A ocho meses de la convocatoria a elecciones generales en Guatemala, el perfil público de Nery Ramos, ex presidente del Congreso de la República, toma un nuevo giro al asociarse con Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, para conformar un proyecto político propio que busca disputar el poder ejecutivo nacional.

La decisión de Ramos responde a la persistente demanda de cambios estructurales y a la insatisfacción generalizada de la población guatemalteca con el desempeño de las instituciones estatales, según declaraciones del propio legislador.

Ramos detalló que uno de los factores más relevantes en este movimiento ha sido el respaldo generado en la región oriental, específicamente en Jutiapa, donde logró el apoyo de 19 mil votantes para acceder a su curul actual.

Desde la óptica del ex presidente del Congreso, la coyuntura política prepara el terreno para la articulación de liderazgos con experiencia y arraigo.

Cuando se le preguntó sobre su aspiración a la presidencia, Ramos no descartó la posibilidad y subrayó: “Es un derecho que tenemos los dieciocho millones de guatemaltecos, pero lo estamos analizando en este momento”, dijo el diputado.

Además, explicó que esta exploración política se fundamenta en el descontento social amplificado por carencias históricas en infraestructura estratégica, seguridad, salud, educación y empleo: “No avanzamos en infraestructura estratégica para el país. Avanzamos y retrocedemos en materia de seguridad (…) y la atracción de la inversión para generar empleo”.

Para Ramos, estos son indicadores persistentes del rezago nacional, que sitúan a Guatemala como un “país en vías de desarrollo” incapaz de atender las necesidades fundamentales de su población.

La apuesta por un “vehículo electoral” propio

La convergencia entre Nery Ramos y Alfonso Portillo representa la combinación de trayectorias políticas contrastantes. Portillo, quien ocupó la presidencia del país, ha enfrentado episodios que truncaron temporalmente su carrera política, pero conserva influencia en ciertos sectores y, en palabras de Ramos, aporta tanto de sus aciertos como de sus “desaciertos”.

Al ser consultado sobre la utilidad de este respaldo, Ramos reconoció: “Alfonso Portillo es un hombre con mucha experiencia política, de quien se puede aprender todos los días de sus aciertos y también de sus desaciertos”, y sumó: “La sabiduría de un hombre es precisamente no tropezar en la misma piedra que alguien ya tropezó en su caminar”.

El ex jefe del Legislativo enfatizó la relevancia de sumar figuras políticas comprometidas y “articular a los mejores líderes y lideresas que estén convencidos con esas causas sociales, sobre todo con esos problemas estructurales”. Resaltó la importancia de evitar una actitud pasiva frente al estancamiento nacional: “Eso es lo que yo no he querido, quedarme de brazos cruzados como espectador nada más de cómo nuestro país retrocede.” Esta visión, sostuvo, orienta la naturaleza de la organización partidaria en conformación, cuyo lanzamiento público aún está en análisis.

Diagnóstico del Estado y reformas impulsadas desde el Congreso

Nery Ramos, con experiencia previa como director del comando antisecuestros y director de la policía, sostiene que su conocimiento directo de la realidad nacional le permite identificar los principales problemas del país, entre ellos la inseguridad y la desigualdad de acceso a servicios básicos.

El legislador destacó la aprobación de la ley de alianza público-privada y la ley de infraestructura vial prioritaria como respuestas a la necesidad de mejorar la red vial. En cuanto al área de seguridad, resaltó la implementación de una nueva ley de la policía, reformas penales y una “ley antipandillas”: “Las pandillas es un fenómeno que ha venido acechando la seguridad y la tranquilidad de millones de guatemaltecos”, afirmó Ramos al ser entrevistado.

Sostuvo que su labor parlamentaria y su gestión como funcionario público se han enfocado en “combatir el secuestro, los homicidios y las extorsiones”, y defendió su trayectoria como un compromiso “de dar resultados, porque Guatemala lo que espera son resultados concretos.”

Integración de líderes y visión de futuro frente a las elecciones

De acuerdo con Nery Ramos, el punto de partida de este proyecto político es la obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces desde la institucionalidad estatal, tarea que requiere tanto honestidad como conocimiento profundo de los problemas nacionales. El respaldo político y la articulación de figuras como Alfonso Portillo forman parte de una estrategia pensada para “gobernar un país” mediante la colaboración de actores con experiencia y compromiso social.

Nery Ramos impulsa la formación de una nueva opción política con el doble objetivo de canalizar el malestar social y presentar una plataforma basada en reformas legislativas concebidas durante su gestión reciente. Su alianza con Alfonso Portillo da forma a un bloque político que busca ser competitivo en la próxima contienda electoral, apoyado en la base de los dieciocho millones de guatemaltecos y en una estructura partidaria cuyo lanzamiento aún no tiene fecha definida, según confirmó.

Portillo, figura estratégica en la política guatemalteca

A pesar de no haber logrado reincorporarse a cargos públicos tras 2015, Portillo no se ha alejado de la vida política. Ha mantenido su influencia como referente y catalizador de nuevas alianzas partidarias. Fue clave en la redefinición de estrategias en los partidos Elefante, Nosotros y VIVA, organizaciones caracterizadas por ciclos breves o en plena consolidación.

Portillo intentó en varias ocasiones volver al escenario electoral a través de postulaciones a diputado, actuando como interlocutor en la creación de alianzas y experiencias políticas diversas. No obstante, las autoridades electorales guatemaltecas han reiterado reiteradamente la improcedencia de sus candidaturas, mencionando los antecedentes judiciales en Estados Unidos y su permanencia en prisión.

La trayectoria de Portillo involucra hechos precisos: presidió Guatemala entre 2000 y 2004, fue capturado en 2010 y extraditado en 2013, se declaró culpable de conspirar para lavar dinero tras aceptar sobornos de Taiwán, recibió una condena de 70 meses de prisión y regresó al país en 2015. Desde entonces, ha apoyado activamente a diversas agrupaciones políticas, sin reincorporarse a cargos públicos, operando como dirigente de perfil bajo pero con influencia demostrable en la reconfiguración partidaria.

En el proceso electoral de 2019, Portillo tuvo un papel determinante en el fortalecimiento del partido Bienestar Nacional (BIEN). Su asesoría estratégica impulsó al partido, que hasta entonces contaba con escasa representación, a obtener ocho diputaciones, un salto marcado frente a su presencia anterior en el Congreso.

Aunque Portillo apoyó públicamente a BIEN, no pudo concretar su regreso institucional: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su postulación a diputado en abril de ese año, después de que fuera proclamado por el partido dos meses antes.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes que los recientes ataques cibernéticos en Guatemala se deben a acciones de grupos criminales con fines extorsivos.

En conferencia de prensa, precisó que todos los indicios recabados hasta el momento apuntan a que los responsables buscan obtener pagos a cambio de no divulgar o manipular la información comprometida. Aunque en ningun momento refirió si su gobierno ha tenido acercamiento con estos delincuentes cibernéticos.

Al referirse a la dimensión del incidente, Arévalo subrayó que el fenómeno ha aumentado y manifestó: “Esto está sucediendo ahora y no solamente en Guatemala, está ocurriendo a nivel global”. El mandatario señaló que la cooperación internacional incluye a Estados Unidos, España y Taiwán, naciones que colaboran en la identificación de vulnerabilidades y en la implementación de medidas de ciberdefensa.

Sobre los métodos de los perpetradores, explicó: “Lo que están haciendo es realizar estos hackeos de información, poniendo en riesgo o amenazando, asustando, para tratar de conseguir que se les pague la suma correspondiente”.

Para contener el impacto, equipos de todos los ministerios trabajan coordinados desde antes de la divulgación pública de los ataques. Arévalo destacó que los datos “no desaparecieron” y continúan almacenados en las distintas instituciones. “La información está en las distintas instituciones, en todos los casos que hemos verificado".

La magnitud del ataque: cifras y métodos empleados por los atacantes

Uno de los casos, se registró la noche del 26 de abril, el Ministerio de Trabajo confirmó que el volumen inicial de datos comprometidos superó los 2 mil registros individuales, incluyendo datos como números de DPI, domicilios, teléfonos y hojas de vida de quienes estaban registrados en la plataforma Tu Empleo.

El grupo atacante exigió dos Bitcoin, equivalentes a unos Q1 millón 163 mil, para detener las incursiones, de acuerdo con Vecert Analyzer y el Diario LaHora.

Analistas de Vecert Analyzer señalaron que la extracción de estos datos se logró mediante una API obsoleta, que permitió la descarga masiva sin restricciones. Esta vulnerabilidad ya fue suprimida, según declaraciones oficiales del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario afirmó que si bien las acciones de contención comenzaron en el Mintrab, la magnitud del riesgo exige ampliar los controles en toda la infraestructura digital estatal de Guatemala.

Durante una semana de abril, Vecert Threat Intelligence documentó cuatro incidentes críticos que afectaron la seguridad de nueve dominios estatales y educativos. El volumen total de información exfiltrada en ese periodo sobrepasó las 172 mil líneas de datos, incluyendo archivos financieros, datos personales identificables y registros vinculados a la seguridad nacional.

Una ofensiva digital coordinada: entidades públicas y académicas en la mira

Estos ataques no solo afectaron al Ministerio de Trabajo. La plataforma Vecert Analyzer identificó que los mismos grupos de hackers, incluyendo a Team L4TAMFUCKERS y GordonFreeman, anunciaron en foros especializados la vulneración de la base de datos civil completa del Registro Nacional de Personas (RENAP), así como el acceso a 5.6 millones de registros de vehículos administrados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Aunque ambas instituciones negaron oficialmente cualquier filtración, los atacantes sostuvieron que extrajeron registros de más de 18 millones de ciudadanos, entre ellos certificados de nacimiento, matrimonio, defunción e información biométrica.

Entre los datos filtrados sobre vehículos se incluyen nombres de titulares, números de identificación tributaria (NIT), domicilios fiscales, números de chasis y motor, matrículas y certificados electrónicos de propiedad, datos confirmados por Vecert Analyzer.

La ofensiva también impactó el ámbito universitario, con filtraciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y en la Universidad Rafael Landívar, comprometiendo información personal y académica de estudiantes y docentes.

El sistema de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) también resultó vulnerado, y se publicaron 62 mil números de serie de armas de fuego, como lo documentó Vecert Threat Intelligence.

El Ministerio de Finanzas Públicas implementó el nuevo reglamento que regula la emisión y colocación de los Bonos del Tesoro 2026, una herramienta clave para obtener recursos que el Estado destina a proyectos públicos con la promesa de devolver el capital e intereses en plazos previamente establecidos.

El marco normativo, consignado en el Acuerdo Gubernativo 26-2026, vigente abre la puerta a la participación tanto de pequeños inversionistas como de instituciones, según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

El monto disponible para este año asciende a Q.24 mil 098.9 millones, una cifra aprobada por el Congreso de la República mediante el Decreto 03-2026, que modificó el Presupuesto General originalmente establecido por el Decreto 36-2024.

Este dato, incluido en la información oficial, diferencia a esta emisión de ejercicios previos y evidencia la magnitud del recurso que el Estado busca canalizar a través de estos instrumentos.

Un Bono del Tesoro funciona como un certificado de ahorro: quien lo adquiere presta dinero directamente al Estado, que lo emplea para financiar políticas y obras públicas.

La devolución del capital y los intereses se realiza según las condiciones establecidas en cada emisión, lo que convierte a estos bonos en una opción de inversión regulada, segura y con respaldo estatal. Esta dinámica permite que tanto la ciudadanía como bancos u otras entidades aporten capital al financiamiento del gasto público.

El reglamento oficial precisa los mecanismos para la emisión, negociación, colocación y liquidación de los bonos, además de detalles sobre eventuales operaciones de rescate, canje y el proceso para el pago puntual a los tenedores. El Minfin, especifica que están previstas tres modalidades para adquirir los títulos: certificados físicos; certificados electrónicos registrados en el Banco de Guatemala; y registros negociados mediante bolsas de comercio o entidades privadas habilitadas para custodiar los títulos.

Cada modalidad contempla procedimientos diferenciados para la custodia y acreditación de los derechos de los inversionistas.

Bajo el régimen de certificados electrónicos o registros en cuenta, la normativa prevé la acreditación automática de los pagos de capital e intereses en las cuentas bancarias que el inversionista haya notificado oficialmente. Esto simplifica la gestión y reduce riesgos de extravío o demora en las transferencias. Adicionalmente, la legislación permite transferir, vender o usar los instrumentos como garantía bancaria, siempre y cuando se ajusten a los protocolos y se inscriban adecuadamente.

El artículo 6 del reglamento instruye que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá proporcionar a los agentes colocadores información técnica sobre cada emisión, incluyendo datos sobre monto, plazo y tasa de interés, según la información. Las tasas pueden definirse mediante subasta pública o licitación, estableciendo una línea de corte de acuerdo con las ofertas recibidas y las condiciones de los mercados nacional e internacional en el momento de la adjudicación.

De acuerdo con el procedimiento oficial, al momento del vencimiento, el pago de los bonos se ejecutará el día hábil posterior mediante transferencia bancaria desde las cuentas del Tesoro Nacional hacia las cuentas registradas por los inversionistas. En caso de intereses no cobrados, estos no se capitalizan, pero permanecen disponibles para el titular legítimo hasta que decida retirarlos.

La normativa también introduce una medida para asegurar el pago oportuno de intereses: en los siete días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de cada serie, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá suspender la colocación de bonos mediante anotación en cuenta. Según el análisis, esta suspensión permite a la administración pública organizar los procesos internos y garantizar que los desembolsos a los inversionistas se realicen sin contratiempos administrativos.

El reglamento 26-2026 redefine las modalidades de inversión estatal y prevé Q.24 mil millones en Bonos del Tesoro

El Acuerdo Gubernativo 26-2026 no solo regula la asignación progresiva del presupuesto a través de bonos, sino que introduce nuevas opciones operativas para movilizar recursos y modernizar la relación entre el Estado y los inversionistas privados.

El reconocimiento de certificados electrónicos y la integración de bolsas de comercio amplía el rango de participantes y ofrece mayor liquidez para estos títulos, mientras que la transparencia en las condiciones de pago y la administración electrónica robustecen la confianza en el instrumento.

El ministerio prevé utilizar distintas modalidades de colocación según las necesidades del Tesoro y la coyuntura financiera a lo largo de 2026.

En medio de un proceso de renovación institucional, el presidente Bernardo Arévalo adelantó que la decisión final sobre el nuevo fiscal general del Ministerio Público será anunciada tan pronto como la Comisión de Postulación concluya el trámite de las impugnaciones presentadas.

Durante una conferencia de prensa, Arévalo afirmó que el objetivo es lograr un liderazgo independiente, que marque el inicio de una etapa de fortalecimiento para el sistema de justicia y responda a las exigencias de la población guatemalteca.

Arévalo precisó que el nombramiento del nuevo fiscal general, requerido por mandato constitucional, ocurrirá inmediatamente después de que la Comisión evacue la totalidad de las impugnaciones recibidas.

Seis candidatos han sido entrevistados personalmente por el presidente, acompañado en esas reuniones por el secretario general de la Presidencia y el ministro de Gobernación.

El mandatario sostuvo que, a lo largo de estas entrevistas, examinó tanto las capacidades técnicas como la integridad ética de los aspirantes, remarcando que la responsabilidad de liderar el Ministerio Público implica superar la crisis institucional y responder a los reiterados reclamos sociales.

En palabras del presidente: “La persona que quedará a cargo del Ministerio Público no está puesta al servicio del presidente de la República o del Gobierno. Es una persona que sirve a la nación, un fiscal o una fiscal general al servicio de la República, de nuestros valores democráticos y del conjunto de la población”.

El mandatario agregó que la nueva jefatura debe demostrar un compromiso inequívoco con la democracia y rechazar toda forma de corrupción o cooptación. Arévalo insistió en que la meta es iniciar una etapa en la que “podamos reconstruir el verdadero sentido de una justicia que sirve a su población”.

Más de mil familias ya accedieron a vivienda propia bajo el actual gobierno

Durante la misma comparecencia, Arévalo enumeró avances en varios sectores de la administración pública. Subrayó que más de 1,000 familias han accedido a casa propia a través del programa FAPRIVI. El presidente añadió: “Quinientos jóvenes, hombres y mujeres, podrán continuar sus estudios universitarios gracias al programa de becas Por nuestro futuro”.

En materia de salud, el gobierno impulsó, hasta este momento, 104 centros de atención en todo el país, de los cuales 57 son nuevas construcciones y 43 remozamientos. Ilustrando este avance, se inauguró recientemente el centro en el caserío Caballo Blanco, en Todos Santos Cuchumatán.

Arévalo anunció que mañana visitará Nebaj para declarar a la región Ixil zona libre de pisos de tierra. La medida ya beneficia a familias de municipios como San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj, donde se sustituyeron los pisos de tierra por pisos de cemento para garantizar mejores condiciones de vida.

El gobierno destaca cambios en educación y en políticas de bienestar

El mandatario también resaltó transformaciones progresivas en el sistema educativo. Señaló que la ministra Anabel Aguirra lo acompañará en próximas actividades para visibilizar el resurgimiento del sistema público tras años de abandono.

Sobre la nueva política educativa, Arévalo afirmó que el Gobierno orienta sus esfuerzos a resguardar los intereses de la niñez y adolescencia del país, buscando elevar la calidad de la enseñanza.

Por último, el presidente aseguró que estos resultados demuestran “la voluntad y el compromiso de entregar al pueblo lo que el pueblo necesita”, valorando la labor de los equipos técnicos y administrativos que gestionan estos avances.

Subrayó: “Sé que los procesos venideros en el Ministerio Público serán fundamentales para poder ayudar a que Guatemala siga avanzando en justicia y bienestar, para que nunca más vivamos los abusos e irregularidades que se han venido observando en los últimos años y permitirnos empezar una nueva y mejor etapa para todos y todas”.

El proceso de elección y las candidaturas finalistas

La selección del próximo titular del Ministerio Público avanza mientras continúan las impugnaciones e incertidumbre jurídica. El 13 de enero de 2026, el Congreso de la República aprobó formalmente la convocatoria para constituir la nueva Comisión de Postulación, en cumplimiento de la transición que debe concretarse antes del 17 de mayo de ese año, fecha en la que finaliza el mandato de Consuelo Porras.

La nómina propuesta por la Comisión de Postulación incluye a seis profesionales: Julio César Rivera Clavería, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Gabriel Estuardo García Luna, Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Carlos Alberto García Alvarado. Los candidatos ya fueron entrevistados por el presidente Arévalo y esperan la resolución sobre impugnaciones y los procesos legales que rodean la participación del Ejecutivo en su designación.

Guatemala anticipa para 2026 una temporada de huracanes y tormentas tropicales con características cercanas a la media histórica, pero con un aumento de la intensidad pronosticado especialmente en la cuenca del Pacífico, donde se espera la formación de hasta cinco huracanes mayores durante un periodo que se extiende del 15 de mayo, fecha de inicio de la temporada en esta región, hasta finales de año.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) destacó que los sistemas más severos se desarrollarán en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad moderada. Esto ha generado preocupación regional por los posibles impactos en infraestructuras y actividades productivas, según informes de INSIVUMEH.

El Pacífico podría registrar cinco huracanes de categoría mayor en 2026

Según cifras difundidas por INSIVUMEH, en la cuenca del Pacífico se esperan entre dieciséis y veinte tormentas nombradas. De esas, entre ocho y diez llegarían a la categoría de huracán, con un riesgo considerable de que entre tres y cinco evolucionen a huracán mayor—categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson—.

En cambio, en la cuenca del Atlántico, cuya temporada inicia el 1 de junio, el pronóstico incluye catorce tormentas nombradas, de las cuales entre cuatro y siete alcanzarían la categoría de huracán y entre uno y tres serían de huracán mayor.

Pronósticos internacionales: divergencias y consenso sobre el Atlántico

Las proyecciones del INSIVUMEH para el Atlántico coinciden con el rango estimado por organismos internacionales, que califican la próxima temporada como moderada. El 9 de abril de 2026, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) emitió una predicción de trece tormentas nombradas, seis huracanes y dos huracanes mayores para el Atlántico, atribuyendo este escenario a la posible aparición de El Niño y al aumento de cizalladura del viento en el Atlántico tropical y el Caribe.

En contraste, la Universidad de Arizona propuso el 7 de abril una perspectiva más activa, con veinte tormentas nombradas, nueve huracanes y cuatro huracanes mayores. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de México publicó el 22 de abril un pronóstico alineado con el de INSIVUMEH y CSU: entre once y quince tormentas nombradas, cuatro a siete huracanes y uno a dos huracanes mayores.

La firma estadounidense AccuWeather mantiene una postura similar, aunque especifica que podrían registrarse entre once y dieciséis tormentas nombradas, cuatro a siete huracanes y dos a cuatro huracanes mayores, además de proyectar entre tres y cinco impactos directos sobre territorio de Estados Unidos.

Efecto de El Niño: el factor determinante para el Atlántico

La potencial transición hacia El Niño se perfila como el elemento clave en los pronósticos internacionales para la cuenca del Atlántico. Según INSIVUMEH, el patrón climático pasaría de una La Niña débil a condiciones neutras y gradualmente hacia un episodio de El Niño moderado o fuerte, coincidiendo con el pico de la temporada, entre agosto y octubre.

Este fenómeno favorece el incremento de la cizalladura del viento, lo que reduce la probabilidad de formación e intensificación de ciclones en el Atlántico.

Aunque la predicción general se describe como moderada, la CSU advierte sobre la persistencia de aguas oceánicas cálidas a gran profundidad, lo que incrementa el riesgo de intensificación rápida de tormentas, una tendencia que se ha observado en los últimos años. La CSU estimó en 32% la probabilidad de que al menos un huracán mayor impacte algún punto de la costa de Estados Unidos durante 2026.

Preparativos y recomendaciones sectoriales en Guatemala

El INSIVUMEH participa activamente en mesas técnicas agroclimáticas junto a otras instituciones nacionales para formular recomendaciones específicas dirigidas a los sectores productivos de Guatemala ante el escenario previsto para la temporada ciclónica de 2026. Estas acciones buscan disminuir el posible impacto de la actividad ciclónica sobre la agricultura, la infraestructura y las poblaciones vulnerables.

Una acción de amparo solicita que Bernardo Arévalo y Karin Herrera sean excluidos de la designación del próximo fiscal general de Guatemala, argumentando conflicto de intereses por los procesos de antejuicio que enfrentan. El abogado y exdiputado Fernando Linares Beltranena presentó dicho recurso ante la Corte de Constitucionalidad, pidiendo que el binomio presidencial se abstenga de intervenir en la elección del jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, hasta que queden resueltas sus condiciones penales, según información publicada en varios medios locales de Guatemala.

Linares Beltranena participó en la convocatoria para integrar la nómina de candidatos a fiscal general, aunque finalmente su candidatura fue descartada por no obtener los votos necesarios de los miembros de la Comisión de Postulación. La acción fue planteada poco antes del vencimiento del plazo para impugnar la segunda nómina seleccionada, coincidiendo con el cierre del proceso de entrevistas realizadas por el presidente a los seis aspirantes finalistas.

Solicitan que un fiscal regional asuma el cargo en caso de exclusión

Mientras se tramitan los antejuicios pendientes y se resuelve la admisión o no del amparo, Linares Beltranena pide que la función de fiscal general y jefe del Ministerio Público la ocupe Dimás Jiménez, fiscal regional designado por la normativa para sustituir transitoriamente a la actual titular, Consuelo Porras, como lo establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El memorial presentado hace referencia directa a los procesos judiciales en curso contra el presidente y la vicepresidenta. La Corte Suprema de Justicia tramita dos antejuicios contra Arévalo: uno bajo el expediente número 333-2023 y otro como número 3-2024, ambos promovidos por el Ministerio Público y todavía sin resolución, según la documentación judicial adjunta al amparo. Respecto a Herrera, el Ministerio Público inició en noviembre de 2023 acciones por el denominado “caso Toma de USAC, botín político”, que tampoco cuenta con resolución definitiva.

El abogado sostiene que estos expedientes generan “un grave conflicto de intereses al momento de elegir al jefe del Ministerio Público”, dada la condición del ente acusador como sujeto procesal en ambas causas. Por ello, solicita que la Corte de Constitucionalidad dicte medida definitiva ordenando al presidente y la vicepresidenta abstenerse de participar en la elección del próximo fiscal general mientras no solucionen su situación de persecución penal.

El proceso de elección y las candidaturas finalistas

La selección del próximo titular del Ministerio Público avanza mientras continúan las impugnaciones e incertidumbre jurídica. El 13 de enero de 2026, el Congreso de la República aprobó formalmente la convocatoria para constituir la nueva Comisión de Postulación, en cumplimiento de la transición que debe concretarse antes del 17 de mayo de ese año, fecha en la que finaliza el mandato de Consuelo Porras.

La nómina propuesta por la Comisión de Postulación incluye a seis profesionales: Julio César Rivera Clavería, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Gabriel Estuardo García Luna, Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Carlos Alberto García Alvarado. Los candidatos ya fueron entrevistados por el presidente Arévalo y esperan la resolución sobre impugnaciones y los procesos legales que rodean la participación del Ejecutivo en su designación.

La controversia: conflicto de intereses en la designación

La acción de amparo solicita que no se permita la intervención de Arévalo y Herrera en el proceso de elección mientras existan causas judiciales vigentes en su contra. El documento argumenta: “Elementos ofrecidos en este memorial y todos aquellos que hayan requerido resulten útiles, simplemente se-- de sentencia, que en su momento procesal oportuno se dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando que se otorga el amparo en consecuencia y se ordena en definitiva al presidente y vicepresidenta que se abte-- abstengan a participar en la elección general para el periodo 2026-2030. En tanto no solventen su situación de persecución penal, que mientras se tramitan los antejuicios correspondientes, deben desempeñar el cargo de, de fiscal y jefe del Ministerio Público, la persona que prevé el artículo quince de la Ley Orgánica del Ministerio Público.”

La definición sobre la legitimidad de la participación del Ejecutivo en este proceso y la eventual designación de un fiscal interino queda supeditada a la decisión que tome la Corte de Constitucionalidad después de analizar los elementos probatorios presentados por Linares Beltranena y la situación actual de los procesos de antejuicio documentados.

El accidente de una avioneta Cessna 182H matrícula TG-JEB en la aldea Amerco, sector La Dicha, del municipio de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, ocurrido el domingo 3 de mayo durante las celebraciones de la feria local, llevó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a abrir una investigación formal y a advertir que impondrá las sanciones previstas en el artículo 119 de la normativa vigente si se confirma el salto de los protocolos de seguridad, según informó la propia institución en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

La investigación se centrará en las posibles infracciones a las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y podría derivar en medidas concretas contra pilotos y operadores, en caso de comprobarse que no se contaba con las autorizaciones ni el cumplimiento de las normas operacionales obligatorias. De acuerdo con el comunicado de la DGAC citado por Prensa Libre, “toda operación aérea debe realizarse con las autorizaciones correspondientes y en estricto cumplimiento de las normas de seguridad operacional y aeroportuarias vigentes”.

Aún no hay se publicado una cifra oficial de fallecidos, aunque medios locales en Huehuetenngo han reportado que al menos dos mujeres perdieron la vida —incluida Ana Cristóbal Joaquín, de 51 años y oriunda de San Pedro Soloma— y tres personas resultaron heridas, entre ellas el piloto, conforme la información recabada en terreno por la Policía Nacional Civil, los Bomberos Voluntarios y los propios vecinos que colaboraron en las labores de emergencia.

La avioneta ofrecía sobrevuelos comerciales durante la feria local

Medios de comunicación del departamento de Huehuetenango, han informado que la avioneta Cessna 182H, utilizada en vuelos turísticos sobre la región, realizaba sobrevuelos a un costo de Q300 durante la feria del municipio, dirigidos a residentes y visitantes. En el momento del accidente, el aparato transportaba a cuatro adultos y un menor de aproximadamente 8 años de edad.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:40 horas, lo que motivó la intervención rápida de cuerpos de socorro y el traslado inmediato de los heridos a centros asistenciales, algunos de ellos en vehículos particulares. La segunda víctima falleció durante el trayecto al Hospital Distrital de Barillas.

La responsabilidad de los operadores y el avance de la investigación

La DGAC reiteró que la seguridad operacional es responsabilidad directa de los pilotos y de los operadores comerciales y aseguró públicamente que velará por el cumplimiento estricto de las disposiciones legales: “Es responsabilidad de los pilotos y operadores abstenerse de ejecutar vuelos que no cumplan con dichos requisitos”, subrayó la institución en su comunicación oficial.

El Ministerio Público desplazó personal a la aldea Amerco para realizar diligencias orientadas a determinar las causas exactas del accidente y aportar elementos a la investigación de la autoridad aeronáutica. La DGAC comunicó que informará “sobre los avances en la investigación, así como de las acciones que se tomen a raíz del incidente para continuar garantizando la seguridad operacional”.

Se recomendó a la población no acercarse al lugar del siniestro para facilitar las tareas de rescate y peritaje en la zona afectada. Las autoridades continúan evaluando la situación, a la espera de esclarecer el número definitivo de víctimas y la causa final del accidente, en el marco de una investigación que podría derivar en sanciones si se determina una vulneración a la ley de aviación.

La respuesta desplegada por la DGAC, la activación de los Bomberos Voluntarios, la intervención de la Policía Nacional Civil y la asistencia del Ministerio Público reflejan el protocolo previsto ante un incidente aéreo en territorio guatemalteco.

Guatemala registra dos siniestros de aviación civil en menos de dos meses

Cuatro personas murieron y un piloto agrícola perdió la vida en dos accidentes de aviación civil ocurridos en Guatemala durante las últimas semanas, hechos que pusieron en alerta a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del país centroamericano.

El primero de los siniestros tuvo lugar el 14 de marzo de 2026 en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, cuando una avioneta privada Cessna 182 con matrícula TG-SCO se desplomó en una zona montañosa tras perder altitud. La aeronave transportaba a cuatro personas: el piloto Daniel Darío Doherr Pérez, exfutbolista de 31 años; Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años y con seis meses de embarazo; el médico José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años; y el empresario de origen noruego Harald Undrum, de 53 años.

El segundo accidente ocurrió el 25 de abril de 2026 en la aldea Obero, del municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla. Una avioneta de fumigación agrícola marca Thrush, con matrícula TG-BUA, se desplomó cerca de las 9:00 horas durante una operación de aspersión sobre cultivos de la región. El piloto, única persona a bordo, murió a consecuencia del impacto. La DGAC confirmó en un comunicado oficial que la aeronave cumplía tareas de fumigación en el momento del siniestro y que operaba con su matrícula en regla.

A diferencia del accidente de San Marcos, el de Masagua no involucró pasajeros, ya que se trató de una operación aérea agrícola de rutina. Las autoridades aeronáuticas no precisaron en su comunicado si factores mecánicos, meteorológicos o humanos pudieron haber incidido en el desplome. La investigación sobre las causas permanece abierta.

El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la creación del programa Ajedrez en el Aula, una nueva estrategia pedagógica nacional que busca potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en los estudiantes de primaria y educación media a partir del ciclo escolar de 2026. La iniciativa, oficializada mediante el Acuerdo Ministerial 1884-2026, implica la integración del ajedrez en el currículo como herramienta formativa complementaria, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y mejorar los resultados académicos, según el contenido del Acuerdo Ministerial publicado en el Diario Oficial.

A diferencia de otras intervenciones educativas recientes, el acuerdo ministerial establece que solo los centros educativos públicos recibirán suministros para la implementación del programa. El proceso será progresivo, determinado por la disponibilidad presupuestaria y las estrategias definidas en el cronograma oficial, de acuerdo con el propio Acuerdo emiitido por el Ministerio de Educación.

El programa Ajedrez en el Aula será implementado a partir del 5 de mayo. La iniciativa está orientada a desarrollar el pensamiento lógico, crítico y estratégico en los estudiantes, promoviendo también la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Este esfuerzo tiene como propósito central integrar el ajedrez en la formación integral de los escolares dentro del marco de las áreas curriculares del Currículo Nacional Base (CNB), según detalló el Ministerio.

El ajedrez, herramienta transversal para fortalecer competencias académicas y sociales

Entre las actividades obligatorias que contempla el programa, el acuerdo ministerial dispone la aplicación de estrategias pedagógicas que relacionen las reglas y dinámicas del ajedrez con los contenidos específicos del currículo nacional. Esto implica vincular el juego con metodologías como el aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en problemas y enfoques de colaboración entre pares.

El desarrollo de actividades interdisciplinarias se destaca como una característica central del programa. De acuerdo con el texto oficial, los docentes deben diseñar ejercicios que permitan emplear el ajedrez como recurso para abordar temáticas de matemáticas —en especial, geometría y razonamiento lógico—, comunicación y lenguaje, así como educación física y otras asignaturas. El propósito es adecuar las actividades al nivel de cada grado e incentivar la integración de contenidos.

La Dirección General de Educación Física (DIGEF) y la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE), en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación, serán responsables de impulsar procesos de formación y actualización docente en el uso del ajedrez como herramienta educativa.

Seguimiento, evaluación y competencias escolares de ajedrez

Con el inicio del programa, se aplicarán pruebas diagnósticas a estudiantes de primaria y media. Estas evaluaciones permitirán establecer una línea base sobre el nivel de conocimiento y las habilidades adquiridas en áreas como matemáticas, comunicación y educación física, para luego medir el avance registrado durante el ciclo escolar. La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) será responsable de coordinar el seguimiento, la evaluación y la emisión de informes que contribuyan a la mejora continua del programa.

El acuerdo prevé la organización de competencias interescolares de ajedrez con eliminatorias por distrito y un festival anual que reunirá a ganadores departamentales. Estas actividades buscan incentivar la sana competencia, fortalecer habilidades sociales y promover el respeto por las normas, en consonancia con los objetivos declarados por el Mineduc.

El programa Ajedrez en el Aula consolida, a partir del 5 de mayo, la apuesta del Ministerio de Educación por herramientas didácticas innovadoras en el sistema público, orientadas a mejorar la calidad de la formación en Guatemala y a responder a los retos del aprendizaje contemporáneo.

El ajedrez es reconocido como deporte internacional

El ajedrez es un deporte reconocido por el COI en el que dos jugadores compiten al mover dieciséis piezas sobre un tablero, con el objetivo de lograr el jaque mate al rey adversario. La precisión en las reglas, como la ubicación inicial de las piezas y los movimientos particulares de peones, torres, caballos, alfiles, reina y rey, es esencial para el desarrollo del juego.

Su práctica favorece la concentración, la memoria, el razonamiento lógico y la inteligencia emocional, facultades cada vez más valoradas en ámbitos educativos y terapéuticos. Participar en competiciones de ajedrez suele implicar partidas que pueden prolongarse durante varias horas, lo que exige tanto resistencia física como fortaleza mental.

La disciplina exige un trabajo constante de estudio y mejora, contribuye al desarrollo de la honestidad y el autocontrol, y actúa como una herramienta para el entrenamiento cognitivo y la gestión emocional.

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala estableció un nuevo hito jurídico al declarar, mediante el expediente 7745-2024, la inconstitucionalidad de dos disposiciones clave del Reglamento 40-2010 sobre el acogimiento familiar.

La resolución exige a los Juzgados de Niñez priorizar que los menores permanezcan en un entorno familiar y ordena al Consejo Nacional de Adopciones (CNA) adaptar sus procedimientos para favorecer la permanencia de los niños en vínculos afectivos ya consolidados. El objetivo central de este fallo, según la CC, es fortalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en familia y evitar la institucionalización que afecta su bienestar integral.

Eliminación del plazo máximo y la prohibición de adopción

La Corte de Constitucionalidad, en su análisis del Reglamento 40-2010, eliminó dos restricciones fundamentales. En primer lugar, consideró inconstitucional el plazo máximo de seis meses para el acogimiento familiar.

Este límite temporal, al ser rígido, impedía un análisis individualizado y contravenía el principio del interés superior del niño. Con ello, no se consideraban las necesidades y el contexto concreto de cada menor, lo que podía conducir a decisiones que no favorecían ni su estabilidad ni su salud emocional. De acuerdo con el Diario Soy2502

En segundo lugar, la resolución suprimió la prohibición de adopción por parte de las familias de acogida. El fallo reconoce que los lazos afectivos generados durante el periodo de acogida constituyen un elemento esencial en la garantía de una familia permanente para los niños declarados en situación de adoptabilidad.

La Corte de Constitucionalidad sostuvo que ignorar estos vínculos resultaba en una restricción injustificada y que su eliminación era imprescindible para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez guatemalteca.

Según la publicación de Soy502, la decisión obliga de manera inmediata al Consejo Nacional de Adopciones a suprimir cualquier barrera administrativa que impida que las familias de acogida participen en los procesos de adopción y exige a los juzgados de niñez evaluar cada caso de forma individual, asegurando así que los menores permanezcan en familia y evitando su institucionalización prolongada.

Referencia a estándares internacionales y desarrollo infantil

Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad se enmarca en los compromisos asumidos por Guatemala en materia de derechos de la niñez, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado.

Según estos instrumentos, el acogimiento familiar debe ser priorizado sobre cualquier forma de institucionalización, y toda medida de protección ha de basarse en el interés superior del niño mediante evaluaciones caso por caso.

Especialistas en desarrollo infantil citados en la normativa internacional respaldan plenamente esta orientación. La evidencia muestra que una infancia en entorno familiar favorece la construcción de un apego seguro y reduce los riesgos de ansiedad, depresión y afectaciones emocionales.

También se observan mejoras en el desarrollo cognitivo y en la salud física respecto a los menores que permanecen en instituciones. Por el contrario, la institucionalización prolongada se correlaciona con consecuencias adversas en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Ajuste inmediato en la operativa nacional

Con este precedente, el sistema de protección de la niñez en Guatemala se enfrenta a la exigencia de eliminar toda restricción normativa o administrativa que dificulte la integración de los menores en familias de acogida con posibilidad real de adopción.

El Consejo Nacional de Adopciones debe modificar con carácter urgente todos los procedimientos implicados, mientras que los juzgados de niñez deberán fundamentar sus decisiones en evaluaciones individualizadas.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad redefine el marco del acogimiento familiar y obliga a una transformación inmediata en los procesos administrativos para que el derecho de la infancia a vivir en familia tenga prevalencia absoluta sobre cualquier criterio procedimental o temporal. *Con información del Diario Soy502

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha intervenido en más de 200 denuncias de mendicidad y trata laboral infantil entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026, según reportó la institución.

Esta cifra evidencia la persistencia de formas graves de explotación contra niñas, niños y adolescentes en diversos departamentos de Guatemala, al tiempo que subraya la urgencia de estrategias interinstitucionales para resguardar sus derechos.

En el último recuento divulgado por la PGN y citado por el medio Procuraduría General de la Nación, se precisa que la entidad ha dado seguimiento a 213 casos en total en el citado periodo, concentrándose las incidencias en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Chimaltenango y Escuintla. Estos territorios se ubican como los más afectados a nivel nacional por denuncias de explotación infantil vinculadas tanto a la mendicidad como a la trata laboral.

La mayor vulnerabilidad recae en niños de 6 a 9 años y adolescentes de 14 a 17

La información publicada por la PGN distingue un perfil etario diferenciado de las víctimas. En los casos de mendicidad, el grupo más afectado corresponde a niñas y niños de seis a nueve años. En contraste, en la trata laboral, el mayor impacto se detecta entre adolescentes de 14 a 17 años. Ambas formas de explotación imponen riesgos severos para el desarrollo y la integridad de los menores, que requieren abordajes legales y sociales específicos.

De acuerdo con la PGN, la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia examina en cada constatación el contexto familiar y social denunciado. El procedimiento exige determinar si existen otras vulneraciones a los derechos de los afectados.

Se señala que, conforme al artículo 21 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), la pobreza por sí sola no justifica la separación del menor de su familia, por lo que únicamente la presencia de riesgos adicionales autoriza tal medida.

Si la investigación no detecta factores de riesgo adicionales, la PGN refuerza el entorno familiar mediante la adopción de planes o medidas de protección. Asimismo, los expedientes se trasladan a las instituciones competentes para la inclusión en programas de protección social y el otorgamiento de apoyo a las familias involucradas.

Ante la constatación de vulneraciones graves contra la integridad de la niñez y adolescencia, la Procuraduría activa medidas judiciales urgentes para priorizar la seguridad de los menores. El organismo resalta que sus intervenciones se concentran en la protección especial y la restitución de derechos, mientras que las respuestas sociales y económicas corresponden a otras dependencias estatales según su competencia legal.

La existencia de más de 200 denuncias en poco más de tres meses revela la magnitud del problema del trabajo y la trata infantil en Guatemala. Según la Procuraduría General de la Nación, la detección oportuna y la coordinación institucional son esenciales para evitar que estas explotaciones vulneren derechos fundamentales y perpetúen circuitos de exclusión y desprotección social.

La mendicidad forzada afecta a cientos de niños en Guatemala

En Guatemala, las redes de mendicidad forzada han establecido un esquema delictivo que explota a los sectores más vulnerables, en particular a niñas, niños y adolescentes, y conecta la mendicidad con el delito de trata de personas.

El país enfrenta una creciente incidencia de este fenómeno, el cual ha sido identificado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) como una forma agravada de explotación humana. Usualmente, obliga a los menores a jornadas extensas de solicitud de dinero, trasladando las consecuencias tanto al terreno penal como al de protección infantil.

De acuerdo con la PGN, los más afectados por este sistema son niños de entre seis y nueve años, quienes en numerosos casos registrados en 2025 fueron localizados en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán durante operativos de rescate. La institución confirmó que, solo en los primeros meses de 2025, atendió cientos de denuncias por explotación económica, categoría que incluye tanto la mendicidad forzada como la trata de personas.

La mendicidad forzada está definida oficialmente como modalidad del delito de trata de personas. En estos escenarios, los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de menores o personas con discapacidad, los obligan a pedir dinero en la vía pública —semáforos, mercados o zonas turísticas— y se apropian de lo recaudado.

Las víctimas, muchas veces captadas mediante engaños o a través de la presión derivada de la pobreza extrema, pueden verse sometidas a jornadas de hasta 16 horas diarias en condiciones de hacinamiento, según reporta la PGN.

El modus operandi de las redes criminales consiste en captar bajo falsas promesas o presiones económicas, para luego trasladar a los menores a áreas de alta circulación que permitan maximizar el dinero obtenido ilícitamente. Entre las zonas más afectadas, la PGN identifica los departamentos de Sacatepéquez, Suchitepéquez, Chimaltenango y Escuintla como lugares críticos donde se detecta y rescata a las víctimas.

Desde la óptica de la PGN, la mendicidad forzada no debe interpretarse solo como un fenómeno asociado a la pobreza, sino como “una forma de explotación laboral y/o trata de personas”, un delito que exige respuesta penal y social.

La PGN pone a disposición la línea telefónica 1584 y sus delegaciones regionales para que cualquier ciudadano pueda denunciar situaciones de riesgo, buscando detener la explotación de forma inmediata y restituir la seguridad de las víctimas.

Las becas del programa Becas por Nuestro Futuro han superado la marca de 502 beneficiarios en Guatemala, un resultado conseguido tras poco más de un año de implementación y que representa un avance decisivo en el acceso a estudios superiores y técnicos en el país.

Este logro impacta tanto a nivel individual como en las familias y comunidades de los becarios, según subrayó el presidente Bernardo Arévalo en una reciente conferencia. El mandatario destacó el valor transformador de la iniciativa: “Detrás de cada uno y cada una de estos quinientos jóvenes becarios y becarias hay más que números, hay historias de sueños, de esperanza y ahora de transformación”, de acuerdo con Segeplan.

El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, informó a Segeplan que la entidad ha comprometido 54.82 millones de quetzales para sostener estas oportunidades académicas.

Esta asignación financiera beneficiará a 454 estudiantes de pregrado, 21 de posgrado y 37 de nivel técnico no universitario, cubriendo así un espectro amplio de necesidades educativas en diferentes regiones.

Mendoza precisó que el ritmo actual de adjudicación de becas, ahora de cien mensuales, representa una mejora significativa respecto al inicio del programa, cuando en su primer año solo se alcanzaron 175 beneficiarios. Añadió que la meta para 2026 es adjudicar 1,200 becas, lo que exigirá mantener el ritmo actual de aprobación.

El programa gestiona su financiamiento mediante un fondo alojado en el Crédito Hipotecario Nacional, que dispone de cerca de 300 millones de quetzales. Del total ya destinado, una parte ha servido para que 24 jóvenes guatemaltecos –20 hombres y 4 mujeres– estudien pregrado en agricultura en el Instituto Zamorano de Honduras, mientras que la mayoría de los beneficiarios nacionales está matriculada en universidades como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que concentra 129 becarios, la Universidad Mariano Gálvez con 73 y la Universidad Rafael Landívar con 70.

Distribución geográfica, equidad étnica y carreras preferidas en el acceso a becas

El alcance territorial del programa incluye los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz –con más de 85 beneficiarios–, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá, según datos de Segeplan.

Este reparto responde a un esfuerzo deliberado de inclusión apoyado por un sistema automatizado de selección.

Mendoza detalló que se utiliza un algoritmo informático “que hace la preselección de manera automatizada” con base en perfiles socioeconómicos y académicos, reduciendo el sesgo en la adjudicación. El presidente Arévalo señaló el carácter objetivo del proceso, afirmando que los seleccionados son identificados “sin sesgos y sin intervención de la subjetividad humana”.

El 47 % de los beneficiarios pertenece a la población maya, cifra que supera el 42 % de autoidentificados registrado en el último censo nacional.

Esta sobrerrepresentación es relevante, ya que Mendoza indicó que, por razones históricas de exclusión, “la población maya tiene los niveles más altos de pobreza y los más bajos de escolaridad”. La franja de edad predominante entre los becarios es la de 20 a 24 años, con el 38 % del total.

El programa no restringe la elección de carreras ni de universidades. Los campos de estudio con mayor demanda han sido la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales –con 21 becarios–, Trabajo Social, Ingeniería Agronómica, Medicina y Cirugía e Ingeniería Industrial. Mendoza aseguró que “la mayoría de las aplicaciones han sido a pregrado” y que existe una tendencia creciente en solicitudes para técnicos no universitarios, especialmente tras la reciente firma de un convenio con la Fundación Kinal, entidad con más de sesenta y cinco años de experiencia en formación técnica y vocacional.

Proceso de postulación digital y convocatoria abierta hasta mayo

El proceso de postulación e inscripción para el ciclo actual se destacó por su agilidad y transparencia. Mendoza afirmó que las plataformas digitales han sido optimizadas, incluida la renovación del sistema de postulación para becas técnicas no universitarias, que ahora requiere menos requisitos, facilitando así el acceso. La primera convocatoria de 2026 permanecerá abierta hasta el 31 de mayo, según Segeplan.

