El anuncio realizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sobre el cese de la recaudación de ciertos aranceles adicionales incluyó una notificación directa a los transportistas a través de su sistema de mensajería. Según detalló este organismo y tal como informó la agencia de noticias, estas medidas dejarán de aplicarse desde las 00:00 horas (hora del Este) del 24 de febrero de 2026 para las mercancías destinadas al consumo, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que consideró ilegal la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer dichos aranceles.

El medio reportó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza remarcó que la orden solo afecta a los gravámenes derivados de la IEEPA, normativa aprobada en 1977, y no modifica otros aranceles vigentes sobre importaciones. Esta comunicación se realizó un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera que el entonces presidente Donald Trump había excedido sus competencias al valerse de la mencionada ley para instituir las tarifas adicionales.

De acuerdo con la información publicada, la decisión del máximo tribunal implica que los derechos ad valorem impuestos bajo la IEEPA deberán dejar de cobrarse y sus modificaciones o enmiendas también perderán vigencia. El medio indicó que ese conjunto de gravámenes ilegales ya no se aplicará en adelante a ninguna mercancía que ingrese o se retire de los depósitos de importación con destino a consumidores, a partir de la fecha establecida.

La respuesta del expresidente Donald Trump no se hizo esperar. Según publicó la fuente original, Trump tildó la decisión judicial de “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense”, y anunció una nueva represalia arancelaria. Concretamente, declaró que, tras una revisión exhaustiva del fallo del Tribunal Supremo, subiría “con efecto inmediato” el arancel global del 10% al 15%, alegando que este nuevo nivel se ajusta plenamente a los parámetros legales.

La agencia consignó que estas declaraciones tuvieron lugar el sábado posterior al fallo, y que forman parte de una estrategia de reacción ante el dictamen contrario a su política arancelaria. El Gobierno, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, puntualizó que la orden ejecutiva presidencial solo abarca los aranceles creados mediante la IEEPA, sin interferencia sobre otras tasas a la importación que permanecerán activas.

El dictamen del Tribunal Supremo hace referencia directa a los límites del poder ejecutivo tras la implementación de la IEEPA en 1977. Según explicó el medio, la resolución señala que el entonces presidente Trump superó la autoridad conferida por dicha legislación al imponer aranceles adicionales que, en opinión de los jueces, no se respaldaban ni en el texto ni en el espíritu de la ley.

El servicio de mensajería de la oficina aduanera sirvió para comunicar de manera inmediata el alcance de la suspensión, confirmando a los operadores logísticos y transportistas el fin de “ciertas medidas arancelarias” que ya no tendrán vigencia en toda la cadena de importación de productos afectados. Este anuncio otorga certidumbre a los actores del sector comercial sobre la eliminación de cargas económicas adicionales que hasta ahora resultaban de la aplicación de la IEEPA, detalló la fuente de noticias.

Finalmente, el medio señaló que este episodio abre una nueva etapa en la administración de los aranceles estadounidenses, condicionada por límites legales a la acción presidencial en materia de política comercial, mientras mantiene vigentes otros gravámenes no afectados por la decisión judicial ni por la orden presidencial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos notificó a los transportistas el “fin de ciertas medidas arancelarias”, indicando la suspensión inmediata de la recaudación de los derechos ad valorem adicionales aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según informó Europa Press, esta decisión surge tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, emitido el pasado viernes, que determinó que el presidente Donald Trump excedió sus facultades al recurrir a esta norma de 1977 para imponer aranceles adicionales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la agencia aduanera estadounidense transmitió a través de su servicio de mensajería que, a partir de las 00:00 horas del Este del 24 de febrero de 2026, los gravámenes en cuestión dejarán de aplicarse tanto a mercancías ingresadas para consumo como a aquellas retiradas del almacén para consumo. La medida abarca todas las modificaciones y enmiendas previas relacionadas con los aranceles impuestos bajo la IEEPA, cambiando en consecuencia el régimen arancelario de varias importaciones.

El medio Europa Press detalló que la Oficina de Aduanas aclaró en su comunicación que la orden ejecutiva afecta exclusivamente a los aranceles basados en la IEEPA, sin modificaciones para otros gravámenes actualmente vigentes sobre productos importados. El anuncio responde directamente al reciente dictamen del máximo tribunal, el cual calificó de extralimitación presidencial la aplicación de esta legislación de emergencia para establecer políticas arancelarias.

Tras conocerse la resolución judicial, el presidente Trump señaló públicamente que tiene previsto aumentar, con efecto inmediato, el arancel global del 10% al 15%. Según recogió Europa Press, Trump calificó la decisión del Tribunal de “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana”, y afirmó que el nuevo incremento estaría “totalmente permitido y legalmente comprobado”, en alusión a que no estará sustentado en la normativa invalidada por la IEEPA.

El fallo del Tribunal Supremo se produjo en respuesta a las políticas arancelarias impulsadas durante la actual administración, que utilizó los poderes conferidos por la Ley de 1977 como fundamento legal para aplicar gravámenes adicionales a determinadas importaciones, especialmente en el contexto de disputas comerciales internacionales. Europa Press reportó que, tras la determinación judicial, la Oficina de Aduanas tomó medidas rápidas para informar a las empresas afectadas y modificar los procedimientos de recaudación en frontera.

