modificar la ley de universidades privadas para impedir que participen en las comisiones de postulación universidades “fantasma o de cartón” y para exigir que sus representantes cumplan requisitos éticos y profesionales. Las autoridades reclamaron, además, procedimientos para evaluar objeciones sobre esa participación.

A los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les exigieron recuperar la credibilidad del órgano y garantizar elecciones libres y transparentes sin injerencia externa. A la fiscal general y jefa del Ministerio Público le reclamaron objetividad, imparcialidad e independencia, además del fin de la criminalización con motivos políticos contra líderes indígenas, en especial autoridades comunitarias, por defensa del territorio y aplicación de la justicia indígena.

Las autoridades llamaron a la población a seguir de cerca las elecciones de segundo grado y a tomar con seriedad el proceso general de 2027, al recordar que el presidente de la República y los diputados del Congreso eligen a magistrados de otros organismos del Estado, en especial del sector justicia. También pidieron vigilar y exigir la democratización del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, al considerar que ese espacio incide en comisiones de postulación y en la designación de otros funcionarios públicos.

Converciencia 2026 comenzó en Guatemala como un encuentro de tres días que reunió a científicos guatemaltecos del país y del extranjero para intercambiar conocimientos, proponer soluciones a desafíos nacionales y reforzar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas para el desarrollo.

La actividad celebra su 21 edición. Según Diario de Centro América, el programa busca abrir un espacio de diálogo sobre asuntos vinculados con el desarrollo nacional y sobre las oportunidades que ofrece la ciencia para responder a los problemas que enfrenta el país.

El encuentro convoca a especialistas que desarrollan su trabajo dentro y fuera de Guatemala. Esa articulación entre trayectorias locales y la comunidad científica en el exterior aparece como uno de los ejes centrales de la cita.

El encuentro busca conectar a investigadores, instituciones y sociedad

Ottoniel Monterroso, subsecretario Nacional de Ciencia y Tecnología, definió a Converciencia 2026 como una plataforma para vincular a investigadores, instituciones y sociedad guatemalteca. En ese marco, sostuvo: “El objetivo general de esta actividad es que se pueda difundir el conocimiento científico para que contribuya a la solución de los principales problemas que afronta el país”.

Monterroso añadió que el espacio también permite reconectar el talento local con la diáspora científica residente fuera del territorio nacional. A la vez, ofrece una vitrina para conocer los avances de los profesionales guatemaltecos que desarrollan su trabajo en el extranjero.

Ese punto responde al núcleo del encuentro: Converciencia 2026 fue planteado como un mecanismo para poner en circulación conocimiento, experiencias y propuestas que puedan traducirse en respuestas para distintas áreas del país. La lógica del evento no se limita a la exposición académica, sino que apunta a relacionar la producción científica con necesidades concretas de Guatemala.

La Red CTI plantea decisiones basadas en evidencia científica

Rodrigo Vargas, coordinador nacional de la Red CTI, explicó que la reunión crea un espacio de encuentro entre investigadores para abordar asuntos de interés nacional. En sus palabras: “La gran oportunidad es entrar en un foro donde puedan dialogar sobre temas que son relevantes para el bienestar nacional”.

Vargas señaló además que el encuentro busca apoyar al sistema mediante el intercambio entre investigadores. Ese intercambio, indicó, debe servir para discutir las decisiones que Guatemala necesita tomar con base en evidencia científica.

La referencia a decisiones sustentadas en ciencia sitúa al evento en un plano más amplio que el del intercambio profesional. Según la publicación, la intención es que la conversación entre especialistas pueda aportar insumos para orientar respuestas en temas estratégicos para el país.

Converciencia también apunta a inspirar a niñez y juventud

Kleinsy Bonilla, coordinadora internacional de la Red CTI, afirmó que Converciencia permite fortalecer los vínculos entre la comunidad científica guatemalteca y convertir ese intercambio en oportunidades para el país. “Converciencia procura ser un encuentro para intercambios, para colaboraciones, pero que también inspire a la niñez y juventud para que dimensionen qué carreras existen”, dijo al medio.

Bonilla agregó que promover este tipo de espacios es fundamental para despertar el interés por la ciencia. Su planteo enlaza la cooperación entre investigadores con un objetivo de más largo plazo: que Guatemala cuente con más científicos capaces de aportar al desarrollo nacional.

Ese componente formativo amplía el alcance de la actividad. Además de reunir a expertos para debatir sobre innovación y desarrollo, el encuentro busca mostrar a nuevas generaciones las rutas profesionales vinculadas con la ciencia y la tecnología.

Converciencia 2026 se presenta así como un foro que combina diálogo entre especialistas, conexión con la diáspora científica y difusión del conocimiento ante la sociedad. De acuerdo con Diario de Centro América, el objetivo final es que ese intercambio contribuya a enfrentar los principales problemas del país y a fortalecer las capacidades científicas de Guatemala.

Tres hombres murieron en Parramos, Chimaltenango, durante la madrugada de este jueves 30 de julio, cuando hombres armados irrumpieron en un velorio en el cantón La Libertad y abrieron fuego contra quienes participaban en las honras fúnebres de una persona asesinada el día anterior.

Dos de las víctimas ya habían muerto cuando llegaron los socorristas, mientras que la tercera fue estabilizada y trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Chimaltenango, donde falleció minutos después. Entre los muertos hay un adolescente de 14 años.

Según los Bomberos Voluntarios de Parramos, el ataque ocurrió en la 3.ª avenida del cantón La Libertad. Vecinos alertaron sobre varias personas heridas por proyectil de arma de fuego y, tras la llamada, los paramédicos se movilizaron al lugar.

