El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala determinó que el asesinato del diputado Julio Portillo no califica como violencia electoral, debido a que no existen indicios que vinculen el hecho armado con el desarrollo de la contienda política.

La postura institucional fue expuesta este lunes 9 de noviembre al concluir la inauguración de la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral, instancia creada con vistas a las elecciones generales previstas para 2027.

Frente a los cuestionamientos de la prensa, el magistrado de la entidad, Mario Velásquez, deslindó las competencias de la autoridad de comicios frente a hechos criminales cuya persecución corresponde a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público (MP).

El criterio técnico separa las disputas de urnas de los delitos comunes

Durante su alocución ante los medios de comunicación, Velásquez remarcó que las atribuciones del ente colegiado se limitan estrictamente a los incidentes derivados de la pugna comicial.

“Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre la conflictividad electoral y la violencia que existe en el país, que puede ser violencia política, puede ser violencia común o puede ser de muchos factores”, expuso el funcionario al fijar el margen legal de actuación del órgano electoral.

Bajo esa misma línea argumentativa, el magistrado descartó que la muerte del congresista pueda incorporarse en los registros de conflictividad comicial.

“Hoy por hoy ningún hecho de violencia podemos considerarlo nosotros como conflictividad electoral, porque no se tiene determinado que sea por el proceso electoral”, explicó Velásquez ante los periodistas.

A su vez, el togado manifestó el pesar de la institución por el suceso: “Lamentamos mucho el fallecimiento del señor diputado, así como de las personas que le acompañaban, así como lamentamos todos los hechos de violencia que se dan en el país”.

Agregó: “Pero ese no es un proceso que el Tribunal Supremo Electoral pueda estudiar y pueda de alguna manera contrarrestar, porque no corresponde al Tribunal Supremo Electoral”.

Para fundamentar la postura, el magistrado del TSE detalló cuáles son los sucesos que sí encajan dentro de la violencia electoral.

“¿Cuándo lo podemos determinar así? Bueno, una quema de papeletas, un problema dentro de un centro de votación, una disputa entre dos simpatizantes de organizaciones políticas. Eso es porque surge justamente del proceso electoral y de las pasiones que se levantan dentro de un proceso electoral”, precisó.

Según indicó, cualquier manifestación violenta en torno a actores políticos que carezca de un vínculo demostrado con la disputa de votos queda por completo fuera de sus facultades de fiscalización o prevención.

Con las manos atadas

El magistrado reiteró que la entidad no cuenta con facultades legales de persecución penal ni de averiguación previa frente a atentados contra figuras públicas.

“La violencia política, la violencia alrededor de los actores políticos no es algo que el Tribunal Supremo Electoral pueda analizar, pueda desde nuestras competencias dar seguimiento, porque son competencias exclusivas de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, no del Tribunal Supremo Electoral”, aseveró.

El funcionario insistió en que el mandato del Tribunal se enfoca en resguardar la logística del sufragio y la integridad física de las personas en las sedes de votación.

“Nuestra función y nuestra mesa (de Seguridad) es para prevenir la conflictividad que surja del proceso electoral y en ese orden de ideas, pues hechos como el que se ha mencionado no es un asunto que de momento pueda darse o tenerse como relacionado con el proceso electoral”, concluyó Velásquez en referencia directa a la agresión contra el parlamentario de Guatemala.

Una emboscada en Río Hondo terminó con la vida del legislador y de tres custodios

El ataque armado en el que murió Julio Portillo ocurrió la tarde del viernes 6 de noviembre a la altura del kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.

La comitiva en la que viajaba el legislador fue emboscada frente a una sede policial por un grupo de atacantes armados con fusiles de asalto, quienes dispararon de manera directa contra los vehículos de la comitiva.

A raíz de la refriega armada, fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la escolta del diputado: Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes perdieron la vida en cumplimiento de sus labores al responder al fuego.

Portillo, de 35 años, sufrió múltiples impactos de proyectil en el rostro y en la cabeza; aunque ingresó con signos vitales al Hospital Regional de Zacapa, murió horas más tarde en la sala de operaciones.

Los peritos del MP levantaron 57 indicios balísticos de grueso calibre en el escenario del ataque. Portillo ocupaba una curul para el periodo legislativo 2024-2028 en representación de Zacapa; había accedido al Congreso por el partido Cabal y el pasado 31 de octubre formalizó su adhesión a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Tras el crimen, la dirigencia de la organización política y diversos sectores parlamentarios exigieron una investigación expedita para identificar tanto a los ejecutores materiales como a los autores intelectuales del atentado.

Pese a que gran parte de sus tradiciones tienen orígenes católicos, Guatemala se convirtió en uno de los países de América Latina donde el catolicismo dejó de ser la religión mayoritaria, según un análisis del centro de opinión Latinobarómetro divulgado de cara a la gira del papa León XIV por la región.

El estudio, basado en encuestas realizadas a lo largo de tres décadas en 17 países, ubica a las iglesias evangélicas como el grupo religioso más numeroso del país centroamericano, con el 43% de la población, por encima del 41% que todavía se identifica como católica.

El reporte fue elaborado en el marco del viaje del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, iniciado el 6 de noviembre, y busca dimensionar la transformación religiosa de la región en momentos en que la Iglesia católica concentra su atención pastoral en Sudamérica.

Según la organización, que lleva 30 años formulando la misma pregunta sobre identidad religiosa a decenas de miles de entrevistados, el fenómeno de desplazamiento católico no se limita a Guatemala, sino que atraviesa a casi todo el continente.

Un retroceso de 25 puntos en toda la región

Latinobarómetro documentó que el porcentaje de latinoamericanos que se declara católico cayó del 80% en 1995 al 55% en 2025/2026, una reducción de 25 puntos porcentuales en tres décadas. El catolicismo todavía supera el 50% de la población en nueve de los 17 países analizados, pero su hegemonía se erosionó de manera desigual según el país.

En Guatemala, la caída fue de 13 puntos: de 54% de identificación católica en 1995 a 41% en la medición actual. Se trata de una disminución menor que la registrada en Panamá, donde el derrumbe fue el más pronunciado de la región, de 89% a 46%, o en Honduras, donde el catolicismo pasó de 76% a 38%.

México, en contraste, exhibe la caída más baja del continente, de apenas ocho puntos, y se mantiene como uno de los países con mayor proporción de fieles católicos, junto a Paraguay y Perú.

El avance evangélico, más intenso en Centroamérica

Mientras el catolicismo retrocedía, las iglesias evangélicas multiplicaron su presencia: pasaron de representar el 6% de la población latinoamericana en 1995 al 19% en la actualidad.

Ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme. Honduras encabeza la lista regional con 44% de población evangélica, seguido de cerca por Guatemala, con 43%, y El Salvador, con 42%. Los tres países conforman el núcleo centroamericano de mayor expansión evangélica del continente.

“Se mantiene el cristianismo y la creencia en Dios en toda la región, pero ahora lo que se observa es el paso de católico a no creer en nada, de evangélico a nada”, explicó el teólogo y sociólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe, en declaraciones recogidas por El País.

El sociólogo Ariel Goldstein, autor del libro Poder evangélico, atribuyó parte de ese crecimiento a la capacidad de adaptación de las iglesias protestantes: “Se aleja de la rigidez de la Iglesia, la jerarquía vaticana. Se adapta mejor a entornos diversos; los pastores usan las redes sociales y conectan con la idea de la prosperidad”, señaló al mismo diario.

Guatemala conserva una religiosidad activa

A diferencia de otros países donde el repliegue católico coincidió con un aumento de la población sin religión, en Guatemala ese fenómeno es limitado: apenas el 12% se declara ateo, agnóstico o sin afiliación religiosa, por debajo del promedio regional de 18% y muy lejos de Uruguay, donde ese grupo alcanza el 49%, el nivel de secularización más alto de la región, seguido por Chile, con 27%.

El informe de Latinobarómetro también midió el nivel de práctica religiosa. En Guatemala, el 64% de los evangélicos se considera practicante o muy practicante, frente al 56% de los católicos, una brecha que replica el patrón regional: 62% de los evangélicos latinoamericanos se declara practicante, contra 48% de los católicos.

La confianza en las iglesias como institución, pese a la caída de la afiliación católica, se mantuvo relativamente alta en toda la región: pasó de 72% en 1995 a 63% en la medición actual, el mayor nivel de confianza entre todas las instituciones evaluadas por Latinobarómetro.

El estudio se realizó en base a encuestas de opinión que representa a la población de 18 años o más de 17 países de América Latina, con una muestra de 1.200 casos entrevistados cara a cara en Sudamérica y México y mil encuestas en Centroamérica, con un margen de error entre el 2,8% y el 3%, según el estudio.

El municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, acumula 780 sismos desde septiembre, una cifra que ha llevado a varios vecinos a dormir fuera de sus viviendas por temor a que un movimiento de mayor intensidad derrumbe sus casas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene vigilancia permanente sobre la secuencia y descartó, por ahora, un riesgo fuera de los parámetros históricos de la zona.

La población de Casillas no ha logrado conciliar el sueño con normalidad. Los habitantes aseguran que los temblores son constantes y que, además de los sismos, perciben retumbos que no siempre van acompañados de un movimiento registrado.

Niños y adultos han pasado noches en vela y algunas familias decidieron dormir afuera de sus viviendas ante el temor de que una réplica fuerte colapse sus inmuebles.

La situación se repite con mayor intensidad en la aldea Pinos Altos, donde los vecinos reportaron grietas y daños estructurales que atribuyen a la actividad sísmica.

Líderes comunitarios, agrupados en Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), trasladaron estas denuncias a las autoridades y solicitaron información detallada sobre lo que ocurre en la región.

Una secuencia que ya acumula 780 eventos

Según el último informe del Insivumeh, durante los primeros días de noviembre se registraron 88 sismos en Casillas, con lo que la cifra acumulada desde septiembre llegó a 780 eventos.

De ese total, seis fueron reportados como sensibles directamente a la institución, aunque esta no descarta que otros movimientos también hayan sido percibidos por las poblaciones cercanas.

“Sabemos que muchos sismos de estos están siendo sensibles por las poblaciones cercanas. Sin embargo, tenemos certeza actualmente de solamente seis sismos que han sido reportados sensibles directamente al Insivumeh”, explicó Rodolfo Alvarado Sosa, coordinador de la sección de sismología de la institución.

La actividad se concentra aproximadamente dos kilómetros al sur de la Laguna de Ayarza, cerca del límite con el departamento de Jutiapa.

El evento de mayor magnitud ocurrió el 12 de octubre, con 4.5 grados, y fue sentido incluso en sectores de la ciudad de Guatemala. “Este evento llegó a ser tan fuerte que fue reportado sensible en la Ciudad de Guatemala”, detalló Alvarado Sosa.

Conred desmintió versiones sobre fenómenos en la laguna de Ayarza

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) verificó en terreno algunas versiones sobre supuestos fenómenos adicionales en la Laguna de Ayarza, como emanaciones de vapor, que circularon entre la población.

“Asistimos en coordinación con Insivumeh y personal de Conred... estuvimos visitando la Laguna de Ayarza y constatando que al final las noticias que se dieron no fueron verídicas”, señaló Elder Juárez, delegado departamental de la institución.

Juárez añadió que integrantes del COCODE de la comunidad confirmaron que los sismos sí ocurren, pero que las versiones sobre burbujas y vapor no correspondían a la realidad.

Sobre los daños reportados en viviendas, precisó que el personal verificó fisuras en repellos y grietas en construcciones de adobe, algunas de las cuales no son recientes.

Insivumeh instaló una nueva estación sísmica en la zona

Para reforzar el monitoreo, técnicos del Insivumeh instalaron una estación sísmica en la aldea Pinos Altos, en Casillas, con el objetivo de obtener información más detallada sobre los movimientos registrados en el sector de Ayarza.

Antes de esta instalación, la estación más cercana a la actividad se ubicaba en el municipio de Oratorio, también en Santa Rosa.

El análisis técnico indica que los eventos presentan bajas magnitudes y profundidades reducidas, asociadas a fallas locales con componentes de tipo normal.

El coordinador de la sección de vulcanología de la institución, Amílcar Elías Roca Palma, precisó que el sismo del 12 de octubre tuvo una intensidad cercana a dos en una escala de uno a diez, lo que implica un daño estructural limitado, salvo en construcciones de adobe, más vulnerables a este tipo de movimientos.

La actividad podría prolongarse semanas o meses

El Insivumeh no descarta que la secuencia continúe de forma indefinida. “No sabemos, no podemos predecir ni confirmar cuándo se puede terminar.

Podemos pasar varias semanas o meses con esta actividad sísmica", advirtió Roca Palma, quien recordó que fenómenos similares se registraron antes en Jutiapa y Sacatepéquez.

La institución recomendó a la población mantener la calma y seguir únicamente los boletines oficiales de Insivumeh y Conred, mientras continúa el monitoreo a través de la Red Sismológica Nacional.

El tablero político de Guatemala aceleró su reconfiguración institucional antes de que el TSE emita la convocatoria oficial en enero y celebre la primera vuelta el 27 de junio de 2027. Los partidos con reconocimiento legal activaron asambleas, negociaciones y procesos internos para definir sus fórmulas presidenciales y completar los requisitos que les permitirán competir por el control del Organismo Ejecutivo.

La carrera reúne figuras procedentes de la administración pública, el Congreso de la República, las municipalidades y el sector empresarial. Las agrupaciones buscan consolidar respaldos en los 22 departamentos, mientras los comités ejecutivos ajustan sus calendarios para cumplir con las exigencias de la legislación electoral.

El Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral registra 27 partidos políticos inscritos en el país. De ese total, 20 organizaciones ya cuentan con aspirantes presidenciales visibles o respaldos preliminares, mientras seis todavía no han ratificado ni presentado públicamente sus binomios.

VIVA, el primer partido con fórmula presidencial completa

Visión con Valores, conocido como VIVA, fue la primera agrupación en proclamar una fórmula presidencial completa. Durante una asamblea nacional extraordinaria realizada en la capital, el partido designó al empresario y exdiputado Armando Castillo como candidato a la Presidencia.

Castillo estará acompañado por el general retirado Luis Miguel Ralda como postulante a la Vicepresidencia. Ralda dirigió el Ministerio de la Defensa Nacional entre 2017 y 2019.

Compromiso, Renovación y Orden, identificado como CREO, mantiene al alcalde de Mixco, Neto Bran, como su principal figura para disputar la Presidencia de la República. La asamblea partidaria prevista inicialmente fue cancelada y la organización aún debe establecer una nueva fecha para formalizar su candidatura.

El partido TODOS, por su parte, determinó que la proclamación de Sergio Madrazo como aspirante presidencial se realizará en diciembre. La definición forma parte de la secuencia de convenciones y asambleas nacionales que las organizaciones deben completar antes de la apertura formal del proceso de inscripción.

La nómina preliminar incluye a Oscar Rodolfo Castañeda por PODER, Fausto Arimany por Valor, Roberto Arzú por Fuerza y Oscar Cruz por Jaguar. También figuran Isaac Farchi por Cambio, Annabella Giracca por Raíces y Sonia Gutiérrez por la coalición integrada por URNG Maíz y Winaq.

Entre las figuras que buscan encabezar proyectos presidenciales están Sandra Jovel, vinculada al partido Nuevos Tiempos; Edmond Mulet, por X/Guate; Hugo Peña, por Elefante; y Carlos Pineda, por Servir. La oferta también incorpora a Nery Ramos por Firmes, Geovanni Reyes por Partido Azul, Zury Ríos por Unionista y Max Santa Cruz por BIEN.

Leonel Toriello aparece como referente presidencial de VOS, mientras Sandra Torres se perfila por la Unidad Nacional de la Esperanza, conocida como UNE. La diversidad de postulaciones anticipa una contienda con fuerzas fragmentadas y con necesidad de acuerdos territoriales, gremiales y comunitarios. Además, el partido Nosotros buscará postular como precandidato presidencial al diputado y exalcalde de Salcajá, Miguel Ovalle Barrios.

Cinco partidos sin binomio presidencial confirmado

Cabal, Calidad, Prosperidad Ciudadana, Vamos y Victoria son las cinco agrupaciones que todavía no han confirmado oficialmente a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Sus dirigencias concentran las gestiones en comités locales, convenciones departamentales y negociaciones internas antes de convocar a sus asambleas nacionales.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos exige que cada organización cumpla los quórums establecidos y valide las postulaciones sin irregularidades de procedimiento que puedan derivar en impugnaciones. La conservación del estatus legal partidario y la obtención de casillas en la papeleta dependen de esos requisitos.

La convocatoria institucional prevista para enero reducirá el margen de acción de los comités ejecutivos. Cada aspirante deberá presentar ante el Registro de Ciudadanos sus finiquitos, acreditaciones de carencia de antecedentes penales y policiales, además de las solvencias administrativas correspondientes.

El proceso de inscripción abrirá una etapa de revisión jurídica en la que el tribunal electoral resolverá la procedencia de cada candidatura. Esa evaluación definirá qué fórmulas estarán habilitadas para competir en la primera vuelta presidencial.

Organizaciones de la sociedad civil, observatorios electorales y cámaras empresariales plantearon que la campaña debe evitar la confrontación descalificadora y la desinformación. Los colectivos ciudadanos reclaman planes de gobierno viables frente al desempleo, las deficiencias de la infraestructura vial, la crisis del sistema de salud pública y la desnutrición crónica.

El departamento de Guatemala concentró USD 10.888,1 millones en intenciones de exportación durante 2025, una cifra asignada según el domicilio fiscal de las empresas y no necesariamente por el lugar donde se elaboraron los bienes. El registro, elaborado por el Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco) con datos de la Ventanilla Única para las Exportaciones, y equivale de manera ilustrativa a 83.294 millones de quetzales, con una tasa de referencia de 7,65 quetzales por dólar.

De acuerdo con el análisis realizado por Amy Gabriela Zepeda Ramírez, socia de la firma -SEAL-, la concentración capitalina superó ampliamente a la del resto de los departamentos incluidos en el mapa de diciembre. El resultado responde, en buena medida, a que numerosas compañías exportadoras tienen su sede fiscal en el departamento de Guatemala, aunque sus cultivos, fábricas o centros de acopio estén distribuidos en otras regiones.

La Ventanilla Única para las Exportaciones procesa los formularios conocidos como DEPREX, documentos previos a la salida de mercancías del país. La plataforma también interviene en la autorización de certificados fitosanitarios y de origen exigidos para ingresar a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

Escuintla y Sacatepéquez, detrás de la concentración capitalina

Escuintla ocupó el segundo puesto del listado de 2025, con USD 650,8 millones en intenciones de exportación, equivalentes a unos 4.978,6 millones de quetzales. El departamento reúne actividad relacionada con la caña de azúcar, los ingenios azucareros, el banano, el plátano y el hule.

El tercer lugar correspondió a Sacatepéquez, con USD 261,3 millones, unos 1.998,9 millones de quetzales. Entre los productos asociados con ese territorio figuran el café de Antigua y hortalizas como la arveja.

Jalapa quedó en la cuarta posición con USD 194,9 millones. Su actividad exportadora está vinculada con cultivos de café, maíz y frijol, mientras que Zacapa, quinto con USD 169,3 millones, aparece asociado a la producción de melón.

Chimaltenango registró USD 138,3 millones y se ubicó sexto. En su zona sur se concentran actividades relacionadas con arveja, hortalizas, café y hule.

Izabal fue séptimo con USD 73,2 millones. El banano, el plátano, el hule y el cardamomo forman parte de la producción mencionada para ese departamento.

San Marcos alcanzó USD 56,1 millones y quedó octavo, con café, hule y banano entre los productos de sus zonas bajas. El Progreso siguió con USD 52,6 millones, vinculados con melón y tabaco.

Quetzaltenango cerró los diez primeros lugares con USD 52,2 millones. En sus registros de intención exportadora aparecen bebidas alcohólicas, hule, plátano y frutas como el rambután.

El Mineco aclara que los montos departamentales no representan el valor final de las exportaciones concretadas. Los registros de la VUPE corresponden a documentos tramitados antes de la operación comercial, mientras que el Banco de Guatemala contabiliza los resultados definitivos de las ventas externas.

Esa diferencia impide atribuir todo el valor registrado a los productos identificados en cada departamento. La presencia de un cultivo o una actividad industrial dentro de una región no supone que explique por completo el monto reportado por las empresas con domicilio fiscal allí.

Para determinar qué departamento lidera la producción física o el valor efectivamente generado por una mercancía específica, sería necesaria una medición por producto y por establecimiento, expone Amy Gabriela Zepeda Ramírez, socia de la firma -SEAL-, al comentar que el mapa de la VUPE, en cambio, ordena la actividad a partir de la ubicación fiscal declarada por los exportadores.

El primer trimestre de 2026 y los destinos de las ventas externas

Además, Amy Gabriela Zepeda Ramírez, socia de la firma -SEAL-, detalla que entre enero y marzo de 2026, el departamento de Guatemala mantuvo la primera posición con USD 2.978,6 millones en intenciones de exportación. Escuintla quedó segundo con USD 129,3 millones y Jalapa ascendió al tercer puesto con USD 102,5 millones.

Sacatepéquez, Chimaltenango, Zacapa, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango y El Progreso completaron el resto del ranking trimestral. Sus montos oscilaron entre USD 14,1 millones y USD 38,1 millones.

Las cifras de 2026 son parciales, por lo que una comparación interanual debe realizarse con los mismos meses del año anterior. El Banco de Guatemala informó que las exportaciones nacionales acumuladas hasta agosto de 2026 llegaron a USD 11.405 millones, un incremento de 6,2% frente al mismo período de 2025.

Centroamérica fue el principal mercado regional de las exportaciones guatemaltecas durante 2025, con 36,4% del total y USD 5.675,5 millones. Estados Unidos concentró 30,5%, equivalente a USD 4.748,8 millones, y se mantuvo como el mayor destino individual.

Dentro del bloque centroamericano, El Salvador encabezó las compras con más de USD 1.090 millones. Honduras y Nicaragua se ubicaron después entre los principales receptores de la producción guatemalteca.

La Unión Europea ocupó el tercer puesto entre los destinos, con una participación de 7,9% y USD 1.228,7 millones en 2025. Durante ventanas trimestrales de 2026, sus compras registraron variaciones superiores al 30%, impulsadas por la demanda de aceite de palma certificado y café con sellos de origen controlado en Holanda, Alemania e Italia.

México representó 4,4% de los destinos de exportación. Canadá y Panamá completaron los cinco principales mercados, con participaciones de entre 2,0% y 2,3%.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) desarrolla una jornada nacional de vacunación contra la rabia para inmunizar de forma gratuita a perros y gatos en todo el territorio de Guatemala.

La campaña preventiva, convocada bajo el lema “Eliminemos juntos la rabia”, comenzó el 20 de octubre y permanecerá activa hasta el 21 de noviembre. La iniciativa persigue cortar la transmisión del virus hacia la población humana y resguardar a las comunidades frente a esta enfermedad mortal.

Las brigadas sanitarias operan en centros asistenciales, parques y áreas públicas de los 22 departamentos del país.

El personal técnico combina puestos fijos con recorridos casa por casa para facilitar el acceso a las dosis. En la Ciudad de Guatemala, los equipos concentraron esfuerzos en sectores como las zonas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 18 y 21 durante jornadas específicas, con el propósito de acercar el biológico a los vecindarios con alta densidad de animales domésticos.

Brigadas sanitarias aplican dosis gratuitas en áreas urbanas y comunitarias

La labor comunitaria quedó reflejada en sectores como la colonia Landívar, en la capital, donde personal del Centro de Salud Centroamérica habilitó un puesto de atención en las instalaciones de la Iglesia San José Obrero.

Esta actividad, coordinada por la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud del Área Central, atendió a familias que acudieron con sus mascotas para actualizar los esquemas de protección.

Las autoridades recordaron que la vacuna antirrábica es completamente gratuita y que los dueños deben mantener la tenencia responsable de sus animales.

Además del suministro del biológico, el personal orienta a los vecinos sobre la necesidad de acudir de inmediato a un centro asistencial frente a cualquier mordedura o arañazo infligido por un mamífero sospechoso.

El virus ataca el sistema nervioso central y presenta una letalidad cercana al 100 por ciento

La rabia es una zoonosis causada por un virus de la familia Rhabdoviridae, del género Lyssavirus, que afecta a mamíferos de sangre caliente.

La transmisión ocurre principalmente por la saliva de animales infectados a través de mordeduras, rasguños o lameduras sobre piel lesionada. El período de incubación dura comúnmente entre tres y ocho semanas, aunque puede oscilar entre unos pocos días y más de un año en función de la localización de la herida y la carga vírica.

Los primeros síntomas en humanos consisten en fiebre, malestar general y sensación de hormigueo o dolor en el lugar de la lesión. A medida que el patógeno avanza hacia el cerebro, surgen signos neurológicos que incluyen agitación, espasmos musculares, confusión mental, hidrofobia y parálisis progresiva.

Una vez que aparecen los síntomas clínicos, la letalidad de la enfermedad alcanza prácticamente el 100%, lo que convierte a la vacunación preventiva y a la atención médica oportuna en las únicas herramientas eficaces para evitar el deceso.

El país no reporta casos de rabia humana transmitida por canes desde el año 2017

Los registros epidemiológicos del MSPAS indican que Guatemala acumuló 91 casos de rabia humana entre 1990 y 2017. El último contagio en personas provocado por la mordedura de un perro se documentó en enero de 2017.

A partir de esa fecha, las campañas masivas de inmunización consiguieron frenar la aparición de muertes en la población derivadas del contacto con canes domésticos.

En el ámbito animal, el país experimentó un descenso sostenido de focos positivos en la última década. Guatemala pasó de confirmar 49 casos de rabia animal en 2017 a registrar cero casos positivos en periodos recientes, tras campañas anuales dirigidas a más de 3 millones de perros y gatos.

De acuerdo con las directrices sanitarias internacionales, mantener una cobertura vacunal superior al 80% de la población canina resulta indispensable para impedir que el virus circule de manera endémica en los departamentos del territorio guatemalteco.

Con promesas que van desde la seguridad ciudadana, hasta la entrega de alimentos y uniformes para los estudiantes, el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) proclamó al alcalde de Mixco, Neto Bran, como su candidato a la presidencia de Guatemala para las elecciones generales de 2027.

El acto se realizó este domingo 8 de noviembre con la celebración de su asamblea nacional, en un hotel de la zona 4 de la capital, ante delegados de distintos departamentos del país.

Bran, que lleva 11 años al frente de la Municipalidad de Mixco, dejará la jefatura edil para competir por la presidencia. Mientras que su hermana Nancy Bran se postulará para dirigir la alcaldía mixqueña.

En su discurso de aceptación, agradeció el respaldo de las bases partidarias y se presentó como un “hombre de botas y sombrero” con origen en los mercados populares de la capital.

Leonel Rodríguez Zamora, el candidato a la vicepresidencia

La fórmula presidencial se completa con Leonel Osvaldo Rodríguez Zamora, quien se desempeñó como asesor en la Municipalidad de Mixco durante la gestión de Bran.

“No quise buscar un vicepresidente de adorno. Quise buscar a una persona que conoce mi forma de trabajar y que esté dispuesto a asumir responsabilidades”, dijo Bran al presentarlo ante la asamblea.

El alcalde mixqueño relató que Rodríguez fue su primer candidato a concejal cuando compitió por primera vez y que ambos construyeron relaciones con inversionistas nacionales y extranjeros durante la gestión municipal.

Creo es el segundo partido en celebrar la proclamación de su binomio presidencial de cara a 2027, mientras otras agrupaciones políticas tienen asambleas programadas para lo que resta de noviembre, diciembre y enero.

La promesa de una cárcel al estilo del CECOT salvadoreño

Entre los anuncios de mayor repercusión, Bran planteó la construcción de un centro penitenciario inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, con asesoría del gobierno de ese país. “Vamos a hacer una cárcel más segura, mucho más barata que esa que están construyendo en Izabal”, aseguró.

El candidato presidencial adelantó que, mientras se construye esa infraestructura, solicitará al presidente Nayib Bukele el traslado de 300 reos considerados de alta peligrosidad hacia centros penitenciarios salvadoreños, bajo una tarifa similar a la que El Salvador acordó con Estados Unidos.

Carreteras y seguridad, las dos prioridades anunciadas

Bran definió la recuperación de la red vial como su primera prioridad de gobierno. Citó que durante su gestión en Mixco logró recapear más de 150 kilómetros de calles y anunció que impulsará la construcción de un corredor logístico que conecte los océanos Pacífico y Atlántico, con ampliaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla y el puerto Quetzal.

La segunda prioridad anunciada fue el combate a la inseguridad. “Voy a fortalecer la inteligencia policial, voy a recuperar la capacidad operativa de la Policía Nacional Civil y voy a sacar a todo el ejército a las calles”, afirmó ante los delegados.

Alimentación escolar, uniformes y conectividad en las escuelas

En materia educativa, Bran propuso elevar la cuota de alimentación escolar diaria a 25 quetzales por estudiante (equivalentes a unos 3,27 dólares), con mecanismos de transparencia en el manejo de esos recursos. También planteó que el Estado asuma el costo de uniformes y zapatos escolares para los alumnos.

El candidato anunció la incorporación de computadoras, internet y tabletas en las escuelas públicas del país, a partir de un modelo que, según dijo, ya aplicó en los Centros Educativos Municipales (CEM) de Mixco.

Planteó, además, mejorar las condiciones salariales de los maestros y fortalecer los convenios con la Universidad de San Carlos de Guatemala para ampliar el acceso a la educación superior fuera de la capital.

Concesión del aeropuerto La Aurora y modernización portuaria

Bran propuso un modelo de concesión para la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, que mantendría bajo autoridad estatal las funciones de control de tránsito aéreo.

También planteó la construcción de nuevos muelles en el puerto Quetzal, donde, según afirmó, los barcos pierden hasta 20.000 dólares diarios por esperas de hasta 40 días para atracar.

En salud, propuso revisar los costos de adquisición de medicamentos y modernizar los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, además de explorar un sistema de telemedicina similar al implementado en El Salvador.

Nancy Bran, confirmada como candidata a la alcaldía de Mixco

Bran confirmó a su hermana, Nancy Bran, como candidata a sucederlo en la alcaldía de Mixco. “Les dejo a mi hermana Nancy. Nancy tendrá todo el apoyo del próximo presidente de la República”, declaró ante la asamblea.

El alcalde saliente relató que su hermana trabajó junto a él en la coordinación ad honorem de la Oficina Municipal de la Mujer durante los 11 años de su gestión y que ambos compartieron una infancia de ventas ambulantes en mercados de la capital.

“Siendo presidente voy a enviar toda la ayuda que yo no tuve a mi hermana Nancy”, agregó.

Roberto González, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala

La asamblea nacional de Creo también proclamó a Roberto González como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, además de los aspirantes a diputados por el listado nacional y a representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Bran se refirió a González durante su discurso y señaló que trabajarán de manera conjunta en proyectos de movilidad y modernización urbana entre Mixco y la capital.

“Para mí es un enorme privilegio, como guatemalteco, como político y como funcionario público, que hayan puesto su confianza en este hombre de botas y sombrero”, dijo Bran al aceptar la nominación presidencial.

Los restos del diputado Julio César Portillo Paz fueron inhumados en una ceremonia privada en el cementerio de la aldea Pata Galana, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, con la presencia de familiares, amigos y vecinos cercanos.

El ataúd del congresista ingresó al camposanto luego de un velatorio que también se realizó de manera restringida. La despedida estuvo reservada para personas allegadas al legislador, integrante de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Portillo fue velado en la iglesia Casa del Cielo, ubicada en el kilómetro 148 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo. El lugar tenía un vínculo personal con el diputado, ya que allí predicaba. La ceremonia contó con custodia de seguridad privada y no estuvo abierta al público general.

La sepultura se desarrolló en medio de reclamos por el esclarecimiento del crimen y pedidos de mayor seguridad en el departamento de Zacapa, donde el asesinato del parlamentario generó preocupación entre dirigentes políticos y residentes de la zona.

El diputado murió tras un ataque armado registrado el viernes 6 de noviembre

El congresista Julio Portillo murió después de un ataque armado ocurrido el viernes 6 de noviembre en Río Hondo, en el oriente de Guatemala. El hecho está bajo investigación y, hasta el momento de las declaraciones difundidas por dirigentes de la UNE, no se habían informado públicamente responsabilidades ni detalles sobre los autores del crimen.

La excandidata presidencial Sandra Torres afirmó que el diputado disponía de un esquema de seguridad integrado por cinco agentes por turno, con un total de 10 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a su protección.

“Se hizo lo posible por salvarle la vida”, sostuvo Torres, quien reclamó una investigación que permita determinar quiénes estuvieron detrás del ataque. La dirigente también vinculó el crimen con un escenario de violencia que, según dijo, afecta a distintos departamentos del país.

Torres señaló que solicitarán al jefe de bancada de la UNE que cite el martes al ministro de Gobernación, al director de la PNC, a responsables de inteligencia estatal y militar, al ministro de Defensa y al Ministerio Público. El objetivo, explicó, es que las instituciones entreguen información sobre las pesquisas y las medidas adoptadas tras el asesinato.

Sandra Torres exigió justicia y dijo que teme por su vida

La dirigente de la UNE, Sandra Torres, condenó el asesinato de Portillo y exigió una investigación “justa, pronta y objetiva” para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.

“Estamos cansados de tanta violencia”, declaró Torres. También sostuvo que el crimen no debe quedar impune y pidió al Ministerio Público que avance con rapidez en las diligencias. Durante sus declaraciones, afirmó que en Zacapa existe temor entre los habitantes a causa de los hechos violentos.

Torres cuestionó al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y a las autoridades de Gobernación por la situación de seguridad. Señaló que el Estado debe garantizar la protección de la población y mencionó que, según sus cifras, más de tres mil personas han sido asesinadas.

Consultada sobre la posibilidad de nuevos ataques contra integrantes de su agrupación, la excandidata presidencial respondió que existe preocupación. “Por supuesto que tememos. Yo temo por mi vida también. Todos los diputados también temen por su vida”, afirmó.

La dirigente sostuvo que el asesinato de Portillo constituye un ataque contra la institución política a la que pertenecía el legislador. También advirtió sobre los riesgos que, según expresó, enfrentan periodistas y otras personas que denuncian hechos de violencia o hablan sobre asuntos públicos en Guatemala.

Un recorrido virtual por los pastizales de Sudáfrica reveló el lugar donde pasarán el resto de su vida los siete tigres de Bengala retirados esta semana de un circo en Guatemala.

Animal Defenders International (ADI), la organización que gestiona el traslado, transmitió en vivo desde su santuario para mostrar las instalaciones con piscinas, refugios y grandes extensiones de terreno donde los felinos podrán moverse con libertad.

Los tigres Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix fueron entregados de forma voluntaria por el circo instalado en San José Pinula y permanecen bajo resguardo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala mientras se completan las gestiones para su viaje definitivo a África.

Según precisó el ministerio, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) continúa el seguimiento veterinario de cada ejemplar durante esta etapa temporal.

Hábitats amplios donde los animales deciden cuándo acercarse

Durante la transmisión, una representante de ADI explicó que los recintos están diseñados para que los felinos desarrollen conductas propias de su especie sin interacción directa con cuidadores o visitantes. “Todo está en sus propios términos. No los llamamos hacia nosotros”, señaló.

Los hábitats cuentan con áreas abiertas donde los tigres pueden “caminar, correr, esconderse y explorar” sin permanecer siempre a la vista del personal.

Cada espacio está conectado con instalaciones nocturnas equipadas con calefacción bajo el suelo y, durante el invierno, heno para los animales. También existen recintos de manejo para la alimentación con refugios adicionales.

Piscinas y objetos con olores forman parte del enriquecimiento diario

Uno de los elementos que más destacó ADI durante el recorrido fueron las piscinas integradas en todos los hábitats de tigres, tanto en los principales como en los recintos de alimentación.

“A los tigres les encanta jugar en el agua, sobre todo durante los meses calurosos del verano”, explicó la guía durante la transmisión.

Los cuidadores entregan de forma regular sacos de café, cajas con estiércol y virutas de madera, pelotas resistentes y elementos impregnados con lavanda, hierba gatera y especias.

Según los encargados, los animales reaccionan de distinta manera ante estos estímulos: algunos los transportan, otros los esconden dentro de su espacio.

También reciben revisiones veterinarias periódicas, que incluyen análisis de sangre, orina y controles dentales.

Sobrevivientes de la Operación Libertad de 2018 muestran el resultado del proceso

El recorrido incluyó la presentación de varios animales rescatados en 2018 como parte de la Operación Libertad, un rescate previo de circos en Guatemala.

Entre ellos, las tigresas Sun, Moon y Luna, que comparten un mismo hábitat, y los machos Max y Stripes, que llegaron como cachorros y hoy son, según ADI, “machos grandes e imponentes”.

También se mostró a los leones Thomas y Kimba, integrados tras ser rescatados por separado, y a la leona Sasha.

Los representantes de la organización indicaron que varios de estos ejemplares arrastran secuelas de su vida en los circos, entre ellas desnutrición, estrés y problemas de reproducción vinculados a la endogamia.

“No se trata solamente de ayudarlos físicamente, sino también emocionalmente, para que tengan una sensación de libertad”, afirmó una de las encargadas.

Los siete tigres guatemaltecos pasarán primero por cuarentena

ADI explicó que los siete tigres provenientes de Guatemala atravesarán un proceso de preparación y cuarentena antes de incorporarse a los espacios definitivos, que tendrán dimensiones similares a las mostradas durante el recorrido.

La organización respondió además a las críticas recibidas por el traslado y aclaró que los animales no pueden ser liberados en la naturaleza debido a su historial en cautiverio. El objetivo del santuario, remarcaron, es ofrecerles condiciones de bienestar bajo cuidado especializado de forma permanente.

El MAGA, por su parte, reafirmó su compromiso con la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal durante todo el proceso de traslado hacia el continente africano.

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) atribuyó a una presunta relación extramarital el origen de un asesinato y un falso secuestro que derivaron en la captura de cinco supuestos integrantes de la estructura denominada “Los Infieles”.

El caso se remonta al 9 de agosto, cuando un hombre de 59 años desapareció en la ruta entre Escuintla y Taxisco, en el departamento de Santa Rosa.

Según la investigación policial, la víctima, identificada como Manuel de Jesús Morales López, descubrió que su pareja, Juana María Ba Pop, mantenía una relación con Gilberto de Jesús Carrera Aldana.

Las autoridades sostienen que, tras quedar expuestos, ambos habrían participado en el crimen y habrían simulado un plagio para ocultarlo.

Los presuntos responsables exigieron Q150 mil, cerca de USD 19.621, a cambio de la liberación del hombre. La Policía indicó que no hubo pago y que Morales López fue asesinado; luego, su cuerpo habría sido ocultado en una zona montañosa de la región.

La Policía vincula el falso secuestro con el asesinato de la víctima

La versión oficial señala que la estructura adoptó el nombre de “Los Infieles” por la supuesta relación entre Ba Pop y Carrera Aldana, quienes, de acuerdo con la PNC, comenzaron a convivir como pareja después de la muerte de Morales López.

La investigación quedó a cargo del Comando Antisecuestros de la División Especializada en Investigación Criminal, que coordinó las diligencias con la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. El domingo 8 de noviembre, los investigadores realizaron cinco allanamientos en inmuebles de Escuintla y Santa Rosa.

Como resultado de los operativos fueron detenidas seis personas. Cinco quedaron señaladas por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato, mientras que una sexta fue arrestada debido a una orden de captura pendiente por negación de asistencia económica.

Entre los capturados está Pedro de Jesús Chitic Sutuj, de 32 años, conocido como “El Choky”, a quien las autoridades identifican como supuesto líder de la organización. También fueron detenidos Carrera Aldana, de 51 años; Ba Pop, de 43; Yasmín Mayari Paredes Hernández, de 36, alias “La Colocha”, y Walter León Jaco Seija, de 23 años.

La PNC informó que Paredes Hernández enfrenta señalamientos por plagio o secuestro. Los otros cuatro sospechosos, según la información entregada por la institución, están vinculados además con robo agravado y asesinato.

Armas incautadas

Los operativos permitieron el decomiso de nueve teléfonos celulares, tres armas de fuego y municiones de distintos calibres.

El arsenal estaba compuesto por dos rifles calibre .22 y una escopeta calibre 12. Uno de los rifles tenía el número de registro borrado o esmerilado, armas que quedaron a cargo del Ministerio Público para el proceso de investigación, según el parte policial.

La Fiscalía contra Secuestros y la PNC deberán establecer ahora el grado de participación de cada detenido, así como reconstruir las circunstancias del crimen y del supuesto pedido de rescate. La investigación busca determinar si el grupo participó en otros secuestros, robos o asesinatos en Escuintla y Santa Rosa.

Familiares, amigos y miembros de la iglesia evangélica Casa del Cielo despidieron al diputado Julio César Portillo Paz, cuyos restos fueron velados en privado en la aldea Pata Galana, en Río Hondo, Zacapa.

El legislador murió el viernes 6 de noviembre tras recibir impactos de bala durante un atentado contra la caravana en la que viajaba junto a tres agentes de la Policía Nacional Civil.

La ceremonia se realizó en el templo donde Portillo predicaba y al que asistía junto con su familia. El acceso quedó reservado para personas cercanas al congresista, de acuerdo con vecinos del sector.

Dentro del auditorio, el féretro fue rodeado por arreglos de flores blancas y amarillas. También se instaló una pantalla con una fotografía del diputado, una imagen que acompañó a quienes llegaron a despedirlo durante la noche y la madrugada.

Portillo Paz será inhumado este domingo 8 de noviembre en el cementerio de Pata Galana, la comunidad de la que era originario. La familia decidió mantener el sepelio en un ámbito privado, con la presencia de sus allegados y de integrantes de la congregación religiosa.

La iglesia donde predicaba recibió a familiares y miembros de su congregación

La velación reunió a familiares, vecinos, amistades y personas vinculadas a la labor religiosa del legislador. Julio Portillo, de 36 años, integraba la X Legislatura del Congreso de Guatemala, en representación del departamento de Zacapa para el período 2024-2028.

El ataque y la posterior muerte del diputado generaron expresiones de repudio de distintas instituciones estatales. Portillo fue trasladado después de la emboscada al Hospital Regional de Zacapa, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Murió cerca de las 21:22 horas, a causa de la gravedad de las heridas de bala que sufrió en el rostro y el cráneo.

Mientras la familia preparaba la despedida, los restos de los tres agentes asignados a la custodia del congresista también fueron trasladados a sus lugares de origen para sus respectivos velorios.

Dulce de Portillo despidió a su esposo con un mensaje en redes sociales

Dulce María Cruz de Portillo, esposa del diputado, publicó una fotografía junto al legislador y compartió un mensaje de despedida tras confirmarse su fallecimiento.

“Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida. Mis ojitos hermosos te me fuiste…”, escribió en una historia de Instagram. En otra publicación, expresó su deseo de reunirse con él “en la eternidad”.

La esposa del congresista también modificó la biografía de su perfil para recordar a Portillo como su “ángel eterno”. La publicación estuvo acompañada por una canción de temática cristiana.

El ataque en la ruta al Atlántico dejó cuatro muertos y más de 50 casquillos en la escena

El atentado ocurrió el viernes 6 de noviembre, cerca de las 17 horas, en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, dentro del municipio de Río Hondo. Un grupo de hombres armados interceptó la comitiva del diputado y abrió fuego.

En el ataque murieron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana, quienes formaban parte de la División de Protección de Personas y Seguridad.

El Ministerio Público (MP) procesó la escena y recolectó más de 50 casquillos como parte de las primeras diligencias. La Fiscalía informó que busca establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar las formas de participación de cada involucrado.

Según la información disponible, Portillo contaba con escolta policial desde 2024, luego de que denunciara amenazas de muerte. La investigación continúa bajo reserva, sin capturas reportadas hasta el momento.

El cadáver de una persona que presentaba señales de violencia y las manos atadas fue abandonado dentro de bolsas plásticas frente a una iglesia en la Ciudad de Guatemala.

El macabro hallazgo se realizó durante las primeras horas de este domingo 8 de noviembre, luego de varios llamados telefónicos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el que vecinos alertaban sobre la ubicación de un bulto sospechoso sobre la vía pública.

Tras recibir la alerta, los socorristas acudieron a la 6a. avenida, entre 9a. y 10a. calle de la zona 19 capitalina. En el lugar, los paramédicos inspeccionaron el paquete y confirmaron que resguardaba restos humanos.

Al constatar que se trataba del cuerpo sin vida de una personas, los bomberos dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes colocaron un cordón de seguridad para preservar los indicios en el área.

En tanto, peritos del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses acudieron al lugar para recabar indicios e iniciara las investigaciones correspondientes, entre ellas, la identificación de la víctima.

El Ministerio Público registra más de 130 cadáveres dejados en bolsas y sábanas

Este suceso se inscribe en una práctica delictiva que experimentó un marcado ascenso en el territorio guatemalteco a lo largo del año. De acuerdo con registros del Ministerio Público, hasta octubre se contabilizaron 137 hallazgos de personas asesinadas y envueltas en plástico, sábanas o costales. Esta cifra representa un incremento notable frente a los 39 casos que la policía computó durante todo 2025.

El desglose de los informes oficiales precisa que 68 víctimas aparecieron en bolsas plásticas, 53 dentro de sábanas y 10 en costales de tela o fibra sintética.

Los datos institucionales reflejan que el departamento de Guatemala, demarcación que incluye a la ciudad capital, concentra el mayor impacto de este fenómeno con 105 cuerpos hallados a la intemperie.

A su vez, la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC comunicó en los primeros días de noviembre que 107 cuerpos fueron encontrados en bolsas de plástico en el país durante 2026, entre los cuales al menos 11 individuos permanecen aún sin identificación forense.

Las agresiones en viviendas privadas complican las pesquisas policiales

Las autoridades han vinculado en varias oportunidades esta modalidad a disputas territoriales y pugnas de poder entre pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, declaradas como organizaciones terroristas por la legislación nacional.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha explicado que las diligencias se ven afectadas debido a que los ataques mortales no se ejecutan en los puntos donde aparecen los bultos, sino en el interior de inmuebles particulares que las estructuras criminales usan como centros de operación para purgas internas y castigos.

Según el funcionario, esto dificulta el rastreo de pistas para las fuerzas de seguridad y ha explicado que la policía no tiene facultades legales para ingresar a una residencia sin una orden judicial previa, lo cual impide la intervención oportuna en esos recintos.

Los integrantes de estas bandas cometen los crímenes bajo reserva y luego transportan los restos durante horas nocturnas o de madrugada para abandonarlos en arterias públicas o caminos poco transitados.

Frente a esta situación, la Policía Nacional Civil y la fiscalía coordinan análisis de video forense sobre cámaras de vigilancia urbanas con el propósito de reconstruir las rutas de los vehículos sospechosos. Mediante estos operativos conjuntos, las fuerzas de seguridad concretaron la captura de más de una decena de individuos señalados de participar en el traslado de cuerpos en la vía pública.

Las distribuidoras de gas propano aplicaron este domingo 8 de noviembre un nuevo ajuste en Guatemala, con alzas de entre Q12 (USD 1,57) y Q48 (USD 6,28) según la capacidad del cilindro.

El envase de 25 libras pasó a Q138 (USD 18,06), el de 35 libras quedó en Q193 (USD 25,26) y el de 100 libras alcanzó Q552 (USD 72,24).

El cambio se produjo dos semanas después del reajuste del 25 de octubre y constituye el quinto incremento del año, de acuerdo con los precios divulgados por las empresas distribuidoras y con información confirmada previamente por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El cilindro de 25 libras, una de las presentaciones más utilizadas por los hogares y pequeños negocios, aumentó Q12 (USD 1,57) frente a la tarifa anterior de Q126 (USD 16,49). En el caso del envase de 35 libras, el precio avanzó desde Q177 (USD 23,16) hasta Q193 (USD 25,26), una diferencia de Q16 (USD 2,09).

La mayor variación correspondió al cilindro de 100 libras, que pasó de Q504 (USD 65,96) a Q552 (USD 72,24). El ajuste fue de Q48 (USD 6,28).

Los cinco aumentos del gas propano entre enero y noviembre de 2026

El primer incremento del año entró en vigor el 20 de abril. El cilindro de 25 libras pasó de Q98 (USD 12,82) a Q110 (USD 14,39), con un aumento de Q12 (USD 1,57). El de 35 libras avanzó de Q137 (USD 17,93) a Q154 (USD 20,15), mientras que el de 100 libras subió de Q392 (USD 51,30) a Q440 (USD 57,58).

El segundo ajuste se generalizó el 9 de junio. La presentación de 25 libras pasó de Q110 (USD 14,39) a Q115 (USD 15,05), con una diferencia de Q5 (USD 0,65). La de 35 libras llegó a Q161 (USD 21,07) y la de 100 libras, a Q460 (USD 60,20).

