La organización ambientalista Greenpeace México publicó una recopilación de testimonios de habitantes, pescadores y comerciantes del Golfo de México que fueron afectados por el derrame de petróleo reportado desde marzo, cuyas consecuencias persisten y los afecta de maneras preocupantes.

Durante una visita de Greenpeace, realizada del 28 al 30 de abril a diversas localidades costeras, pescadores, comerciantes y habitantes relataron el ambiente de desesperación que prevalece en la región desde que comenzaron a llegar residuos de chapopote a la orilla del mar a principios de marzo.

Denunciaron falta de apoyo pero también falta de información al no ser avisados a tiempo del derrame, por lo que no pudieron tomar precauciones en cuanto al contacto con el hidrocarburo.

“No fueron debidamente alertadas del derrame desde el primer momento, por lo que expresaron temor de haber quedado expuestas a la contaminación de las costas y de que las especies marinas que regularmente pescan ya no sean útiles para consumo, una preocupación que además se ha extendido entre la población en general, ocasionando un colapso en las ventas” se lee en el informe publicado por Greenpeace México.

Con el título “Tengo una red llena de hidrocarburos”: desesperación y zozobra tras derrame, la organización ambientalista publicó una serie de testimonios de los habitantes de la zona que todavía continúan luchando con los estragos del derrame.

La recolección de hidrocarburos continúa siendo una tarea diaria en sitios como Playa Jicacal, Playa Peña Hermosa y Playa Linda. La presencia de chapopote y sargazo cubierto de hidrocarburos es evidente en lugares como Peña Hermosa, El Turrón y La Tortuga, ubicados en las inmediaciones de Coatzacoalcos, informó la asociación. En la totalidad de los sitios visitados se constató la persistencia de residuos de hidrocarburos, lo que mantiene la preocupación de las comunidades locales.

Los más afectados de un derrame lleno de irregularidades

Maudel Cruz Alfonso, de 51 años, pescador de Playa Jicacal, relata que la comunidad no recibió advertencia alguna sobre el derrame ocurrido en el Golfo de México. “Estamos casi en el olvido”, afirma antes de comenzar una jornada de ocho horas dedicada a la recolección de residuos de hidrocarburo y sargazo, que realiza en compañía de otros habitantes de la zona.

Decenas de comerciantes y pobladores locales iniciaron la limpieza de manera voluntaria y posteriormente ingresaron a un programa de empleo temporal ofrecido por Pemex, empresa que semanas después aceptó su responsabilidad, a algunos pobladores de la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos recabados por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, en al menos 16 de los sitios a lo largo de la costa, la limpieza ha corrido a cargo de la ciudadanía, mientras que en 36 puntos el trabajo ha sido por parte de las comunidades junto con autoridades, en 3 solamente por autoridades y en 9 por Pemex a través de los servicios de una empresa contratada, relata con indginación Greenpeace.

Ello, a pesar de que las autoridades de Pemex han reiterado su compromiso por salvaguardar las costas y han declarado haber comenzado labores de limpieza desde que fue anunciado el derrame.

Al ser cuestionado sobre el tema, Onésimo Cruz Martínez, líder de pescadores en Pajapan, dijo que lo único que tiene ahora es una “red llena de hidrocarburos”. Como él, muchos pescadores se quedaron sin fuentes de ingresos. Reportan que muchas de las especies fueron contaminadas con chapopote.

Emeterio Martínez Hernández, líder de pescadores en la zona sur de Veracruz, describió el estado actual de las comunidades ribereñas como un “descontrol total” ante la crisis generada por el derrame de hidrocarburos.

La incertidumbre y la falta de alternativas han sumido a cientos de pescadores en una situación de vulnerabilidad, pues la actividad que durante años fue su principal fuente de ingresos se encuentra gravemente afectada.

La preocupación de Martínez Hernández refleja el impacto directo que la contaminación ha tenido en el consumo local. Habitantes de la región han dejado de adquirir pescados, camarones, ostiones y jaibas provenientes de la laguna, debido al temor de exponerse a residuos de hidrocarburos. Esta caída en la demanda ha provocado un colapso en la economía de las familias que dependen de la pesca y ha dejado a muchos sin una forma clara de subsistir.

Están por cumplirse dos meses del derrame de petróleo en el Golfo de México que afectó no solo al ecosistema de las playas sino también a los pobladores de esas zonas cuya economía dependía principalmente de la pesca.

Ante estos hechos, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, Greenpeace, en conjunto con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que la magnitud del daño ecológico, sociocultural y a la salud no ha recibido la atención adecuada por parte de las autoridades ambientales.

Las afectaciones continúan presentes en numerosos ecosistemas y localidades, mientras se percibe una tendencia a minimizar el impacto real de este incidente.

Ante esa realidad, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades responsables y a Pemex para ampliar las acciones que están realizando y ofrecer un plan integral que permita asegurar la reparación de los daños generados, así como la no repetición de este desastre socioecológico.

Recuento de los hechos

En un comunicado, Greenpeace y la Red Corredor Artificial recordaron que durante la conferencia de prensa del 16 de marzo, el grupo interdisciplinario encargado de atender el derrame aseguró que, tras los recorridos en zona, las playas entre Centla, Tabasco, y Playa Bagdad, en Tamaulipas, habían quedado “totalmente limpias en pocos días”.

No obstante, la información recabada por la Red Corredor Arrecifal a través de inspecciones y comunicación directa con habitantes indicó una situación distinta.

En abril, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, se documentó la presencia de chapopote en al menos 81 puntos costeros, donde se observaron grandes y medianas manchas de hidrocarburos, además de miles de pequeñas partículas y hojuelas en la mayoría de las playas.

Estas diminutas fracciones de hidrocarburo resultan especialmente complicadas de eliminar y representan un riesgo persistente para el ambiente y la salud pública. El monitoreo ciudadano ha identificado hasta 113 sitios afectados por el derrame entre febrero y abril de 2026, abarcando un litoral de 1,168 kilómetros desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

Llamado a la reparación y reconocimiento a las comunidades

La Red Corredor Arrecifal reconoció la labor de todas las personas y colectivos que han trabajado para visibilizar el impacto del derrame y realizar acciones de limpieza.

Destacaron los esfuerzos de campamentos tortugueros, prestadores de servicios turísticos, comunidades indígenas y familias pesqueras, quienes han actuado como guardianes de las costas y cuerpos de agua. Evidenciando que ha sido en gran medida la población local la que ha realizado mayores trabajos de reparación ante esta tragedia ecológica.

Frente a la emergencia, las comunidades afectadas y las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades responsables y a Pemex para que amplíen y fortalezcan sus acciones, en busca de una atención integral y reparación de los daños generados por el derrame. Así como garantías para evitar la repetición de este tipo de desastres.

Entre las principales acciones propuestas por los organismos ambientales, se encuentra:

• La creación de una mesa de trabajo con participación de comunidades, sectores afectados y el Instituto de los Pueblos Indígenas, para garantizar el respeto a los derechos colectivos.
• La implementación urgente de un programa de monitoreo y evaluación de impacto ambiental y en la salud, con estudios independientes sobre la contaminación y sus efectos en personas y ecosistemas.
• Mecanismos transparentes y con enfoque de género e intercultural para indemnizaciones y apoyo social, priorizando a comunidades indígenas, afromexicanas, zonas marginadas, mujeres y quienes han realizado labores de limpieza.
• Transparencia en el manejo y destino final de los residuos peligrosos recolectados y sobre los riesgos de exposición a hidrocarburos.
• Establecimiento de mecanismos de vigilancia para la industria petrolera pública y privada y apertura para investigaciones independientes en zonas petroleras.
• Creación de un grupo interdisciplinario para analizar las causas estructurales del desastre y proponer cambios que eviten su repetición.
• Protección prioritaria del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, incluyendo la restricción de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y el establecimiento de una Zona de Salvaguarda en aguas someras.

Desigualdad en la atención y consecuencias para comunidades rurales

Las labores de limpieza organizadas por autoridades y Pemex se han concentrado principalmente en áreas turísticas y de fácil acceso. En contraste, las zonas rurales y rocosas han recibido menos atención, lo que refleja profundas desigualdades estructurales.

Las comunidades rurales e indígenas, ubicadas en regiones apartadas, han experimentado una respuesta tardía o insuficiente, lo que agrava los impactos y dificulta la recuperación de sus territorios. Esta distribución desigual de los esfuerzos de limpieza e inspección pone en evidencia la persistencia de violencias e injusticias en la gestión de desastres ambientales.

En relación con las declaraciones oficiales emitidas el 16 de abril, sobre la responsabilidad de Pémex y la fuente del derrame en los ductos del campo Abkatún, la Red Corredor Arrecifal subraya la necesidad de transparencia en la información pública.

Las organizaciones insisten en la importancia de difundir datos claros sobre las causas, el alcance y las acciones de atención, así como de asumir responsabilidades estructurales por el daño ocasionado. Medidas como la suspensión de funcionarios, la inspección visual y la creación de observatorios, aunque necesarias, son insuficientes frente a la magnitud del desastre y la necesidad de respuestas institucionales verdaderamente integrales.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su incursión en el fracking, la técnica para extraer gas que el gobierno de la 4T había prometido nunca realizar debido a su negativo impacto ambiental.

No obstante, la jefa del Ejecutivo respaldó su decisión y cambio de opinión con un argumento: el fracking en México será mediante las nuevas tecnologías que permiten realizarlo de manera sustentable, sin dañar al medio ambiente.

Ante esta noticia, distintas organizaciones ambientales se posicionaron en contra y revirtieron lo dicho por la mandataria: el fracking sustentable no existe.

Así lo establecieron en un comunicado más de 80 organizaciones civiles no gubernamentales, entre las que se encuentra Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace México, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Defensa de la Tierra y el Territorio, y otras organizaciones indígenas y ambientales.

México abre la puerta al fracking

Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conservó su negativa respecto a recurrir al fracking. Más de una vez se le escuchó negar esta práctica como una de las más perjudiciales para el país.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum inició su campaña como predecesora de AMLO, prometió continuar con esa política y garantizó que tampoco recurriría al fracking como técnica para extraer gas natural. Decisión que mantuvo hasta hace unos días.

Inevitablemente surgió la pregunta de qué la había hecho cambiar de opinión. La respuesta fue que se trata de un fracking diferente, el que se empleará ahora es sustentable, garantizó la mandataria.

El fracking tradicional, el que negaba AMLO, es dañino y tiene impactos negativos, explicó Claudia Sheinbaum. “Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas”, afirmó.

Pero existen nuevas investigaciones y tecnologías que hacen posible un fracking que no deje estos daños ambientales y ese va a ser el que va a utilizar el gobierno, según declaró.

Organizaciones denuncian que el fracking sustentable es solo un discurso

Organizaciones ambientales reprocharon que México haya aprobado realizar esta práctica y acusaron no solo que es imposible hacerla sin daño ambiental, sino que también representa una contradicción política y una traición al pueblo de México.

En un extenso comunicado, las ONG cuestionaron la manera en la que el gobierno de México pretende implementarlo, pues realizar esta práctica tal y como lo expuso la presidenta —utilizando agua tratada e incluso de mar— representa un considerable incremento en inversión. “¿Asumirá Pemex estos costros, pese a su ya elevada deuda?“, cuestionan.

El fracking trae consigo un alto impacto ambiental y social. De acuerdo a las ONG existe amplia evidencia científica, incluyendo más de 2,300 estudios, que documenta los riesgos reales y crecientes del fracking para la salud pública, el clima y los ecosistemas.

Otra de las puntuales críticas de las ONG, fue la dependencia de combustibles fósiles: criticaron que la política energética se base en el gas fósil, lo cual acelera la emergencia climática y obstaculiza una transición energética justa.

Además, enfatizaron que las proyecciones de Pemex sobre la producción esperada, no sería suficiente para cubrir la demanda nacional de combustible.

“Apostar por la extracción de gas fósil con fracking es consolidar el modelo fósil y corporativo que profundiza desigualdades territoriales y debilita la autonomía energética comunitaria”, se lee en el comunicado.

Con esta decisión, Claudia Sheinbaum traiciona al pueblo de México

Desde hace más de una década, las comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Coahuila insisten en la defensa de sus territorios frente al extractivismo.

“Este mandato fue recogido primero por Andrés Manuel López Obrador y después por la Presidenta Sheinbaum, quien en campaña se comprometió a atender este mandato que hoy claramente está siendo traicionado”, aseveran las ONG.

También denunciaron que en Las Choapas, Veracruz, la explosión del pozo Krem-1 dejó a sus habitantes expuestos, durante semanas, a gases tóxicos y a un incendio aún sin control.

La expansión de pozos de gas fósil representa un riesgo directo para la vida de pueblos indígenas y campesinos, quienes deben enfrentar los daños ambientales y sanitarios con sus propios recursos, sin embargo, el gobierno niega la magnitud de estos desastres.

Uno de los ejemplos más claros que ha dejado la industria petrolera, es el derrame de petróleo documentado desde el 3 de marzo en las costas de Golfo de México que ha afectado más de 900 kilómetros de playa.

Pasadas las seis y media de la mañana, la estatua situada en la plaza frente al edificio legislativo, fue atacada por activistas de Greenpeace.

Personal de Policía de la Ciudad, asignado al área Congreso, informó que ingresaron nueve activistas habiendo escalado el cerco (rejado) con el fin de colocar una bandera de gran porte en reclamo a la Ley de Glaciares.

Los escaladores convocados por la organización desplegaron banderas en el monumento. El motivo central de la jornada fue la inminente votación en la Cámara de Diputados.

Luego de la intervención, fueron desalojados por la Policía de la Ciudad y se les labraron actas contravencionales. Los dos militantes que se encontraban en altura desistieron de su actitud ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Basavilbaso, que dispuso la notificación de las contravenciones y luego fueron liberados.

El oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para la aprobación, lo que elevó la temperatura política y movilizó tanto a sectores opositores como a ambientalistas.

Hace poco más un mes, miembros de Greenpeace realizaron una ocupación en la explanada del Senado y fueron detenidos.

Además de la intervención de los escaladores, se espera una concentración mayor a partir de las 17. Sectores ambientales y opositores llamaron a una marcha frente al Congreso para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

El otro ataque de Greenpeace terminó con detenidos

El último 26 de febrero, un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, fueron 12 manifestantes los que permanecieron detenidos. De ese grupo, al menos 9 eran mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).

En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos.

El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se vio a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.

Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.

Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

La presidenta Claudia Sheinbaum usó la mañanera del miércoles 25 de marzo para arremeter contra Greenpeace México, cuestionando la rigurosidad científica de la organización tras la difusión de una infografía sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace, acudió al programa de Carmen Aristegui para referirse al malentendido y sostener la denuncia de fondo.

El error fue la imagen, no los datos

Lara explicó que la imagen cuestionada por Sheinbaum no era de autoría de Greenpeace ni representaba una medición científica propia. Se trataba de una infografía del medio El Independiente, difundida con su crédito correspondiente, que circuló en redes sociales y fue atribuida a la organización. Greenpeace emitió una aclaración, pero según Lara, la presidenta únicamente leyó el primer punto del comunicado, sin incluir la alerta central: 630 kilómetros de línea de costa afectados por hidrocarburos. “Enviamos una aclaración y la presidenta solo leyó el primer punto, pero no la alerta”

“Esto representa un distractor para las autoridades mexicanas”, señaló Lara. “En lugar de enfocarse en la información científica, en los datos que brindamos con imágenes satelitales y en el mapa de construcción colectiva de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, se enfocaron en una imagen que ni siquiera es nuestra."

La ciencia y la versión oficial, en puntos distintos

El Grupo Interinstitucional (GI) — integrado por Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa — señaló en su comunicado del 26 de marzo que el derrame tiene tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales cerca de Coatzacoalcos y del Complejo Cantarell.

Por su parte, un informe del Sistema de Detección y Monitoreo de Hidrocarburos Marinos — elaborado por el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Sedno y Ecosur — analizó 70 imágenes satelitales captadas entre el 8 de febrero y el 22 de marzo. Los investigadores reportan que la probabilidad de que el crudo derive de chapopoteras es muy baja, dado su extensión, concentración, duración y forma, y señalan que el sistema ya tiene documentada la huella de las emanaciones naturales de Cantarell como referencia de comparación.

Mil 146 accidentes y un llamado a la transición

Lara también situó el derrame en un contexto más amplio: entre 2008 y 2024 se han documentado mil 146 accidentes vinculados a la industria de los hidrocarburos en México.

Desde esa perspectiva, Greenpeace llama al gobierno federal a avanzar en la transición energética hacia fuentes renovables y alejarse del modelo fósil, incluido el gas natural, que se perfila como "hidrocarburo de transición“.

“Los impactos de la industria fósil no se quedan solo en el medio ambiente", señaló Lara. “También están impactando el día a día de las personas que habitan alrededor de esta infraestructura riesgosa.”

Mientras millones de mexicanos alistan maletas rumbo a las playas para Semana Santa, el Golfo de México carga con más de cuatro semanas de un derrame de hidrocarburos que no ha podido contenerse. Las advertencias son las siguientes: quien se meta a esas aguas, se expone a riesgos de salud.

Así lo alertó Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en entrevista con Carmen Aristegui. El experto fue categórico: el gobierno federal ha incurrido en omisiones graves, la declaración oficial de que no hay “daño ambiental severo” no corresponde a la realidad, y las comunidades pesqueras que dependen del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México —más de 16,000 familias— están pagando el precio.

Un plan de contingencia que nunca arrancó

Lo primero que cuestionó Alanís fue la ausencia del Plan Nacional de Contingencias, un mecanismo que, desde su perspectiva, debió activarse desde el inicio del incidente. “No está claro que se haya echado a andar”, señaló, calificándolo como una primera omisión que explica, en parte, por qué la situación se ha extendido a más de 600 kilómetros de costa.

El director del CEMDA cuestionó la postura oficial sobre la magnitud del daño ambiental, señalando que minimizar el impacto resulta insostenible. Explicó que el daño se ha acumulado durante semanas, el chapopote sigue llegando a las playas y los pobladores afectados reportan que las labores de limpieza son insuficientes, inadecuadas y sin el equipo necesario.

Las playas “limpias” que no están limpias

El Grupo Interinstitucional (GI) —conformado por Semar, Semarnat, Pemex, ASEA y Profepa, entre otras dependencias— afirmó en su comunicado del 26 de marzo que las tres fuentes de contaminación están controladas y que las playas están limpias. Pero la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México lleva semanas documentando lo contrario: la mayoría de las playas no han sido limpiadas y el hidrocarburo continúa llegando.

Para esta Semana Santa, el escenario es preocupante. Los turistas que lleguen a las zonas afectadas y decidan meterse al mar se expondrán a riesgos de salud reales. Muchas comunidades que esperaban una temporada de ingresos turísticos verán llegar, en cambio, playas manchadas y visitantes que se irán sin meterse al agua.

Finalmente Gustavo Alanís concluyó que se necesita información fidedigna, transparente y científicamente respaldada. Mientras eso no llegue, son las comunidades pesqueras —y los turistas de esta Semana Santa— quienes se verán más afectados.

Una tortuga verde (Chelonia mydas) apareció varada con vida en una playa de la Riviera de Alvarado, Veracruz, como una señal más del daño que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México continúa causando a las especies marinas de la región.

Gracias a la alerta de ciudadanos y a la coordinación entre PROFEPA y el Acuario de Veracruz, el ejemplar fue trasladado a tiempo para recibir atención especializada. La Semarnat confirmó que la tortuga ya se encuentra limpia y bajo cuidado, en un rescate que la dependencia calificó como muestra de que “cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina”.

El contexto: más de 700 toneladas de contaminante recolectadas

El rescate ocurre en medio de una emergencia ambiental que el gobierno federal ha tratado de gestionar desde las primeras semanas de febrero. Según el comunicado conjunto del Grupo Interinstitucional, conformado por la Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa, informó que las playas se encuentran “limpias como resultado de jornadas intensivas de atención, contención y saneamiento”, en las que se han desplegado más de 3 mil elementos, 46 embarcaciones, siete aeronaves y más de mil metros de barreras de contención.

Hasta el momento se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en zonas costeras y 40 toneladas adicionales en altamar. Las acciones abarcan 39 playas y más de 480 kilómetros de costa, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, incluyendo ecosistemas sensibles como manglares y esteros.

La polémica con Greenpeace

Sin embargo, la versión oficial no ha estado exenta de cuestionamientos. El pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió en su conferencia mañanera contra Greenpeace México tras la difusión de una infografía que mostraba una enorme mancha de hidrocarburos en el Golfo. “Esa imagen es falsa”, afirmó la mandataria, señalando que la organización “a veces no tiene datos científicos para sustentar lo que dice”.

Greenpeace admitió que la imagen no era propia ni satelital —fue tomada de una infografía del medio El Independiente— y se disculpó por la confusión. Sin embargo, la organización no se retractó de la denuncia de fondo: sostiene que imágenes satelitales del Sentinel 1 y Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea evidencian un derrame de grandes dimensiones desde mediados de febrero, y que los 630 kilómetros de litoral afectado reportados provienen de datos del mapa ciudadano de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Una tortuga como imagen de lo que está en juego

Mientras las autoridades y organizaciones ambientales cruzan versiones sobre el alcance real del desastre, el rescate de la tortuga verde en Alvarado resume en una sola imagen lo que está en disputa: el estado real de un ecosistema marino que, independientemente de los comunicados oficiales, sigue mostrando señales de alarma.

Hoy en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum usó la mañanera de este miércoles para desacreditar directamente a Greenpeace México. El motivo: una infografía que la organización difundió en redes sociales mostrando una enorme mancha de hidrocarburos en el Golfo de México, que según Sheinbaum no corresponde a la realidad.

“Subió una imagen como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos, y casualmente parecía que todo salía de la refinería Dos Bocas”, dijo la presidenta. “Esa imagen es falsa. No tiene nada que ver con la situación en la que actualmente está el Golfo.”

Sheinbaum acusó a Greenpeace de ser una organización que “a veces no tiene datos científicos para sustentar lo que dice” y aprovechó para informar que el gobierno formó un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina, Pemex, Semarnat, la CEA y Profepa para atender el incidente. Aseguró que las playas hoy están limpias, que se ha trabajado con los pescadores y que hay un censo para apoyarlos.

Sheinbaum lee el comunicado de Greenpeace y respalda su versión sobre la imagen del derrame

Durante la misma conferencia, la presidenta leyó en vivo el comunicado de Greenpeace en el que la organización admitía que la imagen no era propia ni satelital: fue tomada de una infografía del medio El Independiente, compartida con crédito y como imagen ilustrativa. Diversos medios la reprodujeron atribuyéndosela a Greenpeace.

“Que bueno que lo están reconociendo”, dijo Sheinbaum frente a las cámaras, usando el propio comunicado de la organización como respaldo a su versión. Greenpeace asumió la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentó la confusión generada — pero eso no significó retractarse de la denuncia de fondo.

Greenpeace admite el error en la imagen pero no cede en la denuncia de fondo

El momento revela la estrategia comunicativa de la organización. Horas antes de que la presidenta Sheinbaum leyera el comunicado de Greenpeace en la mañanera, Ornella Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, ya mantenía la denuncia en el programa de Azucena Uresti. En esa entrevista, Garelli aseguró que entre el 6 y el 10 de febrero ya era visible el inicio del derrame con una embarcación identificada en la Sonda de Campeche como posible origen y que, para mediados de ese mes, otras cinco embarcaciones aparecían tratando de contener el incidente.

La postura de Greenpeace es clara: reconocen haber compartido una imagen imprecisa, pero no se retractan de la denuncia. En su comunicado, la organización sostiene que los datos que han difundido —como los 630 km de litoral afectado— provienen del mapa ciudadano elaborado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, y que las imágenes satelitales del Sentinel 1 y Sentinel 2, de la Agencia Espacial Europea, evidencian un derrame de grandes dimensiones desde al menos mediados de febrero. El error fue en la infografía. La acusación de opacidad e inacción por parte de las autoridades, dicen, sigue en pie.

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) examina en la actualidad el expediente remitido por el Ayuntamiento de Carboneras relacionado con la revisión de la licencia de obras concedida en 2003 al hotel de El Algarrobico, proceso que condiciona la posible anulación de este permiso y ha determinado la actuación de diferentes actores institucionales y sociales. Según difundió Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dirigió recientemente un oficio al órgano consultivo, demandando que le notifique cualquier decisión que tome respecto a dicho procedimiento, cuya resolución resulta crucial para acatar una sentencia previa.

El TSJA evalúa la posibilidad de proceder con la ejecución directa de la sentencia emitida en 2022, mediante la cual el Ayuntamiento de Carboneras recibió la orden de revisar la validez de la licencia de obras otorgada al hotel ubicado en la costa de Almería. De acuerdo con la información de Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada dictó una providencia el 20 de marzo en la que considera aplicar las medidas recogidas en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Esta normativa otorga al tribunal facultad para intervenir directamente si una administración no cumple las resoluciones judiciales, lo que en este caso podría desembocar en una declaración de nulidad de la licencia impugnada.

El medio indicó que el tribunal no descarta recurrir a cualquier otro mecanismo que estime procedente para lograr que se ejecute la sentencia concerniente a la revisión del permiso de obras otorgado a la empresa Azata del Sol en enero de 2003. En el procedimiento abierto, la intervención del Consejo Consultivo resulta indispensable, pues su dictamen sirve de base para que el Ayuntamiento formule su propuesta de resolución. Este proceso administrativo inició formalmente en julio del año pasado, y Europa Press detalló que el Consejo Consultivo comunicó el 9 de marzo que podría archivar la solicitud si el Consistorio no aportaba la documentación requerida antes de que finalice 2025. A raíz de ello, a pedido del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), se concedió una ampliación de plazo para completar el expediente según lo informado por Europa Press.

En este contexto, la Sala rechazó los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que afirmaba carecer de secretario municipal, lo que presuntamente dificultaba la tramitación de la revisión. Europa Press reportó que el Ayuntamiento incluso solicitó asistencia judicial para cubrir esta vacante. Sin embargo, el TSJA recordó que la escasez de personal municipal no sirve como justificación para incumplir mandatos judiciales y señaló que corresponde al propio municipio adoptar las medidas necesarias para proveer o sustituir dicha plaza, asegurando de esta manera el avance del proceso administrativo.

Greenpeace, una de las organizaciones ecologistas que impulsan el cumplimiento de la sentencia, solicitó al TSJA la aplicación de medidas inmediatas que permitieran declarar la nulidad de la licencia de obras concedida al hotel de El Algarrobico. Según afirmó la organización y consignó Europa Press, aplicar el artículo 108.1.a) ofrecería ventajas procesales, acelerando la resolución administrativa y limitando la posibilidad de que Azata del Sol y sus sociedades asociadas interpongan nuevos recursos en la vía contencioso-administrativa.

Europa Press también señaló que el tribunal no accedió, por el momento, a la petición de Greenpeace de imponer multas coercitivas al alcalde Salvador Hernández, ni optó por trasladar el caso a la Fiscalía ante un eventual delito de desobediencia vinculado al incumplimiento de la sentencia judicial. El TSJA mantiene que estos requerimientos no resultan procedentes en esta fase pero sigue vigilando de cerca la evolución del expediente y las acciones del Consistorio.

Ante la multiplicidad de actores implicados y la complejidad institucional del caso, el TSJA continúa supervisando los pasos dados por el Ayuntamiento de Carboneras y mantiene la posibilidad de actuar directamente si la resolución administrativa no avanza de acuerdo a la legalidad y a los fallos previos. Europa Press destacó que, en última instancia, el destino de la licencia de construcción del hotel de El Algarrobico permanecerá sujeto tanto a las decisiones que adopte el órgano consultivo como a la interpretación y ejecución de la normativa judicial.

Un mes después de que aparecieran las primeras manchas de hidrocarburo en las costas de Veracruz, el derrame en el Golfo de México sigue sin ser contenido, sin responsables identificados y con un daño ambiental que se extiende por 630 kilómetros de litoral. Así lo advirtió Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México, en entrevista con Asistegui Noticias.

El “modelo roto” que nadie quiere romper

Para Lara Galicia, este desastre no es un accidente aislado: es la consecuencia directa de un modelo energético fósil que el gobierno federal sigue sosteniendo mientras promete lo contrario. “La transición energética es urgente y el gobierno está estancado en resarcir los problemas que genera el modelo fósil", señaló la directora, quien advirtió que aprobar nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos mientras se habla de reparación ambiental es una contradicción que el país ya no puede permitirse.

La propuesta del gobierno de proveer gasolina y petróleo como respuesta a la crisis energética, dijo, “es quedarse en la superficialidad del problema”. Lo que se necesita, insistió, es transitar hacia un modelo de energía soberana que no genere este tipo de impactos y que atienda las necesidades de las comunidades más pobres del país.

La presidenta que se abanderó del clima

El señalamiento más contundente de Lara Galicia apunta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: una mandataria que se ha presentado públicamente como “conocedora del cambio climático" y que, sin embargo, no ha traducido ese discurso en decisiones históricas a la altura de la crisis. “Si ya está sentando precedentes, los impactos que esto genera deberían verse reflejados en una transición energética contundente desde la presidencia de la república", afirmó.

Es significativo, subrayó, que este derrame ocurra en el contexto del aniversario de la expropiación petrolera y que décadas después los impactos sean “bastante críticos para el planeta”. No solo este caso particular: seguirá ocurriendo, advirtió, si no se gira el timón con firmeza desde el más alto nivel de gobierno.

La propia Sheinbaum reconoció este martes que no está claro el origen del derrame ni si ya se detuvo, y anunció la conformación de un Grupo Interdisciplinario para investigar las causas. El gobierno federal informó que continúa la investigación mediante imágenes satelitales, sobrevuelos y revisiones de infraestructura marítima.

“No ha sido suficiente la labor del Estado”

“Este es un desastre que no se ha controlado aún por el gobierno”, afirmó Lara Galicia. Las autoridades no han logrado contener el derrame y son las propias comunidades y organizaciones civiles quienes están actuando, muchas veces sin equipo ni medidas de protección adecuadas.

Greenpeace trabaja en coordinación con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, cuyo mapa interactivo de monitoreo ciudadano en tiempo real ha documentado 51 sitios con presencia de chapopote: 42 en Veracruz y 9 en Tabasco, a lo largo de casi toda la extensión del corredor arrecifal hasta Paraíso, Tabasco.

Las primeras manchas aparecieron el 1 de marzo en el municipio de Pajapan, Veracruz, y desde entonces se han extendido a una docena de municipios costeros.

“Los impactos se acumulan”, advirtió Lara Galicia, recordando que este tipo de eventos son parte de un patrón sistemático vinculado a la extracción de petróleo y gas. “Da cuenta del área de sacrificio que definió el gobierno en este territorio.”

El derrame petrolero en el Golfo de México sigue expandiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y comunidades, según alertó Greenpeace y organizaciones ambientalistas, quienes advirtieron que el daño al corredor arrecifal permanece sin control y requiere intervención urgente del gobierno para reparar las afectaciones.

La organización señaló que desde el 18 de marzo se han reportado manchas de chapopote en las costas de Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz, extendiéndose a lo largo de 630 kilómetros, casi toda la extensión del corredor arrecifal que se prolonga hasta Paraíso, en Tabasco.

De acuerdo con el comunicado de Greenpeace, en las últimas semanas se han acumulado reportes de playas contaminadas y especies afectadas, evidenciando un desastre ambiental de gran escala.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México publicó un mapa interactivo que identifica 51 sitios con presencia de hidrocarburos, de los cuales 42 se localizan en Veracruz y 9 en Tabasco.

Las cifras oficiales sobre el avance de la limpieza, proporcionadas por Pemex, no coinciden con la situación observada en las playas. La empresa reportó un avance del 85% en la limpieza, principalmente en Playa Barillas, Playa Linda y Jicacal.

No obstante, la Red Corredor Arrecifal y comunidades locales documentaron que 26 sitios no han recibido atención, mientras que en otros lugares la limpieza ha dependido únicamente de la población afectada.

Además, en los últimos días el arribo de petróleo se ha repetido en playas que ya habían sido intervenidas, lo que ha agravado la contaminación y generado la necesidad de nuevas acciones.

La atención de las autoridades se ha enfocado en playas turísticas, dejando sin intervención zonas alejadas y la Laguna del Ostión, hábitat de especies de flora y fauna de alto valor, entre ellas manglares y cangrejos protegidos.

El estado de los 125 arrecifes coralinos y rocosos que conforman el corredor permanece sin información oficial, mientras aproximadamente 16 mil familias pesqueras dependen de estos ecosistemas. 

Greenpeace subrayó que el uso de dispersores químicos debe evitarse, ya que provoca daños secundarios en especies como corales, moluscos y mamíferos marinos.

La emergencia ambiental se agrava por la proximidad de la temporada de anidación de cinco especies de tortugas marinas en peligro de extinción.

Hasta el momento se han encontrado siete tortugas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano afectados por hidrocarburos, la mayoría sin vida.

Greenpeace y las organizaciones firmantes enfatizaron la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, quienes han realizado labores de limpieza sin equipo ni capacitación adecuada, y han sufrido pérdidas económicas significativas por la suspensión de la pesca y el turismo.

A esto se suma, el señalamiento de que los apoyos oficiales al sector pesquero resultan insuficientes frente al impacto registrado y que la exposición a hidrocarburos plantea riesgos para la salud humana, incluyendo efectos tóxicos y alteraciones graves, según el comunicado.

La organización resaltó que las autoridades federales no han informado sobre la contención de la contaminación ni sobre el manejo de los residuos peligrosos recolectados y tampoco se ha esclarecido el origen del derrame ni se ha identificado a los responsables, pese a que existe la posibilidad de una fuga ocurrida en la Bahía de Campeche, que podría afectar a otras costas por el movimiento de las corrientes.

La Red Corredor Arrecifal y Greenpeace solicitaron al gobierno federal y a las autoridades competentes la aplicación inmediata de planes de contingencia y la declaración de zonas de emergencia ambiental, así como la ejecución de acciones coordinadas para la restauración y protección de los ecosistemas costeros y marinos.

Las organizaciones instaron a suspender temporalmente las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la región y a garantizar la reparación de los daños, mientras pidieron a la sociedad civil sumarse a la vigilancia y documentación de la emergencia.

El Ayuntamiento de Carboneras ha explicado recientemente que la falta de secretario municipal, ocasionada por una baja médica, ha provocado dificultades administrativas que afectan la tramitación del expediente relativo a la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Según informó Europa Press citando fuentes municipales, esta situación ha motivado que el Consistorio solicitara más tiempo al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), que finalmente accedió a conceder un plazo adicional de cinco días para completar el requerimiento de información necesario para emitir su dictamen.

El CCA, órgano con sede en Granada, reclamó el pasado 9 de marzo al Ayuntamiento la presentación de documentación específica para avanzar en el procedimiento iniciado por el propio Consistorio en julio del año anterior. Dicho procedimiento tiene su origen en la necesidad de revisar la licencia otorgada en 2003 para la construcción del hotel, licencia cuya nulidad debe analizarse conforme a una sentencia judicial firme que ordena su revisión por vicios de nulidad. De acuerdo con Europa Press, el Consistorio registró este lunes la aceptación del nuevo plazo ofrecido por el Consejo Consultivo, que exige una propuesta clara sobre si corresponde anular o mantener la citada licencia.

El Ayuntamiento argumentó que no podía atender en tiempo las peticiones del órgano andaluz debido al bloqueo administrativo que supone la imposibilidad de contar con un secretario municipal en funciones, aspecto que ha calificado como una causa “no imputable” a la corporación municipal. A pesar de ello, el Consistorio no ha entrado en valoraciones sobre el fondo de la petición hecha por el CCA, sino que solo se ha limitado a exponer su situación administrativa ante Europa Press.

El proceso se ha visto dilatado por una serie de intercambios entre el Consejo Consultivo y el Ayuntamiento. Según detalló Europa Press, la primera petición de documentación data del 11 de diciembre de 2025, fecha en la que el CCA requirió una copia autorizada del expediente administrativo completo de revisión de oficio. El Ayuntamiento aportó una contestación parcial el 26 de febrero, pero el órgano consultivo detectó deficiencias documentales y reiteró la necesidad de completar el expediente en su totalidad antes de poder emitir un dictamen definitivo sobre la validez o anulación de la licencia de obras.

Mientras tanto, Greenpeace ha intensificado su presión sobre la administración local mediante el envío de un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En este documento, la organización medioambiental acusa al Ayuntamiento de mantener “estrategias dilatorias” que, a su juicio, retrasan el cumplimiento de la sentencia dictada hace cuatro años. Greenpeace solicita nuevamente la intervención del tribunal para que “actúe de oficio” y garantice la aplicación efectiva de la resolución judicial sobre el caso El Algarrobico, según reportó Europa Press.

En respuesta a este escrito, el equipo de gobierno municipal ha elevado una petición formal al TSJA, solicitando su mediación con otros entes públicos para cubrir el puesto vacante de secretario municipal. El Consistorio sostiene que de este modo podría dar continuidad al expediente y facilitar el acatamiento de la sentencia, conforme a lo requerido tanto por el órgano consultivo como por el propio tribunal, tal como consignó Europa Press.

El conflicto en torno a El Algarrobico continúa desarrollándose en el ámbito administrativo y judicial, con tensiones entre los plazos requeridos para el análisis de la documentación y la exigencia de cumplimiento inmediato de las sentencias. Tanto el proceso de revisión de la legalidad de la licencia de obras como la actuación de las distintas partes involucradas permanecen bajo el seguimiento tanto del Consejo Consultivo como del TSJA y de actores sociales como Greenpeace, informó Europa Press.

El medio EFE publicó que más de 25 organizaciones de la sociedad civil, como CCOO, UGT, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, UPTA, Oxfam y la ONCE, reclamaron un “consenso político urgente” que conduzca a la aprobación de medidas para proteger tanto a las personas como a las empresas más vulnerables. Este llamado se produce en el contexto del aumento de los combustibles, fenómeno atribuido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuyas consecuencias económicas impactan de forma directa en el transporte.

En el comunicado conjunto remitido por los colectivos, según reportó EFE, se planteó la creación de un abono de transporte especial dirigido a personas en situación vulnerable, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de movilidad pública en un escenario de precios elevados. El texto también recogió la propuesta de destinar ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos a batería, como parte de un conjunto de incentivos para fomentar un modelo de transporte más sostenible y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Estas organizaciones rechazaron, de acuerdo con la información de EFE, el uso de fondos públicos para subvencionar los precios del diésel y la gasolina. Argumentaron que tales medidas no solo perpetúan la dependencia energética, sino que, además, desvían recursos que podrían destinarse a sectores o personas cuya situación económica resulta más delicada. Según expusieron en su declaración, la asignación directa de ayudas sociales y la promoción de alternativas ecológicas resultarían más efectivas para paliar el impacto económico derivado de la crisis.

El Fondo Social para el Clima, dotado con una partida de 65.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2032, representa, según EFE, una herramienta clave para amortiguar el aumento de los costes energéticos sobre hogares y empresas vulnerables. Este instrumento financiero europeo pretende, además de responder a la emergencia, servir como plataforma para la renovación de viviendas, la adopción de tecnologías de bajo consumo, la incorporación de energías renovables y el impulso de la movilidad sostenible.

EFE explicó que el acuerdo entre las organizaciones sociales subraya la urgencia de articular mecanismos de apoyo específicos y eficientes, tal y como establecen las disposiciones comunitarias, y de actuar con celeridad frente al contexto internacional, marcado por la inestabilidad geopolítica y el consiguiente encarecimiento de los combustibles. Destaca la demanda de que las iniciativas de protección prioricen a quienes soportan de manera directa el incremento de gastos derivados del transporte y la energía.

Además, según reportó EFE, el comunicado alerta sobre la insuficiencia de medidas hasta ahora implementadas y el retraso en la activación de instrumentos como el Plan Social para el Clima, previsto en la normativa europea pero todavía pendiente de ejecución en España. Los colectivos insistieron en la necesidad de canalizar de forma efectiva el presupuesto asignado, a fin de que las ayudas lleguen a quienes realmente las requieren y de impulsar la transformación del transporte en una dirección más justa y sostenible.

Entre las propuestas concretas de los firmantes, según el medio EFE, se incluyó la petición de crear mecanismos de financiación que permitan renovar el parque móvil y adaptar el transporte público a necesidades sociales y ambientales. El refuerzo de los subsidios específicos pretende compensar el efecto regresivo del alza de los precios, garantizando el acceso a servicios esenciales y promoviendo una transición energética que no excluya a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Los efectos económicos de la escalada del conflicto internacional, como reflejó EFE, continúan manifestándose principalmente en el precio de los combustibles. Las organizaciones participantes reiteraron la importancia de que la respuesta institucional se oriente a mitigar este impacto sobre los colectivos más sensibles, evitando medidas generalizadas que, según su análisis, resultan menos eficaces en la protección de los sectores realmente afectados.

El llamamiento al consenso político urgente, según publicó EFE, busca promover un acuerdo que desbloquee la adopción de nuevas políticas sociales y ambientales. Los representantes de los colectivos advirtieron de la urgencia del momento y la necesidad de aprobar de inmediato medidas que garanticen la equidad en el acceso al transporte y contribuyan a la reducción de emisiones en consonancia con los objetivos climáticos europeos.

El Ayuntamiento de Carboneras no anexó todos los documentos solicitados por el Consejo Consultivo de Andalucía durante más de tres meses, tras elevar una consulta para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, según una denuncia de Greenpeace. De acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press, la organización ecologista ha informado que esta omisión fue acompañada de una solicitud de ampliación del plazo por parte del Consistorio, con el argumento de que la ausencia de un secretario municipal les impedía responder a los requerimientos del órgano técnico-jurídico.

La situación se presenta tras cuatro años catalogados por Greenpeace como marcados por "estrategias dilatorias" del Ayuntamiento de Carboneras. Tal como destacó Europa Press, la organización ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se tramite de oficio el expediente de revisión de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico, en Almería. Greenpeace fundamentó su petición en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el propósito de favorecer la economía procesal y evitar que la promotora Azata del Sol y sus filiales puedan recurrir la decisión en la vía contencioso-administrativa, lo cual, a juicio de la organización, prolongaría aún más la resolución administrativa y judicial del caso.

