Una jornada de intensas lluvias generó inundaciones, derrumbes e intensos problemas de tránsito en varios puntos de Guatemala durante la tarde y noche de este martes 22 de septiembre.

Los sectores del Puente El Incienso y El Trébol, en la capital del país, figuraron entre las zonas con mayores anegamientos, mientras la Cruz Roja Guatemalteca declaró un estado de alerta para monitorear la situación a nivel nacional.

En la Ciudad de Guatemala, las autoridades de tránsito indicaron complicaciones en las zonas 4, 5, 9, 10, 15 y 16.

La Policía Municipal de Tránsito reguló el paso en vialidades de alta densidad vehicular como el bulevar Landívar, Vista Hermosa, la ruta CA1 Oriente, el bulevar Los Próceres y la avenida Reforma.

Un camión averiado en el Periférico afectó la circulación hacia la Calle Martí, mientras un fallo eléctrico en la zona 1 requirió el uso de una grúa. Asimismo, un choque entre dos automóviles en la zona 5 obstaculizó el paso hacia la zona 10.

En el municipio de Mixco, personal municipal acudió a retirar desprendimientos de tierra en el kilómetro 18 hacia Ciudad Quetzal y en el trayecto de Lo de Bran.

Los estragos de las precipitaciones alcanzaron también el departamento de Alta Verapaz. En la aldea Telemán, ubicada en el municipio de Panzós, la correntada de agua inundó un mercado local.

Vendedores del recinto debieron sacar el agua de sus establecimientos y resguardar la mercadería ante el avance del caudal dentro de las instalaciones.

Conred registra más de 1.500 emergencias durante la actual temporada pluvial

Según reportes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las precipitaciones de la época lluviosa han acumulado 1.533 emergencias atendidas en todo el territorio guatemalteco.

Esas incidencias han dejado un saldo de 195.134 personas afectadas y más de 22.000 evacuadas a escala nacional.

La institución detalló que el departamento de Alta Verapaz encabeza la cifra de incidentes con 447 casos, seguido por Guatemala con 113 y Quetzaltenango con 83.

Además, las inundaciones y deslizamientos han provocado daños en 402 carreteras, 27 puentes y 35 escuelas. Frente a esta coyuntura, el organismo recomendó a la población evitar el cruce de ríos crecidos, preparar la mochila de las 72 horas y comunicarse al número de emergencia 119.

Insivumeh pronostica tormentas y lluvias intensas para los próximos días

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante la semana del 21 al 25 de septiembre predominará un ambiente cálido y húmedo con lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

De acuerdo con la entidad meteorológica, las precipitaciones obedecen al ingreso de humedad desde ambos litorales y al paso de ondas del este.

Las autoridades prevén tormentas locales severas en zonas montañosas y volcánicas, así como lloviznas y niebla durante las mañanas y noches en la Meseta Central, Bocacosta y el área septentrional.

Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre los 26 ℃ (78,8 ℉) y 28 ℃ (82,4 ℉).

Cinco fiscales federales designados por el presidente Donald Trump y representantes de nueve distritos federales de Estados Unidos visitaron Guatemala para reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, con foco en los cárteles, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

La visita, presentada por la Embajada de Estados Unidos como un encuentro sin precedentes, incluyó reuniones con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

El objetivo declarado fue fortalecer las investigaciones y los procesos judiciales que puedan derivar en causas penales ante tribunales estadounidenses.

El encargado de Negocios estadounidense, Jorgan Andrews, recibió a la delegación y sostuvo que Washington busca actuar junto a las autoridades guatemaltecas contra las redes criminales que operan a ambos lados de las fronteras.

“Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala”, afirmó Andrews durante una reunión que se realizó en un hotel capitalino.

También advirtió que “no hay refugio seguro” para quienes obtienen beneficios del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, incluidos funcionarios o políticos que puedan tener vínculos con esas actividades.

Estados Unidos busca atacar las redes criminales y sus facilitadores

Según el comunicado de la Embajada, la misión forma parte de la política de la Administración Trump orientada a eliminar a los cárteles, asegurar las fronteras y perseguir a traficantes de drogas, redes de tráfico de migrantes y personas que faciliten o protejan esas operaciones.

La delegación abordó la coordinación para investigar delitos relacionados con el ingreso de narcóticos hacia Estados Unidos, los mecanismos de blanqueo de capitales y las organizaciones dedicadas a la trata y al tráfico de personas.

Washington considera que la reducción de esos flujos puede mejorar la seguridad de Guatemala, Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental.

El fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian Skaret, afirmó que las organizaciones criminales aprovechan las fronteras para ampliar sus actividades, mientras los fiscales deben recurrir a alianzas internacionales para responder a esas estructuras.

“Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha”, señaló Skaret.

El funcionario mencionó la intención de reforzar los casos sobre tráfico de migrantes, avanzar con extradiciones de prófugos estadounidenses y perseguir a los responsables sin importar el país desde el que operen.

“Necesitamos destruir los cárteles”, afirmó un fiscal de Texas

Entre los participantes estuvo el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, quien planteó que la cooperación bilateral debe orientarse a desarticular las operaciones criminales en todas sus formas, desde la violencia hasta las maniobras financieras.

“Necesitamos destruir los cárteles y arrancar de raíz todas sus operaciones, en todas sus formas”, afirmó Reitz. El fiscal incluyó en esa amenaza a narcotraficantes, sicarios, pandillas, traficantes de personas y redes vinculadas con delitos financieros.

La representación estadounidense reunió a fiscales de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida y Nueva York, además de funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

También participaron la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan y la Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT).

Arévalo calificó el encuentro como una reunión de trabajo histórica y aseguró que la coordinación con Estados Unidos busca fortalecer la persecución penal internacional y las acciones contra el crimen organizado para proteger a las comunidades y familias guatemaltecas.

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público (MP) de Guatemala por decisión del fiscal general, Gabriel García Luna. Junto a ella, fueron removidos seis fiscales más de la Sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.

La remoción, que se llevó a cabo este martes 22 de septiembre, forma parte de una reorganización iniciada tras la llegada de García Luna al cargo, el 17 de mayo de 2026.

En sus primeros tres meses de gestión, los cambios incluyeron destituciones, renuncias y traslados en fiscalías estratégicas ocupadas por funcionarios identificados con la administración anterior. Incluyendo órdenes de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el exfiscal Saúl Sánchez, pero una jueza rechazó ambas peticiones.

La salida de Morales Lazo aparta de la institución a una funcionaria que encabezó diligencias contra el proceso electoral de 2023, el partido político Movimiento Semilla, así como contra operadores de justicia, periodistas y dirigentes opositores durante la administración de Consuelo Porras, una fiscal general guatemalteca que ha sido vetada y sancionada en más de 40 países.

Morales Lazo dirigía la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, jefatura que había asumido en 2025. Antes integró la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

De acuerdo con el MP, las destituciones realizadas “responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación” de la institución.

Sin embargo, fuentes comentaron que Morales Lazo tenía un procedimiento administrativo abierto, porque en sus ausencias nombró en varias oportunidades al auxiliar fiscal II, José Raúl Menéndez Rivera, como encargado de la Fiscalía que dirigía, pese a que esa atribución es exclusiva del Fiscal General. Hecho que fue denunciado en su momento por el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio.

El hombre de confianza que desestimó denuncias contra Consuelo Porras

Menéndez Rivera era uno de los “hombres de confianza” de la administración anterior y, principalmente, de Morales Lazo, por lo que no dudaba en dejarlo a cargo de la fiscalía cuando pedía permisos de ausencia o tenía vacaciones.

Incluso, él estaba a cargo cuando se desestimó la denuncia que pesaba contra Consuelo Porras por presuntas adopciones irregulares registradas en 1980 que, después una investigación de El Faro, reveló que se había extendido a niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, en su mayoría indígenas.

La denuncia, que fue desestimada por Menéndez Rivera, surgió luego de que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y reclamaron “investigaciones independientes sobre las alegaciones”. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación (PGN) accionó contra la exfiscal General guatemalteca.

Los allanamientos de Morales Lazo que ocupó la sede del TSE por más de 20 horas

Morales Lazo tuvo un papel central en las actuaciones contra las elecciones generales de 2023. El 19 de septiembre de ese año encabezó, junto con el exsecretario General del MP, Ángel Pineda y el exjefe de FECI, Rafael Curruchiche, un allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se extendió durante más de 20 horas.

Este cateo terminó con el secuestro de actas y cajas electorales bajo resguardo de los magistrados, se abrieron la urnas que permanecían cerradas después de la segunda vuelta y se iniciaron acciones contra los magistrados del máximo tribunal electoral, acciones únicas en la historia de la era democrática de Guatemala.

Las actuaciones formaron parte de una investigación que, según expertos, pretendía impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran la Presidencia y la Vicepresidencia. Además de Morales, Curruchiche y Pineda, participaron funcionarios del gobierno de Alejandro Giammattei y actores cercanos a Porras que intentaron cuestionar los resultados electorales certificados.

Morales también estuvo al frente de diligencias vinculadas con la elección de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad.

En febrero de 2026 confirmó allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares en centros de votación, mientras que en abril la fiscalía que dirigía solicitó la captura de Astrid Lemus horas antes de que asumiera como magistrada de la Corte de Constitucionalidad; el juez Carlos Toledo rechazó la petición.

Su trayectoria incluyó procesos contra operadores de justicia que habían investigado una primera etapa de corrupción ligada a Odebrecht, en la que fueron señalados los excandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, narcotraficante confeso en Estados Unidos donde purgó prisión. Los fiscales que trabajaron en ese expediente terminaron obligados a exiliarse.

La entonces fiscal también dirigió investigaciones contra el periodista José Rubén Zamora y miembros del equipo de elPeriódico. Los cuestionamientos a su gestión abarcaron, además, actuaciones contra jueces, fiscales y otros funcionarios.

Sanciones europeas

La Unión Europea incorporó a Morales Lazo en febrero de 2024 a su lista de sancionados, junto con Porras, Pineda, Curruchiche y el juez Fredy Orellana. El Consejo de la Unión Europea consideró que esas personas eran responsables de “socavar la democracia y el Estado de Derecho y de obstaculizar el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

Las medidas restrictivas incluyeron el congelamiento de activos dentro del territorio europeo y la prohibición para ciudadanos y empresas de la Unión Europea de poner fondos a disposición de los sancionados.

Estados Unidos sostuvo que Morales Lazo había dirigido una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y alterar la transición presidencial.

Otros destituidos

Además de Morales Lazo y Méndez Rivera fueron destituidos los siguientes funcionarios:

• Nehemías Obed Asencio Cruz, auxiliar fiscal I
• Ervin Joel Bolvito Enríquez, auxiliar fiscal II
• José María Galindo Rossel, agente fiscal
• Jorge Luis Cortes Rosales, agente fiscal
• Serwin Aram Camey Secaida, auxiliar fiscal I

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo de Guatemala otorgó la medida sustitutiva de arresto domiciliario a la ex vicepresidenta Roxana Baldettien el caso Agua Mágica, luego de que la defensa argumentara un exceso en el tiempo de prisión preventiva y complicaciones de salud de la exfuncionaria.

En 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C impuso a la exvicepresidenta Roxana Baldetti una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, vinculada a la compra irregular de un producto que prometía sanear el lago de Amatitlán.

Dado que la sentencia condenatoria no ha quedado firme debido a impugnaciones pendientes de resolver, la Sala revocó el fallo inicial del tribunal de origen que había denegado el beneficio por considerar la existencia de peligro de fuga.

Las restricciones fijadas por la Sala Segunda disponen que Baldetti deberá permanecer exclusivamente en su domicilio ubicado en el departamento de Guatemala, tiene prohibida la salida del país, no podrá comunicarse con otros coimputados en el proceso y quedará sujeta al uso de un dispositivo de control telemático.

La exfuncionaria suma dos beneficios de arresto domiciliario mientras mantiene un proceso pendiente

Este fallo representa la segunda medida sustitutiva dictada en favor de la exvicemandataria. En octubre de 2024, la misma judicatura concedió el arresto domiciliario dentro de la causa denominada La Línea, donde pesa en su contra una condena no firme de 16 años de cárcel por delitos de defraudación aduanera y contrabando.

En esa oportunidad, los magistrados justificaron la decisión por motivos humanitarios derivados de padecimientos neurológicos y una intervención quirúrgica de columna.

Pese a ambas resoluciones, la exfuncionaria del extinto Partido Patriota no podrá abandonar de forma definitiva el centro penitenciario, debido a que el proceso Cooptación del Estado mantiene vigente una orden de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, desde 2023 cuenta con permisos especiales para recibir tratamientos médicos en su residencia, por lo que su estancia en prisión se limitaba a ciertos días de la semana y actualmente permanece en su vivienda por orden médica.

El Juzgado de Mayor Riesgo B evaluará en noviembre una nueva solicitud de medida sustitutiva dentro del expediente Cooptación del Estado, lo que podría definir si obtiene la libertad condicional completa.

Adicionalmente, Estados Unidos mantiene una petición de extradición contra la exvicepresidenta por cargos de narcotráfico internacional, trámite que únicamente podrá ejecutarse cuando concluyan todos los expedientes judiciales en territorio guatemalteco.

Nuevas pruebas para extinguir bienes

Por otro lado, este mismo martes 22 de septiembre, el Ministerio Público (MP) presentó nuevas pruebas en el caso de extinción de dominio en contra de Baldetti.

Según se informó, estas suman ya 290 medios de prueba ante el Juzgado de Extinción de Dominio con el propósito de que 11 bienes vinculados a Roxana Baldetti pasen a titularidad del Estado.

Las pruebas incluyen dos inmuebles localizados en el Puerto de San José, Escuintla, y la zona 5 de la capital, así como dos vehículos —una camioneta y una lancha— y productos bancarios por Q 6.100.531 (USD 792 mil) y USD 80.824.

Durante la audiencia dirigida por el juez Delmar González, la fiscalía expuso que sociedades mercantiles de cartón constituidas en San Miguel Petapa y en la zona 12 de la capital recibieron fondos públicos mediante adjudicaciones contractuales irregulares.

La exvicepresidenta siguió la diligencia mediante videoconferencia. Tras la exposición de la representación fiscal, el abogado defensor Melkin Escobar solicitó un aplazamiento para estructurar sus argumentos de oposición, por lo que el juzgador suspendió la sesión y fijó la continuación de la audiencia para el 25 de septiembre.

Guatemala inauguró los primeros Juegos Deportivos Universitarios Nacionales con la participación de más de 700 estudiantes de siete universidades, que competirán del 22 al 27 de septiembre de 2026 en busca de fortalecer la actividad física, la convivencia y el bienestar dentro de la comunidad académica.

La ceremonia de apertura se realizó el lunes 21 de septiembre en el Polideportivo del Parque Erick Barrondo.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) impulsó la primera edición del certamen mediante el Viceministerio del Deporte y la Recreación.

La entrada a todas las competencias será gratuita. La medida busca acercar al público al deporte no federado e incentivar a más jóvenes a aspirar al profesionalismo dentro de las 47 federaciones y asociaciones deportivas del país.

Siete disciplinas en cuatro sedes de la capital

Los estudiantes competirán en fútbol 11, fútbol sala, baloncesto, voleibol, atletismo, tenis de mesa y ajedrez. Los encuentros se repartirán entre la Universidad del Valle de Guatemala, la Federación de Tenis de Mesa, la Universidad Rafael Landívar y el Parque Erick Barrondo.

Las universidades del Valle de Guatemala, Rafael Landívar, Da Vinci, Rural, Panamericana, San Carlos y la Mariano Gálvez integran la nómina de instituciones participantes.

El viceministro del Deporte y la Recreación, Ricardo José Alvarado Alvarado, sostuvo que el Gobierno busca ampliar los espacios para la práctica deportiva entre los estudiantes.

“Desde el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, tenemos el compromiso de fomentar una vida activa y saludable y generar espacios donde todas y todos puedan desarrollarse a través del deporte”.

Los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales reunirán durante una semana a atletas de distintas casas de estudio para definir a la primera institución campeona de esta competencia nacional.

El acto inaugural incluyó el desfile de las delegaciones universitarias, la juramentación de los atletas y demostraciones del Juego de Pelota Maya, batonistas, bandas y baile folclórico.

También participaron el delegado del deporte de la Presidencia, Rafael Robles Cabrera, y el director de Áreas Sustantivas, Carlos Marroquín.

Calendario de actividades

El ajedrez se disputará en la Universidad del Valle de Guatemala y el tenis de mesa tendrá como sede a la Federación de Tenis de Mesa.

La Universidad Rafael Landívar recibirá las pruebas de voleibol, fútbol 11 y baloncesto, mientras que el atletismo se realizará en la pista roja del Parque Erick Barrondo y el fútbol sala en su polideportivo.

Martes 22

Ajedrez – Sede UVG

• De 14 a 17 horas Premiación a las 17:30

Tenis de mesa – sede Federación de Tenis de Mesa

• De 14 a 16 horas
• Premiación a las 18:00 horas

Voleibol – sede Universidad Rafael Landívar

• De 13 a 16 horas

Futbol 11 – sede Universidad Rafael Landívar

A1 vs A2 / masculino / 12 horas

B1 vs B2 / masculino / 14 horas

Miércoles 23

Atletismo – sede pista roja, Parque Erick Barrondo

• Impulso de bala masculino y femenino / 14 horas
• 100 metros planos masculino y femenino / 14:15 horas

• 1, 500 metros planos femenino / 14:30 horas
• 1, 500 metros planos masculino / 14:45 horas
• 200 metros planos femenino / 15:00 horas
• Salto largo masculino / 15:15 horas
• 200 metros planos masculino / 15:15 horas
• 5 mil metros planos femenino / 15:30 horas
• 5 mil metros planos masculino / 16:00 horas
• Premiaciones a las 16:30 horas

El Ministerio de Gobernación de Guatemala derogó el reglamento disciplinario que regía desde 1997 a los alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil y ordenó emitir una nueva norma de convivencia, al considerar que la disposición anterior ya no se ajustaba a la dinámica educativa actual.

La decisión, adoptada tras 29 años de vigencia del régimen anterior, quedó formalizada en el Acuerdo Ministerial Número 181-2026. La disposición entró en vigor de inmediato luego de su publicación oficial.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, firmó la medida el 21 de septiembre. Al día siguiente fue publicada en Diario de Centro América.

Una norma de 1997 reemplazada por nuevos criterios de convivencia

El acuerdo revocó el Acuerdo Ministerial Número 300-97, emitido el 16 de septiembre de 1997, que establecía el Régimen Disciplinario de los Alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC).

La cartera sostuvo que esa regulación “no es congruente a la dinámica de convivencia educativa actual de los alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil, siendo necesario derogarlo y emitir una disposición legal aprobada mediante resolución”.

La actualización busca contribuir a la profesionalización integral de quienes se forman en los centros docentes del Sistema Educativo Policial. La nueva regla deberá alcanzar a todas las personas que participen en esos procesos de formación.

El régimen eliminado dividía las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las primeras estaban el descuido del aseo personal, la falta de uniformidad, el uso inadecuado de equipo o utensilios, la omisión del saludo reglamentario y la negligencia.

Las faltas graves incluían ausentarse de actos académicos, incumplir órdenes, salir de la Academia sin autorización, maltratar armamento, realizar novatadas, alterar documentos, consumir bebidas alcohólicas de forma evidente y quebrantar la neutralidad política exigida a los alumnos.

Las conductas muy graves contemplaban abandonar un servicio, llegar tarde o permanecer fuera de la Academia durante más de 24 horas sin justificación, perder o abandonar armamento, infringir gravemente las normas de seguridad o ser consignado ante un tribunal por un delito doloso.

Sanciones, descargos y expulsión bajo el régimen derogado

El sistema partía de un coeficiente de conducta de 100 puntos y permitía descuentos de entre uno y 50 puntos, además de restricciones temporales para salir de la Academia. Las medidas más severas podían implicar la pérdida de vacaciones escolares, la repetición del curso o la baja por expulsión.

Las faltas muy graves debían ser conocidas por el Consejo de Disciplina, mientras que las expulsiones correspondían al director general de la Policía Nacional Civil. Los alumnos podían presentar descargos y pruebas durante los procedimientos disciplinarios, que variaban según la gravedad de la infracción.

La normativa histórica disponible en el portal de la PNC detalla que las sanciones vinculaban la conducta cotidiana de los aspirantes con sus obligaciones académicas, el cumplimiento de órdenes, el uso del uniforme y el cuidado de los recursos institucionales.

El nuevo acuerdo instruyó a la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC a emitir de forma inmediata la Normativa de Convivencia y Disciplina para Alumnos. Según el Acuerdo Gubernativo Número 102-2023, esa dependencia dirige la rectoría de los procesos educativos, ejecuta programas de enseñanza y crea instrumentos sobre conducta y convivencia en los centros docentes policiales.

La resolución no define el contenido de la normativa que reemplazará el régimen derogado ni fija un plazo adicional para divulgarla. Los gastos de publicación deberán cubrirse conforme a la tarifa prevista en el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 112-2012.

El Congreso de Guatemala recibió este martes la nómina de seis aspirantes a contralor general para el período 2026-2030, una elección que definirá quién dirigirá durante cuatro años la institución encargada de fiscalizar los recursos públicos y reemplazará a Frank Helmut Bode.

Las sesiones ordinarias del martes 6 y el jueves 8 de octubre son las fechas tentativas para que el pleno elija al nuevo titular. El presidente del Congreso, Luis Contreras, comunicó ese calendario a los jefes de bloque y sostuvo que los diputados podrán reunirse con los postulantes antes de votar.

La Comisión de Postulación entregó formalmente la lista al presidente legislativo y al cuarto secretario de la Junta Directiva, el diputado Orlando Blanco. La instancia había sido juramentada por el Congreso el 13 de agosto y completó la selección dentro de los plazos previstos.

Seis contadores públicos para dirigir la fiscalización estatal

Los candidatos son Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Elfego Odair Castañón González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales. Los seis son contadores públicos.

La nómina quedó definida el domingo 20 de septiembre, después de las entrevistas a los aspirantes que alcanzaron la calificación mínima. El presidente de la comisión, Miquel Cortés Bofill, y la secretaria, Milvia Marilena Elías López, firmaron el documento que dio paso a la fase de decisión legislativa.

El listado fue publicado en el Diario de Centro América y en dos diarios de circulación nacional, como establece el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009 del Congreso de la República. La entrega al Organismo Legislativo había sido programada para las 11:30.

Las impugnaciones contra la nómina podrán presentarse del 23 al 25 de septiembre en la Universidad Rafael Landívar, entre las 8:00 y las 17:00. Ese mecanismo figura en el calendario divulgado por Guatemala Visible antes de que los diputados avancen a la votación.

Entre los aspirantes hay personas vinculadas con la Contraloría General de Cuentas y allegadas a la actual jefatura de la institución, según Infobae.

Quien resulte electo deberá conducir la entidad responsable de revisar la administración de los fondos estatales.

Contreras admitió que aún no conoce personalmente a los seis profesionales y que la información que tiene sobre ellos proviene de lo difundido por los medios.

Al explicar la dinámica previa a la elección, afirmó: “Hoy les avisé a jefes de bloque. Y no vayan a perderse, que aquí van a venir todos a cabildear por su espacio en esa elección. Los diputados son libres para juntarse con quien quieran, y que les explique su plan de trabajo y así votar por quien quieran”.

Los diputados Nery Ramos y Elmer Palencia indicaron que todavía analizan si la instancia de jefes de bloque realizará entrevistas formales. Ramos consideró que los candidatos deberían exponer sus planes de trabajo ante las distintas bancadas antes de que el Congreso adopte una decisión.

La expectativa del Ejecutivo y de Estados Unidos

El presidente Bernardo Arévalo pidió que la designación fortalezca la capacidad de fiscalización estatal. Durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea Guatemalteca, expresó: “Nosotros confiamos que la Comisión de Postulación haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno”.

El mandatario señaló que el Ejecutivo confía en el trabajo de la comisión y considera que dentro de la nómina hay personas con condiciones para asumir el puesto. También remarcó que la discusión y la determinación final corresponden al Organismo Legislativo.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, afirmó que su Gobierno sigue el proceso, aunque respeta la decisión del Congreso guatemalteco. “Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados”, declaró.

Andrews añadió que la representación estadounidense está dispuesta a colaborar con quien resulte electo. El nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas asumirá el cargo el 13 de octubre.

Guatemala reúne a 70 participantes en la Undécima Reunión del NACC/WG de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se desarrolla del 21 al 25 de septiembre para coordinar la modernización de la navegación aérea y elevar la seguridad de los vuelos en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El encuentro congrega a autoridades, especialistas técnicos y representantes de la industria aeronáutica regional. Su agenda busca identificar necesidades, intercambiar experiencias y definir acciones comunes frente a los desafíos tecnológicos que atraviesan a la aviación civil.

La semana de trabajo concluirá con la elección de la Presidencia y la Vicepresidencia del grupo para el período 2027-2030. Las nuevas autoridades deberán dar continuidad a las medidas acordadas para mejorar la seguridad y la eficiencia en el uso del espacio aéreo regional.

La actividad fue organizada por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala. Ambas entidades impulsan la coordinación entre países para fortalecer los sistemas que permiten organizar y controlar los vuelos.

Sistemas digitales, rutas más eficientes y respuesta meteorológica

Los participantes analizarán la aplicación de la versión ocho del Plan Mundial de Navegación Aérea, conocido por sus siglas en inglés como GANP. Esta iniciativa promueve la modernización y la armonización de los servicios de navegación aérea en los países de la región.

La agenda incluye los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, la gestión del tránsito aéreo, la transformación digital y la ciberseguridad. También contempla el fortalecimiento de los servicios meteorológicos y la planificación de la navegación aérea basada en desempeño.

Las mesas técnicas permitirán compartir soluciones tecnológicas y lecciones surgidas de la implementación de sistemas en distintos países. Los especialistas evaluarán tendencias y conceptos operacionales destinados a elevar los estándares de seguridad de la aviación civil.

Una coordinación más estrecha y la incorporación de herramientas modernas pueden reforzar la seguridad operacional, optimizar las rutas y mejorar la gestión de los vuelos. Estas medidas también apuntan a una respuesta más eficiente ante fenómenos meteorológicos u otras situaciones que afecten las operaciones.

La DGAC y COCESNA señalaron que disponer de información precisa y de sistemas tecnológicos confiables resulta determinante para garantizar la continuidad de las operaciones en una actividad aérea cada vez más digital e interconectada.

El impacto previsto para pasajeros, comercio y conectividad

Los avances previstos buscan una navegación aérea más segura, eficiente y preparada para las necesidades actuales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El objetivo es generar beneficios para pasajeros, tripulaciones, operadores aéreos y el traslado de mercancías.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, valoró el acompañamiento de la OACI y de COCESNA en el proceso regional. “Desde Guatemala reconocemos el acompañamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional y de Cocesna, aliados fundamentales para avanzar hacia una aviación más integrada y segura”, expresó.

Suriano sostuvo que el fortalecimiento tecnológico contribuye también a la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo de los países. La mejora de la conectividad entre los Estados de la región favorece, además, el turismo, el comercio y el intercambio regional.

El director general de Aeronáutica Civil, Tomás Aldecoa, subrayó que la cooperación entre los gobiernos, los organismos internacionales y la industria resulta necesaria ante los retos tecnológicos. “Ningún Estado puede enfrentar aislado los retos tecnológicos actuales. Por ello, la colaboración con OACI, con Cocesna y con la industria aquí representada es la mayor garantía de éxito”, afirmó.

A través de la DGAC, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda promueve la adopción de estándares y herramientas para una aviación civil moderna, técnica y segura. La reunión también permite que los países articulen prioridades y avancen de manera coordinada en la modernización de los servicios aeronáuticos regionales.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala emitió el 21 de septiembre una alerta para médicos y profesionales de distintas áreas inscritos en sus registros, ante posibles hechos delictivos vinculados con ofertas laborales, entrevistas y reuniones. La cartera recomendó verificar identidades, empresas y documentos antes de aceptar una contratación o trasladarse a una cita.

La advertencia coincidió con la investigación por la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, secuestrado el 28 de mayo de 2025 cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. La familia pagó Q763 mil durante las negociaciones, pero el profesional continúa desaparecido, según la investigación reseñada por Prensa Libre.

El ministerio no estableció una relación directa entre el caso de Martínez y las recomendaciones difundidas ese día. Tampoco informó cuántas denuncias recibió ni cuáles fueron los episodios que motivaron la medida de prevención.

La disposición está dirigida a usuarios de los servicios del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, incluida la población que realiza trámites ante el Registro de Médicos y Profesionales Diversos. Las autoridades pidieron reforzar los controles previos ante contactos de personas o entidades que ofrezcan empleos, servicios o reuniones profesionales.

Verificación de empresas y reuniones en lugares seguros

Antes de aceptar una propuesta, los profesionales deben confirmar la identidad de quien se comunica y la legitimidad de la empresa o institución que dice contratar. Para ello, el Ministerio de Trabajo sugirió revisar el Registro Tributario Unificado, conocido como RTU, la patente de comercio y el Documento Personal de Identificación del representante legal.

También recomendó solicitar otros documentos que permitan comprobar que existe una relación laboral o profesional real. La verificación busca evitar que ofertas aparentemente formales sean utilizadas para atraer a personas a encuentros sin garantías de seguridad.

La dependencia aconsejó no acudir a zonas desconocidas si no existe una relación previa con la contraparte. Cuando la reunión sea necesaria, indicó que se informe a familiares o personas de confianza el lugar, la hora y el motivo del desplazamiento.

Entre las señales de posible riesgo, la cartera incluyó las urgencias sin explicación, los cambios repetidos de dirección y las contradicciones en la información proporcionada. También mencionó la negativa a atender llamadas y los pedidos de dinero anticipado para iniciar una supuesta contratación.

Si el contacto presenta esas características, las autoridades recomendaron no efectuar pagos, cortar la comunicación y denunciar de inmediato ante la Policía Nacional Civil. Las denuncias por situaciones de riesgo pueden realizarse a los números 110 o 1572.

Servicios gratuitos y canales oficiales de contacto

En otra comunicación difundida el mismo día, el Ministerio de Trabajo recordó que todos sus servicios son gratuitos. Por ese motivo, pidió denunciar a quienes soliciten dinero para acelerar procesos, gestionar registros o realizar trámites vinculados con la institución.

Las denuncias por cobros irregulares pueden presentarse ante la Oficina de Asuntos de Probidad, mediante el teléfono 2422-2500 y las extensiones 4010, 4011 y de la 4013 a la 4018. También están disponibles el correo probidad@mintrabajo.gob.gt, la plataforma denuncias.mintrabajo.gob.gt y la Oficina 801, ubicada en el octavo nivel de la 4.ª calle 7-53, zona 9, de Ciudad de Guatemala.

La cartera aclaró que sus únicos números de WhatsApp son 2422-2541 y 2422-2545, correspondientes al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Cualquier comunicación atribuida a esa dependencia desde otras líneas debe ser considerada ajena a sus canales oficiales.

Los familiares de Martínez apelaron el 21 de septiembre la resolución que concedió arresto domiciliario a Andrés Alcázar Crespo, señalado como presunto cómplice en la desaparición. La audiencia de etapa intermedia fue prevista para el 29 de septiembre.

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, mediante medidas de protección, coordinación sanitaria y acompañamiento familiar para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, dependencia de la PGN, concentró la mayor cantidad de intervenciones en menores de cero a dos años. Los niños también representaron la mayor proporción de atenciones por denuncias relacionadas con desnutrición.

Las denuncias activan diligencias que dependen del estado de salud del menor, su entorno familiar y la necesidad de asistencia médica. Cuando el cuadro requiere tratamiento especializado, la institución coordina ingresos hospitalarios o derivaciones a Centros de Recuperación Nutricional.

Los menores de cinco años acumularon 15.038 casos de desnutrición aguda hasta el 5 de septiembre, un descenso de 8,89% frente a los 16.505 registrados a la misma fecha de 2025. Siete de cada 10 diagnósticos correspondieron a niños de entre seis y 36 meses

San Marcos, Guatemala y Escuintla entre los departamentos con más denuncias

San Marcos, Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango reunieron el mayor número de denuncias que llegaron a la PGN durante los primeros ocho meses del año. Las intervenciones también contemplan traslados, controles médicos y gestiones de protección para las familias.

La desnutrición puede estar vinculada con obstáculos para acceder a alimentos, controles de crecimiento, tratamientos y servicios sanitarios. La entidad orienta a madres, padres y responsables para que recurran a la atención médica sin demoras y cumplan las indicaciones terapéuticas.

Si un niño debe permanecer internado, la Procuraduría procura que esté acompañado por sus progenitores durante la recuperación, siempre que las condiciones lo permitan y la medida responda a su interés superior. Las familias pueden ser derivadas a programas sociales y a otras instituciones de apoyo.

Los datos sanitarios muestran que cuatro de cada 10 diagnósticos de desnutrición aguda correspondieron a niños, una tendencia que coincide con la mayor presencia masculina entre las atenciones de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.

Suchitepéquez, Sacatepéquez, Escuintla, Zacapa y Retalhuleu registraron las tasas más altas del país, con más de 130 casos por cada 10 mil menores de cinco años. El indicador mide la incidencia en relación con el tamaño de la población infantil de cada territorio.

Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango concentran el 69% de las muertes

El Ministerio de Salud contabilizó 32 muertes de menores de cinco años asociadas con desnutrición aguda hasta el 5 de septiembre. Otros 48 fallecimientos ocurridos entre mayo y septiembre permanecían bajo análisis para establecer su causa.

La cifra de decesos coincidió con la registrada durante el mismo período de 2025, aunque la distribución territorial se redujo de 14 a 10 departamentos. Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango concentraron el 69% de las muertes notificadas este año.

El 87,5% de los niños fallecidos tenía menos de 24 meses, mientras que el 71,8% murió en hospitales públicos. Diecisiete menores presentaron desnutrición aguda grave como causa básica de muerte.

Seis niños tenían signos de kwashiorkor, una forma de desnutrición asociada a la falta de proteínas que puede provocar edema en pies, tobillos y piernas. Otros cuatro presentaban marasmo, caracterizado por una pérdida marcada de peso, reducción de grasa corporal, baja estatura y cabello seco y delgado.

Enero registró 10 fallecimientos y junio, siete, los dos meses con más muertes durante el año. En 2025, los picos se habían producido en enero y abril.

La sequía prolongada y las pérdidas de cosechas pueden elevar los casos y las muertes por desnutrición infantil en los próximos meses, según advirtieron expertos. La falta de producción agrícola reduce los alimentos disponibles y los ingresos de hogares rurales que dependen de sus cultivos para el consumo o el sustento.

Guatemala se incorporó al Proyecto Turquesa II, una iniciativa regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, financiada por el Gobierno de Canadá y coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal.

La participación busca reforzar la prevención, investigación y judicialización de ambos delitos mediante cooperación entre instituciones de justicia penal.

La segunda fase tendrá una duración de 36 meses, hasta marzo de 2029, e incluirá a Guatemala, República Dominicana, Honduras y México. El programa prevé fortalecer los marcos normativos e institucionales, las capacidades sostenibles, la inteligencia criminal, el apoyo operativo y el intercambio regional de información.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) participó en la presentación junto con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Ministerio Público (MP). El encuentro permitió definir las primeras acciones de coordinación frente a las redes que operan con víctimas de trata y personas migrantes.

Cuatro áreas para fortalecer la respuesta penal

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, sostuvo que la adhesión al proyecto permitirá ampliar las herramientas de las instituciones nacionales.

La funcionaria afirmó: “La presentación de la iniciativa Turquesa II representa un paso clave para Guatemala. Nuestro objetivo primordial al integrarnos a este esfuerzo financiado por el Gobierno de Canadá es fortalecer las capacidades de nuestras instituciones de justicia penal, permitiéndonos prevenir, investigar y judicializar de manera más efectiva los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

El plan contempla cuatro líneas de trabajo: el fortalecimiento de normas e instituciones; la formación de capacidades permanentes; el desarrollo de inteligencia criminal y apoyo a operaciones; y la cooperación entre los países participantes. La UNODC e INTERPOL coordinarán las acciones con las autoridades nacionales involucradas.

Turquesa II toma como antecedente el Proyecto Turquesa, aplicado entre abril de 2023 y septiembre de 2025 con un presupuesto de 1,7 millones de euros y también financiado por Canadá. Esa primera etapa se concentró en el análisis de información policial, la capacitación de agentes del orden, fiscales y jueces, y el acompañamiento de investigaciones y operaciones transnacionales mediante herramientas de INTERPOL.

La formación del programa anterior incluyó un esquema de dos semanas destinado a funcionarios de los sistemas de seguridad y justicia. El objetivo fue mejorar la detección de redes, la coordinación entre países y el abordaje de investigaciones vinculadas con delitos transfronterizos.

Más de 200 detenciones en una operación previa

Una operación coordinada por INTERPOL bajo el nombre Turquesa II derivó en más de 200 detenciones relacionadas con redes acusadas de facilitar el traslado de cerca de 3.500 migrantes en América, África, Europa y Asia. El operativo reunió a autoridades de 32 países de cuatro continentes, con Brasil como centro de coordinación.

Durante esas acciones fueron rescatadas cerca de cien posibles víctimas de trata de personas. La UNODC facilitó la coordinación entre organismos de aplicación de la ley y fiscales especializados de América Latina, el Caribe y Asia durante la etapa de preparación.

Los controles se reforzaron en aeropuertos, terminales de autobuses y cruces fronterizos de los países que participaron en aquella operación. La intervención se enfocó en puntos de tránsito y entrada utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

El aporte canadiense para Turquesa II integra un paquete de cooperación destinado a México y otros países de América Latina, alineado con las prioridades del Plan de Acción México-Canadá.

La iniciativa también incluyó una contribución al Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas y tecnología satelital canadiense para detectar embarcaciones vinculadas con la pesca ilegal.

Las lluvias previstas para los próximos días permitirán recuperar la humedad de los suelos, favorecer el desarrollo de cultivos y almacenar agua tras varios días de déficit hídrico y temperaturas superiores a 35 °C en algunas regiones, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Estas condiciones llegarían después de varios días con déficit hídrico y temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en algunas regiones.

Las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes, con actividad eléctrica durante las tardes y noches. El escenario alcanza a áreas productoras de café, maíz, frijol, hortalizas, cardamomo, caña de azúcar, banano, plátano, tabaco, piña y pastos.

El MAGA mantiene vigilancia sobre 280 municipios de 21 departamentos, donde la humedad disponible podría utilizarse para establecer nuevas siembras o resembrar parcelas afectadas, siempre que las condiciones particulares de cada localidad lo permitan.

La previsión meteorológica para el 22 de septiembre anticipa lluvias vespertinas y nocturnas en gran parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se concentrarían en el altiplano central, la boca costa y la franja transversal del norte.

Humedad para la siembra y reserva de agua

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación elaboró su análisis agroclimático con base en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, conocido como Insivumeh. El organismo prevé que la entrada de humedad desde ambos litorales mantenga un ambiente húmedo durante la jornada.

La recuperación de humedad representa una oportunidad para cultivos que atravesaron días de falta de agua y calor elevado. También permite captar lluvia en reservorios y sistemas de cosecha destinados posteriormente a las labores agrícolas.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, identificado como VIDER, recomendó suspender las tareas de campo mientras ocurran precipitaciones intensas. Una vez que termine la lluvia, aconsejó revisar las plantaciones para detectar daños derivados del exceso de humedad.

La inspección posterior resulta necesaria en las zonas donde se esperen acumulados más importantes. La lluvia puede beneficiar la germinación y el crecimiento de los cultivos, aunque la acumulación de agua en el suelo también puede afectar las parcelas si no existen condiciones adecuadas de drenaje.

Las temperaturas máximas previstas para el norte, el Caribe, los valles de Oriente, la boca costa y el Pacífico oscilarán entre 32 °C y 34 °C. En la región central, los valores estarán entre 25 °C y 27 °C, mientras que en occidente se ubicarán entre 22 °C y 24 °C.

Corrales secos y drenajes despejados

Las lluvias también requieren medidas de prevención para el ganado. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, conocido como VISAR, indicó que los productores deben revisar corrales y techos antes y durante el período de precipitaciones.

La dependencia recomendó mantener despejados los drenajes para evitar acumulaciones de agua dentro de las instalaciones. También pidió impedir el ingreso de animales a potreros encharcados.

Los terneros y otros animales jóvenes deben permanecer en sectores secos, protegidos de la lluvia y con ventilación adecuada. La medida busca evitar que los ejemplares más vulnerables permanezcan expuestos a la humedad o a superficies inundadas.

El pronóstico incluye actividad eléctrica asociada a las lluvias, por lo que la población debe tomar precauciones durante los períodos de mayor intensidad. Las condiciones más inestables se concentrarán hacia la tarde y la noche.

El calor y las lluvias desiguales pueden dejar algunas áreas con poca humedad, mientras que otras podrían recibir suficiente agua e incluso, causar encharcamientos. Actualmente, varias zonas presentan humedad superficial menor al 25 %, principalmente en Chiquimula, Jalapa, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén.

La Policía Nacional Civil capturó a Rosa América Bor Pérez, de 38 años, durante un allanamiento en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, donde las autoridades localizaron seis armas de fuego, lanzagranadas, miles de municiones y silenciadores. La diligencia formó parte de una investigación en curso destinada a determinar la procedencia del arsenal y su posible relación con hechos violentos.

El operativo permitió incautar 7.557 cartuchos de distintos calibres, 86 cargadores, ocho supresores o silenciadores de sonido y otro silenciador adicional. También fueron halladas miras telescópicas y otros accesorios para armas de fuego.

La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones, perteneciente a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, realizó la diligencia junto con fiscales del Ministerio Público. La detenida y los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades para continuar el proceso legal.

Un arsenal con fusiles, lanzagranadas y municiones

Dentro de la vivienda allanada, los agentes localizaron dos fusiles, uno de ellos equipado con silenciador; dos lanzagranadas, una subametralladora y una pistola. Entre los hallazgos también figuraron granadas M40 y tolvas para las armas.

La Policía Nacional Civil informó que la intervención fue el resultado de una investigación desarrollada mediante varias diligencias en distintos sectores. El procedimiento contó además con la coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal y la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos.

César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil, indicó que el hallazgo no obedeció a una acción fortuita, sino al seguimiento de pesquisas previas. Las autoridades buscan establecer si el armamento fue utilizado en algún delito o si estuvo vinculado con hechos de violencia.

En el inmueble también fue localizado un altar alusivo a San Simón, acompañado por jarrones con flores y bebidas alcohólicas. Las autoridades no informaron si esos objetos guardaban relación con el arsenal ni con la investigación penal abierta tras el allanamiento.

La captura fue reportada inicialmente como la de Rosa “N”, de 38 años. En comunicaciones posteriores, las fuerzas de seguridad identificaron a la detenida como Rosa América Bor Pérez.

Siete allanamientos y un presunto narcolaboratorio en Guatemala

Las acciones en Sacatepéquez se sumaron a siete allanamientos realizados ese lunes en inmuebles del departamento de Guatemala, donde agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y fiscales del Ministerio Público localizaron posibles indicios de actividades vinculadas con el narcotráfico.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el condominio Puerta Grande, en Santa Catarina Pinula. En esa vivienda fueron encontrados paquetes que podrían contener droga, una máquina contadora de dinero, tres radios transmisores, 854 municiones y dos cargadores para arma de fuego.

Las diligencias incluyeron inspecciones, registros de propiedades y el secuestro de pruebas. El Ministerio Público señaló que esas medidas respondían a una investigación coordinada con la unidad antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

En San José Pinula, las autoridades reportaron la ubicación de un presunto narcolaboratorio. En el lugar encontraron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo.

Los investigadores también informaron el hallazgo de equipos de comunicación y de numerosas sustancias que serán sometidas a documentación y análisis. Las autoridades no detallaron la cantidad de droga localizada ni el monto de dinero incautado.

Los siete procedimientos se concentraron en San José Pinula y Santa Catarina Pinula, municipios del departamento de Guatemala. Durante la tarde del lunes, las diligencias continuaban mientras fiscales y agentes procesaban los indicios encontrados en los inmuebles.

En Santo Domingo Xenacoj, la investigación seguirá orientada a determinar el origen de las armas, las municiones, los lanzagranadas y los dispositivos de supresión de sonido incautados.

Guatemala registró este martes 22 de septiembre un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Escuintla, el segundo movimiento sensible en menos de 24 horas, en un año en el que el país ya acumulaba casi 6.000 eventos sísmicos por la actividad tectónica de la costa del Pacífico.

El temblor ocurrió a las 5:43 y se percibió en distintos puntos del territorio nacional. Su origen se localizó a 68 kilómetros de profundidad, una característica que lo diferenció del movimiento detectado la tarde anterior.

Hasta el 21 de septiembre, Guatemala había contabilizado 5.855 sismos desde enero de 2026, de los cuales 143 fueron sensibles para la población. Un día antes, el registro acumulado era de 5.753 eventos, lo que muestra la continuidad de la actividad sísmica durante las últimas semanas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que el evento de este martes tuvo coordenadas de 14,04 grados de latitud y -91,32 grados de longitud. El boletín preliminar fue identificado con el código insivumeh2026spga y el organismo advirtió que los datos pueden modificarse tras los análisis técnicos posteriores.