La plataforma digital del programa, disponible en becasnuestrofuturo.gob.gt, incluye un registro en línea y un buscador público donde se pueden consultar los datos de los beneficiarios. Mendoza indicó: “Si van a becasnuestrofuturo.gov.gt/beneficiarios, ahí pueden descargar los datos de cada uno de los beneficiarios”.

Compromiso institucional y testimonio de impacto social

La implementación del programa cuenta con el respaldo de convenios con diversas instituciones, incluidas universidades nacionales y extranjeras. Además, en el lanzamiento, el presidente Arévalo expresó que el programa pretende ser un motor de cambio social mediante el desarrollo educativo. El mandatario relató la historia de Reina, una joven maya quiché de Retalhuleu, primera de su familia en acceder a la universidad, quien obtuvo una beca para estudiar Ciencias Jurídicas tras enfrentar prejuicios familiares y barreras sociales. “Ella quiere estudiar para apoyar a su comunidad a salir adelante”, manifestó Arévalo, resaltando los efectos multiplicadores del acceso educativo.

La estrategia de selección, que incluye variables socioeconómicas, territoriales y étnicas mediante herramientas tecnológicas, permite ampliar de forma eficiente y equitativa la cobertura educativa superior y técnica en Guatemala. El objetivo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia es mantener el ritmo para llegar a 1,200 becas en 2026.

El Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán ofreció una exhibición de maniobras, música y artes marciales en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala, en el marco de su visita oficial orientada a fortalecer los lazos bilaterales. La actividad, que contó con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y la primera dama, Lucrecia Peinado, fue reportada por la Agencia Guatemalteca de Noticias como una expresión de cooperación estratégica entre ambos países.

“Frente al Palacio Nacional de la Cultura se realizó la presentación del Escuadrón Naval de la Amistad de la República de China (Taiwán), con demostraciones de maniobras, música y artes marciales. Una muestra de cooperación y acercamiento que fortalece los lazos entre ambas naciones”, destacó el Ministerio e Gobernación de Guatemala a través de redes sociales en donde compartieron fotos y videos de la presentación.

La Agencia Guatemalteca de Noticias precisó que el acto protocolario incluyó la entrega de una placa de agradecimiento al mandatario guatemalteco, en reconocimiento a la colaboración y amistad con la República de China (Taiwán). Durante el evento, la embajadora Vivia Chang expresó: “Nos reúne esta mañana una expresión única de disciplina, artes y tradición de ambos países”.

La delegación taiwanesa, conformada por 170 integrantes del elenco artístico del Escuadrón Naval de la Amistad, ejecutó maniobras a cargo de la Guardia de Honor, interpretaciones a cargo de la Banda Marcial y una exhibición de karate, según la institución del gobierno central. Este escuadrón, fundado en 1953, regresó al país centroamericano tras su última visita en 2018 y reafirmó la continuidad de su misión diplomática.

La travesía de este año incluyó la llegada de tres buques con una tripulación compuesta por cerca de 800 personas, entre ellas 108 oficiales, 500 especialistas y 180 cadetes. La embajadora Chang señaló que la misión representa historia, vocación y esperanza, y contribuye al fortalecimiento de las relaciones de amistad con Guatemala.

De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias, actualmente más de 600 jóvenes guatemaltecos estudian en Taiwán, cifra que aumentó con la asignación de más de 100 becas nuevas para soldados del país centroamericano durante este año. Además, en el Escuadrón Naval de la Amistad participan tres cadetes guatemaltecos que están por finalizar su formación profesional en la nación asiática.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, consideró que estas acciones ayudan al fortalecimiento de la relación entre las fuerzas armadas de ambos países. “Cada vez que las naciones comparten los mismos valores en democracia, en respeto a los derechos humanos y un marco jurídico que las fuerzas armadas hacen valer, las naciones se fortalecen”, dijo Saenz, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El funcionario agradeció el respaldo de Taiwán por el incremento de becas dirigidas a oficiales del Ejército guatemalteco.

Como parte del programa de reconocimiento, la delegación taiwanesa entregó la medalla del Mérito Naval en distintos grados a mandos militares guatemaltecos, reflejando el apoyo mutuo en operaciones militares y el compromiso conjunto con la seguridad nacional. La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que estas distinciones refuerzan el vínculo de cooperación y confianza entre ambos gobiernos.

La Dirección General de Transportes(DGT) enfrenta una creciente crisis en el sistema de certificación mecánica de buses extraurbanos en Guatemala, con 180 denuncias penales presentadas por la detección de irregularidades en los certificados de funcionalidad que habilitan la circulación de estos vehículos, mientras miles de unidades operan sin el aval requerido. Este panorama se profundizó tras un accidente ocurrido el 31 de marzo en Villa Canales, donde la intervención de la DGT reveló la falsedad de documentos que garantizaban condiciones óptimas en el vehículo sin bases reales, lo que llevó a la apertura de expedientes judiciales y a la inminente transferencia de casos al Ministerio Público para deducir responsabilidades.

Según el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, la investigación del caso detectado en la carretera a El Salvador se encuentra en su fase jurídica y será remitida a la fiscalía para determinar “quiénes falsificaron documentos, por qué se hizo y qué actores participaron en el proceso”. La gravedad de la situación no radica solo en la alteración de información, sino en la posibilidad de que talleres, empresas y propietarios estén involucrados en un patrón sistemático de emisión de documentos que permiten la operación ilegal de unidades, según los criterios expuestos por Suriano y su antecesor, Mynor González, a medios locales.

El accidente del pasado 31 de marzo en el kilómetro 38, que dejó 27 heridos, resultó ser el punto de inflexión en la vigilancia estatal sobre el proceso de homologación de buses. Tras la inspección posterior al siniestro, la DGT determinó que aunque el documento presentado no era falsificado en su forma material, sí contenía “información no verídica” sobre el estado real del autobús, según la evaluación interna. Esto expuso la debilidad estructural del sistema: la fiscalización real depende de certificaciones emitidas por talleres privados, sin verificación directa del Estado.

Desde la perspectiva de González, jefe de la DGT al momento del accidente, las deficiencias encontradas abrieron la puerta para que se persiga penalmente tanto al taller responsable como a la empresa transportista. Explicó que estas prácticas pueden encuadrarse en delitos de falsedad ideológica y material, lo que multiplica la gravedad de los hechos por su impacto en la seguridad pública. Además, González indicó que la mayor parte de las 180 denuncias penales que la DGT ha presentado incluyen tanto la alteración de documentos como la operación de los denominados “buses piratas”, es decir, unidades que circulan fuera de la legalidad.

Esta problemática se agrava con otro dato, el incumplimiento generalizado en la presentación de certificados. Según la DGT, de los más de 21,000 buses extraurbanos autorizados, solo el 48% había presentado el certificado obligatorio para mediados de abril, a pesar de que el plazo venció en febrero. El sistema, sin embargo, no prevé sanciones administrativas para quienes omiten este requisito, de modo que la única consecuencia concreta se produce cuando un autobús está implicado en un accidente. En esas circunstancias, la carencia del certificado puede traducirse en agravantes para los responsables en las esferas civil y penal.

En respuesta a los hallazgos, la DGT ha llamado explícitamente a la población a denunciar cualquier irregularidad en la presentación de documentos o firmas. Suriano destacó que la preocupación mayor radica en la impunidad que sigue rodeando estos delitos, lo que motiva la insistencia estatal en judicializarlos. Actualmente, el flujo de expedientes penales refleja la gravedad del problema, en la alteración sistemática de certificados, la subordinación del control estatal a talleres privados y la ausencia de sanciones directas configuran un escenario de vulnerabilidad tanto para usuarios como para la autoridad.

El proceso de denuncia penal iniciado por la DGT implica la recolección y formalización de pruebas sobre las irregularidades detectadas en los certificados de funcionalidad de buses colectivos. Cada una de estas denuncias busca que el Ministerio Público determine las responsabilidades por la emisión y uso de documentos falsos, que pueden incluir tanto a propietarios como a los talleres que certifican unidades en condiciones no aptas. El objetivo es frenar un esquema que permite la circulación de autobuses sin supervisión real y garantizar que cualquier siniestro derivado de esta falta de control tenga consecuencias legales efectivas.

La delegación guatemalteca reafirmó su protagonismo en el atletismo regional durante el Campeonato Centroamericano de Atletismo 2026, celebrado en Managua, Nicaragua. Más de 250 atletas de diferentes países participaron en este certamen, que incluyó el XXXIII Campeonato Centroamericano U18 y U20. Guatemala sumó medallas clave en todas las jornadas, mostrando profundidad tanto en las categorías mayores como juveniles.

Durante la tercera jornada, celebrada en la mañana del domingo 3 de mayo, los representantes de Guatemala destacaron en pruebas de pista y campo, ampliando el palmarés nacional. En la categoría U20, el relevo masculino 4x100 metros integrado por Diego Hernández, Nicholas Hernández, David Fernández y Santiago Orellana se proclamó campeón centroamericano al detener el cronómetro en 43.30 segundos. Además, Fátima Samantha Cortez de Paz obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de martillo, con una marca de 40.09 metros. Santiago Orellana Sarti agregó una medalla de plata al finalizar segundo en los 110 metros con vallas, registrando 15.43 segundos.

En la categoría U18, Hendrick Jancarlos Averhoff Girón ganó los 3000 metros planos con un tiempo de 8:49.39, y Gianluca Marsicovetere se impuso en los 200 metros planos con 22.31 segundos. El equipo masculino de relevo 4x100 metros, conformado por Esteban Toralla, Gianluca Marsicovetere, Carlos Barrientos y Caleb Meneses, se adjudicó el oro con 42.90 segundos. Caleb Matías Meneses Waters sumó plata en los 200 metros planos con 22.45 segundos, mientras Garelyne Scarleth Pérez León fue segunda en lanzamiento de martillo, alcanzando 42.86 metros. Julio Adolfo Borja Pensamiento logró otra plata en salto con pértiga tras superar los 3.55 metros.

Guatemala también alcanzó podios en pruebas femeninas y de equipo. Emma Sofía Morán Aldana consiguió bronce en lanzamiento de martillo, con una marca de 42.12 metros, y Esteban Toralla Morales fue tercero en los 110 metros con vallas, con 14.60 segundos. Melisa Alejandra Reyes Xamínez se subió al podio en los 3000 metros planos, con un tiempo de 11:21.97. El equipo femenino de relevo 4x100 metros, compuesto por Valeria Annese, Katia Morales, Mia Herrera y Valeria Villavicencio, obtuvo bronce con un registro de 50.13 segundos.

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo resaltó la sobresaliente actuación de José Sebastián Albizu Díaz durante el Campeonato, al establecer un nuevo récord nacional y centroamericano en impulso de bala (6 kg), categoría U20, con una marca de 16.99 metros, lo que le permitió adjudicarse la medalla de oro. Este resultado reafirma el alto nivel que mantiene el atletismo guatemalteco en el ámbito regional.

Estos resultados consolidan la posición de Guatemala como referente del atletismo en la región, especialmente en categorías menores. La actuación en Managua es el reflejo del trabajo y la continuidad en el desarrollo de talentos. Varios de los atletas actuales cuentan con experiencia previa en campeonatos centroamericanos y han sumado preseas en ediciones anteriores. En 2025, Guatemala también lideró el medallero general en la edición mayor celebrada en Managua, con figuras como Mario Pacay y Mariandrée Chacón en pruebas de fondo y velocidad, y Sophie Pérez con récord centroamericano en lanzamiento de martillo.

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala felicitó a los atletas, entrenadores y delegados por los logros alcanzados, subrayando el compromiso y la disciplina que han situado al país como protagonista en el atletismo centroamericano. La delegación, compuesta por jóvenes promesas y atletas experimentados, demostró capacidad competitiva en pruebas individuales y de relevo, validando el proceso formativo implementado en los últimos años.

El desempeño en el Campeonato Centroamericano de Atletismo 2026 ratifica la vigencia y el crecimiento del atletismo guatemalteco en el ámbito internacional, con una generación de atletas que continúa sumando éxitos y posicionando al país en lo más alto del podio regional.

El Instituto Guatemalteco de Migración llevará a cabo una jornada móvil para la emisión de pasaportes en el municipio de San Juan Tecuaco, Santa Rosa, del 5 al 7 de mayo, con el propósito de descentralizar los servicios migratorios y facilitar el trámite a los habitantes de esta región. Esta iniciativa reducirá los traslados hacia la ciudad de Guatemala y eliminará el costo adicional por cita, según informó el Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). La entrega de los documentos gestionados durante esta jornada tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo, en el mismo punto donde se reciba la solicitud, permitiendo a los beneficiarios obtener el pasaporte con mayor comodidad.

El acceso a la jornada estará sujeto a cupo limitado, de acuerdo con lo comunicado por el IGM al medio AGN. Por esta razón, las autoridades solicitaron que quienes deseen participar agenden su cita en línea con anticipación y presenten el formulario generado debidamente firmado. Aquellos ciudadanos que ya cuenten con una cita programada en otra sede también podrán reprogramarla y optar por realizar su trámite en San Juan Tecuaco.

Esta acción se inscribe en la estrategia nacional del IGM de acercar sus servicios a la población fuera del área metropolitana, una medida que representa una alternativa para cientos de vecinos de Santa Rosa y municipios aledaños. La posibilidad de tramitar o renovar el pasaporte sin desplazarse hasta las oficinas centrales en la capital contribuye a la reducción de gastos de transporte y horas de espera, de acuerdo con el reporte del AGN.

Requisitos y costos para el trámite del pasaporte guatemalteco en 2024

Para aprovechar la jornada móvil, los interesados deberán presentarse en el salón de usos múltiples ubicado frente a la municipalidad y al parque central de San Juan Tecuaco, en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Es indispensable portar el documento personal de identificación (DPI) original y vigente, acompañado de una fotocopia de ambos lados en una sola hoja. Además, se debe presentar impreso el formulario de solicitud obtenido al agendar la cita en línea, el cual deberá estar firmado.

En el caso de tener un pasaporte vencido o próximo a vencer, se requerirá una copia de la hoja de datos del documento. Si se ha solicitado una prórroga anteriormente, se deberá incluir también una copia de la misma. Las autoridades del IGM enfatizaron, en declaraciones a AGN, la importancia de revisar cuidadosamente toda la documentación antes de acudir, a fin de evitar demoras en el proceso.

Los costos oficiales del pasaporte no registran variaciones para esta jornada móvil. El documento con vigencia de cinco años mantiene un precio de USD 50, mientras que el de 10 años cuesta USD 85 y solo puede ser solicitado por mayores de 18 años, según explicó el Instituto al medio AGN. El pago correspondiente debe realizarse conforme a los procedimientos habituales, aunque el trámite para obtener la cita en este operativo especial permanece sin costo.

Entrega personalizada y fechas definidas para recibir el pasaporte

El IGM estableció que la entrega de los pasaportes tramitados durante este operativo móvil será exclusivamente los días 12 y 13 de mayo, en el mismo salón de usos múltiples donde se gestionó la solicitud y en horario idéntico al de la jornada. El retiro del documento será personal: el titular deberá presentar el DPI original al momento de recoger el pasaporte. Esta medida busca garantizar seguridad y transparencia en el proceso, de acuerdo con la información oficial proporcionada a AGN.

Esta jornada móvil constituye parte de los esfuerzos institucionales para ampliar el acceso a trámites migratorios en distintas áreas del país, beneficiando especialmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a la capital. Con la programación de actividades similares en el territorio nacional, el Instituto Guatemalteco de Migración busca consolidar una red más cercana y eficiente de servicios documentales para la ciudadanía.

En distintas operaciones realizadas en Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a varias personas señaladas por delitos como portación ilegal de armas, homicidio en grado de tentativa, estafa, extorsión, abuso sexual y violación. Las capturas se ejecutaron en localidades de Alta Verapaz, Santa Rosa, El Progreso, Sacatepéquez, Escuintla, Sololá, San Marcos y Jutiapa, según reportes oficiales.

Luis “N”, de 60 años, fue capturado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la zona 8 de Villa Nueva. La detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de Mixco, que lo señala como presunto responsable de homicidio.

Según las investigaciones, Luis “N” habría disparado a un hombre de 23 años, provocando su muerte. El hecho ocurrió el 6 de abril de este año en el interior de un centro comercial ubicado en la zona 8 de Mixco. La captura forma parte de la #OperaciónCentinelaMetropolitano.

En la aldea La Esperancita del Río, en Chisec, Alta Verapaz, elementos de la Comisaría 51 arrestaron a Alberto “N”, de 31 años, a quien le decomisaron un rifle que no contaba con licencia legal. Por otro lado, en el departamento de Santa Rosa, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) informaron sobre la detención de Gamaliel “N”, de 35 años, quien portaba de manera ilegal una pistola, un cargador y 18 municiones.

En San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, la policía aprehendió a Yeison “N”, de 25 años, acusado de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, en San Lorenzo El Tejar, Pastores, Sacatepéquez, investigadores de DIPANDA capturaron a Jaqueline “N”, de 21 años, por el delito de estafa propia.

En el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso, fue capturada Berta “N” bajo cargos de extorsión. Además, en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18, la policía notificó a la interna Evelyn Yohana Ramírez Gómez, de 35 años, sobre una nueva orden de aprehensión por el delito de extorsión.

En Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Rolando “N”, de 34 años, se presentó en la subestación policial para denunciar el extravío de documentos, pero fue arrestado debido a una orden de captura por violación emitida en febrero de 2022 por un juzgado de Chiquimula.

Domingo “N”, de 40 años, fue detenido en Santa Lucía Utatlán, Sololá, por maltrato contra menores, de acuerdo con una orden girada por un juzgado local en abril de este año. Mientras que, en el caserío La Montañita, Malacatán, San Marcos, la policía capturó a Josías “N”, de 30 años, tras sorprenderlo abusando sexualmente de una menor de 14 años.

En el callejón Los Cocos, Jutiapa, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvieron a Juan “N”, de 45 años, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Las autoridades resaltaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir distintos delitos en el país. Varios de los detenidos enfrentan procesos judiciales en curso y fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

El informe “Horizonte azul de América Latina y el Caribe 2025” de la CEPAL describe el panorama de avances y desafíos que enfrentan El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana en la gestión sostenible de los océanos.

Costa Rica, Panamá y República Dominicana destacan por una proporción superior al 15 % de áreas marinas protegidas en sus zonas económicas exclusivas, mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras reportan porcentajes inferiores al 5%.

Estos países participan en convenios y protocolos internacionales para la protección marina, incluidos acuerdos regionales como el Convenio de Cartagena y, en algunos casos, los de Antigua y Lima. Costa Rica y Panamá han ratificado acuerdos internacionales clave como el de Altamar (BBNJ) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, mientras que Guatemala y República Dominicana también han formalizado su adhesión al acuerdo de la OMC.

La pesca artesanal representa una parte significativa de la captura marina en la región. En Centroamérica, el 43,2 % del volumen de pesca corresponde a este sector, cifra que alcanza el 51.9 % en el Caribe, donde República Dominicana muestra una alta dependencia.

En 2022, aproximadamente 1.5 millones de personas trabajaban en la pesca artesanal en América del Sur, con una participación femenina relevante en la acuicultura asociada. El informe señala avances en la implementación de marcos legales que reconocen y protegen el acceso de los pescadores artesanales a los recursos, especialmente en Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque persisten diferencias en el nivel de desarrollo de estos marcos.

En materia de investigación científica, únicamente El Salvador y Honduras reportaron datos sobre inversión anual en tecnología marina en el periodo 2013-2021, lo que refleja un rezago regional frente al promedio mundial.

Costa Rica y Panamá también figuran en la producción de publicaciones científicas en ciencias oceánicas, aunque su volumen se mantiene por debajo de los promedios globales.

Contaminación marina

La contaminación marina, principalmente por plásticos, continúa siendo un reto considerable para estos países. El Caribe, con apenas el 6,2 % de la población regional, concentra el 14 % de la basura marina total. Entre 2017 y 2022, la proporción de residuos que llega a las playas creció hasta el 67 % en la región.

El Salvador impulsa proyectos innovadores en el tratamiento de residuos y la economía circular, como la recuperación de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales, que buscan reducir la contaminación y diversificar los ingresos locales.

La CEPAL remarca la urgencia de ampliar la protección marina, fortalecer la gestión de áreas protegidas con recursos estables y monitoreo adaptativo, e integrar a comunidades locales e indígenas en la gobernanza. Recomienda, además, avanzar en el cumplimiento y ratificación de acuerdos internacionales sobre plásticos y nutrientes, y fomentar la adopción de prácticas productivas circulares.

“Es urgente acelerar la reducción de las fuentes de contaminación terrestre y marina, reforzar medidas de protección y uso sostenible en áreas de gran vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y eliminar progresivamente los subsidios perjudiciales para los ecosistemas marinos y terrestres y la sobrepesca", insta el organismo.

El Situado Constitucional representa el mecanismo central mediante el cual Guatemala distribuye recursos estatales a las 340 municipalidades del país, destinando un 10% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para financiar proyectos municipales en áreas como educación, salud preventiva, infraestructura y servicios públicos.

Esta transferencia anual —regulada tanto por la Constitución Política de la República de Guatemala como por el Código Municipal— busca fortalecer el desarrollo local y elevar la calidad de vida de los guatemaltecos, según información oficial recopilada por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Un aspecto clave del proceso es que el monto total asignado puede modificarse dentro del mismo año fiscal, dependiendo de la aprobación o ajustes sucesivos en el presupuesto estatal.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, si se amplía el presupuesto durante el ejercicio, el método de distribución se readecua para todos los municipios, un escenario que ocurrió en el ciclo fiscal más reciente con ajustes al presupuesto inicial.

Cálculo Matemático: el método técnico para repartir fondos a los municipios

La Comisión Específica es la encargada de desarrollar el denominado “Cálculo Matemático”, un proceso técnico y legal que determina cuánto recibe cada municipio.

Este procedimiento se estructura sobre criterios oficiales: la población, los ingresos propios por habitante y otras variables demográficas y económicas.

La comisión también asegura que la distribución de fondos esté respaldada exclusivamente en datos obtenidos de organismos oficiales.

Cada mes, antes del día 15, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas transfiere directamente los recursos a las 340 comunas, cumpliendo con los plazos estipulados.

El proceso comienza en septiembre, cuando la Comisión Específica realiza un precálculo basado en la información del año fiscal anterior y en el proyecto de presupuesto para el ciclo siguiente. El cálculo definitivo se concreta dentro de los primeros cinco días tras la entrada en vigencia del presupuesto anual.

La capacidad de consulta pública está garantizada: cualquier usuario puede acceder a los datos de transferencias municipales, correspondientes al año en curso, en la sección de Gestión Municipal del portal web del Minfin, detalló el Ministerio de Finanzas Públicas.

El 90% de los recursos debe destinarse a proyectos en beneficio de la población

El 90% del Situado Constitucional debe dirigirse obligatoriamente a la ejecución de programas y obras que beneficien directamente a los habitantes de cada municipio. Entre los destinos prioritarios figuran la educación, la salud preventiva, la infraestructura y la provisión de servicios públicos a nivel local. Solo un 10% puede utilizarse para gastos de funcionamiento administrativo de los gobiernos municipales.

La supervisión del uso de estos recursos recae en la Contraloría General de Cuentas (CGC), entidad responsable de efectuar auditorías periódicas para verificar la correcta utilización de los fondos. La CGC certifica que el dinero se emplee conforme a los objetivos establecidos en la legislación nacional y en el cálculo aprobado para cada municipio.

El método de reparto se nutre de la información oficial de diversas instituciones. El Ministerio de Finanzas Públicas aporta los datos sobre los ingresos propios de cada comuna. El Tribunal Supremo Electoral informa sobre la cantidad de municipios constituidos al momento del cálculo. Según el reporte del Ministerio de Finanzas Públicas, el Instituto Nacional de Estadística provee las cifras de población total por municipio y el número de aldeas y caseríos en cada jurisdicción. La Contraloría General de Cuentas se encarga de verificar que toda esta información sea auténtica y válida para el cálculo.

El Situado Constitucional es el instrumento mediante el cual el Estado de Guatemala asegura una distribución técnica, transparente y fiscalizada de los recursos públicos, proporcionando a las municipalidades los fondos necesarios para impulsar proyectos que incidan directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en cumplimiento estricto de los procedimientos legales y de control establecidos.

El Gobierno de El Salvador emitió este sábado un comunicado en el que resalta su disposición formal de brindar cooperación técnica a las autoridades de Honduras y Guatemala, con el objetivo de agilizar los procesos migratorios y aduaneros en las fronteras terrestres. La propuesta surge en respuesta al notable incremento de viajeros, que cruzaron hacia El Salvador durante el feriado por el 1 de mayo, Día del Trabajador y el fin de semana largo.

Según el comunicado, “el alto flujo de personas en los pasos fronterizos terrestres de la región ha generado demoras en los procesos de ingreso”, pero precisó que esas esperas ocurren del lado de los países vecinos, no en territorio salvadoreño. “Del lado salvadoreño, los procesos de ingreso se mantienen ágiles, con tiempos de atención promedio menores a tres minutos por familia y sin filas significativas”, señaló el texto oficial.

El gobierno salvadoreño enmarcó el fenómeno como una señal positiva. “El incremento en el flujo de visitantes refleja el creciente interés por ingresar a El Salvador, impulsado por las condiciones de seguridad, orden y desarrollo que vive el país”, indicó el comunicado.

El texto también destaca que El Salvador ofreció de manera formal cooperación técnica a las autoridades de los países vecinos para contribuir a agilizar los procesos en la región, y reiteró su “total disposición de colaborar en la implementación de medidas que faciliten el tránsito fronterizo”.

Filas de más de una hora en El Amatillo, la frontera más transitada entre Honduras y El Salvador

La aclaración llegó luego de que ciudadanos hondureños reportaran largas filas y esperas prolongadas en la frontera de El Amatillo, ubicada entre el municipio de Goascorán, en el departamento de Valle (Honduras), y el departamento de La Unión (correspondiente al territorio salvadoreño) durante el 1 de mayo.

A través de redes sociales, varios viajeros denunciaron que permanecieron en fila durante una hora o más, con un avance lento que generó molestia entre quienes buscaban llegar temprano a territorio salvadoreño. El hecho fue recogido por medios hondureños como HCH, que documentaron la saturación en el paso fronterizo.

Desde tempranas horas del viernes 1 de mayo, decenas de vehículos y buses se desplazaron hacia la zona fronteriza. El asueto, sumado al sábado y domingo, llevó a muchas familias hondureñas a organizar viajes cortos hacia los destinos turísticos de El Salvador.

La percepción de mayor seguridad en El Salvador se ha consolidado como uno de los principales factores que impulsan el turismo regional hacia ese país. Para muchos hondureños, el país vecino ofrece una combinación de precios accesibles, variedad de destinos costeros e históricos, y un ambiente que contrasta con la inseguridad que aún afecta a otras zonas de Centroamérica. Esa tendencia se repite en cada temporada de feriados, con El Amatillo como uno de los principales termómetro del flujo de visitantes entre ambas naciones.

Autoridades salvadoreñas aclararon que del lado de su territorio los controles migratorios y aduaneros se mantienen ágiles, con tiempos de atención promedio menores a tres minutos por familia y sin inconvenientes para los viajeros.

La captura de Zuly “N”, conocida como “La Canche”, integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha en Guatemala, marca un nuevo avance contra las maras salvadoreñas y pone de relieve el uso sistemático de armas robadas y el involucramiento de mujeres en puestos clave dentro de estos grupos, de acuerdo con información de PNC Guatemala. “La Canche” fue localizada en la 29.ª avenida y 23.ª calle de la colonia 4 de Febrero, zona 7 de la capital, detenida por el delito de asociación ilícita, un cargo que conlleva penas que oscilan entre seis y ocho años de prisión según la Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala.

El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006), que sanciona con entre seis y ocho años de prisión a quienes participen o integren asociaciones que tengan por objeto cometer delitos o, tras su constitución, los promuevan. La misma ley prevé de seis a diez años de cárcel para quienes organicen, promuevan o pertenezcan a grupos armados no autorizados. “Comete el delito de asociación ilícita quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo: Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su comisión; y, las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.”

La detención de Zuly “N”, de 42 años, se inscribe en una ofensiva más amplia contra las maras, que en la última semana incluyó el arresto de alias “La Baby”, quien portaba una pistola sin registro válido y es identificada como miembro de la pandilla Barrio 18. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, “La Baby”, cuyo nombre es Deivi “N”, fue interceptada en la colonia Valle de Las Flores, Palín, Escuintla, mientras transportaba un arma de fuego presuntamente destinada a sicarios de su misma organización. El operativo policial evitó un potencial ataque armado, según la comisaría 31 de la PNC. Estas operaciones no solo buscan capturar a individuos, sino también “salvar la vida de personas” y desmantelar estructuras armadas con capacidad de operar en varios departamentos del país.

Autoridades incautan armas robadas y arrestan a integrantes de la Mara Salvatrucha

Paralelamente a estos hechos, la Policía Nacional Civil de Guatemala reportó la detención de cuatro integrantes activos de la Mara Salvatrucha: Morguin, de 39 años; Manuel, de 27; Frexon, de 29; y Mario, de 22. Dos de los capturados provienen de Cuilapa, Santa Rosa y los otros dos de la zona diecinueve de la capital. Estos sujetos se movilizaban a bordo de un vehículo particular con placas 399 KFH, donde la PNC halló tres pistolas ilegales —una Glock con reporte de robo del 15 de julio de 2025, una Ranger robada el 25 de noviembre de ese mismo año y una Pietro Beretta— junto con tres tolvas y municiones, incluidas balas para fusil.

Entre los detenidos destaca Morguin, quien registra cuatro antecedentes penales por delitos como asesinato, tenencia y transporte ilegal de armas (incluidos artefactos con numeración alterada), cometidos entre 2017 y 2018, conforme a los registros de la propia policía. La recurrencia de estos delitos evidencia tanto la reincidencia como la capacidad de las maras para rearmarse en períodos cortos.

El arresto de estos cuatro mareros y la incautación de armas ocurren bajo la sospecha de que pertenecen a una célula dedicada al sicariato y a la extorsión, modalidades habituales de las operaciones de la Mara Salvatrucha. Las autoridades han iniciado un peritaje para determinar si las armas incautadas están relacionadas con ataques armados recientes, según detalló un agente policial a PNC Guatemala: “Las armas de fuego serán analizadas a través del peritaje correspondiente de DNIF para determinar si han sido utilizadas en ataques armados.”

En síntesis, la reciente captura de mujeres con rangos operativos, la confiscación de armas con antecedentes de robo y el arresto de mareros reincidentes subrayan el carácter grave y persistente de la criminalidad asociada a las maras en Guatemala. Las acciones de la Policía Nacional Civil buscan frenar el tráfico de armas ilegales y disminuir la capacidad de estos grupos para perpetrar ataques y extorsiones.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), realizó un operativo en el municipio de Las Cruces, Petén, que resultó en la erradicación de 87,800 matas de marihuana. La acción se llevó a cabo en colaboración con el Ejército de Guatemala en áreas montañosas cercanas al caserío Flor de la Esperanza, donde las autoridades identificaron y destruyeron tres zonas de cultivo ilícito.

El operativo permitió localizar e incinerar los sembradíos, que se encontraban en fase de aprovechamiento. Según el avalúo oficial, la droga incinerada está valorada en aproximadamente Q. 43,900 (5,747.81 dólares). Las acciones forman parte de una estrategia planificada para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas en áreas rurales del país.

La SGAIA reportó resultados positivos durante la operación, subrayando la importancia de la denuncia ciudadana para la identificación y localización de estos cultivos. Las autoridades agradecieron los reportes recibidos a través de la Línea Antinarcótica, que han facilitado la detección temprana de actividades ilícitas.

Desde enero hasta abril de 2026, la PNC de Guatemala ha intensificado las acciones para combatir el narcotráfico, tanto en la erradicación de plantaciones como en la captura de implicados en actividades ilícitas. De acuerdo con reportes oficiales y publicaciones institucionales, durante los primeros cuatro meses del año las fuerzas antinarcóticas han logrado varios golpes significativos contra estructuras dedicadas al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas.

Entre las acciones más destacadas se encuentran operativos conjuntos con el Ejército, en los que se han desmantelado plantaciones de marihuana y amapola, así como laboratorios clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas. Las autoridades han informado sobre la destrucción de sembradíos en departamentos como Petén, San Marcos y Alta Verapaz, zonas identificadas como áreas de alta incidencia para el cultivo ilegal.

Además de la erradicación, la PNC reportó la detención de individuos vinculados con el narcotráfico durante allanamientos y patrullajes en comunidades rurales. Estos arrestos han sido catalogados como parte de una estrategia integral que abarca la disuasión, persecución penal y la reducción del impacto de las organizaciones criminales en las comunidades.

Las estrategias implementadas incluyen el refuerzo de la vigilancia en corredores identificados como rutas del narcotráfico, la intervención en puntos de almacenamiento y distribución de drogas, y la cooperación con organismos internacionales para el intercambio de información y mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado. El uso de tecnología y la capacitación continua del personal policial han sido factores clave en la obtención de resultados favorables.

Impacto y proyección

La destrucción de más de 87 mil matas de marihuana en Petén representa uno de los mayores golpes a la producción ilícita de drogas detectados en lo que va de 2026. Según autoridades antinarcóticas, estas acciones buscan cortar la cadena de suministro desde la raíz, dificultando el acceso a la materia prima para las estructuras criminales y limitando la oferta de estupefacientes en el mercado interno y externo.

Las operaciones de erradicación no solo buscan reducir la disponibilidad de droga, sino también afectar las fuentes de financiamiento de grupos dedicados al narcotráfico. El debilitamiento de estas estructuras contribuye a la seguridad ciudadana y al control territorial en regiones tradicionalmente afectadas por la presencia de actividades ilícitas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para continuar denunciando de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcotráfico, recordando la importancia de la colaboración comunitaria en la lucha contra este fenómeno. La PNC y el Ejército de Guatemala mantienen su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas para enfrentar el desafío del narcotráfico, priorizando la erradicación de cultivos ilícitos y la captura de los responsables de estas actividades.

El Escuadrón Naval de la Amistad de la República de China (Taiwán) arribó a la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral y militar entre Guatemala y Taiwán. La llegada, tras recorrer más de veinte mil millas náuticas y ocho años desde su última visita, representa un símbolo de hermandad y de compromiso con la cooperación regional.

La visita del Escuadrón Naval de la Amistad, conformado por más de setecientos ochenta tripulantes, se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países, que mantienen relaciones formales desde 1934. Según datos difundidos por el Ejército de Guatemala, la agenda está centrada en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, con especial énfasis en la consolidación de capacidades institucionales en materia de defensa.

Durante la ceremonia de bienvenida, el comandante del escuadrón expresó que “regresar a Guatemala constituye un motivo de especial orgullo y emoción, simbolizando la firmeza y la permanencia de nuestra amistad”. El oficial agradeció la hospitalidad del pueblo guatemalteco y destacó el apoyo recibido por parte de autoridades locales, la embajada de Taiwán y la comunidad taiwanesa en Guatemala.

Por su parte, Vivian Chan Chun-fei, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de China (Taiwán), resaltó el significado de la visita como muestra de un compromiso compartido por la paz, la estabilidad regional y la colaboración internacional. Chan subrayó la presencia de tres cadetes guatemaltecos próximos a graduarse de academias militares en Taiwán, “reflejo de un porvenir compartido entre ambas naciones”. La embajadora también detalló que durante la estancia se otorgarán condecoraciones de mérito naval a autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, así como reconocimientos a instituciones que han facilitado la visita.

En su intervención, el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, general de división Henry David Sáenz Ramos, afirmó que el arribo del escuadrón “es una expresión clara y tangible de la estrategia del Ministerio de la Defensa Nacional, apoyada por la Embajada de la República de China, Taiwán, y Guatemala, basada esencialmente en cooperación, respeto y apoyo mutuo”. Según el funcionario, el vínculo entre ambos países se ha fortalecido con la firma de un convenio de cooperación militar en 2025, el cual ha permitido ampliar los intercambios de conocimiento y el entrenamiento conjunto, así como el incremento de becas de especialización para oficiales guatemaltecos en Taiwán.

Sáenz Ramos enfatizó que estas oportunidades han elevado el nivel de profesionalización de la Marina de la Defensa Nacional, permitiendo a oficiales guatemaltecos integrarse a cruceros de instrucción en Taiwán, lo que refuerza la confianza y la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países. “El Escuadrón de la Amistad representa mucho más que una capacidad naval. Es una embajada flotante de proyección de valores, cultura, disciplina y profesionalismo”, afirmó el ministro durante el acto.

De acuerdo con el Ejército de Guatemala, la visita incluye una agenda orientada al intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la consolidación de relaciones bilaterales en materia de defensa. El gobierno guatemalteco reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y la construcción de vínculos estratégicos para la seguridad y el desarrollo integral del país.

La presencia del escuadrón también resalta el interés de ambos gobiernos por impulsar iniciativas conjuntas en sectores como educación, salud, infraestructura, innovación, agricultura y tecnología. Las autoridades esperan que la estadía del contingente taiwanés en Guatemala permita avanzar en nuevos proyectos de acercamiento y colaboración.

Las ceremonias oficiales contaron con la participación de funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional, la empresa portuaria Quetzal, representantes departamentales y miembros de la comunidad taiwanesa. Al cierre de la jornada, la delegación taiwanesa fue reconocida por su contribución al fortalecimiento de los lazos bilaterales y por su disposición a compartir conocimientos y prácticas con sus pares guatemaltecos.

Según información recogida en la página oficial del Ejército de Guatemala, la visita del Escuadrón Naval de la Amistad simboliza la estrecha relación bilateral y apunta a consolidar una cooperación institucional basada en principios de libertad, democracia y respeto mutuo.

Las autoridades de Guatemala detuvieron este jueves a dos empleados públicos por su presunta implicación en la facilitación de documentos falsos a Fernando Farías Laguna, un prófugo mexicano capturado recientemente en Argentina. Según informó la agencia EFE, la investigación apunta a la participación de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renap) en la expedición irregular de un Documento Personal de Identificación (DPI) que permitió al fugitivo eludir la justicia mexicana durante varios meses.

De acuerdo con datos recabados por EFE, el operativo, denominado “Guachicoleros del Renap”, se llevó a cabo en el municipio de San José del Golfo, dentro del departamento central de Guatemala, e incluyó tres allanamientos coordinados por el Ministerio Público. Las personas arrestadas fueron identificadas como Y. A. Mayén, operadora registral acusada de supresión y alteración del estado civil, y L. R. López, señalado por incumplimiento de deberes.

El informe de EFE destaca que los funcionarios implicados habrían usado sus cargos para facilitar de manera ilegal un DPI guatemalteco a Fernando Farías Laguna, quien figura en los registros bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos. Esta maniobra permitió que el ciudadano mexicano, acusado en su país de encabezar una red de robo y tráfico de hidrocarburos, viajara fuera de México y llegara hasta territorio argentino.

Según la Fiscalía de Guatemala, los hechos atribuidos a los empleados públicos constituyen acciones individuales y dolosas. En un comunicado recogido por EFE, el Renap afirmó: “Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa”. La institución subrayó que ya activó los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo acciones de despido, y enfatizó que la conducta de los acusados “no representa el funcionamiento institucional” de la entidad, que actualmente colabora con el Ministerio Público para preservar la seguridad jurídica del sistema registral.

El caso ha adquirido notoriedad internacional debido a la magnitud de las acusaciones contra Farías Laguna, identificado como contralmirante y presunto líder de una red de tráfico de combustibles, fenómeno conocido en México como “huachicoleo”. De acuerdo con lo publicado por EFE, el prófugo permanecía en situación de fuga desde agosto de 2025, hasta que fue localizado y arrestado en Argentina el pasado 24 de abril.

Las pesquisas revelan que el uso de la identidad guatemalteca falsa habría sido clave para que Farías Laguna eludiera los controles migratorios y extendiera su huida. Las autoridades argentinas, tras recibir información de los organismos de Guatemala y México, detuvieron al sospechoso, quien ahora podría enfrentar procesos de extradición por los delitos imputados en su país de origen.

El caso pone en relieve la vulnerabilidad de los sistemas de registro civil ante posibles actos de corrupción y el impacto que estas acciones pueden tener en la lucha contra el crimen transnacional. Mientras tanto, la Fiscalía guatemalteca continúa con las investigaciones para determinar si existen más funcionarios involucrados en la expedición fraudulenta de documentos.

En el transcurso de las diligencias, el Ministerio Público de Guatemala reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades internacionales para esclarecer el caso y fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema registral. EFE indicó que la institución trabaja de manera conjunta con el Renap y otras dependencias para evitar que hechos similares se repitan.

La detención de Farías Laguna y la captura de los empleados públicos en Guatemala han generado atención tanto en los medios locales como en la comunidad internacional, al evidenciar la complejidad de las redes de apoyo que facilitan la fuga de personas buscadas por delitos graves. Según los reportes de EFE, las autoridades consideran prioritario desarticular cualquier estructura que contribuya a la falsificación de documentos oficiales y a la protección de prófugos de alto perfil.

En una ceremonia realizada el 30 de abril en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, Sergio Fernando Parada Higueros fue distinguido con el Cambio de la Rosa de la Paz, uno de los reconocimientos más significativos del país. El acto, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, reunió a autoridades, familiares y representantes de organizaciones sociales, quienes celebraron la labor pionera de Parada en la promoción de la Lengua de Señas de Guatemala (Lensegua) y en la defensa de los derechos de la comunidad sorda.

Según informó el propio Ministerio, Parada fue nombrado Mensajero de la Paz por su trabajo a favor de la accesibilidad y la inclusión comunicativa. La entrega de la rosa, símbolo nacional de reconciliación, estuvo a cargo de su hija Tikalia Ixmucané Parada Gutiérrez, mientras que el ministro Luis Méndez Salinas oficializó el reconocimiento ante la presencia de invitados especiales y directivos culturales.

Durante el evento, Parada expresó: «Recibo este reconocimiento con inmensa humildad y gratitud. Más que un logro personal, esta designación pertenece a todos quienes trabajan incansablemente en las comunidades, eligiendo el diálogo sobre el conflicto y la esperanza sobre el miedo». Según detalló el Ministerio, la ceremonia incluyó la participación de su otra hija, Doris Melissa Parada Gutiérrez, quien leyó una semblanza de su padre y subrayó su trayectoria como referente histórico en la defensa de los derechos de las personas sordas en Guatemala.

De acuerdo con los organizadores, Parada es hijo de Mariano Parada y Berta Higueros de Parada, quienes protagonizaron el primer matrimonio de personas sordas en el país. Desde una edad temprana, se convirtió en un puente entre el mundo oyente y el mundo sordo, experiencia que marcó el rumbo de su vocación profesional. Actualmente preside la Asociación de Intérpretes para Sordos y Sordociegos de Guatemala, entidad que impulsa proyectos de accesibilidad en diferentes sectores.

El ejemplo de inclusión que marcó a la comunidad sorda guatemalteca

El Ministerio de Deporte y Cultura reportó que Parada ha dedicado más de cuatro décadas a impulsar la Lensegua como derecho lingüístico y herramienta de inclusión. Entre sus principales logros figura la adaptación de la Cartilla Cívica, el Himno Nacional de Guatemala, la Jura a la Bandera y la Oración del Padre Nuestro al sistema de señas, acciones que han permitido ampliar el acceso a la información y la participación plena de la comunidad sorda en la vida pública.

Durante la ceremonia, el ministro Méndez Salinas resaltó: «Esta rosa representa años de abrir canales entre dos mundos que nunca debieron estar separados. Representa la dignidad de la comunidad sorda y el derecho de todas las personas a participar plenamente en la vida del país».

El reconocimiento a Parada destaca su papel como intérprete profesional, formador y promotor de la lengua de señas. Además de su labor en el ámbito educativo, su influencia alcanza espacios médicos, religiosos, legales y culturales, consolidando su figura como uno de los principales referentes en la defensa de la accesibilidad comunicativa en Guatemala.

En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala ha puesto sobre la mesa una realidad cruda que empaña cualquier celebración: la gran mayoría de la fuerza laboral del país sobrevive en la sombra de la informalidad.

Según las últimas estimaciones oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEIC T2-2025), de los 8,2 millones de personas que integran la fuerza de trabajo, un alarmante 66.2% se desempeña en el sector informal. Esta cifra no es solo un dato estadístico; es el reflejo de una vulnerabilidad sistémica que afecta la calidad de vida de millones de familias.

Guatemala cuenta con una Constitución Política que reconoce derechos fundamentales como la libre elección de empleo, la remuneración equitativa y la estabilidad laboral. Además, el Estado ha ratificado convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar la libertad sindical y erradicar el trabajo infantil.

Sin embargo, existe un abismo profundo entre lo que dicta la ley y lo que sucede en la práctica. El dato más revelador de esta desconexión es que apenas un 20.2% de la población ocupada tiene acceso al seguro social. Esto significa que 8 de cada 10 trabajadores están desprotegidos ante enfermedades, accidentes laborales o la vejez, careciendo de una red de seguridad básica para el futuro.

¿Por qué es tan preocupante el alza de la informalidad?

La preocupación radica en que la informalidad genera un círculo vicioso de pobreza y baja productividad. El trabajador informal no solo percibe, por lo general, ingresos más bajos y variables, sino que queda excluido de beneficios de ley como el aguinaldo, el bono 14 y las vacaciones pagadas.

Además, desde una perspectiva macroeconómica, una tasa tan alta de informalidad limita la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos. Al haber menos personas y empresas tributando en el sistema formal, se reduce el presupuesto para salud, educación e infraestructura, lo que a su vez frena el desarrollo humano y la competitividad del país a nivel regional.

A la informalidad se suma otro factor crítico: el 13.6% de la población se encuentra en situación de subempleo. Esto implica que miles de guatemaltecos trabajan menos horas de las que necesitan o realizan labores que no aprovechan sus capacidades y talento.

Como bien señala la cartera laboral, “las personas trabajadoras, con su dignidad, esfuerzo y talento, sostienen el tejido económico”. No obstante, cuando el mercado laboral no ofrece plazas formales suficientes, ese talento se desperdicia o se ve forzado a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras, alimentando el fenómeno de la migración.

Muchos consideran que la informalidad es una “válvula de escape” que evita un desempleo total, pero sus efectos a largo plazo son devastadores para el desarrollo nacional:

1. Baja Recaudación Fiscal: Al no estar registrados formalmente, ni las empresas ni los empleados contribuyen plenamente al fisco. Esto priva al Estado de recursos vitales para invertir en la misma infraestructura y educación que podrían ayudar a formalizar el país.
2. Incapacidad de Ahorro y Crédito: Un trabajador sin contrato difícilmente accede a un crédito bancario para vivienda o para emprender formalmente, quedando atrapado en ciclos de préstamos usureros.
3. Competencia Desleal: Las empresas que sí cumplen con todas las cargas legales y prestaciones de ley compiten en desventaja contra sectores que ignoran estas normativas para reducir costos.