La suspensión de los aranceles implica ajustes inmediatos en el sistema de comercio exterior de Estados Unidos, impactando a importadores y exportadores sujetos a este régimen. Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la instrucción enviada a los transportistas busca minimizar confusiones y garantizar la aplicación uniforme de la nueva normativa en los puntos de ingreso de mercancías. La agencia aduanera incluyó orientaciones operativas para clarificar los productos afectados y los procedimientos actualizados a partir de la fecha establecida.

El alcance de la suspensión abarca solamente a los derechos ad valorem adicionales derivados de la IEEPA. Europa Press precisó que otras medidas arancelarias, adoptadas al amparo de diferentes leyes o marcos regulatorios, permanecerán en vigor y no se verán alteradas por esta decisión. Esta distinción resulta relevante para los operadores logísticos y comerciales que mantienen actividades de importación o exportación con Estados Unidos.

El fallo del Tribunal Supremo y las acciones subsecuentes de la agencia de aduanas se producen en un contexto de tensiones comerciales globales y de debates sobre la autoridad presidencial para modificar la política comercial mediante instrumentos de emergencia. Según reportó Europa Press, el gobierno estadounidense ha fundamentado reiteradamente sus políticas de gravámenes en la IEEPA, argumentando la necesidad de responder a riesgos para la economía nacional o la seguridad del país.

La respuesta del presidente Trump, anticipando un aumento inmediato de los aranceles globales del 10% al 15%, recalienta el escenario de la política arancelaria estadounidense. Adicionalmente, Europa Press difundió las declaraciones del mandatario en las que enfatizó su intención de mantener acciones “legalmente comprobadas” en el marco de la normativa vigente, pese a la anulación de los gravámenes sustentados en la IEEPA.

La comunicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a los transportistas y empresas afectadas incluyó detalles operativos específicos sobre la implementación del cambio normativo. Según Europa Press, los transportistas recibieron instrucciones claras para detener todo cobro de los aranceles que se originen en la IEEPA a partir de la fecha y hora señaladas, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y evitar controversias administrativas en frontera.

Este proceso refleja el impacto directo de las decisiones judiciales sobre la aplicación de políticas comerciales en Estados Unidos. Europa Press remarcó que la aplicación de leyes federales en materia arancelaria está sujeta a revisión judicial y puede modificarse de forma inmediata, requiriendo respuestas rápidas y adaptaciones por parte de las agencias ejecutivas competentes y de los operadores comerciales involucrados en la cadena de suministro internacional.

La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 sirve como base legal para el nuevo aumento de aranceles anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este mecanismo legal faculta al mandatario para fijar gravámenes de hasta un 15% sobre importaciones durante un periodo inicial de 150 días, según consignó el medio original. Una vez vencido ese plazo, cualquier extensión de los aranceles requerirá la aprobación del Congreso estadounidense. La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal responde a la reciente invalidación de su política arancelaria previa por parte del Tribunal Supremo, que se pronunció en contra de la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para establecer esos gravámenes.

De acuerdo con la información publicada, Trump ordenó incrementar de forma inmediata el porcentaje de los aranceles globales de represalia, pasando del 10% al 15%. La medida se produce apenas un día después del fallo judicial que calificó como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana”. El mandatario argumentó que, tras un proceso de revisión completa del veredicto del Supremo, decidió utilizar el margen máximo permitido y legalmente comprobado que brinda la ley comercial de 1974 para fijar los nuevos impuestos a las importaciones.

Según detalló el medio, la reacción de Trump busca sortear los límites legales que le impuso la resolución del Tribunal Supremo. El dictamen invalidó los aranceles que la administración había impuesto bajo la IEEPA, lo que obligó al presidente a buscar alternativas legales para mantener e incluso incrementar las medidas proteccionistas. La nueva base legal seleccionada por Trump evidencia un giro en la estrategia jurídica de la Casa Blanca para mantener sus políticas comerciales.

El aumento de aranceles tiene alcance global y representa un endurecimiento de la política comercial estadounidense respecto a las importaciones. Según informó la fuente, este cambio eleva la tensión en las relaciones comerciales internacionales y somete a los socios comerciales de Estados Unidos a costos adicionales en sus exportaciones. El periodo inicial de 150 días, previsto por la ley invocada, abre la puerta a negociaciones tanto en el Congreso como con los actores internacionales afectados mientras se mantiene la presión arancelaria.

El Supremo había invalidado la invocación de la IEEPA para la aplicación de los aranceles, argumentando que la ley no otorgaba al Ejecutivo facultades para medidas comerciales de ese tipo sin supervisión legislativa. Frente a esa situación, Trump criticó la resolución y defendió el uso de herramientas legales alternativas, optando por la Sección 122, que explícitamente habilita la imposición de aranceles increméntales por un lapso temporal. El medio explicó que, mientras la ley de 1974 concede prerrogativas puntuales al presidente, la extensión de las restricciones más allá de los 150 días dependerá del Congreso.

Según publicó la fuente, la ofensiva arancelaria del gobierno estadounidense forma parte de una estrategia de presión para renegociar relaciones comerciales en términos favorables para la economía nacional. Además, el anuncio de la subida se produce en un contexto de tensiones políticas en las que la interpretación de los límites constitucionales del poder presidencial ha cobrado protagonismo. Hasta la fecha, estas acciones han generado reacciones tanto a nivel interno como internacional acerca de la legalidad y la eficacia de las medidas adoptadas.

