La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa las Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria como un modelo que, a partir de la coordinación entre productores, empresas e instituciones, busca transformar la productividad y competitividad del sector mediante la capacitación y el desarrollo de proyectos conjuntos en todo México, informó el portal oficial del Gobierno federal.

Un primer curso, centrado en microeconomía de la competitividad, comienza este 18 de abril con inscripciones abiertas hasta el 17 de abril.

Las Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria funcionan bajo la premisa de superar el esfuerzo individual a favor de la colaboración.

El modelo conecta a productores, empresas e instituciones

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este enfoque promueve la articulación entre empresas, investigadores, técnicos, autoridades y productores en una misma cadena, asignando una función específica a cada participante.

La iniciativa busca que esta coordinación reduzca costos, mejore la logística, permita identificar nuevos mercados y genere mayor valor agregado para los productores mexicanos.

El objetivo, señala la dependencia, es fortalecer la red agroalimentaria del país y abrir oportunidades económicas para quienes integran el sector.

La formación es el eje del primer paso para detonar el trabajo colectivo. Agricultura reporta que el plan arranca con un curso en microeconomía de la competitividad, diseñado para industriales, pequeñas y medianas empresas, además de productores.

En la organización del programa participan el Instituto Michael Porter en México y la UPAEP. La capacitación incluye 16 sesiones y aborda tanto conocimientos teóricos como herramientas prácticas orientadas a que los participantes desarrollen, identifiquen o fortalezcan proyectos productivos en sus regiones.

La dependencia aclara que la formación no reemplaza los logros previos de cada uno de los actores, sino que busca enlazar sus capacidades, ordenar los esfuerzos y orientar la colaboración para alcanzar metas compartidas.

Secretaría de Agricultura se compromete con curso en microeconomía

La convocatoria, difundida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está dirigida a empresarias y empresarios agroalimentarios, proveedores, transformadores e instituciones de educación superior vinculadas al sector.

El curso inicia el 18 de abril y las inscripciones permanecen abiertas hasta el 17 de abril. La dependencia invita a los interesados a sumarse al programa profesional, destacando que esta es la primera etapa de un modelo que apuesta por la fuerza colectiva para transformar el sector agroalimentario mexicano.

La Secretaría de Agricultura es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal responsable de impulsar políticas de apoyo orientadas a mejorar la producción del sector agropecuario de México.

Entre sus tareas principales está facilitar el diseño y ejecución de programas para elevar la eficiencia productiva, así como promover el aprovechamiento de las ventajas comparativas del campo nacional.

Otra de sus funciones centrales es integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía. De este modo, se busca que los sectores agrícolas y ganaderos participen en esquemas de mayor valor agregado y comercialización.

La Secretaría de Agricultura también fomenta la colaboración con organizaciones de productores, incentivando tanto el desarrollo de proyectos propios como la alineación con los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

El canciller Pablo Quirno destacó este martes la importancia de “la alianza estratégica con los Estados Unidos”, celebró la buena relación de los presidentes Javier Milei y Donald Trump y aseguró que la Argentina “ha decidido, por primera vez en muchísimo tiempo hacer los deberes previo a pedir ayuda, asistencia e inversiones”.

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se dieron en el marco de la AmCham Summit, el encuentro empresarial que organiza la entidad que agrupa, justamente, a las principales compañías norteamericanas que operan en el país.

El funcionario recordó la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, justo el día en que se levantó el cepo cambiario, hecho que consideró como “un testimonio de lo que es la relación” entre ambas naciones.

“En un momento donde Argentina estaba tomando una decisión importante, que había anunciado el programa con el Fondo Monetario Internacional, el secretario del Tesoro decidió venir a Argentina a acompañarnos y apoyarnos en ese momento”, remarcó.

Al tomar la palabra en uno de los paneles de la jornada de debates, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), el funcionario también negó tener intenciones de asumir en la Jefatura de Gabinete, en medio de las polémicas que envuelven a Manuel Adorni, quien continúa en ese cargo.

“No, estoy extremadamente ocupado en trabajar en la Cancillería. No van ni seis meses de estar en esta responsabilidad recién y tenemos un excelente jefe de Gabinete también”, respondió al respecto.

Sobre el vínculo con los Estados Unidos, agregó que, “más allá de la relación espectacular que tienen ambos presidentes”, el buen vínculo “es consecuencia de un trabajo que se ha realizado” a nivel diplomático

En este sentido, argumentó que ”la Argentina ha decidido, por primera vez en muchísimo tiempo, si no por primera vez en su historia, hacer los deberes previo a pedir ayuda, asistencia, inversiones”.

“El propio secretario del Tesoro, días después, en las reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial, dijo algo que creo que pasó desapercibido, que marca muy bien lo que es el estado de la relación entre Argentina y Estados Unidos. Y dijo: ‘Si Argentina sigue haciendo las cosas como las está haciendo, si se enfrenta con alguna dificultad, nosotros vamos a estar’”.

Quirno remarcó que en las últimas nueve semanas tuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, un total de seis veces, cuando “por lo general, lo que sucede es una visita cada cuatro años, si sucede”.

“El acuerdo que nosotros conseguimos, que terminó siendo firmado en noviembre y homologado hace un par de meses, es muy importante porque no solo es un acuerdo comercial, sino es recíproco para las inversiones, que también nos abre un camino de seguir generando condiciones para que la inversión venga a la Argentina”, añadió.

Asimismo, celebró que el país haya sido invitado a formar parte del Board of Peace, organismo creado por Trump para intervenir en diferentes conflictos globales, como la guerra en Medio Oriente, y también del Shield of Americas.

Sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Quirno lo calificó como “un ejemplo que tardó veintiséis años en firmarse y ahora faltan solo unos días para que empiece su ejecución provisional”.

“El 1 de mayo comienza este acuerdo, ya haber sido homologado por los cuatro países del Mercosur, la Comisión Europea lo aprobó. Es una cuestión muy importante, porque lo que está sucediendo en este momento, dado también los conflictos que están ocurriendo en el mundo, es donde Mercosur en general y Argentina en particular se transforman en un lugar seguro de inversiones, en un lugar seguro de suministros energéticos”, indicó.

En materia de incentivos a la inversión, Quirno resaltó “el capítulo RIGI, que es un esquema muy novedoso y que ha podido atraer proyectos por decenas de miles de millones de dólares, tanto en energía, acero, minería”.

“Pero lo importante del proceso es que para nosotros no es un fin en sí mismo, el RIGI no es un fin en sí mismo o no queremos encapsular inversiones dentro del RIGI. Queremos seguir trabajando en paralelo en la competitividad de la economía argentina, para que aquellos beneficios que hoy estamos dando en RIGI se las podamos ofrecer a futuro a toda la economía argentina”, cerró.

Con importantes votaciones para el Gobierno en la agenda del Congreso, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró los acuerdos que se vienen alcanzando en el recinto y les solicitó a los empresarios que inviertan y que “hagan propias” las leyes que se aprobaron hasta el momento.

La referente del oficialismo fue una de las oradoras del AmCham Summit, que se realiza en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), y habló ante un auditorio no tan lleno como en otros paneles, pero integrado por representantes de distintas compañías locales e internacionales.

En ese marco, habló en uno de los paneles legislativos de la jornada, acompañado por su par de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, y dio su visión de la actualidad política y de las próximas reformas que se discutirán.

Al cerrar su discurso, Bullrich remarcó que se están “sacando un montón de leyes y, la verdad, que con acuerdo”, razón por la cual le agradeció especialmente al integrante de la UCR “y a todos los que acompañan los proyectos del Poder Ejecutivo”.

Luego, se dirigió directamente a los directivos que estaban en el salón: “Pero les quiero decir algo. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas”.

“Hagan sindicatos por empresa, anímense, anímense a contratar trabajadores que ahora tienen un setenta por ciento de descuento. Anímense a armar esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes como la inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones, de las cajas fuertes, llévenlas, inviertan. Inviertan, que la Argentina puede tener estabilidad“, agregó.

Luego de su exposición, brindó algunas declaraciones ante la prensa, en las que minimizó las polémicas que rodean a la cúpula libertaria, como las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y respondió que “gran parte del país le interesa” que la administración nacional “siga en el camino de la estabilidad, de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes”.

“Hoy hay ley de modernización laboral. Los empresarios pueden hacer, junto con sus trabajadores, convenios colectivos por empresa, sindicato por empresa. Es decir, bajar muchísimo a la realidad los acuerdos laborales. Hay un REMI, que significa que las empresas puedan tener aceleración del impuesto a las Ganancias, rebaja de IVA”, señaló.

Asimismo, y en línea con el discurso que viene teniendo desde hace tiempo todo el Gobierno, remarcó que “es necesario el esfuerzo fiscal que se hace a nivel nacional, también lo hagan las provincias y las municipalidades”.

“Porque es muy importante bajar gastos. No se puede bajar impuestos si no se bajan gastos. Hay que bajar gastos, mandar el capital hacia lo privado, tener menos Estado y más puestos de trabajo”, consideró.

Por su parte, Vischi opinó que “puede haber muchas propuestas, más en este distinguido auditorio, que tiene que ver con los desafíos” parlamentarios y aprovecho para impulsar un proyecto propio, referido a “la gestión de intereses o la ley del lobby”.

“Es muy importante transparentar nuestra institución y, para eso, necesitamos poner todo a la luz. Discutamos los intereses de todos los sectores a la luz del día y que cada legislador pueda decirle a la sociedad de frente para qué está trabajando”, subrayó.

Además, el dirigente radical pidió que “se mantengan permanentemente las conversaciones del gobierno nacional con las distintas provincias y que no sea intermitentemente, como por ahí sucede hoy”.

“Es necesario un diálogo permanente, incluso en la discusión de coparticipación, cómo se van a definir el reparto de los impuestos. Muchas veces, municipios y provincias van a aumentar los impuestos porque no les alcanza para dar el servicio que necesariamente tiene que dar a su ciudadanía. Tenemos todos claro que es necesario bajar impuestos, pero para bajar impuestos hay que dialogar, hay que permitirse discutir, pactar fiscalmente cuáles son las nuevas reglas de juego”, agregó.

Al respecto, consideró que “lo más importante es definir responsabilidades en los distintos niveles de gobierno” para que “cada uno se haga cargo de su responsabilidad y que lo haga de forma eficiente”.

“Cuanto más eficiente, menor va a ser el gasto y, por supuesto, se va a poder lograr bajar los impuestos y hacerlo de tal manera que pueda definir la posibilidad de que haya más inversión, más fuentes de trabajo, más ingresos para los estados, que permita también, de alguna forma, que el sector privado resuelva los problemas que hoy el mismo gobierno se viene haciendo cargo”, cerró.

En el marco del encuentro de AmCham, un grupo de gobernadores cercanos a la Casa Rosada respaldó el plan económico de la Nación, pero reclamó un nuevo pacto fiscal y una mayor baja de impuestos para mejorar la competitividad. En la misma linea, los mandatarios provinciales reiteraron el pedido para rediscutir la distribución de fondos coparticipables.

Así lo expresaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) durante uno de los paneles de debate del evento que se desarrolla en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), al que asisten cientos de empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores.

El primero mandatario entrerriano fue quien puso sobre la mesa la necesidad de que todas las provincias se coordinen para reducir conjuntamente los gravámenes locales, como ocurrió durante la gestión de Cambiemos.

“Yo creo que es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal. Los tres que estamos acá participamos del último acuerdo, el del 2017. Creo que hay que reflotar esa idea. Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina, no tengo dudas, y eso hay que hacerlo de manera coordinada”, comenzó diciendo el referente del PRO.

En la misma línea, el entrerriano exigió “que la Nación baje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones”, que los gobernadores “hagan lo mismo con ingresos brutos” e, incluso, “que también los municipios hagan lo propio con tasas que en algunos casos parecen impuestos”.

Esta mirada fue compartida por Cornejo, quien “ratificó el cien por ciento” de lo que expresó Frigerio y agregó que, si bien “ingresos brutos es un impuesto distorsivo, está muy vinculado a la coparticipación”, por lo que sostuvo que también se tiene que modificar ese sistema.

Quien no coincidió del todo fue Weretilneck, quien sostuvo que no ve “la posibilidad de un acuerdo fiscal en términos reales y concretos” y opinó que, en el contexto actual, “cada provincia tiene que seguir su propio camino y buscar la competitividad y la mayor cantidad de inversiones”.

“Creo, más que nada, en acuerdos regionales, como estamos haciendo nosotros con Neuquén o, si no, cada una de las provincias llevando adelante su propia política fiscal y su propia capacidad de captar inversiones de acuerdo a su realidad económica y productiva”, indicó.

Al respecto, Cornejo argumentó que “de nada vale una buena administración fiscal provincial para atraer inversiones si no hay estabilidad macro”, lo cual es responsabilidad de la Nación, que “está trabajando duro y bien para eso”.

“Yo creo que hay dos grupos en este momento: los que deseamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque entendemos que esa es una condición sine qua non para que nos vaya bien a los gobernadores y a los intendentes, y quienes ponen palos en la rueda”, completó Frigerio.

Sobre el cierre, el mendocino también opinó que “no hay que cambiar el rumbo nacional de la macro” y celebró la sanción de algunas reformas que consideró como “avances”, como “la modernización laboral, la inocencia fiscal y otras leyes”.

“Pero se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando a los distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor ley de coparticipación que genere incentivos para el sector privado. Y, además, hay que poner un poco en la infraestructura. Sin infraestructura no hay crecimiento", concluyó.

Por su parte, Weretilneck subrayó que, “generando condiciones de estabilidad fiscal, legal y económica, el próximo paso es cómo los tres niveles, el sector público nacional, el sector público provincial y el sector privado, afrontan en los próximos años la infraestructura, que es esencial para que la competitividad”.

Además, aclaró que comparte “absolutamente la propuesta del gobierno federal” en cuanto a “la agenda legislativa relacionada a devolverle a las provincias potestades que en algún momento les fueron quitadas”, refiriéndose especialmente a la ley de Glaciares.

“Ese es el camino. La ley de bosques que se empieza a discutir es otro camino y creo que si el Congreso Nacional sigue avanzando en devolverle a las provincias sus potestades, el nivel de inversiones va a ser mucho mayor que con la agenda regulatoria que hemos tenido hasta ahora”, cerró el rionegrino.

Más tarde, en un segundo panel, quienes expusieron fueron los mandatarios de San Luis, Claudio Poggi; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Chaco, Leandro Zdero, quienes invitaron a los presentes a invertir en sus provincias y también resaltaron como clave continuar teniendo una buena relación con la Casa Rosada.

“Si hay integración, hay mayor crecimiento. Yo considero que para llevar a cabo la formulación de esto se necesita un plan. Es muy difícil que podamos crecer y podamos avanzar sin un plan. Nosotros hemos fijado un plan estratégico, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo complementario a las provincias frente a la desigualdad que tiene el territorio argentino”, manifestó el último de ellos.

Una vez más, el presidente Javier Milei será el encargado de cerrar el AmCham Summit frente a cientos de empresarios y dirigentes de diferentes signos políticos, con la particularidad de que en esta oportunidad lo hará poco después de que se conozca el índice de inflación de marzo, que el Gobierno ya reconoció que volverá a ser más alto que el mes anterior.

En la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien abordó el tema y anticipó que la cifra superará el 3 por ciento, algunas décimas más que el 2,9% que alcanzó en febrero.

“Hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, de estacionalidad”, señaló el funcionario.

No obstante, las autoridades nacionales se concentrarán en defender el rumbo del programa implementado y en remarcar que, en palabras del titular del Palacio de Hacienda, “a partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento”.

El propio Milei se refirió recientemente al asunto y les pidió “paciencia” a aquellos sectores que continúan estancados, al argumentar que “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”.

En esta misma línea podría ir la exposición que brindará este martes, desde las 18:00 -si no hay demoras- en la AmCham, que tendrá como eslogan para este año “Una Argentina federal en desarrollo”.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de la redacción del texto que leerá el jefe de Estado en este evento, si bien podría improvisar alguna mención al respecto en el momento, el discurso ya no estará centrado en cuestionar a quienes defienden la protección de la industria nacional y a criticar a determinados empresarios.

En sus últimas apariciones en eventos de este estilo, apuntó directamente contra Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de FATE y Aluar.

”¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de…, bueno, pónganle en el subtítulo…, yo lo pienso y ustedes se lo imaginan, que están reclamando por cazar en el zoológico”, exclamó, por ejemplo, en la Argentina Week, en Nueva York.

El líder libertario se venía manejando sobre dos ejes: la decisión de su gestión de tomar “la moral como política de Estado” y la ratificación de la apertura comercial, como paso necesario para el reordenamiento de la macroeconomía.

Su presentación estará seguramente marcada por la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará a las 16:00 de este mismo día.

Será una nueva mala noticia para el Gobierno, que viene resistiendo la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la compra de dos propiedades y varios viajes al exterior que realizó desde que llegó a la Casa Rosada.

El funcionario se mostró el lunes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, uno de los principales integrantes de la cúpula libertaria que más lo respaldó en estas semanas, y con quien se reencontrará en AmCham para escuchar el discurso del mandatario nacional.

Lo que también es probable es una recorrida por Vaca Muerta, que realizará el jueves, también acompañado por la hermana del líder libertario, y otra reunión de la mesa política, prevista para el viernes.

En búsqueda de apoyos para las reformas que el oficialismo impulsará en el Congreso estas semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió el lunes en su despacho de Balcarce 50 al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Si bien ambos van a participar del evento empresarial, que se llevará adelante en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), no volverán a cruzarse, ya que “El Colo” tiene una agenda ajustada, por lo que solo pasará por el lugar pocos minutos antes de las 14:55, para cuando está programada su disertación, y luego de la misma se retirará.

En el salón habrá representantes de grandes compañías, tanto locales como extranjeras, como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, luego de escuchar las palabras del Presidente, el ministro Caputo también se irá rápidamente, pero en su caso para llegar a tomarse el vuelo que lo llevará hasta Washington, donde participará de las reuniones de primavera del FOndo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La comitiva estará integrada también por el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, quienes comparten el objetivo de lograr destrabar el desembolso pendiente por USD 1.000 millones por parte del primero de esos organismos, que impactará sobre las reservas.

El Programa de Acompañamiento Social, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, fue prorrogado y modificado, extendiendo su vigencia y ajustando sus lineamientos operativos para fortalecer la asistencia a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

La reciente prórroga, establecida formalmente por la resolución 90/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, dispone que el programa tendrá una vigencia de 48 meses desde la entrada en vigencia de la normativa. La misma responde a la necesidad de consolidar los nuevos números obtenidos en la reducción de la pobreza y la indigencia durante los últimos años. Desde su creación, el Programa tuvo como eje central la mejora de las condiciones de vida de personas y familias expuestas a altos niveles de exclusión social.

La iniciativa fue establecida por el decreto N° 198/24, con el objetivo de promover la inclusión y fortalecer tanto los núcleos familiares como la comunidad en la que residen los beneficiarios. El diseño y la implementación del programa son llevados a cabo por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, en articulación con otras áreas del Estado nacional.

El texto oficial reciente ajusta los Lineamientos Generales y Operativos aprobados previamente, buscando optimizar la implementación del programa, perfeccionando los mecanismos de acompañamiento social y mejorando la eficiencia en la asignación de recursos públicos.

La nueva normativa establece que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de la coordinación y supervisión del programa, mantendrá su funcionamiento durante el plazo previsto, a menos que cumpla antes el objetivo para el cual fue creada. La resolución señala que las circunstancias que motivaron la creación de la Unidad Ejecutora permanecen vigentes y justifican su continuidad.

El último día del mes de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza en el país alcanzó el 28,2% durante el segundo semestre de 2025 y la indigencia se ubicó en 6,3% en los principales centros urbanos. Proyectando estos datos al total de la población, se estima que 13,5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 3 millones en condición de indigencia al finalizar el segundo año del mandato de Javier Milei.

El nivel de pobreza informado representa el más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando se había registrado en 27,3%. El índice de indigencia también es el menor desde ese año, periodo en que alcanzó el 6,7% de la población. Con relación al dato del segundo semestre de 2024, la pobreza descendió 9,9 puntos porcentuales, ya que en ese momento se ubicaba en 38,1%, mientras que la indigencia bajó desde el 8,2%. Comparando con el primer semestre de 2025, la caída fue de 3,4 puntos porcentuales en pobreza y 0,6 puntos en indigencia.

En términos absolutos, entre el primer y segundo semestre de 2025, 1,54 millones de personas dejaron de estar bajo la línea de la Canasta Básica Total (CBT), y 269 mil personas salieron de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Si se toma como referencia el máximo registrado en el primer semestre de 2024, la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo en 11,4 millones y la indigencia en 5,5 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la baja en los indicadores se explica por el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo de los programas sociales sin intermediarios. Durante el inicio de la gestión de Milei, luego de la devaluación del peso, la pobreza había subido a 52,9% y la indigencia a 18,1%. Tras la implementación del nuevo programa económico y la desaceleración de la inflación, los indicadores descendieron a 38,1% y 8,2% para terminar 2024.

El Poder Ejecutivo buscaba consolidar la tendencia descendente en ambos indicadores, aunque el contexto presentaba desafíos por la aceleración de la inflación en los últimos meses de 2025, especialmente en el rubro Alimentos y bebidas, que incide de manera directa en la CBT y la CBA.

En plenas tensiones en la región por el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la disputa por el control del estrecho de Ormuz, el presidente Javier Milei podría dar un importante gesto de posicionamiento internacional al anunciar, en el marco de su nuevo viaje a Israel, el traslado de la embajada argentina en ese país a la ciudad de Jerusalén.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario está terminando de definir los detalles de la mudanza con el representante diplomático que, por el momento, sigue en Tel Aviv, Axel Wahnish.

Será la tercera vez desde que llegó al poder que el líder libertario visite al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en esta oportunidad lo invitó a participar de los eventos por el día de la independencia.

El jefe de Estado argentino tiene previsto partir el próximo domingo rumbo al Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV), para comenzar una estadía de tres días durante los cuales tendrá una intensa agenda de actividades.

Uno de los primeros actos que tendrá será cuando su par local, Isaac Herzog, le entregue la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

“En un momento en el que cada campaña es diferente y dar la espalda a Israel es cada vez más común, Milei demuestra liderazgo y prosigue una política con sentido apoyando a la nación israelí, como buen sionista, contra viento y marea. Siempre guarda un hueco en su corazón para nuestra gente, y por ello le veo más que capacitado para la obtención de este honor”, explicó.

El 21 de abril, en tanto, si no hay cambios de último momento por la inestabilidad en la región, será un momento histórico, ya que el mandatario argentino encenderá la antorcha para inaugurar la festividad en la Casa Presidencial Beit HaNassi.

De esta manera, será la primera vez que una autoridad extranjera encabece esta tradicional ceremonia, lo cual se decidió para reconocer que que el argentino está “en el lado correcto de la historia”, según definió el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela.

“Se hace desde 1949 o 1950. Es con la que empieza el Yom Haatzmaut, se encienden doce antorchas por las doce tribus. En los últimos años hubo una más por algo especial. Hasta el momento no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha", explicó en una entrevista.

La llegada de Milei a Medio Oriente se dará en un omento de máxima tensión a partir del cese de las negociaciones del alto el fuego entre Irán y los Estados Unidos debido al comienzo del Islamabad y la decisión de Donald Trump de tomar posesión del estrecho de Ormuz.

El líder republicano amenazó con “eliminar de inmediato” cualquier embarcación iraní que intente vulnerar el cerco impuesto por la Marina estadounidense en la zona, por la cual circula aproximadamente el 20% del crudo que se comercializa a nivel mundial, lo que motivó un aumento de los precios de los combustibles.

En su cuenta de la red social Truth, Trump reiteró que su país no cederá ante las presiones de Teherán y que mantiene la posibilidad de reactivar los bombardeos sobre objetivos estratégicos si no se alcanza un acuerdo.

En cuanto al traslado de la embajada hacia Jerusalén, en junio del año pasado, el propio Milei había anticipado su determinación de tomar esta medida durante el 2026, lo que representa reconocer a esa ciudad, en disputa desde hace siglos por ser el centro de varias religiones, como la capital del Estado de Israel.

Hasta el momento, los únicos gobiernos que concretaron el traslado de sus sedes diplomáticas hasta ese lugar fueron los de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

En los últimos meses, como muestra de su posicionamiento geopolítico, Milei también declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y le ordenó al encargado de negocios de Irán abandonara Buenos Aires.

Previamente, la administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares, como Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre del 2023, que iniciaron en la Franja de Gaza.

Por todas estas decisiones es que el presidente israelí anunció la entrega de la medalla de honor a su par latinoamericano, lo que se concretará durante su estadía en Tel Aviv.

“Gracias a su políticas, Milei ha posicionado a Argentina como un aliado clave para Israel, incluyendo la decisión de mover la Embajada de Argentina en el territorio a la ciudad de Jerusalén. Esto refleja su gran compromiso con la seguridad de Israel”, ha asegurado el mandatario en un comunicado oficial.

Un grupo de hacker denominado The Gentleman tuvo contacto con el gobierno panameño para exigir un pago, luego de que supuestamente fueran los responsables de vulnerar la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República, por espacio de unos 20 minutos.

La información fue dada a conocer por Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), quien agregó que en lo que va del año se han registrado al menos cinco ataques de alto impacto contra los sistemas gubernamentales.

Respecto a la exigencia del grupo mencionado, dijo en el noticiero de Telemetro que ningún gobierno puede emitir un pago como estos.

Hizo alusión al caso del gobierno tico, cuando el 12 de marzo la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, informara que cibercriminales habrían vulnerado sistemas del Instituto Costarricense de Electricidad para robar información y realizar labores de ciberespionaje.

En Panamá, este domingo la Contraloría General de la República informó a la ciudadanía que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros ajenos a esta entidad.

Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de Informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido, mencionó la entidad.

Los intentos de los ciberataques han sido significativos, aunque las autoridades señalan que han logrado contener sus efectos.

“En este momento, la posibilidad de que se dé otro incidente existe todavía”, manifestó Fábrega, aduciendo que “tenemos una carrera contra los atacantes para ver que logremos cerrar las puertas y las ventanas antes de que se meta otro atacante”.

Reportes de ataques a la estructura digital del gobierno se han dado hasta el momento en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Trabajo Desarrollo Laboral.

Fábrega explicó que cuando entró a la administración no había visibilidad alguna sobre la vulnerabilidad que existía en las diferentes plataformas, por lo que se creó un plan tendiente a ser preventivos.

“Nuestro enfoque son los sistemas de gobierno, donde está la data del ciudadano. Estamos atacándolo con una estrategia muy fuerte preventiva y considero que antes que termine este año estemos en mejor posición”.

La Autoridad para la Innovación Gubernamental participó en un diálogo de alto nivel sobre políticas de ciberseguridad e infraestructura segura de conectividad, en París, Francia.

En el mismo se abordaron estrategias orientadas a implementar los compromisos políticos establecidos en el marco de la Alianza Digital entre América Latina y la Unión Europea.

En este contexto se destacaron las oportunidades de cooperación y el acceso a herramientas y recursos disponibles dentro del ecosistema europeo para fortalecer las capacidades digitales de los países participantes.

Uno de los puntos clave del diálogo fue el análisis de casos reales que evidencian cómo los incidentes de ciberseguridad pueden trascender fronteras y generar impactos regionales.

Este enfoque permitió resaltar la importancia de consolidar mecanismos de colaboración internacional para robustecer la seguridad digital y garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental detalló que en casos donde se utilizan plataformas externas, el gobierno panameño trabaja de la mano con proveedores tecnológicos.

A manera de ejemplo, sostuvo que en situaciones vinculadas a redes sociales la empresa Meta le ha brindado un apoyo directo, y agregó que en situaciones como la de la Contraloría, donde intervienen sistemas de terceros, la coordinación con estos actores es clave.

A casi un mes de la polémica por los vuelos y la adquisición de las propiedades, que desembocó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Poder Ejecutivo aparecen constantes gestos para blindar al funcionario y hay esperanza con la resolución del caso. Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ensayó una serie de acciones en respaldo del referente libertario de su riñón que dejó un acumulado de fotos en consencuencia.

Esta mañana, la menor de los Milei se reunió en Casa Rosada con el ministro coordinador en la previa a la actividad que protagonizaron en el Instituto Malbrán, en la que recorrieron un laboratorio que se integrará a la red mundial de máxima seguridad para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo. También estuvo presente el ministro de Salud, Mario Lugones.

Luego del acto cerrado, los funcionarios volvieron juntos al Palacio de Gobierno y se mostraron, desde el salón de los Bustos, ante la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo que interpretó la Marcha de las Malvinas en el Patio de las Palmeras y luego en el exterior, frente a Plaza de Mayo.

La colección de retratos que busca ratificar, una vez más, al ministro coordinador en su cargo llegó luego de que las dos mujeres policías acreedoras de Adorni testificaran este lunes en el marco de la causa y confirmaran ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

“No va a haber nada nuevo en la causa. Se va a planchar”, vaticinó un importante funcionario a Infobae luego de que Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio declararan en Comodoro Py durante tres horas.

El miércoles será el turno de las a otras dos testigos, las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. Como contó este medio, el funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

Sin conferencias desde el 26 de marzo, en la que intentó explicar su situación judicial, es el propio presidente Javier Milei el que se presenta naturalmente como el vocero del Gobierno Nacional que atravesó semanas complejas. En su última entrevista para la TV Pública, el libertario sostuvo que se trata de un “maravilloso jefe de Gabinete”, y recordó su victoria electoral en representación de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

La gestualidad parece ser colectiva. Con Javier y Karina Milei a la cabeza del blindaje, los ministros desfilan por las oficinas de la Jefatura de Gabinete en la planta baja de Casa Rosada y posan junto al funcionario en cuestión. El próximo 29 de abril, Adorni deberá asistir a brindar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados y lo hará con la presencia del mandatario en el recinto.