El tercer aumento se aplicó el 4 de octubre. El cilindro de 25 libras escaló a Q122 (USD 15,97), el de 35 libras a Q171 (USD 22,38) y el de 100 libras a Q488 (USD 63,86).

El cuarto reajuste comenzó el 25 de octubre. Para el cilindro de 25 libras significó un alza de Q4 (USD 0,52); para el de 35 libras, de Q6 (USD 0,79); y para el de 100 libras, de Q16 (USD 2,09).

Desde el precio de inicio de año, el cilindro de 25 libras acumula un encarecimiento de Q40 (USD 5,23), equivalente a cerca de 41%.

El mercado internacional y la dependencia de las importaciones presionan las tarifas

El Ministerio de Energía y Minas atribuyó los incrementos a las cotizaciones internacionales del gas licuado de petróleo (GLP), los costos de importación y la dependencia externa del país. Guatemala importa la totalidad del gas propano que consume, por lo que las variaciones en el mercado energético internacional repercuten en los precios locales.

Entre los componentes que inciden en la tarifa final figuran el precio internacional del producto, los fletes, seguros, tipo de cambio, almacenamiento, transporte terrestre, envasado y distribución. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente también han influido en los mercados de hidrocarburos durante 2026.

El Ejército de Guatemala prevé comprar 3,800 fusiles M4 adicionales en 2027 para equipar de forma prioritaria a la Quinta y la Sexta Brigadas, dentro de un plan de renovación que busca reforzar las unidades desplegadas en zonas fronterizas y sustituir armamento utilizado desde la década de 1970.

El modelo elegido es empleado por fuerzas armadas de más de 60 países de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Su calibre de 5.56 milímetros, considerado estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), permitiría facilitar el abastecimiento y la interoperabilidad con ejércitos aliados y contingentes internacionales.

La primera entrega de fusiles M4A1 fabricados en Estados Unidos llegó al país el 21 de septiembre de 2026, luego de que Guatemala recuperara la posibilidad de comprar armamento militar estadounidense. La adquisición se realizó mediante un mecanismo de cooperación entre ambos gobiernos.

El primer lote será destinado a la Brigada de Operaciones de Selva, que opera en Petén, el departamento más extenso del país y limítrofe con México y Belice.

La prioridad oficial es ampliar la presencia estatal en una región atravesada por rutas utilizadas para el tráfico de cargamentos ilícitos.

Petén, primera zona de despliegue del nuevo armamento

“Empezamos por proteger Petén, nuestro departamento más grande, con la Brigada de Operaciones de Selva”, afirmó el coronel Edwin Vidal Hernández, director general de Política de Defensa, en declaraciones recogidas por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El funcionario sostuvo que las organizaciones criminales aprovechan territorios con limitada presencia estatal para movilizar sus operaciones.

La extensión del programa alcanzará de manera gradual al norte de Quiché, Huehuetenango y San Marcos. La segunda fase, programada para el próximo año, estará enfocada en la Quinta y la Sexta Brigadas, aunque el ritmo de las compras dependerá de los recursos disponibles.

El Ministerio de la Defensa Nacional también proyecta gestionar helicópteros para la Fuerza Aérea Guatemalteca y embarcaciones tipo Island de 110 pies para la Marina.

La planificación parte de que las redes de narcotráfico y crimen organizado transnacional trasladan cargamentos por rutas terrestres, aéreas y marítimas.

Vidal describió esa adaptación de las organizaciones criminales: “El crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, cambia sus estrategias para eludir al Estado y mueve sus cargamentos por agua, aire o tierra”.

El fin de una restricción de 47 años sobre la cooperación militar

Las gestiones para adquirir los nuevos fusiles comenzaron en 2024, cuando el Ministerio identificó la necesidad de renovar parte del equipo asignado a sus unidades. Buena parte del armamento disponible procede de los años 70, pese a compras posteriores realizadas en la década de 1990 y en 2019.

La operación se concretó después de que Estados Unidos levantara restricciones a la cooperación militar con Guatemala que habían permanecido vigentes durante 47 años.

Esas limitaciones se originaron en 1977, durante el conflicto armado interno guatemalteco y en un contexto de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El conflicto concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció el 9 de marzo de 2026 que Guatemala tendría la posibilidad de adquirir armamento y equipo militar estadounidense.

El proceso incluyó una Letter of Request, una carta de requerimiento presentada ante las autoridades estadounidenses. Tras una evaluación de cerca de ocho meses, el Gobierno de Estados Unidos emitió una Letter of Offer and Acceptance, que estableció los términos de la operación.

La primera fase fue financiada con el presupuesto de 2025 y el desembolso se realizó entre octubre y noviembre de ese año. Aunque el plazo formal de entrega podía extenderse hasta 24 meses, la coordinación bilateral permitió que el lote arribara antes de la fecha inicialmente prevista.

La capacitación militar para reemplazar el fusil Galil

La transición al M4 exigirá modificar la preparación de los soldados, los procedimientos de mantenimiento y la doctrina de instrucción. Las unidades guatemaltecas han empleado principalmente fusiles Galil, de fabricación israelí, desde la década de 1970.

Antes de definir la compra, el Comando de Apoyo Logístico evaluó distintas alternativas a través del Servicio de Material de Guerra. El Ejército optó por un fusil compacto, apto para operaciones en selva, zonas rurales y entornos urbanos, incluidas tareas de apoyo a la Policía Nacional Civil.

A finales de noviembre, un grupo de la Guardia Nacional de Arkansas iniciará una capacitación especializada para personal guatemalteco. El programa abarcará el desmontaje y armado del arma, su mantenimiento y las prácticas de tiro.

El cambio será necesario porque el comportamiento y los componentes del M4 difieren de los del Galil. La formación militar estuvo centrada durante décadas en el fusil israelí, por lo que la institución deberá adecuar sus métodos de instrucción.

Guatemala participó en misiones de paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y Haití. El uso del calibre 5,56 milímetros puede facilitar la integración de sus contingentes con fuerzas que emplean munición bajo el estándar de la OTAN.

Integrantes de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil viajaron este año a Arkansas para entrenarse con el mismo modelo que comenzará a incorporarse al Ejército de Guatemala.

La Superintendencia de Bancos reportó más de USD 2 millones en operaciones electrónicas no reconocidas entre enero y octubre de 2026, mientras que las entidades financieras reintegraron apenas el 12% de los casos plenamente identificados. Miguel Alberto Arriaga Cruz, director del Departamento de Desarrollo Institucional de la SIB, advirtió que el organismo no puede obligar a los bancos a devolver los montos reclamados por los usuarios.

Las denuncias por extorsión descendieron de 21.021 en 2025 a 11.673 durante 2026, una diferencia de 9.348 casos. La Policía Nacional Civil informó además la captura de 2.797 personas por ese delito, la realización de 982 allanamientos y el impacto sobre 36 estructuras criminales.

El planteamiento fue expuesto ante la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso, presidida por el diputado Ronald Portillo, durante una reunión con representantes del sistema bancario, la Policía Nacional Civil, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia.

La SIB identificó tres mecanismos recurrentes en las estafas financieras: la suplantación de identidad para realizar movimientos bancarios, el phishing, una modalidad que busca obtener datos personales mediante enlaces o comunicaciones fraudulentas, y la duplicación ilegal de tarjetas SIM.

Arriaga Cruz explicó que la institución interviene en los reclamos relacionados con ataques digitales, aunque no dispone de facultades coercitivas sobre los bancos. El funcionario sostuvo: “La Superintendencia de Bancos como tal no tiene, por decirlo así, un poder coercitivo para obligar a las entidades a que devuelvan todos los las gestiones o reclamos que la población está presentando por esta forma en que los delincuentes están acechando a la población”.

Alertas por compras y promociones de fin de año

El aumento de compras y consumos durante diciembre elevó la preocupación de las autoridades por los fraudes a través de páginas desconocidas y promociones falsas. La SIB intensificó durante noviembre sus campañas preventivas y anunció para diciembre mensajes de ciberseguridad destinados a proteger el aguinaldo, difundidos por redes sociales, radio, televisión y prensa.

Los usuarios también reciben enlaces o números telefónicos mediante supuestas promociones, que pueden conducir al acceso indebido a sus cuentas. Arriaga Cruz alertó: “Otra forma es también que los usuarios reciben en sus teléfonos particulares ciertas direcciones a través de promociones que se están haciendo y caen en darle clic a esas direcciones o a los números de teléfonos que se marcan ahí y ahí es donde se activan, desafortunadamente, los temas cuando son sorprendidos en sus cuentas monetarias”.

La Policía Nacional Civil desplegará su plan de prevención de fin de año entre el 1 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027. La estrategia contará con 43.559 agentes operativos activos y reforzará la presencia policial en bancos, cajeros automáticos, mercados, centros comerciales, sectores con mayor incidencia delictiva y autobuses.

Las acciones contra las extorsiones incluyeron la incautación de 719 teléfonos celulares y 247 vehículos. Las autoridades detallaron que los operativos formaron parte de las medidas de seguridad previstas para el período de mayor circulación comercial.

Verificaciones comerciales y propuestas legislativas pendientes

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor inició verificaciones en dos centros comerciales para detectar posible publicidad engañosa. María Mercedes Mora, directora de la Diaco, indicó que la revisión busca comprobar la veracidad de las ofertas y atender denuncias de los consumidores.

Portillo informó también que la iniciativa 6776, orientada a regular el servicio de parqueos, ya cuenta con una propuesta de dictamen. La comisión mantiene además el seguimiento a una propuesta sobre horarios escalonados para reducir el tráfico vehicular, pendiente de observaciones de los diputados.

La reunión contó con la participación virtual de los diputados Faver Salazar, Víctor Cifuentes, León Felipe Barrera y Mynor de la Rosa.

El Ministerio Público de Guatemala investiga el ataque armado en donde murió el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil el viernes 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa. La pesquisa busca identificar a quienes emboscaron la camioneta blanca en la que viajaba el legislador junto con su custodia y determinar la participación de cada responsable.

El saldo del atentado fue de cuatro muertos. Portillo tenía 35 años y fue trasladado con vida al Hospital Regional de Zacapa, mientras que los tres policías que lo acompañaban murieron en el lugar de los hechos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que el diputado falleció por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Ingresó al área de emergencia alrededor de las 17:45 y murió a las 21:58 de ese mismo viernes, pese a la atención médica recibida.

Los agentes fallecidos fueron Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana. Los atacantes, hombres armados, interceptaron el vehículo en el que se desplazaban Portillo y su escolta policial; hasta el momento no se conocen los motivos del crimen.

Indicios balísticos y búsqueda de los responsables

La investigación incluye el procesamiento de las escenas del crimen y la recolección de indicios balísticos, según el Ministerio Público. Esas diligencias apuntan a esclarecer las circunstancias del ataque y a reunir elementos que permitan promover acciones penales ante los juzgados competentes.

La institución precisó que su labor comienza después de que se ha cometido un delito y comprende la identificación de las personas que pudieron intervenir, así como las distintas modalidades de participación que habrían tenido. Los avances serán comunicados por los canales oficiales, aunque se mantendrá bajo reserva la información cuya difusión pueda afectar las diligencias o la seguridad de las personas involucradas.

El Ministerio Público expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su compromiso con los derechos de los afectados y el acceso a la justicia. La investigación continúa mientras las autoridades intentan establecer quiénes planificaron y ejecutaron la emboscada en Río Hondo.

El procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, condenó el ataque y pidió que la pesquisa avance sin demoras ni sesgos. En un comunicado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reclamó: “Una investigación pronta, objetiva, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias del ataque, establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.

Córdova Herrera también solicitó al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil reforzar las medidas de prevención y protección para evitar nuevos episodios de violencia. La Procuraduría de los Derechos Humanos anunció que seguirá la actuación de las instituciones estatales dentro de su mandato constitucional, además de las condiciones de seguridad de las personas que puedan estar expuestas a riesgos.

La vacante legislativa y el reemplazo en Zacapa

La muerte de Portillo obliga al Congreso de la República a declarar vacante su curul. El reemplazo corresponde a Marvin Esaú Rivas Castañeda, de acuerdo con los registros de inscripción de candidaturas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral correspondientes a 2023.

Rivas Castañeda ocupaba la segunda casilla del distrito de Zacapa cuando ambos fueron inscritos por el partido Cabal, que entonces era liderado por el excandidato presidencial Edmond Mulet. Portillo dejó posteriormente esa agrupación y se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza, con la que buscaba su reelección en los comicios generales de 2027.

Fuentes que pidieron mantener su identidad en reserva señalaron que Rivas Castañeda forma ahora parte del partido Compromiso, Renovación y Orden. Con esa organización buscaría competir otra vez por una curul en Zacapa.

La esposa del diputado, Dulce María Cruz, despidió a Portillo con publicaciones en Instagram. Junto a una fotografía de la pareja, escribió: “Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida”.

Cruz publicó otro mensaje: “Mis ojitos hermosos te me fuiste... gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso”. La pareja había anunciado el nacimiento de su hijo, Diego José, tres semanas antes del ataque, el 15 de octubre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos archivó el expediente contra Guatemala por el fusilamiento de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, ejecutados el 13 de septiembre de 1996 ante cámaras de televisión nacional. La decisión del 9 de octubre de 2026 determinó que el Estado cumplió todas las medidas de reparación fijadas siete años antes, entre ellas las indemnizaciones para los derechohabientes, la publicación de la sentencia y el reintegro de gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

El cierre corresponde a la etapa de supervisión del fallo emitido el 15 de octubre de 2019 en el caso Girón y otro vs. Guatemala. La resolución no revisa ni modifica la responsabilidad internacional declarada entonces por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales de los dos condenados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos verificó el cumplimiento de las obligaciones mediante tres resoluciones: la del 2 de septiembre de 2022, la del 30 de abril de 2024 y la que dispuso el archivo definitivo en octubre de 2026. El tribunal regional tiene su sede en San José, Costa Rica.

El fusilamiento televisado en Escuintla

Girón y Castillo Mendoza fueron condenados a muerte por violación calificada contra Sonia Álvarez, una niña de cuatro años. La legislación guatemalteca vigente entonces imponía obligatoriamente la pena capital cuando la víctima fallecía, sin permitir que los jueces evaluaran circunstancias atenuantes.

La ejecución se realizó en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, situada en el departamento de Escuintla. Un pelotón de 20 guardias disparó contra ambos hombres durante un acto transmitido por la televisión nacional.

Castillo Mendoza sobrevivió a la primera descarga. Uno de los integrantes del pelotón le efectuó luego un disparo final para consumar la ejecución.

El proceso penal se había iniciado en 1993 y la Corte concluyó que los condenados no recibieron una defensa técnica adecuada durante las diligencias judiciales. En una etapa posterior, el Estado les asignó estudiantes de Derecho como defensores.

La sentencia de 2019 consideró que esa representación vulneró las garantías judiciales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal también examinó las condiciones de detención de ambos hombres en el corredor de la muerte y la difusión televisiva del fusilamiento.

La responsabilidad atribuida al Estado abarcó tanto las ejecuciones como el trato recibido antes de ellas. La transmisión pública de la muerte de Girón y Castillo Mendoza fue considerada parte de las violaciones a su integridad personal.

Indemnizaciones, publicaciones y reintegro de gastos

Las reparaciones ordenadas incluyeron la publicación íntegra de la sentencia y de su resumen oficial. También se dispuso el pago de indemnizaciones por daño inmaterial a los derechohabientes de las víctimas.

El Estado debía además devolver al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas los recursos utilizados durante la tramitación del caso ante el sistema interamericano. La resolución de supervisión concluyó que esas obligaciones habían sido satisfechas.

Respecto de Girón, la Corte declaró finalizada la supervisión del pago correspondiente a sus derechohabientes. En el caso de Castillo Mendoza, el tribunal constató el cumplimiento total de la indemnización dirigida a sus familiares con derecho a reparación.

La publicación de la sentencia y de su resumen oficial fue otra de las medidas que Guatemala completó. Con esas verificaciones, no quedaron obligaciones pendientes dentro del expediente abierto tras el fallo de 2019.

El archivo no elimina la decisión que declaró responsable al Estado guatemalteco por las violaciones cometidas contra los dos hombres. La medida pone fin únicamente al mecanismo con el que el tribunal comprobaba la ejecución de las reparaciones dispuestas.

Los integrantes del tribunal que dispusieron el archivo

La resolución de octubre de 2026 fue adoptada por una integración presidida por el juez Rodrigo Mudrovitsch, de Brasil. La vicepresidencia estuvo a cargo de la jueza Patricia Pérez Goldberg, de Chile.

También participaron el juez Ricardo C. Pérez Manrique, de Uruguay; la jueza Nancy Hernández López, de Costa Rica; la jueza Verónica Gómez, de Argentina; el juez Alberto Borea Odría, de Perú, y el juez Diego Moreno Rodríguez, de Paraguay.

Los anteojos de fray Augusto Ramírez Monasterio y un lazo con manchas de sangre integran las pocas reliquias de segundo grado que sobrevivieron al saqueo, la quema y el extravío de sus pertenencias tras su asesinato, ocurrido el 7 de noviembre de 1983 en Guatemala. La Comisión de Resguardo de las Reliquias de Fray Augusto reconstruyó el destino de los objetos del franciscano antes de su beatificación.

El religioso fue beatificado el 7 de noviembre de 2026, cuando se cumplieron 43 años de su muerte. La ceremonia se realizó en la finca municipal Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, y fue presidida por el cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega, representante del papa León XIV.

Ramírez Monasterio murió mientras intentaba escapar de quienes lo habían secuestrado durante el conflicto armado interno guatemalteco. En los días posteriores al crimen, gran parte de sus pertenencias, escritos y fotografías fue entregada a terceros o destruida sin autorización de los superiores de la orden franciscana.

El incumplimiento del resguardo en el convento de San Francisco

Las normas eclesiales establecían que la oficina y la habitación de un guardián o superior de una casa religiosa debían sellarse inmediatamente después de su muerte. Esa medida permitía que la autoridad correspondiente revisara sus documentos y bienes personales antes de cualquier distribución.

Fray Leonardo García, custodio de la orden en aquel momento, explicó que ese procedimiento no se aplicó en el convento de San Francisco, donde Ramírez Monasterio era guardián. Integrantes de la fraternidad tomaron decisiones sobre sus objetos sin consultar a los superiores.

Monseñor Tobar llegó al convento varias semanas después del asesinato y afirmó que ya no había pertenencias para entregar. Según su declaración, todo había desaparecido.

Trabajadores y testigos del santuario relataron durante la causa de beatificación que algunos frailes regalaron y quemaron escritos, fotografías y materiales impresos del sacerdote. La pérdida obligó a emitir un decreto de no escritos dentro del proceso canónico, debido a que no fue posible recuperar la documentación original del franciscano.

Persistieron varias preguntas sin respuesta: quién ordenó destruir las homilías y otros textos, quién autorizó la entrega de su ropa y qué destino tuvieron sus libros personales. Ninguna de esas cuestiones tuvo una conclusión definitiva durante la investigación vinculada a la beatificación.

Los objetos conservados por familiares y allegados

Parte de las piezas se mantuvo durante años bajo custodia de la familia Sierra Ramírez, que tenía una capilla privada donde el sacerdote celebraba misas de Navidad. Allí se conservaron el cáliz, la patena y los ornamentos litúrgicos utilizados por el fraile durante la eucaristía.

La hermana del religioso, Graciela Ramírez Monasterio de Morales, aportó la bendición apostólica, el hábito franciscano recibido de sor Clemencia Morales, los lazos de su ordenación sacerdotal, fotografías, escritos y un manuscrito. También entregó un porta viático que Ramírez Monasterio había recibido de fray Bonicio.

Las cintas y el purificador usados durante su ordenación fueron preservados por su madre, Trinidad Monasterio de Ramírez. Entre las piezas recuperadas figuran también los anteojos y el lazo manchado de sangre encontrados debajo del asiento de la camioneta amarilla en la que fue secuestrado.

Ese hallazgo llevó a considerar que el religioso pudo haber sido bajado por la fuerza o golpeado dentro del vehículo, ya que los lentes habrían sido arrancados. La cruz de madera de la primera lápida colocada sobre su sepultura en la cripta norte se conservó hasta la exhumación de su cuerpo.

Un crucifijo entregado por Hugo Ramírez Monasterio había sido originalmente un obsequio de fray Rufino. También se recuperó el saco que el franciscano usaba para dirigir una orquesta, devuelto por fray Damián Muratori cuando se pidió la restitución de objetos personales.

La relación de pertenencias incluye una estola blanca bordada con los logos del grupo musical de Ramírez Monasterio. Esa prenda estuvo enterrada junto a su cuerpo y debió ser cosida nuevamente porque el hilo se había deteriorado.

La boina que utilizaba el sacerdote fue colocada sobre su cráneo en el momento de la sepultura. Otra estola blanca, confeccionada con tela brillante y ubicada sobre el féretro, fue recuperada durante la exhumación.

La medalla que volvió al convento desde la Nunciatura

La medalla escapulario de oro que el fraile llevaba habitualmente fue recibida por Conchita de Mendoza, quien aseguró que Zoila Ramírez Monasterio de Villamar se la había entregado. Luego, la pieza quedó en manos de fray Edwin Alvarado y desde noviembre de 2024 permanece en la caja fuerte del santuario.

La trayectoria de esa medalla abrió otra incógnita: si el sacerdote la llevaba siempre consigo, no se estableció cómo regresó al convento. Fray Leonardo García sostuvo que el nuncio Oriano Quilici entregó los documentos de identificación, la billetera y la cadena de Ramírez Monasterio tras recibirlos del entonces presidente de Guatemala, el general Humberto Mejía Víctores.

Al devolver esos bienes, el mandatario habría dicho que “enemigos de su gobierno” eran responsables del asesinato del fraile. La medalla no fue mencionada entre los objetos que Quilici restituyó.

Un chaleco usado para dirigir la orquesta, un breviario de rezo y un pañuelo de tela con el nombre del sacerdote permanecen en manos de particulares. La comisión conoce la identidad y la ubicación de quienes los resguardan, aunque esos datos no fueron difundidos.

El resto de las pertenencias personales del religioso fue regalado, quemado o extraviado tras su muerte. La comisión, integrada por Luis Alfonso Quino González, Astrid Lissette Mazariegos Terete, Julio Roberto Berdúo Samayoa, Blanca Lidia López y Ana Morales Ramírez, dio a conocer el inventario en octubre de 2026, semanas antes de la ceremonia de beatificación en Antigua Guatemala.

El cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega presidió en Guatemala la beatificación del fraile franciscano Augusto Ramírez Monasterio, asesinado en 1983 durante el conflicto armado interno por negarse a revelar el contenido de una confesión. El arzobispo de Guadalajara representó al papa León XIV en su primera misión como delegado pontificio.

La ceremonia se realizó en la finca municipal Florencia, situada en Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, y coincidió con el 43 aniversario exacto del asesinato del religioso, ocurrido el 7 de noviembre de 1983. La Conferencia Episcopal de Guatemala había calculado la llegada de al menos 15.000 feligreses.

La eucaristía comenzó a las 10:00, aunque el acceso al predio fue habilitado desde las 6:00. Participaron 27 obispos, el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini, el nuncio apostólico y cerca de 300 sacerdotes.

Robles Ortega, de 77 años, fue designado representante del pontífice el 4 de octubre. La Oficina de Prensa del Arzobispado de Guadalajara informó que el cardenal expresó su satisfacción por el encargo y confirmó que era la primera vez que asumía una misión de esa naturaleza.

El reconocimiento del martirio de Augusto Ramírez Monasterio

León XIV firmó el 22 de enero de 2026 el decreto que reconoció el martirio de Ramírez Monasterio por odio a la fe. La decisión fue tomada después de una audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

El reconocimiento convirtió al fraile franciscano en beato y vinculó a la Iglesia mexicana con una celebración de especial relevancia para la memoria religiosa y social de Guatemala. El religioso fue asesinado durante el conflicto armado interno del país tras negarse a revelar información escuchada en confesión.

Después de la misa, una reliquia del nuevo beato fue trasladada en una procesión a pie desde el puente del Matasano hasta el templo de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala. Allí se instaló una pantalla gigante para seguir la transmisión de la celebración encabezada por el cardenal mexicano.

De Mascota al arzobispado de Guadalajara

Robles Ortega nació el 2 de marzo de 1949 en Mascota, Jalisco, y es el tercero de 16 hermanos. Inició su formación religiosa en el Seminario Menor de Autlán y continuó sus estudios de Filosofía y Teología en los seminarios de Guadalajara y Zamora.

Fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1976 para la diócesis de Autlán. Más tarde viajó a Roma, donde obtuvo una licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana.

A su regreso a México ejerció como párroco, profesor, rector de seminario, vicario general y administrador diocesano. El papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Toluca en 1991, y cinco años después asumió como obispo titular de esa diócesis.

En 2003 fue designado arzobispo de Monterrey, función que amplió su presencia dentro de la jerarquía católica mexicana. Benedicto XVI lo creó cardenal en noviembre de 2007, con lo que pasó a integrar el grupo de autoridades con responsabilidades en la Iglesia universal.

El pontífice lo nombró arzobispo de Guadalajara en diciembre de 2011, cargo que asumió en febrero de 2012 y que conserva. También presidió la Conferencia del Episcopado Mexicano durante dos períodos: entre 2012 y 2015, y entre 2016 y 2018.

En el Vaticano formó parte del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Congregación para los Obispos y la Comisión Pontificia para América Latina. En 2013 participó como cardenal elector en el cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio como papa Francisco.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron el viernes a Yishini Giovanny Soto Ruano, de 49 años, señalado como coordinador de entregas de cargamentos de droga para la estructura criminal “Los Tigres”, dos días después de la reaprehensión de su presunto líder, Horst Walter Overdick Mejía, el 5 de noviembre. La detención elevó a cuatro el número de personas puestas a disposición de la justicia por su presunta vinculación con la organización que operaba entre Quiché y Alta Verapaz.

Overdick Mejía, de 59 años y conocido como “El Tigre”, había cumplido una condena de seis años de prisión en Estados Unidos tras aceptar cargos relacionados con el ingreso de cocaína a ese país. Luego de recuperar la libertad fue deportado a Guatemala, donde no tenía acusaciones pendientes hasta la apertura del proceso que derivó en su nueva captura.

La aprehensión de Soto Ruano se realizó en la aldea El Limón, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz. Investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil participaron en el operativo junto con el Ministerio Público.

El detenido tenía una orden de captura por asociaciones delictivas, emitida dentro de las pesquisas contra “Los Tigres”. De acuerdo con la investigación fiscal, su función consistía en coordinar la entrega de sustancias ilícitas en los departamentos de Quiché y Alta Verapaz.

Cuatro detenidos y una ruta entre Quiché y Alta Verapaz

Las autoridades contabilizan cuatro personas vinculadas con la estructura que ya fueron entregadas a la justicia. Además de Soto Ruano y Overdick Mejía, hay otros dos hombres detenidos por asociaciones delictivas, aunque el ente investigador no reveló sus identidades.

La Policía Nacional Civil indicó que las capturas forman parte de acciones de investigación y seguimiento dirigidas a identificar y desarticular redes relacionadas con el narcotráfico en el corredor que conecta Quiché con Alta Verapaz. Esa zona fue utilizada históricamente para el traslado de droga hacia la frontera con México.

La detención de Overdick ocurrió en el kilómetro 210,5 de la salida hacia Cobán, Alta Verapaz. El Ministerio Público le atribuye comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además de asociaciones delictivas, dentro de un proceso penal abierto en Guatemala que no responde a un pedido de extradición.

Los registros policiales consignan detenciones previas del presunto líder en 2000, 2002 y 2012. En marzo de 2000 fue capturado por daños, amenazas y disparos con arma de fuego, bajo señalamientos de que podía coordinar una red de narcotráfico y resguardo de armas.

En febrero de 2002 volvió a ser aprehendido por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como por atentado ilegal con arma de fuego. Ese mismo año, según cargos aceptados posteriormente en Estados Unidos, recibió un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína que fue trasladado a México con destino final estadounidense.

La alianza con Los Zetas y la extradición a Estados Unidos

Overdick comenzó a traficar cocaína en 1999, bajo el aprendizaje de Jorge Mario “el Gordo” Paredes Córdova, los hermanos Otoniel y Moisés Turcios, y miembros de la familia Waldemar Lorenzana Lima. Todos ellos fueron capturados posteriormente por la justicia de Estados Unidos.

Un reporte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos señaló que facilitó la construcción de pistas clandestinas para el aterrizaje de aviones colombianos cargados de cocaína. También organizó el ocultamiento de cargamentos en fincas próximas a la frontera con México antes de su traslado terrestre hacia territorio estadounidense.

Desde 2008, el acusado se convirtió en aliado de Los Zetas en la región luego de entrar en conflicto con Juan José León Ardón, alias “Juancho León”. León Ardón, antiguo integrante del clan Los Lorenzana, había comenzado a robar cargamentos de droga a Overdick, quien recurrió a la organización mexicana porque no contaba con una fuerza propia para enfrentarlo.

Overdick proporcionó fincas y refugios a Los Zetas. El 25 de marzo de 2008, sicarios de esa organización asesinaron a Juancho León y a diez de sus guardaespaldas en un turicentro de la aldea La Pepesca, Zacapa.

Tras ese ataque, la alianza controló rutas de tráfico de droga por Playa Grande Ixcán, en Quiché, además de sectores de Las Verapaces, Izabal y Huehuetenango. La primera captura de Overdick con fines de extradición ocurrió el 3 de abril de 2012, durante un operativo en el condominio Portland, San Lucas Sacatepéquez.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York había emitido una orden en su contra por conspiración para distribuir cocaína y portación ilegal de arma de fuego. Tras permanecer en la prisión de Fraijanes I, el Tribunal Tercero de Sentencia autorizó su entrega a Estados Unidos el 12 de diciembre de 2012.

Al terminar su pena, fue deportado en un vuelo procedente de Brownsville, Texas, e ingresó a Guatemala por la Dirección de Migración. La Fiscalía contra la Narcoactividad había advertido que podía actuar de oficio si surgían indicios de que retomara actividades de tráfico de drogas.

La Policía Nacional Civil mantiene las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de “Los Tigres” y establecer el alcance de sus operaciones en Quiché y Alta Verapaz.

Guatemala registró 1,835 nuevos diagnósticos de VIH entre enero y septiembre de 2026, con una tasa nacional de 10 casos por cada 100.000 habitantes. El balance incluye 314 muertes asociadas a infecciones oportunistas y comorbilidades vinculadas al virus, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.

La concentración territorial de los contagios y las dificultades para acceder a pruebas tempranas marcan diferencias entre los departamentos. Ocho de los 22 territorios superaron la tasa nacional, mientras que varias zonas del occidente y el norte notificaron una alta proporción de diagnósticos en etapas avanzadas.

La respuesta sanitaria permitió que 93% de las personas diagnosticadas durante 2026 fuera derivada a una Unidad de Atención Integral, y 92% inició tratamiento antirretroviral. En la mayoría de los casos, ese inicio ocurrió antes de una semana desde la confirmación del diagnóstico.

Cinco hospitales alcanzaron cobertura total de tratamiento entre las personas vinculadas a sus servicios: los centros de Quetzaltenango, Cuilapa, en Santa Rosa, Quiché, Retalhuleu y Jalapa iniciaron terapia antirretroviral en el 100% de los pacientes derivados.

Izabal, Escuintla y Petén, las tasas más altas del país

Izabal encabezó la tasa de nuevos casos con 18,7 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por Escuintla, con 18,3, y Petén, con 16,8. También excedieron el promedio nacional los departamentos de Guatemala, con 16,0; Zacapa, con 14,1; El Progreso, con 13,0; Chiquimula, con 12,2; y Sacatepéquez, con 10,1.

El departamento de Guatemala no ocupó el primer lugar en la medición relativa, pero concentró el mayor volumen de nuevos diagnósticos: 601 casos, equivalentes a uno de cada tres notificados en el país durante los primeros nueve meses del año.

Nueve departamentos reunieron 75% de los contagios registrados a escala nacional: Guatemala, Escuintla, Alta Verapaz, Petén, San Marcos, Izabal, Quetzaltenango, Quiché y Chiquimula. La distribución mantiene el peso de las zonas que históricamente han acumulado mayor incidencia de VIH.

Las muertes asociadas al virus también se concentraron en algunos de esos territorios. Guatemala reportó 79 fallecimientos, seguido por Escuintla, con 35; Izabal, con 22; y San Marcos, con 18.

El registro de defunciones fue elaborado a partir de información del Registro Nacional de las Personas y procesada por la vigilancia epidemiológica. Los fallecimientos fueron atribuidos a infecciones oportunistas y a otras enfermedades coexistentes relacionadas con el VIH.

El diagnóstico tardío y la baja realización de pruebas entre hombres

La proporción de personas diagnosticadas cuando la infección ya estaba avanzada superó el promedio nacional de 44% en tres departamentos. San Marcos registró el indicador más alto, con 57%, seguido por Alta Verapaz, con 53%, y Huehuetenango, con 52%.

El acceso tardío a la detección se relaciona con una baja participación masculina en los tamizajes realizados en distintas regiones. En Quiché, los hombres representaron 6,8% de las pruebas; en Sololá, 8,1%; y en Alta Verapaz, 10,3%.

A escala nacional, los hombres concentraron 17,5% de los tamizajes. La diferencia con los departamentos del occidente y el norte expone una menor disposición a realizarse la prueba en esas áreas, lo que puede retrasar el ingreso a los servicios de atención.

La coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida del ministerio, Hibeb Alejandra Silvestre Tuch, señaló que los desafíos sanitarios no son iguales en todo el país. “Cada departamento tiene una realidad distinta. En algunos, el reto es frenar la transmisión y en otros es que las personas, sobre todo los hombres, se hagan la prueba antes de llegar en etapa avanzada de VIH”, afirmó.

Silvestre Tuch sostuvo que las herramientas de prevención, las pruebas y los tratamientos están disponibles sin costo dentro de la red pública de salud. “Los métodos de prevención, la prueba y el tratamiento son gratuitos y están disponibles en la red de establecimientos públicos de salud” en todo el país, agregó.

Las cifras son preliminares y pueden actualizarse. El sistema de vigilancia utiliza información de EPIWEB y SIGSA, además del cruce con los registros del Registro Nacional de las Personas para contabilizar los fallecimientos.

Fray Augusto Ramírez Monasterio fue proclamado beato por la Iglesia católica tras el reconocimiento de su martirio: el sacerdote franciscano guatemalteco fue secuestrado, torturado y asesinado en 1983 por negarse a revelar la información que había recibido durante una confesión. Su elevación a los altares lo convirtió en el primer sacerdote de Guatemala con ese reconocimiento eclesiástico.

Nacido en la ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 1937, era el menor de nueve hermanos y fue bautizado el 19 de diciembre de ese año en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Cursó la educación primaria y secundaria en Guatemala, y continuó sus estudios básicos en Diriamba, Nicaragua.

El 24 de diciembre de 1958 ingresó al noviciado franciscano de Santa Ana del Monte, en España. Allí completó su formación en Filosofía y Teología, en Albacete, recibió la profesión solemne, el diaconado y la ordenación sacerdotal.

La formación religiosa y el trabajo con comunidades campesinas

Tras regresar a Centroamérica, Ramírez Monasterio fue formador en el Colegio Seráfico de Diriamba. Más tarde volvió a España para especializarse en lenguas clásicas y, al retornar, dirigió el seminario franciscano de la Escuela de Cristo, en Antigua Guatemala.

También fue superior del seminario de Cristo Rey, ubicado en la zona 15 de la capital. Entre 1978 y 1983 se desempeñó como superior y párroco del templo San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, durante los años de violencia vinculados al gobierno militar y al conflicto armado interno.

Su ministerio incluyó el acompañamiento de jóvenes, comunidades indígenas y campesinas, además de su colaboración con las Obras Sociales del Hermano Pedro. La Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala, Confregua, destacó esa tarea pastoral y recogió que el religioso se solidarizaba con “los pobres y oprimidos”.

La persecución comenzó en junio de 1983, después de que un campesino relacionado con la guerrilla acudiera a confesarse con él. El sacerdote fue acusado de simpatizar con los sublevados, aunque la causa eclesiástica sostuvo que se había mantenido ajeno a la política y que ejercía la doctrina de la Iglesia católica.

El secreto de confesión, la tortura y el asesinato

Ramírez Monasterio fue secuestrado y torturado para que revelara lo que había escuchado durante el sacramento, pero no cedió. Tras recuperar la libertad, rechazó las recomendaciones de abandonar Guatemala y permaneció en su parroquia pese a las amenazas de la policía estatal.

Confregua registró la respuesta que dio a quienes le pidieron partir: “No debo nada a nadie, yo no me voy. Hay que dar un precedente”. La escalada de intimidaciones continuó durante los meses posteriores.

El 7 de noviembre de 1983, el franciscano fue secuestrado por segunda vez y asesinado a tiros en las afueras de la ciudad de Guatemala. Las autoridades de entonces presentaron el hecho como un intento de fuga del vehículo en el que era trasladado, mientras que la Iglesia determinó posteriormente que había sido un martirio por odio a la fe.

La prensa de la época describió el episodio bajo el título “un muerto y un herido en tiroteo en el periférico”. El relato litúrgico de su causa lo identificó como el decimotercer religioso asesinado durante el conflicto armado interno guatemalteco.

La Conferencia Episcopal de Guatemala presentó su nombre ante el papa Juan Pablo II en 1996 y reiteró la petición durante una segunda visita papal en 2000. El papa León XIV firmó el 22 de enero de 2026 el decreto que reconoció su martirio, luego de una audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Ese reconocimiento permitió su beatificación sin que fuera necesario acreditar un milagro. La carta apostólica que formalizó la decisión fue firmada en Roma el 14 de septiembre de 2026, durante la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y fijó el 7 de noviembre como fecha de su memoria litúrgica.

La causa había comenzado tres décadas antes, cuando la Conferencia Episcopal de Guatemala presentó por primera vez el nombre de Ramírez Monasterio ante el papa Juan Pablo II en 1996. La solicitud fue reiterada durante la segunda visita papal al país, en 2000.

Más de 15.000 fieles de distintos puntos de Guatemala asistieron a la eucaristía, presidida por el cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y delegado del papa León XIV. También participaron el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, Gonzalo de Villa y Vásquez, 27 obispos, dos cardenales, el nuncio apostólico y unos 300 sacerdotes.

Robles Ortega, de 77 años, fue designado representante pontificio el 4 de octubre y encabezó su primera misión de este tipo. La ceremonia comenzó a las 10:00 en la finca municipal.

El reconocimiento del martirio sin un milagro acreditado

El Vaticano formalizó el reconocimiento del martirio el 22 de enero de 2026, después de una audiencia de León XIV con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Esa condición permitió continuar el proceso sin acreditar un milagro, que suele ser un requisito para las causas que no corresponden a mártires.

El vicepostulador de la causa, fray Edwin Alvarado, leyó el decreto pontificio firmado en Roma el 14 de septiembre, fecha de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El documento definió al franciscano como “presbítero, profeso de la Orden de Frailes Menores y mártir, valiente defensor de los más desfavorecidos y firme defensor de la dignidad humana, promotor de la luz del Evangelio y ministro de la reconciliación sacramental”.

Tras la lectura del texto, Alvarado anunció: “Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio ha sido inscrito en el número de los beatos”. Luego se develó la imagen oficial destinada a la veneración del nuevo beato.

El secreto de confesión y las torturas antes del asesinato

El cardenal Robles Ortega situó la defensa del secreto de confesión en el centro de su homilía. “Se llegó el día en el que la Iglesia se pronuncia y lo eleva a los altares por su defensa heroica del secreto de confesión”, afirmó ante los asistentes.

La imagen oficial muestra las manos de Ramírez Monasterio cubiertas por las mangas de su hábito. El prelado explicó que el religioso había sido secuestrado y torturado días antes de su muerte: sus captores lo colgaron del techo con esposas de hierro, lo que dejó sus manos moradas y quemadas, y el sacerdote decidió ocultarlas cuando le solicitaron una fotografía.

El pretexto para el crimen surgió en junio de 1983, cuando el franciscano confesó a un campesino vinculado con la guerrilla. A partir de aquel episodio fue acusado de simpatizar con los sublevados, aunque Robles Ortega sostuvo que “siempre había permanecido ajeno a la política”.

El 7 de noviembre de 1983, Ramírez Monasterio fue secuestrado por segunda vez y asesinado a tiros en las afueras de la ciudad de Guatemala. Las autoridades de entonces presentaron el homicidio como un supuesto intento de fuga del vehículo que lo trasladaba.

Los compromisos planteados para el clero actual

La homilía definió al confesionario como un “sagrario de la misericordia” y vinculó el martirio del nuevo beato con la inviolabilidad de la conciencia. Robles Ortega afirmó que el secreto de confesión “no es un simple privilegio eclesiástico ni una forma jurídica que pueda negociarse bajo amenazas o presiones políticas”.

El cardenal sostuvo que esa reserva nace de la santidad del sacramento, en el que el sacerdote actúa en nombre de Cristo. A partir de esa idea, propuso para los sacerdotes dos compromisos: la confidencialidad absoluta ante las conciencias de los fieles y la cercanía con el sufrimiento de los pueblos.

Guatemala fue definida por Robles Ortega como “una hermosa y dolorosa tierra de mártires”, cuyo suelo “ha sido regado generosamente con la sangre de hombres y mujeres” que antepusieron la fidelidad al Evangelio durante los años de violencia. El cardenal relacionó esa cercanía pastoral con la expresión del papa Francisco sobre sacerdotes “con olor a oveja”.

Al final de su intervención, Robles Ortega citó un fragmento de una homilía pronunciada por Ramírez Monasterio en 1982, uno de los pocos textos conservados del sacerdote. Ese pasaje será incorporado al oficio de lectura de la liturgia de las horas.

La ceremonia concluyó con la invocación: “Beato Augusto, ruega por nosotros y protégenos siempre”. Después del rito, la reliquia fue trasladada en una procesión a pie desde el puente del Matasano hasta el templo de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, donde una pantalla gigante permitió seguir la transmisión.

El escritor Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco, se identificó con el Gran Lengua, una figura de las antiguas tradiciones narrativas indígenas que interpretaba relatos representados en imágenes y los transmitía oralmente.

El apelativo permitió al autor definir su papel como narrador y portavoz de una memoria colectiva vinculada con los pueblos indígenas de Guatemala.

La denominación adquirió relevancia durante el retorno de los restos mortales del escritor al país, porque concentra la relación que Asturias estableció entre la literatura, las tradiciones indígenas y la historia guatemalteca.

Más de cinco décadas después de recibir el Nobel de Literatura, su obra continúa asociada con las raíces culturales de Guatemala.

El Gran Lengua no era únicamente un contador de historias. Era la persona que conocía el significado de los relatos plasmados en imágenes, los interpretaba para quienes lo escuchaban y contribuía a que esas narraciones permanecieran en la memoria de la comunidad.

El intérprete de los relatos pintados

Asturias explicó el sentido de esa figura en la conferencia La novela latinoamericana: testimonio de una época, pronunciada el 12 de diciembre de 1967 con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura. Allí describió el recorrido de las historias indígenas antes de su fijación mediante la escritura alfabética.

El autor definió al Gran Lengua como el lector y transmisor de los relatos representados visualmente: “El lector, contador de cuentos cantados, o ‘gran lengua’, único conocedor de lo que los pinacogramas decían, realizaba una interpretación de los mismos recreándolos, para regalo de los que le escuchaban”.

Según explicó, aquellas historias pintadas se fijaban luego en la memoria de los oyentes. La palabra permitía que pasaran de generación en generación hasta que el alfabeto llevado por los españoles las registró en lenguas nativas con caracteres latinos o directamente en castellano.

Ese proceso hizo posible que llegaran al conocimiento posterior textos indígenas “poco expuestos a la contaminación occidental”, como sostuvo Asturias durante su intervención.

Para el escritor, la transmisión oral no era una instancia secundaria: era el medio que preservaba relatos, conocimientos y creencias dentro de una comunidad.

La imagen del Gran Lengua reunía, por lo tanto, varias funciones: lector de signos, intérprete de imágenes, contador de cuentos cantados y guardián de la memoria oral. Su conocimiento no permanecía reservado, sino que adquiría sentido al ser compartido con quienes lo escuchaban.

La voz de una tribu en la obra de Asturias

La identificación personal de Asturias con esa figura quedó expresada en una entrevista recopilada por Luis Harss en Los nuestros, publicado en 1966. Al referirse al significado del apelativo, el autor vinculó al Gran Lengua con su propia tarea como escritor: “El Gran Lengua es el vocero de la tribu. Y en cierto modo eso es lo que yo he sido: el vocero de mi tribu”.

La declaración sitúa su producción literaria en una relación directa con las voces, relatos y tradiciones de los pueblos indígenas. Asturias no presentó al escritor como un creador aislado, sino como alguien que transmite una herencia cultural mediante la palabra.

Esa perspectiva aparece en Leyendas de Guatemala, de 1930; Hombres de maíz, de 1949; y Mulata de tal, de 1963. En esas obras incorporó elementos de la cosmovisión maya, la mitología indígena, la tradición oral y relatos populares.

La presencia del Gran Lengua también alcanzó su poesía. En 1961, Asturias publicó “El gran lengua” en la revista Cuadernos Americanos, y al año siguiente apareció “Habla el Gran Lengua”, dos textos que muestran el lugar que ocupaba esta figura dentro de su pensamiento creativo.

El apelativo condensó así una concepción de la literatura ligada a la preservación y transmisión de historias. El Gran Lengua era el mensajero de una comunidad, y Asturias asumió esa imagen para definir su vínculo con las voces, las creencias y los conocimientos que forman parte de la identidad de los pueblos indígenas.

El diputado Julio César Portillo Paz falleció a las 21:58 del viernes 6 de noviembre, horas después de recibir múltiples disparos durante un ataque contra su comitiva en Río Hondo, Zacapa. Las heridas en el rostro y el cráneo fueron determinantes en su muerte, pese a la cirugía de urgencia y la atención intensiva que recibió en el Hospital Regional de Zacapa.

Portillo, electo por Zacapa para el período 2024-2028, ingresó al centro asistencial a las 17:45, trasladado por los Bomberos Municipales. El atentado ocurrió en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, frente a la sede local de la Policía Nacional Civil.

El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, explicó que el legislador fue sometido a una intervención inmediata para controlar las hemorragias y reparar los daños iniciales. Tras la operación, permaneció en cuidados intensivos, en estado delicado y con apoyo hemodinámico.

La gravedad de las lesiones impidió su recuperación. Nájera García afirmó: “Por la complejidad de las lesiones y por la gravedad de las mismas, él falleció”.

El médico precisó que el diputado presentaba varias heridas de bala, aunque las más difíciles de atender se concentraban en la región facial y craneal. “El señor diputado traía múltiples lesiones, pero las más importantes eran en la región facial y craneal, las que representaron un mayor daño a su salud”, señaló.

El director del hospital también expresó sus condolencias a la esposa de Portillo, Dulce, y a los padres del legislador. El centro médico mantuvo activos sus servicios de emergencia y encamamiento durante toda la atención al diputado.

El ataque frente a la sede policial de Río Hondo

Hombres armados no identificados dispararon contra el vehículo tipo agrícola en el que viajaba Portillo y contra dos motocicletas de la Policía Nacional Civil que integraban su escolta. Tres agentes murieron durante el ataque.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, identificó a los policías fallecidos como Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana. Los tres murieron mientras cumplían funciones de protección del legislador.

Herrera condenó el crimen y escribió: “Condeno el asesinato de Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, agentes de la Policía Nacional Civil, en el cumplimiento de su deber. Expreso sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

La vicepresidenta también lamentó por separado la muerte de Portillo y manifestó su solidaridad con sus familiares y los integrantes del Congreso de la República. Las autoridades habían reforzado previamente la seguridad del diputado por denuncias de amenazas contra él y miembros de su entorno.

En 2024, el Ministerio de Gobernación elevó de dos a seis agentes el número de policías asignados a la protección de Portillo, luego de que denunciara persecuciones contra integrantes de su familia. Ese antecedente fue informado por la agencia EFE.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió el atentado en un mensaje publicado al día siguiente. El mandatario sostuvo: “No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad de los guatemaltecos”.

Arévalo instruyó a las fuerzas de seguridad a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer el ataque e identificar a sus responsables. También afirmó que el sacrificio de los tres agentes asesinados no sería olvidado.

Durante la noche del atentado circularon versiones en redes sociales sobre un supuesto cierre de las emergencias del Hospital Regional de Zacapa. Nájera García negó esa información y explicó que únicamente se pidió apoyo a la Gobernación Departamental para reforzar la seguridad en el perímetro de las instalaciones.