Dos movimientos sensibles en un intervalo de 13 horas

El sismo de mayor magnitud se produjo 13 horas después de otro temblor perceptible. El lunes 21 de septiembre, a las 16:01, se registró un movimiento de magnitud 4,5 con epicentro en el océano Pacífico.

Ese evento se originó a solo 3,21 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 14,042 grados de latitud y -92,857 grados de longitud. Fue localizado más al oeste que el sismo reportado durante la madrugada del martes y quedó registrado bajo el código insivumeh2026soey.

La secuencia se sumó a otro episodio ocurrido el 15 de septiembre, cuando un temblor de magnitud 5,2 tuvo epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 6.9 kilómetros. El movimiento fue percibido en varios sectores del occidente guatemalteco y estuvo seguido, horas después, por un segundo sismo de magnitud 3,6.

La concentración de estos eventos se relaciona con la ubicación de Guatemala en el encuentro de las placas tectónicas de Norteamérica, Caribe y Cocos. La costa del Pacífico concentra la mayor parte de la sismicidad porque la placa oceánica de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe.

Ese proceso, denominado subducción, consiste en el hundimiento de una placa tectónica bajo otra. En territorio guatemalteco ocurre con un ángulo aproximado de 45 grados en la Fosa Mesoamericana, una depresión submarina situada a unos 50 kilómetros de la costa del Pacífico.

La subducción del Pacífico y las zonas de mayor actividad

Entre el 65% y el 70% de los sismos registrados cada año en el país se originan en esa zona de subducción. Entre el 15% y el 20% se atribuye a los sistemas de fallas del Altiplano, mientras que entre el 5% y el 10% corresponde a los sistemas Chixoy-Polochic-Motagua, localizados en el interior del territorio.

La placa de Cocos, más densa y de origen oceánico, se desplaza hacia el noreste y se hunde de forma gradual bajo la estructura continental del Caribe. El roce genera presión entre ambas placas, y la liberación de esa energía provoca los movimientos que alcanzan la superficie.

Especialistas del Servicio Sismológico de Guatemala han explicado que, después de un evento de magnitud considerable, pueden producirse réplicas durante los días siguientes. La frecuencia de esos temblores secundarios suele reducirse con el paso del tiempo, un patrón observado en episodios anteriores de la región del Pacífico.

Ante los movimientos recientes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó conservar la calma y atender las indicaciones de las autoridades locales. También pidió llamar al 119, número nacional de emergencias, ante situaciones de riesgo o desastres derivados de la actividad sísmica.

El Insivumeh mantiene el seguimiento de la región del Pacífico mediante su red de estaciones sismológicas y actualiza sus boletines de acuerdo con la detección de nuevos eventos en el país.

En Estados Unidos, la temporada de caza de venados cobra cada año víctimas que no son animales.

El caso más reciente ocurrió el viernes 18 de septiembre en Ellendale, un poblado del sur de Delaware: un hombre de 74 años disparó su rifle contra lo que creyó que era un venado y mató a una mujer que caminaba por el campo, informó ABC News a partir de datos de la Policía del Estado de Delaware.

Walter Moorhead, vecino de Salisbury, Maryland, estaba apostado en un ground blind —un puesto de caza a ras del suelo— cuando abrió fuego.

El proyectil alcanzó a Santos Maria Chilel Soto, de 39 años, residente de Georgetown, Delaware.

Los agentes que llegaron al lugar poco después de las 7:40 p.m. le prestaron atención médica de emergencia, pero no fue suficiente: Chilel Soto fue declarada muerta en un hospital cercano.

Era madre de cinco hijos y, de acuerdo con un GoFundMe citado por el New York Post, sus allegados la describieron como “una tía querida”. Tras su muerte, abrieron una campaña en esa plataforma para reunir fondos y repatriar su cuerpo a Guatemala.

“Esta situación desgarradora ha colocado una pesada carga financiera sobre la familia en un momento en que está sumida en el duelo”, expresaron en la página de la colecta.

La Policía del Estado de Delaware confirmó los hechos en un comunicado oficial e inició una investigación a cargo de su Unidad de Homicidios.

Moorhead enfrenta cargos por homicidio culposo y pone en riesgo a tres personas más

La fuerza estatal arrestó a Moorhead en la escena del hecho, tras determinar mediante la investigación preliminar que fue él quien efectuó el disparo.

El cazador quedó imputado con homicidio culposo grave (felony manslaughter), un cargo de posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito, y tres cargos de imprudencia temeraria en primer grado.

Estos últimos tres cargos están directamente vinculados a los acompañantes de Chilel Soto. Al abrir fuego, Moorhead puso en riesgo la vida de cuatro personas, no solo de la víctima.

Moorhead fue presentado ante el Tribunal de Paz y quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 43.000. Hasta el momento, no se confirmó si contaba con representación legal.

El disparo salió de un campo en el cruce de dos caminos rurales

El incidente ocurrió en un campo abierto ubicado en la intersección de South Old State Road y East Robbins Road, al norte de Ellendale. Ese sector del sur de Delaware es zona habitual de caza de venados (deer hunting).

En su declaración, la institución precisó: “La investigación preliminar reveló que la víctima caminaba por el campo con un hombre y dos niños mientras Moorhead cazaba venados desde un puesto en el suelo. Moorhead creyó ver un venado y disparó su rifle, alcanzando a la víctima”, tal como consta en el comunicado oficial del organismo.

La investigación continúa abierta y la policía pide colaboración ciudadana

La Unidad de Homicidios de la Policía del Estado de Delaware tiene a cargo la investigación, que permanece activa.

El detective M. Csapo es el responsable del caso y puede ser contactado directamente por quienes tengan información. También existe la posibilidad de enviar datos de forma anónima a través de Delaware Crime Stoppers.

El caso ya ingresó al sistema judicial de Delaware y avanza su curso. Las autoridades no descartaron públicamente la posibilidad de que se presenten cargos adicionales a medida que la investigación avance.

La Unidad de Servicios a Víctimas de la Policía del Estado de Delaware ofrece asistencia las 24 horas del día para quienes la necesiten.

El Congreso podría aprobar una ley para suspender impuestos a los combustibles durante la plenaria prevista para este martes 22 de septiembre, mientras los jefes de bloque buscan consensos para reducir el precio del diésel y las gasolinas.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, afirmó que la eliminación del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) concentra el mayor respaldo, aunque advirtió que esa medida tendría un efecto limitado en el caso del diésel.

La agenda legislativa incluye el conocimiento de las objeciones al Decreto 21-2026, que establece un subsidio para los combustibles, y la discusión de la iniciativa 6809, denominada Ley para el Apoyo Temporal para el Consumo de Combustible.

El proyecto plantea suspender el IDP y otorgar una exención del 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la venta de carburantes.

El IDP reúne apoyos, pero el IVA divide a los diputados

Contreras señaló que la petición para reducir la carga tributaria sobre los derivados del petróleo es compartida por la mayoría de los jefes de bloque. “Los mensajes son claros. Y si nosotros legislamos en ese sentido, la población va a estar contenta”, sostuvo.

El presidente del Congreso explicó que existen posturas distintas sobre el alcance de la medida. Algunos diputados plantean eliminar solo el IDP, mientras otros buscan incluir una reducción o exención del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA).

A su juicio, la primera opción resultaría más viable desde el punto de vista administrativo, pero tendría un impacto menor sobre el precio final que pagan los consumidores.

“Lo más conveniente para la gestión de este impuesto es que solo se elimine el Impuesto a la Distribución del Petróleo”, indicó Contreras. No obstante, añadió que el tributo representa alrededor de Q1,70 (USD 0,22) por galón de diésel, por lo que una eliminación exclusiva del IDP reduciría ese combustible en esa proporción.

En las gasolinas, el efecto sería mayor. Según el titular del Legislativo, la carga vinculada al IDP alcanza aproximadamente Q4,70 (USD 0,61) en ls gasolina regular y Q4,30 (USD 0.56) en la súper. El eventual tratamiento del IVA, en cambio, genera reservas porque esos recursos tienen destinos específicos dentro del presupuesto público.

“El IVA tiene destinos muy específicos y se vería afectada mucha gente”, afirmó Contreras, quien evitó anticipar si habrá suficientes votos para aprobar una fórmula que contemple ambos impuestos.

La iniciativa 6809 fija precios de referencia por seis meses

La comisión de Comunicaciones emitió dictamen favorable a la iniciativa 6809 la semana pasada. El texto propone establecer un precio de referencia de Q35 (USD 4.55) por galón de diésel, Q34,50 (USD 4.48)para la gasolina regular y Q36 (USD 4.68)para la gasolina superior.

La regulación tendría vigencia entre el 15 de octubre y el 15 de abril de 2027. La propuesta quedó incluida entre los últimos puntos de la agenda acordada por la instancia de jefes de bloque, aunque una moción podría modificar el orden de discusión si se alcanzan acuerdos políticos.

El jefe del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), Jairo Flores, consideró que la iniciativa ofrece una salida ante el impacto del alza de los combustibles sobre los hogares. La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, pidió no descartar apoyos económicos para las familias, ante la incertidumbre sobre la evolución de los precios.

La diputada Hellen Ajcip, de Comunidad Elefante, planteó que el Congreso debe evaluar tanto la reducción de impuestos como mecanismos de subsidio que lleguen a la población.

El pleno también deberá resolver las objeciones al subsidio

El diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, presentó objeciones al Decreto 21-2026 que fija precio tope a los combustibles, por lo que el pleno deberá decidir si las acepta o las rechaza. Si no prosperan, el decreto pasará al Ejecutivo para su sanción o eventual veto.

Contreras descartó que la sesión extraordinaria de este martes pueda declararse permanente. Explicó que esa figura no procede después de una convocatoria extraordinaria, aunque recordó que el pleno puede convocar otra sesión para el miércoles si reúne los votos necesarios.

El presidente del Congreso insistió en que existen entre seis y siete iniciativas relacionadas con el costo de los combustibles, pero subrayó que cualquier decisión debe contar con respaldo económico del Ejecutivo. “No hay iniciativa que no tenga sustento económico”, advirtió.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala activaron un operativo preventivo de seguridad con herramientas de identificación biométrica e interconexión internacional ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras.

La intervención institucional busca mantener el orden público, prevenir hechos delictivos y resguardar el territorio nacional ante el desplazamiento de un contingente de al menos 400 personas que partió desde San Pedro Sula con la intención de cruzar Guatemala y México para llegar a Estados Unidos.

Puestos interinstitucionales controlan los pasos fronterizos

En cumplimiento del Código de Migración, las autoridades guatemaltecas habilitaron puestos de control interinstitucionales en sectores fronterizos clave como Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, así como en rutas estratégicas.

En estos puntos participan unidades especializadas de la PNC, entre las que destacan la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras (Dipafront), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC).

Los agentes utilizan tecnología biométrica conectada en tiempo real con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional para corroborar identidades y detectar a personas con antecedentes o vínculos con estructuras criminales.

Junto al despliegue de las fuerzas de seguridad, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizan una verificación exhaustiva de los documentos de los menores de edad que forman parte de los grupos en tránsito.

Esta supervisión tiene como objetivo certificar el parentesco con los adultos acompañantes para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

De forma paralela, las comisarías departamentales y unidades operativas vigilan carreteras principales como la ruta CA-9 Norte para prevenir congestionamientos viales y brindar protección a las comunidades de la zona.

El Gobierno guatemalteco retornará a quienes incumplan los requisitos

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que la vigilancia en los pasos fronterizos se mantendrá de manera estricta y que el IGM autorizará únicamente el ingreso de las personas que cuenten con su documentación en orden.

El mandatario aseguró que quienes no cumplan los requisitos formales no podrán ingresar y serán retornados a Honduras para completar sus trámites.

“Se les pedirá que completen en sus países para que esto funcione. En Honduras, en este caso, que es de donde están viniendo”, explicó el jefe del Ejecutivo, quien añadió que los ciudadanos podrán solicitar de nuevo su entrada formal una vez resuelta su situación.

A estas acciones se suma la postura expresada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la cual exhortó a los migrantes a no poner en riesgo sus vidas ni creer en los ofrecimientos de traficantes.

La representación diplomática remarcó que las fronteras estadounidenses continúan cerradas para quienes violen la ley y recordó que todas las semanas se efectúan deportaciones aéreas de cientos de ciudadanos hondureños.

Ante este panorama, el Mingob habilitó líneas de la PNC para promover la denuncia ciudadana anónima sobre cobros o intermediaciones ilícitas en las rutas migratorias.

Inicia el ingreso de migrantes hondureños

Pese a las advertencias de las autoridades hondureñas y guatemaltecas, la caravana ya se encuentra en el puente Motagua, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, zona fronteriza con Honduras.

Medios locales han reportado la colocación de mesas donde participan funcionarios de varias instituciones como el IGM, la PDH, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y agentes de la Policía Nacional Civil.

Stereo Bahía entrevistó a varios hondureños quienes comentaron que les están otorgando permiso para transitar por Guatemala durante un día, siempre que su documentación se encuentre en orden.

Algunos ya habían hecho el trámite con anterioridad, no obstante, comentaron que tienen las mismas restricciones, sólo pueden estar en el territorio guatemalteco durante un día, lo que, según ellos, les dificultará su paso, ya que “es imposible abarcar todo el país en 24 horas”.

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) capturó a cuatro ciudadanos salvadoreños señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha tras una persecución en la circunvalación al lago de Amatitlán, en un operativo que incluyó el decomiso de armas, municiones, teléfonos y un documento de identidad que sería falso.

La intervención ocurrió en el kilómetro 35,5 de la vía, después de que agentes de la Comisaría 15 recibieran una alerta por la presencia de varios hombres armados que efectuaban disparos al aire. Según el reporte policial, los agentes localizaron un automóvil con placas salvadoreñas cuyos ocupantes intentaron escapar cuando advirtieron la llegada de la patrulla.

Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27, y José Ángel Ramírez, de 28 años.

Dos armas, 44 municiones y cinco teléfonos celulares en el vehículo

Durante la revisión del vehículo, con matrícula salvadoreña P-155DB, los policías incautaron dos armas de fuego, 24 municiones calibre 5,56 milímetros para fusil y 20 cartuchos calibre 9 milímetros para pistola. También decomisaron cinco teléfonos celulares y el automóvil en el que se desplazaban los cuatro hombres.

La PNC indicó que una de las armas tenía el número de registro esmerilado. La otra figuraba con reporte de robo en El Salvador, según la institución.

Ramírez portaba un Documento Personal de Identificación (DPI) cuyos datos correspondían a otra persona, de acuerdo con la información divulgada por la Policía guatemalteca. Las autoridades deberán establecer si el documento era apócrifo y determinar su procedencia.

Posible vínculo con un homicidio en Villa Nueva

Las primeras averiguaciones apuntan a que los detenidos podrían estar vinculados con un ataque armado registrado el día anterior en la 1.ª calle y 15 avenida de la zona 4 de Alioto Sánchez, en Villa Nueva.

En ese hecho murió un hombre, aunque la PNC no divulgó la identidad de la víctima ni precisó las circunstancias del ataque. La institución coordina con autoridades salvadoreñas la revisión de antecedentes de los cuatro capturados y la existencia de posibles órdenes de captura en su contra.

La investigación deberá definir si las armas decomisadas fueron utilizadas en ese homicidio u otros hechos violentos. También se analizará la información contenida en los teléfonos incautados durante el operativo.

Al menos 55 salvadoreños detenidos en Guatemala en el primer semestre de 2026

El caso se conoció semanas después de la entrega a la justicia salvadoreña de Víctor, alias “Escorpión”, un presunto integrante de Barrio 18 que había sido expulsado de México por su situación migratoria irregular.

Según información de la agencia EFE del 27 de agosto, el hombre, de 28 años, era requerido en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. La Policía guatemalteca lo identificaba como sicario dentro de esa estructura criminal. Su entrega fue la sexta de un presunto pandillero salvadoreño remitido durante agosto, tras su expulsión desde territorio mexicano.

De acuerdo con datos proporcionados por la PNC a esa agencia, al menos 55 ciudadanos salvadoreños presuntamente vinculados con Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueron detenidos en Guatemala durante el primer semestre de 2026. De ese total, 29 fueron entregados a las autoridades de El Salvador, mientras que los restantes permanecían bajo custodia en centros penitenciarios guatemaltecos.

La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que los registros policiales consignaban la expulsión de 27 salvadoreños entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026. Otros 26 cumplían condenas en Guatemala por distintos delitos, según esos datos.

La migración irregular desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos y México cayó un 50.2% durante 2026, según registros oficiales recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre enero y julio en Estados Unidos, y entre enero y junio en México, las autoridades de ambos países detuvieron a 21,741 ciudadanos de los tres países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En los mismos períodos de 2025, la cifra había sido de 43,686.

Los datos, obtenidos este lunes y documentados por la OIM, muestran una reducción sostenida en las aprehensiones de migrantes de la región, que durante los últimos años constituían una de las principales corrientes de migración irregular hacia territorio estadounidense.

Son 12,082 aprehensiones en Estados Unidos entre enero y julio

La mayor parte de las detenciones del período correspondió a Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contabilizó 12,082 aprehensiones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños entre enero y julio de 2026.

Esa cifra representa una baja del 39% frente a los 19,811 casos registrados durante los primeros siete meses de 2025.

El descenso afectó a las tres nacionalidades. Las aprehensiones de ciudadanos de El Salvador bajaron un 51.9%, mientras que las de personas originarias de Guatemala retrocedieron un 32.8%. En el caso de los migrantes de Honduras, la disminución fue del 42.6%.

La agencia EFE, agencia española de noticias, señaló que los tres países centroamericanos solían aportar cerca de 500,000 migrantes al año que intentaban ingresar de forma irregular a Estados Unidos, principalmente en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida.

Caída del 59.5% en las detenciones en México

En México, las autoridades detuvieron a 9,659 migrantes procedentes del Triángulo Norte entre enero y junio de 2026. El número quedó un 59.5% por debajo de las 23,875 detenciones registradas en el mismo período de 2025.

La caída más marcada fue la de los salvadoreños. Las detenciones de ciudadanos de este país en territorio mexicano descendieron un 91.2% interanual.

Entre los guatemaltecos, la reducción fue del 27.3%, mientras que las aprehensiones de hondureños cayeron un 52.2%, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.

La OIM elaboró el registro con información procedente de esa dependencia mexicana y de la CBP estadounidense. Los períodos relevados no son idénticos: las cifras de Estados Unidos abarcan hasta julio, mientras que las de México llegan hasta junio.

Políticas de Trump y gestión Bukele como factores de la caída

La reducción de los flujos coincide con la aplicación de medidas antimigratorias más estrictas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, según la nota de EFE. Esas disposiciones incidieron en la caída de los intentos de cruce irregular hacia Estados Unidos desde países de Centroamérica.

En paralelo, las autoridades de El Salvador sostienen que la salida irregular de sus ciudadanos disminuyó durante la gestión del presidente Nayib Bukele en comparación con las administraciones anteriores.

El Gobierno salvadoreño atribuye esa tendencia a la mejora de las condiciones de seguridad en el país, tras años en los que la violencia y la falta de oportunidades figuraron entre los factores que impulsaron la migración.

Con los pies descalzos y aún cubiertos de sangre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un joven de 20 años acusado de asesinar a su mamá con un tenedor.

Vecinos que escucharon los gritos y una fuerte alertaron a las fuerzas de seguridad. Sin embargo la discusión se incrementó y el, ahora capturado, perdió el control y comenzó a agredirla físicamente a su madre.

Aunque la mujer trató de defenderse y de calmar a su hijo, la violencia del joven escaló y la atacó con un tenedor de mesa insertándolo repetidas veces en el rostro y varias partes de su cuerpo.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 21 de septiembre en la 4a. Avenida de la colonia La Nueva Esperanza, del municipio de Siquinalá, en el departamento de Escuintla, en Guatemala.

El, ahora detenido, fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala como Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera. Mientras que familiares indicaron que la madre respondía al nombre de Gloria Elizabeth Cabrera Guerra, quien tenía 56 años.

Padecía transtornos mentales

Aunque las primeras versiones difundidas indicaban que el joven llegó en estado de ebriedad y bajo efectos de droga, situación que había generado la discusión con su madre, familiares han tratado de aclarar lo ocurrido escribiendo directamente a medios locales.

Según afirman, Méndez Cabrera padecía de enfermedades mentales muy graves, mismas que se presentaron hace poco tiempo. “Hablaba solo y rápidamente se ponía violento”, por lo que la familia optó por mantenerlo sujetado a una silla “por seguridad de él y de quienes lo rodeaban”.

Además, comenzaron a buscar ayuda profesional y acudieron a varias instituciones públicas, debido a que su situación económica les impedía contratar a especialistas privados.

“Nos dejaron solos, no nos escucharon y ahora se lamenta una muerte”, manifestó la persona que sólo se identificó como hermano de Giancarlo.

La persona explicó que ellos no residen en la vivienda donde ocurrieron los hechos, sino que viajaron al lugar para esperar a un familiar que encontró a un profesional que les ofreció ayuda para identificar el padecimiento del joven y buscar una solución.

Sin embargo, Giancarlo logró quitarse los amarres y escapó de la residencia. Su madre lo buscó de manera incansable, logró recuperarlo y regresarlo a la vivienda.

No obstante, en horas de la madrugada el joven trató de escapar nuevamente, se puso violento y atacó a su madre. Ella trató de calmarlo de manera insistente, pero él no escuchó razón y la atacó.

Autoridades investigan el hecho

En tanto, agentes de la Policía Nacional Civil de Escuintla capturaron al joven de 20 años, quien fue puesto ante las autoridades correspondientes para dilucidar su situación legal.

Mientras que fiscales del Ministerio Público realizan diligencias y recopilación de pruebas para establecer lo ocurrido y presentarlo ante los órganos jurisdiccionales que deberán determinar cuál será el futuro de Méndez Cabrera, luego de atacar y dar muerte a su progenitora.

Claudia González presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Jimi Bremer, a quien atribuye cinco posibles delitos por las decisiones adoptadas en el proceso penal que enfrenta por abuso de autoridad.

La exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) busca que se investiguen presuntas vulneraciones a sus derechos, después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas calificara de arbitraria su detención de 2023.

La petición fue entregada este lunes 21 de septiembre ante la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, en la Torre de Tribunales.

El expediente pasó al Juzgado Quinto Penal, que deberá inhibirse y trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia, encargada de decidir si da curso al levantamiento de la inmunidad del magistrado.

González pretende que Bremer sea investigado por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia. La abogada sostiene que las actuaciones judiciales la dejaron en una situación de indefensión para resolver su situación legal.

“Todas las acciones en mi contra, mi detención y todas las vulneraciones de derechos humanos que se dieron dentro de mi proceso tienen que ser investigadas por el Estado de Guatemala”, afirmó González al explicar los fundamentos de la acción.

Las actuaciones cuestionadas durante el proceso penal

La denuncia apunta a los aplazamientos de audiencias, la reserva aplicada al expediente y el rechazo de la mayor parte de las pruebas de descargo ofrecidas por su defensa. González cuestionó también que se le imputara abuso de autoridad, al sostener que nunca ejerció como funcionaria pública.

“Yo no fui funcionaria, nunca fui funcionaria pública, entonces tampoco cabría el tema de levantar un proceso penal por el delito de abuso de autoridad”, señaló. Sobre la audiencia para presentar pruebas, añadió: “Rechazó casi toda mi prueba; o sea, me dejó en estado de indefensión total”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la captura de González y la privación de su libertad vulneraron sus derechos fundamentales y debían ser investigadas por el Estado de Guatemala.

En prisión durante 82 días

González fue detenida el 28 de agosto de 2023 tras un allanamiento en su vivienda y permaneció 82 días en prisión preventiva en el centro militar Mariscal Zavala. La Sala Primera de Apelaciones le concedió posteriormente medidas sustitutivas al considerar que la prisión carecía de fundamentación suficiente.

La audiencia de primera declaración se realizó nueve días después de la captura, pese a que la legislación fija un plazo máximo de 24 horas. El caso fue declarado bajo reserva, lo que restringió el acceso a la información sobre el proceso.

Las suspensiones incluyeron ausencias del Ministerio Público, excusas de jueces, demoras para presentar actos conclusivos y postergaciones de las audiencias de ofrecimiento de prueba. La etapa intermedia se extendió durante más de un año, con interrupciones atribuidas también a exceso de trabajo y a presuntas presiones externas.

El 18 de marzo de 2025, Bremer resolvió enviar a González a juicio. Dos meses después, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal suspendió la audiencia de inicio porque el Ministerio Público no compareció y fijó el debate para el 12 de mayo de 2027, al alegar que no contaba con otra fecha disponible por la carga de trabajo.

La denuncia de Blanca Stalling y el origen del expediente

El proceso contra González se originó en una denuncia de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, fallecida en noviembre de 2025, quien acusó a la abogada por las indagaciones que realizó en 2017 mientras trabajaba para la Cicig.

La exmagistrada había sido investigada por presunto tráfico de influencias luego de que el exjuez Carlos Ruano la denunciara. Ruano sostuvo que Stalling intentó influir para que dejara en libertad a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado en un caso de corrupción.

Aunque González actuó bajo el amparo de la Cicig, la Fiscalía sostiene que no tenía facultades para investigar a funcionarios judiciales. La acusación quedó exclusivamente a cargo del Ministerio Público que, en ese entonces, estaba bajo la dirección de Consuelo Porras, sancionada en 43 países.

Abogados Sin Fronteras Canadá y la defensa de González exigieron al Estado de Guatemala cumplir la resolución de Naciones Unidas y reparar las vulneraciones denunciadas. La organización afirmó que la persecución penal se relaciona con la labor de la abogada en la comisión, un organismo de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 200 estructuras corruptas dentro del Estado.

El juez Bremer y los antecedentes de sanciones internacionales

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez es titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y ha intervenido en procesos contra exfiscales, abogados, periodistas y antiguos operadores de justicia. Entre sus resoluciones figuran autorizaciones de diligencias y allanamientos vinculados a investigaciones contra exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Bremer fue incluido en listas de sanciones de la Unión Europea y del Gobierno de Estados Unidos, incluida la Lista Engel, bajo señalamientos de atentar contra la democracia y el Estado de derecho. La solicitud de González busca que la Corte Suprema de Justicia determine si puede ser investigado por las decisiones que tomó durante su proceso.

El Congreso de la República de Guatemala prevé elegir al próximo contralor general de Cuentas el 6 u 8 de octubre, para que asuma el 13 de ese mismo mes y encabece la institución durante el período 2026-2030.

La definición quedará en manos de los diputados, que podrán reunirse libremente con los seis aspirantes para conocer sus planes de trabajo antes de la votación.

La Comisión de Postulación completó la nómina el domingo 20 de septiembre, después de entrevistar a los profesionales que alcanzaron la calificación mínima requerida. El nuevo titular sustituirá a Frank Helmut Bode al frente de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El presidente del Congreso, Luis Contreras, comunicó el calendario tentativo durante una reunión de jefes de bloque celebrada el 21 de septiembre. Las sesiones ordinarias del martes 6 y el jueves 8 de octubre aparecen como las fechas posibles para realizar la elección.

Contreras anticipó que los postulantes buscarán respaldo entre las bancadas y defendió que cada legislador pueda recibirlos. “Hoy les avisé a jefes de bloque. Y no vayan a perderse, que aquí van a venir todos a cabildear por su espacio en esa elección. Los diputados son libres para juntarse con quien quieran, y que les explique su plan de trabajo y así votar por quien quieran”, afirmó.

El titular del Organismo Legislativo dijo que todavía no conoce personalmente a los aspirantes y que la información disponible para él procede de lo difundido por los medios de comunicación. Espera recibir oficialmente la nómina el martes siguiente.

Las entrevistas y la fase política de la elección

Los diputados Nery Ramos y Elmer Palencia indicaron que aún se evalúa si la instancia de jefes de bloque entrevistará formalmente a los candidatos. La reunión de ese lunes estuvo dedicada a revisar propuestas legislativas para aliviar la crisis de los combustibles.

Ramos coincidió con Contreras en que los seis profesionales deberían exponer sus planes de trabajo ante las bancadas. Con ese contacto directo entre candidatos y legisladores, el proceso entra en su etapa de negociación política.

La nómina está integrada por seis contadores públicos, entre ellos personal de la Contraloría General de Cuentas y personas cercanas a la actual jefe de la institución. De ese grupo, el Congreso deberá escoger a quien ejercerá el cargo durante los próximos cuatro años.

Bernardo Arévalo pendiente del Legislativo

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, expresó su expectativa de que el Legislativo realice una designación que fortalezca la fiscalización estatal. El mandatario se pronunció tras la definición de la nómina, durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea Guatemalteca, luego de la llegada del primer lote de armas adquirido al Gobierno de Estados Unidos.

Arévalo sostuvo que identificó perfiles profesionales consistentes entre los finalistas y respaldó el trabajo previo de la comisión.

“Nosotros confiamos que la Comisión de Postulación haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos dentro de esa lista que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno”, declaró.

La postura de Estados Unidos y otros relevos institucionales

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, manifestó que su Gobierno sigue con atención las designaciones de funcionarios de alto rango en Guatemala, aunque señaló que respeta la decisión nacional.

“Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados. Respetamos el proceso y es por los guatemaltecos decidir estas cosas”, aseguró.

Andrews añadió que la representación diplomática estadounidense está dispuesta a trabajar con quien resulte elegido. “Estamos totalmente dispuestos a trabajar con cualquiera de las personas que sean seleccionadas en estos puestos”, afirmó.

Con la Marcha Nupcial “Sueño de una noche de verano” de Felix Mendelssohn, fueron despedidos los cuerpos de Daniel Grande y Angélica García, quienes fallecieron en un trágico accidente de tránsito en Guatemala, horas antes de su boda.

La ceremonia de despedida de Daniel Enrique Grande Brand, de 25 años, y de Angélica Gabriela García Estrada, de 21, inició el domingo 20 de septiembre con un culto en la iglesia evangélica Ministerio Cristiano Shaddai, ubicada en Masagua, Escuintla, donde la pareja tenía previsto contraer matrimonio ese mismo día.

Los enamorados no caminaron al altar. En su lugar, familiares y amigos cargaron los féretros de la pareja y los ingresaron al recinto religioso. Cada uno vestía con el traje que habían preparado para su boda.

Tal y como si se tratara de sus nupcias, los ataúdes pasaron por un arco formado por los invitados con flores blancas. Dos damitas de honor vestidas de rosado cargaban sus anillos, los cuales fueron puestos sobre el ataúd de cada uno de los.

Al terminar la ceremonia, ambos fueron llevados al área donde festejarían la unión de su amor, pero en lugar de celebrar su boda, se realizó su velación.

A las 14 horas de este lunes 21 de septiembre, los cuerpos de los jóvenes partieron en una caravana de vehículos hacia el cementerio de Masagua, donde fueron inhumados.

Ambos servían en la iglesia

La joven pareja era recordada no sólo por el amor que habían mostrado durante los últimos años, sino porque ambos entregan su vida al servicio de la iglesia.

“Eran apasionados y profundamente comprometidos con el Ministerio Juvenil de su congregación”, detallaron amigos que los conocían a través de las redes sociales.

Según indicaron, los dos organizaban dinámicas, vigilias, talleres bíblicos y actividades recreativas con un solo objetivo: “acercar a más jóvenes al camino de Dios y predicar el evangelio con alegría. Eran un ejemplo de entrega, siempre dispuestos a servir y a extender una mano a quien lo necesitara dentro y fuera del templo”, expresaron miembros de la iglesia a medios locales.

Un amor que había crecido con el tiempo

Familiares de las víctimas contaron que los jóvenes tenían un noviazgo que había iniciado hace tres años, pese a las adversidades, su amor se había consolidado.

Se comprometieron un año después de iniciar a ser pareja. Querían esperar para trabajar juntos y ahorrar dinero para llevar a cabo su boda e iniciar su vida juntos. Todo estaba listo y los novios se casarían este domingo.

Familiares recuerdan que el vestido blanco de Angélica fue traído desde Canadá, como parte del regalo de un familiar. Mientras que Daniel usaba un traje beige que había comprado con una gran ilusión.

Accidente mortal

Sus sueños e ilusiones quedaron truncados. Ambos fallecieron en un accidente múltiple ocurrido la tarde del sábado 19 de septiembre en el kilómetro 63 de la ruta a Masagua, en el departamento de Escuintla.

Familiares comentaron a Prensa Libre que los jóvenes salieron en dos motocicletas diferentes. Daniel iba a la casa de su tío y Angélica llevaba a su mamá. Los tres regresaban de comprar artículos de último momento para la boda.

Tras el percance, Daniel falleció en el instante, mientras que la joven fue llevada hacia un centro asistencial en estado grave, pero falleció minutos después de su arribo. La muerte fue confirmada por autoridades del Hospital.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este lunes que Honduras entregó dentro del plazo establecido sus observaciones ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en respuesta a la declaración presentada por Guatemala el pasado 19 de junio de 2026.

El procedimiento se desarrolla dentro del caso sobre la soberanía de los Sapodilla Cayes o Cayos Zapotillos, un conjunto de formaciones insulares ubicado en el área marítima del Caribe en disputa entre Honduras y Belice.

La intervención de Guatemala agrega otro elemento al proceso judicial, aunque el país centroamericano participa como Estado interviniente no parte, por lo que sus actuaciones tienen un alcance distinto al de los dos Estados directamente involucrados en el litigio.

Con ese documento, Honduras fija su posición frente a los planteamientos formulados por Guatemala y completa una nueva actuación dentro de la fase escrita del proceso.

El procedimiento avanzará hacia la fase oral, en la que Honduras, Belice y Guatemala tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante la CIJ.

Las audiencias serán en marzo de 2027

Durante esas sesiones se escucharán los argumentos de las partes y las observaciones de Guatemala en su condición de Estado interviniente no parte.

La fase oral permitirá que las posiciones planteadas durante la fase escrita sean expuestas directamente ante los jueces de la Corte. La fecha fijada también permite conocer el calendario de los próximos pasos del litigio, aunque la presentación de argumentos orales no significa que exista una decisión definitiva sobre la soberanía de los cayos.

La participación de Guatemala es uno de los elementos que distinguen este proceso. Según la Cancillería hondureña, Guatemala interviene en el caso como Estado no parte: su participación se limita al procedimiento de intervención autorizado por la Corte y no equivale a convertirse en una de las partes principales del litigio entre Honduras y Belice.

La intervención responde al interés de Guatemala en que determinados aspectos relacionados con sus derechos o posiciones jurídicas sean considerados dentro del proceso.

El proceso ante la CIJ fue promovido por Belice contra Honduras y está relacionado con la soberanía sobre los Sapodilla Cayes, conocidos en español como Cayos Zapotillos. El litigio forma parte de las controversias territoriales y marítimas que se han trasladado al principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

La Corte, con sede en La Haya, Países Bajos, resuelve controversias jurídicas entre Estados que han aceptado su jurisdicción y emite opiniones consultivas cuando corresponde. En este caso, el proceso busca determinar las cuestiones de soberanía planteadas por las partes en relación con los cayos.

Las audiencias sobre los Cayos Zapotillos no serán el primer procedimiento de disputas territoriales entre países de la región que llegue a la CIJ en esas fechas. La Corte tiene programadas del 22 al 26 de febrero de 2027 las audiencias correspondientes al caso de la Reclamación Territorial, Insular y Marítima de Guatemala contra Belice.

Una vez concluidas esas sesiones, entre el 1 y el 5 de marzo se desarrollarán las audiencias del caso sobre los Cayos Zapotillos entre Belice y Honduras. La CIJ concentrará así durante dos semanas consecutivas audiencias relacionadas con controversias territoriales y marítimas entre países de Centroamérica.

Los representantes de Honduras y Belice expondrán sus posiciones ante los jueces durante las audiencias de marzo, mientras Guatemala presentará sus observaciones en la condición procesal que le reconoció la Corte.

Después de las audiencias, corresponderá a la CIJ analizar el expediente y los argumentos presentados antes de emitir una decisión. La siguiente fecha clave será el 1 de marzo de 2027, cuando comiencen las audiencias orales del caso entre Belice y Honduras.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron un presunto narcolaboratorio durante siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas realizadas este lunes 21 de septiembre en el departamento de Guatemala.

El operativo se concentró en inmuebles de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde las autoridades localizaron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo. Las acciones estuvieron a cargo del Ministerio Público en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

En Santa Catarina Pinula también fueron hallados una máquina contadora de dinero, tres radios transmisores, 854 municiones y dos cargadores para arma de fuego, según informó la Policía Nacional Civil. Las diligencias continuaban durante la tarde del lunes.

Apoyo de Estados Unidos

Este mismo lunes, Guatemala recibió de parte del gobierno de Estados Unidos más de 2,600 fusiles M4 adquiridos y financiados por el país mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero, informó la Embajada estadounidense. Según la representación diplomática, es la primera entrega de este tipo en casi 50 años.

La Embajada de Estados Unidos indicó que la entrega de los más de 2,600 fusiles M4 busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

“La seguridad de Guatemala está estrechamente vinculada con la seguridad de los Estados Unidos y de todo el hemisferio occidental. Guatemala es un aliado importante en esta lucha, y junto a Estados Unidos y la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), luchará para poner fin a este veneno en la región”, colocó la sede diplomática en redes sociales.

El narcolaboratorio más grande de la historia reciente en Guatemala

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) hallaron un narcolaboratorio en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, a 25 kilómetros de la frontera con México, durante un operativo desarrollado entre el 26 y el 28 de mayo. Las autoridades lo consideran el mayor complejo de producción de drogas localizado en el país en los últimos 15 años.

La estructura estaba formada por varios inmuebles conectados para fabricar y almacenar drogas, armas y dinero. El Ministerio Público de Guatemala informó que la red trasladaba estupefacientes por Chiapas hacia distintos puntos de México y también los distribuía en territorio guatemalteco.

Ocho hombres fueron detenidos, entre ellos dos ciudadanos mexicanos. En el lugar, el Ejército incautó 15 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, más de mil municiones, 17 teléfonos celulares, nueve radios con siete cargadores, 45 cargadores para fusil, ocho para pistola y cuatro memorias USB. También encontró un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones mexicanas.

El registro incluyó 22 vehículos, tres cuatrimotos, siete motocicletas y tres caballos de raza frisona. En una caleta había USD 136.000 en efectivo, mientras que otras bolsas contenían USD 26.787 y 74.461 quetzales, equivalentes a USD 9,774.

Un video difundido por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo muestra recipientes con polvo blanco, hornos, microondas e insumos para la cocción de cocaína.

Un helicóptero sobrevoló el área para asegurar el perímetro ante una posible respuesta armada desde el exterior. El Ministerio Público dijo para entonces que mantenía el análisis del material incautado para establecer responsabilidades y vínculos con redes criminales transnacionales.

La Hemeroteca Nacional de Guatemala Lic. Clemente Marroquín Rojas conserva periódicos y revistas desde 1821 hasta la actualidad, un acervo que permite reconstruir más de dos siglos de vida pública del país y que se preserva mediante tareas artesanales de restauración y encuadernación.

En septiembre, la conmemoración de los 205 años de independencia vuelve a situar esas publicaciones entre las fuentes para conocer cómo se narraban los acontecimientos de aquella época, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Las colecciones reúnen diarios, revistas, boletines y otros documentos hemerográficos que registraron hechos políticos, sociales y culturales cuando eran noticia inmediata.

Con el paso de los años, esas páginas pasaron a ser testimonios para investigar el pasado y revisar las voces, personajes y debates de cada período.

Entre los ejemplares vinculados con los años de la independencia figuran El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria. Sus páginas permiten acercarse a las publicaciones que circularon cuando Guatemala comenzaba a definir algunos de los capítulos centrales de su historia nacional.

Un archivo fundado para reunir la prensa guatemalteca

La institución fue fundada en 1960 por iniciativa del periodista Rigoberto Bran Azmitia, con el propósito de concentrar en un solo recinto la memoria periodística del país.

Su creación se formalizó el 28 de octubre de ese año mediante un Acuerdo Gubernativo emitido durante la presidencia de Miguel Ydígoras Fuentes, cuando quedó adscrita a la Biblioteca Nacional.

Siete años después, el 13 de abril de 1967, el vicepresidente Clemente Marroquín Rojas, entonces en ejercicio de la presidencia, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 55. La medida convirtió a la hemeroteca en una Dirección separada de la Biblioteca Nacional.

El 23 de junio de 1978, el recinto adoptó oficialmente el nombre de Hemeroteca Nacional «Lic. Clemente Marroquín Rojas», en homenaje al periodista y político. El Ministerio de Cultura y Deportes la declaró Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de octubre de 2003.

La trayectoria de la institución fue reseñada por Guatemala.com, que la identificó como un espacio dedicado al rescate y preservación de la historia hemerográfica guatemalteca.

Su archivo histórico incluye publicaciones periódicas conservadas desde 1822, además de revistas, boletines y documentos vinculados con la prensa escrita.

El taller que repara periódicos y revistas deteriorados

Entre 10 y 15 tomos con deterioros, en especial daños en el lomo, llegan al Taller de Encuadernación y Restauración para recibir tratamiento. El trabajo busca devolverles estabilidad física para que puedan regresar a la consulta pública sin perder las páginas que contienen.

El proceso comienza con una revisión general y una limpieza de los documentos. Cuando las hojas requieren intervención directa, el personal evalúa primero el grado de oxidación del papel para definir el procedimiento adecuado.

Algunos ejemplares son lavados con agua y jabón, luego se enjuagan y se dejan secar hasta eliminar el exceso de humedad. Esta etapa antecede a la reconstrucción de los volúmenes y a la colocación de una nueva pasta para encuadernarlos otra vez.

Las hojas rotas o separadas se reparan con papel japonés, un material utilizado en restauración para unir las partes deterioradas. Tras concluir el procedimiento, los tomos vuelven al área de atención al público y permanecen disponibles para futuras consultas.

El taller también recibe cada mes periódicos de circulación nacional. Esos ejemplares son trabajados de forma artesanal para incorporarlos a una colección que continúa creciendo con las publicaciones del presente.

La sala de lectura funciona en la 5a. avenida 7-26, zona 1, segundo nivel, y atiende de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Para consultar la colección numerográfica, los visitantes deben presentar un documento de identificación y utilizar guantes de látex.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a una mujer de 50 años, acusada como presunta responsable del homicidio de su sobrina, una joven de 32 años cuyo cadáver fue hallado en estado de descomposición tras permanecer tres semanas desaparecida.

El operativo judicial se concretó en el departamento de Baja Verapaz, cinco meses después del hallazgo del cuerpo de la víctima Silvia Aracely Lopez Alvarado, quien dejó en la orfandad a un niño de 12 años.

La captura fue desarrollada por agentes de la Sección de Femicidios de la Subdirección General de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) en la lotificación La Hacienda, situada en el municipio de Salamá.

Mientras que la detenida fue identificada como Martina López Lajuj, tía de la víctima, quien había participado activamente en la búsqueda de la joven cuando se encontraba desaparecida.

Un operativo policial en Salamá culminó con la aprehensión de la sospechosa

Según el reporte policial, se utilizaron diferentes métodos de investigación que incluyeron labores de vigilancia e inteligencia que permitieron ubicar a la tía de la joven en el sector donde ocurrió la desaparición original.

La aprehensión responde a una orden emitida el 7 de septiembre por el Juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Baja Verapaz.

López Lajuj enfrenta cargos por el delito de homicidio en perjuicio de su familiar, identificada como Silvia Aracely López Alvarado.

La víctima permaneció desaparecida durante 22 días antes del hallazgo de su cuerpo

El caso comenzó el 6 de abril, fecha en que los allegados de López Alvarado notificaron su ausencia en el barrio Hacienda La Virgen.

Tras la denuncia, las autoridades activaron una alerta Isabel-Claudina para coordinar la búsqueda. La víctima fue vista por última vez alrededor de las 16:00 horas del día de su desaparición, luego que su pareja sentimental acudió por ella y la llevó con rumbo desconocido.

El 27 de abril, después de 22 días de búsqueda, las unidades de rescate localizaron el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió a 100 metros de profundidad dentro de un barranco en una zona boscosa, a la altura del kilómetro 167 de la ruta que conduce de San Miguel Chicaj hacia Rabinal, en la zona del cerro Champerez, en Baja Verapaz.

La investigación contempla antecedentes de violencia intrafamiliar e informes anónimos

La víctima dejó en la orfandad a un niño de 12 años. Según los testimonios de sus familiares, la mujer enfrentó entornos familiares complejos desde su infancia y creció al cuidado de otros parientes ante la ausencia de sus padres.

Al principio, los familiares de la joven madre apuntaron sus sospechas a la pareja de la víctima, debido a que sufría agresiones físicas, psicológicas y tratos degradantes con fines de explotación, hechos que registraban, al menos, dos denuncias ante el Ministerio Público, previas a su desaparición.