Asimismo, hay coincidencia sobre la “calma” con la que lo observan por estos días, a excepción de la titular de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien aseguró que lo vio “tocado” cuando pidió respetar “el principio de inocencia”. “Hace días no se ven. No sé de dónde lo sacó. Es obvio que vio sangre y se tiró de cabeza”, deslizaron desde el entorno de Adorni.

Lo cierto es que este semana se repetirá el retrato con la secretaria general, pero con otro escenario: el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Este jueves, volverán a mostrarse juntos en una actividad que podría incluir también al titular de YPF, Horacio Marín. Para el viernes, con la partida de los hermanos Milei rumbo a Israel, será Adorni el que encabece la reunión de mesa política prevista para las 12.

Durante el transcurso de la semana, el Poder Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso Nacional la reforma política, y a posterior, la reforma del Código Penal con la que esperan abrir una instancia de debate con los bloques opositores. De esta forma, aspiran a recuperar la agenda de gestión que en las últimas semanas se vio replegada por los movimientos en la causa judicial.

En México la digitalización de trámites oficiales se ha hecho visible con la introducción de la captura de datos biométricos en documentos oficiales.

A partir del año 2026, la CURP biométrica se volverá indispensable para acceder a servicios públicos y privados; por ejemplo: la inscripción escolar, la apertura de cuentas bancarias y el registro de líneas telefónicas.

Quienes no cuenten con la CURP biométrica podrán enfrentar rechazos al realizar trámites públicos y financieros.

Progresivamente se implementará como requisito para inscripciones escolares, acceso a programas sociales, solicitud de pasaportes y apertura de cuentas bancarias, entre otros servicios.

La autenticación biométrica se utiliza como la referencia aceptada por las autoridades competentes para validar identidades.

La nueva CURP biométrica incorpora elementos como fotografía digital, huellas dactilares y firma electrónica al registro tradicional.

Su administración está a cargo de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, con el objetivo de fortalecer la identidad digital y evitar la suplantación de personas.

Los datos biométricos quedan resguardados en una base nacional bajo protocolos de seguridad y acceso restringido.

Para tramitar la CURP biométrica, la ciudadanía debe acudir de forma presencial a módulos autorizados.

El proceso incluye la toma de datos biométricos y la presentación de documentos como acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio.

El documento se entrega en formato físico y digital, ambos con código QR para validación.

Otros trámites que ya utilizan registros biométricos

La digitalización también alcanza al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que utiliza la captura de datos biométricos para la emisión de la e.firma, herramienta necesaria para trámites gubernamentales y tributarios. De esta manera, quienes contribuyen pueden certificar su identidad de modo digital y realizar procedimientos de manera más ágil.

A la par, se ha puesto en marcha la plataforma digital APP CDMX y la Llave MX que permite a la ciudadanía acceder a servicios y trámites en línea con una identidad digital única.

Documentos como la licencia de conducir y otras credenciales oficiales se han integrado de manera progresiva a este sistema, siendo administrados y validados mediante datos biométricos.

El registro de líneas telefónicas móviles requiere también la verificación con autenticación facial y huellas dactilares. Sólo las líneas que cumplan con este registro pueden mantenerse activas, como medida para combatir delitos asociados al anonimato en la telefonía.

Ley de seguridad digital en México: nueva regulación y protección de datos críticos

En 2026, la legislación avanzó con una iniciativa federal que reconoce a las bases de datos poblacionales estratégicas —como registros de identidad, salud y seguridad social— como componentes de seguridad nacional e infraestructura crítica.

Las reformas a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece medidas reforzadas de protección y protocolos específicos para el resguardo de información sensible.

La normativa contempla sanciones penales para quienes accedan, extraigan, alteren o difundan datos personales de bases consideradas críticas, así como la obligación de notificar de inmediato cualquier incidente de seguridad a las autoridades competentes.

Además, se exige la implementación de controles de acceso, cifrado criptográfico, monitoreo continuo y auditorías periódicas en los sistemas que gestionan dichos datos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, órgano federal especializado, coordina la protección, estandarización e interoperabilidad de estas bases, emitiendo lineamientos técnicos y protocolos para garantizar un nivel homogéneo de seguridad informática en la administración pública federal.

El régimen de transparencia exige que la finalidad y el marco normativo de cada base de datos crítica sean públicos, sin comprometer la seguridad nacional ni la privacidad de las personas.

Estas reformas buscan atender los riesgos reales de ciberataques, filtraciones masivas y vulneración de derechos fundamentales, elevando la prioridad de la protección de datos en la estructura legal mexicana.

El objetivo central es fortalecer la confianza ciudadana, garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado y adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de ciberseguridad.

Protección de datos y retos de la identidad digital

La recolección y manejo de datos biométricos implica retos en cuanto a la protección de la privacidad. Todas las dependencias están obligadas a cumplir con la legislación vigente sobre datos personales, asegurando que la información solo se use para fines legítimos y bajo supervisión.

El proceso de digitalización y registro biométrico en México avanza por fases: piloto, ampliación y obligatoriedad.

Durante el periodo de transición, los documentos tradicionales siguen siendo válidos, pero se recomienda realizar la actualización para evitar contratiempos en el acceso a servicios.

La modernización de la identidad digital en México representa un avance hacia la eficiencia administrativa y la seguridad ciudadana.

La integración de datos biométricos en documentos oficiales y plataformas digitales establece la identidad única y verificable como el eje central de la relación entre las personas y el Estado.

Pese a las semanas complejas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elevó un pedido a los nueve ministros que coordina y demandó avanzar en la reducción de los gastos de cada cartera. Según supo Infobae de fuentes oficiales, el requerimiento gira en torno a recortar un 2% en materia de gastos corrientes y un 20% de capital.

El pedido tuvo lugar el pasado lunes, durante la reunión de Gabinete que se celebró en Casa Rosada, y de la que participó el presidente Javier Milei durante el primer tramo de la misma. En la segunda hora, el ministro coordinador, que atraviesa semanas complejas a raíz de la investigación abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, fijó como fecha límite el jueves 30 de abril para que los titulares de los ministerios presenten su plan de ajuste.

Se trata del día después de la fecha clave en la que el funcionario se presentará en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión para el que recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores. Por estos días, los equipos técnicos trabajan en las consultas de gestión, pero además en las preguntas que en referencia a la causa judicial abierta.

Desde el entorno del jefe de Gabinete descartan que el pedido afecte el normal funcionamiento de los ministerios, algunos de ellos con problemas como el de Salud, que registra deudas con los prestadores de PAMI, uno de los temas que más preocupan a la administración. “No, no debería afectar en nada”, expresó una importante voz ante este medio al tiempo que remarcó la cifra del 20% en gastos de capital es un número “reducido”.

Esta determinación, que va en torno con el lineamiento impartido por el propio presidente Javier Milei, alcanza a las carteras de Salud, Capital Humano, Justicia, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, Desregulación y Transformación del Estado, e Interior.

Este lunes, la investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias de Adorni suma un nuevo capítulo con la declaración de las acreedoras de las hipotecas del funcionario. A las 8:20, dos de las prestamistas, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que ayudaron al ministro a adquirir su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, llegaron a los tribunales de Comodoro Py.

Tras semanas complejas, el ministro coordinador se muestra activo en la gestión y reapareció esta mañana junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Instituto Malbrán a las 11. También participó el ministro de Salud, Mario Lugones, en lo que será una recorrida por el laboratorio de seguridad biológica que se inaugurará este lunes.

En la previa, según confirmaron a este medio, la menor de los Milei y el ministro coordinador mantuvieron un encuentro en Casa Rosada. Al regreso de la actividad, Adorni y Karina Milei siguieron la interpretación de la Marcha de Malvinas de la Fanfarria del Alto Perú que cada lunes de abril se muestra en Casa Rosada.

Al corriente de la actividad de este lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular es Rodolfo Aguiar, anunció que prepara una serie de repudios y protestas en el organismo contra el funcionario al que califican como “persona non grata”.

La fotografía Adorni - Milei se repetirá este jueves en una recorrida por Vaca Muerta, en la que se estima que participe también el titular de YPF, Horacio Marín. Por último, en agenda figura una nueva convocatoria de mesa política prevista para el viernes con intención de aceitar la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en el Congreso de la Nación.

En Balcarce 50 revelaron que la estrategia para correr de agenda la polémica que involucra al funcionario gira en torno a la determinación de potenciar la dinámica diaria, en lo que definen como hacer “ruido de gestión”. Para eso, el oficialismo tratará temáticas que darán lugar a debates con la oposición como lo será la reforma política, cuyos detalles ultiman antes de enviarla al Congreso, que incluirá la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además abrirá la discusión por el financiamiento de los partidos políticos.

El Gobierno nacional reglamentó la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), dando inicio a un nuevo capítulo para el desarrollo productivo en el país.

La nueva normativa quedó establecida mediante el decreto 242/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Así, se establecieron condiciones específicas para fomentar la inversión en sectores clave, abriendo oportunidades tanto para empresas locales como extranjeras durante los próximos dos años.

El objetivo central del RIMI es estimular las inversiones de mediana escala para potenciar la competitividad, el desarrollo económico y la creación de empleo en el país. Según lo establecido en el marco legal, el régimen se orienta a fortalecer las cadenas de valor, incrementar las exportaciones y consolidar el crecimiento sostenible de los sectores productivos argentinos.

La iniciativa prevé beneficios fiscales para quienes, cumpliendo ciertos requisitos, concreten inversiones productivas en bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética. Los sujetos alcanzados por el régimen deberán acreditar su condición de micro, pequeña o mediana empresa —hasta Tramo 2— o bien ser entidades sin fines de lucro debidamente registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para acceder a los beneficios del RIMI, los interesados deben contar, al inicio del ejercicio fiscal en que se efectivice la primera inversión, con el certificado que acredite su condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente y sus futuras actualizaciones. También podrán ser beneficiarias las entidades sin fines de lucro que cumplan los parámetros fijados y estén registradas ante la ARCA, bajo formas jurídicas reconocidas y sujetas a las disposiciones regulatorias correspondientes.

La reglamentación establece que las inversiones alcanzadas deberán ser nuevas, excluyendo automóviles, y clasificadas como Bienes de Capital (BK) o Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT) según la normativa aplicable. Además, incluye inversiones en sistemas de riego agrícola, mallas antigranizo y bienes semovientes amortizables —animales de genética superior destinados a actividades productivas—, así como aquellas obras que resulten afectadas directamente a la actividad de los sujetos beneficiarios.

En el caso de obras, solo se considerarán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un grado de avance menor al 30 por ciento del monto total de inversión, según el método de acreditación que fije la reglamentación operativa.

El régimen define como inversiones productivas a los bienes muebles amortizables que sean nuevos y estén destinados a la producción nacional. Se incluyen también sistemas y equipos de riego para optimizar el uso del agua en el sector agropecuario, mallas antigranizo para protección de cultivos y animales de alta genética para reproducción, siempre que sean registrados y destinados a la producción.

Las inversiones en bienes de alta eficiencia energética también están contempladas: se consideran aquellas que permitan la generación, almacenamiento y transporte de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como las que optimicen, recuperen o reduzcan el consumo energético en las unidades de producción. Para ser consideradas dentro del régimen, las inversiones deben ser susceptibles de amortización para el Impuesto a las Ganancias y podrán verificarse la puesta en marcha incluso después del plazo de dos años, siempre que se acredite su afectación a la generación de rentas gravadas.

Las inversiones productivas que se realicen en el marco del RIMI pueden incluir obras asociadas, siempre que sean indispensables e integren de forma inescindible las actividades productivas del beneficiario, y sus bienes muebles complementarios.

A su vez, acalararon que no todas las erogaciones califican como inversiones productivas bajo este esquema. Quedan expresamente excluidas aquellas dirigidas a bienes financieros y de portfolio, comprendiendo activos e instrumentos financieros que no están orientados a la producción concreta de bienes o servicios.

Respecto al monto mínimo de inversión requerido, la norma estipula que se computará la sumatoria de todas las inversiones elegibles realizadas dentro del plazo reglamentario. Para determinar el monto en dólares estadounidenses, se utilizará el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina vigente al día hábil anterior a la fecha de la factura, extendiéndose el mismo criterio a adquisiciones en otras monedas extranjeras.

El usufructo de los beneficios fiscales del RIMI solo procederá cuando la inversión productiva se haya puesto en marcha y se haya cumplimentado el monto mínimo exigible dentro del plazo de dos años. El régimen establece un cupo anual para la devolución de IVA, hasta un tope del cincuenta por ciento del cupo correspondiente, y la distribución se realizará según la antigüedad y la magnitud de los saldos acumulados.

Las inversiones que sean objeto de beneficios deberán estar libres de deuda firme, exigible e impaga al momento de la solicitud, de acuerdo a la normativa de la Administración Tributaria. La condición de deuda se considerará firme cuando, tras la intimación, no haya sido regularizada ni recurrida dentro del plazo otorgado.

El Gobierno nacional creó el Programa Formando Capital Humano, que brindará formación profesional de personas que tienen dificultades para incertarse en el mundo laboral y apuesta a mejorar la empleabilidad en el país.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 295/2026 en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, el plan ofrece cursos de formación laboral y profesional acordes a los requerimientos de los distintos sectores económicos. El objetivo es que los beneficiarios puedan incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado formal, mejorar su situación de empleo actual o avanzar en el desarrollo de proyectos ocupacionales propios. La medida también enfatiza la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, priorizando la transparencia y la equidad en el acceso a las herramientas de capacitación.

El programa está dirigido a personas con problemáticas de empleo, consideradas entre los grupos con mayores barreras para integrarse al empleo formal o mejorar su posición en el mercado laboral. Según los lineamientos generales aprobados, los destinatarios podrán acceder a una oferta variada de cursos y trayectos formativos, priorizando aquellos que respondan a las demandas concretas de la estructura productiva nacional.

Una de las características centrales del programa es el uso de un sistema de vouchers, que permite a los beneficiarios elegir la capacitación más adecuada a sus necesidades y gestionar de manera directa su participación. Este mecanismo busca eliminar la intermediación y reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos, promoviendo un modelo de financiamiento de la demanda. La instrumentación de los vouchers apunta a generar mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos destinados a la formación laboral.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano será el encargado de coordinar la oferta formativa, articulando con instituciones educativas, asociaciones de trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil. La medida prevé, además, la integración de acciones desarrolladas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de lograr una gestión unificada y descentralizada de los recursos y programas.

La puesta en marcha del Programa responde al diagnóstico de que la evolución tecnológica y productiva genera tanto oportunidades como desafíos en materia de empleo. Sectores como la automatización, la digitalización, las energías renovables y la industria 4.0 demandan perfiles con competencias técnicas específicas y habilidades adaptadas a procesos de innovación.

El programa reconoce que la falta de oferta formativa adecuada, la escasa actualización tecnológica y la baja incorporación de competencias blandas han dificultado la cobertura de vacantes en áreas clave de la infraestructura productiva y los servicios esenciales. Por ello, la política pública orienta sus esfuerzos a fortalecer el capital humano, proporcionando herramientas para mejorar la productividad y la equidad en la distribución de oportunidades laborales.

El gasto que demande la implementación del programa será atendido con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano, asegurando la continuidad y sustentabilidad de las acciones propuestas. La medida entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y será comunicada a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su correspondiente registro y archivo.

La gestión y supervisión de la política estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que asistirá al ministerio en la formulación, diseño e implementación de las acciones. El programa contempla la cooperación con provincias y municipios, así como la articulación con políticas y programas de empleo a nivel nacional, regional e internacional.

El lanzamiento de este Programa refleja la decisión de abordar de manera integral los desafíos de empleabilidad, productividad y desarrollo de capacidades laborales en el país. El modelo adoptado prioriza la transparencia, la descentralización y la orientación de los recursos públicos hacia quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse o progresar en el mercado de trabajo formal.

En una semana en la que podrían surgir novedades en torno a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará participando de actividades oficiales, aparecerá públicamente y volverá a ponerse al frente del armado de la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ya tiene definidas las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso.

Este lunes, a partir de las 9:00, comenzarán a declarar como testigo las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario bajo juramento de decir la verdad y con el compromiso de entregar toda la documentación que pudiera ser relevante, tal como anticipó Infobae.

Se trata de Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria Cancio, que actualmente es miembro de esa misma fuerza de seguridad, a quienes el ministro coordinador conoció a través de su escribana, Adriana Nechevenko.

En el círculo íntimo de Adorni remarcan que “todavía ni siquiera está imputado” en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por lo que niegan que vaya a renunciar, porque “siempre tiene que regir el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.

Sin embargo, el otrora vocero de esta gestión se muestra poco desde que se generó la polémica alrededor de sus propiedades y viajes al exterior, y todavía no tiene definido si va a asistir al tradicional foro de negocios de AmCham Summit.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei les confirmó a los organizadores del evento que va a dar el discurso de cierre, que será escuchado por cientos de inversores y empresarios de distintos rubros.

Ese mismo día, un poco antes de que tome la palabra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación correspondiente a marzo, por lo que se espera que el mandatario vuelva a defender el rumbo de su administración.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, remarcó que "los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos" y pidió “paciencia” para aquellos sectores que todavía no fueron alcanzados.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, señaló.

Entre los oradores están, por ejemplo, representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, habrá varios integrantes del Poder Ejecutivo y referentes de La Libertad Avanza, como los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli, y de Salud, Mario Lugones; y los jefes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.

Luego de la victoria que consiguieron la semana pasada con la modificación de la Ley de Glaciares, las autoridades nacionales intentan continuar en esa línea y sancionar otras reformas que tienen el carpeta.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones, el objetivo en el corto plazo es conseguir los votos para tratar el 22 de abril los proyectos de Hojarasca y de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

La primera iniciativa busca derogar cerca de 70 normas que siguen vigentes, pero que se consideran obsoletas, mientras que la segunda es una medida que se viene discutiendo desde 1998, cuando tuvo media sanción del Senado, aunque nunca terminó de aprobarse.

Ahora, el país se comprometió a adherirse a ese régimen antes de que termine el mes. Así se comprometió cuando firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que pasó a ser la prioridad.

Una vez que finalicen las negociaciones en Diputados, la actividad pasará por la Cámara alta, donde el Gobierno pretende avanzar con el paquete de propuestas vinculadas a la propiedad privada y el enduecimiento de las penas por falsas denuncias, aunque para el tratamiento de estos textos todavía no hay fecha exacta.

Por lo pronto, y en un nuevo respaldo de la cúpula del Ejecutivo hacia el funcionario, Adorni tiene previsto convocar para el viernes a otra reunión de la mesa política, en la que se analizarán los pasos a seguir.

Como es habitual, de ese encuentro participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Un día antes, el jefe de Gabinete se mostrará, si no hay ningún cambio de último momento, junto a la hermana del líder libertario en una recorrida por Vaca Muerta, muy probablemente también acompañados por el titular de YPF, Horacio Marín. “Él vive prácticamente allá, así que lo más seguro es que vaya a estar”, explicaron fuentes de Balcarce 50.

En un doble mensaje protocolar, el Gobierno felicitó este domingo a Péter Magyar por el triunfo en las elecciones de Hungría y, al mismo tiempo, le deseó a Viktor Orbán “todo el éxito” como líder de la oposición.

El presidente Javier Milei había mostrado buena sintonía y afinidad ideológica con el primer ministro del país europeo, que en las últimas horas reconoció la derrota, por lo que dejará el cargo luego de 16 años ininterrumpidos en el poder.

“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, remarcó el canciller Pablo Quirno en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

En este sentido, el funcionario destacó que la administración libertaria “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con su predecesor, a quien le agradeció por “su hospitalidad y colaboración”.

“Asimismo, le desea todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición. Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, cerró su posteo el ministro de Relaciones Exteriores.

El resultado de los comicios en Hungría ha sido contundente: con el 96% de los votos escrutados, el candidato del partido Tisza obtiene 138 escaños, frente a 54 para Fidesz, la formación de Orbán.

De esta manera, Magyar logró, además de ser electo como premier, la ‘supermayoría’ parlamentaria, es decir, más de dos tercios del Parlamento, lo que le permitirá gobernar sin depender de alianzas.

Por su parte, si bien no era uno de sus principales socios globales, Milei había sembrado un vinculo cercano con el mandatario saliente, principalmente por su afinidad ideológica, ya que ambos son referentes de la nueva derecha.

Los dos líderes se mostraron públicamente juntos por primera vez a mediados de febrero pasado, cuando coincidieron en Washington D.C. para la reunión inaugural de la Junta de la Paz que lanzó Donald Trump.

En aquella oportunidad, el libertario se sentó junto al húngaro, con quien se lo vio conversando amistosamente, interactuando de cerca e incluso cantando, lo que quedó registrado en videos que luego circularon en las redes sociales.

En marzo, en tanto, el presidente argentino viajó a Budapest para reunirse con el primer ministro y exponer en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en esa ciudad.

En el marco de ese evento, centró su discurso en la defensa de lo que definió como “la moral como política de Estado”y volvió a cuestionar al socialismo, a la dirigencia europea y a los modelos de intervención estatal.

“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le relató Milei a Orbán.

A su turno, el mandatario local le agradeció su visita y expresó: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Tampoco ha ocurrido algo así en Europa. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos. Su visita es en un tiempo muy importante”.

En otro tramo, Milei advirtió sobre “una reconfiguración del orden mundial” y sostuvo que “la era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado”. En ese contexto, respaldó iniciativas impulsadas por Trump y planteó la necesidad de que los países actúen en base a “principios claros y coordinación”.

Habitantes de San José Chiapa exigieron la renuncia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, durante un evento público en el que también participó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refleja el rechazo creciente a su gestión y el malestar social por la imposición de proyectos como el parque de reciclaje sin consulta a la comunidad.

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de habitantes que grita: “El pueblo no te quiere, Armenta” mientras Sheinbaum ofrece una entrevista a los medios. En las imágenes, el gobernador guarda silencio. Se retira junto a la presidenta y evita responder a las demandas de su población, que reclama su salida del gobierno.

Los inconformes argumentan que no recibieron información ni participaron en la consulta previa sobre la construcción del parque de reciclaje, convocando una protesta pacífica horas antes del evento oficial.

Los ciudadanos argumentaron que la administración estatal no presentó la Manifestación de Impacto Ambiental y que desconocen las condiciones técnicas del proyecto. Temen que el nuevo parque funcione como un basurero o relleno sanitario, y consideran que las autoridades los excluyen de las decisiones que afectan su territorio.

Las fallas de la administración provocaron el descontento

El clima de tensión que se vive en San José Chiapa se suma a otros incidentes ocurridos durante la administración de Alejandro Armenta.

En 2023, José Luis García Parra, coordinador de asesores del gobernador, fue grabado comprando un automóvil deportivo valuado en más de 3 millones de pesos. La revelación, documentada por medios locales, causó indignación pública y desencadenó la renuncia del funcionario, pues las imágenes contrastaban con el discurso de austeridad que promueve el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Otra de las decisiones polémicas del gobernador Armenta ocurrió cuando amenazó con expropiar tierras al Grupo Proyecta bajo el argumento de “recuperar lo que pertenece al pueblo”. Representantes del sector privado denunciaron estas declaraciones, las calificaron de autoritarias y advirtieron que generan desconfianza jurídica para posibles inversiones en el estado.

Las protestas en San José Chiapa y los casos previos reflejan el desgaste en la imagen pública de Alejandro Armenta. Distintos sectores —ciudadanos, empresarios y colectivos feministas— han hecho públicas sus objeciones a la conducción del gobierno en Puebla.

Acusaciones de misoginia afectan la gestión del gobernador

La administración de Armenta tampoco ha estado exenta de disputas políticas con instancias federales. Fue protagonista de un enfrentamiento público cuando denunció presuntas amenazas a través de WhatsApp supuestamente enviadas por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. La ministra admitió que los mensajes correspondían a críticas personales. Armenta insistió en judicializar el asunto, pero sus opositores lo señalaban por intentar usar a las instituciones para fines políticos.

A inicios de 2025, un video viral muestra a Armenta tronando los dedos de forma imperativa hacia su secretaria de Turismo en un acto oficial. El gesto, ampliamente criticado por colectivos feministas, fue interpretado como símbolo de prepotencia y violencia de género. Colectivos feministas y usuarios en redes sociales exigieron declaraciones al respecto, por lo que el gobernador ofreció una disculpa pública tras la presión social.

Como es habitual en estos casos, el Gobierno Nacional se prepara para hacer frente a la posible judicialización de la reforma en la Ley de Glaciares sancionada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, según confirmaron dos fuentes a Infobae. En la tarea trabaja el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que diseña la estrategia bajo estricto hermetismo, con intención de enfrentar los amparos y cautelares presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y las ONGs ambientalistas.

“No tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada”, sostuvo una fuente al tanto del diseño de la argumenta en la que trabaja la administración libertaria para apelar.

Para este 2026, el oficialismo dio lugar a un pedido levantado por un puñado de gobernadores y avanzó con la modificación de la Ley 26.639 que regulaba la preservación de los cuerpos de hielo. Luego del tratamiento legislativo prolongado, que tuvo lugar primero en el Senado durante las sesiones extraordinarias, obtuvo el acompañamiento de 137 diputados y el rechazo de 111 legisladores.

Uno de los principales cambios aprobados, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que siguó el debate desde el recinto, le otorga un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero. Entre otros puntos, eso implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

A contramano del respaldo de las provincias mineras, el mandatario de La Pampa presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley casi un día después de su sanción. “Si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos”, sintetizaron desde la gobernación a Infobae.

Sin embargo, por los pasillos de Balcarce 50 destacan el proceso que atravesó el proyecto desde su redacción hasta su sanción definitiva y aseguran que la justicia se expedirá en sintonía con el Ejecutivo. “El proceso estuvo bien hecho, estamos confiados en que vamos a poder defender la ley sin problemas que además fue sancionada por amplia mayoría sin problemas", vaticinó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

“Sabíamos que podían judicializar, pero no nos preocupa porque está, sobre todo, el interés de casi todos los gobernadores cordilleranos”, argumentó un integrante de la mesa política diseñada por el presidente Javier Milei. Además, cargó contra el pampeano al que acusó de tener “un quilombo histórico” por el uso del agua. “Son ignorantes, no conocen el país”, respondieron desde la gobernación al tiempo que desacreditaron el accionar del Ejecutivo al sostener que el juzgado federal pampeano aún no ha puesto las actuaciones a disposición.

En el oficialismo subrayan como uno de los activos la audiencia pública celebrada para someter a debate los cambios, contemplada en la norma, que obtuvo más de 65000 inscripciones, de las que solo se les dio lugar a 200 expositores, mientras el resto debió conformarse con publicar un video de no más de cinco minutos y cargarlo en una plataforma digital.

Entre los legisladores que rechazaron los cambios, varios de ellos ven inevitable el curso de la judicialización, incluso varios aseguran que hay más de un camino. A diferencia del Ejecutivo, cuestionan el procedimiento, dado que califican de “falsa” la audiencia celebrada y remarcan el incumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Por su parte, señalan la interjurisdiccionalidad, argumento esgrimido por Ziliotto, y denuncian que configura un “retroceso en materia ambiental”, en sintonía con el amparo de las organizaciones ambientales.

Uno de los que opinó públicamente fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la Corte Suprema de Justicia “se expidió” en junio de 2019, cuando ratificó la ley original y rechazó el reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por la minera Barrick Gold. “En su momento, Cristina Kirchner la había vetado, el Congreso volvió a sancionarla, una empresa fue a la Corte y la Corte fue clara le dijo que la ley era constitucional”, resumió al respecto en una entrevista con Infobae En Vivo.

Asimismo, hay quienes se muestran esperanzados por el potencial desempeño judicial y presionan al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en caso de que el tema escale, por su expertis en derecho ambiental y sus fallos posteriores en la temática. “Si llega a la Corte el final es abierto. Lorenzetti debería bancar, no podría ir contra sus propios fallos, los otros dos no sabemos”, expresó un diputado que respalda las acciones que se promueven contra las modificaciones en la ley.

Si no hay cambios de último momento como consecuencia de la guerra en la región, el presidente Javier Milei se convertirá a finales de este mes en el primer mandatario extranjero en participar activamente de los festejos por el Día de la Independencia de Israel, algo que podría repetir el próximo 4 de julio, si asiste a un evento que estaría organizando Donald Trump para celebrar la fecha patria de los Estados Unidos.

Con un contexto local complejo por las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y un Gobierno enfocado en recuperar el control de la agenda, el líder libertario continúa en paralelo con la agenda internacional y reafirmará así la posición geopolítica adoptada por su administración.

Por un lado, el 21 de abril tiene previsto viajar a Tel Aviv con motivo del Yom Ha’atzmaut (como se conoce en hebreo a la ceremonia nacional) y junto al primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, encabezarán el tradicional encendido de antorchas.

Tal como anticipó este medio, nunca antes en la historia este acto fue realizado por una autoridad no israelí, por lo que Milei se convertiría en el único en haberlo hecho, si es que el viaje no se suspende por la inestabilidad que se vive actualmente en Medio Oriente, debido a los ataques de Irán contra este territorio.

“Por ahora todo sigue como estaba previsto y la actividad está en pie, pero los expertos en seguridad son los que van a tener la última palabra y esto cambia constantemente, es día a día. Si no ocurre nada extraordinario, va a ir”, sostuvo una fuente de Casa Rosada.