El medio destacó que la decisión presidencial se tomó rápidamente tras conocer la resolución judicial, subrayando el interés de la administración en mantener la continuidad y la firmeza de su política arancelaria. Trump justificó el incremento al 15% alegando que es el máximo admitido por la ley, y subrayó que la medida entra en vigencia de forma inmediata con base en nuevas prerrogativas legales.

La utilización de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 había sido considerada en ocasiones anteriores como un recurso de excepción para el Ejecutivo. En este caso, Trump recurre a ella tras la anulación de sus facultades bajo la normativa de emergencia internacional. El cambio implica un ajuste en la fundamentación jurídica, pero no una relajación de la política arancelaria. Por el contrario, el presidente ha sostenido la postura de fortalecer las restricciones comerciales en defensa de los intereses industriales y económicos de Estados Unidos, conforme precisó la fuente.

El medio también indicó que, con esta nueva fase de imposición de aranceles, la administración estadounidense queda obligada a dialogar con el Congreso si pretende mantener la medida más allá del periodo inicial. Esto introduce un elemento de control legislativo tras la actuación unilateral del Ejecutivo, constituyendo un punto de discusión sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos respecto al comercio exterior.

La rápida reacción presidencial tras la sentencia del Supremo y la escalada en el porcentaje de los aranceles a nivel global han sido interpretadas como señales de la determinación del Ejecutivo para mantener su política comercial pese a los contratiempos legales. Datos aportados por la fuente puntualizan que el proceso de revisión e implementación de la medida se realizó en 24 horas luego de recibir la notificación judicial adversa.

El trasfondo de esta controversia jurídica y política subraya el debate existente en Estados Unidos sobre el margen de maniobra del presidente en materia económica, así como las herramientas legales disponibles para responder a determinaciones del Poder Judicial. El episodio pone de relieve el uso de vías legales alternativas que permitan sostener políticas consideradas prioritarias por la administración, siempre dentro del marco de los límites que la ley impone y bajo la supervisión de otras ramas del gobierno federal, según resumió la fuente original.

Donald Trump estimó que las devoluciones a empresas y países por los aranceles ascendidos a cifras “imposibles de pagar”, refiriéndose a las inversiones realizadas para eludir los gravámenes y advirtiendo sobre el alto impacto económico de un eventual fallo desfavorable para su Gobierno. Según publicó Europa Press, el presidente de Estados Unidos alertó que una sentencia en contra del Ejecutivo sobre la legalidad de los gravámenes aplicados “supondría un completo desastre” financiero para el país.

Europa Press detalló que el Supremo de Estados Unidos decidirá próximamente si los aranceles globales decretados por Trump en abril de 2025 vulneraron los límites de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de 1977. Dicha normativa otorga al presidente ciertas facultades para limitar o prohibir transacciones internacionales en escenarios de emergencia nacional. Trump justificó que las medidas respondían a necesidades de “seguridad nacional”, aunque la imposición de estos gravámenes encontró oposición tanto de una docena de estados como de numerosas empresas que consideraron que el Ejecutivo había sobrepasado las atribuciones concedidas por la ley.

Las críticas contra el alcance presidencial fueron respaldadas por un fallo del Tribunal de Comercio Internacional, que al cierre de mayo resolvió que Trump se extralimitó en su autoridad al invocar la ley para fundamentar la nueva política arancelaria. La Administración Trump apeló la decisión, y el caso llegó ante un Tribunal Supremo de mayoría conservadora (6-3), cuyas deliberaciones en audiencia tuvieron lugar a inicios de noviembre de 2025, según informó Europa Press.

De acuerdo con el medio, Trump publicó en TruthSocial que, si el Supremo ratificaba el criterio restrictivo del Tribunal de Comercio Internacional, el Gobierno estadounidense quedaría obligado a restituir cantidades “de billones de dólares”. Afirmó que los costos reales a devolver, sin considerar la posible oleada de demandas por inversiones efectuadas para eludir los aranceles —como plantas industriales e instalaciones fabriles—, superarían los cientos de miles de millones de dólares. En palabras de Trump, “sumando esas inversiones, hablamos de billones de dólares”.

El mandatario estadounidense advirtió, tal como recogió Europa Press, que sería “casi imposible de pagar para nuestro país”. Asimismo, afirmó que el proceso de calcular las compensaciones y decidir a qué partes corresponderían, así como los procedimientos logísticos de pago, requeriría de un proceso extenso que llevaría años. Trump criticó las opiniones que plantean la resolución de este litigio como un asunto de rápida solución, calificando tal interpretación de “falsa, inexacta o totalmente errónea”.

La implementación de los aranceles de Trump tuvo un alcance significativo sobre decenas de socios comerciales y supuso un encarecimiento en las importaciones, según la información recopilada por Europa Press. El caso expone la tensión entre los límites jurídicos de la potestad presidencial en política comercial y los intereses económicos de los actores afectados, estadounidenses y extranjeros.

El Supremo de Estados Unidos no publicó un cronograma específico sobre cuándo resolverá el caso, aunque suele adelantar únicamente las fechas en que emitirá sentencias sin clarificar el contenido de las resoluciones. Según Europa Press, el fallo podría conocerse tan pronto como el miércoles siguiente a la información disponible y, si resulta adverso a la Administración Trump, implicaría la mayor derrota judicial de su gestión desde su regreso a la Casa Blanca hace un año. Además, dejaría abierta una compleja batalla legal con la posibilidad de que miles de empresas interpuestas reclamen reembolsos por la subida de precios ocasionada por la política arancelaria.