Víctor Gómez, portavoz de los bomberos, explicó que al evaluar a las víctimas confirmaron que dos no presentaban signos vitales y que la tercera murió al ingresar al centro asistencial. Los cuerpos quedaron tendidos en la calle, de acuerdo con el reporte difundido por la institución.

El ataque ocurrió durante el funeral de un hombre asesinado un día antes

De acuerdo con la información preliminar citada por Prensa Libre, en la vivienda se realizaba el funeral de Jaime Antonio Morales Pérez, quien había sido asesinado el martes 28 de julio en el cantón La Unión, del mismo municipio.

Otra versión incluida en el texto fuente señala que el velatorio correspondía a una persona ultimada el día anterior. En ambos reportes, el punto coincidente es que el ataque armado se produjo mientras familiares, amigos y vecinos participaban en las honras fúnebres.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Sabino Pérez, de 20 años; Juan Gabriel Jauría Dávila, de 14; y Luis Antonio Morales Pérez, de 29. En una primera identificación brindada por familiares y recogida por los bomberos, uno de los fallecidos había sido señalado como Luis Antonio Morales, de 29 años.

Bomberos Voluntarios de Parramos y de San Andrés Itzapa acudieron a la emergencia y localizaron a los tres hombres heridos. El tercer afectado había sido trasladado todavía con vida, pero la gravedad de las lesiones impidió que sobreviviera.

La PNC y el MP investigan el móvil del triple crimen

La Policía Nacional Civil informó que ya inició las investigaciones para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas.

Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público acordonaron el área para procesar la escena y recabar indicios. Según el diario, el caso permanece bajo investigación y no se ha informado qué motivó el ataque armado en el velorio.

El Gobierno de Guatemala reorientará la estrategia de seguridad tras una jornada con 24 homicidios

Guatemala reorientará su estrategia de seguridad tras los hechos violentos del fin de semana, el sábado registro 24 homicidios, la cifra diaria más alta de 2026, y después de tres masacres en Villa Canales, San José Acatempa y San Benito, Petén, un repunte que llevó al Ministerio de Gobernación a revisar sus operativos con el Ejército, impulsar una reforma legal sobre portación ilegal de armas y acelerar acciones dentro de las cárceles, así como la investigación de un grupo de limpieza social.

El anuncio se hizo este lunes 27 de julio en la primera conferencia mensual del Ministerio de Gobernación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. El ministro Marco Antonio Villeda Sandoval informó además que entre enero y julio las fuerzas de seguridad impactaron a 53 estructuras criminales, realizaron 522 allanamientos y capturaron a 292 personas.

Ese mismo balance incluyó otro dato que marcó el contexto del mensaje oficial: 20 agentes de la PNC murieron en cumplimiento del deber durante el año. El caso más reciente fue el del agente Byron Aníbal Mejía Montenegro, fallecido la noche del domingo 26 de julio en Amatitlán cuando respondió junto a un compañero a un llamado de auxilio y ambos fueron recibidos a balazos.

El repunte del sábado obligó a revisar los despliegues conjuntos

Villeda Sandoval sostuvo que los repuntes de violencia detectados en días específicos de mayo y junio ya habían activado alertas, pero que lo ocurrido el sábado obliga a un ajuste inmediato. “Hace que replanteemos la estrategia de seguridad, que analicemos los operativos que estamos realizando con el ejército para que los focalicemos en ciertas áreas donde se está generando esta violencia”, dijo.

El ministro anunció una reunión ese mismo día con el ministro de Defensa para reforzar los operativos conjuntos. También descartó cambios en la cúpula policial y atribuyó parte del problema al desplazamiento de la violencia hacia zonas con menor presencia de agentes por efecto de los planes Centinela Escuintla y Centinela Metropolitano.

El funcionario añadió que una parte de los homicidios ocurre dentro de viviendas, donde la policía no puede entrar sin orden judicial o flagrancia. Esa limitación, explicó, reduce la capacidad de prevenir ataques cuando los hechos se producen en espacios privados.

La CIDH presentó ante la Corte IDH el caso de los hermanos Caxaj Rodríguez contra Guatemala por la desaparición forzada de Marco Antonio en 1982, la ejecución extrajudicial de Carlos Leonel en 1985 y la falta de esclarecimiento judicial, con un pedido de reparaciones que incluye compensación económica, atención en salud para los familiares y el impulso de las investigaciones penales.

La presentación fue realizada el 2 de febrero de 2026 y corresponde al Caso Nº 14.317, según un comunicado publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sitio web. El expediente había llegado al sistema interamericano el 10 de enero de 2014.

La Comisión pidió además que se investigue el destino o paradero de Marco Antonio y que, si corresponde, sus restos sean identificados y entregados a la familia.

También reclamó medidas administrativas, disciplinarias o penales por acciones y omisiones estatales que, a su juicio, contribuyeron a la denegación de justicia, la impunidad o la obstaculización de los procesos.

La Comisión atribuyó al Estado la desaparición y la ejecución

De acuerdo con los antecedentes del caso, Marco Antonio Caxaj Rodríguez estudiaba Agronomía y trabajaba como técnico de suelos en DIGESA. Los peticionarios sostuvieron que, hacia fines de 1981, dirigía alrededor de 60 micro organizaciones revolucionarias en Chimaltenango y Sacatepéquez.

El 29 de diciembre de 1982, hombres armados ingresaron a DIGESA, preguntaron por él y se lo llevaron por la fuerza. Desde entonces se desconoce su paradero.