No obstante, estaba seguros de la participación de terceras personas, ya que días antes de la localización del cadáver, la familia recibió una llamada anónima con la ubicación exacta donde se encontraban los restos de López Alvarado.

Carlos Rivera anuncia este lunes 21 de septiembre la reprogramación de cuatro conciertos de su gira ¡Vida México! Tour debido a una lesión en las cuerdas vocales que sus médicos le indican tratar con un mes de reposo absoluto. El cantante mexicano no se presentará en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador.

La pausa afecta las presentaciones programadas para el 2 y 3 de octubre en Colombia, y el 9 y 10 de octubre en Centroamérica. Según el productor Enso, los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos automáticamente para las nuevas fechas, sin necesidad de ningún trámite adicional por parte del público.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera? Lleva tiempo lidiando con una lesión

El intérprete de “Solo tú” explica en un comunicado difundido en sus redes sociales que el problema no es reciente, y está lidiando con ese problema desde tiempo. “Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, señala.

El cantante agrega que la decisión de detener la gira llega después de recibir una indicación médica directa. “Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”, escribe en el mismo mensaje.

Las cuatro fechas pospuestas de Carlos Rivera y sus nuevos calendarios

El concierto en Bogotá, previsto para el 2 de octubre en el Movistar Arena, se reprograma para el 15 de abril de 2027. La presentación en Medellín, en el Teatro Universidad de Medellín, pasa del 3 de octubre al 17 de abril de 2027.

En Centroamérica, el show en Guatemala, en el Fórum Majadas, originalmente fijado para el 9 de octubre, se mueve al 9 de abril de 2027. El concierto en El Salvador, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, pasa del 10 de octubre al 10 de abril de 2027.

Antes del anuncio, ambas fechas colombianas todavía aparecían activas en las plataformas de venta de boletos, lo que generó confusión inicial entre los seguidores del cantante.

¿Cuándo regresa Carlos Rivera a los escenarios?

Rivera plantea un panorama de recuperación con fecha de retorno. “Si Dios quiere, a partir del 23 de octubre, con el concierto en Tlaxcala, mi agenda continuará como está prevista, al igual que las fechas posteriores”, afirma en el comunicado.

Esa presentación forma parte de la programación de la feria estatal, en el Palenque de Tlaxcala 2026, y la fecha ya estaba confirmada antes del anuncio de la pausa médica. Tras Tlaxcala, la gira contempla paradas en Quito y Guayaquil, Ecuador, los días 5 y 7 de noviembre respectivamente.

El itinerario continúa el 14 de noviembre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, y cierra el mes el 28 de noviembre en la Arena Monterrey, en Nuevo León. Ninguna de estas fechas sufre modificaciones hasta el momento.

¿Qué son las lesiones en las cuerdas vocales y qué tendría Carlos Rivera?

Las cuerdas vocales son dos bandas de tejido en la laringe que vibran al pasar el aire y producen el sonido de la voz. Cuando se lesionan por uso excesivo o incorrecto, pueden desarrollar crecimientos benignos, aunque Carlos Rivera no especificó qué tiene, estas son las lesiones más comunes: nódulos, pólipos y, en casos más extensos, edema de Reinke.

Nódulos

Son como pequeños callos que aparecen en ambas cuerdas vocales, generalmente en el punto donde se unen el tercio anterior y el medio. Su causa principal es el abuso crónico de la voz: gritar, cantar fuerte, hablar en tono forzado durante mucho tiempo. Afectan sobre todo a cantantes, maestros, locutores y cualquier persona que use la voz profesionalmente.

Pólipos

A diferencia de los nódulos, suelen aparecer en una sola cuerda vocal y se forman después de un esfuerzo vocal agudo puntual, como gritar una sola vez con mucha fuerza. También pueden originarse por reflujo gastroesofágico, tabaquismo o inhalación de irritantes. Son más grandes que los nódulos y a veces requieren cirugía.

Edema de Reinke

Ocurre cuando el líquido se acumula debajo de la mucosa que cubre toda la cuerda vocal, no solo un punto localizado. Se relaciona con irritación crónica, tabaquismo prolongado y uso excesivo de la voz.

Causas generales

Entre los factores de riesgo están el abuso vocal (gritar, cantar sin técnica adecuada), el tabaquismo, el reflujo gastroesofágico, las alergias crónicas, las infecciones respiratorias repetidas, la deshidratación y los cambios hormonales.

Síntomas

Los más comunes son ronquera persistente, voz entrecortada o áspera, sensación de cuerpo extraño en la garganta, carraspeo frecuente, fatiga vocal y pérdida del rango vocal. Si la ronquera dura más de dos o tres semanas, los especialistas recomiendan una evaluación con otorrinolaringología.

Tratamiento

En la mayoría de los casos el reposo vocal y la terapia con un especialista en voz bastan para resolver nódulos y pólipos pequeños. También se recomienda tratar el reflujo si está presente, dejar de fumar y mantener buena hidratación. La cirugía se reserva para lesiones grandes que no mejoran con estas medidas.

Aunque el comunicado de Carlos Rivera no especifica qué tiene, por el tiempo de tratamiento parece no ser una lesión grave.

Guatemala declaró en alerta roja 15 municipios de la Región Trifinio, ubicados entre Chiquimula y Jutiapa, por los efectos de la sequía prolongada, que ya afecta a, por lo menos, 113.825 familias, según evaluaciones iniciales de las autoridades.

La medida fue comunicada este lunes 21 de septiembre por la vicepresidenta Karin Herrera, quien solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) que priorice la atención y las acciones de respuesta en las localidades afectadas.

Las autoridades advirtieron que el número de familias en situación de vulnerabilidad podría cambiar a medida que avancen las verificaciones en el territorio.

El escenario también podría extenderse durante los próximos meses, por lo que el Gobierno pidió reforzar la coordinación institucional ante el impacto del fenómeno agroclimático.

Once municipios de Chiquimula están bajo alerta roja

En el departamento de Chiquimula, la alerta comprende a Camotán, Chiquimula, Concepción Las Minas, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, San José La Arada y San Juan Ermita.

Los otros cuatro municipios alcanzados por la medida están en Jutiapa: Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa y Santa Catarina Mita.

Las 15 localidades forman parte de la Región Trifinio, una zona que reúne territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras. En el caso guatemalteco, la sequía amenaza las actividades agrícolas y los medios de subsistencia de hogares que dependen de la producción rural.

La Vicepresidencia informó que la declaración responde a las recomendaciones emitidas por los alcaldes de los municipios afectados. A partir de esa solicitud, la SE-CONRED deberá organizar y dar prioridad a las acciones de asistencia y respuesta.

El Gobierno reforzará el plan de respuesta ante la sequía

Herrera también pidió a los ministerios de Economía; Salud Pública y Asistencia Social; Desarrollo Social; Finanzas Públicas; y Agricultura, Ganadería y Alimentación que adopten medidas para fortalecer el Plan de Acción – Respuesta a Emergencia por Sequía 2026.

La instrucción alcanza además a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), que deberá coordinar acciones con las demás instituciones para asistir a las familias con mayores necesidades.

El objetivo es que la respuesta estatal priorice la protección de los medios de vida y el acceso a alimentos de la población afectada. El Gobierno puso el foco en la primera infancia y la niñez, ante el riesgo de que la falta de agua y las pérdidas agrícolas agraven los casos de desnutrición aguda.

Al 5 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social había informado que 990 niños menores de cinco años presentaban desnutrición aguda en Chiquimula y Jutiapa.

La atención oficial se articula desde marzo

La Vicepresidencia señaló que el trabajo interinstitucional frente a la sequía comenzó en marzo, a través del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS) y del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan).

Esos espacios han dado seguimiento a los efectos del fenómeno de El Niño y a sus consecuencias sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria en las zonas más expuestas.

Las autoridades indicaron que las evaluaciones territoriales continuarán en los próximos días para determinar la magnitud de las pérdidas y actualizar el número de familias afectadas. La atención en los 15 municipios declarados en alerta roja dependerá de esa información y de la ejecución de las medidas previstas en el plan de emergencia.

Guatemala recibió este lunes el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos, una compra que retoma el acceso del Ejército guatemalteco al equipamiento militar estadounidense tras 47 años de restricciones y que forma parte de un plan de modernización orientado al combate del narcotráfico, el crimen transnacional y la protección de las fronteras.

El cargamento llegó a bordo de una aeronave del Ejército de Estados Unidos que aterrizó en la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca. La entrega inaugura una serie de envíos escalonados de armas y equipos comprados mediante mecanismos de cooperación de gobierno a gobierno.

La adquisición comprende más de 14 mil unidades de armamento moderno, entre fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y equipos para operaciones nocturnas. El presidente Bernardo Arévalo indicó que la primera entrega se integra en una inversión superior a USD 5 millones (unos Q38.5 millones) destinada a reforzar la seguridad y las capacidades operativas militares.

El Gobierno de Guatemala señaló que se trata de la primera compra de armamento estadounidense para el Ejército en más de cuatro décadas. El levantamiento de las restricciones habilitó nuevamente las operaciones de defensa entre ambos países después de casi medio siglo.

El retorno al equipamiento militar estadounidense

El embargo militar había permanecido vigente debido al irrespeto a los derechos humanos, según explicó en marzo el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz. La decisión de Estados Unidos permitió a Guatemala volver a adquirir armamento y equipos militares mediante acuerdos directos entre gobiernos.

Sáenz calificó la recepción de las armas como un hito para el país y para las Fuerzas Armadas. Durante el acto en la Fuerza Aérea Guatemalteca, sostuvo: “Después de casi medio siglo de restricciones, recuperamos el acceso a equipamiento militar estadounidense y reafirmamos la confianza de nuestro principal socio estratégico”.

El ministro vinculó la compra con el proceso de transformación de las tres fuerzas que integran el Ejército de Guatemala. La institución busca renovar equipos, recuperar capacidades y proporcionar al personal medios para responder a amenazas de seguridad que afectan al país, a las naciones vecinas y a Estados Unidos.

El nuevo armamento será utilizado en operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Las autoridades guatemaltecas afirmaron que el objetivo incluye fortalecer la persecución del narcotráfico y de las organizaciones criminales transnacionales, además de resguardar las fronteras y defender el territorio nacional.

“Hoy estamos sentando las bases del Ejército moderno, una fuerza mejor equipada, más preparada y con la determinación de combatir al narcotráfico”, afirmó Sáenz. El funcionario pidió a los soldados emplear las nuevas armas bajo criterios de disciplina, responsabilidad, respeto a la ley y protección de los derechos humanos.

Incautaciones y planes de inversión militar

Arévalo relacionó la modernización con los resultados que atribuyó a las fuerzas militares desde 2024. De acuerdo con el mandatario, el Ejército incautó más de 34 mil kilogramos de cocaína, decomisó más de 6 mil armas de fuego e inhabilitó 16 pistas de aterrizaje clandestinas.

El presidente sostuvo que esas operaciones justifican la dotación de equipamiento, preparación y nuevas capacidades para los militares. “Esta transformación tiene un propósito claro: proteger a Guatemala, todo el tiempo, en todo el territorio”, expresó.

La recepción de los fusiles M4A1 no completa la adquisición prevista. Las entregas continuarán durante los próximos meses hasta alcanzar el volumen total comprado, en un proceso que las autoridades presentan como parte de la recuperación de capacidades del Ejército.

El Ministerio de la Defensa Nacional había anticipado que Guatemala planeaba destinar este año unos USD 52,2 millones a la compra de armas y equipo para las fuerzas militares, tras la reapertura de las adquisiciones a Estados Unidos.

Durante patrullajes de reconocimiento desplegados en el norte de Guatemala, fuerzas combinadas erradicaron dos campos de cultivo de marihuana valorados en USD 872,198 en el departamento de Petén.

La intervención se ejecutó en la Cooperativa Ixmucané, una comunidad ubicada en el municipio de Las Cruces, donde las tropas retiraron del mercado ilícito miles de matas de cannabis.

El operativo conjunto permitió la localización de las plantaciones ilícitas, en las cuales las autoridades contabilizaron un total de 12.908 matas de marihuana.

Según las estimaciones oficiales de las fuerzas de seguridad, el valor de la droga destruida e incinerada en el lugar asciende a Q6,45 millones, un monto que equivale a 872,198 dólares.

Las acciones sobre el terreno contaron con la participación de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes recopilaron indicios para determinar posibles responsabilidades.

Como parte del mismo despliegue de seguridad, la unidad de fuerzas especiales efectuó patrullajes a pie en el municipio de Poptún, en el departamento fronterizo de Petén, para fortalecer las labores de prevención en beneficio de la población local.

De forma paralela, elementos pertenecientes a la Quinta Brigada de Infantería desarrollaron patrullajes de vigilancia en la línea divisoria entre Guatemala y México.

Esta presencia militar en los límites fronterizos busca restringir el paso de integrantes del crimen organizado y mantener condiciones de paz en las comunidades limítrofes.

Las operaciones antinarcóticos en Petén registraron cifras históricas de destrucción de cultivos

El departamento de Petén se mantiene como una de las regiones prioritarias para los operativos contra el narcotráfico en Centroamérica, debido a su extensa masa boscosa y a su ubicación geográfica estratégica cerca de la frontera mexicana.

Reportes del Ministerio de Gobernación destacan que las tareas de rastreo e incineración de sembradíos ilegales se concentran en municipios rurales como Las Cruces, Poptún y Sayaxché, todos ubicados en Petén.

Durante el transcurso de 2025, las fuerzas antinarcóticas guatemaltecas destruyeron más de 2,6 millones de plantas de marihuana a escala nacional. Estos operativos, sumados a la erradicación de amapola, arbustos de coca e incautaciones generales, supusieron un impacto económico contra el narcotráfico superior a los Q2,064 millones (USD 268 millones)

La tendencia operativa continuó durante 2026 con importantes intervenciones en el sector de Las Cruces. En esta zona destaca la operación realizada en la aldea Los Laureles, donde efectivos policiales y militares desarticularon un área con 853.458 plantas de marihuana, una acción que provocó una pérdida económica para las organizaciones criminales evaluada en USD 41.5 millones.

Hasta la fecha, el Ministerio de Gobernación reporta que el acumulado histórico reciente de intervenciones conjuntas contabiliza la destrucción de 3.5 millones de matas de marihuana y 6.5 millones de arbustos de coca.

Asimismo, incursiones consecutivas en caseríos vecinos como La Bacadilla, Los Aposentos y la misma Cooperativa Ixmucané sumaron más de 200 mil plantas eliminadas en meses recientes, lo cual consolida a esta franja del país como el epicentro de las erradicaciones de cannabis.

Un escalofriante hallazgo realizaron vecinos que transitaban por un área boscosa, cuando encontraron el cuerpo decapitado y desmembrado de un hombre que había sido reportado como desaparecido.

El cuerpo fue localizado en el sector de Chelchik Abaj, en un camino de acceso a Pasanai, aproximadamente a cinco minutos de la carretera principal del municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá, Guatemala.

De inmediato llamaron a los cuerpos de socorro. Al lugar acudieron tres elementos de Bomberos Voluntarios para verificar la situación, quienes no tuvieron más que alertar a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Había sido reportado como desaparecido

Luego de las primeras diligencias se informó que el fallecido había sido reportado como desaparecido desde el sábado 19 de septiembre, luego de que no volviera a su residencia ubicada en Chukmuk II.

La víctima fue identificada como José Tacaxoy Solugui, de 56 años, quien había salido temprano a trabajar el viernes por la mañana y, luego de ello, ya no se supo más de su paradero.

Según el reporte, el hombre fue decapitado, presentaba el desmembramiento del brazo derecho y señales de violencia. Su cuerpo fue localizado el domingo 20 de septiembre en horas de la tarde.

Hasta ahora se desconocen las causas del crimen. Sin embargo, las autoridades investigan para determinar lo ocurrido. Mientras que los familiares exigen una investigación exhaustiva para capturar a los responsables del hecho.

Cuerpo es arrastrado por el río Villa Lobos

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Lobos, informó sobre la localización de un cuerpo debajo del puente Tubac, ubicado entre los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa, del departamento de Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para apoyar en las labores de rescate de la persona fallecida que hasta el momento no ha sido identificada.

Tras hacer una verificación en el área, confirmaron que se trataba de un hombre de unos 30 años, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

De forma preliminar se mencionó que posiblemente fue arrastrado por la corriente del río desde otro sector. Mientras el cuerpo fue localizado en horas de la mañana de este lunes 21 de septiembre por personas que transitaban por el lugar.

Agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados por los bomberos y acudieron para acordonar el área y resguardar la integridad de la escena para iniciar con las investigaciones.

Por su parte, fiscales del Ministerio Público ya se encuentran levantando indicios y realizando las averiguaciones y pesquisas que corresponden para establecer el hecho.

Las autoridades de tránsito mantienen presencia en el área donde se hizo el hallazgo y puntos aledaños debido a que las acciones en seguimiento de esta emergencia están generando impacto en la circulación vehicular.

Según Quevedo, varias personas “curiosas” han detenido la marcha o disminuyen la velocidad con el propósito de tomar fotografías, lo que les ha afectado en la movilización, principalmente en el bulevar El Frutal.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, señalado como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años, así como de otros casos que están en investigación.

La detención se realizó en la zona 3 de la aldea Las Anonas, del municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por el delito de violación.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron el operativo junto con fiscales del Ministerio Público. Según las pesquisas, el hombre, de 51 años, ofrecía empleos a mujeres para conseguir su confianza antes de cometer los ataques.

La investigación sostiene que Herrera Moguel utilizaba amenazas, armas blancas, armas de fuego y fuerza física contra las víctimas. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias por otros hechos que tendrían características similares.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un automóvil, un cuchillo, tres teléfonos celulares y dos tarjetas bancarias. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para ampliar la investigación sobre los casos denunciados.

El vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, destacó el papel de las víctimas que presentaron denuncias y permitió que se activaran los mecanismos de investigación. “Hoy se ha hecho justicia para mujeres valientes que se atrevieron a denunciar”, afirmó el portavoz al referirse a la captura.

Mateo sostuvo que la detención fue resultado del trabajo conjunto entre los investigadores de la DEIC y el Ministerio Público. También pidió a posibles víctimas de delitos sexuales que se acerquen a las instituciones para denunciar, pese a las dificultades que puedan enfrentar durante ese proceso.

El detenido tiene nueve antecedentes policiales por violación, robos y hurtos

Las autoridades informaron que Herrera Moguel registra nueve antecedentes policiales por delitos de intento de robo, violación, robo agravado, violación en grado de tentativa, robo y hurto.

Los antecedentes forman parte de los datos revisados por los investigadores, mientras la PNC busca establecer si el detenido puede estar vinculado con otros ataques. La institución no precisó cuántas denuncias adicionales analiza ni si existen nuevas órdenes judiciales en trámite.

La DEIC cuenta con personal especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer, que trabaja con el Ministerio Público para dar seguimiento a las denuncias. El portavoz policial señaló que cada reporte puede permitir la activación de medidas de protección y facilitar la identificación de nuevos hechos.

En julio detuvieron a otro presunto violador serial vinculado con cerca de 20 casos

La captura de Herrera Moguel ocurrió meses después de otro operativo contra un presunto violador serial en Guatemala. En julio de 2026, agentes de la DEIC detuvieron a Luis David López Juárez, de 43 años, durante un allanamiento en el cantón Cabañas, municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retalhuleu.

Contra López Juárez pesaban tres órdenes de aprehensión. Una de ellas había sido autorizada el 7 de julio de 2026 por un juez, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Fuentes policiales lo vincularon con al menos 20 casos de agresión sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango. En el procedimiento, los agentes hallaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, prendas de ropa interior femenina y botas de tipo militar.

La Comisión de Postulación seleccionó este domingo 20 de septiembre a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) en Guatemala durante el período 2026-2030, una terna ampliada de la que el Congreso deberá designar al próximo contralor con al menos 81 votos.

El cargo encabeza la institución responsable de auditar la ejecución presupuestaria del Estado, los ministerios, las municipalidades y las entidades descentralizadas.

La nómina quedó integrada por los siguientes profesionales:

• Marco Antonio Vélez González,
• Luis Antonio Marroquín Pimentel,
• Jorge Giovanni Castellanos Gudiel,
• Óscar Alberto Hernández Romero,
• Julio Otoniel Roca Morales y
• Elfego Odair Castañón González.

Los seis fueron escogidos tras cuatro rondas de votación entre los 15 profesionales con mejores calificaciones en la tabla de gradación.

Seis perfiles vinculados con la Contraloría y la administración tributaria

Cada aspirante necesitaba un mínimo de 18 apoyos para incorporarse al listado final. Luis Antonio Marroquín Pimentel obtuvo 22 votos en la primera ronda; Marco Antonio Vélez González, 19; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, 18; y Élfego Odair Castañón González, 21 en la segunda.

Óscar Alberto Hernández Romero alcanzó 19 votos y Julio Otoniel Roca Morales recibió 18 en la cuarta ronda, de acuerdo con Guatemala Visible.

La comisión aprobó por unanimidad la publicación oficial de la nómina para el martes 22 de septiembre de 2026 y el traslado del expediente al Congreso.

Marco Antonio Vélez González

Encabezó la tabla de calificaciones con 91 puntos. Actualmente es asesor del despacho superior de la Contraloría General de Cuentas y dirigió la Auditoría a Fideicomisos entre abril de 2018 y abril de 2019.

Su trayectoria incluye cargos y asesorías en los ministerios de Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Comunicaciones, además del Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). También trabajó con la firma Vélez, Mayén & Asociados.

Vélez participó en los procesos de selección de contralor de 2018 y 2022. En la segunda de esas convocatorias recibió 75,62 puntos y quedó entre los 12 candidatos elegibles; en el proceso actual enfrentó una objeción, pero su descargo fue aceptado con 23 votos.

Según su expediente, está casado con Gloria Edelmira Mayen Veliz quien, hasta 2025 era empleada en el Departamento de Gestión Humana del Banco de Guatemala (Banguat).

Luis Antonio Marroquín Pimentel

Obtuvo 89 puntos y dirige la unidad de Probidad de la Contraloría General de Cuentas (CGC), encargada de revisar e investigar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y empleados públicos. En 2022 logró 72,27 puntos, aunque fue excluido porque no acreditó los 10 años de ejercicio profesional requeridos.

Ervin Herman Kiesling Alvarado presentó una tacha contra Marroquín por un traslape de horarios incluido en una declaración jurada, y la comisión rechazó su descargo. Movimiento Pro Justicia lo describe como un funcionario cercano al actual contralor, Frank Bode.

Registros de Guatecompras reflejan que figura como Representante Legal de la Asociación de Profesionales de la Contraloría General de Cuentas junto con cinco personas más.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Calificado con 81 puntos, es subcontralor de Calidad del Gasto Público. Ha ocupado puestos técnicos, de auditoría, supervisión y dirección dentro de la Contraloría General de Cuentas, donde acumula 34 años de trayectoria.

Castellanos recibió seis tachas y todos sus descargos fueron aceptados, por lo que quedaron desvanecidos. Cinco cuestionamientos se relacionaron con aspectos de su formación académica, mientras que el restante se vinculó con la contratación en la institución de una persona identificada por el denunciante como familiar.

El Ministerio Público confirmó que recibió una denuncia por aparentes anomalías en la acreditación de experiencia docente de Castellanos. El caso fue asignado a la Fiscalía contra la Corrupción.

En agosto, Movimiento Pro Justicia y Alianza por las Reformas identificaron dentro de la comisión un bloque que, según esas organizaciones, contaba con respaldo de Frank Bode y en el que ubicaron al subcontralor. Marroquín, Castellanos y Castañón llegaron a la votación final con tachas sin desvanecer.

Oscar Alberto Hernández Romero

Recibió 74 puntos. Es contador público y auditor, posee una maestría en Consultoría Tributaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala y desarrolló gran parte de su carrera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Hernández trabajó en la SAT entre 1998 y 2012, y volvió a la institución desde 2020 hasta mayo de 2025. Fue auditor, jefe de sección, jefe de departamento, intendente de Fiscalización y superintendente interino; este año también compitió para dirigir la entidad tributaria.

Guatemala Visible registra que, en Guatecompras, aparecen vinculados a su número de identificación tributaria los negocios El Lejano Oeste y Dicel Guatemala.

Mientras que una investigación del medio Vox Populi refiere que tuvo como asesora a Luz Elvira Hernández Andrade, esposa de Mynor Alfonso de la Rosa Palacios, diputado del partido político Vamos.

Julio Otoniel Roca Morales

Obtuvo 70 puntos y forma parte del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde figura como director. Tiene un doctorado en Ciencias de la Administración y maestrías en Formulación y Evaluación de Proyectos y Administración Financiera.

Roca fue docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 2004 y 2024. También trabajó como auditor interno del extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y como gerente general del Comité Promejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales.

El actual integrante del Directorio de la SAT participó en los procesos de selección de 2018 y 2022; en la última convocatoria integró la nómina final de seis. En esta ocasión enfrentó una objeción, aunque su descargo recibió los 18 votos necesarios para ser aceptado.

Elfego Odair Castañón González

Fue calificado con 65 puntos y se desempeña como subcontralor administrativo de la Contraloría General de Cuentas. Antes ocupó otros cargos dentro de la institución y trabajó en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.

Erick Adolfo Waldemar Pérez Huinac y Ángel José Manuel Racancoj Cayax objetaron su imparcialidad y señalaron un supuesto favorecimiento de familiares dentro de la institución, debido a la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González, y el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes; la comisión rechazó los descargos.

Castañón es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado electo en 2023 por Movimiento Semilla y registrado actualmente por el Congreso como independiente por Lista Nacional, según un reporte de Guatemala Visible.

Guatemala enfrenta sequías prolongadas, lluvias intensas, vientos fuertes, temperaturas más altas y cambios en el inicio de la temporada lluviosa que afectan la producción de maíz y frijol. Ante ese escenario, el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, organización guatemalteca dedicada al estudio y la gestión del cambio climático, plantea un conjunto de medidas basadas en conocimientos locales, manejo del suelo, diversificación productiva y planificación comunitaria.

Los dos cultivos forman parte de la alimentación cotidiana y de la economía de numerosas familias rurales. Las alteraciones del clima afectan las fechas de siembra, la germinación, el desarrollo de las plantas y el rendimiento de las cosechas.

El instituto sostiene que la adaptación requiere medidas que se apliquen antes de que ocurra una emergencia, no solo cuando aparecen las pérdidas.

Ajuste de fechas de siembra para aprovechar mejor las lluvias

Las sequías reducen la disponibilidad de agua para las plantas y pueden limitar el crecimiento del maíz y el frijol. Frente a ese riesgo, una de las prácticas recomendadas es ajustar el calendario de siembra según el comportamiento de las lluvias y la información climática disponible en cada zona.

El uso de semillas tolerantes a la falta de agua constituye otra alternativa. Estas variedades pueden responder mejor a períodos secos, aunque su elección debe considerar las condiciones del suelo, la altitud y las características de cada comunidad.

La captación y el almacenamiento de agua durante la época lluviosa también ofrecen una reserva para los momentos de menor disponibilidad. Esta medida puede complementarse con riego cuando existan las condiciones e infraestructura necesarias.

El documento del instituto recomienda, además, reducir el movimiento del suelo mediante labranza mínima y dejar o incorporar residuos de cosecha. Estas prácticas ayudan a conservar la humedad y a mantener la fertilidad del terreno, dos factores que influyen en la capacidad de los cultivos para resistir períodos secos.

El asocio de maíz y frijol como distribución del riesgo productivo

El sistema tradicional que combina maíz y frijol en una misma parcela aparece entre las estrategias de adaptación señaladas para las familias agricultoras. La diversificación evita que toda la producción dependa de un único cultivo: si uno sufre mayores daños por las condiciones climáticas, el otro puede aportar parte de la cosecha esperada.

El asocio también permite aprovechar de otra forma el suelo y diversificar los alimentos que se producen. Para el instituto, esta práctica forma parte de un modelo que puede reducir la exposición de las familias a pérdidas totales.

Los sistemas agroforestales representan otra opción. Consisten en integrar árboles con los cultivos para generar cobertura, proteger el suelo y favorecer la infiltración del agua. La presencia de árboles puede contribuir a regular la temperatura de la parcela y a reducir la erosión, especialmente en áreas expuestas a lluvias o vientos.

Drenajes y camellones para reducir los daños de las lluvias intensas

Las lluvias fuertes pueden causar encharcamientos, pudrición de raíces y pérdida de suelo por erosión. Para disminuir esos efectos, el instituto propone construir drenajes que permitan evacuar el exceso de agua y sembrar en camellones o elevaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran.

La conservación de suelos también resulta necesaria en zonas con pendientes o con alta exposición al escurrimiento. Las barreras vivas, la cobertura vegetal y otras prácticas que retienen la tierra pueden limitar la degradación de las parcelas después de tormentas o inundaciones.

El monitoreo del clima y los sistemas de alerta temprana pueden aportar información para decidir si conviene mantener, adelantar o retrasar una siembra. El objetivo es evitar que las etapas más sensibles del cultivo coincidan con los períodos de mayor riesgo climático.

Cortinas rompevientos y aporque contra el acame

Los vientos fuertes pueden provocar acame, es decir, el volteo o la inclinación de las plantas, además de daños mecánicos en tallos y hojas. Entre las medidas sugeridas figuran las cortinas rompevientos, el aporque y la conservación de áreas boscosas cercanas.

El aporque consiste en acumular tierra alrededor de la base de la planta para darle mayor soporte. Esta práctica puede mejorar la estabilidad del maíz frente a ráfagas intensas y favorecer el desarrollo de raíces.

Respuestas diferenciadas ante temperaturas altas y heladas

El aumento de la temperatura puede generar estrés térmico y reducir el rendimiento de los cultivos. En esos casos, los sistemas agroforestales, las semillas adaptadas y el asocio de cultivos figuran entre las prácticas que pueden contribuir a moderar los impactos.

Las heladas, aunque menos frecuentes en ciertas regiones, pueden ocasionar daños fisiológicos y muerte de tejidos en las plantas. Para enfrentarlas, el instituto recomienda modificar las fechas de siembra, emplear variedades resistentes, mantener una nutrición adecuada y utilizar riego cuando sea posible.

La cobertura arbórea también puede ofrecer protección ante cambios bruscos de temperatura. Cada amenaza climática requiere una respuesta ajustada al territorio, al tipo de suelo y al ciclo agrícola local.

Organización comunitaria

La adaptación no depende únicamente de las tareas dentro de la parcela. El acceso a pronósticos, alertas tempranas, asistencia técnica y mecanismos de planificación territorial forma parte de la preparación ante eventos adversos.

La coordinación entre comunidades, productores e instituciones puede facilitar la circulación de información climática y la adopción de medidas preventivas. También permite identificar zonas vulnerables, organizar el uso del agua y definir acciones ante sequías, inundaciones o vientos.

Un adolescente calcinado y un niño gravemente herido fueron localizados dentro de una granja de la colonia Vistas del Sol, del municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez ubicado a 40.1 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

El menor, de unos 10 años, sufrió una herida cortante profunda en el cuello y, después de ser estabilizado por Técnicos en Urgencias Médicas, fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial.

El adolescente fallecido tenía aproximadamente 16 años y su cuerpo estaba calcinado en otra habitación del lugar. Los datos iniciales indicaban que ambos podrían ser originarios de Palín, Escuintla.

El niño fue hallado debajo de una mesa en la cocina

El aviso llegó a Bomberos Voluntarios por medio de una persona que pidió auxilio. El informante reportó que había un hombre herido dentro de una propiedad ubicada en la colonia Vistas del Sol.

Tras la alerta, los socorristas enviaron unidades con personal a bordo. Al ingresar al lugar que funciona como una granja de pollos y huevos, encontraron primero al menor quien, aparentemente habría tratado de ocultarse.

“El niño estaba tirado bajo una mesa en una cocina”, relató Armando Gil, galonista de Bomberos Voluntarios. Durante la evaluación, el personal de emergencia confirmó que el menor tenía una lesión de arma blanca en el cuello.

Los bomberos brindaron asistencia prehospitalaria antes de trasladarlo. El niño quedó internado con un pronóstico reservado, de acuerdo con el reporte del socorrista.

Los rescatistas inspeccionaron los distintos ambientes de la granja y localizaron en una habitación contigua al adolescente de unos 16 años, cuyo cuerpo se encontraba totalmente calcinado.

De manera preliminar, Gil afirmó que las víctimas localizadas en el inmueble aparentemente trabajaban como guardianes del lugar, según la información que les brindaron de vecinos del área.

No localizaron a una tercera persona dentro de la granja

Gil señaló que los socorristas revisaron el inmueble tras atender al niño y constatar el fallecimiento del adolescente. No encontraron a una tercera persona dentro de la propiedad durante ese procedimiento.

La persona que pidió ayuda aseguró que venía de la capital guatemalteca. Según explicó, alguien le informó previamente sobre lo sucedido en la granja y por eso se acercó a la estación de los Bomberos Voluntarios.

El relato presentado ante los rescatistas corresponde a datos preliminares. El galonista remarcó que no existía una confirmación sobre la identidad de las víctimas ni sobre el vínculo que podrían tener con la granja.

Además, indicó que ahora, la investigación le corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil, quienes deberán establecer lo ocurrido dentro en la residencia y determinar quiénes son los responsables del macabro hecho.

Sumpango registró 24 delitos en un año según los datos disponibles

La información pública municipal disponible indica que la Policía Nacional Civil registró 24 delitos en Sumpango durante 2020, dentro de una base que incluye homicidios, lesiones, robos, hurtos, violencia intrafamiliar, desapariciones y violaciones.

El documento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia señala que estos hechos representaron el b de los 315 delitos contabilizados ese año en todo Sacatepéquez.

Lo que debía ser un día de alegría, amor y celebración terminó convertido en una tragedia y profundo dolor para dos familias.

Angélica y Daniel soñaban con casarse y comenzar juntos una nueva etapa de sus vidas. La boda sería hoy domingo 20 de septiembre.

Todo estaba listo, sólo hacían falta algunos detalles, así que el sábado la pareja se tomó de la mano y salieron juntos en su motocicleta a realizar las últimas compras. Jamás imaginaron que sería el último viaje de su vida.

A eso de las 13 horas, se registró un accidente múltiple en el kilómetro 63 de la ruta que conduce al municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla, en Guatemala.

El percance involucró a seis vehículos: tres motocicletas, dos automóviles livianos y un camión cisterna que transportaba combustible, informaron los Bomberos Voluntarios.

Uno de los novios murió en el instante

Tres personas fallecieron en el accidente. Uno de ellos fue identificado posteriormente como Daniel Enrique Grande Bran, de 25 años, originario de Masagua y viajaba en su motocicleta junto con su acompañante.

En tanto, Angélica, su novia, fue estabilizada por Técnicos en Emergencias Médicas de Bomberos Voluntarios y trasladada hacia el Hospital Nacional de Escuintla.

Este domingo, el día que sería su boda, médicos de la Emergencia del centro asistencial informaron que una de las víctimas del accidente múltiple, había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

Se trata de Angélica García, la novia de Daniel.

El último mensaje

Horas antes a la tragedia, Daniel había usado sus redes sociales para manifestar la emoción por su boda.

El viernes, publicó el video de una pareja que regresa de la iglesia. Ella aún vestida de blanco y él con su traje marrón. Con una sonrisa el joven le dice a su esposa: “Se logró”.

La publicación de Daniel iba acompañada del mensaje: “Amor, nosotros el domingo”, ella respondió: “Primero Dios, amor”.

Ese mismo viernes, pero en horas de la mañana, el joven enamorado le escribió: “Ni en mil vidas más vas a entender lo mucho que me enamoré de ti. Te amo muchísimo”.

Ahora, el dolor y la tragedia enlutaron a dos familias que ya no verán a su hijos caminar hacia el altar. En su lugar, sus cuerpos serán velados.

“Uno a veces quisiera anticiparse y ver lo que pudiera pasarle para evitarlo. Lamentablemente nunca se pudo... nuestra vida es como la niebla: estamos de paso en esta vida. Aún así duele asimilar circunstancias cómo estás. Duele tu partida primo y la de tu prometida, tantos sueños que solo se quedan en palabras”, escribió en sus redes sociales María José Roque, familiar de Daniel.

Otras víctimas

Luego del accidente, se confirmaron los nombre de otras víctimas del suceso.

Entre los heridos se encuentra Keylin Moran, de 23 años, pasajera de una camionetilla blanca. Ella quedó atrapada entre los hierros retorcidos y fue rescatada con equipo hidráulico por los bomberos.

Mientras que el piloto del camión cisterna, Edwin Saúl Mejía, sufrió golpes y fue atendido por socorristas.

La situación se tornó crítica debido al derrame de combustible, lo que representaba un riesgo extremo de incendio y explosión.

Sin embargo, los Bomberos Voluntarios de Escuintla y los Bomberos Municipales de Masagua trabajaron en conjunto utilizando espuma y equipo especial para neutralizar el peligro.

Guatemala enfrenta una alerta roja por el riesgo de aumento de la desnutrición aguda infantil tras la sequía prolongada y las pérdidas de cosechas que afectan a hogares rurales en situación de inseguridad alimentaria.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó que la malnutrición no representa un problema exclusivo del sistema sanitario, sino un problema de Estado y de diferencias económicas que afecta como un lastre al país.

“Tenemos que reconocer primero que no es un problema del sistema de salud, es un problema del Estado”, afirmó durante una conferencia de prensa para impulsar la Feria de la Salud.

Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó el nivel máximo de alerta institucional para identificar las zonas vulnerables donde las pérdidas agrícolas provocarán un mayor impacto en la niñez.

Barnoya explicó que el Ministerio de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar a los pacientes en las comunidades.

El 95% de los casos detectados a tiempo en el sistema de salud logra recuperarse, sostuvo el ministro de Salud. Asimismo, la cartera sanitaria emitió una alerta epidemiológica destinada a reforzar las brigadas en las regiones con mayor riesgo climático, con especial énfasis en prevenir la mortalidad infantil, dado que la falta de nutrientes constituye el principal factor de riesgo en menores de un año ante enfermedades como el sarampión.

“Reconociendo que la desnutrición es un problema de país, de Estado, la Conred ya tiene alerta roja para identificar lugares priorizados, aquellos donde van a haber más casos de desnutrición por la sequía. Como Ministerio, también emos emitido una alerta epidemiológica para fortalecer las brigadas e identificar a los niños potenciales”, detalló el funcionario guatemalteco.

Treinta y dos fallecimientos infantiles confirmados por desnutrición en 2026

Hasta el 5 de septiembre, las autoridades sanitarias contabilizaron 32 muertes de menores de cinco años por desnutrición aguda en el territorio guatemalteco, una cifra idéntica a la registrada en el mismo período del año anterior.

Adicionalmente, los equipos técnicos evalúan 48 decesos ocurridos entre mayo y septiembre para determinar si la causa desencadenante fue la falta de alimento.

La concentración geográfica muestra un cambio relevante: en 2025 los decesos se repartieron en 14 departamentos, mientras que este año Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango agrupan el 69% de las muertes infantiles.

Los datos oficiales revelan que el 87,5% de las víctimas fatales tenía menos de dos años de edad y que el 71,8% falleció en hospitales públicos.

Respecto a las causas clínicas, 17 menores padecían desnutrición aguda severa, seis mostraron cuadros de kwashiorkor y cuatro presentaron marasmo.

A pesar de que los registros acumulados de desnutrición aguda suman 15.038 casos en menores de cinco años —una disminución del 8,89% en comparación con 2025—, la tasa supera los 130 enfermos por cada 10.000 niños en áreas como Suchitepéquez, Sacatepéquez, Escuintla, Zacapa y Retalhuleu.

El plan de emergencia contempla el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición en 138 municipios priorizados por los daños agroclimáticos.

Las cuadrillas médicas realizarán búsquedas activas de casos en el ámbito comunitario, entregarán suplementos nutricionales, administrarán antiparasitarios y aplicarán esquemas de vacunación a madres y niños hasta finales de año, con la posibilidad de extender las intervenciones durante 2027 si persisten las condiciones climáticas adversas.

Tres abogados presentaron una inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC)contra la recién entrada en vigencia Ley Antilavado de Guatemala, al considerar que varias exigencias impuestas a profesionales y notarios vulneran el secreto profesional y la confidencialidad de los clientes.

La acción legal, planteada por Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín, Marco Antonio Sagastume Gemmel y Jorge Estuardo Arias Ramírez, cuestiona de forma específica los artículos 3 y 42 del Decreto 15-2026, normativa que cobró vigencia el 17 de septiembre.

Los accionantes objetan la obligación de llevar registros detallados sobre usuarios y servicios, así como el deber de notificar a la Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), cuando observen transacciones inusuales o incongruencias en la actividad de sus asistidos.

Uno de los puntos en los que no están de acuerdo son los registros obligatorios de clientes y servicios, pues bajo ciertos supuestos o cuando detecten incongruencias o transacciones inusuales, deberán dar aviso a la SIB, por medio de la IVE.

Los juristas solicitaron a la CC la suspensión provisional de los apartados impugnados mientras se tramita el expediente.

La sola presentación del recurso no deja sin efecto la legislación, por lo que el tribunal constitucional deberá resolver el trámite correspondiente.

Nuevas exigencias de debida diligencia y criterios para detectar operaciones inusuales

La Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo actualiza los mecanismos para evaluar el riesgo financiero en Guatemala.

La norma impone a las entidades obligadas el fortalecimiento de la debida diligencia y el conocimiento del cliente.

Bajo este esquema, una transferencia o depósito fuera del patrón habitual de un usuario se clasifica de forma inicial como una operación inusual, lo cual requiere un análisis técnico sin que signifique automáticamente la comisión de un delito.

Cuando los controles internos confirman inconsistencias sin justificación razonable, las entidades emiten un aviso formal que llega a la IVE.

Si este organismo de inteligencia financiera identifica indicios de origen ilícito, traslada el expediente al Ministerio Público (MP) para el inicio de las investigaciones penales correspondientes.

La normativa abarca también transacciones con activos virtuales para ampliar la supervisión sobre canales financieros no tradicionales.

El volumen de alertas analizadas por la IVE y el horizonte del reglamento

El volumen de fiscalización del sistema muestra una actividad constante. Entre enero y agosto de 2026, la IVE remitió 217 denuncias ante el MP por un monto que sumó Q10.265 millones (unos USD 1.333 millones).

En estas acciones legales aparecen involucradas 1.631 personas en casos vinculados a extorsiones, narcotráfico y corrupción.

Aunque la legislación fijó como límite el 17 de marzo de 2027 para la promulgación del reglamento, la Intendencia de Verificación Especial, prevé entregar la propuesta técnica al Organismo Ejecutivo a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

Mientras que la Comisión de Economía del Congreso estima que la reglamentación estandarizará los procedimientos de control y prevención para los sujetos obligados.

El Ministro de Salud de Guatemala, Joaquín Barnoya Pérez, afirmó que el brote de sarampión aún no ha terminado en el país centroamericano, aunque aclaró que la situación no constituye una epidemia.

El funcionario explicó que, tras alcanzar un pico máximo de 2.250 casos por semana, la transmisión acumula más de diez semanas de descenso consecutivo, situándose en la actualidad por debajo de los 200 casos semanales.

No obstante, advirtió durante una conferencia de prensa para informar acciones de la Feria de Salud, sobre la presencia de zonas vulnerables donde persisten grupos susceptibles sin inmunizar.

Las autoridades sanitarias focalizaron sus intervenciones en los departamentos de Sololá, Chiquimula, Izabal y Quiché, donde se identificaron los mayores focos de riesgo.

Para contener la propagación del sarampión, el Ministerio de Salud desplegó jornadas intensivas de vacunación entre el 16 y el 24 de septiembre.

El ministro instó a la población a consultar la plataforma oficial saludjuntos.gt para verificar los puntos de inmunización disponibles y enfatizó que el estancamiento o la baja en los contagios no significa la finalización de la emergencia sanitaria.

Hasta la fecha, el gobierno guatemalteco aplicó casi dos millones de dosis de vacunas y dispone de un inventario adicional de 1,3 millones de dosis, mientras coordina nuevas adquisiciones junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Barnoya Pérez señaló que la baja cobertura de vacunación responde a la desatención acumulada en el sistema sanitario y a las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, por lo que recalcó la importancia de completar los esquemas básicos mediante iniciativas comunitarias como la Feria de la Salud.

Fiebre alta, tos y erupciones cutáneas caracterizan el cuadro clínico del contagio

El sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que se transmite por vía aérea mediante gotas de saliva. Los primeros signos clínicos aparecen entre siete y 14 días después de la exposición al virus.

El cuadro inicial se manifiesta con fiebre elevada, tos persistente, secreción nasal y enrojecimiento ocular con lagrimeo.

Durante la fase inicial, pueden formarse pequeñas manchas blancas con centro azulado en la mucosa interna de la boca, conocidas como manchas de Koplik.

Entre tres y cinco días después del inicio de las manifestaciones previas, brota una erupción cutánea característica compuesta por manchas rojas planas y levemente abultadas.