El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, se reunieron este viernes con representantes de los docentes de secundaria contratados bajo el renglón presupuestario 021 para avanzar en el proceso de incorporarlos al renglón 011, la figura de personal permanente del Ministerio de Educación (Mineduc). El encuentro tuvo lugar el mismo día que educadores de ese renglón marcharan en Ciudad de Guatemala en el marco del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo.

La distinción entre ambos renglones es una diferencia de fondo en las condiciones laborales de miles de docentes guatemaltecos. Quienes trabajan bajo el renglón 021, denominado “personal supernumerario”, están vinculados al Estado mediante contratos temporales que no incluyen prestaciones como aguinaldo, Bono 14, vacaciones ni indemnización.

Mientras que, el renglón 011, en cambio, corresponde al personal permanente y garantiza estabilidad laboral plena y el acceso a esos beneficios. Según datos del Mineduc correspondientes a 2024, retomados por el medio Prensa Libre, más de 27 mil docentes permanecían bajo el renglón 021, frente a más de 135 mil contratados en el renglón 011.

Durante la mencionada movilización del 1 de mayo, un grupo de educadores marchó por las calles de la capital con pancartas que demandaban la aprobación urgente de la iniciativa 6591.

La iniciativa de Ley 6591 presentada en el Congreso de Guatemala propone trasladar a los maestros contratados bajo los renglones 021 y 022 al renglón 011 del Ministerio de Educación, otorgándoles estabilidad laboral y los mismos beneficios que los docentes con plaza fija. El Mineduc tendría dos meses para identificar las plazas vacantes y seis meses para realizar los traslados, abarcando todos los niveles educativos. La propuesta fue ingresada el 19 de agosto de 2025 por el diputado José Alberto Chic Cardona y actualmente está en análisis en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Aún no ha sido aprobada como ley.

Gobierno avanza en el diálogo con docentes

En medio de la jornada colectiva, el presidente Arévalo y la ministra Giracca recibieron a los representantes docentes. El Mineduc señaló que desde el inicio de la administración actual existe plena conciencia sobre la importancia de atender esta demanda y que la cartera ha trabajado para construir una ruta viable dentro del marco legal y presupuestario.

“Este esfuerzo forma parte del proceso de ordenamiento, fortalecimiento institucional y recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación”, indicó el Mineduc en un comunicado oficial.

Al cierre del encuentro, los representantes docentes entregaron reconocimientos al presidente Arévalo y a la ministra Giracca por el apoyo a la dignificación del sector. La medida fue recibida como un gesto de reconocimiento al diálogo sostenido, aunque el traslado definitivo al renglón 011 aún depende de los avances presupuestarios y legislativos correspondientes.

La marcha general del Día del Trabajo, que partió desde el Monumento al Trabajo, conocido como “El Muñecón”, en la zona 5, hasta la Plaza de la Constitución, congregó a cerca de 25 mil personas y más de 400 agrupaciones sindicales y sociales de distintos departamentos, de acuerdo con Luis Armando López Cortez, secretario general de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

En un operativo realizado en la colonia Valle de Las Flores, Palín, Escuintla, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Deivi “N”, alias “La Baby”, de 37 años, quien portaba una pistola ilegal oculta en una cartera, según confirmaron fuentes oficiales. La PNC destacó que la detención permitió prevenir un hecho de violencia en la zona.

La aprehensión ocurrió cuando los agentes de la comisaría 31 interceptaron la camioneta Mitsubishi blanca, placas P-694FBL, en la que se desplazaba “La Baby”. Durante el registro, hallaron una pistola marca Bersa, calibre 22 mm, sin la documentación legal extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM). De acuerdo con el informe divulgado por la PNC de Guatemala, la detenida pretendía trasladar el arma para entregarla a sicarios vinculados a la estructura criminal Barrio 18.

Las autoridades resaltaron que la intervención policial permitió anticiparse a un ataque armado y proteger la vida de posibles víctimas en el sector. La información oficial señala que “La Baby” integra la pandilla Barrio 18 y que la pistola incautada sería utilizada para la ejecución de actos violentos en la misma localidad.

Según el reporte divulgado, la captura de Deivi “N” constituye una acción preventiva contra el accionar de grupos criminales armados en Escuintla. La PNC reiteró que continuará con los operativos de patrullaje e inteligencia en la región para reducir el riesgo de hechos violentos asociados a pandillas.

Fuentes de la Policía Nacional Civil subrayaron que la documentación del arma decomisada será remitida a las autoridades competentes para ampliar la investigación sobre su procedencia y posibles vínculos con otros delitos recientes en Palín.

Transporte ilegal de armas en Guatemala: sanciones y clasificación según la Ley de Armas y Municiones

El artículo 118 de la Ley de Armas y Municiones de Guatemala tipifica el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego. Según la normativa, cualquier persona que transporte o traslade armas de fuego dentro del territorio nacional sin contar con la licencia extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) incurre en delito y es sancionada con prisión de ocho a diez años inconmutables, además del comiso de las armas involucradas.

La ley agrava la sanción si las armas transportadas son clasificadas como de uso bélico, de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas, armas experimentales o armas artesanales (hechizas). En estos casos, la pena se eleva a entre diez y quince años de prisión inconmutables y comiso de las armas.

El objetivo de esta disposición es controlar el desplazamiento de armas en el país y sancionar con severidad la portación y traslado no autorizados, especialmente cuando se trata de armas de mayor peligrosidad.

La diferencia entre tenencia y portación de armas

La tenencia permite poseer un arma dentro de un inmueble declarado para defensa personal. En cambio, la portación autoriza llevar el arma fuera de la propiedad registrada, siempre con licencia y sin exhibirla en público, según el Artículo 131. Funcionarios advirtieron que portar un arma sin permiso puede derivar en sanciones legales.

Según la información oficial, la actividad volcánica reciente incluyó desgasificación constante y explosiones débiles a moderadas, con columnas de gas y ceniza que alcanzaron hasta 1,000 metros de altura. Se reportó que la caída de ceniza fina se extendió hacia comunidades cercanas, con potencial de afectar cultivos, techos de viviendas y condiciones de salud. Las autoridades prevén que la actividad del volcán se mantenga durante las próximas semanas.

El INSIVUMEH documentó que el fenómeno principal fue el descenso de las corrientes piroclásticas, es decir, nubes densas de gas y material volcánico que se desplazan a gran velocidad por las laderas del volcán.

Este comportamiento generó un incremento en la presencia de ceniza en áreas aledañas, exigiendo monitoreo continuo y acciones preventivas. “La actividad se acompañó de desgasificación constante y explosiones débiles a moderadas, con columnas de gas y ceniza de hasta 1,000 metros”, señala el aviso distribuido por la CONRED en sus redes sociales.

Por ende, esta situación podría provocar la presencia de ceniza en el departamento de Quetzaltenango. Según proyecciones numéricas elaboradas por el INSIVUMEH, se estima que el viento continuará en esa misma dirección durante el sábado.

Recomendaciones oficiales ante el riesgo en el entorno del volcán Santiaguito

Frente a este escenario, la Secretaría Ejecutiva de CONRED recomendó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al descenso de lahares, revisar y socializar los mapas de descenso de lahares, así como los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras. El aviso también subraya la importancia de mantenerse informados a través de medios oficiales, como la CONRED y el INSIVUMEH.

Entre las instrucciones emitidas, la CONRED pidió “atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la SE-CONRED ante el descenso de lahares” y dar seguimiento a los mapas de dispersión de ceniza emitidos por el ente científico. La entidad recordó que estos materiales piroclásticos pueden representar un peligro para la población, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los lahares tienen mayor probabilidad de descender por las barrancas que rodean el volcán.

La zona del volcán Santiaguito se caracteriza por su actividad eruptiva frecuente y la generación de corrientes piroclásticas, lo cual ha exigido a los organismos científicos y de protección civil mantener una vigilancia continua. En años recientes, eventos similares han obligado a evacuar comunidades y tomar medidas para proteger la infraestructura y la salud de los habitantes.

La CONRED reiteró además la importancia de seguir únicamente la información oficial y evitar la propagación de rumores o datos inexactos que puedan generar confusión o pánico entre la población.

Las fiscalías generales de Guatemala y El Salvador han intensificado su colaboración regional mediante una serie de reuniones orientadas a la modernización institucional y al desarrollo conjunto de estrategias para la persecución penal y el combate al crimen transnacional.

El más reciente encuentro estuvo encabezado por María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público de Guatemala, y Rodolfo Antonio Delgado Montes, fiscal general de El Salvador.

Ambos funcionarios consolidaron una agenda común centrada en la cooperación técnica y tecnológica, así como en la defensa de la autonomía institucional, informó el Ministerio Público de Guatemala.

Estas acciones buscan fortalecer los vínculos interinstitucionales y modernizar los sistemas de gestión, investigación y tramitación de denuncias, mediante el uso estratégico de tecnologías de la información.

Durante la reciente visita oficial, la delegación de El Salvador conoció el funcionamiento de la plataforma ASTREA, el sistema de denuncia electrónica, aplicaciones móviles y mecanismos inteligentes de investigación criminal, según datos oficiales del Ministerio Público guatemalteco. El bloque regional de fiscales revisó también el funcionamiento del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), como parte de un esfuerzo concreto para coordinar respuestas al narcotráfico en la región.

La Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Delgado Montes y acompañada por los fiscales adjuntos Jaime Cruz y David Vaquero, así como por altos cargos técnicos y asesores en cooperación, sistemas informáticos y gestión, visitó Guatemala.

Por parte de Guatemala, la comitiva liderada por Porras incluyó a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Erick Schaeffer, primer subsecretario general; Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción; Eduardo Mejía, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Melvin Portillo, secretario de Política Criminal, entre otros funcionarios.

El intercambio de experiencias tecnológicas y buenas prácticas, eje de la cooperación entre fiscalías

Ambas instituciones han priorizado la modernización de sistemas y la capacitación del personal como claves para garantizar una justicia más eficiente y accesible a la ciudadanía.

La reunión incluyó una presentación ejecutiva sobre los principales avances tecnológicos del Ministerio Público de Guatemala, en la que se destacaron la digitalización de procesos, el uso del expediente electrónico y la implementación de plataformas móviles y sistemas de comunicación interinstitucional.

La delegación salvadoreña participó en estas sesiones, evaluando oportunidades de colaboración en innovación tecnológica y fortalecimiento de la justicia.

La relación entre las fiscalías generales de Guatemala y El Salvador comenzó formalmente en mayo de 2025, con una serie de encuentros orientados al intercambio técnico y el apoyo mutuo en la investigación penal.

Estos encuentros de alto nivel refuerzan la voluntad de ambos países de consolidar mecanismos regionales de coordinación para enfrentar desafíos comunes en materia de persecución penal y crimen organizado, mientras promueven la autonomía de las instituciones involucradas.

Sobre los alcances y resultados de la última reunión, el Ministerio Público de Guatemala precisó que la cooperación técnica con El Salvador abarca desde la transferencia de tecnología hasta la capacitación de personal y el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos para la investigación penal. Estos esfuerzos buscan “elevar la calidad de los servicios en beneficio de la población” y mantener la eficacia ante delitos transfronterizos, en particular el narcotráfico, con la participación activa de organismos como el CICNAG y el impulso a la transformación digital de ambos ministerios públicos.

Las autoridades de ambas naciones reiteraron que el fortalecimiento de la cooperación no solo contribuye a afrontar el narcotráfico y el crimen organizado, sino que impulsa la innovación permanente en los sistemas de justicia de Guatemala y El Salvador.

En un operativo realizado en la zona 1 de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) localizó y expulsó este viernes a Óscar Ernesto M., alias “Neto”, señalado como palabrero de la calle e integrante de la Mara Salvatrucha en El Salvador.

Según informó la PNC en un comunicado oficial, el salvadoreño fue identificado como uno de los responsables de coordinar actividades de reclutamiento y control territorial en la frontera entre Guatemala y México.

De acuerdo con la información proporcionada por la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), Óscar había ingresado a territorio guatemalteco con el objetivo de fortalecer la estructura de la Mara Salvatrucha en los municipios fronterizos de Huehuetenango.

Los agentes de la DIPANDA lo ubicaron tras una investigación que incluyó patrullajes preventivos y labores de inteligencia en la región.

Tras confirmarse su identidad y su vinculación directa con la organización criminal, las autoridades lo trasladaron de inmediato a la frontera de San Cristóbal, en el departamento de Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades migratorias para su expulsión y posterior entrega a las fuerzas de seguridad de El Salvador.

Por medio de redes sociales, la PNC detalló: “El salvadoreño fue expulsado tras comprobarse su rango de Homeboy dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha en El Salvador y su misión de reclutar nuevos integrantes en Guatemala”.

Más de veinte salvadoreños vinculados a pandillas han sido expulsados por Guatemala en 2026

Según los datos oficiales de la PNC, de enero a la fecha, 1 de mayo de 2026, han sido localizados un total de 36 salvadoreños con nexos a maras y pandillas. De ese número, 21 han sido expulsados del país y 15 permanecen en prisión bajo cargos relacionados con distintos delitos.

“El fortalecimiento de los controles migratorios y la cooperación internacional son claves para impedir que organizaciones como la Mara Salvatrucha sigan extendiendo su accionar en la región”, puntualizó el comunicado de la Policía guatemalteca.

La División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas reiteró que mantiene operativos constantes para detectar la presencia de integrantes de maras en el territorio nacional y que existe un protocolo de coordinación con las autoridades migratorias y policiales de El Salvador para la repatriación inmediata de personas vinculadas a estructuras criminales.

“La DIPANDA ha logrado desarticular varias células de la Mara Salvatrucha y otros grupos organizados en puntos estratégicos del país, gracias a la colaboración interinstitucional y el intercambio de información con los países vecinos”, indicaron las autoridades.

Las acciones recientes reflejan la preocupación de las fuerzas de seguridad guatemaltecas ante el fenómeno del desplazamiento de mareros desde El Salvador hacia Guatemala, motivado por los operativos de seguridad implementados en el país vecino.

La entrega de Óscar Ernesto M. a las autoridades salvadoreñas representa el último caso registrado en la serie de expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional Civil de Guatemala en el marco de su política de cooperación regional para combatir el crimen organizado transnacional, tal como lo informa la institución en sus canales oficiales.

El Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala activan protocolos de emergencia tras dos filtraciones masivas de datos que exponen más de dos mil firmas digitales oficiales y la posible vulneración de diez mil registros de salud, reflejando la creciente fragilidad de la ciberseguridad estatal y precipitando la suspensión temporal de servicios clave para prevenir fraudes y proteger información sensible. Según los portales especializados Vecert Analyze y Dark Web Informer.

Ciberataques simultáneos afectan infraestructura crítica del Estado guatemalteco

La exposición de 2.136 imágenes de firmas electrónicas pertenecientes a empleados autorizados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha desencadenado una crisis sin precedentes en la administración digital del país.

Este incidente y atribuido públicamente al actor conocido como MrGoblinciano, compromete datos que facilitan la validación de trámites oficiales, lo que incrementa el riesgo de falsificaciones en documentos estatales, informó el organismo al anunciar la suspensión temporal de su servicio de firma electrónica. El Tribunal Supremo Electoral explicó que la contingencia responde a una “ola de ciberataques contra instituciones estatales”, siendo la integridad del soporte digital una de las mayores inquietudes actuales.

Supuestamente, el daño se amplía con la revelación de que los archivos sustraídos —numerados correlativamente desde el 9505— provienen de la dirección http://firmaelectronica.tse.org.gt y han sido distribuidos de manera gratuita, de acuerdo con MrGoblinciano.

Este aspecto, que no estaba en el comunicado inicial y fue recogido por foros especializados, pone al Tribunal Supremo Electoral en el centro del debate acerca de la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales públicas.

Simultáneamente, la seguridad digital del Instituto Nacional de Estadística se ve afectada por un ataque atribuido al grupo NemorisHacking, que denunció públicamente el hecho con capturas de pantalla del sistema sanitario Go.Data, plataforma de la Organización Mundial de la Salud utilizada para monitorear brotes epidémicos.

Aunque las autoridades aún no han confirmado el alcance del incidente, el grupo atacante asegura haber accedido a más de 10,000 registros individuales con datos personales y sanitarios, aumentando las preocupaciones sobre la gestión de información sensible por parte del Estado.

La irrupción en el portal Go.Data permitió, según las pruebas divulgadas por NemorisHacking, obtener credenciales administrativas. Las capturas muestran módulos como “Casos”, “Contactos”, “Resultados de Laboratorio” y “Eventos”, así como notificaciones sobre brotes de COVID-19 en Guatemala y el departamento de El Progreso, evidenciando la amplitud del acceso no autorizado.

Suspensiones, auditorías forenses y nuevas exigencias de seguridad

El Tribunal Supremo Electoral justificó la suspensión de servicios digitales estratégicos y confirmó la activación de un “Plan de Respuesta y Contención de Amenazas de Seguridad de la Información”. Según el Tribunal Supremo Electoral, la estrategia contempla la revisión preventiva de las plataformas críticas bajo su responsabilidad y la implementación de barreras adicionales para impedir accesos no autorizados durante el periodo de evaluación.

Para el Instituto Nacional de Estadística, especialistas en ciberseguridad han recomendado una auditoría forense exhaustiva del entorno digital, abarcando la plataforma Go.Data y coordinando tareas con el Ministerio de Salud con el fin de delimitar el impacto de la intrusión. Entre las acciones propuestas está poner fin inmediato a todas las sesiones activas y adoptar autenticación multifactor para el personal técnico responsable de estos sistemas. Esta institución aún no reacciona ante la supuesta filtración de información.

Como consecuencia directa, la filtración de las más de 2.000 firmas electrónicas podría facilitar la falsificación de trámites oficiales, mientras que el presunto acceso a 10.000 registros sanitarios expone a los responsables estatales a riesgos legales y de privacidad, según el análisis de los propios organismos afectados.

Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Instituto Nacional de Estadística permanecen bajo observación de organismos nacionales e internacionales, que monitorean la restauración de los servicios digitales y el desarrollo de las investigaciones. Hasta ahora, informó el Tribunal Supremo Electoral, continúan las evaluaciones técnicas y los planes de contingencia, de modo que ciertos servicios electrónicos podrían seguir interrumpidos temporalmente durante la aplicación de nuevas medidas de seguridad.

Ministros de Educación y Gobernación de Guatemala en un mensaje difundido en sus canales oficiales, han lanado un llamado conjunto a padres, docentes y estudiantes para que eviten la circulación y el reenvío de mensajes relacionados con retos virales peligrosos, como el denominado “Tiroteo Mañana”, que recientemente provocó temor y cierre temporal de escuelas en el país. La movilización de recursos policiales ante amenazas difundidas en redes sociales ha obligado a las autoridades a activar protocolos de seguridad estrictos y a advertir sobre posibles consecuencias legales para quienes propagan este tipo de contenidos, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) en un comunicado oficial difundido esta semana.

Anabella Giracca, ministra de Educación, en su mensaje, explicó que la tendencia tiene su origen en modelos copiados de otros países: “En los últimos días hemos visto una tendencia copiada de otros países, que consiste en sembrar mensajes alarmistas sobre supuestos tiroteos o amenazas en centros educativos. Estos mensajes generan miedo, angustian a familias, docentes y estudiantes”, manifestó Giracca. La ministra solicitó a directores, docentes y padres que mantengan la vigilancia y ofrezcan información precisa a la comunidad escolar para evitar la repetición de estas conductas.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, enfatizó el impacto operativo y económico de cada falsa alarma: “Cada falsa alarma obliga a movilizar agentes, patrullas, equipos de emergencia y recursos públicos que podrían estar atendiendo una situación real”. El funcionario instó a la población a evitar compartir o reenviar estos mensajes, recordando que implican responsabilidad disciplinaria, administrativa y hasta penal.

El reto “Tiroteo Mañana” pone a prueba la seguridad escolar y la respuesta de las autoridades

Ante la aparición de frases como “tiroteo mañana” escritas en pizarrones, paredes y carteles de diferentes establecimientos, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) indicó que aumentó la movilización policial y el cierre preventivo de varios centros educativos en zonas como Jalapa durante la última semana, según reportó la PNC en su informe. Uno de los casos recientes, ocurrido en la zona 2 de Jalapa, consistió en el hallazgo de un mensaje en el baño de un colegio privado que advertía sobre un presunto ataque armado para el 23 de abril. Ese episodio motivó la coordinación inmediata entre la PNC y el Ministerio Público, lo que generó respuestas de emergencia y acciones preventivas en la comunidad educativa.

El reto viral denominado “Tiroteo Mañana”, difundido en redes sociales y espacios escolares de Guatemala, se basa en mensajes anónimos que anuncian presuntos ataques en escuelas. Esta práctica obliga a las autoridades a movilizar recursos de seguridad, provoca cierres temporales de establecimientos y puede derivar en procesos judiciales por infundir pánico público. Según la Policía Nacional Civil, la responsabilidad legal recae tanto sobre los autores como sobre padres o tutores si se involucran menores de edad.

Consecuencias legales y acciones de prevención tras la ola de amenazas virales

La PNC adoptó una política de “cero tolerancia” ante la circulación de amenazas virales y activó operaciones conjuntas con el Departamento de Delitos Cibernéticos para identificar y sancionar a quienes originan o difunden estos mensajes, de acuerdo con su comunicado oficial. El organismo advirtió que incluso las bromas pueden ser utilizadas por estructuras criminales para distraer a la policía de incidentes reales o vulnerar los protocolos escolares.

El Código Penal guatemalteco tipifica la inducción de pánico público como delito, sancionando tanto a los promotores como a los partícipes de estos retos virales. En el caso de estudiantes, la sanción puede incluir la expulsión inmediata del centro educativo y la apertura de procesos judiciales, mientras que los padres o tutores serán responsables civiles de los actos cometidos por menores. Las autoridades puntualizaron: “Estas prácticas saturan los servicios de emergencia, comprometiendo la atención de situaciones reales”.

A través del programa Escuelas Seguras, la Policía Nacional Civil continúa implementando acciones de prevención en instituciones educativas del país. Entre las medidas aplicadas destacan patrullajes preventivos, vigilancia en los accesos y salidas de los establecimientos, así como la presencia policial constante en zonas sensibles como Chinautla, Chimaltenango, Quetzaltenango y varios puntos de la Ciudad de Guatemala. La Comisaría 12, por ejemplo, mantiene seguridad permanente en la Escuela Oficial Urbana Mixta del Asentamiento Roosevelt 150, zona 6 capitalina.

El comunicado de la PNC difundido finaliza con un llamado urgente a la denuncia ciudadana mediante los números telefónicos 110 y 1510. “La seguridad de la niñez y juventud guatemalteca no está en negociación”, advirtió la Policía Nacional Civil, al reiterar su compromiso de actuar con firmeza y coordinación interinstitucional ante cualquier alerta de amenaza viral en los entornos escolares.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) lanzó una advertencia directa al Congreso de la República por la presentación y aprobación recurrente de iniciativas y decretos que impactan en la política fiscal y, de acuerdo con la entidad, ponen en riesgo tanto la transparencia, el sistema tributario como la calidad del gasto público en Guatemala.

La inquietud principal del instituto es que estas medidas se implementan prescindiendo de evaluaciones técnicas exhaustivas, poniendo por delante el beneficio político inmediato sobre la solidez de las políticas fiscales del país.

El Icefi advierte riesgos en la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles y en exenciones propuestas

Respecto a la iniciativa de ley número de registro 6709, dictaminada favorablemente por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el Icefi advierte sobre el peligro de eliminar el esquema progresivo vigente del Impuesto Único Sobre Inmuebles —que contempla tasas diferenciadas del 2, 6 y 9 por millar— y sustituirlo por una tasa fija de 3 por millar.

También observa con preocupación el paquete de exenciones dirigidas a la primera vivienda financiada, a personas mayores de 60 años y a contribuyentes con veinte años de pago.

El instituto señala que aprobar estos cambios exige un análisis cuantitativo riguroso.

Grupos de alcaldes municipales afirman que la medida reduciría notoriamente los ingresos de las municipalidades, una postura que contrasta con la defensa de diputados proponentes y los potenciales beneficiados, según el Icefi.

La recomendación principal del Icefi consiste en que toda iniciativa de impacto fiscal cuente con dictámenes y opiniones técnicas de los entes rectores y entidades competentes por ley.

Además, subraya que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, junto a las demás comisiones del Congreso, tiene el deber de garantizar espacios de debate técnico abiertos e inclusivos antes de emitir dictámenes, y que toda modificación introducida en las leyes debe someterse nuevamente a revisión especializada.

Precedentes recientes: eliminación del impuesto sobre herencias y cambios en renta

En febrero de 2026, el Congreso de la República aprobó el Decreto 6-2026, que derogó el Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones (Decreto 431), bajo el argumento de obsolescencia, doble tributación e ineficiencia, atribuidas al bajo rendimiento recaudatorio frente a su costo administrativo.

El Icefi resalta que la eliminación se hizo sin un análisis integral sobre la función del impuesto como gravamen a las ganancias de capital ni sobre su relevancia en la justicia tributaria. Tampoco se exploraron alternativas para modernizarlo y ampliar su base imponible, conforme indica el instituto.

En abril de 2026, el Congreso promulgó el Decreto 13-2026, derivado de las iniciativas 6705 y 6707, mediante el cual se exceptúa del pago del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores en relación de dependencia que reciben el salario mínimo.

El Icefi destaca que la reforma se aprobó a pesar de los dictámenes técnicos desfavorables de la Superintendencia de Administración Tributaria, y sin analizar su articulación con la deducción única o mínimo vital prevista en el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012). Esta ausencia de análisis pone en duda la legalidad y viabilidad de la medida.

El Icefi documentó: “El Congreso de la República ha aprobado recientemente decretos que modifican la legislación tributaria, sin el debido análisis técnico, pero con claros réditos políticos”. Esta afirmación resume la preocupación del instituto por la carencia de sustento técnico en decisiones legislativas que afectan las finanzas públicas.

Medidas con efectos fiscales y sociales sin financiamiento garantizado

El instituto menciona casos recientes, como la iniciativa con número de registro 6416, que propone modificar la Ley Temporal de Desarrollo Integral y prolongar hasta cinco años (de 2023 a 2028) la indemnización mensual de Q1,000 para veteranos militares del conflicto armado, ahora incluyendo también a viudas, excombatientes en el extranjero y personas en prisión preventiva.

Según el Icefi, la ampliación de este pago —hasta ahora ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y financiado con deuda pública— carece de una fuente de financiamiento identificada. Además, advierte que esto incentiva a otros grupos militares o paramilitares a buscar el mismo trato, generando presiones sobre el gasto público sin respaldo financiero.

Por otro lado, el Icefi critica propuestas como la suspensión del impuesto a la distribución de diésel, indicando que eliminarlo habría representado un beneficio de apenas Q1.30 por galón, frente a un precio en bomba de alrededor de Q45 por galón. Esto se traduciría en un debilitamiento de los recursos destinados a la Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y generaría ineficiencias notables para un impacto mínimo en los precios.

El Icefi demanda rigor técnico y transparencia en la legislación fiscal

El Icefi solicita a las autoridades del Ejecutivo, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil pronunciarse de manera crítica ante leyes fiscales que carecen de sustento técnico dentro del Legislativo guatemalteco.

Asimismo, exhorta a los diputados a ejercer su función legislativa con prudencia y responsabilidad, alejándose de criterios populistas y procurando que toda reforma fiscal atienda exclusivamente al interés general del Estado bajo principios de justicia y eficiencia tributaria.

El ajuste tarifario de energía eléctrica en Guatemala mantendrá la estabilidad observada en los últimos cuatro años, con tarifas prácticamente inalteradas para el trimestre del 1 de mayo al 31 de julio de 2026.

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), esta decisión beneficia a alrededor de 2.3 millones de familias al preservar los valores actuales, pese a las fluctuaciones en los costos internacionales de los combustibles y la dinámica de precios en los mercados energéticos.

Una revisión oficial detalla que el precio sin subsidio para la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) permanecerá en Q1.51 por kilovatio hora (kWh), mientras que para la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa), será de Q2.06 y para la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (Deocsa), de Q2.13. Esta tarifa se aplica a 300.000 usuarios, equivalentes al 6 % del total nacional, según confirmó la CNEE.

En cuanto a los usuarios que acceden a la Tarifa Social, el precio para clientes de Deocsa disminuirá levemente de Q2.05 a Q2.04, equivalentes a una reducción de 0,5 % con respecto al trimestre anterior. Para Deorsa, la tarifa se mantiene en Q1.98, mientras que en EEGSA no varía, fijándose en Q1.42 por kWh.

Personas con consumos mensuales entre 1 y 60 kWh pagarán Q0.50 por kWh y aquellos entre 61 y 88 kWh abonarán Q0.87 por kWh, gracias al subsidio proporcionado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que cubrirá estos aportes durante el trimestre con Q220.32 millones de fondos propios.

Más de 2 millones de familias beneficiadas con subsidios y estabilidad tarifaria desde hace cuatro años

De acuerdo con la CNEE, el ajuste de tarifas beneficia mensualmente a más de 2.2 millones de familias guatemaltecas, que representan el 94 % de los usuarios a nivel nacional. La continuidad de la Tarifa Social y el aporte estatal a través del INDE se mantiene, priorizando a quienes consumen menos de 100 kWh mensuales.

Para quienes consumen fuera de ese rango, la Tarifa No Social se mantendrá estable en EEGSA y Deorsa, y reflejará una reducción de Q0.02 en Deocsa, equivalente a un 0,9 % respecto al trimestre anterior. El universo de usuarios bajo esta tarifa alcanza a unas 300.000 personas, el 6 % del total en el país.

El ajuste vigente fue autorizado por la CNEE en cumplimiento de la Ley General de Electricidad y responde al análisis de los costos reales de generación, adquisición de energía y suministro observados entre enero y marzo de 2026 por las distribuidoras. Según la CNEE, el cálculo integra tanto los contratos existentes como las nuevas incorporaciones surgidas del proceso de licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG-4) de 2023.

La estabilidad actual de las tarifas ocurre en un contexto internacional de variabilidad y volatilidad en los precios de los combustibles, pero la gestión de contratos a largo plazo ha permitido mitigar ese impacto y garantizar el suministro continuado y competitivo para los usuarios finales. La CNEE afirma en su boletín: “Las fluctuaciones registradas han sido leves y responden a la dinámica normal de los precios de compra de energía y potencia para el abastecimiento de la demanda”.

Factores determinantes en la fijación de precios y el rol de la matriz energética guatemalteca

El comportamiento de las tarifas eléctricas guatemaltecas para el trimestre mayo-julio de 2026 obedece a un sencillo principio de cálculo: los costos de generación en los contratos vigentes y la inclusión paulatina de nuevos contratos determinan la tarifa base.

Factores como la cotización internacional de los combustibles, la diversa composición estacional de la matriz de generación y variables macroeconómicas han mantenido bajo control las variaciones trimestrales.

La CNEE indicó que el marco regulatorio vigente posibilita la celebración de contratos de largo plazo, que se han convertido en un mecanismo eficiente para reducir la volatilidad de precios y asegurar condiciones previsibles y estables a los usuarios eléctricos regulados. La actualización reciente de las tarifas base también abarca el próximo año estacional, comprendido entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

El último boletín de la CNEE remarca la madurez alcanzada por el sistema eléctrico nacional, respaldado en gran medida por la diversificación de la matriz energética, la gestión regulatoria y la implementación de licitaciones competitivas.

El organismo afirma que todos los reajustes observados han sido de baja magnitud, lo que otorga previsibilidad al usuario final y contribuye a la estabilidad económica de los hogares guatemaltecos.

Un repunte en la cantidad de personas retornadas a Guatemala desde Estados Unidos y México marcó el inicio de 2026, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración difundidos este viernes.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, 21,272 guatemaltecos fueron enviados de vuelta al país, abarcando desde recién nacidos hasta adultos mayores de más de 90 años.

La mayoría de los retornados son hombres mayores de edad, quienes representan el 89.51% del total, mientras que las mujeres alcanzan el 10.49%. Solo una fracción corresponde a niños, niñas y adolescentes, con el 2.46% del total, y de estos, la mayor parte regresó en condición de no acompañados.

Durante los primeros cuatro meses del año, el flujo mensual de retornos se mantuvo elevado, superando las cinco mil personas cada mes.

En marzo se registraron 5,595 retornos, mientras que en abril la cifra se mantuvo similar con 5,573 casos, lo que evidencia la persistencia del fenómeno migratorio y la política de devoluciones.

Distribución geográfica y dinámica familiar

Los departamentos más afectados por los retornos fueron Huehuetenango (4,058 casos), seguido de San Marcos (3,163) y Quiché (2,209). Estas regiones, tradicionalmente emisoras de migrantes, concentran más de un tercio de los retornados en el periodo analizado.

En cuanto a las unidades familiares, se contabilizaron 194 grupos, integrados por un total de 529 personas. La composición de estos grupos muestra la presencia de adultos y menores de ambos sexos, aunque el desglose evidencia que las mujeres adultas y los adolescentes hombres tienen una presencia destacada dentro de estas familias.

El informe indica que el 60,69% de los menores retornados viajaba sin acompañamiento adulto, lo que subraya la vulnerabilidad de este segmento. Solo el 39.31% de los niños, niñas y adolescentes volvió acompañado, en su mayoría dentro de unidades familiares.

¿Qué muestran los datos sobre el perfil y la procedencia de los retornados?

El perfil dominante corresponde a un adulto hombre, originario de departamentos del occidente y norte del país, con una edad que puede ir desde los 18 hasta los 94 años, según el rango documentado.

La participación de las mujeres y los menores, aunque baja en proporción, implica desafíos particulares para las políticas de reintegración social y atención diferenciada.

La procedencia por municipio, visible en el mapa incluido en el informe, refleja una dispersión nacional, con picos notables en áreas fronterizas y rurales.

Ciclo mensual y tendencias

El fenómeno de los retornos mantiene un ritmo constante a lo largo del primer cuatrimestre, con ligeros aumentos en los meses de marzo y abril.

Los datos por subcategoría confirman que la presencia de menores no acompañados es transversal a todos los meses, aunque los adultos hombres siempre superan a los otros grupos.

Este flujo de retornos implica que miles de familias guatemaltecas deben enfrentar procesos de reintegración social, económica y educativa en sus comunidades de origen, particularmente en los departamentos más afectados por la migración y el retorno forzado.

Características demográficas y retos

La información consolidada del periodo enero-abril de 2026 refleja la magnitud y complejidad de los retornos desde Estados Unidos y México a Guatemala.

El predominio de adultos hombres, la presencia significativa de menores no acompañados y la concentración geográfica en departamentos fronterizos delinean los principales retos para las autoridades y organizaciones que trabajan en el área migratoria.

El informe del Instituto Guatemalteco de Migración ofrece una radiografía precisa de la situación, relevante para la toma de decisiones de política pública y la planificación de acciones de apoyo y reinserción.

En el Día Internacional del Trabajo, el presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje en el que subrayó que los derechos laborales en Guatemala no son una concesión estatal, sino el fruto histórico de la organización y la lucha colectiva de miles de trabajadores. El mandatario afirmó que el trabajo digno, la justicia y las oportunidades para todos constituyen un compromiso irrenunciable de su gobierno. La conmemoración de este primero de mayo resalta la responsabilidad estatal de mejorar las condiciones laborales y de honrar las conquistas sociales forjadas en momentos clave de la historia nacional.

De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en un comunicado, más de 8,2 millones de guatemaltecos y guatemaltecas forman parte de la fuerza laboral del país. El organismo reportó que el 66,2 % de la población ocupada desempeña sus tareas en el sector informal, mientras que el 13,6 % enfrenta condiciones de subempleo. Esta situación representa desafíos estructurales que afectan tanto la estabilidad económica como el desarrollo inclusivo, según el Ministerio en su mensaje difundido por redes sociales.

El presidente Arévalo homenajeó a la clase trabajadora de Guatemala y recordó que la actual legislación laboral es heredera directa de la Revolución del 20 de octubre de 1944. “Este compromiso nace de nuestra historia, de las conquistas alcanzadas desde la Revolución de Octubre, que nos enseñó que los derechos laborales no son una concesión otorgada por las autoridades, son el fruto de la lucha, la organización y la convicción de quienes han defendido la dignidad del trabajo”, afirmó el mandatario.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social reiteró en su comunicado que el acceso al trabajo constituye tanto un derecho individual como una obligación social. Respaldó su posición con la Constitución Política de la República, la cual garantiza la libre elección de empleo, la igualdad de remuneración, la protección contra el despido injustificado, una jornada laboral justa, el descanso semanal, las vacaciones y la libertad sindical. Además, la cartera recordó los compromisos internacionales asumidos por Guatemala, entre ellos la ratificación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo: el Convenio 87 sobre libertades sindicales, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, el Convenio 29 y el 105 sobre eliminación del trabajo forzoso, el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el 111 sobre no discriminación, y los convenios sobre erradicación del trabajo infantil.

El mismo comunicado advierte que la elevada proporción de empleo informal y subempleo representa un reto central para la administración pública, que debe priorizar la formalización progresiva del empleo, la reducción del subempleo, la igualdad de oportunidades, la seguridad y salud en el trabajo, así como el fortalecimiento de la inspección laboral.

La Revolución de 1944 como pilar de los derechos laborales actuales

La referencia al proceso histórico iniciado en 1944 constituye un elemento central en la narrativa oficial de este primero de mayo. Tanto el presidente Bernardo Arévalo como el Ministerio de Trabajo señalaron que los avances en derechos laborales tienen su origen en la organización y presión ejercida por la clase trabajadora durante la Revolución de Octubre. El jefe de Estado expresó: “Hoy más que nunca, reafirmamos esa responsabilidad: honrar esa historia y seguir trabajando para garantizar que el trabajo en Guatemala llegue a ser sinónimo de dignidad, justicia y oportunidades para todos”.

La institucionalidad actual destaca la protección especial que la normativa laboral otorga a sectores vulnerables y el reconocimiento a los empleadores que cumplen con la legislación y fomentan relaciones laborales basadas en legalidad y respeto.

El Ministerio de Trabajo puntualizó que la meta de un país con mayores oportunidades y bienestar solo se alcanza mediante el diálogo social sostenido entre Estado, trabajadores y empleadores. Así, en el mensaje publicado para esta jornada se sintetiza: “Que esta conmemoración reafirme el compromiso del Estado, trabajadores y empleadores de construir un país con mayores oportunidades, donde el trabajo digno sea la base de bienestar, la justicia social y el desarrollo sostenible”.

Guatemala enfrenta desafíos estructurales en el mercado laboral

Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social muestran que, pese a la alta capacidad productiva reflejada en los 8,2 millones de ciudadanos activos laboralmente, la informalidad y el subempleo constituyen obstáculos para lograr la justicia social y la mejora real de la calidad de vida.

Entre las prioridades estratégicas del gobierno están la formalización del empleo, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la inspección laboral. En este contexto, la administración Arévalo reafirmó su adhesión a los estándares internacionales en materia de derechos laborales y al compromiso de fortalecer tanto la normativa como su cumplimiento.

El mensaje institucional incluyó un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso diario de los trabajadores guatemaltecos y a la contribución de los empleadores responsables con el cumplimiento de la ley.

La celebración del Día Internacional del Trabajo en Guatemala evidencia los progresos alcanzados en materia de derechos laborales y los desafíos pendientes, enmarcando la jornada bajo el signo de la memoria histórica y la reivindicación permanente de la dignidad laboral.

El Día Internacional del Trabajo ha movilizado este 1 de mayo a miles de trabajadores guatemaltecos en la capital y en las principales cabeceras departamentales, en una jornada nacional de protestas que combinó la exigencia de salarios dignos y el rechazo al aumento de precios con la defensa histórica de los derechos laborales y del Código de Trabajo.

El recorrido central, que se despliega desde hace más de siete décadas, partió a las 7:00 a.m. desde el Monumento al Trabajo (conocido como “El Muñecón”, en la zona 5) y concluyó en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, tras cruzar el Puente Olímpico y la 6a Avenida, según información de medios locales y líderes sindicales en distantes transmisiones realizadas.

De acuerdo con Luis Armando López Cortez, secretario general de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la convocatoria de este año reunió cerca de 25 mil personas, con la adhesión de más de 400 agrupaciones sindicales y sociales procedentes de distintos departamentos, según declaró a Emisoras Unidas.

López Cortez explicó que la masividad de la marcha responde al incremento sostenido del costo de la canasta básica, el alza de los combustibles y del pasaje, y la persistencia del acoso laboral.

Señaló: “ya basta de abusos hacia la clase trabajadora”, e insistió en que gran parte de la crisis de precios se vincula al impacto económico de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La marcha del 1 de mayo consolidó un reclamo nacional por mejores condiciones laborales y justicia social

La celebración del 1 de mayo en Guatemala constituye un feriado nacional obligatorio e inamovible, consagrado desde el establecimiento del Código de Trabajo en 1947 bajo la presidencia de Juan José Arévalo.

Cada año, esta fecha sirve de escenario para que sindicatos y organizaciones populares reactiven tanto la memoria de los mártires de Chicago —obreros estadounidenses que en 1886 exigieron la jornada laboral de ocho horas y sufrieron represión extrema— como la exigencia local de reformas y cumplimiento de los derechos adquiridos.

El recorrido tradicional de la marcha, desde “El Muñecón” hasta la Plaza de la Constitución, refleja una práctica consolidada desde 1945 y representa la defensa del legado de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, cuando surgieron las primeras leyes modernas para la protección del trabajo en el país.

En este contexto, cada grupo participante —maestros, campesinos, estudiantes, empleados estatales e independientes— hace visibles demandas puntuales: empleos formales, mejoras salariales y el control de los precios al consumidor. Entre las consignas recientes figura, además, la petición de libertad para el periodista José Rubén Zamora, como señala Emisoras Unidas.

Durante la movilización, los manifestantes atravesaron sectores como la colonia La Palmita y el mercado de zona 5, generando cortes de tránsito que motivaron a las autoridades a recomendar rutas alternas por la Calzada La Paz, Bulevar La Asunción, Avenida Elena y el Anillo Periférico.

El Día del Trabajo, entre la memoria y la protesta

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Guatemala trasciende la función festiva. Para los participantes, la fecha evidencia tanto los avances logrados en siete décadas —especialmente el derecho a la sindicalización, la huelga y la jornada de ocho horas— como las deudas persistentes en un mercado laboral desigual. Las autoridades gubernamentales suelen reafirmar su compromiso público con la dignificación laboral y la justicia social en esta jornada, mientras los sindicatos insisten que la lucha sigue vigente cada año.

El testimonio de López Cortez, sintetiza la tensión entre celebración y la urgencia de nuevas conquistas: “todo esto se ha desbaratado por la guerra que hay entre EE. UU. e Irán”. Así, la movilización del 1 de mayo de 2026 volvió a poner en primer plano la defensa activa de los derechos históricos de la clase trabajadora guatemalteca y la exigencia de respuestas concretas a una economía tensionada por el contexto internacional.

Después de participar en el proceso de entrevistas que el presidente Bernardo Arévalo realizó a los integrantes de la nómina a fiscal, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda enfatizó que una de las tareas centrales del proceso de selección del próximo fiscal general de Guatemala es garantizar una coordinación efectiva entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público.

El alto funcionario remarcó que superar el distanciamiento histórico entre ambas instituciones resulta clave para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país.

Según declaraciones ofrecidas a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el presidente Bernardo Arévalo le ha dado prioridad a esta articulación y se encargó personalmente de conducir las entrevistas a los aspirantes al cargo para el periodo 2026-2030.

La elección es relevante por su impacto en la persecución penal y la consolidación de la justicia, cuyos resultados incidirán de manera directa en la seguridad nacional.

La fase de entrevistas a los seis candidatos concluyó el jueves 30 de abril, después de tres jornadas en las que el mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, y por el propio Villeda, según la AGN.

Durante estas audiencias, los postulantes presentaron sus propuestas y prioridades en temas como crimen organizado, persecución penal estratégica y fortalecimiento del sistema de justicia. Villeda indicó a la agencia que el Ejecutivo es plenamente consciente de la necesidad de revertir lo que calificó como un “divorcio” entre la Fiscalía y Gobernación, afirmando: “Nosotros somos conscientes de que no puede seguir existiendo ese divorcio entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación”.

El ministro consideró imprescindible consolidar el trabajo conjunto mediante la confianza y el intercambio constante de información. Ambos organismos, insistió, deben funcionar como aliados estratégicos para reducir los índices delincuenciales y dar respuestas efectivas a los crímenes que afectan a la sociedad. Así lo manifestó a la agencia: “El socio natural del ministro de Gobernación es el fiscal general, y viceversa. Tenemos que tener ese grado de confianza para comunicarnos, para compartirnos información y para poder hacer operaciones conjuntas que permitan disminuir los índices delincuenciales”.

El proceso de selección entra en su etapa final con miras a la toma de posesión el 17 de mayo

Con la finalización de las entrevistas, la decisión definitiva recae en el presidente Arévalo, quien debe elegir a la persona encargada de conducir el Ministerio Público durante los próximos cuatro años, respetando los plazos fijados por la Constitución.

La fecha límite para la asunción del nuevo fiscal general es el 17 de mayo, informó la AGN. Este nombramiento es uno de los hitos institucionales más determinantes del año por el rol que le corresponde en la defensa del Estado de derecho, la persecución del delito y la coordinación con las fuerzas de seguridad.

Los candidatos, de acuerdo con el testimonio de Villeda a la agencia, mostraron durante las entrevistas una disposición clara a restituir la confianza y la comunicación entre ambas instancias. El ministro puntualizó: “Yo creo que los candidatos lo han entendido muy bien, están muy conscientes de ello y muy dispuestos a colaborar, a restituir esa confianza y esa comunicación que normalmente ha existido entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público”. Para el funcionario, esta apertura abre expectativas positivas para el fortalecimiento de la justicia y para responder de manera más eficaz a las víctimas de los delitos.

El proceso institucional más relevante para la estructura judicial y de seguridad de Guatemala avanza hacia su desenlace, con la inminente designación presidencial del próximo titular de la Fiscalía General, quien asumirá la responsabilidad de encabezar la lucha contra el crimen y contribuir a la estabilidad institucional a partir del 17 de mayo.

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la inauguración del Puesto de Salud en el caserío Caballo Blanco, aldea Mash, municipio de Todos Santos Cuchumatán, en el departamento de Huehuetenango. Más de 1.300 habitantes de la localidad y de zonas vecinas serán atendidos en este centro, que forma parte de la estrategia del actual Gobierno para reducir el rezago sanitario e integrar la atención con perspectiva cultural, según comunicó Arévalo durante la ceremonia de apertura.

De acuerdo con información publicada en medios oficiales, el evento contó con la asistencia del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y el viceministro de Atención Primaria en Salud, Donato Camey. Ambos subrayaron que la construcción fue financiada por el programa Crecer Sano, Proyecto de Salud y Nutrición, una iniciativa pública orientada a fortalecer la infraestructura y el equipamiento en las áreas rurales.