Tras esa desaparición, su hermano Carlos Leonel inició una búsqueda activa. El 29 de julio de 1985, cuando regresaba de su trabajo, fue interceptado por hombres armados cerca de su residencia y ejecutado.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico identificó el caso de Marco Antonio como una desaparición forzada atribuida al Ejército. En el caso de Carlos Leonel, lo calificó como una ejecución arbitraria atribuida a otras fuerzas de seguridad.

En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 35/23, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró acreditado que Marco Antonio fue detenido por agentes estatales o por particulares que actuaron con su aquiescencia. En el mismo documento concluyó que Carlos Leonel fue ejecutado extrajudicialmente en condiciones similares.

El informe señaló impunidad y falta de búsqueda efectiva

Según ese informe, las investigaciones no fueron asumidas como un deber propio del Estado ni orientadas de manera eficaz a esclarecer lo ocurrido, identificar responsables y sancionarlos. La publicación agregó que la CIDH observó ausencia de búsqueda del cuerpo de Marco Antonio, falta de avances sustantivos e impunidad constitutiva de denegación de justicia.

Respecto de Marco Antonio, la Comisión determinó la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal y la libertad personal, previstos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. También señaló la violación de los artículos I y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En el caso de Carlos Leonel, concluyó la violación de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal, establecidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, también en relación con el artículo 1.1. La CIDH estableció además vulneraciones a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, la protección judicial y los derechos de la niñez, contemplados en los artículos 5, 8, 17, 25 y 19, según correspondiera, en perjuicio de ambos hermanos y de sus familiares.

Entre las reparaciones solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos figuran una reparación integral por los daños materiales e inmateriales, incluida compensación económica y medidas de satisfacción, y atención en salud física y mental para los familiares, si así lo desean y de manera concertada.

La Comisión también pidió que continúen de inmediato, con diligencia y de forma efectiva, las investigaciones penales por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. A eso sumó un pedido de medidas de no repetición para fortalecer la capacidad del Poder Judicial de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y sancionar a los responsables.

Guatemala identificó 1,276 posibles víctimas de trata de personas entre 2025 y el primer cuatrimestre de 2026, y los adolescentes de 13 a 17 años siguieron como el grupo más afectado, con más del 68% de los casos atendidos en albergues especializados, según el informe anual presentado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

El mismo reporte sitúa a la explotación sexual y a la explotación laboral como las modalidades de mayor incidencia en el país.

Las acciones de prevención alcanzaron a más de 1,065,000 personas en todo el territorio a través de campañas como “Redes que Protegen” y “Tarjeta Roja a la Trata de Personas”. Las estrategias se dirigieron de forma diferenciada a niñez, adolescencia, mujeres, población indígena, migrantes y personas con discapacidad.

Del total de posibles víctimas identificadas en el periodo, 788 eran mujeres y 451 hombres. En la atención ambulatoria, el 61% de las víctimas fueron mujeres y el 39% hombres.

Según Danissa Ramírez, secretaria ejecutiva de la SVET, “las estructuras criminales continúan enfocando sus estrategias de captación en la niñez y la adolescencia, por lo que la prevención y la denuncia siguen siendo fundamentales”.

Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Escuintla y Alta Verapaz concentran la mayor incidencia reportada.

La mayoría de las víctimas atendidas en albergues eran adolescentes de 13 a 17 años

El informe de la SVET también describe un patrón de vulnerabilidad asociado al nivel educativo. Entre los casos atendidos de forma ambulatoria, el 57% de las víctimas tenía educación primaria y el 29% nivel básico.

Ese perfil se combina con las modalidades del delito registradas con mayor frecuencia: explotación sexual, explotación laboral, matrimonio forzado, pornografía y reclutamiento de menores para grupos delictivos. El documento vincula esos niveles de escolaridad con una mayor exposición al reclutamiento.

En el frente judicial, la Fiscalía contra la Trata de Personas registró 616 acusaciones y 32 investigaciones en curso durante el periodo reportado. Las autoridades identificaron y desarticularon 24 estructuras criminales y realizaron 21 allanamientos.

Los órganos jurisdiccionales especializados emitieron 36 sentencias. De ese total, 24 fueron condenatorias y 10 absolutorias, con sanciones que incluyeron reparación digna, tratamiento psicológico, becas educativas y disculpas públicas para las víctimas.

En 2024 hubo 1.316 denuncias y la explotación sexual concentró la mayor parte de los casos

La dimensión más reciente del problema se apoya en la base documentada por el Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2024-2025, que consignó para 2024 un total de 1,316 denuncias recibidas por el Ministerio Público: 1,292 por el delito principal y 24 por remuneración asociada. La Fiscalía contra la Trata de Personas procesó 765 casos en investigación e identificó a 373 personas involucradas.

Dentro de esos expedientes, la explotación sexual concentró 543 casos, con 204 personas sindicadas. La explotación laboral y el trabajo forzado sumaron 150 casos.

Durante 2024, el 72.86% de las víctimas detectadas e identificadas fueron mujeres y el 24,52% hombres. El grupo de 13 a 17 años representó el 64.29% del total, con 270 adolescentes, y en los albergues especializados esa proporción subió al 65.64%.

La explotación sexual también encabezó los casos en esos centros, con el 50,26%, seguida por la explotación laboral con el 32.82% y el reclutamiento de menores para grupos delictivos con el 8.72%. En ese universo, el 97,95% de las víctimas eran guatemaltecas, el 76,41% mestizas y el 21,54% de etnia maya.

El reporte agrega que el 55,90% de las víctimas en albergues tenía escolaridad primaria y el 20.51% no contaba con ningún grado de educación formal. La Procuraduría General de la Nación atendió 824 denuncias asociadas a posibles casos de trata en 2024, y la ciudad de Guatemala concentró 390.