El debate en torno a la constitucionalidad y a los límites de la IEEPA permanece en el centro del litigio, mientras sectores empresariales y estatales consideran que la Casa Blanca excedió el marco permitido al implementar los aranceles sin el aval del Congreso y bajo la justificación de la amenaza a la seguridad nacional. El desenlace judicial no solo determinará el futuro de los gravámenes específicos, sino que también aclarará el alcance de la autoridad presidencial en el manejo de emergencias económicas con impacto internacional, según indicó Europa Press.

Este miércoles comenzaron a regir los nuevos aranceles del 100% a medicamentos y del 25% a camiones pesados en Estados Unidos. La medida surge en el marco de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense advirtió recientemente a las farmacéuticas con la imposición de gravámenes y justificó las nuevas normativas como un incentivo para que las empresas del sector inviertan en el país y aumenten la producción local de medicinas esenciales.

Trump también sostuvo que el nuevo esquema busca “reducir los costos de los medicamentos para los estadounidenses”. De acuerdo con el anuncio del pasado 25 de septiembre, los medicamentos patentados fabricados en el extranjero comenzarán a pagar aranceles del 100% desde este miércoles.

El inquilino de la Casa Blanca aclaró que los aranceles no se aplicarán a medicamentos genéricos ni a farmacéuticas que tengan proyectos de construcción en desarrollo, incluidos los iniciados antes de su gobierno. Entre las empresas exentas por sus inversiones recientes se encuentran Eli Lilly y Pfizer, firmas que comunicaron millonarios planes para ampliar y reubicar instalaciones productivas dentro del país.

Además, a partir del 1 de octubre los camiones pesados importados enfrentarán un arancel del 25%, argumentando que la medida responde a la “competencia externa desleal” que afecta a los fabricantes estadounidenses.

La administración del líder republicano no detalló si estos nuevos gravámenes se acumularán sobre los aranceles “recíprocos” que ya aplican a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.

En el caso de los camiones pesados, no se prevé impacto relevante sobre vehículos provenientes de México y Canadá, siempre que al menos el 64% de las partes sean fabricadas en Estados Unidos, de acuerdo con las reglas del tratado T-MEC. En contraste, los nuevos impuestos afectarán principalmente a las importaciones desde China, Vietnam y Tailandia, países que representan más del 70% de los ingresos estadounidenses de camiones de gran tonelaje.

Las nuevas tarifas de entre el 30% y el 50% a las importaciones de mobiliario del hogar no entrarán en vigor este 1 de octubre. La aplicación quedará aplazada hasta el 14 de octubre. El mismo día, se activará un arancel adicional del 25 % sobre la madera blanda.

“Para que Carolina del Norte, que perdió completamente su negocio de muebles a manos de China y otros países, vuelva a ser un gran éxito, impondré aranceles sustanciales a cualquier país que no fabrique sus muebles en Estados Unidos”, escribió Trump dentro un mensaje publicado en Truth Social.

Para el sector del mueble, el incremento será gradual: la tasa comenzará en el 25% y subirá al 30% a partir del 1 de enero de 2026 para ciertos tapizados, llegando hasta el 50% en el caso de gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados.

Los nuevos gravámenes al mundo del cine

Por otra parte, en su anuncio más reciente del pasado 29 de septiembre, Trump remarcó que tiene pensado imponer un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera del país, situando a la industria cinematográfica en el centro de su nueva política comercial.

La medida fue comunicada también por Truth Social, donde Trump argumentó: “Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé”.

(Con información de EFE)

Estados Unidos activará un nuevo paquete de aranceles sobre importaciones de madera y productos elaborados a base de este material, luego de que el presidente Donald Trump señalara que los incrementos buscan proteger la seguridad nacional y fortalecer la industria local.

Las nuevas tarifas, publicadas en una proclama de la Casa Blanca, entrarán en vigor el 14 de octubre y establecen un recargo del 10 por ciento sobre la madera blanda y sus derivados, mientras que muebles tapizados, gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos afines enfrentarán un gravamen global del 25 por ciento.

El anuncio formal precisa que estos recargos subirán todavía más: a partir del 1 de enero de 2026, la madera blanda y la madera aserrada importada pagarán un 30 por ciento de arancel, y los muebles de cocina, gabinetes y piezas importadas para su fabricación o ensamblado enfrentarán una tarifa del 50 por ciento. En el caso de los muebles tapizados, el arancel escalará del 25 al 30 por ciento en la misma fecha.

El documento presidencial señala: “Estas medidas fortalecerán las cadenas de suministro, reforzarán la resiliencia industrial, crearán puestos de trabajo de alta calidad y aumentarán la utilización de la capacidad nacional para los productos de madera”.

El texto advierte, además, que las tarifas “se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa, exacción o cargo aplicable a dichos productos de madera importados”.

Los nuevos gravámenes forman parte de una serie de ajustes comerciales en sectores estratégicos para la economía estadounidense, defendidos por la actual administración bajo el argumento de proteger la infraestructura civil y militar del país.

“La madera cumple un papel vital en la construcción civil y la infraestructura militar. Las cadenas de suministro extranjeras y los principales exportadores están cubriendo cada vez más la demanda estadounidense, lo que crea vulnerabilidades”, indica la hoja informativa divulgada junto a la proclama presidencial.

La oficina de la presidencia señala que estas medidas derivan de una investigación ordenada al Departamento de Comercio en marzo y finalizada en julio. Como resultado, la decisión se dirige a reducir la dependencia estadounidense de proveedores externos y reactivar la producción nacional del sector.