La erupción comienza en el rostro y la parte superior del cuello, extendiéndose progresivamente hacia el tronco, los brazos y las extremidades inferiores.

Hidratación, descanso y aislamiento previenen complicaciones durante la recuperación en el hogar

Al no existir un tratamiento antiviral específico contra el sarampión, el manejo de los casos leves en el hogar se centra en el alivio sintomático y en el soporte general del paciente.

Resulta fundamental mantener un reposo absoluto y garantizar un abundante consumo de líquidos como agua o soluciones de rehidratación oral para evitar cuadros de deshidratación.

Para controlar la fiebre y los dolores corporales, se pueden administrar medicamentos analgésicos o antitérmicos bajo indicación médica, evitando estrictamente la aspirina en niños.

Asimismo, es imprescindible mantener al paciente en aislamiento estricto durante al menos cuatro días a partir de la aparición del sarpullido para prevenir la transmisión del virus a otras personas. Se debe acudir de inmediato a un centro médico si el enfermo presenta dificultad respiratoria, somnolencia extrema o fiebre persistente.

Edwin López Vega, “Pecho de Rata”, habría mantenido vínculos con la estructura del guatemalteco Juan Alberto Ortiz, “Chamalé”, mediante Ronny Ortiz, “Simón”, hermano de este último. La eventual entrega de Ronny Ortiz a Estados Unidos sigue sujeta a la resolución de un proceso judicial pendiente en Guatemala.

Según CR Hoy, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incluyó a López Vega y a Ronny Ortiz en un expediente de la Fiscalía del Distrito Este de Texas. El caso los vincula con una red dedicada al traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

A López Vega se le atribuye la conformación de una estructura de tráfico de drogas desde 2008, con células activas desde 2020. La organización habría mantenido operaciones y conexiones en Costa Rica, además de vínculos con actores de otros países de la región.

La ruta descrita en el expediente comenzaba en Colombia y Ecuador, atravesaba Panamá, Nicaragua y El Salvador y mantenía puntos de conexión en Costa Rica. Los cargamentos continuaban después hacia México y Estados Unidos, de acuerdo con la información citada.

La red tenía conexiones con grupos de Colombia y México

El reporte de CR Hoy señala que la organización relacionada con López Vega tenía vínculos con el Clan del Golfo de Colombia y el Cártel de Sinaloa de México. La cocaína era adquirida en laboratorios clandestinos colombianos antes de ser enviada a través de distintos corredores regionales.

Los grupos empleaban lanchas rápidas, barcos de carga, embarcaciones pesqueras, semisumergibles y aeronaves para movilizar los cargamentos. También utilizaban camiones semirremolque y otros vehículos en los trayectos terrestres.

Tras la distribución de la droga en Estados Unidos, las ganancias en efectivo eran trasladadas hacia el sur. Según la descripción del caso, el dinero recorría varios de los mismos países utilizados durante el tránsito de la cocaína.

López Vega habría coordinado la recepción de envíos marítimos en Limón y Cahuita, en el Caribe de Costa Rica. En esos lugares almacenaba la droga destinada a sus socios, según la información proporcionada.

Ronny Ortiz se habría asociado con el costarricense para efectuar traslados de grandes cargamentos. Por ese presunto papel, “Simón” enfrenta acusaciones por distribución de cocaína y conspiración para el tráfico de drogas.

Ronny Ortiz quedó al frente del grupo tras la captura de su hermano

Ronny Ortiz dirigía junto con su hermano una organización dedicada a movilizar cargamentos desde el sur del continente. La red atravesaba Centroamérica y México antes de llegar a Estados Unidos, según las autoridades citadas en el expediente.

La estructura estaba relacionada con el clan de Juan Alberto Ortiz, alias “Chamalé”, considerado el “rey de la heroína” en Guatemala. Durante la década pasada, la DEA lo consideró uno de los principales narcotraficantes del país y un contacto relevante para el Cártel de Sinaloa.

El clan tenía su base en San Marcos, una localidad guatemalteca ubicada cerca de la frontera con México. Las autoridades sostuvieron que sus integrantes se presentaban como pescadores y empleaban semisumergibles para transportar cocaína.

Juan Alberto Ortiz fue capturado en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2014. La Policía de Guatemala señaló que Ronny Ortiz quedó al frente del negocio después de la detención de su hermano.

Una corte estadounidense condenó a “Chamalé” en 2015 a 21 años de prisión luego de que se declarara culpable de conspirar para distribuir cocaína. La información también lo relaciona con la producción de amapola destinada a la elaboración de heroína y marihuana en San Marcos.

De acuerdo con el reporte, Juan Alberto Ortiz financiaba proyectos locales, iglesias, ferias y concursos de belleza mediante una fachada benéfica. Tras su arresto, parte de la población protestó por su detención.

La extradición de “Simón” fue aprobada, pero quedó aplazada

Ronny Ortiz fue capturado por primera vez en agosto de 2015 en Guatemala. En ese momento, su extradición a Estados Unidos no se concretó porque afrontaba causas locales por ataques armados y fraude.

Antes del requerimiento de la DEA, la Fiscalía de Guatemala lo investigaba por asociación ilícita y conspiración para asesinato. La pesquisa se refería a una presunta intención de matar a una persona.

El Tribunal de Mayor Riesgo lo condenó en 2017 a 15 años de cárcel. Un año después, una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la sentencia tras aceptar los argumentos de la defensa.

La fiscalía guatemalteca apeló la anulación con el objetivo de impedir que Ortiz quedara en libertad, aunque no consiguió revertirla. Con el tiempo, “Simón” salió de prisión y permaneció fuera del radar de las autoridades hasta que fue recapturado en 2019 por una orden internacional de Estados Unidos.

Un tribunal penal autorizó su extradición ese mismo año, aunque de forma diferida. La entrega solo puede ejecutarse cuando no existan procesos judiciales pendientes en Guatemala.

Al revisar el historial para avanzar con ese trámite, el tribunal determinó que la causa iniciada en 2015 seguía vigente. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala mantiene pendiente una resolución sobre un recurso de casación relacionado con la anulación de la condena.

Mientras los magistrados no resuelvan de manera definitiva ese recurso, no podrá firmarse el acta final para poner a Ortiz a disposición de la justicia de Texas. La decisión definirá si debe cumplir la pena en Guatemala o si queda absuelto de forma inapelable.

Según el reporte citado, no existen registros oficiales del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación ni de agencias estadounidenses que confirmen que Ronny Ortiz haya sido entregado físicamente a la DEA. El mismo texto indica que las autoridades guatemaltecas no pueden trasladarlo en una aeronave de la agencia hasta que el proceso judicial local quede cerrado.

Guatemala lleva más de 17 años sin una legislación específica de ciberseguridad, pese a que los ataques contra sistemas informáticos y el robo de datos representan una amenaza para instituciones públicas, empresas y usuarios, advirtió la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala).

Durante el foro virtual: “Ciberseguridad en Guatemala, nuevas reglas, obligaciones y oportunidades para las empresas”, la directora ejecutiva de Waleska Sterkel, sostuvo que Guatemala es uno de los países con mayor exposición a ciberataques, muchos de los cuales no llegan al conocimiento público.

La falta de un marco integral también genera incertidumbre para las compañías que analizan instalarse o ampliar operaciones en el país. “Definitivamente Guatemala es uno de los países que más ciberataques sufre... situación que no da certeza a nueva compañías”, afirmó Sterkel

Mientras que representantes del sector privado y del Congreso coincidieron en que se requieren reglas claras, una estructura estatal con capacidad técnica y protocolos de coordinación ante incidentes.

Una ley no bastaría frente a amenazas que cambian con rapidez

Sterkel planteó que una eventual Ley de Ciberseguridad no resolvería por sí sola las vulnerabilidades del país. Las amenazas digitales evolucionan con rapidez, por lo que el Estado y las empresas deben revisar sus sistemas de forma permanente, invertir en herramientas de protección y actualizar sus protocolos de respuesta.

La directora ejecutiva de AmCham también señaló que la normativa debería articularse con una ley de protección de datos personales. Esa relación resulta relevante porque los ataques pueden comprometer información de ciudadanos, clientes, trabajadores y entidades estatales.

En el Congreso se discute la iniciativa 6347, denominada Ley de Ciberseguridad, que fue presentada en 2024 y volvió a las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional y de Economía y Comercio Exterior en abril de 2026.

El 29 de julio de este año, el pleno también conoció la iniciativa 6771, que propone crear un Sistema Nacional de Ciberseguridad y sancionar los ciberdelitos.

Un país necesita autoridad técnica, respuesta a incidentes y protección de infraestructura

Una política nacional de ciberseguridad requiere, en primer lugar, un marco legal que defina responsabilidades, delitos informáticos, mecanismos de investigación y obligaciones de resguardo para entidades que administran datos o servicios esenciales. También debe proteger derechos fundamentales, entre ellos la privacidad y el debido proceso.

Otro componente es una autoridad nacional especializada, con autonomía y recursos técnicos, que coordine a ministerios, empresas, universidades y organismos de seguridad. Su función sería identificar riesgos, emitir alertas y supervisar la aplicación de estándares mínimos.

El país también necesitaría un centro de respuesta a incidentes informáticos, conocido como CERT o CSIRT. Este organismo puede asistir a las instituciones afectadas, intercambiar información sobre amenazas, coordinar la contención de ataques y contribuir a la recuperación de servicios.

La protección de la infraestructura crítica constituye otro punto central. Redes de energía, telecomunicaciones, agua, salud, banca y servicios gubernamentales requieren evaluaciones de riesgo, planes de continuidad operativa y notificación de incidentes. Una interrupción en esos sectores puede afectar servicios básicos y actividades económicas.

El desafío será convertir las normas en capacidad operativa

Durante el debate, especialistas advirtieron que las obligaciones deben considerar el tamaño y el nivel de riesgo de cada empresa. Las pequeñas y medianas compañías podrían requerir capacitación, certificaciones y apoyo técnico para cumplir las exigencias.

Sterkel afirmó que la respuesta debe surgir de la colaboración entre el sector público y privado. El avance legislativo dependerá de que las propuestas obtengan dictamen y sean sometidas a discusión en el Congreso durante los próximos meses.

En el segundo año del gobierno de Donald Trump, uno de cada cinco migrantes deportados por orden de jueces migratorios en Estados Unidos es mexicano. Así lo documentan los datos más recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), centro de investigación de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a los tribunales de inmigración estadunidenses.

En lo que va del año fiscal 2026 —que inició el 1º de octubre de 2025 y concluye el 30 de septiembre próximo— los tribunales migratorios han ordenado expulsar a 160 mil 29 connacionales, cifra que supera en casi 78% a la de la segunda nacionalidad con más casos: los venezolanos, con 90 mil 249 órdenes de deportación.

El total de expulsiones en el periodo

De acuerdo con TRAC, las cortes migratorias han emitido en este lapso 741 mil 870 órdenes de deportación en conjunto —entre remoción y salida voluntaria—, lo que equivale a 83.5% de todos los casos resueltos por esos tribunales durante el año fiscal en curso.

Las órdenes dictadas por jueces migratorios son solo una de las vías con las que Estados Unidos expulsa migrantes. Se trata del mecanismo con más garantías procesales, ya que:

• Las autoridades deben presentar un caso formal ante un juez de inmigración.
• El migrante tiene derecho a audiencias para defenderse.
• El fallo se emite tras un proceso, aunque este sea expedito.

Existen también vías no judiciales, como la llamada “remoción expedita”, que permite a agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza deportar en cuestión de días a personas que no logren demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin que un juez intervenga en el proceso.

Otras nacionalidades con más casos

Detrás de mexicanos y venezolanos, la lista de nacionalidades con más órdenes de deportación dictadas por jueces migratorios la completan:

• Honduras: 89 mil 7 casos
• Guatemala: 87 mil 255 casos
• Colombia: 48 mil 458 casos

Lo que dicen los datos sobre el argumento de seguridad pública

Uno de los hallazgos del reporte de TRAC contrasta con el argumento que la administración de Trump ha usado para justificar la ofensiva migratoria: la seguridad pública.

Según la organización, apenas 1.79% de los nuevos casos abiertos ante las cortes migratorias en el año fiscal en curso buscaban la deportación por presunta actividad criminal del migrante, más allá de la posible entrada irregular al país. Es decir, la mayoría de los procesos no están vinculados a delitos, sino a la situación migratoria en sí misma.

Agosto, el mes con más casos resueltos

Solo en agosto pasado, los jueces de inmigración completaron 96 mil 184 casos, de los cuales:

• 77 mil 234 terminaron en orden de remoción.
• 9 mil 20 concluyeron en salida voluntaria.

Esto significa que 89.7% de los procesos resueltos ese mes terminaron con la expulsión del migrante.

Otro dato relevante es el del acceso a representación legal: solo 24.2% de los migrantes a quienes se dictó una orden de expulsión en agosto —incluidos menores no acompañados— contaron con un abogado durante su proceso.

Un rezago de más de 3 millones de casos

Al cierre de agosto había 3 millones 92 mil 988 casos activos pendientes ante las cortes de inmigración estadunidenses. De ese total, 2 millones 278 mil 978 corresponden a solicitantes de asilo que aún esperan audiencia o resolución final.

En cuanto a las audiencias de fianza, los jueces migratorios han realizado 66 mil 620 en lo que va del año fiscal, pero solo 20 mil 258 —menos de un tercio— terminaron en la concesión de la fianza al migrante.

Con un homenaje póstumo, se despidieron amigos y compañeros de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, quien falleció el martes 15 de septiembre al ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 en el barrio de Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Gutiérrez Mejía, originario del municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, de Guatemala; había llegado horas antes como parte de un viaje para recoger un vehículo que trasladaría hacia su ciudad natal. Sin embargo, fue víctima del mortal accidente aéreo.

Su muerte causó conmoción, no sólo por la forma en que ocurrió, sino porque Edy, más conocido como “Pichy”, es recordado por se un joven de gran carisma, que no sólo llevaba alegría a todos los que lo rodeaban, sino porque era servicial y disfrutaba de apoyar a las personas.

Luego de la lamentable tragedia, amigos y compañeros del joven guatemalteco organizaron en Estados Unidos un homenaje para rendir tributo a quien conocieron como un luchador.

Como parte de la ceremonia, los dolientes plantaron un arbolito con el propósito de “representar la vida, la esperanza, la unión”, además, de simbolizar un “renacimiento que florecerá y dará fruto, así como la amistad que nos regaló”, escribieron sus amigos al papá del joven.

El tributo fue compartido a través de las redes sociales por don Edy, el progenitor de “Pichi”, quien escribió: “Sin duda alguna te ganaste el cariño de muchas personas, mijo. Te amo, te amo hijo. Nunca te olvidaré. Gracias amigos, hermanos de mi hijo por ese homenaje que le dan en su memoria. Eternamente agradecido”.

Días antes, el padre del joven conmovió con un mensaje, en el que afirmó: “Hijo mío, mi corazón está destrozado. Tu partida me duele mucho, hijo de mi alma... Cómo quisiera retroceder el tiempo y decirte: ‘No viaje hijo’”.

El accidente mortal

Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años, murió el 15 de septiembre tras la caída de un helicóptero de noticias de NBC4 en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles. Otros dos ciudadanos guatemaltecos resultaron heridos en el mismo hecho, aunque ya recibieron el alta médica, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Gutiérrez Mejía, originario de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, caminaba por un estacionamiento cuando la aeronave se precipitó cerca del lugar donde cubría un accidente vial. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló que el joven se encontraba en tierra al momento del impacto.

El helicóptero había llegado al área para informar sobre un choque entre una camioneta y un autobús de pasajeros, que dejó tres muertos. La Policía de Los Ángeles arrestó a una mujer en relación con ese siniestro.

El desplome dejó tres muertos en la aeronave

La aeronave transportaba a la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y al piloto George Marciniw, quien contaba con 30 años de experiencia. Ambos murieron junto con Gutiérrez Mejía, identificado como la tercera víctima fatal del accidente aéreo.

El impacto provocó un incendio que alcanzó contenedores de carga y cuatro vehículos.La transmisión que realizaba la tripulación se interrumpió antes de que el helicóptero tocara el suelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán las causas del desplome. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron las seis muertes vinculadas al accidente de tránsito y a la caída de la aeronave.

Un trágico colisión vial en el kilómetro 63 de la ruta a Masagua, en el departamento de Escuintla, dejó tres personas fallecidas y tres heridos en estado crítico este sábado 19 de septiembre.

El percance involucró a seis vehículos: tres motocicletas, dos automóviles livianos y un camión cisterna que transportaba combustible, según confirmaron los Bomberos Voluntarios de la 14.ª Compañía.

Los socorristas acudieron al lugar tras la alerta y hallaron a tres víctimas sin signos vitales, cuya identidad no fue establecida de inmediato.

El personal de auxilio brindó atención médica de urgencia a los tres sobrevivientes, quienes ingresaron con lesiones de gravedad a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Debido al choque, el depósito del tráiler sufrió fracturas y derramó una alta cantidad de hidrocarburo sobre el asfalto, por lo cual las fuerzas de seguridad cerraron el tránsito vehicular en ambos sentidos para prevenir contingencias mayores o incendios.

Agentes del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron el peritaje de la escena y el resguardo de la vía.

La ruta al Pacífico concentra una de las mayores tasas de siniestralidad en Guatemala

El tramo carretero que conecta la cabecera departamental con Masagua forma parte de la ruta CA-9 Sur, la cual une la capital guatemalteca con los puertos del océano Pacífico.

Datos del Departamento de Tránsito de la PNC revelan que esta arteria figura año tras año entre los dos corredores viales con más accidentes del país, al registrar entre el 15% y el 17% del total de siniestros en carreteras.

Asimismo, el departamento de Escuintla ocupa el segundo puesto nacional con mayor número de percances y víctimas mortales, únicamente superado por el departamento de Guatemala.

Durante el último año, la jurisdicción de Escuintla contabilizó más de 1.100 hechos de tránsito y cerca de 300 fallecidos, en una red vial caracterizada por el tránsito simultáneo de transporte pesado de carga hacia el puerto y un elevado volumen de vehículos de menor tamaño.

Se casarían el domingo: identifican a dos víctimas

Pese a que las autoridades no han identificado a ninguna de las víctimas, vecinos del sector y familiares identificaron a medios locales que uno de los fallecidos es Daniel Grande, mientras que su novia Angélica García se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo con sus conocidos, los jóvenes habían salido en su motocicleta para comprar y realizar los últimos detalles para su boda, la cual se llevaría a cabo mañana domingo 20 de septiembre.

“Tenían muchos sueños por cumplir. No sabemos qué pasó, pero se nos rompe el corazón en mil pedazos”, dijo una mujer entrevistada por medios de la comunidad.

Las motocicletas representan la mitad de las colisiones registradas en el territorio nacional

Los informes oficiales del Departamento de Tránsito señalan que las motocicletas constituyen el tipo de vehículo con la tasa de accidentes más alta en Guatemala, ya que participan en cerca del 50% de los siniestros viales reportados en todo el territorio nacional.

El rápido crecimiento del parque de dos ruedas en áreas urbanas y departamentales incrementó la vulnerabilidad de estos conductores frente a colisiones múltiples.

Detrás de las motos, los automóviles livianos ocupan el segundo lugar de siniestralidad con aproximadamente el 18% de las colisiones, seguidos por los vehículos tipo pick-up, que alcanzan cerca del 9% de los percances.

El transporte pesado, que incluye camiones de carga y cisternas de combustible como el involucrado en Masagua, representa alrededor del 8% de los sucesos viales, aunque suele generar consecuencias de extrema gravedad debido a la masa de los automotores y los materiales peligrosos que trasladan.

El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron USD 29,064 millones en remesas familiares entre enero y julio de 2026, un aumento de 7,1% frente al mismo período de 2025. El flujo de dinero procedente principalmente de Estados Unidos sostiene el consumo y representa una proporción elevada de las economías de los tres países, informó EFE.

El monto superó en USD 1,941 millones los USD 27,123 millones contabilizados durante los primeros siete meses del año anterior. Guatemala concentró más de la mitad de los envíos regionales y Honduras registró el mayor crecimiento interanual.

Las cifras computadas por la Organización Internacional para las Migraciones muestran que Guatemala recibió USD 15.447,1 millones, equivalentes al 53,1% del total; Honduras obtuvo USD 7.692,1 millones, el 26,5%, y El Salvador sumó USD 5.924,9 millones, el 20,4%.

Guatemala concentra los envíos, pero Honduras depende más de ellos

Guatemala elevó la recepción de remesas 6,6% respecto de los mismos meses de 2025, mientras que El Salvador creció 3,7%. Honduras avanzó 11,2%, la mayor variación entre los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

El volumen absoluto no refleja por sí solo el grado de dependencia de cada economía. Guatemala, que posee la mayor economía de la región, recibe la cifra más alta, pero las remesas representan cerca de 19% a 20% de su producto interno bruto (PIB).

En Honduras, los recursos enviados desde el exterior equivalen aproximadamente a 26% o 27% del PIB, la proporción más elevada de los tres países. En El Salvador, donde el ingreso total es menor, su peso ronda entre 23% y 24% de la producción económica anual.

La diferencia radica en que el monto total mide los dólares que ingresan al país, el poder de compra que reciben los hogares y el volumen de divisas que llega al sistema financiero. El porcentaje sobre el PIB, en cambio, revela cuánto puede afectar una caída de los envíos a la economía nacional y a los ingresos familiares.

Guatemala suele ocupar el segundo lugar de América Latina por recepción de remesas, solo por detrás de México. Su mayor tamaño económico reduce el peso relativo de esos recursos frente al que tienen en Honduras y El Salvador.

Cada año, unas 500,000 personas procedentes de estos tres países intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Ese país es la principal fuente de las remesas que llegan a la región.

En Estados Unidos viven más de dos millones de salvadoreños. El dinero que envían constituye el principal sostén de la economía de El Salvador y se destina mayoritariamente al consumo de servicios, de acuerdo con economistas.

Las autoridades salvadoreñas han sostenido en los últimos años que la migración irregular de sus ciudadanos disminuyó durante el gobierno del presidente Nayib Bukele frente a las administraciones anteriores. Sin embargo, las deportaciones desde Estados Unidos aumentaron 90,2% en el primer trimestre de 2026.

El Ejército de Guatemala confirmó que las fuerzas de seguridad han erradicado el aterrizaje de avionetas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional, un resultado atribuido a la intensificación de las operaciones de vigilancia aérea y a la inhabilitación de pistas clandestinas en las zonas fronterizas.

Según el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, el control del espacio aéreo forma parte de los operativos militares orientados a resguardar la soberanía y frenar el uso del suelo guatemalteco para el traslado de ilícitos.

El funcionario detalló, durante una conferencia de prensa en conjunto con el Ministerio de Salud, que el seguimiento a estas instalaciones ilegales se fundamenta en la estrategia de seguridad democrática de la institución.

La inhabilitación de pistas clandestinas requiere autorización judicial

El titular de la cartera de Defensa señaló que las tropas realizan labores de reconocimiento para ubicar los puntos geoposicionados donde operan estas infraestructuras.

No obstante, Henry Saenz aclaró que la inhabilitación de las pistas no se ejecuta de manera inmediata, debido a que se requiere completar un proceso legal ante las autoridades correspondientes.

“Todas las ubicaciones son denunciadas ante la justicia y hasta que no termine el proceso de judicialización una pista no puede ser desactivada”, precisó el ministro.

Mientras se obtienen las resoluciones dictadas por los jueces competentes, las fuerzas armadas mantienen supervisiones diarias dentro del denominado Plan de Traces, bajo la coordinación del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Martínez.

Se registró un descenso continuo de narcoavionetas detectadas en tres años

Las estadísticas oficiales muestran una reducción progresiva en la localización de aeronaves empleadas por el crimen organizado transnacional en Guatemala.

Según los registros de las autoridades de defensa y seguridad antinarcótica, en 2022 se contabilizaron 10 aeronaves ilícitas, cifra que descendió a tres avionetas en 2023.

En el período correspondiente a 2024 y 2025, los reportes oficiales indican cero aterrizajes en el territorio nacional, con excepción de un único caso registrado en la línea de adyacencia con Belice.

Esta tendencia a la baja contrasta con las métricas de años anteriores, cuando en 2020 se interceptaron 41 unidades aéreas, la mayoría de ellas detectadas en el departamento de Petén.

El cambio en las dinámicas del tráfico ilícito responde al refuerzo de las capacidades de interdicción y a los controles internacionales sobre el registro de aeronaves.

El combate al narcotráfico incluye operaciones terrestres y marítimas

En las tareas interinstitucionales participan agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

En intervenciones recientes, los equipos combinados destruyeron tres pistas clandestinas, que se suman a las 16 inhabilitadas durante la actual administración gubernamental.

Las acciones militares y policiales comprenden también la localización y destrucción de siete laboratorios clandestinos para el procesamiento de drogas. El balance de las operaciones antinarcóticas acumula la incautación de más de 34 mil kilogramos de cocaína, además de la erradicación de más de 14 millones de matas de coca y cerca de nueve millones de arbustos de marihuana.

Las autoridades de Guatemala recibieron en la Frontera El Carmen a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, un presunto integrante de la pandilla Barrio 18 que figura entre los 100 más buscados de El Salvador y que fue expulsado de México.

El operativo internacional permitió la localización y arresto del sospechoso en el estado de Chiapas, luego de permanecer prófugo desde el año anterior.

En la jurisdicción de Malacatán, en el departamento de San Marcos, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala se hicieron cargo del individuo de 36 años.

Ventura Cerón, identificado con el rango de homeboy y presunto gatillero de la facción 18 Revolucionarios del Barrio 18, registraba una permanencia irregular en territorio mexicano.

Sobre el acusado pesan antecedentes por homicidio agravado y evasión, además de dos órdenes de aprehensión en El Salvador por el delito de organizaciones terroristas y resistencia.

El operativo conjunto en territorio mexicano derivó en la captura del prófugo

La detención ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, mediante una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad locales y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), en conjunto con la Policía Nacional Civil salvadoreña.

El fiscal general del estado mexicano, Jorge Llaven, dijo a medios mexicanos que el aseguramiento formó parte de los esquemas de colaboración para ubicar a personas con órdenes de captura en movilidad.

Posterior a su aprehensión, el detenido quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) de México para ejecutar su repatriación.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de El Salvador y el titular de esa cartera, Gustavo Villatoro, detalló a través de sus redes sociales que el presunto pandillero se había ocultado en diversos estados mexicanos desde el año pasado para evadir a la justicia de su país.

“Ningún terrorista escapará del brazo de la justicia aunque huya a esconderse en otro país. Contamos con las alianzas necesarias con países vecinos para ubicarlos y traerlos de regreso”, publicó Villatoro.

La vigilancia sobre sus desplazamientos permitió fijar su ubicación en la zona sur de México, lo que facilitó la intervención de las instituciones migratorias.

Las autoridades completan el traslado hacia El Salvador para enfrentar la justicia

El protocolo de expulsión estableció el envío inicial del sospechoso desde México hacia Guatemala. En la zona fronteriza, los agentes de DIPANDA recibieron a Ventura Cerón para tramitar su posterior entrega inmediata en los límites territoriales con El Salvador.

En la frontera salvadoreña, efectivos de la Policía Nacional Civil aguardaban para concretar la detención formal del prófugo.

La captura fue presentada por las instituciones involucradas como resultado de la cooperación transfronteriza orientada a ubicar a integrantes de estructuras criminales fuera de sus países de origen.

Tras su llegada a suelo salvadoreño, el imputado deberá responder ante los tribunales por los procesos judiciales pendientes vinculados a homicidio y terrorismo.

El Ministerio Público presentó 290 medios de prueba para que bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti —dos inmuebles, dos vehículos y cuentas bancarias— pasen al Estado de Guatemala, bajo el argumento de que habrían sido adquiridos de forma anómala mediante empresas sin operaciones ni trabajadores.

El juicio se tramita ante el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González, y continuará el próximo 22 de septiembre. La Fiscalía debe completar entonces la presentación de los elementos con los que sustenta su solicitud.

Las cuentas bancarias bajo pedido de extinción suman una cifra consignada por Q6.110.531 (unos USD 794 mil), además de USD 80.824 depositados en distintas entidades del sistema financiero.

Dos inmuebles, una camioneta blindada y una lancha

Los bienes incluidos en la petición son:

• Una camioneta Nissan Patrol blindada
• Una lancha Sea-Doo
• Una propiedad en Marina del Sur, en el Puerto de San José, Escuintla, y
• Un inmueble situado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.

La lancha tiene un valor estimado de Q245 mil (USD 32 mil)y, según lo expuesto durante la audiencia, habría sido un obsequio de Juan Carlos Monzón para Baldetti. La propiedad ubicada en Marina del Sur podría superar los USD 500 mil.

La Fiscalía sostiene que el valor total de los inmuebles y demás bienes podría superar los Q10 millones (USD 1.3 millones). El fiscal indicó que en ninguno de los procesos se acreditó cómo fueron obtenidos, por lo que considera ilícito su origen.

Las pesquisas vinculan los activos con las investigaciones de los casos Cooptación del Estado, Coperacha y La Línea. La hipótesis plantea que fueron adquiridos a través de empresas de cartón constituidas en San Miguel Petapa y en la calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.

Esas sociedades figuraban registradas en esas direcciones, pero no mostraban movimientos comerciales ni contaban con personal que trabajara para ellas, de acuerdo con la investigación presentada ante el juzgado.

La audiencia continuará el 22 de septiembre

Baldetti participó por videoconferencia en la diligencia judicial, asistida por el abogado Melkin Escobar. Durante la audiencia se le observó en una sala aparentemente ubicada en su residencia, donde permanece con autorización de distintos juzgados por su condición de salud, sin cumplir prisión preventiva.

La exvicepresidenta había comparecido por última vez en la Torre de Tribunales el 20 de mayo de 2025. En aquella audiencia, celebrada a puerta cerrada, González amplió el plazo para que el Ministerio Público reuniera indicios sobre la extinción de los bienes.

Tras la exposición completa de las pruebas de la Fiscalía, corresponderá a la Procuraduría General de la Nación y a la defensa de Baldetti presentar sus argumentos ante el juez.

Las autoridades de Guatemala ordenaron la suspensión precautoria de las actividades de la sociedad anónima Zoomsa tras identificar drenajes aledaños con un fluido de coloración rojiza que coincide con la contaminación reportada en el río Las Vacas.

La disposición fue tomada por el Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala como resultado de un operativo interinstitucional integrado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).

Durante las inspecciones realizadas en tres inmuebles situados en la zona 5 de la ciudad capital, las fuerzas de seguridad e inspectores detectaron varios toneles que habrían sido utilizados para verter la sustancia hacia el alcantarillado público.

Los técnicos recolectaron muestras en los puntos de descarga conectados a la red municipal, las cuales fueron enviadas para su análisis con el fin de determinar la composición química del fluido e identificar los componentes vertidos.

Como medida de protección, el juzgado otorgó a la compañía un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos y fundamentar si disponía de autorizaciones para efectuar descargas en el sistema colectivo.

Despliegue de investigaciones y posibles sanciones económicas

El caso inició a partir de denuncias vertidas por ciudadanos en redes sociales el pasado 14 de septiembre, cuando se alertó sobre un inusual cambio de tonalidad en las aguas del río Las Vacas.

Las observaciones iniciales ubicaron el problema en las cercanías del puente Belice, entre la zona 6 y la calzada La Paz, así como en áreas contiguas al parque ecológico La Asunción.

Revisiones posteriores en la infraestructura pluvial confirmaron la presencia de rastros rosados en colectores de las zonas 5, 6, 16 y 18 que descargan sus caudales hacia los tributarios del cuerpo hídrico.

El juez a cargo del expediente informó que la multa para la entidad privada podría superar los Q500 mil (unos USD 65 mil), debido a la continuidad del vertido detectado en la infraestructura municipal.

Asimismo, las autoridades del MARN y del MP mantienen abierta una causa para evaluar posibles responsabilidades penales relacionadas con la contaminación ambiental de los recursos naturales del país.

El impacto en la cuenca del río Motagua

El río Las Vacas representa un afluente directo de la cuenca del río Motagua, cuya red fluvial traslada residuos y sedimentos no retenidos hacia la costa del Caribe.

Este sistema hídrico registra antecedentes de degradación ecológica; un estudio presentado en junio detectó presencia de contaminación fecal, elevados niveles de fósforo y nitrógeno, así como sólidos en suspensión en diversos puntos de su cauce, aunque esos hallazgos no guardan vinculación directa con el vertido de colorante investigado.

El MARN reiteró que no tolerará acciones que atenten contra el equilibrio ecológico del territorio nacional. Mientras se aguardan los resultados finales de los peritajes técnicos sobre las muestras de laboratorio, el Juzgado de Asuntos Municipales mantendrá el cierre operativo de los inmuebles vinculados a la empresa y elevará las actuaciones ante los órganos de justicia.

Luego de las diligencias del Ministerio Público (MP) que duraron cerca de ocho horas, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) calificó de “ilegales” las actuaciones del ente investigador y denunciaron “posibles vulneraciones a garantías constitucionales” y afirmó que el mismo ente investigador suspendió los cateos al “advertir” supuestos “errores en la emisión de la orden judicial”.

Los allanamientos en el campus central de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, iniciaron en horas de la tarde del viernes 18 de septiembre y concluyeron a eso de las 5 de la mañana de este sábado 19. A través de un breve comunicado en sus redes sociales, el MP confirmó que corresponden a “denuncias relacionadas con presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles”.

El MP guardó hermetismo sobre las acciones realizadas dentro de la casa de estudios superiores. No obstante, durante su desarrollo fuentes externas fueron revelando detalles y compartieron documentos que detallaban que el proceso fue autorizado por la jueza Neldy Rodríguez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego de la supuesta pérdida de expedientes que dejaron fuera del ciclo electivo a varios estudiantes de oposición al rector Walter Mazariegos.

Este sábado, el ente investigador informó en sus redes sociales que tras el proceso “se practicó la inspección y registro en equipos de cómputo, se aseguró la preservación de información pertinente en entorno virtual y, se procedió el secuestro de evidencia, todo lo cual oportunamente será objeto de los análisis técnico-científicos aplicables y útiles para la investigación”.

La orden judicial filtrada incluía la identificación, recolección, descarga, extracción, preservación y análisis de registros informáticos, así como bitácoras de acceso, bases de datos, repositorios de almacenamiento y otros activos digitales que estén relacionados con la investigación.

Mientras que la Universidad informó que un trabajador de esa institución educativa quedó bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), sin que hasta el momento haya confirmación por parte del MP.

Alegan ilegalidad y se escudan tras las autonomía universitaria

Pese a que en horas de la noche del viernes las autoridades de la Usac dijeron en un comunicado que “respetaban el ordenamiento jurídico” y que colaborarían con las diligencias, este sábado cuestionaron la legalidad de las acciones y la forma como se llevaron a cabo.

“El propio Ministerio Público dispuso la suspensión de las actuaciones al advertir circunstancias que planteaban serios cuestionamientos sobre la legalidad de la medida, incluyendo posibles vulneraciones a garantías constitucionales, errores en la emisión de la orden judicial y aspectos relacionados con la temporalidad de su ejecución”, señalaron en el documento publicado en sus redes sociales.

También alegaron que se utilizaron supuestos “mecanismos de intimidación hacia docentes, trabajadores y personal administrativo universitario, así como el despliegue de recursos coercitivos y armamento cuyo tipo y capacidad responden a escenarios de criminalidad de muy distinta naturaleza”.

Mientras que en un video publicado, calificaron de “desmedido” y “desproporcionado” el uso de armas de fuego dentro de la Universidad, argumentando que se trata de un “centro de enseñanza superior, investigación y servicio público, no un espacio asociado a actividades que justifiquen demostraciones excesivas de fuerza”.

Informaron sobre la captura de un trabajador, pero reprocharon que su detención se realizó “sin que exista una orden de aprehensión en su contra”, lo que calificaron como una “vulneración a sus derechos”.

Las autoridades universitarias alegaron en su video que los trabajadores fueron “retenidos”, muchos de ellos con “crisis nerviosa y problemas relacionados con diabetes”, al tiempo que apelaron, otra vez, a la “autonomía universitaria”, alegando que esta “constituye una garantía esencial para preservar la independencia”, por lo que, según dijeron, “toda actuación estatal dentro de los espacios universitarios debe sujetarse a los más altos estándares de objetividad, transparencia y respeto al orden constitucional”.

Desaparecen expedientes

Entre 40 y 50 estudiantes de la USAC denunciaron el 24 de julio ante el Ministerio Público la desaparición de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, un hecho que consideraron una “muerte académica” porque afecta trámites de graduación, becas, procesos de investigación y el cierre de carreras, pese a que varios conservan constancias de inscripción para 2026.

Casualmente, todos los estudiantes afectados participaron o dirigieron acciones en contra de la reelección como rector de Walter Mazariegos, tras considerar que realizó un “nuevo fraude” para repetir el cargo por cuatro años más.

Tras la denuncia de las pérdidas de expedientes, las autoridades universitarias atribuyeron las inconsistencias a la pérdida de información ocurrida durante las tomas del campus universitario de 2022 y 2023. Sin embargo, los estudiantes cuestionaron esa explicación porque algunos de los afectados habían ingresado a la universidad después de ese periodo y otros ya habían logrado cursar sin ningún problema en los años posteriores.

Incluso, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intervenir inmediatamente, realizar verificaciones sobre lo ocurrido y emitir recomendaciones al respecto. Mientras que los estudiantes manifestaron cómo les afectaría esta situación este año.

El rector considerado “usurpador” y las más de 15 denuncias penales en su contra

Walter Mazariegos inició su primer período como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en julio de 2022, luego de un proceso marcado por denuncias de “fraude electoral”, luego de que, junto con el Consejo Superior Universitario (CSU) y grupos de fuerza encapuchados y armados, impidieran la inscripción de cuerpos electorales opositores.

Este año repitió la estrategia y fue electo a puerta cerrada como Rector durante cuatro años más. Todas estas acciones han acumulado, por lo menos, 17 denuncias penales en su contra y la acumulación o conexión de expediente que eleva las querellas o investigaciones a unos 22 expedientes. Hubo manifestaciones, denuncias y acciones legales, pero muchas de ellas no han prosperado.

Durante la dirección de Consuelo Porras en el Ministerio Público, ninguna de estas investigaciones prosperó. Sin embargo, con la asunción de Gabriel García Luna, como Fiscal General, se iniciaron las diligencia, mismas que ocurren dos días después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara a la USAC entregar documentación relacionada con la juramentación de Walter Mazariegos como Rector.

La PNC inauguró en Jutiapa un anexo con capacidad para 100 policías y distribuyó nuevos agentes de su última promoción en comisarías de Guatemala, como parte de la estrategia gubernamental para ampliar la presencia territorial de la fuerza y mejorar las condiciones de descanso del personal.

La institución cuenta ahora con aproximadamente 46.500 policías para una población de 18.3 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante 2024 se incorporaron 2,431 agentes y en 2025 se sumaron otros 3,787, dentro del ritmo de expansión planteado por la actual administración.

El nuevo módulo de cuadras de la Comisaría 21 incluye áreas de descanso para hombres y mujeres, además de servicios básicos renovados para el personal asignado a la unidad. La ampliación busca ofrecer condiciones adecuadas a los agentes después de sus jornadas de servicio y antes de retomar las tareas de seguridad y atención ciudadana.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabezó la apertura junto con el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo; el director general adjunto, Héctor González Prera; el gobernador departamental, Milton Sarceño, y mandos policiales de la región.

Villeda sostuvo que los policías deben disponer de instalaciones adecuadas para recuperarse tras una jornada laboral y continuar con las operaciones en beneficio de la población jutiapaneca. La capacidad del anexo permitirá alojar a un centenar de efectivos en esa comisaría departamental.

Infraestructura policial en Jutiapa y refuerzos en otras comisarías

La obra se incorpora a otras intervenciones realizadas recientemente en Jutiapa. En agosto, el Ministerio de Gobernación habilitó un anexo de la Subestación 21-6-2 en San José Acatempa, en el kilómetro 87 de la carretera CA-1 Oriente, destinado a asistencia vial y atención ciudadana.

Esa instalación tiene espacio para 16 agentes. En noviembre de 2025, la cartera también abrió la Subestación 21-1-5 en la aldea El Ovejero, El Progreso, equipada para 22 policías, una autopatrulla y dos motocicletas.

La llegada de personal recién graduado tampoco se limitó a Jutiapa. La PNC asignó efectivos de la 58.ª promoción del Curso Básico a distintas comisarías del país para reforzar la cobertura en zonas definidas como prioritarias.

La Comisaría 13 recibió 38 agentes: 27 hombres y 11 mujeres, que reforzarán las acciones de seguridad, especialmente en San José Pinula. En Jalapa se incorporaron 40 policías, de los cuales 25 son hombres y 15 mujeres, con instrucciones orientadas a fortalecer la prevención del delito y la seguridad de la población.

Buena parte de los nuevos integrantes será destinada a comunidades del Altiplano, el Oriente y las fronteras guatemaltecas. El despliegue prioriza comisarías con mayores índices de violencia y presencia de estructuras criminales, donde los agentes tendrán tareas en patrullajes, carreteras, barrios y comunidades.

El ministro planteó que el fortalecimiento institucional no depende solo del número de integrantes, sino de la capacidad para dirigir operaciones, compartir información y sostener resultados sobre el terreno. Ante los nuevos policías, afirmó: “El ciudadano no vive de organigramas, el ciudadano vive de resultados”.

También definió la prevención como una intervención que ocurre “cuando todavía existe margen para cambiar el resultado”. Esa línea de trabajo acompañará la distribución de los agentes en las regiones seleccionadas.

La graduación de 3,098 agentes y la meta para 2027

Los refuerzos proceden de los 3.098 nuevos agentes graduados en la 58.ª promoción el 9 de septiembre, durante un acto encabezado por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 capitalina.

La promoción está integrada por 2.339 hombres y 759 mujeres provenientes de los 22 departamentos del país. Todos completaron más de 10 meses de formación con un pénsum renovado.

La ceremonia también incluyó a 114 oficiales segundos de policía, 48 subinspectores, 27 inspectores y una cohorte de especialización en prevención del delito. En total, certificó la formación o promoción de 3.287 elementos.

Boteo indicó que la institución acumula 9.316 agentes graduados desde el inicio de la actual administración. Además, hay una cohorte de 1.500 aspirantes en formación para integrar unidades especializadas.

Arévalo afirmó que la meta de incorporar 12.000 nuevos efectivos durante su período presidencial será superada en 2027. El mandatario recordó que, hace 17 años, Guatemala registraba 45 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, una tasa que, según dijo, se redujo a casi una tercera parte.

El presidente rindió homenaje a los 11 agentes de la PNC que murieron en cumplimiento del deber a inicios de este año.

El Instituto Guatemalteco de Migración registró 3,394 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos durante los primeros 18 días de septiembre de 2026, con lo que el acumulado entre enero y ese mes ascendió a 45,615 personas. El flujo mantuvo niveles elevados tras los máximos alcanzados en julio y agosto, mientras Huehuetenango concentró más de cuatro de cada 10 retornados, según una publicación del Diario LaHora.

Julio fue el mes con más llegadas del año, con 7,035 personas, seguido por agosto, con 6,379. Ambos períodos reunieron casi el 30% de los retornos desde Estados Unidos contabilizados en los primeros nueve meses de 2026.

La cifra de septiembre es parcial porque el reporte fue divulgado el 18 de ese mes y puede modificarse con las actualizaciones posteriores. Antes del aumento del tercer trimestre, mayo había registrado 5,058 casos; febrero, 4,914; marzo, 4,871; abril, 4,767; enero, 4,749; y junio, 4,448.

Las estadísticas que incluyen retornos tanto desde Estados Unidos como desde México muestran otro universo de medición. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, esos dos países devolvieron a Guatemala 46,194 ciudadanos, frente a los 31,309 registrados en el mismo período de 2025: un aumento de 47.5%.

Adultos, menores y familias dentro del flujo de retornos

Los adultos sumaron 41,001 de las 45,615 personas retornadas desde Estados Unidos, cerca de nueve de cada 10 casos. Los restantes 4,614 correspondieron a niños, niñas y adolescentes.

Durante los primeros 18 días de septiembre regresaron 3,063 hombres adultos y 250 mujeres adultas. El registro incluyó además a 31 menores hombres y 31 menores mujeres que viajaban acompañados por familiares o responsables adultos.

Otros 19 menores retornaron sin acompañamiento: 16 hombres y tres mujeres. Su recepción requiere verificar la existencia de redes familiares, las condiciones de cuidado y los posibles riesgos que pueden enfrentar tras llegar al país.

El Instituto Guatemalteco de Migración identificó 426 unidades familiares integradas por 1,168 personas. Ese grupo estaba compuesto por 141 hombres adultos, 324 mujeres adultas, 388 niños y 315 niñas.