Los mecanismos de denuncia anónima operados por la Policía Nacional Civil junto con Crime Stoppers, a través del call center 1561, WhatsApp y la plataforma tupista.gt, generaron 267 investigaciones entre enero y diciembre de 2024 y otras 113 entre enero y mayo de 2025. El acumulado llegó así a 380 investigaciones.

De esas denuncias se derivaron rescates de 69 niños, niñas y adolescentes. El 60% de las víctimas rescatadas fueron mujeres y el 40% hombres, mientras que los departamentos con más rescates fueron Petén, Chiquimula y Zacapa, además de la capital, con 26 capturas de tratantes en ese periodo.

En el plano legislativo, el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 3-2025, impulsado por la vicepresidenta Karin Herrera, para reformar la Ley del Régimen Penitenciario y el Código Penal con el fin de prevenir el ingreso de menores a centros de detención con fines de explotación.

La Corte Suprema de Justicia inauguró en marzo de 2025 el Juzgado de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia Penal con competencia especializada en trata de personas en el departamento de Izabal, creados mediante el Acuerdo No. 55-2024.

La articulación regional incluyó la participación de Guatemala en la Octava Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de Estados Americanos y en la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. El informe cerró con recomendaciones para profundizar la prevención diferenciada, fortalecer la persecución penal proactiva y consolidar los mecanismos de reparación digna para las víctimas.

Guatemala, 28 y 29 de agosto de 2026, APEX, congreso, inmigración: esas son las claves del Primer Congreso Internacional de Inmigración y Extranjería, una cita que se realizará en la Ciudad de Guatemala para responder al aumento sostenido de la demanda de asesoría migratoria en el país y en América Latina.

El encuentro reunirá a siete expositores nacionales e internacionales para desarrollar un programa centrado en visas, residencia, asilo y nacionalidad.

La actividad tendrá un aforo máximo de 250 personas y se hará en el Hotel Westin Camino Real, en la zona 10 de la capital guatemalteca. Está dirigida a abogados, profesionales del área, estudiantes y público en general.

La entrada costará USD 150 por persona, sin distinción entre perfiles de asistentes. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma viveloonline.com.

El congreso reunirá dos jornadas sobre visas, asilo, residencia y nacionalidad

El programa se extenderá durante dos días. La primera jornada será el jueves 28 de agosto, de 8:00 a 17:00, y la segunda el viernes 29 en el mismo horario.

Al cierre de la última jornada habrá una ceremonia de entrega de diplomas. Después se realizará una cena y una fiesta de clausura entre las 18:00 y las 23:00.

La Asociación de Profesionales Expertos en Asuntos de Extranjería impulsó el congreso como parte de su objetivo de crear un espacio formal de capacitación, actualización y respaldo para quienes trabajan en el ámbito de la extranjería. La organización surgió para atender un sector que durante años careció de estructuras institucionales de acompañamiento.

La entidad tiene sede física en la Ciudad de Guatemala y también cuenta con una plataforma digital de formación en línea. Ese doble formato forma parte de la oferta con la que busca atender a profesionales vinculados con los procesos migratorios.

Siete especialistas abordarán rutas legales hacia Estados Unidos, España y sistemas de protección internacional

Entre los expositores confirmados está Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración especializada en visas de empleo y talento para Estados Unidos. Su intervención se centrará en las categorías EB1A, H1B y PERM, además de las oportunidades para personas que buscan trabajar, invertir o ampliar proyectos en ese país.

También participará Lucía Damerau, directora de Servicios Legales de Inmigración, con una ponencia sobre remedios humanitarios. Su presentación incluirá la Visa U para víctimas de delitos, la Visa T para víctimas de trata de personas y las protecciones previstas en la Ley VAWA para víctimas de violencia doméstica.

David Baluarte, vicedecano académico y profesor de Derechos Humanos y protección de refugiados, explicará los mecanismos de asilo y refugio. Su exposición abarcará los beneficios de esas figuras y el procedimiento para solicitarlas.

La agenda incluye además a Karen Ortiz, abogada de extranjería y nacionalidad española. Ortiz desarrollará las tres vías para obtener la nacionalidad española: por residencia, por opción y por origen, junto con las opciones de visas disponibles para ese país.

Claudia Valenzuela, ministra consejera y asesora legal ante la ONU, tratará el proceso consular y el ajuste de estatus en peticiones familiares para la residencia permanente en Estados Unidos. Fernanda Lurssen abordará las visas de no inmigrante, en particular la B1/B2 de turismo y la F1 de estudiante.

El programa suma un séptimo expositor invitado especial que todavía no fue confirmado. Para consultas sobre inscripciones y detalles del evento, la asociación habilitó el número 3099-8381.

Quienes quieran conocer más sobre APEX o sobre el congreso pueden ingresar a apexinmigracion.com o escribir al correo informacion@apex-gt.net.

El Instituto Guatemalteco de Migración mantiene activos 71 reportes de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en lo que va de 2026, un dato que expone la continuidad de una crisis marcada por las rutas hacia México y Estados Unidos y que llevó al organismo a reforzar su mecanismo de localización y coordinación interinstitucional.

La dimensión del problema también se mide en el cierre del año anterior: 2025 terminó con 136 denuncias por migrantes desaparecidos, un alza de 15.25% frente a las 118 registradas en 2024, de acuerdo con el IGM. Entre ambos años, la institución dio seguimiento a 150 reportes y localizó a 52 personas; tres de ellas habían fallecido en 2024 y nueve en 2025.