La remodelación y apertura del puesto se enmarca en más de 100 intervenciones similares coordinadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para expandir la red nacional de servicios médicos. Barnoya afirmó que la incorporación del centro a la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Huehuetenango permitirá optimizar la referencia y contrarreferencia de pacientes hacia el Centro de Atención Permanente (CAP) de Todos Santos Cuchumatán y robustecer la cobertura sanitaria local.

Acceso básico a la salud para comunidades históricamente excluidas

La inauguración del centro responde a una política estatal dirigida a garantizar el derecho a la atención médica para personas que, durante años, permanecieron fuera del sistema oficial. “Lo que está pasando aquí no es un favor del Gobierno, es el derecho de ustedes”, expresó el mandatario ante los asistentes, de acuerdo con información oficial.

El nuevo puesto de salud tiene tres clínicas, una farmacia y una sala extramuros. Brinda servicios de consulta general, vacunación, atención prenatal y emergencias básicas. Gracias a esta infraestructura, los habitantes ya no necesitan recorrer largas horas hasta el casco urbano de Todos Santos Cuchumatán para acceder a atención primaria, un obstáculo que durante tiempo dificultó el acceso a la salud.

El presidente Bernardo Arévalo inauguró el Puesto de Salud de Caballo Blanco en Huehuetenango, acompañado de autoridades del Ministerio de Salud. El centro beneficiará a más de 1.300 habitantes que antes debían trasladarse a grandes distancias por servicios médicos. Ahora podrán acceder a consulta general, vacunación y control prenatal sin dejar sus comunidades.

Integración de la medicina tradicional maya en los servicios públicos

Uno de los ejes del nuevo modelo en Caballo Blanco es la pertinencia cultural de la atención médica, diseñada para las comunidades indígenas del occidente de Guatemala. Arévalo recalcó la importancia de acercar el sistema nacional de salud a la realidad sociocultural local. “Venimos también a aprender”, dijo, al remarcar el reconocimiento formal de las prácticas ancestrales.

El Ministerio de Salud incorporó 40 hierbas y elementos de la medicina tradicional maya dentro de los tratamientos ofrecidos, informó Arévalo. Este reconocimiento potenciará la confianza entre las familias indígenas y el sistema de salud, asegurando servicios accesibles y respetuosos de las costumbres del lugar.

Con este enfoque se atienden necesidades de salud específicas de territorios indígenas y se legitima el conocimiento tradicional en la estructura institucional. El Ministerio de Salud espera incrementar el uso regular del centro y promover los controles prenatales, la vacunación y los chequeos médicos preventivos para niños y adultos.

Más de cien nuevos centros de salud impulsados por el Ministerio

El Puesto de Salud de Caballo Blanco integra el paquete de más de 100 intervenciones simultáneas para fortalecer la red integrada y plural de atención en diversas regiones de Guatemala. Esta política constituye una de las prioridades de la administración Arévalo y cuenta con respaldo del programa Crecer Sano, responsable del financiamiento de la construcción y equipamiento de los centros rurales.

Los 23 diputados que el Movimiento Semilla llevó al Congreso de la República de Guatemala operan hoy en dos bloques con estrategias distintas tras la cancelación definitiva del partido, publicada en el Diario Oficial el 27 de marzo de 2026 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Unos apuestan por un nuevo partido llamado Raíces; otros insisten en recuperar el registro electoral por la vía constitucional. La división, que lleva más de un año gestándose en los pasillos del Legislativo, se hace visible en las votaciones del pleno y en la relación con el Ejecutivo.

La cancelación fue el desenlace de un proceso iniciado en julio de 2023, cuando el juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo Penal, ordenó la suspensión provisional del partido por supuestas irregularidades en su constitución. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), impulsó el caso hasta lograr la cancelación el 28 de noviembre de 2024. La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó de forma unánime, el 26 de marzo de 2026, los recursos que buscaban revertir esa decisión. El edicto publicado al día siguiente por el Registro de Ciudadanos del TSE estableció que el nombre, símbolo y emblema de Semilla no podrán ser utilizados por ninguna organización política durante los próximos diez años.

Raíces: la apuesta por un proyecto nuevo

Catorce de los 23 diputados electos por Semilla optaron por fundar un nuevo partido. El comité proformación Raíces celebró su primera asamblea en mayo de 2025 y, al momento de estas entrevistas, reportaba más de 20.700 firmas de adhesión ante el TSE, cifra que supera el umbral legal requerido para avanzar en el proceso de constitución formal. La diputada Elena Sofía Mota Coloma describió la cancelación como “brutal e ilegal” y explicó que el grupo llegó a la conclusión de que el litigio no resolvería el problema de fondo. “Nosotras entendimos que por la vía legal no se iba a resolver, porque en realidad es una persecución política, no legal”, dijo Mota en entrevista con Infobae Centroamérica.

La legisladora, en su primera legislatura, subrayó que la cancelación del partido no extinguió el proyecto político. “Al cancelarnos el partido no cancelaron el proyecto, porque el proyecto político sigue, está vivo y está en cada una de las personas que estamos construyendo ahora Raíces”, afirmó. La diputada Andrea Reyes, también integrante del comité proformación, confirmó que las firmas ya están en el TSE a la espera del proceso de depuración, y que varios equipos departamentales se preparan para iniciar las asambleas territoriales. “Es cuestión de días para poder empezar a buscar las asambleas a nivel territorial”, señaló Reyes.

Desde el punto de vista ideológico, Mota precisó que Raíces se define como un partido socialdemócrata, en continuidad directa con el ideario original de Semilla. La invitación a incorporarse está abierta tanto a los afiliados del partido cancelado como a nuevos ciudadanos. La diputada Reyes, por su parte, indicó que “casi todos” los militantes de base de Semilla migraron al nuevo proyecto, aunque reconoció que algunos permanecieron fuera por razones personales o por su vinculación con el gobierno.

El bloque que no renuncia a Semilla

El otro grupo, integrado por ocho diputados —entre ellos Raúl Barrera, Victoria Godoy Palala, Duvalier Castañón, Brenda Mejía, Alma Luz Guerrero, Luis Ventura y José Carlos Sanabria— mantiene activa la organización original y promueve una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir la cancelación.

El diputado Barrera explicó los argumentos de la acción legal en entrevista con Infobae Centroamérica: el Movimiento Semilla no incurrió en ninguna de las causales de suspensión o cancelación previstas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que la orden del juez Orellana es, a su juicio, inconstitucional y arbitraria. “El Tribunal Supremo Electoral no debió acogerla, no debió refrendarla. Entendemos que los magistrados salientes lo hicieron por temor a ser perseguidos”, sostuvo el legislador. La CC rechazó otorgar amparo provisional y remitió el expediente a la CSJ, que es el órgano competente para resolver el fondo del asunto.

Barrera reconoció que los tiempos son ajustados: las elecciones generales de 2027 están a poco más de un año, y el partido necesitaría actualizar su dirigencia y convocar asambleas si recupera el registro. “Si no nos devuelven el registro electoral, lo que debemos hacer es acercarnos a otras opciones políticas como alternativa para la continuidad del proyecto”, admitió, aunque aclaró que cualquier decisión de ese tipo debe ser asamblearia, no unilateral. El diputado Ventura, otro integrante del bloque, sostuvo que los votos del grupo en el Congreso han sido “consistentes” con la línea del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pese a la fragmentación interna.

La fractura visible en el pleno

La división entre los dos bloques no se limita al ámbito organizativo. En el Congreso, las diferencias de criterio han aflorado en temas concretos. La diputada Reyes, al ser consultada sobre el ambiente entre los dos grupos, fue directa: “Sí es evidente, pero de nuestra parte nunca ha habido una palabra de ofensa en contra de ellos”. Atribuyó la tensión pública a declaraciones del bloque de Semilla en redes sociales y aseguró que las puertas de Raíces siguen abiertas para los ocho legisladores que no se sumaron al nuevo proyecto.

La relación con el Ejecutivo también refleja el quiebre. Reyes reconoció que el presidente Arévalo se comunica directamente con Sanabria y con el grupo de Semilla, aunque afirmó que el respaldo legislativo al gobierno no ha cambiado de forma sustancial. Ventura, en la misma línea, señaló que la comunicación entre Samuel Pérez —secretario general de Raíces y ex líder del bloque oficialista— y la Presidencia “se ha desgastado”, aunque no se ha cortado del todo.

Para el diputado Barrera, la clave de la diferencia entre los dos grupos no es ideológica sino procedimental: “Lo que nos identifica es la democracia interna. Toda decisión relacionada con el futuro de nosotros como funcionarios y de la organización debe ser asamblearia”. Esa postura contrasta con la de Raíces, que tomó la decisión de fundar el nuevo partido sin consultar formalmente a los órganos de dirección del Movimiento Semilla.

El Congreso guatemalteco llega al año preelectoral con un oficialismo que opera en dos carriles y sin mayoría propia. El bloque de Semilla espera una resolución de la CSJ antes de junio o julio, según estimó Barrera. Raíces, con más de 20.700 firmas depositadas ante el TSE, avanza hacia sus primeras asambleas territoriales con la vista puesta en los comicios de 2027.

Consecuencias institucionales y desafíos inmediatos para el progresismo en Guatemala

El futuro de la representación socialdemócrata en Guatemala depende de la resolución de este conflicto sin precedentes. Un eventual regreso del registro electoral exigiría a Semilla renovar rápidamente sus órganos de dirección y proclamar candidaturas en un plazo máximo de un año. En caso contrario, la supervivencia del ideario progresista se jugará en la competencia electoral bajo la sigla de Raíces o por medio de alianzas definidas en asambleas.

Mientras ambas facciones reconocen la legitimidad de buscar alternativas, la disputa legal y organizativa sigue abierta. Barrera aseguró que toda decisión sobre adhesiones y futuras alianzas deberá pasar por la Asamblea General de afiliados, cuyos estatutos destacan el principio de “democracia interna” como rector. Para Reyes, la lección principal ha sido la necesidad de continuar organizando políticamente a la sociedad para ampliar el acceso a los espacios de decisión, y sostuvo que “vamos por más iniciativas de ley para pasar”.

El desenlace de este proceso tendrá repercusión directa sobre la oferta de izquierda democrática en las elecciones, la estructura de representación parlamentaria y la capacidad de respuesta institucional ante escenarios legales no previstos en la ley electoral de Guatemala.

El diputado José Chic presentó una querella contra María Consuelo Porras Argueta por su presunta participación en adopciones ilegales ocurridas en el Hogar Temporal Elisa Martínez, y exigió este jueves que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas (FDCOJS) del Ministerio Público (MP) de Guatemala solicite una medida cautelar de arraigo para que la fiscal general quede sujeta a proceso a partir del 17 de mayo, fecha en que pierde su inmunidad al entregar el cargo.

El legislador detalló que Porras ocupó cargos en el Hogar Elisa Martínez, centro señalado por facilitar adopciones ilegales por organismo internacionales. El legislador subrayó la gravedad de los hechos: “Se ha trascendido que finalmente ocupó cargos dentro de este hogar temporal donde se dieron adopciones irregulares.. La denuncia actualmente está bajo investigación en la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público“.

La situación institucional del Ministerio Público se tornó incierta los últimos días, según explicó Chic. “Esto ha traído incertidumbre relacionado con quién está dirigiendo actualmente el Ministerio Público”, señaló el diputado. Además, advirtió sobre el riesgo de que muchas investigaciones queden inconclusas si no se clarifican las funciones y la permanencia de los funcionarios actuales.

El mandato de Consuelo Porras concluye el 17 de mayo. A partir de esa fecha, perderá la inmunidad que le otorga el cargo de fiscal general. Por ello, Chic solicitó de manera formal al MP que, a través de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, gestione la orden de arraigo para evitar que Porras abandone el país. En palabras del diputado: “Estamos pidiendo que Consuelo Porras quede arraigada a partir del 17 de mayo, que debe de entregar el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público”.

La investigación sobre las adopciones ilegales, según Chic, no puede quedar impune, ya que “este tipo de delitos no prescriben”. El legislador remarcó que incluso después de dos décadas, las responsabilidades deben ser deducidas tanto para Porras como para la estructura que habría operado dentro del Hogar Elisa Martínez.

Durante la ronda de preguntas, se consultó sobre el paradero de Consuelo Porras. Chic respondió: “La señora Consuelo Porras se encuentra hoy en el país. Por ello es que estamos solicitando el día de hoy que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas solicite las gestiones necesarias para solicitar la medida cautelar de arraigo, dado que el 17 de mayo pierde inmunidad y no solo debe ser investigada, debe deducirse las responsabilidades necesarias”.

Preocupación de la ONU por adopciones ilegales de niños

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) expresó su preocupación ante los reportes que indican que, al menos, 80 menores indígenas habrían sido víctimas de adopciones internacionales irregulares. Según la información de los expertos internacionales, estos niños fueron institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez luego de haber sido capturados y sometidos a desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala.

El organismo destacó la gravedad de estos hechos y la necesidad de esclarecer el destino de los menores y las circunstancias en las que se realizaron las adopciones.

Además, Porras enfrenta numerosas sanciones internacionales y acusaciones de corrupción durante su gestión al frente del MP, según información de EFE.

Estados Unidos la sancionó en 2021, retirándole la visa e incluyéndola en la Lista Engel por supuestos actos antidemocráticos y obstrucción de investigaciones relevantes. La Unión Europea (UE) también impuso restricciones tras considerar que intentó revertir los resultados electorales de 2023.

Por su parte, Human Rights Watch denunció que Porras ha promovido acciones legales contra miembros clave de la sociedad civil y ha atentado contra el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.

Mientras que medios como La Hora han recordado que mantiene una protección especial al expresidente Alejandro Giammattei, quien también está sancionado por Estados Unidos por corrupción.

El proceso de selección del nuevo Fiscal General de Guatemala dio un paso decisivo este jueves, cuando el presidente Bernardo Arévalo concluyó la ronda de entrevistas con los seis candidatos incluidos en la nómina final. La última jornada se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el mandatario recibió a Julio César Rivera Clavería y a Néctor Guilebaldo de León Ramírez, completando así la serie de encuentros privados que marcan una etapa crucial en la designación del próximo Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Las entrevistas, que se extendieron desde el martes, permitieron al presidente guatemalteco escuchar de primera mano las propuestas y visiones de los postulantes.

Rivera Clavería, uno de los candidatos entrevistados en la última jornada, calificó como positiva la reunión y destacó que tuvo la oportunidad de presentar su plan de trabajo ante el jefe del Ejecutivo. “Fue una magnífica entrevista con el presidente sobre el plan de trabajo, les puedo decir que fue una entrevista muy positiva, agradezco la invitación porque él está interesado en los cambios del Ministerio Público. Todo lo que hablamos fue sobre el plan de trabajo”, mencionó el candidato.

Posteriormente, fue le turno de De León Ramírez para ingresar al pleno. A su salida señaló: “Hoy hay que hacer las cosas mejor que ayer”.

La conclusión de las entrevistas marca el cierre de una etapa central dentro del mecanismo de selección, que incluye además una fase de impugnaciones en la que se revisan posibles objeciones a las candidaturas. Según lo estipulado por la ley, tras finalizar el periodo de impugnaciones, el Ejecutivo deberá analizar los perfiles y tomar la decisión final sobre quién asumirá la conducción del Ministerio Público para los próximos cuatro años.

Expectativa ciudadana y reclamos de transparencia en la elección del Fiscal General

La ciudadanía y diversas organizaciones (nacionales como internacionales) han seguido de cerca el proceso, subrayando la importancia de contar con un Fiscal General comprometido con la transparencia y la independencia de poderes. El nombramiento reviste especial relevancia en el contexto de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia, entre ellos el combate a la impunidad y la persecución de delitos de alto impacto.

En sus redes sociales, el presidente Arévalo expresó: “Hoy concluimos la fase de entrevistas con los seis candidatos a Fiscal General. Este proceso ha sido transparente y enfocado en la búsqueda de un liderazgo comprometido con la justicia y el Estado de derecho. La decisión que tomaremos será en beneficio del país y de su institucionalidad”.

El mandatario insistió en que la selección del próximo jefe del Ministerio Público obedecerá a criterios de idoneidad, experiencia y compromiso con los valores democráticos. “Nuestro objetivo es garantizar que el Ministerio Público se mantenga como una institución independiente, capaz de enfrentar los retos que demanda la sociedad guatemalteca”, puntualizó.

En la primera jornada, realizada el martes, el Arévalo sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos. Mientras que en la segunda, el líder del Ejecutivo se reunió con Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio

El próximo 17 de mayo de 2026 es la fecha en la que tomará posesión el nuevo funcionario.

El creador de contenido colombiano Carlos Alberto, conocido como El Borrego, realizó una visita inesperada al Zoológico La Aurora, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Guatemala, durante la mañana del jueves 30 de abril.

La presencia del influencer se dio a conocer a través de las plataformas digitales tanto del parque como del propio visitante, donde se difundieron imágenes y videos que muestran su recorrido por distintas áreas y su interacción con los asistentes.

De acuerdo con las publicaciones oficiales, El Borrego compartió con familias y jóvenes que se encontraban en el zoológico, respondió preguntas, posó para fotografías y se sumó de manera activa a las actividades educativas organizadas por el personal del recinto.

El creador documentó espacios de conservación, zonas educativas y senderos, además de presentar datos sobre las especies que habitan en el lugar.

Según lo mostrado en las redes sociales del zoológico, el enfoque de su visita se centró en la difusión de información sobre el trabajo de preservación animal que se desarrolla en el parque, fundado en 1924 y visitado cada año por miles de personas.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de El Borrego en la campaña de educación sobre reptiles, una iniciativa mensual que busca informar al público sobre la diversidad y el cuidado de estas especies.

El influencer se integró como voluntario y colaboró con los cuidadores en tareas de acercamiento con los animales, según se observó en los videos difundidos por el Zoológico La Aurora. La presencia de figuras públicas permite amplificar los mensajes de conservación y llegar a nuevas audiencias”, señaló el equipo educativo del parque en sus publicaciones.

Durante su estancia, El Borrego mantuvo una actitud cercana con los visitantes, quienes lo reconocieron y le solicitaron fotografías. El contenido compartido tanto por el influencer como por el zoológico generó interacción y comentarios entre sus seguidores, interesados en conocer más sobre las especies y los espacios del recinto.

La visita despertó interrogantes sobre el motivo principal del viaje del creador a Guatemala, ya que hasta el momento no existe información oficial respecto a la duración de su estadía ni a un posible itinerario por otras regiones del país.

La aparición de El Borrego en uno de los principales puntos turísticos de la capital guatemalteca ha abierto la posibilidad de futuras actividades públicas y recorridos por otros destinos nacionales, según especulan sus seguidores en redes sociales.

Carlos “El Borrego”: el creador digital que dignifica el trabajo campesino y educa sobre la vida rural en Colombia

El Borrego promueve la vida rural y el trabajo campesino colombiano en redes sociales. Desde 2021, cuando vivía en La Vega, Cundinamarca, decidió enfocarse en contenidos educativos sobre agricultura y cría de animales, alejándose de los formatos tradicionales de entretenimiento. Su objetivo es enseñar a las nuevas generaciones sobre el origen de los alimentos y dignificar la labor en el campo. Además, lanzó su marca de café, La Floresta, para mostrar el proceso detrás de cada taza.

Su trabajo ha sido reconocido por Forbes Colombia como uno de los “Top Creators” más influyentes de la región, destacando su impacto y cercanía con una audiencia joven.

El Tribunal Supremo Electoral ratificó el 30 de abril la cancelación de nueve partidos políticos que participaron en las elecciones generales de 2023. Con este acto, las organizaciones afectadas quedan excluidas de cualquier proceso electoral futuro según las leyes guatemaltecas, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias graves que han obligado a la máxima autoridad electoral a buscar respaldo legislativo para continuar garantizando su labor. Durante la reunión mensual del organismo, en presencia de representantes partidarios, se explicitó la urgencia de una ampliación presupuestaria para mantener la operatividad institucional, según declaró el magistrado titular Quelvin Jiménez.

Entre las organizaciones políticas cuya personalidad jurídica quedó anulada figuran el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el Partido Republicano, el Partido de Integración Nacional, la Unión Republicana, el Partido Político Mi Familia, el Partido Humanista Guatemalteco, el Frente de Convergencia Nacional, Podemos y el Partido Popular Guatemalteco. La medida, según informó el Prensa Libre, implica que ningún emblema, símbolo ni denominación de las entidades disueltas podrá ser reutilizado ni registrado por otra formación política durante un plazo mínimo de diez años, como establece el artículo 22 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Esta decisión se produce en medio de una severa restricción financiera: el presupuesto ordinario del Tribunal Supremo Electoral fue recortado en 122 millones de quetzales, una cifra que, según detalló Quelvin Jiménez, es fundamental para asegurar tanto la contratación de servicios como la adquisición de tecnología necesaria para la organización de comicios transparentes. Jiménez explicó que la Corte de Constitucionalidad suspendió la asignación presupuestaria de 2026, lo que obligó al TSE a utilizar sus recursos ordinarios para cumplir con tareas previstas en el Programa Operativo y Presupuestario Electoral (POPE): “Lamentablemente, no se nos ha trasladado la cuota que correspondía a este período. Estamos haciendo las gestiones para que desde el Ministerio de Finanzas se agilice la asignación de la cuota que corresponde asignar al Tribunal Supremo Electoral”. En este marco, la institución ya presentó una iniciativa de ley ante el Congreso para solicitar la ampliación presupuestaria y facilitar la compra de equipos informáticos críticos.

Previo a este listado de cancelaciones, el 27 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral había confirmado la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. La resolución, sustentada en lo dispuesto por los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el artículo 22 de su reglamento, prohíbe expresamente que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado puedan utilizarse o registrarse por cualquier otra organización política hasta después de transcurridos diez años oficiales desde la medida, según informó Prensa Libre.

La causa de la disolución del Movimiento Semilla remonta a 2017, año en que el partido fue acusado de presentar firmas falsas. El juez Fredy Orellana fundamentó su decisión en las facultades atribuidas por legislación sobre crimen organizado, que permite suspender o cancelar la personalidad jurídica de agrupaciones implicadas en actividades ilícitas. Orellana dictó la medida antes de que entrara en vigencia la reforma legislativa aprobada el 25 de noviembre pasado, modificación legal que habilitaría la posible restauración de los derechos partidarios de Semilla, que permanece suspendido desde que Bernardo Arévalo resultó electo en agosto de 2023.

Desde la segunda vuelta de junio de 2023, el accionar de la fiscal general Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Orellana ha sido parte de una escalada judicial contra Arévalo y sus aliados políticos. Las actuaciones de estos tres funcionarios motivaron que Estados Unidos los sancionara, al calificarlos como “antidemocráticos” y “corruptos”, conforme lo documentó el medio Prensa Libre.

Expertos legales, consultados por medios locales, advierten que la competencia para dirimir litigios relacionados con partidos políticos corresponde de manera exclusiva al Tribunal Supremo Electoral, y no a los tribunales penales, reafirmando así el mandato constitucional del organismo.

Las recientes cancelaciones de partidos políticos y las restricciones presupuestarias profundizan la complejidad en la vida política de Guatemala, configurando un escenario en el que las garantías institucionales y los recursos electorales permanecen bajo intensa presión y escrutinio nacionales e internacionales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó un balance de su gestión a seis meses de asumir el cargo, destacando ante la ciudadanía una reducción significativa de delitos y un aumento en la eficacia operativa estatal.

La actualización, divulgada en un video a través de canales oficiales, ubica la estrategia de seguridad actual bajo tres ejes: orden, transparencia y control, con énfasis en acciones anticipadas y una coordinación interinstitucional inédita hasta la fecha.

El Ministerio de Gobernación busca así posicionar este esquema como modelo de respuesta eficaz frente a la demanda social de mayor protección y reducción de la violencia, según afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por redes oficiales.

Entre los resultados más destacados figura la incautación de más de 2 mil 351 millones de quetzales en bienes pertenecientes a estructuras criminales, cifra que representa un golpe directo a su financiación, de acuerdo con los datos oficiales presentados por Villeda.

También, en el periodo comprendido desde el 24 de octubre hasta la fecha del informe, se han realizado 24 mil 776 capturas, se han incautado 2 mil 233 armas de fuego y se han recuperado más de mil vehículos.

La participación del ministro Marco Antonio Villeda se dio en medio de un contexto de creciente preocupación social por la seguridad. Ante las percepciones ciudadanas de aumento de la inseguridad, aseguró que los números y el accionar estatal reflejan un “cambio en la forma de operar del Estado”, citando la transición de una política reactiva a una estrategia de anticipación y control territorial real.

Lo sintetizó en frases directas: “Gobernar con integridad es dar la cara, es asumir el control y responder con resultados”. Según su balance, la articulación entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala permitió “más de 122 mil operativos policiales en todo el país”, con un impacto concreto en la lucha contra el delito.

Se desarticularon 47 estructuras criminales y disminuyó la tasa de homicidios

Uno de los principales logros señalados por Villeda es la desarticulación de 47 organizaciones criminales, lo que, según sus palabras difundidas por redes oficiales, ha permitido que “más de 3 mil 600 familias y comercios dejen de ser víctimas de extorsión”. Esta cifra, relacionada con una de las problemáticas más persistentes del país —la extorsión a ciudadanos y empresas—, es presentada como prueba del debilitamiento de las redes delictivas y la recuperación del control territorial.

El reporte establece también una reducción de homicidios en 142 casos, situando la tasa nacional en 16,8 por cada 100 mil habitantes. Además, disminuyeron las cifras de personas heridas y los delitos de hurto, consolidando un escenario en el que, según Villeda, “cada cifra es una vida protegida”. El ministro insistió en que el nuevo modelo de seguridad traslada el miedo hacia los propios grupos criminales: “Cuando el Estado actúa, el miedo empieza a cambiar de lado. Y cuando se acorrala al crimen, son los criminales los que empiezan a temer”.

En la lucha contra el narcotráfico, la cartera de Gobernación informó la incautación de más de 6 mil 700 kilos de cocaína y la erradicación de 6,3 millones de plantas ilícitas (marihuana, coca y amapola), junto con la captura de 23 extraditables, hechos que, de acuerdo al ministro, fortalecen la cooperación internacional en materia de seguridad.

Sistema penitenciario y reutilización de bienes incautados fortalecen la respuesta estatal

Otra área subrayada en el balance corresponde al Sistema Penitenciario. Según los datos oficiales, se ejecutaron 327 requisas estratégicas en centros carcelarios de Guatemala, que —en opinión de Villeda— buscan frenar operaciones delictivas iniciadas desde el interior de las prisiones.

Destaca, además, la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Izabal, levantada en un terreno confiscado anteriormente a un narcotraficante. Para el ministro, este hecho representa “un símbolo de recuperación de recursos para el Estado”, permitiendo que “los recursos del delito ya no protegen al delito, ahora sirven para combatirlo”.

La articulación entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala como un sistema integrado de seguridad es una novedad operacional que, según el informe, produce respuestas más eficientes y un control territorial sostenido. El propio Villeda afirmó: “Antes, las instituciones reaccionaban, hoy nos anticipamos. Antes, cada fuerza trabajaba por separado, hoy actuamos de forma coordinada”.

El Gobierno insiste en “recuperar el control” pese a desafíos y resistencia

El ministro Marco Antonio Villeda reconoció que persistirán desafíos relevantes para la seguridad, en particular la circulación de desinformación y la resistencia activa de estructuras criminales ante la creciente presión estatal. “La seguridad no es negociable. Estamos recuperando el control y no vamos a dar un solo paso atrás”, enfatizó en el cierre de su balance, ratificando el compromiso institucional de mantener la ofensiva contra el crimen.

Durante los primeros seis meses de gestión, la estrategia implementada por el Ministerio de Gobernación apuesta por resultados verificables en detenciones, neutralización de organizaciones criminales y golpes económicos a las redes ilícitas. El discurso oficial, divulgado por redes oficiales, apunta a consolidar la seguridad ciudadana como eje prioritario y a sostener la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial como señales del cambio de paradigma gubernamental en materia de seguridad en Guatemala.

La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala inició una nueva etapa tras el nombramiento de Pai Ela Escobar Pérez de Palma como directora general, decisión anunciada este jueves por las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. El cambio de mando marca el comienzo de una administración centrada en la fortalecimiento de la seguridad vial, la digitalización de procesos y la transparencia en los servicios públicos, según informó la propia funcionaria en declaraciones recogidas por Fuerza Informativa Azteca.

Escobar Pérez de Palma delineó como ejes principales de su gestión la consolidación de los procesos iniciados previamente en la DGT y la modernización de los sistemas de atención al usuario. “Los retos que tenemos en la Dirección General de Transportes son muy grandes, pero vamos a continuar la hoja de ruta y a consolidar todos los procesos”, explicó la nueva directora. Añadió que la institución busca avanzar hacia un servicio público eficiente, orientado a los ciudadanos, donde la automatización de trámites permitirá que los servicios sean “cien por ciento en línea”, lo que contribuirá a la trazabilidad y la gratuidad de los procedimientos administrativos.

La funcionaria enfatizó que la seguridad vial se mantendrá como uno de los tres pilares fundamentales de la DGT. “Necesitamos darle fortalecimiento a la seguridad vial, porque al final del día son los guatemaltecos los que nos interesan que ellos tengan un servicio eficiente de transporte”, declaró Escobar Pérez de Palma, citada por Fuerza Informativa Azteca. La directora defendió que la transformación digital y la vigilancia del cumplimiento normativo permitirán garantizar los derechos de los usuarios, respetando siempre el marco legal vigente.

Entre las primeras acciones bajo su liderazgo, la DGT prevé intensificar la coordinación interinstitucional con la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil y PROVIAL. En el corto plazo, se implementarán operativos orientados al control del transporte, el monitoreo de reguladores de velocidad y la atención a incidentes viales. “Vamos a continuar realizando las coordinaciones con la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil y con PROVIAL, que es un apoyo que coadyuva a que el trabajo de la Dirección General de Transportes sea más eficiente”, aseguró la directora, según recogió Fuerza Informativa Azteca.

El nombramiento de Escobar Pérez de Palma y la agenda que impulsa buscan responder a las demandas de modernización y transparencia en el sector transporte, en un contexto donde la eficiencia y la seguridad siguen siendo reclamos prioritarios para la población guatemalteca.

Cumplimiento de normas y autorizaciones en el transporte extraurbano

La entidad responsable del transporte extraurbano y de carga en el país mantiene bajo su control la emisión de licencias y tarjetas de operación para buses extraurbanos y vehículos de transporte de carga, una función central para garantizar la legalidad y regulación del sector. Este organismo, identificado como autoridad reguladora del transporte, también supervisa el cumplimiento de las tarifas autorizadas, los horarios oficiales y las normativas de seguridad, entre las que destaca la obligación de instalar limitadores de velocidad en las unidades.

Las agresiones contra defensores de derechos humanos en Guatemala durante 2025 alcanzaron un nuevo máximo con 5,238 ataques documentados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), en un contexto marcado por el asedio de redes de corrupción al Gobierno de Bernardo Arévalo de León y la presión de sectores proimpunidad ante la renovación de las altas cortes prevista para 2026, según el informe anual divulgado por EFE.

Este incremento, calificado como “atípico” por las organizaciones civiles, evidencia una escalada sostenida de agresiones justamente en el segundo año de la actual administración, contraviniendo las expectativas de mayor protección institucional.

La cifra supone un aumento del 26.7 % respecto de los 4,133 casos de 2024, lo que representa la mayor suba interanual desde que Udefegua comenzó este relevamiento, detalló EFE el miércoles. Este dato sitúa la situación guatemalteca entre las más graves de la región en materia de ataques a activistas y refleja una intensificación de las estrategias empleadas para frenar la labor de quienes denuncian abusos, especialmente en un escenario dominado por la presión política y judicial ante el inminente proceso de designación de las nuevas altas cortes.

El informe Comunidades que resisten advierte que cuatro de cada cinco agresiones consistieron en campañas de desacreditación pública, centrándose en ataques psicológicos y reputacionales ejecutados principalmente mediante plataformas digitales. Udefegua reportó 2,171 casos de estigmatización, 1,454 de hostigamiento y 1,008 de difamación durante 2025. Alrededor del 96 % de estos ataques fueron perpetrados mediante netcenters, estructuras digitales dedicadas a orquestar campañas de desprestigio, según precisó la organización a EFE.

Escalada de ataques bajo el Gobierno de Arévalo

La labor de los defensores y periodistas no solo fue puesta en riesgo en el ámbito digital. Durante 2025, Udefegua confirmó 12 asesinatos vinculados a la defensa de derechos humanos: entre las víctimas hubo nueve defensores de la tierra y el medioambiente, dos periodistas y una sindicalista. Esta selección de blancos revela un patrón orientado a silenciar a quienes exponen abusos del sistema de justicia o informan sobre ellos, aseguró Udefegua en su balance anual.

El fenómeno de la criminalización sistemática se profundizó con detenciones prolongadas de líderes sociales e indígenas. Casos como el del exdirigente de los 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y su compañero Héctor Chaclán, ambos con más de un año en prisión preventiva, fueron destacados como ejemplos por EFE. Udefegua identificó en su informe un clima de creciente judicialización, donde la protesta y el activismo social son utilizados como tácticas para disuadir la fiscalización ciudadana.

Las mujeres defensoras enfrentaron un escenario con ataques focalizados a su reputación y a su integridad. La activista Nahomi Rodríguez subrayó ante EFE: “Hablar de mujeres defensoras es hablar de valentía, de resistencia y de una lucha cotidiana por la justicia y el territorio, en un contexto que no solo es adverso, sino con frecuencia hostil para quienes cuestionan los intereses de poder”.

Patrones de criminalización y respuesta institucional

En respuesta al deterioro del contexto, Udefegua valoró como avance la reciente creación de la Política Pública de Protección a Defensores en Guatemala, aunque condicionó su éxito a que el Ministerio de Gobernación la implemente con urgencia.

Los destinos turísticos más destacados de Guatemala combinan cultura, historia y naturaleza en una oferta única para los visitantes internacionales. Desde antiguos templos mayas en Tikal hasta mercados coloridos en Chichicastenango y pozas turquesas en Semuc Champey, el país centroamericano se consolida como un enclave de paisajes diversos y tradiciones vivas, atractivo tanto para quienes buscan turismo cultural como actividades al aire libre y contacto con la biodiversidad.

El Lago de Atitlán, epicentro natural y cultural

Uno de los principales destinos turísticos de Guatemala, el Lago de Atitlán, ha sido reconocido como uno de los lagos más bellos a nivel mundial. Según el texto fuente, los pueblos tradicionales que lo rodean, como Santiago Atitlán, ofrecen un reflejo genuino de la cultura maya y la diversidad que caracteriza a sus habitantes, perceptible en los trajes típicos y múltiples idiomas regionales aún en uso.

Las actividades recomendadas para los visitantes incluyen la navegación de pueblo en pueblo, el aprendizaje de técnicas ancestrales de tejido, caminatas por las montañas y volcanes circundantes, así como turismo de aventura y deportes acuáticos, entre los que destacan el kayak y la natación en aguas limpias y apacibles. Quienes recorren la zona pueden también visitar fincas de café y observar aves endémicas, lo que suma opciones tanto para el turismo ecológico como para el recreativo.

Tikal y el legado maya en Petén

El departamento de Petén alberga el sitio arqueológico de Tikal, considerado la ciudad maya más grande y mejor conservada de Guatemala. Los orígenes de este enclave se remontan al año 400 a. C., y alcanzó su momento de mayor esplendor en el Periodo Clásico, entre los años 200 y 900 d. C. Los visitantes pueden recorrer templos, pirámides, plazas y terrazas ceremoniales, además de explorar la selva circundante desde miradores ubicados en puntos estratégicos.

El acceso a Tikal es posible desde Antigua Guatemala o Flores, una isla menos transitada por el turismo internacional, cuya oferta complementa la experiencia en el norte del país. Las excursiones en la región permiten la observación de amaneceres y atardeceres sobre la selva guatemalteca y sumergen al viajero en la monumentalidad de la civilización maya, según describe el artículo fuente.

Semuc Champey y la riqueza natural de Alta Verapaz

En la región de Alta Verapaz, destacan paisajes de exuberante vegetación, montañas, lagos y cascadas. La región central es conocida por su densidad de reservas ecológicas, sistemas de cuevas y selvas tropicales. En este contexto, Semuc Champey, situado a aproximadamente dos horas de la ciudad de Cobán, se distingue por sus pozas de agua turquesa, alimentadas por el río Cahabón y manantiales minerales.

La visita a Semuc Champey incluye recorridos por la selva tropical y la posibilidad de nadar en las pozas, además de la experiencia de contemplar el entorno desde plataformas de observación en miradores. Este enclave representa uno de los puntos de referencia para el turismo de naturaleza en Guatemala.

El siguiente bloque responde directamente a la pregunta sobre los principales atractivos de Guatemala, el perfil de sus visitantes y el valor de su oferta: Guatemala es reconocida por sus destinos turísticos que atraen tanto a viajeros interesados en la riqueza natural como en el legado histórico y antropológico del país. El Lago de Atitlán, el sitio arqueológico de Tikal y reservorios ecológicos como Semuc Champey se ubican entre los destinos más relevantes. Estos sitios no solo exhiben la biodiversidad y la belleza paisajística del país, sino también su herencia cultural maya, viva en la arquitectura, las costumbres y los idiomas locales.

Quetzaltenango y Antigua Guatemala: historia y arquitectura

La ciudad de Quetzaltenango, conocida popularmente como Xela, es la segunda más poblada del país. Ofrece una combinación de paisajes montañosos, aguas termales y ríos. Se encuentra rodeada de volcanes y es reconocida por espacios culturales como iglesias, museos y plazas. Además, la Laguna de Chicabal, las fuentes termales Georginas y el pueblo de Salcajá enriquecen la oferta turística en las inmediaciones de la ciudad.

Antigua Guatemala, fundada en 1543, fue la capital hasta 1776, cuando un terremoto obligó al traslado de la administración colonial a la actual Ciudad de Guatemala. La Antigua destaca por su arquitectura colonial, calles dispuestas en cuadrícula y edificaciones históricas como la iglesia central adyacente a la municipalidad y los parques. La ciudad ofrece una vida nocturna activa, con variedad de bares, restaurantes y clubes. Aquellos interesados en el turismo activo pueden ascender a los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, o recorrer fincas de café en los alrededores.

Chichicastenango y la preservación maya-Quiché

En la cima de las montañas aledañas a Antigua Guatemala se localiza Chichicastenango, cuna de la civilización Quiché, el mayor grupo de población maya en Guatemala. En este lugar se halló el texto original del Popol Vuh, conocido como “el libro sagrado de los mayas”.

El mercado de Chichicastenango sigue siendo uno de los principales núcleos de intercambio comercial y encuentro cultural, con venta de artesanías, productos agrícolas y flores. La iglesia de Santo Tomás, edificada hace aproximadamente 400 años, es el epicentro de prácticas rituales mayas modernas y forma parte del recorrido histórico por la región.

Izabal: Río Dulce, Livingston y el Caribe guatemalteco

Livingston, en la confluencia del Río Dulce con el mar Caribe, es el referente principal de la cultura garífuna en el país. Este destino solo es accesible por barco y se caracteriza por su identidad caribeña, la presencia de palmeras, playas y gastronomía basada en mariscos y coco. A lo largo de Río Dulce, los ecosistemas acuáticos, manglares y aves conforman el entorno perfecto para el ecoturismo.

A corta distancia se localiza el Castillo de San Felipe, erigido en el siglo XVII. Su función histórica abarcó la vigilancia militar, la prisión y el control aduanero. Actualmente, es un sitio abierto al público y muy concurrido tanto por su valor arquitectónico como natural.

Ciudad de Guatemala, centro político y cultural

La Ciudad de Guatemala es poco frecuentada por quienes visitan el país, pero alberga puntos de interés significativos, según el texto fuente. El centro histórico (zona 1), organizado alrededor del Parque Central, reúne la catedral, el Palacio Presidencial y la plaza Barrios. Esta última, junto con el museo del ferrocarril, símbolo de la etapa de exportación frutícola mediante tren, constituyen testimonios tangibles de la transformación socioeconómica de la capital.

En el museo, la exposición permanente “¿Por qué estamos como estamos?” recorre la historia guatemalteca desde la época precolombina hasta el presente, con particular énfasis en la diversidad étnica y las formas de exclusión social originadas en el sistema colonial. El Parque Arqueológico Kaminaljuyú, ubicado en la zona 7, es un espacio de culto donde la población local expresa un sincretismo espiritual entre religiones originarias, creencias cristianas y prácticas mayas: es común observar ceremonias con ofrendas, copal, velas y flores.

La herencia maya permanece viva en la vida urbana contemporánea, expresada en ritos que honran la cruz –símbolo de los cuatro puntos cardinales, los 20 nahuales y las trece energías concebidas en la cosmovisión local. Los recorridos por la capital pueden incluir zonas verdes como el hipódromo de la zona 2 y el famoso mapa en relieve, una maqueta monumental que reproduce la geografía nacional.

Guatemala ofrece, en cada uno de sus destinos principales, una combinación de patrimonio histórico, identidad indígena persistente y paisajes naturales que la distinguen entre los países centroamericanos.

La electrificación rural en Guatemala enfrenta un nuevo impulso tras el acuerdo interinstitucional firmado el 29 de abril por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). El convenio introduce un procedimiento que agiliza la aprobación de proyectos hasta por Q10 millones en su fase inicial, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la inversión pública y acelerar el acceso a la energía eléctrica en comunidades rurales, una medida destinada directamente al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo local, de acuerdo con información difundida por INDE.

La iniciativa, de vigencia quinquenal, establece que durante el periodo entre 2024 y finales de 2025 se aprobaron 177 proyectos de líneas y redes de distribución eléctrica. Este dato, sumado a la meta planteada de alcanzar a 71 mil hogares en entre 1.200 y 1.300 comunidades para el año 2026, diferencia la alianza de experiencias previas y evidencia su alcance, según afirmó el gerente general de INDE, Armando Roberto Martínez Aguilar, en declaraciones recogidas por INDE.

Una vez en marcha, el convenio regula la definición, revisión y aprobación de proyectos de electrificación bajo criterios de proporcionalidad y rigor técnico, con el propósito de optimizar los recursos estatales y minimizar retrasos administrativos. Esto permitirá que cada propuesta se adapte a la complejidad específica del contexto rural al que está destinada.

El formato simplificado de proyectos permitirá acelerar la aprobación en el Sistema Nacional de Inversión Pública

De acuerdo con el convenio firmado por Martínez Aguilar y por el secretario de SEGEPLAN, Carlos Antonio Mendoza Alvarado, el nuevo modelo exige que las iniciativas presentadas cumplan cinco fases obligatorias: un diagnóstico de la situación, la identificación precisa del proyecto, un análisis de la demanda local, la solución técnica acompañada de presupuesto y cronograma, y la correspondiente evaluación socioeconómica del impacto. INDE y SEGEPLAN informaron que este enfoque facilitará la preparación de expedientes que puedan tramitarse con rapidez sin incumplir las regulaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Cada proyecto debe presentarse con una serie de documentos: oficio de solicitud, ficha de información general, acreditación de propiedad o posesión del terreno o documentación de servidumbre de paso, resolución ambiental, análisis de gestión de riesgo y dictamen de patrimonio cultural en los casos pertinentes, según detalló INDE.

La formulación y seguimiento de las propuestas estará a cargo de INDE, que deberá garantizar la documentación mínima exigida y la adecuación técnica de cada expediente. Por su parte, SEGEPLAN utilizará estos mismos criterios para revisar y acompañar técnicamente los proyectos dentro del SNIP, además de ofrecer monitoreo durante su desarrollo.

El impacto directo: beneficio para 71 mil hogares y concreción del trabajo coordinado entre instituciones

El secretario de planificación de SEGEPLAN, Mendoza Alvarado, destacó ante INDE que la formalización del convenio da sustento a una “buena práctica ya veníamos construyendo”, al pasar de una relación fragmentada entre dependencias a una estructura unificada de trabajo. Martínez Aguilar resumió el espíritu de la cooperación: “Hoy damos un paso firme hacia un objetivo común: llevar desarrollo, oportunidades y dignidad a cada rincón de Guatemala a través de la energía eléctrica. Esta alianza estratégica permitirá agilizar la formulación de proyectos de electrificación rural.”

El modelo simplificado representa un cambio relevante no solo por la mejora en la tramitación, sino porque está orientado a atender con prioridad las “necesidades específicas de las comunidades rurales”, según la visión de ambas entidades compartida por INDE. En este esquema, la aprobación de 177 proyectos entre 2024 y 2025 y la meta de llegar a 71 mil hogares en 2026 constituyen los hitos cuantificables del avance.

La cooperación interinstitucional acordada entre INDE y SEGEPLAN permitirá fortalecer, a lo largo de cinco años, la cobertura eléctrica, la calidad de los proyectos y la capacidad de respuesta a las demandas de desarrollo en áreas rurales de Guatemala.

En la II Reunión Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), encabezada por la vicepresidenta Karin Herrera, las autoridades de Guatemala definieron un conjunto de acciones preventivas para enfrentar la escasez de lluvia y proteger la seguridad alimentaria en 58 municipios identificados como prioritarios. El plan busca anticipar los impactos de eventos climáticos extremos previstos para este año, integrando esfuerzos del gobierno, cooperación internacional y ayuda humanitaria, según información de medios oficiales.

Durante la sesión, la titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, señaló que el país dispone actualmente de USD 58.3 millones en cooperación internacional canalizados a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Ogaldes detalló a la fuente oficial que estos fondos están orientados a cubrir necesidades inmediatas en asistencia alimentaria, salud, agua y saneamiento. La identificación de estos recursos constituye una diferencia clave frente a coberturas anteriores, al colocar el enfoque en la gestión financiera y en la articulación internacional.

La II Reunión Extraordinaria de CONASAN, liderada por Karin Herrera, sirvió como marco para la presentación de una propuesta operativa que articula la respuesta anticipatoria ante condiciones ambientales adversas, con énfasis en evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de la población. La estrategia impulsada por CONASAN tiene como núcleo la prevención y la priorización geográfica: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por conducto de su director de Información Estratégica y de Gestión de Riesgo, Rafael López, especificó que se identificaron 58 municipios con condiciones críticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Según el análisis presentado por López ante el medio oficial, la planificación incluye la observación detallada de las condiciones agroclimáticas del país, considerando la recurrencia de déficits hídricos entre 2015 y 2025, periodo en el que los municipios vulnerables han sido mapeados en función de los impactos agrícolas registrados. Este trabajo técnico fundamenta la toma de decisiones y el diseño de medidas anticipadas para reducir los daños sobre cultivos y garantizar la estabilidad de la producción local.