La información oficial incorporó además la pertenencia a comunidades lingüísticas de las personas retornadas. La comunidad K’iche’ concentró 5.585 casos, seguida por Q’eqchi’, con 2,876; Q’anjob’al, con 1,380; Kaqchikel, con 1,030; e Ixil, con 833.

El registro incluyó personas pertenecientes a las comunidades Achi’, Chuj, Akateko, Awakateko, Poqomam, Ch’orti’, Tz’utujil, Chalchiteko, Sipakapense, Sakapulteko, Tektiteko, Uspanteko, Mopán, Itza’, Garífuna y Xinca.

Huehuetenango reúne más de 19 mil retornados

El departamento de Huehuetenango encabezó la distribución territorial con 19.030 personas retornadas desde Estados Unidos. San Marcos ocupó el segundo lugar, con 6,051, y Quiché quedó tercero, con 5,049.

Quetzaltenango registró 3,191 retornados; Petén, 2,503; Guatemala, 2,491; y Alta Verapaz, 2,373. Las cifras de Huehuetenango, San Marcos y Quiché coinciden con los departamentos que ya figuraban entre los de mayor número de casos en las estadísticas de retornos desde Estados Unidos y México entre enero y agosto.

Otros departamentos superaron los mil casos: Chimaltenango, con 1,484; Suchitepéquez, con 1,449; Chiquimula, con 1,398; Jutiapa, con 1,299; Totonicapán, con 1,285; Baja Verapaz, con 1,223; Jalapa, con 1,137; Escuintla, con 1,130; y Sololá, con 1,024.

El Gobierno de Guatemala mantiene el Plan Retorno al Hogar, que articula servicios de empleo, capacitación, documentación, salud y educación para quienes regresan al país. La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que el Centro de Atención y Registro atendió a 23.388 migrantes retornados entre enero y el 31 de agosto.

De esas personas, 1,785 ingresaron al mercado laboral, 1,296 recibieron capacitación y 155 obtuvieron certificaciones de competencias. Las instituciones participantes entregaron alimentos a 29,210 personas, incorporaron a 219 al sistema educativo y distribuyeron 20,769 tarjetas SIM con tiempo de aire.

El Mides de Guatemala reformó el reglamento del programa de transporte gratuito para personas adultas mayores y permitirá que las empresas corrijan errores u omisiones en sus expedientes antes de quedar fuera del proceso.

La medida, formalizada mediante el Acuerdo Ministerial DS-121-2026, busca ampliar la participación de transportistas habilitados para recibir la compensación estatal por brindar el servicio sin costo.

La modificación fue firmada el 4 de septiembre de 2026 y cambia varios artículos del reglamento aprobado previamente en el Acuerdo Ministerial DS-39-2026. Las disposiciones anteriores que no fueron modificadas mantienen plena vigencia.

El nuevo marco fija el 31 de octubre de 2026 como fecha límite para que los transportistas interesados concluyan el proceso de habilitación. Las empresas deberán cumplir los requisitos administrativos y financieros previstos para ingresar al esquema de compensación.

Corrección de expedientes y reportes mensuales

Los expedientes con fallas documentales ya no serán descartados de manera definitiva desde la primera revisión. Los operadores podrán subsanar y completar la información requerida dentro del plazo establecido, lo que permitirá continuar el análisis de sus solicitudes.

La reforma apunta a que más empresas de transporte culminen el trámite necesario para ser reconocidas como receptoras de los pagos estatales. Esa habilitación es la condición para que puedan cobrar por los viajes gratuitos realizados por personas adultas mayores.

El Ministerio de Desarrollo Social también precisó cómo deberán presentarse los reportes de servicio. Cada receptor de la compensación tendrá que entregar la información durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al período informado.

Los datos no serán acumulativos. La cartera validará únicamente los servicios correspondientes al mes inmediato anterior, por lo que los registros de períodos previos que se presenten fuera de ese margen no serán considerados para calcular el pago.

Diciembre tendrá un calendario diferente debido al cierre del ejercicio fiscal. El primer reporte deberá entregarse como máximo el 18 de diciembre de 2026 e incluirá los servicios prestados entre el uno y el 17 de ese mes.

La segunda entrega abarcará los 14 días restantes de diciembre. Con esa división, el Mides mantendrá el registro y la validación de los viajes realizados al final del año sin modificar el sistema de compensación vigente.

El transporte gratuito y el aporte de 500 quetzales

El programa regulado por el Ministerio de Desarrollo Social funciona por separado del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, administrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este último entrega 500 quetzales mensuales a personas de 65 años o más que viven en pobreza extrema, no reciben una pensión y no trabajan para el Estado ni para empresas privadas.

El beneficio económico, conocido como PAM, tiene requisitos y una entidad responsable distintos de los establecidos para la gratuidad del transporte. Mientras el primer programa transfiere dinero a personas que cumplen las condiciones socioeconómicas fijadas, el segundo compensa a los transportistas que prestan el servicio gratuito.

El padrón del PAM creció 72,1% durante la actual administración, al pasar de 172.743 beneficiarios al inicio del gobierno a 297.272 adultos mayores registrados, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en agosto. El aumento incorporó a 124.529 personas al registro del programa.

Hasta el 31 de julio de 2026, el PAM había ejecutado 1.057,46 millones de quetzales, equivalentes al 59,3% de su presupuesto anual. Los recursos totales asignados para ese año ascienden a 1.781,99 millones de quetzales.

Los dos mecanismos integran la red de beneficios sociales destinada a la población adulta mayor en Guatemala.

El transporte gratuito depende de la participación de empresas habilitadas por el Mides, mientras que el aporte mensual queda sujeto a las condiciones de pobreza extrema, edad, ausencia de pensión y situación laboral definidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

El MINEX y el RENAP firmaron el jueves 17 de septiembre un convenio para la impresión del DPI en Estados Unidos, un mecanismo que permitirá procesar y distribuir documentos de identificación para guatemaltecos residentes en ese país a través de dos consulados: Lake Worth Beach, en Florida, y Los Ángeles, en California.

La producción quedará concentrada en esas dos sedes consulares, desde donde se enviarán los documentos hacia distintos puntos del territorio estadounidense. El sistema busca evitar que la atención dependa exclusivamente del traslado de las identificaciones desde Guatemala.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas acordaron coordinar sus funciones para acelerar la impresión y entrega del Documento Personal de Identificación.

La Cancillería aportará su red de consulados, mientras que el registro estatal estará vinculado al proceso de identificación ciudadana.

Dos consulados como centros de impresión y distribución

Los consulados de Guatemala en Lake Worth Beach y Los Ángeles asumirán un papel central en el nuevo esquema. Ambas oficinas imprimirán los DPI y organizarán su distribución hacia otras áreas de Estados Unidos donde residen ciudadanos guatemaltecos.

La medida incorpora la producción de los documentos dentro del país norteamericano. De acuerdo con la información divulgada por las dos instituciones, los consulados seleccionados funcionarán como puntos de apoyo para entregar las identificaciones a la comunidad guatemalteca.

El DPI es el documento de identificación personal de los ciudadanos de Guatemala y resulta necesario para trámites personales, administrativos y consulares. Su emisión y entrega en el exterior forman parte de los servicios destinados a nacionales que viven fuera del territorio guatemalteco.

La red consular en Estados Unidos ya atiende solicitudes de documentación y brinda acompañamiento a guatemaltecos residentes en ese país. Con el convenio, las oficinas de Florida y California sumarán la impresión de los documentos que posteriormente serán remitidos a otras zonas.

El alcance territorial anunciado contempla la entrega de DPI a personas ubicadas en distintos estados estadounidenses. Las dos sedes serán los centros desde los cuales se enviarán los documentos al resto del país, según lo previsto en el acuerdo de coordinación.

La iniciativa está orientada a reducir las dificultades operativas asociadas a la distancia entre Guatemala y quienes necesitan solicitar, renovar o recibir su identificación desde Estados Unidos. El mecanismo se concentra en la logística de impresión y distribución mediante los canales consulares ya existentes.

Sin cambios anunciados en los requisitos para solicitar el DPI

El Convenio de Coordinación Interinstitucional formaliza el trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas para ampliar la capacidad de atención a los guatemaltecos en el exterior. La iniciativa busca mejorar la entrega de documentos sin alterar las condiciones de acceso al trámite.

Hasta ahora, el RENAP y el Ministerio de Relaciones Exteriores no comunicaron cambios en los procedimientos, costos, horarios de atención ni requisitos para solicitar el DPI desde Estados Unidos. Las personas interesadas deberán consultar las indicaciones correspondientes en los consulados guatemaltecos o mediante los canales oficiales de ambas entidades.

Tampoco se informaron los plazos previstos para la implementación plena del mecanismo ni la cantidad de documentos que podrán imprimirse en cada sede. Las instituciones no precisaron si el sistema será ampliado a otros consulados de Guatemala en Estados Unidos.

La puesta en marcha dependerá de la coordinación operativa entre las oficinas consulares y el Registro Nacional de las Personas. El acuerdo establece la base institucional para que los DPI sean impresos en Estados Unidos y enviados a guatemaltecos residentes en diferentes puntos de ese país.

La diligencia se concentró de forma preliminar en el edificio de la Dirección General de Administración, conocida como DIGA. Esa dependencia está vinculada con trámites de inscripción y con la emisión de títulos universitarios.

El expediente está bajo responsabilidad de la Fiscalía contra la Corrupción y se originó tras las denuncias de alumnos cuyos datos habrían desaparecido del sistema de Registro y Estadística de la Usac, según fuentes judiciales.

Entre 40 y 50 estudiantes presentaron la denuncia ante el Ministerio Público el 24 de julio. Los afectados advirtieron que la falta de información académica bloquea procedimientos necesarios para concluir sus carreras y acceder a otros beneficios.

Los registros ausentes y los trámites afectados

Las denuncias alcanzan a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Escuela de Ciencia Política y el Centro Universitario de Noroccidente.

Los alumnos cuestionaron la explicación ofrecida por las autoridades universitarias, que vincularon la pérdida de expedientes con hechos ocurridos durante 2022 y 2023. Parte de los denunciantes sostuvo que esa versión no aclara por qué también se registraron casos de personas inscritas después de esos años.

Fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron al recinto universitario como parte de la pesquisa. La institución policial acudió al campus a solicitud del Ministerio Público, de acuerdo con la información preliminar.

En el chat de periodistas al hacerse la consulta, según cita Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. El Ministerio Público confirmó que desarrollaba diligencias en la universidad, pero mantuvo bajo reserva los detalles del operativo. La institución explicó a periodistas: “Por estrategia fiscal, los detalles de las diligencias se mantienen bajo reserva hasta que concluyan”.

La Fiscalía indicó que dará a conocer los resultados y el carácter de las actuaciones una vez que termine el procedimiento. Hasta ese momento, no había información oficial sobre capturas ni sobre el hallazgo de documentos o equipos durante el allanamiento.

Antimotines y reducción de carriles en la zona 12

La presencia policial también generó restricciones de tránsito en los alrededores de la Usac. Agentes antimotines se instalaron en la avenida Petapa y 32 calle, en la zona 12, donde se redujeron carriles en dirección a la zona 21.

El vocero de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó sobre el despliegue en ese punto. Otro grupo de policías avanzó por la 11 avenida y 31 calle, cerca de uno de los accesos al campus central.

La ubicación de los agentes respondió al desarrollo de las diligencias dentro de las instalaciones universitarias y a los accesos al recinto. Las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre la duración prevista del operativo ni sobre las áreas específicas que serían inspeccionadas.

La investigación se centra en la desaparición de expedientes del sistema universitario denunciada por decenas de alumnos. Los registros académicos son necesarios para procesos de graduación, solicitudes de becas, investigaciones y cierres de carrera.

La Universidad de San Carlos de Guatemala informó que colaborará con las diligencias del Ministerio Público

La USAC afirmó que brindará la colaboración requerida ante las diligencias que el Ministerio Público (MP) realizó el 18 de septiembre en instalaciones universitarias, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

En un comunicado dirigido a la comunidad san carlista y a la población, la casa de estudios señaló que respeta el ordenamiento jurídico y las actuaciones de las instituciones estatales dentro de sus competencias legales.

Indicó que las áreas responsables recibieron instrucciones para facilitar la información necesaria durante las revisiones. Según expuso, el objetivo es establecer las circunstancias de los casos bajo análisis a partir de documentos y criterios técnicos.

El comunicado no detalló cuáles son los expedientes revisados ni precisó el alcance de las diligencias realizadas por el MP y la PNC en las instalaciones de la universidad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala oficializó que 18.312.373 guatemaltecos serán la base demográfica para definir la cantidad de síndicos y concejales, titulares y suplentes, que integrarán las corporaciones municipales en las Elecciones Generales de 2027.

La cifra corresponde a la proyección de población de 2026, con corte al 30 de junio, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

La decisión reemplaza como referencia el XII Censo de Población efectuado en agosto de 2018, que había registrado 14.901.286 habitantes. El tribunal optó por la estimación más actualizada ante la falta de una norma que obligue a utilizar el último censo oficial.

La medida quedó establecida en el Acuerdo Número 327-2026, firmado el 7 de septiembre por la magistrada presidenta del TSE, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, y publicado el viernes 18 de septiembre en el Diario de Centro América. La disposición entró en vigor de forma inmediata tras su publicación.

La población como criterio para integrar cada corporación municipal

El Instituto Nacional de Estadística entregó al TSE los datos de habitantes de los 340 municipios del país, desagregados entre hombres y mujeres, luego de un requerimiento formal del órgano electoral. El Decreto Ley Número 3-85, que contiene la ley orgánica de la institución, le asigna la función de centralizar la distribución de estadísticas oficiales nacionales e internacionales.

El artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos determina la composición de cada corporación municipal según su población. Los municipios con más de 100 mil habitantes eligen tres síndicos y diez concejales titulares, además de un síndico y cuatro concejales suplentes.

Las localidades con entre 50 mil y 100 mil habitantes eligen dos síndicos y siete concejales titulares, junto con un síndico y tres concejales suplentes. En los municipios de entre 20 mil y 50 mil habitantes corresponden dos síndicos y cinco concejales titulares, más un síndico y dos concejales suplentes.

Los municipios con 20 mil habitantes o menos tendrán dos síndicos y cuatro concejales titulares, además de un síndico y dos concejales suplentes. La proyección oficial fijará, por lo tanto, la estructura de los gobiernos locales que surjan de los comicios de 2027.

En el departamento de Guatemala, Villa Nueva figura como el municipio más poblado del registro parcial disponible, con 518.596 habitantes: 249.151 hombres y 269.445 mujeres. San Juan Sacatepéquez registra 297.376 habitantes y Villa Canales, 171.094.

El listado también incluye a Amatitlán, con 159.961 habitantes; San Miguel Petapa, con 158.631; Fraijanes, con 66.825; San Pedro Sacatepéquez, con 59.786; San Raymundo, con 39.387, y Chuarrancho, con 17.820.

El Progreso, Sacatepéquez y Chimaltenango en la proyección oficial

El departamento de El Progreso suma 200.433 habitantes distribuidos en ocho municipios. Guastatoya tiene 28.173; San Agustín Acasaguastlán, 57.319; Sanarate, 43.229; San Antonio La Paz, 23.281; El Jícaro, 13.564; Sansare, 13.940; Morazán, 12.800, y San Cristóbal Acasaguastlán, 8.127.

Sacatepéquez concentra 426.324 habitantes en 16 municipios. Antigua Guatemala, la cabecera departamental, tiene 62.839 habitantes; Ciudad Vieja, 45.388, y Sumpango, 50.204.

Jocotenango registra 25.088 habitantes; Pastores, 20.943; Santiago Sacatepéquez, 39.763; San Lucas Sacatepéquez, 30.593; San Juan Alotenango, 29.737; Santa María de Jesús, 28.154, y Santa Lucía Milpas Altas, 18.753.

San Miguel Dueñas cuenta con 17.179 habitantes; Santo Domingo Xenacoj, con 16.166; San Antonio Aguas Calientes, con 14.131; Magdalena Milpas Altas, con 13.162; San Bartolomé Milpas Altas, con 9.214, y Santa Catarina Barahona, con 5.010.

Chimaltenango suma 808.669 habitantes en sus municipios. La cabecera departamental tiene 124.073 habitantes, Tecpán Guatemala alcanza 120.468 y San Martín Jilotepeque llega a 100.109.

Patzún registra 75.978 habitantes; San Juan Comalapa, 66.094; San José Poaquil, 35.727; Santa Apolonia, 24.808, y San Miguel Pochuta, 11.748. Además de las autoridades municipales, las Elecciones Generales de 2027 definirán la presidencia, la vicepresidencia, las diputaciones al Congreso y los escaños del Parlamento Centroamericano.

La Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas de Guatemala concentrará el sábado 19 de septiembre las entrevistas a los 15 aspirantes mejor calificados, mientras un tribunal le dio 48 horas para explicar la exclusión de César Maximiliano Orozco Orozco, quien busca ser reincorporado mediante un amparo.

La etapa previa dejó resultados dispares entre los 18 postulantes que recibieron señalamientos. Ocho lograron que todas sus pruebas de descargo fueran aceptadas, seis no consiguieron que se admitiera ninguna y tres obtuvieron decisiones mixtas.

El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, admitió el 10 de septiembre la acción planteada por Orozco. El aspirante cuestionó la resolución emitida el 3 de septiembre por la comisión, que fue publicada al día siguiente y lo dejó fuera del proceso.

La autoridad judicial requirió a la comisión un informe circunstanciado, con el original y dos copias, en un plazo de 48 horas antes de pronunciarse sobre la solicitud de amparo provisional. El expediente fue identificado con el número 01008-2026-0152.

El juzgado también advirtió que, si la comisión no registra un casillero electrónico para recibir notificaciones, las resoluciones posteriores serán comunicadas por los estrados del tribunal.

Las entrevistas para los 15 mejores calificados

El calendario fue modificado durante la fase de evaluación de los 40 aspirantes. La comisión había previsto aplicar el jueves 17 de septiembre la tabla de gradación a los expedientes, pero resolvió iniciar ese día una revisión inicial en parejas, cada una integrada por un decano y un representante de los colegios profesionales.

La contrarrevisión y el conocimiento de las calificaciones en sesión plenaria quedaron programados para el viernes 18 de septiembre. El cambio mantuvo para el domingo 20 la integración de la nómina final de seis candidatos.

Los postulantes que se ubiquen entre los 15 puntajes más altos serán entrevistados por orden alfabético. La lista podrá ampliarse si hay empate en la última posición de clasificación.

Cada aspirante dispondrá de 10 minutos para presentar su plan de trabajo. Luego deberá responder cuatro preguntas base y consultas adicionales de los comisionados, quienes podrán formular una pregunta cada uno y otorgar hasta tres minutos para la respuesta.

Las entrevistas tendrán una duración máxima de 35 minutos y se calificarán de uno a cinco puntos. Esa valoración no alterará la nota obtenida previamente en la tabla de gradación.

Ocho pruebas de descargo aceptadas en su totalidad

Vilma del Rosario Xicará, Marco Antonio Vélez González y Jorge Luis Maldonado Maldonado figuran entre los ocho aspirantes cuyas pruebas de descargo fueron admitidas en su totalidad. La comisión conoció estas defensas el jueves, antes de avanzar a la calificación de expedientes.

Seis candidatos no lograron desvanecer ninguno de los señalamientos formulados en su contra. Entre ellos están Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, a quien le fueron rechazados seis señalamientos, y Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, con cuatro rechazos.

Los expedientes de César Armando Elías Ajcá, José Domingo Conde Juárez y Luis Antonio Marroquín Pimentel tuvieron decisiones parciales: algunas pruebas fueron aceptadas y otras rechazadas. El señalamiento contra Juan Alberto Monzón Esquivel no fue sometido a votación debido a un desistimiento.

El presidente de la Comisión de Postulación, Miquel Cortés, denunció haber recibido mensajes intimidatorios y difamatorios durante el procedimiento. Ante el pleno, pidió a los integrantes del órgano no responder a esas presiones.

“A veces son intimidaciones, a veces son difamaciones. Esto tenemos que dejarlo fuera de la comisión, no entrarle en esa dinámica que es provocativa de algunos sectores o personas que no comprenden los procesos democráticos”, afirmó Cortés.

El presidente añadió que quienes buscan intimidar la labor de la comisión actúan sobre un proceso que calificó de eficaz. No precisó el origen de los mensajes denunciados.

La nómina de seis candidatos será enviada al Congreso de la República el 22 de septiembre. Los diputados deberán elegir, con al menos 81 votos, al sucesor de Frank Bode al frente de la Contraloría General de Cuentas antes del 13 de octubre.

La comisión también conoció acciones de amparo promovidas por Hugo Locón Suruy y por Efraín Ángel Matías Aguirre. Este último impugnó su exclusión por no contar con el finiquito correspondiente a agosto.

Guatemala realizará este domingo 20 de septiembre la tercera Feria Integral de la Salud, una jornada gratuita de vacunación, controles médicos y detección temprana de cáncer que reunirá a los ministerios de Defensa Nacional y de Salud Pública y Asistencia Social en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

La actividad llevará el nombre “Unidos contra el cáncer” y ofrecerá inmunización contra el virus del papiloma humano, conocido como VPH, además de exámenes de Papanicolaou, chequeos de mama, consultas por enfermedades crónicas y atención nutricional.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, sostuvo que el 80% de los cánceres puede prevenirse mediante cambios en el estilo de vida y la vacunación contra el VPH.

El anuncio ocurre mientras Guatemala enfrenta un brote de sarampión y un aumento de la desnutrición infantil asociado a la sequía en el corredor seco. La desnutrición constituye el principal factor de riesgo de muerte por sarampión en menores de un año, según explicó Barnoya.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta roja para identificar a los niños con mayor riesgo nutricional. El Ministerio de Salud también emitió una alerta epidemiológica para reforzar las brigadas de detección.

Barnoya afirmó que la identificación temprana cambia el pronóstico de los pacientes: “El 95% de los casos que se detectan temprano y llegan al sistema de salud se recupera”. El funcionario vinculó el alza de casos con la falta de lluvias en las zonas afectadas del país.

Vacunación y controles gratuitos en la Fuerza Aérea

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que aportará médicos, enfermeros militares y ambulancias para ampliar la capacidad de atención.

También habrá una exposición de aeronaves actuales y de equipos que formaron parte de la historia de la institución, demostraciones caninas y estands informativos de distintas entidades.

El ministro de la Defensa Nacional, general de división Henry Sáenz, presentó la feria junto a Barnoya durante una conferencia que incluyó una exhibición de material aéreo. La cartera de Defensa mantiene apoyo logístico al sistema sanitario con traslados de pacientes desde comunidades rurales de difícil acceso.

El titular de Salud destacó el efecto de esas operaciones de emergencia: “Estos traslados aéreos literalmente han salvado vidas”. Sáenz indicó que la compra de aeronaves incorpora esa función sanitaria y aseguró: “Cada vez que nosotros compramos una aeronave, siempre pensamos en una defensa de 360 grados”.

La primera Feria Integral de la Salud se llevó a cabo en julio de 2024, poco después de la llegada de Barnoya al ministerio, y recibió a 33.000 guatemaltecos.

Durante aquella convocatoria se aplicaron vacunas contra VPH, poliomielitis y sarampión, junto con pruebas de VIH, tuberculosis y glucosa.

La segunda edición reunió a 7.000 personas. Para fin de año, Sáenz anticipó un nuevo proyecto conjunto entre las dos carteras, aunque no ofreció detalles sobre su contenido.

Cuatro departamentos bajo vigilancia por sarampión

El brote de sarampión acumula más de diez semanas de disminución sostenida de casos, aunque todavía no concluyó. La semana de mayor incidencia registró 2.250 contagios, mientras que la última semana reportada sumó menos de 200.

Sololá, Chiquimula, Izabal y Quiché concentran grupos de población susceptibles al virus. En esos cuatro departamentos se realizan jornadas específicas de vacunación entre el 16 y el 24 de septiembre.

Barnoya advirtió que la reducción de diagnósticos no equivale al final de la emergencia: “El brote no ha terminado. Que los casos no sigan aumentando no quiere decir que el brote ha finalizado”.

El Ministerio de Salud informó que aplicó casi dos millones de dosis contra el sarampión y mantiene una reserva de 1,3 millones adicionales. La cartera gestiona con la Organización Panamericana de la Salud la compra de nuevas vacunas y atribuyó las bajas coberturas heredadas al abandono del sistema sanitario y a los retrasos provocados por la pandemia de covid-19.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026, realizadas el 17 y 18 de septiembre, en las que reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir la prevención de riesgos bancarios, las nuevas reglas contra el lavado de dinero y las amenazas tecnológicas.

La vigésima sexta edición del encuentro puso el foco en la necesidad de que el sistema financiero anticipe riesgos vinculados con cambios regulatorios, ciberataques, fraude con inteligencia artificial y tensiones geopolíticas. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, esos factores atraviesan la evolución de la supervisión financiera del país.

Una nueva ley antilavado antes de la evaluación de 2027

El segundo día incluyó el panel “Más allá de la ley, oportunidades y retos del Decreto 15-2026 para Guatemala”, dedicado a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La norma fue sancionada por el Ejecutivo el 17 de junio y entrará en vigor tres meses después de su publicación.

La legislación unifica las disposiciones que estaban repartidas entre los decretos 67-2001 y 58-2005. El Congreso la aprobó con 147 votos y busca adecuar el marco guatemalteco a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional antes de la evaluación prevista por Gafilat para febrero de 2027.

Entre las nuevas estructuras figura el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como CONCLAFT. El organismo será presidido por el vicepresidente de la República.

La ley también refuerza el papel de la Intendencia de Verificación Especial, dependiente de la SIB, que podrá inscribir a personas obligadas, recibir reportes de operaciones sospechosas e imponer sanciones administrativas. El alcance de esos deberes se extendió a notarios, inmobiliarias y proveedores de servicios de activos virtuales.

Las personas jurídicas responsables del delito podrán recibir multas de hasta USD 625.000. La norma incorpora así a nuevos sectores al sistema de prevención y represión de operaciones vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fraude híbrido y ciberresiliencia para el sistema financiero

La jornada del 18 de septiembre incluyó la conferencia magistral “Resiliencia ante el fraude híbrido, cómo la banca de Guatemala debe prepararse para ataques con IA generativa”. El programa examinó las modalidades de fraude que combinan herramientas digitales y mecanismos tradicionales de engaño.

El encuentro concluyó con el panel “Seguros inclusivos, brechas, retos y oportunidades para incentivar el uso del seguro”, centrado en las barreras para ampliar el acceso de distintos grupos de la población a esos productos.

El primer día estuvo dedicado a los 80 años de supervisión bancaria en Guatemala, la estabilidad financiera y los desafíos regulatorios futuros. También se abordaron los riesgos geopolíticos para la banca y la ciberresiliencia ante la expansión de la inteligencia artificial.

Durante la apertura, el superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, sostuvo que la supervisión financiera debe fortalecer su capacidad de anticipación en lugar de limitarse a responder cuando los riesgos ya se han materializado. La Universidad del Valle de Guatemala respaldó la organización de las conferencias.

La SAT retuvo 11,520 frascos de perfume en Puerto Quetzal por la falta de permisos de importación y una presunta violación de derechos de propiedad intelectual. La mercancía, localizada en la aduana de la terminal marítima guatemalteca, tiene un valor aduanero de 5.37 millones de quetzales, según informó la Superintendencia de Administración Tributaria.

La retención se realizó durante un operativo de control conjunto con personal del Ministerio de Gobernación y delegados de las marcas afectadas. Las autoridades buscan impedir que productos ingresados de forma irregular lleguen a los circuitos de distribución y venta dentro de Guatemala.

Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, concentró 102 detecciones de mercancía vinculada con falsificaciones y contrabando durante 2025. Esa cifra equivalió al 53.14% del valor total incautado en el país, por encima de los 52 casos registrados en la Aduana Central y de los 27 de la Aduana Express Aéreo.

🤚🏽 #COINCON | Personal de #SAT en la Aduana #PuertoQuetzal, en coordinación con #MINGOB y representantes de las marcas, detectó 11,520 frascos de perfume por una presunta violación de los derechos de propiedad intelectual y carencia de permisos de importación.

🛂 Valor de la… pic.twitter.com/dg74Z6cE11

— SAT Guatemala (@SATGT) September 17, 2026

Permisos pendientes y marcas no identificadas

Los inspectores detectaron que los perfumes no contaban con la documentación requerida para su importación. La presunta vulneración de propiedad intelectual surgió de la revisión realizada con representantes de las empresas que podrían haber sido afectadas por la mercadería.

La SAT no informó el país de origen de los productos ni las marcas involucradas. Tampoco precisó si identificó a responsables del intento de ingreso, ni si el caso derivó en una denuncia penal.

Los procedimientos administrativos continúan para establecer el destino de los frascos retenidos y las medidas aplicables. La participación de autoridades aduaneras, personal de Gobernación y representantes de titulares de marcas forma parte de un mecanismo de control desplegado en los principales puntos de entrada al país.

Ese esquema comenzó a aplicarse en 2023 con apoyo de Estados Unidos y luego se extendió a otras terminales guatemaltecas. El objetivo es detectar productos presuntamente falsificados, mercancía de contrabando y cargas que no cumplen las exigencias aduaneras antes de su comercialización.

La terminal marítima ya había sido escenario de otros operativos durante el año. En marzo, las autoridades retuvieron 16.320 pares de tenis y 4.120 audífonos, cuyo valor aduanero alcanzó 3,68 millones de quetzales.

En junio, el control en la misma aduana permitió localizar 30,3 millones de cigarrillos sin declarar. La carga representaba impuestos dejados de percibir por un valor estimado de 9,5 millones de quetzales.

El aumento de casos de propiedad intelectual

Guatemala registró 192 casos de mercancía con presunta violación de propiedad intelectual en 2025, con un valor aduanero total de 53,95 millones de quetzales. Un año antes se habían contabilizado 82 casos, por 14,20 millones de quetzales.

El comercio general concentró el 54,68% de las incautaciones reportadas durante 2025. Los rubros de textiles, confecciones y calzado ocuparon el segundo lugar, con el 31,14% de los decomisos.

Entre enero y agosto de 2026, las instituciones guatemaltecas realizaron 1.863 acciones conjuntas contra el contrabando y la defraudación aduanera. En ese período se efectuaron 1.848 decomisos, con mercancía valuada en 8 millones de quetzales y ajustes pagados en aduanas por 1 millón de quetzales.

El balance incluyó 40 allanamientos, 14 detecciones a cargo del Ministerio de Gobernación, nueve operativos aduaneros y una acción regional. También se presentaron 363 denuncias por defraudación aduanera ante el Ministerio Público.

De esas denuncias, 77 fueron interpuestas directamente por la SAT. La retención de los perfumes en Escuintla se incorpora a esa serie de controles sobre cargas que ingresan por la principal terminal marítima del país.

Guatemala, Julio Flores y la presidencia del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) continuarán vinculados durante el período 2026-2027, tras la ratificación de su conducción en la reunión de septiembre celebrada en Washington D. C. El nombramiento no representa un debut: Flores ya ocupaba el cargo desde marzo, luego de la 45.ª reunión del mecanismo.

La Cuadragésima Sexta Reunión, desarrollada entre el 8 y el 11 de septiembre en la sede de la OEA, confirmó al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) para un nuevo ciclo. La continuidad ocurre mientras Guatemala se prepara para un año electoral que podría condicionar su agenda de transparencia y los proyectos de inversión.

La página institucional de la CNC señala que Flores ejerce como presidente del Comité de Expertos desde marzo de 2026. Ese antecedente establece que la decisión de septiembre extendió su mandato al frente del órgano técnico regional, en lugar de constituir la primera vez que Guatemala asumía la presidencia.

La continuidad de Julio Flores al frente del comité regional

Comunicados oficiales, incluido uno de la CNC, presentaron la designación de septiembre como un hecho inédito para el país. Sin embargo, el director ejecutivo ya había sido elegido después de la reunión anterior, celebrada en marzo.

Medios oficiales informaron 30 de marzo que Guatemala asumiría por primera vez la presidencia del Comité de Expertos tras la 45.ª reunión. Los portales describieron esa responsabilidad como “un rol técnico de coordinación” y advirtió que llegaba mientras el país permanecía bajo escrutinio por sus debilidades institucionales.

El comité está integrado por especialistas de los Estados parte y revisa la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sus tareas incluyen evaluar normas e instituciones nacionales, formular recomendaciones y supervisar los compromisos adoptados por cada país.

Guatemala ratificó la Convención el 12 de junio de 2001 y se incorporó al mecanismo de seguimiento el 19 de diciembre de ese año. Con la ratificación de Flores, el país mantiene la responsabilidad de coordinar el funcionamiento del espacio regional durante el nuevo período.

La inauguración de la reunión de septiembre contó con la participación del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien destacó el trabajo del mecanismo y saludó a Flores como presidente. Durante cuatro días, expertos de distintos países analizaron avances, desafíos y herramientas para prevenir y combatir la corrupción en el hemisferio.

Las prácticas guatemaltecas expuestas en Washington

La delegación guatemalteca participó en los intercambios sobre los desafíos contemporáneos para la prevención de hechos de corrupción. Carlos Muñoz, experto alterno de Guatemala, presentó las prácticas promovidas por el Gobierno en esta materia.

La agenda también incluyó una sesión especial sobre corrupción y ciberdelincuencia. Allí intervinieron Karen Stéfany Ortíz Solares, viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, y Ana Cristina Azurdia Juárez, secretaria contra la Corrupción del Ministerio Público.

La conducción del comité fue interpretada por Flores como “un reconocimiento internacional y un cambio de rumbo en la política de transparencia” durante la administración del presidente Bernardo Arévalo, según informó Infobae en abril. El nuevo rol supone coordinar iniciativas regionales y promover ajustes en los procedimientos del mecanismo.

El mismo medio señaló que el nombramiento contrastaba con etapas anteriores, cuando Guatemala recibía señalamientos internacionales frecuentes por el limitado progreso de sus políticas anticorrupción. La CNC sostuvo que las acciones desarrolladas junto con el Gobierno produjeron resultados valorados en el ámbito internacional.

La continuidad al frente del comité coincide con la antesala de las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. El calendario prevé la convocatoria oficial para el 22 de enero, la primera vuelta para el 27 de junio y una eventual segunda vuelta el 22 de agosto.

Fitch advirtió que el proceso electoral podría incidir en la agenda anticorrupción y en la aprobación de proyectos de inversión. Guatemala registró avances durante dos años consecutivos en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala presentó ante el Congreso de la República la iniciativa de Ley de Mediación, identificada con el número 6850, para regular esta práctica en los ámbitos público y privado y evitar que los conflictos deban llegar necesariamente a los tribunales.

La propuesta fue entregada por la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, junto al vocal III, René Guillermo Girón Palacios, al presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colindres.

Los centros de mediación del Organismo Judicial registraron 123,846 mediaciones entre 2019 y 2025. La iniciativa busca responder a esa demanda mediante reglas para procedimientos ágiles, confidenciales, voluntarios y cooperativos, orientados a que las partes alcancen soluciones mutuamente satisfactorias.

La secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, Mayra Alejandra Carrillo, participó en la entrega como parte del acompañamiento institucional.

La Dirección Legislativa recibió oficialmente la propuesta bajo la denominación “Iniciativa que dispone aprobar Ley de Mediación”.

Contreras expresó la apertura del Legislativo para dar seguimiento a la iniciativa y mencionó, durante el acto, reformas pendientes al Código Procesal Penal en materia de casación. La Corte Suprema de Justicia puso así a consideración de los diputados una normativa específica y actualizada para la mediación dentro de la modernización del sistema de justicia guatemalteco.

Un marco legal para evitar la judicialización

La propuesta define la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos en el que un tercero neutral facilita el diálogo sin imponer una solución.

El objetivo es que las personas involucradas construyan acuerdos consensuados para resolver controversias de forma pacífica.

El proyecto regularía el ejercicio de la mediación y la función del mediador, con alcance sobre asuntos familiares, civiles, laborales, mercantiles, penales, agrarios y ambientales, entre otras materias, salvo las exclusiones previstas en la propia ley. También busca reforzar la certeza y la seguridad jurídica de los acuerdos de voluntades.

Girón Palacios explicó que la elaboración de la propuesta fue resultado de un trabajo conjunto de los integrantes de la Corte Suprema: “Los trece Magistrados hemos ido examinando y presentando nuestros aportes para que la función mediadora tenga un soporte de ley ordinaria que permita a los mediadores resolver, intervenir, practicar todos los casos que se les presenten sin necesidad de judicializarlos”.

El magistrado pidió a los diputados que examinen, comuniquen y socialicen la iniciativa con la ciudadanía para recibir aportes, conocimientos y experiencias antes de su eventual aprobación. La finalidad es que la mediación se convierta en una alternativa con respaldo legal para la atención de controversias.

La exposición de motivos sitúa un antecedente de estos mecanismos en el Acuerdo de Paz número siete, firmado el 19 de septiembre de 1996 en Ciudad de México. Ese acuerdo dispuso la apertura del sistema judicial a formas alternativas de resolución de conflictos.

En 1997, la conciliación y la mediación fueron institucionalizadas dentro del Código Procesal Penal. Un año más tarde, el Organismo Judicial habilitó el primer Centro de Mediación y Conciliación del país.

La iniciativa sostiene que persiste un vacío legal, en especial para la mediación privada, donde los acuerdos no siempre cuentan con un instrumento jurídico adecuado que les otorgue certeza. Guatemala también participa, como Estado miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana de Justicia, en la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Conflicto y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol, identificada como MARC-TID.

Registro, acuerdos y reglas para los mediadores

La ley se organiza en seis títulos. El primero contiene las disposiciones generales, la definición de la mediación y su ámbito de aplicación; los apartados posteriores regulan el procedimiento, los acuerdos, la homologación judicial, otras modalidades de mediación y los honorarios.

La propuesta incorpora como principios la confidencialidad, la imparcialidad, la igualdad, el respeto a la dignidad y la voluntariedad de las partes. Estos criterios alcanzarían a los mecanismos aplicados tanto por instituciones públicas como por entidades privadas.

El segundo título crea el Registro Nacional de Mediadores, que quedaría bajo responsabilidad de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Organismo Judicial. La dependencia llevaría estadísticas trimestrales y anuales de los casos atendidos, recibiría denuncias contra mediadores y aplicaría sanciones.

Las medidas disciplinarias irían desde multas de 50 quetzales hasta la inhabilitación temporal por un máximo de seis meses. El registro también permitiría verificar que quienes ejercen la mediación mantengan las condiciones exigidas por la futura normativa.

El procedimiento podría comenzar por voluntad de las partes, por referencia de instituciones públicas o privadas, o por derivación de un órgano jurisdiccional. Cuando exista un acuerdo, el acta de mediación podría ser homologada judicialmente para adquirir fuerza ejecutiva.

La mediación prestada por instituciones públicas y por el Organismo Judicial sería gratuita, de acuerdo con el artículo 46 de la iniciativa. En el ámbito privado, los honorarios se fijarían mediante un arancel específico cuando las partes no alcancen un convenio sobre el pago.

Los gremios GRETUSEX y GRETEXPA anticiparon aumentos de entre dos y 20 quetzales —entre unos USD 0.26 y USD 2.62— en las tarifas del transporte extraurbano y de rutas cortas de Guatemala, con ajustes que algunas líneas aplicarán desde este sábado y otras durante la próxima semana.

Las asociaciones vincularon la medida con el encarecimiento de los combustibles y advirtieron que la reducción de frecuencias podría dejar menos unidades disponibles para los pasajeros.

Los aumentos variarán según los kilómetros recorridos, el consumo de combustible y las condiciones operativas de cada trayecto.

El departamento de Guatemala y los municipios cercanos podrían verse alcanzados por los cambios, ya que en esa zona existen recorridos de hasta 40 kilómetros.

Un representante de los transportistas fijó el piso de la revisión tarifaria: “Mínimo dos quetzales”. Luego precisó que, de acuerdo con la distancia, el incremento podría ser de tres, cinco, 10 o 20 quetzales.

El encarecimiento alcanza a la gasolina, el diésel, los lubricantes, los neumáticos, los repuestos y el transporte de carga. Los empresarios también incorporaron el pago de extorsiones entre los costos que enfrentan los operadores de recorridos cortos y largos.

Menos buses en las rutas de menor demanda

Las rutas cortas podrían reducir su flota en alrededor de 25%, según la estimación de los gremios. Esa medida ampliaría los intervalos entre cada unidad, en particular durante las horas con menor cantidad de pasajeros.

Los empresarios sostuvieron que una ocupación baja, combinada con gastos operativos más altos, impide mantener la misma frecuencia. Para sostener el servicio, prevén concentrar parte de las unidades durante los horarios de mayor movimiento.

La situación también afecta a los recorridos extraurbanos. Entre 25% y 30% de las unidades ya permanece en los predios, indicaron los representantes de GRETUSEX y GRETEXPA.

Los gremios aclararon que por ahora no contemplan despidos. La alternativa planteada consiste en rotar los turnos del personal y aprovechar el tiempo de los vehículos fuera de circulación para efectuar ajustes mecánicos.

La menor disponibilidad de buses se sumaría a los aumentos que proyectan varias líneas. Los transportistas sostienen que ambas decisiones responden a la necesidad de mantener la actividad frente a la suba de los costos.

“No es culpa del transportista, es sencillamente la única manera para mantener en operación esta actividad”, afirmó Gamaliel Chin, al defender la actualización de los pasajes. Las asociaciones pidieron medidas estatales para contener el valor de los carburantes durante los próximos meses.

Exenciones tributarias y un tope para el diésel

Los empresarios presentaron tres solicitudes ante el Congreso de la República. La primera plantea exonerar del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo a la gasolina regular y superior.

Para el diésel, las asociaciones reclamaron la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, la eliminación total del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y la creación de un fondo compensatorio. El mecanismo buscaría establecer un precio máximo de 35 quetzales para ese combustible.

La tercera propuesta consiste en aprobar una ley de compensación para los combustibles como alternativa de mediano plazo. Los gremios esperan que el Congreso analice las objeciones pendientes a la iniciativa relacionada con las medidas de apoyo al sector.

También solicitaron al Ejecutivo y a los demás poderes del Estado que reduzcan el gasto público. Las asociaciones atribuyeron esa demanda a la necesidad de afrontar el aumento de los carburantes sin trasladar una presión mayor sobre la operación del transporte.

Los representantes se desligaron de eventuales bloqueos y afirmaron que cualquier reclamo debe canalizarse por vías pacíficas. A la vez, reclamaron al Gobierno medidas frente a la suba de los combustibles y ante un posible escenario de mayores precios en 2027.

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala clasificó 44 productos químicos, compuestos y materiales como especies estancadas por su posible vínculo con la fabricación de explosivos o municiones, una decisión que somete su producción, traslado, almacenamiento y uso a controles estatales y a un régimen de sanciones.

La disposición fue establecida en el Acuerdo Ministerial 30-2026, firmado el 3 de septiembre por el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, y publicado el 18 de septiembre en el Diario de Centro América.

La normativa entró en vigor desde su aprobación y también debe ser difundida en la Orden General del Ejército dirigida a los oficiales.

El artículo 1 fija como objetivo “establecer los productos que fueron catalogados como Especies Estancadas”. La medida se apoya en el Decreto Ley 123-85, Ley de Especies Estancadas, y en su reglamento, aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2023, que facultan a la cartera de Defensa a calificar materiales según su grado de peligrosidad.

Ácidos, nitratos y explosivos bajo control estatal

La lista incorpora ácido perclórico, ácido pícrico, azufre, cloratos, nitratos, nitrocelulosa, percloratos, permanganatos, peróxido de hidrógeno, pólvora negra y explosivos industriales. Estos materiales forman parte de la categoría legal reservada para sustancias y artículos que pueden emplearse en la elaboración de artefactos explosivos.

También fueron incluidos el bicromato o dicromato de potasio, bromato de potasio, bromato de sodio, hipoclorito de calcio seco, nitrito de sodio, dicromato de amonio y peróxido de sodio. El artículo 2 del acuerdo enumera 44 productos en total.

La clasificación abarca distintas presentaciones y soluciones patrón de aluminio, amonio, bario, bismuto, cadmio, calcio, cesio, cobalto, cromo, hierro y plomo. Entre las demás sustancias figuran manganato de bario, metaperyodato de sodio, peryodato de potasio, yodato de potasio, yodato de sodio, sulfato de cobre y subnitrato de bismuto.

La Ley de Especies Estancadas define el concepto como el conjunto de cloratos, nitratos, explosivos, cartuchos, fulminantes, municiones, pólvora y otros materiales que, tras ser calificados por el Estado, sean susceptibles de utilizarse para fabricar artefactos explosivos.

El Ministerio de la Defensa Nacional supervisa la fabricación, importación, almacenamiento, traslado, transformación, transporte, uso, enajenación, adquisición, tenencia, conservación y portación de estas sustancias. Las personas individuales o jurídicas necesitan una licencia para desarrollar esas actividades y deben cumplir los requisitos y restricciones de la ley y su reglamento.