El dato central es que Guatemala ya acumula decenas de búsquedas abiertas apenas transcurridos los primeros meses de 2026. El mecanismo activado por el IGM se aplica a personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración y articula tareas de búsqueda, localización e identificación.

A mediados de julio de 2025, el entonces director del IGM Danilo Rivera había informado que el organismo contabilizaba 70 reportes ese año. De esos casos, 40 correspondían a guatemaltecos que dieron señales de vida por última vez en territorio mexicano, 24 en suelo estadounidense y seis dentro de Guatemala.

Los departamentos de Quiché, Guatemala y Huehuetenango concentraban la mayor parte de esos expedientes. Esa distribución territorial se repite en un fenómeno que afecta tanto a las comunidades de origen como a las familias que quedan sin información sobre el trayecto de sus parientes.

El protocolo se actualizó para coordinar búsqueda, identificación y atención familiar

Para responder a ese escenario, el IGM realizó el 21 de julio una jornada de capacitación dirigida a las instituciones que integran el Consejo de Atención y Protección.

La actividad se centró en la actualización del Protocolo Interinstitucional, que establece los procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de la coordinación entre las entidades encargadas de aplicarlo.

En un comunicado oficial, el organismo explicó: “El protocolo establece los procedimientos para la búsqueda, localización e identificación, así como la coordinación entre las instituciones responsables de su implementación”.

Durante esa jornada, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó, por medio de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, el trabajo que realizan los consulados guatemaltecos en el exterior para localizar a connacionales reportados como desaparecidos.

La cartera también detalló los mecanismos de intercambio de información con autoridades competentes y la coordinación de los procesos de repatriación cuando los casos lo requieren.

La capacitación incluyó además el componente de atención a los familiares. El IGM expuso su esquema de atención psicosocial para personas que buscan a un ser querido, mientras que el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala explicó los mecanismos de asistencia y acompañamiento institucional disponibles durante el proceso.

El instituto resumió el objetivo de ese refuerzo operativo en otra comunicación oficial: “El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional permite brindar una respuesta coordinada, oportuna y con enfoque humano a las personas migrantes desaparecidas y sus familias”.

La ruta entre México y Estados Unidos concentra la mayor letalidad del continente

La presión sobre estos mecanismos nacionales se entiende a la luz del contexto regional. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 más de 11,400 personas murieron o permanecen desaparecidas en las rutas migratorias de América, y la frontera entre México y Estados Unidos concentra el tramo más letal, con 6,655 casos registrados.

En ese corredor desaparecen, en promedio, tres personas de distintas nacionalidades cada 48 horas. El Equipo Argentino de Antropología Forense suma 2.529 reportes de migrantes no localizados en la ruta centroamericana hacia Estados Unidos desde 2010, de los cuales 84 corresponden a guatemaltecos identificados.

A escala nacional, la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala acumulaba 55 casos denunciados desde 1998, con una concentración marcada en el departamento de Quiché. El Ministerio de Relaciones Exteriores registraba hasta mayo de 2025 un total de 876 guatemaltecos desaparecidos en casi tres décadas de migración irregular.

El IGM habilitó para las familias el número 2411-2412, destinado a recibir reportes y orientar sobre los procesos de búsqueda.

Ronald Alexys Morales Guerra aceptó este miércoles ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, una decisión que lo convierte en el segundo de los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, en allanarse al proceso mientras sigue pendiente la situación de un tercer requerido por la misma causa.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal tiene programado para el 7 de agosto resolver el requerimiento de extradición de Héctor Rubén Morales Guerra, el tercero de los hermanos capturados. Carlos Obeniel Morales Guerra ya había aceptado el 29 de abril su envío a la justicia estadounidense.

La audiencia de Ronald Alexys Morales Guerra se celebró en ese mismo tribunal. Durante la diligencia, aceptó ser enviado a Estados Unidos para enfrentar el proceso abierto en su contra por una corte de ese país.

La abogada del sindicado informó antes de iniciar la audiencia que su defendido estaba dispuesto a allanarse al proceso y aceptar voluntariamente la extradición. El presidente del tribunal, César García, le preguntó si esa era su voluntad y si renunciaba a cualquier acción legal que pudiera impedirla.

Morales Guerra respondió que desistía de esos recursos porque no estaba de acuerdo con la actuación de su anterior abogado. Según el medio, esa defensa previa había promovido acciones para frenar el envío.

El tribunal ordenó iniciar las coordinaciones para la entrega

Tras verificar que no tiene procesos pendientes en Guatemala, el tribunal autorizó que se notifique a la cancillería guatemalteca para iniciar las coordinaciones con las autoridades de Estados Unidos y ejecutar la entrega, informó la publicación.

El caso responde a un requerimiento de la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, que señala a los tres hermanos por presunta conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que esa sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

El Ministerio Público informó que los tres fueron capturados el 20 de febrero en Petén, Guatemala. Ronald Alexys, Carlos Obeniel y Héctor Rubén Morales Guerra son hermanos del alcalde de Dolores, Francisco Morales Guerra.

Según la Fiscalía, una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica. Esa estructura era responsable del trasiego de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

La investigación ubica a los tres hermanos en la red desde 2006

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como integrantes de esa organización desde aproximadamente 2006 hasta por lo menos mayo de 2024. En ese período, habrían sido responsables de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades del tráfico de cocaína en Honduras, Guatemala y México.

Francisco Morales Guerra, alcalde de Dolores, fue electo por la alianza Valor-Unionista y que transita su primer período al frente de la municipalidad.