“Cualquier información del acontecer del hospital siempre se publica a través de su página oficial. Cualquier otra información que circule en redes sociales no es de carácter oficial”, afirmó el director. El hospital sostuvo que continuó atendiendo a la población sin contratiempos.

Las denuncias y procesos que atravesaron su carrera política

La trayectoria política de Portillo estuvo marcada por denuncias judiciales, cuestionamientos públicos y su posterior expulsión del partido Cabal, la agrupación con la que había llegado al Congreso. El señalamiento de mayor repercusión surgió en 2025, cuando el alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván, lo acusó de exigir comisiones ilegales vinculadas a proyectos municipales.

Según la denuncia de Galván, el diputado habría pedido el 20% del valor de ciertos proyectos municipales y el 10% de las obras financiadas con recursos del Consejo Departamental de Desarrollo. El alcalde también afirmó que Portillo buscaba influir en la adjudicación de contratos a empresas de su elección.

Galván denunció, además, presiones para que proveedores adquirieran cemento a una sociedad cuyos representantes legales podrían ser familiares del legislador. También lo vinculó con amenazas relacionadas con auditorías de la Contraloría General de Cuentas y aseguró que se había presentado en el municipio acompañado por personas con presuntos vínculos con el narcotráfico, solicitadas por Estados Unidos.

El 12 de junio de 2025, el Ministerio Público solicitó retirar el antejuicio de Portillo para investigarlo por abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones. La pesquisa se relacionaba con hechos que habrían ocurrido entre junio y diciembre de 2024.

El diputado rechazó las acusaciones y sostuvo que sus visitas a La Unión formaban parte de tareas de fiscalización. En abril de 2025, Cabal inició un proceso de expulsión en su contra, que se concretó meses después.

Portillo también había enfrentado una causa por el accidente de tránsito del 13 de mayo de 2024 en Ciudad de Guatemala, en el que murió el agente de la Policía Nacional Civil Nery Eberto Ruano Morales, integrante de su equipo de seguridad. Fue señalado por homicidio culposo y lesiones culposas, pero un juez dictó falta de mérito a su favor el 30 de enero de 2025.

En julio de 2024, el legislador reconoció públicamente que dos mujeres lo habían denunciado luego de un altercado durante una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa. En mayo de 2026, la diputada Carolina Orellana presentó otra denuncia por hostigamiento, en su manifestación psicológica de violencia contra la mujer.

Esa denuncia derivó en medidas cautelares y una orden de alejamiento a favor de Orellana y de su familia. El Tribunal Supremo Electoral abrió también un expediente por posibles infracciones de propaganda ilegal, incluida la distribución de pulseras con la inscripción “J. Portillo”.

En enero de 2026, Portillo declaró haber acumulado alrededor de 240 denuncias, aunque aseguró que los procesos habían sido resueltos. Tras dejar Cabal, se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza, dirigida por la ex primera dama Sandra Torres.

El 31 de octubre de 2026, una asamblea extraordinaria departamental celebrada en Zacapa lo proclamó oficialmente integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza, una semana antes del ataque en el que murió.

El Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala recuperó tres obras el jueves 5 de noviembre, cuando el Ministerio de Cultura y Deportes inició el retorno progresivo de la colección que había permanecido protegida durante 10 meses en el Palacio Nacional de la Cultura tras su retiro del recinto.

Las primeras piezas trasladadas fueron los lienzos San Francisco se despoja de sus vestiduras y El bautizo de San Francisco, atribuidos al artista novohispano Cristóbal de Villalpando, además del Relieve de las monjas Clarisas.

Las autoridades prevén movilizar durante las próximas semanas las siete obras que todavía completan la colección retirada.

El operativo se realizó bajo protocolos especializados de conservación preventiva y seguridad. El Ministerio de Cultura y Deportes informó que las obras fueron sometidas a una evaluación exhaustiva antes de su traslado, con el objetivo de reducir los riesgos para piezas históricas de gran antigüedad.

La devolución comenzó pocos días después de la reapertura del museo, que volvió a recibir visitantes el 30 de octubre luego de permanecer cerrado desde enero de 2026. El inmueble había quedado bajo restricciones judiciales a raíz de una investigación sobre el estado de conservación de los bienes patrimoniales que alojaba.

Tres piezas en el primer retorno de la colección

El regreso de las pinturas atribuidas a Villalpando y del relieve marca la primera restitución de objetos al edificio colonial tras el período de resguardo. La colección había sido trasladada al Palacio Nacional de la Cultura después de que las diligencias judiciales derivaran en el cierre del museo.

Entre los trabajos previos a la reapertura hubo tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones. La cartera cultural recuperó la administración del inmueble el 11 de agosto y comenzó entonces las acciones para habilitar nuevamente el espacio.

El museo reabrió con la exposición temporal 125 años de fe y devoción: Tras los pasos de Jesús, dedicada a la historia de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. La muestra reúne túnicas, mantos, resplandores, uniformes, estandartes y otros objetos vinculados al cortejo procesional del Quinto Domingo de Cuaresma.

La exhibición temporal permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre. El Museo de Arte Colonial atiende de 9:00 a 16:00 de lunes a viernes y desde las 10:00 durante los fines de semana.

El allanamiento que derivó en el cierre

El cierre se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación realizó un allanamiento en el inmueble de Antigua Guatemala. El Ministerio Público señaló que las diligencias habían sido autorizadas por un juzgado de Sacatepéquez dentro de una investigación sobre las condiciones de conservación de los bienes históricos.

Entre las piezas observadas por su deterioro había objetos arqueológicos, pinturas y lienzos con más de tres siglos de antigüedad. El 13 de enero de 2026, el Ministerio de Cultura y Deportes comunicó que el museo había sido clausurado por orden judicial y que varias obras permanecían bajo custodia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

Seis piezas de gran formato, entre ellas pinturas de Tomás de Merlo, permanecieron dentro del edificio debido a las dificultades y los riesgos que implicaba movilizarlas. La entonces ministra de Cultura, Liwy Grazioso, cuestionó el procedimiento y advirtió que la antigüedad, las dimensiones y el estado de conservación de las obras exigían precauciones especiales.

La cartera cultural presentó además una acción de amparo al denunciar posibles irregularidades durante las diligencias. La controversia judicial se sumó a una disputa institucional sobre el control y el uso del inmueble.

La administración del edificio, en disputa hasta agosto

El Ministerio de Cultura y Deportes sostuvo que mantenía un usufructo vigente sobre el edificio hasta 2032 y que el espacio debía destinarse a actividades culturales. La Municipalidad de Antigua Guatemala planteó, en cambio, que ese uso estaba condicionado al funcionamiento del museo y que la falta de operaciones habilitaba la recuperación del inmueble.

Representantes de ambas instituciones se reunieron en febrero de 2026 para abordar el futuro del recinto, su administración, mantenimiento y restauración. El desacuerdo continuó hasta agosto, cuando el Ministerio anunció que había recuperado el control del museo y recibido nuevamente las llaves.

A partir de entonces, la institución afirmó que el retorno de la colección debía organizarse bajo condiciones que garantizaran la seguridad de las piezas. La llegada de las tres primeras obras abre esa etapa, mientras las restantes permanecen bajo resguardo a la espera de su traslado al Museo de Arte Colonial.

La Vicepresidencia de la República de Guatemala graduó a 175 jóvenes de la segunda cohorte del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes, del que el 85% logró acceder a un empleo, una pasantía o una beca. La iniciativa busca que los participantes desarrollen un plan de vida en el país y encuentren alternativas a la migración irregular, según informó la institución durante la ceremonia realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de Guatemala.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, encabezó el acto junto con representantes de la Fundación Carlos F. Novella, Children Emergency Relief International (CERI) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). También asistieron familiares de los graduados, empleadores vinculados a las pasantías y autoridades gubernamentales.

Un total de 149 de los 175 egresados accedió a alguna modalidad de vinculación: pasantía, contratación directa o articulación con la beca Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. CERI indicó que 85 participantes ya habían comenzado a trabajar al momento de la clausura y que cada semana se sumaban nuevas incorporaciones laborales.

Siete departamentos y ocho sedes para la segunda cohorte

El programa comenzó a rediseñarse en 2024 y se consolidó al año siguiente, cuando funcionaba únicamente en Guatemala y Chimaltenango. En 2026 extendió su alcance a Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Izabal, Suchitepéquez y Quetzaltenango, una expansión del 250% respecto de la cobertura inicial.

Nery Franco, secretario general de la Vicepresidencia, explicó que el crecimiento territorial se reflejó en una segunda cohorte de 175 graduados, distribuidos en ocho sedes a cargo de Intecap y la organización FARO. La formación técnica se concentró en atención al cliente con especialidad en turismo, cocina variada, ventas y electricidad domiciliaria.

Las especialidades se eligieron tras un diagnóstico de las oportunidades de trabajo disponibles en cada territorio. El programa articuló la convocatoria y selección de los jóvenes, la capacitación técnica, el desarrollo de habilidades personales, el acompañamiento individual y la conexión con empleadores.

La Fundación Carlos F. Novella impartió talleres semanales sobre inteligencia emocional, autoestima, liderazgo, comunicación y resiliencia. También entregó kits escolares, refrigerios durante los tres meses de capacitación y traslados para los participantes de la sede de Escuintla.

CERI destinó cuatro gestoras de casos para seguir la asistencia, coordinar apoyos y atender situaciones de vulnerabilidad identificadas entre los jóvenes. Alberto Enrique Ubilla Sayes, director de la junta directiva de la Fundación Carlos F. Novella, precisó que 173 participantes de siete departamentos atravesaron las etapas de formación técnica, pasantías y acompañamiento.

“El ochenta y cinco por ciento de los participantes logró vincularse a una oportunidad de empleo, pasantía o beca”, afirmó Ubilla Sayes durante la ceremonia. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social colaboró con la elaboración de currículums y las postulaciones laborales, mientras que la Secretaría contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas participó en la prevención de adicciones.

La entidad EDVET intervino con acciones de prevención de violencia sexual, explotación y trata de personas. El alcalde de Esquipulas, Carlos Portillo, integró la mesa principal en representación de una de las municipalidades que brindaron apoyo logístico en su territorio.

Sesenta y cinco pasantías con 32 empleadores

La conexión con el sector privado se impulsó mediante cuatro ruedas de empresarios realizadas en Esquipulas, Quetzaltenango, Chimaltenango y Escuintla. Esos encuentros derivaron en 65 pasantías con 32 empleadores, entre instituciones bancarias, cooperativas, restaurantes y hoteles.

Entre los graduados estuvieron Katy Méndez, formada en atención al cliente y turismo, quien ya trabaja en una empresa del sector; Dulce López, egresada del mismo curso en Esquipulas; y Jimmy Santiago Saracho Chay, quien destacó la oportunidad laboral obtenida tras su paso por la iniciativa.

Irasema Gómez se vinculó con un emprendimiento familiar de café, mientras que Sara Inés Tun Estrada expresó su intención de continuar con estudios universitarios. Caitlin McElroy, presidenta de CERI, relató el caso de una joven de Chimaltenango que completó el curso de cocina, consiguió empleo en un establecimiento de la localidad y desarrolló un negocio propio.

Herrera sostuvo que el programa reemplazó un modelo previo destinado exclusivamente a incorporar jóvenes al aparato estatal. “No todo mundo tiene que trabajar en el Estado, ni todos los jóvenes aspiran a trabajar en el Estado”, afirmó la Presidenta, al señalar que los participantes tienen aspiraciones distintas, entre ellas emprender, obtener becas en el extranjero o ingresar al mercado laboral.

La funcionaria aseguró que la convocatoria fue abierta y transparente, sin condicionamientos para quienes se postularon. “Ustedes participaron por voluntad propia. Nadie les dio la oportunidad solicitándoles algo más”, expresó en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.

El diputado Julio César Portillo Paz murió la noche del viernes 6 de noviembre, horas después de un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en Río Hondo, Zacapa. La agresión ocurrió frente a la sede local de la Policía Nacional Civil y dejó también tres agentes fallecidos, según La Hora.

Los disparos se produjeron en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, durante la tarde. Hombres armados atacaron a los ocupantes de un vehículo tipo agrícola y a dos policías que se desplazaban en motocicleta.

Portillo fue trasladado a un centro asistencial después del atentado. Las primeras declaraciones de los Bomberos Municipales Departamentales lo había reportado estable, con lesiones causadas por esquirlas del parabrisas delantero, que recibió varios impactos de bala.

Las autoridades no informaron oficialmente si el fallecimiento del congresista fue consecuencia directa de heridas de arma de fuego. Un escolta que sobrevivió al ataque permaneció grave y fue llevado bajo custodia al mismo centro médico.

Tres policías muertos durante el ataque

La Policía Nacional Civil informó la muerte de tres agentes. Uno integraba la seguridad asignada al diputado, mientras que los otros dos pertenecían a la estación policial de Río Hondo.

Fernando Reyes Aldana fue identificado como uno de los fallecidos por un compañero que sobrevivió. En los primeros reportes, había sido señalado como integrante del equipo de seguridad personal del parlamentario.

El Ministerio de Gobernación sostuvo que los policías murieron “en cumplimiento del deber” al repeler un ataque directo contra Portillo. La cartera afirmó que los agentes respondieron para defender la vida del legislador y que los responsables eran desconocidos.

En el lugar quedaron numerosos casquillos de armas de alto poder y varios cargadores de fusil. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público recolectaron indicios y revisan grabaciones de cámaras de vigilancia para reconstruir la secuencia de los hechos.

No se habían reportado capturas ni se había establecido si el objetivo de los atacantes era específicamente el diputado. Los investigadores analizan otras hipótesis sobre el ataque, ocurrido en un sector de tránsito habitual frente a una instalación policial.

El diputado Julio César Portillo Paz murió a las 21:58 horas en el Hospital Regional de Zacapa, después de ingresar con heridas de arma de fuego y ser operado de urgencia. Las lesiones más graves estaban en la cara y el cráneo, y su complejidad derivó en su fallecimiento en cuidados intensivos.

Portillo Paz llegó al centro asistencial cerca de las 17:45 horas, trasladado por bomberos. El equipo médico controló las hemorragias y realizó reparaciones iniciales antes de trasladarlo al área de atención crítica, donde recibió apoyo hemodinámico.

El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, informó que el estado del legislador era delicado desde su ingreso. “Por la complejidad de las lesiones y por la gravedad de las mismas, él falleció”, afirmó.

Lesiones faciales y craneales de difícil manejo

El diputado presentaba múltiples heridas, aunque las de mayor daño se concentraban en la región facial y craneal. Nájera García explicó que esas lesiones fueron las más difíciles de atender y las que comprometieron con mayor gravedad su salud.

El director sostuvo que el personal médico brindó la atención posible ante la condición en la que ingresó el legislador. También expresó sus condolencias a la esposa de Portillo Paz, Dulce, y a sus padres.

La atención de emergencias y los servicios de internación continuaron activos durante la jornada. El hospital solicitó apoyo a la Gobernación Departamental para reforzar la seguridad perimetral, una medida destinada a resguardar tanto a los pacientes como al personal.

Nájera García desmintió las versiones sobre un supuesto cierre del centro asistencial y señaló que cualquier novedad institucional será comunicada mediante los canales oficiales del Hospital Regional de Zacapa.

Mauro Ismael Morales Martínez, alias “Melito”, fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por su presunta participación en una red que distribuyó cocaína entre cinco países latinoamericanos durante más de una década. El hombre, de 51 años, quedó a disposición del Distrito Sur de Florida, donde podría recibir desde una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua si es declarado culpable.

La acusación sostiene que Morales Martínez conspiró con otras personas para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que la droga sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la investigación abarca operaciones realizadas entre 2012 y 2023.

La estructura criminal señalada por las autoridades tenía presencia en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Según los registros judiciales citados por el Departamento de Justicia, el ahora extraditado habría intervenido en una organización dedicada al traslado de cargamentos de cocaína a través de distintos países de la región.

Una red activa entre 2012 y 2023

El cargo contra Morales Martínez es conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de que la sustancia tendría como destino final Estados Unidos. La fiscalía federal del Distrito Sur de Florida indicó que la red manejaba cinco kilogramos o más de la droga.

El Ministerio Público de Guatemala sostuvo, después de su arresto, que Morales Martínez fue uno de los principales líderes al servicio de traficantes guatemaltecos. También afirmó que coordinaba el transporte terrestre de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Guatemala.

La Policía Nacional Civil de Guatemala había detenido a “Melito” el 27 de agosto en Teculután, una localidad del departamento de Zacapa, en el este del país. Tras la captura, comenzó el proceso para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

La extradición fue ejecutada por la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala. Su Fuerza Élite trasladó al detenido hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, desde donde quedó bajo custodia para su envío al Distrito Sur de Florida.

La institución penitenciaria señaló en una comunicación difundida en redes sociales que el operativo se realizó “en estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales”. El procedimiento involucró a autoridades guatemaltecas y estadounidenses.

El proceso judicial en el Distrito Sur de Florida

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia gestionó el trámite de extradición desde Guatemala. La dependencia estadounidense agradeció la colaboración del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil durante las actuaciones que llevaron a la entrega del acusado.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, junto con Miles Aley, agente especial a cargo de la División de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas. La fiscal adjunta Lynn Kirkpatrick quedó asignada al caso.

Reding Quiñones vinculó la extradición con la cooperación entre autoridades de distintos países. El fiscal afirmó: “A través de la estrecha coordinación entre el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y nuestros socios internacionales, continuaremos persiguiendo a quienes se benefician del tráfico transnacional de drogas y amenazan la seguridad de nuestras comunidades”.

La condena definitiva dependerá de un juez federal de distrito, que deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la legislación. La pena contemplada para el delito atribuido oscila entre 10 años de prisión y la cadena perpetua en una cárcel federal.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala celebró la cooperación bilateral que permitió el traslado de Morales Martínez. La sede diplomática publicó tras la extradición: “No hay refugio para los narcoterroristas. Quien trafique drogas hacia nuestro país responderá ante la justicia estadounidense”.

El diputado Julio Portillo sobrevivió a un ataque armado que dejó tres muertos la noche del viernes 6 de noviembre frente a la sede de la Policía Nacional Civil en Río Hondo, Zacapa. El legislador, representante del departamento en el Congreso de la República, fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica, mientras las autoridades investigan un atentado cuyo móvil aún no fue determinado.

El tiroteo ocurrió en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaban Portillo y su comitiva. Dos agentes de la Policía Nacional Civil que se movilizaban en motocicleta murieron durante el ataque.

La tercera víctima fatal fue Fernando Reyes Aldana, integrante del equipo de seguridad personal del parlamentario. Otras dos personas que custodiaban a Portillo no sufrieron heridas, de acuerdo con la información inicial sobre el hecho.

El ataque frente a la sede policial de Río Hondo

El parabrisas delantero del vehículo que transportaba al diputado recibió varios impactos de proyectiles. Las esquirlas alcanzaron a Portillo, aunque no le causaron heridas de bala.

En la escena quedaron numerosos casquillos de armas de alto poder y varios cargadores de fusil. También surgió la presunción de que los vehículos de la comitiva contaban con blindaje, pero las autoridades no habían confirmado ese extremo.

Un vocero de los Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo indicó que uno de los escoltas permaneció en estado grave antes de ser trasladado. Personal de la unidad RD 154 llevó al diputado a un centro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuya ubicación se mantuvo bajo reserva por razones de seguridad.

El mismo centro asistencial recibió bajo custodia a uno de los escoltas heridos. Bomberos voluntarios de los municipios de San Juan y Zacapa participaron en el operativo de apoyo, aunque llegaron después de que el congresista ya había sido evacuado.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para recolectar indicios y reconstruir la secuencia del atentado. La investigación incluye la revisión de grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

No se habían reportado capturas vinculadas con el caso ni se había establecido si los atacantes buscaban específicamente al diputado. Los investigadores también analizan otras hipótesis para explicar el ataque frente a una instalación policial ubicada en un sector de tránsito habitual del municipio.

La disputa entre Portillo y Carolina Orellana

El atentado ocurrió mientras Portillo mantiene una disputa pública con la diputada Carolina Orellana, también representante de Zacapa, pero integrante del bloque Cabal. En mayo, Orellana presentó una denuncia penal contra su colega por violencia contra la mujer en su manifestación de hostigamiento psicológico.

Tras esa denuncia, un juzgado concedió medidas cautelares a favor de la legisladora y de su familia. Entre ellas figura una orden de alejamiento contra Portillo.

La controversia entre ambos se remonta a enero de 2026, cuando protagonizaron un altercado durante una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa. Ese episodio derivó en acusaciones cruzadas de amenazas y en la primera denuncia presentada por Orellana.

Desde entonces, los dos congresistas se han señalado mutuamente ante el Ministerio Público por presunta corrupción e injerencia en la administración de programas sociales del departamento. También formularon denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por una supuesta campaña electoral anticipada.

Portillo rechazó los señalamientos y promovió acciones legales contra Orellana. El diputado sostuvo que la acusación por violencia.

Al conocer el ataque armado el Ministerio de Gobernación expreso que, lamenta profundamente el fallecimiento de tres agentes de la Policía Nacional Civil, quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber al repeler un ataque directo contra el diputado Julio Portillo, perpetrado por individuos desconocidos en el kilómetro 137, Río Hondo, Zacapa.

Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud. Honramos su valor y servicio, y expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con la institución policial.

Corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este ataque

La Iglesia católica ultima los preparativos para la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, religioso franciscano asesinado hace 43 años por mantenerse fiel a su compromiso sacerdotal.

La ceremonia se realizará este sábado 7 de noviembre en la finca municipal Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con una convocatoria que supera las 15 mil personas entre autoridades eclesiásticas, sacerdotes, familiares y feligreses.

El acto está programado para las 10:00 y coincide con el aniversario exacto del asesinato del religioso, ocurrido el 7 de noviembre de 1983 en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco.

La fecha llega después de que el papa León XIV firmara, el 22 de enero de 2026, el decreto que reconoció el martirio de Ramírez Monasterio, un paso que permitió avanzar a la beatificación sin necesidad de acreditar un milagro.

La logística de la celebración en Santa Lucía Milpas Altas

La finca Florencia, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Guatemala, fue elegida como sede del acto por su capacidad para recibir a una multitud. Según fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa, los organizadores prevén la asistencia de al menos 15 mil fieles, cifra que refleja el peso simbólico que la figura del religioso conserva entre comunidades indígenas y campesinas del país.

La misa será presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV para la ceremonia. Se espera además la participación de 27 obispos, dos cardenales y alrededor de 300 sacerdotes, una convocatoria que la Conferencia Episcopal de Guatemala calificó como un reconocimiento al testimonio de los religiosos que defendieron la dignidad humana durante los años de violencia.

Los últimos preparativos institucionales

Días antes del acto, el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, Gonzalo de Villa y Vásquez, recibió a fray Edgardo Manuel Pérez Tejeira, ministro provincial de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica y Panamá, y a fray José Alberto González Fuentes para coordinar los detalles finales de la ceremonia. La Provincia Franciscana agradeció también el trabajo de Alvarado, quien permaneció en España e Italia atendiendo gestiones vinculadas con el proceso ante el Vaticano.

En paralelo, la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala (Confregua) difundió el 4 de noviembre un comunicado en el que expresó “sentimientos de gratitud a Dios, a la Orden Franciscana de Frailes Menores y al pueblo de Dios que peregrina” en el país. La organización recordó que la prensa tituló el crimen de 1983 como “un muerto y un herido en tiroteo en el periférico”, una referencia que contrastó con el reconocimiento actual del hecho como martirio.

Un llamado a la memoria histórica

El documento de Confregua destacó el trabajo pastoral de Ramírez Monasterio con jóvenes, sectores indígenas y campesinos, así como su colaboración con la fundación de las Obras Sociales del Hermano Pedro en Antigua Guatemala. La organización citó además una frase que el religioso pronunció en los momentos más álgidos de su persecución: “no debo nada a nadie, yo no me voy. Hay que dar un precedente”.

“Oramos para que su valentía y espíritu profético ilumine, despierte y reavive el compromiso de todas las personas, sectores civiles, sociales, religiosos, etc. a superar el indiferentismo ante la sangrante realidad de violencia, despojo, exclusión y terror hacia la población más vulnerable”, señaló la junta directiva de Confregua en el comunicado.

El primer sacerdote guatemalteco en los altares

Con este acto, Ramírez Monasterio se convertirá en el primer sacerdote guatemalteco elevado al honor de los altares en la historia de la Iglesia católica.

La iglesia de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, templo donde el religioso ejerció su ministerio durante años y que hoy muchos fieles llaman “el santuario de la misericordia”, mantiene hasta hoy confesiones diarias entre las 6:30 y las 16:00, en continuidad con la labor pastoral que desarrolló antes de su muerte.

La Policía Nacional Civil inauguró durante un acto público la Estación 51-5 y la Subestación 51-5-1 en Chisec, Alta Verapaz, con el objetivo declarado de reforzar la presencia operativa y mejorar la atención de las necesidades de seguridad del municipio. Las instalaciones también fueron presentadas como un espacio de vínculo entre los agentes y la comunidad.

La nueva sede deberá facilitar una respuesta ante emergencias, fortalecer la prevención y ofrecer orientación a los vecinos. El ministro de Gobernación sostuvo que la seguridad tiene una relación directa con el desarrollo local, porque permite que las familias vivan con tranquilidad, los comerciantes trabajen, los agricultores trasladen sus productos y los jóvenes encuentren oportunidades.

El comisario Aberel Chinchilla Zepeda, jefe departamental de la Comisaría 51 de Alta Verapaz, pidió al personal asignado que cumpla su labor con responsabilidad, apego a las normas jurídicas y respeto a los derechos humanos. También recordó que el uniforme policial representa el deber de “proteger y servir, seguridad con transparencia”.

Una sede policial como punto de contacto comunitario

La sede fue planteada como un punto de encuentro entre la fuerza de seguridad y los habitantes de Chisec, donde la población pueda recibir auxilio ante cualquier situación de emergencia. Chinchilla Zepeda señaló que los agentes deberán actuar con disciplina y bajo los principios generales del derecho.

El director general adjunto de la Policía Nacional Civil, Héctor Noé González Pereira, vinculó la inauguración con una agenda de infraestructura destinada a dignificar al personal policial y reforzar la seguridad pública. Indicó que la atención oportuna, la prevención y la capacidad de respuesta serán las medidas con las que se evaluará el alcance de la inversión.

González Pereira pidió la participación de los vecinos y de las autoridades comunitarias para identificar riesgos y orientar el servicio policial según las condiciones del territorio. “La confianza se gana cuando esa responsabilidad se cumple en cada encuentro con la población en general”, afirmó.

El funcionario señaló que la ciudadanía fiscaliza la actuación de los agentes, la calidad de la atención y el uso de los recursos públicos. Añadió que esa observación debe fortalecer los principios institucionales, permitir correcciones y asegurar intervenciones ajustadas a la ley y a los derechos humanos.

La presencia estatal ante los desafíos territoriales

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, sostuvo que Guatemala tiene realidades territoriales distintas, con características geográficas, dinámicas sociales y desafíos de seguridad particulares. Por esa razón, afirmó que una política nacional no puede construirse únicamente desde la capital ni aplicarse de forma uniforme en todos los municipios.

Villeda Sandoval explicó que las estructuras delictivas modifican sus modalidades, buscan nuevas rutas y aprovechan las limitaciones de las instituciones. Frente a ese escenario, planteó tres capacidades necesarias: conocer el territorio, identificar riesgos de manera oportuna y responder con eficacia.

El Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo, asumió el compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad mediante mejoras de infraestructura, equipamiento y preparación de los agentes. El ministro añadió que también será necesario revisar de forma permanente la distribución de los recursos y las respuestas frente a las amenazas.

A los policías y mandos destinados en las instalaciones les pidió preparación, disciplina, integridad y capacidad de respuesta. Señaló que deberán conocer las dinámicas del municipio, detectar situaciones que afecten la seguridad y actuar dentro del marco legal.

El titular de Gobernación convocó a las autoridades municipales y comunitarias a coordinar acciones con el Estado para identificar problemas, prevenir riesgos y facilitar respuestas oportunas. Según expuso, esa cooperación requiere comunicación, responsabilidades claras y voluntad para trabajar en objetivos compartidos.

Villeda Sandoval advirtió que los desafíos de seguridad no desaparecen con una inauguración ni se resuelven con una única decisión. Dijo que requieren continuidad, recursos, supervisión y una evaluación permanente de los resultados.

Tras las intervenciones de las autoridades, el personal policial presente entonó el himno de la Policía Nacional Civil.

Interfer volverá el 27 de noviembre al Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, con su edición número 31 y una agenda de más de 20 conciertos, actividades navideñas, comercio y gastronomía hasta el 22 de diciembre.

La feria buscará reunir a 375,000 personas durante 26 días y superar los 600 espacios comerciales, según el Comité Permanente de Exposiciones, Coperex.

La organización prevé que el evento genere más de 2.000 empleos directos y 4,000 indirectos, vinculados con los puestos de venta, los servicios y las actividades dentro del recinto. La proyección incluye el movimiento económico asociado a la temporada de fin de año.

La entrada general costará Q 10 por persona. Los niños que midan menos de 1,10 metros y los adultos mayores de 65 años no deberán pagar el ingreso.

El Parque de la Industria abrirá de lunes a viernes entre las 12:00 y las 23:00. Los sábados y domingos recibirá visitantes desde las 10:00, mientras que los restaurantes y los juegos mecánicos funcionarán hasta las 23:59 todos los días.

Más de 600 espacios y 200 emprendimientos nacionales

La oferta comercial reunirá bazares, restaurantes y puntos de venta, con más de 600 espacios comerciales. La cifra supera los registros previos a la pandemia: hubo 461 puestos en 2017, 490 en 2018 y 511 en 2019.

Más de 200 emprendimientos de micro, pequeñas y medianas empresas de distintas regiones de Guatemala participarán por segundo año consecutivo con respaldo del Ministerio de Economía. La presencia de estos negocios apunta a ampliar sus posibilidades de comercialización durante la feria.

Banco Industrial y Cerveza Gallo figuran entre las marcas y empresas aliadas de esta edición. La programación combinará esa propuesta comercial con actividades de entretenimiento para público infantil y familiar.

En 2019, la última edición realizada antes de la interrupción causada por la pandemia, la feria generó ingresos superiores a 50 millones de quetzales, de acuerdo con Coperex. El recinto había concentrado entonces el mayor número de espacios de venta registrado hasta ese momento.

La organización espera la llegada de 375.000 visitantes a lo largo de la temporada. En ediciones anteriores, el encuentro llegó a convocar a medio millón de personas.

Conciertos, luces y una presentación internacional de cierre

La música tendrá una parte central de la programación con actuaciones de Miseria Cumbia Band, Viento en Contra, Los Patanes, La Sonora de May Velásquez, Juan José Aldana y La Santa Cumbia, Tijuana Love, Nallal y Sussan Godoy.

La agenda incluirá además una presentación artística internacional para el cierre, aunque todavía no se divulgó el nombre del artista o grupo invitado. Las fechas de cada concierto serán comunicadas antes de la inauguración a través de las redes sociales oficiales de Interfer.

La Villa Navideña volverá a formar parte del recorrido junto con espectáculos de luces, juegos mecánicos, piñatas, obras de teatro navideñas, sesiones fotográficas con personajes de la temporada, presentaciones de marimba y espectáculos de imitadores.

El estacionamiento para vehículos particulares costará Q 10 por hora. A partir de la séptima hora, la tarifa tendrá un tope de Q 50.

La feria nació en la década de 1970 como un encuentro de vocación internacional, orientado a atraer comerciantes y expositores de distintos países. Con el paso del tiempo, se transformó en una vitrina mayoritariamente nacional, aunque mantuvo su nombre original.

Su historia tuvo dos interrupciones prolongadas. Después del terremoto de 1976, el Parque de la Industria fue ocupado durante siete años consecutivos por el Hospital General San Juan de Dios.

La segunda pausa comenzó en 2020, cuando el entonces presidente Alejandro Giammattei dispuso que las instalaciones funcionaran como hospital temporal para atender la pandemia de covid-19. Esa situación obligó a suspender el evento y la feria tampoco se realizó en 2023.

Interfer retomó su calendario habitual en 2024. Coperex administra el Parque de la Industria desde 1973 y anunció esta edición bajo el lema “Donde la Navidad inicia”.

Guatemala albergará OVUM 2026 del 10 al 13 de noviembre, cuando el XXIX Congreso Latinoamericano de Avicultura reunirá en Ciudad de Guatemala a más de 4.000 participantes de más de 20 países para debatir los retos sanitarios, productivos y comerciales de una actividad vinculada con la seguridad alimentaria regional.

El encuentro será organizado por la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) y la Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala (ANAVI). Guatemala ya había sido sede del congreso en 2001 y volverá a recibirlo 25 años después.

Las plenarias, las conferencias y la exposición comercial se desarrollarán en el Parque de la Industria. La inauguración oficial está prevista para el martes 10 de noviembre a las 17:00 en la Concha Acústica del predio.

El programa científico se estructurará en cuatro áreas: sanidad, manejo, nutrición y gestión empresarial. Las sesiones abordarán bioseguridad, bienestar animal, uso eficiente del agua, inocuidad alimentaria, empleo responsable de antibióticos, inteligencia artificial, análisis de datos en la producción y sucesión en empresas familiares.

Más de 50 conferencistas internacionales participarán de las actividades. La exposición comercial, en paralelo, concentrará a más de 250 empresas vinculadas con genética, nutrición, sanidad animal, equipamiento, tecnología y procesamiento.

Un encuentro para la producción, la ciencia y los negocios

Las mesas de negocios buscarán generar alianzas comerciales y oportunidades de inversión dentro de la cadena avícola latinoamericana. Productores, empresarios, investigadores, académicos, proveedores, autoridades regulatorias, instituciones financieras e inversores formarán parte del público convocado.

Para los productores y empresarios, el congreso ofrecerá contenidos sobre producción, sostenibilidad y gestión, además de tecnologías, productos y prácticas destinadas a optimizar sus operaciones. Los proveedores podrán presentar servicios y soluciones para los distintos eslabones de la cadena.

Investigadores dedicados a la salud aviar, la genética y la nutrición compartirán sus hallazgos y participarán de discusiones sobre los desafíos de la actividad. Los representantes gubernamentales y de organismos reguladores tendrán espacios para intercambiar información sobre políticas de seguridad alimentaria, control sanitario y buenas prácticas.

La presidenta de ALA, María del Rosario de Falla, vinculó la convocatoria con los desafíos alimentarios de la región: “Guatemala recibe a la avicultura latinoamericana en un momento decisivo para el futuro de la seguridad alimentaria de nuestra región. El reto es producir más y mejores alimentos, con eficiencia, sostenibilidad y los más altos estándares de sanidad e inocuidad”.

La titular de la asociación añadió: “OVUM 2026 será el escenario para compartir ciencia, innovación y buenas prácticas que nos permitan avanzar juntos hacia ese objetivo”.

La dimensión de la avicultura guatemalteca

La avicultura representa alrededor del 2 % del producto interno bruto de Guatemala y genera más de 40.000 empleos directos y 350.000 indirectos, según cifras divulgadas en agosto de 2026.

El país produce cada año más de 572 millones de libras de carne de pollo y más de 2.800 millones de huevos, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). El consumo per cápita alcanza 289 huevos y 64,11 libras de carne de pollo.

Adolfo Paiz Prem, integrante del Comité Organizador de OVUM 2026, sostuvo que la sede reconoce el trabajo de miles de familias vinculadas con la cadena productiva. “Este congreso representa una oportunidad para acercar al país la ciencia, la innovación y la tecnología que impulsarán el desarrollo y la competitividad de nuestra avicultura en los próximos años”, señaló.

La convocatoria también prevé impacto en la economía local mediante la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía y el turismo. La agenda incluirá recorridos turísticos, una noche cultural en el Parque Irtra Mundo Petapa y la ceremonia de clausura en el Centro Cultural Santo Domingo, en la zona 1 de la capital.

Los siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano llegaron en buenas condiciones a un albergue temporal de la zona 13 de Ciudad de Guatemala, donde permanecerán bajo resguardo veterinario antes de un eventual traslado a un santuario en África. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que el procedimiento responde a una orden judicial y al vencimiento del plazo que el circo tenía para habilitar un refugio propio.

Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix fueron movilizados desde San José Pinula hasta un espacio situado cerca del aeropuerto capitalino. El traslado se realizó el jueves 5 de noviembre y los animales recibieron agua, alimentación y recintos adaptados a sus necesidades, de acuerdo con el MAGA.

Los felinos son cuatro hembras y tres machos. Cinco son adultos de entre 10 y 20 años, mientras que los otros dos son hermanos de aproximadamente dos años y medio que nacieron en cautiverio dentro del circo.

La entrega fue coordinada por la Unidad de Bienestar Animal del MAGA, con acompañamiento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y apoyo de Animal Defenders International, una organización que participó en el operativo. Cada ejemplar será evaluado de manera individual para definir su condición clínica y los tratamientos que pueda requerir antes de salir del país.

El acuerdo judicial y el plazo incumplido

La salida de los tigres se originó en un acuerdo de conciliación alcanzado el 17 de marzo de 2025 ante el Juzgado de Paz de San Juan Sacatepéquez. En el proceso intervinieron la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Bienestar Animal, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el representante del Circo Rey Gitano.

El pacto establecía que el circo debía habilitar un santuario sin fines de lucro para albergar a los animales en un plazo de 18 meses. Si no lo lograba, debía entregarlos a la Unidad de Bienestar Animal, que tendría seis meses adicionales para organizar el traslado con apoyo del CONAP en la definición de las condiciones de transporte.

El plazo para construir el santuario venció el 17 de septiembre de 2026 sin que se concretara la instalación. El 8 de mayo, el representante del circo presentó un memorial ante el juzgado en el que comunicó que entregaría voluntariamente a los ejemplares.

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, sostuvo que la entrega estaba prevista dentro de lo ordenado por la jueza y que el procedimiento fue coordinado con los propietarios. La funcionaria indicó que el destino definitivo no será un zoológico ni una propiedad privada.

La opción contemplada es un santuario africano con recintos amplios, alimentación y atención permanente. El traslado internacional podría demorar entre cuatro y seis meses, debido a las evaluaciones veterinarias de cada animal y a las autorizaciones que deberán gestionar Guatemala y el país de destino.

Los antecedentes de los felinos retirados de circos

El CONAP había realizado inspecciones técnicas sobre el estado de los tigres en diciembre de 2025 y septiembre de 2026. Esas revisiones formaron parte del seguimiento a los ejemplares antes de que se concretara su retiro del Circo Rey Gitano.

Los propietarios del circo afirmaron que la entrega fue voluntaria, aunque manifestaron sentirse presionados por la orden judicial y por el temor de que uno de los hermanos responsables del negocio fuera enviado a prisión. También cuestionaron la intervención de Animal Defenders International, a la que atribuyeron antecedentes de muerte de tigres durante otro proceso realizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El caso se enmarca en el Decreto 5-2017, la Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohibió el uso de fauna silvestre en espectáculos circenses. La norma concedió a los circos un año para entregar sus animales a santuarios o centros de rescate autorizados por la Unidad de Bienestar Animal.

Durante 2018 y 2019, otros circos entregaron 20 grandes felinos: cinco leones y 15 tigres de Bengala. Los animales pasaron inicialmente por una Unidad Temporal de Rescate, donde fueron sometidos a evaluaciones veterinarias.

Tres tigres fueron reubicados en noviembre de 2019 en un santuario de Tampa, Florida, y después trasladados a Turpentine Creek Wildlife Refuge, en Arkansas. Los demás felinos involucrados en aquel procedimiento viven en santuarios de Estados Unidos y Sudáfrica.

El CONAP y la Unidad de Bienestar Animal recordaron que la tenencia de fauna silvestre requiere registro y autorización, y que los casos de posesión irregular o maltrato pueden denunciarse mediante las líneas habilitadas por ambas instituciones.

Las organizaciones campesinas e indígenas de Guatemala reclamaron al Congreso un incremento de USD 390,8 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el presupuesto de 2027, ante el riesgo de que 3,2 millones de personas enfrenten inseguridad alimentaria por los efectos de El Niño. La petición fue presentada el 6 de noviembre por la Coordinación de ONG y Cooperativas, el Instituto por la Democracia y el Comité Campesino del Altiplano.

El proyecto presupuestario contempla USD 340,4 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Las tres entidades consideraron que ese monto no alcanza para responder a las necesidades del sector rural y solicitaron ampliar y reorientar las partidas.

La emergencia prevista para el próximo año se relaciona con la canícula prolongada y los cambios de temperatura vinculados al fenómeno climático. Las organizaciones advirtieron que estos factores ya redujeron la producción de alimentos básicos en comunidades rurales y que sus consecuencias también se perciben en áreas urbanas.

La pérdida de maíz y frijol en las comunidades rurales

La canícula prolongada provocó pérdidas parciales o totales de cultivos de maíz, frijol y otros alimentos en distintas comunidades, de acuerdo con el comunicado conjunto de las organizaciones. La disminución de las cosechas afecta a la agricultura familiar indígena y campesina, además de limitar la economía de los hogares que dependen de esa producción.

Miriam, una de las representantes que participó de la conferencia de prensa, explicó que muchas zonas no obtuvieron resultados comparables a los de años anteriores. La falta de cosechas compromete la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales.

Los voceros indicaron que los efectos se extenderán durante los próximos meses hacia las comunidades que producen alimentos. Por ese motivo, plantearon que el presupuesto debe contemplar recursos orientados a sostener la producción agrícola, la nutrición y los proyectos de las familias campesinas.

Uno de los principales pedidos es una partida de 100 millones de quetzales para impulsar la agroecología, un sistema de producción que busca conservar los recursos naturales y diversificar la alimentación. Las entidades también solicitaron 50 millones de quetzales adicionales para proteger la agricultura sensible a la nutrición y fomentar los huertos.

La propuesta incluye la creación de una actividad específica de apoyo a grupos de mujeres rurales para establecer proyectos productivos, con una asignación de 75 millones de quetzales. El comunicado sostuvo: “Las mujeres rurales, campesinas e indígenas deben contar con recursos para invertir en los programas”.

Tierra, riego y apoyo a quienes regresan al país

El planteamiento presentado al Congreso también abarca el Plan Retorno al Hogar, que establece que el Ministerio de Agricultura debe acompañar con proyectos productivos a las personas que vuelven a sus comunidades después de un retorno forzado desde el exterior. Las organizaciones afirmaron que el ministerio contempla esa responsabilidad, pero el proyecto presupuestario no asigna fondos específicos para cumplirla.

Ante esa ausencia, pidieron crear una actividad de apoyo económico destinada a esa población. El objetivo es que las personas retornadas puedan acceder a proyectos productivos en las comunidades a las que regresan.

Las entidades reclamaron además 300 millones de quetzales adicionales para el Fondo de Tierras, conocido como Fontierras. Argumentaron que el acceso a la tierra y su regularización son condiciones necesarias para garantizar la producción de alimentos.

El pedido incluye garantizar la ejecución de los recursos destinados a sistemas de riego y miniriego. Uno de los voceros señaló que estas inversiones deben sostenerse frente a los efectos prolongados de la sequía registrada este año.

Los representantes de Congcoop también advirtieron que el reciente cambio de titular del Ministerio de Agricultura no debería detener los procesos en marcha. Plantearon que la nueva conducción debe reorientar el apoyo directo hacia las familias campesinas.

Las organizaciones cuestionaron que la falta de ejecución presupuestaria pueda ser utilizada por los diputados como razón para rechazar una ampliación de recursos. Junto con el incremento solicitado, reclamaron una mayor exigencia sobre la ejecución efectiva de los fondos asignados al ministerio.

La Coordinación de ONG y Cooperativas, el Instituto por la Democracia y el Comité Campesino del Altiplano anticiparon que acompañarán la ejecución de los recursos mediante auditoría social, como lo han hecho en años anteriores. También reiteraron el llamado a los diputados para que analicen el incremento y la reorientación planteados para el presupuesto de 2027.

Guatemala obtuvo el segundo puesto mundial entre los destinos emergentes más deseados en los premios de Wanderlust de 2026, un resultado que la ubicó detrás de Belice y tres posiciones por encima de su desempeño del año anterior. La distinción fue entregada el 4 de noviembre en Londres, durante la vigésimo quinta edición de los Wanderlust Reader Travel Awards, celebrada en el Old Royal Naval College de Greenwich en el marco de la World Travel Market.

La categoría Most Desirable Emerging Destination Worldwide reunió una votación de 8,2 millones de votos emitidos por 251.461 personas. Guatemala había sido incluida entre los finalistas desde julio, cuando se difundió la nómina de candidatos.

El podio fue completado por Armenia, que recibió la medalla de bronce. Bosnia y Herzegovina ocupó el cuarto lugar, seguida por Angola, Omán, Mongolia, Panamá, Camboya y Kazajistán, según el recuento publicado por la agencia estatal Qazinform.

Un ascenso de tres lugares frente a la edición anterior

El país centroamericano había alcanzado la quinta posición en la edición de 2025 y ahora consiguió su mejor resultado histórico en esta categoría. Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, recibió la medalla de plata en representación de Guatemala durante la ceremonia, junto al editor en jefe de Wanderlust, George Kipouros.

Los votantes destacaron la oferta cultural, natural, histórica y gastronómica guatemalteca, de acuerdo con el comunicado del Instituto Guatemalteco de Turismo. El organismo sostuvo que el reconocimiento refleja un aumento del interés internacional por el país como destino de experiencias auténticas.

La gala tuvo como orador principal al príncipe Harry, duque de Sussex y fundador de Travalyst, una organización dedicada al turismo sostenible. América Latina también obtuvo otros resultados: Costa Rica ganó el premio al país más deseado del mundo, Buenos Aires logró la plata entre las ciudades más deseadas y Cartagena quedó sexta en esa clasificación, según la Latin America Travel Association.

La distinción coincidió con la presentación de una edición especial de Wanderlust dedicada íntegramente a Guatemala. La publicación recorre su oferta arqueológica, natural, gastronómica y comunitaria, con referencias a las ciudades mayas, los volcanes activos y las tradiciones ancestrales.

“Aparecer como protagonista de una edición monográfica coloca a Guatemala ante miles de potenciales visitantes precisamente en mercados emisores que valoran el turismo responsable y de calidad”, afirmó Whitbeck.

Un plan turístico hasta 2036 y nuevos desafíos de conectividad

El Inguat trabaja en una planificación para el período 2026-2036, orientada a reforzar la cooperación con las comunidades locales y a sostener los proyectos turísticos más allá de los cambios de gobierno. Whitbeck planteó un modelo basado en una menor cantidad de visitantes con mayor impacto económico: “No soy partidario de que recibamos millones de turistas como hacen otros destinos, sino probablemente recibir una menor cantidad que tenga mayor impacto económico”.

El funcionario proyectó que el sector aporte el 5,6% del producto interno bruto de Guatemala durante 2026. También señaló como pendientes la ampliación de la conectividad aérea con Europa, mejoras en la infraestructura aeroportuaria y hotelera y la aprobación de una nueva Ley de Turismo que actualice la gobernanza del Inguat.

Guatemala recibió 3,36 millones de visitantes no residentes en 2025, un aumento del 11% respecto del año previo, y obtuvo USD 1.390 millones en divisas, de acuerdo con cifras del Inguat. Entre enero y septiembre de 2026, el país contabilizó 2,44 millones de visitantes no residentes, un alza del 2% frente al mismo período de 2025.

Whitbeck adelantó que se esperan nuevos vuelos europeos hacia Guatemala durante el próximo año. El reconocimiento se suma al premio a Mejor Destino Internacional 2025 concedido por Condé Nast Traveler y a la distinción de la Organización Mundial del Turismo para Uaxactún y San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, como Best Tourism Villages 2024.

El director del Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala, Jorge López Dellachiesa, confirmó que el amotinamiento simultáneo registrado el miércoles en dos cárceles del país habría sido planificado con teléfonos celulares de alta gama, un hallazgo que surgió tras las requisas realizadas una vez controlada la situación.

El funcionario adelantó que la pandilla conocida como Los Paisas, ajena al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, es la principal sospechosa de haber organizado la revuelta, aunque remarcó que la investigación formal recién comienza.

Los disturbios comenzaron cerca de las 20 horas del miércoles 4 de noviembre en los centros de detención Renovación 1, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa.

Durante el episodio, entre 30 y 40 agentes penitenciarios quedaron retenidos por los reclusos, en un hecho que se prolongó hasta aproximadamente las 22.30 o 23 horas de esa misma noche. López Dellachiesa precisó que la retención fue “no violenta” y que, tras la liberación, no se registraron guardias heridos ni faltantes de armamento.

Para retomar el control de las instalaciones intervinieron el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y jueces del Organismo Judicial. Desde la noche del miércoles se instaló una mesa de coordinación en el Ministerio de Gobernación para atender la emergencia.