Los efectos de la imposición de estos aranceles ya genera controversias. Asociaciones empresariales, propietarios de pequeñas empresas, importadores y algunos miembros del Congreso expresan preocupación por el posible impacto sobre los costos de insumos, la inflación en materiales de construcción y la disponibilidad de productos básicos en el mercado interno.

Las tarifas, tanto nuevas como acumuladas, afectan una amplia gama de productos importados, desde madera aserrada hasta muebles terminados y piezas para su producción local.

De acuerdo al esquema publicado, algunos socios comerciales obtendrán condiciones más favorables. El Reino Unido, la Unión Europea y Japón podrán acceder a tarifas diferenciadas de acuerdo a los términos negociados en sus respectivos acuerdos comerciales con Estados Unidos, mientras que el resto de economías se enfrenta a los gravámenes completos. El texto puntualiza que “los países que negocien con Estados Unidos podrán asegurar una alternativa a los aumentos pendientes”, en referencia a eventuales flexibilizaciones mediante tratados bilaterales o multilaterales.

No solo los sectores tradicionales de la madera y el mobiliario estarán sujetos a las nuevas restricciones. El comunicado oficial precisa que, a partir del 1 de octubre, también se aplicará un arancel del 100 por ciento a productos farmacéuticos de marca o patentados y otro del 25 por ciento a camiones de gran tamaño, profundizando así la extensión de la política arancelaria de Washington.

La nueva ronda de tarifas globales enfrenta retos legales. El 5 de noviembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará la legalidad de la imposición de aranceles unilaterales a nivel mundial por parte del Ejecutivo, con audiencias programadas respecto a los deberes aplicados bajo la gestión Trump.

La administración argumenta que estas restricciones buscan garantizar la autonomía logística del país ante posibles interrupciones de suministro, al tiempo que refuerzan el empleo y la capacidad instalada de las industrias nacionales. El gobierno contempla mantener los gravámenes mientras persistan riesgos sobre la seguridad nacional o hasta que se logre un acuerdo satisfactorio con socios que, en palabras de la Casa Blanca, “aborden la amenaza de menoscabo a la seguridad” generada por las importaciones de productos de madera y mobiliario.

(Con información de Europa Press y AFP)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ajuste arancelario que eleva los gravámenes por encima del 30 % para varios países con los que no mantiene acuerdos comerciales vigentes. Según la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, la medida afectará a decenas de naciones que no lograron cerrar compromisos bilaterales antes del plazo fijado por la Casa Blanca.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 7 de agosto a las 12:01 AM (hora del este). En la lista figuran países como Siria, con un arancel del 41 %, y Laos y Myanmar, ambos con tarifas del 40 %. Estos dos últimos lograron una reducción frente al esquema anterior publicado el 2 de abril, cuando los gravámenes previstos eran más altos. Sin embargo, siguen entre los más elevados de esta nueva ronda.

El reajuste también afecta a varias economías europeas que no llegaron a acuerdos. Suiza enfrentará un gravamen del 39 %, la cifra más alta aplicada por Estados Unidos a ese país hasta la fecha. En abril, el arancel anunciado para Suiza era del 31 %, lo que representa un aumento de ocho puntos porcentuales. Serbia, por su parte, recibirá un arancel del 35 %, mientras que Bosnia-Herzegovina estará sujeta a una tarifa del 30 %.

El criterio utilizado por la Casa Blanca para definir los niveles arancelarios se basa en la existencia —o ausencia— de acuerdos comerciales y de cooperación en materia de seguridad nacional. La orden ejecutiva detalla que “algunos países han acordado, o están a punto de acordar, compromisos significativos en comercio y seguridad. Otros han ofrecido términos que no abordan de manera suficiente los desequilibrios existentes”.

El documento también señala que ciertos Estados “ni siquiera han participado en negociaciones” o no han tomado medidas adecuadas para alinearse con los intereses estratégicos de Estados Unidos. En estos casos, las tarifas impuestas superan sistemáticamente el 30 %, con el objetivo de presionar a esos gobiernos a avanzar en acuerdos bilaterales más favorables para Washington.

India, considerada un socio estratégico por su volumen económico, también figura en la lista. Las exportaciones indias serán gravadas con un 25 %, apenas un punto menos que el porcentaje anunciado en abril. A pesar de haber participado en el proceso de negociación, la administración estadounidense consideró insuficientes los términos ofrecidos por Nueva Delhi. India no cuenta con un tratado comercial con Estados Unidos.

Además de los aranceles superiores al 30 %, la Casa Blanca estableció un nuevo piso mínimo del 15 % para países con los que mantiene déficits comerciales. Según datos citados por la cadena CNN, más de 40 países serán afectados por este nuevo umbral, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Para aquellos países a los que Estados Unidos vende más de lo que compra, se mantendrá el arancel del 10 % anunciado en abril. El objetivo, según el comunicado oficial, es corregir “desequilibrios estructurales” en la balanza comercial estadounidense mediante una política arancelaria que combine criterios económicos y estratégicos.

La nueva lista fue publicada en la página oficial de la Casa Blanca pocas horas antes de que expirara el plazo establecido para cerrar acuerdos con los socios comerciales. De acuerdo con el documento, el reajuste de tarifas es parte de una política destinada a proteger la economía nacional y fomentar la renegociación de pactos bilaterales bajo condiciones más exigentes.

