El Gobierno porteño llevó a cabo dos operativos de desalojo en los barrios de Constitución y Villa del Parque en las primeras horas de este martes.

Durante la madrugada, las fuerzas intervinieron un predio ferroviario de 390 metros cuadrados ubicado en la calle Santo Tomé al 2300, en el último barrio mencionado. Conocido como “La Lechería”, el sitio estaba ocupado de manera ilegal por cartoneros informales, según informó la administración porteña.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el sitio fue cedido en 2017 mediante una autorización a cooperativas de recuperadores urbanos formalmente registradas.

“El espacio sólo podía ser usado para guardar los carros que se utilizaban para las tareas de recolección y estaba prohibida su ocupación para vivienda o acopio de materiales”, explicaron desde el GCBA.

Sin embargo, en 2022 venció la habilitación y no fue renovada. Desde entonces, el inmueble pasó a ser ocupado ilegamente, ya que durante el día era utilizado por entre 30 y 40 cartoneros no registrados.

“La situación generaba malestar en los vecinos”, agregaron las fuentes. El predio será restituido a la línea de trenes San Martín de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), propietaria legal del inmueble.

Días atrás, la Policía de la Ciudad desalojó un predio ubicado detrás del Mercado Bonpland. Había sido otorgado en 2001 bajo un “permiso de uso precario para el funcionamiento de un comedor comunitario“.

Con el paso de los años, el espacio se transformó y comenzó a utilizarse para actividades no autorizadas, como el alquiler para eventos y bailes, lo que generó denuncias de vecinos y motivó sucesivas clausuras. En el lugar, además, funcionaban un almacén, una verdulería, venta de artesanías y un centro cultural donde se realizaban charlas y eventos políticos.

El operativo incluyó la detención de un empleado del comedor “Casa del Pueblo”, un hombre de 52 años que registraba una orden de captura por rebeldía en una causa por lesiones (Art. 89 C.P.) vinculadas a violencia de género.

Desde la administración de Jorge Macri se informó que en 2022, se detectó la existencia de un contrato de comodato firmado entre la agrupación y la cooperativa La Dignidad, organización vinculada al dirigente social Juan Grabois, pese a que el inmueble pertenece al Gobierno de la Ciudad y carecía de habilitación legal.

Esta mañana, la Policía de la Ciudad también desalojó un hotel ubicado en Constitución que estaba tomado desde hace 9 años.

Según las primeras informaciones, el inmueble había sido clausurado en 2016 “por graves irregularidades de seguridad e higiene”, pero seguía funcionando sin habilitación.

El edificio de planta baja y dos pisos se encuentra ubicado en Salta 1814, a alrededor de 200 metros de la estación Plaza Constitución. Además de los efectivos porteños, participaron operarios de los ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y Desarrollo Humano y Hábitat.

Desde el GCBA explicaron que el desalojo es “parte de la decisión política” del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para “recuperar el orden en el espacio público y garantizar la seguridad y los derechos de los vecinos”.

“Ordenamos el espacio público para que cada uno pueda vivir, trabajar y progresar en un país donde quien tiene premio es el que cumple las reglas, y no el pícaro, el prepotente y el que ocupa”, aseguró Macri, al respecto.

Hasta el momento, son 378 los inmuebles recuperados desde que inició la gestión. Estos desalojos se suman a los 10 operativos de desalojo de manteros en zonas como Once, Retiro (calle Perette), Flores (avenida Avellaneda), Parque Centenario, calle Florida y Chacarita, con la liberación de más de 500 veredas y plazas ocupadas por la venta ilegal. También se desalojaron ranchadas en el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle, Parque Patricios y Congreso.

La noticia fue confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de su cuenta de X, donde escribió: “Clausura del bar ‘Un café con Perón’”. LA LEY SE CUMPLE", mencionando en el posteo al presidente Javier Milei. El procedimiento tuvo lugar pasadas las 10 de la noche del miércoles.

Tal como pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el restaurante, que funcionaba como un apéndice y era explotado por una Cooperativa de Trabajo, no contaba con las habilitaciones correspondientes para continuar abierto. ”En el último año, el instituto no entregó ni presentó documentos ni estudio alguno", indicaron.

Tras haber puesto el sello de clausura en la puerta del lugar, desde las redes sociales del bar repudiaron el procedimiento con un mensaje dirigido a la funcionaria. “Mientras la ministra Pettovello se regodea publicando en sus redes sociales imágenes de la clausura del un café con Perón, desde la Cooperativa Lo de Néstor vamos a agotar todas las instancias”, señalaron en una historia de Instagram. Y aseguraron que aportarán “la documentación que nos soliciten para seguir trabajando”.

El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado en su habitual conferencia de prensa que el cierre del espacio donde se encontraba el local de comidas era un hecho. “Va a dejar de existir el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, de estudios, investigaciones históricas, sociales y políticas, y además la comisión permanente nacional de homenaje al teniente general Juan Domingo Perón”, remarcó. Con esta decisión, el Gobierno traspasó el edificio y los bienes del lugar a la órbita de Pettovello y dispuso la desvinculación de 24 empleados, que, según indicaron, demandaban unos $ 400 millones por año. Así comenzó la disputa.

Ante estas declaraciones, la comisión interna de ATE del Instituto respondió: “El salario de los 15 trabajadores despedidos era en promedio de $700 mil mensuales, como lo demuestran los recibos de sueldo que ponemos a disposición de los medios”.

Durante el fin de semana pasado, Juan Grabois ocupó el edificio ubicado en la calle Austria 2601, junto a un grupo de activistas, con el fin de impedir su clausura. Junto al dirigente también estaban los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug.

En los balcones, habían colgado una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. La toma comenzó a las 14 del sábado, y se disponía a ser “un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica, no solamente de los peronistas, de los hijos de peronistas y de los nietos de peronistas, sino de cualquier ciudadano argentino o extranjero que quiera conocer su historia”, según dijo Grabois a este medio.

Sin embargo, cerca de las 17, se desplegó un importante operativo de agentes de infantería de la PFA para desalojar el edificio. Los uniformados lanzaron gas pimienta y detuvieron al dirigente de la agrupación “Frente Patria Grande”.

Previo a llevar adelante las medidas, el Ejecutivo había deslizado que este tipo de instituciones demandan recursos públicos para un fin que es sesgado ideológicamente. Además, explicaron que la investigación histórica sobre el ex mandatario y fundador del lugar, “ya se realiza en múltiples universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas, que garantizan un estudio libre y “sin condicionamientos estatales”.

Respecto al futuro del inmueble, fuentes oficiales señalaron a Infobae que el edificio no se encuentra a la venta ni podría disponerse para ese fin, ya que figura como Patrimonio Histórico. Por el momento, evalúan la posibilidad de transformarlo en una biblioteca pública dirigida a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual, y destinar el espacio del restaurante a un proyecto gastronómico gestionado por personas neurodivergentes.