Según Europa Press, Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, señaló: “si existe alguna fórmula dentro del reglamento jurídico para que podamos avanzar con este caso, rogamos al tribunal que la ponga en marcha. Es inadmisible que una entidad pueda estar más de cuatro años eludiendo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo”. Para Berraquero, la situación de desamparo es “total”, por lo que han animado al TSJA a iniciar el procedimiento de oficio y han criticado al Ayuntamiento de Carboneras por su comportamiento.

Europa Press detalló que, de acuerdo con Greenpeace, la última acción atribuida al Ayuntamiento corresponde a dejar caducar el expediente abierto en el Consejo Consultivo de Andalucía, al que se elevó una solicitud de dictamen sobre la revisión de la licencia. Para la organización, la falta de respuesta a las peticiones del CCA y la posterior petición de prórroga constituyen una nueva maniobra para incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Consistorio a revisar la referida licencia.

Ante la reiteración de los incumplimientos y en el contexto del vigésimo aniversario de la paralización de las obras del hotel, Greenpeace ha decidido avanzar con una denuncia formal ante el TSJA, a fin de que se evalúe la posible responsabilidad penal del alcalde de Carboneras por un presunto delito de desobediencia, publicó Europa Press. La organización sostiene que estas acciones del Ayuntamiento han dejado la situación en un estado de desamparo y que las reiteradas dilaciones constituyen una conducta que carece de justificación.

La sentencia del Tribunal Supremo, que ordena la revisión de la licencia de obras, sigue pendiente de ejecución, pese a su carácter firme. Según la información difundida por Europa Press, Greenpeace interpreta la situación como un ejemplo del fenómeno conocido como "pelotazo urbanístico" y estima que el hotel de El Algarrobico se mantiene en pie debido a excusas cuya veracidad considera cuestionable.

La promotora Azata del Sol y sus filiales figuran como partes interesadas junto al Ayuntamiento en el proceso administrativo y judicial, lo que ha generado distintos aplazamientos de procedimientos, afirmó Europa Press. La petición de Greenpeace pretende que el TSJA, al tramitar el expediente de oficio, elimine la posibilidad de que se interpongan más recursos que pudieran demorar la revisión de la licencia, dando así celeridad al cumplimiento de la sentencia.

Berraquero expresó, según recogió Europa Press: “Estar mareando la perdiz durante años, con una sentencia firme del TS que indica bien claro que el Ayuntamiento tenía que revisar la licencia de obras, no puede quedar impune. A Greenpeace, y a gran parte de la sociedad española, nos indigna ver cómo este símbolo del pelotazo urbanístico sigue en pie con excusas vanas y de dudosa veracidad”.

La revisión de la licencia de obras del hotel en El Algarrobico ha generado durante años controversia judicial y administrativa, siendo objeto de resoluciones y sentencias cuya ejecución sigue pendiente. La intervención del TSJA propuesta por Greenpeace busca poner fin a un proceso que consideran dilatado artificialmente, incidiendo en la necesidad de que las resoluciones judiciales firmes sean ejecutadas sin demoras.

El mensaje expresado por Greenpeace durante la acción en la Puerta del Sol, "las guerras nunca son la solución", resume la intención de la protesta que tuvo lugar en uno de los puntos más emblemáticos de Madrid. La organización ecologista desplegó una pancarta con el lema “No a la guerra” como llamado a la comunidad internacional y a los dirigentes políticos para que busquen salidas pacíficas a los actuales conflictos armados, según informó el medio a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con el material difundido por Greenpeace, varios activistas participaron en la acción descendiendo por la fachada de uno de los edificios que rodean la conocida plaza madrileña. Sobre la lona de grandes dimensiones podía leerse el mensaje pacifista dirigido contra la escalada de los enfrentamientos bélicos a nivel global. Tal como publicó el perfil de Instagram de la organización, la iniciativa busca poner de relieve la necesidad de detener el uso de la fuerza en la resolución de disputas internacionales y abogar en cambio por soluciones negociadas.

Greenpeace detalló que la acción en la Puerta del Sol forma parte de una campaña más amplia que tiene como objetivo llamar la atención de la opinión pública y presionar a los líderes mundiales para que prioricen el diálogo por encima de la confrontación armada. Según consignó la entidad a través de su vídeo y comunicado, este tipo de protestas pretenden concienciar a la sociedad sobre el impacto de los conflictos armados tanto en la vida humana como en el medio ambiente.

La elección de la Puerta del Sol, uno de los lugares más transitados y simbólicos de Madrid, responde a la intención de la organización de maximizar la visibilidad del mensaje. Este espacio ha sido tradicionalmente escenario de manifestaciones sociales y políticas, y su uso por parte de Greenpeace refuerza el llamado a la comunidad internacional. El medio señaló que los activistas se aseguraron de respetar las medidas de seguridad durante el despliegue de la pancarta, evitando causar disrupciones más allá de la visibilidad de su mensaje.

El video colgado por Greenpeace muestra a los participantes equipados para la acción en altura, mientras otros miembros de la organización documentan y coordinan la protesta desde la calle. La entidad sostiene que la visibilidad social y mediática de este tipo de acontecimientos es clave para generar presión sobre los líderes internacionales y fomentar el debate público acerca de las alternativas pacíficas a los conflictos actuales.

Durante la difusión de esta acción, Greenpeace insistió en que las guerras tienen consecuencias directas sobre las personas y el entorno, y reiteró que los acuerdos multilaterales y el respeto al derecho internacional proporcionan salidas más estables y justas para las disputas políticas. Según publicó la cuenta oficial de la organización, otras iniciativas similares seguirán tomando lugar dentro de su campaña por la paz y la defensa del medio ambiente, haciéndose eco del lema “No a la guerra” e invitando a la ciudadanía a sumarse a estas demandas.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos. De ese grupo, al menos 9 son mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).

En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.

Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.

Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.

En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”

“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes", relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.

Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).

El debate por la Ley de Glaciares en el Senado

El proyecto del Gobierno para modificar la ley de Glaciares apunta a garantizar inversiones significativas para la actividad minera, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.

Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.

Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.

“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.

Uno de los hallazgos destacados en el análisis sobre productos envasados en plástico se refiere a la cantidad de partículas de microplásticos que pueden migrar a los alimentos en apenas unos minutos. Según informó Greenpeace, una investigación analizada dentro de su informe reportó que, tras solo cinco minutos de calentar comida en el microondas dentro de envases plásticos, se detectaron entre 326.000 y 534.000 partículas, una cifra que multiplica entre cuatro y siete veces la registrada cuando el mismo alimento se calienta en horno. De acuerdo con el informe 'Alerta: Microplásticos en la comida precocinada', millones de consumidores quedan expuestos a contaminantes invisibles y compuestos que representan un riesgo para la salud al recurrir al uso habitual de platos preparados listos para calentar en sus envases originales.

El informe de Greenpeace, que se basa en la revisión de 24 trabajos científicos recientes, detalla que los alimentos etiquetados como “aptos para calentar” pueden convertirse en una vía masiva de entrada de microplásticos y sustancias químicas a la dieta regular. Según publicó Greenpeace, el problema se agrava cuando los recipientes se encuentran viejos, presentan rayaduras, o han sido reutilizados, ya que estos envases pueden llegar a liberar el doble de partículas respecto a uno nuevo.

Entre las inquietudes principales, Greenpeace señala que más de 4.200 sustancias peligrosas han sido identificadas como componentes habituales en los plásticos usados para embalaje de alimentos, siendo la mayoría de ellas no reguladas dentro de este sector. El medio afirma que, pese a esta situación, la demanda de platos precocinados sigue aumentando a nivel global. Este segmento del mercado alimentario representa casi 161.428 millones de euros (190.000 millones de dólares), favorecido por el estilo de vida moderno y por la búsqueda de soluciones prácticas ante la falta de tiempo y espacio en los hogares. Según datos recogidos por Greenpeace en referencia a la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE), en España el consumo de este tipo de productos subió un 3,8% en el último año.

Tal como publicó Greenpeace, la exposición a estas sustancias procedentes de plásticos en contacto con alimentos no solo afecta a adultos, sino que su alcance resulta preocupante por el impacto durante etapas clave como el desarrollo fetal y la infancia. El informe destaca la relación entre la exposición a estos productos químicos y el aumento del riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, afecciones del neurodesarrollo, deterioro de la fertilidad y potencial carcinogénico. Los microplásticos, por su escala minúscula, logran atravesar barreras biológicas hasta acumularse en diversos tejidos y órganos, provocando inflamación sistémica y estrés oxidativo.

Según reportó Greenpeace, estudios recientes han detectado al menos 1.396 sustancias químicas provenientes de plásticos en cuerpos humanos, lo que confirma la presencia tangible de estos compuestos en la población. El informe alerta que, a pesar de estas evidencias, los reguladores y gobiernos han dado respuestas que califica como “insuficientes”. Greenpeace señala que las etiquetas como ‘apto para microondas’ y ‘apto para horno’ pueden inducir a una falsa percepción de seguridad en consumidores, sin garantizar una protección efectiva frente a la liberación de sustancias contaminantes.

La organización ambientalista advierte que la crisis de contaminación por plásticos sigue un patrón previamente observado en problemas de salud pública relacionados con el tabaco, el asbesto y el plomo. Según consignó Greenpeace, la negación de la industria y la tardanza en la respuesta reguladora han perpetuado la exposición a estos riesgos a pesar del conocimiento científico disponible.

En relación a la actual negociación del Tratado Global de la ONU sobre los Plásticos, Greenpeace hizo un llamado dirigido a las partes impulsoras a priorizar el principio de precaución, alejándose del uso de plásticos y compuestos tóxicos en materiales para contacto con alimentos. De acuerdo con lo publicado, la organización solicita eliminar las declaraciones considerados engañosas en los envases plásticos, implementar vías legales para proteger a la población frente a la exposición a sustancias peligrosas, prohibir los recipientes de plástico de un solo uso en el sector alimenticio y fomentar sistemas de reutilización basados en materiales seguros.

Julio Barea, responsable de residuos de Greenpeace, expresó que “nos están envenenando mientras intentamos alimentar a nuestras familias. El riesgo es evidente, hay mucho en juego y el momento de actuar es ahora. No podemos confiar en las promesas engañosas de las empresas y ‘lobbies’ del plástico”, en declaraciones recogidas por Greenpeace.

Greenpeace incluyó dentro del informe varios elementos de presión sobre las autoridades regulatorias, subrayando el crecimiento global del mercado de alimentos preparados como un factor que amplifica la importancia de una acción rápida y coordinada ante los riesgos. La organización enfatiza que establecer parámetros regulatorios más estrictos resulta determinante para disminuir la exposición diaria a contaminantes invisibles y proteger la salud de la población. Como recoge el informe, la proliferación de productos “listos para calentar” en envases plásticos ha ido mucho más allá del ámbito doméstico, formando parte de la cadena alimentaria de instituciones, empresas y espacios públicos en numerosos países.

Finalmente, según expresó Greenpeace, el reporte constituye un llamado directo a rediseñar los sistemas de producción, distribución y consumo en la industria alimentaria para prevenir la transferencia de compuestos nocivos generados por el contacto con plásticos, subrayando la urgencia de una intervención regulatoria internacional que se anticipe al potencial impacto sanitario y ambiental del fenómeno.

Dos décadas después de que la justicia paralizara, por primera vez, las obras del hotel de El Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), los grupos ecologistas como Greenpeace que han encabezado la batalla legal contra este edificio alertan de que la principal dificultad para su demolición definitiva son las “maniobras dilatorias del Ayuntamiento de Carboneras”. A pesar de que el 21 de febrero de 2006 una orden judicial paralizó las obras del inmueble, que ya estaban ejecutadas al 95% y, aunque ha sido declarado ilegal en numerosas ocasiones, esta mole de hormigón de 21 pisos sigue en pie junto al mar.

“Aquella sentencia de hace 20 años fue solo la primera de una kafkiana sucesión de dictámenes e incumplimientos que, aún hoy, mantienen el cochambroso esqueleto ilegal de esta bestia en primera línea de playa”, indican desde Greenpeace, que asegura que es el Ayuntamiento de Carboneras quien tiene que anular la licencia de obras que le fue otorgada al hotel, si bien “los alcaldes que han estado al frente del municipio llevan años mareando la perdiz para no hacerlo, poniendo excusas con poco fundamento”, lamentan.

“El alcalde de Carboneras [Salvador Hernández (Ciudadanos)] está incumpliendo con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a revisar la licencia de obras aprobada en 2003″, indica a Infobae Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. Ante la prolongación de los trámites municipales, la organización ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asuma el procedimiento y anule directamente el permiso de construcción, eliminando así la competencia del Ayuntamiento. Si no se anula esa licencia, advierten, el caso podría alargarse varios años más por los recursos.

La organización ecologista, que sitúa a la Junta de Andalucía y a la propietaria del hotel Azata del Sol como actores responsables en segundo y tercer lugar por sus incumplimientos, también ha solicitado al TSJA que multen a Hernández y se le exijan responsabilidades penales “por un presunto delito de desobediencia”.

“Se trata de maniobras dilatorias muy burdas cuando el alcalde debería dar los pasos para derribar el hotel de forma definitiva”, sostiene Berraquero, que también recuerda que El Algarrobico sigue sin ser demolido pese a que el Gobierno central puso en marcha al año pasado el proceso para expropiar la parte de terreno que es de su competencia.

Por su parte, Salvador Hernández atribuye la responsabilidad del polémico proyecto tanto a la Junta de Andalucía como al Ejecutivo central, al señalar que ambos respaldaron y autorizaron la construcción del hotel. Por ello, el alcalde insiste en que ambas administraciones deben negociar y llegar a un acuerdo definitivo que permita resolver el conflicto, según informa la agencia EFE.

“Alargar un poco más la vergüenza”

Desde Greenpeace, sin embargo, insisten en que tanto las acciones del alcalde como las del resto de administraciones solo contribuyen a posponer la demolición del hotel y “a alargar un poco más la vergüenza de haber permitido que esta cicatriz haya destrozado el rostro de la costa andaluza durante dos décadas”, critican.

Respecto a Azata del Sol, la organización ecologista asegura que “sabía a lo que se arriesgaba” construyendo el hotel en este enclave, ya que “conocía la servidumbre de protección era de 100 metros” respecto a la línea de playa y, además, la promotora dio por válido un plano modificado, “que se alteró sin expediente alguno”.

Además del derribo definitivo del edificio, Greenpeace pide la restauración del Parque Natural del Cabo de Gata.

El Ayuntamiento de Carboneras culminó el procedimiento legislativo para restaurar el grado más elevado de protección ambiental a los terrenos situados en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, luego de que el Boletín Oficial de la Provincia de Almería publicara la normativa urbanística completa sobre la modificación parcial de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), una acción determinante tras una década de litigios. Según informó Europa Press, esta etapa ha significado la total ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró estos suelos como “no urbanizables”, poniendo fin al proceso impulsado por distintas organizaciones ecologistas.

El TSJA archivó la pieza de ejecución destinada a dar cumplimiento a la resolución dictada en 2016. El fallo afectaba directamente al paraje sobre el que se localiza el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas, proyecto impulsado por Azata del Sol bajo una licencia cuya revisión se contempla, aunque sigue formalmente activa. La Sala de lo Contencioso-administrativo tomó esta decisión tras examinar las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Carboneras y verificar que no existe ninguna cuestión pendiente relativa a la protección urbanística de los sectores afectados, según consignó Europa Press.

De acuerdo con el medio, la sentencia de 2016 —ratificada por el Tribunal Supremo en 2018— anuló la calificación de ambos sectores involucrados, ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar), como urbanizables. El Tribunal ordenó su nueva clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, atendiendo a las categorías definidas por la normativa autonómica y municipal. De esta forma, el ST-1 fue reclasificado con protección C1, correspondiente a áreas naturales de interés general, mientras que el ST-2 quedó establecido con protección B1 y B2, asociado a áreas naturalezas con valores generales y áreas seminaturales reservadas a usos tradicionales, especificó Europa Press.

El Ayuntamiento de Carboneras debió adaptar su normativa urbanística tras sucesivas indicaciones judiciales. El texto aprobado, publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de enero pasado, incluyó la incorporación de los cambios en la memoria general, las normas y los planos urbanísticos del PGOU. Según señaló el alcalde Salvador Hernández en su solicitud al TSJA a finales de enero, la administración municipal publicó la aprobación definitiva de la modificación parcial del PGOU en cumplimiento estricto de lo ordenado por los tribunales.

La modificación parcial fue precedida por una serie de incidentes en el proceso de ejecución que, según argumentó el Ayuntamiento, no podían atribuirse a la corporación local. La administración subrayó que se trató de sucesos ajenos a su voluntad, aunque otras partes, entre ellas algunos grupos ecologistas, los calificaron de maliciosos o excesivos. Pese a ello, la sala judicial ratificó la necesidad de publicar el “contenido íntegro” de la nueva normativa para concluir la ejecución de la sentencia, detalló Europa Press.

La causa judicial se inició tras el recurso promovido por agrupaciones ecologistas, incluidas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace. Según publicó Europa Press, este recurso cuestionó el acuerdo del pleno celebrado el 11 de agosto de 2009, en el que se modificó la clasificación de los sectores en cuestión, lo que supuso admitir usos urbanísticos entonces incompatibles con la protección ambiental de la zona. La acción de los colectivos derivó en la sentencia de 2016 que revocaba ese acuerdo y devolvía a los suelos del parque natural su calificación de máxima protección legal.

Además del Ayuntamiento, la propia organización Greenpeace solicitó también el archivo del procedimiento, considerando que se había dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por los órganos judiciales. El Tribunal examinó que la publicación y las reformas acometidas reflejan con precisión lo exigido, por lo que la sala estimó extinguido el objeto del proceso después de que todos los cambios normativos aparecieron publicados en los boletines oficiales.

De acuerdo con Europa Press, el hotel cuya construcción motivó la controversia nunca llegó a finalizarse. Con 411 habitaciones y varias plantas, la estructura permanece inacabada al estar ubicada sobre suelos que han recuperado ahora el estatus de zona protegida, conforme a las directrices de los tribunales y a las sugerencias emitidas por la Junta de Andalucía. El proceso de revisión de la licencia municipal sigue abierto, pero los cambios aprobados impiden cualquier desarrollo urbanístico en el área afectada.

La decisión del TSJA cierra así un expediente que se prolongó durante al menos diez años, poniendo término a las disputas legales en torno a uno de los enclaves más emblemáticos del litoral andaluz desde el punto de vista de la conservación medioambiental, según la información recogida por Europa Press. El Ayuntamiento debe mantener los terrenos bajo el régimen de protección especial que corresponde a las áreas naturales incluidas en el parque, con limitaciones para el uso y desarrollo futuro conforme a la normativa vigente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto de manifiesto la falta de implicación demostrada por la promotora Azata del Sol respecto a la revisión efectiva de la licencia otorgada para la construcción del hotel en la playa de El Algarrobico, según la información publicada por Europa Press. Al mismo tiempo, la instancia judicial andaluza ha refrendado los procedimientos administrativos impulsados desde el Ayuntamiento de Carboneras y mantiene la causa abierta, a la espera del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

De acuerdo con Europa Press, en un auto emitido el 28 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada desestimó el recurso de reposición presentado por Azata del Sol, el cual pretendía que se archivara nuevamente la causa vinculada a la revisión de la citada licencia de obras, concedida originalmente en enero de 2003. Este recurso estaba dirigido contra una resolución anterior, del 21 de noviembre, en la que ya se había rechazado el cierre de la ejecutoria correspondiente, cuya finalidad consiste en dar cumplimiento a una sentencia firme que exige la revisión del referido permiso de construcción.

La ponente Beatriz Galindo, en representación de la Sala, subrayó que el avance en la revisión de oficio no queda satisfecho simplemente con la apertura del procedimiento, sino que requiere completarse hasta su resolución definitiva. Recordó que la sentencia firme dictada en 2018 fijaba como obligación el desarrollo ordenado de todas las actuaciones relacionadas con el permiso de obra, el cual presenta, según resalta el tribunal, defectos considerados como causas de nulidad. Así, la instancia judicial insistió en la necesidad de agotar todas las fases administrativas hasta llegar a una conclusión definitiva, sin aceptar dilaciones ni maniobras procesales orientadas al archivo prematuro.

El medio Europa Press detalló que el Ayuntamiento de Carboneras inició en julio de 2025 el expediente para la revisión de la citada licencia, ejecutando las instrucciones emitidas en los fallos judiciales. Posteriormente, en diciembre del mismo año, el expediente fue remitido al Consejo Consultivo de Andalucía, órgano competente para emitir un informe preceptivo que permitirá culminar la tramitación administrativa. El TSJA reconoció la validez de las actuaciones promovidas hasta la fecha por la administración local y señaló que el expediente se encuentra a la espera de las consideraciones o requerimientos documentales que pueda solicitar el Consejo Consultivo en ejercicio de sus atribuciones. Por el momento, este organismo todavía no ha emitido su dictamen sobre el expediente tramitado.

En el marco de este proceso, la organización Greenpeace presentó alegaciones argumentando que el expediente municipal estaba caducado debido a que habían pasado más de seis meses desde su apertura. Por tal motivo, la organización solicitó que el tribunal instara al Ayuntamiento de Carboneras a comenzar el proceso de revisión nuevamente. La Sala consideró que no correspondía pronunciarse sobre esa solicitud, limitándose a recordar que todo el procedimiento forma parte de la ejecución de una sentencia previa y que cualquier avance debe ceñirse al desarrollo reglado de la tramitación administrativa.

Según consignó Europa Press, la resolución judicial hace énfasis en la obligación de cumplir con la revisión íntegra del expediente de oficio. Se recalca que dicho trámite no puede considerarse finalizado hasta agotar todas las etapas requeridas, lo cual impediría la estimación de un archivo anticipado de la causa al margen del dictamen pendiente por parte del Consejo Consultivo andaluz.

Entre los puntos remarcados por el TSJA figura también la desestimación de las alegaciones promovidas por Azata del Sol, que había intentado cerrar de forma anticipada la ejecutoria, una estrategia que, a juicio del tribunal, no está alineada con los principios de actuación exigidos por la sentencia ya firme de 2018. Aludiendo a la postura procesal de la promotora, la Sala calificó su implicación en el avance del procedimiento como “nula”, comprometiendo la finalidad principal: garantizar que el expediente se analice y resuelva en su totalidad.

La sentencia de 2018, referida por el tribunal y difundida por Europa Press, había declarado que la licencia de obras otorgada a Azata del Sol incurría en vicios graves que ameritaban su revisión de acuerdo con los criterios de nulidad administrativa. El fallo impuso al Ayuntamiento de Carboneras y a las demás partes involucradas el deber de finalizar la revisión de oficio, abarcando todas las instancias y emitiendo resoluciones tras agotar consultas y pronunciamientos técnicos, incluido el del Consejo Consultivo andaluz.

El hotel de El Algarrobico ha representado uno de los focos de atención más destacados en la controversia urbanística y medioambiental de la provincia de Almería, con una sucesión de litigios y reclamaciones por parte de colectivos ecologistas y administraciones. Conforme ha precisado Europa Press, el procedimiento judicial vigente busca zanjar los aspectos legales sobre la validez o no de la licencia que permitió la edificación junto a la playa y la posible anulación de dicho permiso debido a los vicios detectados por los tribunales.

En el contexto actual, la resolución judicial divulgada por Europa Press mantiene la obligatoriedad de completar el proceso de revisión y posterga cualquier evaluación hasta que el Consejo Consultivo andaluz emita su dictamen final. Mientras tanto, el TSJA ha reiterado que el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Carboneras continúa su curso dentro del marco de la legalidad y que toda dilación queda atribuida a las exigencias del proceso reglado, no a la inacción por parte de la administración local.

El coste en derechos de emisión de carbono, que podría alcanzar los 984 millones de euros, forma parte del impacto que acarrearía prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz más allá de la fecha prevista de clausura. Este dato aparece en las conclusiones de un informe revelado por Greenpeace, según publicó El País, el cual ha sido elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El estudio concluye que, según simulaciones energéticas detalladas, prorrogar el funcionamiento de la central ubicada en Extremadura supondría un sobrecoste total de 3.831 millones de euros para los consumidores y una ralentización en el despliegue de energías renovables a nivel nacional.

La investigación, presentada por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, y el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Víctor García Carrasco, evalúa los efectos económicos y ambientales de mantener la planta en funcionamiento hasta 2030. Según detalló El País, los expertos utilizaron simulaciones horarias que consideran la evolución prevista de la demanda, la incorporación de energías renovables y de sistemas de almacenamiento, así como la influencia de la agenda de cierre nuclear y los mecanismos de formación de precios en el mercado eléctrico español durante el periodo 2026-2033.

El informe destaca que el cierre programado de Almaraz es viable tanto desde un punto de vista técnico como ambiental y económico. Según las proyecciones citadas por El País, prorrogar la vida de la central supondría una disminución temporal en los precios y en la factura eléctrica únicamente entre 2028 y 2030, pero a partir de 2031 se observaría un aumento sostenido. Para 2033, el precio mayorista de la electricidad podría alcanzar los 63,5 euros por megavatio hora, lo que representa un 9,5% más que los 58 euros por megavatio hora previstos en el escenario de cierre original. Esto, advierten los analistas, se traduciría en un aumento acumulado de los costos para los consumidores de hasta 3.831 millones de euros.

La vida operativa de Almaraz comenzó entre 1983 y 1984. Conforme al plan actual, se prevé la desconexión de la planta entre 2027 y 2028. Las empresas propietarias presentaron el año pasado una solicitud formal para prolongar el funcionamiento de la central dos años adicionales, hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa actualmente la viabilidad de esa extensión y espera publicar su propio informe durante el verano. No obstante, la decisión final corresponde al Gobierno, que estableció tres condiciones imprescindibles para autorizar cualquier prórroga: la garantía de la seguridad radiológica, el aseguramiento del suministro eléctrico y la ausencia de costes adicionales para la ciudadanía.

Según explicó El País basándose en el informe de la URJC, la prórroga de Almaraz que proponen las empresas no cumple con el criterio de eficiencia económica. Los investigadores de la URJC y la UPC arguyen que mantener la central abierta generaría costes acumulados superiores para la población, retrasaría la transición energética del país y provocaría un incremento de las emisiones contaminantes a medio plazo.

En el análisis de las alternativas, los autores del informe señalan que el cierre planificado permite que la mayor parte de la energía de Almaraz sea sustituida por fuentes renovables. Las simulaciones reflejan que el 96,4% de la energía reemplazada y del incremento de la demanda posterior al cierre (en el periodo 2028-2029) puede ser cubierta con nuevas instalaciones renovables y mayor capacidad de almacenamiento. De acuerdo con lo publicado por El País, no se anticipa una dependencia significativa del gas natural derivada del cierre, en comparación con lo acordado actualmente.

En cuanto al impacto en la inversión y el desarrollo de proyectos renovables, los expertos avisan que mantener Almaraz operativa retrasaría la entrada en servicio de nueva capacidad renovable y de almacenamiento. Así, el porcentaje de cobertura renovable en el sistema eléctrico caería del 65,8% al 59,3% en 2030 si la central siguiera funcionando. Este retraso implicaría, según el documento difundido por El País, una pérdida acumulada de inversión en el sector de 26.130 millones de euros en el periodo 2026-2033.

Por otro lado, el estudio estima que si se optara por clausurar la central según lo programado, se lograría reducir el vertido de energía renovable que actualmente no se aprovecha e incorporarían más de 3,8 teravatios hora de electricidad limpia cada año, equivalentes aproximadamente a la mitad de la producción anual de un reactor nuclear en España.

El informe también analiza el impacto ambiental asociado a la prolongación de la vida útil de la planta. Durante el lapso comprendido entre 2028 y 2030, la prórroga permitiría un descenso temporal del uso de gas; sin embargo, tras ese periodo el sistema dependería menos de energías renovables, lo que incrementaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Las simulaciones apuntan a un aumento acumulado de entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en el periodo 2026-2033 si se prolongara el funcionamiento de Almaraz.

Según remarcan los autores en declaraciones recogidas por El País, esa cantidad de emisiones equivaldría al conjunto de las emisiones producidas por todos los hogares de Extremadura durante seis años o por un vehículo de gasolina capaz de dar más de un millón de vueltas a la Tierra. El informe relaciona directamente este exceso de emisiones con un impacto económico: el coste en derechos de emisión de carbono adicional podría llegar a 984 millones de euros, un gasto también repercutido en el recibo eléctrico de los ciudadanos.

Mientras el CSN continúa con su evaluación y el Ejecutivo mantiene sus exigencias en cuanto a seguridad, suministro y coste para la ciudadanía, el estudio promovido por Greenpeace y elaborado por las dos universidades sostiene que cerrar Almaraz conforme al calendario original resulta la alternativa más acorde tanto con los objetivos nacionales de descarbonización como con la estabilidad y competitividad del sistema eléctrico en España.

La falta de avance en intervenciones consideradas clave para asegurar la restauración de espacios emblemáticos, como la marisma de Doñana, mantiene en suspenso la protección y recuperación de los humedales españoles. De acuerdo con el medio Europa Press, organizaciones ambientales advirtieron que este tipo de retrasos administrativos y la ausencia de acciones concretas incrementan los riesgos para la funcionalidad ecológica de estos ecosistemas, que no logran revertir su degradación a pesar del reconocimiento oficial de sus amenazas. Ante la celebración anual del Día Mundial de los Humedales, entidades como Amigas de la Tierra remarcaron que el Plan Estratégico de Humedales, aprobado en 2023 y con horizonte a 2030, todavía presenta una aplicación “insuficiente” y requiere medidas urgentes de cumplimiento por parte del Gobierno.

Diferentes organizaciones ambientales, entre las que se incluyen Greenpeace, Fundación Global Nature, AEMS-Ríos con Vida, la Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima-Fridays For Future, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas y la UGT, coincidieron al expresar la necesidad de un cambio de enfoque profundo en la política nacional para la conservación de los humedales. Según Europa Press, estas entidades no solo insisten en actualizar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y en frenar la legalidad de la desecación, sino también en delimitar y proteger efectivamente los humedales incorporados al dominio público y en identificar restauraciones prioritarias, compromisos aún pendientes pese al plazo ya cumplido para su cumplimiento.

El medio Europa Press reportó que, en la práctica, las actuaciones gubernamentales han abordado solo de forma superficial las causas que explican la degradación acelerada de estos entornos. Amigas de la Tierra señaló que parte importante de las inversiones públicas se ha dirigido a proyectos que no frenan el uso abusivo del recurso hídrico, no alivian la presión de la agroindustria intensiva sobre los humedales y tampoco recuperan su funcionalidad ecológica. En el caso de Doñana, las intervenciones para restaurar los caudales del Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre permanecen paralizadas “en un limbo administrativo” debido a la negativa del Ejecutivo a expropiar los terrenos de la antigua marisma desecada y al nivel de ambición política insuficiente.

Greenpeace, por su parte, consideró que la futura presentación del borrador del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza prevista para agosto de 2026 representa una oportunidad para ordenar y priorizar las intervenciones de recuperación. Según publicó Europa Press, la organización subrayó la necesidad de establecer un listado nacional de humedales que requieran restauración, completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y reforzar la protección del dominio público hidráulico mediante la eliminación de vacíos legales que permiten la desecación de estos espacios.

Europa Press consignó que la transformación agrícola y el desarrollo de infraestructuras han sido responsables de la desaparición de entre el 60% y el 70% del patrimonio húmedo original de España en la segunda mitad del siglo XX, según informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Actualmente, el 75% de los hábitats de agua dulce como lagunas, turberas, lagos y marismas se encuentra en estado de conservación desfavorable, de acuerdo con el más reciente informe de seguimiento de la Directiva Hábitats remitido por España a la Comisión Europea.

Entre los casos concretos señalados en la información de Europa Press se encuentra la laguna de La Janda en Cádiz, que hasta su desecación era la más grande de la península y ahora se explota con fines agrícolas, recibiendo además subvenciones procedentes de la Política Agrícola Común. Las organizaciones argumentan que estas situaciones ilustran la falta de resultados y la persistencia de la presión sobre los humedales.

En cuanto a la biodiversidad, la Fundación Global Nature expuso que, aunque existen registros favorables como el máximo histórico de aves nidificantes en Las Tablas de Daimiel entre 1980 y 2025 o la presencia de especies poco comunes como el porrón acollarado en lagunas de Boada y Pedraza, tales logros no deben distraer de la extrema vulnerabilidad de estos hábitats. Según señaló Europa Press, la fundación advirtió que los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y son cruciales para la regulación del clima y la prevención de fenómenos naturales adversos como sequías, inundaciones o el aumento del nivel del mar.

SEO/BirdLife se refirió a la reducción de las poblaciones de anátidas como una señal de alerta. Esta ONG informó que especies como el ánsar común han experimentado un descenso anual del 11,4% en sus poblaciones invernantes entre 2000 y 2023, mientras que el ánade rabudo disminuyó un 4,9% en el mismo periodo. Según Europa Press, la organización relacionó esta tendencia con la disminución generalizada de aves acuáticas europeas, inviernos más cálidos por el cambio climático y el deterioro de los humedales, lo que impacta en su capacidad para albergar biodiversidad.

El deterioro de estas zonas responde, puntualizó SEO/BirdLife según Europa Press, a factores como la gestión deficiente del agua, el desarrollo agrícola intensivo, la contaminación, la transformación de hábitats y la pérdida de zonas inundables. Se suman a estos las presiones ligadas a la urbanización, la caza y el recreo mal regulado. Frente a estos desafíos, SEO/BirdLife reiteró la urgencia de aplicar las acciones previstas en el Plan Estratégico de Humedales, con énfasis en restauración y en soluciones que aprovechen la naturaleza.

Con motivo del Día Mundial de los Humedales, SEO/BirdLife organizará más de un centenar de actividades educativas y divulgativas sin costo en todo el territorio nacional, con el propósito de generar conciencia acerca de la importancia de estos ecosistemas y los desafíos que enfrentan las aves acuáticas. Según informó Europa Press, la coordinación de estos eventos busca acercar a la sociedad al conocimiento de los valores y función de los humedales, en un contexto donde la evolución legislativa y la acción institucional continúan sin alcanzar los objetivos marcados en la planificación nacional y europea.

Thomas Gelin, representante de Greenpeace ante la Unión Europea, sostuvo que “Europa se vio obligada a financiar la guerra de Putin debido a su enorme dependencia de los combustibles rusos”, señalando el riesgo de que, al cambiar de proveedor sin transformar el modelo energético, se entregue el mismo poder “a otros matones como Trump”. Con esta afirmación, el activista recuperó la atención sobre la decisión adoptada por los Estados miembro de la UE de prohibir desde 2027 las importaciones de gas ruso, y sobre la advertencia de Greenpeace de que sustituir este abastecimiento por gas proveniente de Estados Unidos puede reproducir formas de dependencia que la Unión busca erradicar.

La movilización organizada el lunes por Greenpeace tuvo lugar frente al edificio del Consejo de la UE, donde activistas instalaron muñecos hinchables de gran tamaño con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario ruso, Vladimir Putin. Según informó el medio, a través de esta acción la organización pidió a la Unión Europea que su salida del gas ruso no se traduzca en una transición hacia el gas estadounidense, sino en la adopción masiva de energías renovables. Una pancarta con la leyenda “Libérense de los tiranos” sintetizó la demanda dirigida a los responsables políticos reunidos para aprobar la hoja de ruta de la desvinculación energética de Rusia.

Greenpeace alertó a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales sobre el riesgo de reemplazar un monopolio por otro: “La UE corre el riesgo de desarrollar una peligrosa dependencia de otros autócratas como Donald Trump si los combustibles rusos se sustituyen por otras importaciones en lugar de adoptar energías limpias”, manifestó la organización según consignó la fuente. El análisis responde al contexto en que la UE acordó la eliminación progresiva, desde dentro de dos años, de las importaciones de gas por gasoducto y gas natural licuado de Rusia, una medida que fue destacada por Greenpeace como necesaria, pero que, de acuerdo a sus voceros, requiere acompañarse de una hoja de ruta realmente transformadora del sistema energético europeo.

El medio señaló que esta advertencia se contextualiza también en el marco de los acuerdos entre la UE y Estados Unidos. Greenpeace denunció que Bruselas ha prometido la compra de productos energéticos estadounidenses —incluyendo gas natural licuado— por un valor de 750.000 millones de dólares, en un intento de evitar la imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense. Según la organización ecologista, estos compromisos multimillonarios podrían trasladar la dependencia de Rusia a otro gran proveedor externo, con las implicancias políticas y económicas que conlleva confiar en actores como la Casa Blanca para la seguridad energética del bloque.

La protesta coincidió con la reunión de los secretarios de Estado en el Consejo de la Unión Europea, instancia en que se aprobó de manera formal el calendario para acabar de forma definitiva con la importación de gas ruso. Para Greenpeace, este es solo un primer paso; la organización consideró indispensable que los Estados miembro opten de manera prioritaria por la inversión en fuentes renovables como solar y eólica, en vez de perpetuar la utilización de combustibles fósiles. Thomas Gelin ilustró la comparación con una metáfora: “No se puede cambiar del vodka al bourbon y esperar que se te pase la borrachera; en algún momento hay que dejar el alcohol y empezar a beber agua”, declaró, según publicó el medio, para enfatizar la necesidad de una transformación profunda de la matriz energética europea.

La preocupación de Greenpeace no solo está dirigida a evitar la dependencia de otros proveedores que puedan tener un control monopólico sobre el suministro energético, sino también a la urgencia de frenar la expansión del uso de combustibles fósiles, dada su contribución al cambio climático. La organización sostiene que impulsar acuerdos de importación de gas con Estados Unidos o cualquier otro actor ajeno a la UE compromete los objetivos europeos en materia de neutralidad de carbono y autonomía estratégica. Además, Greenpeace remarcó que los contratos actuales y futuros de importación pueden atar a los países europeos a infraestructuras de gas por décadas, obstaculizando así la transición hacia fuentes limpias.

La acción desplegada en Bruselas forma parte de una serie de campañas que Greenpeace ha intensificado en diferentes países de la Unión Europea, conforme los gobiernos negocian alternativas para cubrir la demanda energética tras la reducción de la oferta rusa. Según informó el medio, la organización busca influir en las negociaciones políticas para que éstas no culminen en nuevos acuerdos de dependencia energética con socios cuyas políticas o gobiernos puedan suponer retos estratégicos o amenazas al interés común europeo.

De acuerdo con la información suministrada, el llamado de Greenpeace se dirige tanto a los responsables de la toma de decisiones en la UE como a la sociedad civil. La organización demanda un cambio estructural, instando a los Estados miembro a dejar de lado los combustibles fósiles y a optar por la inversión y el desarrollo de tecnologías renovables que permitan asegurar una mayor autosuficiencia y contribuir a los compromisos ambientales internacionales.

El seguimiento de esta protesta y las reacciones de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales serán decisivos para definir la orientación de la política energética de la UE en los próximos años, según reportó el medio. Greenpeace advierte que el éxito de la eliminación del gas ruso dependerá de la capacidad de los Estados miembro para evitar nuevas dependencias y acelerar la transición hacia un modelo sustentado en energías renovables.

La proporción de subvenciones agrarias que se destina a un número reducido de grandes propietarios y empresas agrícolas configura un panorama desigual en la distribución de fondos europeos, según el informe publicado este martes por la oficina europea de Greenpeace. El documento revela que, en España, apenas el 1% de los beneficiarios recibe el 28% de los recursos asignados por la Política Agrícola Común (PAC), y en Países Bajos ese grupo concentra un 40% del total. El medio detalló que la organización ambientalista exige modificar los criterios de reparto y solicita que como mínimo la mitad del presupuesto de la PAC se oriente de forma prioritaria a iniciativas centradas en el clima y el medio ambiente antes del cierre del actual periodo de programación.

Según el análisis realizado por Greenpeace, la investigación agrupó datos de seis países de la Unión Europea: República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos y España. En todos ellos, el 10% de los principales receptores de fondos percibe de media dos tercios del total de las ayudas disponibles, mientras que el 20% superior recibe alrededor del 80%. En concreto para España, el 10% recibe el 62% del dinero asignado por la PAC, y cuando se amplía al 20%, el porcentaje asciende al 79%. El informe aclara que, en el caso de los pagos directos —aquellos destinados específicamente a preservar la renta de los agricultores—, el 20% de las mayores explotaciones capta el 74% de los fondos correspondientes en territorio español.

De acuerdo con el informe de Greenpeace, esta alta concentración de los recursos de la PAC genera un efecto que repercute en la viabilidad de la agricultura a pequeña escala en Europa. El trabajo de la organización indica que dos millones de explotaciones, lo que representa el 44% del total, han reducido su tamaño o han dejado de existir. En España, durante el periodo entre 2007 y 2011, cerca del 36% de las explotaciones desaparecieron, a pesar de que estas representaban más del 60% del conjunto nacional.

Según publicó Greenpeace, la dinámica actual de distribución de subvenciones agrícolas beneficia fundamentalmente a propietarios ricos y explotaciones industriales, dejando al margen a productores vulnerables y entorpeciendo la transición hacia modelos agrícolas más sostenibles. La organización advierte que las ayudas se "quedan en manos de los ricos" y no facilitan suficiente respaldo a quienes se encuentran en situaciones críticas de viabilidad económica, ni a pequeñas explotaciones agroecológicas ni a productores interesados en adoptar prácticas respetuosas con el entorno.

El medio también reportó que la publicación del informe coincide con el contexto de las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para los próximos años. En este marco, Greenpeace remite una serie de demandas dirigidas a las autoridades de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Entre las propuestas de la organización figura la supresión gradual de los pagos directos basados únicamente en superficie agrícola, y la puesta en marcha de un sistema que priorice el apoyo a las explotaciones con mayor valor ecológico y social.

La investigación difundida por la ONG detalla también la petición de establecer escalas de ayudas decrecientes y límites máximos por beneficiario, de modo que se evite la acumulación de fondos públicos en manos de grandes propietarios y se favorezca una distribución más equitativa entre los distintos modelos agrarios. Greenpeace concluye que, sin cambios sustanciales en los mecanismos de asignación, la PAC seguirá siendo un instrumento que refuerza las desigualdades en el sector agrícola europeo, excluyendo a quienes optan por modelos productivos sostenibles y dejando sin apoyo suficiente a los pequeños agricultores, especialmente en el contexto actual de adaptación a los desafíos climáticos y ambientales.