Los cloratos pueden autorizarse para fabricantes de fósforos, cerillos o pulpa para papel, pero deben destinarse exclusivamente a esos procesos productivos y no pueden ser vendidos. Los cloratos, nitratos, pólvora negra y explosivos industriales deben permanecer en lugares autorizados por la cartera, mientras que su traslado exige un permiso específico.

La legislación prohíbe transportar especies estancadas y productos pirotécnicos en vehículos de pasajeros o mixtos. También restringe, como regla general, la fabricación de pólvora.

Límites para la pirotecnia y multas por incumplimientos

Los fabricantes habituales de artículos pirotécnicos constituyen una excepción: pueden elaborar la pólvora negra necesaria para su actividad si obtienen autorización previa del Ministerio. La ley también impide importar cohetillos y comercializar en Guatemala unidades de manufactura extranjera, además de prohibir el ingreso de artificios similares a los que ya produce la industria nacional.

Desde una reforma aprobada en 2007, está vedado importar, producir, fabricar, almacenar, depositar, distribuir y comercializar silbadores y canchinflines. Para los explosivos industriales, el Estado guatemalteco conserva la exclusividad de fabricación, así como de los artefactos destinados a detonarlos.

Esa producción puede ser realizada por personas jurídicas asociadas con el Estado o con entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas. El marco legal reserva así una participación directa de las instituciones públicas en este tipo de manufactura.

El incumplimiento de las disposiciones puede ser sancionado administrativamente por el Mindef de acuerdo con la gravedad de la falta. El artículo 27 contempla tres castigos: cancelación de licencia, decomiso de la especie estancada y multas de entre 10.000 y 50.000 quetzales.

Quienes vulneren la prohibición sobre silbadores y canchinflines reciben la cancelación de la licencia, el decomiso del producto y una multa de 50.000 quetzales. Estas medidas no excluyen las responsabilidades penales y civiles que puedan corresponder, cuya resolución compete a los tribunales ordinarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco comunicó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó las fechas para las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, un conflicto que lleva más de 167 años.

De acuerdo con la cancillería, el proceso histórico que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2027.

En paralelo, el tribunal internacional programó entre el 1 y el 5 de marzo del próximo año las audiencias correspondientes al caso sobre la Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes, en el cual Guatemala participará tras su solicitud de intervención en el litigio entre Belice y Honduras.

La Corte debatirá los alegatos jurídicos en audiencias vinculantes para ambas partes

El caso principal fue presentado ante la CIJ por mutuo acuerdo entre Guatemala y Belice en el año 2019 con el objetivo de resolver de forma definitiva el reclamo territorial, insular y marítimo sostenido por las autoridades guatemaltecas.

El inicio de las audiencias orales marcará la primera oportunidad en la que un tribunal internacional escuchará los argumentos jurídicos planteados por la representación guatemalteca sobre este tema.

Según lo establecido en el Artículo 59 del Estatuto de la CIJ y el Artículo 5 del Acuerdo Especial de 2008, la sentencia dictada por la magistratura será de acatamiento obligatorio para ambos Estados.

El caso territorial con Honduras

Por otro lado, el expediente centrado en los cayos Zapotillos comenzó en 2022 a raíz de una demanda presentada por la administración beliceña contra Honduras.

Debido a que Guatemala considera que dichas islas forman parte de su territorio soberano, solicitó un permiso de intervención el 3 de diciembre de 2023. El 19 de marzo de 2026, la CIJ aceptó la incorporación guatemalteca en calidad de “No Parte”.

Esta condición permite a las autoridades informar sobre sus derechos jurídicos sin que el fallo final resulte vinculante para el país.

Los cayos Zapotillos son un conjunto de pequeños islotes y arrecifes localizados en el extremo sur de la barrera de coral del Caribe. Tienen una importancia geopolítica, pesquera, marina y de delimitación de plataformas continentales y áreas marítimas en el Golfo de Honduras.

Un diferendo centenario originado por concesiones coloniales y compromisos incumplidos

La disputa por la delimitación fronteriza posee raíces en el periodo colonial, cuando la Corona española otorgó concesiones madereras a Gran Bretaña en 1783 y 1786 en áreas que posteriormente formarían el territorio de Belice.

Tras las independencias centroamericanas, la firma del Tratado Aycinena-Wyke en 1859 estipuló que la representación guatemalteca cedía el territorio ubicado entre los ríos Sibún y Sarstún a cambio de la construcción británica de una ruta hacia el mar Caribe.

El incumplimiento de esa compensación vial motivó que el gobierno de Guatemala declarara la nulidad del tratado en 1946.

Aunque las autoridades guatemaltecas reconocieron la autodeterminación del pueblo beliceño en 1991, mantuvieron de manera firme la reclamación jurídica sobre aproximadamente 11,030 kilómetros cuadrados, además de islotes y espacios marítimos.

Tras décadas de negociaciones infructuosas, las consultas populares celebradas en Guatemala en 2018 y en Belice en 2019 permitieron que ambos países acordaran someter la controversia a la jurisdicción de la CIJ para obtener una demarcación territorial definitiva.

El cuerpo de una mujer reportada como desaparecida fue localizado dentro de costales en un área boscosa del municipio de San Juan Chamelco, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

La víctima fue identificada como Telma Estela Cuc Paau, de 44 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de septiembre.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de un río en la aldea Qeqxibaal, luego de que una llamada telefónica de emergencia movilizara a los socorristas de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd).

El portavoz de la entidad humanitaria, Edwin Xeper, detalló que tras verificar la presencia de los restos mortales en la zona, los socorristas coordinaron las acciones de los peritos del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Familiares de la víctima habían difundido previamente una Alerta Isabel-Claudina en plataformas digitales para facilitar su búsqueda, un mecanismo oficial orientado a la ubicación expedita de mujeres adultas desaparecidas en la nación.

Las Alertas Isabel-Claudina registran un promedio de cinco desapariciones diarias de mujeres en Guatemala

La muerte de Cuc Paau en San Juan Chamelco pone de manifiesto la magnitud del problema en el país centroamericano. Según registros del Observatorio de la Mujer del MP, en Guatemala se activan cerca de cinco Alertas Isabel-Claudina cada día.

En lo que va del año se contabilizan más de 800 alertas, con un 89% de efectividad en la localización de mujeres con vida, mientras que un 2,3% aparecieron sin vida.

El departamento de Alta Verapaz figura entre los territorios del interior con mayor prevalencia de reportes, junto a Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango.

La violencia intrafamiliar y los abusos de género constituyen las causas principales de desaparición y feminicidio

Los análisis de la Fiscalía de la Mujer revelan que la violencia intrafamiliar, las agresiones físicas y los abusos sexuales son los desencadenantes predominantes de las desapariciones de mujeres.

Los datos institucionales indican que más del 55% de los casos ocurren en contextos de violencia machista, y un 18% de las víctimas contaba con denuncias previas por maltrato.

Mandos de la PNC explicaron que en múltiples situaciones las mujeres optan por huir de sus viviendas, a menudo en compañía de sus hijos menores de edad, debido a agresiones constantes dentro del núcleo familiar.

Las autoridades atribuyen el hallazgo de cuerpos en costales y sábanas a la acción de estructuras criminales

La localización de restos ocultos en costales, bolsas de nailon y sábanas representa una tendencia recurrente en la actividad criminal guatemalteca.

Investigaciones del MP e informes de la PNC reportan más de 90 cadáveres encontrados en estas condiciones durante los últimos meses.

Las autoridades policiales vinculan el 99% de los casos identificados a rencillas internas, disputas territoriales y reestructuraciones ejecutadas por estructuras criminales ligadas al narcomenudeo, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Por su parte, los dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que la asfixia por estrangulación y los traumas contusos son las causas de muerte más comunes en este tipo de hallazgos.

Pese a que el juez guatemalteco Fredy Orellana aseguró a través de un comunicado que ya no está sancionado en Europa, la Unión Europea afirmó que continúa incluido en el régimen de medidas restrictivas que fue prorrogado hasta 2027.

Según Orellana, juez del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, las sanciones le fueron levantadas desde el 13 de enero pasado, por medio de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea, decisión que fue publicada el 12 de enero y entró en vigencia un día después.

“Por lo que, desde el 13 de enero de 2026 no existe ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en mi contra en el territorio de la Unión Europea”, se lee en el comunicado publicado este jueves 17 de septiembre en sus redes sociales.

Desmentido de manera oficial

Horas después, la Delegación Unión Europea en Guatemala publicó también un comunicado en el que confirmó que las sanciones continúan vigentes para ocho personas guatemaltecas.

“La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas”, indicó en un pronunciamiento que remitió al texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254.

Aunque no lo dice expresamente, en el documento oficial al que dirige el comunicado, se lee claramente el nombre de Fredy Raúl Orellana Letona, ubicado en la casilla cinco, de los ocho guatemaltecos sancionados, incluida la exfiscal General, Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

La prórroga europea hasta enero de 2027

La Decisión PESC 2026/88, aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 9 de enero de 2026, extendió por un año el régimen de sanciones relacionado con Guatemala. El artículo 1 sustituyó el vencimiento previsto para el 13 de enero de 2026 por una nueva fecha: el 13 de enero de 2027.

Esa resolución revisó y actualizó las entradas de cinco personas y Orellana no está en esa lista, lo que fue interpretado por el juez como un retiro de las sanciones en su contra.

No obstante, tras una consulta realizada por el Diario La Hora, la Unión Europea confirmó que, aunque Orellana no aparezca entre las entradas modificadas en el documento de enero, continúa sancionado y sujeto a restricciones en territorio europeo.

¿Por qué está sancionado?

La Unión Europea incorporó a Orellana a su lista de sancionados en febrero de 2024 por actuaciones que, según el bloque, socavaban la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

La medida se vinculó con decisiones adoptadas mientras ejercía como juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

El bloque europeo señaló que Orellana había autorizado diligencias de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) relacionadas con la investigación por la creación del partido Movimiento Semilla. Entre ellas figuraron allanamientos en la sede de la agrupación y en el Tribunal Supremo Electoral donde secuestraron hasta las boletas de votación ciudadana.

El partido Movimiento Semilla llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. En varios intentos por evitarlo, el Ministerio Público, acuerpado por Orellana, establecieron la cancelación, pese a que el único autorizado en la ley para hacerlo era el Tribunal Supremo Electoral, situación que se convirtió en un conflicto jurídico.

Esto fue considerado por la Unión Europea como “esfuerzos por invalidar los resultados de las elecciones de 2023 en Guatemala. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

El juez EduardoOrozco concedió el 17 de septiembre la libertad bajo medidas sustitutivas a Andrés Alcázar Crespo, sexto implicado en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, pese a que sigue procesado por plagio o secuestro en grado de complicidad y la víctima continúa desaparecida.

Los secuestradores exigieron Q5 millones (USD 649 mil) para liberar al odontólogo y negociaron con su familia durante nueve días. Un familiar entregó Q763 mil (USD 99 mil ) el 5 de junio de 2025 en una gasolinera de la avenida Hincapié, en la zona 13, pero desde entonces no hubo nuevas comunicaciones con Martínez Murillo.

La resolución del Juzgado de Mayor Riesgo B impuso arresto domiciliario, arraigo, control telemático y una caución de Q10 mil. Ahora, Alcázar Crespo podrá movilizarse por los municipios de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, además de la capital, aunque no podrá salir de Guatemala sin autorización judicial.

El joven deberá registrar su huella dactilar en el sistema biométrico cada mes y presentarse ante el Ministerio Público (MP). El dispositivo de control telemático será costeado por el Estado y no por el procesado.

Los indicios sobre teléfonos y chips del secuestro

La investigación ubica a Alcázar Crespo en la compra de chips telefónicos que habrían sido utilizados por los secuestradores para negociar el rescate. De acuerdo con el MP, cinco números empleados en esas comunicaciones fueron activados con su Documento Personal de Identificación.

También surgió un hallazgo sobre la compra de un teléfono celular el 28 de mayo de 2025, el mismo día del secuestro. El aparato fue adquirido en un comercio de Pradera Concepción, en el kilómetro 15 de la carretera a El Salvador, y el registro de la operación consignó el documento de Alcázar Crespo.

La tienda está situada a 16 kilómetros del área donde fue interceptado el Odontólogo, después del kilómetro 38 de la ruta hacia El Jocotillo, Villa Canales. Se desconoce si ese teléfono fue utilizado en las coordinaciones del secuestro o cuál fue el propósito de su compra.

La Fiscalía sostuvo que los documentos y testimonios reunidos vinculan al procesado con la adquisición de los teléfonos y chips usados el día del plagio y después por los presuntos responsables. También advirtió que su liberación podía facilitar una eventual colaboración con dos personas que permanecen prófugas.

Alcázar Crespo, de 19 años, fue detenido el 9 de julio, siete días después de que se emitiera la orden de captura en su contra. La audiencia de etapa intermedia fue fijada para el 29 de septiembre, cuando se discutirá si debe enfrentar juicio.

La discusión sobre la prisión preventiva

La defensa argumentó que, aunque el secuestro no figura entre los delitos que permiten medidas sustitutivas, las convenciones internacionales y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contemplan la posibilidad de otorgar libertad a los procesados para evitar vulneraciones a sus derechos.

El MP se opuso a la petición porque la ley prohíbe de forma expresa que una persona procesada por secuestro, en cualquiera de sus formas o grados, acceda a una medida sustitutiva. Sin embargo, Orozco consideró los argumentos de la defensa y los convenios internacionales orientados a garantizar los derechos de los sindicados.

Los abogados de la víctima anunciaron que apelarán la resolución. Martínez Murillo desapareció cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, tras ser seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial situado en la ruta a El Salvador.

La Fiscalía identifica como presunto cabecilla de la estructura a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de Martínez Murillo desde hacía más de 12 años.

Según el MP, esa relación le habría permitido conocer las rutinas y movimientos del odontólogo, y Girón Castañeda también figura como sindicado en investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado por presuntos robos y hurtos de vehículos.

Un operativo desplegado en Guatemala culminó con el decomiso de casi Q2 millones, unos 260 mil dólares, que pertenecerían a la Mara Salvatrucha.

Las diligencias fueron realizadas por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Al respecto, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó a través de un comunicado que, de manera preliminar se reporta el hallazgo de aproximadamente 260 mil dólares en efectivo, además de cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas.

Las pesquisas se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las avenidas Centro América y Elena, ambas de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, como parte de investigaciones relacionadas con estructuras de la Mara Salvatrucha.

También reportan capturas

Según la cartera del Interior, las acciones son resultado de procesos de investigación desarrollados por la DEIC y el MP para establecer la posible participación de integrantes de estas estructuras en actividades relacionadas con narcotráfico, sicariato y extorsiones.

Además, informaron sobre la neutralización de dos presuntos pandilleros, mientras los investigadores continúan con el procesamiento de los inmuebles y la recopilación de indicios que serán incorporados a las investigaciones correspondientes.

Mientras que Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, informó que en las últimas semanas se han incautado 24 vehículos que, según las investigaciones, están vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha.

El oficial aseguró que estas acciones se han logrado llevar a cabo tras el retiro de decenas de cámaras de videovigilancia en sectores donde funcionan las pandillas.

Sólo en lo que va del año, la PNC ha desinstalado de 482 cámaras de videovigilancia ilegales en distintos sectores, dispositivos con los que los grupos delictivos ejercían control y vigilancia sobre la población.

La Mara Salvatrucha concentra sus operaciones en las extorsiones y los homicidios en la capital

La Mara Salvatrucha (MS-13) mantiene un peso operativo significativo en el departamento de Guatemala, especialmente en áreas urbanas de la capital y municipios aledaños.

Esta organización criminal financia sus actividades principalmente mediante el cobro violento de extorsiones a comerciantes, pequeñas empresas y del transporte público, delito que ha registrado máximos de más de 18.000 denuncias anuales en el país.

Junto a la venta de droga al menudeo, las disputas territoriales y el cobro de cuotas ilícitas representan la fuente principal de ingresos para la Mara Salvatrucha (MS-13).

Informes del Ministerio de Gobernación atribuyen a las pugnas entre clicas de esta pandilla y bandas rivales una fracción importante de los homicidios que ocurren en zonas urbanas, lo cual motivó la creación de unidades investigativas especializadas para combatir sus redes de sicariato y tráfico de armas.

Las autoridades estiman que unos 12.000 pandilleros operan activamente en el territorio guatemalteco

De acuerdo con estimaciones recientes de la PNC y del Ministerio de Gobernación, la cantidad total de integrantes de pandillas en Guatemala se sitúa entre 11.500 y 12.000 miembros activos.

Dentro de esta distribución, la Mara Salvatrucha representa aproximadamente el 40% de la fuerza total de las maras, mientras que la estructura del Barrio 18 concentra cerca del 55% y el resto pertenece a agrupaciones de menor presencia.

Los reportes oficiales indican además que alrededor de 3.800 pandilleros se encuentran privados de libertad en el sistema penitenciario del país.

Pese al encarcelamiento de diversos mandos, las fuerzas de seguridad mantienen operativos continuos para evitar que los cabecillas continúen con las labores de reclutamiento de menores y el flujo de fondos procedentes del narcotráfico y las extorsiones.

La artista argentina, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, comunicó la decisión a través de sus historias de Instagram. Desde el lugar donde permanece aislada, y mientras lucía un pijama, explicó que intentó restablecerse para cumplir con ambos compromisos, aunque su condición no se lo permitió.

“Hace unos días me agarró un virus, una influenza, una cosa bastante potente. Empecé a buscar, a través de todos los medios, recuperarme para poder cumplir con esta cita, tal como se los había prometido, pero no lo conseguí”, manifestó Cazzu, sumamente afectada por la situación.

La cantante señaló que no estaba en condiciones de presentar un espectáculo que, según detalló, se sostiene completamente con interpretaciones e instrumentos en directo. Por eso descartó actuar sin haberse recuperado por completo.

“No logré recuperarme del todo para dar un show como lo es Latinaje”, expresó. “Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”.

El equipo de la artista confirmó que la suspensión responde a motivos de salud y a una indicación médica, según informó “Me reporto desde el confinamiento”: Cazzu POSPONE conciertos por problema de salud.

La presentación que estaba prevista para este 18 de septiembre en Guatemala fue trasladada al 14 de noviembre de 2026. El concierto se llevará a cabo en Jardín del Gigante, en Ciudad Cayalá.

En Costa Rica, el espectáculo programado originalmente para el 19 de septiembre también pasará a noviembre. La organización todavía no informó el día definitivo; el recinto previsto es el Anfiteatro Imperial, en Parque Viva.

“Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver”, afirmó la intérprete, quien continúa en recuperación.

Inti celebró sus tres años con una fiesta inspirada en Mulán

Antes de que Cazzu anunciara la reprogramación de dos conciertos por una influenza, la cantante organizó una celebración por el tercer cumpleaños de Inti, la hija que tuvo con el músico mexicano Christian Nodal. La niña cumplió 3 años el 14 de septiembre de 2026.

La reunión se realizó durante el fin de semana previo en el patio de la casa de la artista, en Argentina. Cazzu no publicó un registro propio del festejo en sus cuentas oficiales, pero personas cercanas difundieron imágenes y videos en sus historias de Instagram.

Los registros compartidos por La Joaqui y DJ Mami mostraron una ambientación alusiva a Mulán. Entre los elementos visibles había una casita de estilo oriental con el nombre de Inti en la fachada, figuras de Mushu, faroles de papel y globos de varios colores.

Todos los invitados aparecieron con hanfus, el vestido tradicional chino, en sintonía con la temática elegida para la fiesta. La decoración incluyó globos de colores, una mesa de dulces y una casita estilo oriental con el nombre “Inti” pintado en la fachada, junto a la figura de Mushu, el dragón de Mulán, personaje de Disney.

El espacio se completó con farolitos de papel en tonos pastel —amarillo, azul y rosa— colgados en el jardín, además de un farol chino rojo tradicional y un abanico decorativo del mismo color. DJ Mami cocinó brochetas de carne y carne asada para los asistentes.

El bailarín Ignacio Colombara fue identificado entre las personas presentes. Ha sido vinculado sentimentalmente con Cazzu en publicaciones de espectáculos, aunque la cantante no ha confirmado públicamente una relación. Los detalles del festejo fueron difundidos por invitadas y recogidos por Cazzu celebra el cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán y sin Nodal: esto se sabe.

Momentos de angustia vivió una familia guatemalteca al quedar atrapada dentro de su vivienda, luego que un deslizamiento de tierra soterrara parte de la residencia construida con láminas y madera.

Tras lo ocurrido, ocho personas, entre ellas varios menores de edad, que dormían tras las jornada diaria, quedaron bajo los escombros de la estructura.

Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos que acudieron de inmediato para tratar de ayudarlos, además de llamar a los cuerpos de socorro.

La emergencia fue atendida por Bomberos Voluntarios quienes, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lograron rescatar a la familia completa.

Técnicos de Emergencia Médica les brindaron atención prehospitalaria a todos. Según se informó, ninguno resultó herido, solo una persona presentaba crisis nerviosa, pero fue atendida en el lugar.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves 17 de septiembre en el sector 5 Plato Grande, del cantón Chupol, del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, a unos 143 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Más del 50% de la vivienda quedó destruida. La mayoría de las pertenencias de familia quedaron bajo los escombros.

Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) acudió al lugar para realizar una evaluación de daños y un análisis de las necesidades.

Zona de riesgo

Reportes oficiales revelan que los sectores colindantes entre los kilómetros 102 y 107, cercanos a las aldeas Chupol y Agua Escondida, de Chichicastenango, reportan constantes desprendimientos de rocas, colisiones asociadas al asfalto mojado y derrumbes parciales que obstruyen el paso por las carreteras.

Parte de los factores de riesgo consisten en que el suelo de Quiché sufre un efecto drástico; tras períodos de sequía prolongada, la tierra se reseca tanto que pierde cohesión. Al llegar los primeros aguaceros fuertes, el terreno es incapaz de absorber el agua rápidamente, lo que genera desmoronamientos inmediatos en laderas y lomas.

Municipios como Chajul, Chicamán, Chichicastenango y la cabecera de Santa Cruz del Quiché se encuentran bajo constante monitoreo en los Mapas de Riesgo de CONRED debido a su alta susceptibilidad de masa.

A inicios de septiembre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó derrumbes en el caserío Chacaguex, Sacapulas, bloqueando la ruta Ruta Nacional, además de inundaciones repentinas en San Andrés Sajcabajá debido al fenómeno de El Niño, dejando a decenas de personas afectadas.

Lluvias intensas

De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones han sido constantes en las zonas montañosas de Quiché, lo que ha generado una saturación en los suelos, provocando un aumento de peso y reduciendo la fricción interna de la tierra.

Según el último reporte de la Conred, en lo que va de la época de lluvia 38.228 familias han sido afectadas y 9.788 han resultado damnificadas.

Además, indicaron que 9.311 viviendas han sufrido daños moderados, 198 daño severo, 279 daño leve y 355 se encuentran en riesgo.

La UNE, liderada por Sandra Torres, retirará las interpelaciones contra 13 de los 14 ministros del Gobierno de Bernardo Arévalo para permitir que el Congreso de Guatemala abra una sesión permanente sobre el alza de los combustibles.

La bancada opositora busca que el pleno trate las objeciones que mantienen suspendido el Decreto 21-2026, creado para fijar precios de referencia al diésel y las gasolinas.

El galón de diésel llegó a rozar los Q50 (USD 6,49) en algunas regiones, con ese pico en Alta Verapaz y un precio de Q48,99 en el resto del país. El diputado opositor Allan Rodríguez citó esos registros en medio de bloqueos de carreteras que se extendieron durante cerca de tres semanas y provocaron pérdidas millonarias para el sector empresarial.

La subjefa de bloque Teresita de León comunicó que el retiro de los juicios políticos será presentado ante la Dirección Legislativa. El objetivo es eliminar el impedimento para convocar la sesión que deberá resolver el futuro de la norma aprobada para contener el encarecimiento de los energéticos.

Interpelaciones contra casi todo el gabinete

Los procesos alcanzaban a los ministros de Salud, Gobernación, Comunicaciones, Trabajo, Economía y Defensa, además de los titulares de otras carteras. Durante esta semana, el pleno había concentrado su agenda casi exclusivamente en las interpelaciones a los ministros de Desarrollo Social, Salud y Gobernación, lo que impedía tratar otras iniciativas.

De León sostuvo que los cuestionamientos a los funcionarios no perdieron fundamento. La diputada afirmó: “Estas interpelaciones tienen razón de ser”, y vinculó esos reclamos con hospitales colapsados, un sistema de salud precario, abandono del campo por parte del Ministerio de Agricultura, deterioro vial y problemas persistentes de seguridad pública.

La representante de la Unidad Nacional de la Esperanza indicó, sin embargo, que la bancada decidió priorizar la demanda social por una solución al aumento de los precios. El 8 de septiembre, De León ya había desistido de la interpelación contra la ministra de Educación, una decisión que algunos legisladores oficialistas calificaron entonces como “un coqueteo”.

La Junta Directiva del Congreso había considerado pausar los juicios políticos para tramitar las objeciones contra el Decreto 21-2026. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo exige el respaldo de 81 diputados para alterar el orden del día y suspender una interpelación que ya está en curso.

Un fondo de Q2,500 millones para contener los precios

El Congreso aprobó el 8 de septiembre el Decreto 21-2026 con carácter de urgencia nacional y el respaldo de 130 de los 160 diputados. La ley fija un precio de referencia de Q39 (USD 5,06) por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 (USD 5,32) para la gasolina superior, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma prevé un fondo de compensación de Q2.500 millones (USD 325 millones) para cubrir la diferencia entre el precio internacional y los límites establecidos. Su aplicación continúa detenida por cuatro objeciones presentadas por Rodríguez, integrante de la bancada Vamos.

El legislador cuestionó posibles vulneraciones a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y contradicciones entre artículos de la norma. El primer secretario del Legislativo, Juan Carlos Rivera, señaló que la Junta Directiva detectó un error en la mención del número de decreto dentro de esos recursos, una falla que podría llevar a rechazarlos y a enviar la ley al Ejecutivo para su sanción o veto.

El presidente Bernardo Arévalo pidió acelerar la vigencia de la medida ante la posibilidad de que el aumento de los combustibles se traslade al precio de los alimentos y afecte la economía familiar. La discusión de las objeciones volverá al pleno el 22 de septiembre.

La Comisión de Comunicaciones del Congreso emitió dictamen favorable para una propuesta alternativa: exonerar temporalmente durante seis meses los impuestos a los combustibles. Esa iniciativa establece precios de referencia de Q35 para el diésel, Q34,50 para la gasolina regular y Q36 para la gasolina superior.

Neto Bran acusó al diputado Jairo Flores, integrante de la bancada VOS, de tráfico de influencias y corrupción durante su paso por desaparecido Fondo Nacional para la Paz, mientras el bloque legislativo denunció presuntas anomalías en una obra vial de Mixco financiada con un préstamo de 150 millones de quetzales.

La disputa también incluyó denuncias por presunto seguimiento e intimidación contra tres diputados de VOS. Orlando Blanco vinculó los hechos con recursos de la Municipalidad de Mixco, el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, aunque durante la conferencia no presentó pruebas documentales adicionales.

El alcalde de Mixco formuló sus señalamientos durante una transmisión en vivo, como respuesta a las fiscalizaciones que Flores impulsa sobre la administración municipal. Bran aseguró que el legislador le pidió contratar en la comuna a una mujer a la que identificó como su pareja sentimental.

La mujer mencionada por el jefe municipal presentó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó medidas de seguridad, al considerarse agraviada por las declaraciones.

Bran recibió la notificación menos de 24 horas después de difundir sus acusaciones, mientras participaba en un acto cívico en Mixco.

El alcalde negó tener o haber tenido una relación con la denunciante y anunció que pedirá información al Registro Nacional de las Personas para verificar el vínculo entre ella y Flores.

“Yo no me voy a asustar con que me mandés a denunciar. Yo no me voy a asustar, porque yo relación con tu novia no tengo ni tuve”, expresó.

Las acusaciones sobre la gestión de Flores en Fonapaz

Bran extendió sus cuestionamientos a la etapa de Flores al frente del Fondo Nacional para la Paz. El alcalde sostuvo que el diputado llegó a dirigir esa institución por la influencia de su padre, quien fue contralor general de Cuentas.

Según el funcionario municipal, durante esa gestión habría operado un esquema de compra y reventa de materiales de construcción con precios sobrevalorados. También vinculó las propiedades que atribuyó al legislador en Chimaltenango y Mixco con los presuntos hechos ocurridos en Fonapaz.

El alcalde aseguró que Flores enfrenta 135 denuncias en el Ministerio Público, sin precisar el estado procesal de cada expediente. Bran adelantó que dedicará una segunda transmisión a exponer las denuncias que, según dijo, pesan contra el legislador.

La respuesta de VOS se centró en un paso a desnivel en la colonia El Milagro. Flores, Blanco y José Chic presentaron una denuncia contra Bran por posibles irregularidades en ese proyecto, financiado mediante un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo Rural, Banrural.

El contrato fue adjudicado a la empresa Serinpe por 61,9 millones de quetzales. La Municipalidad de Mixco entregó un anticipo cercano a 13 millones de quetzales, equivalente al 20% del valor contratado, apenas dos semanas después de la firma del acta de inicio.

Más de 13 meses después, el avance físico facturado de la obra alcanzaba solo 9,63%, de acuerdo con el informe de supervisión citado por los diputados. Los legisladores también señalaron que la empresa encargada de supervisar el proyecto coincide con la constructora contratada.

Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, relató que durante una visita al lugar no encontraron trabajadores. Un empleado que pidió mantener el anonimato les indicó que la empresa liquidó a más de 30 trabajadores por la falta de continuidad en los pagos municipales.

El préstamo municipal y las denuncias por vigilancia

La cuenta única del tesoro de Mixco, donde ingresan los recursos recaudados por la comuna y el préstamo de Banrural, presenta un saldo negativo, según Blanco. El diputado afirmó que la municipalidad dejó de registrar gastos en el Sistema de Contabilidad Integrada, Sicoin, con el objetivo de ocultar su situación financiera.

“¿Dónde están los 150 millones? Aquí no estamos hablando ni siquiera de los 69 millones. ¿Dónde están los 150 millones?”, cuestionó Blanco. El legislador estimó que las pérdidas por sobrecostos y fondos no ejecutados podrían llegar a 800 millones de quetzales, aunque no presentó ante los periodistas un desglose documental de esa cifra.

Los diputados anunciaron que citarán la próxima semana a representantes de la constructora, de la firma supervisora y de personal municipal para ampliar las pesquisas. También dijeron haber identificado otros ocho casos de presuntas irregularidades en Mixco, entre ellos plazas fantasma y contratos relacionados con exfuncionarios municipales.

La segunda denuncia presentada por Blanco ante el Ministerio Público apunta a la posible existencia de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad dedicado a vigilar y hostigar a legisladores de VOS. Flores, Chic y Blanco habrían recibido actos de intimidación, seguimientos y sobrevuelos de drones sobre sus viviendas durante las últimas semanas.

Chic pidió investigar el uso de vehículos institucionales y la fuga de 20 privados de libertad del centro penitenciario Fraijanes II. El diputado dirigió un reclamo al presidente Bernardo Arévalo: “La institucionalidad pública no puede seguir siendo usada para perseguir, criminalizar a quienes fiscalizamos la correcta ejecución de los recursos públicos”.

Los concejales de oposición de la Municipalidad de Mixco, Cindy Rodríguez y Mario Castellanos, acompañaron las fiscalizaciones de campo que derivaron en las denuncias. Ambos anunciaron que continuarán revisando las finanzas municipales durante las próximas semanas.

“Hijo mío, mi corazón está destrozado. Tu partida me duele mucho, hijo de mi alma”, es parte del conmovedor mensaje que escribió don Edy, después de conocer sobre el fallecimiento de su hijo, el guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía.

El joven de 29 años murió el martes 15 de septiembre al ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 en el barrio de Chatsworth,al noroeste de Los Ángeles en California.

La noticia ha causado conmoción. Edy Gutiérrez era originario de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, y había viajado a Estados Unidos junto a un amigo y un primo, que también resultaron heridos en el accidente y fueron trasladados de emergencia a un hospital. No obstante, ambos ya fueron dados de alta, confirmó a Infobae el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Tras conocer sobre lo ocurrido, el padre del joven, también de nombre Edy Gutiérrez, escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, que acompañó con fotografías de su hijo cuando era niño.

“Cómo quisiera poder retroceder el tiempo y decirte: ‘No viajes hijo’, pero sé que era parte de tu trabajo. Hoy te vas a un lugar especial, el cual Dios tenía preparado para vos”, escribió el angustiado padre.

Agregó: “Terminaste la carrera en esta tierra y llegaste a la meta. Te amaré por siempre, mi primogénito. Mi primer hijo. Recuerdo cuando naciste y trajiste mucha felicidad a mi vida. Verte crecer. Ser tu padre, fue lo más lindo de este mundo”.

Pese a su dolor manifestado en esas letras tan conmovedoras, don Edy Gutiérrez mostró resignación para su corazón.

“Ahora que partís a la eternidad, me dejas un vacío enorme en mi corazón y me duele cómo no lo imaginás, hijo; pero los tiempos de Dios son perfectos y era tu momento. ¡Vuela alto hijo lindo. Te amo!”, concluyó.

Viajó para recoger un vehículo

“Pichi”, como lo conocían sus amigos y familiares, viajó a Estados Unidos para recoger un vehículo que trasladaría por tierra hacia Guatemala. Llegó el mismo martes que ocurrió el accidente.

“No lo creíamos. Verlo en la mañana y luego la noticia en la noche de que estaba muerto”, lamentó Aura Estrada, tía de Gutiérrez durante una entrevista con N+ Univisión.

Según se ha revelado, el guatemalteco hacía gestiones de envíos de ropa, carros y repuestos que compraba en Estados Unidos y los llevaba a Cuilapa, Santa Rosa, de donde es originario. Esta no es la primera vez que él viajaba, también había estado en Canadá, donde estuvo laborando unos meses.

Familiares y amigos lo han descrito como un emprendedor y muy comprometido con lo que se proponía, pero a la vez era bromista y le gustaba de hacer “chistes” para hacer reír a las personas.

En tanto, la cancillería guatemalteca afirmó que el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles mantiene comunicación con las autoridades y ha establecido contacto con familiares y uno de los sobrevivientes para brindar asistencia y orientación legal conforme avancen las investigaciones.

Asimismo, se dará acompañamiento en el proceso de repatriación que llevará a cabo la familia por su cuenta, debido a que el fallecido se encontraba en condición de turista.

En el accidente aéreo también fallecieron la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y al piloto George Marciniw, quien tenía 30 años de experiencia.

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq en el Congreso de Guatemala, presentó la iniciativa denominada Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar, que propone entregar 500 quetzales mensuales durante tres meses a hogares en pobreza y pobreza extrema para amortiguar el encarecimiento de la canasta básica.

El beneficio alcanzaría a cerca de un millón de familias y tendría un costo estimado de 1.500 millones de quetzales durante todo el período. La legisladora indicó que el desembolso mensual rondaría los 500 millones de quetzales.

La propuesta surge mientras el aumento de los precios de los combustibles eleva los costos del transporte, la producción y la distribución de alimentos y otros productos esenciales. Gutiérrez sostuvo que las medidas aprobadas para contener los combustibles pueden mitigar parte de la presión, pero no revierten de inmediato el incremento que ya afrontan los hogares.

Un apoyo de 500 quetzales para hogares vulnerables

La iniciativa plantea un aporte directo de 500 quetzales por familia cada mes, con una vigencia máxima de tres meses. El objetivo es que los hogares con menores ingresos puedan cubrir necesidades básicas durante la emergencia económica.

“Esto obedece a que el incremento de los precios del combustible afecta directamente a la economía de las familias guatemaltecas”, afirmó la diputada. Según explicó, el impacto se concentra en quienes viven en pobreza, pobreza extrema o enfrentan una mayor vulnerabilidad económica.

El mecanismo previsto quedaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que utilizaría los registros sociales de hogares y los sistemas de focalización ya existentes. La iniciativa no contempla crear una estructura administrativa nueva, pues busca que el apoyo llegue de forma inmediata a las familias identificadas por las instituciones.

La legisladora señaló que el ministerio ya cuenta con información que puede ser contrastada con datos del Instituto Nacional de Estadística para determinar dónde se encuentran los hogares más pobres. El beneficio no estaría distribuido por departamentos, sino de acuerdo con la situación socioeconómica de cada familia registrada.

El pago podría realizarse mediante transferencias o depósitos, con un mecanismo similar al aplicado durante la pandemia de COVID-19, cuando los beneficiarios retiraban el dinero en cajeros automáticos. La definición operativa quedaría en manos de la cartera de Desarrollo Social.

Gutiérrez comparó la situación actual con la emergencia que llevó a crear ayudas económicas durante la crisis sanitaria. “Esta es una emergencia también que estamos enfrentando a nivel internacional y, por lo tanto, amerita también medidas de carácter urgente”, sostuvo.

Recursos disponibles y controles sobre el bono

El financiamiento del programa podría provenir de readecuaciones, modificaciones o ampliaciones presupuestarias, con prioridad en recursos ya disponibles. La iniciativa identifica como posibles fuentes los saldos de caja, las economías presupuestarias que puedan reorientarse sin afectar servicios públicos esenciales y los bonos del Tesoro.

La diputada afirmó que los cierres de caja de 2024, 2025 y 2026 registraron montos cercanos a 12 mil millones de quetzales. A su juicio, esos recursos muestran que el Estado dispone de margen para financiar una ayuda temporal dirigida a hogares vulnerables.

También cuestionó la ejecución presupuestaria del Ejecutivo y afirmó que el Congreso ha facilitado recursos al Gobierno, aunque su utilización no ha sido eficiente en relación con el período transcurrido. La propuesta establece que el programa deberá contar con mecanismos de transparencia y fiscalización del gasto público.

La normativa incluiría una prohibición expresa para condicionar el bono a afiliaciones políticas o actividades partidarias. Gutiérrez advirtió que algunos apoyos sociales han sido utilizados como “un botín político” y planteó que el control institucional debe garantizar que cada aporte llegue a las familias en pobreza y pobreza extrema.

El plazo de tres meses responde al cálculo presupuestario planteado en la iniciativa. La diputada dijo que la bancada está dispuesta a considerar un período mayor si otra propuesta logra respaldo suficiente entre los bloques legislativos.

La iniciativa se suma a otras medidas que continúan en discusión en el Congreso para responder al aumento del costo de vida. Gutiérrez pidió el apoyo de las bancadas para aprobar un mecanismo de asistencia directa que, según su estimación, costaría menos que los subsidios y esquemas de estabilización de precios aprobados recientemente.

Las gremiales Gretrucex, Gretexpa y el CIT entregaron el 17 de septiembre de 2026 al Congreso de Guatemala una propuesta de alivio fiscal y compensación financiera para contener el efecto del alza internacional del petróleo sobre el transporte, el comercio y el costo de vida de los hogares.

El planteamiento fue presentado ante la Instancia de Jefes de Bloque por la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y el Consejo Intergremial de Transporte Interurbano. Las organizaciones pidieron que la iniciativa sea incorporada a la agenda legislativa con carácter de urgencia nacional.

La propuesta reúne tres medidas: suspender impuestos aplicados a las gasolinas, establecer un límite para el precio del diésel mediante exenciones y un fondo temporal, y crear una ley permanente para responder a futuras crisis de combustibles.

La suspensión fiscal y el límite de Q35 para el diésel

El primer eje plantea suspender durante al menos seis meses el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Distribución de Petróleo sobre las gasolinas súper y regular. Las gremiales sostienen que esa exención permitiría trasladar una reducción directa del precio al consumidor y a los comercios que utilizan vehículos livianos.

El segundo punto propone eliminar temporalmente el 10% del IVA y la totalidad del Impuesto a la Distribución de Petróleo para el diésel. El beneficio tendría el mismo plazo mínimo y estaría acompañado por un Fondo de Compensación Temporal Focalizado.

El mecanismo buscaría impedir que el diésel supere los Q35 por galón en los puntos de venta. El financiamiento procedería de los saldos de caja disponibles en el Estado, según el planteamiento de los transportistas.

El sector sostiene que el límite al precio del combustible protegería la cadena de suministros, los servicios de pasajeros y el transporte de carga. También vincula el costo del diésel con el valor final de los productos que integran la canasta básica familiar.

La petición surgió mientras los precios locales se ubicaban por encima de las referencias fijadas recientemente por el Congreso. El diésel superó los Q50 por galón durante la semana, de acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas.

La gasolina superior se cotizó por encima de Q44 por galón y la regular superó los Q46. Esos valores contrastan con el Decreto 21-2026, aprobado días antes, que estableció precios de referencia de Q39 para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior.

Las tres gremiales rechazaron esa norma porque consideran que carece de sustento técnico. Su propuesta plantea una intervención fiscal más amplia y un sistema de compensación dirigido específicamente al diésel.

Un fondo permanente para futuras crisis petroleras

El tercer eje busca aprobar una Ley del Fondo de Compensación para los Carburantes. La norma crearía un instrumento permanente y anticíclico para que el Estado pueda actuar ante nuevas subas internacionales del petróleo mediante procedimientos transparentes y sujetos a fiscalización.

Los representantes del transporte alertaron que el encarecimiento de los combustibles compromete la continuidad de empresas del sector y puede trasladarse a las tarifas y al precio de los alimentos. El comunicado advirtió: “El incremento desmedido en los insumos operativos amenaza la sostenibilidad de miles de empresas, de igual manera el inminente incremento en la tarifa del transporte de pasajeros y el precio de los productos de la canasta básica afectará aún más la economía familiar”.

Las organizaciones afirmaron que el Estado dispone de herramientas legales y presupuestarias para intervenir sin comprometer la salud fiscal del país. El esquema contemplaría controles de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.

La fiscalización buscaría comprobar que la exención tributaria llegue íntegramente a la población y no permanezca en los márgenes de intermediación. El llamado fue emitido desde la ciudad de Guatemala el 17 de septiembre de 2026.

El Icefi advirtió que el presupuesto de Guatemala para 2027 elevaría el déficit fiscal a 4,4% del producto interno bruto y concentraría fuertes aumentos en infraestructura, gasto social y aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo, cuya baja ejecución podría convertir los recursos acumulados en un foco de riesgo durante el año electoral.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó su primer análisis de la iniciativa de ley 6841, enviada por el Ejecutivo como Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

La proyección tributaria para 2027 asciende a Q131.635,9 millones, equivalentes a una carga tributaria de 12.1%. El Instituto considera viable esa cifra, aunque estima que en un escenario sin reformas fiscales ni ingresos adicionales por fiscalización la recaudación llegaría a Q130.608,2 millones, con una carga de 12.0%.

El cálculo parte de una recaudación prevista para 2026 de Q121.382,4 millones, superior en Q1.619,6 millones a la meta vigente y equivalente a 11.9% del producto interno bruto. La diferencia entre la estimación técnica y la previsión oficial para 2027, de Q1.027,7 millones, podría obtenerse mediante acciones administrativas de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El déficit fiscal pasaría de 1.9% del producto interno bruto en 2025 a 3,8% en el presupuesto de 2026, hasta alcanzar la proyección de 4.4% para 2027. Para el Icefi, este aumento refuerza la necesidad de una reforma fiscal integral con un componente tributario que permita sostener el gasto público.

La expansión presupuestaria y los límites de ejecución

El techo presupuestario crecería Q23.255,3 millones, un 13.8% frente a 2026. La mayor parte del incremento se concentra en infraestructura, programas sociales, elecciones generales y pagos pendientes de la política monetaria.

Las inversiones públicas sumarían Q12.915,2 millones. Entre los principales destinos figuran Q4.800 millones para ampliar el Puerto Quetzal, Q3.517,6 millones para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, Q2.550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura, Q897,6 millones para el mantenimiento de edificios escolares y Q800 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías.

El proyecto también incorpora Q350 millones para un fondo de garantía destinado a la movilidad eléctrica y la renovación del transporte de personas. El Icefi sostiene que la concreción de estas inversiones dependerá de que el Gobierno corrija sus deficiencias para ejecutar obras de infraestructura.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda podría retomar obras detenidas por procesos judiciales cuando no exista una resolución firme de suspensión y su continuidad evite el deterioro de la construcción o riesgos de seguridad. La medida, incluida en el artículo 112, exige dictámenes técnicos, financieros y jurídicos aprobados por la autoridad superior, además de notificaciones al órgano jurisdiccional, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas.

El gasto social prioritario y otras intervenciones estratégicas sumarían Q6.415,4 millones. El programa Mano a mano recibiría Q3.015,4 millones; el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda, Q1.000 millones; los estudios y proyectos de agua y saneamiento, Q1.400 millones; y el Fondo Nacional de Becas, Q200 millones.

También se contemplan Q250 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica, Q150 millones para la adquisición de tierras y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo. El Tribunal Supremo Electoral obtendría Q2.000 millones para las elecciones generales y el Banco de Guatemala recibiría Q2.600 millones para cubrir pagos pendientes vinculados con el costo de la política monetaria.