“No entramos a ninguna negociación. La orden fue clara, no negociar con criminales”, aseguró el director del SP, quien atribuyó la liberación de los custodios a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad y no a ningún acuerdo con los amotinados.

Las requisas detectaron teléfonos y cargadores

Durante las labores para recuperar el control de los penales, las autoridades decomisaron cargadores y teléfonos celulares de alta gama, dispositivos que, según el funcionario, no se descarta que hayan servido para coordinar los dos motines entre ambos departamentos.

“No descartamos que a través de esos medios hayan podido hacer las coordinaciones de centro a centro para realizar eso”, explicó López Dellachiesa.

El director reconoció además una falla tecnológica estructural: los bloqueadores de señal instalados en los centros penitenciarios solo alcanzan a interferir redes 3G, mientras que los teléfonos hallados entre la población reclusa operan con tecnología 4G y 5G.

“Los bloqueadores quedaron desactualizados ante este nuevo software que tienen los teléfonos celulares”, admitió.

Como parte de las medidas de control, el SP informó que ya se reimplementó un circuito cerrado de cámaras en ocho centros de detención y que se instaló un centro de monitoreo.

A nivel nacional, 23 centros penitenciarios cuentan con equipos de “body scan” para la revisión de visitantes, aunque Renovación 1 no dispone de este sistema porque el aparato fue incendiado durante un motín anterior registrado en marzo.

El SP descarta fugas y anuncia denuncia ante el Ministerio Público

Entre las demandas que motivaron la protesta, el director mencionó las condiciones de detención en ambos penales, la calidad de la alimentación, los programas de la Subdirección de Rehabilitación Social y el régimen de visitas, que fue modificado recientemente con un nuevo protocolo de ingreso controlado para proteger a niños, niñas y adolescentes.

También salió a relucir el reclamo por beneficios que los internos tenían antes de distintas requisas, como electrodomésticos, a los cuales el SP afirmó que no cederá.

Según el registro biométrico de la institución, no se confirmó ninguna fuga de reclusos durante los incidentes, y tampoco se reportaron daños en la infraestructura de los penales.

La Inspectoría General del SP, junto con los órganos de control, trabaja en los tres centros de detención, incluido Pavoncito, donde no hubo retención de guardias pese a los rumores iniciales.

López Dellachiesa indicó que, una vez concluido el informe correspondiente, el caso será remitido al Ministerio Público para establecer las responsabilidades penales.

Como medida preventiva, el SP solicitó a la Cámara Penal suspender durante el jueves los traslados de reclusos a tribunales y hospitales, con el fin de no exponer al personal penitenciario ni a los privados de libertad mientras continuaban las verificaciones en los centros afectados.

La presidenta de Guatemala en funciones, Karin Herrera, oficializó la aceptación de la renuncia de la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García. El hecho ocurre luego de que se revelara en el Congreso un presunto caso de nepotismo.

Por su parte, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, formalizó la salida de la funcionaria durante una entrevista en la Radio Fabulosa donde también reveló que se ordenó una revisión de las contrataciones señaladas en el centro asistencial.

El caso de presunto nepotismo salió a la luz el 23 de octubre, cuando la diputada Evelyn Morataya cuestionó a autoridades del MSPAS durante una citación en el Congreso.

Allí se reveló que Héctor José Gabriel Ajuk Orozco, hijo de la viceministra, había sido contratado en el Hospital Roosevelt para tareas administrativas y de apoyo de oficina, pese a contar únicamente con título de bachiller. La diputada denunció además que se habría contratado también a la novia del joven, extremo que, precisó, aún se investiga.

Según detalló Morataya en sus redes sociales, el joven percibía un salario de Q7.500 quetzales (unos USD 974) en el área de Salud Mental, una cifra superior a la de un enfermero, cuyo sueldo ronda los Q5.000 quetzales (USD 649).

La legisladora señaló que la emergencia del hospital cuenta con apenas ocho enfermeros para atender a 89 pacientes.

“¿Les parece justo? A mi me indigna la superioridad moral de la que se ha jactado el actual gobierno, incluyendo el ministro de salud, el doctor Joaquín Barnoya, pero en la práctica hacen lo contrario. ¿Tráfico de influencias? ¿Nepotismo?”, escribió la diputada en sus redes sociales.

Durante la citación en el Congreso, Morataya fue más contundente: “Eso es un delito, eso es tráfico de influencias. Qué casualidad que el hijo de la viceministra obtiene una plaza en el hospital Roosevelt sin convocatoria”, afirmó.

Además, mencionó que un abogado y notario, identificado como William Josué Jasso Lis, avaló una declaración jurada en la que el joven aseguraba no tener parentesco con funcionarios del Ministerio de Salud.

La versión del Ministerio de Salud

Previo al reconocimiento de Barnoya sobre la salida de la viceministra, El departamento de Comunicación del Ministerio de Salud había informado que la renuncia de Orozco García obedecía a “razones personales”.

No obstante, en la entrevista con Radio Fabulosa, Barnoya además de reconocer el presunto nepotismo, indicó que solicitó un informe circunstanciado para analizar la situación señalada.

“Actualmente se analiza el informe. La revisión continúa independientemente de las renuncias”, dijo. Además aseguró que las próximas decisiones en el Hospital Roosevelt se tomarán “con base en evidencia”.

Trayectoria de la funcionaria y proceso de sustitución

Orozco había asumido el cargo el 14 de mayo de 2025 en sustitución de Sandra Edith Carballo Lemus. Según el perfil divulgado por el MSPAS en su momento, contaba con 20 años de experiencia en el campo de la salud, 15 de ellos en organismos no gubernamentales e internacionales.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, confirmó la firma del acuerdo gubernativo que oficializa la salida de la viceministra, luego de que Barnoya le notificara la dimisión. Herrera precisó que en la carta presentada por la funcionaria se argumentaron “motivos estrictamente personales”.

Tras conocerse la aceptación de la renuncia, Morataya celebró el desenlace: “La fiscalización funciona. Se fue el hijo y hoy tuvo que renunciar la mamá”, declaró la diputada después de conocer las dimisiones. Mientras que el Ministerio de Salud no ha informado hasta el momento quién ocupará el cargo dejado por Orozco.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de Guatemala revisar la legitimidad de las firmas que acompañan dos propuestas de reforma a la Constitución y habilitar un mecanismo para que los ciudadanos comprueben si sus datos fueron incluidos con su consentimiento.

La resolución también establece que, si se detectan anomalías, el Organismo Legislativo deberá presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para deducir responsabilidades penales. La decisión se originó en dos amparos provisionales solicitados por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).

Uno (Expediente 9090-2026) cuestiona la iniciativa impulsada por Poder Ciudadano y el otro (Expediente 9130-2026) se refiere a la propuesta presentada por el político Carlos Pineda, identificado como directivo de movimiento “Menos Privilegios, Más País” y quien se prevé como candidato presidencial del partido Servir.

Ambas iniciativas llegaron al Congreso respaldadas con miles de firmas de ciudadanos. Sus promotores sostuvieron que esos apoyos expresaban respaldo a los cambios planteados para la Constitución Política de la República de Guatemala.

La CC consideró necesario confirmar la autenticidad de esos registros antes de que continúe el trámite parlamentario.

Según la resolución, el Congreso deberá requerir información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para establecer si las personas que figuran como firmantes estaban empadronadas.

También tendrá que solicitar datos al Registro Nacional de las Personas para confirmar que los ciudadanos estaban vivos al momento de adherir a las propuestas.

El fallo añade una tercera verificación: el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) deberá informar si los firmantes se encontraban dentro del territorio guatemalteco cuando registraron su apoyo.

Con esos informes, el Congreso deberá determinar si las listas contienen nombres inexistentes, personas fallecidas o ciudadanos que estaban fuera del país.

El Congreso deberá habilitar un canal de reclamos ciudadanos

La resolución de la Corte de Constitucionalidad obliga al Congreso a crear un módulo físico o digital para que los ciudadanos puedan puedan comprobar si sus datos fueron utilizados y denunciar la inclusión de una firma sin consentimiento.

La Corte dispuso además que, si el Congreso encuentra inconsistencias en las firmas, deberá trasladar el caso al Ministerio Público (MP). La instrucción incluye la presentación de denuncias penales contra quienes hubieran solicitado o recopilado apoyos mediante procedimientos que no se ajusten a la ley.

El pronunciamiento constitucional se conoció el 5 de noviembre, horas después de que Edgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, anunciara que la organización desistía de continuar con su iniciativa. Ortiz atribuyó esa decisión a una serie de amenazas, que ya fueron denunciadas ante el MP.

Pese al retiro anunciado por Poder Ciudadano, la propuesta permanece en el Congreso porque algunos diputados asumieron el respaldo de la iniciativa. Por ese motivo, la orden de verificar las firmas mantiene efectos sobre el expediente que ingresó al Legislativo junto con los listados ciudadanos.

La resolución tuvo votos disidentes y concurrentes

La decisión fue aprobada por mayoría, aunque contó con votos disidentes de la presidenta de la Corte, Annabella Morfín, y de la magistrada Astrid Lemus.

Los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera emitieron votos razonados concurrentes. Posición que estuvo vinculada con el retraso en el conocimiento y la resolución de los amparos presentados por Cedecón, pese a la solicitud de incluirlos en la agenda con anterioridad.

Dos personas resultaron heridas tras un nuevo accidente aéreo en Guatemala, luego de que una avioneta privada se precipitara en una zona de cultivos de la comunidad Lo De Zet, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

La aeronave, una Cessna 182 con matrícula TG-RAU, realizaba un vuelo de retorno desde Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala cuando ocurrió el percance, aproximadamente a las 16.17 horas de este jueves 5 de noviembre, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Bomberos Voluntarios localizaron la avioneta en el sector 5 de la comunidad e informaron que vecinos del lugar contribuyeron en la evacuación con vida de los dos ocupantes.

El piloto fue identificado como Ángel Moisés Chuta, de aproximadamente 28 años, mientras que la acompañante quedó identificada como Celinda Pamela Recinos, de 30 años.

De acuerdo con información preliminar de los socorristas, la mujer resultó con un fuerte golpe en la frente y presentaba heridas de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El piloto, en cambio, sufrió lesiones leves y permaneció en el lugar del accidente.

La avioneta cayó en un área de cultivos de Lo De Zet

El accidente movilizó a unidades de Bomberos Voluntarios de distintas compañías, así como a personal de seguridad y prevención. En el lugar también se desplegaron efectivos del Ejército, agentes de la Policía Nacional Civil y representantes de instituciones de respuesta ante emergencias.

El oficial Mardoqueo Bosch, de la 115.ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Raymundo, indicó que también se movilizó una unidad contra incendios como medida preventiva, ante el riesgo de que se produjera un foco de fuego tras el impacto.

Mientras que vecinos del área registraron en video el momento en que la aeronave perdió altura antes de impactar en el terreno agrícola. No se informó de personas afectadas en tierra.

La avioneta cayó a las 16.17 y viajaba desde Huehuetenango

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que la aeronave involucrada era una Cessna 182, de matrícula TG-RAU. El percance ocurrió aproximadamente a las 16.17 horas en la comunidad de Zet, municipio de San Juan Sacatepéquez.

En su comunicado, la entidad señaló que la nave realizaba “un vuelo de retorno de Huehuetenango hacia la ciudad capital”. También precisó que los dos ocupantes sufrieron heridas y recibieron atención de los cuerpos de socorro.

La DGAC indicó que coordina con las autoridades la atención de la emergencia y el inicio de las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Otros accidentes aéreos recientes en Guatemala

El accidente de la Cessna 182 se produjo menos de un mes después de la caída de un helicóptero Airbus EC130, matrícula TG-GUH, en el lago Atitlán, el 8 de octubre. Ese hecho dejó dos muertos y cuatro heridos.

El 16 de octubre, una aeronave Cessna 210 sufrió un accidente durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sus cuatro ocupantes fueron evacuados y quedaron estables, según la DGAC.

También el 7 de octubre, un avión agrícola Air Tractor 502B se accidentó en una finca de Tiquisate, Escuintla. El piloto salió ileso y fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica.

Otra avioneta presentó desperfectos en el tren de aterrizaje en el aeródromo de Chiquimula el 14 de septiembre. La aeronave quedó detenida sobre la pista y no hubo personas heridas. Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones técnicas de esos incidentes.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló las condenas y absolvió a tres exdiputados acusados de tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud, una investigación sobre presuntas contrataciones irregulares y cobros de comisiones dentro de esa cartera en Guatemala.

La decisión favorece a Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa, quienes habían recibido penas de prisión el 3 de agosto de 2026 por resolución del Tribunal de Mayor Riesgo D.

Los magistrados concluyeron que existió una errónea aplicación de la ley y ordenaron dejarlos libres de los cargos que enfrentaron durante el debate oral y público.

La Sala dejó sin efecto las penas de entre tres y casi ocho años

El Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por el juez Fredy Aguilar, había condenado por unanimidad a los tres exparlamentarios por el delito de tráfico de influencias. La sentencia había establecido penas distintas según la participación atribuida a cada acusado.

Chavarría recibió una condena de siete años y 11 meses de prisión inconmutable. Arango fue sentenciado a seis años y cuatro meses de cárcel inconmutable. Sosa, en tanto, recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios.

La sentencia también había dispuesto que los tres quedaran inhabilitados para ejercer cargos públicos mientras duraran sus penas. Con el fallo de la Sala de Apelaciones, quedaron sin efecto tanto las sanciones principales como las accesorias.

La resolución elimina, además, las consecuencias jurídicas vinculadas con las condenas, incluida la reparación digna que el tribunal había impuesto a los tres exdiputados. Las medidas sustitutivas que mantenían los acusados también dejarán de tener vigencia cuando la decisión adquiera firmeza.

Los magistrados cuestionaron la relación entre las pruebas y los hechos juzgados

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo consideró que los hechos que valoró el Tribunal de Mayor Riesgo D no guardaban relación con la prueba presentada por el Ministerio Público (MP) durante el proceso.

De acuerdo con el análisis de los magistrados, la existencia de gestiones, comunicaciones y envío de currículos para procesos de contratación dentro de la administración pública no era suficiente para acreditar el delito imputado.

La resolución señala que esas actuaciones no permitían demostrar, por sí solas, que los acusados hubieran influido sobre funcionarios o empleados públicos mediante su jerarquía, posición, amistad u otro vínculo personal, con el propósito de obtener un beneficio indebido para ellos o para terceros.

Bajo ese criterio, la Sala concluyó que no correspondía imponer penas de prisión por tráfico de influencias. Por ello, revocó la sentencia de primera instancia y dictó la absolución de Arango, Chavarría y Sosa.

Dos de las condenas anuladas correspondían a la modalidad de delito continuado. El tribunal había considerado que los exdiputados intervinieron para que personas allegadas fueran contratadas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El caso investigó presuntas plazas políticas y negocios irregulares

La pesquisa del caso Asalto al Ministerio de Salud, presentada en 2019, apuntó a una estructura que habría utilizado el Ministerio de Salud para favorecer intereses políticos y económicos durante la gestión de Jorge Villavicencio como ministro.

Según la investigación, los exdiputados habrían solicitado la contratación de personas afines. El expediente atribuyó a los sindicados participación en la contratación de ocho personas que, según la acusación, no cumplían con las cualidades requeridas para los cargos asignados.

Las pesquisas también describieron un esquema de cobro de comisiones por obras públicas, compras irregulares, construcción y reparación de hospitales y centros de salud. Parte de las irregularidades se habría relacionado con proyectos ejecutados tras el terremoto de San Marcos, cuando se declaró estado de calamidad.

La investigación estableció que la estructura habría manejado alrededor de 450 plazas, que presuntamente servían para otorgar favores políticos, exigir pagos periódicos y crear puestos fantasma. En el caso también se mencionó la posible participación de funcionarios, particulares y otros actores vinculados con la administración de la cartera de Salud.

Hasta el momento, no se conoce si el Ministerio Público presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la decisión de la Sala de Apelaciones.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) de Guatemala capturaron a Horst Walter Overdick Mejía, de 59 años, conocido como “El Tigre”, un narcotraficante que lideró la expansión del cartel mexicano Los Zetas en el territorio guatemalteco antes de la desarticulación del grupo.

El operativo se ejecutó este 5 de noviembre en el kilómetro 210,5, zona 12, en la salida hacia el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

La aprehensión estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el MP, como parte de acciones operativas y de inteligencia contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

Según especificó el Ministerio Público, la captura corresponde a un caso de persecución penal en Guatemala y Overdick Mejía enfrenta cargos por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además de asociaciones delictivas, por lo que no corresponde a un pedido de extradición.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el detenido lidera una organización criminal denominada “Los Tigres”, dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de drogas en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz, sin que se haya especificado si trabajan o no con algún cartel de otro país, ya que es un hecho que aún está bajo investigación y, “en este momento, el juzgado no puede probarlo”.

Según el ente investigador, las pesquisas permitieron identificar a otros integrantes de la estructura, entre ellos dos hombres aprehendidos previamente por el delito de asociaciones delictivas. Sin embargo no revelaron a quiénes se refieren.

Los registros policiales detallan que “El Tigre” acumula antecedentes de capturas en 2000, 2002 y 2012. En marzo de 2000 fue detenido por daños, amenazas y disparos con arma de fuego, señalado como posible coordinador de una organización dedicada al narcotráfico y al resguardo de armas.

En febrero de 2002 volvió a ser aprehendido por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y atentado ilegal con arma de fuego.

El capo que abrió paso a Los Zetas en Guatemala

Overdick, también apodado “el Lic.” y “el Canche”, comenzó a traficar cocaína en 1999 bajo el aprendizaje de capos como Jorge Mario “el Gordo” Paredes Córdova, los hermanos Otoniel y Moisés Turcios y la familia Waldemar Lorenzana Lima, todos ellos después detenidos por la justicia estadounidense.

Según un reporte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), facilitó la construcción de pistas clandestinas para el aterrizaje de aviones colombianos cargados de cocaína y organizó el ocultamiento de los cargamentos en fincas cercanas a la frontera con México antes de su traslado terrestre hacia Estados Unidos.

A partir de 2008, “El Tigre” se convirtió en aliado clave de Los Zetas en la región, luego de un conflicto con Juan José León Ardón, alias “Juancho León”, un antiguo integrante del clan Los Lorenzana que había empezado a robarle cargamentos.

Al carecer de fuerza para enfrentarlo, Overdick recurrió a la organización mexicana, a la que proporcionó fincas y refugios. El 25 de marzo de 2008, sicarios de Los Zetas asesinaron a Juancho León y a diez de sus guardaespaldas en un turicentro de la aldea La Pepesca, en Zacapa.

Tras ese episodio, la alianza entre Overdick y Los Zetas dominó las rutas de droga por Playa Grande Ixcán, en Quiché, así como en Las Verapaces, Izabal y Huehuetenango.

La acusación que aceptó Overdick ante la justicia de Estados Unidos lo señaló como responsable de recibir, en 2002, un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína que fue trasladado a México con destino final estadounidense.

El regreso silencioso que pasó inadvertido

Horst Walter Overdick Mejía ya había sido capturado previamente en Guatemala el 3 de abril de 2012, en un operativo realizado en el condominio Portland, San Lucas Sacatepéquez.

La orden de aprehensión había sido avalada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde enero de ese año, por conspiración para distribuir cocaína y portación ilegal de arma de fuego.

Tras permanecer en la prisión de Fraijanes I, el Tribunal Tercero de Sentencia autorizó su extradición, y el narcotraficante partió hacia Estados Unidos el 12 de diciembre de 2012, donde aceptó los cargos en su contra.

Overdick Mejía cumplió una condena de seis años en prisión en Estados Unidos. Tras cumplir su pena, fue deportado de regreso a Guatemala, un hecho que ocurrió de forma discreta y prácticamente pasó inadvertido para la opinión pública.

El capo arribó al país en un vuelo de deportados procedente de Brownsville, Texas, e ingresó por la Dirección de Migración como un repatriado más, sin la exposición mediática que había rodeado su captura y extradición años antes.

En ese momento, fuentes fiscales cercanas al caso explicaron que Overdick no enfrentaba ninguna acusación pendiente en Guatemala y que, tras cumplir su condena en Estados Unidos, recuperó su condición de ciudadano con plenos derechos y obligaciones.

No obstante, la Fiscalía contra la Narcoactividad advirtió entonces que podría actuar de oficio ante cualquier indicio de que retomara actividades de tráfico de drogas.

Con la captura de este jueves en Alta Verapaz, las autoridades guatemaltecas retoman el caso de uno de los operadores que, según las investigaciones oficiales, sostuvo durante más de una década vínculos directos con la estructura desaparecida de Los Zetas en el territorio centroamericano.

Con la voz entrecortada y la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, suplicó por no volver a la cárcel y, en su lugar, pidió ser enviada a un hospital público. “No estoy mintiendo, yo estoy mal”, aseguró.

El ruego lo realizó en la audiencia celebrada el miércoles 4 de noviembre, luego de que el juez Eduardo Orozcorevocara las medidas especiales que le permitían permanecer en su domicilio para atender problemas de salud.

“Mándeme mañana al Hospital General, por favor, se lo suplico. No le estoy mintiendo, yo estoy mal”, expresó Baldetti durante una audiencia donde la exfuncionaria participó a través de una videoconferencia ante el Juzgado de Mayor Riesgo B.

La ex vicepresidenta, procesada en esta ocasión por el caso Cooptación del Estado, afirmó que su estado físico se ha deteriorado y que sufre caídas frecuentes porque, “ya no tengo control sobre mi cuerpo”, afirmó. También manifestó que las condiciones de reclusión representan un riesgo para su integridad.

“Allí me ponen un candado y me lo quitan al día siguiente; puedo amanecer muerta. Mándeme al hospital, señor juez, se lo suplico”, insistió ante Orozco.

El juez rechazó el traslado al Hospital General San Juan de Dios

El juez explicó que no contaba con documentos que acreditaran una urgencia médica que permitiera ordenar el traslado inmediato de Baldetti al Hospital General San Juan de Dios.

Según indicó, en el expediente solo había una copia simple de una evaluación practicada por un centro de diagnóstico, además de otros documentos médicos presentados por la defensa.

“No existe ninguna situación médica de urgencia que amerite que yo pueda ordenar su traslado en este momento”, señaló Orozco al rechazar el pedido.

El juzgador sostuvo que ya se había emitido la resolución para que la ex vicepresidenta regresara al centro de detención donde se encuentra recluida. La decisión dejó firme la orden de su ingreso a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la capital guatemalteca.

La resolución atendió un pedido del Ministerio Público (MP), que solicitó revocar el arresto domiciliario de Baldetti. La Fiscalía argumentó que habían pasado 70 días desde la última decisión judicial vinculada a su condición médica.

Orozco afirmó que corresponde al Estado garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad y que el Sistema Penitenciario debe proporcionar los cuidados que requiera la exfuncionaria durante su reclusión.

Baldetti afirmó que no puede pagar una ambulancia ni sus estudios médicos

Antes de que se ratificara su regreso a prisión, Baldetti expuso ante el juez una serie de problemas de salud. Señaló que tiene implantes en la columna, expansores en la zona del cuello y una enfermedad óseo-degenerativa que, según relató, continúa avanzando.

La exvicepresidenta sostuvo que cada traslado en vehículos del Sistema Penitenciario puede afectar su columna por los golpes del recorrido. También dijo que necesita una nueva operación para colocar una barra de mayor extensión en la zona dorsal.

Baldetti añadió que exámenes recientes detectaron una masa de 4,4 milímetros en el cerebro, la cual, según explicó, debe ser evaluada antes de que pueda someterse a una cirugía con anestesia general. Afirmó que su médico le advirtió sobre los riesgos de una intervención mientras no se determine el origen de esa lesión.

Durante su intervención, la exfuncionaria también alegó dificultades económicas para cumplir con los traslados y tratamientos ordenados. “Yo no tengo dinero, señor juez”, dijo, después de explicar que no pudo contratar una ambulancia privada debido a los costos de ese servicio, los estudios clínicos y la atención de su neurocirujano.

Sin embargo, la exfuncionaria ha sido condenada y enfrenta más casos legales por el desfalco de miles de millones de quetzales al erario público guatemalteco.

Aún así, Baldetti aseguró en la audiencia que unos conocidos le han ofrecido trasladarla en ambulancia el 24 de noviembre para realizarse estudios médicos y regresar luego al lugar que dispusiera la judicatura.

La defensa anunció que evaluará acogerse a la aceptación de cargos

La audiencia ocurrió después de que el abogado de la exfuncionaria planteara la posibilidad de acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos en el proceso por Cooptación del Estado. Baldetti expresó que respetaba la decisión judicial, aunque pidió continuar el proceso desde su vivienda por razones de salud.

“He estado once años en prisión preventiva”, manifestó. También cuestionó que se mantenga su encarcelamiento mientras, según dijo, enfrenta una enfermedad sin cura que limita cada vez más su movilidad.

El caso Cooptación del Estado investiga una presunta estructura que habría captado y lavado fondos para el financiamiento del Partido Patriota durante el gobierno de Otto Pérez Molina, entre 2012 y 2015. En el expediente figuran decenas de personas señaladas por delitos como asociación ilícita, cohecho, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

La exvicepresidenta enfrenta un extenso expediente judicial en Guatemala. Actulmente suma dos condenas de prisión: 15 años y 6 meses por el caso “Agua Mágica”, por el fraude en la supuesta limpieza del Lago de Amatitlán, y 16 años por el caso “La Línea”, donde integró la cúpula de una red de defraudación aduanera.

En el ámbito penal aún enfrenta procesos pendientes, como el expediente del Registro de Información Catastral (RIC) por contratación de plazas fantasma, y la causa “Cooptación del Estado” por cobro de comisiones ilícitas.

A esto se añade un pedido de extradición concedido a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, el cual permanece diferido hasta que agote sus responsabilidades penales ante los tribunales guatemaltecos.

Los siete tigres de Bengala que integraban el Circo Rey Gitano, instalado en San José Pinula, quedaron bajo custodia del MAGA tras un operativo ordenado por la Justicia. Los animales serán sometidos a evaluaciones veterinarias y, si su estado de salud y los permisos internacionales lo permiten, podrían ser trasladados a un santuario especializado en África.

El retiro se suma a la salida de 20 grandes felinos de los espectáculos circenses de Guatemala desde la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Aquellos casos incluyeron animales con deficiencias nutricionales, lesiones, falta de ejercicio y problemas dentales asociados a años de cautiverio.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial y de las disposiciones del Decreto 5-2017. En el procedimiento participaron la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Policía Nacional Civil.

Los equipos especializados sedaron a los felinos antes de ubicarlos en jaulas para su traslado a instalaciones estatales. La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, indicó que los propietarios del circo aceptaron entregar a los ejemplares.

Controles sanitarios y permisos antes del viaje internacional

Los tigres permanecerán en un espacio del MAGA situado en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, cerca del aeropuerto. Allí recibirán atención médica y permanecerán separados de otros animales para reducir los riesgos sanitarios durante la etapa de resguardo.

Las autoridades deberán determinar el estado de salud de cada ejemplar y los tratamientos que necesite antes de avanzar con la movilización fuera del país. El proceso puede extenderse entre cuatro y seis meses, según las condiciones veterinarias de los animales y las autorizaciones que deban tramitar Guatemala y el país de destino.

Rivera afirmó que el plan no contempla enviar a los felinos a un zoológico ni entregarlos a una propiedad privada. La alternativa prevista es un santuario africano con recintos amplios, alimentación y atención permanente.

El destino final dependerá de que los animales completen los controles médicos y de que las autoridades obtengan los permisos necesarios para su salida. Durante ese período, la responsabilidad sobre su cuidado permanecerá bajo control del Ministerio de Agricultura.

Cristian López, representante del Circo Rey Gitano, sostuvo que la familia entregó a los tigres de forma voluntaria. Sin embargo, afirmó que la decisión fue tomada bajo presión ante la posibilidad de enfrentar sanciones judiciales.

El representante también manifestó preocupación por el futuro de los animales y cuestionó la participación de Animal Defenders International, la organización que presta apoyo técnico para el manejo y la preparación de los ejemplares. La ministra respondió que la entidad participa por su especialización en grandes felinos, mientras el MAGA conserva la responsabilidad estatal sobre los tigres.

El antecedente de los grandes felinos retirados de circos

Guatemala inició el retiro de animales de espectáculos circenses en 2018, después de la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal. En esa oportunidad fueron retirados cinco leones y 15 tigres de Bengala.

Tres de los tigres fueron trasladados en 2019 a un santuario de Tampa, en Florida, y luego reubicados en Arkansas. Los otros 17 animales, entre ellos 12 tigres y cinco leones, viajaron en 2020 a un santuario de Sudáfrica.

Antes de abandonar Guatemala, esos ejemplares pasaron por tratamientos, vacunas y evaluaciones veterinarias en una Unidad Temporal de Rescate. Las medidas buscaban atender las consecuencias físicas detectadas tras su permanencia en cautiverio.

Los siete tigres entregados por el Circo Rey Gitano deberán atravesar una etapa comparable de atención veterinaria, aislamiento sanitario y preparación para el traslado. Solo después de esos controles las autoridades definirán la fecha y las condiciones de su eventual viaje al santuario africano.

El abogado Édgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, anunció el jueves 5 de noviembre el retiro irrevocable de la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia presentada ante el Congreso de Guatemala, después de que integrantes de la organización denunciaran amenazas y seguimientos contra directivos, voluntarios y dirigentes departamentales.

La decisión fue adoptada por la Asamblea General de Poder Ciudadano durante una sesión extraordinaria, tras concluir que la vida y la integridad de las personas debían prevalecer sobre cualquier proyecto de reforma. La iniciativa había ingresado al Legislativo por petición ciudadana y contaba con más de 16.000 firmas.

El proyecto había sido presentado el 28 de septiembre mediante el mecanismo previsto en el artículo 277, literal d, de la Constitución guatemalteca. La norma permite impulsar reformas constitucionales a partir de una solicitud respaldada por ciudadanos.

El retiro tras los seguimientos a directivos y voluntarios

Los episodios de intimidación comenzaron mientras la asociación socializaba su propuesta y reunía adhesiones. Ortiz indicó en una circular enviada al Congreso que él y su esposa, directora ejecutiva de la organización, fueron objeto de seguimientos y amenazas durante ese proceso.

Las presiones no quedaron limitadas a la conducción del movimiento. También alcanzaron a voluntarios y líderes departamentales que participaron en la recolección de firmas y en la difusión de la iniciativa en distintas zonas del país.

La organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público en septiembre, pero los seguimientos y las intimidaciones continuaron durante las semanas posteriores. Ante ese escenario, el 31 de octubre resolvió cancelar el Congreso Ciudadano que tenía previsto convocar.

Ortiz sostuvo que los voluntarios y líderes locales se habían sumado “en este esfuerzo de buena fe y sin otro interés que contribuir a su país”. El abogado remarcó que “una propuesta de reforma se puede discutir, cuestionar o rechazar por medio del diálogo y el debate de ideas, pero nunca con intimidación”.

La decisión de retirar la propuesta fue comunicada después de que las amenazas se extendieran a quienes colaboraban en la iniciativa. La asociación explicó que abandonaba el trámite constitucional “por la seguridad de nuestro equipo y voluntarios”.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pidió a las autoridades que investigaran los hechos denunciados. El reclamo se produjo luego de que los seguimientos contra los integrantes del movimiento trascendieran la discusión parlamentaria sobre la reforma judicial.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también denunció públicamente las amenazas contra los impulsores de la propuesta. Además, informó que el Ministerio de Gobernación mantenía comunicación con las personas afectadas para coordinar medidas de seguridad.

Una propuesta respaldada por diputados de distintos partidos

Aunque la vía ciudadana quedó sin efecto por decisión de la Asamblea General, un grupo de diputados de distintas agrupaciones políticas suscribió la propuesta que había sido difundida por la organización. Esa iniciativa ingresó ese mismo día a la Dirección Legislativa del Congreso.

La presentación de los legisladores mantuvo abierto el debate sobre los cambios constitucionales para el sector justicia, pese a la retirada de la propuesta promovida con firmas ciudadanas. El proyecto que llegó al Congreso había reunido respaldo social antes de que se produjeran las intimidaciones denunciadas.

Poder Ciudadano afirmó que la justicia “es un tema de país y no de un sector, organización u orientación ideológica”. La agrupación invitó a los distintos sectores a respaldar la discusión sobre la reforma.

La asociación agradeció a los voluntarios, a quienes firmaron la petición y a sus simpatizantes por haber acompañado el proceso. También aclaró que continuará su labor como organización civil, aun después del retiro de la iniciativa constitucional.

El presidente Arévalo recibió un pedido de cuatro organizaciones del transporte para extender el Decreto 22-2026 antes del 31 de diciembre, cuando vencerá la suspensión temporal de impuestos sobre la gasolina y el diésel y podría producirse un aumento en los fletes, el transporte de pasajeros, los alimentos y otros bienes desde enero de 2027.

La carta abierta fue firmada por Gretrucex, Gretexpa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la Cámara Interamericana de Transportes Internacionales e Interamericana Transportación (CIT). Las entidades reclamaron medidas urgentes para impedir que la restitución de los gravámenes derive en una “ola inflacionaria generalizada”.

El beneficio fiscal está vigente desde el 1 de octubre, luego de que Arévalo sancionara la norma el 30 de septiembre. El Congreso había aprobado la medida con 148 votos, bajo el mecanismo de urgencia nacional, tras protestas y bloqueos de carreteras vinculados al aumento de los precios de los combustibles.

El retorno de dos impuestos desde enero de 2027

El Decreto 22-2026 suspendió el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP). La exención alcanza a la gasolina superior, la regular, el diésel y el gas oil.

La medida implicó una reducción directa de hasta Q9,41 por galón para la gasolina superior y de Q6,34 por galón para el diésel y el gas oil, de acuerdo con las estimaciones elaboradas durante el trámite legislativo. Sin una extensión de la vigencia, ambos tributos volverán a incorporarse íntegramente al precio final de los combustibles el 1 de enero de 2027.

El costo fiscal proyectado de la exención asciende a Q3.318,4 millones. De ese total, Q1.986,2 millones corresponden al IVA y Q1.332,2 millones al IDP.

Los gremios sostuvieron que el diésel “no es únicamente un combustible de transporte”, ya que resulta indispensable para el traslado de cargas comerciales, la distribución de productos de la canasta básica, el servicio colectivo de pasajeros y la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El encarecimiento del combustible, advirtieron las organizaciones, se trasladaría de manera inmediata a las tarifas de flete y a los costos de producción. Esa presión afectaría el valor de bienes y servicios desde el primer día del próximo año si no se prorroga la exención ni se aplican mecanismos alternativos de alivio.

La presión sobre los hogares y el calendario legislativo

La posible suba coincidiría con el comienzo del ciclo escolar. Según los firmantes, las familias deberán afrontar en ese período los gastos de matrícula, útiles, uniformes y transporte escolar, además de un eventual incremento en los precios de los productos de consumo cotidiano.

“La economía familiar no puede soportar un inicio de año cuesta arriba”, señalaron los gremios en la carta fechada el 5 de noviembre. El documento también pidió que la administración actúe “con la prontitud y la responsabilidad que el momento exige”.

Las entidades solicitaron al Ejecutivo que presente ante el Congreso de la República iniciativas de ley o propuestas técnicas para extender el beneficio tributario. Como alternativa, propusieron establecer compensaciones focalizadas para reducir el impacto del regreso del régimen impositivo ordinario.

El pedido incluye la convocatoria a mesas de diálogo con las distintas bancadas legislativas para ubicar el tema entre las prioridades antes del receso parlamentario de fin de año. Los transportistas argumentaron que la proximidad de las fiestas reduce de manera drástica los días hábiles de trabajo y suele dificultar los acuerdos políticos en el Congreso.

La advertencia de Gretrucex, Gretexpa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la CIT apunta a que una demora legislativa dejaría sin continuidad el alivio vigente sobre los combustibles. Las organizaciones consideran que, sin una definición antes del receso, el ajuste impositivo recaería sobre los costos de transporte y la economía doméstica.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni el Congreso se pronunciaron sobre una eventual prórroga del Decreto 22-2026 más allá de su vencimiento.

La SVET y ASF Canadá analizaron 31 sentencias por trata de personas dictadas en Guatemala durante 2024 y detectaron que las investigaciones suelen concentrarse en quienes captan a las víctimas, sin avanzar sobre el patrimonio y las ganancias obtenidas mediante la explotación.

El estudio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Abogados sin Fronteras Canadá registró 13 fallos condenatorios, equivalentes al 42%; nueve absolutorios, el 29%; y nueve mixtos, otro 29%. Estas últimas resoluciones incluyeron condenas para algunos acusados y absoluciones para otros dentro de un mismo proceso.

La secretaria de la SVET, Danisa Ramírez, sostuvo que las pesquisas del Ministerio Público suelen detenerse en el eslabón más expuesto de las estructuras delictivas: las personas que se ganan la confianza de las víctimas para captarlas. La funcionaria pidió ampliar las indagaciones hacia los recursos obtenidos por las redes.

“Deben de seguir el rastro del dinero, el rastro de esos recursos que se generan de manera ilícita a través de la comisión de la trata de personas”, afirmó Ramírez.

El comiso limitado a dinero incautado durante allanamientos

Solo tres de las 31 sentencias incluyeron el comiso de bienes vinculados con el delito. En todos esos casos, la medida alcanzó únicamente efectivo confiscado durante allanamientos, sin registros de una investigación patrimonial previa para identificar estructuras económicas, testaferros o beneficiarios finales de la explotación.

Los montos decomisados fueron de 465,25 quetzales, 1.830 quetzales y 1.545 quetzales. El análisis señaló que esas cantidades contrastan con las ganancias generadas por la trata de personas.

La explotación sexual concentró 17 resoluciones, el 55% del total examinado. La proporción subió al 61% al incorporar los casos clasificados como prostitución ajena, mientras que la explotación laboral apareció en cuatro sentencias y la mendicidad en dos.

Ninguno de los fallos correspondió a servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, embarazo forzado, adopción irregular, tráfico de órganos o reclutamiento de menores por grupos delictivos organizados. Todas esas modalidades están contempladas en el artículo 202 Ter del Código Penal.

La ausencia de resoluciones por esas formas de explotación no implica que los casos no existan. El estudio planteó reforzar la detección proactiva desde las autoridades migratorias, la inspección laboral, el registro civil y los servicios de protección de la niñez.

Las víctimas y los lugares donde ocurrió la explotación

Las 31 sentencias documentaron 44 personas afectadas: 33 mujeres, nueve hombres y una persona de la comunidad LGBTIQ+. La vivienda o residencia particular fue el principal escenario de explotación, presente en 15 casos, el 39%.

Los negocios de ocio nocturno, como bares, cantinas y spas, ocuparon el segundo lugar, con ocho casos, equivalentes al 26%. La concentración de hechos en espacios privados plantea dificultades adicionales para identificar a las víctimas y reunir pruebas.

Ramírez destacó la intervención del Instituto de la Víctima, de las organizaciones de la sociedad civil que actúan como querellantes adhesivos y de la Procuraduría General de la Nación en los expedientes que involucran a niños, niñas y adolescentes. Según la funcionaria, la participación de querellantes adhesivos puede acelerar la resolución de los procesos y fortalecer la prueba disponible en los debates.

La secretaria también pidió mantener actualizado al personal de las instituciones que atienden a víctimas de trata. Entre las recomendaciones figura diversificar la estrategia probatoria del Ministerio Público mediante análisis financieros, pruebas científicas y tecnológicas e investigación policial, para evitar que los casos dependan exclusivamente del testimonio de las personas afectadas.

Dos expedientes revelaron un componente transnacional: las víctimas fueron captadas en Guatemala y la explotación se consumó total o parcialmente en México. En esos procesos no se registraron diligencias de asistencia judicial recíproca ni equipos conjuntos de investigación con las autoridades mexicanas.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, instruyó al Ministerio de Gobernación recuperar el control de Renovación I y El Boquerón tras la retención temporal de guardias del Sistema Penitenciario durante la noche del 4 de noviembre. Los custodios fueron liberados y las autoridades iniciaron inspecciones para determinar qué provocó los incidentes.

La funcionaria, que ejercía la presidencia en funciones, afirmó que mantuvo comunicación con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, desde los primeros reportes. “He mantenido desde anoche comunicación con el Ministerio de Gobernación instruyendo que se tomaran las acciones inmediatas que permitieran retomar el orden, control y seguridad de los centros carcelarios del Sistema Penitenciario, conforme a los protocolos establecidos”, escribió en X.

El Ministerio de Gobernación confirmó el jueves 5 de noviembre que los guardias recuperaron su libertad y calificó lo ocurrido como una retención temporal y no violenta. La cartera no detalló la cantidad total de trabajadores involucrados entre las dos prisiones.

Más de cuatro horas hasta la primera confirmación oficial

La primera comunicación institucional sobre los disturbios fue publicada a las 00:33 del jueves, más de cuatro horas después de que comenzara a circular información sobre lo ocurrido, de acuerdo con La Hora. Gobernación indicó entonces que las fuerzas de seguridad habían activado los protocolos para recuperar el control y que realizaban una evaluación inicial.

Durante ese lapso, la institución respondió a consultas de medios que aún “recopilaba información” junto con las autoridades correspondientes. La cartera sostuvo que necesitaba consolidar los datos antes de responder por las consideraciones de seguridad vinculadas con los hechos.

El comunicado posterior, firmado por Villeda, señaló que las inspecciones se realizaban bajo los protocolos establecidos para verificar lo sucedido y establecer las causas de la retención. “El orden y el cumplimiento de la ley son responsabilidades irrenunciables del Estado. Y ejerceremos esa responsabilidad con la determinación que las circunstancias exijan”, expresó el documento.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y jueces del Organismo Judicial acudieron a los centros penitenciarios para realizar verificaciones y diligencias de exhibición personal a favor de los custodios. Las fuerzas combinadas de seguridad mantuvieron su despliegue en ambas prisiones.

Tensión en las afueras de Renovación I

En Renovación I, situada en Escuintla, agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala permanecieron apostados después del incidente. Las autoridades informaron que habían recuperado el control de la prisión y anunciaron una inspección de las instalaciones.

Mientras se desarrollaba el operativo, familiares y visitantes se concentraron fuera del penal para intentar ingresar a ver a los privados de libertad. Algunos amenazaron con quemar llantas si no se habilitaba el acceso, cuya normalización no había sido definida.

Información preliminar recabada en el lugar indicó que 21 guardias formaron parte del primer grupo retenido en Renovación I. En El Boquerón, ubicado en Santa Rosa, las autoridades tampoco precisaron las circunstancias que derivaron en el motín.

Los hechos se produjeron después de tensiones en el sistema penitenciario por el traslado de cabecillas de estructuras criminales a Renovación I, donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha y los denominados Paisas. El 17 de enero de 2026, motines simultáneos en Renovación I, Fraijanes II y el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18 derivaron en la retención de más de 40 guardias para exigir el retorno de sus líderes y la recuperación de privilegios.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) transfirió USD 65 millones (500 millones de quetzales) al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para asistir a familias agricultoras que perdieron sus cosechas por la sequía. El 38% de los recursos, unos USD 25 millones (190 millones de quetzales), financiará transporte, almacenaje y otros servicios logísticos. Las raciones comenzarán a entregarse en la segunda quincena de noviembre en los 22 departamentos del país.

De ese total, 310 millones de quetzales se destinarán a la compra de alimentos y 190 millones a carga, descarga, seguros de riesgo y operaciones de distribución. Eduardo Aguilar, representante de la Conred, precisó esos montos durante una citación en el Congreso de la República.

El programa fijó un techo de 689.822 familias beneficiarias, a partir de los daños en cultivos reportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) desde el 1 de julio. La cifra se actualiza con los registros enviados por los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) municipales.

Cada ración costará 745 quetzales e incluirá 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz. La dotación está prevista para hogares de cinco integrantes y la Conred proyecta entregar una por familia cada seis meses, aunque los recursos ya transferidos cubren solo la primera distribución.

La validación de las listas antes de las entregas

El PMA comprará, almacenará y repartirá los alimentos, que permanecerán en bodegas departamentales antes de ser trasladados a los municipios. La distribución contará con acompañamiento de personal de la Conred.

El pago se realizó en tres desembolsos y el último estaba previsto entre el 19 y el 25 de octubre. Para mantener la ayuda el próximo año, la institución deberá gestionar nuevos recursos para adquirir más alimentos.

La inclusión de cada familia exige el aval de todos los integrantes de los COE municipales, departamentales y nacional. Aguilar explicó: “Cada representante de las distintas instituciones tendría que estar de acuerdo para poderlos incluir. Por eso, la validación se hace de forma integral, no solo la autoridad, no solo el extensionista del Maga, sino se somete a la firma de todos los integrantes”.

En ese control participan delegados de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Desarrollo Social y la propia Conred. Los expedientes pueden ser rechazados cuando presenten inconsistencias.

Las discrepancias en los registros de agricultores

El diputado Jairo Flores, del Frente Parlamentario contra el Hambre, cuestionó la confiabilidad de las listas de beneficiarios. Señaló que Guatemala no cuenta con un recuento oficial de agricultores y que la identificación queda en manos de extensionistas del Maga, una situación que, a su juicio, puede favorecer el clientelismo.

En Camotán, Chiquimula, el COE municipal solicitó 16.326 raciones, pese a que el Instituto Nacional de Estadística registra 12.829 familias campesinas en el municipio. Flores también mencionó listas de Villa Canales, Guatemala, y Guanagazapa, Escuintla, con agricultores afectados que no figuran entre los beneficiarios.

“Esta es la mejor muestra de que todos los programas no están llegando al agricultor, a quienes están en inseguridad alimentaria. Este producto puede llegar a bodegas para ser saqueadas para las campañas de políticos”, afirmó el legislador.

Aguilar reconoció que la Conred no puede garantizar que los alimentos lleguen únicamente a quienes los necesitan ni descartar que las listas incluyan a personas que no son agricultoras o que no perdieron sus cultivos. Sostuvo que la verificación previa debe impedir esas irregularidades.

Los pronósticos indican que los efectos de El Niño se extenderán hasta inicios de 2027. El PMA también recibió del Gobierno de Estados Unidos un aporte de arroz, frijol, aceite vegetal y supercereal valorado en USD 5 millones, cuya distribución está prevista desde enero de 2027 para poblaciones con vulnerabilidad alimentaria.

El Festival Navideño volverá a la Plaza de la Constitución de Guatemala el 20 de noviembre, con atracciones de hielo, recorridos temáticos, espectáculos y espacios recreativos que acompañarán las celebraciones de fin de año en el Centro Histórico.

La Municipalidad de Guatemala prevé la asistencia de alrededor de tres millones de visitantes de distintos puntos del país. La edición de 2026 marcará además los 15 años de instalación de esta actividad en la capital.

La inauguración será el viernes 20 de noviembre a las 19:00, con un concierto de la Banda FM de Zacapa, agrupación con 48 años de trayectoria musical. Las atracciones estarán abiertas todos los días entre las 10:00 y las 22:00.

Hielo, tren temático y un árbol de 15 metros

La Plaza de la Constitución contará con una pista de patinaje sobre hielo, cuyos brazaletes de ingreso se entregarán en taquillas instaladas en el lugar. La pista granizada tendrá capacidad para 160 personas.

El tobogán de hielo podrá recibir hasta 100 visitantes por hora y no requerirá boleto: los asistentes deberán hacer fila para acceder. También habrá juegos mecánicos, áreas para fotografías, una casa iluminada y villas decoradas con motivos de temporada.

El árbol navideño alcanzará los 15 metros de altura y se ubicará entre los principales puntos fotográficos del festival. La Concha Acústica albergará presentaciones artísticas y musicales.

Los niños podrán recorrer el Expreso Polar, un tren que atravesará la Calle Nevada y el Nacimiento de la Ciudad, instalado en el Portal. La programación también incluirá la Villa de los Duendes y la Estación Galáctica, con capacidad para 15 niños por turno.

La fachada de la Catedral Metropolitana recibirá Mapping Fantástico, un espectáculo de proyecciones audiovisuales que se realizará del 17 al 20 de diciembre. Habrá tres funciones por noche: a las 19:00, 20:00 y 21:00.

La agenda difundida para el Festival Navideño ubica las atracciones de la Plaza de la Constitución hasta el 20 de diciembre. El calendario de celebraciones de la ciudad continuará hasta el 24 de diciembre con una cena comunitaria en la Plaza Italia de la Municipalidad de Guatemala.

Bazares, Navidad Encantada y el desfile de 85 bandas

Se instalarán seis bazares navideños: cinco en el Centro Histórico y uno en la zona 3. El Bazar Octava Calle funcionará entre la 5.ª y la 7.ª avenida de la zona 1, del 20 de noviembre al 3 de enero, de 8:00 a 22:00.