Las obligaciones para proteger especies y hábitats marinos clave entrarán en vigor de inmediato tras la adopción de mecanismos legales internacionales, según informaron representantes de la High Seas Alliance en una reciente rueda de prensa. El Tratado de los Océanos, conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés, comienza a aplicarse este sábado 17 de enero tras ser ratificado por 83 Estados y firmado por 145 países. La Corriente de las Islas Canarias, situada frente a la costa atlántica de África Occidental, figura entre las áreas candidatas a convertirse en zona protegida bajo este nuevo acuerdo. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la entrada en vigencia del tratado requiere a los países miembros evaluar las actividades previstas tanto dentro como fuera de su jurisdicción nacional y aplicar nuevas políticas ambientales que incluyan el establecimiento de una red mundial de Áreas Marinas Protegidas en alta mar.

Según detalló Europa Press, este tratado se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, aunque introduce medidas adicionales para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Su estructura legal fortalece la cooperación entre países y organismos internacionales, considerada por Naciones Unidas como un elemento esencial para cumplir los objetivos tanto de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible como del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal. Una prioridad del acuerdo es garantizar el reparto equitativo de los beneficios generados por el uso de los recursos genéticos marinos y la protección de ecosistemas vitales, así como los fondos oceánicos, mediante la creación de zonas protegidas y el establecimiento de mecanismos para evaluar el impacto de la actividad humana en alta mar.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, entre las principales obligaciones que adquieren los Estados parte del BBNJ destaca la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para todas las actividades que pudieran afectar a ecosistemas fuera de su jurisdicción nacional o que, desde territorios bajo su control, generen consecuencias significativas en alta mar. Además, los países firmantes deberán establecer políticas para asegurar la notificación, el reporte y la distribución justa de los beneficios procedentes de actividades relacionadas con los recursos genéticos en alta mar. El acuerdo también fomenta la colaboración internacional y el intercambio de tecnología marina, especialmente en apoyo a los países en desarrollo, facilitando el cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los firmantes.

Según explicó la coordinadora regional para Asia de la High Seas Alliance, Reza Sakharjahukos, algunas de estas medidas serán obligatorias desde el mismo día de entrada en vigor del tratado. Sakharjahukos puntualizó en rueda de prensa que, aunque ciertas disposiciones dependen de la futura creación de instituciones y comités específicos del BBNJ, ya existen ámbitos de cooperación donde los países parte pueden aplicar medidas concretas a partir de ahora.

El texto del acuerdo establece que, tras su entrada en vigor, los países deberán celebrar su primera Conferencia de las Partes antes del 17 de enero de 2027 en Nueva York, según consignó Europa Press. Varias organizaciones internacionales, como Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han dirigido exhortaciones a los gobiernos para que actúen sin demora en la identificación de nuevas áreas marinas protegidas. Datos facilitados por Greenpeace y reproducidos por Europa Press señalan que pasar del actual "1%" de áreas de alta mar protegidas al "30%" en solo cuatro años requerirá designar áreas oceánicas más extensas que varios continentes y a un ritmo más acelerado que cualquier esfuerzo previo de conservación. Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos en Greenpeace, enfatizó la necesidad de que los gobiernos actúen para obligar a la industria pesquera y otros sectores económicos a priorizar la protección de los océanos.

En el contexto español, Europa Press informó que Greenpeace subraya la importancia de que el gobierno reafirme su compromiso con la protección del medio marino y tome la iniciativa en la propuesta de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales. Por su parte, SEO/BirdLife expresó a Europa Press su objetivo de involucrar a administraciones, sectores productivos y otros actores en la designación eficaz y la gestión de nuevas áreas marinas protegidas esenciales para diversas especies marinas, incluidos mamíferos, tortugas, peces y aves marinas, y mantener la conectividad de sus rutas migratorias.

SEO/BirdLife evaluó como viable la meta de que España alcance el 30% de protección de su superficie marina para 2030, aunque señaló la necesidad de implementar planes de gestión efectivos. Según lo publicado por Europa Press, actualmente solamente algunos espacios costeros bajo competencia autonómica, junto con el monte submarino de "El Cachucho" en el Cantábrico, cuentan con planes de gestión aprobados. En este sentido, SEO/BirdLife sostiene que el impulso del nuevo tratado debe servir para avanzar en la gestión efectiva de los espacios marítimos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de España.

WWF adoptó una postura que reclama la colaboración tanto de gobiernos como de la iniciativa privada en la aplicación del tratado. Jessica Battle, experta en gobernanza y políticas oceánicas globales en la organización, declaró a Europa Press que la participación de todos los usuarios del océano resulta esencial para preservar la vida marina y los servicios ecosistémicos. Battle subrayó que la conservación solo es posible si la salud de los océanos se sitúa como prioridad en actividades como la pesca y el transporte marítimo.

El Tratado de los Océanos introduce, además, un marco financiero que respalda la implementación de las medidas adoptadas y un sistema para la resolución de conflictos derivados de su aplicación, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. El documento incluye objetivos para la transferencia de tecnología marina y la cooperación científico-técnica, orientados principalmente a facilitar la aplicación práctica de los compromisos entre los signatarios, prestando especial atención a las necesidades de los Estados con menores capacidades en la materia.

La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar marca el inicio de un proceso internacional enfocado en conservar aproximadamente dos tercios de los océanos del planeta y regular la explotación de sus recursos. A partir de ahora, los países adheridos asumen responsabilidades inmediatas para evaluar y limitar actividades con impacto negativo en la biodiversidad, establecer nuevas áreas protegidas e impulsar la transferencia de beneficios relacionados con los recursos genéticos marinos, según reiteró Europa Press.

El informe "Davos in the Sky" de Greenpeace describe que durante la semana del Foro Económico Mundial de 2025 en Davos se contabilizaron 709 vuelos de jets privados, cifra que representa casi uno de cada cuatro asistentes al evento. De acuerdo con la organización ambiental, este incremento en el uso de aviones privados no responde a una mayor asistencia, sino a múltiples desplazamientos de las mismas aeronaves, situación que convierte a la región en un punto central de operaciones para este tipo de transporte en el marco del foro. Según informó Greenpeace, este aumento ha sido progresivo: en 2024 se registraron 628 vuelos y en 2023 la cifra fue de 227, lo que implica un crecimiento de más del triple en solo dos años.

La ONG alerta sobre el carácter “altamente contaminante” de los jets privados, subrayando que, pese a que la asistencia a las reuniones de Davos se mantiene estable, el tráfico de aviones de lujo continúa en expansión. Tal como detalló Greenpeace, en 2024 y 2025 varias aeronaves realizaron diversos traslados durante la misma semana, lo que enfatiza su uso recurrente y no exclusivo para la llegada y salida de los participantes, sino también como traslados cortos y segmentados a modo de "taxis aéreos". Según publicó Greenpeace, este fenómeno de vuelos repetidos contribuye significativamente a la huella de carbono del evento.

En el documento presentado, Greenpeace señala que existen numerosos casos de “ineficiencia extrema”. Dichos casos incluyen los vuelos cortos de ida y vuelta, realizados exclusivamente para dejar o recoger pasajeros, aunque los trayectos puedan cubrirse en trenes diurnos o nocturnos según datos de la organización. Según consignó el informe, el 70% de estas rutas podrían haberse realizado por tren en una sola jornada. Además, se destaca que un solo vuelo privado desde Arabia Saudí hasta Davos puede producir más de 42 toneladas de CO2, cifra comparable con las emisiones anuales de siete personas en Europa.

El análisis de Greenpeace vincula este escenario con una “regulación laxa” y una “fiscalidad insuficiente” para el sector del transporte aéreo de lujo. La ONG comparó la situación de los jets privados con los billetes de primera clase y clase business, que generan entre cuatro y cinco veces más dióxido de carbono por pasajero que los pasajes en clase turista. Según reportó el medio, actualmente no existe ninguna restricción o gravamen a nivel de la Unión Europea ni de España sobre los viajes en aviones exclusivos operados por una minoría.

Cristina Arjona, quien coordina la campaña de movilidad de Greenpeace, sostuvo según el medio que, ante los efectos visibles del cambio climático, resulta contradictorio que “la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos y avances globales, mientras literalmente intoxican el planeta con las emisiones de sus jets privados, que son verdaderas bombas climáticas”. Arjona expresó que “es hora de actuar”, reclamando que los gobiernos apliquen medidas que limiten la contaminación de los vuelos de lujo, y que implementen “nuevos impuestos” para que los sectores más acomodados asuman su responsabilidad ambiental.

El documento subraya también la falta de avances en materia de regulación fiscal efectiva para este tipo de transporte. De acuerdo con Greenpeace, aunque iniciativas políticas en foros internacionales como la Cumbre de Sevilla y la COP30 han recibido apoyo para establecer tasas globales a billetes de clase business y primera clase, aún no se plasman “compromisos claros” para su aplicación real.

Greenpeace demanda a las instituciones europeas y a los gobiernos de los países miembros que adopten medidas concretas y establezcan impuestos efectivos sobre los vuelos de lujo. La organización propone asignar estos ingresos fiscales a la mejora del transporte público y a la financiación de acciones que combatan la desigualdad y fortalezcan la justicia climática. En el caso de España, el colectivo sostiene que la recaudación podría destinarse al refuerzo del abono único de transporte recientemente implantado y también a programas de justicia climática global.

El informe también destaca el respaldo de Greenpeace a las negociaciones del Convenio Fiscal de las Naciones Unidas (UNFCITC) para aprobar nuevas normativas fiscales internacionales hasta 2027. Según destacó la ONG, se aboga por la inclusión de un impuesto global a la “riqueza extrema”, que abarque tanto los vuelos en jets privados como los billetes de primera clase y business, a fin de regular una actividad que, según sus análisis, multiplica los impactos negativos en el clima y amplía la brecha en materia de responsabilidad ambiental.

Greenpeace concluye que la inacción ante el crecimiento de los vuelos de lujo distingue un fenómeno donde la eficiencia del transporte queda supeditada al poder adquisitivo, sin que existan aún mecanismos regulatorios robustos que frenen su impacto climático. Según reiteró la ONG, la introducción de impuestos efectivos no solo permitiría abordar la desigualdad, sino también canalizar recursos hacia la acción climática y la transformación de los sistemas de movilidad en beneficio de la mayoría.

El tratado internacional impulsado desde 2004 para reforzar la protección de la alta mar experimentó un giro decisivo tras completar el número mínimo de ratificaciones necesarias, según consignó Europa Press. El 17 de enero marca la entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos, también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ (por sus siglas en inglés), tras ser ratificado por 81 Estados. No obstante, esta puesta en práctica se realiza sin el respaldo definitivo de Estados Unidos, que aún no ha completado la ratificación pese a haber firmado el documento en la administración de Joe Biden.

De acuerdo con Europa Press, la adopción de este tratado —que ya cuenta con la firma de 145 países— se produce en un contexto de desafíos geopolíticos y ambientales, acentuados por la retirada de Estados Unidos de diversas estructuras multilaterales orientadas a la protección ambiental, durante el mandato de Donald Trump. La ausencia del apoyo estadounidense plantea interrogantes en torno a la implementación práctica y el alcance global del acuerdo.

El pacto se estructura sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y fortalece el andamiaje jurídico internacional para la salvaguarda y explotación sustentable de la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales. Entre sus medidas incluye la creación de zonas protegidas en áreas oceánicas internacionales, el establecimiento de sistemas de evaluación para actividades que puedan afectar a los océanos y la promoción de mecanismos de cooperación y transferencia tecnológica —especialmente destinada a países menos industrializados— para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones. Europa Press reportó que también está previsto un fondo específico para financiar estas acciones y un procedimiento para dirimir controversias entre las partes.

Una de las aspiraciones centrales del BBNJ reside en asegurar “un reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos en beneficio de la humanidad en su conjunto”, según recoge el texto. Esta visión de equidad se incorpora tanto en las cláusulas sobre distribución de recursos como en los procedimientos para la adopción de decisiones colectivas; en casos donde no sea posible llegar a un consenso, las resoluciones se aprobarán por mayoría de tres cuartas partes, de acuerdo con lo informado por la asesora de la Alianza de Alta Mar, Nathalie Rey.

Representantes de organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la propia Alianza de Alta Mar y Greenpeace han valorado el tratado como un avance. Heidi Weiskel, gerente sénior del Programa de Océanos de la UICN, subrayó la importancia de la gestión de la alta mar en la preservación de la vida humana y destacó que “si no protegemos la alta mar, ponemos en peligro no solo el océano y sus especies, sino también nuestro propio bienestar. No podemos sobrevivir en la Tierra sin un océano sano. Nos proporciona alimentos marinos y productos de los que dependemos para nuestra supervivencia, y además regula nuestro clima”. Weiskel puntualizó la diferencia entre los desafíos de la protección oceánica y los vinculados al clima, remarcando que los primeros resultan más tangibles para la ciudadanía.

El acuerdo impulsará el establecimiento de áreas marinas protegidas y obligaciones para evaluar los impactos de actividades como la pesca, el transporte marítimo o las exploraciones mineras sobre los ecosistemas oceánicos, según detalló Europa Press. El BBNJ busca acelerar la creación de estos espacios, lo que podría permitir proteger hasta el 30% de los mares en 2030. La portavoz de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual, reiteró la necesidad de alcanzar este objetivo, lo que requerirá proteger una superficie equivalente a más de doce millones de kilómetros cuadrados anuales, semejante al territorio de Canadá cada año.

Europa Press recogió que España figura entre los países que han liderado la ratificación, siendo el primero de la Unión Europea en formalizar el proceso, lo que se concretó el 4 de febrero con la participación institucional conjunta de la ministra de Transición Ecológica y ONG como Greenpeace. Las organizaciones ambientales han señalado zonas prioritarias para la protección, incluyendo un área situada frente a la costa occidental de África, en la convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea. Desde Greenpeace han pedido al gobierno español que impulse o respalde la protección de ese espacio y otras áreas en riesgo.

El tratado también incorpora disposiciones para reducir conductas ilegales en alta mar, como el exceso de velocidad y ruido en los corredores migratorios, que afectan a la biodiversidad marina. Según la doctora Weiskel, la implementación del acuerdo podría traer mejoras evidentes en la recuperación de comunidades y especies marinas si disminuyen algunas presiones directas, ya que en ocasiones los resultados pueden observarse en plazos relativamente cortos. “Sé que es muy optimista verlo en un par de años, pero es notable la rapidez con la que algunas comunidades y especies marinas se recuperan cuando se liberan de esas presiones inmediatas tan intensas”, expresó, según citó Europa Press.

La gestión práctica del tratado recaerá en la Conferencia de Partes, cuya primera edición se prevé celebrar en el plazo de un año. Aún quedan definiciones técnicas y logísticas pendientes, como admitió Weiskel, aunque, según el medio, existe una amplia expectativa entre gobiernos y organizaciones para presentar propuestas concretas de áreas protegidas.

Nathalie Rey, asesora de la Alianza de Alta Mar y coordinadora de la Unión Europea, resaltó la fuerza del texto como ejemplo de multilateralismo y ponderó el equilibrio entre conservación y equidad, sosteniendo ante Europa Press que este componente ha sido esencial para sumar apoyos intergubernamentales. “No sólo gira en torno a la conservación, sino también a la equidad, la justicia y la distribución de beneficios, y creo que eso también ha sido una fuerza impulsora clave”, manifestó Rey.

Aunque la implementación de los acuerdos ambientales globales suele tomar décadas para alcanzar los resultados propuestos, algunas voces técnico-científicas estiman que el BBNJ podría producir beneficios en plazos más acotados, especialmente si se logra frenar las amenazas más apremiantes que enfrentan ciertas especies. A juicio de las organizaciones involucradas, el tratado representa una oportunidad inédita para coordinar la protección, uso racional y acceso equitativo a los recursos de la alta mar, subrayó Europa Press.

La entrada en vigor del BBNJ coincide con una etapa en la que, según varias ONG, la agenda climática mundial se ha visto relegada o bloqueada por posiciones gubernamentales como las de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. A pesar de estos obstáculos, la consolidación del tratado se interpreta como un logro de la diplomacia multilateral y de la actuación concertada entre países, organismos internacionales y sociedad civil, que vienen impulsando el marco legal para la preservación de los océanos y su biodiversidad desde hace casi dos décadas.

El texto del tratado ofrece instrumentos para resolver disputas entre estados parte y establece un modelo financiero para apoyar su implementación, incorporando específicamente la cooperación tecnológica como vía para fortalecer capacidades en los países en desarrollo. De acuerdo con Europa Press, el BBNJ busca alinear sus metas con los objetivos globales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal, reforzando el compromiso multilateral con la protección de los océanos y el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos marinos.

Las negociaciones entre la Unión Europea y el bloque de países sudamericanos Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, continúan generando polémica debido a la preocupación de que el acuerdo comercial propuesto pueda afectar negativamente a la selva amazónica y dificultar las acciones globales frente al cambio climático, según expresó Greenpeace en declaraciones recogidas por Europa Press. La organización ambientalista criticó la inminente firma del tratado, alertando sobre su impacto ambiental y la falta de transparencia en el proceso de negociación, aspectos que han generado oposición tanto en América del Sur como en Europa.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea viajar la próxima semana a Paraguay para formalizar la firma del acuerdo comercial con Mercosur. Esta acción se llevará a cabo aun cuando el Parlamento Europeo aún no ha manifestado formalmente su apoyo al tratado, un hecho que preocupa a organizaciones ambientales y a algunos sectores políticos. Representantes de Greenpeace consideraron que la Comisión Europea actúa como si el acuerdo ya fuera definitivo, aunque la ratificación aún depende de varios parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, que conserva la capacidad tanto de aprobarlo como de rechazarlo, aunque no podrá introducir modificaciones al texto pactado.

Greenpeace consideró el acuerdo como un obstáculo para la transición ecológica y los esfuerzos internacionales dirigidos a combatir la emergencia climática. Lis Cunha, portavoz de Greenpeace en la Unión Europea, declaró que ningún eurodiputado progresista que defienda la protección de los bosques debería apoyar la ratificación de este acuerdo, al que describió como perjudicial para la selva amazónica. La portavoz subrayó que el tratado resulta impopular y que la Comisión estaría proyectando una imagen de confianza en Paraguay, mientras las objeciones persisten en el seno del Parlamento Europeo y en la opinión pública.

En la misma línea, Rómulo Batista, representante de la oficina brasileña de Greenpeace, advirtió que el acuerdo se ha negociado "sin participación social ni transparencia". Batista remarcó que el documento tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales para la sociedad brasileña, la Amazonía y otros países del bloque Mercosur. Estas opiniones coinciden con las críticas expresadas por diversos sectores e instituciones a lo largo del proceso, especialmente en lo que se refiere a la protección de los ecosistemas y la consulta a la ciudadanía.

La decisión de avanzar hacia la firma del acuerdo recibió luz verde este viernes por parte de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, con una mayoría calificada, en el marco de una reunión a nivel de embajadores en Bruselas. Según detalló Europa Press, esta aprobación antecedió a la formalización de salvaguardas destinadas a reforzar la protección del sector agroalimentario en Europa, acuerdos que se negociaron durante diciembre pasado. Tras la conclusión del procedimiento escrito, programada para las 17:00 horas de ese mismo día, la Comisión Europea quedó habilitada oficialmente para proceder a la firma del tratado.

Pese al avance, el visto bueno de los Estados miembro no fue unánime. Los gobiernos de Francia y Hungría expresaron su rechazo durante las deliberaciones, aunque no consiguieron bloquear el mandato final debido al sistema de mayoría calificada que regula estas decisiones. La posición de estos países refleja las divisiones internas dentro del bloque europeo en relación con los posibles efectos del acuerdo sobre la agricultura y el medio ambiente.

El medio Europa Press consignó que, junto con Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, participará en la suscripción del tratado con los países de Mercosur. La firma permitirá que el componente comercial del acuerdo entre en vigor de manera inmediata y provisional, hasta que concluya el proceso de ratificación completo en ambas regiones y se obtenga la aprobación definitiva de los órganos legislativos pertinentes.

El procedimiento de ratificación requiere el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los países involucrados. Los eurodiputados tendrán la opción de aceptar o rechazar el acuerdo, pero no de modificarlo, lo que también ha sido motivo de debate y objeciones entre diferentes sectores políticos y sociales. Greenpreace advirtió que la forma en que se desarrolla el proceso puede limitar la participación democrática y la transparencia en la toma de decisiones sobre temas con consecuencias ambientales de gran escala.

La crítica principal de las organizaciones ambientales radica en que el acuerdo, tal como está formulado, podría incrementar la presión sobre los recursos naturales en la Amazonía, ya que facilitaría el comercio de productos agrícolas y ganaderos asociados a la deforestación y otros problemas ecológicos. Según reportó Europa Press, Greenpeace subrayó la necesidad de debatir públicamente los términos del tratado y sus posibles implicancias, enfatizando la importancia de involucrar a la sociedad civil y a expertos ambientales en la evaluación de sus riesgos y beneficios.

Los países sudamericanos que conforman Mercosur, junto con la Unión Europea, han negociado durante años los términos de este acuerdo, cuyo objetivo declarado es fomentar los intercambios comerciales y la cooperación estratégica. Las negociaciones han incluido discusiones sobre la protección de los sectores productivos europeos, especialmente en el ámbito agroalimentario, así como el establecimiento de mecanismos de salvaguarda frente a prácticas que puedan afectar a las economías locales y al ambiente.

El contenido del acuerdo y la premura en su aprobación han encendido el debate tanto en Europa como en América del Sur sobre los límites y responsabilidades en materia de comercio internacional, desarrollo sostenible y protección de los ecosistemas críticos, como la Amazonía. Según la información de Europa Press, la postura de los sectores críticos se basa en la demanda de mayores garantías para el respeto de los derechos sociales, ambientales y de participación en el proceso decidor.

El futuro del acuerdo depende ahora de los próximos pasos legislativos y políticos en ambas regiones, mientras sectores ambientalistas, sociales y algunos gobiernos nacionales siguen manifestando su preocupación y demandan que se consideren a fondo las consecuencias del tratado antes de su ratificación definitiva.

El encuentro ambiental internacional convocado en Santa Marta para abril de 2026, impulsado por Colombia y Países Bajos con el objetivo de abordar una transición global hacia el abandono de los combustibles fósiles bajo criterios de justicia social, se perfila como uno de los puntos más destacados de la agenda medioambiental del año. Este evento cobra relevancia ante una serie de desafíos en políticas ornamentales y en la gestión de sectores estratégicos, según informó Europa Press, que recogió el diagnóstico de organizaciones ecologistas sobre los principales frentes abiertos hasta 2026.

De acuerdo con Europa Press, diversas ONG ambientalistas han identificado cuestiones clave como el debate sobre la protección del lobo ibérico, la regulación acerca de la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios, y la aparición de una tendencia desreguladora en la normativa europea, que ya estaría afectando la legislación ambiental. Las asociaciones agroganaderas y ecologistas consultadas por Europa Press describieron una situación de “tensa calma” en torno al estatus del lobo, a la espera de la entrega del informe sexenal sobre la especie a Bruselas, trámite que permitirá clarificar oficialmente si se habilita o prohíbe la caza de la especie. Adicionalmente, está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo frente a las controvertidas disposiciones de la normativa vigente, lo que podría definir la legalidad de los actuales planes de gestión.

En paralelo, la regulación veterinaria sigue siendo motivo de enfrentamiento entre el sector profesional y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La controversia afecta a la Ley del medicamento y a la exigencia, por parte de los veterinarios, de una normativa alineada con el Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios y acorde a las realidades sanitarias del sector. Estos puntos, según publicó Europa Press, forman parte de una agenda en la que también influye la crisis de la peste porcina africana, con el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, señalando que la gestión de esta enfermedad representará la prioridad inicial del año para los cazadores, quienes prestarán apoyo a las autoridades en la contención del problema.

El calendario nuclear se mantiene como otro asunto relevante, principalmente por la posible prórroga de la central de Almaraz, en Extremadura, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2028, aunque una decisión gubernamental podría modificar el cronograma. El Gobierno, según reportó Europa Press, ha reiterado su compromiso con la seguridad de las centrales, la continuidad del suministro eléctrico sin que los costes recaigan en la ciudadanía, y la seguridad en las instalaciones. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha solicitado información a los responsables de la central para preparar el informe obligatorio que permita avanzar con el proceso administrativo.

Respecto a la agenda ambiental legislativa, el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática —aprobado tras una ola de incendios en agosto de 2025— continuará desarrollando sus políticas a lo largo de 2026. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, manifestó a Europa Press la necesidad de avanzar hacia la implementación efectiva del Tratado de los Océanos, que entrará en vigor el 17 de enero, y abogó por una reforma fiscal que incremente la presión sobre los grandes contaminadores. Saldaña subrayó también que Greenpeace persistirá en su exigencia de una moratoria sobre las macrogranjas y en la promoción de una transición agroalimentaria sustentada en la agroecología. Según reportó Europa Press, la organización vigilará además las políticas gubernamentales relacionadas con la vivienda digna, asequible y sostenible, y valoró de manera positiva los logros en el Pacto de Estado en cuestiones agropecuarias, aunque reclamó una mayor ambición en el área de mitigación climática.

La “ola de desregulación” de políticas ambientales en la Unión Europea fue una advertencia reiterada por representantes de diversas organizaciones, entre ellos Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, y Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra. Del Olmo alertó a Europa Press sobre la existencia de un nuevo “paquete ómnibus” normativo que, bajo su análisis, buscaría disminuir los niveles de protección de recursos hídricos y biodiversidad. Para WWF, según consignó Europa Press, España debe intensificar sus esfuerzos en la protección de ecosistemas y recursos acuáticos, así como velar por el cumplimiento riguroso de la agenda ambiental, mientras que Del Olmo consideró fundamental profundizar en un modelo energético más equitativo y aumentar la inversión en prevención de incendios, implicando el fortalecimiento del medio rural, la promoción de la ganadería extensiva y el manejo forestal sostenible. También destacó la importancia de que la nueva planificación hidrológica incorpore caudales ecológicos en zonas húmedas y cauces fluviales. Para el dirigente de WWF, la revisión y mejora del Pacto de Estado sigue siendo una necesidad prioritaria.

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, expresó a Europa Press la urgencia de superar la situación generada por la crisis climática y ambiental, señalando la voluntad de la organización de contrarrestar los discursos negacionistas mediante argumentos basados en datos científicos y la activación de iniciativas de incidencia. Según Ruiz, la respuesta para 2026 se articulará a través de la ciencia, la acción y el diálogo público, herramientas que SEO/BirdLife empleará para afrontar los retos planteados.

Blanca Ruibal, de Amigas de la Tierra, consideró en declaraciones difundidas por Europa Press que el Pacto de Estado debería traducirse en políticas que mejoren la vida de la población y reduzcan el impacto ecológico. Ruibal instó a promover la rehabilitación eficiente de viviendas, garantizar el derecho a la reparación y prolongación de la vida útil de productos, renaturalizar los espacios urbanos y transformar el modelo agroalimentario. Sumó como preocupación la obligación gubernamental de presentar un Plan de Restauración de la Naturaleza de carácter ambicioso y orientado a potenciar el rol de la ciudadanía. Al mismo tiempo, advirtió sobre falsas soluciones como la inclusión de emisiones del mercado internacional en los objetivos europeos de reducción de gases y sobre el riesgo de intensificación de la actividad extractiva nacional. En relación directa con la agroindustria, Ruibal aludió a la peste porcina africana y enfatizó ante Europa Press la urgencia de reducir el número de explotaciones porcinas y promover una transición justa en el sector.

En lo que respecta a la caza y la regulación cinegética, Escandell puntualizó también a Europa Press que la Federación Española de Caza se mantiene alerta frente al posible endurecimiento de la regulación europea sobre el plomo, calificando la situación como una amenaza inminente para el sector. Añadió que las especies migratorias, especialmente la codorniz, se encuentran bajo la lupa de las autoridades comunitarias, y afirmó que la organización continuará defendiendo la sostenibilidad de la caza de esta especie con la presentación de datos justificativos ante las instancias europeas.

Las organizaciones ecologistas, agrupaciones agroganaderas y sectores vinculados a la gestión del medio ambiente y la energía presentan un panorama diversificado de retos y exigencias para 2026, donde la colaboración internacional, la vigilancia de las políticas nacionales y europeas, la contención de emergencias sanitarias en la ganadería y la actualización de las agendas legislativas y fiscales configuran los focos de atención fundamental, según recopiló Europa Press.

La organización Greenpeace México comunicó a EFE que este fenómeno implica un incremento considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero, debido al mayor desperdicio de alimentos y la sobreproducción de residuos típicos de la temporada navideña. Viridiana Lázaro, vocera y campañista de la organización, sostuvo que hasta un 40% de la comida elaborada para las fiestas puede terminar en la basura. Lázaro señaló que la principal causa radica en la falta de planificación de los menús y cantidades, lo que lleva a comprar y preparar más de lo necesario y, en consecuencia, desechar excedentes.

La agencia EFE recogió que el desperdicio de alimentos es responsable de casi el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero cada año, contribuyendo negativamente a los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático. La situación se agrava en metrópolis como la Ciudad de México, donde el volumen de basura registrado durante diciembre alcanza niveles superiores en comparación con otros periodos, con incrementos de hasta 30% respecto a las cifras habituales, reportó EFE. La cantidad acumulada supera la capacidad de gestión diaria de los sistemas municipales de recolección y tratamiento, según la opinión de Greenpeace recogida por el medio.

En términos de gestión y tratamiento, Delfina Corsi, subdirectora de Campus Sustentables y Vinculación de la UNAM, declaró a EFE que las plantas de procesamiento de residuos enfrentan incrementos superiores al 10% en su volumen de trabajo durante estas semanas. Corsi calificó este fenómeno como una "prueba de estrés" para la red de tratamiento de desechos. A su juicio, diciembre representa un "acelerador" en el consumo y provoca un "pico" en la generación anual de residuos, dada la presión derivada de las festividades.

La agencia EFE informó que este contexto genera preocupaciones ecológicas, entre las que se incluye el posible riesgo de saturación o incluso colapso de los sistemas de tratamiento en urbes densamente pobladas como la capital del país, que en su área metropolitana supera los 21 millones de habitantes. El aumento del número de personas involucradas en actividades sociales y culinarias típicas de fin de año intensifica la producción de basura y demanda energética. Greenpeace estimó para EFE que el consumo de electricidad en hogares y negocios durante las festividades también escala aproximadamente en un 30%.

Frente a este panorama, Greenpeace recordó a la agencia EFE que los ciudadanos pueden contribuir mediante decisiones cotidianas que favorezcan la reducción del impacto ambiental, tales como elegir decoraciones navideñas con criterios de sostenibilidad o disminuir el consumo de energía eléctrica. La organización también subrayó la importancia de planificar los eventos y las comidas para reducir los excedentes, e hizo un llamado a vigilar los hábitos de compra.

Con respecto a las tradiciones, la agencia EFE citó a Mauricio Beni, productor de árboles de Navidad en Villa del Carbón, Estado de México, quien defendió la conveniencia de adquirir ejemplares naturales certificados por el Gobierno. Según Beni, las plantaciones certificadas se encuentran en zonas anteriormente dedicadas a actividades agrícolas o en terrenos degradados, lo que permite la recuperación paulatina de la superficie forestal nacional y ofrece una alternativa más sustentable en relación con otras opciones de árboles navideños. El productor añadió que se procura cerrar el ciclo productivo, evitando que los árboles terminen como residuos una vez terminadas las fiestas.

Datos de la organización Reforestamos México recopilados por EFE indican que en el país se producen cada año aproximadamente 700.000 árboles de Navidad, una cifra relevante que incluye muchos ejemplares con certificación oficial y reconocimiento por sus contribuciones ambientales.

La agencia EFE recogió opiniones tanto del sector académico como del productivo y de organizaciones ambientalistas, quienes coincidieron en alertar sobre el impacto ambiental adicional generado por los patrones de consumo y desecho durante diciembre. Los especialistas enfatizaron la necesidad de adoptar prácticas responsables que faciliten la reducción de residuos y que atiendan tanto la eficiencia del sistema de gestión de basura como la disminución del desperdicio de alimentos, con miras a mitigar los riesgos asociados a la saturación del sistema y a la contaminación ambiental derivada.

Las más de 350.000 hectáreas afectadas por los incendios registrados en agosto situaron al 2025 como el año de mayor impacto de estos desastres en España desde al menos 1994, un hecho que ha impulsado la creación y seguimiento del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Según consignó Europa Press, las organizaciones ecologistas han subrayado que, aunque las políticas ambientales no han mostrado avances destacados durante el año, la participación ciudadana en las cuestiones climáticas y medioambientales ha experimentado un salto considerable.

Representantes de las principales ONG del sector transmitieron a Europa Press su percepción de “escasos logros” en términos de políticas ambientales, en contraste con la intensidad de la movilización social observada en 2025. Además, señalaron una “ola de desregulación” normativa impulsada por la Unión Europea, situación que consideran alarmante por el debilitamiento de marcos legales de protección ambiental a nivel continental. La decepción tras la Cumbre del Clima celebrada en Belém, Brasil, también fue destacada: organismos y activistas coincidieron en el balance negativo de esa reunión, tras comprobar la incapacidad de los países para acordar medidas en torno al fin del uso de combustibles fósiles.

El año estuvo marcado por una recuperación hidrológica significativa. La salida de España de la sequía prolongada se produjo en junio, favorecida por intensas precipitaciones en la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó que este período fue el quinto más lluvioso desde 1961 y el tercero más húmedo en lo que va del siglo XXI. Esta transición climática permitió al país revertir parcialmente los efectos de la sequía, aunque el debate sobre la gestión ambiental y la legislación vigente persiste.

Otra de las cuestiones que dominaron el debate público fue la situación del lobo ibérico, cuya protección legal se rebajó tras iniciativas legislativas lideradas por el Partido Popular en el Senado y posteriormente ratificadas por el Congreso. Según reporte de Europa Press, el futuro de la especie queda a la espera de dos resoluciones clave: el informe sexenal que el Gobierno debe remitir a Bruselas, que determinaría la legalidad de la caza del lobo, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra algunos artículos controvertidos de la nueva normativa. Tanto organizaciones ambientalistas como agroganaderas describen el panorama actual como una “tensa calma”, a la espera de definiciones que puedan modificar la gestión y conservación de la especie.

En el ámbito nuclear, el cierre programado de centrales se mantiene vigente para 2026, sujetándose a la posible prórroga de la vida útil de la central de Almaraz en Extremadura, que por ahora permanece con fecha estimada de clausura entre 2027 y 2028. El Gobierno reiteró su postura de no permitir la transferencia de costos a la ciudadanía y vigilar prioritaria tanto la seguridad de las instalaciones como la garantía del suministro eléctrico nacional. El Consejo de Seguridad Nuclear solicitó información técnica a los operadores de la central de Almaraz para continuar con la evaluación y elaboración del informe requerido por la ley, informó Europa Press.

A nivel internacional, Francia organizó en junio la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), orientada a potenciar la protección de los mares y la ratificación del “Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales”, conocido como “Tratado de los Océanos” (BBNJ). Si bien la cumbre no garantizó la entrada en vigor del acuerdo en ese momento, la evolución posterior permitió superar las 60 ratificaciones requeridas, lo que abrirá su aplicación el 17 de enero de 2026. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez anunció la futura declaración de cinco nuevas áreas protegidas en la costa española, con lo que el porcentaje de superficie marina bajo protección nacional alcanzará el 25,7%.

Por el contrario, en la Cumbre del Clima de noviembre en Belém no se pudo concretar un acuerdo sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, lo que intensificó la frustración entre organizaciones ambientalistas internacionales, reportó Europa Press.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, destacó la fuerza demostrada por la sociedad en acciones como demandas internacionales y europeas favorables a la justicia climática, así como la paralización de macroproyectos como la granja de Noviercas, según recoge Europa Press. Saldaña apeló además al impacto de movimientos sociales en defensa de la paz y mencionó expresamente el conflicto en Gaza, condenando lo que denominó “el horror del genocidio” perpetrado por Israel. Resaltó igualmente iniciativas como la creación de un abono único de transporte —instando a la incorporación del resto de administraciones públicas— y la cancelación del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao, que en su momento se planteó en una zona reconocida como Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, enfatizó según Europa Press que, frente a intentos de los gobiernos por limitar o bloquear progresos ambientales, la sociedad ha conseguido sostener el avance, especialmente a través del crecimiento de la energía renovable. Destacó que estas fuentes representaron ya más del 30% de la producción de electricidad global durante el año. También advirtió sobre el efecto negativo de la tendencia a la desregulación en la Unión Europea.

En esta misma línea, Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, hizo hincapié en el compromiso de la ciudadanía con la problemática climática, valorando la implicación social en la búsqueda de soluciones y el rechazo al negacionismo, de acuerdo con lo que comunicó Europa Press.

Según señalaron, la intensificación de la movilización social asegura que las cuestiones del clima y la biodiversidad permanezcan en el centro del debate público, a pesar de las tensiones existentes entre la protección legal del medio ambiente y las reformas legislativas orientadas a flexibilizar regulaciones en el ámbito europeo. Así, la resistencia social frente a la desregulación y la presión sobre los decisores institucionales se presentan como notas características de un año en el que los retos ecológicos siguen vigentes, mientras la ciudadanía incrementa su protagonismo en demandas de acción y justicia ambiental.

La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) —de la que se perdió rastro el 25 de octubre de 2025— volvió a poner en evidencia la fragilidad extrema de la especie en la Argentina. Mientras sigue su búsqueda (aunque, presumen, fue muerta por cazadores), la Administración de Parques Nacionales (APN) valuó el daño ambiental causado por este solo espécimen en casi $ 2.700 millones y la Justicia analiza una recompensa para avanzar con la investigación. El caso, en tanto, reabrió una pregunta urgente: si matar un yaguareté es un delito, ¿por qué el sistema penal rara vez logra una condena?

Para tratar de contestar esta pregunta, la siguiente investigación periodística —elaborada en el Data Journalism Visualization Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), con apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina— reconstruyó, por primera vez, los expedientes del yaguareté a partir de un pedido de acceso a la información pública y de múltiples fuentes relacionadas con el tema.

Entre todos los casos relevados, la única excepción a la impunidad —y el único antecedente conocido en nuestro país— ocurrió en agosto de 2025, cuando cuatro hombres fueron condenados a dos años de prisión por cazar y carnear a un felino en un campo de Ibarreta (Formosa). Se trata de Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. Según relataron, actuaron en represalia después de que el animal matara una vaca lechera y se acercara de forma amenazante a ellos. En el juicio admitieron el hecho y negaron ser cazadores furtivos. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo Claudio Cisneros, días antes, en un reportaje con Infobae.

Si bien se trató de una sanción histórica, también fue un episodio aislado. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), la fiscalía federal creada en 2006 para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país, abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. Desde la Red Yaguareté, ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino, sin embargo, aseguran que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 casos y sospecha que muchos otros nunca llegaron a judicializarse.

Un análisis del recorrido judicial de esos expedientes muestra que la caza se concentra en el norte del país —con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza—, mientras que la comercialización de pieles aparece con fuerza en Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado.

Otro dato relevante: tres de cada diez causas corresponden al delito de caza y, de ellas, casi la mitad terminó archivada. ¿Los motivos? Falta de pruebas; dificultad para identificar a los responsables; versiones contradictorias sobre el hecho o prescripción por el paso del tiempo. Los pocos casos donde hubo sanción —al menos dos por tenencia de cueros de yaguareté— fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la Justicia Federal, lo que probablemente reforzó la percepción de que el delito podía “arreglarse” con dinero.

¿Qué camino hacen las denuncias?

Todo empieza con una investigación preliminar. Se trata de la etapa inicial que realiza la UFIMA para comprobar si un hecho vinculado a la desprotección del yaguareté podría constituir un delito ambiental. En esta fase se recolectan pruebas y, si hay evidencia suficiente, se da intervención al Poder Judicial —según la jurisdicción que corresponda— para su trámite como causa penal. Sin embargo, se desconoce el estado actual de muchos expedientes, porque no hay información sobre su avance o resolución. Un ejemplo es la causa iniciada en 2020 por presunta caza de yaguareté en el río Bermejo, que —según se pudo constatar— aún continúa “en trámite”.

La trastienda judicial de los delitos ambientales

La protección de la fauna silvestre es una actividad de importancia crítica en la Argentina. Según el fiscal Ramiro González, titular de la UFIMA, desde la creación del organismo, hace casi dos décadas, el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, resume.

De acuerdo con González, la mayoría de las investigaciones por presuntas caza de yaguareté o tenencia de cuero del animal se inician a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté, que aportan información clave. Si bien el auge de las redes sociales facilitó la detección de casos (muchas personas comercializan especies o suben fotos de caza a Facebook a modo de “trofeo”) no siempre es sencillo dar con los responsables. “Los usuarios suelen operar con nombres de fantasía y solo se puede requerir información mediante un oficio judicial firmado por un juez”, dice el fiscal.

Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. “No hay un tiempo estimado: intentamos judicializar los casos lo antes posible, pero para ello es necesario contar con una denuncia sólida que contenga suficientes elementos probatorios”, dice González. Las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes. “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”, dice el fiscal.

Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González.

En este contexto, el fallo de Ibarreta en Formosa constituyó un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en la Argentina, pero ¿es suficiente? ¿En qué medida la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna (sancionada en 1981) responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA.

Según González, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos ambientales al Código Penal; crear juzgados especializados, y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye.

Leyes que lo protegen

Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se castiga con penas privativas de la libertad. La Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna establece, en el artículo 25, entre cuatro meses y tres años de prisión para quien cace animales protegidos, además de la inhabilitación para el uso de armas de cinco a diez años. En los hechos eso se traduce en penas leves que, en la mayoría de los casos, terminan en suspenso.