“Estados Unidos no puede seguir aceptando relaciones comerciales que no reflejan nuestros intereses económicos ni nuestras necesidades de seguridad nacional”, declaró Trump en un comunicado difundido tras la firma del decreto.

Las únicas naciones que recibirán aumentos superiores a los previamente anunciados son la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Suiza. En el resto de los casos, las tarifas se mantienen o se ajustan ligeramente con respecto a las cifras comunicadas en abril.

El nuevo esquema marca un endurecimiento de la política comercial exterior de la administración Trump y podría generar respuestas por parte de los países afectados. Hasta el momento, no se han anunciado represalias formales por parte de los gobiernos incluidos en la lista, aunque se espera que algunos lleven el caso ante organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio.

La aplicación diferenciada por país, el enfoque unilateral y la escala de los aumentos colocan esta decisión como una de las más amplias en la política arancelaria estadounidense reciente, con impacto directo sobre las exportaciones de países que no mantienen pactos formales con Washington.

(Con información de EFE)

"Para él, el déficit comercial sigue siendo un asunto clave. No se pudo alcanzar ningún acuerdo sobre la base de la declaración de intenciones alcanzada (previamente) entre Suiza y EE.UU.", indicó la presidenta y ministra de Finanzas en su cuenta oficial de X.

Se ignora por el momento si este fracaso en las negociaciones, iniciadas en mayo en Ginebra, supondrá mantener el 10 % actual de gravámenes que se ha aplicado a las exportaciones durante la "tregua" o subirlo al 31 % anunciado por Trump en abril, cuando presentó una lista de tasas para gran parte de los socios comerciales de EE.UU..

También este jueves, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump ha enviado misivas a 17 firmas farmacéuticas, entre ellas la suiza Novartis, para demandar una bajada de los precios vendidos en el mercado norteamericano bajo pena de represalias, algo que podría también perjudicar enormemente a Suiza, que tiene en este sector uno de sus principales motores económicos.

Suiza ya adelantó en abril que no impondría contramedidas contra las exportaciones estadounidenses, al entender que ello no haría sino perjudicar aún más la economía centroeuropea. EFECOM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este miércoles que su Gobierno informará "en una semana y media, dos semanas" a sus socios comerciales, estableciendo aranceles unilaterales, antes de la fecha límite del 9 de julio cuando entran en vigor sus los gravámenes "recíprocos".

"Vamos a enviar cartas en aproximadamente una semana y media, dos semanas, a los países, diciéndoles cuál es el acuerdo. En cierto momento, sólo enviaremos cartas. Y creo que lo entenderán, diciéndoles 'este es el trato, pueden tomarlo o dejarlo. No tienen que hacer uso de él. No tienen que comprar en Estados Unidos, como ya dije", ha declarado ante la prensa desde el Centro Kennedy de Washington, donde acudía a un espectáculo.

El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a defender que su Administración está "tratando con bastantes países y todos quieren llegar a un acuerdo con nosotros", si bien ha descartado que una ampliación del plazo para la entrada en vigor de los gravámenes sea una "necesidad".

El mandatario estadounidense ya señaló a mediados de mayo que fijaría tasas arancelarias, también en un plazo de "dos o tres semanas" desde entonces. Un mes antes, anunció un aumento de aranceles a docenas de socios comerciales, si bien decidió pausarlos durante 90 días mientras los mercados se desplomaban y los inversores temían que estos provocasen una recesión mundial.

Un tribunal federal estadounidense ha decidido que sigan aplicándose los aranceles anunciados por Donald Trump en el llamado 'Día de la Liberación' hasta que se resuelva la apelación sobre la decisión del Tribunal de Comercio Internacional (CIT) que ordenaba suspender dichos gravámenes.

En su decisión, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos afirma que ambas partes han presentado argumentos sustanciales sobre el fondo y, tras considerar los factores tradicionales de suspensión, ha llegado a la conclusión de que la suspensión "está justificada" dadas las circunstancias.

Asimismo, el tribunal también ha concluido que estos casos presentan cuestiones de "excepcional importancia" que justifican una consideración acelerada en pleno del fondo del asunto en primera instancia.

En este sentido, insta a la partes a presentar conjuntamente una propuesta de calendario de alegatos acelerados dentro de los dos días hábiles siguientes a su decisión, con el objetivo de que el tribunal celebre los alegatos orales el próximo 31 de julio.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos decidió acceder a la suspensión temporal de la sentencia del CIT que declaraba ilegales la mayor parte de los aranceles globales anunciados por Donald Trump, al considerar que este se extralimitó en sus funciones.

 Estos datos demuestran un aumento de 17.300 millones de dólares frente a los 123.200 millones de dólares de febrero, según un informe publicado este martes por el Buró de Análisis Económico (BEA).

El dato del déficit fue mayor al esperado por los analistas y responde a la urgencia de los importadores estadounidenses por adelantarse a la entrada en vigor de las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump. EFE

Canadá comenzó a aplicar desde las 00:01 de este miércoles (04:01 GMT) un arancel del 25 % a determinados automóviles fabricados en Estados Unidos, en respuesta directa a medidas equivalentes adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump, que desde el 3 de abril grava con la misma tasa a vehículos producidos en Canadá que no cumplen los requisitos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El ministerio de Finanzas de Canadá, encabezado por François-Philippe Champagne, justificó la decisión señalando que el país continuará respondiendo “de forma firme” ante todos los aranceles “injustificados y no razonables” impuestos por Washington.