El espacio de la 19 calle y Pastores estará entre la 7.ª y la 8.ª avenida de la zona 1, del 21 de noviembre al 24 de diciembre. Los bazares de Plaza Barrios, la 6.ª calle y Plaza Sagrario abrirán desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre, con horarios de 8:00 a 22:00, salvo Plaza Sagrario, que cerrará a las 21:00.

El sexto bazar estará en San Francisco de Asís, en la 7.ª avenida final y 39 calle de la zona 3. Operará del 1 al 23 de diciembre, de 8:00 a 21:00, con artículos decorativos y productos para las celebraciones de fin de año.

El Mapa en Relieve organizará Navidad Encantada del 28 de noviembre al 20 de diciembre, de martes a domingo. El recinto abrirá de 17:00 a 22:00 para recorridos por un sendero con estructuras navideñas iluminadas, presentaciones artísticas, talleres infantiles, áreas fotográficas, fogatas y oferta gastronómica.

El ingreso costará Q 5 para guatemaltecos y Q 25 para extranjeros. La inauguración será el domingo 29 de noviembre a las 17:00, con actuaciones del Grupo de Baile Santa Rosita y el Grupo Pop de la Escuela Municipal de Música, además de fuegos artificiales.

Los talleres de manualidades se realizarán cada jornada entre las 17:30 y las 19:30. La noche astronómica será el 5 de diciembre, de 18:00 a 21:00, mientras que el espacio con Santa Claus funcionará todos los días entre las 19:00 y las 21:00.

El Desfile de Bandas reunirá a 85 bandas de la ciudad capital, otros municipios y dos agrupaciones de El Salvador. Partirá el 13 de diciembre del parque Jocotenango y concluirá en la Municipalidad de Guatemala, entre las 16:00 y las 20:00.

La Cena Navideña se celebrará el 24 de diciembre en la Plaza Italia, de 17:30 a 23:00, con tamales, ponche, juegos y presentaciones artísticas.

La Universidad del Valle de Guatemala presentó los resultados de una prueba con 20 motocicletas que usaron gasolina E10, una mezcla con 10% de etanol, durante cerca de seis meses sin registrar fallas mecánicas atribuidas al combustible. El ejercicio coincide con el inicio de la venta de gasolina regular con esa composición en Guatemala, una transición que alcanzará a cerca de tres millones de usuarios.

Las unidades acumularon 91.178 kilómetros de recorridos tras 376 abastecimientos y el consumo de 795,5 galones de gasolina E10. La revisión final no detectó un patrón de deterioro ligado a la mezcla: las bujías estaban en buen estado, el interior de los motores mostró condiciones similares o mejores que las observadas al inicio y no se encontró agua en los tanques.

Guatemala se convirtió así en el tercer mercado de Centroamérica en adoptar esta proporción de combustible. La gasolina regular E10 combina 90% de combustible convencional con 10% de alcohol carburante anhidro.

Motocicletas de ocho marcas y hasta 13 años de diferencia

La prueba de la UVG reunió modelos fabricados entre 2013 y 2026, con motores de 110 a 300 centímetros cúbicos. El grupo incluyó motocicletas de ocho marcas seleccionadas a partir del parque registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria.

El 90% de las unidades tenía motor carburado y el 10% contaba con inyección electrónica. Cada vehículo fue sometido a una revisión mecánica antes de incorporarse al programa y a otra al terminar el período de uso, siempre en el mismo taller especializado y bajo los mismos criterios.

Los controles abarcaron la inspección visual de carburadores, mangueras y empaques; la lectura de las bujías y sus electrodos; la observación endoscópica de los cilindros; las pruebas de compresión; el estado de los filtros de aire y la búsqueda de agua en el combustible mediante pasta Kolor Kut.

Las variaciones detectadas después de los recorridos respondieron a condiciones particulares de algunas motocicletas, varias de las cuales ya estaban registradas antes de iniciar el uso de E10. El rendimiento medio de la flota alcanzó 114,6 kilómetros por galón en el último corte.

Las revisiones también identificaron un problema ajeno al combustible: el 85% de las unidades tenía filtros de aire sucios, deteriorados o ausentes al comienzo de la experiencia. La universidad trasladó a cada motociclista las recomendaciones del taller para atender esas condiciones de mantenimiento.

“La Experiencia E10 nos permitió ver, en motocicletas de usuarios reales y en condiciones propias de Guatemala, lo mismo que ya muestra la experiencia de los países que usan gasolina E10”, afirmó Gamaliel Zambrano, director de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala.

El directivo agregó: “Después de seis meses y más de 91 mil kilómetros, no encontramos fallas atribuibles al combustible”.

Menores emisiones y una transición gradual en las estaciones

Las mediciones compararon las emisiones de las motocicletas con gasolina sin etanol y luego durante cuatro evaluaciones sucesivas con E10. El dióxido de carbono equivalente descendió entre 8,4% y 13,8%, según el régimen del motor, mientras que los hidrocarburos no quemados se redujeron hasta 70%.

La mayoría de los participantes señaló que no percibió cambios en el arranque, la aceleración ni la conducción cotidiana. Algunos reportaron una leve pérdida de potencia en los primeros abastecimientos, una sensación que desapareció después y que la UVG vinculó con el acondicionamiento habitual del sistema de alimentación.

“Todo ha estado bien, la verdad a veces ni cuenta me doy que estoy probando el E10”, expresó uno de los motociclistas que participó en la prueba. Ningún testimonio informó daños o desperfectos mecánicos durante el período analizado.

La universidad ya había realizado planes piloto con vehículos y motocicletas en 2015 y 2020, con mezclas E5 y E10. La nueva experiencia buscó que usuarios locales verificaran el comportamiento del combustible en sus propios recorridos, ante las dudas difundidas sobre su compatibilidad con motocicletas.

Unas 1.537 estaciones de servicio ya habían entregado constancias de limpieza de tanques y bitácoras para el control y manejo de agua al 24 de julio. Esa cifra representaba cerca del 71% de los establecimientos registrados en el país.

Alrededor del 54% del parque vehicular que utiliza gasolina consume la variedad regular. El Ministerio de Energía y Minas sostuvo que esos vehículos no requieren modificaciones en motores, tanques ni sistemas de inyección para utilizar E10.

El cielo de Guatemala ofrecerá durante noviembre una agenda de observación que incluirá la superluna del 24 de noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas, el acercamiento visual entre Marte y Júpiter y la máxima elongación de Mercurio.

Varios de los fenómenos se apreciarán en la madrugada, por lo que las condiciones meteorológicas y la distancia respecto de las luces urbanas serán factores determinantes.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) difundió un calendario con los principales eventos visibles desde el país. A ese listado se suman las lluvias de meteoros Táuridas y la oposición de Urano, según guías astronómicas internacionales para noviembre de 2026.

Marte y Júpiter estarán próximos antes del amanecer

La madrugada del 15 de noviembre, Marte y Júpiter aparecerán en una misma zona del firmamento. El Insivumeh indicó que ambos planetas serán visibles desde las 00:30 horas hasta el amanecer y que, cerca de las 05:00 horas, se ubicarán hacia el este.

La cercanía será aparente, ya que los planetas continuarán separados por millones de kilómetros. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) calculó que, entre el 15 y el 16 de noviembre, Marte y Júpiter se verán a unos 1,2 grados de distancia, una separación similar al ancho de poco más de dos lunas llenas vistas desde la Tierra.

Júpiter será el objeto más brillante de los dos, mientras que Marte podrá distinguirse por su tonalidad rojiza. La observación no requiere telescopio, aunque unos binoculares pueden ayudar a diferenciarlos antes de que aumente la claridad del amanecer.

Las Leónidas tendrán su máxima actividad entre el 16 y el 17

Las madrugadas del 16 y 17 de noviembre concentrarán el punto máximo de actividad de las Leónidas, una lluvia de meteoros asociada a los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle. El Insivumeh recomienda buscar la constelación de Leo hacia el noreste desde las 00:20 horas, aunque los destellos pueden cruzar otras partes del cielo.

NASA prevé que las Leónidas alcancen hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales, una cifra que puede variar según la oscuridad del sitio, la nubosidad y la contaminación lumínica. Para observarlas, conviene mirar una zona amplia del firmamento y evitar fijar la vista de forma permanente en el punto radiante de la lluvia.

Noviembre también incluye las Táuridas del Sur, cuyo máximo ocurrió alrededor del 5 de noviembre, y las Táuridas del Norte, previstas cerca del 12. Su actividad suele ser menor, pero estos meteoros pueden producir bólidos, destellos más intensos que una estrella fugaz común.

Mercurio, la superluna y Urano completarán el calendario

El 20 de noviembre, Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste, su mayor separación aparente respecto del Sol. El fenómeno abrirá una ventana para identificar el planeta hacia el este, entre las 04:50 y las 05:50 horas, poco antes de la salida del Sol.

La superluna llegará el 24 de noviembre. La Luna llena coincidirá con una posición próxima a la Tierra en su órbita, por lo que podrá verse algo más grande y luminosa. El Insivumeh sitúa el período de mejor apreciación entre el 23 y el 25 de noviembre.

Un día después, el 25 de noviembre, Urano estará en oposición, una configuración en la que la Tierra queda entre el planeta y el Sol. Será visible durante buena parte de la noche en dirección a la constelación de Tauro, aunque hará falta binoculares o un telescopio para localizarlo con mayor precisión.

El calendario cerrará el 30 de noviembre, cuando la Luna, Marte y Júpiter coincidirán hacia el este desde la medianoche hasta cerca de las 06:00 horas. El Insivumeh aconseja elegir sitios con horizonte despejado y baja iluminación artificial para mejorar las posibilidades de observación.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, tras una noche en la que reclusos retuvieron a guardias penitenciarios y obligaron al despliegue de fuerzas especiales, vehículos blindados y vigilancia aérea para recuperar el control de los recintos.

El primer comunicado oficial fue emitido a las 00:33 h, luego de que los primeros reportes sobre disturbios surgieran alrededor de las 19:00 del miércoles. La cartera indicó que activó los protocolos de seguridad, pero no precisó la situación dentro de las prisiones ni confirmó si había heridos o personas retenidas.

Los incidentes comenzaron en Renovación I, una cárcel de máxima seguridad situada en Escuintla. Fuentes del Sistema Penitenciario reportaron que los reclusos tomaron como rehenes a custodios durante el cambio de turno previsto para las 18:00.

Media hora después, a las 20:34, se confirmó un segundo motín en El Boquerón, centro de detención preventiva ubicado en Cuilapa, Santa Rosa. El hecho ocurrió en el sector ocupado por integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha.

La retención de custodios durante el relevo de turno

Las primeras versiones sobre la cantidad de guardias retenidos en Renovación I oscilaron entre ocho y 15 personas. Agentes del Sistema Penitenciario explicaron a los policías desplegados que un grupo de custodios ingresó para cumplir el relevo, mientras quienes debían abandonar el penal no pudieron salir.

Con el paso de las horas, la cifra preliminar estableció que 21 guardias quedaron atrapados en el primer grupo. Seis salieron cerca de las 23:45 y otros 15 lograron retirarse alrededor de las 00:18.

Las autoridades identificaron a 36 trabajadores del Sistema Penitenciario involucrados en la emergencia, aunque esa cantidad no correspondía necesariamente al total de rehenes. En El Boquerón, en tanto, se reportó la retención de tres custodios.

De acuerdo con medios de comunicación en Guatemala, pasada la medianoche, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, ordenó que ningún guardia permaneciera dentro de Renovación I. Algunos agentes inicialmente se opusieron a la disposición porque advertían que aún había compañeros en el interior, pero la instrucción terminó por cumplirse.

La salida del personal comenzó a las 00:18 y el penal quedó sin custodios antes de que el Ministerio de Gobernación difundiera su primera comunicación pública. Las coordinaciones incluyeron videollamadas entre mandos de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y autoridades ministeriales.

El viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, participaron de esas gestiones. A las 00:23, el director de la Policía Nacional Civil, Erick Rolando Osoy, instruyó el ingreso de fuerzas especiales para tomar el control del centro penitenciario.

Vehículos blindados y un dron en el perímetro penitenciario

Durante la madrugada se sumaron al operativo las Fuerzas Especiales Policiales, el Grupo de Acción Rápida, los Lobos y unidades del Ejército. Los vehículos blindados militares conocidos como armadillos llegaron a las 00:52.

El Ejército desplegó a las 01:21 un dron con capacidad infrarroja para reforzar la observación desde el aire. Hasta ese momento, el ingreso definitivo de las fuerzas de seguridad a Renovación I continuaba pendiente.

También se ordenaron controles vehiculares sobre la ruta de Taxisco, en Santa Rosa, ante la posibilidad de una fuga. No se confirmó que algún recluso hubiera escapado durante los disturbios.

Tres representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos acudieron al lugar, pero se retiraron luego de ser informados de que los custodios ya habían salido de Renovación I.

El penal tiene capacidad para 252 reos considerados de alta peligrosidad y alberga a integrantes de la Mara Salvatrucha y de la pandilla los Paisas, incluidos varios de sus principales cabecillas. Entre los internos figura Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como El Lobo.

El motín fue el segundo registrado en Renovación I en menos de dos semanas. El antecedente ocurrió el 17 de enero, cuando pandilleros se amotinaron de manera simultánea en ese penal, Fraijanes II y el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.

En aquella ocasión, más de 40 guardias fueron retenidos como medida de presión para exigir el regreso de cabecillas que habían sido trasladados a Renovación I durante 2025 bajo un régimen de aislamiento.

Una lujosa celebración en el oriente guatemalteco reabrió el debate sobre el control histórico del narcotráfico sobre el poder local en Zacapa.

La fiesta de 15 años de la hija de la actual alcaldesa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, y del confeso narcotraficante Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, provocó una enérgica condena diplomática de Estados Unidos, que calificó el evento de «narcoquinceañera».

El episodio no constituye un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de una estructura en la que clanes del trasiego de drogas han cooptado alcaldías y curules durante las últimas cuatro décadas en Guatemala.

Desde la década de los 80, cuando Arnoldo Vargas Estrada se convirtió en el primer capo en gobernar una cabecera departamental, hasta la actual gestión municipal de Ovalle, la política zacapaneca mantiene un engranaje donde los lazos de parentesco, las obras públicas asistenciales y el financiamiento ilícito conviven en la administración pública.

Arnoldo Vargas consolidó el clientelismo y abrió la puerta al narco en las comunas

La penetración del narcotráfico en el poder municipal de Zacapa tiene su origen en la figura de Arnoldo Vargas Estrada, conocido popularmente como “Archie”.

A finales de los años 70 y principios de los 80, Vargas forjó su liderazgo como comisionado militar durante el conflicto armado interno.

Gracias a su cercanía con mandos del Ejército de Guatemala, obtuvo el nombramiento de administrador de aduanas en la frontera con Honduras, posición estratégica que aprovechó para facilitar el paso de contrabando y establecer los primeros envíos a gran escala de cocaína en alianza con el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

En 1985, Vargas formalizó su influencia política al ganar la alcaldía de la cabecera departamental con el partido Unión del Centro Nacional (UCN). Asumió la jefatura comunal en 1986 y se transformó en el primer narcotraficante confeso en dirigir una municipalidad en la historia de Guatemala.

Para blindarse frente a las críticas y a las investigaciones judiciales, Vargas implementó una maquinaria clientelar que suplía las carencias del Estado central. Repartió láminas de zinc, financió medicamentos, costeó celebraciones comunitarias y construyó proyectos de infraestructura vial en aldeas marginadas como Manzanotes, su lugar natal.

Estas prácticas clientelares aseguraron una base de respaldo social incondicional que incluso organizó manifestaciones a su favor. En noviembre de 1990 logró la reelección con amplio respaldo popular.

Sin embargo, no pudo tomar posesión de su segundo mandato consecutivo. El 27 de diciembre de 1990, las fuerzas de seguridad lo capturaron en la capital guatemalteca tras una investigación coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA).

En mayo de 1992, tras el rechazo a múltiples recursos legales, fue extraditado a Estados Unidos, donde un tribunal de Virginia le impuso una condena de 30 años de prisión. Vargas permaneció 25 años en penitenciarías estadounidenses y regresó deportado a Guatemala en julio de 2017.

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la inscripción electoral por carecer de idoneidad legal, fundó el comité cívico Al Rescate de Zacapa, cuya planilla ganó los comicios municipales de 2019 dejando, en ese entonces, a Xiomara Ovalle, actual alcaldesa en segundo lugar.

Aunque su concejal primero asumió formalmente como alcalde en enero de 2020, la corporación creó para Vargas el cargo de Gerente Municipal, convirtiéndolo en el poder detrás del trono.

Desde esa oficina, el exconvicto administró las compras, la obra pública y los contratos del municipio hasta el término del período en enero de 2024.

Vargas falleció en octubre de 2025, a los 79 años, tras haber ejercido influencia directa en la política local durante cuatro décadas y dejando sentadas las bases de la narcopolítica regional.

El crimen del alcalde Julio Enríquez desnudó las pugnas por fondos y plazas ediles

La convergencia entre la gestión de recursos públicos y el crimen organizado continuó marcando el destino de la cabecera departamental de Zacapa tras la etapa de Vargas.

En enero de 2016, el empresario Julio Alberto Enríquez Sánchez asumió la alcaldía de Zacapa para el período 2016-2020. Su administración enfrentó desde el inicio tensiones con miembros del propio concejo municipal y con facciones políticas rivales que disputaban el manejo de los fondos comunales.

Integrantes de la corporación edil señalaron a Enríquez Sánchez por restringir el acceso a informes financieros y denunciaron intimidaciones verbales.

Analistas de seguridad y pesquisas preliminares del Ministerio Público (MP) apuntaron a que la comuna funcionaba como un botín disputado por redes criminales para el cobro de comisiones ilegales, la adjudicación de contratos de obra gris y mecanismos de lavado de dinero derivados del trasiego de drogas.

La violencia quebrantó el mandato de Enríquez Sánchez la mañana del 17 de marzo de 2018. Cuatro individuos armados que vestían uniformes de albañiles lo emboscaron a la salida de su residencia y le dispararon decenas de proyectiles.

El asesinato del alcalde demostró que el dominio de la comuna de Zacapa constituía una plaza codiciada por organizaciones clandestinas dispuestas a eliminar a cualquier interlocutor que entorpeciera sus intereses financieros o territoriales.

La fiesta de 15 años expuso los vínculos familiares con el crimen organizado

El despliegue de carruajes, fuegos artificiales, rosas importadas desde Ecuador, un vestido diseñado en México y la presentación de artistas internacionales en un hotel de Chiquimula colocó a la alcaldesa Karen Xiomara Ovalle Madrid bajo escrutinio público.

El festejo de su hija, celebrado en octubre, causó revuelo tanto por la opulencia de los servicios contratados como por los antecedentes penales directos de su núcleo familiar.

La controversia en torno a Karen Xiomara Ovalle Madrid no surgió únicamente por la millonaria fiesta, sino por la red de lazos familiares que la unen a dos estructuras delictivas de alto perfil: el clan de Los Lorenzana y los antecedentes penitenciarios de su propio cónyuge.

El padre de la menor, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como «El Gordo», ejerció como concejal primero de la Municipalidad de Zacapa antes de su detención en noviembre de 2017.

Tras un proceso de extradición que se concretó en marzo de 2023, Cifuentes Sagastume admitió ante la Corte Federal del Distrito Sur de California su culpabilidad en la conspiración para distribuir cargamentos marítimos de cocaína hacia territorio estadounidense.

La justicia de Estados Unidos lo sentenció a 72 meses de prisión, una pena reducida por el tiempo que permaneció detenido en cárceles guatemaltecas, lo cual le permitió recuperar la libertad y volver a la cabecera departamental en junio de 2024.

A los antecedentes de Cifuentes Sagastume se añade el parentesco de la jefa edil con el clan de Los Lorenzana. Su hermana, Ana Rosa Ovalle Madrid, contrajo matrimonio en 2010 con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito».

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que facilite la captura de este presunto capo, a quien las autoridades acusan de dirigir una empresa criminal continua tras el debilitamiento de los líderes históricos de su familia.

Ante la ostentación del festejo, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un pronunciamiento contundente en el que demandó transparencia a las autoridades locales.

“Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”. La sede diplomática exhortó a la ciudadanía a fiscalizar con rigor a las autoridades locales y a los aspirantes que participarán en las elecciones generales de 2027.

Los Lorenzana representan una de las organizaciones de narcotráfico más arraigadas y poderosas de Guatemala. El cártel surgió en la aldea La Reforma, en el municipio de Huité, departamento de Zacapa, bajo el mando de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como «El Patriarca».

Lorenzana Lima forjó alianzas con el cártel de Cali en Colombia y mantuvo conexiones directas con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

El clan movilizó cargamentos de cocaína colombiana que arribaban por vía marítima a El Salvador y luego transitaban camuflados en camiones de frutas por suelo guatemalteco hacia México. Además de la fuerza armada, la familia cooptó contratos estatales a través de empresas como Transportes Cordón y Constructora HLP para lavar capitales ilícitos.

Tras la captura de «El Patriarca» en 2011 —quien falleció en 2021 mientras cumplía condena en territorio estadounidense— y la posterior extradición de sus hijos Waldemar, Elio y Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, el mando de la estructura pasó a las siguientes generaciones familiares.

Es en este punto donde convergen los lazos de la alcaldesa: su hermana, Ana Rosa Ovalle Madrid, contrajo matrimonio civil en agosto de 2010 con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito», nieto de Lorenzana Lima e hijo de Haroldo Jeremías.

El corredor del oriente extiende las redes ilícitas más allá de la cabecera departamental

Las investigaciones judiciales demuestran que los vínculos entre cargos públicos y el crimen organizado abarcan diversos municipios de Zacapa y departamentos vecinos del oriente guatemalteco.

En la región oriental de Guatemala, compuesta por departamentos estratégicos para el corredor del trasiego como Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, El Progreso y Santa Rosa, diversos funcionarios electos, incluyendo alcaldes y diputados, han sido formalmente procesados, condenados o requeridos en extradición por la DEA y la justicia de EE. UU.

En tanto, Ovalle no se ha pronunciado sobre las críticas y los vínculos familiares que han surgido con estructuras criminales después de la celebración de los 15 años de su hija Adriana Cifuentes, por el contrario, durante la celebración de Halloween regaló billetes de dinero en efectivo de Q100 y Q200 (entre USD 12.99 y USD 25.98) a los niños.

Mientras que en la conmemoración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, entregó 5 mil platos de fiambre a las familias de su comunidad, sin que ninguna de las dos acciones figure expresamente dentro de los gastos reportados hasta el momento por la Municipalidad de Zacapa, siguiendo la estructura clientelar de Arnoldo Vargas.

Todo esto ocurre a pocos meses que inicie el año electoral donde, se presume, Ovalle buscará una reelección como alcaldesa de Zacapa, sin que el Tribunal Supremo Electoral haya informado sobre alguna investigación o sanción por posible campaña anticipada.

Las autoridades de Francia entregaron en París a Miguel Ángel Asturias Amado la urna con las cenizas de su padre, el escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, cuya repatriación a Guatemala está prevista para el 12 de noviembre de 2026.

El acto tuvo lugar este martes en el Ayuntamiento de París, tras varios meses de gestiones para trasladar los restos del autor, que permanecieron durante 52 años en el cementerio de Père-Lachaise. La ceremonia reunió a familiares, autoridades municipales y representantes del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

Asturias Amado, de 85 años, recibió el pequeño recipiente cubierto con un tejido artesanal. Con lágrimas en los ojos, abrazó la urna que contiene los restos de su padre, fallecido en 1974 en España y enterrado luego en la capital francesa.

“Es muy difícil, como hijo, haber tomado la decisión de que mi padre volviese a su patria, dejando este país que él amó y quiso tanto”, afirmó Asturias Amado en declaraciones recogidas por AFP.

“Debe volver a su ombliguito”, dijo el hijo del Nobel

El hijo del autor de El Señor Presidente y Leyendas de Guatemala definió la entrega como un momento de tristeza y alegría. “Dos países han comprendido a Miguel Ángel Asturias y hoy me lo entregan con todo el amor”, expresó tras el acto.

Según informó el Ministerio de Cultura y Deportes, la representante municipal parisina Audrey Pulvar entregó las cenizas a la familia. La cartera guatemalteca calificó el encuentro como una ceremonia íntima atravesada por los recuerdos del escritor y de sus allegados.

“Mi padre estuvo 52 años en Francia y hoy vuelve a su tierra; debe volver a su ombliguito, al país que tanto amó”, señaló Asturias Amado durante la actividad.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, sostuvo que Guatemala aún enfrenta retos para acercarse al país que imaginó Asturias. También destacó la resistencia, la memoria, la creación y la imaginación como elementos presentes en la sociedad guatemalteca.

La decisión de trasladar los restos se produjo después de la llegada a la Presidencia de Bernardo Arévalo en 2024. Asturias Amado había rechazado solicitudes similares de los dos gobiernos anteriores, según explicó en oportunidades previas.

Las honras fúnebres serán el 14 de noviembre en el Palacio Nacional

La llegada de las cenizas a Guatemala está programada para el 12 de noviembre. Dos días después, el Palacio Nacional de la Cultura será sede de las honras fúnebres del escritor, galardonado con el Nobel de Literatura en 1967.

El 15 de noviembre, los restos del llamado “Gran Lengua” serán depositados en un monumento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido como Teatro Nacional. Los preparativos para esa ceremonia continúan, mientras la estructura prevista para recibir la urna permanecía en construcción a pocos días de su llegada.

En Père-Lachaise, una placa recordará que los restos del autor permanecieron durante más de cinco décadas en ese cementerio parisino, donde también descansan figuras como Honoré de Balzac, Édith Piaf y Jim Morrison. La tumba de Asturias, diseñada como una estela de inspiración maya, conservará esa referencia a su permanencia en Francia.

París exhibe una primera edición de Leyendas de Guatemala

Como parte de las actividades previas al retorno, Méndez Salinas visitó el Musée du quai Branly – Jacques Chirac junto al embajador de Guatemala en Francia, Rubén Estuardo Nájera Contreras, integrantes de la familia Asturias y el consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, Yann Lorvo.

La comitiva conoció una colección de obras de artistas del lago de Atitlán adquirida recientemente por el museo. La muestra incluye un ejemplar de la primera edición de Leyendas de Guatemala, publicada en España en 1930.

En paralelo, el Palacio Nacional de la Cultura inauguró el 4 de noviembre la exposición E.8: Miguel Ángel Asturias, el archivo del Gran Lengua, con manuscritos, fotografías, cartas y publicaciones del escritor. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027.

La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, podría declararse culpable en el caso Cooptación del Estado tras manifestar su voluntad de acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos.

La decisión de la exfuncionaria trascendió luego de que el juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, revocó los permisos médicos que le permitían permanecer en su domicilio y ordenó su reingreso inmediato a prisión preventiva.

Durante la comparecencia judicial, el abogado defensor Melkin Escobar confirmó la anuencia de su patrocinada para admitir la responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

Esta gestión constituye la cuarta oportunidad en la que la exmandataria plantea este recurso legal; en las convocatorias previas no compareció ante la judicatura, una conducta que demoró la causa penal durante tres años.

La audiencia para definir la culpabilidad quedó fijada para el 9 de noviembre

Ante la petición de la defensa, el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos no presentaron objeciones para que avance el mecanismo abreviado.

El ente fiscal acusa a la exvicemandataria de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Las pesquisas sostienen que se estructuró una red que utilizó diversas dependencias del Estado para recompensar favores políticos y desviar fondos públicos en beneficio de los implicados.

Frente a la solicitud, el juez programó la audiencia definitiva para el 9 de noviembre en los tribunales de Ciudad de Guatemala.

En esa sesión, Baldetti deberá detallar ante el juzgado el modo en que cometió los actos ilícitos, un requisito procesal indispensable para que la autoridad judicial determine la concesión de una rebaja de condena y emita la resolución correspondiente.

Otto Pérez Molina perdió las rebajas de pena tras omitir un pago millonario

El camino procesal seleccionado coincide con la ruta que adoptó el expresidente Otto Pérez Molina, quien en septiembre de 2023 se sometió a este mismo procedimiento.

En aquella oportunidad, el exgobernante recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude, además de una orden de pago por Q4 millones 69 mil (unos USD 532.500) en concepto de reparación digna.

Pese a esa disposición judicial, Pérez Molina solo canceló Q69 mil (cerca de USD 9.030) y adujo falta de fondos para cubrir los Q4 millones restantes (aproximadamente USD 523.500).

Ante este impago, la judicatura le retiró los beneficios concedidos y elevó la sanción a nueve años de cárcel conmutables a razón de Q25 diarios (USD 3,27 al día), mientras el Estado aún no activa la vía civil para el reclamo financiero.

Paralelamente, el exmandatario tramita ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la recuperación de cuentas bancarias y una finca tasada en Q26 millones (USD 3,4 millones).

El historial judicial incluye dos condenas y un reclamo de Estados Unidos

El expediente por Cooptación del Estado no es el único conflicto que afronta Baldetti con la justicia guatemalteca.

En octubre de 2018, los tribunales le impusieron 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, vinculado al contrato fraudulento para sanear el lago de Amatitlán.

Cuatro años después, en diciembre de 2022, recibió otra sentencia de 16 años de cárcel por el caso La Línea, al ser declarada responsable de encabezar una red de defraudación aduanera en la administración tributaria.

A estos fallos se suma un proceso pendiente por contrataciones irregulares en el Registro de Información Catastral (RIC). Asimismo, sobre la exfuncionaria pesa una solicitud de extradición remitida por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.

Aunque Baldetti consintió en 2017 su entrega a los tribunales estadounidenses, el marco normativo de Guatemala establece que el traslado únicamente podrá concretarse cuando liquide todas sus causas penales en el país, lo que descarta cualquier medida sustitutiva de prisión.

La ministra de Comunicaciones de Guatemala, Norma Zea, informó que el Ejecutivo dará inicio la próxima semana a los trabajos para la ampliación a cuatro carriles de la CA-9 Norte, en el tramo comprendido entre El Rancho, en El Progreso, y Teculután, en Zacapa.

La obra busca atender uno de los principales corredores de carga del país, por donde circulan mercancías de exportación con destino a los puertos del Caribe.

La funcionaria adelantó el inicio de la intervención durante una citación con diputados. La funcionaria sostuvo que el proyecto tiene carácter estratégico por el volumen de transporte comercial y de pasajeros que utiliza la ruta al Atlántico.

El plan contempla la ampliación de la vía actual y la reconstrucción de cuatro puentes, entre ellos el de El Huijo, donde se habilitó recientemente un paso provisional tras un incidente que dejó víctimas mortales.

La obra abarcará casi 32 kilómetros de la ruta al Atlántico

El contrato corresponde a un tramo de 31,8 kilómetros de la carretera CA-9 Norte, entre El Rancho, en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, y Teculután. El proyecto fue adjudicado en agosto de 2026 al Consorcio Vías Terrestres del Atlántico por USD 129,6 millones.

El grupo está integrado por la empresa guatemalteca Constructora Codico, S. A., y la mexicana ICA Constructora, S. A. de C. V. La cartera también adjudicó la supervisión de la obra a Consult Test, S. A., por USD 4,6 millones.

La licitación había sido lanzada en mayo de 2025, con respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recursos del Fondo para la Promoción del Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En su etapa inicial, el proyecto estimaba una inversión de USD 175 millones.

La carretera presenta una reducción de cuatro a dos carriles a la altura del kilómetro 84,4, en El Rancho. Ese cambio de capacidad provoca un cuello de botella en una zona que concentra tránsito de transporte pesado, vehículos particulares y rutas de pasajeros.

Por el corredor circula el 60% de las exportaciones guatemaltecas

Según los estudios vinculados al proyecto, el tramo moviliza cerca de 18 mil vehículos diarios. La ruta conecta el centro del país con el nororiente, Petén y los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en Izabal.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) calcula que por esta vía transita el 60% de las exportaciones de Guatemala. Zea afirmó ante los legisladores que la ampliación busca mejorar el traslado de mercancías y reducir las dificultades de movilidad para quienes se desplazan entre El Progreso y Zacapa.

La intervención entre El Rancho y Teculután forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conexión hacia el Caribe. El Gobierno suscribió el 2 de octubre un convenio con Taiwán para elaborar estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y social, además del diseño de ingeniería, para el tramo entre Mayuelas, Zacapa, y Puerto Barrios.

El acuerdo fue firmado por Zea y la embajadora taiwanesa en Guatemala, Vivian Chang. La cooperación incluye una donación de USD 2,5 millones para avanzar con la planificación del corredor.

Diputados cuestionaron la ejecución del CIV

Durante la misma reunión, Zea informó sobre otros proyectos que el CIV desarrolla con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Varios de esos tramos permanecen en fase de diseño y aún requieren propuestas que deberán ser presentadas al presidente.

La ministra también mencionó el distribuidor de Quetzaltenango, cuyo planteamiento deberá modificarse debido a limitaciones de espacio en el área prevista.

Los anuncios surgieron en medio de cuestionamientos por la ejecución presupuestaria de la cartera. El presidente de la comisión legislativa, Jeovanni Domínguez, señaló que el CIV solicitó alrededor de USD 1.348 millones para 2027, mientras su ejecución alcanza el 53%.

El diputado agregó que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) registra una ejecución del 25%, una cifra que reforzó las dudas sobre la capacidad institucional para ejecutar los recursos destinados a infraestructura.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala incorporó 20 radiopatrullas todoterreno, 12 motocicletas y dos dispositivos TrueDefender para reforzar las operaciones contra el narcotráfico y la identificación de drogas y precursores químicos.

La entrega se realizó en la sede de los comandos Boinas Negras, con autoridades del Ministerio de Gobernación, representantes diplomáticos y organismos internacionales.

Los nuevos recursos elevan a 30 el número de radiopatrullas todoterreno recibidas desde 2025 y constituyen la mayor adquisición de este tipo para la institución desde 2018.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabezó la ceremonia y remarcó la ampliación de la flota destinada a la Subdirección Antinarcótica.

Las 20 camionetas fueron equipadas como radiopatrullas para circular en terrenos de difícil acceso, mientras que las motocicletas tienen motores de 600 centímetros cúbicos.

Los dos equipos tecnológicos permitirán realizar identificaciones preliminares de sustancias ilícitas y productos químicos asociados a su fabricación.

La mayor ampliación vehicular de la Subdirección Antinarcótica desde 2018

El subdirector general Antinarcótico de la PNC, Wuilber Arreaga, definió la entrega como “un día histórico” para la institución. Sostuvo que la ampliación del parque vehicular aumentará la movilidad y la cobertura territorial de las operaciones de prevención y combate contra el narcotráfico.

Arreaga agradeció el respaldo del Ministerio de Gobernación y del Viceministerio Antinarcótico, además de la cooperación del gobierno de Canadá y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esa asistencia permitió la donación de los dos espectrómetros TrueDefender.

El coordinador del programa Smart Labs para América Latina y el Caribe de la UNODC, Juan Carlos Gómez, explicó que se trata de espectrómetros portátiles de infrarrojo por transformada de Fourier.

La tecnología permite identificar de forma preliminar drogas, explosivos y productos químicos empleados para elaborar sustancias ilícitas.

Los dispositivos tienen capacidad para detectar 600 sustancias controladas, 2.000 agentes de corte y diluyentes, 3.000 precursores químicos y más de 200 explosivos. Gómez destacó el financiamiento de Canadá para esta y otras actividades regionales orientadas al fortalecimiento de las capacidades de detección de drogas sintéticas.

El consejero político y económico de la Embajada de Canadá en Guatemala, David Zink, indicó que la entrega forma parte del proyecto Smart Labs. La iniciativa se implementa con apoyo del Programa Fortalecimiento de Capacidad para la Investigación del Delito de Canadá.

Zink afirmó que la cooperación internacional “es esencial para lograr resultados efectivos” frente a la evolución de las drogas sintéticas ilícitas en la región. El proyecto busca reforzar las herramientas de investigación y análisis disponibles para las fuerzas de seguridad.

Incautaciones, erradicaciones y formación de agentes durante 2025 y 2026

La Subdirección Antinarcótica incautó más de 10.800 toneladas de cocaína y más de dos toneladas de marihuana durante 2026, de acuerdo con el balance presentado por Villeda. El Ministerio de Gobernación también informó decomisos de cantidades significativas de drogas sintéticas.

Las operaciones incluyeron la erradicación de 3.768.000 plantas de marihuana y 6.610.000 arbustos de hoja de coca. Las autoridades reportaron además la incautación de USD 4.324.000.

En el mismo período se realizaron 2.574 aprehensiones por delitos vinculados con la narcoactividad. Otras 25 personas requeridas por cortes internacionales con fines de extradición fueron detenidas.

Villeda señaló que el fortalecimiento de la unidad incluyó la capacitación de sus integrantes. Entre 2025 y 2026 se desarrollaron cuatro cursos de operaciones antinarcóticas, de los que egresaron 498 agentes.

Más de 3.835 integrantes de las unidades antinarcóticas recibieron formación en distintas áreas de especialización. El ministerio también incorporó 30 ejemplares caninos para apoyar las tareas operativas.

La preparación de los binomios caninos incluyó cuatro cursos internacionales para guías e instructores, con la participación de personal de seguridad pública de Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador. De esas capacitaciones egresaron 52 elementos.

El director general de la PNC, Erick Rolando Osoy López, señaló que los recursos entregados representan “un paso firme en el combate de las amenazas transnacionales”. El funcionario pidió a los integrantes de la institución actuar con disciplina, integridad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

“Mantendremos una gestión basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la tolerancia cero frente a la corrupción”, afirmó Osoy López.

El director indicó que los vehículos y dispositivos deberán responder a una planificación operativa y a mecanismos de supervisión que permitan convertir el fortalecimiento institucional en resultados de seguridad para la población.

El Ministerio de Gobernación reportó además 343 talleres de prevención sobre drogas durante el año. Las actividades alcanzaron a más de 86.000 personas.

Guatemala y Centroamérica quedaron en el centro de la reunión regional dedicada a reforzar la seguridad de la aviación civil, revisar auditorías y diseñar acciones conjuntas frente a riesgos físicos y tecnológicos. El encuentro se desarrolló en la Cámara de Industria de Guatemala y se extendió hasta el 6 de noviembre.

La convocatoria reunió a autoridades y especialistas de seguridad aeroportuaria de los países del istmo, con la organización local de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), bajo la coordinación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El acompañamiento técnico estuvo a cargo de la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) y la Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA).

Auditorías y capacitación para la seguridad aeroportuaria

Los delegados analizaron los resultados de las auditorías de seguridad de la aviación aplicadas en los Estados miembros y revisaron las medidas correctivas que aún están pendientes.

La agenda también incluyó el fortalecimiento de la capacitación especializada para el personal dedicado a la seguridad de la aviación civil.

La planificación regional contempló iniciativas para el próximo año, con foco en la modernización de los procedimientos y en la gestión de amenazas que pueden afectar las terminales aéreas. Las autoridades situaron la coordinación entre países como un componente de la respuesta ante riesgos comunes.

La protección de la infraestructura aeroportuaria frente a amenazas tecnológicas ocupó un lugar central durante las jornadas. Azucena Zelaya, subdirectora Administrativa y Financiera de la DGAC en funciones de directora general, sostuvo que la ciberseguridad requiere una atención prioritaria.

“El tema de ciberseguridad es una prioridad latente. Estos foros regionales nos permiten realizar análisis integrales para proteger nuestra información, además de garantizar que, ante cualquier eventualidad, contemos con el respaldo y la capacidad de respuesta coordinada”, indicó Zelaya.

Guatemala llegó a la reunión con la experiencia de simulacros de ciberseguridad realizados junto con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE). Esos ejercicios buscaron alinear los estándares nacionales con las disposiciones del Anexo 17 de la OACI, que regula internacionalmente la protección de la aviación civil frente a actos de interferencia ilícita.

La funcionaria guatemalteca vinculó el trabajo regional con la necesidad de compartir prácticas, detectar desafíos y encontrar respuestas comunes. “Este encuentro constituye una oportunidad para fortalecer la coordinación entre nuestros países, compartir buenas prácticas, identificar desafíos comunes y avanzar en soluciones que respondan a los riesgos actuales y emergentes”, expresó.

Zelaya señaló que la seguridad de la aviación civil demanda coordinación permanente, preparación técnica y aplicación de las normas y métodos recomendados por la OACI. El objetivo es proteger a los pasajeros, las tripulaciones, el personal aeronáutico y las instalaciones aeroportuarias.

Un marco regional vigente desde 2019

La cooperación centroamericana en esta materia cuenta con una regulación comunitaria adoptada en 2018 por el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte, dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La norma MRAC-17 sobre seguridad de la aviación civil entró en vigor en 2019.

Ese marco es directamente aplicable en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su propósito es lograr una alineación armonizada entre los países firmantes con los estándares definidos por el Anexo 17 de la OACI.

Mariana Pérez, experta en seguridad de la aviación civil de El Salvador, destacó la articulación alcanzada entre los Estados del istmo. “Hemos empezado a trabajar como bloque en conjunto y a compartir más como una región unida en pro de la seguridad de la aviación”, afirmó.

José María Peral Pecharroman, oficial regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OACI, remarcó que la cooperación y el diálogo son parte de la estrategia para elevar el cumplimiento de los estándares de seguridad y facilitación aeroportuaria.

“Estar aquí es muestra de lo que queremos en nuestros Estados, la cooperación, el diálogo, armonizar y, sobre todo, elevar el cumplimiento de los estándares en seguridad y facilitación de la aviación, ante cualquier problema o nuevo desafío”, expresó.

El Gobierno de Guatemala, a través del CIV y la DGAC, planteó que la modernización y la gestión de riesgos tecnológicos guíen el trabajo conjunto de las autoridades aeronáuticas de Centroamérica en las iniciativas previstas para 2027.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala designó a cinco intendentes para el período 2026-2030, quienes acompañarán al superintendente Juan Carlos Catalán Herrera durante una etapa marcada por la aplicación de la nueva ley contra el lavado de dinero y la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2027.

La revisión internacional será la quinta ronda de evaluación mutua a la que se someterá el país. El resultado medirá la capacidad del sistema financiero y de las autoridades para prevenir, detectar y perseguir operaciones vinculadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La estructura técnica combina funcionarios con décadas de permanencia en la institución y perfiles especializados en supervisión, análisis económico, seguros, inteligencia financiera y administración estratégica. Cada intendencia tendrá responsabilidades directas sobre la adaptación de las entidades reguladas al Decreto 15-2026.

Supervisión bancaria y análisis financiero en manos de funcionarios de carrera

La Intendencia de Supervisión Bancaria estará a cargo de Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene maestrías en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Rafael Landívar.

Zepeda acumula más de 32 años de experiencia en banca y supervisión, con un recorrido en la Superintendencia de Bancos que comenzó en 2001. Desde esa área deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a las entidades bancarias dentro del nuevo esquema de prevención financiera.

La Intendencia de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras quedó bajo la conducción de Ricardo Alvarado del Valle. El economista tiene más de 25 años de experiencia en banca y análisis macroeconómico, además de una trayectoria institucional que también se inició en la Superintendencia de Bancos en 2001.

El diseño y la actualización de normas para las entidades financieras formarán parte de las funciones de esa dependencia. Su labor se vincula con la necesidad de traducir las disposiciones de la nueva legislación en reglas operativas para los sectores alcanzados.

La Intendencia de Seguros será dirigida por Héctor Antonio Espina Lima, contador público y auditor que ingresó a la institución en 1991. Cuenta con más de tres décadas de experiencia interna y posee maestrías en administración financiera y gestión y técnica de seguros.

José Ricardo Sánchez Segura asumirá la Intendencia de Administración Estratégica. Es economista, tiene más de 28 años de trayectoria en instituciones de banca central y experiencia en inclusión financiera.

La inteligencia financiera ante las nuevas reglas contra el lavado de dinero

La Intendencia de Verificación Especial, encargada de la inteligencia financiera del país, será liderada por Ana Luisa Folgar Caceros, abogada y notaria con más de 22 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Folgar fue directora ejecutiva adjunta del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ese antecedente adquiere relevancia por la función que tendrá la Intendencia de Verificación Especial en la implementación de las nuevas obligaciones y ante la evaluación regional prevista para comienzos de 2027.

El Decreto 15-2026 entró en vigor el 17 de septiembre y sustituyó el marco legal vigente desde 2001 y 2005. La norma amplió los deberes de reporte y de debida diligencia para bancos, aseguradoras y otros sectores definidos como personas obligadas.

La modificación también alteró la comunicación con el Ministerio Público. La Intendencia de Verificación Especial dejó de presentar denuncias directas y pasó a trasladar información de inteligencia financiera preliminar y analítica, que el ente investigador deberá corroborar antes de ejercer acción penal.

La Superintendencia de Bancos dispone de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para elaborar el reglamento que permitirá aplicar sus disposiciones. El proceso avanza mediante la socialización con sectores privados y financieros, y será determinante para la evaluación de Gafilat.

Las sanciones administrativas para las entidades que incumplan sus obligaciones de monitoreo y reporte pueden llegar a USD 300.000. La pena de prisión por lavado de dinero fue fijada entre seis y 20 años, con un aumento de un tercio cuando el responsable sea un funcionario público.

El juez Eduardo Orozco ordenó este miércoles 4 de noviembre que la exvicepresidenta Roxana Baldetti regrese de inmediato a prisión preventiva, al revocar los permisos médicos que le permitían permanecer fuera de la cárcel para recibir tratamiento. La medida dispone su traslado al centro de detención para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, porque vencieron los plazos de las prórrogas judiciales concedidas.

De acuerdo, con el reporte de medios guatemaltecos, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B tomó la decisión durante una audiencia del caso Cooptación del Estado, después de que el Ministerio Público solicitara dejar sin efecto el beneficio. La exfuncionaria participó de la sesión mediante videoconferencia desde su residencia.

La fiscalía sostuvo que Baldetti llevaba siete meses sin asistir a una consulta con el neurocirujano que sigue su tratamiento en el Hospital General San Juan de Dios. La próxima evaluación quedó fijada para el 24 de noviembre en la unidad de neurocirugía del centro asistencial.

Los plazos vencidos y la cita médica pendiente

El expediente judicial incluye un informe del hospital fechado el 6 de junio de 2026, que descartó que el especialista acudiera a la vivienda de Baldetti para realizarle el examen. La acusada había pedido que la atención se efectuara en su domicilio para evitar el traslado, pero el centro médico rechazó esa posibilidad porque ya tenía turnos asignados para otros pacientes.

La exvicepresidenta tampoco acudió a una cita programada con antelación, según una resolución emitida el 23 de junio de 2026. El Ministerio Público consideró que esa inasistencia impedía prolongar su permanencia fuera de prisión hasta la consulta prevista para finales de noviembre.

El permiso había sido extendido por 60 días, pero la fiscalía señaló que el plazo ya había vencido 70 días después de la resolución que lo autorizó. Para el juez, los aplazamientos de los exámenes y las ausencias acreditaron el vencimiento de las prórrogas, más allá de las explicaciones ofrecidas por la defensa.

El abogado defensor Melkin Escobar afirmó que su clienta no se negó a recibir atención médica. Explicó que el Sistema Penitenciario envió vehículos tipo picop para trasladarla al hospital y que Baldetti consideró que ese medio representaba un riesgo por su estado físico.

La exvicepresidenta sostuvo ante el tribunal que “no ha incumplido” ninguna de las disposiciones judiciales impuestas. También explicó que los vehículos enviados podían agravar sus lesiones: “Al más mínimo impacto, se puede resentir la columna porque recibe todo el golpe”.

Baldetti aseguró que los estudios médicos recientes detectaron una masa cerebral cuya naturaleza y peligrosidad todavía deben ser evaluadas. Añadió que padece una enfermedad ósea degenerativa sin cura, tiene problemas en la cadera que restringen su movilidad y carece de recursos para pagar una ambulancia.

Orozco recordó que la próxima consulta con el especialista ya estaba establecida y señaló que la responsabilidad por la salud de la procesada corresponde al Sistema Penitenciario, de acuerdo con la obligación constitucional del Estado de brindar atención sanitaria a sus habitantes. Escobar pidió una nueva extensión de 30 días para el permiso especial, pero el magistrado rechazó la solicitud por haber sido presentada fuera de plazo.

Una década de procesos por corrupción y financiamiento electoral

El caso Cooptación del Estado investiga desde hace 10 años al binomio presidencial que gobernó Guatemala entre 2012 y 2016. La acusación sostiene que se creó una estructura financiera para captar fondos y lavar dinero destinado a financiar la campaña del desaparecido Partido Patriota.

La investigación incluye a cerca de 75 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Martínez y el empresario Jonathan Chévez, señalado de manejar transacciones financieras de la estructura. Los delitos atribuidos comprenden asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

La audiencia también abrió la etapa intermedia del proceso, en la que se definirá si Baldetti enfrentará juicio por cuatro delitos en esta causa. La decisión llega después de más de nueve años de demoras procesales.