La misma publicación señaló que en las elecciones municipales de 2023 en Dolores participaron 22 candidatos y que Francisco Morales Guerra ganó con 23,67% de los votos.

Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala a las 00:58 de este jueves 30 de julio, con epicentro en Escuintla, en medio de una cadena sísmica que afecta al país desde hace varios días y sin reportes inmediatos de daños ni de personas heridas.

En lo que va de 2026, el país ya supera los 4,600 sismos registrados, de acuerdo con la información incluida en medios nacionales sobre la actividad reciente. En las últimas 24 horas también se procesaron decenas de microsismos y temblores menores de magnitud entre tres y cinco, en su mayoría no sensibles para la población.

Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el movimiento fue reportado a las 0:58 horas y tuvo su epicentro en el departamento de Escuintla, aunque fue más cercano a Mazatenango. El temblor fue sensible en casi todo el territorio nacional y despertó a gran parte de la población durante la madrugada.

El movimiento fue percibido en nueve departamentos

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el sismo fue sensible en Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Retalhuleu, Guatemala, Totonicapán y Sacatepéquez. Las autoridades mantienen el monitoreo a nivel nacional para determinar si el evento causó afectaciones.

La respuesta directa al hecho central es esta: el temblor ocurrió en la madrugada del jueves 30 de julio, alcanzó una magnitud de 5.9, tuvo su epicentro en Escuintla y, hasta ahora, no ha dejado daños reportados ni personas lesionadas.

El episodio se suma a la secuencia de alta actividad sísmica que atraviesa el país. El informe presentado por las autoridades correspondientes, ubica dentro de esa serie otro sismo de magnitud 6.2 ocurrido la noche del lunes 27 de julio en las costas del océano Pacífico, a las 23:35 horas, que provocó múltiples réplicas en los días posteriores.

Insivumeh y CONRED mantienen vigilancia por la cadena sísmica

Tanto Insivumeh como Conred sostienen un monitoreo constante por los eventos recientes. La cadena sísmica fue mencionada como el contexto inmediato del temblor de esta madrugada, cuyas alertas se activaron en distintas zonas del país.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades figuran mantener la calma y evitar salir corriendo durante el movimiento telúrico, preparar la Mochila de las 72 Horas con alimentos, agua, botiquín y documentos importantes, identificar rutas de evacuación seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo, y reportar emergencias a la línea 119 de la CONRED.

Durante un sismo, la entidad indicó mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si se requiere evacuar, señaló que debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos especiales.

Las bombas se encontraban en una bodega situada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, dentro del condominio Las Maravillas, y se logró su detección tras una alerta ciudadana.

Según informó la Policía Nacional Civil, los dispositivos se encontraban en siete cajas metálicas que ingresaron al país como encomienda y estaban clasificadas como “repuestos de vehículos”.

No obstante, al efectuar la revisión se percataron que violaron la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas identificada como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S), lo que implica que corresponden a artículos explosivos para usos técnicos y profesionales.

Hallazgo y procedimientos

La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) intervino en la inspección y después de localizar los artefactos, el área fue acordonada por los especialistas.

En el lugar se aplicaron los protocolos de seguridad para el resguardo y análisis de los explosivos y se verificó que cada caja y artefacto cumpliera con el tratamiento adecuado, en concordancia con la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas.

Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino de los artículos incautados, según confirmaron fuentes oficiales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

¿Qué es el código UN0432?

El código UN0432 corresponde, bajo la normativa internacional, a los “artículos pirotécnicos para fines técnicos”. Estos dispositivos se utilizan en sectores industriales, aeronáuticos, automotrices y de rescate. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el código UN0432 designa productos como cortadores de cables por detonación controlada, iniciadores pirotécnicos para sistemas de extinción de incendios y dispositivos mecánicos generadores de gas empleados en la industria.

A diferencia de los fuegos artificiales de uso recreativo, los productos con el código UN0432 cumplen funciones técnicas y operativas en contextos especializados. La PNC indicó que estos insumos no presentan un riesgo de explosión masiva, ya que pertenecen a la División 1.4S (Clase 1 de Explosivos), donde cualquier detonación accidental se confina principalmente al interior del embalaje.

Riesgos y regulaciones internacionales

El comercio internacional de artículos peligrosos como los clasificados bajo el código UN0432 está regulado por acuerdos como el ADR (terrestre), el Código IMDG (marítimo) y las regulaciones de la IATA/OACI (aéreo). Para cumplir con estos estándares, los envíos deben contar con embalaje certificado, rotulado visible y declaración explícita en los manifiestos de carga.

El protocolo prohíbe estrictamente el uso de herramientas con chispa o el consumo de tabaco cerca de estos materiales durante su manipulación. Los especialistas de la DIDAE confirmaron que cada uno de los pasos del procedimiento fue ejecutado conforme a la normativa internacional vigente.

Investigación en curso

La Policía Nacional Civil mantiene la investigación para determinar si los explosivos tenían como destino el mercado nacional o internacional, por lo que coordinan con agencias internacionales para rastrear el posible origen de las cajas metálicas y establecer si existe vínculo con organizaciones dedicadas al tráfico de mercancías peligrosas.

También se buscará establecer a los responsables de la importación de los artefactos explosivos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV de 2026 en Guatemala, subrayando la resiliencia de la economía guatemalteca y los avances en la agenda de reformas.

Según informó el FMI, el país mantiene una inflación baja y estable, un nivel reducido de deuda pública y amplias reservas internacionales, lo que, sumado a una política económica prudente, otorga a Guatemala una posición favorable ante escenarios internacionales inciertos y riesgos económicos, comerciales y climáticos.