Champagne añadió que el gobierno de Ottawa “está firmemente comprometido a que EEUU elimine estos aranceles lo antes posible” y reafirmó la intención de proteger a los trabajadores y sectores industriales canadienses afectados.

Los nuevos aranceles aplicados por Canadá afectan a vehículos que no cumplen con la normativa de origen del T-MEC, la cual exige que al menos el 75 % del contenido del automóvil haya sido producido en Norteamérica. Esta cláusula es uno de los pilares del acuerdo comercial regional, firmado por Trump durante su primer mandato y en vigor desde 2020.

Los vehículos que no satisfacen este criterio pierden el acceso preferencial y quedan sujetos a tarifas cuando son exportados entre Estados Unidos, Canadá y México, incluso si fueron ensamblados en alguno de los países firmantes.

Hasta la entrada en vigor de la nueva medida, Canadá aplicaba un gravamen del 6,1 % a este tipo de vehículos. Con el nuevo ajuste, el arancel se incrementa hasta el 25 %, igualando el nivel aplicado por la administración estadounidense desde la semana pasada.

Según datos oficiales, Canadá fue en 2024 el principal destino de exportación para los vehículos producidos en EEUU, con importaciones por un valor de 35.600 millones de dólares canadienses (25.000 millones de dólares estadounidenses). Las marcas afectadas por la nueva medida canadiense incluyen fabricantes como Volkswagen (VW), BMW y Subaru, cuyas plantas en Estados Unidos no siempre alcanzan el umbral del 75 % de componentes norteamericanos requerido por el T-MEC.

El conflicto se inserta en el marco de una guerra comercial más amplia impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia el pasado 20 de enero. El punto álgido de esta estrategia proteccionista se alcanzó la semana pasada, cuando la Casa Blanca anunció la entrada en vigor de aranceles globales del 10 %, con incrementos específicos para distintos socios comerciales. A partir de este miércoles, esos aranceles suben al 20 % en el caso de la Unión Europea y alcanzan el 104 % para China, con tarifas diferenciadas también para países como Corea del Sur, India, Japón y Taiwán.

La escalada ha provocado tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y sus aliados tradicionales, en particular con aquellos países que mantienen una elevada dependencia de las exportaciones industriales. En este contexto, Canadá ha optado por replicar las medidas estadounidenses con una política de reciprocidad limitada, focalizada en sectores donde considera que el cumplimiento de los acuerdos ha sido distorsionado por decisiones unilaterales de EE. UU.

Las autoridades canadienses han reiterado su disposición al diálogo, pero advierten que no dudarán en tomar nuevas acciones si Washington no rectifica su postura. Mientras tanto, la industria automotriz norteamericana observa con preocupación los efectos cruzados de estas políticas, que amenazan con encarecer las cadenas de suministro y generar incertidumbre en uno de los sectores clave de la economía regional.

(Con información de EFE)

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas.

La ley ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG y el voto en contra de PP y Vox. El jueves se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja.

Una comisión que empezó el lunes y acabó el martes por la falta de apoyos y que el PSOE ha tenido que detener hasta cuatro horas antes de la votación global del proyecto para negociar con los grupos parlamentarios. Esto ha provocado las protestas tanto de Vox como de PP, que ha tachado de "secuestro" el devenir de la comisión.

Y es que, aunque el PSOE ha logrado aprobar sus propuestas para gravar a los vapeadores, subir el IVA a los apartamentos turísticos, luchar contra el fraude de los hidrocarburos, mejorar la tributación de los artistas o reformar el Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; también han sufrido derrotas importantes.

La derrota más significativa es que no ha prosperado la transformación del gravamen a la banca en un impuesto que, conforme a lo pactado con el PNV, iban a gestionar las haciendas forales.

Pero en ese clima de falta de acuerdo al PSOE no le ha quedado otra que prometer a ERC, BNG y EH Bildu intentar tramitar el impuesto a la banca en el pleno del jueves y prorrogar un año el tributo a las energéticas, a pesar de que previamente había pactado con Junts dejarlo morir el 31 de diciembre. Por su parte, no se ha aprobado la subida de los diesel y la reforma fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) que había pactado con Sumar.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE HIDROCARBUROS

Sí se han aprobado enmiendas tanto de PSOE como del PNV para añadir deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética y para combatir el fraude en el IVA de hidrocarburos, que afecta al mercado de gasóleos, gasolinas y biocarburantes destinados a su uso como carburante en vehículos automóviles, bajo la modalidad de 'missing traders'.

A su vez, se han incluido iniciativas de Sumar para que las sociedades cooperativas puedan ajustar su resultado contable en el importe que destinen, obligatoriamente, con cargo a sus resultados, al Fondo de Reserva Obligatorio.

También para que los socios trabajadores y del trabajo de las cooperativos entren dentro del concepto de "trabajadores admisibles", que las retribuciones de los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas se recojan dentro del concepto de "costes salariales admisibles" y que la remuneración de las aportaciones al capital social entre dentro de los costes salariales admisibles.

La última enmienda de los plurinacionales es para que la bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades se considere un crédito fiscal reembolsable admisible. Asimismo, se otorga similar tratamiento a la deducción en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades aplicable a las cooperativas especialmente protegidas sometidas a tributación en territorio foral.