La exvicepresidenta acumula dos condenas firmes. En octubre de 2018 recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica, relacionado con el manejo de fondos destinados a la recuperación del lago de Amatitlán.

En diciembre de 2022 fue condenada a 16 años de cárcel por el caso La Línea, por liderar junto con Pérez Molina una estructura de defraudación aduanera que operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. La sentencia incluyó una multa de 8.709.580 quetzales y una orden de reparación digna al Estado por 1.741.910 quetzales.

Ambas condenas fueron recurridas en casación ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía no emitió una decisión sobre esos recursos. Baldetti está privada de libertad desde agosto de 2015, cuando fue detenida por el caso La Línea, aunque en octubre de 2025 obtuvo autorización judicial para salir de prisión y someterse a una cirugía de columna.

Además de Cooptación del Estado y Agua Mágica, enfrenta un proceso pendiente por plazas fantasma en el Registro de Información Catastral. También tiene una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, país al que aceptó ser enviada en 2017 una vez que se resuelvan sus causas judiciales en Guatemala.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró la Escuela de Vacaciones Conapre 2026 para llegar a 12.000 niños y adolescentes de nueve a 17 años con formación sobre prevención de la violencia, acoso y consumo de drogas. El programa se realizará del 3 al 27 de noviembre en alrededor de 100 centros educativos y busca que los participantes reconozcan riesgos, conozcan mecanismos de denuncia y actúen en sus comunidades y escuelas.

Las jornadas combinarán actividades recreativas con contenidos de formación ciudadana. La propuesta contempla liderazgo, valores, elaboración de un plan de vida, derechos y deberes, prevención de la violencia sexual, acoso escolar y consumo de drogas.

Los participantes también recibirán información sobre el número 1510, habilitado para denunciar hechos de violencia y delitos en los establecimientos educativos. La difusión de esta vía de contacto forma parte de las herramientas previstas para que los menores puedan identificar situaciones que afecten su seguridad individual y colectiva.

Actividades en alrededor de 100 centros educativos

La Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito reúne a distintas entidades estatales en esta edición, con el objetivo de ampliar los contenidos y las acciones dirigidas a la niñez guatemalteca. La iniciativa incorpora las actividades que tradicionalmente desarrolla la Subdirección General de Prevención del Delito y suma espacios de convivencia para fortalecer la participación de los menores en sus comunidades.

La viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, Mayda De León, explicó que el trabajo conjunto dentro de Conapre comenzó el año pasado. La funcionaria señaló: “Lo que hicimos dentro de Conapre desde el año pasado es unir esfuerzos y abordar todos los temas que tienen que ver con violencia y delito en nuestra niñez y juventud”.

La formación está orientada a que los niños y adolescentes identifiquen las distintas manifestaciones de violencia presentes en sus entornos. El propósito incluye que puedan asumir un papel activo frente a situaciones de riesgo dentro de los centros educativos y los espacios comunitarios.

De León afirmó: “Buscamos generar capacidades en los niños para que visualicen los tipos de violencia y se conviertan en gestores de cambio en sus comunidades y escuelas”. La funcionaria vinculó esa meta con la transformación de los ámbitos escolares y comunitarios en los que se desarrollan los participantes.

La Policía Nacional Civil participa mediante su Subdirección General de Prevención del Delito. Sus delegaciones departamentales y municipales aportarán instructores para desarrollar los ejercicios previstos durante las jornadas.

Cada equipo contará con aproximadamente ocho agentes encargados de trabajar con los menores. La presencia de personal policial estará enfocada en actividades preventivas y educativas, no en intervenciones operativas.

Prevención de la agresión y participación comunitaria

El subsecretario general de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez, indicó que las jornadas acercarán a niños y jóvenes a la labor preventiva mediante contenidos sobre el origen de las agresiones y las formas de evitarlas. Los encuentros incluirán ejercicios interactivos destinados al aprendizaje y a la convivencia entre los asistentes.

Rodríguez explicó: “Se abordará cómo surge la agresión y la manera en que la Unidad para la Prevención de la Violencia disminuye los riesgos y la violencia en el país”. La enseñanza buscará que los participantes relacionen esas situaciones con medidas de protección aplicables en sus ámbitos cotidianos.

La Escuela de Vacaciones Conapre 2026 articula al Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.

La propuesta reúne recreación y formación ciudadana para que los menores conozcan sus derechos, fortalezcan sus habilidades y dispongan de recursos para reconocer y denunciar hechos que comprometan su seguridad.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) retuvo 51.624 pares de tenis con un valor aduanero de USD 2,9 millones en Puerto Quetzal, Escuintla, durante un operativo efectuado el martes 3 de noviembre de 2026 por presunta falsificación de marcas y falta de documentación para importar la mercancía a Guatemala.

Los productos estaban distribuidos en dos cargamentos que pretendían ingresar al país sin cumplir los requisitos establecidos. La mercadería quedó bajo resguardo mientras las autoridades verifican posibles vulneraciones a derechos de propiedad intelectual e irregularidades en los trámites aduaneros.

El procedimiento reunió a personal de la SAT, el Ministerio de Gobernación y representantes legales de marcas internacionales. La revisión detectó posibles anomalías en el uso de signos distintivos protegidos, además de la ausencia de autorizaciones y pólizas requeridas para el ingreso legal de los productos.

La entidad tributaria no identificó las marcas que podrían haber resultado afectadas, el país de origen de los cargamentos ni las empresas consignatarias. Tampoco comunicó si hubo personas detenidas o si se presentaron denuncias penales vinculadas con el caso.

Dos envíos con calzado valuado en Q 22,1 millones

El primer cargamento contenía 39.480 pares de calzado deportivo, con un valor en aduana estimado en Q 13,9 millones. El segundo envío llevaba 12.144 pares de tenis y su valor declarado ante las autoridades alcanzaba aproximadamente Q 8,2 millones.

El valor en aduana es la estimación que utilizan las autoridades para fines tributarios y de control de importaciones. Esa cifra no equivale necesariamente al precio final que los productos habrían tenido en el mercado guatemalteco.

La operación fue coordinada por la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, conocida como COINCON, una instancia integrada por entidades estatales y representantes del sector privado. Su función es prevenir e investigar delitos relacionados con el contrabando y la defraudación aduanera.

La participación de representantes de las marcas permite revisar características de los artículos, como empaques, etiquetas y signos comerciales. Esas verificaciones pueden ayudar a establecer si los productos vulneran derechos de propiedad intelectual.

La SAT señaló que el contrabando aduanero incluye el ingreso o la salida clandestina de mercancías para evadir los controles oficiales, incluso cuando la operación no cause de manera directa una afectación fiscal. Las sanciones por contrabando o defraudación pueden incluir multas, comiso de la mercadería y procesos penales.

En una importación, la documentación puede incluir declaraciones aduaneras, facturas comerciales, documentos de transporte, certificados de origen y permisos específicos cuando sean necesarios. La falta de respaldo o la presentación de información inconsistente puede derivar en la inmovilización de los bienes y en investigaciones posteriores.

Los controles de la SAT se mantienen en Puerto Quetzal y en otros puntos fronterizos y aduaneros del país. Durante 2025, la COINCON registró 2.142 decomisos en operativos conjuntos contra el contrabando y la defraudación, con mercancía valuada en Q 119,6 millones, de acuerdo con datos oficiales.

El precedente de Chiquimula por inconsistencias documentales

La retención en la terminal marítima se sumó a un procedimiento realizado el 15 de octubre en el Puesto de Control Interinstitucional de Chiquimula. Allí, la SAT informó la incautación de 3.763 prendas de vestir por inconsistencias en el uso de una Factura y Declaración Única Centroamericana, identificada como FYDUCA.

Ese documento respalda determinadas transferencias comerciales entre países de la región. La mercadería retenida en Chiquimula tenía un valor en aduana de Q 156.163,45.

El operativo terrestre contó con la coordinación del Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio Público. A diferencia del caso de Puerto Quetzal, vinculado con un envío marítimo de gran volumen y una posible falsificación de marcas, aquel procedimiento surgió por irregularidades documentales detectadas en un puesto de control.

Las autoridades no han detallado el destino final de los pares de tenis retenidos en Puerto Quetzal. La resolución dependerá de las verificaciones administrativas y de las eventuales acciones legales derivadas de la investigación.

Guatemala asumió la presidencia del Protocolo de Tikal durante la XXXIX Conferencia regional celebrada del 3 al 4 de noviembre en Antigua Guatemala, con una agenda centrada en tecnología, ciberseguridad e innovación para los procesos electorales. El relevo desde Honduras coloca al país al frente de la cooperación entre organismos comiciales de Centroamérica y el Caribe, mientras el Tribunal Supremo Electoral prepara las elecciones generales de 2027.

La conducción pro tempore fue entregada por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, Mario Flores Urrutia, a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo. La ceremonia reunió a magistrados y representantes electorales de nueve países de la región.

El encuentro congregó delegaciones de Antigua y Barbuda, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Santa Lucía, además de Guatemala como país anfitrión. También participó José Thompson, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

La presidencia guatemalteca deberá dar continuidad a los mecanismos de cooperación y al intercambio de experiencias entre las instituciones que integran la asociación. El Tribunal Supremo Electoral informó que el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros y respaldar procesos democráticos confiables y transparentes.

Tecnología y seguridad para la transmisión de resultados

La edición XXXIX de la conferencia tiene como tema central “Tecnología, Ciberseguridad e Innovación”. Durante las dos jornadas, las delegaciones abordaron las prácticas aplicadas a la transmisión de resultados, la incorporación de herramientas tecnológicas a la votación y los riesgos digitales vinculados con su implementación.

Los organismos electorales compartieron experiencias de comicios anteriores para identificar mecanismos que puedan adaptarse a las condiciones de cada país. La discusión busca elevar la confianza ciudadana mediante sistemas que resguarden la seguridad de la información electoral.

Rivera Acevedo recibió la presidencia en un momento en que Guatemala avanza con la planificación de sus próximos comicios. Las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano están previstas para el 27 de junio de 2027.

El Tribunal Supremo Electoral solicitó al Congreso de la República un presupuesto de 2.776 millones de quetzales para ese proceso. De ese monto, 2.181 millones de quetzales se destinarían específicamente a la organización electoral.

La partida solicitada para los comicios representa un incremento de 588 millones de quetzales frente a los recursos asignados para la elección de 2023. La convocatoria oficial está prevista para el 22 de enero de 2027.

Un padrón de más de 10 millones de ciudadanos y el Protocolo de Tikal

El padrón electoral guatemalteco supera los 10 millones 234 mil ciudadanos inscritos. La estimación es que alcance cerca de 12 millones de personas habilitadas para votar antes del cierre del empadronamiento, fijado para el 20 de marzo de 2027.

A finales de octubre, el organismo presentó la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, que coordinará la prevención y la respuesta ante riesgos desde la etapa previa a los comicios hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Esa instancia se integra a los preparativos institucionales para la jornada electoral.

El Protocolo de Tikal fue creado en 1985 por iniciativa de Jorge Mario García Laguardia y Arturo Herbruger, entonces magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La entidad es considerada la primera asociación de organismos electorales del mundo.

Desde su fundación, el mecanismo ha promovido la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo entre las instituciones electorales de Centroamérica y el Caribe. Su estructura funciona como un espacio para el intercambio de experiencias orientadas al fortalecimiento de los sistemas democráticos regionales.

La presidencia asumida por Guatemala incorpora a esa agenda regional los desafíos de la digitalización electoral, la protección frente a amenazas cibernéticas y el desarrollo de tecnologías para la transmisión de resultados.

El Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto de Q1,533 millones para 2027, equivalentes a unos USD 200.4 millones, y rechazó una propuesta que buscaba reducir los salarios, dietas y otros beneficios de los diputados.

La decisión mantiene el pago mensual de Q66 mil, cerca de USD 8,630, que los legisladores perciben desde el aumento autorizado hace dos años.

El pleno avaló el Acuerdo Legislativo 24-2026 durante la sesión del martes 3 de noviembre, luego de que el presidente del Congreso, Luis Contreras, propusiera incorporar el dictamen al orden del día. El proyecto no figuraba inicialmente entre los asuntos programados para la jornada.

La votación aprobó un plan de gastos de Q1,533 millones, de los cuales Q1,275 millones, unos USD 166,7 millones, corresponden al funcionamiento del Organismo Legislativo. El resto incluye transferencias para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El presupuesto deberá cubrir salarios del personal legislativo, arrendamientos, combustible, alimentación, seguros, compra de suministros y las remuneraciones de los 160 diputados. Algunos congresistas indicaron, bajo reserva de identidad, que no recibieron el documento antes de la votación y que desconocían el detalle de la distribución de recursos.

El mayor aumento se concentra en servicios personales

El principal rubro del presupuesto corresponde a servicios personales, con una asignación de Q945,5 millones, alrededor de USD 123,6 millones. Esa partida registra un aumento de Q122 millones, cerca de USD 15,9 millones, en comparación con el presupuesto del año anterior.

El dictamen distribuye los recursos en siete grandes áreas. Además de los Q945,5 millones para servicios personales, asigna Q126.7 millones, unos USD 16,6 millones, para servicios no personales; Q49.3 millones, aproximadamente USD 6.4 millones, para materiales y suministros; y Q52.2 millones, cerca de USD 6.8 millones, para propiedad, planta, equipo e intangibles.

Las transferencias corrientes suman Q55 millones, equivalentes a USD 7,2 millones. El plan también contempla Q700 mil, unos USD 91,500, en activos financieros, y Q45.5 millones, alrededor de USD 5.9 millones, en asignaciones globales.

Dentro del presupuesto total, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibirá Q245 millones, equivalentes a USD 32 millones, mientras que el Parlacen contará con Q13 millones, cerca de USD 1.7 millones.

Organizaciones que observan el gasto legislativo han advertido sobre el crecimiento de la nómina del Congreso y han cuestionado la contratación de personal. El aumento en el rubro de servicios personales concentra parte de esas objeciones.

La propuesta para bajar los salarios obtuvo 41 votos

Antes de que el pleno aprobara el presupuesto, diputados del partido Raíces, impulsado por Samuel Pérez, presentaron una moción para eliminar el incremento salarial, rebajar dietas y otros beneficios económicos.

La iniciativa también planteaba que los legisladores fueran afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y que el Congreso dejara de financiar seguros médicos privados para ellos.

La propuesta recibió 41 votos a favor y 50 en contra, por lo que fue rechazada. La votación mantuvo el pago mensual de Q66 mil para cada diputado, unos USD 8.630.

Pérez cuestionó que el presupuesto fuera incorporado a la agenda sin discusión previa y afirmó que el incremento salarial no responde a las necesidades de la población.

“Fue un descaro desde hace dos años que estamos recibiendo un aumento salarial”, sostuvo durante su intervención.

El diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, respondió con críticas a Pérez y lo acusó de haber respaldado el aumento durante su cercanía con el oficialismo.

El cruce concentró buena parte del debate, ya que ningún otro legislador intervino ante el pleno para fijar postura sobre la continuidad de los salarios.

Los diputados conservarán seguros privados y otros beneficios

La discusión sobre el régimen de beneficios ocurre después de que el Congreso aprobara para 2026 un presupuesto de Q1,087 millones, unos USD 142.1 millones, que incluyó recursos para sostener los aumentos de sueldo. En ese ejercicio, los diputados también rechazaron incorporarse al IGSS de forma obligatoria.

El presupuesto de 2026 incluyó Q7.5 millones, cerca de USD 980 mil, para gastos de alimentación en comisiones, bloques legislativos, seguridad y suministros como café, azúcar y agua.

También destinó Q10,2 millones, alrededor de USD 1,3 millones, para pólizas colectivas de vida y gastos médicos de diputados, directivos y vehículos del Congreso.

A esos recursos se agregaron Q12 millones, unos USD 1,6 millones, para un bono y una canasta navideña destinados a trabajadores amparados por el pacto colectivo. El acuerdo también contempló Q1,8 millones, cerca de USD 235 mil, para productos agroforestales destinados a oficinas.

La aprobación del presupuesto legislativo deja pendiente el análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027. La Comisión de Finanzas aún debe emitir dictamen y el Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre para conocerlo y votar su eventual aprobación.

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 3 de noviembre, con 121 votos, la iniciativa 6347 de urgencia nacional, contenida en el Decreto 26-2026, que crea la Ley Marco de Ciberseguridad para establecer una estructura estatal de prevención, respuesta e investigación ante ataques digitales contra instituciones, empresas e infraestructuras críticas.

La norma fue aprobada después de que el pleno avalara una moción privilegiada con 109 votos a favor y 10 en contra. El proyecto, integrado por 96 artículos, recibió dictamen favorable con modificaciones de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Jorge Mario Villagrán.

La ley entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Su alcance incluye disposiciones administrativas, penales y procesales, además de medidas de cooperación internacional, prevención, formación e investigación.

Un sistema estatal para prevenir y atender ataques digitales

El Presidente encabezaría el Consejo Nacional de Ciberseguridad, integrado por varios ministros y el secretario de Inteligencia Estratégica. El Ministerio de Gobernación asumiría la coordinación del sector mediante una Dirección Nacional de Ciberseguridad, responsable de diseñar políticas, protocolos y medidas de respuesta.

También se crearía el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), que debería operar en un plazo máximo de 18 meses. El Ministerio de la Defensa Nacional tendría una unidad de ciberdefensa, separada de las funciones civiles.

La propuesta incluye una fiscalía especializada en ciberdelitos, una unidad de informática forense, juzgados especializados y una red permanente para cooperar en investigaciones e intercambio de evidencia digital. Además, prevé incorporar contenidos de ciberseguridad en las escuelas, promover capacitación e investigación y crear una mesa técnica con participación estatal, privada, académica y de la sociedad civil.

Penas, registros judiciales y protección de información

Las enmiendas aprobadas precisan los delitos informáticos, las penas y las facultades de investigación. La normativa castigaría el acceso no autorizado a sistemas, la interceptación de información, la manipulación o eliminación de datos y los ataques contra plataformas digitales, con penas de dos a ocho años de prisión.

Las condenas serían mayores si se vulneran datos confidenciales, información de seguridad nacional o infraestructuras críticas. Los funcionarios públicos que ataquen a la institución donde trabajan podrían recibir, además, una inhabilitación de siete años. También se agravarían las sanciones cuando exista lucro ilegal o afectación a servicios de una entidad.

El proyecto penaliza el uso o distribución de programas, contraseñas y otros recursos destinados a cometer ciberdelitos, aunque excluye las pruebas autorizadas y las acciones de protección informática.

Las órdenes judiciales para intervenir sistemas deberán detallar la información buscada, los equipos afectados y el plazo de la medida. La ley prioriza la copia forense de datos antes que la ocupación o suspensión de sistemas completos y exige resguardar la información ajena a la investigación.

Si una intervención puede afectar pagos o servicios financieros críticos, el juez deberá pedir una opinión técnica al Banco de Guatemala o a la Superintendencia de Bancos, salvo en situaciones de riesgo grave e inmediato. Las interrupciones de servicios esenciales deberán revisarse cada 24 horas.

Alertas en tres horas y cooperación internacional

La iniciativa establece plazos para reportar incidentes digitales: tres horas cuando afecten infraestructuras críticas, seis horas para otros casos y hasta 72 horas para presentar un informe completo. El Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT) deberá anonimizar los reportes y proteger los datos personales e institucionales.

El intercambio de información entre entidades tendrá límites: no podrá incluir datos protegidos por la Constitución o las leyes financieras sin cumplir los procedimientos legales o contar con una orden judicial. Los datos compartidos deberán ser agregados o anonimizados y tratarse como confidenciales. La información financiera solo podrá enviarse a autoridades extranjeras por las vías previstas en la ley.

El proyecto también plantea mecanismos de cooperación para investigar fraudes y ciberdelitos, incluido el intercambio de alertas y pruebas electrónicas. La propuesta avanzó tras ataques informáticos registrados en Guatemala durante 2026 contra entidades públicas, universidades, la Corte de Constitucionalidad y empresas privadas.

Guatemala no cuenta con una ley integral de ciberseguridad. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la reforma permitiría fortalecer la respuesta estatal y facilitar la adhesión al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) respaldó la necesidad de modernizar la legislación, aunque pidió incorporar ajustes técnicos. La organización advirtió que, sin esos cambios, la norma podría enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad y dificultades para alinearse con normas internacionales y la legislación contra el lavado de dinero.

La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos el viernes 6 de noviembre durante la 15.ª Noche de los Museos, una jornada de acceso gratuito que permitirá recorrer museos, centros culturales y edificios institucionales hasta las 22:00. La propuesta incluye cuatro rutas por distintos sectores de la capital, transporte sin costo y visitas sin reserva previa.

La actividad se desarrollará entre las 17:00 y las 22:00, aunque la mayor parte de los espacios del Centro Histórico recibirá visitantes de 19:00 a 22:00. Cada persona podrá comenzar el recorrido en el edificio que elija y organizar el trayecto según su ubicación o sus intereses.

El evento es organizado por el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac), a través de la Dirección General de Extensión Universitaria. La institución dispuso un mapa con las cuatro rutas y la ubicación de los participantes para facilitar la planificación de la noche.

La iniciativa se realiza en Guatemala desde noviembre de 2012. Su antecedente surgió en Berlín en 1977, con la intención de atraer nuevos públicos a los espacios culturales, y actualmente se replica en más de 130 ciudades del mundo.

Cuatro rutas entre el Centro Histórico y la zona 13

Los 31 puntos fueron distribuidos en cuatro rutas que atraviesan distintos sectores de la capital, con una concentración mayor en la zona 1. El esquema no establece un circuito obligatorio ni un orden de visita: los asistentes podrán caminar entre sedes cercanas o utilizar los buses habilitados para la jornada.

La modalidad busca que el público conozca la ciudad “bajo la luz de la noche”, según el Musac. El recorrido no se limita a salas de exposición, sino que incorpora edificios vinculados con la historia política, postal, educativa y financiera de Guatemala.

El Palacio del Organismo Legislativo, sede del Congreso de la República, volverá a integrar la programación y abrirá sus salones al público. El edificio reúne más de nueve décadas de historia política y arquitectónica.

También participarán el Museo Postal de Correos de Guatemala, situado en el segundo nivel del Palacio de Correos; el Museo Numismático del Banco de Guatemala; la Universidad Popular; el Museo Nacional de Historia; el Museo del Holocausto Guatemala; la Casa de la Memoria Kaji Tulam y el Musac. Todos estos espacios se encuentran en la zona 1.

La programación se extenderá fuera del Centro Histórico con la apertura del Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y el Museo del Insivumeh, ubicados en la zona 13. Esa incorporación amplía el recorrido hacia otro de los sectores culturales de la capital.

Buses sin costo y tres circuitos de traslado

El Musac habilitará un servicio de buses gratuitos dividido en tres circuitos para conectar a los visitantes con distintos museos. El transporte no funcionará como una visita guiada: tendrá paradas fijas y operará de manera similar a un servicio público convencional.

El último recorrido comenzará a las 21:30 horas, por lo que la institución recomendó revisar previamente los horarios y los puntos de parada. También sugirió priorizar los traslados a pie entre museos cercanos para aprovechar las tres horas de mayor actividad.

La entrada a todos los sitios participantes será gratuita y no requerirá inscripción. Tampoco habrá un punto de inicio único, por lo que cada visitante podrá definir su recorrido entre las cuatro rutas disponibles.

Quienes lleguen en vehículo propio contarán con parqueos de pago cerca de los principales puntos de concentración, entre ellos el Musac, el Museo Nacional de Historia y el Congreso de la República. Las opciones señaladas incluyen el Parqueo Danubio, en la 9ª calle 9-17 de la zona 1, y el Parqueo Arimany, en la 9ª calle 7-65, ambos con una tarifa de 10 quetzales por hora.

El Parqueo Nuevediez, situado en la 9ª avenida 10-29 de la zona 1, cobrará 10 quetzales por media hora y 20 quetzales por una hora completa.

Guatemala se prepara para una temporada de bajas temperaturas con el ingreso previsto de alrededor de 16 frentes fríos entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

Ante esta situación que se esperan en buena parte del país, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó un plan que contempla hasta 2 mil puntos para habilitar albergues temporales.

La estrategia fue presentada este martes 3 de noviembre y está dirigida a la población en general, con prioridad para niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Los refugios serán administrados por las municipalidades mediante las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (Comred).

Los frentes fríos comenzarán entre la segunda y la tercera semana de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la temporada fría iniciará durante noviembre, al mismo tiempo que concluye el período lluvioso y comienza la época seca en el territorio guatemalteco.

El titular del Insivumeh, Edwin Rojas, indicó que los fenómenos provocarán descensos más marcados de temperatura durante las noches y madrugadas. La proyección oficial prevé cuatro frentes fríos en diciembre, otros cuatro en enero y tres adicionales entre febrero y marzo. La temporada concluiría en abril.

El organismo estimó que en el Occidente y el Altiplano Central las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 14℃ (42,8 y 57,2℉). En los Valles de Oriente, los registros se ubicarían entre 14 y 22℃ (57,2 y 71,6℉).

En las áreas montañosas del país, los valores podrían descender hasta 0℃ (32℉), una situación que puede elevar el riesgo de enfermedades respiratorias y de afectaciones para las personas expuestas de forma prolongada al frío.

Conred dispone de 2 mil puntos para instalar albergues temporales

El Plan por Época Fría 2026-2027 establece mecanismos de prevención, coordinación y respuesta ante las consecuencias de las temperaturas bajas. Conred señaló que existen alrededor de 2 mil puntos a nivel nacional que podrán funcionar como albergues, de acuerdo con las necesidades que identifiquen las autoridades locales.

Estos espacios ofrecerán alojamiento temporal, seguro y adecuado para quienes requieran protección. La operación estará a cargo de las municipalidades y las Comred, bajo la coordinación interinstitucional de la Función 13 del Plan Nacional de Respuesta, liderada por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP).

De acuerdo con la información difundida sobre el plan, los albergues podrán proporcionar alimentación, frazadas y kits de higiene durante la estancia de las personas atendidas.

Las recomendaciones para reducir los riesgos por las bajas temperaturas

La Conred pidió a las familias abrigarse de forma adecuada y evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo durante la noche y la madrugada. También recomendó prestar atención a los síntomas respiratorios y buscar asistencia médica ante señales de alarma.

La institución solicitó reforzar el cuidado de niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, grupos que pueden enfrentar mayores riesgos ante las bajas temperaturas.

Entre las medidas preventivas, Conred aconsejó no encender fogatas ni colocar veladoras dentro de las viviendas, debido al riesgo de incendios, quemaduras o intoxicación por humo. Además, instó a la población a seguir los avisos de las autoridades a través de los canales oficiales.

Ante una emergencia, la población puede comunicarse al número 119, habilitado para la atención y coordinación de incidentes durante la temporada fría.

Guatemala obtuvo su primera especie de ave endémica, el momoto guatemalteco (Momotus castaneiceps), a partir de la división taxonómica del momoto coronirrufo realizada por el Comité de Clasificación de América del Norte de la Sociedad Ornitológica Americana en el suplemento número 67 de su Lista de aves de América del Norte.

De acuerdo con la investigación científica publicada en la revista Ornithology y divulgada en Phys.org, la nueva variedad habita exclusivamente en el valle seco del río Motagua, en Guatemala. Hasta esta actualización, el taxón formaba parte de Momotus mexicanus, una especie propia de tierras bajas tropicales, bosques secos y matorrales de México y Guatemala.

Estudios genéticos respaldan la nueva clasificación

La separación del momoto guatemalteco fue propuesta por Roselvy Juárez y Pamela C. Rasmussen. El documento evaluado por el comité identificó contrastes en la coronilla, la nuca y la frente de las poblaciones que hasta ahora integraban una misma especie.

También se tuvieron en cuenta las diferencias en las vocalizaciones, así como sus datos genéticos. Estos elementos llevaron a reconocer a M. castaneiceps como un tipo independiente y restringido a territorio guatemalteco.

La modificación figura entre los principales cambios del suplemento 67, que reúne actualizaciones para especies presentes en América del Norte, América Central y el Caribe.

La publicación también dividió al búho cornudo (Bubo virginianus) en cuatro grupos. Tres de las nuevas poblaciones reconocidas son endémicas de Sudamérica: el búho cornudo del páramo (B. nigrescens), presente en los Andes septentrionales; el búho cornudo tropical (B. nacurutu), distribuido en la Sudamérica tropical; y el búho cornudo de Magallanes (B. magellanicus), que ocupa desde el cono sur hasta los Andes centrales.

El suplemento modifica especies de América y del Caribe

Entre los cambios aprobados se encuentra la división de Tringa semipalmata, una especie de ave playera antes considerada un solo tipo. Las poblaciones orientales conservaron ese nombre, mientras que las occidentales pasaron a denominarse Tringa inornata. La decisión consideró diferencias en sonidos, ecología, forma corporal, ciclo anual y genética.

El comité también separó al chochín palustre en dos especies: el oriental (Cistothorus palustris) y el occidental (Cistothorus paludicola). Ambas pueden convivir en los mismos pantanos del sur de Saskatchewan, pero rara vez se cruzan entre sí.

Terry Chesser, presidente del comité, explicó que en las zonas donde coinciden ambas variedades hay ejemplares que anidan cerca unas de otras pese a tener cantos distintos. “Algunos individuos cantan ambos cantos, pero son raros, y la genética confirma lo mismo: que aparentemente existe una fuerte selección en contra de los híbridos”, indicó.

Otra revisión separó a la reinita de manglar (Setophaga petechia) de la reinita amarilla (S. aestiva), una especie migratoria que se reproduce más al norte. La propuesta señaló diferencias en genética, vocalizaciones, morfología e historia natural.

Chesser precisó que algunas variaciones físicas están vinculadas al hábitat: “Las aves de los manglares tenían picos más grandes y tarsos más largos que las de los hábitats del interior de Norteamérica”.

Dos poblaciones americanas reciben categoría de especies propias

Además distinguió a las poblaciones americanas de garza blanca y zarapito de sus equivalentes del Viejo Mundo. La garza americana pasó a denominarse Ardea egretta, mientras que las poblaciones que se reproducen en Canadá y Alaska fueron clasificadas como Numenius hudsonicus, el zarapito trinador del Hudson.

Estas separaciones se sustentaron en rasgos como las vocalizaciones, la coloración durante la época reproductiva, el plumaje, los rituales de cortejo, la morfología y la genética. Los cambios crean dos especies endémicas de América dentro de la lista.

La revisión incluyó, a su vez, una reorganización de los chochines para reflejar mejor sus relaciones evolutivas. Se incorporó el género Nannus para los chochines de invierno y del Pacífico, se fusionó Thryorchilus con Troglodytes y se modificó el orden de varias especies de esta familia.

La Lista de Verificación, publicada por primera vez en 1886, sirve como base para investigaciones, acciones de conservación, gestión y educación sobre aves en la región. El Comité de Clasificación de América del Norte examina cada año propuestas sobre taxonomía y distribución antes de incorporar cambios como el que otorgó a Guatemala.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió este martes 3 de noviembre con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, y luego presentó ante empresarios una cartera de proyectos por más de USD 2.500 millones para atraer inversiones al país centroamericano.

El encuentro con el monarca español formó parte de la ronda de reuniones bilaterales que Felipe VI mantuvo con mandatarios que llegaron a la capital española para participar en la cumbre, prevista para el 4 y 5 de noviembre, según informó la agencia EFE.

Durante la jornada, el rey también recibió al presidente de Honduras, Nasry Asfura; a la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y al jefe de Estado de Chile, José Antonio Kast.

Mientras que Arévalo informó en sus redes sociales, la cita con el rey y aseguró que reafirmó los vínculos históricos entre ambos países y la intención de ampliar la cooperación y el diálogo político. El presidente guatemalteco viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez.

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

España ejerce la Secretaría Pro Tempore desde la cumbre realizada en Cuenca, Ecuador, en 2024. La reunión se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

El Gobierno busca inversiones en infraestructura, energía y logística

Antes de la cita de jefes de Estado y de Gobierno, Arévalo participó en el Encuentro Empresarial Iberoamericano organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Allí convocó a compañías españolas e iberoamericanas a participar en proyectos de infraestructura, tecnología, logística, energías renovables, industria, turismo y servicios.

“Buscamos inversión que produzca valor, que genere empleos dignos, que incorpore innovación y que contribuya al bienestar”, afirmó el mandatario durante su intervención ante empresarios, según el discurso compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala.

Arévalo explicó que parte de la cartera de proyectos se desarrollará bajo esquemas de alianzas público-privadas, con intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Entre las obras mencionadas figuran inversiones cercanas a USD 4.000 millones para modernizar carreteras, caminos rurales, puertos sobre el Pacífico y el Atlántico, y el aeropuerto internacional.

El presidente también se refirió a la ampliación de un corredor logístico hacia el Atlántico y a los estudios para conectar mediante ferrocarril los centros industriales con los puertos. En el área metropolitana, señaló, el proyecto MetroRiel prevé atender a unos 250 mil usuarios diarios.

Reformas y propuesta para evitar la doble tributación

El mandatario sostuvo que su administración impulsa reformas para ofrecer mayor previsibilidad a los inversores. Entre ellas citó la Ley de Competencia, los cambios a la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley General del Sistema Portuario.

Además, indicó que Guatemala prepara una propuesta de acuerdo para evitar la doble tributación con España, con el objetivo de dar mayores certezas fiscales a las empresas españolas que decidan instalarse o ampliar sus operaciones en el país.

Arévalo destacó que la inversión española en Guatemala llegó a USD 90,7 millones en 2025, con presencia en sectores como industria, finanzas, comercio y servicios. Como ejemplo, mencionó la planta de Nextil Elastic Fabrics, cuya inversión fue de cerca de USD 40 millones.

El presidente vinculó la convocatoria de capitales con los datos macroeconómicos de Guatemala. Según expuso, la economía creció 4,3% en 2025 y la inflación cerró ese año en 1,7%, de acuerdo con cifras atribuidas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La agenda de Arévalo continuará con las sesiones de la Cumbre Iberoamericana, de las que se espera la adopción de la Declaración de Madrid y comunicados sobre seguridad vial, delincuencia organizada transnacional, narcotráfico y propiedad industrial.

La presidenta en funciones de Guatemala, Karin Herrera, solicitó al Ministerio de Gobernación reforzar las acciones de inteligencia y seguridad en rutas críticas del país después del intento de asalto contra un transporte de valores en Taxisco, Santa Rosa.

El ataque incluyó bloqueos con camiones de volteo y la quema de vehículos para inmovilizar la unidad blindada.

Herrera informó este miércoles 4 de noviembre que trasladó la petición ante los hechos de violencia registrados durante las últimas 24 horas. La mandataria interina indicó que las autoridades deben actuar frente a estructuras criminales que operan en corredores viales del país.

El asalto ocurrió el martes 3 de noviembre en la ruta que une Escuintla con Taxisco, en un tramo situado entre los kilómetros 87 y 97. Según los reportes iniciales, al menos siete hombres armados participaron en una operación coordinada para interceptar un camión de la empresa Transporte y Administración de Valores (TAV).

Los atacantes usaron camiones, autobuses incendiados y herramientas para abrir el blindado

Los delincuentes atravesaron dos camiones de volteo sobre la carretera bajo la apariencia de un accidente de tránsito. Los vehículos chocaron por delante y por detrás al transporte de valores, que quedó inmovilizado sobre la calzada.

De forma paralela, los atacantes incendiaron dos autobuses extraurbanos y una camioneta particular en distintos puntos del trayecto. La maniobra buscaba bloquear la circulación, retrasar la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC) y dificultar el ingreso de los Bomberos Voluntarios.

Mientras los equipos de socorro controlaban las llamas, los dos custodios de la unidad permanecieron refugiados dentro de la cabina blindada. Ninguno resultó herido y el dinero transportado no fue sustraído.

Los informes policiales señalan que los agresores habían llevado herramientas de trabajo pesado para forzar los accesos del camión. En el lugar quedaron pulidoras, almadanas, cinceles y armas de fuego, elementos que serán analizados por los investigadores.

La PNC y el Ministerio Público mantienen operativos para identificar a los responsables

El portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que los agentes llegaron al sector para asistir a los tripulantes y resguardar el traslado del cargamento hacia un punto seguro. El robo no se concretó, pese a la emboscada y al bloqueo de la vía.

Peritos del Ministerio Público (MP) y agentes de investigación cerraron el paso en el kilómetro 90 de la ruta hacia Taxisco para recopilar indicios balísticos y examinar los automotores involucrados. Las autoridades aún desconocen el monto que transportaba el vehículo.

TAV confirmó el ataque contra una de sus unidades y afirmó que la activación de los protocolos de seguridad permitió preservar tanto al personal como al cargamento. La empresa también informó que colabora con las diligencias para identificar a los integrantes del comando armado.

Herrera también pidió esclarecer la muerte de un agente en la Academia de la PNC

En la misma publicación, la presidenta en funciones solicitó avanzar con las diligencias sobre la muerte del agente Walter Isaías Alvarado Oxlaj, hallado sin vida el 2 de noviembre en la Academia de la PNC, ubicada en la zona 6 de la capital guatemalteca.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que el policía murió por trauma raquimedular y trauma cerrado de tórax y abdomen. Herrera expresó sus condolencias a la familia del agente y aseguró que sigue los resultados de la investigación.

La vicepresidenta ejerce la Presidencia de forma temporal mientras Bernardo Arévalo participa en Madrid, España, en actividades diplomáticas y empresariales, incluida la XXX Cumbre Iberoamericana prevista para el 4 y 5 de noviembre.

El pleno del Congreso de Guatemala conoció este miércoles 4 de noviembre el veto presidencial al Decreto 23-2026, que reforma normas del Código Procesal Penal vinculadas con la prisión preventiva, pero no tomó una decisión sobre su aceptación o rechazo.

El presidente Bernardo Arévalo objetó la norma por posibles problemas de constitucionalidad, falta de certeza jurídica y dificultades para su aplicación.

Los diputados tienen un plazo máximo de 30 días para resolver el veto. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que, si el pleno no adopta una decisión inmediata, el expediente debe ser remitido a la comisión que emitió dictamen sobre la iniciativa original o a una comisión especial creada para analizar el asunto.

Durante la sesión no se sometió a votación si el Congreso aceptaba o rechazaba las objeciones del Ejecutivo. Tampoco se anunció de forma expresa el traslado del expediente a una comisión legislativa, aunque esa es la ruta que contempla la normativa cuando el pleno deja pendiente una resolución.

El veto fue planteado mediante el Acuerdo Gubernativo 173-2026, publicado la semana pasada. Según la posición del Ejecutivo, el decreto aprobado por los diputados contiene contradicciones y vacíos que podrían generar obstáculos en su ejecución dentro del sistema de justicia.

La presidenta del Organismo Judicial planteó preocupaciones antes de la plenaria

Antes de la sesión plenaria, los integrantes de la Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunieron con la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jenny Noemy Alvarado Tení, para revisar los efectos que tendría la entrada en vigor de las reformas.

En el encuentro también participaron los magistrados Luis Mauricio Corado Campos, René Guillermo Girón Palacios y Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado. La reunión fue convocada por el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien había planteado la necesidad de discutir con las autoridades judiciales las disposiciones cuestionadas por el mandatario.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la comisión legislativa, indicó que los magistrados expresaron inquietudes principalmente sobre la vigencia de la ley.

Según explicó, los representantes de la CSJ pidieron que las reformas no entren en vigor de manera inmediata, con el objetivo de que el sistema judicial cuente con tiempo para preparar su implementación.

El Organismo Judicial informó que durante la reunión se abordaron desafíos jurídicos, administrativos, operativos y presupuestarios. Entre los asuntos discutidos figuraron la disponibilidad de recursos financieros, la eventual creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la necesidad de ampliar el personal técnico y administrativo.

La CSJ analiza recursos y plazos para aplicar las reformas

La Corte Suprema de Justicia señaló que analiza la infraestructura institucional, el recurso humano y los sistemas informáticos disponibles para determinar el tiempo y la gradualidad necesarios para cumplir con los objetivos del Decreto 23-2026.

Las reformas aprobadas por el Congreso buscan fortalecer la presunción de inocencia, establecer controles sobre las medidas de coerción y reducir el uso de la prisión preventiva. También incluyen cambios en los plazos permitidos para esa medida y restricciones para otorgar medidas sustitutivas en determinados casos.

Los magistrados manifestaron que están de acuerdo con varios de los cambios contemplados en la norma, aunque consideran necesario establecer plazos razonables para su vigencia. La expectativa es que la CSJ presente una propuesta sobre ese punto en los próximos días, para que los diputados la analicen antes de definir el futuro del veto presidencial.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, advirtió que China constituye una amenaza directa para la vida económica y política del país centroamericano.

Durante un encuentro con la comunidad universitaria, el diplomático estadounidense sostuvo que Beijing busca desplazar a las empresas locales e influir para que la nación rompa sus vínculos diplomáticos con Taiwán.

La advertencia tuvo lugar durante la inauguración de la XIII edición de la American Week, celebrada en el campus de la Universidad del Valle de Guatemala.

Andrews impartió allí la conferencia magistral “Ideas que vieron nacer a Estados Unidos”, una disertación centrada en los principios y pensamientos que marcaron el origen de la nación norteamericana.

Al concluir la ponencia, se abrió un espacio de preguntas y respuestas en el cual una estudiante consultó de forma puntual sobre la influencia de China en el territorio guatemalteco.

La advertencia de Washington ante el avance comercial y tecnológico de Beijing

Frente al auditorio universitario, Andrews descartó que la potencia norteamericana considere al territorio guatemalteco como una ficha de disputa estratégica: “Guatemala no es una pieza de ajedrez en este juego geopolítico”.

Aclaró que la relación bilateral involucra la seguridad física, jurídica y financiera de ambos países, aunque remarcó que las pretensiones del régimen asiático conllevan serios peligros: “Los chinos son una amenaza para la vida económica y política de Guatemala”.

Andrews explicó que el gobierno chino pretende quebrar los lazos con Taiwán, socio al que calificó como una democracia avanzada y afín.

El representante diplomático cuestionó el esquema de expansión mercantil de Beijing al señalar que su propósito consiste en absorber sectores enteros del mercado: “Ellos quieren reemplazar las empresas guatemaltecas con empresas de China”.

A su vez, expresó reparos ante el uso de plataformas tecnológicas chinas debido a la falta de transparencia y los riesgos para la privacidad de la información ciudadana: “No quiero dar miedo, pero quiero convencerles de tener preocupación, con ojos abiertos”.

Preocupaciones de seguridad e inversiones en infraestructura estatal

Las declaraciones se alinean con las alertas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en febrero de 2025 manifestó inquietud por el avance de corporaciones como Huawei en Centroamérica. Como contrapeso, el diplomático defendió el fortalecimiento de la cooperación económica bilateral.

Andrews planteó que la capacidad de los emprendedores guatemaltecos puede articularse con compañías norteamericanas para ingresar a su mercado.

“Eso es como nosotros construyamos seguridad conjuntamente. Es entre enlaces más fuertes entre nuestros dos países”, afirmó.

El contraste entre la alianza con Taiwán y el comercio con Beijing

En el terreno diplomático, Guatemala no posee vínculos oficiales con Beijing, debido a que reconoce formalmente a Taiwán desde hace casi un siglo y figura como su aliado con mayor población a nivel global.

Durante la administración del presidente Bernardo Arévalo se ha ratificado el respaldo a Taipéi, aunque también el mandatario guatemalteco manifestó interés en gestionar intercambios comerciales con el mercado chino.

No obstante, la última nota de comercio exterior disponible del Banco de Guatemala (Banguat), con datos a mayo de 2026, indicó que las importaciones desde la República Popular China llegaron a USD 2.486 millones.

Esa cifra representó el 16,3% de las importaciones totales del país durante los primeros cinco meses de 2026 y colocó a China en el segundo lugar entre los proveedores de Guatemala, sólo detrás de Estados Unidos, que concentró el 32,7% de las compras externas en ese período.

La balanza comercial entre ambos territorios evidencia una pronunciada brecha: en 2023 las importaciones guatemaltecas desde China sumaron USD 4.122,3 millones, mientras que las exportaciones hacia el gigante asiático apenas alcanzaron USD 82 millones.

La relación comercial contrasta con el vínculo diplomático de Guatemala con Taiwán. Mientras Beijing es uno de sus principales proveedores de bienes, el Gobierno guatemalteco conserva el reconocimiento oficial de Taipei, con el que mantiene cooperación bilateral en sectores como salud pública, educación y desarrollo agrícola.

Los precios mundiales de los alimentos siguen subiendo mientras la sequía golpea las cosechas en Centroamérica. En ese escenario, el Banco Mundial prevé que los precios de los alimentos suban otro 7% en 2027, incluso si el índice general de materias primas retrocede el próximo año.

El informe Commodity Markets Outlook, publicado a fines de octubre, calcula que el índice global de productos básicos aumentará 23% en 2026. La previsión parte de una sucesión de choques: los conflictos armados alteran el comercio internacional y las rutas de exportación de granos, mientras El Niño amenaza la producción agrícola en distintas regiones.

Para los alimentos, la proyección es más persistente. El Banco Mundial espera una suba de 10% en 2026 y de 7% adicional en 2027. El encarecimiento alcanzaría a granos, arroz, aceites vegetales, azúcar, café y cacao, con consecuencias directas sobre los países importadores y los hogares que dependen de maíz, frijoles y arroz.

El escenario base supone que las interrupciones en los envíos desde el Mar Negro disminuyan y que las pérdidas agrícolas vinculadas con El Niño se mantengan dentro de márgenes controlables.

Aun bajo esas condiciones, la entidad anticipa una trayectoria ascendente para los alimentos debido a la menor disponibilidad de ciertos cultivos y a costos de producción más altos.

Los granos concentrarían parte de la presión. Sus precios crecerían 14% en 2026 y 9% en 2027, según el informe. El trigo tendría una suba de 28% este año y de 14% el siguiente, después de una reducción prevista del 3% en la producción mundial.

El arroz también enfrenta un panorama restrictivo: su producción global caería 2% durante la campaña 2026-2027, el primer descenso en una década.

El café enfrenta pérdidas por lluvias irregulares y temperaturas más altas

El café figura entre los productos expuestos a un El Niño muy fuerte, que altera la distribución de las lluvias y eleva las temperaturas en áreas agrícolas. El Banco Mundial incluyó al grano entre los cultivos que pueden sufrir pérdidas durante el actual episodio climático.

En Costa Rica, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) redujo las estimaciones de cosecha entre 10% y 15% por precipitaciones irregulares y calor. La irregularidad de las lluvias demoró cerca de 30 días la fertilización en varias zonas cafeteras, con efectos sobre el peso y la calidad del café verde destinado a exportación.

El Banco Central de Costa Rica revisó sus cálculos para el sector agropecuario: espera un crecimiento de 0.7% en 2026 y una contracción de 0.5% en 2027. La menor producción de café, cebolla y caña de azúcar forma parte de los factores considerados en esa proyección.

La vulnerabilidad del café se suma a los riesgos para el cacao, el arroz, el aceite de palma y el azúcar. Para octubre y diciembre, los pronósticos internacionales situaban en 75% la probabilidad de que El Niño alcance una magnitud superior a la de otros episodios registrados desde 1950.

Las pérdidas de maíz y frijoles elevan los riesgos para la seguridad alimentaria

En el Corredor Seco de Centroamérica, la sequía ya afectó la primera cosecha de 2026. Una evaluación en 354 comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador indicó que casi ocho de cada 10 hogares productores de maíz perdió entre 75% y 100% de su producción.

Cerca de dos tercios de esas familias disponían de reservas de maíz para tres semanas o menos. Más de 91 mil hogares rurales afrontan al mismo tiempo pérdidas de cultivos, caída de ingresos y escasez de agua, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

La segunda cosecha, conocida como postrera, marcará la evolución de la oferta local de maíz y frijoles durante 2027. Si las lluvias vuelven a fallar, la menor producción regional coincidirá con un mercado internacional de alimentos más caro.

El Banco Mundial contempla un escenario adverso en el que se profundicen los conflictos, persistan las restricciones al transporte de granos y El Niño provoque daños mayores a los previstos. En ese caso, los precios de los alimentos en 2027 quedarían 12% por encima de la previsión base, mientras los granos superarían ese cálculo en 20%.

Como si se tratara de una película de Hollywood, un comando armado perpetró una emboscada contra un camión de transporte de valores en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala, donde delincuentes incendiaron varios vehículos para cercar al transporte blindado.

La maniobra violenta incluyó el bloqueo deliberado de la carretera para también obstaculizar el avance de la policía y de los socorristas.

A pesar de la agresión, los dos custodios lograron protegerse en el interior de la cabina y evitaron el robo del cargamento monetario.