“Una gestión macroeconómica prudente ha sido fundamental para la resiliencia de Guatemala. Sus sólidos fundamentos —una inflación baja y estable, reservas fiscales y externas robustas y superávits por cuenta corriente— la colocan en una posición favorable para afrontar la persistente incertidumbre”, detallaron en el informe.

Avances en la agenda de reformas

El reporte del FMI destaca los progresos de la administración guatemalteca en materia de reformas estructurales.

Entre los principales logros, se mencionan la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la reforma del marco de alianzas público-privadas, la modernización de la administración tributaria y aduanera, y las mejoras en la gestión fiscal.

Además, se valoran la aprobación de la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y la adopción del Código de Ética junto con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032.

Según el informe, estos avances fortalecen la capacidad del país para responder a desafíos externos y consolidan la dirección de las políticas públicas. El FMI remarcó que la orientación de estas reformas cuenta con respaldo internacional y constituye un paso clave para consolidar la confianza en las instituciones guatemaltecas.

Desafíos estructurales y prioridades futuras

El documento señala que aún existen desafíos estructurales pendientes, los cuales están incorporados en la hoja de ruta gubernamental. Entre las prioridades figuran acelerar la inversión en infraestructura, mejorar la preparación y ejecución de proyectos, modernizar la contratación pública y fortalecer la movilización de ingresos.

“El potencial de crecimiento se ve limitado por la deficiente infraestructura pública y los indicadores sociales siguen siendo débiles. Si bien las remesas, aunque impulsan el consumo, complican la política monetaria y ejercen presión sobre la competitividad", indicó el ente internacional.

También se identifican como retos la necesidad de avanzar en gobernanza, formalización y clima de negocios. El Gobierno de Guatemala ratificó ante el FMI su compromiso de avanzar de manera ágil en estas áreas.

En materia fiscal, el organismo internacional enfatizó: “Los ingresos fiscales deberían aumentarse aún más, basándose en los recientes logros en la administración tributaria. Aumentar los ingresos por encima del 12 por ciento del PIB requiere evitar medidas que erosionen la base impositiva, limitar el arbitraje fiscal nacional y transfronterizo, y emprender reformas fiscales integrales”.

Evaluación y perspectivas

De acuerdo con el FMI, Guatemala cuenta hoy con una economía más robusta y mayor capacidad de respuesta frente a choques externos. El organismo internacional respalda la continuidad y profundización de la agenda de reformas, considerándola esencial para garantizar estabilidad y crecimiento a largo plazo.

El Gobierno de Guatemala reafirmó su determinación de sustentar este proceso, enfocado en construir un país más justo, fuerte y resiliente, con infraestructuras mejoradas, instituciones eficaces, mayores oportunidades y un crecimiento inclusivo para la población.

José Rubén Zamora cumplió cuatro años de detención en Guatemala y diversas misiones diplomáticas de la Coalición por la Libertad de Prensa Acreditadas en Guatemala reclamaron al Estado garantías para sus derechos y para la libertad de expresión, según un comunicado difundido por la Media Freedom Coalition.

En 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que el encarcelamiento de Zamora fue arbitrario y resultado directo de su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. El organismo exigió su puesta en libertad inmediata, pero el periodista permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la conclusión de su proceso judicial.

Las representaciones diplomáticas instaron al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un proceso judicial imparcial, transparente y conforme a las normas del derecho internacional.

El reclamo de las misiones diplomáticas

El comunicado afirmó: “una prensa independiente y crítica es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho”, y advirtió que numerosos periodistas en Guatemala padecen amenazas, acoso y agresiones físicas.

También pidió a todas las partes implicadas que adopten medidas efectivas para que periodistas puedan ejercer su labor sin intimidaciones ni injerencias indebidas.

El mensaje sobre el gobierno de Bernardo Arévalo

La Coalición por la Libertad de Prensa también reconoció el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y la preocupación expresada por el caso Zamora, y alentó a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“Celebramos el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y su preocupación expresada por el caso del Sr. Zamora, y animamos a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones y compromisos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, señaló el texto de la MFC.

El respaldo internacional al pronunciamiento

Las banderas de Australia, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, entre otras, acompañan el comunicado como muestra del respaldo internacional a la causa por la libertad de prensa en el país centroamericano.

Este 29 de julio la Sala Segunda de Apelaciones volvió a anular la condena impuesta en 2023 contra Zamora y ordenó repetir el juicio en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, una decisión que deja sin efecto ese fallo y obliga a reiniciar el debate desde cero, en cumplimiento de una orden previa de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados determinaron que el Tribunal Octavo de Sentencia no valoró de manera suficiente y coherente parte de la prueba presentada durante el debate. Por esa razón, consideraron que la resolución carecía de motivación adecuada para sostener tanto la condena por lavado de dinero como las absoluciones por otros delitos.

La resolución responde al mandato de la Cámara Penal de pronunciarse sobre todos los recursos de apelación presentados por las partes y de explicar de forma completa las razones de su decisión. Tras ese nuevo análisis, la Sala mantuvo su criterio de anular la condena y ordenar otro debate.

Desde el 1 de agosto de 2026, los pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora dejarán de quitarse los zapatos de forma obligatoria en los controles de seguridad, una modificación anunciada por la Dirección General de Aeronáutica Civil que busca acelerar el paso hacia las salas de abordaje sin cambiar los estándares nacionales e internacionales de revisión.

El nuevo protocolo permitirá ahorrar hasta 1 minuto con 30 segundos por viajero, de acuerdo con la DGAC, un ajuste pensado para reducir filas y dar más fluidez a los puntos de inspección del principal aeropuerto de Guatemala.