IMPUESTOS A LOS VAPEADORES

Entre las enmiendas aprobadas del PSOE, se ha incluido los impuestos al tabaco y los vapeadores, el IVA a los arrendamientos de vivienda de corta duración, la extensión de la obligación de expedir y remitir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales

También Se ha aprobado una enmienda transaccional de los socialistas con Junts para rebajar de manera progresiva el Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a un millón de euros. Frente al 23% que se grava a estas empresas en la actualidad, se ha rebajar el impuesto para que la parte de base imponible comprendida hasta los 50.000 euros se grave a un tipo del 17% y la restante al 20%.

En esta enmienda se incluye una medida para fortalecer la reserva de capitalización de las empresas, una herramienta fiscal con la que las sociedades y los negocios pueden incrementar sus fondos propios.

Así, las empresas podrán deducirse hasta un 20% del importe del incremento de sus fondos propios, frente al 15% actual. Ese 20% puede ascender si la empresa contrata a más gente, de manera que la deducción asciende hasta un 23% si la plantilla aumenta entre un 2% y un 5%; hasta el 26,5% si el número de empleados crece entre un 5% y un 10%; y hasta el 30% si aumenta en más de un 10%, siempre con respecto al periodo impositivo anterior.

Otra transaccional aprobada de PSOE, Junts y Sumar, es para gravar con un 15%, frente al 14% actual, la base liquidable del ahorro en rentas de más de 300.000 euros. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el extranjero, el porcentaje asciende hasta un 30% a partir de los 300.000 euros.

A esto se suma una nueva disposición, pactada entre el Gobierno y Junts, para bonificar las contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. También se ha aprobado otra disposición sobre rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

Madrid, 23 oct (EFE).- El Gobierno mantiene su compromiso de convertir en permanentes los gravámenes sobre banca y energéticas a pesar de las crecientes presiones empresariales y de que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios para hacerlo, ya que sus socios empujan en direcciones opuestas.

La conversión de estos gravámenes extraordinarios y temporales en impuestos permanentes es un compromiso tanto del acuerdo de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar como del plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana, ha recordado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con EFE.

Sin embargo, en los últimos días la adopción de esta medida se ha complicado después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazara con retirar inversiones y Junts dejara en el aire su apoyo a los futuros presupuestos de 2025 si finalmente se mantiene el impuesto energético.

Los gravámenes sobre la banca y las grandes energéticas se adoptaron de forma extraordinaria para paliar los efectos de la crisis energética e, inicialmente, se planearon para dos ejercicios, 2022 y 2023, aunque posteriormente se ampliaron un año más, a 2024 (que se liquidará en 2025).

Este año, los gravámenes han recaudado 2.859 millones de euros, de los que 1.695 millones corresponden al bancario (que grava el margen de intermediación) y 1.164 millones al energético (que grava los ingresos de las actividades no reguladas en España).

El acuerdo de investidura, suscrito por PSOE y Sumar, incluyó el compromiso de que estos gravámenes temporales pasaran a ser permanentes -también el plan fiscal, en el que se consignan los correspondientes ingresos-, un proceso que implica su conversión en impuestos, algo que solo puede hacerse a través de una ley.

Este proceso, por el momento, no ha comenzado y es difícil que pueda culminarse antes de final de año -incluso aunque se utilice una proposición de ley o una enmienda en otra ley-, por lo que una opción para evitar que decaigan sería prorrogar una vez más ambas figuras como gravámenes temporales, aunque también esto requeriría del aval del Congreso.

Tanto la banca como los grupos energéticos han mostrado desde el inicio su oposición a estos gravámenes, pero esta presión se ha recrudecido esta semana cuando el consejero delegado de Repsol ha advertido de que la inversión "se ralentizará al mínimo" por el "populismo fiscal" del Gobierno, que "va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio".

El resto de grupos energéticos afectados ha optado por la prudencia y dicen mantenerse a la espera de conocer el diseño del futuro impuesto antes de pronunciarse -Iberdrola ni siquiera lo ha incluido en sus previsiones-.

Las advertencias de Imaz han tenido eco político, ya que Junts ha señalado que no apoyará ninguna iniciativa que ponga en riesgo las inversiones en Cataluña, en referencia al impuesto energético, una reticencia que choca con el apoyo de ERC al mantenimiento de estas figuras.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a dejar en el aire su apoyo a las futuras cuentas si no hay avances en la negociación del paquete fiscal, que debe pasar por "la permanencia de impuestos que ya hemos conseguido en años anteriores, que tienen que ver con la banca y las energéticas".

Una de las cuestiones clave en la negociación de los futuros impuestos es el detalle su diseño, ya que podrían configurarse de forma distinta a la actual para "mantener ese equilibrio en lo que proporcionan en materia de progresividad sin afectar o minimizando el impacto" en la inversión, según Cuerpo.

De hecho, la prórroga de los gravámenes ya preveía que el tributo energético incorporara deducciones para las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y de descarbonización, pero éstas quedaron en el aire porque se iban a legislar en los presupuestos de 2024 y éstos nunca se aprobaron.

A este debate se ha sumado esta semana el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ha pedido que el futuro impuesto a la banca sea "lo más neutral posible", lo que, a su juicio, pasa por permitir descontar las provisiones, algo que fue rechazado por Sumar porque es "absurdo cobrar un impuesto sobre beneficios para luego devolverlo vía deducción".

De hecho, el acuerdo de investidura preveía la "permanencia íntegra" de ambos gravámenes y, ahora, el Gobierno está "hablando con todos los grupos" en busca de un acuerdo, ha subrayado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque por el momento "no ha avances", según el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. EFE