El bloqueo coordinado frenó el paso de las patrullas policiales y los bomberos

El ataque ocurrió durante la mañana de este martes 3 de noviembre en el trayecto vial que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Taxisco, en un tramo comprendido entre los kilómetros 87 y 97.

De acuerdo con los reportes iniciales recabados, un grupo integrado por al menos siete hombres armados utilizó dos camiones de volteo para interceptar el vehículo de seguridad privada.

Los delincuentes atravesaron la maquinaria pesada sobre la calzada bajo la simulación de un accidente de tránsito y chocaron el transporte blindado por la parte delantera y trasera, lo que provocó que el automotor quedara completamente inmovilizado.

De forma paralela, el grupo delictivo prendió fuego a dos autobuses de transporte extraurbano y a una camioneta particular en distintos puntos de la carretera.

Esta acción coordinada tuvo como finalidad impedir la circulación, desviar la atención de las fuerzas de seguridad y obstaculizar de manera directa la llegada de las patrullas de la PNC y de los Bomberos Voluntarios.

Las unidades de auxilio debieron trabajar para sofocar las llamas que envolvían a los vehículos sobre el asfalto. Los cuerpos de socorro confirmaron que el suceso no dejó personas heridas ni víctimas mortales, únicamente daños materiales.

Los guardias resistieron el asalto dentro del automotor blindado

Mientras los asaltantes intentaban vulnerar los accesos del vehículo de caudales, los dos custodios se atrincheraron en la cabina blindada para resguardar su integridad.

Los informes policiales indican que los delincuentes planeaban utilizar los mismos camiones de volteo para forzarlas puertas. Al constatar la solidez del blindaje y ante la proximidad de los refuerzos policiales, los agresores decidieron abortar el atraco y escaparon del lugar con rumbo desconocido.

En el escenario del ataque, los sospechosos abandonaron armamento de fuego y diversos utensilios de trabajo pesado con los que pretendían abrir los compartimentos de la unidad.

El equipo incautado incluía pulidoras, almadanas y cinceles, herramientas destinadas a romper la estructura reforzada del camión. Las autoridades señalaron que hasta el momento se desconoce el monto exacto de dinero que era trasladado al momento del atentado.

La compañía de valores respaldó el protocolo de seguridad y la respuesta oficial

La empresa Transporte y Administración de Valores (TAV) emitió un pronunciamiento institucional a través de sus plataformas digitales, en el cual confirmó el intento de robo contra su unidad en jurisdicción de Taxisco.

La compañía destacó que la activación inmediata de los protocolos de seguridad priorizó la protección del personal y la preservación del cargamento, lo que impidió la consumación del atraco.

Asimismo, la entidad privada agradeció la pronta intervención de las patrullas de la PNC ante la alerta emitida desde el vehículo blindado.

La firma condenó el atentado violento e indicó que mantiene una estrecha colaboración con los peritos del Ministerio Público (MP) y los agentes de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables de la emboscada.

El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad procesan la escena del crimen

El portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que los agentes acudieron al sector para auxiliar a los dos tripulantes del transporte de valores, quienes fueron rescatados sanos y salvos.

Aguilar precisó que los atacantes no consiguieron su objetivo de sustraer los valores custodiados, por lo que de inmediato se gestionaron las coordinaciones pertinentes con la empresa propietaria para asegurar y efectuar el traslado del cargamento hacia un punto seguro.

Investigadores de la policía y peritos del Ministerio Público (MP) cerraron el paso vehicular en el kilómetro 90 de la ruta hacia Taxisco para recolectar indicios balísticos y peritar los automotores involucrados en la emboscada.

Las instituciones de seguridad mantienen operativos de rastreo en la región sur del territorio guatemalteco para identificar y capturar a los integrantes del comando criminal, mientras que la vía continúa inhabilitada por las diligencias legales.

Dieciocho adolescentes privados de libertad en el Centro Especializado de Reinserción (CER), de San José Pinula, Guatemala, recibieron sus diplomas de primaria, básicos y bachillerato, con la expectativa de continuar estudios universitarios tras cumplir sus sanciones por delitos graves.

La primera promoción académica del centro estuvo integrada por cuatro jóvenes que completaron sexto de primaria, siete que terminaron tercero básico y siete que concluyeron el bachillerato. Este último grupo proyecta cursar Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Comunicación y Administración de Empresas.

La ceremonia fue organizada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), responsable de los centros especializados de privación de libertad para menores de edad. Dos días antes, otros 17 adolescentes de la sede CER-1 habían terminado el nivel básico mediante el Centro de Educación Extraescolar.

El CER tiene capacidad para 300 internos y recibe a adolescentes sancionados por asesinato, homicidio o extorsión. Registros de la SBS citados por Prensa Libre indican que 35 jóvenes procedentes de la correccional Gaviotas fueron trasladados al complejo en abril, con la obligación de permanecer al menos ocho meses en el área de máxima seguridad antes de poder acceder a una fase de reinserción con menos restricciones.

Los cinco centros especializados del país albergan cerca de 480 adolescentes. La mayoría está vinculada con procesos por extorsión, violación, asesinato, homicidio, portación ilegal de armas y robo agravado.

Un sistema de incentivos y educación durante la sanción

El funcionamiento del CER sigue un esquema progresivo de incentivos. Al ingresar, cada adolescente recibe un kit básico de higiene, cumple una rutina que comienza a las 5:00 y debe sostener un buen desempeño académico para avanzar entre las distintas fases del centro.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regula el sistema de justicia penal juvenil guatemalteco. Establece sanciones de hasta dos años de privación de libertad para adolescentes de 13 a 15 años y de hasta seis años para quienes tienen entre 15 y 18 años.

Durante ese período, los centros a cargo de la SBS deben ofrecer educación formal como parte de la resocialización. La jueza de Ejecución de Sanciones de Menores en Conflicto con la Ley Penal, Verónica del Rosario Galicia, citada por Prensa Libre recientemente explicó que los adolescentes pueden continuar sus estudios mientras cumplen su condena para facilitar su reincorporación a la sociedad.

Actualmente, 53 adolescentes privados de libertad están inscritos en la universidad y cursan carreras elegidas por ellos, de acuerdo con Galicia.

Luis Alfonso, uno de los bachilleres del CER, planea estudiar Ciencias Jurídicas y Sociales y ejercer como abogado para acompañar a jóvenes en circunstancias semejantes. El graduado afirmó a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN): “Estoy muy feliz porque me brindaron una gran oportunidad que allá afuera no hubiera logrado por mi estilo de vida”.

El adolescente añadió que continuará sus estudios superiores el próximo año: “Voy a seguir Ciencias Jurídicas y Sociales para llegar a ser abogado y apoyar a los jóvenes que estén en mi misma situación, impulsando su reinserción. Hoy es una muestra de que sí se puede lograr todo lo que uno se propone si le echa ganas y disciplina”.

La docente Margarita, identificada solo por su nombre, relató que varios estudiantes no imaginaban terminar sus estudios antes de ingresar al centro. “Es gratificante ver a jóvenes que un día comentaban que no se veían graduados ni estudiando allá afuera, y que hoy están agradecidos con la Secretaría de Bienestar Social por esta oportunidad”, sostuvo.

La educadora también destacó que algunos adolescentes aspiran a ingresar a la universidad y a utilizar una toga, una posibilidad que antes no contemplaban. Para ella, esa motivación forma parte del cambio observado durante su formación académica dentro del CER.

El padre de uno de los graduados, Mario René, afirmó que percibió un cambio en su hijo: “He notado en mi hijo el deseo de seguir adelante y para mí es una alegría ver este logro. Estoy orgulloso de él”.

La reinserción y las dudas sobre los programas disponibles

Galicia señaló que otros programas de reinserción administrados por la SBS también registran resultados. Casa Intermedia acumuló dos casos de reincidencia, mientras que en la correccional Gaviotas la proporción de adolescentes reinsertados supera el 70% frente a quienes vuelven a delinquir.

La jueza sostuvo que la finalidad de esos programas excede la custodia de los jóvenes. El proceso busca reconstruir vínculos familiares y personales afectados, en muchos casos, por violencia doméstica o por la captación de pandillas.

El CER y Casa Intermedia cuentan con una certificación de la American Correctional Association, organismo que evalúa los centros de privación de libertad según criterios de humanidad, justicia y rendición de cuentas.

Mario Polanco, integrante del Grupo de Apoyo Mutuo, planteó dudas sobre si la programación disponible alcanza para atender las necesidades de adolescentes sancionados por delitos graves y de quienes fueron detenidos por infracciones menores.

El aumento del consumo eléctrico en El Salvador coincide con un escenario externo que anticipa un encarecimiento de la energía durante 2026 y riesgos de nuevas presiones en 2027. El Grupo Banco Mundial proyecta que los precios energéticos subirán 32% este año, impulsados por las interrupciones en la oferta de petróleo y gas, mientras el país enfrenta una mayor demanda en un contexto de sequías y altas temperaturas asociadas a un fenómeno de El Niño más intenso.

La demanda de electricidad salvadoreña acumuló 5,740.7 gigavatios hora entre enero y septiembre, 5.7% más que en el mismo período de 2025. En septiembre, el consumo llegó a 657.58 gigavatios hora, un incremento interanual de 11.5%, según la Unidad de Transacciones (UT).

El comportamiento de la demanda coincide con meses de calor y falta de lluvias. El país atravesó cuatro períodos secos que, en conjunto, sumaron 89 días, con temperaturas superiores a 40 ℃ en parte de la zona oriental. Estas condiciones elevaron el uso de equipos de refrigeración en hogares, comercios y empresas.

La menor cantidad de lluvias también redujo la participación de la generación hidroeléctrica en El Salvador. En septiembre, esta fuente aportó 51.02 gigavatios hora, equivalente al 7.59% de la electricidad producida, su nivel más bajo del año, según la UT. Un año antes, la energía hídrica había cubierto 49,8% de la matriz en el mismo mes. La sequía asociada al fenómeno de El Niño limitó la recarga de los embalses y llevó a priorizar el uso del agua disponible, mientras las fuentes térmicas y el gas natural cubrieron una mayor parte de la demanda.

El petróleo y el gas sostienen la presión sobre los precios

El informe Commodity Markets Outlook, publicado por el Banco Mundial, estima que el crudo Brent promediará $91 por barril en 2026, frente a los $69 de 2025. La cotización alcanzó niveles cercanos a $110 a mediados de octubre, antes de retroceder parcialmente.

Para 2027, el escenario base contempla una baja hasta $79 por barril. Esa previsión depende de que no haya una escalada en el conflicto de Oriente Medio, de una mejora en los flujos de exportación desde Rusia y Ucrania y de pérdidas agrícolas limitadas por El Niño.

La institución advierte que el mercado sigue expuesto a nuevas interrupciones. La producción mundial de petróleo caería 5.2% en 2026, equivalente a 5.5 millones de barriles diarios, mientras que los inventarios globales disminuyeron a un ritmo medio de 2.4 millones de barriles diarios entre marzo y septiembre.

El descenso de las reservas reduce el margen de respuesta ante un problema adicional de abastecimiento. La afectación de refinerías también presionó los precios de productos como el diésel y el combustible de aviación, pese a la recuperación parcial de exportaciones de crudo desde el Golfo.

El escenario adverso

El Banco Mundial plantea un escenario de mayor tensión para 2027. Si se profundizan los conflictos, continúan los daños a la infraestructura petrolera rusa y persisten las restricciones sobre las rutas del Mar Negro, el Brent podría promediar $105 por barril, 33% por encima de la proyección central.

En esa hipótesis, los precios de los alimentos quedarían 12% por encima de la previsión base para 2027. Los granos tendrían un alza adicional de 20%, con efectos sobre la inflación y el costo de importaciones en países dependientes de materias primas y combustibles.

El informe señala que las conexiones entre los mercados se amplifican en períodos de crisis. El petróleo, el cobre, el maíz y la plata funcionan como canales de transmisión de volatilidad hacia otros productos. Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el crudo y el aluminio incrementaron su influencia sobre el resto de las materias primas.

El Niño agrava las condiciones en Centroamérica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que El Niño alcance su máxima intensidad hacia fines de 2026 y persista hasta febrero de 2027. La entidad estima que la temperatura superficial del Pacífico tropical podría ubicarse hasta 3.8 ℃ por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Para el sur de Centroamérica, el organismo anticipa una mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal y temperaturas por encima de los valores habituales. El patrón amenaza los cultivos y mantiene la presión sobre las fuentes de agua en territorios que ya registran períodos prolongados de sequía.

En El Salvador, el incremento de la demanda eléctrica se produjo mientras las condiciones climáticas redujeron las lluvias y elevaron las temperaturas. En septiembre, la generación térmica cubrió 60,69% de la energía requerida, según los datos de la Unidad de Transacciones.

El Congreso de Guatemala prevé conocer, una iniciativa que impondría penas de seis a diez años de prisión y multas de hasta Q500 mil por facilitar comunicaciones ilícitas desde las cárceles, con el objetivo de limitar la coordinación de actividades criminales por parte de reclusos.

La Comisión de Gobernación emitió dictamen favorable, con modificaciones, para la iniciativa 6746, denominada Ley para la Prevención y Sanción de Comunicaciones Ilícitas en Centros de Privación de Libertad. El dictamen fue firmado el 28 de octubre y será sometido a primera lectura durante la sesión ordinaria.

El proyecto está compuesto por cinco capítulos y 17 artículos. Su alcance incluye a quienes ingresen, instalen o administren equipos de telecomunicación sin autorización dentro de los centros penitenciarios, así como a empresas telefónicas y personal vinculado con la seguridad carcelaria.

Un nuevo delito y bloqueos técnicos en las prisiones

El artículo 4 crea el delito de facilitación ilícita de comunicaciones. La sanción contempla además multas de Q100 mil a Q500 mil para quienes utilicen o gestionen dispositivos destinados a comunicaciones no autorizadas en los reclusorios.

La propuesta considera a los equipos de inhibición de señal como infraestructura estratégica de seguridad nacional. El artículo 8 establece que la destrucción o inutilización de esos dispositivos será perseguida de oficio y tendrá sanciones penales.

Las compañías operadoras deberán crear perímetros virtuales alrededor de los centros penitenciarios mediante GPS, redes móviles o wifi. La reforma incorporaría el artículo 22 Ter a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto 94-96, para detectar actividades de comunicación dentro de las cárceles.

Los mecanismos de bloqueo deberán operar sobre frecuencias autorizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones. La norma exige que se apliquen con criterios de “proporcionalidad, razonabilidad y mínima afectación a usuarios y servicios ajenos al centro penitenciario”.

El Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación recibirán cooperación técnica de las empresas. La Superintendencia de Telecomunicaciones deberá remitir informes trimestrales al ministerio sobre el cumplimiento de las medidas de bloqueo.

El artículo 15 también prohíbe a funcionarios, contratistas y guardias penitenciarios ingresar, portar o utilizar celulares y dispositivos de comunicación inalámbrica durante su jornada laboral. La única excepción corresponde a equipos institucionales autorizados para situaciones de emergencia.

Contrataciones directas y cambios al proyecto original

El Ministerio de Gobernación quedaría facultado para adquirir, arrendar o contratar de forma directa tecnología destinada a la seguridad penitenciaria. La iniciativa prevé una dispensa temporal de los procedimientos ordinarios de compras públicas por razones de “seguridad nacional, interés público y urgencia institucional”.

Cada contratación deberá ser justificada y reportada a la Contraloría General de Cuentas y a la Comisión de Gobernación en un plazo de 30 días. La medida busca incorporar controles sobre las adquisiciones realizadas bajo el régimen excepcional.

De acuerdo con Prensa Libre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que los reclusos cuentan actualmente con varias vías para acceder a servicios de comunicación e internet desde las cárceles. La cartera evaluó qué bloqueadores serían necesarios porque en algunos reclusorios se detectaron dispositivos de internet satelital.

Villeda sostuvo que comprar o arrendar equipos de bloqueo representa un costo elevado. Por esa razón, consideró más viable que el Congreso apruebe la iniciativa legislativa.

La Comisión de Gobernación introdujo 11 modificaciones para reforzar la seguridad jurídica y evitar interpretaciones extensivas o inconstitucionales. Entre los cambios, reemplazó la expresión “tecnologías emergentes” por una definición de dispositivos, equipos o servicios capaces de transmitir, recibir, almacenar o procesar señales, datos, voz o información electrónica.

También eliminó las distancias rígidas previstas para los bloqueos y las sustituyó por perímetros técnicos definidos mediante estudios especializados. El dictamen separa las sanciones administrativas de la responsabilidad penal y reconoce el derecho de audiencia previa y de defensa para las empresas de telecomunicaciones investigadas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) atendió perros con miasis, una infestación causada por larvas de mosca en heridas, en Quetzaltenango, Quiché, Zacapa y San Marcos. Las intervenciones incluyeron tratamientos veterinarios y orientación a los propietarios, mientras Guatemala mantiene hasta 2028 la emergencia sanitaria por el gusano barrenador.

En Cantel, Quetzaltenango, los técnicos atendieron a un canino que tenía miasis en la base de la cola. En el municipio de Chiché, Quiché, revisaron perros y cerdos sin hallar animales sospechosos, aunque aplicaron cicatrizante de plata en algunas heridas para prevenir nuevas infestaciones.

Un perro de ocho meses fue tratado por miasis activa en la aldea El Sauce, en La Unión, Zacapa. El equipo entregó larvicida a su propietario y le indicó que debía aplicarlo dos veces por día durante cuatro jornadas.

En Catarina, San Marcos, fueron examinados tres perros. Uno recibió atención por miasis, mientras los otros dos tenían lesiones que ya estaban en proceso de curación.

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador explicó a los propietarios cómo reconocer una infestación, limpiar las heridas y administrar los tratamientos. La plaga puede afectar a animales de sangre caliente, incluidos los de producción, de trabajo, las mascotas y las personas.

Durante el primer semestre de 2026, las brigadas oficiales inspeccionaron 247.741 animales y aplicaron tratamientos preventivos a 89.880. También verificaron 10.169 unidades de transporte, una medida dirigida a limitar la dispersión de la plaga entre regiones y establecimientos pecuarios.

La emergencia sanitaria vigente hasta octubre de 2028

La extensión de las medidas sanitarias quedó formalizada en el Acuerdo Ministerial 131-2026, fechado el 4 de agosto y publicado en el Diario de Centro América. La disposición fijó el vencimiento de la emergencia para el 29 de octubre de 2028 y modificó el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 147-2024, que había declarado la situación sanitaria en octubre de 2024.

El regreso del gusano barrenador al país ocurrió después de tres décadas de ausencia. La Dirección de Sanidad Animal concluyó en un dictamen técnico del 20 de julio de 2026 que los casos vinculados con la plaga continuaban en aumento, por lo que recomendó sostener las acciones de control en todo el territorio nacional.

La normativa contempla una nueva ampliación si el trámite se solicita al menos dos meses antes del vencimiento. Un médico veterinario del programa advirtió: “Ya es una enfermedad endémica, porque está distribuida en todo el país”.

El transporte de ganado figura entre los principales factores de dispersión, según la estrategia del MAGA. Por esa razón, los controles alcanzan rutas de movilización animal y establecimientos pecuarios, donde el personal también evalúa las condiciones de bioseguridad.

Al cierre de febrero de 2026, Guatemala registraba 4.117 casos positivos en distintas especies animales. Izabal concentraba 770 detecciones y Suchitepéquez, 690, los dos registros más altos entre los departamentos del país.

El Ministerio de Salud había informado 262 personas afectadas hasta esa misma fecha. El primer caso humano de infección por gusano barrenador fue reportado en mayo de 2025, cuando las autoridades alertaron que las altas temperaturas favorecen la proliferación de la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas causan la enfermedad.

Guatemala, tercer país de América con más casos humanos

Seis países americanos notificaron 1.355 casos humanos de miasis por gusano barrenador entre enero y septiembre de 2026, con cinco fallecimientos. La cifra representó un aumento de 62% frente al total registrado durante todo 2025, de acuerdo con una alerta epidemiológica difundida el 16 de octubre por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

México encabezó el registro regional con 592 contagios, seguido por Honduras, con 302, y Guatemala, con 295. Panamá informó 101 casos, Costa Rica 57 y Belice ocho.

La capacitación también forma parte de la respuesta sanitaria. En Huehuetenango, 180 estudiantes de Zootecnia, docentes y profesionales agropecuarios recibieron formación sobre el ciclo de vida del parásito, los tipos de miasis y la toma de muestras para laboratorio, además de kits básicos para atender lesiones animales.

En Carmelita, San Andrés, Petén, el MAGA realizó visitas casa por casa con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Las brigadas atendieron animales de distintas especies pertenecientes a 44 familias, trataron dos casos de miasis y tomaron muestras para análisis.

El despliegue alcanzó además el parcelamiento Cun Cun, en La Democracia, Escuintla, donde se realizó una jornada profiláctica para bovinos de pequeños y medianos productores junto con la Agencia Municipal de Extensión Rural.

Los 90 municipios de siete departamentos de Guatemala donde el MAGA monitorea cultivos enfrentan bajas temperaturas y menor humedad del suelo, una combinación que puede afectar el desarrollo de maíz, frijol, hortalizas, café y cardamomo, en particular durante las etapas iniciales de las plantaciones.

La vigilancia abarca áreas de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá y Chimaltenango. El mayor riesgo se concentra en las zonas altas del occidente y del altiplano central, donde los descensos térmicos nocturnos coincidirán con humedad sobre las plantas y en el terreno.

Las regiones de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá fueron identificadas como las de mayor vulnerabilidad para semilleros y siembras jóvenes. En esos departamentos, el frío puede afectar tanto a cultivos recién establecidos como a plantaciones que ya avanzaron en su crecimiento.

Frío nocturno, niebla y menor humedad en el suelo

Las temperaturas más bajas se esperan durante la noche y la madrugada, cuando las plantas quedan expuestas al frío por períodos prolongados. La presencia de niebla o neblina en el amanecer y durante horas nocturnas añade humedad al ambiente y eleva el riesgo de daños en las parcelas.

El análisis agrometeorológico semanal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se elaboró a partir de las previsiones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El pronóstico contempla jornadas entre cálidas y frescas, mayor nubosidad y lluvias o lloviznas dispersas en las regiones norte y central.

La reducción de la humedad disponible en el suelo es otro factor bajo observación, especialmente en las plantaciones nuevas. Las siembras en sus primeras fases requieren mantener condiciones adecuadas en el terreno para sostener su desarrollo frente a las variaciones de temperatura.

Los semilleros de maíz, frijol y hortalizas figuran entre las áreas que requieren mayor atención. Las plantas jóvenes tienen una exposición más alta a las condiciones adversas, aunque el riesgo también alcanza a los cultivos establecidos en las zonas agrícolas del occidente guatemalteco.

La humedad acumulada sobre las hojas y en el suelo puede favorecer la aparición de enfermedades. Por ese motivo, las autoridades pidieron observar las plantaciones de forma periódica, con especial atención a las horas posteriores a los descensos térmicos y a los períodos de neblina.

Coberturas para proteger semilleros y árboles jóvenes

Los productores pueden proteger las hortalizas mediante coberturas temporales de plástico, tela agrícola o paja. Estas barreras buscan reducir el contacto directo de las plantas con el frío y disminuir las afectaciones sobre los semilleros expuestos.

Los árboles frutales jóvenes también deben permanecer cubiertos ante las bajas temperaturas. El Ministerio de Agricultura recomendó conservar la humedad del suelo en las áreas de siembra reciente, una medida orientada a evitar que las plantas enfrenten simultáneamente frío y falta de agua.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural solicitó revisar los cultivos con regularidad para detectar señales de afectación. La inspección permite identificar daños en las hojas, los tallos y los semilleros antes de que las condiciones climáticas agraven el estado de las plantaciones.

La protección temporal resulta especialmente necesaria durante las madrugadas, cuando se registran los valores térmicos más bajos. Las revisiones deben incluir tanto las siembras recientes como las parcelas que ya se encuentran establecidas, debido a que la exposición varía según el estado de desarrollo de cada cultivo.

Resguardo para ganado y animales de granja

El descenso de temperatura también requiere medidas en la producción pecuaria. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones pidió proteger del frío, el viento y la humedad a los animales recién nacidos, jóvenes o enfermos, que presentan una mayor exposición a estas condiciones.

Los productores deben contar con reservas de forraje y complementar la alimentación de los animales. También se recomendó mantener al día las vacunas y las desparasitaciones, además de reforzar el cuidado durante las noches y madrugadas.

Los corrales deben conservarse secos para reducir el contacto del ganado con la humedad. Los animales necesitan refugios ventilados que permitan resguardarlos de las corrientes de aire frío sin generar un ambiente cerrado.

La alerta incluye al ganado y a los animales de granja de las zonas agrícolas y pecuarias afectadas. El MAGA mantendrá el monitoreo meteorológico en todo el país y emitirá nuevas indicaciones si el frío se intensifica en los próximos días.

La industria creativa de Guatemala busca acelerar la inserción de su talento en el mercado internacional mediante la celebración de Expo Creative Hub 2026, VI Foro de Economía Naranja, una iniciativa orientada a fortalecer la exportación de sus servicios basados en conocimiento y valor agregado.

La actividad, organizada por la Comisión de Economía Naranja de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), reunirá el 5 y 6 de noviembre a empresas, publicistas, productores audiovisuales y especialistas en marketing en la Ciudad de Guatemala para optimizar sus herramientas técnicas y concretar alianzas comerciales.

El impulso a este sector coincide con una etapa de expansión sostenida en las cuentas externas del país. Según la balanza de pagos del Banco de Guatemala, las exportaciones de la economía naranja sumaron USD 19.14 millones, —equivalentes a unos Q146.42 millones, en 2025, un incremento del 2.6% frente a 2024.

Dicha trayectoria favorable completó cinco años consecutivos al alza y, al segundo trimestre de 2026, acumuló Q70,92 millones (unos USD 9,27 millones), cifra que representó un aumento del 2,7% en comparación con igual periodo del año previo.

Estas cifras forman parte del plan estratégico de Agexport para alcanzar Q267.750 millones (aproximadamente USD 35.000 millones) en exportaciones totales de bienes y servicios hacia 2035.

En la escala internacional, los registros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) indican que las ventas externas de servicios creativos abarcaron el 20% de las exportaciones mundiales de servicios en 2024, tras alcanzar USD 1,7 billones en áreas como software, investigación, publicidad y realización audiovisual.

Los líderes gremiales apuntan a la competitividad en mercados externos

Frente a este escenario, los directivos de la industria apuestan por elevar los estándares locales para responder a la demanda foránea.

José Eduardo López, presidente de la Comisión de Economía Naranja de Agexport, remarcó que el foro procura atender el interés de los profesionales de ampliar su presencia comercial: “Una marca necesita definir qué quiere decir, a quién se dirige y cómo demostrar el valor de lo que ofrece”.

López puntualizó que la vinculación con empresas facilitará una oferta más competitiva en otras plazas.

En esa misma línea, Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de la gremial, planteó que el desafío central radica en “convertir la creatividad y el talento guatemalteco en oportunidades concretas de negocio”, en particular ante retos como la adopción tecnológica y el acceso a compradores foráneos.

Por su parte, Grecia Ramírez, gerente del Sector Servicios, añadió que este tipo de plataformas permite que las agencias locales trasciendan el mercado doméstico para disputar contratos internacionales.

Especialistas internacionales capacitarán en inteligencia artificial, analítica e iluminación

La transferencia de conocimientos incluirá conferencias, paneles y talleres prácticos a cargo de expertos regionales. La especialista uruguaya Elena Spagnuolo, directora de Operaciones de Bunker DB, abordará el uso de datos y la inteligencia artificial para orientar determinaciones de marketing.

A su vez, el argentino Emanuel Rébori, directivo regional de Grupo Comercial de Comunicaciones (GCC), compartirá esquemas de rendimiento digital aplicados a grandes corporaciones, mientras que el brasileño Tiago Willveit, de la firma Aputure, instruirá sobre iluminación cinematográfica.

La segunda jornada se concentrará en metodologías de aplicación inmediata. Los talleres cubrirán esquemas técnicos con luminarias LED para fotografía y video, la estructuración de flujos creativos mediante diseño agéntico asistido por computación avanzada y la transformación de datos de audiencia en estrategias de comunicación supervisadas por criterio profesional humano.

Walter Isaías Alvarado Oxlaj, agente de la Policía Nacional Civil, fue localizado sin vida la noche del lunes 2 de noviembre dentro de la Escuela de Especialidades de Policía, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El caso permanece bajo investigación porque el cuerpo presentaba laceraciones y rastros de llantas, aunque la causa de muerte todavía no fue establecida.

El agente tenía 30 años y estaba de servicio en el centro de formación policial cuando ocurrió el hallazgo. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron, tras evaluarlo, que ya no presentaba signos vitales.

La ubicación del cuerpo quedó registrada cerca de la denominada pista negra, sobre un área de grama y junto a un portón de acceso a las instalaciones de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. El sitio también se encuentra en las cercanías de un estacionamiento de buses.

El hallazgo junto a la pista negra

Un agente policial encontró a Alvarado Oxlaj tendido en el suelo alrededor de las 21:00 y dio aviso a los cuerpos de socorro. Otra referencia preliminar señala que, cerca de las 18:00, durante una verificación del estado de fuerza, se habría advertido la ausencia del integrante de la institución.

El fallecido vestía una playera azul cuando fue localizado. La camisa correspondiente al uniforme oficial de la Policía Nacional Civil estaba a pocos metros de su cuerpo, de acuerdo con fuentes de la PNC.

En el área donde fue encontrado también había un arma de fuego que presuntamente estaba asignada al agente y un teléfono celular. La escena fue resguardada mientras se esperaba la llegada de las unidades encargadas de realizar las diligencias de investigación.

El reporte policial consignó que Alvarado Oxlaj tenía laceraciones en distintas partes del cuerpo. Fuentes de la institución indicaron además que presentaba rastros de llantas tanto en el pecho como en la espalda.

La presencia de esas marcas llevó a que se planteara, de manera preliminar, la posibilidad de que el agente hubiera sido atropellado dentro de las instalaciones policiales. Esa hipótesis no cuenta con una confirmación oficial.

Otra versión preliminar indicó que un posible responsable habría escapado después del hecho. Las autoridades deberán determinar si existió participación de otra persona y si corresponde establecer responsabilidad penal.

Las hipótesis sobre la causa del fallecimiento

La causa del deceso no ha sido determinada. Los peritos del Ministerio Público deberán establecer qué ocurrió dentro de la Escuela de Especialidades de Policía y precisar si las lesiones visibles guardan relación con el fallecimiento.

También circuló de manera extraoficial una posibilidad distinta: que la muerte hubiera respondido a un paro cardíaco. Esa versión tampoco fue confirmada por las autoridades responsables de la investigación.

Las referencias iniciales sobre el caso difieren respecto de la fecha del hallazgo. Una de ellas sitúa el hecho en la noche del lunes 2 de noviembre, mientras que otra lo ubica el lunes 3 de noviembre; ambas coinciden en que el cuerpo fue encontrado dentro de la academia policial de la zona 6 capitalina.

El episodio ocurrió seis días después de que el Ministerio de Gobernación anunciara, el 27 de octubre, un cambio en la cúpula de la Policía Nacional Civil. En esa fecha se oficializó una nueva estructura de mandos para la institución.

La Escuela de Especialidades de Policía era el lugar donde Alvarado Oxlaj cumplía servicio. El cuerpo fue localizado en un sector próximo al acceso de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, dependencia identificada también como SGAIA.

Las diligencias deberán definir si el arma hallada era efectivamente la que tenía asignada el agente, examinar el teléfono encontrado en la escena y reconstruir los movimientos ocurridos entre la verificación del estado de fuerza y el aviso dado por el agente que localizó el cuerpo.

El Ministerio Público deberá establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si las señales halladas en el pecho y la espalda de Alvarado Oxlaj corresponden a un atropello, a otra agresión o a una causa diferente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) presentaron un plan de inversión de USD 216.7 millones para tecnificar la agricultura del Corredor Seco centroamericano y ampliar el acceso al financiamiento de pequeños productores. La iniciativa apunta a una región donde viven cerca de 23 millones de personas, buena parte de ellas dependientes de la actividad agropecuaria.

La propuesta fue expuesta en octubre, durante el Foro de Inversión de la iniciativa Mano de la Mano de la FAO, que tuvo lugar en Roma, Italia. El programa abarca el Corredor Seco y otras zonas áridas de los países que integran el SICA, con inversiones previstas en información agrícola, manejo de agua, infraestructura digital, investigación y herramientas de prevención frente al riesgo climático.

Según las proyecciones presentadas por los organismos, el plan tendría una tasa interna de retorno del 24.3% y alcanzaría a unos 3.6 millones de personas. El objetivo consiste en reducir la exposición de los productores a sequías, lluvias irregulares y otros efectos asociados al cambio climático, al tiempo que se generan condiciones para que puedan obtener crédito.

“El sector agrícola está expuesto a riesgos y la tecnología permite reducirlos. Los estudios de suelo, los patrones de lluvia y las amenazas climáticas aportan información para orientar la siembra y la cosecha, y eso resulta determinante para acceder a financiamiento”, explicó a EFE el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci.

El mapeo de suelos y la gestión del agua concentran más de la mitad de los fondos

La mayor partida del proyecto, de USD 59 millones, está destinada al mapeo digital de suelos. Esa herramienta permite conocer la composición, fertilidad y capacidad productiva de cada terreno, datos que pueden ayudar a definir qué cultivos son más adecuados y qué prácticas requieren los productores.

El segundo componente en volumen de recursos corresponde a las soluciones integrales de agua, con USD 56.5 millones. La propuesta contempla medidas para administrar de forma más eficiente un recurso sometido a presión en las áreas afectadas por sequías recurrentes.

El esquema incluye también USD 42 millones para infraestructura digital dirigida a micro y pequeñas empresas, además de USD 34 millones para desarrollar una zonificación agrícola basada en el riesgo climático. Esta última inversión busca identificar los territorios y actividades más expuestos a variaciones en las precipitaciones, temperaturas extremas y otros fenómenos que afectan la producción.

El plan prevé, además, USD 11.2 millones para reforzar los institutos nacionales de investigación agropecuaria en investigación, desarrollo e innovación. Otros USD 14 millones se destinarían al Hub Regional sobre Conducta Empresarial Responsable en Cadenas Agroalimentarias, denominado Hub AgriCER.

Sanches Peraci indicó que parte de la información técnica ya fue desarrollada a través de programas de cooperación internacional. “Se realizó un mapeo de suelos en Honduras y Guatemala, gracias a la cooperación de Estados Unidos. Brasil, además, aportó USD 1 millón para colaborar con Centroamérica en el desarrollo de la zonificación de riesgo climático”, señaló.

Los resultados de esos trabajos, junto con datos sobre semillas y otras variables productivas, están disponibles para los gobiernos de la región. La FAO plantea que esa información puede facilitar decisiones públicas, orientar inversiones privadas y reducir la incertidumbre que enfrentan las familias rurales.

La FAO plantea combinar créditos, garantías y otros instrumentos financieros

El coordinador subregional sostuvo que las inversiones deben dirigirse a los territorios en los que coinciden pobreza, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad climática y falta de oportunidades. También subrayó que el programa prioriza a quienes encuentran obstáculos para obtener recursos financieros.

“Necesitamos repensar la arquitectura de financiamiento. Las restricciones fiscales y los altos niveles de endeudamiento exigen soluciones que combinen distintos instrumentos financieros, reduzcan los riesgos y faciliten inversiones más inclusivas y sostenibles”, afirmó Sanches Peraci.

La propuesta de la FAO y el SICA parte de la premisa de que la disponibilidad de datos sobre los suelos, el agua y el clima puede contribuir a que las entidades financieras evalúen con mayor precisión los proyectos productivos. De esa forma, los pequeños agricultores podrían contar con mejores condiciones para acceder a créditos, seguros u otros mecanismos de respaldo.

El funcionario destacó el papel de la Secretaría General del SICA, que trabaja junto con el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Según explicó, el acompañamiento técnico de la FAO permite identificar las áreas prioritarias, estructurar iniciativas de inversión y ponerlas en contacto con potenciales socios financieros.

La estrategia regional busca responder a problemas que trascienden las fronteras nacionales. La sequía, la degradación de suelos, la volatilidad de los precios y las consecuencias del cambio climático afectan de forma simultánea a varios países centroamericanos, por lo que la coordinación regional es uno de los ejes del programa.

República Dominicana recibió un reconocimiento por la reducción del hambre

El quinto Foro anual de Inversión de la FAO se celebró entre el 13 y el 16 de octubre en Roma. Durante el encuentro, 11 países recibieron un reconocimiento por sus avances en la lucha contra el hambre, entre ellos República Dominicana.

Sanches Peraci indicó que el porcentaje de personas afectadas por el hambre a nivel mundial alcanzó el 7.8% en 2025, equivalente a 644.6 millones de habitantes. Explicó que la FAO otorga este tipo de distinciones cuando el indicador baja del 2.5% de la población.

“El compromiso político sostenido, las inversiones estratégicas, las instituciones fuertes y la coordinación entre sectores hacen posibles estos resultados”, expresó el representante de la FAO. Añadió que la integración regional es necesaria para países con economías y territorios interconectados, ya que ningún Estado puede responder por sí solo a la sequía, el cambio climático o la inestabilidad de los precios.

Para la FAO, las políticas de seguridad alimentaria requieren vínculos con la adaptación climática, la protección de los recursos naturales, la infraestructura, la llegada a los mercados, la inclusión social y el empleo digno. El plan para el Corredor Seco intenta trasladar ese enfoque a inversiones concretas en una de las zonas agrícolas más expuestas de Centroamérica.

Más de 315 mil personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en Guatemala, pero el 95% carece de contrato escrito y el ingreso laboral mensual promedio alcanza apenas USD 161, según el estudio Situación del trabajo en casa particular, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

El diagnóstico, presentado en el marco del Día Internacional de los Cuidados, expone las brechas de formalización, acceso a la seguridad social e ingresos que afectan a quienes realizan tareas de cuidado y trabajo en hogares particulares.

La actividad mantiene una presencia mayoritaria de mujeres y tiene un peso central en la organización cotidiana de los hogares.

El empleo doméstico creció cerca de 49% desde 2012

En 2025, unas 315.933 personas trabajaban en casas particulares de forma remunerada, frente a las 211.945 registradas en 2012. Esto representa un incremento de casi 104 mil trabajadores, equivalente a cerca del 49%.

El aumento de la ocupación no estuvo acompañado por una expansión de las protecciones laborales. El informe señala que la falta de contratos y de cobertura de seguridad social se mantuvo entre el 95% y el 100% durante el período comprendido entre 2013 y 2025.

Solo el 4,3% de las personas empleadas en hogares tenía contrato escrito en 2025. La afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) alcanzó apenas el 1,4%, por debajo del 2% informado por el Mintrab para el sector.

La escasa cobertura limita el acceso a prestaciones relacionadas con atención médica, maternidad y pensiones. Guatemala cuenta con el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular, conocido como PRECAPI, aunque el estudio advierte que su alcance sigue siendo reducido.

El ingreso promedio equivalía a un tercio del salario de referencia

El ingreso laboral mensual promedio de las personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado fue de USD 161 en 2025. La cifra quedó USD 326 por debajo del salario base de referencia de USD 487 utilizado en el análisis, sin incluir las bonificaciones establecidas por ley.

El monto promedio representó cerca del 33% de ese salario base. Cuando se incorporó la valoración de la alimentación y la vivienda que algunas trabajadoras reciben como parte de su pago, el ingreso estimado ascendió a USD 211 mensuales. Aun así, permaneció por debajo de otras categorías ocupacionales.

Las condiciones laborales también reflejan jornadas extensas. En 2025, el 29,2% de las personas empleadas en casas particulares trabajó más de 48 horas por semana.

Con datos de 2023, el Mintrab estimó que el 52,9% de quienes se dedicaban a esta actividad estaba en situación de pobreza y el 11% en pobreza extrema.

Las mujeres concentran más del 93% de la ocupación del sector

El empleo doméstico remunerado tiene una composición mayoritariamente femenina. Entre 2013 y 2025, las mujeres representaron más del 93% de las personas ocupadas en esta actividad. Para el último año analizado, el 10,5% de las mujeres con empleo trabajaba en hogares particulares, frente al 0,3% de los hombres.

El estudio también identifica la participación de adolescentes. Las personas de 15 a 17 años representaron el 6,3% del total del sector en 2025. El grupo de 30 a 59 años concentró el 58,5%, mientras que las personas de 18 a 29 años alcanzaron el 28,3%.

El Mintrab señaló que la incorporación temprana al trabajo doméstico puede afectar la continuidad educativa, según las condiciones laborales en las que se desarrolle la actividad.

El Mintrab impulsa mecanismos de denuncia y espacios de lactancia

El ministerio acompaña a la Mesa Multisectorial por los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Domésticas, del Hogar y de Casa Particular, que trabaja en mecanismos de denuncia, campañas de sensibilización, formación e intermediación laboral.

Además, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), promueve los Espacios Amigos de la Lactancia Materna. Durante 2026, la cartera inauguró 24 espacios en 11 empresas e instituciones públicas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, viajará este martes a Madrid, España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, una cita que reunirá a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre.

El mandatario estará acompañado por el canciller, Carlos Ramiro Martínez, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, según la agenda divulgada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

La agenda del presidente guatemalteco comenzará el martes con una reunión bilateral con el rey Felipe VI de España, quien mantendrá encuentros con varios jefes de Estado en la antesala de la cumbre.

La Casa Real española incluyó a Arévalo entre los mandatarios que serán recibidos por el monarca el 3 de noviembre. Felipe VI también tiene previstos encuentros con los presidentes de Chile, Honduras y Costa Rica.

Durante la noche, el jefe de Estado guatemalteco participará en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Allí expondrá las perspectivas económicas de Guatemala ante representantes del sector privado y autoridades de la región.

La agenda incluye actividades empresariales y la inauguración de la cumbre

El miércoles, Arévalo asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, que será presidida por Felipe VI.

Luego participará en el Conversatorio de Jefes de Estado previsto dentro del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará en Madrid el 3 y 4 de noviembre. La actividad reúne a empresarios, funcionarios y líderes políticos bajo el lema “Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público-privada”.

Ese mismo día, el presidente guatemalteco acudirá al acto de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, cuya ceremonia está prevista en el Teatro Real de Madrid.

La cumbre se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) informó que los debates abordarán asuntos como la transformación digital, la inteligencia artificial, la movilidad académica, la cooperación económica, la seguridad y la respuesta ante desastres.

El jueves, Arévalo participará en la jornada central de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Por la tarde asistirá al encuentro entre el presidente de Ucrania y líderes latinoamericanos, según la programación de la Presidencia.

Arévalo no viajará a Francia por la repatriación de Miguel Ángel Asturias

La Secretaría de Comunicación Social informó que Bernardo Arévalo no participará en Francia en los actos de repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias. Las actividades son coordinadas por el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

Los restos del escritor y Premio Nobel de Literatura llegarán a Guatemala el 12 de noviembre, procedentes de París. El programa contempla un recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional La Aurora y homenajes en sitios vinculados con la vida y obra del autor.

El 13 de noviembre habrá actividades en la Universidad Popular y en el barrio de La Candelaria, donde se prevén una misa y una velación. Para el 14 de noviembre están programadas una ceremonia maya en Kaminaljuyú y honras fúnebres de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura.

La agenda culminará el 15 de noviembre con la inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias en un monumento funerario construido en el Centro Cultural que lleva su nombre, en Ciudad de Guatemala.

El diputado guatemalteco David Illescas, integrante de la bancada Raíces, reconoció ante Infobae que participó en una pelea entre aficionados dentro del estadio Revolución, donde presenció el partido entre la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y San Miguel Petapa. El legislador también confirmó que portaba un arma de fuego durante el incidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas involucradas en una trifulca en las graderías del recinto deportivo, ubicado en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital.

Illescas aparece entre los asistentes que intercambiaron golpes al término del encuentro, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la segunda división.

El político llegó al Congreso con el Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Bernardo Arévalo a la silla presidencial y que fue cancelada por una orden judicial.

El congresista ahora forma parte de Raíces, una facción parlamentaria surgida de dirigentes vinculados al oficialismo. San Miguel Petapa, club que el diputado apoya y del que aseguró ser directivo, perdió 2 a 0 ante el conjunto universitario.

Illescas afirmó que intervino para proteger a aficionados de Petapa

En declaraciones a Infobae, Illescas sostuvo que el conflicto comenzó después del pitazo final, cuando un grupo de seguidores de la Usac se acercó al sector donde se encontraba la afición visitante.

“Al terminar el partido vienen unos cuantos malos aficionados de la universidad a buscar a la gente de Petapa”, relató. Según su versión, en ese grupo había familias, directivos, mujeres y adultos mayores, por lo que los hombres presentes decidieron intervenir.

“A los pocos hombres que habíamos ahí nos tocó plantarnos y defender a esta gente”, afirmó el diputado. Illescas negó que el enfrentamiento tuviera como objetivo atacarlo a él por su condición de legislador y lo definió como “un tema futbolero”.

El congresista aseguró que los simpatizantes universitarios ingresaron al área asignada a los seguidores de San Miguel Petapa luego de que quedara abierta una puerta en la separación entre ambas localidades.

“La mala seguridad de la universidad dejó abierta una puerta. Por esa puerta es que ingresan los aficionados de la universidad”, dijo.

Según el parlamentario, los protocolos habituales en su sede local aíslan por completo a la afición visitante con resguardo de seguridad privada, medida ausente en el recinto universitario.

Además afirmó desconocer cuál fue la intención de las agresiones en contra de San Miguel Petapa, del cual él es directivo, pero no descartó que hubieran sido enviados por Walter Mazariegos, rector cuestionado de la Usac y quien es considerado como un “usurpador” del puesto, debido a los señalamientos de fraude en las elecciones.

Más tarde publicó un video en sus redes sociales donde afirmó que no había seguridad: “Yo manos tengo y defenderme puedo”.

El diputado confirmó que portaba un arma de fuego

Illescas reconoció que ingresó al estadio con un arma. “Yo todo el tiempo porto arma de fuego”, respondió cuando Infobae le consultó si la llevaba durante el partido.

Al ser cuestionado sobre la posesión de un arma de fuego dentro de un recinto deportivo, el congresista afirmó: “A (Juan Francisco Solórzano) Foppa (exfiscal anticorrupción) lo mataron dentro de un área deportiva ¿Verdad? Yo creo que aquí en Guatemala no está la Virgen Patafetanes y en todos lados hay que extremar precauciones”.

Al finalizar la pelea, en las redes sociales fueron publicadas imágenes del diputados saliendo del estado acompañado de su pareja, de un guardia de seguridad del estadio y de algunas personas del deportivo Petapa.

El diputado sostuvo que no se encontraba acompañado por personal de seguridad privada y aseguró que no había ingerido alcohol. “Yo no bebo, tengo más de un año de no ingerir licor”, afirmó.

En tanto, en los videos publicados en las redes sociales se ve a los aficionados de la Usac increpar al congresista y gritarle improperios desde los graderíos del estadio Revolución.

“No voy a dejar tirada a mi gente”, dijo el legislador

Illescas indicó que sufrió una lesión menor en la mano derecha, aunque descartó fracturas. “Tengo golpeada la mano, pero ya me dijeron que solo es inflamación”, explicó.

El político afirmó que no presentará una denuncia por lo ocurrido. “Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, respondió al ser interrogado sobre posibles acciones legales.

Ante la consulta sobre el impacto del episodio en su investidura como diputado y las consecuencias éticas de su cargo, Illescas sostuvo que su actuación demuestra una decisión personal.

“Yo no voy a dejar tirada a mi gente”, afirmó. Luego admitió que nadie debería pelear en un estadio, aunque insistió en que no tenía otra alternativa: “Si toca, toca”.

A 20 días de asumir la dirección de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Élfego Odair Castañón González afirmó que las auditorías internas y externas continúan en la institución.

El funcionario indicó que revisa las distintas dependencias de la entidad antes de definir el equipo que ejecutará el plan de trabajo para su gestión.

Castañón, quien dirigirá la CGC para el período 2026-2030, sostuvo que su conocimiento previo de la institución le permite iniciar una evaluación de sus áreas, direcciones, jefaturas y contralorías.

“Me he sentido muy cómodo porque llevo muchos años trabajando en la institución”, señaló. Según explicó, el proceso busca ordenar la estructura de trabajo y establecer el equipo que tendrá a cargo las tareas previstas por las nuevas autoridades.

El contralor asumió el cargo luego de que el Congreso de Guatemala lo eligiera el 6 de octubre con 154 votos.

Su designación lo ubicó al frente del organismo encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos y de emitir el finiquito requerido para quienes aspiren a cargos de elección popular.

Ese documento constituye un requisito para la inscripción de candidaturas en Guatemala. Por ese motivo, la gestión de Castañón tendrá relevancia de cara a las elecciones previstas para 2027.