Si bien hubo varios intentos por actualizar esta normativa, ninguno prosperó. Tras la mediatización del caso de Ibarreta y el fallo de Formosa, que marcó un precedente en la Justicia argentina, el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, presentó un proyecto que —aunque no reforma la normativa en su conjunto— busca endurecer las penas por caza de yaguareté: las eleva a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría el cumplimiento efectivo en todos los casos.

En el plano judicial hay, también, una causa clave que sigue abierta: la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en trámite un amparo judicial presentado por Greenpeace en nombre y representación del yaguareté, para exigir la protección de su territorio y hábitat en el Gran Chaco. La demanda alcanza a las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero y, aunque fue admitida, su avance permanece prácticamente detenido desde 2019. Según explicó el abogado ambientalista Enrique Viale, el planteo busca mayores garantías para la supervivencia de la especie en una región donde quedarían apenas alrededor de veinte ejemplares.

En paralelo, hay avances concretos en la conservación de la especie: Rewilding Argentina trabaja en la reintroducción del Panthera onca en áreas donde había desaparecido, como los Esteros del Iberá (Corrientes) y el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) mediante la cría de cachorros, la restauración del hábitat y corredores biológicos, con seguimiento por collares satelitales y cámaras trampa.

En Misiones, además, el Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad impulsan un programa para reducir atropellamientos de fauna silvestre en rutas mediante señalización y controles de velocidad, una medida clave en una provincia que registró varios yaguaretés muertos por colisión vehicular. En 2023, la urgencia llevó a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la ONG Red Yaguareté a presentar en forma conjunta una acción de amparo ambiental para exigir medidas efectivas de prevención, entre ellas sistemas de identificación vehicular, portales con paneles luminosos que informen velocidades máximas, radares, fotografías para exceso de velocidad y cobro de las multas. En todos los casos, el objetivo de fondo es que la especie vuelva a ocupar su rol de rey de los depredadores y contribuya al equilibrio del ecosistema. Pero sobre todas las cosas, evitar que el yaguareté se extinga en la Argentina.

*Para leer la investigación completa y acceder a su visualización, clic acá. Créditos. Investigación periodística: Florencia Illbele. Diseño: Guadalupe Pesqueira y Jésica Oldani. Ilustración: Trabajadas con inteligencia artificial en base a fotografías de Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Facebook, La Voz de Misiones y una captura de videollamada. Análisis de datos: Ignacio Suárez. Programación: Cristhian Rodrigo Sosa Zurita. Mentoría: Mariana Trigo Viera. Liderazgo de DJV Bootcamp: Irene Benito. Supervisión de FOPEA: Amelia Corazza (directora ejecutiva) y Paula Moreno Román (presidenta). Coordinación de Comunicación: Sol Clemente.

La presión internacional sobre los gobiernos para que definan una fecha concreta para el abandono progresivo del petróleo y otros combustibles fósiles ha marcado un aumento sustancial de tensiones y expectativas en la COP30, mientras una coalición de 40 países, entre los que figura España, insiste en que el resultado de la cumbre no puede clausurarse sin una hoja de ruta explícita para avanzar hacia una transición energética justa y equitativa. Según informó Europa Press, el estancamiento en las negociaciones y la ausencia de consensos ha provocado un clima de incertidumbre en las reuniones finales de la Cumbre del Clima de Belém (Brasil).

Desde primeras horas del viernes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático publicó una serie de borradores con los posibles acuerdos alcanzados durante las negociaciones en Belém. Estos textos se presentaron en un plenario informal que inició a las 10:00, hora local, y se extendió hasta las 14:20. La recepción de los borradores resultó negativa por parte tanto de organizaciones ambientalistas como de representantes de varias delegaciones nacionales, quienes recriminaron la falta de "ambición" en las propuestas, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Entre los países críticos figura España, cuyo gobierno, junto a otros 39, remitió una carta a la presidencia de la cumbre reclamando el cumplimiento de condiciones mínimas y la necesidad de definir mecanismos concretos para reducir el uso de combustibles fósiles.

El medio Europa Press detalló que la presidencia brasileña de la COP30 comunicó que los plenarios finales podrían celebrarse en la tarde del viernes, a fin de someter a decisión los borradores y buscar acuerdos definitivos. En este contexto, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, destacó la importancia de dedicar el tiempo necesario a las conversaciones: "Preferimos que sea un final de la COP bastante largo, que las negociaciones si tienen que durar hasta mañana, pues bueno, que no haya ningún tipo de presión, que precisamente se tomen el tiempo suficiente para que se lleguen a acuerdos contundentes y a la altura de las circunstancias, eso es lo que necesitamos".

Durante la jornada, surgió la iniciativa de Colombia y los Países Bajos para que la declaración final de la COP30 contemple una hoja de ruta clara para abandonar los combustibles fósiles, acuerdo al que también se sumó España. Dicha propuesta se enmarca en la conocida como Declaración de Colombia, apoyada, según Greenpeace citada por Europa Press, por unas 80 naciones. Este grupo reclama no solo un compromiso concreto, sino una planificación detallada de cómo implementarlo de manera justa ante las diferentes realidades socioeconómicas de los países participantes.

Europa Press reportó además que los borradores sometidos a discusión reflejan marcadas diferencias entre bloques de países. Las delegaciones de inspiración europea enfatizan la urgencia de iniciar una transición energética que termine progresivamente con la dependencia de fuentes fósiles, mientras que otras, entre ellas China, se mostrarían dispuestas a respaldar los textos actuales sin modificar sus planteamientos sobre el ritmo de reducción del uso de petróleo y gas.

En ese contexto, la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, confirmó que se celebraría una reunión clave con un "grupo múltiple" de países a las 17:00, hora de Belém, con el propósito de trasladar a la organización los acuerdos alcanzados hasta ese momento. De acuerdo con fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, uno de los principales asuntos pendientes sigue siendo la elaboración de una hoja de ruta para marcar la retirada progresiva de los combustibles fósiles.

Los antecedentes de cumbres climáticas internacionales han mostrado que las negociaciones pueden extenderse más allá de las fechas estipuladas, factor que ha incrementado la disposición de los países reunidos en Belém a continuar los debates durante la noche, si fuera necesario. Según Europa Press, Saldaña manifestó que las próximas horas serían determinantes para alcanzar consensos y elevar el nivel de los acuerdos en respuesta a la emergencia climática.

En paralelo y según datos publicados por Bloomberg y retomados por Europa Press, durante la tarde del viernes se habría producido una petición a los ministros europeos presentes en la COP30 para que consultaran con sus gobiernos la posibilidad de vetar cualquier acuerdo que no incluya en el texto final la hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles. De confirmarse esta medida, el bloque europeo reforzaría su postura demandando compromisos tangibles y verificables, ante el posible descontento con redactados considerados insuficientes.

El líder de la presidencia brasileña de la COP30, André Corrêa do Lago, emitió durante la misma jornada un llamamiento apremiante a los negociadores, alentándolos a buscar fórmulas de consenso y compromiso. Según DPA, citada por Europa Press, alertó sobre el riesgo de que la falta de acuerdos beneficie a quienes cuestionan el multilateralismo y aludió al contexto internacional, destacando la posición de Estados Unidos, que ha permanecido alejada de los debates centrales y cuya salida oficial del Acuerdo de París se producirá en enero de 2026.

A medida que se acercaban los plazos límite, la cumbre mantenía abiertas negociaciones que para muchos actores resultaban esenciales para perfilar la respuesta global frente al cambio climático. La persistencia de posiciones divergentes y la búsqueda de rutas de entendimiento, marcadas por intercambios entre bloques regionales y la presión de buena parte de la sociedad civil y las organizaciones ambientalistas, han colocado el cierre de la COP30 ante la expectativa internacional de acuerdos concretos que permitan avanzar en la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles.

En el entorno de la COP30, la posibilidad de que la cumbre se cierre sin un consenso amplio acerca de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ha generado presión adicional sobre la presidencia brasileña. De acuerdo con Europa Press, los temas centrales en discusión incluyen la necesidad de definir plazos y mecanismos verificables para la transición, la garantía de que los procesos sean justos y equitativos, y el establecimiento de una hoja de ruta avalada por la mayor cantidad posible de países.

Las próximas horas se presentan decisivas para determinar si el encuentro internacional logra materializar avances hacia una agenda común que permita afrontar los desafíos de la crisis climática y la dependencia global de las energías fósiles, según publicó el medio Europa Press.

El análisis llevado a cabo por instituciones europeas ha señalado que el envejecimiento demográfico y la continua urbanización incrementan de manera notable la exposición al calor extremo, especialmente entre la población mayor de 65 años, que concentra el 85% del exceso de mortalidad vinculado a estas olas de calor. A partir de estos datos, un grupo internacional de científicos sostiene que el aumento de las temperaturas estivales en Europa ha tenido un impacto letal durante el último verano, provocando la muerte de unas 24.400 personas en 854 ciudades del continente, conforme al estudio publicado por el Imperial College de Londres, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Universidad de Berna, el Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos y la Universidad de Copenhague, tal como consignó el medio de comunicación fuente.

El trabajo científico calcula que el cambio climático explicaría hasta el 68% de las muertes por calor extremo ocurridas en Europa durante los meses de verano. Este porcentaje sugiere que, aproximadamente, unas 16.500 defunciones podrían haberse evitado si las temperaturas no hubieran aumentado como resultado de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, de acuerdo con los investigadores. Según publicaron los autores, Italia encabeza la lista de países con el mayor número de fallecimientos vinculados al cambio climático este verano, con 4.597 casos, seguida de España (2.841), Alemania (1.477), Francia (1.444), Reino Unido (1.147), Rumanía (1.064), Grecia (808), Bulgaria (552) y Croacia (268).

El estudio también destaca que las ciudades son especialmente vulnerables, ya que cerca del 70% de la población europea reside en zonas urbanas. Los especialistas señalan que las superficies de asfalto y hormigón retienen grandes cantidades de calor, sumado a que el transporte y el consumo energético general intensifican las temperaturas en las urbes. Esto tiene un efecto notable, pues las ciudades suelen registrar entre 4 y 6 grados más que las áreas rurales durante los episodios de calor intenso. En cuanto a las capitales europeas más afectadas, Roma, con 835 muertes, encabeza la lista, seguida de Atenas (630), París (409), Madrid (387), Bucarest (360), Londres (315) y Berlín (140).

Según reportó la investigación, Madrid se posicionó como la segunda capital con mayor proporción de fallecimientos atribuibles al cambio climático, alcanzando un 93% del total, solo superada por Estocolmo, que registró un 97%. Bratislava se ubica en tercer lugar con un 85%. Esta situación, aclararon los autores, podría ser solo una fracción de la dimensión real del problema, ya que el análisis comprende únicamente alrededor del 30% de la población europea y muchas muertes asociadas al calor no se notifican oficialmente. Además, patologías como problemas cardíacos, respiratorios o renales pueden agravarse ante temperaturas elevadas, incrementando el riesgo de mortalidad, tal como aseguró el equipo investigador según difunde el medio fuente.

Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, argumentó que “este estudio demuestra por qué es tan urgente la necesidad de dejar de quemar petróleo, gas y carbón. Hoy, con tan solo 1,3 grados de calentamiento, miles de personas ya mueren a causa de fenómenos meteorológicos intensificados por el cambio climático. Pero este siglo vamos camino de experimentar hasta 3 grados, lo que traería a Europa un calor estival más intenso y mucho más mortal”. La experta señaló, según el medio, la necesidad de políticas públicas que prioricen la resiliencia urbana y la protección de los grupos más vulnerables.

En relación con las políticas de adaptación, el informe sugiere ampliar la presencia de espacios verdes y azules en las ciudades, señalando que resultan esenciales en periodos de calor, especialmente en zonas de bajos recursos donde las viviendas soportan temperaturas más elevadas. Los investigadores resaltan que la urbanización, sumada al envejecimiento poblacional y el calentamiento global, está incrementando la vulnerabilidad de la población y podría poner en jaque la capacidad de adaptación de los sistemas sociales y sanitarios.

Los autores del estudio detallaron que entre junio y agosto se produjo un aumento de 0,9 grados respecto a la media registrada entre 1990 y 2020, situando el verano de este año como el cuarto más cálido. Además, evalúan que, debido a las emisiones que agravan el cambio climático, las temperaturas estivales en la región se encuentran entre 1,5 y 2,9 grados por encima de lo que habrían sido en un clima más frío.

La profesora Clair Barnes, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, advirtió: “Puede que no parezca mucho, pero nuestro estudio demuestra que cambios en el calor estival de tan solo unos pocos grados pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Es otro recordatorio de que el cambio climático no es un problema que podamos abordar en el futuro”. La investigadora insistió, conforme reportó el medio, en que la postergación de la transición hacia energías limpias acentuará la mortalidad asociada al calor, sobre todo en las estaciones más cálidas.

El profesor Garyfallos Konstantinoudis, del Instituto Grantham de Cambio Climático y Medio Ambiente del Imperial College de Londres, subrayó que el calor es el fenómeno climático extremo más letal, aunque suele estar subestimado. “A pesar de ser el tipo de clima extremo más mortal, el calor se ha subestimado durante mucho tiempo como riesgo para la salud pública. Por ejemplo, incluso este verano en Europa, la gente sigue trabajando al aire libre con temperaturas superiores a los 40 grados. Nadie esperaría que alguien arriesgara su vida trabajando bajo lluvias torrenciales o vientos huracanados, pero el calor peligroso todavía se trata con demasiada ligereza”, afirmó el investigador, según consignó el medio.

Pedro Zorrilla Miras, portavoz de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, pidió a las autoridades españolas una actuación alineada con las conclusiones científicas, para impedir que se supere el umbral de 1,5 grados de calentamiento global. Zorrilla solicitó avanzar en el llamado Pacto de Estado por la emergencia climática, introducir gravámenes fiscales para quienes contribuyen a la polución y adaptar los entornos urbanos para ofrecer mayor seguridad y salud a la población. Además, instó a dar prioridad a medidas que garanticen la protección de los grupos más frágiles ante el aumento de las temperaturas. Según el portavoz, “hoy la ciencia vuelve a demostrar que el cambio climático mata. España es uno de los países europeos con más muertes este verano ligadas al calor, con casi tres cuartas partes atribuibles al cambio climático. En la capital, Madrid, la situación todavía es más extrema y casi todas las muertes por calor, se debieron a la crisis climática”.

De acuerdo con los datos facilitados por los científicos, incluso incrementos leves en la temperatura pueden traducirse en picos de mortalidad. El informe remarca que un incremento de solo unos pocos grados puede provocar aumentos considerables en las víctimas, principalmente entre quienes no disponen de recursos o viven en condiciones de especial vulnerabilidad. A modo de conclusión dentro del informe, los expertos insisten en que el abandono de los combustibles fósiles constituye la medida más efectiva para evitar olas de calor más severas en el futuro y una mayor mortalidad asociada al calentamiento global.

La temporada de incendios forestales de este año, señala Greenpeace en un comunicado, solo encuentra precedentes en 1985, 1978, 1994 y 1989. Este año, la media de superficie quemada en cada gran incendio forestal ha subido a 6.100 hectáreas, cuadruplicando el promedio habitual de 1.500, y ocho de los diez incendios más extensos de este siglo han ocurrido este año.

“Lamentablemente, 2025 es un año histórico, en el que cada incendio ha sido mucho más destructivo que los anteriores. Es urgente que se gestionen las masas forestales que son el escenario donde transcurre el fuego y que paralelamente se trabaje en el pacto de Estado para definir una hoja de ruta nacional ambiciosa con compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas, además de poner especial foco en aquellas personas en situación de vulnerabilidad”, ha señalado Mónica Parrilla de Diego, responsable de la campaña de incendios forestales de Greenpeace.

Estas cifras, recuerda la organización ecologista, reflejan el avance del cambio climático y su efecto en la frecuencia e intensidad de incendios y otros fenómenos extremos. A esto se suma el abandono progresivo del medio rural y la pérdida de prácticas tradicionales en la gestión agrícola y forestal, que han incrementado la densidad de la vegetación, además de otros factores como el uso delictivo del fuego, la urbanización y el incremento de actividades recreativas en el monte, que también han elevado el riesgo y propagación de los incendios. Cabe recordar que España cuenta con 27,9 millones de hectáreas de suelo forestal, lo que representa el 55,2% del territorio nacional y la sitúa como el segundo país con mayor superficie forestal de la Unión Europea, solo por detrás de Suecia.

La magnitud del desastre desde el aire

Hasta la fecha, los incendios forestales han dejado en España 8 personas fallecidas, al menos 50 heridas y más de 30.000 desalojadas. Por ello, Greenpeace ha documentado desde el aire, de la mano del reconocido fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, la magnitud de la destrucción, “llegando incluso a zonas no fotografiadas hasta ahora en las comarcas de Sanabria (Zamora), El Bierzo (León), o en la provincia de Ourense, en Larouco -el mayor de la historia de Galicia, Oímbra-Xinzo de Limia y Chadrexa de Queixa-Vilariño de Conso”.

“Desde el aire, lo que se ve no es sólo tierra quemada: son hogares perdidos, paisajes convertidos en ceniza y un futuro que se apaga. Es un país en llamas y una emergencia que ya no podemos permitirnos ignorar: si no se invierte en prevención y gestión forestal, cada verano será peor que el anterior”, ha añadido por su parte Armestre, que ha trabajado en 20 campañas de extinción de incendios forestales en primera línea de fuego.

Aunque la ola de incendios ha cesado, en parte por el descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias, las cenizas pueden ahora contaminar ríos y lagos, alterando los ciclos del agua. Además, Armestre señala que la ausencia de vegetación deja el suelo expuesto a la erosión y priva a muchos animales de alimento y refugio en un entorno devastado.

Chile enfrenta uno de sus años más críticos en materia hídrica, tras un 2024 excepcionalmente lluvioso, especialmente en el área metropolitana de Santiago, donde en lo que va de 2025 ha llovido un 57,5 % menos de lo normal, alertó este miércoles la ONG Greenpeace.

“Podría parecer un año normal en cifras globales, pero las precipitaciones se están concentrando en episodios muy intensos y espaciados. Eso hace que el agua escurra con rapidez en lugar de infiltrarse y recargar las napas subterráneas", dijo en el comunicado el meteorólogo Alejandro Sepúlveda, según reza una nota de EFE.

El gran riesgo, agregó, “es que tengamos la impresión de abundancia" de agua y eso lleve a la ciudadanía a “olvidar que seguimos en crisis, dejar de luchar por los derechos de agua y pensar que ya no es necesario defender ni proteger este recurso, cuando en realidad sigue siendo limitado y vulnerable".

La organización ambientalista recordó, con motivo de la Semana Mundial del Agua que finaliza este jueves, un reciente reporte del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) que situó a Chile en el puesto 16 de los países con mayor estrés hídrico del mundo y advirtió que el país podría quedarse sin suministro de agua potable para 2050.

“El retroceso de los glaciares va a un ritmo acelerado, en la zona central del país algunos glaciares han disminuido su extensión en más de un 50% en las últimas décadas, junto con la reducción en las precipitaciones y el deterioro de la cobertura vegetal, están afectando la disponibilidad de agua a largo plazo”, indicó Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace Chile.

La crisis hídrica, añadió, “no solo compromete el acceso al agua potable, sino que también impacta en la salud de la biodiversidad”.

La disminución de lluvias se refleja directamente en la disponibilidad de agua almacenada y, según cifras del Ministerio de Obras Públicas citadas por Greenpeace, los embalses nacionales contienen actualmente 4.900 millones de metros cúbicos, un 18% menos que en agosto del año pasado.

La Región de Coquimbo es la más afectada, con la mayoría de sus embalses estratégicos bajo el 20% de su capacidad, de acuerdo a la organización.

La escasez de lluvias es consecuencia directa del cambio climático, pero la mayoría de expertos y organizaciones ambientalistas aseguran que la sequía en distintas zonas del país -especialmente el centro y el norte- se ha agravado debido al régimen privado de propiedad de agua que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile, que atraviesa una intensa sequía desde hace más de 15 años, es uno de los países con el mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que hoy en día el 80 % de los recursos hídricos del país está en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.

“La crisis hídrica en Chile ha dejado de ser coyuntural para convertirse en un problema permanente agravado por un modelo de gestión inequitativo. No bastan decretos temporales de escasez: se requiere una transformación profunda y una gobernanza que reconozca el agua como derecho humano y bien común”, concluyó Espinosa.

Ginebra, 15 ago (EFE).- Las negociaciones en torno al tratado internacional sobre contaminación de plásticos han fracasado tras reconocerse que no ha sido posible llegar a un texto de consenso luego de diez días de lo que se había previsto sería la fase final de estas negociaciones, un resultado frente al cual los países han mostrado una profunda decepción.

En una serie de intervenciones, luego de toda una noche de negociaciones para intentar cerrar un texto final aceptable para todos, las delegaciones nacionales pidieron que, a pesar de este resultado, el proceso no se detenga aquí y que se continúen los esfuerzos para aprobar un tratado.

Dijeron que este proceso diplomático debe mantenerse vivo y celebrarse una nueva ronda de negociaciones en base a los últimos textos presentados a los negociadores.

Instaron a que no se tire por la borda más de tres años de trabajos en favor de lograr el primer instrumento global para afrontar la crisis causada por la producción y el uso insostenibles de productos de plástico.

Un borrador de texto presentado por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, en medio de la noche -tras haber mantenido durante todo el día numerosas reuniones con grupos de países para intentar acercar posiciones- no recibió el apoyo esperado.

No obstante, muchos países afirmaron que esa propuesta puede ser la base para continuar con las negociaciones, a diferencia del texto anterior que fue presentado en la víspera por el mismo embajador Vayas y que fue considerado "inaceptable" de manera casi unánime.

A pesar de los esfuerzos desplegados por el diplomático ecuatoriano, el texto revisado mantenía varios corchetes, lo que significaba que persistían las posiciones divergentes en varios puntos.

Se notaba en particular que las diferencias recaían en gran parte en el nivel de compromiso que se planteaba.

Para la gran mayoría el tratado debe establecer medidas de obligatorio cumplimiento para frenar la contaminación de plástico, mientras que un grupo limitado de países (liderado por Arabia Saudí y que también incluía a otros países del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Estados Unidos) rechazó hasta el final esta visión y defendió que los compromisos debían ser voluntarios.

La organización ecologista Greenpeace dijo que la incapacidad de alcanzar un acuerdo en Ginebra "debe ser una llamada de atención para el mundo porque revela que poner fin a la contaminación por plásticos significa enfrentarse directamente a los intereses de los combustibles fósiles".

"La industria petroquímica está decidida a enterrarnos por beneficios a corto plazo. Ahora no es momento de pestañear, es el momento de valentía, determinación y perseverancia. El llamamiento de toda la sociedad civil es que necesitamos un tratado firme y jurídicamente vinculante que reduzca la producción de plástico y ponga fin a la contaminación que produce", señaló .

Greenpeace ha instalado en una plataforma gasística de la multinacional Shell en el mar del Norte una obra de la artista Anish Kapoor para denunciar el impacto de los combustibles fósiles en el clima, informó este jueves la organización ecologista.

Siete “escaladores altamente experimentados” colgaron este miércoles una lona gigante de la plataforma Skiff, situada a 45 millas (72 kilómetros) de la costa de Norfolk, en un momento en que “olas de calor devastadoras, incendios forestales e inundaciones” están afectando “a comunidades en el Reino Unido y en todo el mundo", recordó hoy Greenpeace en un comunicado.

La pieza creada por Kapoor, titulada Butchered (Masacrado), es la primera obra de arte que se instala en una estructura de extracción activa en alta mar, según destacó el grupo medioambiental.

Tras fijar la lona de 12x8 metros a un lateral de la plataforma, los activistas bombearon con una manguera de alta presión desde 16 metros sobre el nivel del mar 1.000 litros de un líquido rojo para teñir la tela y crear una extensa mancha de sangre, explicó en la nota.

“'Butchered' es una cruda visualización de la herida infligida a la humanidad y a la Tierra por la industria de los combustibles fósiles, evocadora de nuestro dolor y pena colectivos por lo que se ha perdido, pero también un grito de reparación", subrayó Greenpeace.

La situación es crítica, insistió, pues el Reino Unido se enfrenta a su cuarta ola de calor de este verano, la sequía afecta a la agricultura y los incendios forestales han quemado “un área dos veces el tamaño de Glasgow“.

El calor extremo, agregó Greenpeace, también está elevando las temperaturas a niveles récord en toda Europa y provocando incendios en España, donde “miles de personas han sido evacuadas”.

El dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles “es invisible”, si bien el mundo está siendo testigo de la “devastación que causa su extracción”, denunció Kapoor en la nota.

La artista lamentó que, “lo que aún permanece en gran medida oculto” es la responsabilidad que tienen las grandes compañías petroleras y gasísticas como Shell por causar esta “destrucción y beneficiarse del sufrimiento mundial”.

“Quería hacer algo visual, físico, visceral para reflejar la carnicería que están infligiendo a nuestro planeta: un grito visual que dé voz al coste calamitoso de la crisis climática, a menudo en las comunidades más marginadas de todo el mundo”, expuso Kapoor.

La iniciativa Butchered es una medida de acción que “sucede en el lugar donde comienza esta violación”, en una plataforma de gas en medio del mar.

“'Butchered' intenta traer a casa el horror, dando voz a la destrucción moral y física causada por despiadados especuladores", zanjó la artista.

Fuente: EFE

Sderot (Israel).- Activistas israelíes se concentran este lunes en la frontera con Gaza para exigir la entrada de ayuda humanitaria al enclave y el cese de los bombardeos de Israel.

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Nueva York.- Una organización propalestina protesta frente al Hotel Trump en Columbus Circle, en Nueva York, por la situación en Gaza.

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Moscú.- Comienza el juicio por el atentado islamista perpetrado en 2024 en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, y que causó 145 muertos.

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Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza el encuentro 'Una espada de Damocles sobre las democracias', en el que expertos de la región disertarán sobre el crimen organizado.

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Bangkok/Bogotá.- El español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, cumple este martes dos años en prisión a la espera de que la Justicia tailandesa resuelva el recurso contra su sentencia, mientras la familia de la victima desea que se termine el caso para "vivir en paz".

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Bangkok.- Los ministros de Defensa de Tailandia y Camboya se reúnen este lunes en Malasia para abordar su acuerdo de alto el fuego sellado hace una semana y después de varias jornadas de calma tras los combates en la frontera de ambos países.

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Bogotá.- Colombia entra esta semana en el último año de Gobierno del presidente Gustavo Petro con una seria "crisis fiscal", advierte en una entrevista con EFE Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política (ICP) Hernán Echavarría Olózaga, que ha elaborado una hoja de ruta para ayudar al próximo mandatario a transformar al país.

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Bogotá.- El exdiputado colombiano Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro colectivo de doce diputados del Valle del Cauca por parte de las FARC en 2002, asegura en una entrevista con EFE que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "no ha hecho justicia, no ha dicho la verdad y ha revictimizado" a quienes padecieron el conflicto armado.

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Ciudad de México.- Aunque su familia teme que en México la desaparezcan, Mary Martínez, una madre buscadora hondureña, regresa cada vez que puede para buscar a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, -desaparecido en 2013-, mientras carga con la triple jornada de ser buscadora, cuidadora y proveedora de su hogar, frente al abandono del Estado.

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La Paz.- Los bonos sostenibles ofrecen una oportunidad para financiar a sectores estratégicos en las economías latinoamericanas, en un contexto en el que el coste de la financiación externa va en incremento, afirma a EFE el especialista en deuda y financiamiento del PNUD, Paulo Barbieri.

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Bogotá.- La senadora María José Pizarro, del partido oficialista Pacto Histórico, lanza su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

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Caracas.- Una treintena de ponentes de distintos países participa en Caracas en el Seminario Internacional Bicentenario de Bolivia que se celebrará hasta el martes, 5 de agosto, con el fin de compartir reflexiones e investigaciones sobre la independencia del país andino.

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Asunción.- Paraguay está decidido a "dejar de ser el secreto mejor guardado de Suramérica" para ser descubierto como un destino turístico con diversidad natural, vivencias culturales y religiosas y competencias deportivas internacionales, una oferta con la que espera atraer durante el año hasta 2,7 millones de turistas y excursionistas.

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Beirut.- Beirut conmemora con una marcha el quinto aniversario de la explosión originada en el puerto de la ciudad, que causó más de 200 muertos, 6.500 heridos y una gran devastación en la ciudad, sin que ninguno de los altos cargos acusados de negligencia hayan sido condenados aún.

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Sacramento (Estados Unidos).- El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general de ese estado, Rob Bonta, informan sobre el litigio de California contra la administración del presidente, Donald Trump.

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Nagasaki (Japón).- 'Hibaku no Maria' fue hallada entre las ruinas de la Catedral de Nagasaki tras el bombardeo atómico de la ciudad. Se trata de una talla de madera inspirada en una pintura de Murillo, de la que sólo quedó su cabeza carbonizada y que hoy es considerada un símbolo de la resiliencia de la comunidad cristiana en Japón.

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Hiroshima (Japón).- Japón se prepara para el octogésimo aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima por parte de EE.UU. el 6 de agosto de 1945.

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Banda Aceh (Indonesia).- Las autoridades locales de la provincia indonesia de Banda Aceh realizan este lunes chequeos médicos gratuitos a la población como parte de un programa gubernamental que aspira alcanzar los 60 millones de beneficiarios para 2025, y cuyo objetivo total son 281 millones de indonesios.

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Cantón (China).- Las autoridades sanitarias de la provincia china de Cantón (sur) reportaron un descenso en el número de nuevos casos locales de fiebre chikunguña durante la última semana, después del repunte registrado en julio, informaron este lunes fuentes oficiales.

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Pekín.- Bajo el lema "Haciendo robots más inteligentes", la Conferencia Mundial de Robots 2025 recibirá a partir de este viernes a más de doscientas empresas del sector que mostrarán a los visitantes lo más destacado en la industria.

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Ginebra.- La organización medioambiental Greenpeace organiza una manifestación ante la sede europea de la ONU en Ginebra para pedir un tratado que limite la producción global de plásticos, un día antes de que comiencen allí las negociaciones definitivas para lograr un acuerdo al respecto.

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Pekín.- La película sobre la masacre de Nanjing 'Dead To Rights' sigue líder en la taquilla china, tras recaudar en dos semanas más de 1.500 millones de yuanes (210 millones de dólares), alentada por la sensibilidad histórica ante el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la invasión japonesa a China.

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Ciudad de México.- El Festival Internacional Cervantino anuncia la programación de su 53 edición.

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Girona (España).- La artista más laureada en los Grammy Latinos, la mexicana Natalia Lafourcade, visita este verano el festival de Cap Roig, donde aprovechará el entorno íntimo junto al mar para repasar sus temas más populares y presentar nuevos temas.

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Daegu (Corea del Sur).- El Barcelona viaja a Daegu (Corea del Sur) para afronta su tercer partido preparativo de su gira asiática de pretemporada.

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cdp-abm/EFE

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"Impulsar un proyecto de estas características en plena emergencia climática, y en una zona de alto valor ecológico, solo debilita la credibilidad del país ante la comunidad internacional", declaró el director de Greenpeace Chile, Matías Asún.

En declaraciones exclusivas para EFE, Asún denunció que, de avanzar este proyecto, generaría una "importante contradicción" con los compromisos internacionales medioambientales asumidos por Chile.

Dominga representa una amenaza real para la biodiversidad de la comuna de La Higuera y más concretamente para el archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos y terrestres más valiosos del país, explica Greenpeace.

Humboldt alberga "especies emblemáticas" de la fauna chilena, como el cóndor, el loro tricahue, el guanaco, la ballena fin, el chungungo o el yunco, así como el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt.

Todas estas especies están calificadas como "vulnerables" o "en peligro" según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, las condiciones ambientales de la zona han cambiado drásticamente desde 2013 -año en el que se propuso el proyecto- debido al aumento del tráfico marítimo, la sobrepesca, la variabilidad climática y una crisis hídrica cada vez más aguda.

"Permitir que un proyecto como Dominga avance sobre la base de estudios antiguos y carentes de actualización no solo es ambientalmente inviable, sino también políticamente contradictorio con la postura que Chile ha adoptado a nivel global en defensa del océano y la acción climática", indicó Asún.

El proyecto Dominga nació hace ya más de 12 años, enfocado a la extracción de cobre y hierro mediante un plan integral que engloba desde la extracción de mineral del terreno hasta el embarque de concentrado de hierro listo para su comercialización.

Pese a haber sido rechazado hasta en cuatro ocasiones debido a las graves deficiencias técnicas que presenta la propuesta, la compañía Andres Iron, a cargo del proyecto, recurrió todas estas decisiones a instancias judiciales, lo que le ha permitido mantenerlo con vida.

Desde Greenpeace sostienen que la estrategia de la compañía representa una "mala práctica empresarial", además de que socava "la legitimidad de los mecanismos diseñados para proteger el medio ambiente".

"En lugar de corregir sus deficiencias y someterse a una evaluación ambiental actualizada, (la compañía) ha optado por ejercer presión sobre las instituciones del Estado y avanzar a través de litigios, debilitando así la institucionalidad ambiental", afirmó Asún.

La polémica en torno al proyecto Dominga salpicó incluso al fallecido expresidente de Chile Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

La investigación periodística papeles de Pandora cuestionó, a finales de 2021, la venta en Islas Vírgenes Británicas en 2010 de acciones de Piñera de este megaproyecto a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano, pero tras una investigación de la fiscalía chilena, la Justicia decretó –en mayo de 2024– el sobreseimiento definitivo de la causa.

Dominga se presentó a los habitantes de la comuna de La Higuera como una "solución" para las importantes necesidades sociales que enfrentan en la zona, sin embargo -denuncia Asún- la compañía ha utilizado un "relato de progreso para imponer un proyecto que representa más un beneficio económico privado que una solución para el territorio".

Greenpeace mantiene que las comunidades afectadas no han sido realmente escuchadas, lo cual refleja una "profunda falla" en la implementación del principio de participación en materia ambiental, que establece que los proyectos deben considerar las necesidades y observaciones de la ciudadanía.

"Desde Greenpeace reconocemos que la zona enfrenta necesidades sociales importantes, pero sostenemos que estas no deben resolverse mediante proyectos que comprometan ecosistemas de valor incalculable como el del archipiélago de Humboldt", concluyó Asún. EFE

La presión inmobiliaria y turística avanza sobre los espacios naturales en España, afectando incluso las áreas más protegidas. De acuerdo con el informe más reciente de Greenpeace, titulado “Destrucción a toda costa 2025”, la mitad de la superficie de las playas españolas podría desaparecer en solo 25 años. El documento, presentado por la organización ecologista y citado por National Geographic, alerta sobre los peligros de un nuevo modelo de desarrollo que sortea límites y expande la urbanización bajo el pretexto de sostenibilidad o exclusividad.

El análisis de Greenpeace destaca que la emergencia climática y la urbanización se entrelazan, deteriorando tanto el territorio como la capacidad de respuesta de los ecosistemas. La costa española, lejos de contener la expansión urbanística, experimenta una reactivación de antiguos modelos presentados como propuestas renovadas. Proyectos inmobiliarios y turísticos, anunciados como sostenibles, extienden la frontera de lo habitable a costa de la calidad ambiental y social. El informe señala la proliferación de complejos hoteleros de lujo, glampings y branded residences en entornos naturales ya saturados.

En las Islas Baleares, la presión humana alcanzó en agosto de 2024 un récord de más de dos millones de personas, duplicando la población residente. Esta situación generó el colapso de servicios y carreteras y provocó un fuerte deterioro de los ecosistemas marinos. El crecimiento de embarcaciones de recreo y fondeos descontrolados destruyó extensas praderas submarinas, principalmente de Posidonia oceanica, planta clave para la estabilidad de las playas.

En Andalucía, la expansión urbanística avanza incluso sobre espacios protegidos. El informe documenta cómo complejos de lujo en Cádiz y glampings en el Parque Natural del Estrecho se amparan en el turismo exclusivo, mientras la urbanización de zonas ARPSI (áreas de riesgo potencial significativo de inundación) contradice la evidencia científica. En Canarias, la presión turística se materializa en proyectos como “Cuna del Alma” y en conflictos por construcciones ilegales y ampliaciones portuarias en islas como Fuerteventura y Lanzarote, afectando espacios naturales de alto valor ecológico debido a la demanda inmobiliaria creciente.

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han retomado la expansión urbanística, reactivando planes de los años 90 y aprobando nuevos proyectos en zonas inundables. Localidades como Alicante, Cullera, Burriana o Torreblanca son epicentros de una urbanización que ignora el aprendizaje extraído de la crisis de 2008. Este resurgimiento avanza junto a una transformación geográfica acelerada por el cambio climático.

El informe subraya que el aumento del nivel del mar es una realidad que ya modifica el litoral. Se estima que para 2050 podría haberse perdido la mitad de las playas españolas, incluidas las de las Baleares. En el archipiélago balear, solo el 10 % del litoral corresponde a playas (160 km sobre 1.573 km), un porcentaje reducido con un valor ecológico, económico y cultural incalculable. Formentera posee la mayor proporción (14,6 %) y Mallorca, con un 9 %, concentra más de 66 km de playas, en su mayoría de arena.

Según modelos climáticos citados por Greenpeace, el nivel del mar se elevará entre 16 y 33 centímetros en 2050 y podría llegar hasta un metro a final de siglo. Este incremento, impulsado por una subida de la temperatura del agua de 1,6 ℃ en las últimas cuatro décadas, conllevará retrocesos masivos en la línea de costa. Las olas de calor marinas, cada vez más intensas y frecuentes, no solo dañan los ecosistemas, sino que aceleran la erosión. En junio de 2025, el mar Mediterráneo superó en cuatro grados las temperaturas habituales, creando un entorno hostil para la vida marina.

La desaparición de la Posidonia oceanica intensifica el problema, ya que esta planta endémica actúa como barrera natural contra la pérdida de arena y amortigua el impacto del oleaje. Sin ella, la regresión de las playas se acelera considerablemente. Greenpeace advierte que la pérdida de playas no solo altera el turismo o el paisaje, sino que representa la desaparición de un territorio bajo la doble presión del desarrollo urbanístico y de la subida imparable del mar.

El Atlántico, cerca de Galicia, se convirtió en el vertedero nuclear de Europa. Entre los años 40 y los años 80 se tiraron 142.000 toneladas de basura energética. Así lo afirma Greenpeace, cuyo estudio sitúa esta cantidad en 220.000 bidones. Ante el desconocimiento de qué hacer con los residuos, los países encontraron una huida hacia adelante: enterrar bajo el mar todos estos desechos.

Hace unas semanas, comenzó un proyecto liderado por el buque francés L´Atalante partió hacia el Atlántico para tratar de conocer la cantidad y los efectos de estos residuos nucleares enterrados. La última información apunta a que se han localizado 3.000 bidones nucleares. Si tomamos los datos de Greenpeace, esto apenas equivale a un 1,3% de la totalidad que hay enterrada cerca de Galicia.

Francisco del Pozo, coordinador de campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace, explica a Infobae España la visión de la organización. “Esto va a peor, el contenido va a ir degradándose, provocando una mayor contaminación”, avisa el especialista al hablar sobre la urgencia de actuar.

Sin embargo, al ver la cantidad que se ha podido detectar, se plantea la duda de si se podrá encontrar una vía de escape. La opción de sacarlos a la superficie implica distintos pasos anteriores, y ni siquiera existe una garantía de que sea viable. Además, una vez estén fuera del mar, habría que encontrar una salida.

Años de vertedero

En 1938, un hito científico conllevó una serie de consecuencias que cambiaron la historia. El descubrimiento de la fisión nuclear dio lugar al uso de la energía nuclear por parte de las distintas potencias. Sin embargo, tenía un gran inconveniente: qué hacer con sus residuos.

Ante esta tesitura, la opción por la que optaron diversos países fue a la Fosa Atlántica. Entre 1949 y 1982, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y Suecia vertieron residuos nucleares al océano, a unos 400 kilómetros de la costa gallega. La presencia de bidones cargados de basura nuclear comenzó a tener efectos negativos en el entorno marino.

Francisco del Pozo explica que, durante los años posteriores, comenzó a observarse una “reacción indirecta a través de moluscos, crustáceos o movimientos de corrientes”, provocando la llegada de “nucleótidos reactivos al a la superficie”. No obstante, esto no fue hasta el Protocolo de Londres de 1996. Durante casi 40 años estos países pudieron lanzar sus residuos con impunidad.

En 1981, un barco pesquero gallego y su valiente tripulación “cazaron” a uno de estos barcos que de deshacían de la basura nuclear, permitiendo poner freno a este desastre natural en marcha. Gracias al contacto con Greenpeace, un capitán, sus tres marineros, el periodista Manuel Rivas y otras nueve personas salieron en búsqueda del transportador neerlandés para capturar el momento en el que lanza al mar los bidones.

En agosto de 1982, Greenpeace organizó su expedición con el buque Sirius, permitiendo nuevos imágenes de estos lanzamientos. Esta operación acabó provocando el cese de la actividad de Países Bajos, al que siguieron el resto de naciones. Diez años después, se firmó el convenio que prohibía esta práctica.

La expedición del buque francés

Durante este verano de 2025, ha comenzado la expedición oceanográfica francesa que tiene como objetivo evaluar el estado de la Fosa Atlántica. El objetivo inicial es conseguir el conocimiento para poder tomar una decisión. Javier Escartín, director de la investigación a bordo del buque oceanográfico L’Atalante, ha explicado que el robot submarino localizó más de 3.000 barriles tras cartografiar 140 kilómetros cuadrados.

El procedimiento de la misión incluye recoger muestras del fondo del mar, como agua, sedimentos y organismos, para su análisis. También se está realizando un estudio mediante radares y el sonar, que permita distinguir zonas relevantes y acumulaciones de residuos en determinadas partes del fondo marino.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró que no había “niveles significativos” de radiación en los alrededores oceánicos de Galicia. Sin embargo, algunas organizaciones o formaciones políticas, como Podemos, han señalado que debería investigarse en profundidad, dudando de las conclusiones de CSN.

El especialista de Greenpeace nos explica que “la Unión Europea, que engloba a todos los países que echaron allí los residuos, debe afrontar el problema de manera europea, tanto desde la responsabilidad como desde el monitoreo y la evaluación. Hay que hacer un estudio más en detalle que lo que dice el CSN”.