La asignación para educación primaria aumentaría 9,7%, pero los programas de educación básica, diversificada e inicial sufrirían recortes de 4.7%, 5.1% y 43.3%, respectivamente. El Instituto pidió al Ministerio de Educación un plan de emergencia ante los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que ubicó a Guatemala en el último lugar entre los países latinoamericanos evaluados en matemática, lectura y ciencia a los 15 años.

Los saldos de los Codede y el riesgo electoral

Los Consejos Departamentales de Desarrollo tendrían en 2027 un aporte ordinario de Q4.985,6 millones y uno extraordinario de Q1.200 millones. Sin embargo, los saldos no ejecutados de 2024, 2025 y 2026 podrían añadir unos Q6.925 millones y llevar la asignación efectiva a alrededor de Q13.110,4 millones.

Al 14 de septiembre de 2026, los Codede solo habían ejecutado 24,4% de una asignación total de Q15.425,4 millones. El monto extraordinario propuesto para 2027 es menor que los vigentes en 2025, de Q7.597,1 millones, y en 2026, de Q10.865,5 millones, pero una nueva ampliación aprobada por el Congreso podría elevar los recursos disponibles a entre Q17.000 millones y Q20.000 millones.

El Icefi alertó que la acumulación de fondos en los Codede es vulnerable a abusos, corrupción, captura por estructuras del crimen organizado y malversación político-electoral. Por esa razón, pidió no aprobar nuevos aportes extraordinarios y solicitó al Ejecutivo respaldar a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para controlar la formulación y ejecución de proyectos.

El artículo 105 de la iniciativa plantea disposiciones para reforzar esos controles, aunque el Instituto considera que podrían resultar insuficientes en la práctica. La preocupación se vincula con cambios aprobados por el Congreso a la Ley Orgánica del Presupuesto y con las disposiciones del Decreto 7-2025, que permiten ejecutar en años posteriores recursos no utilizados.

Además, hace una síntesis de deuda bonificada para gasto de funcionamiento y expone que la deuda pública mediante bonos del Tesoro pasaría de Q23.278 millones en 2026 a Q42.750 millones en 2027, un alza de 83,6%. Su peso dentro del presupuesto de ingresos crecería de 13,8% a 22.3%, mientras la participación de los ingresos tributarios caería de 71,0% a 68.5%.

La Superintendencia de Competencia de Guatemala recibió los planes de trabajo de 34 candidatos que buscan ocupar el cargo de superintendente, antes de las entrevistas finales previstas para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre de 2026. La designación definirá a la persona que encabezará la entidad encargada de aplicar el marco de competencia en el país.

La convocatoria pública había recibido 39 expedientes al cierre de la inscripción, una cifra que el Directorio vinculó con el interés despertado por el proceso. Tras la revisión de la documentación y las correcciones requeridas, la nómina se redujo a 34 aspirantes.

Los planes fueron presentados el miércoles ante el Directorio, que difundió el cronograma de las etapas pendientes a través de las redes sociales institucionales. Después de las entrevistas, el proceso continuará la semana siguiente con exámenes técnicos de oposición y evaluaciones psicométricas.

Las correcciones documentales antes de la nómina final

Varios postulantes debieron completar o rectificar información antes de acceder a la fase de entrevistas. La Resolución número 61-2026 fijó un período de subsanación entre el 7 y el 11 de septiembre, dentro del procedimiento convocado mediante la Resolución número 55-2026.

El requerimiento fue enviado por correo electrónico a las direcciones consignadas por los candidatos. La documentación corregida debía entregarse en la sede de la Superintendencia de Competencia, situada en la 10 calle 5-69, zona 1, cuarto nivel, oficina 3-4A, Plaza Vivar, Ciudad de Guatemala, entre las 8:30 y las 16:30.

Las observaciones se concentraron en errores recurrentes: currículums que no seguían la guía oficial, folios omitidos en los formularios de solicitud, certificados de antecedentes penales y policiales vencidos, y declaraciones juradas incompletas sobre las prohibiciones previstas en los artículos 36 y 54 de la ley aplicable.

El expediente 1-2026, correspondiente a Juan Carlos Pellecer Monterroso, acumuló varias inconsistencias. El Directorio identificó folios mal consignados, antecedentes penales y policiales sin vigencia, una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo emitida por la Contraloría General de Cuentas con más de seis meses de antigüedad, colegiado activo vencido y un plan de trabajo superior al límite de cinco páginas.

Los expedientes 2-2026 y 3-2026 también registraron incumplimientos de la guía para la elaboración del currículum vitae. El expediente 4-2026, de Josué David Jiménez Palacios, fue el único señalado en esa etapa de revisión como conforme con todos los requisitos.

Funcionarios de distintas áreas estatales en la competencia

Los 34 finalistas provienen de dependencias públicas con funciones diversas. Entre ellos hay profesionales que trabajan o trabajaron en la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo y el Organismo Judicial.

La selección se desarrolla bajo un esquema de acceso público a las distintas fases. La Superintendencia de Competencia indicó que las actividades pueden ser fiscalizadas por la ciudadanía mediante transmisiones en vivo en sus redes sociales y mediante la documentación disponible en su página web oficial.

El procedimiento cuenta con el acompañamiento de la Unión Europea, a través del Centro de Comercio Internacional. La institución agradeció el respaldo recibido desde la conformación del proceso y sostuvo que mantendrá una elección competitiva, pública y transparente para escoger al profesional que dirigirá la entidad.

Guatemala registró 226.773,97 hectáreas afectadas por sequía agrícola al 27 de agosto de 2026, una extensión superior a la documentada en los últimos 10 años y que compromete principalmente los cultivos de maíz, frijol y café. La situación alcanza a 486,727 familias de 194 municipios, mientras el Ministerio de Agricultura espera nuevas proyecciones climáticas para definir el panorama entre noviembre y febrero de 2027.

El 96.76% de los daños agrícolas contabilizados a nivel nacional corresponde a la falta de lluvias.

La sequía ya produjo pérdidas visibles en las regiones oriental, central y occidental, aunque algunos departamentos también enfrentaron inundaciones por precipitaciones intensas y concentradas.

Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, explicó en el Congreso de la República de Guatemala, que la estimación puede aumentar a medida que los extensionistas registren nuevos daños en las comunidades. Los datos de campo pasan por las sedes departamentales y luego por DICORER antes de la elaboración de los reportes oficiales.

La mayor parte de la superficie dañada corresponde al maíz: 221.772 hectáreas, equivalentes al 22,5% del área nacional cultivada con ese grano. El frijol acumula 11.895,10 hectáreas afectadas; el café, 8.628,64; y otros cultivos, 1.311,56 hectáreas, entre ellos coliflor, limón, loroco, manía, brócoli, aguacate, sorgo, durazno, manzana, papa y ejote.

Un año por encima de los antecedentes de sequía

La afectación de 2026 superó el precedente más grave de la última década, registrado en 2018, cuando se contabilizaron 186.297 hectáreas dañadas tras la erupción del volcán de Fuego y una canícula prolongada. En 2019 se reportaron 129 mil hectáreas afectadas; en 2025, 76 mil; en 2024, 72 mil; y en 2023, año marcado por el fenómeno de El Niño, 54 mil.

López calificó el escenario como excepcional para el sector agropecuario, porque no existe un año comparable por la magnitud de los daños. El análisis de los últimos 10 años mostraba temporadas con incidencia de sequía, pero ninguna había alcanzado la extensión registrada hasta agosto.

La crisis climática se desarrolló a partir de cinco factores: el inicio tardío de las lluvias, las precipitaciones convectivas, la canícula prolongada de julio y agosto, el riesgo de una finalización anticipada de la temporada lluviosa y las altas temperaturas junto con el déficit hídrico.

El Ministerio de Agricultura recibió en marzo una alerta del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, conocido como INSIVUMEH, y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sobre el déficit de lluvias previsto para 2026. En mayo, mes habitual de siembra, prácticamente no llovió; las precipitaciones llegaron de manera parcial en junio por un sistema tropical.

Las lluvias convectivas, de carácter torrencial, provocaron una distribución irregular del agua. En una misma semana hubo zonas con sequía agrícola —la que ya deja pruebas de daños en los cultivos— y otras con inundaciones, como ocurrió en Izabal y Alta Verapaz.

Ese contraste puede destruir cultivos, infraestructura agrícola y sistemas de riego, además de dificultar la cosecha, el trabajo de campo y el manejo pecuario. El exceso de humedad también puede perjudicar la alimentación y la salud del ganado.

La canícula se extendió durante unos 60 días sin lluvias significativas para el sector agropecuario. El Ministerio de Agricultura consideró como días sin lluvia aquellos con precipitaciones inferiores a cinco milímetros y advirtió que esas condiciones persistieron hasta las primeras semanas de septiembre.

Jalapa y Jutiapa, los departamentos con más familias afectadas

Jutiapa concentra el mayor número de familias afectadas: 104.229 en 16 municipios, con 49.465 hectáreas dañadas. Jalapa, con siete municipios comprometidos, suma 86.156 familias y 57.581,63 hectáreas afectadas.

En Chiquimula, 11 municipios registran 56.662 familias afectadas y 29.942 hectáreas dañadas. Santa Rosa cuenta con 14 municipios, 30.407 familias y 15.757 hectáreas; Retalhuleu, con cinco municipios, 16.217 familias y 15 mil hectáreas.

Chimaltenango registra seis municipios afectados, 34 mil familias y 10 mil hectáreas. El Progreso suma ocho municipios, 26 mil familias y 10 mil hectáreas, mientras Baja Verapaz tiene siete municipios con 19 mil familias perjudicadas y 8.420 hectáreas afectadas.

Zacapa contabiliza 10 municipios, 19.641 familias y 7.985 hectáreas. El departamento de Guatemala tiene 14 municipios con 13.730 familias afectadas y 6.442 hectáreas, y Quiché reporta 12 municipios, 20 mil familias y 3.496 hectáreas.

Suchitepéquez suma seis municipios, 5.483 familias y 2.932 hectáreas dañadas. Alta Verapaz contabiliza nueve municipios, 5.365 familias y 2.215 hectáreas; Sololá, 19 municipios, 21.168 familias y 1.838 hectáreas.

Totonicapán tiene ocho municipios afectados, 7.158 familias y 1.519 hectáreas. San Marcos registra 12 municipios, 7.056 familias y 992 hectáreas; Huehuetenango, 11 municipios, 6.394 familias y 950,80 hectáreas.

Izabal reporta tres municipios, 1.634 familias y 787,88 hectáreas; Sacatepéquez, seis municipios, 3.394 familias y 351 hectáreas. Escuintla contabiliza cinco municipios, 474 familias y 151,36 hectáreas; Quetzaltenango, cuatro municipios, 144 familias y 9,20 hectáreas. Petén registra un municipio, nueve familias y 8,50 hectáreas afectadas.

La diputada de Baja Verapaz y presidenta de la comisión que convocó a las autoridades cuestionó las cifras correspondientes a Salamá y San Miguel Chicaj. Solicitó un nuevo relevamiento en ambos municipios porque consideró que los registros no reflejan las pérdidas observadas en el territorio.

El riesgo durante la estación seca de 2027

El período de agosto a octubre presenta un mayor riesgo de estrés hídrico y sequía agrícola por lluvias inferiores a lo habitual y temperaturas elevadas, especialmente en el corredor seco y los valles del oriente, de acuerdo con el análisis climático utilizado por el Ministerio de Agricultura.

Las condiciones amenazan las etapas de desarrollo del maíz, frijol, café, hortalizas y pastos, además de reducir el agua disponible para riego y consumo pecuario. El Ministerio también utiliza imágenes satelitales para corroborar los registros en campo y detectó un alto índice de estrés vegetal en el país durante 2026.

López señaló que, tras noviembre, Guatemala entrará en su período habitualmente frío y seco, seguido por diciembre, enero y febrero, antes de la siguiente estación seca. El Ministerio no estableció una proyección de hambruna a partir de sus datos, aunque identificó municipios con vulnerabilidad muy alta, alta y media, incluidos los del corredor seco ampliado.

La actualización para noviembre, diciembre, enero y febrero dependerá del próximo Foro Climático Centroamericano. INSIVUMEH presentará la nueva proyección oficial cuando finalice en octubre el período de pronóstico vigente.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala autorizó la apertura de 365 cuentas de depósitos monetarios para administrar los recursos de las juntas electorales durante las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano de 2027.

La medida, aprobada en el Acuerdo Número 267-2026, prepara la gestión financiera del proceso cuya primera vuelta está programada para el 27 de junio de ese año.

La eventual segunda vuelta presidencial tendría lugar el 22 de agosto de 2027, si ninguna fórmula alcanza la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera elección.

La convocatoria oficial está prevista para el 22 de enero y abrirá una etapa en la que todos los días y horas tendrán carácter hábil para el cómputo de plazos electorales.

El Acuerdo Número 267-2026 fue firmado el 3 de agosto de 2026 por la magistrada presidenta, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, y los magistrados vocales Roberto Estuardo Morales Gómez y Karin Virginia Romero Figueroa.

La disposición establece una estructura de fondos y cuentas para cubrir las necesidades operativas de las juntas durante el proceso electoral.

Una red financiera para juntas municipales, departamentales y voto exterior

La cifra autorizada incluye un Fondo Rotativo Institucional Especial, un Fondo Rotativo Interno Municipal, una cuenta para la Junta Electoral del Distrito Central y otra para la Junta Electoral sobre Voto en el Extranjero. También contempla 21 fondos rotativos internos para las juntas electorales departamentales.

La mayor parte de la estructura corresponde a 339 disponibilidades en efectivo o cajas chicas de las juntas electorales municipales. Esas asignaciones permitirán a los órganos locales administrar recursos para sus operaciones dentro del proceso de 2027.

Las cuentas deberán abrirse en el Banco de Desarrollo Rural, con autorización previa del Banco de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral dispuso que todas funcionen bajo el sistema de firmas mancomunadas, que exige la intervención de dos personas autorizadas para realizar movimientos.

En el Fondo Rotativo Institucional Especial y en el Fondo Rotativo Interno Municipal deberán figurar dos titulares y una persona suplente, designados por la Dirección de Finanzas del tribunal. Para las cuentas del Distrito Central, del voto en el extranjero y de las juntas departamentales y municipales, los titulares serán el presidente y el vocal de cada junta, mientras que el secretario tendrá condición de suplente.

La resolución se apoya en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que reconoce la independencia económica y funcional del TSE frente a los demás organismos del Estado. También invoca el Decreto 101-97 del Congreso de la República, correspondiente a la Ley Orgánica del Presupuesto, y su reglamento.

Cancelación de cuentas y calendario hacia la votación de junio

Las cuentas deberán ser canceladas ante el banco una vez que concluyan el objetivo para el que fueron abiertas. La disposición entró en vigor de forma inmediata y ordenó comunicarla a la Auditoría Electoral, la Dirección de Finanzas y el Departamento de Tesorería.

El cuarto artículo aprobó también el listado de las cuentas monetarias y los montos estimados para giros ordinarios durante períodos de 30 días calendario. Ese listado forma parte integral de la resolución emitida por el TSE.

El pleno de magistrados presentó después el calendario electoral de 2027 a los representantes de las agrupaciones políticas vigentes. Desde el primer minuto del 23 de enero, los partidos podrán inscribir candidaturas ante el Registro de Ciudadanos, un trámite que se extenderá hasta el 20 de marzo.

Cronograma electoral 2027

· 22 de enero: convocatoria oficial a elecciones generales

· 23 de enero: inicio de inscripción de candidaturas ante el Registro de Ciudadanos

· 23 al 30 de enero: designación de fiscales de los partidos políticos

· 20 de marzo: cierre de inscripción de candidaturas

· 29 de marzo: inicio de la campaña electoral

· 24 al 30 de abril: impresión y publicación del padrón electoral

· 25 de junio (mediodía): fin de la campaña electoral y límite para difusión de encuestas

· 27 de junio: primera vuelta de elecciones generales

· Cinco días posteriores a la votación: audiencias de revisión de escrutinios

· 22 de agosto: eventual segunda vuelta presidencial

Dos hombres, identificados como Dennis “N” y Pablo “N”, fueron capturados en San Antonio La Paz, El Progreso, cuando trasladaban de forma irregular a seis migrantes de Cuba, Ecuador y Honduras. El grupo ingresó a Guatemala sin cumplir los requisitos migratorios y quedó bajo resguardo estatal, mientras los detenidos deberán responder ante la Justicia por tráfico ilegal de personas.

El operativo ocurrió en el caserío Ciénaga Grande, de la aldea El Suquinay, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenaron detener un vehículo sospechoso. Los ocupantes ignoraron la señal policial, lo que provocó una persecución hasta que el automotor fue interceptado y sus dos conductores quedaron detenidos.

Dennis “N”, de 27 años, y Pablo “N”, de 29, transportaban a seis extranjeros de entre 19 y 49 años. Durante la revisión, la fuerza policial constató que todos habían entrado de forma irregular al territorio guatemalteco.

Una de las personas rescatadas presentaba lesiones y recibió atención prehospitalaria de los agentes. El personal policial también entregó agua y alimentos a los migrantes antes de su traslado.

La definición migratoria en la frontera de Agua Caliente

Los seis extranjeros fueron llevados al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en la frontera de Agua Caliente, donde la institución determinará su situación conforme a los procedimientos vigentes. Los dos presuntos responsables del traslado ilegal fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente.

Las autoridades no informaron si Dennis “N” y Pablo “N” tienen antecedentes por hechos similares ni si la investigación busca establecer conexiones con redes más amplias dedicadas al tráfico de personas. El expediente continúa bajo instrucción judicial mientras el IGM resuelve la condición migratoria del grupo.

La captura se inscribe en una ofensiva sostenida contra las estructuras que trasladan migrantes de manera clandestina a través de Guatemala. La PNC registró que la detención de un hombre en Melchor de Mencos, Petén, el 11 de julio, fue el arresto número 36 del año por tráfico ilegal de personas.

En abril, dos presuntos coyotes fueron detenidos en Cajolá, Quetzaltenango. En agosto de 2024, otro procedimiento en Jutiapa permitió interceptar a 20 migrantes de seis nacionalidades distintas.

Allanamientos y rutas de tráfico en Huehuetenango

Huehuetenango concentró acciones contra redes de coyotaje vinculadas al traslado de personas hacia Estados Unidos. Un operativo efectuado en febrero dejó 14 capturas relacionadas con una estructura que, de acuerdo con la investigación, cobraba entre 80.000 y 100.000 quetzales por migrante con la promesa de llevarlo hasta territorio estadounidense.

Otra intervención conjunta desarrollada en febrero de 2026 incluyó 56 allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la PNC, con respaldo de la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. El procedimiento dejó 12 detenidos vinculados con lavado de dinero y tráfico ilícito de personas en la región fronteriza.

Entre los arrestados en ese despliegue figuraron Esaú Mateo, Alejandro Zacarías y Carlos Humberto. Las pesquisas se enfocaron en redes que operaban en zonas cercanas a la frontera y combinaban el traslado clandestino de personas con movimientos financieros ilícitos.

Hasta julio de este año, el IGM reportó el retorno de 34.110 personas migrantes al país. La mayoría procedía de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango.

Durante el mismo período, la institución contabilizó 1.155 movimientos de migrantes en tránsito, una cifra 18% menor que la registrada en abril.

El Operativo Shark deja 13 capturas por una red vinculada con la trata de personas

El Operativo SHARK permitió 13 capturas el 21 de noviembre de 2025 contra una estructura vinculada con la trata de personas. La acción, dirigida por la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas, incluyó 20 diligencias en la ciudad de Guatemala, Amatitlán, Mixco y Villa Nueva, además de la conducción de un adolescente en conflicto con la ley penal.

Los allanamientos dejaron 12 armas de fuego, 217 cartuchos, cinco vehículos, 41 teléfonos móviles, siete dispositivos POS, 797 documentos, aproximadamente Q30 mil en efectivo y varias unidades de presunta droga. Los indicios fueron incorporados a la investigación en curso.

Por trata de personas, lavado de dinero y asociación ilícita fueron detenidos Selvin M. y Manly M.; esta última también tenía una orden de detención por asesinato. Brenda C. y Reginaldo M. fueron aprehendidos por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Elvia G. fue capturada por trata de personas, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Ayleen C., Héctor I. y Ricardo I. fueron detenidos por trata de personas, mientras que Byron C. quedó aprehendido por trata de personas y asociación ilícita. Ermides M., Francisco F. y Lorenzo C. fueron arrestados por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

William G. fue capturado por posesión para el consumo. El adolescente fue conducido por tenencia ilegal de arma de fuego.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres presuntos secuestradores que trasladaban contra su voluntad a un hombre de 50 años por la antigua ruta Palín-Escuintla. La intervención, ocurrida la noche del miércoles en el departamento de Escuintla, frustró un supuesto secuestro exprés: los detenidos se presentaban como investigadores policiales y habrían buscado exigir dinero para liberar a la víctima.

La camioneta Chevrolet blanca en la que viajaban fue interceptada en el kilómetro 53,5 km de esa carretera, a la altura del municipio de Palín. El vehículo llevaba la placa P-622KCC y fue detenido por agentes de la comisaría de Escuintla.

Los ocupantes afirmaron pertenecer a la PNC y mostraron chapas, chalecos con insignias similares a las que usa el personal de investigación policial y documentos con logotipos del Ministerio de Gobernación. La verificación de los registros institucionales confirmó que ninguno de ellos integra ni integró la fuerza de seguridad.

El hombre que era transportado pidió auxilio durante el control policial y relató que lo llevaban bajo el argumento de una orden de aprehensión. La pesquisa preliminar determinó que esa orden era falsa, por lo que los agentes liberaron a la víctima y la pusieron bajo resguardo.

Chalecos, grilletes y una supuesta orden de captura falsa

Dentro de la camioneta, los policías encontraron gorros pasamontañas, gorras, un chaleco con distintivos similares a los de la institución, grilletes y documentos presuntamente falsificados. El vocero policial, Edwin Monroy, sostuvo que el operativo forma parte de la respuesta contra estructuras que suplantan a las fuerzas de seguridad para cometer delitos graves.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Zet Subuyuj, de 50 años; Antonio Enrique Posadas Alvarado, de 43, apodado “El Lic”; y el ciudadano colombiano Jhon Fredy Torres, de 50 años, conocido como “Comandante”. Posadas Alvarado tiene antecedentes por robo y allanamiento y estaría vinculado con falsos allanamientos en esa zona.

La modalidad investigada consiste en privar de libertad a una persona para reclamar dinero a cambio de su liberación en un lapso breve. La falsa identificación como agentes policiales permitía a los sospechosos abordar a la víctima con una apariencia de autoridad y reducir las sospechas iniciales.

El caso ocurrió en medio de un aumento de las denuncias por secuestro en Guatemala. Cifras del Ministerio Público, difundidas por medios locales, indican que el país pasó de 157 hechos registrados en 2024 a 345 secuestros en 2025, mientras que durante 2026 se reportó un promedio de diez denuncias semanales.

Entre enero de 2024 y mayo de este año, la fiscalía contabilizó 688 denuncias por secuestro. De ese total, 150 correspondieron a la modalidad denominada “gota a gota”.

Los tres capturados quedaron a disposición del juez competente, que deberá resolver su situación legal mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias completas del hecho. Una semana antes, el Comando Antisecuestros de la PNC desarticuló en Petén a la organización “Los Cazadores”, vinculada con otros casos de plagio en ese departamento.

La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

En datos recientes, se reporta que en mayo la Policía Nacional Civil de Guatemala rescató a una persona de 49 años que permanecía en poder de sus captores, tras un operativo del Comando Antisecuestros en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango. El secuestro había tenido lugar en Salcajá, Quetzaltenango, y la víctima recuperó la libertad después de 20 días en cautiverio, según información oficial difundida por la PNC en redes sociales. Los tres presuntos responsables exigían Q4 millones para concretar la liberación, señaló el organismo de seguridad.

Los detenidos en el caso de Huehuetenango fueron identificados como Sindy “N” (40 años), José “N” (35 años) y Marvin “N” (36 años). Tras el operativo, la víctima recibió atención médica a través de la Subdirección General de Salud Policial, antes de ser trasladada vía aérea a un hospital en la capital. Los supuestos secuestradores quedaron a disposición judicial.

El MP y la PNC capturan a siete personas acusadas de secuestro en tres departamentos

Siete personas fueron arrestadas el 23 de marzo en una serie de ocho allanamientos simultáneos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango por su presunta vinculación con una organización dedicada al secuestro y la extorsión, en una operación encabezada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Entre los detenidos figuran Anderson Eduardo Chete Rustrián (20 años), Josué Daniel Chete Rustrián (23), Luvia Aracely Marroquín Ruano (50), Cristian Gustavo Álvarez Marroquín (20), Mónica Azucena Rivera Paz (23), Juan Carlos Osorio Chacoj (40) y Miki Brandon Rivas Arriaga (40), quienes serán procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro, conforme a lo comunicado por el Ministerio Público.

El grupo desarticulado habría utilizado la modalidad denominada #OperativoSecuestrosGotaAGota. Esta metodología implica citar a profesionales y comerciantes en zonas de difícil acceso bajo falsas ofertas de servicios; una vez allí, los amenazaban con la supuesta presencia de francotiradores presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y exigían el pago de rescates bajo amenaza de muerte. También empleaban números telefónicos internacionales y solicitaban depósitos bancarios a cuentas proporcionadas durante el secuestro, según la Fiscalía contra Secuestros.

El presidente BernardoArévalo anunció un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la prolongada canícula en Guatemala.

La estrategia, presentada el 16 de septiembre en la conferencia de prensa La Ronda, combina asistencia inmediata, protección de cultivos y medidas para reducir la exposición de las comunidades a futuras sequías.

El Gobierno identificó Q500 millones (USD 65,5 millones) para comprar alimentos destinados a los hogares más vulnerables mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, precisó que los recursos serán gestionados por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred), y que la mayor parte de las entregas se concentrará en noviembre y diciembre.

Más de un millón de hogares incluidos en la asistencia

La ayuda alcanzará a 1 millón 212 mil 178 familias entre septiembre y diciembre. El programa prevé atender a 134.121 hogares en septiembre, 162.766 en octubre, 496.912 en noviembre y 418.379 en diciembre.

Cada familia recibirá una bolsa con 45,4 kg de maíz (100 libras), 13,6 kg de frijol (30 libras) y 4,5 kg de arroz (10 libras). Esa cantidad cubrirá aproximadamente el 73% de las necesidades calóricas mensuales de un hogar de cinco integrantes y se espera que alcance para un mes.

La distribución será escalonada y se coordinará con el Ministerio de Agricultura, los gobiernos departamentales y las autoridades municipales. La selección de beneficiarios tomará en cuenta indicadores de seguridad alimentaria, pérdidas de cosechas y pronósticos de lluvia, con participación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

La reducción de las precipitaciones ya afecta la producción de maíz y frijol en el corredor seco y otras regiones vulnerables. Pinto explicó que la respuesta estatal tendrá cuatro etapas y cinco ejes para activar recursos financieros, coordinar a las instituciones y establecer un mecanismo permanente ante una eventual confirmación del fenómeno de El Niño.

Granos sin arancel, seguros agrícolas y obras de agua

El Ejecutivo liberó cuatro contingentes de granos básicos sin arancel para facilitar el ingreso de maíz y frijol al país. La medida busca mantener el abastecimiento y evitar aumentos especulativos de precios tras las pérdidas agrícolas vinculadas a la sequía.

El plan también contempla vigilancia sobre los precios, la oferta de alimentos, los casos de nutrición aguda y la calidad del agua en los municipios priorizados. El Gobierno buscará ampliar la capacidad logística con apoyo del sector privado, la cooperación internacional, las alcaldías y otras entidades municipales.

En los municipios con mayores niveles de pobreza, se está completando el Registro Social de Hogares y se ampliará la recopilación de datos en el corredor seco. La información permitirá identificar a las personas afectadas y orientar la asistencia alimentaria, las transferencias monetarias condicionadas del bono social y las intervenciones en sistemas de agua.

Las medidas incluyen un seguro agrícola y compensaciones por pérdidas de cosechas. A mediano plazo, el Gobierno prevé mantener listo un bono de emergencia, ampliar la cobertura de transferencias monetarias y promover la recuperación productiva mediante biofábricas y sistemas de riego.

A largo plazo, la estrategia incorpora el manejo sostenible de suelos y agua mediante el sistema Keyline, un método de diseño del terreno para captar y distribuir mejor el agua de lluvia, además de mesas técnicas agroclimáticas y transformaciones en la producción agrícola.

Las comunidades de El Jícaro enfrentan el deterioro de sus condiciones de vida por la falta de cosechas y el agotamiento del agua en los pozos.

La instalación definitiva de bloqueadores de señal celular en las cárceles de Guatemala quedó paralizada luego de que la propuesta para ocho centros penitenciarios pasara de Q10 millones (USD 1.3 millones) a Q110 millones (USD 14.3 millones), sin un cronograma ni responsables definidos para ejecutar la compra.

El Sistema Penitenciario mantiene Q55 millones (USD 7.1 millones) previstos en su Plan Anual de Compras para arrendar el servicio en todos los penales del país, pero sus autoridades esperan una iniciativa del Congreso de la República que obligue a las empresas telefónicas a aplicar el bloqueo de señal.

La falta de una ruta administrativa fue expuesta durante una citación parlamentaria de este martes. El subdirector del Sistema Penitenciario, Melvin Rosales, señaló que la institución aguarda una solución legislativa.

“Nosotros aún estamos esperanzados, la verdad, con el tema de la iniciativa... en la cual sea una obligación de las empresas que prestan el servicio de telefonía. Estamos a la espera de eso”, dijo.

De una prueba satisfactoria a costos sin definición

La tecnología fue probada durante 30 días en Zacapa por la empresa Net Telecom. El subdirector de Informática del Sistema Penitenciario, Daniel Edelman, indicó que los equipos funcionaron de forma confiable y contaban con entre cuatro y seis horas de autonomía eléctrica mediante un banco de baterías y un generador para responder a cortes de energía.

Los funcionarios calificaron oficialmente el resultado como “satisfactorio”. Sin embargo, la prueba no derivó en una contratación ni en una fecha para extender el sistema al resto de los centros de reclusión.

En julio, la viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, había proyectado USD 1.3 millones para arrendar los bloqueadores en ocho cárceles durante dos años. Con esa referencia, el Sistema Penitenciario incluyó los Q55 millones (USD 7.1 millones) en su planificación anual para cubrir el alquiler del servicio en todos los penales.

La cifra cambió tras el cierre de la prueba piloto. La propuesta técnica dejó de contemplar el arrendamiento y pasó a plantear la adquisición directa de la tecnología para los mismos ocho centros, con un valor de Q110 millones (USD 14.3 millones).

No obstante, Edelman precisó que los montos respondían a la modalidad de arrendamiento y subieron cuando se presentaron “costos de adquisición”.

Las dudas sobre la compra y el control penitenciario

Los técnicos penitenciarios afirmaron que desconocen cómo fue calculado el monto establecido en el plan anual porque las gestiones con Net Telecom fueron realizadas directamente por el Cuarto Viceministerio.

El subdirector de Planificación del Sistema Penitenciario, Edwin Rodas, sostuvo que el presupuesto previsto en el plan institucional es una estimación y no implica que se adquiera un bien o servicio por esa suma. Sobre los pasos pendientes, indicó: “Tendríamos que iniciar el proceso... y a lo mejor, pues, se va a tener que seguir continuando con el proceso”.

El diputado José Chic cuestionó el salto entre las estimaciones financieras: “La viceministra, Karen Ortiz, aquí mismo decía una cifra que costaba el tema de los bloqueadores... Hoy me sorprendí que ya dicen otro monto. ¿En qué momento pasamos de Q10 millones a Q110 millones?”.

Chic también atribuyó la falta de controles en los penales a la inacción de las autoridades: “Lamentamos que el viceministro y el ministro vivan en una burbuja y que no se quieran dar cuenta que siguen entregándole con su inacción a los privados de libertad las cárceles en este país”.

Gutiérrez Mejía había viajado a Estados Unidos ese mismo martes por la mañana. Sus familiares en Guatemala lo despidieron cuando abordó el avión sin imaginar que no volverían a verlo.

“Verlo en la mañana y ya en la noche, la noticia que estaba muerto”, dijo uno de sus familiares en declaraciones a Univisión 34. Lo acompañaban en Los Ángeles su primo y un amigo, ambos guatemaltecos que sobrevivieron al accidente y asimilan la tragedia.

Quién era Edy Fernando Gutiérrez Mejía, la tercera víctima del helicóptero en Los Ángeles

Conocido cariñosamente como “Pichi”, Gutiérrez Mejía se encontraba en Chatsworth por razones de trabajo: se dedicaba a las encomiendas, una actividad que implicaba recoger ropa, vehículos y repuestos en Estados Unidos para enviarlos a Guatemala. Esa era la razón por la que estaba en el almacén donde cayó la aeronave. Le sobreviven su pareja sentimental y su madre, a quien apoyaba económicamente.

Su prima Carla describió el golpe que sufrió la familia: “Una muerte repentina y en otro país, que es lo más doloroso”, según recogió Univisión 34. También destacó que era “una persona llena de vida, con muchas ganas de vivir” y que le apasionaba el fútbol. Daniel Castillo, amigo de Gutiérrez Mejía y bombero voluntario en la comunidad, lo recordó como “una persona alegre, alguien que siempre estuvo para quienes lo necesitaban”, según informó Telemundo 52.

La Municipalidad de Cuilapa lamentó su fallecimiento en una publicación de Facebook, donde lo identificó por su apodo y pidió una oración por su eterno descanso. Los padres del joven, localizados por un equipo de Noticias Telemundo en ese municipio guatemalteco, no pudieron ofrecer declaraciones por el dolor, aunque compartieron fotografías de su hijo: en una aparece sonriente en la nieve; en otra, sostiene un trofeo en una cancha de fútbol.

Los familiares recaudan fondos para los costos fúnebres y la repatriación de los restos, que planean velar en Cuilapa cuando lleguen. El Consulado indicó a Univisión 34 que no puede asistirlos económicamente —dado que Gutiérrez Mejía y sus acompañantes ingresaron al país con visa y no califican como inmigrantes en situación de necesidad—, pero los orientará sobre los pasos legales a seguir y los conectará con funerarias para gestionar los permisos de envío de las cenizas. “Se le puede brindar una orientación de qué acciones o qué pasos pueden tomar”, señaló un representante consular al mismo medio.

Cómo ocurrió el accidente del NewsChopper 4 en Chatsworth

El martes 15 de septiembre, poco antes de las 19:00 (hora local), el NewsChopper 4 —un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 operado por Angel City Air— perdió la señal y cayó en el bloque 9100 de North Mason Avenue, entre dos edificios comerciales del estacionamiento de un negocio ubicado cerca de la intersección de la calle Nordhoff y la avenida Lurline, en Chatsworth. La aeronave cubría en ese momento un choque entre un autobús de la red Metro de Los Ángeles y otro vehículo, siniestro que había dejado al menos dos muertos y varios heridos en la zona.

El impacto desencadenó un incendio que dañó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. Más de 70 efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas, de acuerdo con NBC Los Ángeles. Dos personas más fueron trasladadas a un hospital, aunque NBC Los Ángeles y la agencia Reuters difieren sobre el número exacto de hospitalizados, por lo que no es posible confirmar una cifra definitiva.

“Del helicóptero en sí, está prácticamente destruido. Vamos a tener que revisar los escombros para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar el helicóptero; ni siquiera podíamos ver la cola”, declaró el capitán Branden Silverman, vocero del LAFD, citado por la Associated Press (AP). Una testigo relató que su marido, integrante de las fuerzas del orden, notó algo inusual en el vuelo instantes antes del impacto: “Vimos que se bamboleaba. Cinco segundos después… vimos una gran columna de humo”, según recogió NBC Los Ángeles.

Qué se sabe de las otras víctimas: Eliana Moreno y George Marciniw

Las otras dos personas que murieron en el accidente viajaban a bordo de la aeronave. Eliana Moreno, de casi 40 años, nació en el condado de Orange y en 2010 obtuvo una licenciatura en periodismo audiovisual y ciencias políticas en la Universidad Chapman. Ese mismo año se incorporó al equipo de Angel City Air y a lo largo de su carrera trabajó para varios medios del sur de California, con cobertura tanto en inglés como en español. En su cuenta de Instagram se presentaba como “Eli in the heli”. “Tengo el mejor trabajo del mundo”, escribió en una de sus publicaciones, según reprodujo NBC News.

George Marciniw creció en el sur de California y se graduó de la Burbank High School en 1974. Acumulaba más de 30 años de experiencia como piloto y era conocido por compartir en sus redes sociales imágenes aéreas del paisaje urbano de Los Ángeles, que con frecuencia atribuía a su colega Moreno. Ambos volaban juntos desde 2023.

NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto: “Estamos profundamente apenados de informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la tarde”, expresaron, con condolencias para las familias, amigos y colegas de las víctimas.

La investigación de la NTSB y la FAA sobre la caída del helicóptero

La causa del accidente permanece bajo investigación. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron que sus equipos se desplazarían al lugar del siniestro el miércoles 16 de septiembre para iniciar la investigación formal, de acuerdo con información difundida por AP. La NTSB precisó en un comunicado que analiza el accidente del 15 de septiembre de un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 en Chatsworth, California.

De acuerdo con una revisión de registros federales de accidentes citada por AP, desde el año 2000 se produjeron al menos ocho accidentes fatales con helicópteros de noticias en Estados Unidos, con un saldo de 16 muertos. Entre los antecedentes más recientes figura un siniestro ocurrido en 2023 en un bosque de Nueva Jersey, en el que murieron el piloto y un fotógrafo de la estación WPVI de Filadelfia, y otro en 2022 junto a una autopista de Charlotte, Carolina del Norte, que cobró la vida del piloto y un meteorólogo de WBTV durante un vuelo de entrenamiento.

El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna, sostuvo un encuentro institucional con autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en materia de persecución penal contra la trata y el tráfico ilícito de personas.

La reunión oficial tuvo como eje central consolidar alianzas estratégicas internacionales y articular investigaciones conjuntas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

Durante el espacio de trabajo, ambas delegaciones ratificaron la prioridad de optimizar el intercambio de información y acelerar los procesos judicializados contra las redes de coyotaje.

El Ministerio Público puntualizó que la persecución de estos delitos busca resguardar la seguridad de las comunidades y brindar protección efectiva a las poblaciones vulnerables.

Guatemala, un país vulnerable

De acuerdo con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), por su ubicación geográfica, Guatemala es reconocida como un país de origen, tránsito y destino. Presenta una afluencia migratoria importante en la región de Centroamérica.

En el país, la trata de personas no se limita solo a personas migrantes, sino que también hay alta incidencia de trata interna, es decir que, las víctimas de este delito son captadas, trasladadas, transportadas, retenidas, acogidas y recibidas para ser explotadas en una o más modalidades dentro del mismo territorio, sin cruzar fronteras, señala un informe de la Svet.

En ese sentido, la Secretaría refiere que la infancia y la adolescencia concentran más del 76% de las víctimas rescatadas, siendo la explotación laboral y la pornografía infantil las modalidades de mayor prevalencia entre los menores de edad.

La pobreza y la marginación social impulsan la migración irregular hacia el norte

Diversos factores estructurales inciden en la proliferación de la trata de personas y el tráfico de personas en Guatemala.

La persistencia de elevados índices de pobreza, la falta de empleo formal y el limitado acceso a la educación empujan a miles de personas a buscar oportunidades fuera de sus comunidades.

Estas vulnerabilidades económicas y sociales son aprovechadas por estructuras delictivas que emplean engaños, falsas ofertas laborales o la coacción para captar a las víctimas.

Según un informe de la Svet, entre 2024 y 2025 la explotación sexual y laboral, así como el matrimonio forzado y el reclutamiento de menores de edad en grupos delictivos concentró el porcentaje de atenciones en los albergues especializados.

A este panorama se suma la ubicación geográfica del territorio como corredor de tránsito hacia el norte del continente, un elemento que incrementa la exposición de migrantes en situación irregular ante redes de delincuencia organizada.

Las extradiciones por redes delictivas mortales marcan un antecedente judicial significativo

En el ámbito judicial, uno de los casos más emblemáticos investigados en conjunto corresponde al desmantelamiento de la red conocida como Los Orozcos.

Esta estructura criminal fue vinculada al traslado irregular de migrantes en condiciones extremas que derivó en la tragedia de San Antonio, Texas, en junio de 2022, donde fallecieron 53 personas dentro de un remolque sin ventilación.

Las diligencias de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) y del MP permitieron la detención y posterior extradición a Estados Unidos del presunto líder de la banda, Rigoberto Ramón Miranda Orozco, procesado por conspiración y tráfico de personas con resultado de muerte.

Este operativo conjunto constituyó un antecedente clave en la persecución trasnacional del coyotaje.

El presidente BernardoArévalo pidió acelerar la entrada en vigor del Decreto21-2026 para fijar precios máximos a los combustibles en Guatemala, tras una escalada que llevó el galón de diésel cerca de los Q50 (USD 6.49) y la amenaza con trasladarse al costo de los alimentos y la economía de los hogares.

La norma, aprobada por el Congreso de la República el 8 de septiembre con carácter de urgencia nacional, permanece sin ser trasladada al Ejecutivo por cuatro objeciones presentadas por el diputado opositor de Vamos Allan Rodríguez. La discusión deberá volver al pleno el 22 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada el miércoles 16 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo sostuvo que el Ejecutivo debe actuar frente a circunstancias internacionales que afectan al país. Identificó dos riesgos inmediatos: el encarecimiento de los hidrocarburos y la reducción de las lluvias.

El Decreto 21-2026 establece un tope de Q39(USD 5.06) por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41(USD 5.32) para la gasolina superior, hasta el 31 de diciembre. El mandatario afirmó que esta alternativa permitiría contener de inmediato el impacto sobre los consumidores, aunque no resolvería de manera permanente la crisis de precios.

“Son casi Q50 (USD 6.49) el galón, lo que afecta a todos y tiene efecto en la economía. No tenemos por qué seguir en ese marco”, expresó Arévalo. También indicó que, una vez que el Congreso envíe la normativa, podrá sancionarla y activar el nuevo esquema de precios.

El mandatario guatemalteco explicó que el mecanismo mantendría el precio tope aun si las cotizaciones internacionales siguieran en ascenso durante los próximos días o semanas. Si el valor de mercado cayera por debajo del tope, el consumidor pagaría automáticamente el precio menor.

“Ahorita lo importante es mitigar el impacto de estos precios. Podemos seguir trabajando y nosotros tenemos el compromiso para seguir buscando otras medidas para darle respuesta a esta situación”, afirmó el Presidente. El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de acuerdos con el Congreso y otros sectores para desarrollar soluciones complementarias.

El Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberán verificar que las estaciones de servicio apliquen los precios fijados y evitar cobros abusivos. La medida aprobada también contempla un fondo de compensación, aunque su aplicación continúa detenida por las objeciones legislativas.

Precios tope detenidos por objeciones y sin avance en el Congreso

La iniciativa de precios tope no ha avanzado en el Congreso. Si bien se aprobó con el voto favorable de 130 de 160 diputados, las objeciones presentadas por el congresista opositor, Allan Rodríguez, han impedido que el Decreto continúe su proceso.

Al respecto, Juan Carlos Rivera, primer Secretario del Legislativo, aseguró que este miércoles 16 de septiembre la Junta Directiva conoció las objeciones y se percataron que hubo un error al momento de citar el número del Decreto, por lo que, a criterio del legislador, debieran de ser rechazadas.

No obstante, aseguró que los abogados del Congreso analizan cuáles serán los pasos a seguir, aunque adelantó que si la mayoría de los integrantes de Junta Directiva deciden rechazar las objeciones por el error, entonces se enviará de inmediato la Ley aprobada al Ejecutivo para su veto o sanción.

De aceptarse las objeciones, se tendrán que conocer en el pleno hasta la próxima semana, pero también planteó la posibilidad de que se conozcan mañana jueves 17 de septiembre, sólo si dentro del hemiciclo hay 107 diputados o más, para alterar el orden del día y suspender la interpelación al ministro de Agricultura, Abelardo Pinto.

La iniciativa 6809 y un aporte estatal de hasta Q2 mil millones

Mientras tanto, en el Congreso continúan buscando otras soluciones a parte de la que ya fue aprobada. En este caso, la Comisión de Comunicaciones emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley de Apoyo Temporal para el Consumo del Combustible en Guatemala que pretende la eliminación temporal de impuestos.

La propuesta tendría vigencia durante seis meses, entre el 15 de octubre de 2026 y el 15 de abril de 2027. Plantea suspender el 100% del Impuesto a la Distribución del Petróleo para diésel y gasolinas regular y superior, además de eximir el 65% del Impuesto al Valor Agregado en la venta final al consumidor. El apoyo equivaldría a Q12 (USD 1,56) por galón de diésel y Q10 (USD 1,30) por cada galón de gasolina.