Asimismo, el mandatario también tiene intenciones de ser parte de las celebraciones, en este caso por los 250 años de la independencia de su otro aliado global, los Estados Unidos, que se llevarán adelante el 4 de julio.

Originalmente, según detallaron a Infobae distintas fuentes oficiales, la idea que se había barajado era que el Presidente viajara a Nueva York para asistir durante esa fecha a la regata “Sail 250″, a la que fueron invitadas autoridades y navíos militares de diferentes naciones amigas de Washington.

De hecho, como también adelantó Infobae, en ese evento estará la Fragata Libertad, en su calidad de embajadora honorífica de la Argentina, y una de las posibilidades era que el mandatario visitara el buque escuela.

Es por este motivo en especial que la Armada decidió que, en el marco del 54° Viaje de Instrucción, el barco haga escala en cinco puertos norteamericanos: del 28 de mayo al 1 de junio estará en New Orleans; del 19 al 24 de junio, amarrará en Norfolk; del 25 de junio al 1 de julio, visitará Baltimore; del 4 al 8 de julio permanecerá en Nueva York, y del 11 al 16 de julio se quedará en Boston.

Debido a que todavía faltan casi tres meses para que eso suceda, el Presidente aún no terminó de definir su agenda y, aunque en la cúpula militar siguen esperando que esto ocurra, la posibilidad de que Milei recorriera la Fragata Libertad en medio de las celebraciones de la independencia estadounidense no está confirmada.

El mandatario iba a encabezar el acto de zarpada del buque este sábado, pero finalmente suspedió su presencia y solamente habrá autoridades de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.

Es que, según pudo saber este medio, Donald Trump estaría organizando un evento especial en Washington por el 4 de julio al cual, si se concreta, sería invitado el líder libertario, por lo que se trata de una actividad mucho más tentadora para el argentino.

Si esa propuesta avanza, podría ser la segunda vez que Milei visite la Casa Blanca, luego del encuentro que mantuvo el 14 de octubre del 2025, cuando fue recibido por el republicano en plenas negociaciones del acuerdo comercial que se firmó posteriormente.

La primera vez que los dos se vieron personalmente fue en febrero de 2024, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, cuando Trump todavía no había ganado las elecciones en su país.

Se trató de un encuentro informal, en los apartados del salón donde se realizó el evento de derecha, donde ambos se saludaron afectuamente y comenzaron a mostrar la sintonía ideológica que luego se ratificó.

En tanto, la reunión más reciente que protagonizaron fue en marzo de 2026, durante la cumbre denominada “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), celebrada en Miami, Florida, y a la que asistieron varios presidentes de la región.

En ese contexto, ambos líderes compartieron escenario y mantuvieron un intercambio directo, consolidando la sintonía política y el vínculo personal, en un contexto, además, en el que la Casa Blanca busca reducir la infliencia de China en el continente.

Además, en otro gesto de cercanía, la Argentina se adhirió recientemente a la Junta de Paz que impulsó Trump para intervenir en diferentes conflictos globales como, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente, que esta semana tuvo un alto al fuego acordado entre Irán y Estados Unidos.

El Congreso de la Unión aprobó este 10 de abril de 2026 una reforma constitucional que pone un tope a las jubilaciones y pensiones extraordinarias en entidades públicas federales, estatales y municipales.

Desde la publicación del decreto, todas las pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y sociedades nacionales de crédito no pueden exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.

La medida busca restringir las prestaciones altas en instituciones del gobierno, y obliga una revisión de los contratos laborales para cumplir la nueva disposición.

Cada organismo deberá modificar contratos y condiciones generales de trabajo relacionados con jubilaciones o pensiones de su personal de confianza, a fin de ajustar sus planes de retiro sin superar el tope máximo fijado.

Las erogaciones derivadas de la entrada en vigor de la reforma deben cubrirse con los presupuestos existentes: no se autorizarán ampliaciones de recursos ni incrementos en el presupuesto regularizable para servicios personales o gasto de operación en este y futuros ejercicios fiscales.

La vigencia del decreto será inmediata. El decreto lleva las firmas de:

• Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)
• Laura Itzel Castillo Juárez (Senado)
• Nayeli Arlen Fernández Cruz (Cámara de Diputados)
• Mariela Gutiérrez Escalante (Senado)

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum lo expidió a partir de este jueves en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, con la instrucción legal de que las nuevas reglas tengan vigencia inmediata.

Jubilaciones no podrán superar la mitad del sueldo presidencial

Según el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en entidades paraestatales quedan sujetas a un techo: no podrán superar el 50% del salario que percibe la presidenta de México en el presupuesto correspondiente.

El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

A partir de la entrada en vigor —un día después de su publicación—, la restricción aplica tanto a nuevas jubilaciones como a las que ya se encuentran vigentes, salvo para los casos expresamente exceptuados.

El Congreso establece que los entes públicos deben revisar en un plazo de hasta 90 días todas las condiciones generales de trabajo y los instrumentos jurídicos de sus trabajadores para asegurar que los planes de pensiones se ajusten a la nueva regla.

Excepciones y alcance de la reforma constitucional

Quedan excluidas de estos límites las Fuerzas Armadas, las pensiones constituidas por aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro individual, las derivadas de contribuciones sindicales en fondos complementarios y la pensión no contributiva establecida en el artículo 4° constitucional.

Las jubilaciones que hayan sido concedidas conforme al marco constitucional previo al decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidas.

Las entidades públicas incluidas abarcan organismos descentralizados, empresas públicas de participación estatal o municipal mayoritaria y fideicomisos en los tres niveles de gobierno. Las aportaciones que el Estado realice en adelante a cuentas individuales o planes complementarios de jubilación también deberán respetar el límite impuesto.

El valor estimado de 109 millones de lempiras en medicamentos vencidos hallados en los almacenes de la Secretaría de Salud de Honduras ha destapado una crisis profunda en la gestión de insumos médicos.

La magnitud del hallazgo, confirmado por el viceministro de Salud Eduardo Midence, evidencia fallas estructurales que han repercutido no solo en el despilfarro de recursos públicos, sino también en la atención directa a los pacientes hondureños.

“La cifra podría aumentar”, expresó Midence en el reporte original, lo que anticipa consecuencias económicas y administrativas aún mayores para el sistema sanitario.

Entre los lotes almacenados y vencidos se encuentran tanto medicamentos del cuadro básico como productos especializados para tratamientos complejos. Esto afecta todos los niveles de atención y expone deficiencias en la capacidad de distribución y aprovechamiento de los recursos disponibles, según detalló el funcionario a medios nacionales.

En la actualidad, el Gobierno realiza un proceso de verificación exhaustiva para determinar qué cantidad de estos medicamentos podría ser reconocida por los proveedores.

Según Midence, se baraja la posibilidad de intercambiar los lotes caducados por moléculas que respondan mejor a las necesidades sanitarias actuales.

Esta gestión busca atenuar, en parte, el impacto económico y sanitario que representa el desperdicio de medicamentos esenciales.

La directiva ministerial también ha enviado el caso a instancias responsables de investigar y, en su caso, sancionar los posibles delitos vinculados a este hallazgo.

“El caso ya está en otra instancia”, sostuvo el viceministro Midence, quien puntualizó que la Secretaría de Salud tiene la función principal de resguardar el bienestar de la ciudadanía, mientras que las acciones legales recaen en otras dependencias del Gobierno.

Uno de los factores críticos, según Midence, es la limitada capacidad logística: de los ocho camiones asignados a la distribución de medicamentos, solo dos estaban en funcionamiento en el momento del hallazgo.

Esta falencia fue determinante en el retraso de entregas y facilitó el vencimiento de insumos en los almacenes centrales antes de llegar a los hospitales y centros de salud. La falta de transporte no solo desaceleró el flujo de recursos, sino que agravó la escasez en regiones rurales y áreas de difícil acceso, donde la demora puede repercutir directamente en el pronóstico de los pacientes.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, la problemática no se restringe a la distribución. Existen debilidades en la planificación de compras, incluidas adquisiciones realizadas sin una proyección acorde a la demanda real y sin considerar la infraestructura de reparto disponible.

Esta falta de coordinación genera un desequilibrio crónico entre las necesidades de la población y lo que efectivamente llega a cada centro asistencial.

La noticia ha provocado la reacción inmediata de usuarios y representantes de la sociedad civil, quienes señalan que la escasez de medicamentos en los hospitales contrasta dramáticamente con la existencia de grandes volúmenes de insumos almacenados y desperdiciados.

Expertos insisten en la urgencia de fortalecer los mecanismos de control interno, implementar tecnologías de seguimiento y garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Las demandas también apuntan a la necesidad de mayor rendición de cuentas, para que la ciudadanía pueda verificar cómo se gestionan los fondos públicos destinados a la salud.

El impacto económico para el Estado es relevante, 109 millones de lempiras equivalen a cientos de miles de tratamientos médicos perdidos. Pero la dimensión social resulta aún más profunda. Cada lote vencido representa un paciente que pudo no recibir atención oportuna, y una oportunidad desaprovechada para prevenir, tratar o controlar enfermedades en una población que históricamente enfrenta carencias.

Uno de los activos que llevaron a Javier Milei a la presidencia fue la frescura combinada con vehemencia de sus discursos. El mandatario, ajeno a los protocolos, siempre manejó sus propias redes sociales, algo poco común, y supo encarnar, casi sin filtro, los principales reclamos que levantaba la sociedad. Desde finales de 2023, esa tendencia, fuertemente cuestionada por la oposición por las formas elegidas, lo hizo intentar moderararse con intención de centrar el debate en el contenido.

“Voy a dejar de usar insulto a ver si están en condiciones de poder discutir ideas”, prometió el libertario en agosto de 2025, en la previa a las elecciones de medio término que tendrían lugar dos meses después. Durante la cena anual de la Fundación Faro, confrontó con lo que definió como “la dictadura de las formas”, y garantizó que las respetaría para poder dar “la batalla en las ideas”. “Como no pueden responder las ideas se apalancan sobre las formas. Ahora les vamos a estar lanzando un desafío para que queden en evidencia de que son una cascara vacía”, enfatizó.

Pasada la abultada victoria de octubre, en la que La Libertad Avanza se impuso por sobre el peronismo, y luego de semanas complejas para el Gobierno, marcadas por las causas juciales en curso que van desde la investigación por la difusión de la criptomoneda $Libra a la que va detrás del supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los tiempos de la moderación parecen haber quedado atrás.

En los últimos días, el mandatario se mostró muy activo en redes sociales y combinó su retórica entre una postura inflexible contra la prensa, a la que acusa de atentar contra la gestión, y la defensa de su programa económico, pero que incluyó además un mensaje a la sociedad. A través de su cuenta de X, Milei aseguró que el país está “mucho, MUCHO mejor” que en 2023, pero admitió que se transitan “meses duros”, y pidió “paciencia”. “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, garantizó.

En las últimas semanas, el mandatario retomó una práctiva habitual de interacción en la red social de Elon Musk. El mismo 24 de marzo, se tomó el tiempo de responder varias críticas, algunas con marcado uso de la ironía, y destinó varias publicaciones a confrontar con los medios de comunicación.

Ante el cambio en la estrategia comunicacional, que en el corazón libertario descartan que responda a las variaciones en las encuestas, aseguran que tuvo lugar por voluntad expresa y natural del propio mandatario en función del termómetro de la realidad que utiliza. “La variación en las formas depende de qué discusión quiere dar en cada momento”, argumentó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

A raíz de la última publicación en defensa del rumbo económico, por los pasillos de Balcarce 50 explicaban que apuntaba a “corregir” la “distorsión” que registran “entre los datos y la discusión pública”. “Finalmente nos podemos poner a discutir las cosas que importan, nos pasamos semanas discutiendo tonterías. Bienvenido sea que empecemos a discutir la situación económica”, celebró un interlocutor del ecosistema.

Ante los notorios cambios en las formas, desde el entorno del mandatario atribuyeron las variaciones a los acontecimientos y admitieron que la moderación tuvo su impacto positivo en las urnas. En octubre, luego de la derrota bonaerense de septiembre, el oficialismo optó por correr de foco la motosierra e inclinarse por un discurso más “empático”, como lo definían en aquel entonces, y en recuperación de la “épica” libertaria. “Harto de que le cuestionen las formas, las atenuó para discutir los temas de fondo. Eso rindió frutos electores”, sintetizó una fuente a este medio.

Por estas horas, sostienen que los nuevos señalamientos contra la prensa y un sector del empresariado, al que refiene como “empresauros”, responden a un accionar “auténtico” del mandatario, y surgen como respuesta a los “ataques” detectados. Además, conocedores en materia de comunicación detectaron que los votantes libertario esperan que el Presidente se muestre directo y sin filtros.

“El Presidente lo que ve es que todos se pusieron a pegar debajo del cinturón”, justificaron en uno de los despachos de Balcarce 50, luego de que Milei recupera sus formas. Otra voz autorizada coincidió: “Cuando no se sintió atacado se moderó, cuando lo atacaron se le pareció que había que contraatacar”.

El último mes pareció tener más de 30 días para el Gobierno que aún hace esfuerzos desmedidos por recuperar, sin éxito aparente, el dominio de la agenda mediática que oscila entre la causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los movimientos en la investigación por la difusión de la criptomoneda $Libra; y la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nacional otorgados a funcionarios públicos.

El testimonio de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, que incluyó además su regreso a Comodoro Py para aclarar algunos puntos, y la entrevista con Infobae En Vivo en la que brindó detalles de la compra de sus propiedades, volvieron a colocar en el centro el tema que parecía tímidamente corrido de las primeras planas de los medios de comunicación. “Sabíamos, pero es algo que no podemos controlar. Ella quería salir a aclarar algunas cuestiones”, admitían desde el entorno del ministro coordinador.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre el ministro coordinador y su esposa Bettina Angeletti, en el marco de la investigación judicial.

“Parece que la espuma está bajando. La declaración fue muy buena”, planteaba un integrante de la mesa política a este medio el pasado miércoles en lo que configuraba más una expresión de deseo. Horas más tarde, la notaria formaba nuevas olas tras aclarar el procedimiento desplegado en la adquisición de los departamentos de Parque Chacabuco y la calle Miró y la casa ubicada en el Country Indio Cuá.

La declaración mediática de Nechevenko fue objetada por varios interlocutores de la administración que consideraban que “sumar personajes y voces nuevas” no es la estrategia comunicacional más acertada dado que le “da vida al tema” que trabajan por sepultar desde hace días y que parece neutralizar los movimientos de gestión.

En un constante esfuerzo por recuperar la dinámica, el Poder Ejecutivo parece ver como se le escurren logros, entre los que destacan el fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el fallo de YPF, y la habilitación del Congreso a modificar la Ley de Glaciares con un considerable número de apoyos que otros momentos hubiera sido capitalizado.

Pese a eso, por estas horas, son pocas las voces que no se expresan en sintonía con lo que el presidente Javier Milei se encarga de reafirmar en cada aparición pública y lo que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifiesta con acciones. “Adorni está firme y va a seguir siendo la cara del Gobierno”, coinciden en todas las tribus libertarias casi a diario al tiempo que anticipan una reaparición pública del funcionario en una nueva conferencia de prensa que por ahora no tiene fecha.

El acuerdo parece ser genuino. Es que el ex vocero y candidato de La Libertad Avanza (LLA) a legislador porteño oficia de síntesis entre el Triángulo de Hierro que atraviesa momentos de tensión. Del riñón de la menor de los Milei, Adorni logró ensayar una suerte de equilibrio en la interna y trazó un vínculo fluido con el asesor presidencial, Santiago Caputo, algo que no ocurre con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Sin embargo, hay quienes interpretaron una gestualidad en la ausencia de Adorni en el reducido equipo que acompañó a Karina Milei al recinto cuando la Cámara de Diputados debatía la reforma en la Ley de Glaciares el pasado miércoles. Desde el entorno de la propia Karina Milei rechazaron categóricamente la lectura. “Surgió de imprevisto. Casi sobre la hora”, argumentaron para explicar el retrato que incluyó al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, como escoltas de la titular de La Libertad Avanza (LLA).

En compensación, casi a la misma hora, la Televisión Pública emitía la grabación de la nota que Javier Milei había dado durante las primeras horas del día en la que definió a Manuel Adorni como un “maravilloso jefe de Gabinete” en otro gesto, uno más para la colección, para blindar al cuestionado ex vocero.

“No podemos controlar todo”, sostuvo casi con resignación una fuente con conocimiento comunicacional sobre la aparición constante de temas que no le permiten a la administración libertaria dar vuelta la página. Coincidentemente, hay quienes observan cierto estancamiento en la dinámica de la gestión, que la atribuyen a la “sobrecarga” laboral del Gabinete, que podría oficiar de estrategia perfecta para dejar atrás la polémica.

En uno de los despachos de Casa Rosada admitieron ante Infobae que si el Gobierno tuviese “el mismo ímpetu reformista” que le atribuyen a la primera etapa de la gestión “se estaría hablando menos del tema”. “Hay momentos en los que estamos más concentrados y otros más dispersos. Son rachas”, ironizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

En una acción por minimizar los efecto de la polémica, por los pasillos de Balcarce 50 celebran la “celeridad” de la justicia y consideran que la receta para dejar atrás los rumores de salida es que “Manuel sea Manuel”, por lo que prometen nuevas comunicaciones a su cargo cuando “haya temas que lo ameriten”.

Desde el entorno del ministro coordinador piden diferenciar la causa judicial del ruido mediático y garantizan que la defensa a cargo del abogado Guillermo Ledesma presentó todos los documentos para esclarecer el panorama. “Lo acusan de enriquecimiento ilícito, pero sería el corrupto más idiota de la historia con las cosas a su nombre”, plantearon ante este medio.

Es que, pese a las novedades diarias, en el corazón de la administración libertaria esperan que “el tema termine de diluirse en los medios”, y responsabilizan a la prensa de la escalada. “Lo estaban esperando. Más de uno se la quería cobrar”, planteó una funcionario. “Va a pasar como Andis y $Libra. Cuando no hay nada, el tema se gasta”, coincidió otro referente antes este medio.

Por lo pronto, con ideas en mente, la mesa política define los próximos pasos para dar curso en el Congreso Nacional mientras se esfuerza por blindar al coordinador de la instancia colectiva. “Hay momentos en la pelea en los que hay que aguantar y otros en los que toca repartir”, ejemplificó con visible resignación un interlocutor del ecosistema ante este medio. A un mes de mantener la guardia permanentemente baja, el tiempo dirá si el Gobierno madura una estrategia a lo Nicolino Locche o si, por el contrario, está más cerca del K.O.

El proceso de negociación del salario mínimo en Honduras ha avanzado hacia una etapa determinante, con la expectativa de que el acuerdo contemple un incremento superior al 5%, según confirmó este jueves el viceministro de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua.

En un contexto marcado por la persistente presión inflacionaria, el ajuste salarial apunta a ofrecer previsibilidad al sector productivo y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, informó el funcionario.

La discusión cobra particular relevancia frente a un entorno económico desafiante. En paralelo a las negociaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 4,98%, una cifra que sirvió de referencia clave en las mesas de diálogo, según indicó Discua. La demora en concretar el nuevo ajuste ha estirado la incertidumbre, ya que casi 100 días han transcurrido del año y los trabajadores mantienen los salarios del ciclo anterior.

El acuerdo en curso se perfila para tener una vigencia de al menos dos años, lo que permitirá evitar renegociaciones anuales y aportará estabilidad tanto a empleadores como asalariados. El propio Discua detalló que “existe un acuerdo preliminar” en esa dirección, y agregó que la retroactividad del ajuste ha reunido consensos aunque no se implementará de manera uniforme.

El funcionario explicó que: “Algunas podrán asumir el pago de forma automática, otras lo harán de manera prorrateada”, en referencia a la capacidad financiera diversa de las empresas hondureñas. Además, la negociación contempla parámetros que abren la puerta a pagos diferidos de la retroactividad salarial, decisión adoptada tras al menos cinco reuniones formales de la comisión del salario mínimo.

A la mesa tripartita acuden representantes sindicales y empresariales, quienes han alcanzado acuerdos parciales sobre duración del ajuste y mecanismos para la retroactividad. Josué Orellana, delegado de la Confederación de Trabajadores de Honduras, afirmó que, en la última cita, los sectores participantes decidieron someter los avances a consulta interna antes de retomar las conversaciones.

“Lo que acordamos es que la negociación se va a realizar para dos años. Establecimos los parámetros en relación a la retroactividad, cómo se van a hacer los pagos de manera diferida y suspendimos la reunión para hacer consultas”, sostuvo Orellana.

Por el lado empresarial, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García, destacó los avances logrados, aunque subrayó que persisten asuntos pendientes.

“Hemos ido acercando las posiciones y poco a poco se van dando acuerdos en algunos temas, faltan otros”, reconoció García. El dirigente justificó los retrasos por la falta de convocatoria en diciembre de 2025, como estipula la ley, lo cual implicó la pérdida de dos meses respecto al calendario original.

El aplazamiento ha impactado directamente en los ingresos de la fuerza laboral, que continúa recibiendo los valores anteriores en un clima económico marcado por el encarecimiento de combustibles y energía.

Ello ha erosionado el poder de compra de los hogares y acentuado la presión sobre las autoridades para lograr una definición pronta. La inflación, motivada principalmente por estos incrementos, agrava la situación y eleva las expectativas en torno al porcentaje de ajuste.

La ley hondureña prevé un mecanismo de última instancia: si los participantes de la negociación no alcanzan un consenso, la decisión recaerá en el presidente de la República, Nasry Asfura.

Aunque la norma contempla este escenario, ha sido el consenso tripartito el objetivo central de la mesa para asegurar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial.

El monto final del ajuste al salario mínimo trasciende el impacto inmediato en los bolsillos de los empleados. Las cámaras empresariales, en especial las vinculadas a la industria maquiladora, han expresado su interés en definir el salario aplicable a 2026.

Las decisiones en materia salarial pesan en la competitividad regional, pues países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala sirven de referencia y su atractivo en términos de inversión depende en parte de sus niveles de remuneración, según destacó el vice ministro Daniel Discua.

La reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

En un marco de conflicto creciente entre las partes, funcionarios de la Secretaría de Transporte recibieron este jueves por la mañana a los representantes de las compañías que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de un ámbito de discusión, del que participarán todos los sectores involucrados, para avanzar en una reestructuración integral del esquema, que “presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes”.

“En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, precisó el Poder Ejecutivo.

La primera reunión de ese grupo se realizará el próximo martes por la mañana y la misma estará orientada en buscar “propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes”.

“Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, señaló la Secretaría.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120 mil millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías que participaron en la conversación de hoy.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

“No vemos un panorama realmente alentador en lo inmediato y, concretamente, con el tema de la racionalización del servicio, de mínima, si todo continúa como hasta ahora, seguirá habiendo un 40% menos de colectivos en la calle, y a medida que vayan pasando los días se va a ir profundizando. Esto no es una medida de fuerza, lo hacemos porque no podemos salir con más colectivo porque no tenemos posibilidades”, advirtieron desde las organizaciones privadas.

Durante el encuentro de este jueves, los funcionarios nacionales recordaron que “ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026”.

En el plano tarifario, las autoridades destacaron que “desde enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%”, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

La coordinación de la mesa técnica estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo declarado de “consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas”.

Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.

En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.

La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.

En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.

Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.

Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.

Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.

Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.

En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.

“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.

Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.

“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.

El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.

Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.

“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.

Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.

EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.

“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.

El presidente Nasry Asfura consolidó el nuevo impulso a la descentralización educativa de Honduras al inaugurar el programa “Municipios Campeones por la Educación”, una estrategia que busca, a partir de la transferencia de recursos y autonomía municipal, hacer frente a los desafíos de cobertura y calidad en el sistema escolar.

El mandatario subrayó que esta iniciativa permitirá acelerar la inclusión de más niños y jóvenes en las aulas, y remarcó su compromiso político: “Aquí me tienen para servir, soy un alcalde más”.

En la ceremonia central, celebrada en Casa Presidencial y relatada por el propio Asfura: en 2025, siete de cada 10 nuevos estudiantes incorporados al sistema provienen de municipios adscritos al programa, con un ritmo de matrícula que llegó a cuadruplicar el de otras comunidades, según los resultados oficiales de esta primera etapa.

Esta dinámica, expuesta por el presidente en el evento, representa una inflexión en el modelo de gestión educativa y alimenta la aspiración institucional de alcanzar más de dos millones de estudiantes registrados a nivel nacional.

El presidente Nasry Asfura defendió que la clave para la mejora educativa y el desarrollo territorial de Honduras reside en la descentralización, modelo que otorga más autonomía y recursos a los municipios para atender con eficacia la educación y la infraestructura local.

Al presentar el programa “Municipios Campeones por la Educación”, enfatizó que los alcaldes constituyen “el brazo fuerte del Gobierno” y que él mismo se asume como un edil más en la búsqueda de soluciones concertadas.

La mecánica del programa, liderado por la Secretaría de Educación (Seduc) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) con respaldo de Unicef, consiste en reconocer y fortalecer a los municipios que logran avances tangibles: ampliación de matrícula, retención escolar y mejoramiento de condiciones educativas.

El propio Asfura, con experiencia previa como alcalde, insistió en que no se ha alejado de la realidad municipalista: “Todavía me corre sangre de alcalde. Lo comprendo bien y no es porque estoy en una presidencia que se me olvida lo que atravesé y viví”.

Más de un millon 260 mil de niños están siendo atendidos bajo el nuevo programa. Se han distribuido 10 millones de libros en todo el territorio nacional, esfuerzo orientado a que el acceso a materiales de calidad sea una realidad para cada alumno.

El modelo implica que los municipios con mejor desempeño reciben reconocimiento y oportunidades adicionales de gestión, creando incentivos directos para replicar las mejores prácticas en más regiones. El impacto de la descentralización va más allá de la matrícula, al articularse con nuevos mecanismos legislativos que habilitan a las alcaldías para administrar directamente los fondos educativos.

Asfura anticipó la aprobación de una nueva Ley de Descentralización, la cual dará un marco legal para que los alcaldes gestionen por sí mismos los recursos destinados a la educación, la infraestructura escolar y los proyectos comunitarios.

Una de las próximas acciones será el incremento de transferencias presupuestarias a partir de 2026, medida que, en palabras del presidente, asegurará mayor autonomía para que, en cada municipio, sean las autoridades locales quienes identifiquen y atiendan las prioridades más urgentes.

Como refuerzo inicial, se realizará la entrega de maquinaria a los 298 municipios, una decisión cuyo despliegue comenzará en los meses venideros y que permitirá ejecutar obras de mantenimiento escolar y mejoramiento de caminos de acceso.

“No podemos hablar de educación sin garantizar acceso, salud e infraestructura. Todo está conectado y esto va a mejorar las condiciones, y se verán resultados concretos en los próximos años”, declaró Asfura, subrayando el vínculo entre la educación y la conectividad vial.

El relanzamiento del programa contó con la participación de figuras centrales del Estado y la cooperación internacional, entre ellas la secretaria de Educación Ivette Arely Argueta, el representante residente de Unicef en Honduras, Bastiaan Van ‘t Hoff, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y el titular de Amhon Juan Carlos Molina.

El mandatario también agradeció el apoyo de las diferentes bancadas del Congreso Nacional, llamando a que la gobernanza educativa trascienda los intereses partidarios

El Gobierno hizo oficial un cambio en la Superintendencia Nacional de Migraciones luego de aceptar la renuncia del jefe anterior y nombrar, ese mismo día, a su reemplazo.

Primero, mediante una resolución, se aceptó la salida de Manuel Alberto Balladares Ramírez, quien ocupaba el cargo desde 2025. El documento no explica por qué renunció y solo le agradece por su trabajo.

Poco después, en otra resolución, el Ejecutivo nombró a Juan Ramiro Alvarado Gómez como nuevo jefe de Migraciones.

Ambas decisiones fueron firmadas por el presidente José María Balcázar Zelada y el ministro del Interior José Mercedes Zapata Morante.

En la segunda norma se indica que el puesto estaba libre, lo que permitió hacer el nuevo nombramiento. Además, se trata de un cargo de confianza, es decir, el Gobierno puede elegir a la persona y también cambiarla cuando lo considere necesario.

Perfil del nuevo jefe de Migraciones

De acuerdo con sus Declaraciones Juradas de Intereses, Juan Ramiro Alvarado Gómez es economista, con maestrías en gestión pública y administración de empresas, además de un MBA.

Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público, principalmente en áreas de gestión, planificación y presupuesto. En 2022 fue gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de San Luis. Luego, entre 2023 y 2024, ocupó el cargo de jefe de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica en la Municipalidad del Rímac.

En 2026, previo a su designación, se desempeñaba como ejecutivo en la Unidad de Control Patrimonial de la propia Superintendencia Nacional de Migraciones.

En el ámbito privado, mantiene participaciones como accionista en empresas como STATUS Consultora Inversiones & Proyectos S.A.C. y J & C Inversiones El Norteño S.A.C. Estas actividades han sido declaradas formalmente y no se reportan conflictos de interés directos en la información disponible.

Qué hace Migraciones y por qué es un cargo clave

La Superintendencia Nacional de Migraciones es un organismo adscrito al Ministerio del Interior con autonomía administrativa, encargado de ejecutar la política migratoria en el país.

Su rol es clave porque controla el flujo de personas que ingresan y salen del territorio nacional, además de gestionar la permanencia de ciudadanos extranjeros. También tiene competencias en la emisión de pasaportes y documentos de viaje.

La entidad participa, además, en la seguridad interna, especialmente en el control de fronteras y en la coordinación con otras instituciones del Estado en puestos migratorios.

Otra de sus funciones relevantes es administrar el Registro de Información Migratoria, que permite el seguimiento de movimientos migratorios y la generación de estadísticas oficiales.