¿Problema sin solución?

No es una pregunta con una respuesta segura. El avance de la tecnología o un descubrimiento innovador puede cambiar por completo cualquier teoría. No obstante, es cierto que, de momento, parece lejos de su fin. Greenpeace sitúa la cantidad total de basura nuclear en 220.000 bidones y 140.000 toneladas, lo que significa que, hasta ahora, el operativo de L´Atalante ha localizado un 1,3%.

Francisco del Pozo explica que es muy difícil saber qué hacer con los residuos, pero que antes de llegar al momento de tomar esa decisión, hay que conocer en detalle la situación. “Lo que pedimos nosotros es que se investigue, se considere un problema de primer nivel, que se cartografiar toda esa zona y se haga un inventario”, relata.

“No sabría decirte si tenemos una solución”, reconoce el experto. “Hay que buscar una solución que implique la mayor seguridad. Una opción sería sacarlos de allí con el riesgo que eso conlleva, porque hay que traer de vuelta a la superficie desde esas profundidades bidones que están parcialmente gastados. Podría suponer más riesgo que otra cosa. Entonces el problema es mayúsculo”, explica Pozo.

Para Greenpeace, el problema se encuentra en la raíz: la energía nuclear. Al preguntarle sobre el papel de la organización, Pozo explica que, más allá de exigir un estudio y actuación de la UE y el CSN, “hay que recordar a la sociedad que ahora hay un avance a lo nuclear y no se sabe qué hacer con los residuos. En su día se lanzaron al mar, pero ahora siguen en tierra y están en piscinas junto a las centrales nucleares”.

Javier Escartín, el líder de la expedición, transmitió en una entrevista a National Geographic cierta tranquilidad y positivismo. “La zona de vertidos se encuentra en aguas internacionales, a más de 600 km de Finisterre y a más de 4.000 metros de profundidad”, afirma el geólogo marino. Según Escartín, los estudios realizados hasta ahora sugieren “que no hay impacto”. No obstante, recuerda que “la campaña no ha terminado aún y los análisis de muestras definitivos no estarán disponibles hasta varios meses después del fin de la campaña”.

La playa de Gaztetape, ubicada en Getaria, podría desaparecer completamente en los próximos 25 años si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático. De forma similar, Itzurun, en Zumaia, podría perder cerca de la mitad de su extensión, mientras que en Hondarribia la costa sufrirá un retroceso considerable. Estas conclusiones forman parte del informe Destrucción a toda costa 2025 de Greenpeace, que también denuncia cómo la planificación urbanística en el litoral vasco continúa sin considerar suficientemente los efectos del calentamiento global.

Según este documento, para 2050 el nivel del mar en Euskadi podría aumentar hasta 26 centímetros, lo que ocasionaría una reducción promedio de 26 metros en las playas. En algunos casos, como Gaztetape o Muriola, esta subida supondría la desaparición total de estos espacios costeros.

Además de estas dos, otras playas en riesgo son Itzurun en Zumaia, Karraspio en Lekeitio, Isuntza en Ondarroa y Gorrondatxe en Getxo. En localidades como Hondarribia y Ereaga, el retroceso de la línea de costa podría superar los 20 metros. La coordinadora de campañas de Greenpeace, Elvira Jiménez, aseguró durante la presentación del estudio que las autoridades siguen impulsando modelos de desarrollo que han quedado obsoletos y que ponen en peligro los ecosistemas costeros.

Turismo masivo y presión sobre el litoral

El informe también trata de poner en evidencia que las instituciones fomentan un “turismo masificado” que “no respeta los límites ambientales del territorio”. Se ha observado un incremento en las visitas durante los meses otoñales, así como un notable aumento en las pernoctaciones de turistas extranjeros en el norte de España, superior al registrado en otras zonas del país.

La demanda turística en Gipuzkoa crece cada año. Donostia, con sus reconocidos espacios como la bahía de La Concha, el Peine del Viento o la Parte Vieja, junto con localidades como Zarautz, Getaria o Hondarribia, se posicionan como destinos preferidos por quienes buscan naturaleza y gastronomía de calidad.

En 2024, el número de visitantes superó cualquier registro previo, con más de 1,5 millones de entradas en hoteles en Gipuzkoa, que representa el 41,8% del total en Euskadi. Las pernoctaciones alcanzaron los 3,1 millones, un 42,4% del total regional. Según el Instituto Vasco de Estadística, el País Vasco registró su año con más visitantes, superando los 3,7 millones.

Demandas y soluciones planteadas por Greenpeace

Para hacer frente a esta situación, Greenpeace reclama varias acciones concretas. Entre ellas destaca la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar la subida del mar. También insta a proteger y restaurar ecosistemas naturales como humedales, dunas y playas, además de detener los proyectos urbanísticos en áreas vulnerables.

Otra de las recomendaciones es desarrollar planes locales de adaptación climática que incluyan la participación de la ciudadanía. Además, Greenpeace solicita reformar el modelo turístico para hacerlo sostenible y compatible con el entorno natural.

La organización recuerda que el 60% de la población vasca reside en zonas costeras, por lo que el impacto es también social y económico, no solo ambiental. Se indica que una reducción moderada de emisiones a nivel global podría evitar el 40% de la pérdida de playas. También señalan que cuidar y conservar estos espacios tendría un beneficio “150 veces mayor” que permitir su degradación.

Finalmente, Greenpeace propone una transición energética hacia fuentes renovables, la protección de la biodiversidad, y la aplicación de soluciones naturales para proteger la costa que resultan más efectivas que las infraestructuras convencionales. El informe enfatiza la importancia de evitar construcciones en zonas de riesgo y de fomentar planes municipales participativos con recursos adecuados.

Para frenar la masificación turística, se plantea impulsar un modelo más regulado, sostenible y centrado en las necesidades de las comunidades locales, respetando siempre los límites ecológicos del litoral.

El 10 de julio de 1985, en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda, una embarcación de la organización ambientalista de renombre mundial Greenpeace fue destruida por dos explosiones. La nave, llamada Rainbow Warrior, estaba a punto de zarpar hacia el atolón de Mururoa, en la Polinesia Francesa, para encabezar una protesta contra las pruebas nucleares que realizaba Francia en el Pacífico Sur. Esa noche, un atentado coordinado por los servicios de inteligencia franceses terminó con la vida del fotógrafo Fernando Pereira, que trabajaba para Greenpeac. Ese hecho marcó un hito en la historia del ambientalismo internacional.

Una misión interrumpida

El Rainbow Warrior, que había partido desde Hawái rumbo a las Islas Marshall y luego a Nueva Zelanda, lideraba una campaña antinuclear para visibilizar los efectos de las pruebas atómicas francesas en territorios insulares. El plan era claro: formar una flotilla de embarcaciones para navegar hasta Mururoa y denunciar, mediante la presencia directa y pacífica, los ensayos subterráneos con explosivos de alta potencia.

Greenpeace ya había tenido enfrentamientos con las autoridades francesas. En 1972, un barco de la organización fue embestido por el dragaminas La Pamploneuse, tomado prisionero y llevado a Tahití. En 1973, otro buque ecologista fue abordado en aguas internacionales y su tripulación golpeada por marineros. Ambos episodios motivaron demandas judiciales por piratería que, si bien obtuvieron fallos favorables en primera instancia, fueron luego revertidos por apelaciones del Estado francés.

La noche del 10 de julio de 1985, apenas horas antes de la partida hacia Mururoa, el Rainbow Warrior fue blanco de una acción encubierta de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), bautizada como “Operación Satánica”. Dos buzos colocaron minas lapa en el casco del barco. La primera explosión, a las 23:28, impactó en la sala de máquinas. Los tripulantes comenzaron la evacuación. Minutos después, una segunda explosión provocó una tromba de agua que arrastró y mató a Fernando Pereira, quien había regresado al barco para recuperar su equipo fotográfico.

El encubrimiento y el escándalo diplomático

El crimen provocó una ola de indignación mundial. En Nueva Zelanda, donde la política oficial era abiertamente antinuclear, el ataque se vivió como una afrenta directa a la soberanía nacional. La policía local detuvo dos días después a una pareja de supuestos turistas suizos, Sophie y Alain-Jacques Turenge, quienes se identificaron como Dominique Prieur y Alain Mafart, agentes encubiertos de la DGSE, el área de inteligencia externa del gobierno francés.

El juicio en su contra duró apenas 34 minutos: se declararon culpables de “homicidio involuntario y graves daños materiales” y fueron condenados a 10 y 7 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, en virtud de un acuerdo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas —y bajo la amenaza de Francia de bloquear el acceso de productos de Nueva Zelanda al mercado europeo— ambos fueron trasladados a una base militar en el atolón de Hao. Ninguno cumplió más de dos años de reclusión.

El ministro de Defensa francés de entonces, Charles Hernu, dimitió en octubre de 1985. También fue destituido el jefe de la DGSE, el almirante Pierre Lacoste. Aún persisten dudas sobre el nivel de involucramiento del entonces presidente François Mitterrand en el hecho. ¿Sabía que la operación incluía explosivos? ¿Avaló la muerte de un civil? Tanto el periodismo como sectores políticos buscaron respuestas a esas preguntas y no pudieron hallarlas.

El mea culpa del espía

Hace una década, es decir 30 después años del ataque, Jean-Luc Kister, uno de los autores materiales del atentado, rompió el silencio. En una entrevista televisiva, sin ocultar su rostro, pidió disculpas a la familia de Pereira, a Greenpeace y al pueblo de Nueva Zelanda. “Tengo la sangre de un inocente en la conciencia y eso me pesa. No somos asesinos a sangre fría”, dijo en aquella ocasión, visiblemente conmovido.

Kister trabajaba en la DGSE como buzo táctico. Según su relato, él y su compañero Jean Camas colocaron los explosivos en el casco del barco y luego fueron recogidos por Gerard Royal, hermano de la política Ségolène Royal, en una lancha inflable. Reconoció que la orden de hundir el Rainbow Warrior provino de los más altos niveles del gobierno. “Nos dijeron que teníamos que terminar con esto de una vez por todas. Hacerle un agujero a un barco es fácil”, había dicho. Y al mismo tiempo se lamentó que se hubieran descartado opciones menos letales, como inutilizar el eje de la hélice para evitar que navegara.

Daños colaterales y ocultamientos

A la lista de implicados se sumó la figura de Frédérique Bonfleu, una mujer de unos 30 años que se había infiltrado en la sede de Greenpeace en Nueva Zelanda. Vestía jeans, usaba perfume intenso y, según los investigadores, huyó del país antes del atentado. Aunque Interpol la tenía bajo vigilancia, su rastro se perdió. Se especuló con que podría haberse refugiado en Líbano.

Por otro lado, los tres tripulantes del yate Ouvéa, que transportó los explosivos, se esfumaron después del atentado. Se presume que formaron parte de la guardia presidencial del entonces mandatario de Gabón, Omar Bongo. El cuarto miembro, el médico Xavier Maniguet, permaneció oculto en Francia. Greenpeace denunció desde un principio la magnitud y la planificación del operativo, que involucró más de una docena de agentes y la coordinación internacional de recursos.

El cuerpo y el barco

El cuerpo de Fernando Pereira fue recuperado entre los restos del barco. Su muerte, innecesaria y brutal, se convirtió en símbolo del sacrificio humano por el activismo ambiental. Desde entonces, Greenpeace ha reiterado que el atentado fue un crimen de Estado y un intento deliberado de silenciar la protesta pacífica.

El Rainbow Warrior original fue reflotado brevemente, pero el 12 de diciembre de 1987 fue hundido definitivamente en la Bahía de Matauri, en las Islas Cavalli, con un rito zahorí. Convertido en un arrecife artificial y sitio de buceo, hoy es un santuario marino y memorial silencioso dedicado a la resistencia civil.

Con la indemnización pagada por el estado francés, Greenpeace construyó el Rainbow Warrior II, operativo entre 1989 y 2011, y luego el Rainbow Warrior III, diseñado especialmente para campañas medioambientales.

Las consecuencias geopolíticas

Tras el escándalo internacional, Francia ofreció disculpas oficiales y pagó compensaciones a Greenpeace, a la familia de Pereira y al Estado neozelandés. En 1996, suspendió las pruebas nucleares en el Pacífico. Sin embargo, según Greenpeace, la motivación del ataque fue impedir que se documentaran los efectos de una última detonación subterránea de 150 kilotones en Mururoa. El atolón, compuesto por coral poroso, mostraba signos de colapso estructural y contaminación radiactiva en la población local.

“El objetivo del atentado fue evitar que Greenpeace registrara los efectos acumulativos de las pruebas nucleares sobre la salud de los habitantes del Pacífico”, señaló en su momento el presidente del Consejo Internacional de Greenpeace, David McTaggart. Para él, el atentado fue apenas el último eslabón de una cadena de agresiones que revelaban la incomodidad de las potencias nucleares ante la presión pública.

Cuarenta años después

El caso Rainbow Warrior sigue siendo un punto de inflexión en la historia del activismo internacional. Expuso los límites de la acción estatal frente al escrutinio civil, y mostró que la violencia contra el disenso puede tener costos diplomáticos y políticos duraderos. La imagen del barco hundido, la historia de Pereira y el testimonio tardío de los autores materiales configuran un relato que, cuatro décadas más tarde, sigue interpelando.

Greenpeace, ahora con presencia en más de 50 países, recuerda aquel atentado como un acto de represión sin precedentes contra un movimiento que solo buscaba proteger el planeta.

“Hundieron un barco”, dijo una vez Peter Willcox, capitán del Rainbow Warrior, “pero no hundieron la causa”.

La deforestación avanza

Infobae llegó a Formosa el martes 24 de junio, pocos días antes de las elecciones provinciales en las que Gildo Insfrán —en el poder desde 1995— obtuvo el 67% de los votos y fue reelecto como gobernador. El viaje lo realizamos junto a periodistas de otros medios, de la mano de Greenpeace, con el objetivo de recorrer la provincia, conocer la diversidad del ecosistema, el entramado cultural del territorio —donde viven comunidades indígenas de los pueblos wichí, qom, pilagá y nivaĉlé y familias campesinas— y documentar algunas de las amenazas que enfrenta, entre ellas, el avance del desmonte.

“Desde que se sancionó la Ley Nacional de Bosques en 2007, hasta el día de hoy, Formosa cuadruplicó la superficie de desmontes. Es una de las provincias que se disputa el podio de las desmontadoras con Chaco y Santiago del Estero”, nos explica Noemí.

A pesar de la normativa vigente, Argentina se encuentra en emergencia forestal. Según datos oficiales, entre 1998 y 2023, la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Escocia. Las principales causas son: el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.

¿Cuál es la situación en Formosa?

Formosa —que en latín significa “hermosa”— forma parte del Gran Chaco Americano, un extenso territorio boscoso que se extiende por el norte de Argentina, el oeste de Paraguay, el sudeste de Bolivia y una franja del sur brasileño. Se lo considera el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, después del Amazonas.

En el oeste de la provincia, conocido como el Impenetrable Formoseño, se conservan tres millones de hectáreas de bosques nativos en muy buen estado. Allí también se ubica el Bañado La Estrella, el segundo humedal más grande de Argentina, después de los Esteros del Iberá. Es una región de altísimo valor ecológico, donde habitan especies en peligro como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí quimilero y el oso hormiguero, que dependen del monte para sobrevivir.

Sin embargo, todo ese ecosistema está en riesgo.

Según el Informe Anual 2024 de Greenpeace, en el último año la provincia perdió 36.915 hectáreas de bosque, entre desmontes e incendios. Buena parte de esas pérdidas ocurrió en zonas que, por ley, deberían estar protegidas. Desde la sanción de la Ley 26.331, en lugar de disminuir, los desmontes en Formosa se dispararon: entre 1998 y 2007 se deforestaron 95.010 hectáreas; mientras que, entre 2008 y 2023, —ya con la normativa en vigencia—, el número ascendió a 506.961 hectáreas. Es decir, cuatro veces más.

Para ponerlo en perspectiva: la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 20.000 hectáreas. Es decir, en estos quince años se perdió un bosque equivalente a 25 veces la capital del país.

El fuerte incremento se explica, en buena parte, por la forma en que la provincia implementó la ley: su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) asignó extensas superficies del oeste formoseño a la Categoría III (Verde), una tipificación que —a diferencia de las categorías I (Rojo) y II (Amarillo), que establecen distintos niveles de protección— permite desmontes en cerca del 70% de sus bosques.

Además, la provincia impulsa desde hace años un programa de expansión ganadera que busca aumentar el stock a 3,5 millones de cabezas. Ese proceso también intensificó un aumento de la deforestación.

Arrasando con la vida

Minutos antes de localizar la topadora, Noemí Cruz nos explicaba cómo se lleva a cabo un desmonte. El proceso puede hacerse con una o dos máquinas. Cuando se utilizan dos —dijo— se ubican en paralelo y se les engancha una cadena grande y pesada, como las que usan los barcos. Luego se encienden los motores y avanzan. “A medida que se abren paso van barriendo el monte, como afeitando lo que está en el camino. Por eso quedan así las raíces”, describe la experta en bosques, mientras señala una que arrancaron de cuajo. “La mayoría de los árboles no resisten esa fuerza”, agrega.

Los ejemplares más fuertes, como por ejemplo los quebrachos, a veces quedan semienterrados. Para remover esos restos —denominados “tocones”— se contrata mano de obra en condiciones precarias. Una vez que el terreno está “limpio”, los árboles talados se apilan en hileras llamadas “cordones” y luego se queman. La madera rara vez se aprovecha. Lo que queda es un suelo desnudo y frágil, cada vez más expuesto a la erosión, a la salinización por el ascenso de napas, y dependiente de agroquímicos para sostener la producción. “Donde había un bosque muy rico y biodiverso, termina habiendo un paisaje geométrico, uniforme, ya sea de pasturas o de soja, que es lo que predomina en Formosa”, concluye Noemí.

Dejamos esa parte del terreno y avanzamos algunos kilómetros en camioneta hasta llegar a un punto que Greenpeace había identificado, mediante imágenes satelitales, como el perímetro activo del desmonte. Desde el camino de tierra, a simple vista, no hay señales de actividad. Una “cortina” de árboles impide ver el movimiento de la topadora, pero se la escucha: el sonido del motor se mezcla con el canto de las aves.

Levantamos un drone para registrar lo que está ocurriendo. Desde el aire, la pantalla muestra un paisaje partido. A un lado, el monte nativo que aún resiste con su mezcla de verdes. Al otro, un terreno arrasado, de tonos tierra, donde la vegetación fue barrida por el paso de la máquina.

En esas primeras tomas aéreas aparece una topadora, pero está detenida. Volamos durante algunos minutos, esperando que arranque, pero inesperadamente el drone pide un cambio de batería. “La perdimos”, dijo el piloto.

Hacemos un segundo intento y encontramos una en movimiento. “Podés bajarlo un poco. La máquina hace tanto ruido que el tractorista no escucha el drone”, le dice su compañero. Y entonces la vemos: la topadora se desplaza de forma recta y constante, como si trazara una cicatriz sobre el monte. Envuelta en un humo blanco, se mueve con precisión mecánica, encadenando movimientos: avanza, empuja, aplasta. Los árboles caen uno atrás de otro como fichas de un dominó.

Terminamos de registrar el material, subimos a la camioneta y nos alejamos en silencio. Acabamos de presenciar cómo desaparece un monte en tiempo real.

Las voces del monte

“Nosotros los pequeños campesinos sufrimos los efectos del desmonte. Se secan los árboles y no hay recursos para la producción ganadera. Los animales lo padecen muchísimo y los seres humanos, también”, dice Teófila Palma.

Teófila tiene 59 años, es docente jubilada y una de las principales dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), una organización que nuclea a pequeños productores agrícolas y ganaderos del norte argentino. Desde Las Lomitas, donde vive, se traslada con frecuencia a su pequeña granja en Pozo del Mortero. Ese predio, de 150 hectáreas, es una fracción de las 1.200 que antes pertenecían a su familia. Fue la única de sus ocho hermanos que decidió conservar la tierra. Allí nos recibió con mate, té, pan casero y sus perros, Bob y Remigio.

El diálogo —al que también se sumaron Mariela Soto, Osvaldo Delgado, Casimira Risso y Rosa Cuello, campesinos e integrantes del FNC— transcurre en una especie de quincho con columnas de madera y techo de chapa, cerca de un corral donde cría cabras, cabritos, vacas y gallos. Las últimas lluvias que hubo en la provincia son el puntapié de la conversación. “Eso nos dio un respiro. Volvió a llover como hace siete o diez años atrás”, dice Teófila.

“La falta de agua está directamente relacionada con el desmonte. Una cosa lleva a la otra: se producen los desmontes, cambia el clima, aumentan los vientos que generan la erosión de la tierra y eso va cambiando toda la textura del suelo. Los árboles y los pastos se secan, se acaba el alimento para los animales y las pocas reservas de agua, sean en represas o en canales, se evaporan con el calor”, agrega.

Mariela Soto tiene 44 años, un hijo de 12, y vive en un paraje cercano a Ingeniero Juárez, al oeste de Formosa. Cría cabras y produce quesillo y dulce de leche. Conoció a Teófila en un encuentro del FNC y desde entonces se acompañan. Hija y nieta de campesinos, Mariela dice que no puede imaginar su vida fuera del campo. “Quisiera estar un momento en el cuerpo de esas personas que manejan las topadoras. Cómo piensan: eso es lo que no logro entender. La barbaridad que hacen cuando entran con esas máquinas y devoran el monte. No queda nada. La impotencia es terrible”, dice.

A pesar de las adversidades que enfrenta, Mariela no pierde las esperanzas. “Me gusta pensar que si este año fue malo, el que viene nacerán más cabritos, las vaquitas van a parir y el ternero va a sobrevivir. Siempre está esa ilusión de que las cosas mejoren, y de que a los hijos les guste el campo, para que sigan con lo que uno ama”, dice.

Días antes del hallazgo de la topadora en Ibarreta, conversamos con Pablo Chianetta, secretario de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una organización que trabaja junto a comunidades wichí y nivaĉlé del centro-oeste provincial para fortalecer sus derechos culturales, territoriales y ciudadanos.

Pablo tiene 62 años, nació en el barrio porteño de Congreso, en Capital Federal, y se formó como veterinario en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, hace más de cuatro décadas, decidió echar raíces en Formosa y fundó APCD, en cuya sede nos recibió para hacerle una extensa entrevista de la que también participó Gustavo Núñez, referente institucional del área jóvenes de la asociación.

“Nosotros trabajamos con las comunidades que viven en el bosque, donde los territorios boscosos están mejor cuidados”, dice Pablo mientras despliega un mapa satelital, que muestra el avance de la deforestación entre 2000 y 2024.

“Estas son las últimas dos décadas. Los cuadraditos muestran lo que se desmontó según los años. Miren cómo se fue coloreando este mapa. Formosa es de las cuatro provincias que más han desmontado y deforestado en Argentina, junto con Salta, Chaco y Santiago del Estero. Con el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, la provincia registró que cerca del 70% de su superficie está cubierta por bosques, y que el 65% de ellos puede ser desmontado. Preguntémonos si eso es sustentable”.

Durante la charla, Chianetta insistió en no hablar de “desmonte”, sino de “desbosque”, un término que —según explicó— refleja mejor la magnitud del impacto:

“No se trata solo de arrasar especies y talar árboles. Lo que se arrasa son mundos. ¿Dónde educa un indígena wichí a sus hijos si no tiene el paño donde enseñar? Lo que estamos haciendo es una erosión genética y una erosión de los conocimientos culturales de los pueblos que viven ahí”.

Fotos/Martín Katz y Sebastián Pani.

Imágenes de Video/Sebastián Pani.

Un convoy de cerca de 30 embarcaciones surcó los canales de Venecia la noche del jueves 26 de junio, trasladando a celebridades y figuras públicas hacia una exclusiva fiesta de bienvenida en el claustro adyacente a la iglesia Madonna dell’Orto, en la antesala de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Según informó el medio PEOPLE, el ingreso de los invitados, entre quienes se encontraban Oprah Winfrey, Kim y Khloé Kardashian, Leonardo DiCaprio, Bill Gates y la reina Rania de Jordania, requirió un despliegue especial de seguridad, con la policía patrullando la zona y bloqueando un canal completo para facilitar el acceso al recinto.

La pareja anfitriona, Jeff Bezos, de 61 años, y la periodista galardonada con un Emmy, Lauren Sánchez, de 55 años, ofreció un evento de alto nivel antes de su enlace. Sánchez lució para la ocasión un vestido dorado de satén duquesa, con escote caído, cintura corsetada y bordados florales barrocos, perteneciente a la colección Schiaparelli Primavera-Verano 2025 de alta costura.

Bezos optó por un clásico traje negro y gafas tipo aviador. Ambos fueron captados saliendo del hotel Aman y ayudándose al abordar un taxi acuático rumbo a la celebración.

A la sofisticada recepción, organizada en secreto para resguardar la privacidad, acudieron también Orlando Bloom, Tom Brady, Kendall y Kylie Jenner, Kris Jenner y Corey Gamble, quienes compartieron risas y fotografías desde sus embarcaciones.

Entre los asistentes se divisó a Leonardo DiCaprio, acompañado de su pareja Vittoria Ceretti, así como a la diseñadora Tommy Hilfiger y Dee Ocleppo Hilfiger. Oprah Winfrey y Gayle King se presentaron juntas tras arribar a Venecia ese mismo día.

La logística incluyó la participación de la firma Lanza & Baucina Limited, especializada en bodas de alto perfil en Venecia —la misma que coordinó los enlaces de George y Amal Clooney en 2014 y de Salma Hayek y François-Henri Pinault en 2009—.

Los organizadores recalcaron que el evento no alteraría el funcionamiento habitual de la ciudad, pese a las protestas recientes contra el turismo excesivo. El ambiente de la velada mezcló el glamour con elementos locales y familiares. De acuerdo con fuentes citadas por PEOPLE, los asistentes degustaron pizzas preparadas en el lugar por un chef napolitano, flores de calabacín fritas, arancini, pulpo y bacalao, rematando con tartas de limón y dulces servidos entre canastas de flores blancas y moradas.

Una nota distintiva fue la decoración, con limones y motivos florales en las mesas, y la ambientación musical a cargo de un piano instalado para la ocasión. Pese a la relevancia de los invitados, la atmósfera permaneció discreta y festiva hasta que la llegada de tormentas precipitó el final temprano de la celebración.

La programación nupcial continúa el sábado con la fiesta principal, que se llevará a cabo en una de las salas del Arsenale, un antiguo astillero medieval convertido en espacio artístico en el barrio de Castello. El vicealcalde de Venecia, Simone Venturini, indicó a NBC News que la ciudad cuenta con experiencia para manejar este tipo de eventos, tras haber acogido ceremonias de figuras como el papa Francisco y cumbres del G7 y G20.

Venturini también recordó la boda de los Clooney en 2014, que atrajo a multitudes al borde de los canales. No obstante, la boda de Bezos y Sánchez no tendrá validez legal en Italia, ya que, según explicó Venturini a NBC News, la legislación exige que estas uniones se celebren en recintos oficiales como el Ayuntamiento, y la pareja no realizó tal solicitud. Ante esto, persiste la especulación de que ambos ya han formalizado su matrimonio en Estados Unidos.

El alcalde Luigi Brugnaro aseguró en una declaración recogida por PEOPLE que el evento cuenta con menos de 200 invitados y es producto de una colaboración estrecha para proteger la “fragilidad y singularidad” de Venecia. Brugnaro también desmintió la información errónea que, afirmó, ha circulado sobre la boda.

Según detalló The Associated Press, la pareja decidió abastecerse en un 80% de proveedores locales, sumando la participación de Rosa Salva, la pastelería más antigua de la ciudad, encargada de los obsequios comestibles para los presentes, y del estudio Laguna B, especializado en vidrio de Murano, para el diseño de piezas únicas. Para garantizar la privacidad, Jeff Bezos y Lauren Sánchez y sus invitados se hospedan en el hotel Aman —donde los Clooney contrajeron nupcias—, aunque también reservaron habitaciones en otros destacados hoteles como el Gritti Palace, St. Regis, Belmond Cipriani y Danieli.

Como gesto adicional, la pareja solicitó a sus invitados no llevar regalos, sino realizar donaciones caritativas en beneficio de la ciudad de Venecia. En medio de la expectativa y la atención global, la ciudad ha mantenido su ritmo. El guía turístico Igor Scomparin explicó a NBC News que Venecia, que recibe cerca de 30 millones de turistas al año, está acostumbrada a gestionar grandes eventos, pese a contar con apenas el doble del tamaño de Central Park en Nueva York.

Jeff Bezos, quien aparece como la cuarta persona más rica del mundo gracias a una fortuna estimada por Forbes en 231.000 millones de dólares, renunció en 2021 a la dirección ejecutiva de Amazon para dedicar más tiempo a proyectos como Blue Origin, The Washington Post y sus iniciativas filantrópicas.

Mientras los veleros de lujo permanecen anclados y los jets privados siguen aterrizando, los reflectores internacionales continúan enfocados en Venecia a la espera del enlace de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, uno de los eventos sociales más comentados del año.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, con inversiones en tecnología, medios y aeroespacial, ha sido el centro de atención en la Plaza de San Marcos de Venecia, después de que activistas de Greenpeace Italia y el grupo británico Everyone Hates Elon se hayan manifestado en su contra a pocas horas de su boda con Lauren Sánchez. Lo más sorprendente de la protesta ha sido la pancarta de 400 metros cuadrados que han desplegado en el suelo del lugar donde debería celebrarse la boda entre el 26 y 28 de junio. El mensaje, claro y directo: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

Y es que el empresario habría gastado en total unos “10 millones de dólares”, algo que ha causado malestar entre los locales y europeos que no quieren “perder la oportunidad de interrumpir la boda”, según habría declarado uno de los manifestantes al The New Yorker. El enlace entre el fundador de Amazon, de 61 años, y la ex periodista Lauren Sánchez, de 55, ha sido descrito como la “boda del siglo” y ha generado un amplio despliegue mediático y logístico. Aunque la ubicación exacta del evento se mantiene bajo reserva, varias fuentes sitúan la celebración en la histórica Scuola Grande della Misericordia, un edificio del siglo XIV que ya albergó un cónclave papal en 1799 y una cumbre del G7 en 1987. Otros informes señalan el superyate Koru de Bezos, valorado en 500 millones de dólares, como el lugar elegido, según EuroNews.

Las protestas locales planean obstruir el paso a los novios: “Sin espacio para Bezos”

La crítica no se limita al uso del espacio público, sino que se extiende al modelo económico que, según los activistas, representa Bezos. “La arrogancia de unos pocos multimillonarios que llevan estilos de vida devastadores para el planeta, por otro, todas las personas que sufren a diario los daños de la crisis medioambiental: un sistema como este no garantiza justicia para nadie”, denuncia la organización en su página web.

De esta manera, el movimiento “Sin espacio para Bezos” planea bloquear calles y canales venecianos. Incluso, Tommaso Cacciari, uno de los organizadores, explicó al diario The New Yorker que planean obstruir el acceso a la Scuola Grande della Misericordia con barcos y objetos hinchables. “Quizá consigamos bloquearlo, pero seguro que tendrán que vernos”, declaró. Además, durante las protestas del pasado lunes 23 de junio, se han visto las primeras pancartas en las que se puede leer: “Venicelandia: un patio de recreo digno de un oligarca” y una X roja sobre el nombre del empresario.

Así, su portavoz, Oliviero Cassarà, declaró que “‘No Space For Bezos’ no tiene ningún problema con que los estadounidenses o las personas se casen en Venecia”. El origen de la cuestión radica en la movilización de sus 200 invitados para la ocasión. Muchas de ellos llegando en jets privados y desplazándose por la ciudad en góndolas y taxis acuáticos contratados para la ocasión. Esta acumulación de emisiones y el cierre parcial de zonas urbanas han elevado el malestar vecinal.

Bezos ha contado con una empresa para “minimizar cualquier perturbación a la ciudad”

En respuesta a las protestas, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, defendió la capacidad de la ciudad para albergar eventos internacionales. Citó como ejemplo el Festival de Cine y aseguró estar “avergonzado de quienes se comportan así”, en referencia a los manifestantes, según recogió Variety. Asimismo, ante las tensiones, la empresa organizadora Lanza & Baucina Limited emitió un comunicado en el que defendió su gestión. La firma, dirigida por el príncipe Antonio Licata di Baucina y el conde Riccardo Lanza, aseguró que su mandato fue claro desde el inicio: “Minimizar cualquier perturbación a la ciudad, el respeto por sus residentes e instituciones y el empleo abrumador de locales en la elaboración de los eventos”.

El comunicado, citado por Page Six, desmintió versiones sobre una reserva masiva de taxis acuáticos. “Los rumores de ‘apoderarse’ de la ciudad son completamente falsos y diametralmente opuestos a nuestros objetivos y a la realidad. Nunca se ha reservado una cantidad exagerada de taxis acuáticos o góndolas”. La empresa, que también organizó las bodas de George y Amal Clooney y de Salma Hayek con François-Henri Pinault, aseguró que Bezos y Sánchez han apoyado “la ciudad y su importantísima laguna a través de organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos asociados”.

Greenpeace, sin embargo, insiste en que este tipo de actos representan una desigualdad estructural: “Hoy protestamos contra un modelo económico y social que nos lleva al colapso". Según han manifestado, “gravar a los superricos como Bezos, junto con las industrias de combustibles fósiles y defensa, es un paso necesario para garantizar la justicia social y climática para quienes luchan a diario, mientras que millonarios como Jeff Bezos pueden permitirse cerrar media ciudad durante días y días, solo para celebrar su boda”. La organización concluye exclamando que “¡la gente no puede ni debe pagar las graves consecuencias causadas por los privilegios de unos pocos!”.

"La idea de los impuestos a los contaminadores está ganando impulso", declaró Rebecca Newsom, de Greenpeace, en una rueda de prensa en el marco de la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático que arrancó el lunes en esa ciudad alemana.

Para el estudio se encuestó a 1.200 personas por cada uno de los 13 países abarcados, entre los que se cuentan España, México, Estados Unidos, Brasil y la India y que entre todos suman aproximadamente la mitad de la población mundial.

En España, el 89 % de los encuestados respondió que las corporaciones de los sectores del petróleo, el gas y el carbón deberían ser gravadas por los daños que provocan, la tasa nacional más alta por detrás de Brasil (91 %), mientras que se situó a la cola Alemania, donde solo el 68 % apoyó esta afirmación.

A nivel general, el 66 % de los encuestados consideró que son este tipo de empresas las que deben hacerse cargo de los daños por desastres climáticos provocados por sus emisiones y el 86 % apoyó que la recaudación obtenida a través de una subida de impuestos fuese a parar a las comunidades más afectadas.

Greenpeace destacó además el dato de que un 77 % estaría más dispuesto a apoyar a un candidato político que priorizara gravar a los súperricos y a la industria de los combustibles fósiles.

Ashfaq Khalfan, director de Justicia Climática de Oxfam, recalcó que las empresas de combustibles fósiles emiten cada año la mitad de todas las emisiones globales, las cuales a lo largo del próximo siglo causarán millones de muertes provocadas por el cambio climático.

Según cálculos de la ONG, un impuesto a los beneficios de 590 grandes empresas del sector podría recaudar hasta 400.000 millones de dólares el primer año.

"El objetivo sería hacer las inversiones en renovables mucho más rentables que las inversiones en fósiles", dijo Khalfan, que aseguró que el plan es "factible".

"Es una buena idea, los gobiernos deberían hacerlo", afirmó, aduciendo el apoyo público con que contaría esta medida.

En este contexto, las oenegés presentaron una alianza global a la que se han sumado más de 60 organizaciones no gubernamentales y una veintena de activistas para hacer campaña a favor de que los Gobiernos introduzcan mayores impuestos a las empresas de combustibles fósiles para apoyar a las comunidades afectadas por desastres climáticos. EFECOM

Berlín, 19 jun (EFE).- Las oenegés Greenpeace y Oxfam presentaron este jueves datos para alentar a los Gobiernos a gravar más a las empresas responsables de más emisiones, al hacer público un estudio según el cual el 81 % de la población a nivel internacional apoya que las corporaciones contaminantes paguen por el daño ambiental que causan.

"La idea de los impuestos a los contaminadores está ganando impulso", declaró Rebecca Newsom, de Greenpeace, en una rueda de prensa en el marco de la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático que arrancó el lunes en esa ciudad alemana.

Para el estudio se encuestó a 1.200 personas por cada uno de los 13 países abarcados, entre los que se cuentan España, México, Estados Unidos, Brasil y la India y que entre todos suman aproximadamente la mitad de la población mundial.

En España, el 89 % de los encuestados respondió que las corporaciones de los sectores del petróleo, el gas y el carbón deberían ser gravadas por los daños que provocan, la tasa nacional más alta por detrás de Brasil (91 %), mientras que se situó a la cola Alemania, donde solo el 68 % apoyó esta afirmación.

A nivel general, el 66 % de los encuestados consideró que son este tipo de empresas las que deben hacerse cargo de los daños por desastres climáticos provocados por sus emisiones y el 86 % apoyó que la recaudación obtenida a través de una subida de impuestos fuese a parar a las comunidades más afectadas.

Greenpeace destacó además el dato de que el 77 % estaría más dispuesto a apoyar a un candidato político que priorizara gravar a los súper ricos y a la industria de los combustibles fósiles.

Ashfaq Khalfan, director de Justicia Climática de Oxfam, recalcó que las empresas de combustibles fósiles emiten cada año la mitad de todas las emisiones globales, las cuales a lo largo del próximo siglo causarán millones de muertes provocadas por el cambio climático.

Según cálculos de la ONG, un impuesto a los beneficios de 590 grandes empresas del sector podría recaudar hasta 400.000 millones de dólares el primer año.

"El objetivo sería hacer las inversiones en renovables mucho más rentables que las inversiones en fósiles", dijo Khalfan, que aseguró que el plan es "factible".

"Es una buena idea, los gobiernos deberían hacerlo", afirmó, aduciendo el apoyo público con que contaría esta medida.

En este contexto, las oenegés presentaron una alianza global a la que se han sumado más de 60 organizaciones no gubernamentales y una veintena de activistas para hacer campaña a favor de que los Gobiernos introduzcan mayores impuestos a las empresas de combustibles fósiles para apoyar a las comunidades afectadas por desastres climáticos.

La directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, considera que el Gobierno no debe ceder a la "presión inaceptable" de las eléctricas, sino aplicar un paquete de medidas que aseguren un suministro eléctrico "seguro y de calidad, sin comprometer la transición energética".

"Las razones por las que las eléctricas quieren prorrogar las nucleares no tienen nada que ver ni con el apagón (del 28 de abril), ni con la seguridad del suministro, ni nada que tenga que ver con ayudar a las comunidades vulnerables a tener electricidad. Lo que quieren hacer es negocio con una tecnología fracasada, que no puede competir con las renovables y lo único que hace es externalizar sus costes", ha denunciado en una entrevista con Europa Press.

En líneas generales, ha recalcado que cualquier prórroga del calendario de cierre de las centrales nucleares en España "implica una rebaja de la seguridad humana" ya que la energía nuclear representa un "riesgo" con "altos costes económicos" y un "lastre" para las futuras generaciones que deberán asumir las pérdidas y la gestión de residuos radioactivos.

Endesa e Iberdrola han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) este viernes una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares, según indicaron en fuentes ministeriales. No obstante, el Gobierno considera que la carta "es una declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal", ya que estiman que esta misiva no lo es.

SE NECESITA "DEMOCRATIZAR" EL SISTEMA FINANCIERO

Por otro lado, Saldaña ha explicado que quiere que haya una posición "firme" en la Conferencia de Sevilla sobre Financiación al Desarrollo para "ubicar las partidas presupuestarias en donde tienen que estar": las "transiciones gigantes" que se tienen que llevar a cabo en la sociedad. Además, ha abogado por "pedirles cuentas" a "los grandes contaminadores, multimillonarios o grandes fortunas".

"Sevilla es una oportunidad de oro para mostrarle a la ciudadanía la imperiosa necesidad de democratizar el sistema financiero para conseguir una economía verdaderamente centrada en el bienestar", ha señalado, ha señalado Saldaña en una entrevista con Europa Press.

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas (ONU) se celebrará en la capital hispalense entre el 30 de junio y el 3 de julio y la ONG acudirá dentro del paraguas de Greenpeace Internacional.

La directora de Greenpeace también ha tildado de "barbaridad" que la Unión Europa (UE) haya formalizado a principios de mes la rebaja del estatus de protección del lobo de especie "estrictamente protegida" a "protegida", lo que en la práctica supone que dará mayor flexibilidad para la gestión de las poblaciones locales pero seguirá siendo una especie protegida.

Por ello, ha insistido en que permitir la "persecusión sistemática" del lobo pone en peligro su futuro y, además, no resuelve los problemas estructurales que amenazan realmente la ganadería extensiva. "Yo creo que el lobo se utiliza como un chivo expiratorio", ha lamentado.

En relación a la dana de Valencia, Saldaña ha indicado que es "complicado" que una administración con una mirada "negacionista" implemente un trabajo "en la dirección correcta". De cara a futuras danas, ha incidido en que es necesario plantearse qué tipo de planificación urbanística y de adaptación se está llevando a cabo en las zonas afectadas y en las áreas inundables.

Al margen de medidas com la renaturalización de los entornos, la directora de Greenpeace ha hablado de cómo se debe hacer un trabajo con la ciudadanía para conseguir que tenga una cultura "adaptada" con personas que sientan que sus municipios son "refugios climáticos".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado que "Groenlandia no está a la venta, como tampoco lo están la Antártida o el alta mar" y ha abogado por conocer "a nuestro mejor amigo: el océano" antes de "correr a Marte" en clara referencia a distintos comentarios y acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y de la Administración Trump en su conjunto.