Medidas anticipatorias y coordinación institucional para mitigar la sequía

Para responder a los riesgos detectados, el plan nacional establece la puesta en marcha de sistemas de monitoreo agroclimático, la activación de mesas técnicas territoriales y la emisión de recomendaciones especializadas dirigidas a productores sobre el manejo de cultivos, la conservación de agua y la protección de ganado. Esta operación integra la labor de diferentes entidades: la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera, destacó el papel de la coordinación interinstitucional para fortalecer la respuesta y garantizar el acceso a alimentos básicos en el país.

En términos operativos, el Plan Institucional de Respuesta expuesto ante CONASAN implica la participación de mesas técnicas agroclimáticas que formulan recomendaciones adaptadas a las condiciones particulares de cada territorio. Simultáneamente, se generan lineamientos técnicos al sector agropecuario para minimizar las pérdidas, salvaguardando tanto la producción como los medios de vida rurales.

En la sesión, Mireya Palmieri, jefa de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), afirmó que se han emprendido acciones en salud, nutrición y asistencia técnica para enfrentar las consecuencias del déficit hídrico. El análisis desarrollado por MAGA permite orientar la respuesta a los territorios y comunidades expuestos a mayor vulnerabilidad alimentaria.

El impacto del déficit hídrico y la articulación de recursos

El periodo comprendido entre 2015 y 2025 ha estado marcado por una reiterada incidencia de fenómenos climáticos adversos, especialmente la sequía. Este patrón ha agravado la situación de municipios rurales dependientes de la agricultura de subsistencia, razón por la cual las autoridades han impulsado un enfoque anticipatorio, apoyado en información técnica y en la consulta a mesas regionales especializadas.

La vicepresidenta Karin Herrera puntualizó la importancia de intervenir de manera preventiva en aquellos territorios con mayor riesgo, y enfatizó: “Conocimos los avances de las medidas anticipatorias y preventivas para los meses de sequía que se tiene previsto que se presentarán”, declaración transmitida a la fuente oficial.

La viceministra Dinorah Herrera subrayó el compromiso de continuar generando información técnica oportuna que permita anticipar escenarios adversos y definir estrategias dirigidas a la estabilidad productiva y la seguridad alimentaria a nivel nacional.

Una filtración masiva de 178 gigabytes de información ha expuesto puntos críticos de la infraestructura digital del Ministerio de Educación de Guatemala. El ataque, atribuido al grupo de ciberdelincuentes L4TAMFUCKERS, revela la fragilidad de los sistemas públicos y eleva la alarma por sus posibles consecuencias prolongadas: el continuo riesgo para los datos personales y la operatividad de servicios estatales, según el informe difundido este martes por el portal especializado Vecert Analyzer.

La Dirección de Comunicación Social del Mineduc informó que “ante los reportes recibidos sobre un posible incidente de ciberseguridad esta mañana, el personal especializado del Ministerio de Educación y del Gobierno se encuentra realizando el análisis técnico correspondiente”, según cita el medio Soy502

El método y la magnitud: una extracción que supera antecedentes recientes en la región

La vulnerabilidad del Ministerio de Educación quedó expuesta cuando el ciberdelincuente conocido como GordonFreeman, identificado por Vecert Analyzer como integrante activo de L4TAMFUCKERS, accedió a los servidores institucionales y extrajo al menos 150 mil archivos PDF que contenían registros administrativos, personales y educativos de estudiantes y docentes. La realidad del ataque fue confirmada por la difusión previa de una “prueba de concepto”, conformada por 2,4 gigabytes y 1.979 documentos robados, acción que analistas consideran uno de los mayores incidentes documentados frente a infraestructuras educativas en América Latina.

La propia cartera educativa comunicó que está indagando la posible autenticidad de la filtración, aunque hasta el momento no ha emitido confirmación pública sobre la vulneración informada por Vecert Analyzer.

Entre los datos comprometidos se encuentran expedientes académicos, registros de inscripción y datos de personal administrativo y docente. El monitoreo internacional realizado por el portal de ciberseguridad advierte que el alcance de la filtración no se limita al impacto inicial. Hay indicios de que los sistemas internos permanecen en situación de riesgo frente a accesos no autorizados incluso con las medidas estatales de contención ya implementadas.

Ofensiva paralela: otros organismos estatales bajo amenaza y exposición de credenciales

La jornada del 30 de abril de 2026, cuando se difundió el análisis de Vecert Analyzer, registró ataques paralelos a otras dependencias guatemaltecas como la Oficina del Procurador General y la Superintendencia de Telecomunicaciones. El responsable, identificado como NemorisHacking, vinculado al alias KeyBreaker y presunto miembro de JXLLTEAM, publicó en Telegram claves administrativas que permitieron controlar y alterar visualmente (“defacement”) portales oficiales, según el informe.

Uno de los dominios afectados es el portal de servicios financieros virtuales (http://posvirtual.gt), donde la investigación comprobó la manipulación de rutas internas. Las intrusiones se realizaron mediante fuerza bruta y programas especializados para sustraer información (information stealers), reforzadas por la distribución de los datos robados a través de servicios de almacenamiento externo y foros especializados.

El bloque siguiente responde directamente a la pregunta central del incidente: El Ministerio de Educación de Guatemala fue víctima de una filtración sin precedentes atribuida a L4TAMFUCKERS con el robo de 178 gigabytes de información —principalmente registros académicos y administrativos de estudiantes y personal—. Las técnicas empleadas posibilitaron la exposición de credenciales y la toma de control de plataformas oficiales. El riesgo continúa con accesos no autorizados y servicios públicos potencialmente comprometidos, conforme a la documentación de Vecert Analyzer el 30 de abril de 2026.

Respuestas urgentes, protocolos de contención y advertencias para la ciberseguridad estatal

Las recomendaciones de Vecert Analyzer tras el episodio han sido taxativas: aislamiento inmediato de los servidores, auditoría total de cuentas privilegiadas y anulación de toda sesión sospechosa. Para entidades como la Procuraduría General y la Superintendencia de Telecomunicaciones, el informe establece el cambio masivo de contraseñas, la rotación global de accesos administrativos y la obligación de habilitar autenticación de doble factor en todos los portales ciudadanos.

El equipo técnico del Ministerio de Educación recibió directrices específicas para frenar la continuidad de la exfiltración de datos, con énfasis en cerrar sesiones y actualizar los protocolos de respuesta a incidentes en tiempo real. Según la última actualización de Vecert Analyzer, se ha implementado un sistema de monitoreo constante sobre los sistemas comprometidos y los próximos hallazgos serán reportados a través de la plataforma (http://analyzer.vecert.io).

Una amenaza persistente con consecuencias estructurales para Guatemala

El empleo de servicios de archivo digital y foros públicos para almacenar pruebas del ataque multiplicó la posibilidad de intrusiones adicionales, remarca el informe. En plataformas esenciales como la del Procurador General (http://pgn.gob.gt) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (http://sit.gob.gt), la publicación directa de nombres de usuario y contraseñas válidas incrementa el riesgo operativo para los servicios estatales.

Los especialistas en seguridad de Vecert Analyzer apuntan que la exposición de herramientas de administración y accesos desprotegidos representa una amenaza estructural para la ciberseguridad de Guatemala. La situación expande la superficie de riesgo, amenazando la continuidad y la confianza en los servicios públicos digitales del país. Hasta el momento no hay versiones oficiales que confirmen los ataques denunciados por esta plataforma, en tanto el Gobierno de Guatemala ha afirmado que trabaja en el fortalecimiento de su red. https://x.com/VECERTRadar

La detención de Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez, trabajadores del Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala, marca un punto crítico en la investigación por la emisión de un Documento Personal de Identificación (DPI) falso, presuntamente utilizado por el mexicano Fernando Farías Laguna, quien fue capturado en Argentina mientras portaba esa documentación. La rápida intervención se produjo luego de que el RENAP detectara la presunta identificación irregular el pasado 24 de abril y activara inmediatamente sus protocolos institucionales, según informó la entidad en un comunicado oficial.

Como parte del proceso, la Inspectoría General del RENAP presentó ese mismo día una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), cumpliendo con el artículo 298 del Código Procesal Penal. Fernando Farías Laguna, contralmirante mexicano señalado en su país de origen por liderar una red de tráfico ilegal de combustibles, permanecía prófugo desde agosto de 2025. Su detención en territorio argentino ocurrió portando un DPI guatemalteco, emitido bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.

El Ministerio Público inició una serie de diligencias que condujeron a la captura, el 30 de abril, de los dos empleados involucrados de la oficina 213 del RENAP en San José del Golfo, Guatemala. El RENAP imputó a Yesenia Alejandra Mayén Ruano los delitos de supresión y alteración continuada del estado civil. A Luis Rolando López Velásquez se le atribuyó incumplimiento de deberes y participación en los mismos cargos vinculados a la manipulación de registros oficiales.

El RENAP tomó medidas administrativas inmediatas, incluyendo el despido de ambos empleados, y no descarta “acciones adicionales conforme avance la investigación”, de acuerdo con la comunicación oficial de la institución. Según la entidad: “Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores de la oficina doscientos trece del municipio de San José del Golfo, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa al margen de los procedimientos establecidos en contravención de la normativa vigente y en perjuicio del RENAP”.

Trabajadores despedidos y denuncia ante el Ministerio Público tras el hallazgo en Argentina

Desde la detección del uso fraudulento del DPI en Argentina, el RENAP activó mecanismos de control y verificación para proteger la integridad jurídica del sistema registral y aseguró que la situación investigada no representa el modo de operar habitual de la institución. La entidad remarcó: “El RENAP opera bajo estrictos mecanismos de control y verificación que garantizan la seguridad jurídica del sistema registral”.

Los procesos administrativos contra los dos trabajadores comenzaron de inmediato y su despido ya fue formalizado, aunque la investigación penal sigue en curso y podría derivar en nuevas sanciones a medida que avance el caso. Ambas partes confirmaron la colaboración con el Ministerio Público, y nuevos datos oficiales serán comunicados exclusivamente por los canales institucionales del RENAP.

La acusación sostiene que Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez participaron directamente en la alteración y supresión de datos civiles, lo que facilitó la expedición irregular del documento utilizado por un fugitivo internacional de alto perfil. Este caso evidencia las vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por estructuras ilícitas, incluso a nivel transnacional.

Por mandato del artículo 298 del Código Procesal Penal, toda investigación sobre presuntos delitos en procesos registrales exige la intervención del Ministerio Público y acciones inmediatas por parte de las instituciones afectadas. El RENAP reiteró que el organismo mantiene un régimen estricto de control, y que este incidente es una excepción asociada a una conducta dolosa puntual.

La detención de Fernando Farías Laguna en el extranjero, portando documentación guatemalteca adulterada, involucró la cooperación de entidades judiciales y administrativas de Guatemala y Argentina. Desde la denuncia hasta las capturas y las acciones administrativas, la respuesta oficial se desarrolló en menos de una semana, reflejando la prioridad asignada por el RENAP a la preservación de la seguridad y legalidad del sistema de identificación nacional.

La Comisión de Economía del Congreso avanzó en la discusión y acuerdos sobre la iniciativa de modificación a la llamada ley antilavado, integrando cambios sustantivos que buscan limitar la discrecionalidad en la aplicación de medidas cautelares y ajustar definiciones clave para fortalecer la certeza jurídica.

El proceso, destinado a culminar con la aprobación en tercer debate por artículos y la redacción final, introduce plazos específicos y redefine a los sujetos obligados, según lo debatido por parlamentarios y asesores técnicos durante la sesión, informó el presidente de la comisión, Jorge Estuardo Ayala Marroquín.

Entre las modificaciones principales abordadas por la comisión, Ayala Marroquín expuso que destaca la reducción en el alcance de la debida diligencia ampliada sobre familiares y asociados de personas expuestas políticamente (PEP).

Bajo la normativa vigente, exigía supervisión hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; la revisión reduce este alcance al primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad, restringiendo así el universo de personas sometidas a un control mayor, según consta en la propuesta debatida.

Nuevos plazos para medidas cautelares y consecuencias de su incumplimiento

El texto revisado del artículo 89 establece que el Ministerio Público dispone de un plazo improrrogable de tres días para solicitar al juez la convalidación de cualquier medida cautelar aplicada ante peligro por demora. Si transcurre ese lapso sin solicitud, los bienes afectados deben ser devueltos o liberados de manera inmediata. De igual modo, si el juez o tribunal no resuelve la solicitud en los tres días siguientes, opera la misma consecuencia.

La disposición busca corregir una omisión histórica de la ley actual, donde solo se mencionaba la actuación “inmediata” del Ministerio Público sin un plazo concreto, lo que en la práctica, Rónald Portillo Alfaro puntualizó en el debate registrado, permitía que bienes quedaran congelados indefinidamente debido a la falta de una revisión judicial obligatoria.

El diputado Portillo Alfaro consideró: “En la práctica va a ser complejo que los jueces puedan cumplir con esos plazos”, pero la nueva redacción introduce por primera vez una consecuencia directa en caso de incumplimiento: “si no se resuelve en tres días, se libera” la medida.

Reformulación de definiciones en sujetos obligados y categorías especiales

El debate de la comisión también centró atención en la corrección de términos y categorías clave dentro de la iniciativa. Ayala Marroquín remarcó ante sus colegas que se sustituyó la noción de “conviviente” —sin reconocimiento legal— por la figura de “unidos de hecho”, mientras que se eliminó la referencia a “colaboradores” y a relaciones habituales previas, con el fin de acotar la redacción y evitar interpretaciones ambiguas sobre quiénes quedarían sujetos a las obligaciones reforzadas establecidas por la ley.

Según el análisis de Portillo Alfaro, el artículo 25, denominado ahora Situaciones Especiales, no regula exclusivamente a las PEP, sino que extiende la debida diligencia ampliada a sus asociados, familiares y a otras categorías como proveedores y contratistas del Estado. La precisión fue respaldada por representantes de la Superintendencia y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que consideraron que la adecuación se ajusta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ofrece mayor claridad tanto a los sujetos obligados como a las autoridades fiscalizadoras.

Difieren las obligaciones entre bancos, notarios y otros profesionales

Durante la jornada, el exdiputado Mariano Rayo, actualmente asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala, intervino para señalar que la propuesta separa explícitamente las obligaciones de notarios y abogados respecto de las impuestas a los bancos. Rayo precisó que, a partir del artículo 42, los notarios estarán obligados únicamente a emitir “avisos” ante operaciones inusuales, en lugar de reportes o denuncias formales. Según Rayo, esta distinción “evita sobrecargar” a los profesionales independientes con los mismos deberes de las entidades financieras, reservando a la IVE la evaluación y, si corresponde, el reporte de las transacciones sospechosas.

Ajustes en la penalidad y claridad en delitos conexos

Una de las reformas más discutidas se centró en la conversión de la pena privativa de libertad en multa. La nueva disposición establece que la conversión no podrá exceder una cuarta parte de la condena original, pero fija un tope máximo de dos años adicionales de prisión. La propuesta, impulsada por el diputado Inés Castillo, atiende además una recomendación que busca evitar sentencias desproporcionadas para casos de no pago de multas, como detalló Ayala Marroquín durante la sesión.

También fue objeto de acuerdo añadir al texto legal el aumento de un tercio en la pena cuando el delito de terrorismo sea cometido por integrantes de maras o pandillas, en consonancia con reformas previas en la legislación antimaras.

Delimitación precisa del delito de terrorismo

La deliberación sobre el artículo 104 llevó a los diputados a acordar la supresión de expresiones consideradas excesivamente amplias, tales como “impida a terceros el libre ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales”.

En su lugar, se optó por una versión acotada que define el terrorismo solo cuando las acciones busquen “generar un estado de terror en la población o en un sector de ella”.

El diputado Carlos Sanabria propuso que el delito quede exclusivamente vinculado a conductas que logren ese efecto, evitando así que otras acciones —por ejemplo, el bloqueo temporal de una carretera— sean catalogadas bajo la figura delictiva más grave.

Instrumentos de comunicación y trabajo parlamentario

A lo largo del encuentro, varios diputados manifestaron la necesidad de contar con documentos comparativos claros y unificados, generados por la propia comisión, que permitan a las bancadas comprender las reformas y anticipar eventuales dudas antes del debate en el pleno.

La consolidación de estas herramientas busca facilitar el trabajo legislativo y garantizar que la nueva versión de la ley sea conocida por todos los bloques parlamentarios previo a su discusión final.

El proceso de aprobación de la ley antilavado, sujeto aún a revisión y ajustes de redacción, se encuentra en un punto crítico. Las enmiendas abordadas —avaladas tanto por técnicos como por la IVE y la Superintendencia— han sido encaminadas a fortalecer el marco legal nacional ante la visita de evaluación del GAFI prevista para el mes de febrero, ajustando las prácticas guatemaltecas a los más recientes estándares internacionales en la materia.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) anunció que, del 29 de abril, todas sus cápsulas climáticas incluirán interpretación en lengua de señas, una medida destinada a garantizar la accesibilidad de la información meteorológica y científica para personas con discapacidad sensorial en Guatemala. Esta decisión busca consolidar un entorno más inclusivo y asegurar el derecho al acceso equitativo a la información relevante, indicó Edwin Rojas, director general del INSIVUMEH, durante la presentación de la iniciativa, según datos proporcionados por el propio organismo.

El convenio de cooperación firmado entre el INSIVUMEH y el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala sentó las bases para esta transformación en la divulgación de datos científicos. La primera acción concreta fue una capacitación virtual dirigida a intérpretes en lengua de señas, donde técnicos de Meteorología y Geofísica formaron a los participantes en temas como calentamiento global, frentes fríos, variaciones de temperatura, canícula, sismología y vulcanología. El propósito fue entregar herramientas específicas para que la transmisión del conocimiento científico se realice de manera fiel y sin barreras.

La nueva estrategia del INSIVUMEH no solo impacta el ámbito informativo, sino que también contribuye a la formulación de políticas laborales inclusivas, promoviendo entornos de trabajo accesibles que permitan igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. El instituto afirma que la interpretación en lengua de señas en los reportes meteorológicos permitirá que la comunidad con discapacidad auditiva pueda comprender —en tiempo real y sin intermediarios— los pronósticos y alertas meteorológicas. Así, se facilita la toma de decisiones cotidianas y se refuerza la prevención ante posibles eventos climáticos.

La interpretación en lengua de señas modifica la comunicación científica oficial en Guatemala

Durante las sesiones de formación, el personal técnico del INSIVUMEH expuso un repertorio de conceptos complejos —como la dinámica de los frentes fríos y los componentes del calentamiento global— para que los intérpretes puedan traducir de forma precisa la terminología especializada. Quienes recibieron la capacitación quedaron habilitados para operar como mediadores entre el lenguaje científico y la lengua de señas guatemalteca, función esencial para el nuevo modelo de comunicación institucional.

El Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala colaboró en el diseño pedagógico de la capacitación, garantizando que los contenidos respondieran tanto a las necesidades técnicas del INSIVUMEH como a los requerimientos específicos de la comunidad con discapacidad auditiva y visual. Este trabajo conjunto permitió avanzar en la eliminación de barreras en la transmisión de información y reforzar el compromiso estatal con la equidad y la accesibilidad.

El director general del INSIVUMEH, Edwin Rojas, afirmó: “Entender el clima también es un derecho”. Esta declaración, difundida por el Instituto, refleja el espíritu de la iniciativa y posiciona a la entidad como referente en la integración de la accesibilidad dentro del sector científico guatemalteco.

La implementación oficial de la interpretación en lengua de señas en los reportes meteorológicos marca un avance en los estándares de inclusión en Guatemala, ampliando la cobertura informativa a sectores históricamente excluidos y consolidando una cultura de equidad en la difusión de datos públicos.

La inclusión laboral y social avanza en Guatemala

Guatemala avanza en políticas de inclusión para personas con discapacidad y pueblos indígenas, impulsando acciones laborales, educativas y sociales tras la aprobación de la Ley de Certificación Biopsicosocial (Decreto 6-2024) y el desarrollo de programas de empleo y educación inclusiva. Un 10,4% de la población presenta alguna condición de discapacidad, según cifras recientes, mientras la implementación de la nueva normativa representa uno de los principales desafíos para el país.

La Cruz Roja Guatemalteca describe la inclusión social como el conjunto de condiciones equitativas necesarias para el desarrollo humano integral, una visión compartida por proyectos del PNUD Guatemala orientados a asegurar empleo decente para personas con discapacidad en línea con la Agenda 2030. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, persisten barreras estructurales y sociales que dificultan la integración laboral, pese a los esfuerzos actuales.

Las estadísticas muestran que el 65% de la población adulta posee al menos una cuenta bancaria, aunque la mayor parte del acceso financiero se concentra en el departamento de Guatemala. En materia de educación, los retos persisten para niños con discapacidad debido a falta de recursos, lo que señala la urgencia de intervenciones adicionales.

Organizaciones como Hivos promueven la igualdad de género y el empoderamiento a través de iniciativas dirigidas a la sociedad civil. La creación de entornos diversos y proyectos de inclusión social evidencia un recorrido en marcha, aunque el país enfrenta obstáculos significativos en la garantía de derechos y acceso igualitario para todos los sectores.

La Junta Monetaria decidió mantener en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria, una decisión adoptada de manera unánime el 29 de abril, en respuesta al actual panorama internacional y sus posibles implicaciones sobre la economía guatemalteca en lo que resta de 2026.

Según explicó Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria, durante una conferencia de prensa citada en el comunicado oficial, el pronóstico de inflación para abril se ubica próximo al 3%, lo que refuerza la cautela frente a los riesgos derivados del escenario global.

La inflación en marzo estuvo por debajo del rango meta

El dato más reciente revela que la inflación en Guatemala alcanzó 2.50% en marzo de 2026, cifra que muestra un alza respecto a febrero, cuando se situó en 1.56%.

Sin embargo, este nivel permanece por debajo del límite inferior del objetivo definido por la Junta Monetaria —establecido en 4.0% +/- 1 punto porcentual—, lo que refleja condiciones de baja presión inflacionaria pese a los incrementos internacionales en los precios de los combustibles.

La Junta enfatizó que la reciente aceleración de la inflación está asociada principalmente a presiones de origen externo, específicamente al aumento de los precios internacionales del petróleo generado por el conflicto bélico en Oriente Medio y el correspondiente bloqueo del Estrecho de Ormuz.

La institución subrayó la persistencia de condiciones favorables para el crecimiento económico mundial en 2026 y 2027, impulsadas por la resiliencia del consumo privado y unas condiciones financieras internacionales aún ventajosas.

No obstante, la permanencia de conflictos geopolíticos y políticas comerciales restrictivas incrementa la incertidumbre y los riesgos a la baja.

Riesgos en el entorno internacional y sus implicaciones para Guatemala

El conflicto en Oriente Medio ha motivado un aumento pronunciado en el precio internacional del petróleo, factor que la Junta Monetaria considera determinante en la formación de expectativas inflacionarias. La institución advirtió que una prolongación o intensificación de la crisis podría generar presiones adicionales sobre la inflación importada, modificando el escenario inflacionario nacional.

Al respecto, González Ricci afirmó que las proyecciones actuales contemplan que la inflación se mantenga dentro del rango meta en 2026 y 2027, aunque las predicciones son susceptibles de cambios dependiendo de la evolución de los mercados energéticos internacionales.

La Junta también evaluó que la mayoría de los indicadores económicos de corto plazo mantienen un crecimiento positivo, en sintonía con las estimaciones de expansión económica que sitúan el crecimiento entre 3.1% y 5.1% para 2026 y entre 3.0% y 5.0% para 2027, según lo consignado por la Junta Monetaria en su sesión del 29 de abril. Este resultado refleja, en parte, la capacidad de la economía guatemalteca para enfrentar choques externos y mantener estabilidad en sus principales variables macroeconómicas.

Tercera reunión consecutiva sin variación en la tasa de referencia

El indicador de tasa de interés líder permanece en 3.50% por tercer mes consecutivo, reafirmando la postura de cautela adoptada en un entorno de alta volatilidad global.

La Junta Monetaria reiteró su compromiso de implementar las acciones necesarias para que la inflación se mantenga dentro del rango objetivo, mediante un monitoreo continuo de indicadores económicos nacionales e internacionales susceptibles de impactar en el nivel general de precios.

El comunicado reiteró que cualquier modificación futura en la política monetaria dependerá de la evolución del contexto internacional, especialmente en lo referente al mercado de energéticos y a los efectos derivados de crisis geopolíticas.

La reapertura de las ruinas de Q’umarka’aj, en Santa Cruz del Quiché, marcó el retorno de visitantes nacionales y extranjeros a uno de los principales centros ceremoniales del pueblo maya k’iche’, tras permanecer cerrado cuatro meses por trabajos de remodelación y mantenimiento.

Según comunicó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X, la seguridad y el acompañamiento a los turistas se mantendrán de forma permanente, como parte de la estrategia para resguardar tanto a los visitantes como el patrimonio cultural de la región.

El sitio, conocido también como Gumarcaj, está ubicado a 2.5 kilómetros del casco urbano de Santa Cruz del Quiché, accesible por la carretera nacional 15 tras tomar la ruta interamericana CA1.

El horario de ingreso es de 8:00 a 16:00, con una tarifa de Q5.00 para turistas nacionales y Q30.00 (3.93 USD) para extranjeros, de acuerdo con la información difundida por el ministerio de Cultura y Deporte en su página Web.

Durante la visita a Q’umarka’aj, los asistentes encuentran un recorrido por la historia milenaria del altiplano guatemalteco, desde la época prehispánica, pasando por la invasión española y la colonia, hasta su rol actual como centro de espiritualidad maya k’iche’.

El sitio es escenario frecuente de actividades rituales y sociales, donde el Popol Wuj guía la vida cultural y ceremonial. De acuerdo con información oficial, la plaza principal continúa siendo un espacio vital para eventos espirituales y científicos, así como para la organización de autoridades ancestrales.

En el complejo, el museo construido con elementos inspirados en la arquitectura k’iche’ conserva vestigios arqueológicos y una maqueta que ilustra el estado original de la ciudad antes de su destrucción por Pedro de Alvarado. Entre las piezas expuestas destacan pinturas de momentos históricos, mapas de migraciones y divisiones territoriales, además de cronologías de las batallas de 1524.

El recorrido abarca excavaciones como la del templo Kab’ek, donde se observa la estructura piramidal con estuco tradicional, utilizada para ofrendas ceremoniales. La plaza principal reúne edificaciones con funciones religiosas, políticas, deportivas y científicas, reflejando la complejidad organizativa de la antigua ciudad.

Entre los edificios sobresalen el templo de Tohil, deidad patrona asociada con el sol y la lluvia, cuya arquitectura guarda similitudes con templos de Mayapán y Chichén Itzá.

Documentos del siglo XVII y XIX, citados por cronistas como Francisco Ximénez y John Lloyd Stephens, describen la magnitud y los detalles del templo, que albergó sacrificios humanos según la evidencia arqueológica y crónicas históricas.

Otro edificio emblemático es el templo de Awilix, patrona del linaje Nijaib’, identificado con la heroína Ixbalanqué del Popol Vuh. El conjunto se completa con el templo de Jakawitz, deidad de las montañas, y el templo circular de Q’uq’umatz, dedicado a la serpiente emplumada, cuya plataforma circular aún es visible entre los vestigios.

El espacio también alberga un juego de pelota de tipo “I”, representativo de la herencia maya, y un complejo de cuatro cuevas artificiales que forman parte del simbolismo del inframundo k’iche’. Dos de estas cuevas, de acceso restringido, son utilizadas por los Ajq’ijab’ para ceremonias indígenas, mientras que la cuarta se localiza al sur del sitio cerca de la carretera.

Las instalaciones cuentan con áreas verdes, servicios sanitarios, estacionamiento y una guardianía que administra el registro de visitantes y proporciona material informativo.

Las autoridades recalcaron que la seguridad estará reforzada por la PNC y personal del sitio, en respuesta a la demanda de preservar tanto la integridad de los turistas como la conservación del patrimonio arqueológico.

La reapertura de Q’umarka’aj representa una oportunidad para fortalecer el turismo cultural en Guatemala, al mismo tiempo que fomenta el contacto directo con la memoria histórica y espiritual del pueblo k’iche’

El proceso para la designación al próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala avanza hacia su etapa final con las entrevistas a los candidatos seleccionados. En la segunda jornada, el presidente Bernardo Arévalo se reunió con Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, quienes forman parte de la nómina final enviada por la Comisión de Postulación, la cual cuenta con 6 aspirantes al cargo.

Este procedimiento busca asegurar que el mandatario guatemalteco cuente con elementos de primera mano para valorar el perfil y las propuestas de cada aspirante.

En la jornada del miércoles, García Alvarado fue el primero en ingresar para presentar al presidente Arévalo su plan de trabajo, enfocado en fortalecer la acción penal y el funcionamiento del Ministerio Público. Tras finalizar su participación, ofreció declaraciones en las que destacó la totalidad de su propuesta.

“Se abordó el plan de trabajo, específicamente la totalidad del plan de trabajo de su servidor, que es un plan de trabajo al servicio del pueblo de la República de Guatemala, revolucionando la acción penal desde 1994. No se ha visto un fiscal que sea un fiscal de carrera. Su servidor es un fiscal de carrera que ha estado en el Ministerio Público desde hace muchos años. He estado en todos los puestos de la institución, también he estado por convocatoria pública con todos los abogados de la nación. No he tenido ninguna tacha, no he sido sancionado, ni tampoco no he sido sancionado ni condenado en ningún tribunal de la República de Guatemala o del extranjero”, indicó Alvarado.

Por su parte, Ávila Aparicio acudió al Palacio Nacional para sostener su entrevista con el presidente.

“En su momento explicaremos los temas que tratamos. Estuve muy seguro y las preguntas fueron objetivos”, apuntó Aparicio. Y sobre la participación de Marco Antonio Villeda Sandoval, Ministro de Gobernación de Guatemala, comentó: “Es bueno que también participe para que no exista ningún divorcio entre las instituciones”

”Se debe hacer una reingeniería y una modernización total al Ministerio Público“, destacó.

Fase final de entrevistas y expectativa por la designación del nuevo Fiscal General

Estas reuniones forman parte de la fase final del proceso de selección, en la que el presidente Arévalo evalúa a los aspirantes incluidos en la nómina elaborada por la Comisión de Postulación. El proceso continuará el jueves con las entrevistas a Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez, con lo que se completará la ronda de entrevistas.

La normativa establece que, tras la culminación de las entrevistas y la resolución de impugnaciones, el mandatario debe designar a uno de los seis candidatos como Fiscal General para el período 2026-2030. La expectativa se centra ahora en la decisión que adoptará el presidente Arévalo, quien asumirá la responsabilidad de seleccionar al próximo titular del Ministerio Público.

En la primera jornada, realizada el martes, el Arévalo sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos.

El próximo 17 de mayo de 2026 es la fecha clave en la que toma posesión el nuevo funcionario.

La temporada de incendios forestales en Guatemala en 2026 ha dejado una marca en los bosques del país. Según informó la agencia de noticias internacional EFE, los incendios han consumido unas 16,437 hectáreas de bosques y se han registrado 815 siniestros hasta el 16 de abril. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,165 incendios.

Valeria Urizar, portavoz de Conred, dijo a EFE que la temporada de incendios forestales, comprendida entre diciembre y mayo, coincide con la época seca en Guatemala, donde las condiciones climáticas marcadas por la ausencia de lluvias favorecen la propagación del fuego en extensas zonas boscosas. A pesar de la gravedad de la situación, el informe oficial destaca que el departamento más afectado en 2026 no es Petén, sino Huehuetenango, con incendios que han devastado 2,565 hectáreas.

Este departamento, situado en el noroeste de Guatemala y fronterizo con México, supera en superficie quemada a otras regiones tradicionalmente vulnerables. Según cifras del Instituto Nacional de Bosques (INAB), entidad estatal de gestión forestal, Huehuetenango encabeza la lista de daños, mientras que en Petén se reportan 12 incendios activos actualmente.

Impacto y zonas bajo vigilancia

EFE detalló que Petén, una de las últimas reservas forestales de América y cuna de la antigua civilización maya, suele ser considerado el pulmón ambiental de Guatemala, aunque en lo que va de 2026, no lidera el ranking de hectáreas afectadas. Sin embargo, continúa bajo vigilancia por la magnitud de los fuegos activos.

Las autoridades de protección civil mantienen la alerta nacional, con 28 incendios activos distribuidos en distintos puntos del país. De ese total, 12 se localizan en Petén y 5 en Quiché, otro departamento del norte guatemalteco. El seguimiento continuo permite a los equipos de emergencia priorizar las áreas de mayor riesgo y coordinar esfuerzos para la contención del fuego.

Causas y consecuencias ambientales

La portavoz de Conred explicó a EFE que una de las principales causas de los incendios forestales son las quemas agrícolas realizadas por el hombre. Estas prácticas, orientadas a preparar tierras de cultivo, pueden salirse rápidamente de control y amenazan ecosistemas completos. El impacto ambiental se agrava por la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo, lo que dificulta la recuperación de las zonas afectadas.

Las cifras oficiales muestran una variación en la magnitud de los incendios de un año a otro. En 2025, el país registró más de 1,700 que dañaron más de 40,000 hectáreas de bosques, según reportó EFE. El año anterior, en 2024, los incendios consumieron 178,339 hectáreas, con Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango entre las regiones más afectadas.

Estrategias de monitoreo y prevención

El monitoreo constante y la coordinación entre Conred y el INAB han permitido reducir el número de incendios en 2026 respecto a los años previos. Las autoridades recalcan la necesidad de reforzar campañas de prevención y control, así como la colaboración comunitaria para impedir nuevas quemas no autorizadas.

Según datos proporcionados a EFE, la temporada de incendios forestales continuará activa hasta mayo, cuando se prevé el inicio de las lluvias y una reducción natural del riesgo. Las instituciones de protección civil mantienen operativos especiales en los departamentos críticos y refuerzan la vigilancia en las zonas fronterizas y reservas naturales.

Carlos Humberto Cal Ical, periodista guatemalteco, fue asesinado el pasado domingo tras recibir varios disparos cerca de su residencia en San Cristóbal Verapaz, a unos 80 km de Ciudad de Guatemala. El crimen ha provocado una enérgica condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que instó al Gobierno del país a identificar a los responsables y adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores de la comunicación. Según reportó la agencia internacional de noticias EFE, este hecho se suma a una serie de ataques que han afectado la libertad de prensa en la región.

En un comunicado difundido este miércoles, Pierre Manigault, presidente de la SIP, sostuvo: “El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, representa una de las violaciones más extremas a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, según recogió la agencia internacional de noticias EFE. La organización alertó que la situación en Guatemala requiere respuestas inmediatas tanto de la Fiscalía como del Gobierno.

La Asociación de Periodistas de Guatemala informó que Cal Ical no había denunciado amenazas previas, aunque no descartan que su labor esté vinculada al ataque. La SIP remarcó que el área donde vivía el reportero es considerada de alto riesgo para quienes cubren temas sociales y ambientales y pidió a las autoridades que implementen mecanismos de protección efectivos.

Reacciones de la SIP y organizaciones periodísticas

De acuerdo con el último informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, difundido la semana pasada, persisten en Guatemala los ataques contra informadores en entornos digitales, incluidas amenazas, acoso y hostigamiento judicial relacionados con la cobertura de asuntos sensibles. El reporte, citado por la agencia internacional de noticias EFE, destaca que la persecución judicial constituye uno de los principales desafíos para la prensa local.

El reciente índice Chapultepec, el informe anual sobre libertad de prensa de la SIP, publicado en marzo, asignó a Guatemala una puntuación de 45.2 sobre 100, ubicando al país en el puesto 13 de la región. El informe describe un entorno de “restricción” para el ejercicio del periodismo, marcado por lo que denomina “terrorismo judicial”. Esta situación se traduce en el uso de procesos legales para intimidar o censurar a quienes investigan temas de interés público.

Compromiso internacional por la protección periodística

La Sociedad Interamericana de Prensa, entidad sin fines de lucro que agrupa a más de 1,300 publicaciones de América, reiteró su llamado a combatir la impunidad y proteger a los comunicadores. “Instamos a la Fiscalía a investigar el suceso de inmediato y al Gobierno a poner en práctica medidas de protección para los periodistas”, expresó la organización en su pronunciamiento, recogido por la agencia de noticias EFE.

La SIP advirtió que la violencia y el hostigamiento contra la prensa ponen en riesgo la integridad de los informadores y el derecho de la sociedad a estar informada.

El caso de Carlos Humberto Cal Ical ilustra la vulnerabilidad de los periodistas en zonas donde se registran conflictos sociales y ambientales, según lo expuesto en los informes recientes de la organización. La SIP mantiene su compromiso de monitorear la situación y exigir justicia para los periodistas atacados, reiterando ante las autoridades la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar la seguridad en el ejercicio de la labor informativa.

Un año de gestión colectiva ha convertido al huerto comunal San José Obrero en Esquipulas, Chiquimula, en una referencia central del empoderamiento productivo y la organización de mujeres rurales. Desde abril de 2025, han erigido un espacio que hoy es fuente de aprendizaje, ingresos y cohesión comunitaria.

La integración de nuevas áreas formativas y productivas ha permitido diversificar la producción agrícola y consolidar la autosostenibilidad como horizonte inmediato, de acuerdo con el balance presentado durante su primer aniversario, el 25 de abril de 2026, tal como informó este miércoles el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

En los últimos meses, la comercialización de lechuga, cilantro, repollo, apio y chile ha generado ingresos directos para las familias de las participantes, fortaleciendo su independencia económica y su liderazgo local. Al cierre de su primer ciclo, el huerto cuenta también con áreas de gallinero, huerto escolar, parcelas de hortalizas diversificadas, plantas medicinales, árboles frutales y aboneras, resultado de una planificación que abarca tanto la producción agrícola como la formación pedagógica y ambiental, conforme describe el comunicado.

La capacitación técnica ha sido parte esencial de la evolución del huerto. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha proporcionado acompañamiento en técnicas como la elaboración de pilones, desde la preparación del sustrato hasta el manejo eficiente de cultivos. Así, las participantes han desarrollado habilidades prácticas orientadas a la mejora constante y a la autosuficiencia productiva.

Un aspecto central del proyecto es la adopción del esquema AGROVIDA, una estrategia que combina producción agrícola, ahorro comunitario y acceso a crédito solidario. Este modelo ha favorecido la consolidación organizativa y la viabilidad financiera del huerto, elementos destacados en la conmemoración del primer año de vida del proyecto, según detalla el ministerio.

La agricultura familiar dirigida por mujeres impulsa el desarrollo y la seguridad alimentaria

El aniversario del huerto comunal San José Obrero representa una transformación estructural en la dinámica local, pues la acción organizada de mujeres permitió convertir un terreno en una infraestructura productiva multifuncional. La variedad de áreas implementadas, desde cultivos básicos y medicinales hasta espacios de enseñanza y crianza avícola, evidencia una visión integral orientada tanto a la alimentación como al tejido social y formativo.

Este proyecto, nacido como una iniciativa colectiva en 2025, demuestra que la agricultura familiar liderada por mujeres organizadas fortalece la seguridad alimentaria y dinamiza la economía en contextos rurales. El modelo implementado ha generado efectos sostenibles, habilitando oportunidades que trascienden la obtención de alimentos y sientan la base para futuros emprendimientos productivos, según documenta el MAGA.

Los responsables resaltan que el avance logrado responde a la conjunción de autonomía económica, capacitación técnica y acceso a crédito solidario, factores que han orientado a la comunidad hacia la autosostenibilidad y la consolidación de un liderazgo femenino robusto en el ámbito local.

Adicionalmente, el MAGA informó que en el caserío Ixbobó, municipio de San Luis, Petén, los esposos Víctor Marroquín y Felícita Aguirre iniciaron en 2025, un proceso de transformación productiva con el acompañamiento del Ministerio, adoptando el Modelo de Ganadería sin Deforestación y de Bajas Emisiones. Al inicio, la familia desconocía dicho enfoque. Sin embargo, gracias al apoyo técnico de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo (DIRNA), del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén (VIPETÉN) lograron salir adelante.

Implementaron prácticas clave como un sistema silvopastoril y la instalación de un banco mixto de forraje. Este incluye pasto de corte y botón de oro, lo que ha fortalecido la alimentación del ganado y el manejo integral de la finca.

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) de Guatemala emitió este 29 de abril una alerta preventiva tras la circulación de un reto viral conocido como “tiroteo mañana” en centros educativos. Según reportó la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), la advertencia está dirigida a estudiantes, padres y docentes por el aumento de mensajes que buscan generar temor en las escuelas a través de redes sociales.

De acuerdo con la UPCV, algunos jóvenes han comenzado a escribir la frase “tiroteo mañana” en pizarrones, paredes y carteles dentro de establecimientos educativos, lo que ha causado alarma e incluso la suspensión de clases en algunos casos. La institución advirtió que este tipo de amenazas falsas activa protocolos de emergencia, moviliza recursos policiales y administrativos, y altera la tranquilidad de la comunidad escolar. AGN remarcó que las autoridades consideran que tales acciones no son una broma, sino que pueden derivar en consecuencias legales y disciplinarias para quienes las realicen.

Las autoridades subrayaron que la dinámica responde a tendencias virales populares en plataformas digitales. “No todo lo que ves en redes sociales es para repetirlo. Imitar retos puede generar miedo, interrumpir clases y meterte en problemas reales”, indicó la UPCV en su comunicado, citado por AGN. El mensaje busca sensibilizar a adolescentes y jóvenes, considerados los más expuestos a este tipo de contenidos en aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Especialistas consultados por la UPCV señalaron que estos retos suelen apelar a la curiosidad o al deseo de atención, sin que quienes los replican dimensionen el alcance social, emocional y legal de sus actos. “Una falsa alarma no solo interrumpe el proceso de aprendizaje, también desvía recursos de seguridad que podrían requerirse en situaciones reales”, advirtió la institución, de acuerdo con lo publicado por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Como parte de la campaña de prevención, la UPCV recomendó a estudiantes, docentes y padres reportar cualquier mensaje sospechoso o amenaza relacionada con el reto a los números 110 y 1510 de la Policía Nacional Civil (PNC). Así mismo, instó a los centros educativos a fortalecer la comunicación sobre el uso responsable de redes sociales y a reforzar la cultura de denuncia.

El comunicado concluyó que la prevención comienza con la conciencia individual y colectiva. “Un comentario impulsivo, una frase escrita como broma o una publicación compartida sin pensar puede desencadenar miedo, movilización institucional y consecuencias legales innecesarias”, remarcó la UPCV citada por AGN. Las autoridades reiteraron el llamado a no replicar, no compartir y denunciar inmediatamente este tipo de tendencias para proteger la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares.

Desafíos virales en TikTok preocupan a escuelas por riesgos para los estudiantes

La búsqueda de popularidad en redes sociales se ha convertido en una tendencia dominante entre adolescentes y jóvenes. El deseo de alcanzar la viralidad lleva a miles de usuarios a replicar contenidos, retos y desafíos con el objetivo de ganar seguidores y aprobación digital. Esta dinámica ha transformado la manera en que las nuevas generaciones se relacionan y comparten experiencias, aunque también plantea riesgos vinculados a la exposición y la seguridad en línea.

El aumento de desafíos virales peligrosos en redes sociales como TikTok. Varios estudiantes imitan retos que ponen en riesgo su seguridad física para conseguir vistas, lo que generó preocupación entre padres y docentes. Autoridades educativas recomiendan reforzar la supervisión y el diálogo familiar para prevenir incidentes graves vinculados a estas tendencias digitales.

La Vuelta Bantrab 2026 arrancó este miércoles en Guatemala bajo la sombra de un accidente que llevó a nueve ciclistas a abandonar la competencia por lesiones, alterando el inicio de la quinta edición de la carrera más convocante del ciclismo guatemalteco y evidenciando desafíos persistentes en la seguridad vial de estos eventos.

Uno de los datos que marcaron la jornada, reportado al cierre de la etapa según el listado oficial, es que entre los afectados figura Carlos Acajabón, ciclista originario de Quiché, quien fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir la peor parte del incidente, según la información preliminar recabada y publicada por los organizadores.

Nueve ciclistas lesionados tras la intervención policial y la presencia de motoristas externos

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los problemas comenzaron cerca del inicio de la etapa, cuando la caravana avanzaba por la autopista Palín-Escuintla. Según testigos citados por la organización, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron para apartar a una persona ajena que se encontraba sobre la vía, quien se resistía a moverse del recorrido. La intervención policial mantuvo a los agentes demasiado cerca del pelotón, lo que contribuyó a que varios ciclistas chocaran y cayeran.

El incidente se agravó cuando dos motocicletas externas a la carrera desoyeron las indicaciones de los comisarios y se interpusieron en la ruta. Mientras los corredores descendían a alta velocidad, los motoristas intentaron abandonar la vía pero quedaron atrapados en medio del grupo, desatando una caída múltiple que detuvo la competencia y provocó la preocupación generalizada entre equipos y aficionados. De acuerdo con las imágenes difundidas durante la jornada, uno de los motociclistas fue detenido por agentes de la PNC.

La caída masiva forzó el abandono inmediato de nueve ciclistas: Miguel Laynes Ramos, Diego Barrios Mazariegos, Cristian López López, José Sic Velásquez, Antoni Filemon Mérida de León (todos de Guatemala), Juan Esteban Guerrero Arias (Colombia), Ben Kolbie (Estados Unidos) y Goran Gabourel (Belice), además del ya mencionado Acajabón. Para los organizadores, el percance evidenció la necesidad de reforzar el control del perímetro de seguridad en pruebas de este calibre.

La consecuencia directa del accidente fue la cancelación de la primera meta volante, programada en Florido El Aceituno. El horario previsto de llegada también debió ajustarse, aunque la competencia pudo continuar con dos metas volantes adicionales y un premio de montaña.

Un recorrido técnico marcado por el siniestro

La jornada inaugural de la Vuelta Bantrab 2026 salió desde el Parque Central de Amatitlán a las 09:00, con los equipos avanzando bajo controles de seguridad reforzados. El recorrido llevó al pelotón por la autopista rumbo a la costa sur, pasando por puntos como Escuintla, el puente Guacalate, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa y Cocales, antes de adentrarse en Suchitepéquez con paso por Chicacao y San Antonio. El momento más exigente se vivió en el temido Alto de Mazatenango, donde el primer y único premio de montaña de la etapa generó diferencias entre los competidores.

A pesar del accidente inicial, la carrera reafirmó el espíritu competitivo de la vuelta, logrando concluir el trazado hasta la meta situada en Retalhuleu, en el Restaurante El Trapiche.

Durante la jornada, dos metas volantes sí pudieron disputarse. En la segunda, ubicada en Cocales (kilómetro 87), el primero en cruzar fue Kevin Castillo (Colombia), seguido de Sebastián Castaño y Jorge Castiblanco, ambos también colombianos. En la tercera meta volante, situada en San Antonio Farmacia Galeno (kilómetro 121,4), la disputa favoreció a Christopher Díaz (Honduras), con Bayron Guamá (Ecuador) y Manuel Rodas (Guatemala) en los siguientes puestos. El alto de Mazatenango, en el mojón 160 (km 134,6), consagró en el premio de montaña a Bayron Guamá, quien sumó los primeros puntos para el maillot de escalador.