Funciones: control migratorio, documentos y sanciones

Las funciones de Migraciones abarcan tanto la atención a ciudadanos como el control y fiscalización. Entre las principales están:

• Autorizar, denegar y controlar el ingreso y salida del país
• Otorgar o rechazar permisos de residencia y cambios de calidad migratoria
• Regularizar la situación de extranjeros
• Emitir pasaportes y otros documentos de viaje
• Registrar el movimiento migratorio de las personas

Además, puede impedir el ingreso o salida de personas que no cumplan los requisitos legales y verificar información declarada por ciudadanos extranjeros.

En zonas de frontera, ejecuta acciones de control en coordinación con otras entidades del Estado, incluyendo su participación en centros binacionales.

También tiene la facultad de sancionar a quienes incumplan la normativa migratoria y contribuir a la política de seguridad nacional en materia de control de personas.

Luego de varias semanas de trabajo previo y negociaciones, el Gobierno reestrena este miércoles el Congreso con la votación para la modificación de la Ley de Glaciares, que tendrá como protagonistas a las provincias, con las que las autoridades nacionales vienen teniendo gestos de acercamiento, no solo simbólicos, sino también concretos, con la entrega de fondos y acuerdos importantes.

Desde hace semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con diferentes mandatarios locales para sumar apoyo a las reformas que tiene en carpeta el oficialismo, en el marco de una ambiciosa agenda legislativa.

Sin ir más lejos, este mismo miércoles, poco antes de que se trate el proyecto que ya tiene media sanción del Senado, el “Colo” recibirá en la Casa Rosada al jujeño Carlos Sadir, una figura influyente, por su cercanía con el radicalismo y porque el norte es una de las regiones más interesadas en que salga la norma para fomentar la actividad minera.

Distinto es el caso de la Patagonia, donde la situación es más compleja, ya que en muchas ciudades hay una gran presión social para rechazar la iniciativa, principalmente por ser lugares con importantes glaciares, como es el caso de Calafate, en Santa Cruz, con el Perito Moreno.

“Es un símbolo acá. Además, ya somos extractivistas. Las mineras no tienen problemas en la provincia para su explotación en lugares permitidos y tienen cuencas donde explorar y extraer”, explicó a Infobae una fuente cercana al gobernador Claudio Vidal, que hasta el momento se mantuvo al margen de la discusión, aunque su diputado, José Luis Garrido, suele acompañar al oficialismo.

El de Chubut podría ser un caso testigo de las buenas relaciones que viene construyendo la gestión libertaria con distintos actores federales, ya que sus senadores votaron en contra del proyecto el año pasado, pero ahora, según pudo saber este medio, Ignacio “Nacho” Torres daría la orden de respaldarlo en la Cámara de Diputados.

Quienes lo conocen, aseguran que, en realidad, el mandatario chubutense siempre estuvo a favor de esta norma, pero que les dio libertad de acción a las legisladoras Andrea Cristina y Edith Terenzi, que terminaron oponiéndose.

Incluso, remarcan que durante las negociaciones en la Cámara alta, ayudó a activamente a Santilli a conseguir los votos de otros bloques para que el texto obtuviera la media sanción.

A finales de marzo, el patagónico se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y firmó un convenio histórico mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se comprometió a saldar una deuda de más de 48 mil millones de pesos con la caja previsional de su provincia.

Más recientemente -en las últimas horas, de hecho-, se alcanzaron acuerdos similares con Santa Fe, por $120.000 millones que van a ser pagados en doce meses, y con Corrientes, por $40 mil millones.

Si bien no son distritos especialmente involucrados en el debate por la ley de glaciares, sus respectivos gobernadores, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés, son dirigentes con peso en la UCR.

A estas medidas se le suma el sistema de adelantos de coparticipación que la Nación habilitó el lunes y que también era un viejo reclamo de los mandatarios locales, que vienen protestando por la caída en la recaudación y la falta de fondos para hacer frente a sus compromisos.

Las transferencias anticipadas, sin embargo, no alcanzan a todo el país, sino que el listado de beneficiarios incluye únicamente a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, territorios que, en mayor o menos medida, tienen cierto vínculo con la Casa Rosada.

El propio presidente Javier Milei visitó semanas atrás la última de esas provincias, para participar del Foro Económico del NOA, y se fotografió con el gobernador local, Osvaldo Jaldo, luego de algunas tensiones.

Es que, antes de ese viaje, La Libertad Avanza les había reclamado a las autoridades tucumanas la renuncia al ministro del Interior, Darío Monteros, tras el violento ataque de un militante de su entorno al diputado nacional Federico Pelli.

Además de este proyecto, La Libertad Avanza planea impulsar en las próximas semanas otras reformas, como el paquete para fortalecer la propiedad privada, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos, cambios en el financiamiento universitario y discapacidad, y la recientemente agregada ley de salud mental, entre otras.

Luego de todas estas negociaciones y gestos de acercamiento, el Gobierno se prepara este miércoles para su primera batalla parlamentaria de estas sesiones ordinarias, con un panorama que, a priori, aparece como favorable.

No solo tendría los votos como para terminar de aprobar la norma sobre los glaciares, sino también para rechazar un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tiene preparado el kirchnerismo, en medio de los escándalos que rodean al funcionario por las denuncias de enriquecimiento ilícito.

En el marco de un conflicto creciente y amenazas de paro, el Gobierno recibirá a las empresas de colectivo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios y así no solo evitar el corte, sino también regularizar el servicio, que ya está funcionando con demoras.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la administración libertaria, el encuentro se realizará este jueves, a partir de las 10:30, en la sede de la Secretaría de Transporte, que encabeza desde enero Fernando Herrmann.

Aunque hasta la publicación de esta nota no habían sido formalmente notificadas, las autoridades nacionales mandarán en las próximas horas las invitaciones a las partes involucradas.

Participarían representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

En la previa de la reunión, el Gobierno tiene previsto transferirles a las operadoras los subsidios correspondientes a abril, “como se hace habitualmente, el cuarto día hábil de cada mes”.

En el sector privado aseguran que “es mentira que haya encuentros con frecuencia” y que el último “fue en enero”, cuando se acordó un aumento para la tarifa plana de los colectivos de jurisdicción nacional.

Efectivamente, en febrero el boleto pasó de 494,83 a 650 pesos, lo que representó un incremento del 31,36%, mientras que en marzo el precio se ubicó en $700, por lo que se agregó una suma de 7,69% extra.

De esta manera, en la Casa Rosada señalan que, en lo que va del 2026, se aplicó una actualización total del 41% sobre el pasaje, por lo que cuestionan los reclamos de las compañías de más fondos.

“Con esta medida, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía brinda mayor competitividad al sector y equipara los valores con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires”, se explicó en ese momento.

Por su parte, las líneas de colectivo sostienen que desde principios de este año no se modificó en el cálculo de los subsidios el valor de la nafta, que aumentó considerablemente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

“Las unidades utilizan el gasoil con tecnología europea, por el tema de la contaminación y demás, que subió incluso más que el convencional. Por lo cual, en treinta días pagábamos $1.400 el litro, y hoy está $2.150, y eso es en YPF, solamente. Axion hoy pasó el valor de $2.400 el mismo combustible, o sea, mil pesos más en relación a hace un mes atrás”, detalló Adrián Noriega, vocero de CEAP.

En un reciente comunicado, las cámaras informaron que, desde el miércoles pasado, iban a comenzar a “reducir la frecuencia de los servicios” ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”.

Esta medida ya comenzó a generar complicaciones para los usuarios en varias partes del país y la situación se fue agravando, debido a la falta de un acuerdo entre las partes.

De hecho, Marcelo Pasciuto, director de CETUBA, advirtió que si no reciben los fondos correspondientes esta semana, podría haber un paro total: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”, señaló en diálogo con Futurock.

El concepto del combustible compone el 60% del total del cálculo de los subsidios que la Nación les entrega a las compañías, por lo que su actualización periódica suele ser el principal reclamo.

“Hay tres compañías principales que son las que distribuyen el combustible a las empresas: Shell, Axion e YPF. YPF hasta el fin de semana no estaba entregando y ayer lunes empezó a normalizar. Hoy Axion está en condiciones de suministrarte combustible a ese valor de $2.400 el litro y, aparte, todas te piden que lo pagues en efectivo o transferencia, antes de que te descarguen. Pero bueno, nosotros no discutimos el precio. Hay un contexto internacional que indudablemente no lo podemos desconocer, pero el costo es ese y en un mes se modificó en un 46%. Entonces, la verdad es que si no reconocen ese valor, magos no somos. Hace dos años la venimos pateando y han quedado empresas en el camino”, agregó Noriega.

Por su parte, las autoridades nacionales saben que las cámaras irán a la reunión del jueves para “pedir más plata”, en un escenario de pocos recursos, por lo que preparan la estrategia para intentar llegar a una solución y, de esa forma, evitar que el problema escale.

La implementación de la CURP biométrica en México avanza hacia su fase obligatoria.

De acuerdo con disposiciones oficiales, el uso de este nuevo documento comenzará a exigirse de manera progresiva a partir de febrero de 2026, como parte de una estrategia nacional de identificación.

El proceso inició meses antes:

• 16 de julio de 2025: entrada en vigor del decreto
• 16 de octubre de 2025: arranque del registro y toma de datos
• Febrero de 2026: inicio de obligatoriedad gradual

Este esquema permitirá una transición paulatina desde la CURP tradicional hacia un sistema con mayor nivel de seguridad.

CURP biométrica: qué es y qué datos incluirá

La nueva versión de la Clave Única de Registro de Población representa una actualización tecnológica del documento actual.

A diferencia del formato tradicional, integrará información física única de cada persona.

Durante el registro se capturan:

• Las 10 huellas dactilaresEscaneo de iris de ambos ojos
• Fotografía facial de alta resolución
• Firma digital

Además, el documento final incluirá un código QR y validación electrónica, lo que permitirá consultar y autenticar la identidad en tiempo real.

¿Para qué servirá la CURP biométrica en México?

El Gobierno federal plantea este sistema como una herramienta para fortalecer la identidad y mejorar la gestión de datos a nivel nacional.

Entre sus principales funciones destacan:

• Reducir el robo de identidad y fraudes
• Agilizar trámites en dependencias públicas y privadas
• Facilitar operaciones bancarias y servicios financierosIntegrar información en plataformas de seguridad
• Apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas mediante bases de datos conectadas

También se prevé su vinculación con el Sistema Nacional de Salud para optimizar el acceso a servicios.

Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026

El trámite es presencial y gratuito, ya que requiere equipo especializado para la captura de datos biométricos.

Se realiza en módulos autorizados del Registro Civil y oficinas habilitadas por autoridades federales.

Algunas sedes destacadas incluyen:

• Londres 101, colonia Juárez, Ciudad de México
• Arcos de Belén 19, colonia Doctores, Ciudad de México
• Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos, Aguascalientes
• Centro Cívico de Mexicali, Baja California
• Av. Alcalde 1855, Guadalajara, Jalisco
• Av. Madero 102, Pachuca, Hidalgo

Las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano o consultar el directorio oficial para ubicar la sede correspondiente.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para completar el proceso en una sola visita, es necesario presentar documentación básica en original:

• Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)
• CURP tradicional impresa
• Acta de nacimiento

En algunas entidades, como la Ciudad de México, también se puede agendar cita previa en línea para evitar filas.

Proceso y consideraciones sobre los datos biométricos

El registro es realizado por personal capacitado y toma solo unos minutos, aunque implica una captura detallada de información.

Autoridades han precisado que, si bien la CURP es obligatoria, la integración de datos biométricos requiere consentimiento del titular, conforme a lineamientos de protección de datos personales.

Este nuevo modelo busca construir un sistema de identidad más robusto, alineado con estándares internacionales, y que permita mayor precisión en la verificación de identidad en México.

Poco más de un mes después de que el presidente Javier Milei anunciara que impulsaría una reforma política, en el marco de la apertura del año legislativo, en el oficialismo trabajan en los detalles del borrador del proyecto que incluirá la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), según confirmaron al menos dos fuentes en tema a Infobae.

“Vamos a ir por la de máxima, por eso vamos a plantear la eliminación de las PASO que configura un gasto innecesario y además nos servirá para dejar expuesto a los chantas”, argumentó una importante voz de la administración libertaria ante este medio.

Se trata de la postura inicial del oficialismo que debió adaptar a lo largo del tiempo debido a la falta de respaldo en ámbas cámaras. En febrero de 2025, luego de fallidos intentos, La Libertad Avanza logró suspender las elecciones de medio término con la ayuda de los aliados y un kirchnerismo fracturado, pero con el 2027 en el horizonte parece querer intentar avanzar con la idea “de máxima”.

Lo cierto es que, pese a que varios interlocutores del ecosistema admiten que se trata de una de las principales prioridades, en Casa Rosada miden los tiempos para avanzar con la reforma que contempla además modificar el forma en la forma en la que se financian los partidos políticos con intención de “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”.

En Balcarce 50 aseguran que el borrador, en el que trabaja por estas horas la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy, podría estar listo antes del viernes y hay quienes se muestran optimistas ante la posibilidad de girarlo al Congreso Nacional la próxima semana. Antes será revisado por los integrantes de la mesa política que aún desconocen el detalle de la medida con la que planean insistir.

A partir de este miércoles, la actividad legislativa se reactivará cuando la Cámara de Diputados trate las modificaciones en la Ley de Glaciares en búsqueda de la media sanción restante luego de la aprobación del Senado.

“Para consternación y estreñimiento de los que quieren seguir embaucando a la gente avanzaremos con la eliminación de las PASO. En todo caso, los legisladores deberán trabajar para sostener la esencia de la ley”, plantearon en uno de los despachos de Casa Rosada.

Existen diversas posturas respecto a los apoyos con los que cuenta la bancada violeta en ámbas cámaras. Con el Senado medianamente aceitado, hay quienes creen que el oficialismo llega a los 129 en Diputados, número necesario para habilitar la sesión que descuenta que surgirán de las voluntades del PRO, la UCR y algunos integrantes de Provincias Unidas. “A todos los partidos chicos y espacios nuevos les conviene suspenderlas. Los únicos que podemos salir fortalecidos de una PASO somos nosotros y el peronismo”, explicó un alfil legislativo a este medio.

No obstante, otros ven con complejidad los planes para avanzar en la eliminación y hablan de la chance de volver a suspender las PASO como ocurrió en 2025. “No está cerrado lo de la suspensión. Si no hay posibilidades de eliminarlas habrá que avanzar por ahí”, afirmó otra fuente en tema.

Como contó este medio, el Poder Ejecutivo resolvió posponer el envío de la reforma para poder evaluar los apoyos de los legisladores y gobernadores aliados y dar lugar a la construcción de un proyecto de consenso. “Hay tiempos para todo. Quizás no es este el momento más oportuno para tratarlo”, planteó con humor un funcionario ante la consulta de este medio.

Las últimas semanas se tornaron complejas para el Gobierno Nacional que debió afrontar los embates a raíz de la investigación abierta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito y los movimientos en la causa $Libra. Incómodo y en uso de una excesiva gestualidad para reafirmar al funcionario en el cargo, el Presidente se mostró dispuesto a intensificar la gestión para correr el tema de la primera plana de los medios de comunicación.

“Necesitamos que no aparezcan nuevas cosas, pero no es lo que está pasando”, expresó un conocedor del manejo comunicacional ante este medio. En paralelo, el ministro coordinador reactivó las reuniones individuales con los titulares de las carteras y diseña el envío de nuevos proyectos entre los que destaca las modificaciones en la Ley de Salud Mental como anticipó este medio.

En 1956, Marruecos y España acordaron la independencia del país norteafricano. Las dos naciones firmaron el 7 de abril de aquel año una declaración bilateral que sentaba las bases de la puesta en marcha de Marruecos como un Estado propio y definía las relaciones futuras. Se llegaron a una serie de acuerdos diplomáticos y comerciales que no han resistido al paso del tiempo.

Ambas administraciones anunciaron un acuerdo para establecer un tratado de amistad y reforzar la paz en la región. El Gobierno español reconoció la plena soberanía e independencia de Marruecos y se comprometió a respetar su “unidad territorial”, anunciando su acuerdo con Mohamed V, además de garantizar derechos recíprocos a ciudadanos de ambos países y abrir nuevas vías de cooperación bilateral.

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Sin embargo, las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, o el Sáhara Occidental, que han generado discusiones entre ambos en las últimas décadas, no aparecen mencionados. La declaración de hace 70 años habla de respeto territorial, pero sin concretar sobre las ciudades españolas en África o el territorio saharaui. El régimen de Mohamed VI ha dado a conocer sus ambiciones de expansión territorial.

Tensiones territoriales tras 70 años de independencia

La Declaración Conjunta de 1956 y los convenios diplomáticos de 1957 marcaron el fin del Protectorado español y el nacimiento del Marruecos moderno bajo un espíritu de cooperación “singularmente amistosa”. Sin embargo, el paso de las décadas ha dejado en evidencia la distancia entre el ideal diplomático y la realidad política actual. Uno de los puntos más conflictivos es la interpretación del “respeto a la unidad territorial”.

Históricamente, España ha apoyado la autodeterminación del Sáhara Occidental, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez cambió esta postura en 2022, aceptando la marroquí como “base de las negociaciones”. En el caso de Ceuta y Melilla, las voces que reclaman su adhesión a Marruecos tienen un altavoz más poderoso en los últimos meses y se han extendido a figuras de Estados Unidos.

Este desacuerdo, impreciso en los textos originales, sigue generando tensión. El último en mostrar esta opinión ha sido Mario Díaz-Balart, influyente congresista estadounidense cercano a Marco Rubio, que afirmó hace días que “no son españolas”, en medio de tensiones diplomáticas de España con Donald Trump por las diferencias respecto al gasto militar o el uso de las bases de Rota y Morón.

Acuerdos incumplidos por ambos países

La coordinación de la política exterior, uno de los compromisos centrales, nunca llegó a consolidarse en la práctica. Según el escrito, publicado en el BOE, los dos países “se esforzarán en coordinar su política exterior, para lo cual se consultarán, a petición de cualquiera de las Partes, cuando lo exijan sus intereses comunes o así convenga a sus relaciones de amistad permanente”. No obstante, la delimitación de aguas territoriales o la relación con otros actores internacionales han generado problemas diplomáticos sin que haya una consulta previa que los podría haber evitado.

En materia de circulación de personas, el protocolo adicional eliminaba la necesidad de visados y otras formalidades, pero la entrada de España en el espacio Schengen en 1991 revirtió esta apertura. Hoy, los ciudadanos marroquíes necesitan visado para entrar en territorio español, salvo contadas excepciones en Ceuta y Melilla, lo que contradice directamente el espíritu de los acuerdos originales. La cooperación judicial prevista fue transitoria, ya que Marruecos buscó rápidamente un sistema propio. La función temporal de España como protectora diplomática de marroquíes en terceros países desapareció con la expansión consular marroquí.

El Ministerio de Justicia a través de su titular, Juan Bautista Mahiques, oficializó hoy una serie de cambios significativos en su estructura de conducción, con la aceptación de la renuncia del doctor Carlos Eduardo Medina como Subsecretario de Asuntos Registrales y la designación de un nuevo funcionario en ese cargo clave para la administración pública nacional.

La decisión fue instrumentada a través del Decreto 227/2026 publicado en el Boletín Oficial que establece, a partir del 9 de marzo de 2026 pasado, la aceptación de la renuncia de Medina al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependencia que integra la Secretaría de Justicia. Pese a que no precisaron los motivos por los que Medina deja su cargo, se le agradecieron formalmente por los servicios brindados en la función pública.

La Subsecretaría de Asuntos Registrales es responsable de la supervisión y regulación de los registros públicos dependientes del Ministerio de Justicia.

La vacante generada por la salida de Medina fue cubierta mediante la designación, a partir del 23 de marzo de 2026 último, del doctor Gonzalo Miguel Estevez como nuevo titular del área, según lo dispuesto en el artículo tercero del documento oficial.

El recambio en la estructura de la Secretaría de Justicia se produce en un contexto de reorganización interna y responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa en áreas consideradas estratégicas para la gestión tras la llegada de Mahiques a la cartera.

Los cambios ya realizados en Justicia

A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín

En tanto, en la UIF que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

La designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

Según informó la Secretaría de Energía (SEN), este fenómeno responde tanto a la volatilidad internacional del precio del petróleo como a la devaluación del lempira frente al dólar, presionando de manera persistente el costo de los derivados petroleros y obligando al Estado a destinar una parte considerable de su recaudación diaria a subsidios para evitar una afectación todavía mayor sobre la población.

El monto destinado por el gobierno de Honduras al subsidio de combustibles alcanza los 22 millones de lempiras cada día, cifra que proviene de los 37 millones recaudados diariamente, según detalló Sarahí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe).

La funcionaria aclaró que la mayor parte de este esfuerzo fiscal está dirigida a sostener los precios de la gasolina regular, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) doméstico: “El combustible más caro es el que no podemos comprar. Tenemos que tomar medidas internamente, a nivel de empresas privadas, gobierno y consumidores. Si no hay conciencia sobre esta situación, la presión sobre la economía nacional seguirá creciendo”, advirtió Silva.

El kerosene encabeza el alza con un incremento de 57.40 lempiras por galón

El análisis de la SEN indica que el mayor ajuste ha recaído sobre el kerosene, insumo vital en miles de hogares para la cocina y la calefacción. El precio por galón de este derivado aumentó de 81.58 a 138.98 lempiras, lo que implica un incremento de 57.40 lempiras.

El diésel, motor principal del transporte de carga y la industria, experimentó una subida acumulada de 39.11 lempiras, alcanzando los 128.42 por galón. En la gasolina superior, el aumento fue de 28.95 lempiras, elevando el precio hasta 134.07, mientras que la gasolina regular se incrementó en 23.27 lempiras, situándose en 118.09 por galón.

El gas licuado de petróleo (GLP) vehicular también reportó un alza, aunque menor, de 4.85 lempiras por galón. El GLP doméstico, en contraste, mantiene su precio en 238.13 lempiras gracias a un subsidio completo del gobierno. Estos datos, oficialmente divulgados por la SEN, refuerzan la percepción de que Honduras atraviesa uno de los ciclos de encarecimiento más severos en las últimas décadas.

La reacción de los principales actores del sector energético se centra en la necesidad de maximizar el uso eficiente del combustible y promover el ahorro en todos los ámbitos. Silva ha reiterado: “El esfuerzo estatal es importante, pero no podemos depender únicamente de subsidios. Todos debemos contribuir a reducir el consumo de combustibles y energía”.

Para evitar que el costo total de los aumentos recaiga en los consumidores, el gobierno ha optado por mantener un esquema de apoyo temporal. Esta política absorbe el 50 % de los aumentos en diésel y gasolina regular, mientras que el GLP doméstico continúa subsidiado en su totalidad. Gracias a esta intervención, el impacto directo sobre los consumidores resulta atenuado, especialmente para los sectores de menores ingresos.

No obstante, Silva alertó que existe un alto grado de desconocimiento entre los ciudadanos respecto a cómo se estructuran los precios y qué porción es efectivamente subsidiada. Esta falta de información, advirtió, genera expectativas erróneas y dificulta la adopción de conductas de ahorro.

El aumento de precios de los combustibles ha repercutido en una escalada de tarifas en el transporte público y privado, incrementando los costos logísticos y de distribución de alimentos y bienes de primera necesidad. El ajuste en el precio del diésel, principal motor de los camiones y vehículos de carga, ha empujado a empresas del sector industrial y agrícola a redefinir presupuestos e introducir mecanismos de eficiencia energética.

El sector doméstico no ha quedado exento, particularmente las familias que dependen del kerosene para cocinar o calefaccionar sus viviendas. El encarecimiento de este insumo, que superó los 57 lempiras por galón, ha significado una presión directa sobre el ingreso disponible y acentuado la vulnerabilidad de los hogares.

Expertos destacaron que países vecinos han experimentado repuntes similares debido a la escasez y el encarecimiento internacionales del petróleo, por lo que la situación hondureña se inscribe en una tendencia regional vinculada al costo global de la energía.

Frente al panorama descrito, Silva exhortó al sector privado, al gobierno y a los consumidores a priorizar políticas de uso racional y eficiente de la energía. Propuso fomentar la reducción voluntaria del consumo en instituciones, impulsar la eficiencia energética y promover el transporte sostenible para amortiguar el efecto de las próximas alzas.

“El combustible más caro es el que no podemos comprar. Debemos ser conscientes como consumidores y como país para evitar que la situación se agrave y tengamos que pagar precios aún más altos, como ha ocurrido en otros lugares del mundo”, recordó Silva, instando a evitar la politización de la crisis ya que el perjuicio recae principalmente en los hogares y la capacidad competitiva del país.

Especialistas del sector energético, en diálogo con la SEN, han advertido que el escenario de precios elevados podría extenderse mientras persistan los factores internacionales adversos. Las autoridades mantendrán los ajustes periódicos, pero subrayan que, sin un cambio en los hábitos de consumo y una mayor conciencia pública, los aumentos seguirán trasladándose tarde o temprano en la cadena de costos e inflación.

Entre marzo de 2026 y la fecha, el kerosene subió 57.40 lempiras, el diésel 39.11, la gasolina superior 28.95 y la regular 23.27, de acuerdo con cifras oficiales expuestas por la Secretaría de Energía y la Ahdippe. Los subsidios estatales han mitigado temporalmente el traslado completo del impacto, pero la recomendación tanto del sector público como privado converge en una sola dirección: ahorro, eficiencia y conciencia colectiva para enfrentar el nuevo ciclo de precios energéticos elevados en Honduras.

El presidente Javier Milei continúa resistiendo las críticas contra algunos de sus funcionarios, mientras intenta mostrar que la gestión sigue su marcha, vuelve a empoderar a Manuel Adorni y trata de recuperar la agenda con los debates en el Congreso y nuevas polémicas que van surgiendo.

En la última reunión con sus ministros en Casa Rosada, este lunes, el mandatario nacional se colocó al frente del grupo para el momento de la foto protocolar, pero dispuso que gran parte del encuentro estuviera encabezado por el jefe de Gabinete.

La decisión no fue casual, sino que responde a una estrategia más amplia que, según explicaron a Infobae algunos de los presentes en esa imagen, busca devolverle la legitimidad al referente del oficialismo, actualmente acorralado por las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

De hecho, una de las medidas que tomó el líder libertario fue la de ordenar, de manera explícita, que cualquier información sobre el avance de la administración de la cual tenga que estar enterado, pase primero por Adorni.

Se trata de otra muestra de respaldo al dirigente, que optó por reducir su exposición en los medios mientras avanza la investigación por las propiedades que compró y los viajes al exterior que hizo en los últimos años.

El jefe de Gabinete contrató al abogado penalista Matías Ledesma para que lleve adelante su defensa y no solo tiene en mente presentar documentación que justifiquen esas compras y vacaciones, sino que también ya piensa en cómo va a contratacar, cuando toda la polémica -según confía- pase.

“Cuando todo esté aclarado, va a pedir que se inicien las acciones por daños y perjuicios correspondientes tanto por él como por toda su familia. A todos los que hicieron daño en los medios”, advirtió a Infobae una de las personas más cercanas al funcionario.

Es que, desde que se conoció el escándalo, en Balcarce 50 vienen insistiendo con que lo que más molestó fue que los canales y portales de noticias mostraran el video en el que estaba junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos subiendo en el avión privado que lo llevó a Punta del Este durante los últimos feriados por carnaval.

“Para él lo más fuerte fue eso, estar viendo las 24 horas, todos los días, la cara de su pareja en televisión junto a sus chicos, que además son menores de edad”, señaló uno de los miembros de su círculo íntimo.

Recientemente, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante la denuncia central, citó como testigo al ex futbolista Hugo Morales, antiguo dueño del departamento en Caballito al que se mudé el ministro coordinador, después de conseguir un crédito privado por parte de dos jubiladas.

Para recuperar el control de la agenda, Milei le organizó a Adorni una serie de reuniones con los ministros, por un lado, y busca concentrarse una vez más en las reformas que LLA impulsa en el Congreso.

En la Cámara de Diputados, su presidente, Martín Menem, y el jefe del bloque violeta, Gabriel Bornoroni, negocian los votos para terminar de aprobar la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y se va a debatir este miércoles.

Durante el martes, en tanto, se discutirá el proyecto en las comiciones de Asuntos constitucionales y Recursos naturales, donde las provincias también expondrán sus posturas respecto a esta iniciativa.

En el oficialismo, sin embargo, están confiados en que cuentan con el respaldo necesario como para que la iniciativa salga: “Venimos bien, los gobernadores son los que tienen que aportar mas diputados. Si quieren un país federal, lo tienen que demostrar ahora”, remarcó un integrante de la bancada.

En el día de su cumpleaños, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió el lunes a los mandatarios de San Luis, Claudio Poggi, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para conversar sobre esta y otras reformas que hay en carpeta.

Por otra parte, el Gobierno parece haber superado rápidamente otra acusación de supuesta corrupción, la de los créditos hipotecarios del Banco Nación a los que accedieron varios funcionarios, por montos que superarían su capacidad de financiamiento.

Una de las primeras acciones que generaron ruido fue la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su mano derecha, Leandro Massaccesi, después de que se supiera que estaba en la lista de beneficiarios.

Sin embargo, pocas horas después las autoridades nacionales salieron a aclarar que ese no fue el motivo de su apartamiento, sino que la decisión se tomó por otros motivos, vinculados más a la gestión.

Incluso, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se expresó públicamente al respecto y defendió a los involucrados al sostener que “no hay nada ilegal ni inmoral” en haber accedido a esos préstamos.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, señaló.