"Y o digo con firmeza: los fondos marinos no se vende, como tampoco Groenlandia se vende, ni la Antártida ni la alta mar se venden, ni las licencias de pesca de los países en desarrollo se regalan, ni los datos científicos ni la seguridad de las poblaciones costeras se sacrifican. Hablamos de un bien común", ha recalcado en su intervención durante la inauguración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), donde de acuerdo con la prensa francesa Estados Unidos (EEUU) no ha enviado una delegación de alto nivel.

Macron ha lanzado este discurso dos meses después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijera que EEUU negociará la adhesión de Groenlandia una vez se independice de Dinamarca a través de un referéndum de autodeterminación.

A su vez, el presidente francés ha avanzado un acuerdo entre 33 países --entre ellos, España-- para pedir la paralización de la minería submarina un mes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que busca impulsar la minería submarina y que, según Greenpeace, "aparentemente elude" a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), el organismo regulador de la ONU para proteger las profundidades marinas como patrimonio común de la humanidad.

Por otro lado, la referencia de Macron a cómo hay que conocer "a nuestro mejor amigo: el océano" antes de "correr a Marte" viene algo más de una semana después de que la Casa Blanca propusiese que la NASA invierta 1.000 millones de dólares (876 millones de euros) en estudios para tener la tecnología necesaria para mandar eventualmente exploraciones con humanos al planeta rojo, según prensa estadounidense.

En este mismo sentido, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha incidido durante la inauguración de la Cumbre en Niza en que "las profundidades marinas no pueden convertirse en el Salvaje Oeste" y, a su vez, ha recalcado que apoya la labor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) de Francia y Costa Rica comenzará este lunes y reunirá a al menos 70 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad francesa de Niza. Hasta el 13 de junio, unos 10.000 delegados debatirán entre otros temas sobre la minería submarina, el ruido en el mar y la contaminación por plástico en los océanos, donde estará presente España.

Francia no ha confirmado la asistencia de ningún jefe de Estado al margen del presidente francés, Emmanuel Macron. Tampoco si la Administración Trump o el Gobierno israelí van a enviar una delegación. Por parte de España, ha confirmado su asistencia la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La Cumbre comienza tras el Blue Economy and Finance Forum (BEFF) de Mónaco, donde el CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha anunciado que invertirá 2.500 millones de dólares (2.188 millones de euros) hasta 2030 para potenciar la economía azul y las comunidades locales de América Latina y el Caribe.

El Tratado Global de los Océanos, que se esperaba que fuera el gran acuerdo de Niza, ha sido ratificado por 31 países. En total, se necesita llegar a un mínimo de 60 para que entre en vigor. España aspira a que los países restantes ratifiquen el lunes, aunque admite que es un objetivo complicado.

Si no se logra, confía en que hay músculo para que el Tratado entre en vigor a lo largo de 2025. Y es que las naciones no han mostrado a España reticencia de cara a ratificar el Tratado, sino más bien le han trasladado problemas de tiempo para finalizar los procesos de ratificación nacionales antes de la Cumbre.

Así, durante los próximos días, Niza será sede de sesiones plenarias cada mañana donde los Estados Miembros de la ONU declararán su compromiso con el océano. Mientras, cada tarde, se desarrollarán dos secuencias de diálogo que reunirán a Estados Miembros, organizaciones de la ONU y representantes de la sociedad civil (ONG, científicos y empresas).

Estos diálogos, conocidos como 'Paneles de Acción Oceánica', fomentarán el compromiso de diversas partes interesadas, la creación de coaliciones y la elaboración de proyectos para el océano. Entre otros temas, se tratarán la minería submarina, el ruido en el mar y la contaminación por plástico en los océanos (este último, de cara a las negociaciones del Tratado Internacional de Plásticos que acogerá Ginebra (Suiza) en agosto).

ESPAÑA ABOGARÁ POR LA PARALIZACIÓN DE LA MINERÍA SUBMARINA

Con respecto a este último, Francia ha propuesto hacer una declaración política llamando a la adhesión al Tratado Internacional de Plásticos y por el momento hay un total de 70 países dispuestos a sumarse. Por su parte, España abogará por la paralización de la minería submarina en un momento en el que otros países --por ejemplo, Estados Unidos (EEUU)-- van en sentido contrario.

La agenda de Aagesen durante la Cumbre incluye varias reuniones bilaterales (por ejemplo, con el comisario europeo de Pesca y Océanos, el griego Costa Kadis) y contempla un encuentro con las organizaciones ecologistas. A su vez, también tomará parte en un evento conmemorativo de la firma del Convenio de Barcelona en 1975, el primer acuerdo regional bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Estará organizado por España, Francia, Eslovenia y ya hay confirmados 16 ministros de países de todo el arco mediterráneo.

GREENPEACE: "EL MULTILATERALISMO NO ESTÁ FUNCIONANDO"

La directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha lamentado en una entrevista con Europa Press el hecho de que el Tratado Global de los Océanos todavía tenga que ser ratificado por tres decenas de países para entrar en vigor cuando el proceso para hacerlo se abrió en 2023.

A su juicio, esto tiene que ver con unas tensiones geopolíticas "muy grandes" que están "poniendo el foco completamente el contra de la vida" y que no saben construir un modelo socioeconómico que realmente sirva a la sociedad para lidiar con los retos a los que se enfrenta. "El multilateralismo global no está funcionando. Y a partir de ahí, en cascada, pues se caen un montón de cosas absolutamente vitales en este momento", ha resumido.

Preguntada por los posibles anuncios sobre financiación climática que pudieran surgir de la Cumbre, Saldaña ha dejado claro que, en su opinión, lo primero que tienen que hacer las empresas es cambiar sus modelos de negocio y hacerlos sostenibles. "No creo que las empresas sean quienes vayan a salvar esto. O sea, pienso que son los gobiernos los que tienen que dar el primer paso, hacer un compromiso firme y urgente (en temas climáticos)", ha añadido.

En este sentido, espera que el Tratado Global de los Océanos entre en vigoe este año y que a partir de ahí se establezca una hoja de ruta para verificar la creación de los primeros santuarios oceánicos que permitan darle cumplimiento. En lo que concierne a España, celebra que el país fuese la primera nación europea en ratificar el acuerdo, le pide desarrollo en su implementación. Así, ha recordado que España sólo tiene el 0,014% de su superficie marina protegida de forma estricta cuando el objetivo es llegar al 10% en 2030.

De esta manera, emplaza a que el Departamento de Aagesen trabaje en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que los planes de gestión existentes "se pongan a funcionar". Además, demanda la paralización de la minería submarina y otras medidas más específicas como la reducción de la velocidad de los barcos en el plan de gestión del área marina protegida de la zona del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, por ejemplo.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) de Francia y Costa Rica comenzará este lunes y reunirá a al menos 70 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad francesa de Niza. Hasta el 13 de junio, unos 10.000 delegados debatirán entre otros temas sobre la minería submarina, el ruido en el mar y la contaminación por plástico en los océanos, donde estará presente España.

Francia no ha confirmado la asistencia de ningún jefe de Estado al margen del presidente francés, Emmanuel Macron. Tampoco si la Administración Trump o el Gobierno israelí van a enviar una delegación. Por parte de España, ha confirmado su asistencia la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La Cumbre comienza tras el Blue Economy and Finance Forum (BEFF) de Mónaco, donde el CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha anunciado que invertirá 2.500 millones de dólares (2.188 millones de euros) hasta 2030 para potenciar la economía azul y las comunidades locales de América Latina y el Caribe.

El Tratado Global de los Océanos, que se esperaba que fuera el gran acuerdo de Niza, ha sido ratificado por 31 países. En total, se necesita llegar a un mínimo de 60 para que entre en vigor. España aspira a que los países restantes ratifiquen el lunes, aunque admite que es un objetivo complicado.

Si no se logra, confía en que hay músculo para que el Tratado entre en vigor a lo largo de 2025. Y es que las naciones no han mostrado a España reticencia de cara a ratificar el Tratado, sino más bien le han trasladado problemas de tiempo para finalizar los procesos de ratificación nacionales antes de la Cumbre.

Así, durante los próximos días, Niza será sede de sesiones plenarias cada mañana donde los Estados Miembros de la ONU declararán su compromiso con el océano. Mientras, cada tarde, se desarrollarán dos secuencias de diálogo que reunirán a Estados Miembros, organizaciones de la ONU y representantes de la sociedad civil (ONG, científicos y empresas).

Estos diálogos, conocidos como 'Paneles de Acción Oceánica', fomentarán el compromiso de diversas partes interesadas, la creación de coaliciones y la elaboración de proyectos para el océano. Entre otros temas, se tratarán la minería submarina, el ruido en el mar y la contaminación por plástico en los océanos (este último, de cara a las negociaciones del Tratado Internacional de Plásticos que acogerá Ginebra (Suiza) en agosto).

ESPAÑA ABOGARÁ POR LA PARALIZACIÓN DE LA MINERÍA SUBMARINA

Con respecto a este último, Francia ha propuesto hacer una declaración política llamando a la adhesión al Tratado Internacional de Plásticos y por el momento hay un total de 70 países dispuestos a sumarse. Por su parte, España abogará por la paralización de la minería submarina en un momento en el que otros países --por ejemplo, Estados Unidos (EEUU)-- van en sentido contrario.

La agenda de Aagesen durante la Cumbre incluye varias reuniones bilaterales (por ejemplo, con el comisario europeo de Pesca y Océanos, el griego Costa Kadis) y contempla un encuentro con las organizaciones ecologistas. A su vez, también tomará parte en un evento conmemorativo de la firma del Convenio de Barcelona en 1975, el primer acuerdo regional bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Estará organizado por España, Francia, Eslovenia y ya hay confirmados 16 ministros de países de todo el arco mediterráneo.

GREENPEACE: "EL MULTILATERALISMO NO ESTÁ FUNCIONANDO"

La directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha lamentado en una entrevista con Europa Press el hecho de que el Tratado Global de los Océanos todavía tenga que ser ratificado por tres decenas de países para entrar en vigor cuando el proceso para hacerlo se abrió en 2023.

A su juicio, esto tiene que ver con unas tensiones geopolíticas "muy grandes" que están "poniendo el foco completamente el contra de la vida" y que no saben construir un modelo socioeconómico que realmente sirva a la sociedad para lidiar con los retos a los que se enfrenta. "El multilateralismo global no está funcionando. Y a partir de ahí, en cascada, pues se caen un montón de cosas absolutamente vitales en este momento", ha resumido.

Preguntada por los posibles anuncios sobre financiación climática que pudieran surgir de la Cumbre, Saldaña ha dejado claro que, en su opinión, lo primero que tienen que hacer las empresas es cambiar sus modelos de negocio y hacerlos sostenibles. "No creo que las empresas sean quienes vayan a salvar esto. O sea, pienso que son los gobiernos los que tienen que dar el primer paso, hacer un compromiso firme y urgente (en temas climáticos)", ha añadido.

En este sentido, espera que el Tratado Global de los Océanos entre en vigoe este año y que a partir de ahí se establezca una hoja de ruta para verificar la creación de los primeros santuarios oceánicos que permitan darle cumplimiento. En lo que concierne a España, celebra que el país fuese la primera nación europea en ratificar el acuerdo, le pide desarrollo en su implementación. Así, ha recordado que España sólo tiene el 0,014% de su superficie marina protegida de forma estricta cuando el objetivo es llegar al 10% en 2030.

De esta manera, emplaza a que el Departamento de Aagesen trabaje en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que los planes de gestión existentes "se pongan a funcionar". Además, demanda la paralización de la minería submarina y otras medidas más específicas como la reducción de la velocidad de los barcos en el plan de gestión del área marina protegida de la zona del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, por ejemplo.

La ONG ecologista Greenpeace ha entregado la estatua de cera del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que había sustraído el lunes del museo Grévin de París para organizar una simbólica protesta contra la compra de energías fósiles a Rusia en plena guerra de Ucrania.

Los activistas han depositado la estatua ante la sede central de la empresa eléctrica EDF, a la que Greenpeace ha señalado en esta nueva acción por la importación de uranio enriquecido para la industria nuclear, según ha informado la propia ONG en sus redes sociales.

Con esta cadena de protestas, la organización quiere "denunciar el doble discurso hipócrita de Emmanuel Macron", ya que por una parte "apoya públicamente a Ucrania" y, por otra, permite que se mantengan ciertos contratos con Rusia. Según Greenpeace, una cuarta parte del uranio importado por Francia en 2024 procedió de Rusia.

La ONG llevó el lunes en un primer momento la estatua de Macron precisamente a una concentración organizada frente a la Embajada rusa en la capital gala.

"La región latinoamericana y del Caribe (siempre) lleva una declaración conjunta sobre los temas que se logra consenso. Y hasta el momento, la verdad, no se ha logrado consenso en la mayoría de los temas", dijo a EFE este martes Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).

Todo ello pese a que "muchos países están de acuerdo con cuestiones centrales como la necesidad de la reducción de la producción de plásticos con metas globales vinculantes", apunta Parra, aunque sí se han alcanzado acuerdos en otros aspectos como el financiamiento.

"Esperamos también que se logren posiciones conjuntas sobre otros temas sustanciales del tratado como la reducción de la producción, el control de las sustancias químicas y la transición justa, entre otros temas muy importantes", agrega Parra, que también es asesora de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA).

Las organizaciones civiles se preparan en Ciudad de Panamá este martes y miércoles en el marco de la Consulta Regional del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac) para la segunda parte de la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC 5.2) del Tratado de Plásticos.

En esa reunión, las ONG tienen el objetivo de aportar evidencia científica y enfoques basados en la justicia ambiental para apoyar a los Estados en la construcción de posiciones comunes ambiciosas que respondan a la urgencia de enfrentar la actual crisis del plástico en beneficio del planeta y de las futuras generaciones.

Las organizaciones civiles, entre ellas están MarViva, Fas Panamá, Greenpeace de Colombia, Acción Ecológica México o Taller Ecologista de Argentina, participan como observadores en la Consulta Regional.

"Nosotros creemos que la parte angular del tratado (de plásticos) es apuntar en la reducción de la producción y del consumo. Si no hacemos eso, no vamos a hacer nada, porque luego de 30 años ya se demostró que el reciclaje no es una solución", explica a EFE la presidenta de Fas Panamá, Marisol Landau.

Landau detalló que el problema de la gestión de plásticos en América Latina y el Caribe reside en que se ha "demostrado" que el reciclaje es un "espejismo" debido a que el "volumen absurdo" de plástico, su "diversidad" y la alta cantidad de "aditivos" dentro de ellos dificulta su reciclaje.

"La industria lo sabía y, a pesar de eso, nos vendieron una idea de reciclaje, un espejismo, y hoy estamos afrontando esa realidad de que el plástico realmente no era reciclable en su totalidad", agrega Landau.

"(Ya) no hay una mayonesa en frasco de vidrio, todo está en plástico. Entonces, no hay manera que Latinoamérica, donde la deficiencia en los sistemas de gestión es enorme (...), vaya a poder resolver el problema solo hablando de gestión y de recolección. Es imposible", dice.

Por ello, propone "reducir el plástico, la producción y que cambiar el modelo de consumo" hacia uno "que realmente sea sostenible".

Esa segunda parte de la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino, está prevista del 5 al 14 de agosto de 2025 en Ginebra, según la información oficial.

Las primeras cinco reuniones para el desarrollo del acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación plástica tuvieron lugar en 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con la información oficial.

"Ha sido una acción muy montada, en plan comando. Al menos fueron seis personas que entraron, pagando su entrada y, desviando la atención de los agentes de seguridad, aprovecharon para llevársela", declaró el director del museo a los medios Yves Delhommeau, quien compareció en el lugar exacto en el que estaba la obra, en una sala que recreaba el despacho presidencial.

Tras su acción, los militantes de Greenpeace dejaron en el museo una pancarta amarilla que rezaba "Business is Business" y una bandera rusa.

Al poco tiempo, la figura fue exhibida por los activistas frente a la embajada rusa en París, para denunciar que Francia siga comprando gas natural a Moscú, a pesar de las sanciones por la guerra en Ucrania.

"No ha habido nada de violencia, nos han llamado rápidamente para reivindicar la acción (Greenpeace) y para decirnos que la íbamos a recuperar sana y salva", indicó Delhommeau, quien aseguró que todas las autoridades, incluidas la Presidencia francesa, han sido informadas de este robo.

La figura, de un coste de unos 40.000 euros, estaba en una sala que recreaba el despacho presidencial del Elíseo, junto a figuras como François Hollande y Jacques Chirac. "Es la primera vez que nos sucede en 50 años", agregó el director del museo, situado en pleno París 'hausmanniano', en Grands Boulevards.

El Grévin no cerró, a pesar de este mediático incidente, y ciertos visitantes que se enteraban de la noticia no daban crédito. "Es mentira, me estáis gastando una broma", señaló a EFE un turista belga que se preparaba para entrar en el museo y pagar los 29,50 euros de la entrada.

La figura fue estrenada en 2018 en este museo, una institución histórica cuya apertura se remonta nada menos que a 1882. EFE

(vídeo)

Según ha relatado la propia organización en un comunicado de prensa, cuatro personas acudieron el lunes por la mañana a las puertas del popular museo de cera parisino haciéndose pasar por turistas. Una vez dentro, cambiaron su atuendo y se hicieron pasar por artesanos de la institución. El disfraz les permitió hacerse con la estatua de cera deseada, la de Emmanuel Macron, sin que nadie sospechase.

La figura del presidente de Francia llegó al Museo Grévin en 2018, durante el primer mandato de Macron, y está valorada en 40.000 euros. El director general de Greenpeace Francia, Jean-François Julliard, ha dejado claro que tan solo “han tomado prestada” la estatua y que la “devolverán intacta” al museo cuando terminen con ella.

Un acto denuncia en la embajada rusa: “Francia contribuye a la financiación de la guerra”

El objetivo de Greenpeace era utilizar la figura de Emmanuel Macron en un acto de denuncia organizado frente a la embajada de Rusia en París. Servidos de la estatua del presidente, varios activistas se colocaron a las puertas de la residencia diplomática para denunciar los vínculos de Francia con Rusia.

Según la organización, Francia se convirtió en 2025 en el mayor importador europeo de gas natural licuado ruso. "Con un aumento de casi el 80 % en comparación con 2023, la llegada de GNL ruso a Francia generó unos tres mil millones de euros para las empresas rusas“, afirman en un comunicado. Ello habría beneficiado a la energética estatal TotalEnergies, que ”contribuye así indirectamente a la financiación de la guerra de V. Putin , pero también al calentamiento global", critican.

La ONG señala igualmente el aumento en las importaciones de fertilizantes químicos rusos a Francia, para compensar la menor producción europea debido a la falta de gas natura. “Gracias a los impuestos puestos por Putin a las empresas que fabrican estos fertilizantes químicos y a la exportación de estos productos, el régimen ruso se habría embolsado unos 710 millones de euros desde 2023″, afirman.

A su vez, denuncian la colaboración de la industria nuclear francesa con Rosatom, empresa estatal rusa que actúa “como auténtico brazo armado” del gobierno de Putin. Rosatom participó en la toma de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, “el primer desvío histórico de una central nuclear civil para fines militares”, señala Greenpeace. “Hoy en día, Francia sigue dependiendo al 100% de Rusia para la conversión de su uranio reprocesado (uranio procedente del combustible tras su uso en centrales nucleares). Las autoridades rusas también controlan una gran parte de las importaciones francesas de uranio natural, a través de Kazajistán y Uzbekistán”, señala la ONG.

Por todo ello, consideran que la figura de Macron “no merece ser expuesta en este establecimiento cultural de renombre mundial hasta que haya rescindido los contratos de Francia con Rusia e iniciado una transición ecológica ambiciosa y duradera a escala europea”.

El director general de Greenpeace Francia ha asegurado que “no se trata de un robo, se trata de un préstamo”. “No tenemos la intención de guardarla, queríamos exponer simbólicamente a Emmanuel Macron delante de la embajada de Rusia, pero estamos determinados a devolverla”, ha afirmado Juliard. En cualquier caso, no aclaran cuándo volverá Macron al Museo Grévin, pues la organización planea utilizar su figura en futuros actos.

“Hemos enviado una nota verbal al secretariado del OIEA (...) que subraya que estas acciones por parte de Rusia son una violación flagrante de la ley internacional y una violación de la soberanía de Ucrania”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias ucraniana Ukrinform el representante permanente de Ucrania ante la agencia, Yuri Vitrenko.

La información sobre los supuestos planes rusos de conectar la central ucraniana de Zaporiyia apareció recientemente en un artículo del diario 'The New York Times' que citaba como fuente un informe de Greenpeace que advertía de la construcción por parte de las autoridades rusas de líneas de transmisión que podrían conectar la planta con las ciudades ucranianas ocupadas de Berdansk y Mariúpol.

La organización ecologista dijo haber tenido acceso a imágenes de satélite en las que se veía cómo se estaban instalando esta líneas.

La central de Zaporiyia es la más grande de Europa y está ocupada por Rusia desde los primeros días de la guerra.

El control y el uso de la planta se antojan una de las cuestiones clave de unas hipotéticas negociaciones de paz debido a la gran capacidad de generación eléctrica de sus seis reactores.

Según informaciones aparecidas en medios de EE.UU., Washington ha planteado la posibilidad de declarar la zona en la que está situada la central como neutral y que ésta pueda suministrar electricidad tanto a territorios controlados por Rusia como a los que queden bajo la jurisdicción de Kiev. EFE

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la empresa impugna el recurso de la Junta contra la providencia de 30 de abril del TSJA, al considerar que la petición del Gobierno andaluz vulnera los términos del fallo judicial que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras.

Rechaza así la pretensión de la Junta de que se imponga un “plazo perentorio” para tramitar el expediente y se obligue al consistorio a remitirlo al Consejo Consultivo de Andalucía para su dictamen, argumentando que estas medidas exceden lo establecido en la sentencia firme dictada por el propio tribunal en julio de 2021.

Azata sostiene que la potestad jurisdiccional debe limitarse a garantizar el cumplimiento del fallo “en la forma y términos que en este se consignen” y advierte de que cualquier matización o ampliación ajena a lo dictado vulneraría el principio de cosa juzgada.

Según la promotora, la normativa vigente ya establece los plazos legales para la tramitación del procedimiento de revisión de oficio, recogidos en el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, por lo que fijar un plazo distinto supondría una infracción legal.

Además, recuerda que la decisión sobre la necesidad de recabar el dictamen del Consejo Consultivo recae exclusivamente en el Ayuntamiento de Carboneras, al que corresponde “iniciar y tramitar” el expediente en ejercicio de su autonomía y competencias como administración local.

El escrito ha sido presentado en el marco del procedimiento de ejecución forzosa abierto tras la sentencia que anuló la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a raíz de un recurso impulsado por Greenpeace. EFE

mma/fs/ros

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió sobre la situación “extremadamente frágil” de la central nuclear de Zaporizhzhia, ubicada en el este de Ucrania y reconocida como la mayor de Europa. Según el comunicado del organismo, la instalación depende actualmente de una única fuente exterior esencial para mantener sus funciones básicas y evitar posibles accidentes, informó el OIEA.

El 7 de mayo, la central quedó desconectada de su última línea de apoyo, y el OIEA ha manifestado que “no está claro” cuándo se restablecerá el suministro. Desde que fue tomada por fuerzas rusas, la central ha sido foco de preocupación, especialmente durante las ocho ocasiones en que se ha visto completamente aislada de la red externa.

Rafael Grossi, director general del OIEA, tiene previsto visitar Ucrania y Rusia la próxima semana para continuar con sus contactos en ambos países. Grossi enfatizó la importancia de un proceso “continuo” de enfriamiento para los reactores y el combustible, operación que depende críticamente de la electricidad.

En un comunicado, Grossi señaló que la situación energética “sigue siendo profundamente preocupante” debido a la actividad militar persistente en las inmediaciones de la planta. El personal del OIEA destacado en el lugar ha informado sobre actividad bélica en la mayoría de los días de la última semana, reflejando una tensa situación de seguridad en la zona.

Ucrania denunció esta semana ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica las supuestas intenciones de Rusia de volver a poner en funcionamiento la central nuclear de Zaporizhzhia para conectarla a la red eléctrica rusa.

“Hemos enviado una nota verbal al secretariado del OIEA (...) que subraya que estas acciones por parte de Rusia son una violación flagrante de la ley internacional y una violación de la soberanía de Ucrania”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias ucraniana Ukrinform el representante permanente de Ucrania ante la agencia, Yuri Vitrenko.

La información sobre los supuestos planes rusos de conectar la central ucraniana de Zaporizhzhia apareció recientemente en un artículo del diario The New York Times que citaba como fuente un informe de Greenpeace que advertía de la construcción por parte de las autoridades rusas de líneas de transmisión que podrían conectar la planta con las ciudades ucranianas ocupadas de Berdansk y Mariupol.

La organización ecologista dijo haber tenido acceso a imágenes de satélite en las que se veía cómo se estaban instalando estas líneas.

La central de Zaporizhzhia es la más grande de Europa y está ocupada por Rusia desde los primeros días de la guerra, cuando las tropas de Putin tomaron las instalaciones después de una dura batalla con las fuerzas de Ucrania.

El control y el uso de la planta representan una de las cuestiones clave de unas hipotéticas negociaciones de paz debido a la gran capacidad de generación eléctrica de sus seis reactores.

Según informaciones aparecidas en medios de EEUU, Washington ha planteado la posibilidad de declarar la zona en la que está situada la central como neutral y que ésta pueda suministrar electricidad tanto a territorios controlados por Rusia como a los que queden bajo la jurisdicción de Kiev.

(Con información de Europa Press y EFE)

Palma (España), 27 may (EFE).- Cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición -algunos de ellos canibalizados- junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos, así como contenedores con restos en estado de putrefacción infestados de gusanos es lo que se encontró en una granja avícola de Llucmajor, ubicada en la turística isla española de Mallorca.

La investigación, impulsada por las organizaciones ecologistas ARDE y Satya Animal, reveló graves deficiencias higiénico-sanitarias y maltrato animal. Ambas informaron este martes en un comunicado de que presentaron a la Fiscalía de Medioambiente del archipiélago de Baleares una denuncia formal por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.

A pesar de contar con el sello de bienestar animal Welfair, la granja, que alberga 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves, reveló una situación que fue calificada por los denunciantes como una “pesadilla” tanto para los animales como para los vecinos de la zona.

También se detectaron extintores caducados y puertas cerradas durante al menos seis días, que impedían el acceso al exterior de las gallinas catalogadas como camperas, lo que vulneraría el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.

Las dos entidades denunciantes subrayaron que la explotación, la mayor del archipiélago balear en número de aves, fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental integrada desde 2017, y por una inadecuada gestión de excrementos.

Sin embargo, la empresa recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feader) para la construcción de un centro de clasificación de huevos y continuaba operando sin los permisos requeridos.

Por su parte, la entidad ecologista Greenpeace exigió su clausura inmediata y reclamó además que las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, pongan en marcha una inspección urgente de esta y todas las explotaciones intensivas de España y actúen "con mano firme". La organización advirtió de que este caso no puede considerarse aislado.

La Guardia Civil (instituto armado español) y la Consejería de Agricultura de la región, situada en el Mediterráneo, inspeccionaron hoy la granja.

El consejero del ramo, Joan Simonet, informó de la apertura de una investigación a esta granja que solo comercializa huevos y no carne de gallina. No obstante, fue muy cauto al ser preguntado por la posibilidad de cerrar la granja y lo que pasaría con las 136.000 gallinas ponedoras.

A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales.

La situación también afecta directamente a la población residente del municipio de de Llucmajor, donde los vecinos denunciaron plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.

En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.

Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente.

Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado.

La investigación, impulsada por las organizaciones ecologistas ARDE y Satya Animal, reveló graves deficiencias higiénico-sanitarias y maltrato animal. Ambas informaron este martes en un comunicado de que presentaron a la Fiscalía de Medioambiente del archipiélago de Baleares una denuncia formal por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.

A pesar de contar con el sello de bienestar animal Welfair, la granja, que alberga 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves, reveló una situación que fue calificada por los denunciantes como una “pesadilla” tanto para los animales como para los vecinos de la zona.

También se detectaron extintores caducados y puertas cerradas durante al menos seis días, que impedían el acceso al exterior de las gallinas catalogadas como camperas, lo que vulneraría el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.

Las dos entidades denunciantes subrayaron que la explotación, la mayor del archipiélago balear en número de aves, fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental integrada desde 2017, y por una inadecuada gestión de excrementos.

Sin embargo, la empresa recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feader) para la construcción de un centro de clasificación de huevos y continuaba operando sin los permisos requeridos.

Por su parte, la entidad ecologista Greenpeace exigió su clausura inmediata y reclamó además que las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, pongan en marcha una inspección urgente de esta y todas las explotaciones intensivas de España y actúen "con mano firme". La organización advirtió de que este caso no puede considerarse aislado.

La Guardia Civil (instituto armado español) y la Consejería de Agricultura de la región, situada en el Mediterráneo, inspeccionaron hoy la granja.

El consejero del ramo, Joan Simonet, informó de la apertura de una investigación a esta granja que solo comercializa huevos y no carne de gallina. No obstante, fue muy cauto al ser preguntado por la posibilidad de cerrar la granja y lo que pasaría con las 136.000 gallinas ponedoras.

A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales.

La situación también afecta directamente a la población residente del municipio de de Llucmajor, donde los vecinos denunciaron plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.

En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.

Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente.

Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado. EFE

(Foto) (Vídeo)

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha informado a los periodistas de la apertura de esta investigación a esta granja que solo comercializa huevos y no carne de gallina y que ya fue inspeccionada en agosto de 2024 tras varias denuncias.

El conseller ha sido muy cauto cuando ha sido preguntado por la posibilidad de cerrar la granja y qué pasaría entonces con las 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves de esta explotación.

Por su parte, la entidad ecologista Greenpeace ha exigido su clausura inmediata, al igual que el PSOE balear, que también ha solicitado la comparecencia urgente del conseller en el Parlament balear.

Greenpeace ha reclamado además que las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, pongan en marcha una inspección urgente de esta y todas las explotaciones intensivas de España y actúen "con mano firme", y ha advertido de que este caso no puede considerarse aislado.

 Las organizaciones animalistas ARDE y Satya Animal han distribuido este martes imágenes de cadáveres de gallinas de esta granja en distintos estados de descomposición, algunos de ellos canibalizados, junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos. EFE

Alba Flores, conocida por sus papeles en 'Vis a vis' y 'La Casa de Papel' entre otros, dice haber heredado desde pequeña la conciencia ecologista de su padre; ha participado en diversas en campañas de Greenpeace para concienciar sobre la protección de los océanos y ha defendido la aplicación de soluciones sostenibles frente a la crisis ecológica que sufren lugares como Doñana.

La actriz, que recogerá el galardón el próximo 5 de junio, afirma que cada vez hay más personas del mundo de la cultura sensibilizadas con la protección del medio ambiente y se siente "muy honrada y muy agradecida" por el premio, según recoge una nota de prensa conjunta de Greenpeace y la Academia de Cine.

De acuerdo con ese comunicado, Flores también pide producciones más sostenibles y tener en cuenta los valores medioambientales a la hora de escoger qué historias contar, al tiempo que considera que los actores y actrices más jóvenes están muy comprometidos y cree que quienes viven en las ciudades, como ella misma, cada vez tienen más ganas de estar junto a la naturaleza.

Alba Flores será la cuarta distinguida con el Premio Rayo Verde, que busca reconocer el compromiso medioambiental de los profesionales del cine español. EFE

Esta organización, fundada en 2023 y con sede compartida originalmente en EEUU, Bélgica y Suiza, coordina a más de 70 organizaciones asociadas para medir cada año la huella ecológica de los países.

La sobrecapacidad es el desequilibrio anual entre la demanda humana de recursos y servicios ecológicos -desde el agua hasta la madera, pasando por la gestión natural de los residuos o el CO2- y la capacidad del planeta para satisfacerla y regenerarse de acuerdo con sus ecosistemas naturales.

Esta sobreexplotación afecta a la sostenibilidad de la Tierra, ya que además de agotar los recursos naturales, degrada los hábitats con la consiguiente reducción de la biodiversidad y, a la larga, también acaba afectando a la propia población humana.

El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, también conocido como Día de la Deuda ecológica o Día del Sobregiro de la Tierra, se creó para concienciar sobre este problema y promover todo tipo de actividades destinadas a solucionarlo para reducir la huella ecológica.

En la Unión Europea, el país que antes agota su "saldo natural" es Luxemburgo -el segundo más despilfarrador a nivel mundial, sólo por detrás de Catar-, una frontera que atravesó el 17 de febrero.

La huella ecológica de España ha ido en aumento en los últimos años y en la actualidad es "considerablemente alta" por lo que resulta "alarmante que este día llegue cada vez más temprano", ha indicado en un comunicado el coordinador de programas de gestión de riesgos y sosteniblidad de EALDE Business School, Sergi Simón.

En este sentido, resulta "relevante" que su Día de Sobrecapacidad de la Tierra coincida en 2025 con el de China, teniendo en cuenta que "el gigante asiático tiene más de 1.300 millones de consumidores".

Según las estimaciones actuales, si todos los países del mundo consumieran igual, sería necesario el equivalente a 2,6 planetas para mantener el ritmo.

Sólo tres países europeos llegan a esta fecha de déficit ecológico por detrás de España, aunque con poca diferencia: Grecia lo hará el próximo domingo 25 de mayo, Rumanía el sábado 31 y Hungría el lunes 2 de junio.

Simón reclama "urgentemente" una transición hacia modelos de economía circular, de energías renovables y de consumo responsable ya que un aumento del déficit ecológico "aumentará los riesgos tanto para el medioambiente como para nuestra economía".

Las organizaciones ecologistas también reclaman medidas, como en el caso de Greenpeace para quien es preciso poner el foco principalmente en tres sectores "clave" ya que generan "el 50 % de las emisiones en todo el país": la agricultura, la energía en los hogares y el transporte.

La organización propone para esta tarea la creación de un Fondo de Transición Agroecológica, destinado a apoyar a 250.000 agricultores familiares y sociales en su camino hacia "una producción digna y con mejor acceso a mercados y contratación pública".

Otras soluciones pasan por conseguir que se rehabiliten más de 600.000 viviendas al año y, en el sector de la movilidad, que se promueva el transporte público y el acceso a un bono único asequible que facilite la intermodalidad y elimine las barreras tarifarias y administrativas entre regiones y comunidades.

"Se trata de invertir en soluciones que contribuyan a saldar nuestra deuda con el planeta, con una mayor democratización de la economía y generando más bienestar", añade la ong ecologista. EFE

"La Semana del Clima de Panamá es un momento importante en el camino hacia la COP30. Los países tienen la oportunidad de iniciar el desarrollo de un plan de acción para poner fin a la deforestación y la degradación forestal para 2030, para ser adoptada en Belém", dijo Anna Carcamo, la experta en política climática de Greenpeace Brasil.

Carcamo, según un comunicado compartido a EFE este jueves, detalló que en dicho plan se "deberían incluir mecanismos globales que redirijan los estímulos financieros derivados de la destrucción forestal hacia la protección de los bosques".

"Es hora de debatir estas acciones para que podamos implementarlas en la COP30", señaló la experta de la ONG.

La Semana del Clima reúne estos días en la Ciudad de Panamá a negociadores de 190 países que tendrán la tarea de definir la hoja de ruta para que la economía y el sistema financiero global estén alineados con los objetivos de descarbonizar y construir resiliencia.

Esta nueva plataforma de reunión es dirigida por la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y está alineada con los objetivos del Acuerdo de París.

La actividad dio inicio este lunes y martes con foros de trabajo y culminará el viernes.

La reunión "no es un foro de negociación" pero sí cobra importancia para generar debates e ir acercando posiciones para continuar negociando en futuras reuniones, con el objetivo de lograr un acuerdo en la COP30, que bajo la presidencia de Brasil se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, como dijo a EFE la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni.

En la inauguración del evento el pasado miércoles, varias autoridades urgieron a hacer "más acciones concretas" con resultados tangibles, tanto de manera individual como colectiva, dejando a un lado las "palabras vacías" para enfrentar la crisis climática.EFE

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El Pleno del Congreso ha dado este martes su apoyo a una iniciativa de Sumar, ERC y Podemos que permitiría el embargo del comercio de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, lo que permitirá su tramitación en las cámaras.

Sendas organizaciones ven esta iniciativa como un paso importante, pero matizan que "no es una respuesta urgente al genocidio contra el pueblo palestino".

Aunque la califican de gran noticia, recuerdan que este trámite es sólo el inicio, es decir, "puede demorarse mucho, y no tiene efectos inmediatos pese a la urgencia de la situación en Palestina".

Por ello exigen al Gobierno que "decrete inmediatamente un embargo integral de armas a Israel vía real decreto ley. "El Gobierno podría decretar un embargo de armas a Israel mañana, ¿Por qué no lo hace? ¿Qué le impide hacerlo?", se preguntan. EFE

La tierra removida dejó a la vista huecos vacíos, donde hasta hacía poco incubaban sus huevos los pingüinos de Magallanes. Entre arbustos arrancados y senderos improvisados por máquinas pesadas, más de un centenar de animales falleció en silencio, en medio de la temporada reproductiva. El hecho, ocurrió en Punta Tombo, una de las mayores reservas de esta especie en Sudamérica, convertida en escenario de uno de los mayores daños ecológicos recientes en la Patagonia.

Ahora, la Cámara de Apelaciones de Trelew ratificó la sentencia contra Ricardo La Regina por la destrucción de nidos de pingüinos en Punta Tombo, rechazando su pedido de nulidad del proceso.

Según el fallo, a La Regina lo responsabilizan por los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, pero sólo en este último caso fue hallado culpable de crueldad animal.

Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, querellantes en el caso, celebraron la decisión judicial que confirma la condena impuesta por el Tribunal Colegiado de Juicio de Rawson el 20 de noviembre de 2024.

La Regina había solicitado la nulidad del proceso y la suspensión del juicio a prueba, peticiones que fueron desestimadas.

El fallo original, emitido en noviembre pasado, responsabilizó a La Regina por el desmonte de flora nativa y la apertura ilegal de caminos con maquinaria pesada entre agosto y diciembre de 2021.

Estas acciones resultaron en la destrucción de nidos y la muerte de más de un centenar de pingüinos durante su temporada reproductiva.

La sentencia impuso a La Regina una pena de tres años de prisión condicional, con estrictas reglas de conducta, incluyendo la prohibición de transitar con vehículos pesados en zonas ecológicamente sensibles y la obligación de participar en tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, lugar de los hechos. Además, se ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los delitos.

Matías Arrigazzi, de Greenpeace Argentina, destacó la importancia del fallo como un ejemplo de justicia ambiental, subrayando la necesidad de avanzar en la penalización de delitos ambientales a nivel nacional.

Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló que el uso del término “ecocidio” por parte de uno de los jueces es un avance significativo, aunque aún no esté tipificado en la legislación argentina.

“Este fallo no solo impuso una condena ejemplar, sino que también sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas del país. El uso del término “ecocidio” por uno de los jueces del tribunal es innovador. Es un término que el campo ecosocial impulsa desde hace años, pero que la legislación argentina aún no tipifica como delito”, sostuvo Micheloud.

“Con este caso probamos que nadie es dueño de la naturaleza. Si bien los bienes comunes están dentro de propiedad privada, quien destruye los ecosistemas comete un delito contra toda la sociedad. Este nuevo fallo lo evidencia, y marca un límite frente al avance de prácticas extractivas y destructivas”.

“Con esta decisión, la justicia es clara; cualquier actividad que atente contra la protección de los ecosistemas y su biodiversidad no quedará impune. Este es un caso testigo. Es un ejemplo que esperamos se aplique en el resto de la Patagonia en un principio para establecer normas claras para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad”, agregó Musmeci.

Madrid, 16 may (EFE).- Con grandes disparidades por tipo de residuo, España celebra un año más el Día del Reciclaje lejos del aprobado, especialmente en envases de plástico y materia orgánica, un panorama que se espera mejorar con el futuro sistema de depósito y retorno de botellas y más educación e información al ciudadano.

En España solo se recicla alrededor del 41 % de los residuos municipales, según Eurostat, una cifra que no llega al 55 % que exige la Unión Europea para este año y que está muy lejos del 65 % que se pedirá en 2035.

"El sistema está muy mal planteado, tampoco lo ponen fácil a las personas", señala a EFE el responsable de la campaña de Tratamiento de Residuos en Greenpeace, Julio Barea, que explica que la gran variedad de productos y envases que hay en el mercado dificulta su separación y casi el 80 % de los residuos se recogen mezclados.

Gran parte de la materia orgánica acaba en la fracción resto, a pesar de la llegada a muchos municipios del cubo marrón, el contenedor más desconocido para el ciudadano y que todavía no está implantado al 100 %.

Mientras que el vidrio y el papel presentan tasas más elevadas, persisten las deficiencias en el plástico: Eurostat apunta a que España recicla apenas el 41 % de los envases de este material que utiliza.

La gestión que se hace del contenedor amarillo -que corresponde a Ecoembes-, la deficiente información que tiene el consumidor para separar y la diversidad de envases en el mercado, muchas veces con varios materiales o capas que complican "muchísimo" su reciclaje, influyen en las bajas tasas, según Barea.

En España, los datos sobre el reciclaje por residuo proceden de diversas entidades y desde Greenpeace denuncian que la falta de control sobre ellos también dificulta esta actividad, porque confunde al ciudadano, que acaba convencido de que se recicla más de lo que realmente ocurre.

La disparidad en los datos quedó patente el pasado noviembre, cuando un informe del Ministerio para la Transición Ecológica señaló que solamente se reciclaba el 41,3 % de las botellas de plástico de un solo uso, muy por debajo del 73 % que apuntaba Ecoembes.

Ese dato ha sido clave para dar un paso hacia el futuro sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases de bebidas, la herramienta en la que diferentes actores del sector confían para dar un impulso a las tasas de recuperación y reciclaje.

La Ley de Residuos establece que si no se alcanza el objetivo del 70 % de botellas recicladas se debe poner en marcha este sistema, que tiene que estar operativo como muy tarde en noviembre de 2026 y será diseñado por la propia industria.

Lo único que define la legislación es que el consumidor debe pagar un depósito de al menos 10 céntimos al comprar cada envase de bebidas, que le serán devueltos cuando lo entregue de vuelta.