La institución mantiene controles sobre su propia gestión

Consultado sobre la continuidad de las revisiones internas, Castañón respondió que “las auditorías internas y externas continúan”.

También recordó que la CGC está sujeta a controles realizados por firmas auditoras, su propia unidad de auditoría interna y organismos o instituciones de apoyo.

Esas revisiones, según indicó, evalúan la gestión administrativa de la Contraloría. La afirmación se produce mientras el nuevo titular analiza el funcionamiento de las áreas que conforman la entidad fiscalizadora.

La CGC tiene entre sus atribuciones examinar la ejecución presupuestaria de las instituciones estatales y establecer responsabilidades por posibles irregularidades administrativas.

Los cambios de personal serán graduales

El contralor adelantó que los eventuales cambios de personal no serán inmediatos. “Paulatinamente, porque definitivamente es una institución fortalecida con muchas personas de carrera”, afirmó al ser consultado sobre posibles modificaciones durante este año.

Castañón señaló que dentro de la Contraloría hay trabajadores con entre 10, 20 y hasta 30 años de experiencia. A su juicio, ese conocimiento acumulado resulta necesario para mantener la operación de la entidad mientras avanza la reorganización de los equipos.

“Hay gente que lleva diez, veinte, incluso hasta treinta años trabajando y ese conocimiento también es importante para que la Contraloría siga caminando”, expresó. La evaluación de las dependencias definirá el ritmo y el alcance de las decisiones administrativas.

Antes de su elección como contralor, Castañón se desempeñó como subcontralor administrativo desde mayo de 2024. En ese puesto estuvo a cargo de la administración del presupuesto institucional y de la supervisión de procesos de contratación.

Su trayectoria en la CGC incluye la dirección de Auditoría, cargo que ocupó entre 2022 y 2024. Ingresó a la institución en 2013 bajo el régimen de servicios profesionales y después obtuvo una plaza permanente.

La elección estuvo marcada por cuestionamientos familiares

La elección de Élfego Castañón estuvo precedida por señalamientos sobre la presencia de familiares suyos en la institución. La Comisión de Postulación admitió dos tachas relacionadas con la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González y con el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes.

El ahora contralor sostuvo que esas vinculaciones respondían a criterios técnicos y a méritos profesionales, sin intervención de su parte. Sus descargos no obtuvieron los 18 votos necesarios dentro de la comisión para ser aceptados.

Castañón llegó a la nómina final con 65 puntos, la calificación más baja entre los seis aspirantes. En la votación del Congreso, su hermano, el diputado oficialista Manfredo Duvalier Castañón González, se abstuvo de participar para evitar un conflicto de intereses.

La conectividad aérea condiciona ese objetivo: el departamento posee el segundo aeropuerto internacional de Guatemala, situado en Flores, pero la falta de vuelos directos desde otros países favorece las excursiones de un día a Tikal desde Antigua Guatemala.

Aldair Ruiz, gerente general del hotel Bolontikú, explicó a Infobae Centroamérica que los horarios de las aerolíneas locales también sostienen ese modelo. “Para un extranjero, Guatemala es Antigua, Guatemala es Atitlán y listo”, afirmó.

Un territorio de 35.854 kilómetros cuadrados y 63 áreas protegidas

Ubicado en el extremo norte del país y fronterizo con México y Belice, Petén abarca 35.854 kilómetros cuadrados. Su nombre procede del maya itzá y significa “isla”, en alusión a Flores, la cabecera departamental, situada a 488 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

El territorio incluye a San Andrés, el municipio más grande de Guatemala y de Centroamérica. También reúne 63 áreas protegidas bajo la administración del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, con una superficie conjunta de 3.226.747 hectáreas.

Entre ellas se encuentra la Reserva de la Biosfera Maya, la mayor del país, con 2.160.204 hectáreas. La extensión protegida convive con selvas, lagunas, biodiversidad y sitios arqueológicos que permanecen fuera de los circuitos turísticos más transitados.

La población de Petén pasó de 366.735 habitantes en 2002 a 545.600 en 2018, un aumento del 48% en 16 años y una tasa de crecimiento anual de 2,43%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la dispersión de los asentamientos dificulta la provisión de agua, drenajes, electricidad, salud y educación.

Los 14 municipios del departamento alcanzaron un promedio de 46 puntos en el índice de competitividad de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. La entidad registró una caída de 0,30 puntos entre 2019 y 2020, atribuida al confinamiento por la pandemia de covid-19, la falta de dinamismo empresarial y la baja inversión productiva.

El Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Asuntos para Petén impulsa viveros agroforestales, regencia forestal y prácticas de producción sostenible mediante sus direcciones de Desarrollo Agropecuario y de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo. La cobertura de esos programas varía según cada región.

Tikal, el destino de un día que limita el gasto turístico

El Parque Nacional Tikal recibió 292.856 visitantes en 2017, frente a los 18.827 registrados en 1982, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Flores de 2018. El crecimiento interanual promedio fue de 5,59%.

El documento identifica un aumento de 47,5% en 1987, asociado al establecimiento del primer gobierno democrático de Guatemala, y otro de 33,15% en 2012, durante la celebración del Baktún o cambio de era maya. Desde 2013, los visitantes nacionales superaron a los internacionales, una tendencia reforzada por los asuetos largos establecidos mediante el Decreto 19-2018.

La mayoría de los turistas recorre Tikal durante una sola jornada y deja el departamento inmediatamente después. Ese comportamiento mantiene bajos el gasto por visitante y las noches de ocupación hotelera.

El sur de Petén cuenta con potencial turístico reconocido en estudios previos, pero todavía carece de infraestructura, promoción y organización comunitaria para consolidar una oferta propia. La descentralización de los recorridos aparece como una condición para distribuir la actividad más allá de Flores y del parque arqueológico.

Gastronomía maya, comunidades locales y nuevos recorridos

Bolontikú opera a orillas del lago Petén Itzá, en San Andrés, y pertenece a Cayuga Collection, una compañía hotelera con sede en Costa Rica y presencia en Panamá y Nicaragua. La empresa ingresó al mercado guatemalteco dos años antes de las declaraciones de Ruiz, después de que los propietarios del proyecto se comunicaran con ella.

El gerente sostuvo que la decisión se basó en el margen de desarrollo de la zona: “Vimos el potencial y la oportunidad que aún el destino tiene, porque definitivamente no se ha desarrollado todavía hacia el potencial que tiene”.

La estrategia de la compañía busca asociar el hospedaje con elementos de identidad local, en lugar de limitarse a promocionar excursiones. Ruiz mencionó la chaya, conocida como espinaca maya, y el hongo siquiche, endémico de San Andrés, como productos incorporados a la propuesta gastronómica para visitantes extranjeros.

La diferenciación apunta a evitar ofertas estandarizadas. “Cuando le hablás de un croissant o le hablás de un cheesecake, ahí no le vas a ganar esa conversación”, señaló Ruiz.

El reposicionamiento enfrenta, según el directivo, la competencia basada en precios entre establecimientos locales. “Al final estás profanando algo que tiene demasiado potencial para poderlo elevar más bien”, sostuvo.

La formación de trabajadores es otro obstáculo para elevar el nivel de servicio, incluido el manejo del inglés. Cayuga Collection creó un programa interno de capacitación llamado Cayuga University.

El hotel trabaja con comunidades de San José y San Andrés para mostrar prácticas culturales como la elaboración artesanal de totopostes y el baile folclórico. Una escuela de San José, según Ruiz, es la única de la región que continúa enseñando la lengua maya itzá.

Entre los recorridos que la empresa promueve fuera de Tikal figuran el parque arqueológico de Tayasal, donde continúan las excavaciones, el sitio de Yaxhá, el avistamiento de aves y las actividades de kayak y paddle board, una tabla sobre la que se rema de pie, en el lago Petén Itzá.

Las conversaciones entre el Instituto Guatemalteco de Turismo, empresarios hoteleros y operadores aéreos incluyeron una propuesta de conexión con Belice a través de TAG Airlines, aerolínea de capital guatemalteco. El proyecto fue postergado por el costo del combustible.

En 2017, el 69,3% de los visitantes ingresó a Petén por vía terrestre desde la Ciudad de Guatemala y Alta Verapaz, mientras apenas el 1% llegó por vía aérea mediante el Aeropuerto Internacional Mundo Maya.

Una delegación militar de Guatemala visitó instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en Baltimore, Maryland, con el propósito de evaluar mecanismos de cooperación naval para modernizar las fuerzas armadas y fortalecer la seguridad marítima.

La comitiva, integrada por miembros de la Agregaduría de Defensa, Militar, Naval y Aérea de Guatemala en Washington D. C., recorrió el Astillero de la Guardia Costera y la Estación Curtis Bay, centros especializados en labores de construcción, mantenimiento y soporte logístico.

La delegación evaluó programas de equipamiento militar y logística naval

El recorrido por las instalaciones navales estadounidenses permitió a los representantes guatemaltecos conocer directamente los procedimientos técnicos de mantenimiento naval y los esquemas de soporte operativo.

Durante la visita de trabajo, los delegados analizaron el funcionamiento de programas específicos de asistencia militar que coordina el gobierno de Estados Unidos.

Entre las herramientas revisadas figuraron el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) y el sistema de Artículos de Defensa Excedentes (EDA, por sus siglas en inglés).

Estos mecanismos facilitan la gestión de acceso a equipos de defensa y recursos operativos bajo normativas establecidas por Washington, lo que abre la vía para incorporar suministros que respondan a los requerimientos actuales de la institución armada.

La evaluación técnica de estas opciones busca asegurar que los planes de modernización respondan a criterios de sostenibilidad operativa a largo plazo.

La gira consolida la adquisición de capacidades operativas y logísticas sostenibles para la defensa nacional, lo que permitirá que las operaciones marítimas alcancen los estándares actuales que demanda la protección de las aguas jurisdiccionales y la soberanía del país.

La agenda oficial incluyó actividades diplomáticas multilaterales en Washington

De forma paralela a las sesiones técnicas en Maryland, los integrantes de la agregaduría militar participaron en la conmemoración oficial del Día de las Fuerzas Armadas de Rumanía, celebrada en Washington D. C.

El acto protocolar reunió a diplomáticos castrenses y agregados de defensa de distintas delegaciones internacionales acreditadas en la capital estadounidense.

La presencia en esta ceremonia formó parte de los intercambios que sostiene la representación de Guatemala en espacios multilaterales.

Las autoridades militares guatemaltecas señalaron que estos encuentros diplomáticos facilitan el diálogo entre naciones y proyectan al país como un socio confiable en el ámbito internacional.

La interacción con delegados castrenses de otras naciones busca afianzar los lazos de amistad y ampliar las oportunidades de cooperación en materia de defensa y seguridad.

La estrategia bilateral apunta a la seguridad marítima y la estabilidad regional

El acercamiento en las instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos se enmarca en la labor constante que desarrollan las agregadurías militares guatemaltecas en el exterior.

Por medio de estos canales diplomáticos y técnicos, el Ejército de Guatemala mantiene coordinación con socios estratégicos hemisféricos para respaldar proyectos de defensa y modernización institucional.

La planificación institucional prioriza la seguridad en los litorales marítimos como un componente directo para la estabilidad regional.

Según la información difundida por las autoridades castrenses, el fortalecimiento de la soberanía en el mar y la consolidación de alianzas estratégicas continuarán como ejes centrales en la agenda de defensa de Guatemala, orientados al desarrollo de capacidades sostenibles para el resguardo de su territorio.

El Museo de Arte Colonial (MAC) de La Antigua Guatemala reabrió de forma progresiva con la exposición temporal «125 años de fe», dedicada al patrimonio de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída.

La muestra abrió el 29 de octubre y reúne piezas vinculadas con la tradición del Quinto Domingo de Cuaresma, que la hermandad mantiene desde 1902.

La reapertura del recinto reunió al ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; al encargado general de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída, Gabriel Pellecer; al vocero de la organización, Eduardo Perea, además de autoridades, invitados y miembros de la comunidad antigüeña.

Durante el acto, Méndez Salinas vinculó el regreso del museo con la recuperación de una parte del patrimonio cultural del país. “En agosto, cuando recibimos de vuelta las llaves, dije que con el museo volvería a estar viva una parte de nuestra historia. Ahora sabemos qué parte llega primero”, afirmó el ministro.

El funcionario añadió que el espacio debe convertirse en un recinto de referencia para los visitantes y para la población guatemalteca. “Que este museo sea como el Quinto Domingo de Cuaresma un lugar que todo el pueblo guatemalteco reclame como suyo”, expresó.

La muestra reúne túnicas, mantos y objetos procesionales

La exhibición presenta una selección de patrimonio textil, escultórico y procesional de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. El recorrido incluye túnicas, mantos, resplandores, uniformes, estandartes y otros enseres históricos usados en torno al cortejo religioso.

Pellecer definió la apertura de la muestra como una oportunidad para compartir con el público piezas que habitualmente forman parte de la vida interna de la hermandad. “Hemos abierto el ropero de Jesús”, dijo al referirse a los objetos expuestos en el MAC.

Las piezas permiten seguir la evolución de las expresiones devocionales y artísticas que acompañan la procesión del Quinto Domingo de Cuaresma. La tradición tiene en Jesús Nazareno de la Caída una de sus imágenes centrales y convoca cada año a devotos que participan en su recorrido por las calles de La Antigua Guatemala.

Para Perea, los objetos exhibidos conservan una relación vigente con la devoción y no deben entenderse solo como vestigios históricos. “Al abrir las puertas del MAC, los invitamos a contemplar este patrimonio vivo no como objetos inertes del pasado, sino como los tesoros que hoy acompañan el caminar del Protector Perpetuo de la Humanidad”, señaló.

La exposición estará abierta hasta el 22 de noviembre

La exposición «125 años de fe» podrá visitarse hasta el 22 de noviembre de 2026. El museo atenderá de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana abrirá a partir de las 10:00 horas.

El costo de ingreso será de Q5, unos USD 0,64, para visitantes nacionales y de Q50, USD 6.49, para extranjeros. La muestra inaugura una nueva etapa de actividades en el museo, que prevé incorporar exposiciones temporales y actualizar su propuesta museográfica.

La reapertura ocurre después de que el Ministerio de Cultura y Deportes retomara la administración del inmueble el 11 de agosto.

La cartera inició entonces trabajos de limpieza, acondicionamiento y restablecimiento del sistema de videovigilancia, además de evaluaciones sobre el estado de techos, paredes, pisos, instalaciones eléctricas, iluminación y humedad.

El ministerio prevé el retorno de 287 bienes patrimoniales

El MAC resguarda 287 bienes culturales pertenecientes a la colección patrimonial del país. El Ministerio de Cultura y Deportes informó que la recuperación del edificio permitirá organizar su retorno bajo criterios de conservación y seguridad.

El recinto había permanecido cerrado durante nueve meses, después de diligencias judiciales iniciadas en diciembre de 2025 a partir de una denuncia por las condiciones de conservación de los bienes.

Durante ese proceso, 198 piezas fueron trasladadas al Palacio Nacional de la Cultura, mientras otras permanecieron de forma temporal en el museo por las dificultades que implicaba su movilización.

Entre las obras trasladadas figuraron piezas atribuidas a Tomás de Merlo, entre ellas “San Salvador de Horta” y pinturas de la serie La Pasión de Cristo. El Ministerio indicó que los movimientos se realizaron por orden judicial y bajo protocolos de protección para las obras.

La recuperación de las llaves del inmueble también puso fin, de forma parcial, a una disputa institucional sobre su custodia y uso.

La cartera sostuvo que el edificio está amparado por un acuerdo de usufructo vigente hasta 2032, mientras que la Municipalidad de Antigua Guatemala argumentó que el inmueble debía regresar a la comuna si dejaba de operar como museo.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala ejecutaron diversas diligencias durante las últimas horas, las cuales resultaron en la detención de una decena de presuntos delincuentes vinculados a extorsiones y a la portación ilegal de armas de fuego.

Las acciones, encabezadas por la Policía Nacional Civil (PNC), incluyeron allanamientos y operativos encubiertos en varias regiones del territorio guatemalteco, donde además se remitió a dos adolescentes hacia los juzgados correspondientes.

Uno de los despliegues destacados ocurrió en el parqueo de un centro comercial en la zona 3 del municipio de Villa Nueva.

En el lugar, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) interceptaron a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Los uniformados aprehendieron a Milton N, de 33 años; Josué N, de 32; y Mervin N, de 25, al momento de recoger un paquete que simulaba contener dinero. Junto a ellos, las fuerzas de seguridad remitieron a un menor de 17 años.

La pesquisa comenzó tras la denuncia de una víctima a quien le exigían 125 mil quetzales (unos USD 16.200) bajo intimidaciones de muerte.

Durante la entrega vigilada, las autoridades emplearon un señuelo con 60 mil quetzales, aproximadamente USD 7.770, para consumar el arresto.

Como resultado de la diligencia en Villa Nueva, los agentes incautaron dos motocicletas y cuatro aparatos telefónicos que los sindicados utilizaban para coordinar los cobros a comerciantes.

Las pesquisas por homicidios en Mixco llevaron al decomiso de pertrechos

En seguimiento a ataques armados recientes en Mixco, elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la colonia Berlín, en la zona 10 de esa localidad.

La intervención culminó con el arresto del ciudadano hondureño Darwin N, de 28 años, y de Deimy N, de 18 años, ambos señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.

En el inmueble, los peritos incautaron una pistola calibre nueve milímetros y 95 municiones, elementos que quedaron incorporados a las investigaciones judiciales.

Los patrullajes preventivos retiraron armamento sin registro en varios departamentos

La PNC también concentró esfuerzos en neutralizar el trasiego de pertrechos sin documentación. En la zona 6 de la capital, una patrulla apresó a Luis N, de 43 años, quien portaba una pistola sin licencia.

Casos similares se registraron en Tierra Nueva 1, Chinautla, con la aprehensión de Felipe N, de 26 años; y en San Francisco El Alto, Totonicapán, donde fue interceptado Alexander N, de 36 años, en posesión de otra arma corta ilegal.

Los decomisos continuaron en el interior de Guatemala. En la aldea El Rancho, El Progreso, la PNC aprehendió a Andrea N, de 22 años, quien llevaba oculto un revólver con 34 cartuchos.

Asimismo, en San Marcos, las patrullas neutralizaron a Evilio N, de 30 años, a quien le decomisaron una escopeta calibre 12. A estos casos se añadieron detenciones en la zona 7 capitalina, en Palencia y en Izabal, donde otros individuos trasladaban pistolas con cargadores abastecidos sin permiso oficial.

Operaciones paralelas dejaron capturas por delitos contra la vida y la libertad

De forma paralela, las unidades policiales ejecutaron capturas por otros delitos de alto impacto. En Sanarate, El Progreso, las autoridades aprehendieron a Cleyver N, de 25 años, requerido por homicidio y tentativa de homicidio.

Además, en diferentes sectores de la capital y en Mixco, los investigadores arrestaron a tres personas señaladas por extorsión y trata de personas, mientras que en Momostenango y Huehuetenango cayeron sujetos acusados de narcotráfico y agresión sexual. Por último, en el penal de Quetzaltenango se notificó un nuevo proceso por asociación ilícita a un recluso.

El descanso largo por el Día de Todos los Santos concluirá con una nueva movilización del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo.

La organización convocó a sus afiliados a concentrarse este martes 3 de noviembre, desde las 9:30 horas, frente a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala.

La actividad incluirá una caminata hacia el Congreso de la República, donde el sindicato prevé entregar un documento con firmas de padres de familia para pedir la aprobación de las iniciativas de ley 6494 y 6509. Ambas propuestas plantean cambios vinculados con la alimentación escolar y otros apoyos para estudiantes del sistema público.

El STEG aseguró que reunió un millón de firmas de madres y padres de familia que respaldan sus demandas. También invitó a los diputados a asistir a la concentración para conocer los planteamientos del magisterio.

Las iniciativas proponen elevar a Q25 diarios, unos USD 3,27, la alimentación escolar

Una de las principales solicitudes es que el Estado aumente a Q25 (unos USD 3,27) diarios por estudiante el monto destinado a la alimentación escolar en los centros educativos públicos. La propuesta abarcaría a alumnos de preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

Según el sindicato, los recursos actuales resultan insuficientes para garantizar una alimentación adecuada para la población estudiantil.

Los datos del Ministerio de Educación indican que la asignación diaria es de Q4 (unos USD 0,52) para educación inicial, Q6 (unos USD 0,79) para preprimaria y primaria, y Q4 (unos USD 0,52) para educación básica.

El Ministerio de Educación completó en agosto el quinto desembolso del Programa de Alimentación Escolar. El pago fue de Q520 millones, alrededor de USD 68 millones, para las Organizaciones de Padres de Familia, que administran los recursos en los establecimientos.

En total, la cartera informó que distribuyó Q3.048,6 millones (USD 398,9 millones) en cinco pagos durante el ciclo, con una cobertura estimada de 3,1 millones de estudiantes inscritos en el sistema público.

La iniciativa 6509 busca reformar la Ley de Alimentación Escolar. La otra propuesta, identificada con el número 6494, plantea modificaciones a la Ley de Educación Nacional.

Vaso de leche, uniformes y calzado para los estudiantes

Además del aumento en la asignación diaria, el planteamiento promovido por el STEG incluye la creación del programa Vaso de Leche. La medida propone entregar una ración diaria a cada estudiante como complemento de la alimentación que reciben en los centros educativos.

El sindicato sostiene que ese aporte puede contribuir a mejorar la nutrición, el crecimiento y el desempeño de niños y adolescentes. La propuesta también contempla que el Ministerio de Educación entregue uniformes y calzado escolar a alumnos de todos los niveles del sector público.

De acuerdo con la organización, parte de las familias enfrenta dificultades para cubrir esos gastos. El objetivo, según la convocatoria, es que los estudiantes cuenten con los implementos necesarios para asistir a clases.

Acevedo ya había presentado estas demandas durante una movilización realizada el 13 de agosto. En esa ocasión, el dirigente pidió que las medidas formen parte de la planificación presupuestaria para 2027.

El sindicato también llevará un pronunciamiento contra otras leyes

La convocatoria del martes incluye la entrega de un documento en el que el sindicato expresará su rechazo a otras iniciativas legislativas.

El STEG sostiene que algunas de esas propuestas afectarían derechos del magisterio y procedimientos administrativos establecidos en la normativa guatemalteca.

La organización argumenta que tales proyectos entrarían en conflicto con la Constitución Política de la República, el Decreto Legislativo 1485 y la Ley de Educación Nacional y no están contempladas en la agenda legislativa.

En tanto, la manifestación se realizará en un contexto donde las negociaciones para un nuevo Pacto Colectivo están detenidas, debido a la falta de acuerdos, principalmente de los sindicalistas.

Apenas 28 productos logran combinar demanda favorable con condiciones reales de acceso al mercado mexicano, de casi cinco mil bienes analizados.

El dato surge de un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas, elaborado por la economista Martha Cordero, que examinó el comercio entre México y sus vecinos entre 2015 y 2024.

La cifra resume el diagnóstico central del informe: existe una base real para vender más a México, pero las condiciones actuales dejan fuera a la mayoría de los productos con potencial.

El tamaño del intercambio confirma esa brecha. En 2024, México importó cerca de USD 697.629 millones en bienes, y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana le vendieron en conjunto apenas USD 1.508 millones: el 0.9% de ese total.

Centroamérica crece más rápido que México pero depende poco de su mercado

El espacio conjunto que forman México y los seis países analizados reúne 194.3 millones de habitantes en 2.6 millones de kilómetros cuadrados. Su producto interno bruto (PIB) nominal llegó a 2.37 billones de dólares en 2024, el 2.2% del PIB mundial.

México concentra cerca del 78% de ese peso económico, con un PIB de USD 1.86 billones. El resto de la subregión suma el 22% restante, equivalente a USD 511,925 millones.

El comercio entre México y sus vecinos centroamericanos se mantiene reducido pese a los tratados vigentes porque los costos logísticos, los requisitos regulatorios y las limitaciones productivas de la subregión restringen el acceso, según la CEPAL.

Esto ocurre aunque México ofrece un mercado de gran escala y demanda estable para decenas de productos.

El organismo detectó además una paradoja de ritmos: mientras México creció a un promedio anual de 1.2% entre 2015 y 2024, el resto de la subregión lo hizo al 3.6%. República Dominicana lideró ese dinamismo con 4.5% anual, seguida por Panamá con 3.7% y Costa Rica y Guatemala con 3.4%.

Ninguno de los siete países depende del mercado mexicano de manera determinante. Las ventas hacia México representan entre el 1.6% y el 5% de las exportaciones totales de cada economía, con Costa Rica en el extremo más bajo.

Guatemala lidera las exportaciones y República Dominicana paga el arancel más alto

Guatemala encabeza las ventas hacia México dentro de la subregión, con USD 497.4 millones en 2024: el 33% del total exportado por los siete países. Le siguen Costa Rica, con cerca de USD 317 millones (21%), y Honduras, con alrededor de USD 287 millones (19%).

Nicaragua aporta cerca de USD 196 millones (13%), El Salvador unos USD 136 millones (9%), y Panamá y República Dominicana cierran la lista con cerca de USD 45 millones cada uno (3% cada uno).

Esa posición de Guatemala contrasta con la situación arancelaria de República Dominicana, que enfrenta el gravamen efectivo más alto de la subregión en sus envíos a México: 6.88%. La diferencia se explica por la ausencia de un tratado comercial entre ambos países, según el estudio.

El resto paga tasas mucho menores: Nicaragua abona 0,19%, Costa Rica 0,57%, Honduras 1,09%, Guatemala 1,11%, El Salvador 1,16% y Panamá 2,27%.

Nicaragua y Guatemala concentran las mayores oportunidades

El informe filtró más de cinco mil productos importados por México y seleccionó 189 subpartidas con demanda dinámica y posibilidades reales de acceso.

La evaluación consideró el comportamiento de la demanda mexicana, la concentración de proveedores, la capacidad exportadora de cada país y las condiciones arancelarias y sanitarias.

De esas 189 oportunidades, solo 28 combinan demanda favorable con acceso relativamente abierto. El resto —94 subpartidas con demanda consolidada y 67 con demanda emergente— obliga a competir con proveedores ya establecidos en esos mercados.

Nicaragua concentra el mayor número de productos de prioridad alta, con 56 de 183 subpartidas analizadas, en rubros como insumos industriales, caucho, adhesivos y confecciones. Guatemala es el único país con oferta exportable registrada en las 189 subpartidas priorizadas, aunque su número de prioridades altas llega a 47.

El Salvador suma 46 prioridades altas sobre 185 subpartidas, con fortaleza en textiles y manufactura ligera. Honduras registra 44, Costa Rica 40 y Panamá apenas 10 sobre 44 subpartidas analizadas, un reflejo de su oferta más acotada y orientada al rol logístico del país.

República Dominicana aparece como el caso más limitado, con solo dos prioridades altas: pinturas y barnices, y papel para higiene y uso doméstico.

Costa Rica vende menos pero gana terreno en el mercado mexicano

El estudio describe un comportamiento particular en Costa Rica. Sus exportaciones hacia México cayeron a una tasa promedio anual de -4,8% entre 2015 y 2024, el único retroceso absoluto registrado en la subregión durante ese período.

Pese a esa caída, su participación en las importaciones totales de México aumentó de 0.14% en 2015 a 0.36% en 2024, con una expansión anual promedio de 11,3%. La CEPAL atribuye en parte esa discrepancia a diferencias entre los registros estadísticos de exportación e importación de ambos países.

Perfiles productivos distintos abren paso a la complementariedad

El documento identifica especializaciones diferenciadas entre las siete economías. Costa Rica se orienta a dispositivos médicos y manufactura tecnológica; El Salvador, a textiles y confección; Guatemala, a agroindustria y manufactura ligera.

Honduras se concentra en maquila y componentes industriales; Nicaragua, en productos primarios y agroindustria; Panamá, en logística y servicios; y República Dominicana, en turismo, zonas francas y farmacéutica.

Esa diversidad permite proyectar una oferta complementaria, y no competitiva, frente a la manufactura de tecnología media que caracteriza a México, concentrada en vehículos, metalmecánica, plásticos y electrónica, según las conclusiones del estudio de Cordero para la CEPAL.

Viajar por carretera se está posicionando como una alternativa para los turistas que desean recorrer varios destinos de Centroamérica sin elevar demasiado su presupuesto, especialmente cuando se consideran los gastos adicionales de equipaje, transporte hacia aeropuertos y desplazamientos entre ciudades.

Según informó la empresa Tica Bus, en octubre de 2026, el interés por los recorridos terrestres responde no solamente al precio de los boletos, sino también a la posibilidad de aprovechar el dinero disponible para prolongar las vacaciones, visitar más lugares o realizar actividades turísticas adicionales.

La compañía, que cuenta con 61 años de trayectoria en la región, señala que viajar en autobús puede resultar más económico cuando se analiza el costo total del desplazamiento.

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es la posibilidad de conectar Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de llegar hasta Tapachula, México, mediante una red de rutas internacionales.

Equipaje y traslados pueden marcar diferencias en el presupuesto

Uno de los factores que deben considerar los turistas al organizar sus vacaciones son los gastos adicionales que pueden surgir durante el viaje.

De acuerdo con Tica Bus, cada pasajero puede transportar dos maletas de hasta 15 kilogramos cada una, como parte de las condiciones de su servicio.

En caso de llevar equipaje adicional, la empresa establece un cobro de USD 50 por maleta, con un peso máximo de 15 kilogramos y sujeto a la disponibilidad de espacio.

Otro aspecto destacado es la ubicación de las terminales terrestres, que suelen encontrarse en zonas accesibles de las ciudades, lo que puede reducir la necesidad de contratar traslados adicionales.

Asimismo, el servicio permite abordar sin tener que presentarse con varias horas de anticipación, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en los aeropuertos.

Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Tica Bus, explicó que el ahorro debe evaluarse considerando todos los gastos del recorrido.

“El viaje por tierra tiene una ventaja que no siempre se ve en el precio del boleto: el costo final. Cuando el viajero suma todo, descubre que con el mismo presupuesto puede llegar a más destinos”, señaló.

El representante añadió que el recorrido también puede convertirse en parte de la experiencia turística, gracias a la posibilidad de observar paisajes y comunidades durante el desplazamiento.

Cinco situaciones en las que viajar por carretera puede resultar conveniente

La compañía identificó diferentes circunstancias en las que el transporte terrestre representa una alternativa para organizar vacaciones dentro de Centroamérica.

Entre ellas destacan:

• Viajes familiares o grupales: el ahorro en determinados gastos puede multiplicarse según la cantidad de pasajeros.
• Recorridos por varios países: permite combinar ciudades y destinos dentro de un mismo itinerario.
• Trayectos entre ciudades cercanas: puede facilitar desplazamientos sin necesidad de utilizar transporte aéreo.
• Temporadas de alta demanda: ofrece una alternativa para planificar gastos y comparar opciones de transporte.
• Viajeros con mayor equipaje: la franquicia incluida puede resultar conveniente para quienes llevan varias pertenencias.

Estas ventajas dependen de factores como la duración del trayecto, las tarifas disponibles y las necesidades de cada viajero, por lo que es importante comparar las condiciones antes de reservar.

Recomiendan revisar requisitos migratorios antes de viajar

Para quienes planean recorrer varios países, Tica Bus recomienda comprar los boletos con anticipación, especialmente cuando se necesita asegurar un horario o asiento específico.

También aconseja verificar la documentación migratoria y los requisitos de ingreso de cada destino, debido a que las condiciones pueden variar según la nacionalidad del pasajero.

La empresa considera importante seleccionar la clase de servicio de acuerdo con la duración del recorrido y organizar previamente las paradas.

Una planificación adecuada puede permitir que parte del presupuesto destinado al transporte se utilice en una noche adicional de hospedaje, actividades recreativas o visitas a nuevos destinos.

Las rutas, los horarios y las tarifas pueden consultarse en el sitio oficial de Tica Bus.

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala creó la Unidad de Asuntos de Probidad, una oficina técnica que recibirá denuncias anónimas de funcionarios y contratistas para detectar, documentar y prevenir hechos de corrupción dentro de la cartera. La dependencia fue incorporada al Reglamento Orgánico Interno mediante el Acuerdo Gubernativo Número 143-2026, publicado en el Diario de Centro América, y concentrará tareas que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas áreas.

La nueva estructura habilitó tres buzones físicos para reportar irregularidades: uno en la planta baja del edificio ministerial, otro en el nivel 13 y un tercero en el Taller Nacional de Grabados en Acero. También funcionará una vía de denuncias en el sitio web institucional para quienes no quieran acudir personalmente a las oficinas.

Los canales estarán disponibles para empleados administrativos, personal técnico, servidores públicos y contratistas que prestan servicios profesionales o técnicos al ministerio.

El sistema busca que las personas puedan comunicar posibles faltas de probidad sin revelar su identidad.

Hasta la modificación reglamentaria, el Ministerio de Finanzas Públicas no contaba con una oficina específica encargada de centralizar la recepción de denuncias ni de seguir los casos identificados. Las funciones de prevención de irregularidades se encontraban repartidas entre diferentes dependencias de la institución.

Una oficina para detectar y documentar faltas de probidad

La Unidad de Asuntos de Probidad deberá promover, gestionar, coordinar y dar seguimiento a las acciones institucionales destinadas a prevenir hechos de corrupción. Su mandato incluye identificar y documentar conductas que puedan constituir faltas de probidad de parte de trabajadores públicos y proveedores vinculados con la cartera.

La directora de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, Wendy Sánchez, explicó que la dependencia administrará los nuevos mecanismos de reporte. La funcionaria precisó: “Gestionará las denuncias en la web y buzones del nivel 13, planta baja y el Taller Nacional de Grabados en Acero para reportar hechos de corrupción”.

La oficina trabajará junto con el área de Recursos Humanos para incorporar los mecanismos de control ético a los procesos internos de contratación, evaluación y administración del personal. La coordinación apunta a que la prevención de irregularidades forme parte de la gestión cotidiana del ministerio.

El acuerdo gubernativo establece que la unidad no se limitará a recibir comunicaciones de los denunciantes. También deberá impulsar las medidas internas relacionadas con la prevención, coordinar a las áreas que intervengan en los casos y mantener el seguimiento de las acciones adoptadas.

La creación de esta dependencia responde a las disposiciones del Acuerdo Gubernativo Número 062-2024, que contiene el Código de Ética del Organismo Ejecutivo. Con esta modificación, el ministerio incorporó una vía institucional para que sus integrantes puedan alertar sobre posibles irregularidades sin exponer su identidad.

El vínculo con la estrategia anticorrupción hasta 2032

La Unidad de Asuntos de Probidad será el canal oficial del ministerio ante la Comisión Nacional contra la Corrupción. Esa función la convertirá en la dependencia responsable de centralizar la comunicación con el organismo encargado de seguir los lineamientos, recomendaciones y medidas previstas en la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032.

El enlace incluirá el seguimiento de las acciones que surjan de esa estrategia y de las recomendaciones dirigidas a las instituciones del Organismo Ejecutivo. Antes de la reforma, no había una oficina del Ministerio de Finanzas Públicas asignada específicamente a esa tarea.

La actualización del Reglamento Orgánico Interno también creó la Dirección de Fiscalidad Ambiental para el Cambio Climático y la Sostenibilidad. Esta dependencia deberá evaluar que el gasto público y las inversiones estatales se ejecuten con criterios ecológicos y de protección ambiental, en concordancia con los compromisos ambientales asumidos por el Estado.

La misma reforma reorganizó las áreas encargadas de la tecnología institucional y del apoyo financiero que el ministerio brinda a las municipalidades del país. Esos cambios administrativos fueron aprobados junto con la creación de la Unidad de Asuntos de Probidad dentro de la reestructuración vinculada con la estrategia de integridad vigente hasta 2032.

Con apenas ocho años, Jeferson Juan Sohom Coj, un niño originario de Nahualá, en el departamento de Sololá, en Guatemala, viajó a España para realizar pruebas formativas en Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

La oportunidad surgió tras superar filtros deportivos ante cientos de aspirantes en su país, lo que derivó en la obtención de una beca deportiva de 10 días en el continente europeo.

La travesía del menor representa un hecho sin precedentes para su comunidad natal, el cantón Patzité.

Su madre, Claudia Mabel Coj, y su padre, Nelson Sohom, acompañaron el proceso que culminó con el viaje al exterior. La familia remarcó su satisfacción frente al reto de presentarse ante evaluadores de divisiones menores.

Un proceso formativo que superó a 800 aspirantes

El origen del recorrido de Jeferson trascendió a través de una entrevista realizada a los padres del menor por Rigo Tahay Hih y publicada posteriormente en Supercable Nahualá.

Tahay Hih, cronista deportivo y árbitro, detalló a Infobae que el pequeño inició su preparación en una academia de fútbol ubicada en Santa Lucía Utatlán, un municipio del departamento de Sololá, en Guatemala.

Poco después, el desempeño del niño cautivó a los entrenadores quienes motivaron su traslado a un centro de entrenamiento en Quetzaltenango, donde los entrenadores detectaron condiciones técnicas destacadas para su corta edad.

Más adelante, visores argentinos evaluaron al menor en territorio guatemalteco. Esa etapa abrió el paso a una serie de pruebas frente a diversos observadores técnicos.

En la evaluación final, en la que participaron 800 niños, “fue el único que se ganó la beca de diez días para ir a España”, relató Tahay.

La estancia contempla sesiones de entrenamiento, visorías y actividades formativas en las instalaciones de los tres clubes españoles.

El conflicto territorial en Sololá obligó a la familia a huir de balaceras

El avance deportivo contrasta con el clima de violencia que rodeó los primeros años de vida del menor.

El cantón Patzité se sitúa en el límite directo de la histórica disputa territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán —área vinculada a las pugnas territoriales de Ixtahuacán en Sololá—, un diferendo que acumula más de un siglo por el dominio de tierras comunales y fuentes de agua.

Esta pugna recurrente ha provocado decenas de víctimas mortales, ataques armados y reiterados decretos de estados de prevención por parte de las autoridades nacionales.

La vivienda familiar del niño Jeferson Juan Sohom Coj está ubicada al final del límite territorial, lo que la convierte en el punto más vulnerable de la zona de disputa.

“Esta familia es una de las que más ha sufrido porque su casa colinda con una de las aldeas que más conflictos ha tenido con nuestro municipio”, reveló Tahay a Infobae.

Ante las balaceras frecuentes entre comunidades, los padres y el menor debían correr para refugiarse en la vivienda de sus abuelos, situada más lejos de los intercambios de disparos.

Aunque en los últimos meses descendió la intensidad de los ataques, los habitantes sostienen que la seguridad no está garantizada.

Una experiencia enfocada en academias juveniles

La estadía de 10 días en territorio europeo persigue fines estrictamente formativos. El cronograma no prevé la integración directa a las plantillas profesionales, sino la participación en los sistemas de formación infantil.

Entidades como el Barcelona, mediante su academia La Masia, junto con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, gestionan programas de captación temprana diseñados para evaluar las destrezas de talentos emergentes de diversos países.

El colombiano Jhonatan Chaves, del equipo NU Colombia, conquistó este domingo la clasificación general de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, tras defender el suéter amarillo en la décima y última etapa disputada en el Anillo Periférico.

El corredor de 26 años completó los diez días de competencia con un tiempo acumulado de 35 horas, 8 minutos y 28 segundos.

Chaves llegó a la jornada final con una ventaja de 57 segundos sobre su compañero Cristian Rico, diferencia que le permitió afrontar el circuito capitalino sin riesgos en la pelea por el título.

La etapa no alteró las principales posiciones de la general y confirmó al colombiano como ganador de la edición 65 de la competencia.

El ciclista de NU Colombia obtuvo el liderato después de la cronoescalada de la octava etapa, entre San Juan La Laguna y Pamezabal.

Desde entonces, sostuvo la diferencia en la novena jornada y en el cierre de la carrera, que terminó este 1 de noviembre.

La cuarta etapa y la cronoescalada definieron el camino al título

La victoria de Jhonatan Chaves se apoyó en dos momentos centrales de la carrera. El primero fue su triunfo en la cuarta etapa, de 119,3 kilómetros entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta, resultado que lo mantuvo entre los aspirantes al podio.

El segundo se produjo en la octava fracción, una cronoescalada que redefinió la clasificación general. Chaves se ubicó al frente de la tabla y tomó el suéter amarillo, una posición que conservó hasta el desenlace de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

La prueba comenzó el 23 de octubre en Guastatoya, en el departamento de El Progreso, y recorrió distintos puntos del país durante diez etapas. El trazado incluyó jornadas de montaña, circuitos urbanos y la contrarreloj que terminó por inclinar la competencia a favor del pedalista colombiano.

Joseph Ramírez ganó la última etapa en el Anillo Periférico

El costarricense Joseph Ramírez, del equipo Colono CR, se impuso en la décima etapa con un registro de 2 horas, 30 minutos y 11 segundos. La jornada consistió en siete vueltas al circuito del Anillo Periférico y tuvo una fuga de tres corredores, aunque no representó una amenaza para los líderes de la clasificación general.

Ramírez se llevó el triunfo de la etapa final, mientras Chaves cruzó la meta con el suéter amarillo y aseguró formalmente el campeonato. La competencia concluyó sin cambios entre los principales aspirantes a la general.

El guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki, finalizó tercero en la clasificación individual y fue el mejor representante local de la edición.

Colombia extendió su dominio en la carrera guatemalteca

Con el título de Chaves, Colombia alcanzó su tercer campeonato consecutivo en la Vuelta a Guatemala. Robinson López ganó la edición de 2024 y Óscar Garzón se impuso en 2025, una secuencia que mantuvo al ciclismo colombiano al frente de la clasificación general de la carrera.

Tras recibir el reconocimiento como campeón, Chaves se emocionó al hablar sobre el significado de llevar el título a su país. El corredor dedicó la victoria a su padre y a su hermano fallecido, a quien definió como el “motor de sus años difíciles”.

La edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala cerró con un campeón colombiano, un triunfo costarricense en la última fracción y un podio que incluyó a Cristian Rico y Wilson Chonay como escoltas de Jhonatan Chaves.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala ejecutaron la captura de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha vinculados a recientes ataques armados en el municipio de Mixco.

El operativo conjunto, desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), incluyó el allanamiento de una residencia en la colonia Berlín, en la zona 10 de ese municipio, donde los agentes incautaron armamento y municiones.

La diligencia judicial contó con el despliegue táctico de peritos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). En el inmueble fueron arrestados Darwin “N”, de 28 años y de nacionalidad hondureña, junto a Deimy “N”, de 18 años.

Durante la inspección del recinto, los uniformados incautaron una pistola de la marca Taurus y 95 municiones para arma de fuego, indicios que quedaron bajo resguardo forense. Los agentes trasladaron a ambos individuos hasta los vehículos policiales para remitirlos a la Torre de Tribunales de la capital.

El operativo en la colonia Berlín busca contener los crímenes de pandillas

De acuerdo con las autoridades de seguridad de Guatemala, las aprehensiones forman parte del seguimiento a los hechos violentos que afectan a los residentes de Mixco.

Los equipos policiales ingresaron a la vivienda con cascos y chalecos antibalas con el objetivo de prevenir enfrentamientos.

Las investigaciones del MP señalan que la residencia funcionaba como centro de resguardo de armamento para células de la Mara Salvatrucha, estructura criminal señalada por homicidios y extorsiones en el área metropolitana.

Una comerciante fue asesinada a tiros en el bulevar Sur de la zona 8

El incremento de la presencia policial en el municipio ocurre tras una secuencia de incidentes letales en la zona 8 de Mixco.

El 29 de octubre, un ataque armado en el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal provocó la muerte de Rosa Elizabeth Arreaga García, de 43 años.

La agresión ocurrió en un comercio situado entre la 6.ª avenida y la 14 calle del sector 3, donde socorristas de los Bomberos Voluntarios localizaron a la víctima con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Un agresor enmascarado disparó contra un grupo en la colonia Hamburgo

Los actos violentos en la zona 8 continuaron el 31 de octubre. En horas de la tarde, un individuo con el rostro cubierto abrió fuego contra tres personas que permanecían frente a una tienda de barrio en la colonia Hamburgo.

Grabaciones de cámaras de seguridad captaron el instante en que el atacante desenfundó una pistola y disparó en repetidas ocasiones, lo que causó la muerte instantánea de un hombre de 35 años por impactos en el tórax y el cuello, para luego escapar en una motocicleta.

Al concluir la inspección en la colonia Berlín, los técnicos remitieron los indicios al laboratorio balístico para analizar si el arma decomisada fue utilizada en los hechos recientes de la zona 8.

Los dos supuestos miembros de la Mara Salvatrucha permanecen en el órgano judicial correspondiente, donde el Ministerio Público presentará la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego y solicitará que enfrenten prisión preventiva.

El 1 de noviembre, Santiago Sacatepéquez y Sumpango celebran el festival de barriletes gigantes, una tradición de 127 años vinculada al Día de Todos los Santos que reúne exhibiciones, talleres, gastronomía y recorridos turísticos en ambos municipios de Sacatepéquez.

La preparación de las estructuras comenzó desde la madrugada del 20 de septiembre con la Travesía del bambú, una jornada comunitaria en la que integrantes de la Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez viajaron a una finca de Escuintla para seleccionar y cortar las varas que sostendrán las piezas.

Más de 100 participantes se concentraron desde las 3:00 frente al parque de Santiago Sacatepéquez para trasladarse en autobús hacia la aldea El Rodeo, en Escuintla. Jóvenes agricultores, artistas y artesanos formaron los grupos encargados de buscar la materia prima en el bosque.

El bambú como estructura de los gigantes voladores

Antes del corte se realizó una ceremonia maya entre la bruma del bosque. Los asistentes encendieron una hoguera, quemaron incienso y colocaron velas de colores, azúcar y alcohol como ofrendas para pedir permiso a la Madre Tierra y protección al “corazón del cielo”.

Héctor Pec, secretario de la Asociación Santiaguense para el Desarrollo Cultural, explicó que la elección de la finca responde a la necesidad de trabajar en un sitio que permita manipular la madera con seguridad.

“La razón por la cual venimos a esta finca es porque buscamos lugares accesibles que permitan manipular sin mucho esfuerzo la madera cortada, para que ninguno de los que participa resulte herido o con algún daño por la manipulación de las piezas”.

Cerca de las 8:00, tras recibir el permiso ceremonial, los grupos ingresaron al bosque con machetes y lazos. Unos siete equipos, integrados por entre 10 y 20 personas, cortaron y arrastraron los troncos bajo las altas temperaturas de la Costa Sur.

Las varas elegidas deben medir al menos 17 metros y tener la resistencia necesaria para formar el armazón de los barriletes. El bambú también se utiliza en la construcción de viviendas, pero en esta celebración sostiene las enormes estructuras que serán montadas y exhibidas en noviembre.

Una cancha polideportiva funcionó como centro de acopio temporal. Allí se almacenaron las piezas antes de cargarlas en la plataforma que las trasladó de regreso a Santiago Sacatepéquez, donde fueron aseguradas para evitar accidentes durante el recorrido.

Del bosque de Escuintla al cementerio de Santiago

La jornada incluyó la preparación de alimentos para los participantes. Las mujeres del grupo de barrileteros cocinaron carne asada, arroz y tortillas de maíz amarillo para quienes trabajaron durante horas en la selección y el corte de los troncos.

Al caer la tarde, las camionetas que transportaban a los artistas y el bambú ingresaron al municipio adornadas con globos, serpentinas y mantas. Vecinos de Santiago Sacatepéquez salieron a recibir a los grupos, mientras algunos jóvenes viajaban sobre los vehículos sujetos con una cuerda.

Una vez en el municipio, los colectivos comienzan a ensamblar las estructuras. Por las dimensiones de las piezas, algunos grupos trabajan directamente en el cementerio general, escenario de la exhibición que atrae a visitantes nacionales y extranjeros desde las primeras horas del Día de Todos los Santos.

Cada barrilete presenta una temática que se mantiene reservada hasta la jornada de exposición. Las obras pueden proponer reflexiones sobre el cuidado del medioambiente o la preservación de la conexión ancestral.

El Festival de Barriletes Gigantes fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el 17 de febrero de 2022. La tradición nació como una forma de comunicarse con los seres queridos fallecidos y expresar que permanecen en la memoria de sus familias.

El Instituto Guatemalteco de Turismo invitó a la población y a los visitantes a asistir a las actividades. Mario Maldonado, director de Desarrollo del Producto Turístico del Inguat, señaló que esta expresión cultural se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Guatemala.

La programación incluirá talleres para conocer la elaboración artesanal de los barriletes, propuestas gastronómicas locales y recorridos por ambos municipios. También habrá señalización y personal de apoyo para orientar a los asistentes sobre los estacionamientos y la logística de las actividades.