En la Casa Rosada no se muestran preocupados por este tema, todo lo contrario. En varias carteras argumentan que “todo se hizo en regla” y que “no tienen nada que ocultar”.

“Hay incluso ex funcionarios que también pidieron una hipoteca y no aparecen en esa lista que se difundió. Que los pongan también, no tenemos ningún problema. En nuestro caso, por ejemplo, sé que se hizo de forma normal, se presentaron los recibos de sueldo y se autorizó. Son personas que ya tenían mucha ‘guita’, nadie puede dudar de que puedan pagar”, opinó una fuente cercana a uno de los beneficiarios.

De cara a las elecciones del 2027, en la que van a intentar conquistar la provincia de Buenos Aires, las autoridades de La Libertad Avanza están planificando un nuevo acto en territorio bonaerense, al que fueron convocados dirigentes y militantes locales, además de Javier y Karina Milei, que podrían ser los oradores principales.

Aunque será una muestra más de músculo político en el distrito gobernado por Axel Kicillof, que hoy aparece como el principal -y casi único- referente de la oposición, los organizadores del evento aseguran que será solamente una “jornada de capacitación política y educativa” y no un encuentro de campaña.

De hecho, la reunión se da en el marco de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político (EFDAP), a través de la cual el Gobierno busca formar a los futuros cuadros y consolidar su presencia en la zona.

El acto de lanzamiento del programa 2026 de esta institución se realizará el próximo 25 de abril y, al igual que el año pasado, tendrá como sede la ciudad de Suipacha, en el interior provincial.

Tanto el Presidente como la secretaria general fueron invitados, pero todavía no precisaron si van a poder asistir: “Se va preparando todo sin esa confirmación, que depende de sus respectivas agendas, porque si no se estira mucho en el tiempo y se retrasa todo”, explicaron.

Quien está impulsando y coordinando todo para el evento es el armador bonaerense de LLA, el diputado nacional Sebastián Pareja, quien espera reunir unas dos mil personas, 500 más que en el 2025.

De acuerdo con lo que detallaron a Infobae fuentes del partido, la actividad comenzará a las 9:00 y se extenderá durante toda la jornada, con la participación de referentes y equipos de los 135 municipios.

La convocatoria está dirigida a equipos académicos, coordinadores seccionales y distritales, legisladores, concejales, consejeros escolares y actores políticos del espacio.

La apertura estará a cargo de Pareja, en su rol de titular del espacio en PBA, y continuará con los discursos de bienvenida de la diputada nacional y coordinadora Ejecutiva de EFDAP, Miriam Niveyro, y del senador provincial Luciano Olivera.

A lo largo del día, “se establecerá la metodología de trabajo que fija claros objetivos para el año” y también habrá un programa especial dirigido a la totalidad de concejales y consejeros escolares.

Según destacaron los organizadores, en el 2025 se capacito a más de 4000 dirigentes con el programa “conocer para legislar”, con el que se enseñó sobre las principales reglas internas de cada institución.

En este nuevo ciclo lectivo, en tanto, el foco estará puesto en nuevas iniciativas relacionadas con comunicación, liderazgo y oratoria; técnica legislativa y transformación de los sistemas de salud y educación.

“La Escuela de Formación Debate y Análisis Político en una iniciativa de formación de líderes en lineamientos estratégicos, organización territorial y comunicación política y preparar a los integrantes de LLA PBA para dirigir los destinos de los bonaerenses en 2027″, remarcaron quienes están preparando el evento.

Si es que finalmente no participan ni Javier ni Karina Milei, el encuentro concluirá con un acto de cierre previsto para las 17:00, encabezado por Niveyro y Pareja, en el que “se pondrá en valor el rol de la formación y la batalla cultural como pilares del proyecto político en la Provincia”.

El acto se llevará adelante en un salón ubicado sobre la calle 25 de mayo al 272, en el corazón de Suipacha, misma lugar donde se realizó el año pasado.

En junio del 2025, en la previa de las elecciones legislativas provinciales, el Presidente encabezó el denominado “congreso libertario” que se hizo en La Plata, en el que criticó duramente a Kicillof, a quien calificó como “pichón de Stalin”.

Posteriormente, en noviembre, después de la derrota del oficialismo en los comicios bonaerenses y el triunfo en los nacionales, la secretaria general hizo lo propio en Mar del Plata, donde empezó a planificar la estrategia legislativa del partido y, al mismo tiempo, comenzó a disputar poder en la provincia de Buenos Aires.

A poco menos de un mes de participar de la ceremonia de asunción, el presidente Javier Milei recibió a su par de Chile, José Antonio Kast, este lunes lluvioso en Casa Rosada para reforzar el alineamiento y la coordinación regional. Por su parte, el mandatario chileno respaldó al Gobierno en su reclamo por los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En cumplimiento de la tradición, el líder del Partido Republicano eligió la Argentina como primer destino en el exterior, algo que también cumplió su antecesor, Gabriel Boric. Con una agenda de actividades acotadas, que se vio limitada por la tormenta que azotó a la Ciudad de Buenos Aires, ambos mandatarios se reunieron durante más de una hora y media junto a parte de sus Gabinetes en el despacho presidencial.

Al término de la reunión ampliada, las cancillerías de ambas naciones publicaron un comunicado conjunto en el que hicieron público parte del contenido del temario que incluyó además un punto relativo al proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.

“El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, destacaron en el domcumento conjunto.

Con la nueva visita, la primera desde su oficialización en el cargo el pasado 11 de marzo, los mandatarios exponentes de la derecha regional buscaron mostrar la sintonía ideológica y la capacidad de articulación política en distintos niveles de poder. Además, persiguió como objetivo potenciar la colaboración económica, energética y judicial entre ambas naciones, pero también intercambiar sobre cuestiones regionales e internacionales.

Kast llegó al país escoltado por miembros de su Gabinete durante la noche del domingo y fue recibido con honores. Este lunes tenía previsto participar de una ofrenda floral el monumento al Libertador General San Martín, ubicado en la Plaza San Martín, frente al palacio que lleva el mismo nombre, pero la actividad debió ser suspendida por el mal clima. En la previa, participó del un desayuno en la sede diplomática chilena con la senadora Patricia Bullrich, y otros legisladores, que incluyó además a la ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert.

Con al menos 10 minutos de demora, que sus equipos de comunicación le adjudicaron al tránsito en la ciudad, el mandatario chileno llegó a Casa Rosada a las 10.15, acompañado por un puñado de funcionarios que estuvieron presentes en la reunión.

La fanfarria militar del Alto Perú, apostada en el Salón de los Bustos, donde Milei recibió a su par, interpretó la marcha Avenida de las Camelias. Luego, Kast y Milei posaron algunos segundos en el Salón Blanco ante los fotógrafos de ambas delegaciones y la prensa acreditada.

Junto a Kast asistieron a la reunión ampliada los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y a subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Por su parte, el libertario que llegó al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30, se mostró escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También están presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

La reunión se dio días después de que la justicia argentina ordenara la detención con fines de extradición del ex guerrillero chileno Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, el exactivista no se encontraba en su vivienda y se encuentra prófugo. Ante la determinación, el abogado Rodolfo Yanzón, representante de Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas solicitando la inmediata intervención para frenar el proceso.

Al respecto, Pérez Mackenna agradeció a Quirno “los esfuerzos desplegados y apoyo brindado” por la cartera respecto del proceso de extradición. Algo similar planteó Kast en una breve conferencia de prensa que tuvo lugar en la Embajada de Chile en la que destacó que la administración libertaria hizo por el caso “mucho más que en años anteriores”. “Tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció además.

Como contó este medio, las principales claves del temario giraron en torno a la infraestructura, seguridad y comercio, por lo que ambos mandatarios coincidieron en la necesided de “generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado”.

Asimismo, está previsto que los países fortalezcan la conectividad entre Argentina y Chile a través de la “modernización” de los pasos fronterizos y la “optimización” de los procedimientos de control en frontera a través de la digitalización y mayor coordinación entre las autoridades.

La última vez que el reciente electo mandatario estuvo en Buenos Aires fue el 16 de diciembre, dos días después de haberse impuesto en los comicios del país vecino por sobre Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista de Chile. En aquella oportunidad, Milei y Kast protagonizaron su primera bilateral que se repite esta mañana. Luego del encuentro y de la conferencia de prensa en la Embajada de Chile, la delegación chilena regresará rumbo a Santiago de Chile.

Tras cumplir con sus compromisos internacionales, Javier Milei pasó por la reunión de Gabinete que encabezó Manuel Adorni, en otro gesto para ratificarlo en el cargo a raíz de los ruidos externos, para saludar a los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano) que cumplen años este lunes.

El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional es uno de los momentos más decisivos para la administración pública argentina. Para el ejercicio 2027, la administración nacional mediante la publicación fijó un cronograma específico para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual 2027-2029, estableciendo responsabilidades y fechas que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de cada etapa.

La decisión, formalizada mediante la publicación el Boletín Oficial de la Resolución 446/2026, involucra a una serie de áreas técnicas y de gestión que, como integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), quienes deberán cumplir con actividades y plazos establecidos en los anexos oficiales. El objetivo es asegurar la presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la fecha límite, el 15 de septiembre.

La organización de los trabajos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual recae en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta dependencia tendrá la misión de coordinar el GAEP y podrá ajustar el cronograma para adaptarse a la marcha de los trabajos, además de requerir colaboración de otras áreas si fuera necesario.

El proceso de formulación incluye la utilización de sistemas digitales como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales (SIFEP). Esta herramienta ha permitido perfeccionar la gestión y la presentación de la información presupuestaria por parte de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional, integrando múltiples actores bajo un enfoque macroeconómico y fiscal.

El cronograma oficial, cuya versión definitiva forma parte de los anexos de la resolución ministerial, comprende actividades que van desde la recopilación de información de base hasta la proyección de variables, la elaboración de anteproyectos y la redacción final del mensaje de remisión del proyecto de ley. Cada etapa está sujeta a plazos precisos, asignación de responsables y mecanismos de control interno.

El cronograma paso a paso

De acuerdo con el Anexo 1 que acompaña la resolución, desde el mes de abril de 2026, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía asumió la coordinación inicial del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Esta estructura es responsable de articular los trabajos, emitir instrucciones técnicas y acompañar a las jurisdicciones y entidades en cada una de las etapas fijadas en el cronograma oficial.

Durante los primeros días de este mes, la Oficina Nacional de Presupuesto comunicó las instrucciones y brindó asistencia técnica remota a todas las áreas involucradas. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecieron los criterios de priorización y selección de proyectos de inversión para el periodo 2027-2029. Esta fase inicial incluyó la carga en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de los requerimientos recibidos tanto de jurisdicciones y entidades nacionales como de empresas públicas y fondos fiduciarios.

El cronograma establece que la recopilación y presentación de la información relativa a la planta ocupada de cargos y la ejecución mensual del gasto en personal correspondiente al año 2026 debía culminar a principios de mayo. Este insumo es fundamental para proyectar los recursos humanos del sector público.

Entre el 20 de abril y el 4 de mayo, la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto a la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones, trabajará en la proyección de las variables macroeconómicas para el período 2027-2029. Casi simultáneamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos se encargó de estimar los recursos impositivos y las contribuciones a la seguridad social. La Subsecretaría de Financiamiento, por su parte, programará el servicio de la deuda pública interna y externa, desglosando intereses, amortizaciones y comisiones según tipo de acreedor.

Otro de los hitos clave es la programación de los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales, tarea que recayó en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Todos estos aportes confluirán en la formulación preliminar del presupuesto, que cada jurisdicción y entidad nacional tendrá que remitir digitalmente entre el 4 y el 29 de mayo.

Tras la integración de la información y la revisión de los avances, el proceso continuará con la elaboración y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Congreso, actividad que se extenderá hasta fines de junio. A continuación, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto prepararon los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029, que serán comunicados oficialmente a las jurisdicciones y entidades entre el 30 de junio y el 3 de julio.

Durante julio y agosto, las jurisdicciones y entidades nacionales formularán y remitirán sus anteproyectos de presupuesto mediante firma digital, utilizando el sistema eSIDIF-FOP. En paralelo, fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del sector público nacional no financiero realizaron la misma tarea a través del sistema SIFEP, asegurando la cobertura de todos los componentes del sector público argentino.

La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de Ley de Presupuesto, a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese mismo período, se preparrá y remitirá la información macrofiscal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento a la Ley 25.917. Además, se estimarán los resultados primarios y financieros por nivel de gobierno, así como los límites de endeudamiento y la proyección de recursos por provincia y ciudad autónoma.

Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán y consolidarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. Finalmente, el 14 de septiembre fue la fecha fijada para la remisión formal del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del plazo legal establecido.

La elaboración y remisión del Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará hasta finales de octubre, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto.

El Gobierno argentino dispuso la realización de un acto de distinción dirigido a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco de la conmemoración del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que será el año entrante. La medida ya había sido anunciada por el presidente Javier Milei durante los actos realizados el pasado 2 de abril.

Hace unos días, Milei aseguró: “El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”.

Finalmente, la decisión se formalizó a través de la publicación del decreto 218/2026 en el Boletín Oficial. Según especificaron, se tratará de un acto de carácter conmemorativo, simbólico y testimonial, que se realizará bajo las modalidades y formalidades que determine la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

El próximo 2 de abril no solo será una nueva oportunidad apra que la Argentina reitere su reclamo de soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sino que también se tratará del 45° aniversario del inicio del conflicto bélico.

En este marco, este acto especial dispuesto por el Estado nacional tiene el objetivo de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio. La conmemoración busca mantener viva la memoria de los combatientes y reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre los territorios disputados, según se desprende del texto oficial.

De hecho, Milei aclaró que “no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra Patria”. Para ello, afirmó que es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas, e indicó: “Se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

Durante el acto, el mandatario enfatizó en la necesidad de brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras.

“Como Gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República”, dijo sobre el inicio de su mensaje.

Con respecto al reclamo de soberanía, el Presidente reafirmó derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” y recordó que “el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”.

Por esto mismo, agradeció los “reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios”.

En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.

La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.

El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.

Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.

Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.

Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.

Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.

“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.

Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.

Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.

“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.

En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.

Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.

En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.

En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.

Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.

La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.

El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.

Desde que llegó al Gobierno, el presidente Javier Milei cumplió con una de las promesas de su campaña: tener un fuerte alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y con Israel, lo cual se mantiene incluso en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que inició después de que él llegara al poder.

Recientemente, esta postura incluso se intensificó, primero con la decisión de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y, posteriormente, con la orden para que el encargado de negocios de Irán abandone el país, dos medidas que se tomaron en menos de 72 horas.

Previamente, la administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares, como Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre del 2023, que iniciaron en la Franja de Gaza.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo paso en este sentido será el de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en lo que será un importante gesto simbólico a nivel internacional y una muestra de respaldo definitivo hacia Israel.

“Estamos buscando la fecha para concretarlo”, precisó a este medio un integrante de la cúpula nacional, que ratificó además que la iniciativa se mantiene firme, incluso con las tensiones en esa región.

En junio del año pasado, el propio Milei había anticipado su determinación de mudar durante el 2026 la sede diplomática hasta esa histórica ciudad, lo que representa reconocer a esa zona, en disputa desde hace siglos por ser el centro de varias religiones, como la capital del Estado hebreo.

Fur durante su discurso en el Knesset (el parlamento de ese país), donde también habló el primer ministro local, Benjamin Netanyahu, quien agradeció el respaldo desde Buenos Aires y remarcó que el líder de la Casa Rosada “ha defendido la verdad frente a la falsedad, comprendiendo que esta es una guerra de justicia sin precedentes”.

“Durante los últimos 20 meses, hemos estado luchando contra los monstruos humanos que secuestraron, agredieron y decapitaron el 7 de octubre. Ante esta agresión brutal y sin precedentes, usted habló con absoluta claridad: Estamos con usted en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad”, agregó.

Por su parte, el titular del órgano legislativo, Amir Ohana, calificó la decisión como un “momento histórico en la historia de las relaciones entre Israel y Argentina” y elogió a Milei por “elegir la verdad por encima de la conveniencia, la fe por encima de las modas y la brújula moral por encima de la conformidad automática”.

Hasta el momento, los únicos gobierno que concretaron el traslado de sus embajadas a Jerusalén fueron los de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Más acá en el tiempo, después de que el Gobierno ordenara que el encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, abandone la Argentina en 48 horas, fue el canciller israelí, Gideon Sa´ar, quien agradeció públicamente.

“El régimen terrorista iraní es letal tanto para sus propios ciudadanos como para sus vecinos, y constituye la principal amenaza para el orden y la seguridad mundial. No es legítimo. Punto”, escribió Sa´ar en su cuenta de X.

Hace algunos días, el Presidente participó de un nuevo aniversario del atentado a la embajada de Israel, durante el cual calificó a la república islámica como “una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”.

“Hoy, la Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, que intentó, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”, sostuvo en ese acto.

Por otra parte, el mandatario tiene en carpeta un nuevo viaje a Tel Aviv para el 21 de abril próximo, ya que fue invitado por Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha’atzmaut, en hebreo), por lo que ambos volverían a encontrarse.

Las autoridades nacionales confían en que para ese momento el conflicto en la región haya disminuído y, de hecho, fuentes diplomáticas confirmaron a Infobae que, por lo menos hasta ahora, el gobierno argentino no solicitó ninguna medida de seguridad especial para esta visita.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció la inminente presentación y aprobación de reformas legales orientadas a contener la expansión de la extorsión, las maras y las pandillas, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno nacional.

Este plan ha situado el combate a la criminalidad como objetivo prioritario de la agenda legislativa y ejecutiva. Según confirmó Zambrano, la extensión de estos delitos limita el desarrollo de comunidades urbanas enteras y ha puesto en jaque la estabilidad social del país.

El Congreso Nacional se prepara para aprobar nuevas herramientas jurídicas que permitan a instituciones como el Ministerio Público de Honduras, la Policía Nacional y el Poder Judicial investigar, procesar y sancionar con mayor eficacia a los integrantes de estas estructuras criminales.

Aunque Zambrano no adelantó detalles específicos de las próximas reformas, anticipó que el foco estará en el endurecimiento de las penas, la agilización de los procesos judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación. Sobre esto afirmó: “Vamos a aprobar un par de reformas en los próximos días”.

Uno de los fenómenos que más alarma genera es la extorsión, conocida popularmente como “impuesto de guerra”, que afecta a miles de pequeños y medianos empresarios, transportistas y comerciantes en zonas urbanas donde las maras y pandillas ejercen control territorial y económico.

Esta práctica constituye una de las principales fuentes de ingresos de los grupos criminales y, según Zambrano, genera un “clima de miedo e inseguridad que limita el desarrollo de las comunidades”. El presidente del Congreso remarcó que las reformas brindarán “las herramientas necesarias a los operadores de justicia para que puedan hacer frente a estos grupos que desatan zozobra en Honduras”.

Estas iniciativas legislativas se enmarcan en la estrategia de seguridad priorizada por el presidente Nasry Asfura, quien, de acuerdo con Zambrano, ha logrado avances no solo en el combate a la criminalidad, sino también en “salud, infraestructura, inversión y generación de empleo”, gestión que el titular del Congreso describió como orientada al desarrollo continuo de Honduras.

Zambrano reconoció que el desafío de la seguridad permanece pendiente y requiere respuestas coordinadas y firmes de todos los poderes del Estado. Tras detallar los logros en otros frentes, afirmó la necesidad de “acciones contundentes y coordinadas entre los distintos poderes del Estado”, informó.

En paralelo a las reformas en materia criminal, Zambrano abordó la investigación sobre Koriun Inversiones, una presunta estafa piramidal que habría provocado pérdidas millonarias a miles de hondureños.

El presidente del legislativo subrayó la magnitud del caso e insistió en su resolución al declarar: “Miles de millones de lempiras no se pueden guardar bajo el colchón. Tiene que haber dinero, inmuebles y transferencias”, reclamando justicia y transparencia en el proceso.

El funcionario informó que el Congreso Nacional mantendrá un seguimiento activo de la causa para asegurar que no haya impunidad. Solicitó al Ministerio Público y a las instituciones judiciales que actúen “con diligencia y transparencia”. También declaró: “El nuevo Ministerio Público, en coordinación con los demás operadores de justicia, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, llevando a los tribunales a los responsables de este grotesco delito”.

La estafa atribuida a Koriun Inversiones expuso cuán expuestas están miles de familias ante mecanismos fraudulentos que prometen beneficios desproporcionados en un contexto de limitadas oportunidades económicas y escasa inclusión financiera.

Analistas consideran que para restablecer la confianza institucional y promover el desarrollo sostenible, la lucha contra la criminalidad requiere acciones paralelas contra la corrupción y los delitos económicos.

Se advierte que la eficacia real de estas reformas dependerá tanto de su aprobación como de la capacidad del Estado para ejecutarlas de manera coordinada, fortalecer la independencia del sistema judicial y robustecer sus instituciones.

Sectores de la sociedad civil exigen que la respuesta legislativa vaya más allá del endurecimiento de las nuevas estrategias e integre políticas sociales para prevenir la violencia y atacar sus causas estructurales, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, factores que suelen ser aprovechados por las organizaciones criminales.

A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Gabriela Zangaro, ya al mando de la OA

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico que comenzó en 1989.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

El organismo es, según se explica en su web, el encargado de “fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.

En este lugar estaba Melik, una figura cercana al ex ministro, Mariano Cúneo Libarona, que entre sus acciones más relevantes tuvo la firma de una resolución que recomendaba interpretar el accionar del presidente Javier Milei en el marco del caso $Libra “como un acto de comunicación individual o privada”.

Matías Álvarez, el elegido para la UIF, que debe superar primero con los filtros

En esta institución, que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de Justicia, su nombramiento “está todavía con el proceso formal” que incluye “una audiencia pública a fin de mes donde la gente puede presentar objeciones”.

Tal como había detallado este medio, la designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

El abogado está formado en la persecución de delitos complejos y cuenta con una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde se desempeña desde diciembre de 2023 como fiscal federal coadyuvante.

La Procuración

En un primer momento, se dijo que la salida de Cúneo Libarona no iba a implicar cambios en esta área; luego, se anunció que finalmente sí iban a haber novedades, pero las mismas no se comunicaron hasta un día después, en medio de rumores de reestructuración del organigrama.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

La IGJ fue para Alejandro Ramírez

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

Esta decisión no estuvo libre de polémica tampoco, ya que en su carta de despedida, el ahora ex funcionario lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, en una clara referencia a la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Incluso, una de las últimas medidas de Vítolo fue enviar un segundo pedido para que el Ministerio designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a esa institución deportiva.

Tras su salida y la llegada de Ramírez, el trámite continuó su curso y tan solo cinco días después el Gobierno habilitó la auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la AFA, eligiendo para llevar adelante esta tarea a los mismos expertos que había recomendado la gestión anterior.

Más recientemente, y ya en el marco de la denuncia por presunta retención indebida de aportes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, el próximo anuncio oficial

Por último, aunque todavía no se hizo efectivo por cuestiones administrativas, ya está decidido que Leonardo Szuchet va a reemplazar a Joaquín Mogaburu en la subsecretaría de DDHH.

“El cambio es un hecho. Ambos involucrados ya lo saben”, confirmó a este medio una fuente de la cartera que conduce Mahiques, que de esta forma también avanza en un área muy sensible.

El nuevo funcionario es un abogado penalista que ya ocupó puestos en esta misma Secretaría durante la administración de Mauricio Macri, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación.

En el cierre de otra semana corta, el presidente Javier Milei se volverá a mostrar este jueves junto a Manuel Adorni en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en lo que será otra muestra de respaldo hacia el funcionario, que por el momento se mantiene firme en el cargo.

Será la primera vez en días que el jefe de Gabinete aparezca públicamente, luego de otra actividad oficial que también compartió con el mandatario el viernes pasado, cuando juntos visitaron un centro de formación del Ministerio de Capital Humano.

Esta vez, la convocatoria será en la Plaza San Martín, situada en el barrio porteño de Retiro, alrededor de las 10:00, donde dejarán una ofrenda floral en memoria de los fallecidos durante el conflicto en el Atlántico Sur.

Previamente, el jefe de Estado brindará un discurso en el que se espera que no hable de la polémica en torno a Adorni, sino que se limite a reafirmar el reclamo de la Argentina por la soberanía del archipiélago.

De acuerdo con lo que anticiparon a Infobae fuentes oficiales, para este homenaje se invitó a “un grupo mucho más grande de veteranos que el año pasado” y se espera que sea “más abierto que en otras oportunidades”.

Se prevé que entre el público estén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y los ministros Alejandra Monteaoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Diego Santilli (Interior), entre otros.

Por su parte, el jefe de Gabinete iba a encabezar una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada este miércoles, como parte de una estrategia comunicacional de mostrar más al funcionario y así tratar de superar los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Sin embargo, el encuentro frente a los periodistas se suspendió y, en cambio, Adorni se trasladó hasta la Quinta de Olivos para tener una conversación a solas con el Presidente, quien le preparó una agenda de reuniones y así despejar las dudas sobre su continuidad, al menos por una semana más.

En un breve comunicado que salió luego, se precisó que ambos “repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

“Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027″, se detalló.

Los encuentros comenzarán el lunes, con Alejandra Monteoliva, en la sede de Seguridad; seguirán el martes, con Mario Lugones, en Salud, y terminarán el miércoles, a las 10, con un cónclave con Presti en el Edificio Libertador.

No obstante el anuncio, cuando recién se conoció la decisión, en algunas de estas carteras no estaban al tanto de que tenían que recibir al funcionario y, además, preparar una lista de objetivos para los próximos dos años.

De hecho, en el entorno de uno de los ministros señalaron que las proyecciones ya fueron presentadas durante los encuentros que mantuvieron con el propio Adorni algunos días atrás.

Otra de ellas, sin embargo, cuando se enteró preparó las propuestas: “Van a ser varios avances en gestion y proyectos de leyes en los que se trabajaron y se están trabajando”, precisaron.

Efectivamente, podo después de que comenzara la polémica por sus presuntas propiedades y viajes al exterior, el jefe de Gabinete incluso se fotografió con Karina Milei, Logines, Monteoliva, Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Pablo Quirno (Cancillería) y Luis Caputo (Economía), aunque también tuvo otros encuentros que no se difundieron.

Recientemente, la Justicia citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que fue la que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito que el ministro coordinador adquirió por unos 230 mil dólares.

Según trascendió, la mujer ya habría estado involucrada en otra causa por la que fueron condenados dos narcotraficantes y el portal Letra P reveló que meses atrás visitó al funcionario en Casa Rosada.

La vivienda se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos jubilada que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

El fiscal Gerardo Pollicita es quien tiene en su poder la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario, un expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo y en la que se sumaron también los viajes privados hacia y desde Puta del Este, que fueron abonados, según las facturas, por el periodista Marcelo Grandio -amigo de Adorni- y una productora vinculada a él.

Mientras siguen las sospechas, en el Gobierno insisten en que el jefe de Gabinete sigue firme en su lugar y que no va a renunciar ni va a ser echado. Quienes suenan para un eventual reemplazo, también continúan negando categóricamente haber recibido una propuesta para sucederlo.

La confianza del sector agropecuario en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 su punto más elevado de los últimos nueve años, de acuerdo con el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), elaborado a partir de la Encuesta CREA.

El estudio, refleja que tanto la percepción sobre las condiciones actuales, como las expectativas de futuro mantienen valores superiores al promedio histórico, aunque persisten focos de incertidumbre que condicionan la toma de decisiones, según difundió el Movimiento CREA, la red de productores que nuclea a más de 2.000 empresas agropecuarias y es una de las principales referencias técnicas del sector.

El ICEA trepó a 70 puntos en marzo de 2026, lo que representa una suba del 4,5% respecto de noviembre de 2025 y un 7,7% en términos interanuales. El promedio histórico del indicador es de 48 puntos, lo que ubica al indicador en uno de los puntos más altos de toda la serie relevada.

El impulso fundamental proviene de una mejora considerable en la evaluación de las condiciones presentes por parte del sector agroindustrial. El subíndice de Condiciones actuales creció hasta 65 puntos —un 13,8% más que en noviembre de 2025— y consolida la tendencia positiva iniciada a mediados de 2025.

Por su parte, el subíndice de Expectativas se ubicó en 75 puntos, manteniéndose en niveles superiores al promedio pero cediendo 2,5% en comparación con la medición previa, lo que sugiere un clima de mayor volatilidad e incertidumbre en el corto plazo.

La mejora del agro supera a la del contexto económico

El análisis por sectores revela dinámicas distintas. La percepción sobre la situación económica nacional experimentó una baja leve del 2,2% frente a noviembre de 2025, tras el repunte posterior a las elecciones de octubre de ese año, sin replicar los máximos alcanzados durante la actual administración.

En contraste, la valoración de la situación de la empresa mostró una mejora sustancial del 6,3%, alcanzando los 70 puntos, el registro más alto desde marzo de 2017. El subíndice de Situación del sector agropecuario evidenció un crecimiento del 11,8% frente a la medición previa y del 31,6% interanual.

Según el relevamiento, la mejora se explica por mejores expectativas de precios y por una mayor predisposición a invertir, especialmente en el rubro ganadero.

Este último segmento exhibe un diferencial importante: el 82% de los empresarios exclusivamente ganaderos considera actualmente que es un buen momento para invertir, mientras que solo el 28% en agricultura y el 19% en lechería comparten esa percepción.

Esta brecha destaca el dinamismo particular del sector ganadero en el actual contexto. La industria está impulsada por altos valores en el mercado internacional y por una recuperación en los precios en el negocio local. La mayor demanda prevista, en parte, por los acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos y la esperanza de una mejora en los pedidos por parte de Asia -especialmente, China- y Europa, también mejora las proyecciones del sector ganadero argentino.