La industria y la distribución de bebidas ha anunciado este mes la creación de una asociación independiente que se encargará de definir y operar el sistema, con la Secretaría Técnica en manos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

El SDDR ya existe en países como Alemania, Noruega o Países Bajos, pero "el mercado español presenta peculiaridades que lo hacen realmente distinto", asevera a EFE el director general de Aecoc, José María Bonmatí.

El peso del turismo y la hostelería, el gran volumen de establecimientos de alimentación y bebidas, y la particularidad de la España rural son las especificidades que apunta Bonmatí, que alerta de que el proyecto tiene "una enorme complejidad" y que la tasa pagada por el consumidor puede afectar a las ventas.

Pese a que, al menos de momento, solo se aplicará a botellas, latas y bricks de bebidas, el impacto puede ser enorme: según la Asociación Retorna, en España se venden cada día 51 millones de envases de bebidas.

El sistema "ya está inventado y funciona fenomenal en países de aquí al lado", insiste Barea desde Greenpeace, que refiere que en Alemania la tasa de retorno es superior al 98 % y considera que se debería sumar también el vidrio.

El SDDR será una forma de "premiar a quien lo hace bien", pero también es necesario mejorar la información al ciudadano para que aprenda a separar.

La voluntad está ahí: más del 80 % de los españoles separa los residuos en casa, coinciden diferentes estudios.

"No hay ninguna duda de que el reciclaje es una de las prácticas ambientales que está más implantada", asegura a EFE el presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, Federico Velázquez de Castro, que insta a aumentar la información al ciudadano de forma personalizada, por ejemplo a través de los Ayuntamientos.

Una carta con la que se comunique periódicamente qué proporción de residuo se recicla y lo que implica -por ejemplo, que reciclar una tonelada de vidrio ahorra unos 140 kilos de petróleo- ayudaría a mejorar esta práctica.

También comunicar mejor cómo funciona una planta de tratamiento de residuos, para acabar con "leyendas urbanas" como la que afirma que da igual reciclar porque todo va al mismo camión. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód 10363889, 11966052 y otros)

“Si toda la población mundial tuviera los parámetros de consumo y contaminación de los chilenos, este 17 de mayo, la demanda de recursos naturales superaría lo que el planeta puede regenerar en lo que resta del año”, explicó este jueves en un comunicado la portavoz de Greenpeace Chile, Silvana Espinosa.

Este año, la fecha, señalada por la organización internacional Global Footprint Network a través de su plataforma Earth Overshoot Day, se adelantó seis días respecto a 2024 -del 23 al 17 de mayo- lo que responde a “las tres grandes amenazas que afectan nuestro territorio: la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plásticos”, según la organización medioambiental.

“Si no frenamos el avance de los problemas que derivan de estos fenómenos, los siguientes años veremos que esta fecha seguirá adelantándose”, alertó Espinosa.

La descarbonización, la protección de las costas chilenas y el cumplimiento de la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso son, según Greenpeace, medidas claves a promover para evitar el agravamiento de esta situación.

La organización considera que el Gobierno chileno debe “mejorar y completar” las acciones del Plan de Descarbonización, que actualizó en 2024, “con metas más ambiciosas y acciones con fechas claras para eliminar el carbón de la generación eléctrica antes de 2030”.

Por otro lado, propone la elaboración de una Ley de Costas que garantice el cuidado de estos territorios y de sus ecosistemas aledaños, a la vez que critica el proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, que “amenaza” estos territorios con su privatización.

Con respecto a la contaminación por plásticos, Greenpeace “exige que no se siga dilatando el cumplimiento” de la ley que regula la entrega de este material para un solo uso, que se debería haber implementado en agosto de 2024, pero que fue prorrogada 18 meses. EFE

Alianza Cero Deforestación, coalición de doce organizaciones ambientales y de consumidores, así lo planteó en el Congreso de los Diputados este pasado lunes en la jornada 'Un futuro libre de deforestación', donde exigió la "urgente aprobación" de la ley para la adaptación del Reglamento europeo contra la Deforestación (EUDR 2023/1115), aprobado en 2023 por amplia mayoría en el Europarlamento.

"España tiene una responsabilidad especial a la hora de atajar este problema", asegura a EFE el responsable de campañas de bosques de Greenpeace Miguel Ángel Soto, quien recuerda que "la mayor parte de la deforestación procede de la conversión de bosques en cultivos y, entre ellos, destaca la soja".

"España es uno de los países en la Unión Europea con mayor importación de soja y uno de los mayores productores de piensos para animales" con esta leguminosa, subraya el técnico de Greenpeace.

Recuerda que este es "un año decisivo", porque la Cumbre del clima (COP30) se celebra en Belém, en la Amazonía brasileña, y asegura que "es el momento de poner sobre la mesa que no habrá lucha contra el cambio climático si no se frena la deforestación".

"Es fundamental entender que una parte de los habitantes del planeta vive de los bosques, de sus materias primas, de las plantas", dice, y sostiene que "el mundo desarrollado no puede seguir esquilmando los bosques del planeta para producir soja, aceite de palma o carne de vacuno", así como madera, cacao, caucho, café.

Por ello, el mensaje para los diputados es que en un momento en el que "todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que hay que combatir la deforestación", lleven este mismo año, "cuanto antes, al Congreso una ley que empiece a reducir la huella del mercado español sobre la deforestación, sobre los bosques, después de que la mayoría de ellos votaron en el Parlamento Europeo a favor del Reglamento".

Desde Alianza señalan que "cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo", pérdida provocada principalmente por la expansión de la agricultura industrial de grandes empresas, y la deforestación es responsable del 11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global.

Indican que el EUDR prohíbe la entrada en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación o al incumplimiento de las leyes nacionales y recuerdan que el éxito del Reglamento "depende del desarrollo de una legislación efectiva en España".

Por ello, exigen al Gobierno que "priorice esta ley en la agenda parlamentaria y que las empresas asuman su responsabilidad en la transformación de sus cadenas de valor" libres de deforestación, que garantice la aplicación homogénea del EUDR, con mecanismos de control y sanciones efectivas, así como dotar de recursos a las administraciones para supervisar cadenas de suministro y asegurar la trazabilidad.

Además, piden mantener el diálogo con las asociaciones sectoriales y sindicatos afectados de las cadenas de suministro para ampliar el conocimiento de la norma entre los sectores productivos, facilitar su cumplimiento a través de la formación o incrementar la digitalización en estos sectores.

Asimismo, cooperar con los países productores para proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, "actores clave en la conservación de los bosques", y evitar retrocesos en el alcance y objetivos de la norma, mejorando su ambición climática y social, sin dejar a nadie atrás.

Por su parte, Nacho Escartín Lasierra, técnico de la campaña contra la deforestación en Ecologistas en Acción (EA), dice a EFE que los ciudadanos "son conscientes de la destrucción de bosques en América, África y Asia", lo que conlleva "la destrucción de la biodiversidad y de la vida de pueblos vulnerados por la codicia de empresas que comercializan materias primas que provienen de la deforestación".

"Todo esto es lo que queremos que se impida en Europa", sostiene, y explica que el borrador de la ley tuvo "unas mil alegaciones que están en proceso de revisión" en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, "donde hay un compromiso por parte de los técnicos para que la ley se apruebe cuanto antes".

Por parte de las empresas, comenta, representantes del café, de los ganaderos y del papel -que intervinieron en la jornada en el Congreso de los Diputados- tuvo un "éxito total. Creen que es el momento de aprobar esta legislación por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios".

Lasierra añade que los representantes de la sociedad civil "urgen que esta normativa sea una realidad cuanto antes y que España sea ejemplo de coherencia y de compromiso dentro de la Unión Europea".

De este modo, opina, "empresas y comunidades autónomas, que también tienen una parte de responsabilidad en las inspecciones y en los controles, conocerán mucho mejor el contenido del mecanismo para que a 1 de enero de 2026 todos estén preparados para cumplir la ley, que es de lo que se trata". EFE

De acuerdo al informe de Greenpeace, las provincias de Neuquén (11.782 hectáreas), Río Negro (10.218) y Chubut (9.722) fueron las más afectadas en la zona, que suele sufrir incendios forestales en los meses de más calor del año.

Los incendios del último verano superaron ampliamente en impacto los de un año atrás, cuando entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se habían quemado unas 8.000 hectáreas de bosques patagónicos.

"Estamos hablando de bosques que con suerte pueden tardar 200 años en recuperarse, en los casos en los que se pueda recuperar", advirtió el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, en una rueda de prensa de la que participó EFE.

Un informe difundido este lunes por la organización remarcó que, a diferencia de otros ecosistemas en Argentina, donde la principal causa de pérdida de bosques es la actividad agropecuaria, los bosques patagónicos se pierden a causa de incendios y, en menor medida, a desmontes por urbanizaciones y la introducción de especies arbóreas exóticas.

“Algo que hay que abordar de manera urgente es la erradicación de los pinos exóticos, que conviven con viviendas cercanas y son mucho más proclives a expandir el fuego rápidamente. También en la recuperación del bosque, porque es una especie que coloniza rápido, ya que el pino le gana al bosque nativo en el posincendio”, explicó Giardini.

La superficie aproximada total de bosque patagónico es de tres millones de hectáreas y las pérdidas por fuego son un golpe a las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración antrópica, siendo uno de los biomas argentinos mejor conservados, según Greenpeace.

Datos oficiales contabilizaron que entre 2001 y 2023 la pérdida fue de 115.140 hectáreas, el equivalente a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El 95 % fue producto de causas humanas, pero Giardini matizó que "muchos (incendios) tienen que ver con accidentes o negligencias" como fogatas en zonas prohibidas o colillas de cigarrillo mal apagadas.

"Y cuando se suman condiciones climáticas particulares como los periodos de sequías, temperaturas muy elevadas y baja humedad, junto al viento se pueden generar incendios de grandes magnitudes", agregó.

El último verano, el Gobierno de Javier Milei denunció que los incendios fueron intencionales y desestimó factores vinculados al cambio climático.

"El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos. En ese sentido, continuar con la destrucción de bosques significa más cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, desertificación, desalojos de comunidades campesinas e indígenas, enfermedades y pérdida de alimentos, maderas y medicinas", indicó la ONG en su informe.

Greenpeace instó además a incluir penas judiciales por la destrucción forestal y la creación de fiscalías especializadas en medio ambiente que puedan investigar las causas y el origen de los incendios, ya que en la actualidad solo existen multas económicas que no resultan efectivas.

Javier Grosfeld, biólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina explicó durante la rueda de prensa de este lunes que los grandes incendios forestales de al menos 500 hectáreas se están volviendo cada vez más frecuentes y superan la capacidad de contención.

“Los incendios forestales de nueva generación superan la capacidad de respuesta de los equipos del manejo del fuego", mencionó y advirtió que es posible que los incendios en la Patagonia lleguen incluso a las principales ciudades de la zona, aunque por el momento solo han afectado a asentamientos y pequeñas localidades. EFE

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Sumar defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso su propuesta para imponer un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo, en concreto los vuelos en jets privados y viajes en yates de lujo, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental que provoca su uso "abusivo".

No es la primera vez que el grupo plurinacional defiende esta propuesta en la Cámara Baja, pues ya intentó introducir la tasa vía enmienda en la ley del impuesto del 15% a las empresas multinacionales, pero no lo consiguió y ahora defenderá una proposición no de ley en el Pleno forzando un debate específico y una votación.

Las diputadas de En Comú Aina Vidal y Júlia Boada, que son las firmantes de la propuesta, explican que aunque el uso de jets privados se ha asociado históricamente a viajes de negocio, esto parece estar en un "claro proceso de cambio".

Para justificar su tesis esgrimen un informe publicado por Greenpeace en septiembre de 2024, que demuestra que el turismo convencional de vuelos regulares y el turismo de lujo de vuelos en jets privados tuvieron un patrón estacional muy similar en 2023.

134.000 TONELADAS DE CO2 EN ESPAÑA

El documento dice que en 2023 se produjeron 117.965 vuelos de aviones privados, y en la mayoría de los aeropuertos estos jets llegaron durante el periodo vacacional de verano. En España concretamente fueron 27.122 aterrizajes de estos aviones, un 23% del total de los países analizados, y provocaron unas 134.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

"Esto equivale a las emisiones anuales de unos 89.300 coches propulsados por combustible fósil. Estas son únicamente las emisiones de los vuelos a sus destinos; no incluyen las emisiones de los vuelos de vuelta", agrega la propuesta de Sumar, a la que ha accedido Europa Press.

Boada y Vidal apostillan que este tipo de transporte es el "más desigual, más injusto y contaminante", por lo que además de gravar las emisiones que originan estos medios de transporte, Sumar también exige financiar el coste de medidas de democratización del transporte como el billete único, y la mejora de la red ferroviaria.

Los activistas de la organización ecologista usaron tinte biodegradable de color sangre para denunciar el genocidio en Gaza, en una acción previa a la manifestación estatal que este sábado recorrerá las calles de la capital.

Desde Greenpeace buscan también condenar la adjudicación por el Gobierno español de 46 contratos a la industria militar israelí, por más de 1.000 millones de euros, desde que estalló el conflicto en Gaza en octubre de 2023.

"El mensaje es claro: embargo de armas a Israel ya”, indica la organización en un comunicado en el que pide "poner fin a todo comercio de armas con este país y prohibir cualquier actividad que sostenga los crímenes de guerra contra el pueblo palestino”.

Más de 60.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva del Ejército israelí, que, tras la ruptura unilateral del alto el fuego el pasado 18 de marzo, ha intensificado su ofensiva militar con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, y la complicidad de la Unión Europea, según sostiene Greenpeace.

Desde esa fecha, Israel mantiene "un nuevo bloqueo ilegal a la entrada de alimentos, medicinas y productos esenciales para la supervivencia en la Franja de Gaza", lo que la organización define como "un crimen de guerra" que está provocando "hambre, desnutrición, enfermedades y muertes".

Mientras, varios gobiernos europeos -entre ellos el español- siguen manteniendo relaciones comerciales con Israel, incluyendo la compraventa de armamento, e incluso se está produciendo "una intensificación del comercio militar entre España e Israel".

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez "insiste en que han suspendido dichas operaciones, desde octubre de 2023 las conexiones armamentísticas entre ambos países son más intensas y prolíficas que nunca" desde el inicio de sus relaciones diplomáticas en 1986.

Así lo constata el informe 'Beneficio colateral', elaborado por el Centro Delàs, que analiza el comercio militar entre España e Israel en los últimos 19 meses. EFE

Con esta acción, en la que Greenpeace ha usado tinte biodegradable de color sangre para denunciar el genocidio en Gaza, la organización ecologista busca condenar la adjudicación por el Gobierno de 46 contratos a la industria militar israelí, por más de 1.000 millones de euros, desde que estalló el conflicto en octubre de 2023.

"El mensaje es claro: embargo de armas a Israel ya”, indica la organización en un comunicado en el que pide "poner fin a todo comercio de armas con este país y prohibir cualquier actividad que sostenga los crímenes de guerra contra el pueblo palestino”.

Más de 60.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva del Ejército israelí, que, tras la ruptura unilateral del alto el fuego el pasado 18 de marzo, ha intensificado su ofensiva militar con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, y la complicidad de la Unión Europea, según sostiene Greenpeace.

Desde esa fecha, Israel mantiene "un nuevo bloqueo ilegal a la entrada de alimentos, medicinas y productos esenciales para la supervivencia en la Franja de Gaza", lo que la organización define como "un crimen de guerra" que está provocando "hambre, desnutrición, enfermedades y muertes".

Mientras, varios gobiernos europeos -entre ellos el español- siguen manteniendo relaciones comerciales con Israel, incluyendo la compraventa de armamento, e incluso se está produciendo "una intensificación del comercio militar entre España e Israel".

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez "insiste en que han suspendido dichas operaciones, desde octubre de 2023 las conexiones armamentísticas entre ambos países son más intensas y prolíficas que nunca" desde el inicio de sus relaciones diplomáticas en 1986.

Así lo constata el informe 'Beneficio colateral', elaborado por el Centro Delàs, que analiza el comercio militar entre España e Israel en los últimos 19 meses. EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, junto a parlamentarios de Sumar, Podemos y BNG han apoyado esta tarde, junto a organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción, una concentración en las inmediaciones del Congreso contra el proyecto de macrocelulosa de la empresa Altri en en Palas de Rei (Lugo).

La protesta contra este proyecto, convocada por la Plataforma Ulloa Viva ante el Congreso, ha arrancado sobre las 19 horas con la pancarta principal con el lema 'Por una tierra viva. Altri no'.

Aparte, los asistentes portaban carteles con los mensajes 'Ni un euro público para Altri', 'No a la celulosa. Altri no' y 'Fuera especuladores. Galicia no se vende'. También se han coreado consignas como 'No se vende nuestra tierra'.

Para dar su respaldo a los manifestantes han acudido, aparte de Díaz, el diputado de Sumar Manuel Lago, la coordinadora general de esta formación, Lara Hernández, la diputada de Podemos Noemí Santana, el coordinador de Alianza Verde Juantxo López de Uralde y la senadora del BNG Carme da Silva.

La vicepresidenta segunda ha declarado ante los medios de comunicación el compromiso de su espacio político contra los proyectos que son "profundamente agresivos" con el medio ambiente de Galicia.

También ha criticado que es "absolutamente incoherente" que la Xunta esté, a su juicio, defendiendo proyectos como el de Altri que no tienen nada que ver con lo que es Galicia y que son rechazados por la ciudadanía.

En contraposición, ha reivindicado que lo que precisa la comunidad autónoma es un modelo de industrialización que sea "sostenible", tenga valores ambientales y preserva la "riqueza de su tierra".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Greenpeace, Ecologistas en Acción y ConBici han defendido 'la ciudad de los 15 minutos' tras las imágenes de este lunes de personas caminando durante horas para poder volver a sus casas debido al apagón que afectó a la Península Ibérica. Este movimiento propugna que todos los servicios necesarios para una persona estén a 15 minutos de su casa andando o en bicicleta, desde su trabajo hasta su centro de salud de referencia.

"Esto implica pues que el espacio público se rediseñe y el coche pierda la autoridad que tiene", ha destacado en declaraciones a Europa Press la responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona.

En su opinión, se crearía una nueva "jerarquía diaria" en la que se favorecería la movilidad a pie y en la que las calles serían "más verdes y más anchas". Además, se mejoraría la convivencia entra la ciudadanía. En vista de las imágenes que se pudieron ver ayer, con riadas de gente por algunas de las principales arterias del país, como el Paseo de la Castellana de Madrid, y terrazas y parques llenos, ha opinado que se pudo ver como la gente "quiere aspirar" al modelo de 'la ciudad de los 15 minutos'.

"Vimos como mucha gente salía a las calles, se relacionaba con los vecinos, realizaba la mayoría de los desplazamientos en un entorno cercano a donde ellos habitaban. Por otro lado, también vimos como una gran parte de la población tuvo que realizar enormes desplazamientos a pie (...) porque se ha ido favoreciendo el diseño de ciudades en la que el trabajo cada vez está más lejos de la zona de donde residimos, y porque además todo el modelo de ciudad se ha hecho centrado en el coche", ha explicado.

En su opinión, se debe avanzar hacia el modelo "compacto" de ciudad y hacia la "mezcla de usos". Entre otros ejemplos, ha indicado cómo los colegios podrían abrir por las tardes como centros de estudio o espacios deportivos. "Aprovechemos los espacios que ya existen en las ciudades para darles más usos", ha enfatizado.

Además, ha instado a que se favorezca esta mezcla de usos y que se tenga en cuenta que el urbanismo y la movilidad "deben ir de la mano" cuando se planifiquen nuevas viviendas.

ECOLOGISTAS: EL PRECIO DE LA VIVIENDA, FUNDAMENTAL

Una de las coordinadoras de Ecologistas en Acción, Carmen Duce, ha señalado en declaraciones a Europa Press que ellos defienden 'la ciudad de los 15 minutos' porque les parece "razonable", pero que el lunes se pudo ver cómo es "fundamental" tratar de reconfigurar cuanto antes los espacios en los que la sociedad vive.

A su parecer, esto tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, pero también con el control del precio de la vivienda y la necesidad de que se pueda vivir cerca de donde se trabaja o que haya trabajos cerca de donde se vive. "Esto necesariamente tiene que pasar por decisiones políticas importantes. Y ahí, por ejemplo, el tema de los precios de la vivienda es fundamental", ha explicado.

En este aspecto, ha puesto como ejemplo la gestión de la vivienda en Viena (Austria), donde existe un parque de vivienda pública "muy amplio" y con límites "muy claros" a las cantidades que se puede pedir por el alquiler. Aunque ha admitido que se puede pensar en mejorar el sistema público de transporte, ha recalcado que es "una locura" en cuanto a consumo energético el hecho de que "todos los días dos millones de personas tengas que hacer 40 kilómetros de ida y de vuelta para trabajar".

Entre otras cosas, ha propuesto facilitar y priorizar la elección de centro educativo con respecto a la distancia al domicilio de los progenitores para favorecer que los niños puedan ir andando al colegio. "Esto nos parece que puede reducir mucho el uso del coche en las ciudades incluso más pequeñas y los atascos", ha indicado.

CONBICI: "CON CIERTA INVERSIÓN SE PUEDEN AUMENTAR LAS BICIS"

La gerente de Conbici, Laura Vergara, ha indicado que tanto el transporte público como la bicicleta han sido herramientas "eficientes" durante el apagón y ha destacado cómo han dado acceso a la movilidad "a más personas". En declaraciones a Europa Press, ha recordado que muchas grandes ciudades españolas "han demostrado que con ciertos niveles de inversión es fácil aumentar la cuota modal ciclista".

"Sevilla, Valencia y Barcelona son ejemplos a nivel europeo. Vitoria también lo fue y lo sigue siendo. Y, por lo tanto, todas aquellas que han tenido más capacidad para mejorar o hacer la ciudad más fácil para movilidad activa, pues están mejor preparadas para acontecimientos como este", ha señalado.

A su vez, ha pedido tener un reparto más equitativo del espacio público y la reducción del tráfico a motor ya que son dos elementos que "se retroalimentan" y que, asimismo, "habrían facilitado tanto la movilidad de las personas que necesitaron recorrer largas distancias como la reducción de los problemas que hubo de tráfico".

Además, ha recordado la modificación el Código Técnico de la Edificación, que entre otras cosas traslada a la normativa estatal la instalación de aparcamientos de bicicleta en edificios tanto públicos como residenciales "y que sin embargo es una medida que no está extensamente implantada en nuestro país".

Cada una de las intervenciones de Merz, que proclamó que con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) no habrá cooperación "ni antes, ni después, nin nunca" fue recibida con cerradas ovaciones del cerca de millar de delegados que asistieron a un congreso en Berlín.

Unos cientos de personas protestaban fuera con carteles en los que podía leerse "CDU, shame on you" (CDU, debería darte vergüenza, en inglés), mientras que unos activistas de Greenpeace que se colaron entre los delegados se pusieron en pie durante el discurso de Merz con carteles que formaban la palabra "cordón sanitario".

Ya este domingo se habían manifestado en Berlín hasta 160.000 ciudadanos, según estimaciones de la policía, para exigir a todos los partidos un claro distanciamiento con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segunda en las encuestas a apenas tres semanas de las elecciones.

Merz aseguró que la AfD es el "principal rival" de su partido en esta campaña y que se opone a todo por lo que han luchado los conservadores, como la relación transatlántica, el euro, o la OTAN y rechazó de forma taxativa y "sin un pero" cualquier tipo de acuerdo tras las elecciones.

No obstante, defendió su decisión de tolerar el apoyo parlamentario del partido ultra la semana pasada ya que "la gran mayoría de la población comparte la opinión de que en inmigración las cosas no pueden seguir así".

Merz instó por ello a "mantener el rumbo" y a seguir luchando por la posibilidad de crear "nuevas mayorías" en Alemania con otros partidos democráticos.

Si no es posible hallar estas mayorías tras las elecciones y el orden democrático no es capaz de superar los retos a que se enfrenta, existe el riesgo de que Alemania termine por caer "en el populismo de izquierdas o de derechas", advirtió y llamó a los votantes a proporcionar a su partido la mayor "distancia" posible frente a la ultraderecha.

En el congreso, los delegados aprobaron de forma unánime un "plan de acción inmediato" para un futuro Gobierno encabezado por la CDU, que incluye, además de medidas de política económica, la controvertida nueva línea propuesta la semana pasada por Merz para restringir la migración.

Estos planes incluyen el cierre de fronteras a los solicitantes de asilo -la práctica conocida como "devoluciones en caliente"-, controles fronterizos permanentes, la detención indefinida de las personas pendientes de expulsión consideradas peligrosas o la suspensión de la reunificación familiar para ciertos tipos de refugiados, así como más competencias para la policía.

Parte de estos planes recibieron la semana pasada el visto bueno de la Cámara Baja o Bundestag bajo la forma de una moción no vinculante que fue aprobada con los votos del bloque conservador, la ultraderecha y los liberales.

No obstante, ante la indignación generalizada que desató este paso sin precedentes, la votación de un proyecto de ley que incluía otras medidas migratorias fracasó el viernes in extremis por un estrecho margen, con 338 votos a favor y 350 en contra.

La ruptura de tabú que suponía recibir este apoyo de la ultraderecha llevó a 12 diputados de las filas conservadoras a abstenerse finalmente, en un momento en el que las propuestas de Merz han causado un vuelco en la campaña electoral y han despertado temores dentro del partido de que les pueda acabar por perjudicar.

Según una encuesta de INSA para Bild publicada este lunes, el bloque de Merz ganaría los comicios con un 30 % de los votos (sin cambios), seguido de AfD con un 22 %, los socialdemócratas de Scholz con un 16 % (medio punto más) y los Verdes con un 13 % (medio punto más).

En los resultados influyeron ya las polémicas votaciones parlamentarias de la semana pasada, por lo que no se aprecia un efecto de castigo a los conservadores por el momento.

Además, pese a los choques retóricos, ni los socialdemócratas ni los verdes han excluido hasta ahora oficialmente formar coalición con la CDU de Merz, que seguramente necesite a uno de estos partidos ante la duda de si los liberales, el tercer socio posible, llegarán a entrar al Parlamento. EFE

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La ONG ambientalista detectó en enero, con base en imágenes satelitales, 130 balsas utilizadas por los mineros para extraer oro del lecho de este río, uno de los principales afluentes del Amazonas.

De acuerdo con Greenpeace, esto demuestra que las acciones de las fuerzas de seguridad, incluida una macro operación lanzada en agosto durante la cual fueron destruidas 450 balsas, no han logrado detener la extracción de oro.

"El 'garimpo' (nombre con el que se conoce la minería ilegal en Brasil) permanece activo y descontrolado en el río Madeira", afirmó en un comunicado la organización.

La ONG aseguró que este avance descontrolado se debe a la "falta de políticas públicas estructuradas" y pidió al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva "medidas enérgicas y coordinadas" para proteger el Madeira, que tiene una longitud de más de 3.300 kilómetros.

La minería ilegal contamina los ríos amazónicos de los que dependen los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas, al usar mercurio para separar el oro del resto de sedimentos.

Greenpeace denunció la semana pasada que la minería ilegal también había aumentado en la reserva indígena Yanomami, en la frontera con Venezuela, donde los buscadores de oro continuaban devastando tierras.

Lula ha hecho de la agenda ambiental una de sus banderas y ha reforzado la fiscalización para frenar la destrucción de la Amazonía, pero la persistencia de la minería y el aumento de los incendios en la segunda mitad del año pasado han empañado esos esfuerzos. EFE

El pasado 10 de diciembre ya obtuvo ese reconocimiento, votado por unanimidad el pleno del Ayuntamiento parisino, pero Watson no lo pudo recoger al encontrarse detenido en Groenlandia debido a una petición de extradición de Japón, por supuestamente haber herido en 2010 a un marinero nipón en Nuuk cuando cazaba ballenas. Finalmente fue liberado por la justicia danesa el 17 de diciembre.

Tras asegurar sentirse "profundamente honorado", Watson pidió a los asistentes a esta ceremonia en el Ayuntamiento de París "alzarse" y tomar la "estrategia de la agresividad no violenta", basada en "intervenir de forma agresiva para cambiar las cosas sin hacer daño a nadie", según sus palabras. "Se trata de hacer posible lo imposible", insistió.

Con sus acciones, "en 50 años no ha habido un solo herido", defendió el también cofundador de las ONG Greenpeace y Sea Shepherd. "Siempre hemos trabajado en el marco de la ley. A pesar de que he pasado seis meses en prisión nunca he sido condenado por ningún delito", prosiguió.

Watson, de 74 años, puso como ejemplo a seguir el caso de Nelson Mandela, que tras ser encarcelado por luchar contra el apartheid logró convertirse en presidente de Sudáfrica y en un símbolo por los derechos humanos.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, remarcó que esta distinción es "importante" porque "forma parte de la acción internacional de la ciudad de París".

Una acción "decisiva", pues aseguró que el 3 de octubre de 2019, con esa misma distinción a Lula Da Silva, actual presidente del Brasil, se logró su liberación, tras estar encarcelado 580 días en una condena por corrupción que más tarde fue anulada y calificada como "error histórico" por el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil.

"Necesitamos justicia climática e internacional, es extremadamente importante porque ante nosotros hay todos aquellos que no quieren ninguna regulación, ningún derecho que proteja a las especies y los territorios", pidió Hidalgo, que condenó "la aplicación de la ley del más fuerte".

Watson quiso remarcar la importancia del equilibrio del ecosistema, asegurando que para "sobrevivir" hay que "vivir en armonía" con todas las especies naturales que existen en el planeta, pues entre ellas hay "interdependencia" y los recursos son finitos. Romper esas reglas naturales, afirmó, puede llevar a la humanidad al "colapso ecológico" y conllevar un "muy mal futuro para nuestros hijos".

Hidalgo también insistió en que se le de la nacionalidad francesa a Watson e interpeló directamente al presidente Emmanuel Macron, a quien el activista solicitó hace meses ese reconocimiento, sin resultado por el momento.

Watson, nacido en Canadá, reside durante parte del año en Francia, el país donde se casó por cuarta vez en 2015, y tiene tres hijos franceses. EFE

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Buenos Aires, 30 ene (EFE).- Casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria, según un informe de Greenpeace difundido este jueves.

El 75 % de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol.

Greenpeace califica este hecho de "ecocidio" y denuncia que las tres primeras de estas provincias han incurrido en ilegalidades en la aplicación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN).

El Gran Chaco es la segunda área boscosa más grande de América por detrás de la Amazonía y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

La ONG señaló en su informe que los gobiernos provinciales “modificaron ilegalmente el ordenamiento territorial mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas protegidas donde estaba prohibido el desmonte”.

De acuerdo a la Ley de Bosques, promulgada desde 2009, cada cinco años deben actualizarse las zonas a proteger, pero Greenpeace indicó que las actualizaciones de los ordenamientos en Salta y Chaco aumentaron las áreas permitidas para acceder a un permiso de desmonte, algo que viola la normativa actual.

En Chaco, la Justicia provincial había suspendido los desmontes desde 2020 ante la falta de actualizaciones en su OTBN, mientras que en Santiago del Estero el 80 % de la deforestación fue en categorías protegidas por la ley.

La penalización por quebrantar la Ley de Bosques van desde “apercibimientos”, multas de entre 300 y 10.000 sueldos básicos, que hasta diciembre pasado el salario mínimo vital y móvil de Argentina rondaba los 260 dólares, y suspensión o revocación de permisos de tala.

“Muchos desmontes, no solo son por la ilegalidad de algunos empresarios que pagan multas irrisorias, sino también porque los gobiernos autorizan deforestación para la ganadería donde está prohibido”, dijo a EFE el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

“Es necesario penalizar la ilegalidad de los desmontes, las multas no son suficientes. Se necesita un plan de restauración acompañado por un freno a la tala. Algunos bosques pueden necesitar hasta 50 años para recuperarse en el Gran Chaco”, advirtió Giardini.

En 2023, Greenpeace llevó adelante una consulta popular en la vía pública e internet durante tres meses, en la que 260.000 personas se manifestaron a favor de penas de prisión contra responsables de la destrucción de bosques.

“En estos momentos tenemos abierta la posibilidad de que la gente siga adhiriendo en votaporlosbosques.org y cuando lleguemos a un número significativo poder presentar esas adhesiones al Congreso para que avance un proyecto de ley al respecto”, cerró el ambientalista. EFE

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Glasgow (R. Unido), 30 ene (EFE).- El tribunal de Sesiones de Edimburgo (norte del Reino Unido) dictaminó este jueves que la aprobación de los yacimientos de Rosebank y Jackdaw, en el Mar del Norte, fue concedida de forma ilegal y sus propietarios, las petroleras Shell y Equinor, deberán solicitar una nueva autorización al gobierno británico antes de iniciar la producción.

El fallo responde a una demanda presentada por las organizaciones ecologistas Uplift y Greenpeace, que alegaron que los permisos fueron otorgados sin una evaluación adecuada del impacto ambiental, omitiendo las emisiones generadas por la quema del petróleo y gas extraídos, lo que compromete la seguridad climática y la vida marina.

El juez Lord Ericht ordenó una evaluación más detallada de estos efectos y señaló que, si bien ambos yacimientos pueden continuar mientras se recopila la nueva información, no se podrá extraer petróleo ni gas sin una nueva aprobación.

El yacimiento de gas Jackdaw fue aprobado en 2022 por el anterior gobierno conservador de Londres, mientras que el de Rosebank, ubicado a 80 millas (cerca de 130 km) al oeste de Shetland, en el Atlántico Norte, recibió luz verde en el otoño de 2023.

Ericht señaló que existe un “interés público” en reconsiderar la decisión de acuerdo a la ley, dado el impacto del cambio climático, que a su juicio, supera los intereses de las empresas.

La directora de Uplift, Tessa Khan, celebró el fallo como un acto de "sentido común", y pidió al gobierno que rechace los proyectos, mientras que el asesor climático de Greenpeace en el Reino Unido Charlie Kronick afirmó que otorgar la autorización sería incompatible con los compromisos climáticos del Reino Unido para reducir sus emisiones de carbono.

Las empresas involucradas, Shell y Equinor, defienden que los proyectos son esenciales para la seguridad energética del Reino Unido y destacan que Rosebank generará una inversión de 2.200 millones de libras (2.628 millones de euros).

La Corte Suprema del Reino Unido ya había establecido el pasado junio que las evaluaciones de impacto ambiental deben incluir las emisiones 'downstream', es decir, las generadas por la quema de los combustibles extraídos.

El Ejecutivo laborista de Keir Starmer anunció en agosto que no defendería los permisos y que trabaja en una nueva regulación ambiental para brindar claridad a la industria. EFE

Bucarest, 30 ene (EFECOM).- El Tribunal de Bucarest ha rechazado este jueves la solicitud de Greenpeace de suspender Neptun Deep, el mayor yacimiento rumano de gas natural en el Mar Negro y que la ONG ecologista ve un peligro para el medioambiente.

"Es una victoria para la independencia energética de Rumanía", ha celebrado el ministro de Energía, Sebastian Burduja, en un mensaje en la red social Facebook.

Greenpeace presentó en septiembre de 2024 una demanda para paralizar las obras de construcción de esta plataforma de extracción de gas en uno de los yacimientos más importantes de la Unión Europea, del que se podrían extraer 100.000 millones de metros cúbicos de gas al año a partir de 2027.

Los derechos de explotación pertenecen a OMV Petrom, la filial rumana de la petrolera austríaca OMV, y Romgaz, participada mayoritariamente por el Estado rumano.

En el proyecto se van a invertir unos 4.000 millones de euros.

Greenpeace considera que Neptun Deep "plantea serias preocupaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, el cambio climático y el cumplimiento de la legislación".

"Tenemos más juicios a la espera para suspender el proyecto Neptun Deep. Es solo una victoria de etapa para el Ministerio de Energía, para OMV Petrom y Romgaz. Analizamos la posibilidad de recurrir la decisión y seguimos todas las vías de ataque para parar este proyecto toxico que amenaza el clima y la naturaleza”, explicó a EFE Mihnea Matache, portavoz de Greenpeace Rumanía.

El Gobierno rumano defiende que se trata de un proyecto estratégico que duplicará la producción de gas rumano, creará empleo y aportará más de 20.000 millones de euros al presupuesto del país, además de reducir la dependencia energética de Rusia.

Además, argumenta que garantizará un precio más estable y más bajo para los rumanos, que el país se convertirá en un proveedor regional de energía y se garantizará una transición energética equilibrada.

El yacimiento está situado aproximadamente a 160 km de la costa, en aguas con profundidades que oscilan entre los 100 y los 1.000 metros. EFECOM

Bucarest, 30 ene (EFE).- El Tribunal de Bucarest ha rechazado este jueves la solicitud de Greenpeace de suspender Neptun Deep, el mayor yacimiento rumano de gas natural en el mar Negro, y que la ONG ecologista cree puede suponer un peligro para el medioambiente.

"Es una victoria para la independencia energética de Rumanía", ha aplaudido esa sentencia el ministro de Energía, Sebastian Burduja, en un mensaje en la red social Facebook.

Greenpeace presentó el pasado septiembre una demanda para paralizar las obras de construcción de esta plataforma de extracción de gas en uno de los yacimientos más importantes de la Unión Europea, del que se podrían extraer 100.000 millones de metros cúbicos de gas al año a partir de 2027.

Los derechos de explotación pertenecen a OMV Petrom, la filial rumana de la petrolera austríaca OMV, y Romgaz , participada mayoritariamente por el Estado rumano.

En el proyecto se van a invertir unos 4.000 millones de euros.

Greenpeace considera que Neptun Deep "plantea serias preocupaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, el cambio climático y el cumplimiento de la legislación".

"Tenemos más juicios a la espera para suspender el proyecto Neptun Deep. Es solo una victoria de etapa para el Ministerio de Energía, para OMV Petrom y Romgaz. Analizamos la posibilidad de recurrir la decisión, y seguimos todas las vías de ataque para parar este proyecto toxico que amenaza el clima y la naturaleza”, explicó a EFE Mihnea Matache, portavoz de Greenpeace Rumanía.

El Gobierno rumano defiende que se trata de un proyecto estratégico que duplicará la producción de gas rumana, creará empleo y aportará más de 20.000 millones de euros al presupuesto del país, y que reducirá la dependencia energética de Rusia.

Además, argumenta que garantizará un precio más estable y más bajo para los rumanos, y que el país se convertirá en un proveedor regional de energía y se garantizará una transición energética equilibrada.

El yacimiento está situado aproximadamente a 160 km de la costa, en aguas con profundidades que oscilan entre los 100 y los 1.000 metros.EFE

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- Una enorme maqueta de ballena "navegó" este miércoles por el centro de la capital mexicana, escoltada por activistas que exigieron al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum detener el proyecto Saguaro, un gasoducto que pretende conectar Texas con el Golfo de California en el océano Pacifico para extraer gas por medio de la técnica de 'fracking' o fractura hidraúlica.

El proyecto Saguaro pone en riesgo a cinco especies de ballenas y al 85 % de los mamíferos marinos de México, que habitan en el Golfo de California, conocido como el 'Acuario del Mundo', advirtieron los manifestantes.

Encabezada por la coalición ‘Ballenas o gas’, conformada por 35 asociaciones ambientalistas como Greenpeace y Nuestro Futuro, la marcha partió del Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país, y culminó en el Zócalo capitalino.

Cientos de personas tomaron las calles del Centro de la ciudad con consignas como “Sheinbaum, entiende, las ballenas no se venden”, y carteles con leyendas como “México no es tu zona de sacrificio”.

Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas, advirtió de que el Golfo de California está catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y es un santuario donde habitan 39 % de los organismos marinos del mundo, así como 900 especies de peces, de las cuales el 90 % son endémicas del lugar.

Por lo que hizo un llamado urgente a la presidenta Sheinbaum a refrendar “su compromiso y conocimiento climático”, en un momento donde muchos dudan de la gravedad de la crisis ambiental en el mundo.

“Hoy tenemos una científica climática como presidenta de México, algo que muchos países desearían tener, dado la urgencia que hay por actuar con congruencia frente al clima”, expuso en una conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno.

Asimismo, Montaño explicó que el proyecto Saguaro, a cargo de la empresa estadounidense Mexico Pacific, busca exportar el gas a Asia a través de buques de 300 metros de largo, es decir, 60 metros más largos que la plancha del Zócalo.

“La principal causa de muerte de las ballenas son las colisiones con grandes buques y además, las que sobrevivan serían ensordecidas por el ruido que provocan estos navíos ahuyentándolas”, indicó Montaño.

Nora Cabrera, de Nuestro Futuro, detalló que recaudaron más de 200.000 firmas ciudadanas para exigir detener el proyecto, petición que ha sido enviada a la Presidencia de México, además de que darán seguimiento a las legislaciones secundarias que están próximas a emitirse para que no consideren el proyecto Saguaro.

“Por eso estamos en un momento muy importante donde todavía podemos frenar Saguaro. Los daños de Saguaro no están todavía generados como ha pasado en otros megaproyectos”, expuso Cabrera.

“Aquí sí depende de un ‘no’ de la Presidencia”, agregó.

La ambientalista Claudia Campero alertó de que este proyecto representa la suma de emisiones de países como Portugal y Suecia, pese a que Mexico Pacific ha dicho que evita emisiones, al ahorrar en transporte pues el gas no tendría que ser transportado hasta el Canal de Panamá para llegar al mercado asiático.

“Eso es una trampa porque ese gas no tiene ni siquiera por qué salir de la tierra. El gas lo están sacando a través de 'fracking', envenenando las comunidades texanas, después lo quieren trasladar por Chihuahua y por Sonora, envenenando a las comunidades a su paso”, expuso.

Pablo Ramírez, de Greenpeace, advirtió además de que el proyecto cuenta con al menos tres Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) irregulares, donde la falta de transparencia evita conocer las condiciones en las que fueron emitidas, pese a los graves daños que supone al ambiente. EFE

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Ginebra, 29 ene (EFE).- El Gobierno suizo anunció este miércoles sus objetivos de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero para el lustro 2031-2035 y fijó que a finales de ese periodo sean un 65 % inferiores a los niveles de 1990, 15 puntos más que la meta antes establecida para 2021-2030, del 50 %.