Kevin Castillo (Orgullo Paisa) gana una etapa marcada por la adversidad

El remate de la etapa, tras superar el tramo más técnico de la ruta, fue dominado por Kevin Castillo, representante del Equipo Orgullo Paisa de Colombia, que cruzó primero la línea de llegada en Retalhuleu tras una jornada exigente, consolidando así su posición como primer líder general de la competición.

La quinta edición de la Vuelta Bantrab, originalmente concebida como el evento más esperado del ciclismo guatemalteco del calendario 2026, debió reacomodarse a las circunstancias, imponiendo un desafío extra a los organizadores y poniendo en primer plano la discusión sobre la seguridad de los ciclistas en carretera abierta.

La organización de la Vuelta Bantrab confirmó que, a pesar de la caída masiva y el retiro de nueve corredores, la etapa pudo completarse sin mayores contratiempos, con la meta final alcanzada en el horario reprogramado. El evento dejó como enseñanza la necesidad de mantener estrictas medidas de respeto y seguridad durante el paso de la competencia, tanto de parte de la caravana de apoyo como de los usuarios externos de las rutas.

El Ministerio Público (MP) realizó este miércoles la presentación oficial de la nueva Política de Persecución Penal, en un acto protocolario que reunió a diversos fiscales regionales y jefes de fiscalías. Estas autoridades reafirmaron su compromiso con la implementación del nuevo enfoque institucional, según informó el propio MP.

Durante la actividad, el doctor Melvin Giovanni Portillo, secretario de Política Criminal, resaltó la importancia de este instrumento estratégico. Según Portillo, la política está orientada a la atención victimológica, el fortalecimiento de la investigación criminal y la reducción de los niveles de impunidad en el país.

La Secretaría de Política Criminal asumió la responsabilidad de formular y desarrollar la nueva política, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la actual titular del MP, Consuelo Porras. El documento presentado se estructura en tres ejes principales. Los cuales se desglosan de la siguiente manera.

El primero aborda los enfoques y principios rectores, además de los criterios de priorización de delitos. Por su parte, el segundo se enfoca en el fortalecimiento institucional, con énfasis en las capacidades operativas, organizativas y tecnológicas del Ministerio Público. Por último, establece lineamientos estratégicos de investigación y persecución penal, de cumplimiento obligatorio para el personal fiscal.

“Asimismo, se desarrollaron mesas de trabajo con participación activa del personal fiscal, lo que permitió consolidar lineamientos técnicos orientados a una persecución penal más efectiva, coherente y alineada con las necesidades actuales del sistema de justicia”, expresa el MP.

Enfoque técnico en la construcción de la nueva política

Según lo difundido por el Ministerio Público, el proceso de construcción de la política incluyó el análisis de la normativa anterior, la revisión del catálogo de delitos priorizados y la sistematización de información cualitativa y cuantitativa sobre los principales fenómenos criminales. Esta labor permitió consolidar una guía técnica orientada a optimizar la persecución penal.

De acuerdo con lo comunicado por el MP, esta dinámica posibilitó la definición de lineamientos técnicos alineados con las necesidades actuales del sistema de justicia.

Durante el acto, los fiscales regionales y los jefes de las distintas fiscalías manifestaron su respaldo a la aplicación del nuevo marco estratégico. El Ministerio Público destacó que la política es de cumplimiento obligatorio y que su implementación busca modernizar los procesos internos de la institución.

De igual manera, las autoridades reiteraron el compromiso de promover un acceso más efectivo a la justicia y de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la política “constituye una herramienta clave para guiar la labor fiscal y adaptar la persecución penal a las demandas actuales de la sociedad”.

El MP ha reafirmado su compromiso con la modernización de sus procesos internos, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante el crimen. En la presentación realizada, la institución destacó la importancia de promover una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

“Con esta presentación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de modernizar sus procesos y fortalecer su capacidad de respuesta frente al crimen, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados que contribuyan al acceso a la justicia y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, señala en una nota la institución.

El Gobierno de Guatemala confirmó la activación de protocolos nacionales de respuesta tras detectar incidentes recientes de ciberseguridad en diversas instituciones estatales, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional mediante el refuerzo de medidas técnicas y organizativas, y la coordinación con aliados internacionales, según informó el propio Ejecutivo en un comunicado oficial difundido el 29 de abril de 2026.

Según el texto oficial del Gobierno de Guatemala, la gestión de estos incidentes involucra a personal especializado y la cooperación de entidades extranjeras. El comunicado destacó que “Guatemala cuenta con personal especializado y el acompañamiento de aliados internacionales, que permiten una atención de los incidentes organizada, fortaleciendo la resiliencia digital del país y preservando la estabilidad institucional”. Esta coordinación ha evitado, hasta el momento, una afectación directa a los servicios públicos esenciales.

Las autoridades refuerzan controles y monitorean posibles vulneraciones a información sensible

En respuesta a la amenaza, las autoridades guatemaltecas ordenaron a todas las entidades públicas “fortalecer sus controles de seguridad, reducir superficies de exposición y reforzar sus capacidades de respuesta ante incidentes”, en línea con el comunicado citado. El monitoreo interinstitucional permanece vigente para identificar y mitigar cualquier actividad maliciosa.

Dimas Jiménez, Fiscal General en funciones, señaló en declaraciones recogidas en el mismo documento la gravedad de las denuncias recibidas sobre “extracción irregular de información o lo que se conoce en el mundo cibernético como hackeos”. De acuerdo con Jiménez, estos casos han sido asignados a la Fiscalía contra el Crimen Organizado debido a la sospecha de una estructura criminal dedicada a la sustracción y posible comercialización de datos sensibles.

El riesgo para la ciudadanía se acentúa por el tipo de información comprometida: el funcionario hizo referencia específica a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), donde se almacena la información vinculada a “todas las armas de fuego registradas por guatemaltecos y empresas de seguridad”. El Fiscal General advirtió que “las instituciones que han sido hackeadas sí manejan información sensible”, detallando que no solo se trata de licencias, sino de bases de datos con registros extensos de personas y entidades privadas.

Ante la posibilidad de manipulación de datos oficiales, el precede de la investigación incluye antecedentes de hechos similares, como el ataque reportado el año anterior a la Contraloría General de Cuentas. En esa oportunidad, “incluso ingresan a esas bases de datos y modifican la información de algunos funcionarios públicos”, según relató Jiménez, quien confirmó que tales casos involucran a figuras de alto nivel, incluida la propia fiscal general.

Consultado sobre el posible objetivo político detrás de estos hechos, en año preelectoral, Dimas Jiménez admitió que “esa puede ser una de las hipótesis”. Detalló: “el objetivo, pues sea extraer la información y ahí poder fortalecer algún partido político o algún comité pro-formación. Eso no lo tenemos confirmado, pero es una hipótesis que también estamos manejando”. El fiscal subrayó la importancia de que los funcionarios responsables en todas las instituciones fortalezcan sus sistemas de seguridad informática, y que denuncien inmediatamente cualquier intromisión sospechosa.

El fiscal también recordó a la ciudadanía: “comprenderán también que este tipo de investigaciones no la vamos a resolver en una semana, sino que se necesita mucho trabajo de investigación y mucha cooperación nacional e internacional también”.

El Gobierno exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados únicamente mediante fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores “ya que la desinformación puede generar incertidumbre y vulnerabilidad”, según el comunicado gubernamental.

La administración reitera que diferentes alianzas nacionales e internacionales están ya en marcha y que la neutralización de las amenazas informáticas requiere tanto la formación de capacidades como la acción coordinada. El comunicado enfatizó que la identificación de casos ha respondido a procesos activos, con “medidas de respuesta, contención y mitigación” en curso desde la primera detección.

Las investigaciones permanecen abiertas mientras la Fiscalía contra el Crimen Organizado agrupa y da seguimiento a todas las denuncias, con el compromiso de proporcionar resultados “próximamente” sobre las distintas modalidades de sustracción de información que afectan a instituciones públicas.

Durante el primer día de vigencia del subsidio temporal a los combustibles, las autoridades de Guatemala realizaron 94 verificaciones en estaciones de servicio para asegurar que el descuento aprobado llegue efectivamente al consumidor final, una medida que se extenderá por tres meses. Según la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) Leslie Yvonne Tzicap, hasta el momento no se han reportado irregularidades, mientras se mantiene una vigilancia intensiva con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas.

El monitoreo nacional coincide con el inicio del período de aplicación del apoyo temporal, autorizado mediante el Decreto 11-2026, y responde a la asignación de 2 mil millones de quetzales designados para subsidiar los precios de diésel y gasolinas. Tzicap detalló a medios locales que este mecanismo contempla reducciones de Q8 por galón de diésel y Q5 para gasolina regular y superior, con el objetivo de proteger la economía de los consumidores en un contexto de fluctuaciones significativas en el mercado de combustibles.

El martes 28 de abril, fecha en que entró en vigor el subsidio, la Diaco recibió 84 denuncias por posibles anomalías en el despacho de combustibles, la mayoría reportadas de forma anónima. Tzicap pidió: “Necesitamos a la población de la mano para que pueda contribuir y darnos la información respectiva”. Además, recalcó que estos reportes sirven para orientar y optimizar las rutas de verificación de los operativos desplegados.

La ley exige descuentos obligatorios y controles estrictos en las estaciones de gasolina

El marco legal dispone que entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2026, cada estación de servicio debe aplicar automáticamente un descuento de Q8 por galón de diésel y Q5 por cada galón de gasolina regular o superior. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Hidrocarburos, fijó para la semana del 28 de abril al 4 de mayo precios de referencia en Q33.99 para gasolina superior, Q32.99 gasolina regular y Q31.55 el diésel. La autoridad determinó que estos valores deben exhibirse de manera visible y transparente en todas las gasolineras del país.

Como parte de los controles, la Diaco exige que en cada factura emitida se incluya la leyenda: “Esta factura incluye apoyo social temporal decreto número 11-2026…”, certificando así la correcta aplicación del beneficio legal en cada compra. Gerson de León, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, explicó tras los primeros operativos: “Tenemos por ley darle seguimiento, verificar y fiscalizar el servicio de combustibles. El reglamento nos otorga supervisiones donde se conozca que los precios colocados en las vallas se vean reflejados en el pago del consumidor final”.

Para responder a las complejidades logísticas, las autoridades han considerado en el precio final factores como la distancia entre las terminales de almacenamiento y las estaciones de servicio, que impactan el costo del flete terrestre hacia los municipios de cada departamento.

Multas equivalentes a 30 salarios mínimos para infractores

Si una gasolinera se niega a transferir el subsidio al usuario final, la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas prevé una sanción de 30 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS), equivalente a 30 salarios mínimos no agrícolas. Tzicap precisó que esta multa se aplica tras un proceso administrativo, y corresponde tanto a personas individuales como jurídicas.

Hasta la fecha, los equipos de verificación desplegados —conforme a reportes de la Diaco incluidos en medios locales— no han constatado incumplimientos en los 94 monitoreos realizados. El mecanismo de supervisión establece que el personal documenta si cada estación cumple o no con la normativa, y solo se inicia un procedimiento por irregularidades cuando existen pruebas en las actas de inspección.

El operativo nacional continuará al menos hasta finales de julio, o hasta agotar los 2 mil millones de quetzales contemplados por el subsidio.

Leslie Yvonne Tzicap destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y sancionar cualquier práctica indebida, recordando que los consumidores pueden realizar denuncias ante la Diaco por medio del nuevo canal digital creado para tal fin.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social impulsa desde abril una estrategia intensiva para llevar la vacuna contra el sarampión directamente a empresas, escuelas y espacios de alta concentración poblacional en el departamento de Guatemala. Esta iniciativa busca frenar el avance del brote, tras registrarse 5,297 casos y la muerte de cuatro bebés entre diciembre de 2025 y abril de 2026, de acuerdo con la ultima actualización del Ministerio.

Más de la mitad de los contagios se concentran en la capital y sus municipios cercanos, como Mixco y San Juan Sacatepéquez, lo que motiva intervenciones focalizadas en áreas de mayor riesgo.

Hasta el 24 de abril, el MSPAS ha administrado 294,116 dosis de vacuna contra el sarampión en el territorio nacional. La campaña amplió su alcance al incluir la llamada “dosis cero” para los bebés de seis a once meses, un grupo especialmente vulnerable tras los fallecimientos reportados. Las cifras de vacunación y el registro de casos activos muestran la magnitud del desafío epidemiológico, lo que justifica la decisión oficial de extender la cobertura a personas menores de 50 años.

Estrategia focalizada en centros de trabajo, escuelas y espacios públicos

El director de Epidemiología y Gestión de Riesgo del MSPAS, Édgar Santos, detalló que la campaña planea llegar a alrededor de 200 empresas del área metropolitana, incluyendo trabajadores y funcionarios de Mixco y San Juan Sacatepéquez. Este despliegue se replica en escuelas, centros comerciales, terminales de autobuses, iglesias y espacios laborales como guarderías y establecimientos educativos, tanto públicos como privados, donde se concentra una parte significativa del flujo humano cotidiano.

La vacunación se realiza mediante alianzas entre las autoridades sanitarias y las empresas, facilitando el acceso al biológico no solo a empleados, sino también a sus familiares. Mario Díaz, director del Centro de Atención Permanente de Canalitos, a la Agencia Guatemalteca de Noticias, puntualizó el compromiso empresarial para extender la protección entre colectivos más amplios.

El Ministerio de Salud mantiene además la disponibilidad del biológico contra el sarampión en puestos y centros de salud distribuidos en todo el país, reforzando la campaña con operativos casa por casa, especialmente en áreas con baja asistencia a la vacunación.

El brote obliga a ampliar los esquemas de atención y respuesta

La respuesta ante el brote de sarampión incluye puntos estratégicos de inmunización en lugares de alta afluencia, como el Cenma —principal centro de abasto—, así como dispositivos móviles que recorren barrios con menores coberturas. El objetivo, indicó el MSPAS citado por Diario de Centro América, es asegurar que ninguna persona menor de cincuenta años quede sin inmunizar, incluida aquella que desconoce su historial de vacunas.

La campaña prioriza al personal salubrista, trabajadores del sector turístico, comadronas, brigadas militares en tareas de salud, migrantes, socorristas, empleados del sector educativo y personal de aeropuertos. La estrategia apunta a neutralizar posibles focos de transmisión en grupos con alta exposición y movilidad.

El ministerio no ha fijado una meta numérica de personas a inmunizar en esta etapa, ya que la intervención se ajusta a la evolución de los casos confirmados y a la presencia de comunidades con baja respuesta previa a los programas de vacunación.

Características clínicas y medidas preventivas frente al brote

El sarampión presenta síntomas como fiebre, tos, ojos rojos, secreciones nasales y erupciones cutáneas. La introducción de la “dosis cero” obedece a la mortalidad registrada entre lactantes antes de cumplir el primer año, protegiendo así a quienes todavía no pueden recibir la dosis programada a los doce meses.

El esfuerzo conjunto del MSPAS y sus aliados apunta a consolidar la inmunización en todas las franjas etarias priorizadas. Vacunar en empresas, escuelas y sitios concurridos constituye la medida central para “bloquear el número de casos, principalmente en lugares de mayor concentración”, según Santos a la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El Primer Encuentro Nacional de Gobernadores reunió este 27 de abril a las autoridades clave responsables de la gestión departamental, la coordinación institucional y la seguridad pública en Guatemala. La cita, encabezada por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda en el Salón Mayor de la Cartera del Interior, marcó un paso concreto hacia la modernización y articulación del Estado a nivel territorial, con el propósito de fortalecer la eficacia institucional y mejorar la provisión de servicios para la población. En la apertura, Villeda resaltó la centralidad de las gobernaciones como puentes entre el Ejecutivo y los departamentos, subrayando el objetivo de dotarlas de herramientas funcionales para que ejerciten sus competencias con mayor eficiencia, según informó el Ministerio de Gobernación.

Los veintidós gobernadores departamentales participaron junto a una comitiva integrada por los viceministros de Seguridad, Estuardo Solórzano; Administrativo, Felipe Sánchez; Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda De León; Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz; y Antinarcóticos, Víctor Cruz Reynoso. Asistieron también el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, y el director general adjunto, Héctor Prera. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, el encuentro tuvo como eje central reforzar la capacidad de respuesta institucional y la coordinación interinstitucional, fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad y desarrollo en cada territorio del país.

Los gobernadores: atribuciones y requisitos para el cargo

La gobernación departamental, institución dependiente del Ministerio de Gobernación, representa al presidente de la República de Guatemala y al Poder Ejecutivo en los departamentos. Bajo la dirección de gobernadores designados por el jefe del Ejecutivo—usualmente seleccionados de ternas propuestas por la sociedad civil—, su función abarca la coordinación de acciones públicas, la gestión de proyectos de desarrollo y la articulación de políticas de seguridad y gobernabilidad. Cada gobernador preside el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), donde prioriza obras de infraestructura, salud y educación, y dirige también los órganos de reducción de desastres y centros de operaciones de emergencia en situaciones críticas.

Además de representar de manera directa al presidente, los gobernadores actúan como mediadores en la resolución de conflictos y garantizan el orden público en sintonía con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. Su papel de intermediarios tiene el objetivo de asegurar que los servicios estatales lleguen de forma eficiente y equitativa a toda la población departamental.

Para acceder al cargo, los postulantes deben cumplir requisitos específicos: ser guatemaltecos, haber vivido al menos cinco años en el departamento correspondiente y superar los treinta años de edad. Al ser designados, cuentan con las mismas inmunidades que los ministros de Estado.

Consolidación de capacidades y modernización de la gestión

La convocatoria y desarrollo del Primer Encuentro Nacional de Gobernadores responde a la intención oficial de optimizar los mecanismos de toma de decisiones y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado. Marco Antonio Villeda declaró al Ministerio de Gobernación: “La prioridad institucional es otorgar las herramientas adecuadas para que puedan desempeñar su gestión con mayor eficiencia, en beneficio de la población”. Esta orientación busca consolidar capacidades administrativas, modernizar la gestión pública e incrementar la seguridad ciudadana en los veintidós departamentos del país.

El rol estratégico de las gobernaciones radica en su capacidad para “articular las acciones de los ministerios y entidades públicas a nivel local” y funcionar como enlace directo entre el gobierno central, los municipios y la ciudadanía. La reunión del 27 de abril se concibió como una plataforma para fortalecer esta coordinación y preparar el terreno para futuras acciones conjuntas orientadas al desarrollo integral y la seguridad en Guatemala.

El Congreso de la República de Guatemala ratificó la asignación de un pago de resarcimiento en favor de las familias de 11 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y de cuatro heridos durante los ataques armados perpetrados el 18 de enero, medida que fue implementada con carácter de urgencia en respuesta al impacto social y al debate sobre el respaldo a las fuerzas de seguridad, en un contexto de violencia asociada a criminalidad organizada, según información del Congreso de la República en sus redes sociales.

Durante la ceremonia de homenaje póstumo en el Salón del Pueblo, encabezada por el presidente del Congreso Luis Contreras, junto a los vicepresidentes Nery Ramos y Elmer Palencia, se formalizó la entrega de un apoyo económico a los familiares de los agentes fallecidos y de los oficiales heridos en cumplimiento de sus deberes. El acto contó con la presencia de altos mandos del Ministerio de Gobernación y de la cúpula policial, según detalló el propio Congreso.

La decisión se materializó durante una sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero, cuando la iniciativa fue sometida a votación mediante una moción verbal presentada por el diputado Samuel Pérez. En esa oportunidad, el pleno guardó un momento de silencio por las víctimas y varios legisladores advirtieron que los ataques no se trataban de hechos aislados, sugiriendo presuntos vínculos con integrantes del propio Congreso.

El Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo 3-2026 y el Decreto 11-2025 como respuesta a los ataques

El Acuerdo Legislativo 3-2026, impulsado de manera urgente, establece que el resarcimiento se entregará siempre que esté vigente el estado de sitio en el país. Esta resolución, según explicó el diputado Elmer Palencia, busca brindar una ayuda directa a los familiares de las víctimas y a los agentes heridos, al igual que fortalecer la respuesta institucional a los desafíos planteados por el accionar de las pandillas.

De acuerdo con las declaraciones del primer vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, el homenaje va más allá de un acto protocolario y representa un reconocimiento por la entrega de los agentes fallecidos: “Queremos contar la memoria con respeto y reconocimiento por la entrega al servicio del país, me delegaron en la Junta Directiva del Congreso de la República y de todos los diputados de este alto organismo de Estado y rendimos un homenaje póstumo a los agentes fallecidos que se entregaron a cuidar, proteger a la población. Gloria y reconocimiento a los elementos de las fuerzas de seguridad fallecidos en ataques por criminales y respeto a sus familias”, dijo Ramos.

Por su parte, el segundo vicepresidente confirmó los detalles legislativos: “El Congreso de la República conoció los hechos y nos pusimos de acuerdo y aprobamos el Acuerdo Legislativo 3-2026 que busca ayudar a los familiares de los 11 agentes de la Policía Nacional Civil. El Pleno también aprobó el Decreto 11-2025, que busca contrarrestar a grupos de pandillas en el país, que este acto sea para unirnos en el dolor con las familias afectadas por las pandillas”, declaró Elmer Palencia.

El resarcimiento económico y las nuevas disposiciones se consolidan en un momento especialmente tenso para la seguridad pública guatemalteca, que busca tanto dar respuesta a las víctimas como reforzar la legitimidad y el respaldo legal y operativo de la Policía Nacional Civil. La decisión de los legisladores se inscribe en la voluntad de expresar, a través de una medida concreta y urgente, la solidaridad institucional con las familias y la necesidad de enfrentar la creciente violencia del crimen organizado.

La muerte de los agentes de la Policía Nacional Civil, ha reavivado el debate en torno a las reformas urgentes aprobadas el 26 de noviembre de 2024 para la legislación de la institución responsable de la seguridad ciudadana. Debido a la suspensión de diversas frases en varios artículos, que afectan principalmente el artículo 60, clave porque permite el uso de armas de fuego en defensa propia por parte de los agentes.

El viernes 1 de mayo de 2026, Guatemala dará inicio al primero de los cuatro fines de semana largos previstos para ese año, en el marco del Día Internacional del Trabajo, fecha establecida por la legislación como día de descanso obligatorio y ocasión que, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), permitirá a los trabajadores disfrutar de tres días consecutivos de asueto para viajar, reunirse en familia o descansar en casa. Como en otros descansos masivos, esta medida impactará la actividad turística y el comercio interno, ya que muchas familias aprovechan estos períodos para conocer nuevos destinos dentro del país, de acuerdo con el Mintrab.

El Código de Trabajo vigente dispone que los asuetos en Guatemala deben gozarse con salario íntegro, y quienes presten servicios durante estas fechas tienen derecho a percibir una remuneración adicional, precisó el Mintrab a Infobae. Al cierre de 2026, Guatemala contará con tres fines de semana largos adicionales: uno el 30 de junio por el Día del Ejército —trasladado al lunes 29—, otro el 25 de diciembre con la Navidad que, junto a la Nochebuena, generará un descanso extendido desde el mediodía del 24, y finalmente, el 31 de diciembre, que al coincidir con un jueves facilitará el último fin de semana largo, proyectando el primero de 2027.

Preguntado sobre el impacto del calendario de asuetos para 2026, el país suma en total cuatro períodos de descanso prolongado. Estas pausas fomentan el turismo nacional y representan una oportunidad para la convivencia familiar y el impulso de las economías locales, siempre bajo la normativa que garantiza el salario íntegro y una remuneración adicional en caso de trabajo en feriado, conforme al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo con el Código de Trabajo, Guatemala asegura 11 días de descanso al año: 10 asuetos nacionales y un feriado municipal dedicado a la festividad patronal de cada localidad. Para 2026, los asuetos nacionales confirmados incluyen el miércoles 30 de junio por el Día del Ejército, el sábado 15 de agosto —feriado local en la Ciudad de Guatemala por el Día de la Asunción—, el martes 15 de septiembre por la Independencia Nacional, el martes 20 de octubre por el Día de la Revolución, el domingo 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, el jueves 24 de diciembre desde el mediodía, el viernes 25 en conmemoración de la Navidad, y el jueves 31 de diciembre a partir del mediodía, según información del Mintrab y el marco legal citado por Infobae.

La diferencia entre asuetos y feriados se encuentra en su alcance: los asuetos son días de descanso obligatorio a nivel nacional decretados por el Gobierno, mientras que los feriados responden a celebraciones patronales específicas de cada municipio. La garantía legal de estos derechos constituye una de las principales protecciones del régimen laboral en Guatemala, según lo estipulado por el Código de Trabajo vigente.

El auge del turismo interno durante los fines de semana largos de 2026

El potencial turístico de Guatemala resalta durante los fines de semana largos. El lago de Atitlán es uno de los destinos predilectos tanto para turistas nacionales como extranjeros. Catalogado por varias publicaciones como uno de los lagos más bellos del mundo y núcleo de la cultura maya viva, Atitlán ofrece deportes acuáticos, navegación entre pueblos indígenas, talleres de tejidos típicos y la experiencia de recorrer fincas cafetaleras.

La ciudad arqueológica de Tikal, al norte en el departamento de Petén, destaca por su historia milenaria: sus orígenes datan del 400 a.C. y la urbe tuvo su máximo esplendor entre los siglos III y IX. Las visitas permiten ascender pirámides, caminar entre templos y plataformas ceremoniales, y realizar excursiones.

La ley permite trasladar asuetos para fomentar el turismo interno en Guatemala

La Ley que Promueve el Turismo Interno de Guatemala establece que los asuetos del 1 de mayo, 30 de junio y 20 de octubre puedan trasladarse a los lunes, generando fines de semana largos para impulsar la economía local y facilitar el descanso de los trabajadores. El Decreto 42-2010, junto con su reforma 19-2018, determina que si un asueto cae martes o miércoles, se celebra el lunes anterior; si es jueves, viernes, sábado o domingo, se traslada al lunes siguiente.

El objetivo central de la legislación, según el Congreso de la República de Guatemala, es fortalecer el turismo interno, propiciar la recreación familiar y descentralizar la actividad turística, permitiendo que más ciudadanos visiten distintas regiones del país y potenciando a las PYMES rurales y urbanas.

En el año 2020, la Corte de Constitucionalidad aclaró que los asuetos del 1 de mayo y 20 de octubre se deben disfrutar estrictamente en su fecha tradicional, sin trasladarlos, independiente de la reforma mencionada.

La normativa no aplica cambios en las celebraciones del 1 de enero, miércoles santo desde el mediodía, jueves y viernes santo, 15 de septiembre, 1 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero nuevamente, que se mantienen inamovibles según la ley.

Entre los beneficios señalados se encuentran el fortalecimiento del sector servicios, el desarrollo de comunidades turísticas receptoras y la construcción de una cultura orientada al turismo interno en Guatemala.

En Guatemala, la incidencia de homicidios durante el primer trimestre de 2026 muestra un descenso notable respecto a periodos anteriores, aunque persisten focos críticos en determinadas zonas del país. De acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y presentado en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, marzo de 2026 registró una caída interanual de los delitos denunciados, impulsada principalmente por una disminución en los crímenes contra la propiedad y una leve baja en la tasa de homicidios, mientras crece la preocupación por la distribución geográfica y el perfil de las víctimas.

El CIEN, brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, informó que el acumulado de homicidios entre enero y marzo de 2026 fue de 615 casos, cifra que convierte a este periodo en el segundo más bajo desde 2019, únicamente superado por 2024, cuando se documentaron 589 homicidios. Así, el IDD permite rastrear la evolución de nueve delitos clave, diferenciando entre crímenes contra la propiedad (como robo de vehículos, motocicletas, furgones y viviendas, y extorsión) y aquellos contra la persona (homicidios, lesiones, violaciones y secuestros), según el investigador del CIEN David Casasola, citado por el medio CIEN.

Disminución leve de la tasa interanual y énfasis territorial en los homicidios

La tasa de homicidios en Guatemala alcanzó 16.3 muertes por cada 100 mil habitantes en marzo de 2026. El IDD destaca que, aunque ese mes marcó el mayor número de homicidios en lo que va del año —237 víctimas—, la cifra representa 38 casos menos que marzo de 2025, en el que ocurrieron 275 homicidios. Al comparar la evolución trimestral, en enero de 2026 se contabilizaron 204 homicidios (frente a 252 el año anterior) y en febrero 172 (en 2025 fueron 252), lo que consolidó una reducción de 166 muertes violentas en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025.

El comportamiento descendente en los homicidios mantiene a 2026 en el rango más bajo de la serie histórica reciente, solo superado por el desempeño de 2024 (cuando los registros mensuales fueron 227 en enero, 156 en febrero y 205 en marzo), de acuerdo con el informe del CIEN.

Según Casasola, “En marzo de 2026, fue el mes con mayor cantidad de homicidios del año, con 237, pero registró 38 menos que en el mismo mes del año anterior. Eso permitió que la tasa interanual de homicidios continuara levemente a la baja y se sitúe en 16.3 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

Concentración de la violencia y perfil de las víctimas

El descenso nacional contrasta con la concentración territorial de la violencia homicida. Nueve de cada diez homicidios se producen en tan solo diez de los 22 departamentos del país, y el 44% de las muertes violentas se localizan en el departamento de Guatemala. El municipio de Guatemala capital reúne, por sí solo, el 17% del total nacional, y el 45% de los homicidios tienen lugar en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Escuintla, Amatitlán, Villa Canales, San José Pinula, Chimaltenango, Chinautla y San Miguel Petapa, según detalló Casasola al medio CIEN.

En el municipio de Guatemala capital, los homicidios aumentaron entre febrero y marzo de 2026, pasando de 28 a 33. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 5 concentraron el 63% de los asesinatos reportados a nivel local.

Respecto al perfil de las víctimas, el informe advierte un aumento preocupante en los homicidios de mujeres, que pasaron de 19 en febrero a 33 en marzo, equivalentes al 14% de todas las víctimas homicidas del último mes analizado. Además, el 60% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, lo que revela el impacto de la violencia sobre la población joven.

Crímenes contra la propiedad y extorsiones mantienen presión en áreas clave

Durante marzo de 2026, la disminución en la criminalidad denunciada estuvo marcada por un descenso de 2.72% en los delitos contra la propiedad. En el caso de las extorsiones, el 44% de las denuncias se concentraron en diez municipios y el 22% únicamente en la ciudad de Guatemala, según datos proporcionados por Casasola al medio CIEN.

El IDD sigue revelando así el comportamiento dispar de la inseguridad en el país: mientras la tendencia global de homicidios apunta a la baja, persisten zonas calientes y sectores específicos especialmente afectados, lo que requiere el seguimiento puntual de las políticas preventivas y de la dinámica criminal en los próximos meses.

El Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología firmaron un memorándum de entendimiento que busca modificar profundamente la enseñanza escolar en Guatemala, al promover que las aulas dejen de ser espacios de aprendizaje tradicional y se conviertan en entornos de experimentación enfocados en la práctica, la investigación y el acceso ampliado a herramientas tecnológicas. La estrategia, concebida para reforzar la interacción entre estudiantes y especialistas, pretende generar un cambio estructural en la formación científica a nivel nacional, según informó el Ministerio de Educación.

El acuerdo, formalizado este martes por Ottoniel Monterroso, secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, y Anabella Giracca, ministra de Educación, fue presentado en una ceremonia donde actuó como testigo de honor la vicepresidenta Karin Herrera. Uno de los elementos diferenciadores del programa es el énfasis en los Clubes de Ciencia, concebidos como plataformas para que niños y jóvenes entren en contacto directo con científicos y científicas desde el entorno escolar, un mecanismo que, según Herrera, articulará el acercamiento entre el mundo académico y la investigación aplicada.

Monterroso destacó durante la firma retransmitida por el Ministerio de Educación: “Juntos estamos transformando las aulas en espacios de experimentación”, una línea de acción que busca ampliar de forma tangible las oportunidades de éxito para la comunidad estudiantil. Democratizar el acceso al conocimiento científico es considerado fundamental para fomentar vocaciones científicas en todos los territorios del país.

De acuerdo con el memorándum, la cooperación interinstitucional persigue democratizar el acceso al conocimiento y, de modo paralelo, reforzar el vínculo entre instituciones educativas y el entorno tecnológico y social de Guatemala. La ministra Giracca afirmó que la iniciativa apunta a trascender modelos de enseñanza basados sólo en el texto escrito: “Aprender no solo es a través de un libro, sino a través de la práctica, a través de la investigación, de la curiosidad”, expresó ante los asistentes.

“No hay ciencia sin educación, y tampoco puede haber educación sin ciencia”, remarcó la vicepresidenta Herrera. Para Herrera, la política pública presentada enlaza de modo indisoluble estos dos ámbitos, y señaló que solo a través de mecanismos que estimulen la curiosidad, la experimentación desde edades tempranas y el acceso igualitario a la tecnología puede construirse un sistema educativo capaz de responder a los desafíos globales del siglo XXI.

El memorándum confirma un nuevo modelo para la enseñanza científica y tecnológica

La firma del acuerdo establece directrices concretas para que estudiantes guatemaltecos interactúen con especialistas mediante actividades curriculares y extracurriculares que prioricen la práctica y el trabajo experimental sobre la mera recepción de contenidos teóricos, destacó el Ministerio de Educación.

El documento prevé la creación de espacios dentro del sistema educativo en los que la investigación, el uso de herramientas tecnológicas y el diálogo directo con la comunidad científica sean accesibles a poblaciones diversas, incluyendo regiones históricamente alejadas de los desarrollos científicos nacionales. Monterroso precisó que el fortalecimiento de las vocaciones en ciencia y tecnología es una prioridad, ya que constituye un motor para el desarrollo social y económico.

La ministra Giracca puntualizó que la nueva dinámica pedagógica busca que el conocimiento generado trascienda el entorno escolar y contribuya a resolver interrogantes de la sociedad guatemalteca, a partir del desarrollo de competencias científicas en los alumnos. En esa línea, destacó que la ciencia y la tecnología no son elementos ajenos a la vida cotidiana, sino herramientas fundamentales para acercarse a la realidad y generar respuestas desde la escuela.

La vicepresidenta Herrera indicó que los Clubes de Ciencia serán el puente a través del cual miles de estudiantes puedan acceder a la experiencia práctica de la investigación, estableciendo relaciones colaborativas con profesionales y fomentando la creación de una generación orientada al pensamiento crítico y científico.

Con el respaldo institucional y la coordinación entre la SENACYT y el MINEDUC, el memorándum refuerza el compromiso nacional para incorporar la investigación y la experimentación en el corazón del proceso educativo guatemalteco, impulsando que la ciencia y la tecnología sean accesibles para toda la población escolar, conforme detalló el Ministerio de Educación.

El presidente de la República de Guatemala ha iniciado las entrevistas con los seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, un paso que se desarrolla mientras avanza el periodo legal de impugnaciones establecido por la Ley de Comisiones de Postulación. Según explicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, este procedimiento cumple con el marco constitucional y preserva la legitimidad del proceso al permitir la presentación y resolución de objeciones antes de la designación oficial, de acuerdo con información difundida en video.

Guerrero Garnica detalló que el plazo para presentar impugnaciones es de 72 horas a partir de la publicación oficial de la nómina en el Diario de Centro América. Si se presentan objeciones, la Comisión de Postulación cuenta con otro periodo de 72 horas para resolverlas, tal como lo estipula el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación. De no existir impugnaciones formales, la vía administrativa se considera agotada y el presidente queda habilitado para emitir el acuerdo gubernativo que nombre al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público.

El procedimiento para elegir al fiscal general responde a etapas legales inalterables

“La legislación no permite ninguna alteración del procedimiento: No podemos omitir este proceso. El artículo 251 de la Constitución es claro al establecer que el presidente debe elegir al próximo fiscal general de una nómina de seis candidatos presentada por la Comisión de Postulación", afirmó Guerrero Garnica. Añadió que cualquier omisión representaría una vulneración al marco constitucional y comprometería la legitimidad del nombramiento.

Las entrevistas personales entre el presidente y los seis aspirantes, confirmadas por Guerrero Garnica, se inscriben dentro del marco de discrecionalidad administrativa del Ejecutivo, ya que ni la Constitución ni la ley regulan este tipo de reuniones. “La intención es conocer cuál es el plan de trabajo que tienen los candidatos y cuál es su postura sobre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público”, puntualizó Guerrero Garnica.

El secretario precisó que el formato de las entrevistas no ha sido reglamentado por la normativa vigente ni existe obligación legal de que sean públicas. Por tanto, la dinámica responde a decisiones estrictamente administrativas tomadas por el Ejecutivo guatemalteco.

El plazo legal asegura transparencia y legitimidad en la designación

El actual periodo de impugnaciones constituye, según Guerrero Garnica, una “garantía institucional” destinada a fortalecer la credibilidad del proceso, ya que garantiza la resolución de cualquier objeción conforme a derecho. Cada etapa —recepción de la nómina, periodo de impugnaciones y resolución de las mismas— se encuentra detalladamente regulada, lo que impide al Ejecutivo acelerar o modificar los plazos sin incurrir en una falta constitucional.

La administración reiteró el compromiso con “el respeto irrestricto al Estado de derecho y a los procedimientos establecidos”, subrayó el secretario general.

De acuerdo con el cronograma divulgado por Guerrero Garnica, el presidente prevé designar al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el 17 de mayo de este año, siempre que se agoten los periodos legales y administrativos que marca la ley.

Cronograma de entrevistas

Este miércoles 29 de abril, acudirán Carlos Alberto García Alvarado a las 15:00 y César Augusto Ávila Aparicio a las 17:00. Por último, el jueves 30 de abril asistirán Julio César Rivera Clavería a las 15:30 y Néstor Guilebaldo de León Ramírez a las 17:30. Este orden fue confirmado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tras publicar la agenda oficial.

Previo a la difusión de la agenda, Arévalo señaló que las entrevistas se programaron siguiendo la cantidad de votos recibidos por cada aspirante en la Comisión de Postulación, destacando que este mecanismo garantiza un proceso transparente y basado en méritos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social.

Durante las entrevistas, se preguntará a cada candidato por su propuesta para recuperar la autonomía del Ministerio Público. El mandatario explicó: “Necesitamos una Fiscalía General que cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de manera independiente, autónoma y apegada a la legislación, que verdaderamente prevenga que se pliegue a intereses políticos o criminales, o de otro tipo, para ser utilizada como herramienta para generar impunidad o criminalización”, según consta en las declaraciones oficiales difundidas por la Secretaría

Este miércoles 29 de abril de 2026, Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra del año, un fenómeno astronómico en el que, alrededor de las 11:59 horas, los objetos perfectamente verticales dejarán de proyectar sombra durante un breve instante. Este evento, documentado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), destaca por la incidencia perpendicular de los rayos solares sobre la superficie terrestre, lo que intensifica la exposición a la radiación UV y motiva la adopción de medidas de protección solar.

De acuerdo con Insivumeh, el Día sin Sombra se repetirá en el país el 13 de agosto de 2026, confirmando la regularidad de un fenómeno que ocurre dos veces al año en la región. En cada ocasión, el Sol alcanza el punto cenital—su posición más alta en el cielo al mediodía—permitiendo esta observación singular en la que las sombras laterales desaparecen completamente.

El fenómeno se produce porque, a lo largo del año, la posición solar varía. Solo durante estas fechas específicas, la inclinación de los rayos solares es perfectamente perpendicular respecto al suelo, fenómeno denominado tránsito cenital o Sol cenital. En consecuencia, los objetos verticales carecen de sombra observable, generando una experiencia visual poco frecuente para la población.

Según la información divulgada por Insivumeh, el máximo del Día sin Sombra ocurrirá exactamente a las 11:59 horas. En ese momento, durante unos minutos, “los objetos que sean perfectamente verticales no producirán sombra alguna”, según el comunicado del organismo estatal. Este fenómeno invita a la observación directa, pero conlleva un elevado nivel de radiación ultravioleta.

Ante el aumento de la exposición solar durante este tipo de eventos, el Insivumeh recomienda limitar la permanencia bajo el sol directo, buscar refugio en áreas sombreadas y aplicar bloqueador solar, así como el uso de sombrillas, gorras o gafas con filtro UV. Las recomendaciones se emiten para evitar quemaduras y otros daños por la radiación, especialmente en el horario central de la jornada.

El “Sol Cenital” es observable dos veces al año en Guatemala

La recurrencia del Día sin Sombra está determinada por la latitud del país. El 29 de abril y el 13 de agosto, el Sol alcanza el cenit a mediodía, un fenómeno que en 2026 se repetirá bajo idénticas condiciones, según reiteró el Insivumeh en sus plataformas oficiales. Durante ese momento puntual, tanto ciudadanos como científicos pueden confirmar que los objetos verticales situados al aire libre no presentan sombra visible ni hacia el norte ni hacia el sur.

Esta peculiaridad convierte al Día sin Sombra en uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. Aunque suele pasar desapercibido por el ritmo de la vida urbana, resulta especialmente relevante para quienes observan los efectos de los ciclos solares sobre el clima, las actividades diarias y la salud pública.

El Día sin Sombra en Guatemala de 2026 ocurrirá el miércoles 29 de abril, a las 11:59 horas, cuando el Sol estará exactamente en el cenit y los objetos verticales no proyectarán sombra, según información oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. La consecuencia inmediata será la elevación de la radiación ultravioleta, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y emplear protección adecuada para reducir el riesgo de quemaduras.

Durante el Día sin Sombra, el interés científico y educativo se combina con la necesidad de reforzar los cuidados frente al sol, haciendo de este fenómeno un recordatorio sobre la influencia astronómica directa en la vida cotidiana de la población guatemalteca.

El Congreso de la República de Guatemala aprobó con 121 votos el Decreto 12-2026, una reforma trascendental a la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, que busca garantizar el acceso a la educación para más de 170 mil estudiantes en comunidades rurales y de difícil acceso, fortaleciendo tanto la infraestructura educativa como el apoyo financiero estatal a estos centros. El Ministerio de Educación celebró oficialmente la medida a través de un comunicado, calificando la decisión como un avance para ampliar la cobertura escolar y mejorar las oportunidades para adolescentes y jóvenes, especialmente en áreas donde la oferta educativa es limitada, según lo informado por las autoridades citadas en el decreto.

El nuevo marco legislativo aumenta el financiamiento estatal en beneficio de 1.259 institutos por cooperativa

Con la aprobación del Decreto 12-2026, la asignación presupuestaria anual del Estado para los institutos por cooperativa, que hasta ahora recibían 22 mil quetzales por sección completa, se eleva a 62.988 quetzales para secciones completas y 28.345 quetzales para medias secciones. Así lo detalló el diputado por San Marcos Jeovanni Omar Domínguez Orozco en conferencia de prensa posterior a la votación parlamentaria. El decreto también obliga al Ministerio de Finanzas a transferir los recursos de manera puntual, además de incorporar a estas instituciones rurales al programa nacional de alimentación escolar. Domínguez Orozco precisó que mil 286 institutos por cooperativa serán incluidos en la entrega de útiles escolares, materiales didácticos y recursos tecnológicos destinados tanto a estudiantes como a docentes.

La reforma establece un piso mínimo de Q50.390 asignados anualmente por grado o sección con entre 13 y 35 alumnos, así como una asignación adicional equivalente al 55% de la subvención básica, conforme al texto aprobado. Con esto, los institutos localizados en 19 departamentos, donde la educación tradicional era insuficiente, dispondrán de los medios económicos y la infraestructura adecuada para garantizar la continuidad escolar y la mejora progresiva de sus servicios, según detalla el dictamen legislativo.

Un sistema de gestión participativa para comunidades históricamente excluidas

Los institutos por cooperativa surgieron frente a las carencias del sistema educativo formal en zonas apartadas de Guatemala. Este modelo de gestión participativa involucra la colaboración del Estado, las municipalidades y la comunidad educativa, permitiendo que adolescentes y jóvenes, históricamente excluidos del acceso escolar, tengan una nueva oportunidad. Desde la bancada unionista, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo afirmó: “Por años, los jóvenes o los niños que salen de sexto grado no tienen dónde estudiar y así fue como nacieron los institutos por cooperativa. Están en todo el país, en las aldeas más remotas y en los departamentos.”

El refuerzo de esta red de 1.259 institutos educativos reconoce más de tres décadas de gestión, desde la promulgación original de la ley en 1995. Estos centros han facilitado oportunidades educativas en regiones donde la ausencia de institutos públicos obligaba a los estudiantes a abandonar la formación tras la primaria.

Entre las disposiciones del Decreto 12-2026, se incluye la dignificación del personal docente, con un incremento en los salarios que anteriormente podían ser de apenas 400 a 900 quetzales mensuales para los maestros de estos establecimientos, de acuerdo con Domínguez Orozco tras la sesión plenaria.

Más allá del financiamiento: inclusión y participación familiar

La reforma promueve la creación de Organizaciones de Padres de Familia (OPF) dentro de los institutos por cooperativa, fomentando una participación directa de padres y madres en la vida escolar y en la toma de decisiones. El Ministerio de Educación anticipa que “más apoyo para estudiar, más oportunidades para seguir adelante, más educación para Guatemala” permitirán construir una red sólida capaz de responder a las demandas crecientes de cobertura educativa.

A más de treinta años de la aprobación del Decreto 17-95, esta reforma representa una transformación significativa para la educación rural y las posibilidades de desarrollo profesional de los jóvenes en Guatemala. La medida, respaldada por diputados de diferentes bloques legislativos, fue recibida con agradecimiento por representantes estudiantiles y docentes que asistieron a la sesión.

El Ministerio de Finanzas Públicas anunció el incremento de Q1,000 mensuales en las pensiones para tres regímenes de pensionados estatales y el pago retroactivo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026, que se realizará en la primera quincena de mayo. Ningún beneficiario percibirá menos que el salario mínimo no agrícola vigente, impulsado por una reforma legal aprobada en septiembre de 2023, según informó el medio Prensa Libre.

La suma destinada para este desembolso asciende a Q3 millones 855 mil 650.10, como confirmó Floridalma Mejía, jefa del Departamento de Sueldos y Clases Pasivas de la Dirección de Contabilidad del Estado. Este monto será distribuido entre 1.292 pensionados pertenecientes al Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), discapacitados del Estado en el orden militar y jubilados, pensionados y montepíos del Ejército. Mejía especificó que quienes, aun con este incremento, no alcancen el salario mínimo no agrícola vigente de 2024 recibirán posteriormente un ajuste adicional, fortaleciendo así el compromiso de nivelar los ingresos con respecto al mínimo legal.

El ajuste fue introducido formalmente a través del Decreto 18-2024, que reforma la Ley de Clases Pasivas Civiles y establece que el nuevo monto mínimo será equivalente al salario mínimo no agrícola vigente: Q3,973.05 en 2025. Según datos del propio Ministerio de Finanzas Públicas recopilados por Prensa Libre, el beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales ni aportes a terceros, lo que facilita el acceso expedito al incremento para los beneficiarios.