Volatilidad y recuperación

El recorrido del ICEA y sus subíndices entre noviembre de 2012 y marzo de 2026 registra varias fases marcadas. Hasta 2016, las líneas de confianza muestran un crecimiento sostenido, con un pico relevante ese año. Posteriormente, se verifica una caída abrupta que se extiende hasta mediados de 2017, una leve recomposición hacia 2018 y una recaída durante el bienio 2019-2021, donde predominan valores bajos y alta volatilidad.

A partir de 2022, las mediciones del ICEA señalan una recuperación gradual, con especial énfasis en las expectativas de futuro y la confianza general; las condiciones actuales también mejoran, aunque a un ritmo moderado. Para marzo de 2026, todos los indicadores (ICEA, condiciones presentes y futuras) se sitúan claramente por encima de su promedio histórico, confirmando una percepción de mejora tanto en el presente como en las proyecciones a futuro.

El recorrido del ICEA entre 2012 y marzo de 2026 muestra varias etapas bien marcadas. Tras una mejora sostenida hasta 2016, cuando se alcanzó uno de los picos más altos de la serie, la confianza cayó con fuerza y se mantuvo débil hasta 2021, con alta volatilidad y valores bajos. Desde 2022 comenzó una recuperación gradual que se fue consolidando durante 2025 y que en marzo de 2026 ubica tanto el índice general como los subíndices de condiciones actuales y expectativas claramente por encima del promedio histórico.

Al mismo tiempo, la percepción sobre la situación del país sigue siendo la más inestable, mientras que la evaluación sobre las empresas y el sector agropecuario muestra una mejora más sostenida.

Fuentes próximas al sector informaron que la decisión de Ángel Escribano de abandonar todos sus cargos en Indra se produce tras un periodo de intensa presión ejercida tanto por el Gobierno español como por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que desde hace semanas han solicitado su relevo en la presidencia de la compañía tecnológica y de defensa. Según publicó Europa Press y adelantó el diario ‘La Razón’, Escribano comunicará su dimisión la tarde de este miércoles ante el consejo extraordinario convocado a las 17:00 horas para evaluar este asunto.

El medio Europa Press detalló que la celebración del consejo tiene como objetivo principal tratar la renuncia del actual presidente, quien lideraba el máximo órgano de decisión de Indra. El proceso responde a las peticiones reiteradas del accionista mayoritario estatal, SEPI, que ha jugado un papel determinante en la petición de salida de Escribano, de acuerdo con fuentes que han confirmado la información al medio. SEPI, dependencia del Ministerio de Hacienda, posee una participación relevante en la compañía y mantiene un elevado nivel de influencia en las decisiones estratégicas de la firma.

Según informó Europa Press, la salida de Escribano representa la culminación de una serie de demandas impulsadas desde la administración pública con el propósito de renovar la estructura directiva de Indra. Estas solicitudes se relacionan con el interés gubernamental por fortalecer el control estatal en empresas clave de sectores tecnológicos y de defensa, considerando el papel de la compañía en la provisión de soluciones críticas para la administración y la seguridad.

Tal y como consignó Europa Press, la convocatoria al consejo extraordinario fue comunicada a los miembros del órgano de administración con el objetivo de abordar exclusivamente la dimisión de Escribano y las posibles consecuencias para el gobierno de la empresa en el corto plazo. De acuerdo con la información disponible, las fuentes conocedoras consultadas por Europa Press han confirmado que la renuncia del presidente será efectiva este mismo miércoles tras la reunión.

Indra, empresa cotizada en el IBEX 35, atraviesa desde hace meses una etapa de reconfiguración interna en su dirección, en la que la posición de su presidente ha sido objeto de atención mediática y política debido al elevado peso de los accionistas públicos en sus órganos de gobierno. Según publicó Europa Press, la presión para la salida del máximo directivo se ha intensificado en las últimas semanas, lo que aceleró la convocatoria del consejo y la decisión de Escribano de abandonar todos sus cargos.

El diario ‘La Razón’, que adelantó la noticia, añadió que la renuncia se inscribe en un contexto de creciente intervención estatal en el liderazgo de compañías consideradas estratégicas para la seguridad y la innovación tecnológica nacional. El proceso de sustitución del presidente abrirá una nueva etapa para Indra, en la que el Gobierno y la SEPI buscarán definir un perfil directivo alineado con sus prioridades y los objetivos del accionariado público.

Según Europa Press, el anuncio de la salida de Escribano será uno de los puntos centrales del consejo extraordinario y marcará un hito en la reconfiguración de la gestión de la empresa en el corto plazo. La reunión de hoy a las 17:00 horas se convertirá en el escenario clave en el que se formalizará la renuncia y se abrirá el debate sobre el nuevo liderazgo de la compañía, mientras tanto la dirección interina deberá asumir la gestión hasta la designación de una nueva presidencia bajo las directrices que establezca el principal accionista.

El desenlace de este proceso, reportaron tanto Europa Press como ‘La Razón’, será relevante para la comunidad inversora y para los empleados de Indra, habida cuenta de la importancia estratégica de la firma para el sector tecnológico y de defensa, y del papel que desempeñan las instituciones públicas en su accionariado y estructura de gobierno.

El Estado peruano proyecta ampliar el acceso a fertilizantes orgánicos en el campo con una intervención centrada en uno de los insumos más antiguos de la agricultura nacional. La iniciativa busca sostener la producción de alimentos en pequeñas unidades agrarias, con énfasis en familias que enfrentan limitaciones para adquirir insumos a precios de mercado.

La medida parte de un plan oficial que fija metas de extracción y distribución para el próximo año. El objetivo consiste en asegurar que miles de productores dispongan de un abono natural con alto valor nutritivo para sus cultivos, en un contexto donde los costos de producción presionan la economía rural.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego definió una estrategia operativa junto a su programa ejecutor, con recursos asignados y zonas específicas de intervención. La propuesta también incorpora un componente ambiental, al priorizar prácticas agrícolas con menor dependencia de insumos químicos.

Distribución nacional y alcance productivo

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de AGRO RURAL, prevé la distribución de 14 mil 765 toneladas de guano de las islas durante 2026. Este volumen se destinará a 13 mil 731 familias de la agricultura familiar en 23 regiones del país, según información oficial del sector.

El plan cuenta con un presupuesto de S/ 20 millones, orientado a cubrir las etapas de extracción, procesamiento y comercialización del producto a precio social. La intervención apunta a facilitar el acceso de pequeños productores a un fertilizante orgánico que mejora las condiciones del suelo y favorece el rendimiento de diversos cultivos.

Entre los productos agrícolas que se beneficiarán figuran café, papa, maíz amiláceo, cacao, quinua, cebada, trigo, frutales y pastos. La meta incluye el abonamiento de más de 27 mil hectáreas, con impacto directo en la producción y en los ingresos de las familias involucradas.

Desde el sector agrario se señala que esta política permitirá reducir la dependencia de insumos químicos, al tiempo que refuerza la estabilidad productiva en distintas regiones del país.

Zonas de extracción y logística

De acuerdo con el Plan Anual de Extracción 2026 de AGRO RURAL, las operaciones se concentrarán en puntos estratégicos del litoral peruano. Las actividades se desarrollarán en la isla Macabí, la isla Santa, Punta San Juan y el terminal portuario de Chimbote.

Estas zonas concentran importantes reservas del recurso, cuya extracción se realiza bajo supervisión estatal. AGRO RURAL mantiene la exclusividad en la gestión del guano de las islas a nivel nacional, lo que incluye su procesamiento, almacenamiento y distribución mediante unidades zonales.

Un fertilizante con historia y valor agronómico

El guano de las islas es reconocido por su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Su uso permite mejorar la fertilidad del suelo y elevar la productividad agrícola sin recurrir a productos sintéticos.

El interés por este recurso no es reciente. En 1803, el naturalista Alexander von Humboldt observó durante su recorrido por América del Sur que los suelos fertilizados con guano presentaban un desarrollo vegetal superior. Su hallazgo contribuyó a difundir su uso en otras regiones del mundo.

Décadas más tarde, en 1840, la llegada de cargamentos de guano peruano a puertos europeos marcó el inicio de un comercio internacional que abasteció a la agricultura en Europa y Estados Unidos. En ese periodo, los suelos agrícolas enfrentaban una alta demanda de nutrientes debido al crecimiento de la población urbana.

El origen del término también remite a prácticas antiguas. Civilizaciones precolombinas como los mochicas y los incas ya utilizaban este abono, cuyo nombre proviene del quechua “wánu”, que significa “abono”. Las islas del litoral peruano, como las Chincha, concentraron grandes depósitos gracias a la acumulación de excrementos de aves marinas en condiciones climáticas secas.

En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que se está llevando adelante un “plan de ordenamiento patrimonial destinado a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos”. Este proceso se desarrolla con el objetivo de organizar los activos de la institución bajo los nuevos lineamientos operativos.

Según el texto, el proceso técnico contempla el “relevamiento e inventario de bienes muebles”, así como su posterior “transferencia programada a la nueva estructura”.

Estas acciones se realizan en comunicación constante y “en coordinación con las Fuerzas Armadas”, asegurando que el traspaso de los elementos operativos se realice de manera ordenada entre ambas entidades.

Respecto a la propiedad de los activos de mayor envergadura, el Ministerio ha definido una postura clara: los “bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa”.

Esta decisión tiene como fin el “resguardando su función institucional y su carácter estratégico”, integrándose en una política que “garantiza su permanencia dentro de la órbita del propio Ministerio”.

Un punto central de la transición, que comenzó el 5 de febrero del presente año conforme a lo dispuesto por el “DNU 88/2026”, es la situación de las unidades de turismo. Los establecimientos hoteleros que actualmente administra el IOSFA “están siendo incorporados a la OSFA” como parte de este reordenamiento.

El futuro de estos complejos quedará en manos de la conducción de la nueva obra social. El propio directorio de OSFA, que cuenta con “representantes de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, será el organismo que tendrá un “rol decisivo en el destino futuro y modalidad de gestión de esos establecimientos”.

El Ministerio de Defensa subrayó que el plan de transición mantiene la “prioridad puesta en la cobertura de salud de los afiliados”. Bajo esta premisa, las autoridades competentes analizan distintas alternativas para “optimizar el funcionamiento de los hoteles, garantizar su uso y promover una gestión más eficiente y sustentable”.

Finalmente, el organismo aclaró que no se han tomado determinaciones definitivas sobre los modelos de explotación de estos servicios, ya que las “definiciones finales surgirán de los estudios en curso”. Los resultados de estos análisis técnicos y operativos “serán comunicados oportunamente” a través de las vías oficiales de la institución.

El dato de diciembre sobre la deuda pública no rebasó el máximo absoluto alcanzado en septiembre, cuando el pasivo de las administraciones superó los 1,700 billones de euros por primera vez en la historia, según consignó el Banco de España. Esa cifra representa un descenso respecto al récord observado en el tercer trimestre, situando el saldo a cierre de 2025 en 1,698 billones de euros. Este volumen evidencia un incremento anual, pero un retroceso en la ratio sobre el PIB, que queda en el 100,7%.

De acuerdo con la información publicada este martes por el Banco de España, la deuda pública de las administraciones españolas aumentó en 77.652 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en un avance interanual del 4,8%. Sin embargo, la proporción del endeudamiento respecto al PIB fue inferior a la de 2024, disminuyendo en un punto porcentual y fijándose en su menor nivel desde 2020. El medio detalló que esta rebaja también permitió que el resultado a cierre de año quedara por debajo de las estimaciones oficiales.

Según reportó el Banco de España, en relación al PIB, la deuda cerró en el 100,7%, apuntando una disminución de 0,9 puntos porcentuales en comparación al dato interanual y, de esta manera, consolidando una tendencia descendente. En el contexto del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), este dato también se utiliza como referencia para evaluar el cumplimiento de los criterios fiscales con la Unión Europea.

El Gobierno había previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) de octubre de 2024 que la deuda alcanzaría el 101,4% del PIB para el ejercicio de 2025, aunque una revisión posterior en el Informe de Progreso Anual de ese año elevó la estimación al 101,7%. Conforme el ejercicio transcurrió, las autoridades del Ejecutivo indicaron que el porcentaje final estaría más próximo al 101%. Sin embargo, la cifra de diciembre se situó incluso por debajo de esa expectativa, según el Banco de España.

El descenso registrado en la ratio de deuda respecto al PIB se vio parcialmente facilitado por el comportamiento económico en el último trimestre. El saldo absoluto de la deuda experimentó una reducción del 0,7% respecto al máximo anotado tres meses antes, aunque el avance anual permaneció en el 4,8%. Este comportamiento intertrimestral se atribuye a que el endeudamiento público ya no siguió la misma tendencia alcista que en periodos previos, según información del Banco de España.

En lo relativo a las proyecciones para los años venideros, el Ejecutivo estima que la ratio de deuda sobre PIB alcanzará el 100,9% en 2026, según lo consignado en las previsiones oficiales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía indicaron que se encuentran en proceso de revisión y actualización de los datos macroeconómicos que formarán la base de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, una revisión motivada por el impacto de la guerra en Irán y las medidas adoptadas en el marco de la crisis internacional, de acuerdo a lo informado por el Banco de España y el propio Gobierno.

Las proyecciones del Gobierno para los próximos años señalan una baja paulatina: la previsión es del 100% en 2027, del 99,1% en 2028, con una senda descendente que llevaría la deuda pública al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. El recorte es sostenido pero no alcanza los niveles considerados prudentes por la Comisión Europea, marcados en el 60%. El medio Banco de España destacó que las proyecciones disponibles no concretan en qué momento el endeudamiento público español podría repuntar por debajo de ese umbral exigido por Bruselas.

El comportamiento de la deuda pública y su relación con el PIB forman parte del seguimiento fiscal dentro del Protocolo de Déficit Excesivo, que supone un compromiso para los países de la Unión Europea en el control del gasto y la estabilidad presupuestaria. El seguimiento de estos indicadores resulta clave en la elaboración y aprobación de los presupuestos estatales y en la interlocución con las instituciones comunitarias, según ha transmitido el Banco de España en sucesivos informes.

El impacto de las circunstancias internacionales, como la crisis derivada del conflicto en Irán, y la aplicación de medidas anticrisis, serán factores que determinarán la evolución futura de la deuda y sus previsiones asociadas. El Banco de España y el Gobierno han coincidido en subrayar que estos elementos estaban propiciando la obligación de revisar los pronósticos anteriores, así como de establecer nuevas referencias para los ejercicios fiscales siguientes.

Mientras la senda de reducción propuesta se mantiene en las estimaciones a medio y largo plazo, la evolución exacta de la ratio deuda/PIB dependerá tanto del crecimiento económico como de la política fiscal adoptada por las autoridades. El organismo prevé que el seguimiento de la trayectoria del endeudamiento será uno de los elementos clave a observar en los años venideros, según las referencias más actualizadas publicadas.

Mientras en Buenos Aires las autoridades nacionales atraviesan momentos de tensión por el avance de la causa $LIBRA y las denuncias contra Manuel Adorni -y tratan de dejar atrás la polémica-, en el resto del país los gobernadores se muestran ajenos a esos conflictos y a la interna que atraviesa desde hace tiempo a la Casa Rosada, y continúan reclamando más fondos para sus provincias.

A pesar de la incertidumbre que se generó a partir de las causas que involucran al jefe de Gabinete, que enfrenta acusaciones penales por supuesto enriquecimiento ilícito, los mandatarios locales, en su mayoría, sostienen que no ha afectado el vínculo.

La cúpula libertaria viene sosteniendo desde el inicio al funcionario, que recibió el apoyo explícito del presidente Javier Milei y de la secretaria general, Karina Milei, luego de que se conociera que compró un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country que no figuran en su última declaración jurada.

De hecho, el lunes se volvió a reunir la mesa política del oficialismo para terminar de planificar la estrategia legislativa de cara a abril y, luego del encuentro, varios de sus integrantes aseguraron que el ministro coordinador “sigue 100% firme en el cargo”.

Si bien surgieron varias especulaciones sobre el futuro de Adorni, e incluso trascendieron algunos nombres de personas que podrían reemplazarlo en caso de que decidiera renunciar, esto es algo ajeno para muchos gobernadores, que llevan adelante sus negociaciones con otros actores nacionales.

“Todo lo que está pasando no complica, la verdad. Nosotros teníamos buena relación con Guillermo Francos, no con Adorni. Tenemos otros interlocutores de la Casa Rosada con los que hablamos por los temas del Congreso”, explicó a Infobae una fuente de diálogo fluido con uno de los mandatarios patagónicos.

Al respecto, en esta región señalaron que “las conversaciones se dan más con (el ministro del Interior, Diego) Santilli y con (su par de Economía, Luis) Caputo para solucionar cosas puntuales”.

“No es que sean ellos los referentes principales, pero con Guillermo sí el gobernador hablaba y buscaba arreglar cosas. Ahora, depende lo que se necesite va hablando o utiliza diferentes interlocutores. Y si tiene que hablar con el jefe de Gabinete, lo hace. Pero no es que arregle todo con él”, indicó.

Esta es la misma posición que toman en otros lugares del país, donde remarcan que “lo único que les preocupa es la merma de recursos coparticipables por la caída del consumo y la actividad económica”.

“Yo creo que todos están con sus propios problemas, generalmente asociados al cierre de paritarias, a la caída de los ingresos, a la falta de definiciones sobre las cajas previsionales, a la paralizaciín de las obras públicas”, resumió alguien que conversa con varios gobernadores “dialoguistas”.

En este sentido, remarcan que los mandatarios locales “son pragmáticos” y se van a adaptar para hablar con el funcionario nacional que les toque, por lo que no se sienten afectados por la interna entre Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En el norte, en tanto, aseguran que la relación con la Casa Rosada “sigue igual que siempre” y no les preocupa el futuro de Adorni, sino avanzar con algunos de los reclamos que vienen expresando desde el año pasado.

“El problema más acuciante de este país sigue siendo económico, no mediático. Sin un mínimo de aceleración económica, no se recauda. Sin recaudación para solventar gastos clave, el Estado se vuelve innecesario", cuestionaron.

En las últimas semanas, Santilli retomó sus viajes por la Argentina y ya se reunió con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, con el objetivo de conseguir sus apoyos a las reformas que la Nación va a plantear en el Congreso.

El ministro del Interior hará una pausa y volverá con su agenda de encuentros provinciales a partir del lunes que viene, luego de los feriados del 2 y 3 de abril.

En la última reunión de la mesa política se definió el orden de prioridades para las iniciativas parlamentarias: en primer lugar se buscará aprobar la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción, luego Hojarasca, para después continuar con propiedad privada y los pliegos de los jueces.

Por este motivo, se prevé que haya una fuerte actividad en la Cámara de Diputados, que tiene en su poder los dos primeros proyectos, y la discusión en el Senado se va a demorar un poco más.

También hay en carpeta un paquete de medidas para endurecer las penas de ciertos delitos y crear otros -que viene a reemplazar al nuevo Código Penal, cuya discusión se dejó para un futuro- y las modificaciones de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario.

Por su parte, los gobernadores vienen pidiendo alguna compensación por la caída de los ingresos generada por la baja del consumo, puntualmente a través de cambios en la distribución de la recaudación de algunos impuestos, como al cheque.

En junio del año pasado, en el momento de mayor tensión con la Nación, tras el fracaso de varias negociaciones, las provincias presentaron un proyecto para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos.

La primera de estas iniciativas fue aprobada por el Congreso, pero luego vetada por Milei, quien subrayó que la propuesta iba a perjudicar el equilibrio fiscal, mientras que la segunda nunca llegó a tratarse.

Luego de otra semana de tensiones, el Gobierno intenta concentrarse en los desafíos legislativos que tiene por delante y, en ese marco, la mesa política volvió a reunirse este lunes en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia con la cual se buscará aprobar las reformas que están en agenda.

El encuentro estuvo encabezado desde las 15:00 por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las oficinas que tiene dentro del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50, y duró poco más de dos horas, por lo que fue más largo que en ocasiones anteriores.

De la conversación participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El oficialismo pretende tratar en abril un paquete de medidas sobre propiedad privada; el proyecto de “Hojarascas”, que plantea derogar más de 70 normas consideradas obsoletas por esta administración; la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas, y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.

Por otra parte, en encuentro se da poco después de que se conociera que el juez penal económico Diego Amarante procesó a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

De todas formas, según confirmaron a Infobae algunos de los presentes, durante el cónclave no se habló mucho sobre este tema, que anteriormente preocupaba más al Gobierno. “Nos enteramos en la reunión y no lo tocamos más de dos minutos”, explicaron

En cambio, durante las más de dos horas se conversó sobre el fallo de la justicia de los Estados Unidos sobre la expropiación de YPF, favorable para la Argentina; la pelea en los tribunales locales por la reforma laboral y el envío de los primeros pliegos para los jueces.

De hecho, mientras se estaban debatiendo estos puntos, el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, emitió un comunicado en el que informó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 contra la reforma laboral.

Las autoridades nacionales buscan revertir la decisión de suspender cautelarmente un conjunto de artículos de la mencionada ley, un pedido que había hecho la CGT.

Además, se definió el orden de prioridades para las iniciativas: en primer lugar se buscará aprobar la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción, luego Hojarasca, para después continuar con propiedad privada y los pliegos.

Por este motivo, se prevé que haya una fuerte actividad en la Cámara de Diputados, que tiene en su poder las dos primeras medidas, y la discusión en el Senado se va a demorar un poco más.

En las últimas horas, por los pasillos de la Casa Rosada se la vio muy activa a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien, no obstante, no participó de la mesa política.

Asimismo, cuando estaba por terminar la reunión también arribó a la sede de Gobierno la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei.

Sin embargo, más allá de las especulaciones que podrían surgir a partir de esta visita, y las versiones que circularon en los últimos días, varios integrantes de la cúpula libertaria aseguraron que Adorni “sigue 100% firme en el cargo”.

El jefe de Gabinete viene siendo el centro de las críticas por parte de algunos sectores, principalmente de la oposición, por las causas judiciales que se le iniciaron a partir de las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito.

El funcionario es cuestionado por una casa en un country que habría adquirido en 2024, sumado a un departamento en el barrio porteño de Caballito en el que reconoció que estaba viviendo y al que se mudó meses atrás, conservando por el momento -aunque está a la venta- otro que tiene en Parque Chacabuco.

En respuesta a que Israel prohibiera al patriarca latino oficiar misa en la Iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos por motivos de seguridad, la portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, destacó que Benjamin Netanyahu “se ha quedado tan solo en esta decisión que ha tenido que rectificar”. López subrayó que ni siquiera Estados Unidos apoyó la determinación del gobierno israelí, reafirmando el respeto del PSOE por la libertad religiosa y de confesión e insistiendo en que cualquier impedimento de este tipo constituye un atentado inadmisible. Según informó Europa Press, la portavoz socialista expresó que “ese respeto y esa pluralidad nos hace mejores como sociedad y cualquier impedimento a la libertad de culto es un atentado que no se puede consentir”, en línea con la postura expresada por Pedro Sánchez, quien previamente había acusado a Netanyahu de atacar la libertad religiosa al impedir la celebración religiosa.

De acuerdo con Europa Press, Enma López defendió la decisión del Gobierno de España de cerrar el espacio aéreo a los aviones militares que participen en la guerra de Oriente Próximo, y afirmó que esa medida responde a la política de rechazo sostenida por el Ejecutivo ante la intervención estadounidense e israelí contra Irán. La portavoz señaló: “Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias el no a una guerra que es injusta, ilegal y va contra el orden internacional”. Este endurecimiento en la postura del Gobierno sucede después de que ya se prohibiera a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones militares relacionadas con este conflicto.

El medio Europa Press consignó que esta iniciativa fue criticada por la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, quien calificó la medida como “improvisada” e indicó que el presidente Pedro Sánchez no informó al Congreso sobre el cierre del espacio aéreo durante su última comparecencia ante el Pleno. García cuestionó que el anuncio se haya producido sin un debate parlamentario y lamentó la falta de explicaciones a los legisladores.

Enma López respondió a las críticas de la principal fuerza de oposición destacando que, según publicó Europa Press, no le sorprendieron los señalamientos ya que el Partido Popular rechaza sistemáticamente las actuaciones del Gobierno. Además, recordó que la oposición tampoco respaldó el decreto de ayudas fiscales impulsado por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo. En palabras de López, tal como registró Europa Press: “El PP está muy perdido, debería centrarse más en su utilidad para este país porque ahora mismo son inútiles para España y da la sensación de que están más con la guerra que con las ayudas”.

Según Europa Press, el debate político se intensificó después de que el PP acusara al Gobierno de actuar con fines electoralistas respecto a la decisión de cerrar el espacio aéreo y en su postura sobre la misa prohibida en Jerusalén. Alicia García, portavoz popular en el Senado, declaró que el presidente Sánchez busca “la redención porque la semana de Pascua, con el desfile de Ábalos y de todos los demás en los juzgados, se le va a convertir en una semana de penitencia”, añadiendo que Sánchez opta por felicitar el Ramadán y no la Navidad. Ante estas declaraciones, Enma López recalcó que la política del presidente y del PSOE no obedece a motivos electorales, sino a la coherencia con la defensa de la libertad de culto. López afirmó que el respeto a todos los cristianos es fundamental y consideró que la oposición debe modificar radicalmente sus argumentos para situarse en contra de las actuaciones del Ejecutivo.

El medio Europa Press precisó que la portavoz socialista reiteró la postura de su partido respecto al rechazo de la intervención militar en Oriente Próximo, resaltando que España llevará hasta las últimas consecuencias el “no a la guerra” al considerarla injusta, ilegal y contraria al orden internacional. Además, insistió en que la coherencia con los principios de libertad y respeto religioso impulsa la acción política del Gobierno y desmintió que existan intereses electorales tras las recientes decisiones adoptadas.

El encargado del Registro Civil debe valorar la existencia de un posible fraude de ley en cada solicitud de cambio de sexo, según lineamientos vigentes. El Gobierno respondió por escrito a una consulta parlamentaria del grupo Vox, afirmando que, a lo largo de 2025, un total de 5.148 personas realizaron cambios en la mención registral correspondiente al sexo en el Registro Civil. Así lo informó Europa Press tras revisar la respuesta del Ejecutivo, en la que se abordan distintas preguntas formuladas por los diputados de Vox.

La respuesta se refirió a los cambios registrados durante el año y aclaró que estos datos reflejan únicamente las modificaciones formales inscritas en el Registro Civil. Las preguntas de Vox incluyeron también solicitudes sobre eventuales fraudes y rechazos de cambios en años anteriores, así como el número de intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual realizadas durante 2025. El Ejecutivo indicó que las solicitudes de rectificación deben presentarse ante el encargado de cualquier oficina del Registro Civil y destacó que no existe un registro informatizado de denegaciones, por lo que dichos datos no están disponibles.

En cuanto al control de posibles fraudes, la respuesta del Gobierno señaló que corresponde al responsable del Registro Civil verificar que no se origine un fraude de ley o abuso de derecho. Para esto se basa en la instrucción emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública el 26 de mayo de 2023, en la que se detalla la aplicación estricta de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Según consignó Europa Press, la normativa instruye a los encargados de los registros a extremar el cuidado para evitar cualquier uso indebido en las solicitudes de cambio de sexo.

El medio Europa Press detalló además que el Gobierno explicó que los datos vinculados a cirugías de cambio de sexo no forman parte del Registro Civil, sino que se recopilan en el Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, concretamente en el Registro de Actividad de Atención Especializada. De forma paralela, el Ejecutivo respondió a una pregunta sobre el presunto incremento de agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres y argumentó que este aumento está relacionado con un contexto de mayor visibilidad y denuncia. El Gobierno atribuyó el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual a políticas activas de concienciación y a la reducción de la tolerancia social frente a estos delitos, indicando que ello propicia una mayor disposición de las víctimas a acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, disminuyendo los niveles de infradenuncia.

A lo largo de la respuesta, el Gobierno enfatizó la función del Registro Civil como órgano encargado de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y reiteró que las cifras conocidas corresponden únicamente a modificaciones en la mención registral de sexo. Sobre las preguntas relativas a solicitudes fraudulentas y denegaciones durante los años 2023 y 2024, así como para el año 2025, la Administración central explicó que estos datos no están recogidos en ninguno de los sistemas informáticos de registro y, por tanto, no resultan accesibles para su remisión.

El requerimiento de Vox sobre el número de intervenciones quirúrgicas también quedó respondido con la remisión al Ministerio de Sanidad, ya que es esta área la que registra y publica dicha información. Europa Press indicó que el Gobierno evitó proporcionar cifras concretas en este apartado, recordando que todas las operaciones médicas asociadas a procesos de rectificación de sexo quedan grabadas dentro de los registros hospitalarios y estadísticos especializados.

La respuesta parlamentaria, reseñada por Europa Press, concluyó señalando que los cambios en la mención registral y las estadísticas sobre delitos sexuales deben analizarse con base en la normativa vigente y el contexto de avance en las políticas de igualdad y prevención. El Gobierno insistió en que el incremento de denuncias refleja una disminución de la tolerancia social hacia la violencia sexual y un entorno más favorable para que las víctimas recurran al sistema de justicia y protección policial.

El número total de resoluciones emitidas por causas sobrevenidas en la provincia de Valencia alcanzó las 29.684 al cierre del 31 de diciembre de 2025, con 27.525 casos resultando favorables para migrantes que solicitaban la regularización de su situación administrativa tras el impacto de la dana de octubre de 2024. Según publicó Europa Press, esta medida se enmarca en una respuesta ejecutiva extraordinaria adoptada para ofrecer protección y prevenir situaciones de exclusión entre la población extranjera afectada por el fenómeno climático.