Los precios de referencia propuestos serían de Q35 (USD 4,55) para el diésel, Q34,50 (USD 4,48) para la gasolina regular y Q36 (USD 4,58) para la gasolina superior. La diferencia entre las exenciones tributarias y el monto necesario para alcanzar esos límites sería cubierta por un aporte extraordinario del Estado.

Ese aporte tendría un techo de Q2 mil millones (USD 262 millones) y se financiaría con saldos no comprometidos ni devengados de los ministerios durante 2026. El Ministerio de Finanzas Públicas podría realizar readecuaciones presupuestarias sin afectar asignaciones constitucionales, gastos comprometidos ni recurrir a deuda pública.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones, Jeovanni Domínguez, explicó que excluir esos recursos buscó evitar que las municipalidades pierdan ingresos esenciales para su funcionamiento. “No podemos dejar a las municipalidades sin recursos para su funcionamiento, tomando en cuenta que hay municipalidades pequeñas que en su momento solo tienen recaudación de Q4 millones (USD 524 millones) al año”, sostuvo.

La Superintendencia de Administración Tributaria fiscalizaría las medidas tributarias, mientras que el Ministerio de Energía y Minas controlaría los precios y su exhibición en los expendios. Los comercios deberían mostrar el precio tope junto con el valor de referencia anterior, bajo sanciones previstas en el Código Tributario y la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

El diputado Gerson Barragán, integrante de la comisión por el bloque Viva, afirmó que el mecanismo fue diseñado sin préstamos. Rudy Pereira, también miembro de esa instancia, señaló que se consideraron planteamientos de transportistas y consumidores para definir qué parte de los impuestos podía eliminarse y cuál debía cubrirse con un subsidio.

La sequía asociada al fenómeno de El Niño golpea al Corredor Seco Centroamericano, reduce las cosechas de maíz y obliga a miles de familias a racionar sus comidas o comprar productos que antes obtenían de sus propias parcelas.

En comunidades rurales de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, la falta de lluvias alteró la producción agrícola de subsistencia y redujo las reservas de agua para consumo humano y actividades económicas. El panorama incluye cultivos perdidos, animales muertos o vendidos a bajo precio y familias que afrontan el encarecimiento de los alimentos.

El Corredor Seco Centroamericano reúne a más de 10 millones de personas, de las cuales el 80% de los pequeños productores vive en condiciones de pobreza, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recogidos por EFE, agencia de noticias española. La región suele sufrir eventos meteorológicos extremos, pero los habitantes consultados por la agencia describieron esta sequía como la más intensa que recuerdan.

“A veces me pongo a llorar. A veces uno come, a veces no”, relató Lidia Ochoa, una vecina de 76 años de San Lorenzo, en el sur hondureño. La mujer explicó que los hogares de la zona redujeron la cantidad de alimentos que consumen ante la pérdida de las cosechas y el aumento de precios.

El maíz se pierde y las familias compran alimentos más caros

En San Lorenzo, el terreno de Francisco Molina, agricultor y ganadero de 48 años, debería exhibir cultivos de maíz en esta época del año. En cambio, el suelo seco y las osamentas de reses reflejan las consecuencias de la falta de agua.

La pérdida de los cultivos afecta de forma directa a las familias campesinas porque buena parte de la producción está destinada al autoconsumo. Cuando el maíz no alcanza, deben adquirirlo en mercados locales, aun cuando sus ingresos dependen de actividades que también fueron afectadas por la sequía.

En una aldea del municipio de Cunén, en el norte de Guatemala, la líder indígena Elvira Pasá anticipó que la producción de maíz se perdería por completo. También afirmó que sus vecinos ya pagan el grano un 50% más caro que en condiciones habituales.

Guatemala arrastra problemas de desnutrición infantil y la escasez de alimentos puede profundizar esa situación. “Comemos con una tortilla y no volvemos a comer más porque todo está carísimo”, dijo Ochoa a EFE desde Honduras.

Los gobiernos de la región declararon estados de emergencia ante el impacto de la sequía, aunque en varias comunidades la asistencia no cubre las necesidades existentes. Parte de la población depende de organizaciones no gubernamentales (ONG) para conseguir ayuda alimentaria y acceso al agua.

La escasez de agua obligó a abandonar la cría de tilapias en El Salvador

La crisis también modificó las actividades de comunidades que dependían de depósitos de agua para sostener pequeños emprendimientos. En El Matazano, en el noreste de El Salvador, un tanque que antes abastecía de forma constante a unas 50 familias comenzó a secarse.

La administradora del reservorio, María de la Paz Portillo, de 31 años, afirmó que su comunidad nunca había enfrentado una escasez de agua de esa magnitud. En la zona, el termómetro llegó a 42°C (107,6°F).

El tanque también servía para llenar un depósito donde los vecinos criaban cerca de 1.000 tilapias destinadas al consumo y a la venta. La comunidad suspendió esa producción y reservó el recurso disponible para necesidades prioritarias.

“Nos está afectando porque no estamos consumiendo tilapia, y también en lo económico porque era un sustento”, señaló María del Carmen Portillo, de 32 años. La falta de agua incide tanto en la alimentación como en las fuentes de ingreso de los pobladores.

Algunas familias intentan adaptar sus formas de producción. La salvadoreña Vilma Ortiz, de 53 años, construyó un invernadero en El Matazano y reemplazó el cultivo de tomates por chiles, que, según le indicaron, resisten mejor la escasez hídrica. La medida, sin embargo, no elimina la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad agrícola.

El gobierno de Donald Trump mantuvo a Guatemala entre los 23 países considerados por Estados Unidos como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Esta clasificación que se conserva sin cambios respecto del período anterior y no implica, por sí sola, una sanción ni un señalamiento de incumplimiento del Gobierno guatemalteco.

La determinación presidencial fue enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre y difundida el 16 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La nómina incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, además de Guatemala.

Sin embargo, Guatemala no figura entre los cuatro países que Washington considera incumplidores demostrables de sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico durante los últimos 12 meses.

Una clasificación vinculada a rutas, comercio y economía

La inclusión de un país responde a factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el movimiento o la fabricación de drogas y de precursores químicos. La determinación precisa que esa condición puede existir incluso si las autoridades nacionales aplican controles de narcóticos y medidas policiales rigurosas.

Guatemala permanece en la categoría general de país de tránsito o producción, pero no fue incorporada al grupo de Estados que, según la Administración estadounidense, no cumplieron de manera demostrable con los compromisos exigidos por los acuerdos internacionales y la legislación de Estados Unidos.

Ese segundo grupo está integrado por Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Donald Trump dispuso, a la vez, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania y Colombia es vital para los intereses nacionales estadounidenses.

La decisión diferencia así la situación de Guatemala de la de esos cuatro países: estar en la lista de rutas o productores principales no equivale a una acusación de falta de cooperación ni a una declaración de fallas gubernamentales en la lucha antidrogas.

México, China y los precursores de drogas sintéticas

México fue incluido en la lista y recibió un reconocimiento por las incautaciones de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales en la frontera compartida. Trump también vinculó la cooperación bilateral en seguridad con acciones contra jefes de carteles, entre ellos “el Mencho”.

Sin embargo, el presidente estadounidense sostuvo que México debe reforzar las inspecciones en sus puertos de entrada, aumentar las inversiones en sus fuerzas de seguridad y actuar contra funcionarios públicos que colaboren con organizaciones narcotraficantes.

La República Popular China continúa como el mayor productor mundial de numerosos precursores químicos empleados en la elaboración ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas, de acuerdo con la determinación presidencial. Trump afirmó que planteó el asunto al presidente chino, Xi Jinping.

Cambios en Venezuela y advertencias a otros gobiernos

Venezuela continúa en la relación de países de tránsito o producción de drogas ilícitas, pero dejó de ser considerada un país que incumplió demostrablemente sus compromisos de control de drogas. Trump atribuyó esa modificación a los avances de cooperación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Bolivia, en cambio, conserva la calificación de incumplimiento, pese a que Estados Unidos destacó la reanudación de la coordinación policial entre ambos países y la extradición de Sebastián Marset en marzo de 2026. La determinación señala que la corrupción continúa facilitando el tráfico de drogas y obstaculizando las investigaciones.

Colombia también permanece dentro de esa categoría. Trump expresó expectativas de progresos en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de redes narcotraficantes durante el próximo año.

La decisión presidencial mencionó acciones de India, Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

La sequía golpea con fuerza a las comunidades rurales de El Jícaro, Guatemala, donde la falta prolongada de lluvias destruyó cultivos de maní, maíz y frijol, dejando a cientos de familias sin alimentos ni ingresos. La escasez también ha reducido los niveles de agua de los pozos y dificultado el acceso a las comunidades.

La situación está relacionada con el fenómeno de El Niño, que ha provocado un déficit de lluvias y un aumento de las temperaturas. Autoridades agrícolas advierten que las pérdidas podrían continuar durante los próximos meses y que los efectos de la sequía se mantendrán, al menos, hasta el primer semestre de 2027.

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo cuestionó el sondeo de CB Global Data que lo ubicó en el último puesto entre 18 presidentes latinoamericanos.

El mandatario guatemalteco obtuvo 28,2% de imagen positiva y sostuvo que los argumentos asociados a esa evaluación no coinciden con los datos de su administración.

La medición también le asignó 67,3% de percepción negativa, el registro más alto de rechazo entre los países analizados.

El resultado se conoció durante una primera quincena de septiembre marcada por bloqueos de rutas y reclamos contra la política oficial sobre combustibles.

Arévalo rechazó que la ejecución, la infraestructura y la violencia expliquen el resultado

El presidente fue consultado por la posición que ocupó en el ranking y cuestionó la procedencia de la empresa responsable del estudio. “No conozco a la compañía, no sé de dónde viene”, respondió Arévalo al referirse a CB Global Data.

Además, se le interrogó sobre aspectos que podrían haber influenciado los resultados revelados por la agencia de opinión, entre ellos la baja ejecución gubernamental, la falta de inversión en infraestructura y la situación de violencia expliquen su lugar en la tabla. Afirmó que esas variables muestran resultados distintos a los planteados en la consulta.

Arévalo aseguró que la ejecución presupuestaria de su Gobierno supera la registrada por las dos administraciones anteriores a la misma altura del año. “Dice que tenemos una baja ejecución y los datos demuestran que tenemos una ejecución mayor comparada con otros gobiernos”, expresó durante la conferencia de prensa La Ronda.

El presidente también rechazó que su gestión carezca de obras de infraestructura. Señaló que el Gobierno trabaja en proyectos de puertos, aeropuertos y ferrocarriles, además de programas desarrollados con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

Sobre la violencia, Arévalo reconoció que Guatemala atraviesa una coyuntura compleja. Pese a ello, sostuvo que los indicadores se mantienen por debajo de los registrados durante el año anterior.

Para el mandatario, los tres factores mencionados no justifican el último lugar en la medición regional. “Los tres que dijo no pueden ser porque estamos mejor”, manifestó al explicar su discrepancia con el resultado del sondeo.

El sondeo se difundió durante protestas por el esquema de precios de combustibles

La ubicación de Arévalo coincidió con un escenario de tensión política y social en Guatemala. La protesta se concentró tras la aprobación del Decreto 21-2026, que estableció precios de referencia para el diésel y las gasolinas.

La norma fijó un valor de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, equivalentes a USD 5,06. Para la gasolina superior, dispuso Q41 por galón, unos USD 5,32.

El decreto creó además un fondo de Q2.500 millones (USD 325 millones) destinado a compensar a los importadores cuando los costos superaran esos valores. Los transportistas y sectores empresariales rechazaron la medida y realizaron cortes en la capital y otros departamentos.

Algunos de los manifestantes exigieron la renuncia presidencial. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para exigir la libre circulación y proteger infraestructura estratégica, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El 8 de septiembre, la Corte aceptó ese reclamo por tres votos contra dos. El tribunal dio seis horas al Gobierno para presentar un plan de liberación de rutas y advirtió sobre posibles destituciones del ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil.

Ficha técnica y los mejores punteados

El estudio de CB Global Data se realizó entre el 7 y el 11 de septiembre con 4.016 personas. El margen de error fue de 1,5 puntos porcentuales y la evaluación marcó una caída frente al 29,5% de aprobación que Arévalo había obtenido en agosto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la clasificación con 69% de imagen positiva. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quedó segundo con 66,2%.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ocupó el puesto 17 con 28,8%. José Raúl Mulino, presidente de Panamá, quedó entre los tres mandatarios peor evaluados con 32,1%, mientras que Daniel Ortega registró 33,9%.

El polémico exdiputado guatemalteco Aldo Dávila se incorporó al partido político XGuate, agrupación que dirige Edmond Mulet. La llegada del exlegislador ocurre después de una trayectoria marcada por su actividad en defensa de los derechos humanos, su paso por el Congreso y una serie de disputas internas vinculadas con el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La incorporación de Dávila a XGuate se informó en un acto celebrado este 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El partido presentó la adhesión como parte de su estrategia para ampliar su presencia política en el país.

XGuate indicó que la incorporación busca reunir figuras con experiencia pública bajo un programa centrado en la fiscalización y la participación social. La organización no precisó si Dávila tendrá una candidatura o una función específica dentro de su estructura.

Mulet sostuvo que la incorporación apunta a ampliar la diversidad de la agrupación y a convocar a personas de distintas trayectorias. “Guatemala necesita personas auténticas comprometidas con transformar el país”, afirmó el dirigente en una declaración difundida por el partido.

Dávila explicó que su decisión requirió una reflexión personal. El exdiputado señaló que encontró en la organización personas con las que comparte la intención de trabajar por Guatemala.

Aldo Dávila no pudo competir en las elecciones de 2023

El exdiputado buscó su reelección al Congreso en 2023, con el partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pero el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó su inscripción luego de aceptar recursos de nulidad contra su candidatura.

Según la información disponible, el organismo electoral solicitó informes al Ministerio Público, que comunicó que a Dávila le habían retirado la inmunidad por casos bajo investigación. También informó sobre otras peticiones de retiro de inmunidad que permanecían en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

Los recursos fueron presentados por el partido Vamos y una ciudadana. El recurso promovido por esta última fue el que derivó en la revocatoria de la candidatura.

Polémico y “sin pelos en la lengua”

Aldo Dávila es considerado una figura polémica en la política guatemalteca debido a una combinación de su estilo político, sus métodos de comunicación y las disputas legales en las que ha estado involucrado.

Durante su gestión como diputado y en su labor política, adoptó un estilo de fiscalización caracterizado por encarar de manera directa y vehemente a funcionarios públicos, ministros y miembros de las fuerzas de seguridad.

A diferencia del estilo parlamentario tradicional, recurrió al uso de transmisiones en vivo en las redes sociales caracterizadas por un tono informal, sarcástico y en ocasiones calificado por sus detractores como inapropiado o irrespetuoso. Mientras que Dávila siempre ha sostenido que “no tiene pelos en la lengua”.

Incluso, el expresidente Alejandro Giammattei presentó denuncias legales por injuria, difamación y discriminación, acusándolo de vulnerar su honra, su dignidad y por realizar acusaciones despectivas a su vida privada y orientación sexual.

Disputas internas lo separaron de VOS

Pese a que Dávila se proyectaba como una posible candidato presidencial del partido VOS, terminó dejando a la agrupación política en medio de tensiones y disputas internas que iniciaron cuando Dávila se posicionó a favor del político Roberto Arzú, luego que ambos quedaran fuera de las elecciones 2023.

Luego de ello, el exdiputado expresó discrepancias con la cúpula del partido y con otros diputados de la agrupación respecto a las posturas políticas, el manejo de la agenda parlamentaria y las alianzas estratégicas dentro del Congreso.

Además, aseguró manifestó en diversas ocasiones sentirse excluido o desacreditado por la dirigencia del partido a medida que la agrupación redefinía sus prioridades políticas de cara y posterior a las elecciones de 2023.

Aldo Dávila llegó al Congreso desde el activismo por los derechos humanos

Aldo Iván Dávila Morales nació en la Ciudad de Guatemala y desarrolló una trayectoria vinculada con la defensa de las personas que viven con VIH y de la población LGBTIQ+.

Llegó al Congreso en 2019 con el partido Winaq, partido político del que también se distanció y posteriormente impulsó su trabajo junto con la plataforma VOS.

Antes de llegar al Legislativo, fue director de Gente Positiva, una organización dedicada al acompañamiento y la promoción de derechos relacionados con el VIH.

También participó en movilizaciones contra la corrupción y en protestas contra la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Dávila fue el segundo diputado abiertamente homosexual que llegó al Congreso guatemalteco, después de Sandra Morán. Durante su etapa legislativa, se identificó con iniciativas sobre derechos humanos, protección de la niñez, identidad de género y atención a víctimas de discriminación.

Con su ingreso a XGuate, el exdiputado vuelve a integrarse a una estructura partidaria. La agrupación de Mulet sostuvo que continuará incorporando dirigentes y ciudadanos para impulsar una propuesta enfocada en el funcionamiento del Estado y la participación social.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a una ciudadana guatemalteca acusada de utilizar la identidad de otra persona para trabajar en Tennessee, según informó la agencia en sus redes sociales.

La detenida fue identificada como Magdalena Gómez-García. La oficina de ICE en Nueva Orleans indicó que el arresto tuvo lugar el 4 de agosto, en el marco de una investigación por presunto robo de identidad.

De acuerdo con la versión difundida por la agencia, Gómez-García habría usado la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener empleo en una compañía local desde febrero de 2026.

ICE afirmó que los salarios obtenidos quedaron registrados a nombre de la víctima, quien tuvo que comunicarse con las autoridades tributarias para corregir los ingresos atribuidos a su número de identificación.

La agencia sostuvo que la mujer se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria. La acusación de robo de identidad deberá resolverse en el proceso correspondiente.

El caso de Gómez-García se conoció después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundiera una lista de personas arrestadas por ICE durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. En esa comunicación, la dependencia afirmó que sus agentes actuaron “sin descanso” para detener a personas con antecedentes por homicidio, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y otros cargos.

Entre los detenidos figura Juan Núñez-Avalos, ciudadano mexicano condenado por homicidio voluntario, robo de vehículo y posesión de un arma dentro de una prisión en Los Ángeles, California. También aparece Gerardo Mato-Herrera, mexicano condenado por abuso sexual continuado contra un menor en Santa Clara, California.

La lista incluyó a Héctor Chávez-Ramos, de Guatemala, condenado por agresión sexual y sodomía contra un menor en Auburn, Alabama; y a John Alejandro Manrique-Osorio, colombiano condenado por inducir o atraer a un menor con fines indecentes en el condado de Hudson, Nueva Jersey.

El DHS también reportó las detenciones de los mexicanos Osmar López-Joya, condenado por transportar pornografía infantil en Brooklyn; Francisco Sánchez-Villarreal, condenado por posesión de al menos cinco kilogramos de cocaína con intención de distribución en McAllen, Texas; y Agustín Naranjo-Chávez, condenado en un tribunal federal de Iowa por conspirar para distribuir al menos 500 gramos de metanfetamina.

Una hondureña y una salvadoreña quedaron bajo custodia de ICE en Seattle

En una serie de anuncios separados, la oficina de ICE en Seattle informó entre el 11 y el 13 de septiembre el arresto de Suany Ochoa-Ferrara, ciudadana hondureña de 28 años. Según la agencia, había recibido una condena federal de 15 meses de prisión por posesión con intención de distribuir fentanilo.

En ese mismo período, ICE reportó la detención de María Chávez-Pérez, una ciudadana salvadoreña de 28 años, condenada a 19 meses de prisión por conspiración para poseer y distribuir metanfetamina. Ambas quedaron bajo custodia migratoria a la espera de sus respectivos procesos de expulsión, según la agencia.

El 15 de septiembre por la tarde, el ICE publicó en sus redes sociales datos sobre los arrestados en las últimas horas. “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, los patriotas de ICE continuarán cazando, arrestando y expulsando a criminales como estos de nuestra patria”, escribió la dependencia en un hilo donde se menciona a ciudadanos salvadoreños, que ya han sido condenados por homicidio voluntario y otros delitos como abuso sexual continuado contra menores de edad, así como a otros inmigrantes de México y Canadá.

Las iglesias de cinco países centroamericanos alzaron sus voces con un mensaje común el 15 de septiembre: la unidad nacional es una tarea pendiente, no solo una fecha para festejar.

Así lo dejaron ver los actos litúrgicos y las reflexiones pastorales que acompañaron la conmemoración de los 205 años de independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, según informó ACI Prensa, agencia de noticias católica.

La fecha remite al 15 de septiembre de 1821, cuando en la Ciudad de Guatemala se proclamó la separación de España de los territorios que entonces integraban la Capitanía General o Reino de Guatemala. Aunque cada nación recorrió después su propio camino como Estado soberano, los cinco países mantienen esa jornada como efeméride compartida.

Guatemala: el arzobispo advirtió sobre la tentación de culpar a otros

El Te Deum por el aniversario se celebró el 14 de septiembre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades. Lo encabezó el arzobispo metropolitano de Guatemala, Mons. Gonzalo de Villa.

El prelado puso el foco en las crisis que atraviesa el país y señaló que la reacción habitual ante ellas es la de echarle la culpa a otros, una actitud que calificó de “cortoplacista, tal vez justa, pero muy seguramente miope”, según consignó ACI Prensa.

Mons. de Villa instó a los distintos sectores del Estado y la sociedad a examinar su propia responsabilidad. Denunció los “intereses corruptos” y las maniobras que, advirtió, terminan haciendo “que el país no crezca, que crezcan, eso sí, odios, rencores, violencia tanto soterrada como manifiesta, homicidios, asesinatos”.

Honduras pidió reconciliación y justicia ante el presidente Asfura

En Tegucigalpa, el P. Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, participó en los actos oficiales por las Fiestas Patrias ante el presidente Nasry Asfura y representantes de las instituciones del país.

Su oración fue directa: la patria “necesita algo más que celebraciones”. El sacerdote enumeró lo que, a su juicio, Honduras requiere con urgencia: “reconciliación, justicia, esperanza, hombres y mujeres capaces de anteponer el bien común a sus intereses particulares”.

El P. Núñez también rezó por la capacidad de debatir sin destruirse y de defender convicciones sin convertir al otro en enemigo. Cerró con una afirmación que condensó el espíritu de su mensaje: “Honduras es más grande que nuestras diferencias y ninguna división puede ser más fuerte que aquello que nos une”, e invocó la intercesión de la Virgen de Suyapa.

La Diócesis de Chalatenango pidió justicia y fraternidad para El Salvador

Al norte de El Salvador, la Diócesis de Chalatenango se sumó a la conmemoración con un mensaje firmado por su obispo, Mons. Oswaldo Escobar, y los sacerdotes de la diócesis.

El texto envió “un fraterno saludo y felicitación a todo el pueblo salvadoreño” y pidió que Dios conceda al país “paz, unidad” y lo guíe “siempre por caminos de justicia y fraternidad”.

En Costa Rica, el obispo de Limón cuestionó el uso de la libertad

Mons. Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, eligió una pregunta como eje de su reflexión por el aniversario: “¿Qué estamos haciendo con la libertad que hemos recibido?”.

El obispo describió un clima de enfrentamiento que, a su juicio, está normalizando conductas preocupantes: responder antes de escuchar, descalificar antes de comprender y sospechar de quienes piensan distinto. Señaló a las redes sociales como espacios donde, con frecuencia, “se ofende, se ridiculiza y se destruye la honra de las personas”.

Ante ese diagnóstico, Mons. Román Arias trazó un límite claro: “No todo desacuerdo justifica un ataque, ni la libertad de expresión autoriza la mentira o la humillación”. Invitó a los costarricenses a ejercer esa libertad con una conciencia formada, a escuchar distintas voces y a reconocer con humildad la propia posibilidad de equivocarse.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) implementa en Guatemala una herramienta para definir el nivel de estudio previo que requiere cada proyecto de infraestructura pública, según su complejidad, riesgos, impacto ambiental y monto. La metodología busca acortar trámites y decisiones de inversión sin reducir las condiciones que determinan la viabilidad, los costos y la sostenibilidad de las obras, de acuerdo con información difundida por la institución.

El mecanismo establece tres niveles de análisis: perfil, prefactibilidad y factibilidad. Cada iniciativa deberá presentar solo la información necesaria y con la profundidad correspondiente a su tamaño y riesgo, en vez de atravesar requisitos idénticos para obras de distinta escala.

La capacitación ya alcanzó a gobiernos locales del interior del país y ahora se extiende a ministerios y secretarías que actúan como unidades ejecutoras de inversión pública. El objetivo es que los formuladores del sector público adopten la metodología en el diseño y la presentación de sus proyectos.

Estudios ajustados al tamaño y los riesgos de cada obra

El director de Preinversión de la Subsecretaría de Inversión para el Desarrollo de SEGEPLAN, Carlos Enríquez Díaz, explicó que el equipo técnico comenzó las capacitaciones a principios de año, con actividades dirigidas principalmente a administraciones municipales. La nueva etapa traslada esos conceptos al ámbito sectorial de los organismos que ejecutan recursos públicos.

Díaz describió el alcance de los talleres: “Hemos estado trabajando desde principios de año en diferentes capacitaciones, que llevaron los conceptos del taller de proporcionalidad a través del territorio nacional, principalmente a los gobiernos locales en el interior del país. Pero esta vez el taller fue organizado para atender y para dar a conocer lo sectorial, a los diferentes ministerios y secretarías que, como unidad ejecutora, en un principio básico, ejecutan inversión pública”.

La representante de la Empresa Portuaria Quetzal, Alicia Godínez, consideró que el esquema puede acortar las aprobaciones de las iniciativas de menor complejidad ante las entidades rectoras. “Creo que en proyectos de baja complejidad se reducirán los tiempos ante instituciones rectoras, como el proceso de aprobación ante SEGEPLAN. Espero que funcione y que sea por el bien de la inversión de Guatemala”, afirmó.

La herramienta también permite delimitar el alcance de las obras y la documentación exigida para ejecutarlas bajo las normas de planificación vigentes. Héctor Ponce, de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), sostuvo: “Nos ayuda a definir los alcances y nos da parte de la documentación que necesita cada proyecto para poder ejecutarse según las normas de planificación”.

La cartera de inversión y las exigencias técnicas

El subsecretario de Inversión para el Desarrollo de SEGEPLAN, Enrique Maldonado, señaló que el principio de proporcionalidad se emplea en sistemas de inversión pública de varios países de América Latina. Su aplicación procura que los proyectos de menor tamaño no acumulen datos innecesarios o irrelevantes durante el proceso de aprobación.

“El principio busca ordenar los proyectos de acuerdo con el grado de complejidad, riesgo, impacto ambiental y monto que requerirá cada uno, para poder presentar la información necesaria y así agilizar la inversión pública en el país”, explicó Maldonado. El funcionario aclaró que cada expediente deberá acreditar el problema que resolverá, la población beneficiaria, la alternativa seleccionada, los costos, los riesgos y la sostenibilidad del servicio.

La proporcionalidad no equivale a eliminar requisitos, sino a adecuar la profundidad de los estudios a la decisión que debe adoptarse. Maldonado lo resumió así: “El principio de proporcionalidad no se trata de exigir menos, se trata de exigir lo necesario con la profundidad correcta y en función de la decisión que se debe tomar”.

El secretario de SEGEPLAN, Carlos Mendoza, comparó la reposición del techo de una escuela rural con la construcción de un hospital regional especializado para explicar que ambas obras no deberían enfrentar el mismo grado de exigencia técnica. La meta es formar una cartera de proyectos mejor preparada, reducir reprocesos, orientar el trabajo técnico y acelerar las decisiones sobre inversión pública con obras seguras y sostenibles para la ciudadanía.

Guatemala enfrenta un Superniño cuyos efectos se extenderían hasta mayo de 2027, mientras el registro oficial confirmó la muerte de 32 niños por desnutrición aguda en lo que va del año. La presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso exigió respuestas anticipadas ante la sequía y la falta de alimentos en comunidades del corredor seco y de las periferias urbanas.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contabilizaba, al 5 de septiembre, 194 sospechas de muertes vinculadas con desnutrición aguda. De ese total, 114 casos fueron descartados, 32 quedaron confirmados y 48 permanecían bajo investigación, según expuso ante los diputados el viceministro de Atención Primaria en Salud, Carlos Santa Cruz.

La advertencia sobre el fenómeno climático surgió durante una sesión con funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. La titular de la comisión, Marleny Matías, pidió tomar medidas antes de que la emergencia se profundice: “Hay que poner las barbas en remojo”.

La legisladora transmitió la preocupación planteada y también sostuvo que las familias del corredor seco y de zonas urbanas periféricas “la están pasando muy mal” y que ya hay comunidades sin alimentos disponibles.

La desnutrición aguda y la presión sobre las familias rurales

En Baja Verapaz, las autoridades evaluaron a 3.490 niños menores de cinco años entre junio y agosto. Detectaron desnutrición aguda en 165 de ellos: 64 se recuperaron, dos casos fueron descartados y 99 continuaban activos.

La presidenta de la comisión cuestionó si las raciones estatales alcanzan para hogares ampliados, donde también viven abuelos y otros familiares. Advirtió que, en comunidades alejadas de Baja Verapaz, el traslado hasta una cabecera municipal puede costar más que los productos que recibe cada familia.

Las canastas de los programas de Inseguridad Alimentaria y de Atención Primaria en Agricultura tienen la misma composición y cuestan entre 200 y 241 quetzales. Incluyen una botella de 800 mililitros de aceite vegetal, cinco libras de arroz, diez libras de frijol, 2,2 libras de hojuelas de avena, una libra de harina de maíz y soya fortificada, diez libras de azúcar y 25 libras de maíz o diez libras de harina de maíz.

La ración de reserva estratégica cuesta 292 quetzales y contiene cinco libras de arroz, 15 libras de frijol y 50 libras de maíz. La alternativa destinada a niños con desnutrición aguda y familias bajo medidas cautelares asciende a 535 quetzales: aporta dos botellas de aceite, 20 libras de arroz, 30 libras de frijol, 6,6 libras de avena, 25 libras de harina de maíz, 5,5 libras de azúcar y siete libras de harina fortificada.

El Programa Mundial de Alimentos tiene comprometidas 445.847 raciones mediante los convenios vigentes para este ejercicio fiscal. Sin embargo, en septiembre entregaría 155.766 unidades, dentro de una programación mensual situada entre 150.000 y 200.000 raciones.

La reserva estratégica cuenta con una existencia mínima de 50.000 raciones en bodega. De ellas, 23.360 deberán reponerse con entregas previstas para septiembre, según la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera.

Las solicitudes de ampliación presupuestaria para comprar más alimentos fortificados fueron presentadas en junio y julio, pero el Ministerio de Finanzas Públicas todavía no había respondido. La demora ocurre mientras los organismos estatales preparan la asistencia para las zonas afectadas por la sequía.

Más de 500 millones de quetzales menos para Agricultura

El presupuesto vigente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para 2026 sufrió un recorte de 400 millones de quetzales, de acuerdo con el artículo 119 de la ley correspondiente. La cartera perdió otros 61 millones con la aprobación del decreto de ampliación presupuestaria 3-2026 y 52 millones adicionales fueron destinados al subsidio de combustibles.

La reducción acumulada supera los 500 millones de quetzales. La presidenta de la comisión planteó el contraste entre ese ajuste y el aumento de la demanda de ayuda alimentaria frente a las consecuencias esperadas de El Niño.

El gobierno aprobó el Plan de Acción Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, presentado ante el gabinete y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La estrategia fue avalada por el presidente y se organiza en cinco ejes: recursos financieros, distribución escalonada de alimentos, previsión mediante contingentes de importación de maíz y frijol, coordinación multisectorial y acciones de largo plazo vinculadas con el agua.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres asumirá la compra y la coordinación de la distribución de una nueva ración mensual, una tarea que no estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Cada entrega tendrá 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y diez libras de arroz, y se mantendrá durante seis meses.

La secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri, indicó que esa canasta cubriría el 73% de las necesidades nutricionales de una familia promedio de cinco integrantes. La distribución podría comenzar en octubre, aunque depende de que estén disponibles los recursos ya negociados con el Ministerio de Finanzas Públicas.

La comisión pidió a la secretaria de Conred que presente los detalles completos del plan de respuesta el próximo viernes a las 10:00 en la sede legislativa del edificio 7 y 10, oficina 408, cuarto nivel.

William Alberto Ramírez Ramírez, concejal de Usumatlán electo por el partido Vamos, murió durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre tras permanecer tres días hospitalizado en estado crítico por un ataque armado ocurrido en Zacapa.

Tenía 36 años y se convirtió en una de las al menos 19 figuras políticas atacadas en Guatemala desde abril de 2024.

El funcionario fue baleado el domingo 13 de septiembre mientras conducía por el kilómetro 138.5 de la ruta CA-10, en la aldea Chispán, municipio de Estanzuela. El atentado ocurrió después de que asistiera a un partido de fútbol de tercera división en el estadio municipal de Río Hondo.

Más de 25 impactos de bala perforaron el picop en el que viajaba Ramírez. El vehículo salió de la carretera y terminó encunetado luego de que el concejal perdiera el control durante la agresión.

La Delegación de la División Especializada en Investigación Criminal, Deic, de Zacapa estableció de forma preliminar que otro vehículo siguió al funcionario y le cerró el paso antes de que sus ocupantes abrieran fuego. Personas que circulaban por el sector señalaron que los disparos fueron realizados de frente desde otro automóvil.

Tres días en estado crítico en el Hospital Regional de Zacapa

Los Bomberos Municipales Departamentales, Asonbomd, recibieron varias llamadas de alerta y encontraron al concejal dentro del vehículo, todavía con signos vitales. Tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Zacapa.

Ramírez ingresó inconsciente y fue llevado directamente al área de shock. Tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo, incluidas varias perforaciones en el estómago, por lo que los médicos debieron intubarlo.

El alcalde de Usumatlán, Andi Natanael Pacheco Vásquez, también electo por Vamos, confirmó el ataque durante una actividad por las celebraciones del Día de la Independencia. En ese momento definió el estado de su compañero de corporación municipal como “muy delicado”.

Un día después del atentado, Pacheco pidió a los vecinos que rezaran por la recuperación del concejal, quien permanecía en cuidados intensivos. Finalmente, las lesiones sufridas durante la emboscada provocaron su muerte en la madrugada del miércoles.

La Policía Nacional Civil no había determinado una hipótesis clara sobre el motivo de la agresión hasta el fallecimiento de Ramírez. Aunque las primeras versiones apuntaban a una camioneta como el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos, las autoridades mantuvieron las diligencias bajo reserva.

Doce muertes entre 19 ataques contra figuras políticas

De acuerdo con un reporte del Diario Prensa Libre, el asesinato de Ramírez se incorporó a una secuencia de agresiones armadas contra alcaldes, concejales, exalcaldes y excandidatos registrada desde abril de 2024. De las 19 víctimas, 12 murieron, tres resultaron heridas y cuatro salieron ilesas.

Nueve de las personas atacadas, incluido el concejal de Usumatlán, tenían vínculos electorales con Vamos. Entre ellas figura Francis Daniel Chavajay Herrera, alcalde de San Juan La Laguna, quien fue hallado muerto con heridas de bala en abril de 2024.

También fueron asesinados Gerson Saúl Ajcúc Xot, alcalde de Chuarrancho, después de una reunión oficial en febrero de 2025, y Nelson Luciano Marroquín Marroquín, alcalde de Masagua, quien murió por heridas de bala durante un desfile navideño en diciembre de 2025.

Las restantes víctimas tenían relaciones electorales con la Unidad Nacional de la Esperanza, Partido Azul, Partido Humanista, Podemos, Cabal, Valor, Partido Unionista y Visión con Valores.

En el caso de la concejal Ana Graciela Valdes Vásquez, de San Cristóbal Verapaz, la Deic señaló como línea principal la rivalidad política en contienda electoral y la eliminación de contrincantes.

Las autoridades no han establecido un patrón común entre los ataques. Algunas pesquisas consideran móviles políticos, mientras otras evalúan venganzas personales, conflictos internos o ajustes de cuentas sin vínculo directo con la actividad partidaria de las víctimas.

3.1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria en septiembre, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), mientras en el departamento de El Progreso un agricultor de 72 años contempla el suelo agrietado donde sus 3.5 hectáreas de maní murieron sin dar fruto.

La escena que la agencia EFE documentó en el municipio de El Jícaro condensa, en una sola parcela, la magnitud de una catástrofe que ya abarca decenas de miles de hogares a lo largo del Corredor Seco centroamericano.

Felícito Marroquín perdió más de 15,000 quetzales (unos USD 1,930) invertidos en la siembra. “De la venta de la manía compramos el maíz y el frijol que comemos. La milpa se seca rápido y la manía le hace más ‘gancho’ a la sequía, pero este año no sacamos nada”, relató el agricultor a la agencia.

El maní, que resiste mejor la falta de agua que el maíz, tampoco sobrevivió a una canícula que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) midió con un déficit hídrico de 33% respecto a las lluvias normales.

El Corredor Seco, una franja donde el agua ya no llega a los pozos

El Jícaro no es un caso aislado. La aldea Las Ovejas, a pocos kilómetros, presenta el mismo panorama. Bajo el techo de paja de su casa sin paredes y con piso de tierra, Jesús Rodríguez sostiene unas mazorcas raquíticas, sin grano.

A su lado, Delfa Esperanza Carías describe la situación: “Aquí el agua de los pozos bajó a niveles que nunca habíamos visto. Las plantas se secaron antes de dar fruto y las familias ya no tienen qué comer ni qué vender en el mercado local”.

El Corredor Seco es una franja árida que atraviesa varios departamentos guatemaltecos y alberga a más de diez millones de personas en toda la región centroamericana.

Sus comunidades dependen casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia: maíz, frijol y cultivos de emergencia como el maní. Sin lluvias regulares y sin sistemas de riego, una temporada fallida borra de un golpe tanto la comida del año como los ingresos del hogar.

Para llegar a las aldeas de El Jícaro hay que cruzar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra que solo admiten caballos o vehículos de doble tracción. Esa misma incomunicación que dificulta el acceso de la ayuda humanitaria es la que atrapa a sus habitantes cuando la cosecha falla.

Más de 36,000 hogares con pérdidas severas en toda la zona

El alcance regional de la crisis quedó documentado a fines de agosto en el informe La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano, elaborado por Oxfam, organización humanitaria internacional, y Acción contra el Hambre, organización no gubernamental especializada en nutrición, tras evaluar 354 comunidades en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Los datos de Guatemala son los más duros: 36,431 hogares registraron daños severos en sus cultivos de maíz, y en 8 de cada 10 casos la pérdida fue de entre 75% y 100% de la cosecha.

Los departamentos de Chiquimula y Jalapa concentran el peor desempeño: menos del 3% de las plantaciones logró sobrevivir.

En Jalapa, los ingresos por jornales cayeron 54,2% y en Chiquimula, 66,2%, porque sin cosecha no hay quien contrate. Esa doble pérdida —producción propia y trabajo asalariado— es la que empuja a los vecinos de El Jícaro a emplearse bajo el sol en fincas productoras de melón. “Ahí van a trabajar muchos vecinos para sacar para el diario, aunque no es lo mismo que trabajar en lo propio”, se lamenta Marroquín ante EFE.

El Estado llega tarde y la asistencia humanitaria cubre menos del 9% de los afectados

José Antonio Acevedo, extensionista del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), confirmó a EFE la pérdida total de la producción de subsistencia en las aldeas evaluadas.

“Estamos asistiendo a familias que perdieron la totalidad de su producción de subsistencia en esta temporada. La sequía extrema afectó el desarrollo de las plantas desde la fase de germinación y la disponibilidad de fuentes de agua para el riego artesanal en las comunidades es prácticamente nula”, explicó el técnico.

La respuesta institucional llega con cuentagotas. Solo 8.8% de los hogares guatemaltecos que necesitan ayuda recibió transferencias monetarias o asistencia en especie de organizaciones no gubernamentales, según el informe de Oxfam. Los programas estatales de protección social —bonos de educación y salud— no están diseñados para cubrir una emergencia agrícola de esta magnitud.

El 7 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que presentará un plan nacional de emergencia con tres ejes: asistencia alimentaria, apoyo a pequeños productores y reducción de la vulnerabilidad agrícola mediante riego y mejoramiento de suelos. No fijó fecha para su presentación.

La segunda cosecha del año también está en riesgo y el hambre puede durar hasta 2027

La crisis no se agota en lo que ya se perdió. La intención de siembra para la cosecha “postrera” —el segundo ciclo agrícola anual— cayó 62% respecto a años anteriores, según Oxfam.

Las familias que no tienen semillas, dinero ni expectativa de lluvia sencillamente no siembran. Las reservas de maíz que aún conservan algunos hogares alcanzarán, en 64.2% de los casos, para tres semanas o menos.

El Insivumeh confirmó la consolidación del fenómeno de El Niño tras registrar cuatro trimestres móviles consecutivos con valores positivos en el Índice Oceánico de El Niño (ONI).

Junto con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el instituto proyecta que el déficit hídrico y el aumento de temperaturas se mantendrán sobre Guatemala al menos durante todo el primer semestre de 2027.

La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET, por su sigla en inglés) clasificó a los hogares más pobres del Corredor Seco en Fase 3 (Crisis) de la escala IPC y prevé que aquellos que no lograron ninguna cosecha permanezcan en esa categoría entre octubre y enero.

Para esas familias, la salida de emergencia seguirá siendo la misma que describe Marroquín desde su parcela seca: emplearse en lo que haya, aunque no sea lo propio.

La Municipalidad de Guatemala confirmó que la Línea 1 del AeroMetro comenzará a operar durante 2027, cuando el sistema de transporte por cable complete las obras civiles y atraviese un período de pruebas y certificación de hasta tres meses. El proyecto registraba un 41% de avance general en agosto y su nueva etapa de construcción ya alteró la circulación vehicular en cuatro estaciones de la capital.

La intervención sumó cuatro desvíos y 17 rutas alternas para redistribuir el tránsito entre las zonas 8, 9, 12 y 13. Las restricciones incluyen el cierre total de la calzada norte de Bulevar Liberación en dirección a El Trébol y la habilitación de un solo carril en el sentido opuesto.

La obra comenzó a finales de 2025 bajo una concesión municipal a un consorcio integrado por CableVía y el Grupo Doppelmayr. La inversión estimada asciende a USD 220 millones y la conclusión de la obra civil está prevista para el primer semestre de 2027.

Dos líneas, 8.9 kilómetros y 12 estaciones

El AeroMetro tendrá dos líneas, 8.9 kilómetros de extensión, 12 estaciones, 495 cabinas y 67 torres. La Línea 1 conectará Plaza España con El Trébol por la calle Montúfar, con paradas en Tecún Umán y Camip.

La Línea 2 saldrá de El Trébol hacia la colonia Molino de las Flores, en Mixco, a través de la calzada Roosevelt. Sus ocho estaciones adicionales incluirán Hospital Roosevelt, Rus Mall y Santa Rita.

El trayecto completo entre los extremos del sistema demandará unos 28 minutos, con una velocidad constante de 6,5 metros por segundo. La red podrá transportar hasta 5,500 pasajeros por hora por sentido, funcionará 17 horas diarias y proyecta atender hasta 374,000 viajes al día entre ambos tramos.

El pasaje costará cuatro quetzales y permitirá conexiones con el Transmetro. La Municipalidad de Guatemala prevé que esta integración amplíe las opciones de traslado entre la capital y Mixco.

Cierres en Bulevar Liberación y carriles reversibles

Las obras se desarrollan de manera simultánea en las estaciones E02, E03 y E04, además de las torres 10, 11 y 14. La toma de área en E02 y E04 comenzó el 2 de agosto, el montaje electromecánico se inició un día después y la obra civil en E03 se incorporó desde el 10 de agosto.

El esquema vial contempla reducciones de dos carriles en otros sectores y tramos habilitados exclusivamente hacia el occidente de la ciudad. El desvío 10 modifica la circulación por la 40 calle C para los viajes de zona 9 hacia zona 8, mientras que el 11 utiliza la 40 calle en ese mismo sentido.

Los desvíos 32 y 33 completan el nuevo ordenamiento. El primero funciona como carril reversible desde las zonas 12 y 13 hacia las zonas 9, 10 y 14; el segundo facilita el tránsito desde zona 8 hacia zona 9.

La Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y la Dirección de Planificación, Diseño y Vialidad propusieron las rutas alternas para los conductores afectados. Quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional La Aurora pueden circular por Bulevar Liberación, la 7a calle, las calles 3a y 5a de zona 13 o la colonia Santa Fe, según el destino.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, reconoció las molestias provocadas por la construcción y sostuvo que las cuadrillas trabajan sin interrupciones para acelerar los plazos. “Sabemos que estos trabajos generan molestias temporales, pero son necesarios para hacer posible una nueva alternativa de movilidad”, afirmó.

Quiñónez indicó que la estación cuatro está próxima a recibir las estructuras de vidrio que completarán su cierre. La comuna liberará los carriles de forma progresiva cuando concluya cada etapa de instalación de torres y montaje electromecánico.

Una de las torres ubicadas sobre la calle Montúfar generó debate en redes sociales por su diseño. La empresa constructora explicó los criterios técnicos de la estructura.