La eliminación del retiro obligatorio del calzado no será total. Algunos turistas todavía deberán quitárselo cuando sean seleccionados para inspecciones aleatorias, cuando los equipos emitan una alerta o cuando usen zapatos voluminosos.

La institución explicó en un comunicado, que la decisión se adoptó después de una evaluación de riesgos. El cambio, añadió la autoridad, permitirá hacer más ágil la inspección primaria sin suprimir controles complementarios.

El retiro del calzado seguirá en revisiones aleatorias o ante alertas

La DGAC precisó que solo un porcentaje de viajeros deberá retirarse los zapatos en circunstancias específicas. Entre ellas figuran las alertas detectadas por los equipos de inspección y el uso de calzado de gran volumen.

Las autoridades recomendaron presentarse con calzado cómodo y liviano para facilitar el proceso cuando se requiera una revisión adicional. La medida, sostuvo la entidad, busca una experiencia más ágil para el usuario sin relajar los mecanismos de control.

Aunque el retiro de zapatos dejará de ser un requisito general, continúan vigentes los filtros habituales antes de abordar un vuelo internacional en Guatemala. El equipaje de mano seguirá pasando por escáneres de rayos X, varios de ellos con inteligencia artificial para detectar objetos prohibidos o densidades sospechosas.

Los pasajeros también deberán cruzar escáneres corporales o detectores de metales para verificar que no lleven objetos ocultos. Además, seguirá siendo obligatorio sacar de los bolsos y colocar en las bandejas de inspección los artículos que exijan los protocolos de seguridad.

El cambio no modifica los controles migratorios ni las inspecciones antinarcóticas

La modificación responde de manera directa a la pregunta central de los viajeros: desde el 1 de agosto ya no tendrán que quitarse los zapatos de manera rutinaria al pasar por seguridad en AILA, pero sí podrían recibir esa instrucción si el sistema los selecciona, si aparece una alerta o si el tipo de calzado exige una comprobación adicional.

Después del filtro de seguridad, los controles obligatorios de salida del país se mantienen sin cambios. Uno de ellos es la revisión migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración, que verifica el pasaporte, la documentación de viaje y registra oficialmente la salida de Guatemala.

Algunos viajeros también podrán ser escogidos para una inspección aleatoria antinarcótica a cargo de agentes especializados de la Policía Nacional Civil. Esa revisión puede incluir la comprobación manual del equipaje de mano o el uso de unidades caninas antes del abordaje.

La DGAC afirmó que la modificación forma parte de las acciones para modernizar los servicios del principal aeropuerto del país. Según la entidad, ese proceso se apoya en los mecanismos ya implementados y en el fortalecimiento del personal, que ha recibido capacitaciones constantes.

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles 29 de julio una reforma a la ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que elimina ese tributo para las viviendas, pero mantiene el cobro para inmuebles comerciales, abriendo un nuevo frente por el impacto que puede tener en las finanzas municipales.

La votación salió adelante con 121 votos a favor, 25 en contra y 14 diputados ausentes. Ahora, el decreto será remitido al presidente Bernardo Arévalo quien deberá decidir si lo mantiene o lo veta.

La reforma suprime el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles para los bienes destinados a vivienda, de uso residencial y mixto. Para los inmuebles de uso comercial, la norma fija una tarifa diferenciada de 3, 6 y 9 por millar, de acuerdo con el valor inscrito del bien.

El pleno conoció la iniciativa mediante una moción privilegiada, pese a que la agenda de la sesión incluía más de 18 propuestas. Los diputados aprobaron primero las reformas en tercer debate y después discutieron varias enmiendas, en una jornada que se prolongó por más de una hora.

El cambio final dejó una escala para inmuebles comerciales

La redacción inicial planteaba que las viviendas residenciales y de uso mixto pagarán cero por millar.

En un cambio de última hora, los diputados aprobaron con 111 votos un cobro escalonado, pero dejó intacta la exención total para vivienda, alterando únicamente el mecanismo de cobro para propiedades comerciales.

Durante la discusión también aparecieron posturas enfrentadas sobre el sentido del impuesto. Algunos legisladores defendieron la reforma con el argumento de que el IUSI grava la propiedad del bien sin medir la capacidad económica real del contribuyente, presume que todos los propietarios pueden pagar y aplica el mismo cobro a situaciones distintas, lo que a su juicio puede generar desigualdad y afectar bienes esenciales como la vivienda.

El debate enfrentó alivio tributario y temor por los ingresos municipales

La discusión no quedó limitada al pleno. Los alcaldes y diputados chocaron por los efectos de una reducción drástica o la eliminación del impuesto, ya que autoridades municipales advirtieron que una medida de ese tipo afectaría de forma directa los ingresos destinados a servicios, infraestructura y funcionamiento de las comunas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) sostuvo que la ley necesita actualizarse después de casi 30 años de vigencia, pero alertó que eliminar el tributo podría comprometer las finanzas de las municipalidades. Esa advertencia se sumó a las críticas de sectores que consideran que el cambio reducirá una fuente clave de financiamiento local.

Durante las horas previas a la votación, hubo intentos de construir consensos entre bloques con posiciones divididas. Algunos promovían una rebaja del pago y otros buscaban su eliminación completa para vivienda.

“La autonomía municipal carece de sentido sin autonomía financiera”, sentenció la ANAM, a través de un comunicado con el pretendió disuadir a los diputados.

Los alcaldes manifestaron que no es una casualidad que los municipios que tenían un mayor ingreso de IUSI eran aquellos con mayor inversión en obra pública. No obstante, los diputados hicieron caso omiso.