El proceso de regularización fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero del año anterior a partir del temporal, con una previsión inicial de al menos 25.000 personas beneficiadas. De acuerdo con la respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press tras la petición de información de Sumar, la cifra final superó esa estimación, con 27.525 migrantes obteniendo la resolución favorable y regularizando así su permanencia en el país. El procedimiento buscó amparar a quienes se encontraban en riesgo de caer en la irregularidad administrativa a raíz de la catástrofe meteorológica.

El mecanismo extraordinario respondió a un contexto en el que múltiples poblaciones de la provincia valenciana sufrieron severas consecuencias por la dana —una Depresión Aislada en Niveles Altos— experimentada en octubre de 2024. El episodio causó daños materiales y alteró el curso de vida de decenas de miles de personas, muchos de ellos extranjeros que vieron comprometidas sus condiciones de residencia y acceso a recursos básicos. Europa Press recogió que la decisión gubernamental se centró en prevenir la exclusión y proteger los derechos de este colectivo, asegurando que una adversidad climática no se traduzca en desamparo legal.

El informe oficial detalla también 2.159 resoluciones desfavorables dentro del proceso. Aunque estos casos no obtuvieron la regularización solicitada, representan una minoría frente al total de expedientes tramitados. El proceso de valoración incluyó un análisis de la situación administrativa y social de los solicitantes, priorizando criterios de vulnerabilidad derivados directamente del desastre ambiental.

De acuerdo con la consulta parlamentaria, la medida extraordinaria se implementó tras solicitudes de información por parte de Sumar, grupo parlamentario que mostró interés en conocer la magnitud de la población extranjera afectada y beneficiar con la regulación especial aprobada por el Ejecutivo español. Los datos facilitados muestran el alcance de la respuesta institucional ante emergencias climáticas y humanitarias.

Europa Press señaló que este proceso de regularización representó una política singular destinada a afrontar situaciones de "máxima vulnerabilidad" y evitar la irregularidad sobrevenida entre los colectivos migrantes. Las acciones gubernamentales incluyeron coordinación de administraciones y mecanismos especiales para agilizar la tramitación, reflejando un abordaje diferenciado frente a emergencias de origen natural.

La aprobación inicial del Consejo de Ministros partió de la premisa de que el cambio climático y sus eventos extremos pueden agravar riesgos de exclusión social, especialmente entre la población migrante con vínculos laborales y familiares potencialmente interrumpidos por desastres naturales. Según la información de Europa Press, el objetivo central residía en impedir que miles de afectados se vieran abocados a la pérdida de cobertura legal o de derechos básicos, reforzando los criterios de protección institucional ante circunstancias excepcionales.

Las estadísticas presentadas en la respuesta parlamentaria permiten dimensionar el impacto de la medida en la provincia de Valencia. La mayoría de las personas que iniciaron el proceso obtuvieron una resolución que les garantiza una situación administrativa estable en España, mientras que un porcentaje reducido no alcanzó los requisitos para su aprobación. El reporte de Europa Press enfatiza que la regularización se ejecutó tras un proceso de evaluación individualizado, enmarcado en la normativa definida para casos sobrevenidos derivados de un desastre.

La iniciativa gubernamental constituye una de las acciones más extensas de regularización extraordinaria aplicadas en España en los últimos años a raíz de un episodio climático, según cifras divulgadas por Europa Press. La combinación de factores sociales y ambientales tras la dana motivó la respuesta, articulando la protección legal con los mecanismos humanitarios necesarios para mitigar los efectos del evento extremo sobre la población extranjera residente en la provincia.

Enma López, portavoz adjunta del PSOE y secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social, afirmó que da la impresión de que para el Partido Popular ningún socialista cuenta con la formación o la valía necesaria para desempeñar cargos de responsabilidad. Según publicó Europa Press, López argumentó que esta actitud de descalificación por parte del PP hacia los miembros del gobierno socialista y su entorno se ha repetido a lo largo del tiempo y no se limita a un solo dirigente.

Esta declaración surgió tras una serie de críticas que el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigió a la designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa del Ejecutivo, en sustitución de María Jesús Montero. Tal como reportó Europa Press, Tellado consideró que el nombramiento de Cuerpo constituía una "trampa", al ser presentado como un perfil técnico y ecuánime, y lanzó varios reproches tanto a la figura del ministro como al presidente Pedro Sánchez. Según el dirigente popular, "los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez", sostuvo Tellado en declaraciones atribuidas por Europa Press.

El anuncio del cambio en la Vicepresidencia primera del Gobierno se produjo el pasado jueves, cuando Sánchez comunicó la salida de Montero para centrarse en su candidatura en las elecciones andaluzas, y a la vez hizo público el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, quien hasta ese momento ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial, según detalló el mismo medio.

Tellado, de acuerdo con Europa Press, llevó más allá su crítica señalando que quien acepta ser el "número dos" en el Gobierno "más corrupto de la historia", también acepta ser "el número dos de la corrupción, el número dos del sectarismo y el número dos de la degeneración institucional". Estas palabras marcaron el tono de confrontación en el debate político abierto en torno a los recientes nombramientos en el Ejecutivo.

En respuesta, Enma López lamentó, en una entrevista emitida por ‘La Hora de la 1’ y recogida por Europa Press, lo que considera una política de insulto y de desprecio por parte del PP. "Es una política de desprecio, es una política de insulto. Creo que deberían respetar más a su adversario y centrarse más en la política pero, por desgracia, a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", aseguró López. La representante socialista recordó que hasta fechas recientes el propio Cuerpo era valorado positivamente por el partido de la oposición y, al asumir sus nuevas competencias, pasó a convertirse en objeto de ataques. Según subrayó López, "hace un año, hace un mes, el señor Cuerpo les gustaba mucho, era el único que se salvaba y ha sido llegar a ser vicepresidente primero y resulta que ya parece ser que nada le vale".

A juicio de la dirigente socialista, el PP recurre de modo sistemático al agravio porque, según sus palabras, "a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", tal como recoge Europa Press. López opinó que el nivel de la oposición ha descendido y que, a veces, insultan directamente y en otras ocasiones tratan de retraerse, pero que el resultado es una escalada verbal que, en su opinión, empobrece el debate político.

El medio Europa Press detalló que entre los reproches de López también figura la actitud del PP respecto a las medidas sociales impulsadas por el Gobierno en los últimos años. La portavoz lamentó que los populares calificaran de "claramente insuficientes" las acciones del denominado decreto anticrisis presentado por el Ejecutivo y recordaba que el PP nunca ha votado favorablemente a ninguno de los decretos sociales adoptados en los últimos siete años. López sostuvo que la oposición ha ido cambiando de argumento en cada ocasión y afirmó que "han ido cambiando de excusas, es casi imposible llevar el hilo de todas las excusas que han ido poniendo", lo que, bajo su punto de vista, dificulta a la ciudadanía comprender la postura del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo.

Durante la entrevista, Enma López defendió los 5.000 millones de euros movilizados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Según resaltó y reportó Europa Press, la portavoz insistió en que estas ayudas han producido resultados en el corto plazo, mencionando que, tras la aprobación de las medidas, el precio de la gasolina experimentó una baja. Según López, estas iniciativas apuntan a no dejar a ningún ciudadano fuera, mientras que, en sus palabras, "las excusas" del PP -en referencia a su falta de apoyo a estos decretos- "no valen" y se han mostrado "inútiles para este país".

López reiteró que el partido de la oposición "nunca se puede contar con su apoyo a la hora de defender a los españoles y las españolas", insistiendo en que Vox, aliado parlamentario en ocasiones del PP, vota directamente en contra y que sus prioridades tampoco coinciden con las necesidades de la ciudadanía. Sobre la postura del partido liderado por Santiago Abascal, agregó que "hablan mucho de los españoles pero cuando llega la hora de la verdad en el fondo están con quien está poniendo aranceles al campo español y con quien está generando esta guerra injusta ilegal", según recogió Europa Press.

A lo largo de sus intervenciones, López mostró una visión crítica sobre el papel adoptado por el PP en la oposición, tanto en el tono empleado hacia sus adversarios como en relación con la ausencia de propuestas alternativas significativas frente a las decisiones recientes del Ejecutivo. Según subrayó, este escenario se ve reflejado en la dinámica parlamentaria y en el rechazo sistemático de los populares a las reformas y medidas orientadas a afrontar las crisis recientes. Los socialistas atribuyen esta actitud a una falta de rumbo y de proyecto político en el principal partido de la oposición, según consignó Europa Press.

Durante la reciente entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, reconoció que la designación presidencial lo tomó con sorpresa, ya que suele pensarse que cuando un nombre aparece en los medios como posible candidato, las probabilidades de ser seleccionado disminuyen. No obstante, señaló que la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comunicarle la propuesta le produjo satisfacción y reafirmó su compromiso con el nuevo rol asumido.

Según publicó Europa Press, durante la conversación en la emisora radial, Cuerpo reafirmó su adhesión a la ideología de izquierdas y subrayó su total identificación con las políticas socialdemócratas impulsadas por el actual Ejecutivo. Al ser consultado explícitamente sobre la posibilidad de afiliarse al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el ministro evitó confirmarlo, limitándose a destacar que se siente “muy cómodo” con las políticas que aplica el Gobierno. En su argumentación, afirmó: “Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, declaró, sin especificar si contempla la afiliación partidista, pero remarcando su orientación política de izquierdas.

Durante la entrevista, según detalló Europa Press, el ministro abordó los comentarios recurrentes sobre su supuesto perfil principalmente técnico, más que político. Frente a este planteamiento, Cuerpo se cuestionó “qué significa tener perfil político” y manifestó que ejerce su responsabilidad “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, precisó que incorpora su propio enfoque para liderar negociaciones y dialogar con otros grupos parlamentarios y formaciones políticas, utilizando el diálogo y la disposición a cooperar.

El medio Europa Press también recogió que, respecto a la distinción entre lo técnico y lo político en su labor, Cuerpo defendió que ambas facetas resultan compatibles. Explicó que afronta las responsabilidades institucionales desde su experiencia y preparación, pero que también prioriza la relación con los actores políticos y parlamentarios en el ejercicio cotidiano, manteniendo una actitud abierta y basada en la colaboración.

En la misma línea, Cuerpo revalidó la confianza depositada en las medidas impulsadas desde el actual Gobierno bajo la orientación socialdemócrata. Expresó sentirse vinculado personalmente a la agenda de políticas públicas desarrolladas, enfatizando su dedicación a la gestión pública y evitando polemizar sobre futuras decisiones personales en torno a la militancia.

Europa Press reportó que la intervención del vicepresidente primero dejó sin respuesta definitiva la cuestión sobre una potencial afiliación al PSOE, aunque puso de manifiesto su plena integración en el proyecto gubernamental actual y su concordancia con las líneas estratégicas marcadas por el Ejecutivo.

El Gobierno oficializó esta madrguada un nuevo aumento salarial para los empleados públicos. Este entendimiento, formalizado mediante el Decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y abarca a agentes permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El pacto fue oficializado con la homologación de las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para quienes prestan servicios extraordinarios —salvo los requeridos por terceros— fija topes que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para el cálculo de estas sumas no se tendrán en cuenta compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia ni otros conceptos fijos no bonificables, tal como se detalló en la normativa oficial.

A partir de enero, los aumentos serán del 2,50 % a partir de enero de 2026; del 2,20 % desde febrero; del 2 % en marzo; del 1,70 % en abril; y del 1,50 % en mayo, siempre calculados sobre la base de las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior.

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Las escalas retributivas de los diferentes escalafones y entidades comprendidas serán actualizadas conforme a los nuevos valores, incluyendo compensaciones por viáticos, servicios en la Antártida, reintegros de comida y movilidad, y gastos de guardería.

En cuanto al régimen de licencias, la normativa introduce modificaciones en los incisos b), c) y d) del artículo 3° del régimen sustituido por la Cláusula Primera del Acta Acuerdo del 29 de septiembre de 2020. Estas modificaciones alcanzan a licencias para rendir exámenes, por enfermedad, tratamientos médicos y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo. Se estableció que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas por el Decreto N° 56/20 mantendrán sus montos hasta el 31 de mayo de 2026.

Por otra parte, se acordó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000, a liquidarse en mayo de 2026, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Esta medida será de percepción única por persona y busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período.

Aumentos para residentes nacionales

La normativa también fija los montos para los profesionales residentes nacionales en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. A modo de ejemplo, la remuneración de un jefe de residentes será de $1.473.717 en enero y alcanzará $1.585.814 en mayo, mientras que los residentes de primer año percibirán $1.117.549 en enero y $1.202.555 en mayo.

Además, se actualizan las asignaciones de becas para residentes, que irán desde $470.883 para jefes en enero hasta $506.700 en mayo de 2026, y desde $353.803 a $380.715 para residentes de primer año en igual período.

Otras actualizaciones de salarios

El Gobierno también hizo efectiva la suba para cargos docentes y administrativos de escuelas y organismos estatales. La medida se oficializó mediante el decreto 208/2026 e impacta directamente en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y otras dependencias.

La medida también alcanza a quienes cumplen funciones en organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación, así como a quienes prestan servicios en la Antártida. De este modo, el nuevo esquema salarial pretende garantizar la actualización uniforme de los ingresos en todos los estamentos del Estado, en cumplimiento de los acuerdos paritarios y los dictámenes técnicos y jurídicos requeridos.

El decreto modifica la retribución mensual de los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

Para el personal del ISER, dependiente del ENACOM, la retribución mensual del cargo de Bedel se fija en $111.212 a partir del 1° de abril de 2026 y en $112.880 desde el 1° de mayo de 2026. El ajuste se establece en el artículo 2° y responde a la política de actualización periódica de los haberes estatales.

El valor de la hora cátedra para personal docente retribuido por este sistema en la administración central se fija en $8.143 desde el 1° de abril de 2026 y en $8.266 a partir del 1° de mayo de 2026. Esta actualización no comprende al personal docente civil bajo la Ley N° 17.409 ni a quienes están dentro del convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075. La nueva escala reemplaza la establecida por el Decreto N° 1536/08 y sus modificatorios.

En materia de viáticos, el decreto sustituye la tabla correspondiente al Decreto N° 686/08 por una versión actualizada (Anexo III, IF-2026-26826385-APN-SSDYMEP#MDYTE), que será de aplicación para el personal del Servicio Exterior de la Nación y cargos extraescalafonarios. Los valores y fechas específicas están consignados en el anexo respectivo.

El valor del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida se establece en $1.448.923 a partir del 1° de abril de 2026 y en $1.470.657 desde el 1° de mayo de 2026, conforme lo previsto en la Ley N° 23.547. Este ajuste alcanza al personal militar contemplado en el Decreto N° 690/11 y sus modificatorios.

En una semana que volverá a ser corta como la anterior, esta vez por los feriados del 2 y 3 de abril, el Gobierno intentará mostrar que está compenetrado en la gestión para cambiar de página y tratar de dejar atrás la polémica que envuelve desde hace días a Manuel Adorni.

Luego de haber dado una primera conferencia en la que buscó despejar las dudas sobre su patrimonio y viajes al exterior, aunque sin dar demasiadas explicaciones bajo el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones judiciales, el jefe de Gabinete planea retomar los encuentros periódicos con la prensa en Casa Rosada.

La próxima convocatoria está prevista para el miércoles, aunque el funcionario tiene en mente utilizar ese espacio para enumerar cuestiones de la administración y no para seguir hablando de las causas en las que se lo involucra, que su entorno quiere instalar como “algo terminado”.

De todas formas, en el corto plazo su intención es concentrarse en las reformas que va a impulsar el Poder Ejecutivo en esta primera etapa de las sesiones ordinarias a nivel legislativo, y es por eso que este lunes reunirá una vez más a la mesa política.

Con la interna en pausa para resistir los cuestionamientos, Adorni se verá nuevamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“Probablemente establezcamos la agenda con el Congreso de cara a abril y, después, también van a ir apareciendo, seguramente, temas que vayan a poner sobre la mesa cada integrante”, explicó a Infobae uno de los miembros de ese grupo.

Al respeto, precisó que, si bien los proyectos ya fueron anunciados, “la idea es ver en detalle cómo estamos y cómo avanzamos con cada asunto, sobre todo con lo dinámicas que están las cosas”.

Originalmente, la lista de iniciativas que iba a enviar el oficialismo estaba integrada por un paquete de medidas sobre propiedad privada, el nuevo Código Penal y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.

Sin embargo, a partir de gestiones de último momento, al temario se agregó el proyecto de “Hojarascas”, que terminó de armar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Asimismo, tras la llegada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se decidió suspender la discusión sobre el Código Penal para revisarlo en profundidad y hacer otra redacción.

Según trascendió, uno de los cambios que se analizan tiene que ver con una supuesta reducción de las penas para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, que previamente se planteaba endurecer.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a este medio que esas versiones “son mentira” y que “nadie habló de ese tema aún”, porque el texto recién va a comenzar a ser estudiado en los próximos meses.

En lo inmediato, esta cartera está terminando de preparar los proyectos que ya anunció y que fueron pedidos por el presidente Javier Milei, para reemplazar el debate por el Código Penal, como son la creación de nuevos delitos.

Por su parte, el flamante secretario de Justicia -virtual viceministro-, Santiago Viola, tiene en su poder una acordada presentada por la Corte Suprema para modificar el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura a la hora de entrevistar a los candidatos a jueces.

La propuesta del máximo tribunal, a la que accedió Infobae, establece un nuevo “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” con el objetivo de “corregir déficits estructurales” y mejorar la “eficacia, transparencia y agilidad del sistema”.

En los fundamentos se argumenta que esta reforma pretende que el acceso de los aspirantes a ese cargo se base en “criterios objetivos de mérito e idoneidad” y en un procedimiento “abierto al control ciudadano e institucional”, y no tanto en cuestiones políticas o coyunturales.

Para ello, el texto establece que la duración total del proceso de selección “no podrá exceder de noventa días hábiles judiciales”, contados a partir de la prueba de oposición, con una prórroga excepcional de treinta días adicionales.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la implementación de la “Prueba de Oposición Escrita (POE)”, la cual consta de dos instancias diseñadas bajo “estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control”.

En cuanto a la valoración de los candidatos, el reglamento establece un sistema de calificación de antecedentes con un “máximo de cien puntos”, donde se pondera la formación académica, los antecedentes profesionales y los académicos, incluyendo publicaciones y docencia.

De acuerdo con un cuadro comparativo que, aunque no es oficial, circula en los pasillos de los tribunales, el nuevo sistema invierte la lógica operativa actual al establecer que “la regla son los concursos anticipados” en lugar de los especiales.

Según el documento, esta modificación busca que el proceso “no corra detrás de las vacantes, sino que anticipe el hecho”, con el objetivo primordial de “evitar los largos tiempos de vacancia en los tribunales”.

El objetivo declarado de esta nueva modalidad es alcanzar una “mayor amplitud y objetividad” en la ponderación de las aptitudes jurídicas y prácticas de los concursantes, asegurando que el proceso de evaluación sea más integral.

Finalmente, se destaca la limitación de la “discrecionalidad política” en la etapa de la entrevista personal: a diferencia del régimen actual, donde la Comisión de Selección posee facultades discrecionales que “muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes”, el nuevo reglamento “limita la capacidad de convocatoria de la Comisión”.

Ahora, es el plenario del Consejo de la Magistratura el que tiene en su poder la acordada y debe decidir si la analiza, y eventualmente la somete a votación, o si prefiere no tratarla. Los miembros de la Corte Suprema le entregaron un borrador de la propuesta a Viola, que es el representante del Poder Ejecutivo ante ese cuerpo, durante el encuentro de la semana pasada, del que también participó Mahiques.

El secretario de Justicia considera que la iniciativa tiene muchos puntos interesantes y positivos, aunque hay varios expedientes abiertos para modificar el reglamento interno del Consejo que todavía no prosperaron.

Hasta el momento, el funcionario no se sentó a estudiar en profundidad el texto y también espera una opinión del resto de los integrantes del organismo, compuesto por referentes del Congreso y del mundo judicial y académico, tanto del oficialismo como de la oposición.

Su titular es Horacio Rosatti, por ser el presidente de la Corte Suprema, mientras que por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.

Por el Poder Legislativo están los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Gonzalo Roca.

Por los abogados con matrícula federal, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, y por el ámbito académico y científico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.

Si bien provienen de diferentes sectores, Viola cree que la composición actual del cuerpo permite un buen diálogo y llegar a concensos, aunque todavía no se empezó a discutir esta acordada.

La interpretación flexible de ciertos artículos del Reglamento Penitenciario permitió a cerca de 70 miembros de ETA acogerse a un modelo de control basado en dispositivos telemáticos, lo que evitó su estancia efectiva en prisión durante buena parte del día. Sobre este contexto reciente, el Partido Popular (PP) presentó una propuesta formal en el Congreso solicitando una reforma legal que blinde la privación de beneficios penitenciarios a quienes han recibido condena de prisión permanente revisable. Según informó el medio de referencia, el objetivo de la iniciativa es cerrar brechas legales tras los casos polémicos relacionados con la aplicación de medidas de semilibertad a delincuentes condenados por delitos de extremada gravedad.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el detonante directo de la propuesta de los ‘populares’ fue la flexibilización de la condena al exdirigente etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’, bajo el amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este instrumento legal permite compaginar el régimen ordinario de segundo grado con elementos del tercer grado, situando a determinados condenados en un régimen de semilibertad no contemplado expresamente para las penas excepcionales como la prisión permanente revisable. El PP también destacó que actualmente, en el País Vasco, algunos internos de ETA clasificados en tercer grado obtuvieron un trato más favorable en virtud del artículo 86, que fija el mínimo de estancia en prisión en ocho horas diarias con obligación de pernocta, permitiendo eludir parte de esta exigencia tras la instalación de dispositivos de localización electrónica.

Según publicó el medio, esta situación encendió la alarma en el principal partido de la oposición, que denunció lo que consideran una “burla” de la regulación penitenciaria. El PP argumenta que permitir la obtención de beneficios penitenciarios por vías accesorias vacía de contenido las resoluciones de los tribunales y merma el principio de cumplimiento efectivo para los delitos más graves. Aunque los etarras afectados no recibieron penas de prisión permanente revisable, la formación considera que estos precedentes ilustran las carencias del modelo actual aplicable para la ejecución de dicha condena, instaurada en el Código Penal español en 2015 con el fin de ofrecer una respuesta proporcional y eficaz a los crímenes más graves.

El PP sostiene que el actual marco penitenciario contiene importantes vacíos legales, especialmente por la ausencia de una regulación específica sobre el acceso de condenados a prisión permanente revisable a grados penitenciarios y beneficios asociados, y sobre el papel de las autoridades penitenciarias en estos procesos. Según consignó el medio, la formación afirma que este vacío genera incertidumbre jurídica, impulsa interpretaciones favorables al reo y pone en riesgo la proporcionalidad de la pena. La introducción de beneficios antes de cumplir el plazo mínimo, fijado entre 25 y 35 años de cumplimiento efectivo, se interpreta como un riesgo claro de desvirtuación de la naturaleza punitiva de esta condena.

El partido opositor considera que la reinserción social debe formar parte del horizonte de cualquier política penitenciaria, pero condicionada inexorablemente al cumplimiento íntegro del periodo mínimo y a la existencia de elementos “sólidos y contrastados” de no reincidencia. Frente a la posibilidad de ampliar interpretaciones automáticas del principio de proporcionalidad más allá de la gravedad del delito, el PP propone restringir la concesión de beneficios hasta que se cumplan criterios objetivos y legales, sujetos a una regulación diferenciada dentro de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

En su proposición registrada, la bancada del PP reclama una modificación expresa del artículo 72 de la citada Ley Orgánica para mencionar de manera específica a los condenados por prisión permanente revisable. El objetivo pasa por prohibir la concesión de beneficios penitenciarios de cualquier tipo antes de alcanzar el plazo mínimo establecido, así como por establecer que cualquier revisión de la condena por parte del órgano competente esté sustentada únicamente en la existencia de “un pronóstico inequívocamente favorable de reinserción”. El medio detalló también que la propuesta recoge la necesidad de reformar el artículo 76 a fin de limitar atribuciones de la Sección de Vigilancia Penitenciaria e impedir el acceso a regímenes de semilibertad que combinen rasgos del segundo y tercer grado.

El PP sugiere además que la ley exponga de forma clara y diferenciada el tratamiento específico a condenados por terrorismo bajo prisión permanente revisable, vedando la posibilidad de acceder a modelos mixtos de ejecución penal basados en prácticas aplicadas en el régimen ordinario. El partido argumenta que, solo con una regulación diferenciada, se protegerá la finalidad original de la prisión permanente revisable: que los delitos de máxima gravedad tengan condenas equiparadas, no accesibles a flexibilizaciones utilizadas en otros casos.

Según reportó la fuente, la presentación de esta proposición se enmarca en una estrategia para poner el foco sobre los sistemas de ejecución de las penas más elevadas en el ordenamiento jurídico español y para reclamar al Ejecutivo que impulse una respuesta legislativa que asegure el cumplimiento efectivo de las condenas, sin excepciones derivadas de la interpretación de las normas vigentes sobre grados, beneficios o modalidades complementarias. El debate sobre la prisión permanente revisable y el acceso a beneficios penitenciarios vuelve así a situarse en el centro de la agenda legislativa y política, especialmente tras la difusión de casos polémicos relacionados con excarcelaciones u otorgamiento de regímenes menos restrictivos a personas condenadas por delitos de especial gravedad.

La imparable escalada de asesinatos, extorsiones y otros delitos violentos en Lima Metropolitana y el Callao llevó al Gobierno a prorrogar por 30 días el estado de emergencia en ambas jurisdicciones.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM, busca contener el avance del crimen organizado y reforzar el control del orden interno, extendiendo las facultades excepcionales otorgadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas (FF. AA.). En este contexto, según el Observatorio del Crimen y la Violencia, uno de cada cuatro peruanos ha sido víctima o conoce a alguien afectado por la extorsión solo en los últimos tres meses.

El decreto ratifica que las instituciones involucradas deberán financiar la implementación de acciones con sus respectivos presupuestos institucionales y asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al cierre del periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá cinco días hábiles para detallar los resultados obtenidos y remitirlos a diversas instancias del Estado.

Objetivos de la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao

La decisión del Ejecutivo responde a la necesidad de contener la escalada delictiva en Lima Metropolitana y Callao, regiones donde se concentra la mayor incidencia de delitos violentos y extorsivos. Según el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM, la intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se efectúa conforme al marco legal vigente, que incluye el Decreto Legislativo N.º 1186 y el Decreto Legislativo N.º 1095, reguladores del uso de la fuerza y las operaciones conjuntas.

Las autoridades priorizan las zonas con mayor concentración de delitos, utilizando inteligencia, mapas del delito y otros instrumentos para definir los sectores de intervención. Esta focalización permite intensificar los operativos en áreas urbanas densamente pobladas y en corredores donde operan organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. El Peruano detalló que los recursos para estas acciones provienen del presupuesto institucional y de asignaciones extraordinarias aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el marco de la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe sobre los resultados obtenidos durante el periodo de emergencia, que será remitido al Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, conforme establece el Decreto.

Qué derechos se restringen y qué actividades requieren permiso

La prórroga del estado de emergencia implica la aplicación del numeral 1) del artículo 137 de la Constitución, lo que conlleva la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas medidas permiten a la PNP y las Fuerzas Armadas realizar intervenciones y detenciones sin necesidad de orden judicial en las zonas declaradas en emergencia.

En cuanto a las actividades públicas, el Decreto estipula que los eventos masivos de carácter religioso, cultural, deportivo y no deportivo requieren autorización previa de las autoridades competentes. Solo las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la normativa vigente. El Peruano informó que la supervisión de estas actividades busca prevenir riesgos y garantizar el orden en espacios concurridos durante la vigencia de la emergencia.

Las disposiciones complementarias establecen la continuidad de las medidas ya vigentes en decretos anteriores, salvo excepciones específicas derogadas en el nuevo marco legal. Las restricciones se aplican exclusivamente en las jurisdicciones señaladas y durante el periodo establecido.

La extorsión afecta al 25% de peruanos y se expande fuera de Lima

El fenómeno de la extorsión mantiene niveles inéditos en el país. El más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela que uno de cada cuatro adultos declara haber sido víctima o conocer a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, lo que equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional. El Peruano destacó que la incidencia de la extorsión ha comenzado a desplazarse de Lima hacia regiones del centro, sur y oriente, así como a zonas rurales, fenómeno atribuido a la diversificación de las redes criminales.

El documento alerta sobre el crecimiento del “gota a gota”, modalidad de préstamo informal con prácticas extorsivas, que pasó de 15% en 2024 a 19% en 2025. Las estafas digitales y telefónicas también afectan a más de 6,6 millones de personas adultas, asociadas a la masificación de teléfonos móviles y redes sociales. El Peruano consignó que el sector transporte figura entre los más perjudicados, reportando 239 transportistas asesinados en 2025, según cifras oficiales de dicho medio, víctimas de redes de extorsión.

La respuesta estatal, aunque ha incrementado los operativos policiales exitosos contra el crimen organizado, enfrenta limitaciones estructurales y baja efectividad judicial. El informe del Observatorio subraya que la expansión territorial y la sofisticación de las modalidades delictivas exigen estrategias integradas y sistemas tecnológicos avanzados, como centros de comando y coordinación, aún no implementados plenamente en el país.

Durante su intervención, Uribe vinculó la inclusión social del gremio a planes de formación técnica y acceso facilitado a financiamiento, subrayando la importancia económica del sector para más de medio millón de personas.