El Consejo Federal (Ejecutivo), en su reunión semanal, también informó de que perseguirá una reducción promedio del 59 % entre 2031 y 2035, hasta lograr en el último de esos años el mencionado 65 % de bajada de emisiones.

"Estos objetivos deben lograrse primordialmente a través de medidas nacionales", destacó el Ejecutivo, señalando que sus metas están en línea con las del Acuerdo de París, cuyo fin es evitar un aumento promedio del clima global de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales (1850-1900).

Los nuevos objetivos han sido criticados por insuficientes por la organización medioambiental Greenpeace, quien aseguró en otro comunicado que con las nuevas metas "el Consejo Federal abandona de facto la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, esencial para la supervivencia de la humanidad".

También acusa al Gobierno de ignorar con ello la histórica sentencia en su contra dictada en abril de 2024 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se le consideraba culpable de "inacción climática".

La organización KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores de Suiza por el Clima), formada por más de 2.000 mujeres suizas de más de 65 años, fue la que presentó esta demanda ante el tribunal de Estrasburgo.

Las mujeres argumentaban que el Estado suizo no había hecho lo suficiente para "cuidar de ellas" y las había dejado a expensas de las consecuencias del calentamiento del planeta, incluidas las olas de calor, que cada año causan la muerte de miles de personas de la tercera edad en regiones como la europea. EFE

Greenpeace ha denunciado que más de 2,7 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación, que ocupan más de 26.000 kilómetros en España. De ellas, 700.000 habitan en las zonas de mayor riesgo. Además, se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios tres meses después de la dana que impactó gravemente en Valencia.

En el estudio, dado a conocer un trimestre después de esta catástrofe, la ONG ha pedido a las administraciones que desarrollen estrategias y medidas de mitigación y adaptación y ha recordado que la región mediterránea es especialmente vulnerable a los eventos de precipitaciones extremas debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y atmosféricos en la zona.

Estas son las conclusiones a las que ha llegado en su informe 'Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas', publicado este miércoles.

Así, ha insistido en que las administraciones implementen normas para reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2) y que hagan que las corporaciones de combustibles fósiles asuman los costes de las indemnizaciones por inundaciones al ser los "principales causantes del cambio climático".

A su vez, les ha instado a revisar los protocolos y los sistemas de alerta temprana para adaptarlos a la nueva situación provocada por el cambio climático y a elaborar los planes autonómicos y municipales de prevención y adaptación con "una visión conjunta" de los distintos riesgos climáticos. A su parecer, éstos tendrían que reunir las medidas de adaptación de los distintos ámbitos, priorizar aquellas basadas en la naturaleza y poner el foco sobre los colectivos vulnerables.

Asimismo, Greenpeace ha hablado de revisar y adaptar de manera obligatoria todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables. Además, ha solicitado que se lleve a cabo la renaturalización de ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces.

De manera más general, ha destacado que, en su opinión, la adaptación al cambio climático debe proteger a toda la población de forma justa, y contribuir a reducir las desigualdades. En este marco, la ONG ha recalcado que España sigue sin actuar "a la velocidad que la emergencia climática exige" y ha resaltado que las políticas que se apliquen determinarán la gravedad de los impactos del cambio climático, tanto en términos de coste humano como económico.

Sobre Valencia, ha denunciado que la Generalitat "modificara una normativa para permitir construir en zonas inundables sin informes" en la "misma semana en la que se produjo la dana". Además, ha advertido de que la tragedia ya es oficialmente la más costosa de la historia de España en indemnizaciones de pólizas de seguros, con 1.050 millones de euros abonados hasta la fecha, según los últimos datos del Consorcio de Compensación de Seguros.

La responsable de la campaña de adaptación de municipios a eventos extremos en Greenpeace, Elvira Jiménez, ha remarcado que "aún falta mucho por hacer", aunque se esté "a tiempo" de reducir los impactos provocados por el calentamiento global, así como de aminorarlo. "Tan terrible como las consecuencias de lo sucedido en Valencia es saber que se podrían haber tomado muchas medidas para reducir los efectos y, sobre todo, que no estamos ante una catástrofe aislada", ha asegurado.

Madrid, 29 ene (EFE).- Un Parlamento Ciudadano por el Clima permanente sería clave para involucrar a los más afectados en el diseño de políticas para afrontar la crisis climática e incluso para compensar el poder de los oligarcas, han defendido este miércoles en una jornada organizada en el Congreso de los Diputados español.

La jornada sobre el Parlamento Ciudadano por el Clima, promovida por Oxfam Intermón, Greenpeace, Asamblea Cívica por el Clima, el Observatorio de Sostenibilidad y Globe International, ha partido de experiencias de asambleas ciudadanas climáticas en diferentes países para dar un paso más y pensar en avanzar hacia una institución permanente.

"Si queremos encontrar soluciones efectivas y justas, debemos repensar cómo involucramos a los ciudadanos en el diseño de políticas climáticas. Si no, seguiremos teniendo un apartheid climático. Por eso debemos construir un Parlamento Ciudadano Climático permanente", defendió en un mensaje grabado el ex primer ministro de Grecia Georgios Papandreou.

Papandreou, relator general sobre democracia en el Consejo de Europa, aseguró que han surgido "oligarcas superpoderosos" en todo el mundo que, mediante el lobby, la corrupción, o el "mal uso de las poderosas plataformas digitales que poseen", han obstaculizado medidas sustanciales para abordar los desafíos climáticos.

Un Parlamento Ciudadano permanente inclinaría la "balanza del poder" en favor del bien común y garantizaría la representación en la búsqueda de soluciones de todas las voces, especialmente las de comunidades marginadas, pueblos indígenas y generaciones futuras, subrayó.

La presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso español, Cristina Narbona, alertó de los retrocesos democráticos y el negacionismo climático surgidos en Estados Unidos pero también en Europa, e instó a fortalecer herramientas como el Convenio de Aarhus para combatir la desinformación.

Desde las administraciones existe la "obligación" de favorecer con recursos materiales las asambleas ciudadanas, dijo Narbona, que añadió que la participación activa debe tener "cauces sistemáticos y continuos" y no quedarse en iniciativas puntuales.

En España la experiencia se puso en práctica entre 2021 y 2022, con una Asamblea Ciudadana por el Clima integrada por un centenar de personas que elaboró 172 recomendaciones para los poderes públicos.

En la jornada también participó, a través de un mensaje en vídeo, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, que defendió que los procesos participativos son el "corazón" de la justicia ambiental y climática.

"Nadie conoce mejor las soluciones que quienes enfrentan día a día las consecuencias del cambio climático y deben ser los principales beneficiarios de nuestra acción climática en Chile", insistió Rojas, que instó a fortalecer los espacios de diálogo.

En la jornada estuvieron también académicos, ciudadanos y miembros del tercer sector como Erika Hope, directora de Planificación Climática y Leyes de la Fundación Climática Europea (EFC por sus siglas en inglés), quien llamó a usar el clima como impulso para mejorar los enfoques democráticos, "que pueden llegar a cambios estructurales" en otros ámbitos.

También se abordó cómo las organizaciones del tercer sector pueden aprovechar las asambleas ciudadanas para reforzar sus campañas políticas e incluso la comunicación sobre cambio climático.

Es lo que ocurrió en Francia con la palabra "ecocidio", que pasó de usarse apenas en la militancia ecológica a escucharse en boca de políticos o periodistas tras la experiencia de su asamblea climática, ejemplificaron. EFE

Madrid, 29 ene (EFE).- Tres meses después de la peor dana del siglo en España, Greenpeace ha criticado la lentitud en la acción climática para salvar vidas y ha demandado, ante futuros fenómenos meteorológicos extremos, mejor planificación urbana, educación en emergencias y la naturaleza como aliada, entre otras soluciones.

La organización ecologista ha presentado este miércoles el informe "Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas", con el propósito de evitar que se repitan tragedias como la vivida en Valencia el pasado octubre y que se ha cobrado hasta el momento la vida de más de 200 personas.

El escrito destaca que en España hay más de 26.000 kilómetros de zonas con alto riesgo de inundación donde residen unos 2,7 millones de personas, de las que 700.000 viven en las áreas de mayor riesgo. Además, miles de infraestructuras críticas están situadas en zonas en riesgo de inundación obviando evidencias científicas y primando intereses económicos .

Desde la organización han advertido de que las políticas que se apliquen determinarán "la gravedad" de los impactos climáticos y así, actuaciones -añaden- como la aprobada por la Generalitat Valenciana en la misma semana en la que se produjo la dana, modificando la normativa para construir en zonas inundables, demuestran que "la clase política no aplica el principio de precaución más básico para salvar vidas".

Además del coste humano, Greenpeace también ha recordado el coste económico de no actuar ante catástrofes como la dana de Valencia, ha asegurado que, de forma oficial, es "la más costosa de la historia de España en indemnizaciones de pólizas de seguros, con 1.050 millones de euros abonados hasta la fecha".

Para minimizar los impactos al máximo, Greenpeace ha propuesto cuatro medidas principales de adaptación: En primer lugar, la importancia de conocer el riesgo ante la emergencia, sobre todo los protocolos de actuación y sistemas de alerta temprana para proteger a la población, salvar vidas y limitar daños personales y materiales.

La segunda medida pasa por recuperar el ciclo natural del agua en las ciudades mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, mientras que la tercera pone el foco en reconstruir sin cometer los mismos errores y urge la prohibición de construcción y la desclasificación de suelos urbanísticos en áreas inundables.

Como cuarta medida, el estudio destaca que la adaptación al cambio climático debe proteger a toda la población de forma justa y contribuir a reducir las desigualdades, con mayor incidencia en los grupos más vulnerables de la sociedad ante futuras inundaciones.

Además de la adaptación, el informe también insiste en la importancia y la urgencia de la mitigación del cambio climático para evitar que siga avanzando el calentamiento lo que provocaría impactos mucho mayores y ante los que no habría adaptación posible. EFE

Paula Fernández

Madrid, 27 ene (EFE).- El mundo conmemora este martes el Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO2 entre récords de concentraciones y temperaturas, con la incógnita del impacto que podrá tener la intención de Donald Trump de favorecer los combustibles fósiles y llamadas a una mayor ambición.

Las emisiones de CO2 alcanzaron los 41.600 millones de toneladas en 2024, cerca de un 2,5 % más que un año antes, según las proyecciones del panel internacional de científicos Global Carbon Project.

Los expertos proyectan subidas en países como India (4,6 %) y China (0,2 %), mientras que se registran caídas en la Unión Europea (3,8 %) y Estados Unidos (0,6 %).

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su promesa de favorecer los combustibles fósiles abre la incógnita del efecto que puede tener sobre las emisiones de Estados Unidos, pero también en las políticas globales.

"Hay una tendencia ya a nivel mundial hacia la descarbonización, que es una fuerza imparable. Pero, efectivamente, la llegada de Trump va a hacer que esa velocidad en lugar de acelerarse se pueda ralentizar", aseguró a EFE el responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace España, Pedro Zorrilla.

Trump volverá a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Agencias y organismos como el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), de la Unión Europea, y la NASA confirmaron este mes que en 2024 la temperatura media de la tierra superó esa barrera.

Aunque esto no significa que se haya incumplido París, ya que para ello debe superarse dicho umbral en la media de los últimos 30 años, sí es un "aviso", señaló Zorrilla, doctor en Ecología y Medio Ambiente, que pide más ambición para reducir las emisiones.

También son un aviso los desastres naturales que devastaron el mundo en 2024, como los incendios en Chile, los huracanes Helene y Milton, la sequía en el Amazonas o la dana en la ciudad española de Valencia.

En España, las emisiones brutas se redujeron un 7,6 % en 2023 respecto al año anterior, según el último Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera que publica el Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos oficiales de 2024 no están disponibles, pero el centro vasco de investigación sobre el cambio climático BC3 alertó de que habrían aumentado un 0,9 %.

"En España necesitaríamos un plan de choque similar al que se puso en marcha con la pandemia para conseguir en estos cinco años, antes de 2030, reducir a la mitad las emisiones", defiende el responsable de Greenpeace.

El Gobierno actualizó el pasado septiembre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 con objetivos más ambiciosos, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 32 % respecto a 1990 y que el 81 % de la generación eléctrica sea renovable.

Las renovables, uno de los sectores que más han ayudado a reducir emisiones, representaron el 50,3 % de la producción de España en 2023.

Las renovables, la movilidad sostenible o reducir el consumo de carne son algunas de las estrategias para reducir emisiones, entre las que también han surgido medidas polémicas como los mercados de carbono.

Este instrumento, que permite a los países que liberen poco CO2 vender derechos de emisión a quienes más generen, está incluido en el Acuerdo de París y el pasado noviembre se alcanzó un pacto en la COP29 de Bakú para crear un mercado mundial regulado.

La medida, no obstante, no convence a los ecologistas: "Es una solución impulsada desde la industria para poder seguir haciendo lo de siempre y no tener que reducir sus emisiones", denunció Zorrilla desde Greenpeace. EFE

Río de Janeiro, 24 ene (EFE).- Greenpeace denunció este viernes que la minería ilegal sigue avanzando en la Tierra Indígena Yanomami pese a la intervención ordenada hace exactamente dos años por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con Greenpeace, que monitorea permanentemente la reserva con imágenes de satélite y sobrevuelos, los garimpeiros (mineros ilegales) devastaron 50 nuevas hectáreas dentro del territorio yanomami entre julio y septiembre de 2024, un área un 32 % superior a la devastada en el mismo período de 2023.

La organización calcula que 4.123 hectáreas han sido destruidas por la minería ilegal en la tierra Yanomami, lo que supone un 0,04 % del total de la superficie de la reserva, que es la mayor de Brasil.

El Gobierno brasileño declaró hace dos años una crisis humanitaria en el territorio y ordenó varias operaciones para desalojar a los buscadores de oro y piedras preciosas.

El comunicado de Greenpeace afirma que pese a las medidas tomadas por el Gobierno, como la destrucción de máquinas y equipos, hay nuevos frentes de los mineros, especialmente en el sur del resguardo, en la región del Parque Nacional del Pico de la Neblina.

"Los datos muestran que las políticas de fiscalización no impiden que los mineros busquen estrategias para mantener en el territorio una actividad que no solo provoca deforestación sino que también contamina los ríos con mercurio, compromete la soberanía alimenticia y perpetúa los episodios de violencia", asegura el comunicado.

Según el vocero de Greenpeace para los Pueblos Indígenas, Grégor Daflon, tan solo la presencia continua e integrada del Estado, el fortalecimiento de los órganos de fiscalización y la participación de líderes indígenas en la planificación de las operaciones puede garantizar la seguridad y el bienestar de los Yanomami.

Una de las primeras medidas adoptadas por Lula al asumir como presidente de Brasil, el 1 de enero de 2023, fue declarar una emergencia sanitaria en la Tierra Yanomami para hacer frente a los graves problemas de salud y ambientales causados por la invasión de unos 30.000 mineros ilegales.

El avance de la minería ilegal provocó en los últimos años decenas de muertes de yanomamis como consecuencia de desnutrición, neumonías o diarreas.

Las medidas de emergencia, que incluyeron el cierre temporal del espacio aéreo y la movilización de militares para expulsar a los invasores, permitieron la salida de gran parte de los garimpeiros, pero no eliminaron la actividad minera en la región.

La Tierra Indígena Yanomami, de cerca de 10 millones de hectáreas en los estados amazónicos de Roraima y Amazonas, en la frontera de Brasil con Venezuela, alberga a cerca de 33.000 indígenas en 376 comunidades. EFE

Las Palmas de Gran Canaria, 23 ene (EFE).- Greenpeace ha iniciado este jueves en el puerto de Las Palmas su campaña a nivel europeo contra las infraestructuras de gas y combustibles fósiles en la Unión Europea, mostrando su rechazo a la planta de gas que proyecta la empresa Totisa Holdings en el recinto grancanario por su impacto para la salud y climático.

Greenpeace se suma así al rechazo de la plataforma ciudadana que lleva meses denunciando los efectos adversos que, en su opinión, provocará esta planta de gas y central eléctrica, la cual generará "un daño irreparable" en la salud y la seguridad no solo de la población que vive o trabaja en las cercanías del puerto, sino de toda la capital grancanaria, han explicado este jueves en una rueda de prensa a bordo del buque 'Arctic Sunrise' de la organización ecologista.

María Luisa Pita y Antonio Hernández, integrantes de la plataforma ciudadana, han alertado de que la ciudadanía "no podrá eludir la contaminación del aire" que supondrá la implantación de este proyecto, al que se oponen tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como el Cabildo de la isla y el Parlamento canario.

No obstante, su tramitación sigue en marcha, pendiente de que se valore la declaración de impacto ambiental por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional.

Es por ello que Greenpeace se ha sumado a la campaña y, durante su estancia estos días en la isla, mantendrá una reunión con representantes de las administraciones a todos los niveles -local, insular y regional- para hablar sobre el camino hacia una transición ecológica justa y respetuosa, pero también ha organizado una jornada de puertas abiertas para que la sociedad insular pueda conocer el barco 'Arctic Sunrise' y su historia de lucha.

El coordinador de esta campaña contra los combustibles fósiles de la ONG, Francisco del Pozo, ha dicho que el proyecto de Totisa "va en contra de la transición, una planta de gas que no tiene cabida en un futuro 100 % renovable como el que se merecen todos los canarios".

"Hay un falso argumento que usan las empresas fósiles que se enriquecen con este negocio de que el gas es un combustible verde, o un combustible puente como le llaman ellos, pero la realidad es que el gas es un combustible fósil, que genera cambio climático, que emite metano. Es un paso marcha atrás en la transición", ha denunciado el miembro de Greenpeace.

La organización ecologista abre con esta denuncia en Canarias una campaña internacional denominada "El gas no es el camino", que busca concienciar a los estados miembros e instituciones comunitarias de la Unión Europea los efectos negativos que tiene este combustible.

Creen en Greenpeace que el gas es caro, sucio y genera incrementos en la factura de la luz de la ciudadanía, así como una mayor dependencia del exterior, concretamente de países "de dudosa reputación democrática".

Además, ha señalado Del Pozo, genera emisiones directas e indirectas de gases muy contaminantes como el metano, que provocan un efecto invernadero veinte veces superior al del dióxido de carbono.

Desde Canarias, el 'Arctic Sunrise' tiene intención de pasar por otros países europeos (Portugal, el norte de España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Grecia y Rumanía) para apoyar a movilizaciones sociales que en cada uno de ellos luchan contra otros proyectos para instalar plantas regasificadoras en sus territorios.

El fin último que se marcan es "promover una prohibición de nuevos proyectos de gas a nivel comunitario" y, para ello, intentarán "seguir metiendo presión" en todos los foros posibles para que los estados miembros terminen llevando esta regulación hasta Bruselas, y que allí se tomen medidas a nivel europeo. EFE

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Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- Las palabras de respuesta del presidente panameño, José Raúl Mulino, a Donald Trump y sus amenazas al Canal y la propuesta del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, para luchar en Europa contra las amenazas que suponen las redes sociales marcaron la tercera jornada del Foro de Davos (Suiza).

Los protagonistas de la jornada

Dos días después de que el presidente Donald Trump prometiese recuperar el Canal de Panamá, el mandatario panameño habló ese miércoles por primera vez de ello ante la prensa. En unas declaraciones en el Foro de Davos, dijo que el Derecho Internacional estaba de su parte, que el Canal es y será de Panamá y que el Tratado que lo regula cuenta con el apoyo de más de 40 países. No desgranó qué medidas adoptará su país, pero cuando se le preguntó si temía una invasión de EEUU respondió: "Seamos serios, seamos serios".

El otro protagonista fue el presidente del Gobierno español, quien propuso este miércoles una serie de medidas para luchar en la Unión Europea contra la amenaza que en su opinión representan las redes sociales para la democracia, entre las que destaca acabar con el anonimato y poder reclamar responsabilidades a sus propietarios.

Frente a la promesa de sus fundadores de que las redes sociales servirían para unir y apuntalar las democracias con nuevas ideas, Sánchez consideró que aunque ha habido efectos positivos, también los ha habido negativos y ocultos como "en el caballo de Troya", entre ellos el ciberacoso, el discurso del odio, el acoso sexual, la invasión de la privacidad o el auge de la violencia.

"Make Social Media Great Again" (Haz las redes sociales grandes otra vez), dijo para resumir, emulando la expresión utilizada en campaña por Donald Trump (Make America Great Again).

Los aranceles o, más bien, las amenazas arancelarias del presidente de EEUU, Donald Trump, han centrado varios de los debates este miércoles en el Foro de Davos. Tras destacar que esas amenazas aún no se han materializado, la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, pidió "mantener la cabeza fría por el momento", no "sobreactuar" y "ver qué hacer si la temperatura aumenta".

"Trump es impredecible, pero como dicen los chinos, no solo escuches lo que se dice, observa lo que se hace", dijo Zhu Min, miembro del Comité Asesor del China Center for International Economic Exchanges.

No fue en Davos, pero sí por Davos. Un grupo de activistas de Greenpeace de toda Europa protagonizaron hoy una protesta frente a un jet privado en el aeropuerto de Samedan (Suiza), a unos 70 kilómetros a la localidad donde se celebra la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) y donde aterrizan los jets privados de los asistentes al Foro. Lo que pedían eran más impuestos para los súperricos.

La curiosidad

Un pin a la fidelidad. Algunos asistentes al evento lucían estos días un discreto pin que simboliza las diez ediciones que llevan participando ya en el Foro Económico Mundial. Lo han recibido en un cóctel al que se les invitó al principio de la reunión. El pin ha sido un obsequio, otra cosa es lo que ha costado su asistencia durante esta década.

Trump protagonizará la jornada desde EEUU. El recién investido presidente estadounidense, Donald Trump, participará en una conversación con los asistentes al Foro y responderá previsiblemente dos preguntas.

Milei 2.0. Tras su participación en 2024, en la alertó de que Occidente está en peligro» por la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el "socialismo" que lleva "a la pobreza" y atacó las agendas internacionales del feminismo y el medioambiente, el presidente argentino vuelve a Davos para ofrecer una ponencia tras algo más de un año en la Casa Rosada y con Trump ya en la Casa Blanca. EFE

Madrid, 22 ene (EFE).- La organización ecologista Greenpeace ha acusado este miércoles al PP, a Vox y a Junts de "despreciar los intereses de la ciudadanía" por votar en el Congreso en contra de medidas que incluyen ayudas al transporte público y la ampliación del gravamen a las grandes energéticas.

En un comunicado, Greenpeace ha denunciado que estos grupos políticos "hurtan" a los ciudadanos de "los recursos necesarios para garantizar su bienestar más básico, una acción climática robusta y un transporte público sostenible y asequible para todas las personas".

"Es un momento para que la ciudadanía reivindique sus derechos con determinación y de hacer frente común democrático contra la desigualdad y la crisis climática", ha afirmado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.

En el caso de la extensión del gravamen energético -contra la que también votó el PNV, ha recordado Greenpeace-, la organización ecologista acusa a los cuatro partidos de "alinearse con los intereses de las empresas energéticas en lugar de ponerse del lado de la ciudadanía que es quien, en última instancia, tendrá que pagar los escaqueos y amnistías fiscales del oligopolio energético".

Greenpeace recuerda el informe que publicó el pasado diciembre, en el que denunció los beneficios y dividendos "récord" del sector energético y los 6.500 millones de euros invertidos en 2024 en energías fósiles en España.

La organización también ha rechazado el bloqueo de la prórroga de las bonificaciones del transporte público, "que desde su puesta en marcha en 2022 han tenido una excelente acogida por parte de la población y han demostrado su eficacia a la hora de reducir la contaminación" y han ayudado a los hogares ante la inflación, considera.

"Esta medida era un paso necesario hacia la futura implantación del abono único de transporte en la que ya se está trabajando por parte del Gobierno", ha señalado la coordinadora de Movilidad de Greenpeace España, Cristina Arjona.

Greenpeace ha recordado que, en la actualidad, el 30,7 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España proceden del transporte, y ha defendido que es "urgente" pasar del vehículo privado al transporte público de calidad para alcanzar los objetivos de neutralidad climática y garantizar una mejor calidad del aire y la salud de las personas.

El Congreso ha rechazado este miércoles la convalidación de dos de los reales decretos leyes del Gobierno que incluían medidas como gravamen energético, alza de las pensiones, bonificaciones al transporte, ayudas para comprar vehículos eléctricos, incentivos para las obras de eficiencia energética en los edificios, ayudas para los afectados por la dana o la prórroga del escudo antiopas. EFE

Un tribunal de Países Bajos ha ordenado al Gobierno recortar en un 50 por ciento las emisiones de nitrógeno para proteger a las zonas más vulnerables al cambio climático, bajo la amenaza de una potencial multa de 10 millones de euros si no alcanza el citado objetivo en el año 2030.

El tribunal de La Haya ha dado la razón a la organización ecologista Greenpeace, que alertaba del perjuicio para la naturaleza de unas emisiones derivadas principalmente de la ganadería, si bien las partes aún pueden recurrir la sentencia dictada este miércoles.

El juez Jerzy Luiten ha lamentado la cancelación de las medidas específicas adoptadas por la anterior coalición y la ausencia de "una alternativa funcional" por parte del actual Ejecutivo, liderado por la ultraderecha y del que forma parte también el partido Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB).

La ministra de Agricultura de Países Bajos, Femke Marije Wiersma, miembro precisamente del BBB, ha admitido en un primer comunicado que no era el fallo que "esperaba" y ha prometido estudiarlo a fondo antes de valorar una respuesta en firme, también el posible recurso.

El Gobierno se toma "muy en serio" esta problemática, pero al mismo tiempo llama a tener en cuenta el "amplio impacto social" que puede acarrear los recortes de las emisiones. "No podemos pedir lo imposible a personas y empresas", ha dicho la ministra.

La Haya, 22 ene (EFE).- La organización ambientalista Greenpeace ha ganado este miércoles un caso judicial contra el Estado neerlandés, obligando así al Ejecutivo a tomar medidas para reducir antes de 2030 las emisiones de nitrógeno del campo y la construcción en la naturaleza, o, de lo contrario, se enfrenta a una multa de 10 millones de euros.

El Tribunal del distrito de La Haya exigió al Gobierno neerlandés tomar más medidas para reducir las emisiones de nitrógeno y lamentó que no haya desarrollado un plan práctico para cumplir con los objetivos de 2030, después de eliminar puntos clave de la política anterior. Por tanto, impuso una multa coercitiva de 10 millones de euros si no se logra alcanzar los objetivos de 2030.

Dentro de cinco años, el 50 % de las áreas Natura 2000 -una lista de más de 150 espacios vulnerables- no deben estar sobrecargadas de nitrógeno.

Una de las críticas de la Justicia se centró en el hecho de que el gobierno actual, una coalición de la derecha radical con otros tres partidos de derechas, incluido el partido que defiende los intereses del campo (BBB), haya revertido las medidas adoptadas en los últimos años por el gabinete anterior de Mark Rutte, quien destinó más de 24.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de nitrógeno, pero el gobierno actual redujo esa cantidad a 5.000 euros.

La organización ambiental denunció que la política de nitrógeno del gobierno es insuficiente y lo llevó a los tribunales para obligarlo a implementar políticas más concretas y medidas drásticas en la agricultura y la industria, lamentando que los objetivos establecidos ya para 2025 no van a ser alcanzados por la falta de acción gubernamental.

El tribunal escuchó a las partes el pasado noviembre. Greenpeace pidió a los jueces que declaren la totalidad de la política de nitrógeno como “insuficiente” debido al exceso de estos gases en áreas de naturaleza protegidas que se están deteriorando, y exigió al gabinete cumplir “al menos” sus propias reglas y objetivos de reducción de nitrógeno. Estos están “muy lejos de lograrse”, según un estudio de varias organizaciones.

Los representantes del Estado alegaron que el Gobierno está ya haciendo “mucho” para reducir las emisiones de nitrógeno y que no se le puede exigir “lo imposible”, puesto que los objetivos más ambiciosos son “inalcanzables y poco prácticos”, aseguró, citando un informe del Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM).

Usando un enfoque gradual, sería necesario reducir en 4 millones el número de animales en la ganadería, puesto que las emisiones de nitrógeno tendrían que retroceder a los niveles de 1939. Pero, si el gobierno considera que los objetivos actuales son inalcanzables, Greenpeace pide "salvar lo que se pueda salvar".

El nitrógeno en sí no es perjudicial, pero la deposición excesiva en la naturaleza de dos de sus compuestos -el amoníaco (principalmente de la ganadería intensiva por el estiércol, la orina animal y los fertilizantes) y los óxidos de nitrógeno (de la combustión a alta temperatura en fábricas o motores de coche)- provoca acidificación y daña la naturaleza.

Los esfuerzos por reducir estas emisiones han desencadenado grandes protestas del sector ganadero en Países Bajos, lo que culminó en la creación de BBB, un partido que se ha hecho hueco en la coalición de gobierno actual y que busca limitar el impacto de las medidas contra el nitrógeno, que debe reducirse tras varios fallos, como del Tribunal de Justicia Europeo en 2018. EFE

Madrid, 21 ene (EFE).- Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) han criticado este martes que la Estrategia Nacional de Alimentación, presentada en el Consejo de Ministros, no ha contado con la participación de la sociedad civil para su elaboración.

La federación de consumidores y usuarios CECU, las ambientalistas Greenpeace y WWF, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (Cerai), la fundación Entretantos y las asociaciones Alimentta, Vida Sana y Mensa Cívica han señalado que desconocen el contenido de la estrategia.

"Al contrario de lo que se anunció, se ha ignorado a la sociedad civil", han sostenido las organizaciones en un comunicado en el que han mostrado su "decepción" por el proceso y han destacado que no han podido tener acceso al documento, que debería ser una hoja de ruta "ambiciosa" para transformar los sistemas alimentarios.

"El ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis) Planas ha priorizado un proceso cerrado y rápido, en vez de uno participativo, que permitiera a España asentar su presente y futuro alimentario", han apuntado las organizaciones.

En su opinión, si no se ha permitido a la sociedad civil participar en la redacción del texto, al menos se debería tenerla en cuenta en el proceso de aplicación.

Las ONG han lamentado que no se haya proporcionado "claridad" respecto a la metodología y las fechas de los foros organizados por el ministerio, que ha seleccionado a expertos como ponentes, sin permitir un diálogo amplio.

Además, han criticado que el Gobierno no ha facilitado resúmenes de las aportaciones de estos grupos, no ha presentado un calendario de trabajo ni ha dado a conocer el documento final llevado este lunes por Planas al Consejo de Ministros.

Las organizaciones han propuesto, además, crear un órgano específico que se encargue de hacer un seguimiento y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Alimentación. EFE

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Alianza Verde han criticado la salida de Estados Unidos (EEUU) del Acuerdo de París y han señalado que "hay que seguir trabajando" ya que "ignroar la crisis climática no la hara desaparecer".

WWF opina que este es "un mal día para el medioambiente y para toda la humanidad". El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que recibe la noticia de la salida de EEUU del Acuerdo de París "con mucha preocupación" ya que coincide con un momento en el que "hace falta una acción mucho más decidida" contra el cambio climático.

Además, ha expresado su temor de que este movimiento pueda restar ambición a la lucha climática y pueda ralentizar "aún mucho más" los acuerdos internacionales, que ya habían perdido "bastante el impulso" en las últimos Cumbres del Clima. En especial, ha incidido en su inquietud sobre la posibilidad de que esta falta de ambición lastre a la Unión Europea (UE).

Aún así, Del Olmo ha recalcado que "hay que seguir trabajando" y ha transmitido su fe en que "va a ser muy difícil retroceder en cuanto a concienciación". "Creo que ese es uno de los principales antídotos o una de los principales bazas que tenemos que seguir cultivando, para que eso que hemos avanzado en la sociedad no se retroceda", ha reconocido.

Por otra parte, también ha resaltado que espera ver cómo concilia Trump el anuncio con el hecho de que EEUU se ha convertido en una "potencia" de las energías limpias.

IGNORAR LA CRISIS CLIMÁTICA "SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE VIDAS"

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, ha admitido que no esperaban otra cosa de un gobierno "xenófobo, misógino, homófobo, tránsfobo y negacionista de la crisis climática". Aún así, ha recalcado que que ignorar los impactos de la crisis climática "es un gran error y supondrá la pérdida de más vidas humanas".

"Es inadmisible que un país como Estados Unidos, uno de los principales contaminantes y causantes del cambio climático, se descuelgue del Acuerdo de París y eche tierra sobre todos los esfuerzos climáticos del resto de países", ha criticado.

A pesar de ello, ha transmitido su certeza de que muchas personas y países seguirán luchando. Desde la organización, han hecho un llamamiento para que se cumplan los compromisos del Acuerdo de París y que las partes sean cada vez más ambiciosas y rápidas en la transformación hacia una economía que respete los límites planetarios

LAS OPINIONES DE TRUMP VAN A DAR PIE A OTROS NEGACIONISTAS

Ecologistas en Acción cree que es una "muy mala noticia para el clima" el hecho de que Trump niegue la "responsabilidad histórica" de EEUU en lo que concierne a la emergencia climática cuando, históricamente, es el "mayor emisor". En este sentido, el responsable de Clima y Energía de la organización, Javier Andaluz, ha avisado en declaraciones a Europa Press que si el país no reduce sus emisiones de forma inmediata, es "muy probable" que se supere la barrera de los 2ºC de forma más rápida de lo esperado.

Asimismo, ha lamentado que la retirada de EEUU del Acuerdo de París va a evitar que contribuya de forma monetaria a la lucha climática internacional, algo que sería de "obligado cumplimiento atendiendo a los principios de justicia internacional". Además, ha denostado las opiniones "supremacistas" de Trump, que "van a dar pie a que otros muchos negacionistas carguen contra esta lucha climática internacional".

Por último, ha criticado que la Unión Europea (UE) no muestre "fortaleza" y no vaya a tomar medidas para hacer que la salida del Acuerdo de París "no salga gratis".

"IGNORAR LA CRISIS CLIMÁTICA NO LA HARÁ DESAPARECER"

A su vez, Greenpeace ha afirmado que "ignorar la crisis climática no la hará desaparecer" y ha advertido que abandonar el Acuerdo de París y seguir fortaleciendo a la industria fósil sólo hará que los impactos del cambio climático sean cada vez más fuertes y frecuentes. En paralelo, ha pedido al resto de países y a la sociedad civil que "mantengan el rumbo con determinación".

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha señalado que la retirada de EEUU del Acuerdo de París "sitúa al país en la marginalidad, al mismo nivel que Irán, Libia y Yemen". A su vez, ha recordado que la comunidad internacional ya vio a la Administración Trump retirarse del Acuerdo en 2016 y el resto del mundo siguió adelante "de todos modos", por lo que espera que vuelva a suceder lo mismo.

Por su parte, Alianza Verde ha tachado a Donald Trump de "peligro para el planeta" tras su inauguración como presidente de Estados Unidos (EEUU) y ha exigido al Gobierno y a la Unión Europea (UE) "aumentar su ambición frente a la ola negacionista y reaccionaria".

"Es un negacionista sin complejos y su presidencia, además, alienta a los líderes de la extrema derecha a nivel mundial a avanzar a pasos agigantados", ha señalado el coordinador de la formación, Juantxo López de Uralde a través de un mensaje a los medios este lunes.

A su parecer, no se puede "bajar los brazos" ya que la emergencia climática "no se va a tomar ningún respiro". Así, ha insistido en que desde el activismo y el ecologismo político se debe "seguir adelante con valentía" y ha recalcado que Europa "debe estar a la altura y liderar la agenda verde global y no agachar la cabeza frente a los extremistas".

Redacción Medioambiente, 21 ene (EFE).- El anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que volverá a retirar al país del Acuerdo Climático de París ha suscitado preocupación en la comunidad internacional y científica, que ha llamado a seguir cooperando para combatir el cambio climático.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, definió el Acuerdo de París como "la mayor esperanza para la humanidad" durante su discurso en el Foro de Davos y reafirmó su compromiso con la descarbonización.

"Europa mantendrá el rumbo y seguirá trabajando con todas las naciones que quieran proteger la naturaleza y detener el calentamiento global", dijo Von der Leyen, que aseguró que trabajarán no sólo con los "amigos de siempre" sino con cualquier país con el que compartan intereses porque "los próximos años serán cruciales más allá de Europa".

En el mismo sentido se pronunció el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, que lamentó la decisión de Trump en declaraciones trasladadas a EFE por su equipo y señaló que, pese a "este revés", el bloque intentará trabajar con los EE.UU. y el resto de socios internacionales para abordar "la urgente cuestión del cambio climático".

Por su parte, el secretario de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, hizo hincapié en Davos en que la puerta del Acuerdo de París "permanece abierta" para todos y que alejarse de la transición energética "imparable" dejará "un gran vacío" que otros llenarán y del que se beneficiarán.

El lunes, el secretario general de la ONU, António Guterres, ya había dicho que EE.UU. debe seguir siendo "líder en asuntos ambientales" y animó a "ciudades, estados y empresas" del país a que sigan "demostrando visión y liderazgo" trabajando en pro de una economía de bajo carbono.

Por parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), su portavoz, Clare Nullis, defendió en rueda de prensa que el cambio climático sigue unas leyes de la física "no negociables" que "han de ser vistas con una perspectiva de décadas o siglos, más que en un mandato de cuatro años".

Y recordó que Estados Unidos también es una de las grandes víctimas de los desastres meteorológicos: "Las cifras del propio país calculan que ha sufrido más de 400 desastres climáticos desde 1980 con pérdidas de más de 2,9 billones de dólares".

China también expresó este martes su preocupación por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París.

"El cambio climático es un reto común para toda la humanidad, y ningún país puede actuar solo en su propio beneficio", destacó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de China Guo Jiakun, que también enfatizó que su país trabajará con todas las naciones con el objetivo de avanzar en la transformación global hacia "una economía verde y baja en carbono".

"La determinación y las acciones de China en abordar el cambio climático permanecen consistentes", afirmó.

En España, organizaciones y partidos ecologistas como Greenpeace, Alianza Verde o Ecologistas en Acción también se mostraron el lunes preocupados y llamaron a otros países a mantener la acción climática.

Con esta medida, EE.UU. se sumará a la corta lista de países que han abandonado el Acuerdo de París, entre ellos Irán o Yemen, en un año en el que lo países firmantes tienen que presentar sus planes para recortar las emisiones.

De hecho, la Administración Biden en funciones trasladó hace unos días su propósito de reducir entre un 61 y un 66 por ciento las emisiones en 2035 en Estados Unidos, compromiso que ahora queda en el aire.

Incertidumbre también sobre la posibilidad de que la retirada de EE.UU. impida alcanzar la meta de financiación climática de 300.000 millones de dólares para el año 2035, acordada en la cumbre del clima COP29 de Bakú en noviembre del año pasado. EFE

Madrid, 20 ene (EFE).- Organizaciones y partidos ecologistas como Greenpeace, Alianza Verde o Ecologistas en Acción se han mostrado preocupados y llaman a la acción de otros países ante la intención del nuevo presidente de EE.UU, Donald Trump, de retirar a la nación del Acuerdo Climático de París, del cual ya se había salido durante su primer mandato (2016-2021), y al que Joe Biden reincorporó en 2021.

Desde el partido ecologista Alianza Verde consideraron a Trump como "un peligro para el planeta" y su coordinador general, Juantxo López de Uralde, lo ha calificado como "un negacionista sin complejos" cuya presidencia "alienta a los líderes de la extrema derecha a nivel mundial a avanzar a pasos agigantados".

"No podemos bajar los brazos porque la emergencia climática no se va a tomar ningún respiro", prosiguió López de Uralde, quien también indicó la necesidad de que Europa "esté a la altura, lidere la agenda verde global y no agache la cabeza frente a los extremistas".

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, calificó como de “elección antinatural” la decisión del nuevo presidente de retirarse del Acuerdo de París y explicó a EFE que coloca al país “en una situación de marginalidad, al mismo que nivel que Irán, Libia y Yemen”, otros de los países que también se encuentran fuera de este acuerdo histórico que busca limitar el calentamiento mundial.

De igual manera, insistió en que el resto de la humanidad y de los países deben mantener el rumbo: "la comunidad internacional ha visto ya a Trump retirarse antes, pero el resto del mundo siguió adelante. No nos equivoquemos, el Acuerdo de París es resiliente y avanzará”.

El coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, declaró a EFE que “no es permisible que el mayor emisor histórico se salga del Acuerdo de París (...) pero, sobre todo, que le salga gratis".

Por ello, se mostró preocupado por que la Unión Europea, junto con otros países que se denominan "líderes climáticos" no vayan a establecer ningún tipo de medida o sanción.

"Ya hemos visto algunos mensajes de Trump dirigidos no solamente al negacionismo climático, sino a atacar a otras agencias fundamentales para la protección del medio ambiente (...) y todo hace pronosticar que será un mandato bastante atroz para las políticas climáticas y de protección medio ambiental", anotó Andaluz.

Tras conocerse los planes de esta segunda retirada de Estados Unidos del Acuerdo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que EE.UU. debe seguir siendo "líder en asuntos ambientales" y animó a "ciudades, estados y empresas de Estados Unidos" a que sigan "demostrando visión y liderazgo" trabajando en pro de una economía de bajo carbono.

En su primer día como mandatario el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que procederá a retirar a EE.UU. del Acuerdo Climático de París, dando marcha atrás a la inclusión realizada por su predecesor, Joe Biden en 2020.

Trump ya había ordenado la retirada de su país del Acuerdo de París en junio de 2017, para abandonar así el pacto sellado en 2015 en la capital de Francia durante la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Los compromisos del Acuerdo de París tienen como objetivo evitar un aumento de las temperaturas a final de siglo superior a 2 grados centígrados y luchar por mantenerla en 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales.

La Casa Blanca también anunció otras medidas como la declaración de una emergencia energética para impulsar la extracción petrolera en el país, la eliminación de los subsidios que Joe Biden instauró para la compra de vehículos eléctricos o terminar con los contratos de arrendamiento para grandes parques eólicos. EFE