El Congreso de Guatemala oficializó el mayor ajuste en 36 años y prevé revisiones periódicas

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 10 de septiembre de 2023, con 129 votos, la normativa que habilita este aumento. Más de 109,000 ex trabajadores del Estado serán beneficiados directa o indirectamente. La norma no había sido modificada desde hace 36 años y responde a la necesidad de adecuar el sistema previsional a la realidad económica y social actual. El decreto regula que ningún pensionado podrá recibir una suma mensual superior a Q7,000 y prevé revisiones cuatrienales del monto de las pensiones, conforme al artículo 114 de la Constitución Política de la República.

La medida busca dignificar a quienes, hasta la fecha, percibían pensiones insuficientes para cubrir necesidades básicas, incorporando mecanismos de ajuste y asegurando que todos los jubilados alcancen, como mínimo, el salario base establecido por ley.

Claves del nuevo régimen: retroactivo, cobertura y sostenibilidad

El pago retroactivo del aumento para febrero, marzo y abril de 2026 se hará efectivo en la primera quincena de mayo, según información oficial del Ministerio de Finanzas Públicas. La disposición incluye a las Clases Pasivas Civiles y a regímenes especiales como discapacidad militar y BANVI. El incremento es automático, de modo que el proceso se realiza sin intervención adicional de los pensionados, y quienes no superen el salario mínimo recibirán ajustes complementarios.

Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, el presupuesto nacional de 2026 prevé estudios actuariales periódicos. El Congreso de la República de Guatemala establece que las cuantías asignadas serán objeto de revisión sistemática cada cuatro años, bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Contraloría General de Cuentas y el propio Ministerio de Finanzas Públicas.

La reforma constituye el mayor ajuste en pensiones estatales en más de tres décadas, promoviendo el incremento automático de Q1,000 y la garantía de ingreso igual o superior al salario mínimo para todos los beneficiarios de los regímenes incluidos.

Guatemala ha consolidado en los últimos años su perfil exportador con una fuerte orientación hacia el mercado estadounidense y sus vecinos centroamericanos. Según datos oficiales y fuentes especializadas como el Banco de Guatemala (Banguat) y la plataforma OEC, los cinco principales destinos de exportación son Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México.

En 2024, Guatemala exportó US$5.030 millones a Estados Unidos; US$1.880 millones a El Salvador; US$1.600 millones a Honduras; US$1.050 millones a Nicaragua; y US$732 millones a México.

En conjunto, estos mercados absorbieron US$10.290 millones, cifra que representa el 66% de todas las exportaciones guatemaltecas del año. El liderazgo de Estados Unidos es contundente: solo este país concentró el 32,2% del total exportado, seguido por el bloque centroamericano más cercano. Si se suman El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuatro mercados concentran el 61,3% de las ventas externas del país.

La estructura exportadora del país refleja una combinación de productos tradicionales y una creciente diversificación hacia manufacturas y bienes con mayor valor agregado. Entre los principales productos exportados destacan el café, el azúcar, el banano y los textiles, junto con productos de plástico, hierro y acero, así como alimentos procesados y productos químicos.

Durante 2025, las exportaciones guatemaltecas cerraron con ingresos de US$13.055 millones entre enero y octubre, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco de Guatemala. El dinamismo exportador se atribuye tanto al buen desempeño de los productos agrícolas como al fortalecimiento del sector manufacturero y la apertura de nuevos mercados.

El sector textil y de confección, que representa cerca de un tercio de las ventas a Estados Unidos, mostró una proyección de crecimiento del 2,7% en 2025 y 4% para 2026, beneficiado por reducciones arancelarias y tendencias de nearshoring. Además, la diversificación hacia productos de mayor valor agregado, como autopartes, suministros médicos y materiales de empaque, refuerza la integración de Guatemala en cadenas de valor regionales y globales.

La industria exportadora guatemalteca también está apostando por la diferenciación de productos agrícolas, como cafés especiales y alimentos procesados, que pueden acceder a precios premium y mercados de nicho.

Primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de Guatemala mantienen la tendencia al alza. Los datos preliminares de Banguat y fuentes estadounidenses muestran que solo en enero, las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron US$721 millones, confirmando la relevancia de este mercado. Proyecciones oficiales anticipan que las exportaciones totales del país superarán los US$14.000 millones al cierre de 2026, con un crecimiento estimado del 6%.

Las ventas al exterior continúan impulsadas por la reducción de aranceles en productos estratégicos, la modernización de infraestructura logística y la digitalización de trámites aduaneros. A esto se suma la resiliencia macroeconómica de Guatemala, que espera un crecimiento del PIB de 3,7% en 2026 y mantiene la inflación bajo control.

La combinación entre Estados Unidos y los países vecinos centroamericanos seguirá siendo la columna vertebral comercial del país, aunque la diversificación de mercados y productos es cada vez más evidente. Guatemala se posiciona como un exportador robusto en el contexto regional, con capacidad para aprovechar oportunidades derivadas de acuerdos comerciales y tendencias globales de relocalización industrial.

El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes el Decreto 13-2026, que exime del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes perciben el salario mínimo, una medida destinada a aliviar la carga fiscal de miles de familias en el país. La iniciativa, que recibió el respaldo de 124 diputados, modifica la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012) y busca que el aumento salarial decretado recientemente llegue íntegro al bolsillo de los trabajadores, según informa el sitio web de la Asamblea.

De acuerdo con el Congreso guatemalteco, la nueva legislación establece una exención automática para el salario mínimo legal vigente, de tal forma que los ingresos de quienes dependen exclusivamente de este nivel salarial queden protegidos de retenciones fiscales. Según lo aprobado, los recursos percibidos por este segmento de la población se destinan principalmente a cubrir la canasta básica y servicios esenciales, lo que refuerza el argumento de la reforma.

Para el ciclo fiscal 2026, la ley introduce una deducción extraordinaria de Q3,024 (USD 0.40) para las rentas del trabajo en relación de dependencia, que pueden aplicar los trabajadores sin necesidad de comprobación alguna. Esta deducción especial será considerada en la proyección anual de ingresos a cargo del empleador, según explicó el Congreso de la República. Además, el monto podrá actualizarse cada año en caso de que el Ejecutivo disponga un nuevo ajuste al salario mínimo.

El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente de la Junta Directiva, destacó la importancia del decreto, puntualizando que “sin importar cuánto se incremente el salario mínimo, el ingreso de los trabajadores estará exento del pago del ISR”. Esta declaración, recogida por el propio Congreso de la República de Guatemala, enfatiza la protección al poder adquisitivo de los asalariados frente a los cambios en la política salarial.

Por otra parte, el legislador Julio Héctor Estrada detalló el mecanismo de devolución previsto en la normativa. Según precisó, el artículo 4 del decreto permite deducir el monto correspondiente desde enero hasta la entrada en vigor de la ley, de manera que los trabajadores podrán recibir en enero de 2027 la devolución de impuestos y retenciones adicionales realizadas por los empleadores. Estrada remarcó que “el beneficio es inmediato y dirigido a las personas que más lo necesitan”, a la vez que resaltó el objetivo de avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo.

Reforma tributaria garantiza equidad y protección del ingreso real ante aumentos al salario mínimo

El Congreso de Guatemala resaltó que la reforma restablece la equidad y la coherencia en el sistema tributario para los trabajadores en relación de dependencia, corrigiendo efectos derivados del reciente incremento al salario mínimo autorizado por el Organismo Ejecutivo.

Según lo estipulado, la deducción extraordinaria se actualizará cada año junto con los ajustes al salario mínimo, garantizando que el beneficio se mantenga vigente.

La aprobación de este decreto representa un alivio fiscal para quienes perciben el salario mínimo en Guatemala, asegurando que los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo no se vean absorbidos por retenciones tributarias y reforzando la protección de los ingresos destinados al consumo esencial de las familias.

Desde el pasado 24 de abril, el hallazgo del cuerpo sin vida de Jorge Mario González Buezo bajo el puente El Naranjo conmocionó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la Ciudad de Guatemala, impulsando una investigación formal sobre las causas y circunstancias que rodearon su fallecimiento. El estudiante de 21 años, inscrito en la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía en la Universidad Mariano Gálvez, había sido reportado como desaparecido por sus familiares cinco días antes, una recurrencia inquietante para quienes recordaban un episodio similar en su adolescencia, según el relato reconstruido por el medio Notiguatemala.

La confirmación oficial de la identidad y la causa de muerte se produjo en las horas recientes, cuando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) comunicó que González Buezo sufrió un trauma de tórax. Este golpe fatal en el pecho, de acuerdo con la pericia, afectó órganos vitales como el corazón y los pulmones, estableciendo así el motivo cierto del deceso, según los resultados forenses citados por Notiguatemala.

En respuesta al operativo de rescate, el vocero de Bomberos Municipales, José Santizo, detalló que las tareas de localización y extracción del cuerpo demandaron una coordinación precisa tras los avisos recibidos en la línea de emergencia. De acuerdo a Santizo, los llamados provinieron de vecinos del área que advirtieron la presencia de un cuerpo en lo profundo del barranco, justo donde el puente El Naranjo conecta la zona siete de la ciudad con la zona cuatro de Mixco:

“Damos a conocer que bomberos municipales de la Ciudad de Guatemala recibimos varios llamados de alerta en nuestra línea de emergencia 123 por parte de vecinos que residen a los alrededores de la parte baja del puente El Naranjo, en un área que conecta la zona siete de la ciudad con la zona cuatro de Mixco. Estas personas informaban de que habían visualizado en la profundidad del barranco el cuerpo de una persona”, explicó Santizo a ChapinTV.

El cuerpo fue localizado en estado avanzado de descomposición, lo que dificultó la identificación inmediata. Los equipos de rescate, empleando camillas especiales y rutas de acceso habilitadas desde la zona siete, lograron extraer el cadáver y entregarlo a las autoridades competentes para las diligencias judiciales correspondientes.

La desaparición previa y el vínculo con el pasado

La muerte de Jorge Mario González Buezo adquiere un matiz todavía más singular debido a un hecho documentado: en abril de 2021, cuando contaba con 18 años, también fue reportado como desaparecido por su familia en fechas casi idénticas. De acuerdo con la cobertura de Notiguatemala, existen registros audiovisuales de la colonia San Cristóbal, en la zona ocho de Mixco, que muestran cómo fue visto por última vez antes de que, días más tarde, fuera localizado sano y salvo el 27 de abril de aquel año.

En aquella ocasión, la familia informó que González Buezo cursaba estudios en Diseño, una trayectoria académica que luego viró hacia el ámbito del Turismo y la Hotelería, según consta en mensajes de pesar difundidos por la Universidad Mariano Gálvez tras la reciente confirmación de su identidad y fallecimiento.

El fenómeno de las dos desapariciones, en años y fechas tan próximas, permanece como un dato relevante para la investigación de las causas profundas de su muerte.

El círculo académico y personal del estudiante manifestó su dolor en redes sociales mediante mensajes y esquelas, reflejando el impacto del caso en el ámbito universitario.

El hallazgo bajo el puente El Naranjo y la posterior identificación de Jorge Mario González Buezo marcan el inicio de una investigación que, según Notiguatemala, busca resolver los interrogantes abiertos sobre las circunstancias y la motivación detrás de su muerte, registrada oficialmente como resultado de un severo trauma en el tórax.

Un joven trabajador de 17 años murió este martes tras sufrir una caída en el interior de un silo de cemento en una planta procesadora de cal ubicada en la colonia El Paraíso II, zona 18 de Ciudad de Guatemala. El incidente, que movilizó a equipos de emergencia, puso de relieve los riesgos laborales presentes en la industria y la exposición de menores de edad a tareas peligrosas. Según informaron los Bomberos Voluntarios, el rescate requirió herramientas hidráulicas especializadas y la intervención de varias unidades para acceder al espacio confinado.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la alerta ingresó al número de emergencias 122 cerca del mediodía. Testigos informaron que el joven cayó dentro del silo, una estructura industrial de almacenamiento de cemento ubicada en la intersección de la 32 avenida y 11 calle. El portavoz de la institución relató que, tras verificar la situación, el oficial comandante Vicente álvarez coordinó el uso de equipo especial de rescate, incluyendo la conocida “quijada de la vida”, expansores y herramientas motorizadas, para romper parcialmente la estructura y permitir el acceso de los técnicos en urgencias médicas.

En palabras del vocero de los Bomberos Voluntarios: “Fue necesario utilizar equipo especial de rescate, la quijada de la vida, expander y moto-motorizadora. Esto para romper el silo y poder rescatar a la persona”. El operativo, que se extendió durante varios minutos, concluyó con la extracción del cuerpo.

Los técnicos procedieron a verificar los signos vitales del adolescente, pero solo pudieron constatar su fallecimiento en el lugar. “La persona de género masculino, de aproximadamente diecisiete años de edad, carece de signos vitales”, precisó el oficial álvarez, según recogió la prensa local.

El accidente generó la intervención de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que quedaron a cargo de procesar la escena e iniciar una investigación sobre las condiciones en las que el menor realizaba sus labores. Las autoridades deberán determinar si la empresa cumplía con los protocolos de seguridad industrial y las normas sobre trabajo infantil. Voceros del sector señalaron que estructuras como silos y tolvas demandan el uso obligatorio de arneses, líneas de vida y monitoreo permanente para evitar riesgos de asfixia o aplastamiento por materiales a granel.

Este suceso revive el debate sobre la seguridad industrial en Guatemala y la supervisión del trabajo de menores en sectores de alto riesgo. De acuerdo con datos de organizaciones laborales, la exposición de adolescentes a ambientes industriales sin la debida protección representa un factor de vulnerabilidad persistente.

El caso permanecerá bajo investigación mientras los peritos del Ministerio Público recaban pruebas y testimonios que permitan establecer responsabilidades. Por el momento, la planta procesadora de cal donde ocurrió el accidente fue acordonada como parte de las diligencias oficiales.

El trabajo infantil en actividades de riesgo

En Guatemala, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (Acuerdo Gubernativo 229-2014) regula la protección de los trabajadores y prohíbe el empleo de menores en labores peligrosas o que impliquen explotación infantil. La normativa obliga a los empleadores a garantizar condiciones seguras y a evitar las peores formas de trabajo infantil, con sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

El Congreso Guatemala aprobó este martes la entrega de un aporte económico de Q500,000 (USD 65,479) al boxeador Lester Normandy Martínez Tut y de Q200.000 (USD 26,125) a Joshua Kevin Antón, en reconocimiento a los títulos internacionales conquistados por ambos deportistas, recientemente.

La decisión legislativa se sustentó en el artículo 171, literal e) de la Constitución Política de la República, que faculta al Congreso para decretar honores públicos a ciudadanos guatemaltecos por grandes servicios prestados a la nación. El acuerdo resolvió que los fondos se ejecutarán a través de una modificación presupuestaria en el presupuesto de egresos del Organismo Legislativo del Ejercicio Fiscal vigente. El decreto entró en vigencia de forma inmediata.

El 7 de abril de 2026, el pleno del Congreso había conferido a ambos deportistas la Condecoración de la Orden Nacional “Soberano Congreso Nacional” en el grado de Caballero, mediante los Acuerdos Legislativos 12-2026 y 13-2026.

Mientras que el nuevo aporte económico aprobado el martes complementa el reconocimiento anterior y será entregado cuando se impongan las insignias de la mencionada condecoración. Entre los atletas guatemaltecos distinguidos previamente por el Legislativo figuran la tiradora olímpica Adriana Ruano, el marchista Erick Barrondo y el clavadista Jean Pierre Brol.

El incentivo tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y los logros obtenidos en el ámbito internacional, destacando la representación guatemalteca en escenarios globales. Este reconocimiento está orientado a quienes han contribuido a posicionar el nombre del país fuera de sus fronteras, premiando la dedicación y el éxito alcanzado en diferentes competencias o actividades internacionales.

Lester Martínez: primer campeón mundial de boxeo profesional de Guatemala

La noche del 21 de marzo de 2026 marcó un punto de inflexión para el deporte guatemalteco. Lester, de 30 años y originario de Petén, se convirtió en el primer boxeador guatemalteco en conquistar un título mundial profesional. Venció por decisión unánime en 12 asaltos al estadounidense Immanuwel Aleem, logrando así el cinturón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Martínez ostenta un récord de 20 victorias y un empate en 21 combates, ocupando el segundo lugar del ranking mundial del CMB en su categoría, únicamente detrás del mexicano Saúl el “Canelo” Álvarez.

Joshua Antón logra el campeonato continental superwelter del CMB

En la misma jornada del 21 de marzo, celebrada en el National Orange Show Event Center de California, Joshua Kevin Antón se proclamó campeón continental superwelter del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) tras derrotar por nocaut técnico antes de iniciar el segundo asalto al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov. El boxeador guatemalteco llegó al triunfo con un récord invicto de 12 peleas, de las cuales 11 terminaron en nocaut.

La sesión legislativa del martes contó con la suscripción del acuerdo por parte de diputados de diferentes bancadas, entre ellos Julio López (CABAL), Inés Castillo (UNE), Benjamín Inán (UNE), Evelyn Morataya, Orlando Blanco (VOS) y José Chic (VOS), así como otros legisladores.

El pleno del Legislativo resolvió otorgar un reconocimiento económico a Lester Normandy Martínez Tut y a Joshua Kevin Antón tras la obtención de campeonatos internacionales el 21 de marzo de 2026 en California.

Las entrevistas privadas entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y los aspirantes a encabezar el Ministerio Público (MP) comenzaron este martes, una etapa decisiva en el proceso de selección del próximo Fiscal General que ocupará el cargo durante el período 2026-2030. En la primera jornada el mandatario sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quienes forman parte de la nómina final de seis candidatos propuesta para dirigir el ente encargado de la persecución penal en el país.

El mandatario informó a través de canales oficiales: “Hoy, martes 28 de abril, he iniciado las entrevistas con dos de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público: Gabriel García Luna y Beyla Estrada Barrientos. Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la presentación de impugnaciones, garantizando así la legalidad en cada etapa”. Estas palabras marcan el tono de una fase clave que, según el calendario, contempla la conclusión de las audiencias individuales esta misma semana.

El Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario donde García Luna abrió la ronda de comparecencias, que se extendió por cerca de una hora y media.

Posteriormente, Estrada Barrientos se presentó para mantener su encuentro con el mandatario. Antes de ingresar, la abogada subrayó ante medios locales la necesidad de trabajar por “un fortalecimiento integral del Ministerio Público”, abarcando áreas de gestión fiscal, administrativa y técnica. Tras finalizar su entrevista, la candidata expresó que el ambiente fue de respeto y objetividad: “Hemos finalizado la entrevista con el señor presidente, así es. Muy bien. Una entrevista bastante agradable, muy objetiva, muy bien”, declaró ante la prensa.

Al ser consultada sobre los temas abordados, la candidata optó por no dar detalles específicos debido a la naturaleza privada de la conversación: “El señor presidente es una persona muy objetiva y se limitó a hacer toda una entrevista dentro del área de la objetividad. Si el señor presidente decidió hacerla a puerta cerrada, creo que no es conveniente manifestar algunas situaciones que se dieron dentro de la entrevista. Solo sé decirles que fue una entrevista muy objetiva y muy, muy respetuosa”, afirmó Barrientos.

La ronda de entrevistas continuará este miércoles con la comparecencia de Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. El jueves será el turno de Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebado de León Ramírez, completando así el grupo de seis postulantes seleccionados por la Comisión de Postulación.

Expectativa por la elección del próximo Fiscal General

El proceso para elegir al nuevo Fiscal General contempla, tras la conclusión de las entrevistas, el análisis de eventuales impugnaciones que puedan presentarse en contra de alguno de los candidatos. Solo después de agotado este período, el presidente Arévalo deberá tomar la decisión final y designar al nuevo jefe del MP para el periodo 2026-2030.

Diversos sectores sociales y organismos internacionales han observado este proceso con atención, dada la relevancia institucional que tiene el MP en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.

El 17 de mayo de 2026 es la fecha clave en la que toma posesión el nuevo Fiscal General.

La vicepresidenta Karin Herrera presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la República con el objetivo de dotar de sustento jurídico y presupuesto garantizado a los clubes de ciencia, un modelo educativo que, hasta ahora, opera bajo decisiones administrativas sujetas a cambios y a un financiamiento inestable.

El proyecto aspira a incorporar los clubes dentro del Ministerio de Educación, transformar su alcance en política de Estado y permitir su expansión a los 22 departamentos de Guatemala, según información expuesta durante el acto público, transmitido por el canal del Organismo Legislativo al que acudieron el presidente del Legislativo Luis Contreras y miembros de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

Actualmente, el programa cuenta con 120 sedes activas en 19 departamentos, involucrando a más de 2,200 niñas y niños, así como adolescentes que, según declaraciones de Herrera.

“En su mayoría son niñas, en un 58%”. El desarrollo de la propuesta, según explicaron las autoridades, busca asegurar un financiamiento fijo: la ley ordena una asignación adicional para la Senacyt de al menos 25% sobre su presupuesto regular, destinada a infraestructura, equipamiento y materiales formativos para los clubes.

La iniciativa, según describió la vicepresidenta Karin Herrera en la presentación formal, “sienta las bases para un futuro con más aprendizaje, más innovación, más desarrollo integral y sostenible”.

Para Herrera, “democratizar el conocimiento científico desde la infancia fortalece competencias, impulsa el desarrollo económico y la innovación, y contribuye a reducir la migración irregular”.

Advierte sobre la desigualdad vigente: “Miles de niñas, niños y adolescentes en áreas rurales, comunidades indígenas y contextos vulnerables carecen de espacios para aprender y experimentar, lo que limita sus oportunidades”.

El programa, recalca, “ha crecido 160% en solo un año”, aunque advierte que estos avances podrían verse interrumpidos sin un marco jurídico que garantice estabilidad, continuidad y recursos.

La propuesta institucionaliza el Programa Nacional de Clubes de Ciencias, crea un registro nacional, establece ferias científicas obligatorias y formaliza la colaboración con el Ministerio de Educación, universidades públicas y privadas, así como con científicos guatemaltecos como tutores, detalló el diputado oficialista José Diego Toledo ante los legisladores.

Toledo enfatizó que la ley “no inventa algo nuevo, hace algo más importante: asegura que lo que funciona no desaparezca y funcione mejor”. El proyecto busca universalizar el acceso de la niñez y la juventud al acompañamiento científico, brindar materiales pedagógicos de calidad y promover la popularización de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática, tanto en horario escolar como extracurricular.

El modelo actual beneficia a más de 2.200 estudiantes en 19 departamentos; la ley aspira a cubrir todo el país

Según cifras expuestas por la vicepresidenta Karin Herrera, los clubes de ciencias reúnen a más de 150 mentores especializados, de los cuales 53% son mujeres científicas y 47% hombres científicos, todos guatemaltecos, prestando servicios en diferentes regiones. El modelo, detalla Herrera, está diseñado para “acercar la ciencia a la niñez y la juventud”, abriendo escenarios “donde imaginarse como médicos, químicos, ingenieros o astronautas es una posibilidad real, no un sueño lejano”.

La propuesta llegó al Congreso respaldada por la Junta Directiva, cuyo primer vicepresidente, Nery Ramos, comprometió el “apoyo con nuestra firma y nuestro trabajo... para darle forma legal a una idea que representa un valor estratégico para nuestro país”.

Ramos señala que Guatemala ha visto migrar a numerosos talentos por falta de oportunidades institucionales y considera que “la combinación del talento humano y la ciencia es el motor de desarrollo en cualquier nación”.

La Junta Directiva y el pleno legislativo, afirma, buscarán “respaldar esta iniciativa con nuestro voto” y proveer los recursos requeridos para infraestructura y tecnología.

La institucionalización garantizará continuidad, recursos y una expansión ordenada

El riesgo de discontinuidad ha sido destacado como una amenaza principal al sostenimiento de los clubes, debido a la ausencia de un respaldo legal y a la volatilidad del financiamiento público, señala la vicepresidenta Karin Herrera ante el pleno.

El diputado José Diego Toledo resalta que la ley establece una asignación presupuestaria directa “no menor del 25% del presupuesto ordinario de Senacyt” para el programa, lo que asegurará una base operativa, la capacitación de más mentores y la dotación de materiales y tecnología en todos los departamentos.

El proyecto de ley establece la realización de una Feria Nacional de Ciencias y la conformación de un registro oficial de clubes, para estimular el intercambio científico, la difusión de la cultura y técnica y la articulación con cooperantes internacionales y la comunidad científico-académica nacional.

Guatemala apuesta por la modernización de sus aeródromos, con el objetivo de reforzar la seguridad, promover la eficiencia y ampliar el desarrollo económico regional mediante una serie de obras estratégicas lideradas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), estas intervenciones abarcan desde mejoras en la infraestructura hasta la actualización de sistemas de navegación y promoción turística, elementos que buscan transformar la conectividad aérea en el país y consolidar a sus terminales como motores de crecimiento y de atracción internacional.

El impacto de estas acciones se refleja de manera concreta en Cobán, el segundo aeródromo más activo de Guatemala, donde avanzan proyectos prioritarios: la construcción de un muro perimetral de más de mil metros lineales, junto con una nueva sala de espera y la remodelación de las oficinas administrativas.

Estas mejoras tienen como finalidad reforzar la seguridad y optimizar la experiencia de los pasajeros. En paralelo, el aeródromo de Esquipulas, en Chiquimula, ha iniciado un plan integral de protección y desarrollo que incluye 90 metros de muros de contención, la instalación de 6,212 metros cuadrados de muro prefabricado y 3.106 metros de cercas de seguridad, medidas que, según el CIV, pretenden consolidar este aeródromo como una pieza clave para el turismo y la economía regional.

El enfoque en eficiencia y operatividad se manifiesta en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Allí, la apuesta se centra en la seguridad operacional y la modernización de servicios: construcción de estacionamientos específicos para vehículos de fauna y operaciones, mantenimiento de pista, poda estratégica para mejorar la visibilidad aérea y actualización del sistema de iluminación interna con tecnología LED.

Según la DGAC, estos cambios son cruciales para asegurar condiciones óptimas tanto para pasajeros como para tripulaciones, fortaleciendo el rol de este aeropuerto como enlace esencial del norte del país.

La estrategia nacional de transformación aeroportuaria, enmarcada en el Plan Conecta —una iniciativa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda— integra inversiones, coordinación entre instituciones y la elaboración de un próximo Plan Maestro de Aeródromos.

El propósito es impulsar la conectividad aérea y maximizar los beneficios económicos y turísticos para la población. De acuerdo con el CIV, cada terminal aérea representa la “carta de presentación” del país y se convierte en un punto de entrada para nuevas oportunidades.

Mejoras específicas en los aeródromos impulsan el turismo y la seguridad

Las actividades de mantenimiento no se detienen. En Cobán, se realizan trabajos de chapeo en los diez metros de orilla de pista y la aplicación semanal de herbicida para mantener despejadas las áreas críticas. Se ha realizado la poda de un árbol considerado potencial obstáculo debido a su proximidad con la cabecera 03.

Además, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha distribuido material promocional para aprovechar el flujo de visitantes en este destino, consolidándolo como un punto relevante para el turismo nacional y extranjero.

En San José, departamento de Escuintla, el organismo regional COCESNA ejecutó labores periódicas de mantenimiento en los equipos de navegación VOR y DME, asegurando la precisión de frecuencias y la correcta recepción de señales para incrementar la seguridad operacional de la aviación civil, según las autoridades del CIV.

El aeródromo MGCQ, en Chiquimula, también presenta avances en el mantenimiento, con chapeo y limpieza continuos de la pista, lo que supone mejores condiciones para las operaciones y una mayor protección para los usuarios y el personal.

En el aeródromo de Huehuetenango, la municipalidad verificó recientemente la documentación y las disposiciones técnicas necesarias para una futura ampliación de la terminal. Se concluyeron los trabajos de drenaje; esta adaptación, según el CIV, permitirá mejorar la operatividad durante la temporada de lluvias y garantizará conectividad aérea aun bajo condiciones climáticas adversas.

El programa nacional incluye además acciones de promoción para aumentar el turismo, la conectividad y el comercio local. De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, cada mejora acometida en los aeródromos del país contribuye directamente a fortalecer la infraestructura aérea, generar empleos y transformar la movilidad nacional.

Un esfuerzo coordinado para modernizar la infraestructura aeronáutica de Guatemala

Las obras impulsadas por la DGAC y el CIV evidencian un enfoque integral en el desarrollo aeroportuario guatemalteco, donde la seguridad, la eficiencia y el crecimiento económico conforman el centro de cada proyecto.

Las intervenciones técnicas —como la modernización de sistemas de iluminación interna o la instalación de kilómetros de cercas de seguridad— buscan crear terminales capaces de responder a las exigencias del comercio internacional y la circulación de personas.

La serie de mejoras en aeródromos como Cobán, San José, Escuintla, Chiquimula y Huehuetenango, coordinadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Dirección General de Aeronáutica Civil, representan una apuesta estratégica por dotar a Guatemala de una infraestructura moderna, eficiente y capaz de sostener su desarrollo económico y turístico en el mediano y largo plazo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, firmó una agenda territorial de trabajo en el municipio de Santa María Chiquimula, en Totonicapán, junto a las autoridades indígenas ancestrales de sus diecinueve comunidades.

Esta acción, marca un acto de colaboración entre el Gobierno central y las estructuras comunitarias, enfocada en atender demandas históricas de salud, infraestructura y desarrollo social.

El encuentro fue calificado como hecho histórico, sobre todo porque la última visita de un presidente de la República al municipio data de 2001, según destacó el alcalde municipal Juan Carlos Carrillo Castro durante su intervención.

El acto contó con la presencia del gobernador departamental Pablo Yash, la subsecretaria privada de la Presidencia Mónica Mazariegos, integrantes del Consejo de Desarrollo, autoridades locales y representantes de los pueblos indígenas quichés, así como líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y directivos de las alcaldías comunales, de acuerdo con la transmisión de la actividad a través del canal de gobierno.

Santa María Chiquimula: población joven y desafíos estructurales

De acuerdo con el 12º Censo Nacional de Población y el 7º de Vivienda de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa María Chiquimula registra 55,013 habitantes, de los cuales 52 % son mujeres y 48 % hombres.

La localidad mantiene un alto porcentaje de población joven y una marcada prevalencia de cultura indígena: el 99 % de los residentes es descendiente maya quiché y conserva tradiciones como el uso del idioma quiché y la organización comunitaria ancestral.

El municipio enfrenta problemas persistentes. Entre ellos destacan la alta vulnerabilidad nutricional—el departamento de Totonicapán está entre los siete más afectados por desnutrición crónica, siendo Santa María Chiquimula uno de los tres municipios con mayor incidencia, según explicó Miguel Mejía, presidente de la junta directiva de las diecinueve aldeas, durante la lectura de la agenda territorial—, el rezago en infraestructura educativa, y el limitado acceso a servicios de salud, dado que solo hay un centro de atención permanente y cinco puestos de salud, ambos con carencias de personal y medicamentos.

En educación, se identificó 17.493 personas analfabetas, mientras que la mayoría de la población escolarizada apenas culmina el nivel primario, ya que el acceso a la educación media y diversificada se ve obstaculizado por la falta de instalaciones y cobertura, según el censo mencionado por las autoridades comunitarias.

El saneamiento básico representa otro desafío: la mayoría de los hogares depende aún de pozos ciegos o letrinas.

Compromisos oficiales: salud, caminos y programas sociales

La agenda firmada establece prioridades claras. En materia de salud, se acordó la ampliación del personal médico y de enfermería en el centro de atención permanente, la supervisión para remozar puestos de salud en las aldeas Casablanca y Chuicacá, y el abastecimiento regular de medicamentos tanto en el centro como en los cinco puestos distribuidos en el territorio.

En infraestructura, se comprometió el inicio del proceso administrativo para construir un instituto diversificado, paso posible tras la reciente aprobación de su funcionamiento por el Ministerio de Educación (MINEDUC) con carreras de Perito Contador con orientación en computación y Bachillerato en Educación. El terreno para su edificación, de diez cuerdas, ya se encuentra a disposición de las autoridades.

En cuanto a caminos, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de Guatemala iniciarán el mantenimiento de la red vial rural, con una meta de 20 a 35 kilómetros de carreteras atendidas.

El Ministerio de Comunicaciones ya adjudicó el contrato para el bacheo de la ruta interdepartamental que conecta Santa María Chiquimula con San Antonio Ilotenango y el departamento de Quiché, así como el mantenimiento de la cinta asfáltica hacia San Francisco El Alto y de la ruta departamental RD Toto 27, con una extensión de 16,1 kilómetros, de acuerdo con la agenda leída por Mejía.

En desarrollo social, la implementación del programa Mano a Mano y la dotación de 350.000 adoquines para la mejora de caminos rurales son dos de los compromisos anunciados.

También se incrementó el padrón del bono social para familias en condición vulnerable y se registró un aumento de beneficiarios en el programa del adulto mayor, como resaltó el alcalde Carrillo Castro en su discurso de agradecimiento.

Reconocimiento al diálogo y a la autonomía indígena

La preparación de la agenda territorial fue resultado de un proceso de diálogo mensual entre el Gobierno de la República y la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas, en el que la representación de Santa María Chiquimula participó activamente en plenarias y grupos de trabajo, según enfatizó Bernardo Arévalo durante la ceremonia de firma. El presidente subrayó que el documento refleja compromisos que, indicaron, el Gobierno se ha preocupado en identificar y ejecutar.

Arévalo insistió en que gobernar equivale a servir y declaró: “No estamos aquí haciéndole hoy ningún favor al pueblo Tzoloxché. No estamos viniendo a hacer favores, sino a cumplir obligaciones”. Añadió que la defensa de la democracia y la transparencia en el uso de los recursos asignados serán ejes transversales de la implementación de la agenda, con el objetivo de garantizar el bienestar y la dignidad de los pueblos indígenas.

Santa María Chiquimula sitúa así el trabajo conjunto y el reconocimiento de sus autoridades ancestrales como pilares para un nuevo modelo de relaciones entre el Estado y los pueblos originarios de Guatemala, con la expectativa de que cada “quetzal destinado al desarrollo de los pueblos, en particular de los pueblos indígenas, sea utilizado de forma honesta y que de verdad se refleje en obras de beneficio para toda la comunidad”, según lo expresó el propio Arévalo.

Un grupo de hackers identificado como Izanagi, GordonFreeman y cantpwn ofreció a la venta la base de datos robada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), mientras persisten las investigaciones oficiales y se implementan ajustes técnicos en los sistemas del gobierno.

De forma paralela, se han registrado ataques contra otras entidades estatales, lo que ha establecido un inédito estado de emergencia digital en el país, según reportó el sitio especializado Vecert Analyzer y replicado por el Diario LaHora.

La magnitud del incidente se refleja en el pedido explícito del grupo atacante, que solicitó el pago de dos Bitcoin (equivalentes a aproximadamente Q1 millón 163 mil) para detener las intrusiones cibernéticas dirigidas al Estado, según información de Vecert Analyzer y publicado por el Diario LaHora.

Además, se han identificado demandas semejantes en foros restringidos donde circulan datos extraídos ilícitamente, como registros personales y laborales de usuarios de la plataforma Tu Empleo del Mintrab.

Según el presidente Bernardo Arévalo, en declaraciones recientes el acceso no autorizado se produjo a través de una API desactualizada, que ya fue removida. Arévalo manifestó que, aunque los esfuerzos de respuesta han comenzado por el Mintranb, la amenaza obliga a extender medidas reforzadas en toda la infraestructura digital estatal, tal como declaró el mandatario en los comunicados oficiales.

El volumen de datos afectados: números sin precedentes en Guatemala

La exposición de los datos superó en las primeras horas los 2 mil registros individuales en el caso del Ministerio de Trabajo, según confirmó la institución la noche del 26 de abril. En ese lote se encontraban informes confidenciales como números de DPI, direcciones, teléfonos y hojas de vida de los usuarios inscritos en la plataforma. La preocupación pública incrementó tras conocerse el método empleado: un segmento de código vulnerable que hizo posible la descarga masiva sin restricciones.

El episodio del Mintrab forma parte de un ciclo de ofensivas más amplio observado en 2026. Según Vecert Threat Intelligence, el país vive el año con más incidentes de ciberseguridad registrados en su historia reciente, superando cualquier previsión previa del sector.

En solo una semana de abril se documentaron cuatro incidentes críticos que comprometieron la integridad de nueve dominios estatales y educativos. El volumen de información exfiltrada supera las 172 mil líneas de datos, incluyendo archivos financieros, información personal identificable y registros asociados a la seguridad nacional, según reportó la unidad de alerta de Vecert.

El ataque al Mintrab ocurrió días después de la Feria Nacional del Empleo 2026, contexto en el cual crecieron las inscripciones ciudadanas en la plataforma ahora filtrada. El incidente agrava la preocupación por la potencial reutilización de los datos y el riesgo de extorsiones u otros delitos informáticos.

El contexto de las amenazas: más allá del Mintrab, una ofensiva coordinada

La alerta se ha extendido a entidades como el Registro Nacional de Personas (RENAP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde actores como GordonFreeman y el grupo Team L4TAMFUCKERS aseguraron en foros especializados haber comprometido el acceso a la totalidad de la base de datos de identidad civil y a 5,6 millones de registros de vehículos, aunque tanto RENAP como SAT han rechazado oficialmente haber sufrido robos de información.

Vecert Analyzer aporta que los atacantes reclaman haber exfiltrado los registros civiles de más de 18 millones de personas, incluidos certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como datos biométricos. En el caso de los vehículos, los datos comprendían nombres, NIT, direcciones tributarias, números de chasis y de motor, matrículas y certificados electrónicos de propiedad.

La diversidad de los sectores atacados se refleja en el registro de filtraciones en al menos dos universidades: USAC y Rafael Landívar, donde quedaron expuestos datos personales y académicos de miles de estudiantes y cuerpos docentes. El ataque al sistema de DIGECAM derivó en la publicación de 62 mil números de series de armas de fuego, según los informes recopilados por Vecert Threat Intelligence.

La Hora resalta que hasta la publicación de su artículo, la presidencia de Guatemala no ha emitido comunicado oficial respecto a la exigencia del pago de los Bitcoin solicitados por los grupos atacantes para cesar los incidentes cibernéticos.

Los bloqueos realizados por veteranos del ejército en rutas clave de Guatemala durante la mañana de este martes generaron un firme rechazo entre representantes del sector productivo y comercial, quienes advierten sobre el impacto inmediato de estas acciones en la movilidad, la economía y el funcionamiento del país.

Las cámaras empresariales insisten en la necesidad de mantener la certeza jurídica y las condiciones para la inversión, alertando sobre las graves consecuencias de interrumpir la libre circulación en un momento en que la economía guatemalteca enfrenta desafíos adicionales.

Un día de bloqueos implica pérdidas económicas millonarias y afecta a más de 4.9 millones de vehículos

De acuerdo con estimaciones del Observatorio y Políticas Industriales de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), los departamentos afectados concentran el tránsito diario de más de 4,9 millones de vehículos. Este dato refleja el efecto logístico de los bloqueos, ya que miles de ciudadanos ven interrumpido su acceso a servicios de salud, educación y empleo.

Según la CIG, un solo día de bloqueos representa una pérdida promedio de Q217,59 por persona económicamente activa, lo que muestra el costo directo que recae sobre la competitividad nacional y la confianza de los inversionistas y generadores de empleo en Guatemala.

Solo una jornada de interrupciones pone en riesgo el abastecimiento oportuno de bienes esenciales y paraliza procesos productivos, lo que provoca demoras en entregas y un aumento generalizado en los costos logísticos, subrayó el organismo en declaraciones difundidas por Cámara de Industria de Guatemala.

La CIG advirtió que los bloqueos y la incertidumbre afectan al motor productivo de Guatemala, impidiendo que miles de guatemaltecos puedan acceder a salud, educación y empleo. Además, señaló que estas acciones paralizan procesos productivos, retrasan entregas, encarecen operaciones y ponen en peligro el abastecimiento puntual de productos básicos.

Las cámaras empresariales exigen intervención inmediata para restablecer el orden y la movilidad

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) manifestó que, aunque reconocen el derecho a la manifestación pacífica, consideran imprescindible respetar el derecho a la libre locomoción.

Destacaron: “Guatemala necesita certeza, estabilidad y condiciones que fortalezcan la confianza y el clima de negocios para atraer inversión al país y continuar generando oportunidades para todos los guatemaltecos”, según declaraciones difundidas por AmCham Guatemala.

La Cámara de Comercio también condenó los bloqueos, calificándolos como “acciones ilegales que vulneran los derechos fundamentales de los guatemaltecos, afectando gravemente la libre locomoción, el trabajo, el comercio y el acceso a los servicios esenciales como la salud”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Cámara de Comercio.

Mencionaron, además, que la Corte de Constitucionalidad, en su resolución del 30 de marzo de 2024 (expediente 2678-2026), reiteró la obligación de las autoridades de garantizar la libre locomoción y proteger los derechos de la ciudadanía mediante la ejecución de todas las acciones necesarias.

“Las autoridades deben actuar de manera inmediata liberando los puntos para restablecer el orden y proteger los derechos de todos los guatemaltecos”, afirmó la Cámara de Comercio.

La respuesta institucional requerida contempla el llamado al diálogo y la búsqueda de soluciones que permitan atender las demandas ciudadanas sin comprometer el estado de derecho ni afectar la gobernabilidad ni la actividad económica del país, en palabras de las cámaras empresariales en sus comunicados.

Entre tanto, La auxiliatura de la @PDHgt verifica el derecho a la libre locomoción y manifestación pacífica tras bloqueo en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Río Hondo, por parte de veteranos militares que exigen al gobierno el pago atrasado y la ampliación del plazo vigente de la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

Se iniciaron acciones de diálogo con los manifestantes en conjunto con la @PNCdeGuatemala, quienes dieron a conocer que permitirán el paso vehicular cada 20 minutos en ambas vías, así como el paso de ambulancias, unidades de emergencia y buses escolares.

Ante la intensificación de la actividad eruptiva en el volcán Santiaguito, el Ministerio de Educación de Guatemala dispuso la suspensión de clases en varios municipios del departamento de Quetzaltenango, según informaron las autoridades en un comunicado recogido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El incremento de explosiones con abundante ceniza y el descenso de flujos piroclásticos durante la madrugada han elevado el nivel de alerta en la región, generando impacto tanto en las comunidades colindantes como en la operatividad de actividades esenciales.

Durante la noche, el Insivumeh reportó que los flujos piroclásticos descendieron entre dos y cuatro kilómetros desde el domo en dirección a la pendiente, conforme a su boletín vulcanológico especial. Aunque gran parte de este fenómeno no resultó visible a causa de la nubosidad, la dispersión de ceniza ha alcanzado áreas de Retalhuleu y permanece suspendida durante varias horas, incrementando los riesgos para la población, de acuerdo con el mismo boletín.

La decisión del Ministerio de Educación afecta establecimientos ubicados en el área de Palajunoj, en los municipios de El Palmar y San Martín Sacatepéquez. Esta medida responde a la persistencia de explosiones que varían de débiles a moderadas y a columnas de ceniza que alcanzan hasta mil metros sobre el domo, con una frecuencia de hasta tres eventos por hora, según el último análisis técnico publicado por el Insivumeh.

Las autoridades recomiendan medidas de prevención por caída de ceniza y materiales incandescentes

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) enfatizó la urgencia de cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación, así como el uso de mascarillas o protección para nariz y boca, especialmente entre personas con afecciones respiratorias. El organismo reiteró que no se debe permanecer cerca de la base del volcán ni en los cauces por donde descienden materiales piroclásticos, y destacó la vigencia de una restricción de cinco kilómetros a la redonda del domo.

Adicionalmente, la Conred recomendó limpiar techos y superficies para reducir la acumulación de ceniza, así como seguir las indicaciones de autoridades locales y mantenerse informados a través de canales oficiales de emergencia. Se solicitó reportar cualquier anomalía o situación de peligro a la línea 119 y se insistió en evitar la circulación en zonas cercanas al volcán por el riesgo de caída de material incandescente y flujos ardientes.

La actividad del volcán Santiaguito amenaza las operaciones aéreas en el sector occidental

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que mantiene un monitoreo ininterrumpido debido a la posible incidencia de la actividad del volcán Santiaguito en la seguridad de las operaciones aéreas, según comunicó la entidad a través del boletín recogido por el Insivumeh. Aunque el fenómeno ocurre a considerable distancia del Aeropuerto Internacional La Aurora y no se han reportado afectaciones directas en ese punto, las emisiones constantes de ceniza y el descenso de flujos piroclásticos implican un riesgo para la navegación, especialmente en los corredores aéreos al oeste y suroeste del volcán.

Como parte de los protocolos, la Dirección activó procedimientos de vigilancia mediante la Unidad de Control de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencia, para supervisar en tiempo real la posible presencia de ceniza o partículas que puedan interferir con la pista o la visibilidad de las aeronaves. La Autoridad Aeronáutica exhorta a aerolíneas y pilotos a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a extremar precauciones, asegurando coordinación técnica continua para una respuesta inmediata ante cualquier variación en las condiciones del entorno.

Las autoridades subrayan que el seguimiento del evento es permanente y la información actualizada se distribuye exclusivamente a través de canales oficiales, instando al sector aeronáutico a cumplir con las normativas y resguardar la seguridad tanto de los pasajeros y tripulantes como de todas las operaciones aéreas en el país.

La incineración de 4.920 kilogramos de cocaína, decomisados en Puerto Quetzal en enero, fue respaldada por un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) presentado el miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad para Incineraciones. El análisis, elaborado por el Laboratorio de Sustancias Controladas del Inacif utilizando un cromatógrafo de gases con detector de masas recientemente adquirido, determinó que la droga contaba con un 55% de pureza, proporcionando sustento técnico al proceso judicial y garantizando la legalidad y confiabilidad de la cadena de custodia.

Esta diligencia se llevó a cabo durante la audiencia de apertura y verificación de reserva de los paquetes incautados y constituye anticipo de prueba según la Ley contra la Narcoactividad. El procedimiento incluyó la toma de muestras, la realización de pruebas presuntivas e instrumentales y la certificación bajo estándares internacionales, todo ello documentado en el dictamen presentado ante el juez.

El protocolo aplicado permitió la intervención de todas las instituciones del sector justicia, incluyendo el Ministerio Público, la Policía y autoridades judiciales. Esto facilitó la emisión inmediata de la orden de traslado de la droga bajo estrictas medidas de seguridad, culminando con la incineración en el horno especializado del Complejo de Precursores y Sustancias Químicas, ubicado en la finca Estanzuela en Navajas, San José del Golfo. El procedimiento cumplió con los protocolos ambientales de salud y aseguró la eliminación definitiva de las sustancias ilícitas, según indicó el Inacif.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó a Diario de Centroamérica que este decomiso representa el mayor en los últimos 13 años, registrado en enero por las fuerzas de seguridad bajo la actual administración. “El mayor decomiso de drogas en los últimos 13 años se registró en enero pasado, cuando las fuerzas de seguridad incautaron 4.9 toneladas de narcóticos”, indicó Villeda.

El funcionario también precisó que tres de los cinco mayores golpes a las estructuras criminales de narcotráfico ocurrieron durante el mandato del presidente Bernardo Arévalo. Durante la presentación de resultados en el marco de la Enada 2026, el ministro reportó que los datos oficiales abarcan de enero de 2014 a abril de 2026 y comprenden avances en capturas, decomisos y proyectos de infraestructura penitenciaria desde el inicio de su gestión, el 24 de octubre de 2025.

El Inacif acredita la pureza de la droga incinerada con tecnología científica

El Inacif detalló que el reconocimiento pericial de los paquetes se realizó empleando pruebas presuntivas e instrumentales y el cromatógrafo de gases con detector de masas recientemente integrado al laboratorio. Estos procedimientos, certificados internacionalmente, permitieron la confirmación del peso, la cantidad, la pureza y las características de las sustancias en cumplimiento con la normativa nacional.

El dictamen pericial quedó registrado en el acto judicial, respaldando científicamente la incineración y la validez procesal del anticipo de prueba incorporado a la investigación penal en curso.

Según las autoridades, la participación del Ministerio Público, la Policía y otras instancias de justicia en la diligencia aseguró la legalidad y la transparencia del proceso. El juez ordenó el inmediato traslado del cargamento a la finca Estanzuela, donde se concretó la incineración conforme a los protocolos ambientales.

De acuerdo con la presentación ante Diario de Centroamérica, el ministro Villeda informó que tres de los cinco principales decomisos recientes se produjeron bajo la administración del presidente Arévalo, lo que refleja la intención de mantener una política de combate frontal al narcotráfico y fortalecer las capacidades de control institucional en Guatemala.

En los primeros cuatro meses del año hemos capturado a 23 personas que tienen requerimientos del extranjero para ser extraditadas, 14 por temas de narcotráfico y nueve por otros delitos”, como parte de las acciones coordinadas contra estructuras criminales, explicó el funcionario.

Villeda reiteró: “Hemos tenido decomisos históricos, sobre todo en el mes de enero de este año, donde en un solo operativo hemos incautado casi cinco toneladas de cocaína, uno de los mayores decomisos que han existido

El presidente Bernardo Arévalo inicia el proceso de entrevistas individuales con los seis candidatos para ocupar la Fiscalía General de Guatemala, en un procedimiento bajo estricta reserva que definirá el futuro del Ministerio Público durante los próximos cuatro años.

El mandatario busca, a través de encuentros privados con cada postulante, evaluar sus perfiles y propuestas, apostando a restaurar la autonomía de una institución que, según expresó, ha sido “cooptada por redes político-criminales para generar impunidad, criminalizar a personas y llevar a cabo persecuciones motivadas política o espuriamente”.

La serie de entrevistas, se desarrollará a partir de este martes 28 hasta el jueves 30 de abril, con la presencia de los seis profesionales que integran la nómina final remitida por la Comisión de Postulación. El calendario se dispuso conforme al orden de votos obtenidos por cada candidato en la Comisión, lo que determinó la secuencia de los encuentros privados, según certificó el presidente y confirmaron los canales gubernamentales.

El calendario de entrevistas distingue la evaluación directa y privada por orden de votación

El cronograma oficial establece que el martes 28 de abril se presentarán Gabriel Estuardo García Luna a las 15:00 y Beyla Adaly Estrada Barrientos a las 17:00. El miércoles 29 de abril, acudirán Carlos Alberto García Alvarado a las 15:00 y César Augusto Ávila Aparicio a las 17:00. Por último, el jueves 30 de abril asistirán Julio César Rivera Clavería a las 15:30 y Néstor Guilebaldo de León Ramírez a las 17:30. Este orden fue confirmado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tras publicar la agenda oficial.

Previo a la difusión de la agenda, Arévalo señaló que las entrevistas se programaron siguiendo la cantidad de votos recibidos por cada aspirante en la Comisión de Postulación, destacando que este mecanismo garantiza un proceso transparente y basado en méritos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social.

Durante las entrevistas, se preguntará a cada candidato por su propuesta para recuperar la autonomía del Ministerio Público. El mandatario explicó: “Necesitamos una Fiscalía General que cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de manera independiente, autónoma y apegada a la legislación, que verdaderamente prevenga que se pliegue a intereses políticos o criminales, o de otro tipo, para ser utilizada como herramienta para generar impunidad o criminalización”, según consta en las declaraciones oficiales difundidas por la Secretaría.

La elección del nuevo fiscal general busca restaurar la independencia institucional tras intentos de impugnación

La designación del futuro fiscal general es una de las principales decisiones del Ejecutivo, ya que el seleccionado estará a cargo de la persecución penal y de garantizar el funcionamiento independiente de la principal institución judicial del país. Arévalo sostuvo que la selección debe priorizar el profesionalismo y el apego a la legalidad, rechazando toda injerencia política, según expresó en la rueda de prensa oficial.

Al ser consultado sobre el significado de esta selección y sus consecuencias para Guatemala, Bernardo Arévalo dio inicio al proceso de entrevistas individuales y privadas con los seis aspirantes a fiscal general, priorizando la independencia y restauración de la autonomía del Ministerio Público, con el objetivo de asegurar que la institución se enfoque en la persecución real del crimen y no en la instrumentalización política, como denunció el propio mandatario en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Esta etapa se produce tras confirmarse, según el presidente durante la misma conferencia, que varias impugnaciones contra la nómina final de candidatos no afectaron la legalidad del proceso. La inclusión de la sexta aspirante, conforme dispuso la Comisión de Postulación de acuerdo al puntaje obtenido, reafirma que la deliberación presidencial considera tanto la evaluación formal previa como el contacto directo entre el jefe del Estado y cada postulante, información proporcionada por los canales oficiales de gobierno.

La última decisión quedará en manos del presidente tras concluir la ronda de entrevistas, culminando un procedimiento que, para Arévalo, resulta “clave para definir quién liderará la institución responsable de la persecución penal en el país”, según detalló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron drogas, licor, dispositivos electrónicos y teléfonos móviles el miércoles durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito en Fraijanes, según reportó la Policía Nacional Civil.

Entre lo decomisado figuran 45 libras (20.41 kilogramos) de marihuana, una bolsa con presunta cocaína, 1,005 paquetes de papel para forjar cigarrillos, 80 moledores de marihuana, además de 18 pipas y materiales para consumo de estupefacientes.

El operativo, coordinado con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, busca reforzar los protocolos de seguridad en los centros carcelarios para prevenir actividades ilícitas y mantener el control interno, de acuerdo con información oficial.

Entre los objetos hallados se encuentran 14 agujas para tatuar, siete teléfonos celulares, cuatro memorias USB, seis tarjetas microSD,21 cervezas, una botella de whisky, una de sidra y 83 cajetillas de cigarrillos. También fueron incautadas dos pesas digitales destinadas presuntamente al manejo de cocaína.

Las autoridades indicaron que la requisa, realizada en el centro “Reinstauración Constitucional”, tiene como objetivo fortalecer la transparencia institucional y proteger a la población conforme al marco legal vigente.

El fin de semana también hubo requisasen cárceles de Guatemala

Un operativo conjunto en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel permitió a la Policía Nacional Civil de Guatemala, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala incautar 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, diversa droga y licor clandestino, según un reporte oficial difundido tras la intervención.

Como parte de la Operación Centinela, el sábado 25 de mayo la Policía Nacional Civil realizó otra requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla, donde incautó ocho celulares, 21 cargadores, un panel solar y un router, además de 104 bolsas y 60 puros de marihuana, dos bolsas con piedras de crack y ocho “colmillos” de cocaína.

Las autoridades informaron sobre el hallazgo en el lugar de 80 cajetillas de cigarrillos, cuchillos, materiales electrónicos y fragmentos de papel con números telefónicos vinculados a posibles víctimas de extorsión.

En el caso de Cantel, el balance oficial del operativo incluyó cuatro baterías, cuatro auriculares, tres radios Motorola con cuatro cargadores, 11 televisores, 102 bocinas, tres ventiladores y 15 cables para conexiones ilegales. El informe detalló la localización de cervezas de distintas marcas, cajetillas de cigarrillos y licor clandestino, además de diversa cantidad de marihuana, envoltorios con cocaína y piedras de crack.

Desde la Policía Nacional Civil subrayaron la importancia de estos decomisos en el esfuerzo por debilitar las estructuras criminales que operan dentro de los establecimientos penitenciarios: “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar desarrollando operativos interinstitucionales que permitan fortalecer el control en los centros de privación de libertad”, se lee en el comunicado oficial.

El mandatario guatemalteco defiende la persistencia de operativos en cárceles

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo defendió públicamente la implementación de requisas focalizadas en centros penitenciarios del país, subrayando que es la primera vez que estas intervenciones logran ejecutarse con tal alcance y persistencia.

Arévalo explicó en conferencia de prensa, como recogió el propio Gobierno, que la decisión responde a la necesidad de actuar de forma sistemática ante las graves deficiencias estructurales del sistema carcelario guatemalteco, donde la falta de control histórico permitió la entrada de todo tipo de objetos prohibidos y la existencia de instalaciones insólitas dentro de las prisiones.

El mandatario enfatizó la magnitud de los hallazgos durante los operativos recientes: destacó el desconocimiento general sobre la gran cantidad de teléfonos móviles hallados en los penales y la aparición de situaciones anómalas, como la existencia de un zoológico y una piscina en “El Infiernito”. Según Arévalo, hasta ahora “nadie entraba” en estos recintos y la falta de supervisión se debía a una lógica tácita de mirar para otro lado.

Los desafíos estructurales y la respuesta oficial

El presidente afirmó que la raíz de “una parte muy importante del problema de la seguridad de los guatemaltecos” se encuentra en la falta de control en las cárceles. Sostuvo la necesidad de acelerar la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, como el penal de El Triunfo, en Izabal, y el centro de Masagua, ambos diseñados para evitar fallas estructurales que permitan filtraciones y violaciones internas comparables a las detectadas recientemente.

Arévalo detalló que los equipos intervienen de manera reiterada y persistente, buscan comprender cómo se producen las infiltraciones y refuerzan las medidas preventivas a medida que surgen nuevas formas de burlar la seguridad.

Explicó que las requisas no se realizan en todas las áreas de un penal al mismo tiempo, sino que siguen un enfoque gradual y sistemático: “Cuando hacemos una requisa en la Preventiva de la Zona Dieciocho, no entramos a todo el preventivo de una vez. Generalmente, se entra en una zona.

A la semana siguiente entramos a otra zona, a la otra semana entramos a otra zona. Por eso ustedes ven que estamos entrando y volviendo a entrar, porque lo vamos haciendo cubriendo todas las zonas de manera sistemática y luego repasamos muchas, muchas de ellas”.

Este sistema considera que la repetición de requisas es la “forma más efectiva para enfrentarlo” y permite responder rápidamente ante intentos continuos de introducir objetos prohibidos: “Si alguien logra meter algo otra vez, se retira inmediatamente, como está sucediendo”.

Persistencia y estrategias para un cambio de paradigma penitenciario

Las requisas focalizadas, según describió el presidente, marcan un antes y un después en la estrategia penitenciaria del país. Por primera vez, se aplica un seguimiento regular y sistemático a los resultados de cada intervención, lo que permite ajustar las prácticas de seguridad y reducir la incidencia de filtraciones en los penales guatemaltecos.

Mientras los nuevos penales y sistemas de control no entren en funcionamiento, las requisas sucesivas seguirán siendo la principal táctica para aislar efectivamente a la población interna y limitar la influencia de las estructuras delictivas desde el interior de las cárceles.

A partir de este martes, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala implementa un nuevo sistema para la determinación del precio de los combustibles, con el objetivo de que, durante los próximos noventa días, los consumidores perciban una reducción directa en el valor pagado en estaciones de servicio. Según el Diario de Centro América, la medida, respaldada por el Acuerdo Ministerial 189-2026, introduce una metodología basada en precios internacionales y la aplicación inmediata de subsidios para diésel y gasolinas, en respuesta al aumento global de los derivados del petróleo registrado tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en febrero.

El decreto, aprobado tras superar los 115 votos en el Congreso de la República, destina un fondo de Q2 mil millones y establece un subsidio temporal de hasta 90 días, o hasta agotar dicha partida. La normativa fija un descuento de Q8.00 por galón de diésel y Q5.00 por galón de gasolina regular y superior, de modo que la rebaja queda incorporada en el precio final, eliminando la necesidad de trámites adicionales por parte de los usuarios. La implementación del beneficio es progresiva: algunas estaciones de servicio ya muestran la reducción, mientras que otras lo harán en los próximos días, debido a inventarios adquiridos antes de la vigencia del nuevo sistema, según el viceministro de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, citado por el Diario de Centro América.

El mecanismo de cálculo parte del costo internacional del combustible en el puerto de origen, suma el flete marítimo y añade los gastos de seguro y transporte internacional. Este valor se convierte en quetzales al tipo de cambio vigente para fijar los precios de referencia en terminal (Ex-Rack) y al consumidor final. La cifra se ajusta semanalmente, incorporando impuestos como el IVA, gravámenes específicos a los combustibles, costos de almacenamiento, transporte interno y márgenes de distribución, según lo dispone el Diario de Centro América.

El subsidio de hasta Q8 por galón se reflejará automáticamente en las facturas

La reducción en el precio de los combustibles será percibida directamente al momento de la compra, conforme cada gasolinera agote el inventario previo y despache el producto subsidiado. Como detalló Barrios, el usuario verá reflejado el descuento en la factura, sin necesidad de gestión adicional. El impacto será inmediato en algunas gasolineras y progresivo en otras, de acuerdo con los ciclos de reposición de inventario, asegura el viceministro citado por el Diario de Centro América. El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que el apoyo fue coordinado en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), organismo a cargo del monitoreo en tiempo real de las operaciones.

La Dirección General de Hidrocarburos será responsable de calcular los precios semanalmente para su publicación en las comunicaciones oficiales. A su vez, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), perteneciente al Ministerio de Economía, verificará el cumplimiento de estos parámetros en estaciones de servicio y sancionará cobros injustificados. El acuerdo obliga a los expendedores a exhibir los precios de referencia de manera visible y clara.

Cualquier variación de precios por región dependerá de factores como la distancia entre terminales y estaciones, y se establece una diferencia de Q1.00 por galón entre autoservicio y servicio completo. Los importadores deberán reportar cada compra al Ministerio en un plazo máximo de 24 horas para fortalecer la trazabilidad y evitar distorsiones de mercado, según lo dispuesto en el acuerdo ministerial citado por el Diario de Centro América.

Ante la entrada en vigencia del subsidio el Ministerio de Energía y Minas público en sus redes sociales, la tabla de precios de referencia de los combustibles al consumidor final con el subsidio aplicado, los cuales estarán vigentes a partir de este martes hasta el 4 de mayo próximo.

El nuevo sistema busca transparencia y competencia en el mercado de hidrocarburos

Ventura afirmó al Diario de Centro América que el esquema posiciona a los consumidores en un rol activo, al permitirles comparar el precio publicado por el Ministerio con el ofertado por su proveedor, incentivando la competencia. El presidente Bernardo Arévalo confirmó que se evalúan medidas similares para enfrentar el alza del gas propano, vinculado a fluctuaciones mundiales.

La vigencia de este acuerdo y la metodología que introduce estará limitada al periodo de apoyo temporal establecido en la ley de emergencia, con el objetivo inmediato de mitigar el impacto de las alzas recientes en los precios internacionales del crudo. El sistema de precios regirá en los 22 departamentos de Guatemala y se actualizará cada semana conforme a la dinámica del mercado, garantizando acceso público a dicha información y controles reforzados en puntos de venta.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala adoptó una política de cero tolerancias frente a la propagación de mensajes que sugieren posibles hechos violentos, en particular el reto “Tiroteo Mañana”, viralizado en redes sociales y detectado en distintos centros educativos del país. La institución busca proteger a los estudiantes y evitar el pánico colectivo causado por estos mensajes, que suelen iniciarse como bromas, pero representan un riesgo real para la seguridad en las comunidades escolares, según informó la PNC en su comunicado oficial.

Más allá del temor psicológico, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) remarcó que la viralización de frases como “tiroteo mañana”, escritas en pizarrones, paredes o carteles, puede generar la movilización de fuerzas policiales, el cierre temporal de instituciones educativas y problemas legales serios tanto para quienes los promueven como para sus familias. Provocar pánico público es un delito penado por la legislación guatemalteca, enfatizó la UPCV.

Las autoridades investigan la posible relación entre amenazas virales y estructuras criminales

La PNC señaló que tienen en marcha investigaciones a cargo de sus unidades de inteligencia y el Departamento de Delitos Cibernéticos, con el propósito de identificar a quienes crean y difunden estos mensajes alarmistas. La institución endureció su postura, asegurando que no se tolerará la repetición de este tipo de conductas y que cada caso será seguido hasta individualizar a los implicados. Subrayaron que estos hechos, aunque sean presentados como bromas, pueden ser utilizados por la delincuencia organizada como distractores para facilitar actividades ilícitas o saturar los servicios de emergencia.

En el comunicado se recordó el impacto real de estas advertencias falsas: “Estas prácticas saturan los servicios de emergencia, comprometiendo la atención de situaciones reales”, un efecto que contribuye al clima de inseguridad en las comunidades educativas. Además, la PNC insistió en la importancia de que directores de escuelas, colegios y autoridades policiales coordinen la activación de protocolos de prevención y reacciones inmediatas ante cualquier señal de alerta.

Sanciones penales y administrativas para estudiantes y tutores

La respuesta legal de la PNC será rigurosa: quienes participen en la elaboración o difusión de amenazas mediante el reto “Tiroteo Mañana” enfrentarán cargos penales por infundir pánico público, lo que podría desencadenar procesos judiciales. En el caso de menores de edad, la responsabilidad civil recaerá sobre padres o tutores legales, quienes podrían recibir sanciones adicionales. Se contempla también la expulsión inmediata de los estudiantes implicados en este tipo de incidentes.

Estos hechos no son hipotéticos. En la zona 2 de Jalapa, un establecimiento privado registró un mensaje en la pared de un baño que anunciaba: “Tiroteo el 23/40/26 primer aviso”. Ese hecho desató alarma ante la posibilidad de un ataque armado el jueves 23 de abril, lo que activó protocolos de seguridad del colegio en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Las autoridades llaman a la denuncia ciudadana y la coordinación interinstitucional

La PNC y la UPCV reiteraron la urgencia de que comunidad y ciudadanía colaboren aportando información de manera anónima a los números 110 y 1510. Consideran esenciales estos canales para actuar rápidamente ante cualquier alerta. Tanto la Policía Nacional Civil como la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia enfatizan que quienes generan o difunden estos mensajes alarmantes refuerzan la inseguridad y pueden cometer delitos penados por la ley.

El comunicado de la Policía Nacional Civil concluyó: “La seguridad de la niñez y juventud guatemalteca no está en negociación”, reafirmando el compromiso de la institución para actuar con firmeza frente a las amenazas que perturban la tranquilidad y la integridad de las comunidades educativas.

Entre los datos más recientes, la Dirección de Protección Vial (Provial) confirmó ya dos bloqueos activos: en Cocales, Suchitepéquez y en Quezada, Jutiapa, mientras mantienen el monitoreo de otras áreas. De acuerdo con el jefe de comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, no se han registrado bloqueos ni presencia de manifestantes en la Ciudad de Guatemala, y el tránsito fluye con normalidad, según informó a medios locales.

La protesta se extiende a nivel nacional, con bloqueos en rutas estratégicas de al menos 13 departamentos

El pliego de peticiones de los manifestantes reclama la aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, presentadas ante el Congreso por estos sectores. El movimiento está coordinado por organizaciones que agrupan a expatrulleros de Autodefensa Civil y sus viudas, quienes notificaron a las autoridades que la protesta comenzó a las 6:00 y continuará hasta que el Congreso se pronuncie sobre sus demandas. Esto figura en un comunicado sellado el 24 de abril por la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, dirigido al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC).

El documento, difundido en redes sociales y verificado por medios nacionales, detalla el alcance territorial de la protesta: Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango han sido identificados como escenarios de movilización y bloqueos potenciales, con puntos específicos de concentración como el área del aeropuerto y Machaquilá en Petén; La Ruidosa en Izabal; La Fragua y Río Hondo en Zacapa; El Rancho y Sanarate en El Progreso; el cruce de San Julián en Cobán; el cruce San Esteban o Ipala en Chiquimula; y el kilómetro 100 Aldea El Caulote en Jutiapa.

En el departamento de Suchitepéquez, los bloqueos afectan Cocales, el cruce de Tiquizate, la circunvalación de San Antonio Suchitepéquez, el triángulo de Mazatenango y Cuyotenango. Por su parte, Retalhuleu enfrenta restricciones en el puente El Sarco o Castillo Armas, Quetzaltenango en el cruce Las Victorias, y en San Marcos y Huehuetenango se reportan afectaciones en las áreas de La Virgen, el monumento a San Antonio y El Boquerón.

Una grabación circulada en plataformas digitales muestra la organización de personas con pancartas; una de ellas identifica su procedencia como Patulul y lleva el mensaje: “Apoyo y lucha. Expatrullero civil, viudas. Patulul”.

El comunicado de los manifestantes menciona: “El artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho a la reunión pacífica y la manifestación pública sin armas”. También solicita a las autoridades adoptar “las consideraciones necesarias” para resguardar la integridad de quienes participan en la protesta y de la ciudadanía afectada.

De acuerdo con el registro más reciente, la Dirección de Protección Vial (Provial) ha confirmado al menos dos bloqueos activos esta mañana, ubicados en Cocales, Suchitepéquez y en Quezada, Jutiapa.

Estas movilizaciones adquieren dimensión nacional debido a la coordinación simultánea en varios departamentos y la afectación directa sobre ejes clave de la red vial.

La consecuencia inmediata es la alteración del tránsito y la activación de dispositivos preventivos por parte de la Policía Nacional Civil y autoridades locales.

La organización civil Acción Ciudadana ha advertido que Guatemala está inmersa en una crisis sin precedentes en materia de ciberseguridad, que expone a millones de personas ante el riesgo de robos de información en un contexto de falta de liderazgo estatal y ausencia de estrategias nacionales eficientes. Esta alerta se produce mientras crecen los reportes de ataques informáticos dirigidos contra las infraestructuras digitales más sensibles del país, un escenario que, según el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, amenaza los derechos fundamentales de la ciudadanía y exige respuestas urgentes del Ejecutivo y el Congreso, como dejó constancia la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El diagnóstico de Acción Ciudadana se sustenta en cifras internacionales que subrayan la magnitud del rezago: según el National Cyber Security Index, Guatemala ocupa el puesto 129 sobre 145 países evaluados, con una puntuación de apenas 19,17 sobre 100. Esta ubicación convierte al país en uno de los más vulnerables del continente, con capacidad defensiva casi nula y muy por debajo de los estándares globales, de acuerdo con la medición internacional citada por Acción Ciudadana.

Los recientes ataques contra el Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Control de Armas y Municiones, la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar han visibilizado este vacío de protección estatal. La organización calificó estos incidentes como parte de una secuencia que ha puesto en evidencia un “vacío de gobernanza” y una “parálisis legislativa” que toleran, según su denuncia, un ecosistema favorable para nuevos ataques cibernéticos.

La ausencia de autoridad de ciberseguridad agrava la crisis y deja al país expuesto

La crisis evidenciaba no solo la falta de una autoridad civil de ciberseguridad, sino también la inexistencia de una política nacional que permita anticipar, detectar y responder a las amenazas digitales en tiempo real. Para Acción Ciudadana, la creación inmediata de un organismo rector con capacidad de “alertar, activar y movilizar” a todos los entes públicos es un paso ineludible para comenzar a revertir la tendencia.

Frente al deterioro continuo, la organización subrayó la urgencia de ejecutar el plan estratégico de transformación digital, donde sobresale la necesidad de un catálogo nacional de infraestructuras críticas y el establecimiento de una red nacional de centros de operación de seguridad. Estos instrumentos permitirían, a juicio de la entidad, una respuesta coordinada y escalable a futuras amenazas informáticas.

En un bloque del comunicado dirigido a los poderes de Estado, Acción Ciudadana exigió la pronta incorporación a la agenda legislativa de la Ley de Protección de Datos Personales, como garantía básica para que la población conserve el control sobre su información y evitar con ello cualquier intento de militarizar el ciberespacio. La organización remarcó que la gobernanza de la seguridad digital exige transparencia multisectorial.

Formación y cultura de ciberseguridad: claves para resguardar derechos y confianza democrática

La entidad civil recordó que la protección de los datos excede la dimensión tecnológica y constituye un derecho humano esencial en la era digital. Por tal razón, requirió la implementación de programas obligatorios de formación digital para funcionarios públicos, convencida de que la inversión en cultura de ciberseguridad es un aporte clave al fortalecimiento democrático y a la confianza social.

La última recomendación de Acción Ciudadana fue categórica: pidió al Gobierno y al Congreso actuar de inmediato, priorizando la protección técnica y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los guatemaltecos. El comunicado enfatizó que, para revertir el actual escenario donde la respuesta institucional llega siempre tarde, “el Estado debe abandonar las acciones reactivas y garantizar una transformación real de su política de ciberseguridad”.

En Guatemala, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registró una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportando un incremento tanto en el número de Personas Obligadas registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas elevó los montos denunciados y reflejó una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El monto de dinero denunciado y la cantidad de personas involucradas se incrementaron en marzo de 2026

En el último mes registrado, la IVE denunció Q1,706.5 millones de quetzales, lo que representó un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero, según datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas señaladas en estas denuncias creció de 320 a 490 involucrados en marzo; además, se sumaron 26 nuevas denuncias en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el año.

Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio Público por la IVE se incrementó: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023, Q9,133.3 millones en 2024, Q15,967.2 millones en 2025 y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros públicos.

En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el número de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la dinámica de fiscalización e investigación.

En cuanto al análisis de actividad reciente, la IVE indicó que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra superó con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512) y febrero (18,339) de 2026, según datos oficiales.

Crecen las Personas Obligadas y los Reportes de Transacciones Sospechosas

Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO) ante la IVE, de las cuales 1,584 correspondían a Personas Obligadas Financieras (POF) y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF). En tan solo un mes, la cantidad de POF aumentó en 0.3% y las PONF en 0.1% respecto al 28 de febrero de 2026.

El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE en el primer trimestre del año, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevención y control del delito financiero.

Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos —bancos, cooperativas, compañías de seguros— así como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyerías, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.

Asistencia interinstitucional y supervisión basada en riesgos

La IVE, en el marco de sus atribuciones legales, atendió 480 requerimientos de información formulados por el Ministerio Público y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboración en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025, 1,718 en 2024 y 1,798 en 2023.

En cuanto a extinción de dominio, la Intendencia remitió al Ministerio Público 6 informes en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales. La cooperación interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen ilícito, según lo previsto en la Ley de Extinción de Dominio.

El modelo adoptado por la IVE es la supervisión basada en riesgos, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada.

Así, se optimiza la asignación de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposición, lo que se traduce en una supervisión administrativa enfocada en la prevención y la detección temprana dentro del sistema financiero y empresarial.

Las estadísticas publicadas por la Intendencia de Verificación Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiografía del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, anunció este lunes una intensificación de la ofensiva contra la Mara Salvatrucha en respuesta al reciente aumento de homicidios.

Esta estrategia busca replicar los métodos aplicados contra el Barrio 18, con operativos focalizados y ampliación del control territorial, en el marco de un repunte sostenido de la violencia y robustecimiento de las medidas excepcionales de seguridad en diferentes departamentos del país, de acuerdo con medios locales y el portal Centroamérica 360.

Durante el último fin de semana, la Policía Nacional Civil (PNC) —la fuerza de seguridad guatemalteca— detuvo a 549 personas, incautó 36 armas de fuego y retuvo 667 motocicletas junto a 129 vehículos relacionados con delitos graves, en una operación orientada a debilitar el aparato logístico y de movilidad de las organizaciones delictivas. Según explicó el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, estas acciones contribuyen a transparentar el funcionamiento institucional y aumentan la presión sobre estructuras criminales.

La detención de presuntos sicarios y de miembros de pandillas implicadas en ataques armados recientes, entre ellos integrantes de la Mara Salvatrucha, refuerza la ofensiva sostenida contra grupos juveniles organizados en hechos violentos de alto impacto.

El Ejecutivo mantiene el enfoque estratégico y orienta recursos a la represión del crimen organizado

El presidente Bernardo Arévalo detalló que la estrategia para desarticular al Barrio 18 será extendida a la Mara Salvatrucha, tras el desplazamiento de grupos criminales hacia nuevas áreas y el repunte en los homicidios. Confirmó que las fuerzas de seguridad intensificarán requisas y patrullajes en zonas conflictivas y reiteró la prioridad de construir una cárcel de máxima seguridad en Izabal como parte del plan para debilitar las estructuras delictivas nacionales, indica la publicación de Centroamérica 360.

Arévalo puntualizó: “No estamos mirando para otro lado”, en referencia a la ofensiva estatal frente a la criminalidad de las pandillas. Precisó que el objetivo gubernamental es retomar la tendencia a la baja en los asesinatos durante los próximos meses y atribuyó el reciente incremento de violencia a un reacomodo territorial de las organizaciones.

Recrudecimiento de la seguridad en cinco departamentos y ampliación de operativos

El Ejecutivo amplió el estado de prevención en cinco departamentos —Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango— mediante el Decreto Gubernativo 6-2026, una medida que excluye a Petén y Sacatepéquez, según detalló Infobae. En enero, el país atravesó un mes de estado de sitio tras disturbios en penales y atentados contra agentes policiales, en respuesta a la intensificación de los ataques armados y el desafío constante de las maras al poder estatal.

En el plano operativo, la Policía Nacional Civil desplegó controles vehiculares en puntos estratégicos para detectar vehículos y personas asociadas a actividades ilícitas o incumplimiento de normas. Un incidente reportado en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, a la altura de Gualán, derivó en un tiroteo que dejó dos muertos y una persona detenida, hecho que evidencia cómo la conflictividad vial puede escalar a violencia letal.

Además, en la zona 3 de Escuintla, los agentes capturaron a Sadrac, de 35 años, imputado por el homicidio de un hombre tras una confrontación. En el barrio San Lorenzo de Amatitlán se neutralizó a dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha, uno de ellos menor de edad, cuya participación en un ataque armado resultó en una víctima fatal y dos heridos, según precisó Aguilar.

En el sector norte de la capital, el despliegue policial permitió la captura, en 24 horas, de doce integrantes del Barrio 18, incluido un menor, en el marco de un operativo tras un ataque armado en el barrio San Antonio, zona 6, que dejó un muerto y dos heridos, según reportó la PNC.

La Policía Nacional Civil remarcó que la coordinación interinstitucional y la presencia territorial renovada constituyen ejes centrales del dispositivo de seguridad, reforzando patrullajes, operativos y acciones preventivas en puntos del país vulnerables a la violencia de los grupos delictivos.

La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal y el despliegue de fuerzas en zonas críticas forman parte de la estrategia integral para retomar la tendencia a la baja en los homicidios y restablecer el control estatal sobre el territorio, destacan medios locales.

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) defendió la adjudicación de un contrato millonario para la modernización del sistema biométrico institucional, asegurando que el proceso responde a criterios técnicos, legales y de fortalecimiento institucional. La institución compartió la postura institucional en un comunicado divulgado en sus redes sociales este lunes 27.

Según el comunicado oficial, durante años el sistema biométrico operó bajo un esquema de proveedor único a través de IAFIS Guatemala, con erogaciones estatales superiores a 100 millones de quetzales para garantizar la continuidad del servicio. Ante recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, RENAP promovió un proceso de licitación pública orientado a fortalecer la libre competencia, la transparencia y el uso eficiente de los recursos del Estado.

La entidad detalló que el proceso de contratación se realizó conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, con publicación en Guatecompras y auditoría concurrente de la Contraloría General de Cuentas. La adjudicación, actualmente vigente, está fundamentada en derecho.

En el ámbito tecnológico, el nuevo sistema se basa en soluciones del fabricante internacional Innovatrics, especializado en sistemas biométricos utilizados a nivel global. Estas soluciones cumplen con estándares internacionales y pruebas del National Institute of Standards and Technology (NIST), y la empresa adjudicada actúa como representante autorizado y certificado de Innovatrics, lo que garantiza la implementación y soporte local adecuados.

El proyecto contempla la integración de una solución biométrica probada internacionalmente, con una implementación por fases que asegura la continuidad de los servicios y la migración de información conforme a estándares internacionales de seguridad. Entre las mejoras, destaca la ampliación de la capacidad a 30 millones de registros biométricos y un esquema de licenciamiento perpetuo, reforzando la sostenibilidad del sistema y el control estatal sobre la infraestructura tecnológica, según amplía el comunicado.

RENAP sostiene que el sistema no tiene relación con el padrón electoral

El RENAP insistió en el escrito público que el sistema biométrico no tiene relación con el padrón electoral, ya que cumple funciones diferentes y su actualización no afecta la información utilizada en procesos electorales.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia y legalidad en cada uno de los procesos, orientando sus acciones a garantizar la seguridad de la identidad de los guatemaltecos y la continuidad de los servicios de registro. “Este cambio no es solo tecnológico, es un paso hacia un modelo más transparente, competitivo y sostenible para el Estado de Guatemala”, destacó la institución.

Pidieron a ciudadanos acudir por su DPI ante acumulación de más de 95 mil identificaciones

Este mes, el RENAP instó a la ciudadanía a acudir por sus documentos, fundamentales para cualquier gestión legal o bancaria en el país. Más de 95.000 Documentos Personales de Identificación (DPI) permanecen listos para ser entregados en las sedes institucionales.

Según la instancia, 95.111 DPI permanecían almacenados en sus oficinas (hasta el 14 de abril) de todo el país, a la espera de que sus titulares llegasen a retirar su documento personal. La institución aclara que los documentos permanecerán resguardados hasta su retiro, lo que garantiza la seguridad e integridad de la identificación.

A pocos días de que Ginebra se convierta en el epicentro de negociaciones cruciales, la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) instó a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a aprobar un Anexo vinculante en el Acuerdo sobre Pandemias, cuya aprobación es fundamental para que la equidad en el acceso a vacunas y tratamientos quede realmente garantizada en futuras emergencias sanitarias. Según el comunicado difundido por AHF, la urgencia radica en impedir que se repitan las profundas desigualdades observadas durante la pandemia de COVID-19, cuando la disponibilidad de recursos médicos dependió de la capacidad de compra de los países y millones quedaron sin acceso oportuno. La última sesión de trabajo del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), programada del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, representa el momento límite para asegurar un acuerdo efectivo antes de que la Asamblea Mundial de la Salud lo evalúe en mayo, informó AHF.

La adopción formal del Acuerdo sobre Pandemias en 2025 aún no garantiza la entrada en vigor de medidas concretas: falta la aprobación del Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), que determinará cómo se comparten los virus y los datos científicos para el desarrollo de vacunas y tratamientos, así como la distribución global de los beneficios generados. AHF remarcó que, en América Latina, la desigualdad en la respuesta al COVID-19 derivó en retrasos significativos en la llegada de vacunas y terapias, incrementando la carga de enfermedad y mortalidad en la región. El comunicado indica que perpetuar modelos “voluntarios” o sistemas “híbridos”, propuestos por algunos Estados y bloques, debilitaría el acuerdo y permitiría que los beneficios derivados del uso de datos y patógenos quedaran fuera del alcance de la obligación internacional.

El modelo de acceso debatido: ¿voluntario, híbrido o vinculante?

El documento de AHF identifica el Anexo PABS como el corazón del futuro acuerdo. En este apartado se definirán reglas claras para compartir información sobre patógenos, asegurar el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos, favorecer la transferencia de tecnología y conocimientos, establecer compromisos financieros sostenidos y crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Marleny Negreros, integrante del equipo de Incidencia de AHF Guatemala, subrayó: “Lo que se decida en Ginebra definirá si en la próxima pandemia el acceso a vacunas y tratamientos será equitativo o seguirá dependiendo del poder económico de los países”. La organización sostuvo que aceptar compromisos voluntarios dejaría estos objetivos sujetos a negociaciones bilaterales o acuerdos con la industria, en perjuicio de los países con menos recursos.

En la ronda de negociaciones de fines de abril, Europa y naciones como Alemania, Francia, Suiza y Noruega recibieron críticas directas de AHF por su resistencia a sostener disposiciones estrictas de equidad en el texto vinculante. La organización los exhortó a dejar de bloquear estos artículos y actuar según los principios de solidaridad internacional que suelen promover. Por otra parte, se destacó el rol decisivo de Brasil, México, Colombia y Perú para defender un reparto justo de los recursos y beneficios provenientes de la colaboración científica global.

El eje central de la demanda de AHF es la obligatoriedad: rechazar sistemas voluntarios, adoptar contratos estandarizados que aseguren el cumplimiento, garantizar el acceso, la tecnología y el financiamiento como condiciones innegociables, y establecer sistemas para la trazabilidad de los recursos que impidan abusos. Negreros recalcó: “Sin reglas claras y obligatorias, el mundo corre el riesgo de repetir los errores del COVID-19. Un acuerdo débil no es una opción”.

América Latina, en la primera línea frente al riesgo de exclusión

Durante la pandemia de COVID-19, América Latina enfrentó una postergación reiterada en la llegada de insumos médicos esenciales, según informó AHF. Esta situación acentuó desigualdades preexistentes y provocó una carga desproporcionada de enfermedad y muertes evitables. De cara a la revisión del Acuerdo sobre Pandemias, AHF enfatizó que “un Anexo PABS fuerte no es un tema técnico. Es la diferencia entre repetir la desigualdad o salvar millones de vidas en la próxima pandemia”, remarcando el valor estratégico de las decisiones que se adoptarán en Ginebra.

El Anexo PABS plantea reglas claras para que el intercambio de información sobre patógenos promueva no solo la colaboración científica, sino también compromisos económicos y tecnológicos efectivos, con mecanismos de cumplimiento sujeto a exigencia internacional. La organización advirtió que mientras no se acordara un sistema obligatorio y previamente pactado, el mundo afrontaría un alto riesgo de repetir los errores de la crisis sanitaria de los últimos años.

El papel de AHF y su alcance global

AIDS Healthcare Foundation es la mayor organización de salud pública del mundo enfocada en la respuesta al VIH/sida e infecciones de transmisión sexual, de acuerdo con su comunicado. Presta atención y servicios médicos a más de 2,9 millones de personas en 50 países, incluyendo Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, Asia/Pacífico y Europa del Este. En Guatemala, la fundación desarrolla programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y VIH, ampliando el alcance de sus demandas por equidad a nivel global.

En marzo de 2026, Estados Unidos ejecutó 225 vuelos de deportación, superando ampliamente los registros del año anterior y consolidando a Guatemala y Honduras como los principales destinos de expulsión de migrantes, dentro de una estrategia migratoria marcada por el aumento de los traslados, según el informe Ice Flight Monitor divulgado por la organización de derechos humanos Human Rights First y citado por el portal Centroamérica 360.

Uno de los datos más ilustrativos de esta tendencia es que en el caso de Guatemala, los viajes de deportación aumentaron un 40% y el número de personas expulsadas se duplicó respecto a marzo de 2025. Solo durante ese mes, se registraron 49 vuelos hacia Guatemala con 4,871 ciudadanos retornados, lo que representa un promedio de 99 deportados por vuelo, según la publicación.

De acuerdo con la organización de derechos humanos Human Rights First, los 225 vuelos realizados en marzo de 2026 representan un fuerte incremento respecto a los 135 vuelos registrados en marzo de 2025. Además, la cobertura de las repatriaciones se amplió significativamente: las aeronaves estadounidenses llegaron a 46 países, una subida del 48% en comparación con los 31 destinos contabilizados en febrero de 2026.

En lo que va del año, Guatemala y Honduras concentran el 41% de los vuelos de expulsión, según datos cotejados por el medio con base en el informe Ice Flight Monitor. Honduras recibió 43 vuelos con 4,007 migrantes deportados durante marzo de 2026, cifra que implica un aumento del 16% respecto a febrero y una variación interanual del 26%.

Deportaciones de salvadoreños

El Salvador figura en el listado con 15 vuelos de deportación en marzo de este año, cifra que representa tres operaciones más que en febrero y una más que en marzo de 2025. En el caso de Nicaragua, se contabilizaron 8 vuelos durante el mes analizado, un salto del 300% respecto al mismo mes del año anterior.

El reporte especifica que la mayoría de estos vuelos despegaron desde estados como Luisiana y Texas, con destino a aeropuertos internacionales ubicados en Centroamérica. Además, el informe de la organización de derechos humanos Human Rights First subraya que las expulsiones también incluyeron países menos tradicionales, como Moldavia, Myanmar y Tailandia, lo que refleja una ampliación de los destinos de deportación.

La política migratoria impulsada por Estados Unidos en marzo de 2026 se caracterizó por el aumento sostenido de vuelos de deportación, la duplicación de ciudadanos retornados en países como Guatemala y la expansión a nuevos destinos, indica la nota de Centroamérica 360 con base en las cifras contempladas en el informe Ice Flight Monitor.

El informe señala que este patrón reciente muestra una estrategia migratoria estadounidense que tiende al endurecimiento, reflejada tanto en el crecimiento del volumen de deportaciones como en la ampliación del mapa global de países afectados por estas medidas.

Eugenio Darío Molina-López, presunto jefe del narcotráfico guatemalteco y colíder de la organización transnacional Los Huistas, fue capturado en San Diego tras cuatro años de búsqueda internacional, un despliegue de fuerzas policiales de Estados Unidos y la promesa de una recompensa de USD 10 millones, según informó el Departamento de Justicia de ese país.

La detención, concretada el viernes 24 de abril de 2026, representa un golpe relevante contra una de las redes de tráfico de cocaína más activas en la región de Huehuetenango, frontera con México.

El arresto marca la culminación de una investigación coordinada por Homeland Security Investigations (HSI) y la fiscalía federal del Distrito Sur de California, en el marco de la Operación Unidad Guerrilla.

Tras el arresto, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que Molina-López, conocido como “Don Darío”, compareció ante el tribunal federal ese mismo día.

El operativo de captura involucró una cooperación internacional sin precedentes, con la participación de agencias como el FBI, la DEA, la Guardia Costera y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

La magnitud de la investigación queda reflejada en este dato: desde 1986, el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico y el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional han posibilitado que más de 75 narcotraficantes y organizaciones sean llevados ante la justicia, entregando en total más de USD 135 millones en recompensas.

La suma de USD 10 millones ofrecida por información que permitiera la captura de Molina-López fue anunciada en marzo de 2022 por el Departamento de Estado, en un contexto de presión internacional sobre los jefes del narcotráfico en Centroamérica.

Paralelamente, ese mes, OFAC sancionó financieramente a Los Huistas y su colíder. Este grupo, descrito por el Departamento de Justicia como una organización criminal dedicada al tráfico masivo de cocaína, opera principalmente en Huehuetenango, Guatemala, y mantiene rutas de abastecimiento y distribución hacia México y Estados Unidos.

La operación internacional contra Los Huistas deja al descubierto la red criminal

El Departamento de Justicia expuso que Los Huistas representaron durante años un perfil de alto riesgo para la seguridad de Estados Unidos y Guatemala.

A Eugenio Darío Molina-López se le imputan cargos de conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal, así como distribución del estupefaciente a bordo de embarcaciones, bajo el expediente 19-cr-0327-DMS. Las penas máximas previstas alcanzarían la cadena perpetua y una multa de USD 10 millones.

La estructura de Los Huistas quedó al descubierto tras investigaciones multilaterales con liderazgo de HSI, agregados policiales en Guatemala y México y coordinación con la fiscalía estadounidense en San Diego.

La designación de líder recae tanto en Molina-López como en Aler Baldomero Recinos, conocido como “Chicharra”, quien fue detenido en México el 12 de marzo de 2025, luego deportado a Guatemala y extraditado a Estados Unidos.

La acusación formal contra Molina-López fue emitida el 29 de enero de 2019, enmarcando los cargos en la Operación Unidad Guerrilla, orientada a la persecución de grandes traficantes de cocaína en el hemisferio occidental, como parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159.

El fiscal federal Adam Gordon señaló: “Los líderes de los cárteles no escriben el final de sus historias. Nosotros sí. Y una vez más, el capítulo final de la historia de un hombre considerado uno de los narcotraficantes de cocaína más notorios y prolíficos del mundo se escribe aquí, en el Distrito Sur de California”, indica el comunicado del Departamento de Justicia.

Kevin Murphy, agente especial en funciones de HSI San Diego, subrayó la relevancia de la coordinación transnacional: “Esta operación demuestra la efectividad de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional y nuestras alianzas con agencias de Estados Unidos y Guatemala. Juntos se logró desarticular una organización criminal responsable del tráfico de cantidades masivas de cocaína y de amenazar la seguridad de ambas naciones. El caso enfatiza la importancia de una estrategia integral de gobierno y el compromiso implacable de HSI de proteger nuestros pueblos y la legalidad”.

Los cargos, la logística de la investigación y consecuencias esperadas

El expediente judicial indica que Molina-López enfrenta cargos de conspiración internacional para distribuir sustancias controladas y distribución de cocaína a bordo de embarcaciones, delitos incluidos en el Código de Estados Unidos (Título 21, Secciones 959, 960, 963, y Título 46, Sección 70503(b), 70506), con penas que pueden llegar a la cadena perpetua y sanciones de hasta USD 10 millones.

La operación estuvo a cargo de diversas agencias federales, entre ellas Homeland Security Investigations, FBI, DEA, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Guardia Costera, Interpol y la CBP, bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de California. Entre los objetivos prioritarios de la Fuerza de Tareas figura la investigación y persecución de redes de tráfico de estupefacientes, organizaciones violentas y la protección de niños ante delitos de trata y explotación.

En la primera audiencia judicial, celebrada el 24 de abril de 2026, Molina-López se declaró inocente de los cargos. La próxima audiencia para revisión de pruebas y fijación de juicio fue programada para el 11 de mayo de 2026 ante la jueza del distrito, Dana M. Sabraw. La acusación está a cargo del fiscal adjunto Kevin Mokhtari.

Mediante el Programa de Recompensas citado por el Departamento de Estado, se ha conseguido la extradición y procesamiento de decenas de líderes criminales a nivel internacional. La sanción financiera de OFAC desde 2022 comprende el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones para la organización y sus principales jefes.

Las autoridades de Estados Unidos destacan que las acusaciones contra los señalados se consideran imputaciones y no pruebas de culpabilidad, y que todo imputado, incluido Molina-López, se presume inocente hasta que la justicia dictamine lo contrario.