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Uribe recordó que, en su mandato, el mototaxismo comenzó a expandirse y evitó imponer una “reglamentación estricta”, delegando en los alcaldes la facultad de concertar soluciones junto al transporte formal. “Con el ministro Andrés Uriel tomamos la decisión de entregar competencias a los alcaldes para que lograran procesos de concertación entre el mototaxismo y el transporte formal”, afirmó Uribe en diálogo directo con el sector.

Entre las propuestas que Uribe adjudicó a los foros del partido y actualmente impulsa la senadora Valencia destaca la formación dual dirigida a jóvenes mototaxistas. “Asimilar el mototaxista joven al nini, al joven que no estudia ni trabaja, y ofrecerle esa formación técnica, tecnológica, en ciclos acumulativos cortos, que le permitan también tener otra actividad económica bien remunerada”, propuso Uribe. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a otros oficios o empleos a través de la capacitación y el uso de tecnología.

De manera explícita, Uribe depositó en la candidata presidencial Paloma Valencia la responsabilidad de abrir la llamada “banca de oportunidades” para el sector popular. Anunció un mecanismo financiero basado en un fondo de garantías, donde “la nación da una garantía de veinte pesos y se desembolsa por las entidades financieras un crédito de cien”, especificó Uribe. También anticipó que, si es necesario, “si hay que rebajar la tasa de interés, entonces también se aumenta el valor de la garantía como compensación”.

La intervención del expresidente enfatizó la urgencia de crear un espacio de diálogo permanente con los mototaxistas en ciudades de toda Colombia. “Paloma quiere abrir un gran espacio de diálogo con ustedes en todas las ciudades de Colombia, queridos compatriotas mototaxistas, para que la actividad de ustedes también tenga otras perspectivas, sea más amable y los saludo con todo cariño”, concluyó Uribe.

La propuesta: crédito garantizado y capacitación en ciclos cortos

Uribe aclaró que las promesas de capacitación técnica y acceso masivo a crédito popular, bajo una estructura de garantías respaldadas por el Estado, serán bandera en el posible gobierno de Valencia. El expresidente enlazó la inclusión productiva del mototaxismo juvenil a la reducción del desempleo y el mejoramiento de condiciones en el sector informal.

El exmandatario, al referirse a la iniciativa financiera, remarcó: “La nación da una garantía de veinte pesos y se desembolsa por las entidades financieras un crédito de cien”, detallando que, si se requiere reducir tasas de interés, el Estado respondería con un mayor valor en garantía a modo de compensación.

Uribe presentó la agenda para los mototaxistas como parte central del debate interno del partido, asegurando que el diálogo sectorial y el acceso a nuevas oportunidades económicas serán líneas de acción prioritarias.

La agenda planteada para los mototaxistas refleja un intento de integrar de manera más estructurada a este sector dentro de las políticas públicas y del debate político nacional. Las propuestas de acceso a capacitación técnica, mecanismos de crédito respaldados por el Estado y la apertura de espacios de diálogo buscan promover alternativas laborales y mejorar las condiciones de quienes se dedican a esta actividad.

Al trasladar estas iniciativas a la campaña de Paloma Valencia, se reconoce el peso social y económico de los mototaxistas y se plantea su inclusión como un componente esencial para enfrentar los retos del mercado laboral informal.

Luego de una semana agitada por las polémicas en torno a Manuel Adorni, el Gobierno busca pasar rápidamente de página y se prepara para comenzar el debate en el Congreso de las primeras reformas, varias de las cuales sufrieron cambios de último minuto, mientras avanza en las negociaciones con las provincias para conseguir los votos necesarios para aprobarlas.

Hace algunas semanas, el propio jefe de Gabinete anticipó, a través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la lista de proyectos que enviaría el Poder Ejecutivo en esta etapa inicial, aunque en estos días algunos se modificaron, otros se quitaron y hibo también agregados.

Una de las iniciativas que estaba previsto que se tratara ahora y finalmente se va a demorar -una vez más- es el nuevo Código Penal, el cual se viene trabajando incluso desde administraciones anteriores.

Si bien el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado un texto listo con más de 900 artículos, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo antes de avanzar.

El funcionario entrante les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y, durante una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, se decidió volver a redactarlo para que quede más corto, entre otras mejoras que se harían.

En cambio, el oficialismo mandará a la Cámara de Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas y que el mandatario nacional entiende que son más urgentes.

Entre las novedades hay sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, logró sumar al temario de estas sesiones ordinarias la demorada “Ley de Hojarasca”, que también se venía anunciando desde hace tiempo.

Con este proyecto, el Gobierno buscará derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas, ya sea porque fueron superadas por otras más modernas; porque remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; porque eliminarlas implica un avance en el proceso de desburocratización; porque afectan libertades individuales, o porque quedaron sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo.

Entre las leyes que dejarían de regir si se sanciona esta iniciativa está, por ejemplo, una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial.

El miércoles, luego de la conferencia de prensa que brindó para intentar acallar las críticas en su contra, Adorni recibió a Sturzenegger para terminar de definir los detalles del texto que un día después fue firmado por el Presidente.

Entre las medidas que estaban en la lista original y que permanecerán sin cambios -al menos por ahora- está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Esta iniciativa entrará por el Senado y es por eso que el jefe de Gabinete también se reunió en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en ese recinto.

Además, el Ejecutivo pretende sancionar las modificaciones a las leyes de glaciares (que ya tiene media sanción), de discapacidad y de financiamiento universitario.

Para avanzar con todas estas medidas, las autoridades nacionales saben que necesitan el respaldo de las provincias y es por esta razón que el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país.

Hace dos semanas se reunió con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

Si bien comenzó por los dirigentes aliados o más cercanos a la Casa Rosada, el objetivo del funcionario es visitar a casi todos los gobernadores, con excepción de aquellos opositores duros, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

En este sentido, en el oficialismo quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027, que calculan que empezará a fines de este mismo año.

“Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”, advirtió un integrante de la mesa política libertaria.

Al cierre de lo que resultó ser otra semana compleja, la justicia de Estados Unidos le devolvió algo de aire al gobierno nacional que se mostraba arrinconado producto de los nuevos movimientos en la causa $Libra y la polémica por los viajes y las presuntas propiedades no declaradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF, luego de la condena de Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones, fue doblemente festejado en la administración libertaria.

Por un lado, destacaron las implicancias que supone no tener que afrontar el pago de la millonaria deuda, y por otro, por descansaron de manera parcial en la magnitud de la noticia que permitió correr -por lo menos, por ahora- de foco a varios integrantes del Poder Ejecutivo que desde hace días ocupan las primeras planas de los principales medios de comunicación a raíz de las causas judiciales abiertas. Sin embargo, varias voces libertarias anticiparon que el tema no podrá “sostenerse en la conversación pública”.

Después de varios intentos frustrados por pasar la página, casi sin quererlo, Milei encontró el primer elefante que necesitaba para empezar a dar forma a la manada que le permita tapar el caso que involucra de lleno al funcionario que intentan ratificar. Con la novedad en auge, después de blindarlo con otra foto de gestión, los hermanos convocaron al ministro coordinador a que se ubicara en primera línea durante el mensaje presidencial que se emitió por cadena nacional durante la tarde del viernes en otro intento por despear las dudas en torno a su futuro.

En la misma semana en la que las mediciones arrojaron datos negativos en la interacción de las redes post conferencia del miércoles, en la que Adorni ensayó una especie de explicación, y luego de las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, en la causa por el viaje del ministro coordinador a Punta del Este, en el oficialismo le bajaron el tono a las declaraciones y se mostraban esperanzados por recuperar definitivamente la agenda. “Una cosa es (Marcelo) Grandio, su vuelo, su compra y otra cosa el pago de Adorni”, diferenciaron por los pasillos de Balcarce 50 ante este medio.

Con el inesperado -nuevo- salvataje de Estados Unidos, que permitió el resurgir de la polarización con el peronismo, el Presidente se esforzó por concretar la capitalización del éxito y ordenó una breve cadena nacional y digitó una fuerte presencia de los funcionarios involucrados en el caso en los medios de comunicación. “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal”, reafirmó desde el Salón Blanco de Casa Rosada en un mensaje a la expresidenta Cristina Kichner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En las últimas horas, con los perfiles del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en alza en las redes sociales, los mencionados desfilaron por canales de televisión y radios ofreciendo los detalles de las gestiones. “La tasa de probabilidades de éxito era muy baja. Así también las chances de que Javier Milei sea presidente”, se jactaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante este medio.

Con YPF en las primeras planas, en Balcarce 50 consideran que para terminar de dar vuelta la página deben sostener la agenda de gestión que incluye la convocatoria a una nueva mesa política, a principios de la próxima semana, y otra conferencia de prensa el miércoles, y aspiran cubrir con otras jornadas de ultraactividad de Adorni, al que definen como un funcionario necesario en su rol, mediador entre las tensiones internas, los tres días hábiles de la semana de pascuas.

“Manuel es imprescindible en su rol por múltiples cualidades”, definió ante este medio una fuente con acceso al despacho presidencial que enumeró, entre las capacidades, la correcta interpretación que tiene el funcionario del mandatario y la estrecha confianza con Karina Milei.

“Lo fuerte ya pasó”, garantizaba un funcionario durante la tarde del viernes, cuando la marca se la llevaba la historicidad del fallo. En otro despacho del Palacio de Gobierno, coincidían con la premisa aunque se mostraban más cautos.

“Ojalá que sirva. Lo de Manuel tiene que bajar per sé. Lo de $Libra sin hechos nuevos, no creo que prenda. El viernes, intentaron empujarlo con temas anteriores a que Milei fuera Presidente y quedó totalmente tapado por tema YPF, la noticia más relevante del año. Por supuesto que no se puede cantar victoria total en términos jurídicos porque quedan otras instancias, pero de culminar todo así, es trascendental”, confesó una voz del ecosistema libertario.

La clave para disipar los ruidos están puestas en la presentación de la nueva declaración jurada del jefe de Gabinete que presentará el próximo 30 de mayo para despejar dudas sobre su patrimonio y hacer frente a las denuncias de posible enriquecimiento ilícito. En el plano discursivo, un mes antes tiene una nueva parada, el informe de gestión en el que deberá responder los interrogantes de los bloques en la Cámara de Diputados, con el mandatario de testigo desde el Palco Presidencial.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Honduras, anunciado oficialmente este viernes por la Cancillería peruana, pone fin a más de un año de enfriamiento bilateral y abre una etapa en la que ambos gobiernos buscan, además de la reposición mutua de embajadores, consolidar mecanismos de cooperación en seguridad y desarrollo.

De acuerdo con la Cancillería peruana, este paso permitirá “profundizar la agenda bilateral” y dar respuestas conjuntas a problemas compartidos, como la delincuencia organizada transnacional.

Entre los factores de fondo, la recuperación del canal diplomático responde a una nueva coyuntura política interna en Perú. A finales del año pasado, el Congreso destituyó a Dina Boluarte y designó en primer término al congresista José Jerí, quien tuvo una gestión breve, y a partir de febrero pasado el país está presidido por José María Balcázar.

Estas modificaciones en la cúpula gubernamental facilitaron el clima para la normalización del vínculo con gobiernos de la región que habían mostrado reservas hacia la anterior administración.

El distanciamiento bilateral se originó a comienzos de 2023, cuando el gobierno peruano resolvió retirar a su embajador en Tegucigalpa. La medida fue una respuesta a la postura de la presidenta hondureña Xiomara Castro, quien desconoció la legitimidad de Dina Boluarte y pidió la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido tras intentar disolver el Congreso, hecho que fue caracterizado por una parte de la comunidad internacional como un intento fallido de golpe de Estado.

La administración peruana acusó a Honduras de incurrir en una “inaceptable injerencia” y, en consecuencia, aplicó el retiro de su representante diplomático, sumiendo la relación en un período de tensión y virtual congelamiento.

La reanudación se enmarca en el escenario de la décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el 21 de marzo en Colombia, donde delegaciones de ambos países sostuvieron un encuentro bilateral.

En esa ocasión, las delegaciones informaron la intención de superar diferencias y avanzar hacia una agenda común, lo que más tarde se tradujo en la emisión de beneplácitos recíprocos para la designación de nuevos embajadores y la formalización del reinicio pleno de relaciones.

Este paso implica no solo el regreso de los representantes diplomáticos de Perú y Honduras, sino la reactivación de canales institucionales en materias política, económica y social.

Las autoridades de ambos países remarcan la importancia de priorizar la cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la educación y el desarrollo sostenible, así como en la lucha contra el crimen transnacional, un fenómeno con impacto creciente sobre América Latina. Según el comunicado, “la reactivación de los canales diplomáticos permitirá abordar desafíos comunes en la región y desplegar iniciativas conjuntas para el desarrollo”.

La decisión de ambas cancillerías de restablecer relaciones y designar nuevos embajadores incluye el compromiso de dar atención consular a ciudadanos de ambos países y fortalecer los lazos culturales y sociales, en línea con las exigencias de la diplomacia contemporánea.

Analistas coinciden en que el restablecimiento de embajadores y la recuperación de la agenda bilateral representan una señal de capacidad de superación de tensiones diplomáticas en la región, con potencial para incidir positivamente en procesos de integración frente a desafíos como seguridad, migración y cambio climático.

De este modo, la reanudación formal de relaciones entre Perú y Honduras inaugura una etapa en la que el diálogo diplomático y la cooperación vuelven a ser los canales preferentes para abordar temas de interés común y ofrecer respuestas coordinadas a los retos de América Latina

El fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el caso YPF le dio aire al Gobierno, que transcurría una seguidilla de días complejos en los que aunaba esfuerzos para blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por los viajes y las presuntas propiedades que no estarían declaradas en su declaración jurada.

Minutos después de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska y la orden de un resarcimiento multimillonario por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo, Adorni convocó para la próxima semana a una nueva reunión de mesa política, según confirmó a Infobae una fuente oficial, que aclaró que hay intenciones de que sea el lunes, pero que podría darse el martes, y se prepara para volver a brindar otra conferencia de prensa el próximo miércoles con la idea de destacar el suceso y retomar la agenda pública.

Pasados los golpes internos a raíz de las nuevas filtraciones, y luego de haber planteado que daría las explicaciones necesarias en el marco de la causa judicial, el ministro coordinador se plegó a la voluntad del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes se mostraron firmes en su respaldo. Detrás de esa directiva se encolumnó el Gabinete completo.

En medio de los nuevos movimientos en la causa, marcada por las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, los Milei volvieron a mostrarse este mediodía escoltados por el funcionario en una actividad coordinada por Sandra Pettovello.

Allí, además de incluirlo en la foto de celebración con el titular de YPF, Horacio Marín, el mandatario comparó la situación del funcionario con la de la ministra de Capital Humano, a la que la definió como la más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”. Ante la mirada atenta del ministro coordinador, el mandatario expresó entre risas: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”.

Con un nuevo tema de impacto en agenda, y luego de haber intentado retomar la agenda con reuniones individuales con ministros, que dejó varios retratos de apoyo, entre los que destacó el de Patricia Bullrich, Manuel Adorni se prepara para imprimir celeridad a la agenda legislativa y dar normal curso a la gestión.

Para eso, entre lunes y martes, horario a definir, en medio de otra semana corta, el jefe de Gabinete tiene intenciones de volver a recibir en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); Patricia Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todo, bajo la supervisión de Karina Milei, de las más fervorosas resistentes a su salida.

La idea del nucleo duro es comenzar a debatir la segunda tanda de proyectos que enviarán y acordar los lineamientos del proyecto de reforma política que, por estas horas, aún cuenta con algunos aspectos por definir. Y de esta forma, pasar finalmente la página de la polémica.

Luego de haber ajustado con Santiago Caputo el tono de la línea comunicacional, el exvocero tiene previsto volver a mostrarse frente a las cámaras para responder nuevas preguntas de los periodistas acreditados el próximo miércoles. Además, intentará sintetizar las principales urgencias de los ministerios para avanzar en el diseño de los proyectos de ley que enviará el Poder Ejecutivo para construir el año “más reformista de la historia”.

En Balcarce 50 le bajaban el precio al impacto judicial de la causa y aseguran que la presentación de la declaración jurada que tendrá lugar el 30 de mayo aclarará el panorama. "No hay ninguna preocupación real por la investigación”, importante fuente con acceso al despacho presidencial. “Están haciendo un circo al pedo”, se expidió otro estrecho colaborador de Milei.

El Banco de España ha dado a conocer que los escenarios alternativos del entorno económico español para los próximos años contemplan riesgos elevados. En particular, en situaciones de conflicto internacional prolongado y precios energéticos persistentemente altos, la inflación podría acercarse al 6% en 2026 y mantenerse por encima del 3% en 2027, conforme a sus últimas proyecciones. Este aviso se suma a una revisión en las perspectivas de crecimiento para el país, condicionada por factores como el encarecimiento de la energía y la evolución del conflicto bélico en Oriente Próximo, que han introducido mayor incertidumbre en el panorama económico nacional. Según publicó el Banco de España en su informe correspondiente al primer trimestre del año, este aumento de la inquietud se refleja tanto en las previsiones de inflación como en las expectativas de avance del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026 y 2027.

De acuerdo con la información consignada por el Banco de España, la economía española experimentó en el último trimestre de 2025 y en el inicio de 2026 una actividad mayor a la prevista previamente. Este comportamiento habría impulsado una revisión al alza del crecimiento económico para 2026, acercándolo al 2,4%, en caso de haberse mantenido un contexto internacional sin conflictos adicionales. Sin embargo, el estallido del conflicto en Oriente Próximo obligó a recalibrar la proyección, fijando el crecimiento del PIB para 2026 en el 2,3%. El organismo dirigido por José Luis Escrivá detalló que este ajuste negativo (-0,4 puntos) por el efecto de la guerra queda parcialmente compensado mediante un impulso fiscal (+0,3 puntos) adoptado por el Gobierno.

En relación al desempeño del PIB para 2027, el Banco de España informó una rebaja de dos décimas en su estimación, hasta el 1,7%. Este descenso con respecto a proyecciones anteriores responde tanto a un entorno exterior menos favorable como a la retirada del estímulo fiscal aplicado en años previos. Las nuevas previsiones se sitúan por debajo de lo señalado antes del ataque a Irán y recogen el empeoramiento del apetito inversor y de las condiciones internacionales.

El análisis del Banco de España incorpora distintos escenarios alternativos en función de la evolución de los mercados energéticos y de la duración e intensidad del conflicto internacional. En un caso de mayor tensión energética y precios más elevados del petróleo y la electricidad, el crecimiento económico podría limitarse al 2,2% en 2026 y al 1,5% en 2027. Frente a este contexto, la inflación alcanzaría el 3,9% en 2026, para bajar al 2% el año siguiente. Si el conflicto se agrava y se prolonga, las cifras se deterioran aún más: el PIB se expandiría solo un 1,9% en 2026 y un 1,1% en 2027, mientras que la inflación escalaría hasta el 5,9% y el 3,2%, respectivamente.

El medio reportó una actualización relevante en materia de previsiones inflacionarias. La tasa media de inflación prevista para 2026 se incrementó en nueve décimas frente a estimaciones hechas en diciembre, situándose en el 3%. La inflación subyacente, por su parte, se ubicaría en el 2,7%, dos décimas por encima de lo anterior. Este ajuste refleja la trayectoria reciente de subida de los precios, en especial los energéticos, solo mitigada en parte (cinco décimas) por la reducción de impuestos sobre la energía aprobada por el Congreso.

El Banco de España advierte sobre un repunte en la inflación general en la segunda mitad de 2026, provocado por el fin de las medidas fiscales de contención energética que forman parte del plan gubernamental. Se estima que al terminar ese año, el ritmo de crecimiento de precios roza el 3,3%. En cuanto a 2027, la inflación general se prevé en el 2,5%, con la subyacente en el 2,7%, ambos valores superando en seis décimas las anteriores estimaciones. Factores como el incremento de los precios de materias primas energéticas, el fin de las ayudas al transporte público al comenzar el año y una nueva subida de la fiscalidad energética en primavera contribuyen a este pronóstico.

Sobre el mercado laboral, el Banco de España espera que se produzca una ralentización en el ritmo de generación de empleo respecto a años precedentes. Durante 2025 el crecimiento del empleo fue del 2,7%, cifra que se proyecta baja al 2,2% para 2026 y al 1,3% para 2027. La productividad por persona empleada permanecerá estancada en 2026, repuntando al 0,4% en 2027, lo que la coloca cerca del promedio histórico. Por otra parte, la disminución en la tasa de paro pierde fuerza: la previsión indica que se reducirá seis décimas en 2026 y tres décimas más en 2027, alcanzando el 9,9% y el 9,6%, respectivamente.

El análisis presentado por el Banco de España destaca la presión sobre las remuneraciones de los asalariados. El mantenimiento de elevados niveles de vacantes laborales, junto a la presión inflacionaria derivada del encarecimiento energético, puede ocasionar aumentos salariales superiores a los previstos, aunque la tendencia sería ralentizada. El informe apunta a un incremento de la remuneración por asalariado en el sector de mercado del 4,1% en 2026 y del 3,9% en 2027, lo que representa tres y cinco décimas más que las previsiones de diciembre.

En cuanto a las cuentas públicas, el organismo señala un empeoramiento del déficit para 2026, que llegaría al 2,3% del PIB, un deterioro de dos décimas respecto a la previsión anterior. La ejecución del paquete anticrisis implementado por el Gobierno pesa en las finanzas públicas, con un impacto estimado de medio punto porcentual del PIB. Para 2027, la expectativa es que el déficit se mantenga en el 2,3%, aunque la presión al alza en las pensiones, derivada de la revisión de la inflación esperada, limita la recuperación del saldo presupuestario.

El endeudamiento público mantiene perspectivas mixtas. Según publicó el Banco de España, la ratio de deuda sobre PIB subirá ligeramente en 2026 hasta el 99,2%, para reducirse al 98,1% el año siguiente, gracias al crecimiento nominal de la economía.

El análisis del gasto computable a efectos de las reglas fiscales europeas señala riesgos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. El Banco de España estima que en los años 2025, 2026 y 2027, el gasto podría crecer por encima del límite máximo permitido por el marco fiscal estructural comprometido, aún teniendo en cuenta el margen de flexibilidad previsto en la normativa comunitaria. No obstante, en términos acumulados desde 2023, el incremento se mantiene dentro del margen para 2025, pero para 2026 existe una probabilidad de desviación al alza, que aumentaría en 2027 debido a mayores partidas de gasto y al agotamiento del margen acumulado.

El entorno de incertidumbre “especialmente elevado” identificado por los técnicos del Banco de España, provocado por factores exteriores como la evolución del conflicto en Oriente Próximo y la volatilidad en los mercados energéticos, condiciona significativamente las proyecciones económicas y financieras presentadas en este ejercicio.

Arcadi España, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Estado de Política Territorial, ha asumido nuevas funciones como ministro de Hacienda, tras jurar el cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Junto a él, Carlos Cuerpo también participó en la ceremonia, donde prometió su cargo como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa. Según informó la fuente oficial, ambos relevos se producen tras la salida de María Jesús Montero del Ejecutivo, quien se enfocará en las próximas elecciones autonómicas andaluzas programadas para el 17 de mayo.

El medio detalló que en la ceremonia estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien actuó en calidad de notario mayor del Reino. Además, se ha informado que después del acto en Zarzuela, ambos responsables asistirán al tradicional traspaso de carteras con María Jesús Montero en la sede del Ministerio de Hacienda a las 12:30 horas.

La designación de Carlos Cuerpo y Arcadi España como nuevos titulares fue anunciada públicamente el jueves por Pedro Sánchez, quien especificó que Carlos Cuerpo asume el cargo de vicepresidente primero y ministro de Economía, mientras Arcadi España toma la cartera de Hacienda, en sustitución de Montero. Según informó el medio, María Jesús Montero deja temporalmente sus funciones en el Gobierno central para presentarse como candidata del PSOE en los comicios andaluces.

Carlos Cuerpo es licenciado en Economía desde 2003 por la Universidad de Extremadura, cuenta con un máster en Economía de la London School of Economics obtenido en 2004 y es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid desde 2017. De acuerdo con la fuente oficial, desde diciembre de 2023 ocupa el puesto de ministro de Economía, Comercio y Empresa. Su trayectoria incluye el ingreso en 2008 al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y la ocupación de diferentes posiciones en la administración central. Entre agosto de 2021 y diciembre de 2023, lideró la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Además, desempeñó tareas como director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en otras áreas relacionadas con la gestión económica.

En lo que respecta al perfil de Arcadi España, el medio consignó que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y posee un máster en Dirección y Gestión Pública de Analistas Financieros Internacionales. España ha desarrollado experiencia tanto en el sector público como en el privado, con actividad como consultor. Dentro de la gestión autonómica valenciana durante el mandato de Ximo Puig, se destacó como uno de los principales colaboradores: fue jefe de gabinete en la primera legislatura del gobierno conocido como Botànic, responsable de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y, por último, conseller de Hacienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar la renovación de cargos, explicó públicamente que la reestructuración obedece a la decisión de Montero de centrarse en su candidatura para las próximas elecciones en Andalucía. De acuerdo con la información oficial, el relevo ha sido programado para garantizar la continuidad de la gestión gubernamental en áreas clave como la economía y las finanzas públicas.

En cuanto a la agenda de este viernes, se ha destacado, según publicó el medio, que la toma de posesión en Zarzuela y el traspaso de carteras buscan dar formalidad institucional a los cambios. Se prevé que tanto Carlos Cuerpo como Arcadi España asuman responsabilidades de inmediato. Los nuevos nombramientos implican la consolidación de perfiles técnicos con amplia experiencia tanto en ámbitos académicos como en la gestión pública nacional y autonómica.

El relevo en la cartera de Hacienda y la vicepresidencia primera del Gobierno ocurre en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones autonómicas en Andalucía y la necesidad del Ejecutivo de mantener la gestión de asuntos económicos con continuidad. Siguiendo con la información consignada por la fuente oficial, los cambios han sido organizados para asegurar que las áreas de economía y hacienda continúen funcionando de manera eficiente durante el periodo electoral y después del mismo.

Desde la Argentina Week hasta la conferencia del pasado miércoles, el gobierno nacional hace incontables esfuerzos por pasar la página de la polémica que gira en torno a las denuncias que se acumulaban en el caso $LIBRA y a los viajes y las presuntas propiedades que le adjudican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no figurarían en la declaración jurada. “No tengo nada que esconder”, se defendió el funcionario en su vuelta -tardía- a las conferencias.

Con intención de dejar atrás el tema, esta semana corta estuvo maracada por una agenda de ultraactividad con reuniones, reapariciones y el respaldo explícito que repinte semana a semana Javier y Karina Milei. A media tarde del jueves, en algunos despachos de Casa Rosada ya definían los próximos pasos de la gestión con la intención de finalmente poder recuperar la agenda y dejar atrás la turbulencia.

“No habiendo nuevos hechos, la cosa se plancha porque la gente se aburre”, vaticinó, en lo que pareció una expresión de deseo, una fuente libertaria a Infobae luego de que el funcionario ensayara una explicación sobre su situación en el primer día hábil de la semana. A eso se juega el oficialismo, pero la situación se complejiza con los movimientos en la causa judicial abierta, luego de que el piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, se presentara el jueves en Comodoro Py para declarar como testigo.

Después del extenso testimonio que duró poco más de cuatro horas, y de que se constatara que el que gestionó y pagó los pasajes del vuelo a Punta del Este fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, en el oficialismo le bajaban el precio al impacto. “Nadie puede hablar cuatro horas seguidas de Manuel. No hay ninguna preocupación real por la investigación”, argumentaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En paralelo, veinticuatro horas más tarde, la consultora Enter Comunicación midió el impacto que tuvo la reaparación del ministro coordinador en la conferencia del miércoles y arrojó un +224% en la conversación, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas. En detalle, detectó un “clima dominante” del 59% entre los que receptaron de manera negativa la linea argumental a la hora de evitar responder las preguntas de la prensa acreditada, contra un respaldo libertario del 31%, que atribuyeron al nuclero duro.

Sin embargo, los conocedores de la materia del ecosistema violeta contrapusieron que esperaban que el tema dominara las redes sociales y sostuvieron que le detectan una “utilidad marginal decreciente”. “La situación impactó porque hubo un video. El impacto ya ocurrió. No hay nada más”, garantizó una importante voz del Gabinete.

“Es previsible que hubiera un pico luego de la conferencia, pero es una foto reducida. Hay que mirar la película, es decir los próximos días”, contrapuso otro alfil violeta al respecto.

La ecuación ensayada por la administración libertaria para dejar atrás el tema es contraponer gestión a las acusaciones de la oposición y al predominio mediático del tema. Con eso en mente, el lunes no laborable el propio Adorni estableció contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para ajustar la comunicación antes de presentarse ante la prensa acreditada en la sala de conferencia escoltado con el grueso del Gabinete. Durante los 48 minutos que duró su exposición, combinó detalles de la agenda legislativa con una breve explicación del tema y se dedicó a responder con dureza al periodismo.

Pese a no estar de manera física, los Milei siguieron atentamente la conferencia y expresaron su respaldo al funcionario en las redes sociales. Algo que repetirán este viernes, cuando protagonicen una nueva foto con Adorni durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano impulsado por el ministerio que lidera Sandra Pettovello, a las 11 en un acto que se celebrará en La Paternal.

Entre el miércoles y este viernes, el ministro coordinador acumuló el respaldo directo de Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, con quien protagonizó momentos de tensión que parecen haber quedado atrás. Con los últimos tres se retrató y publicó en redes.

Durante la jornada de hoy, continuará con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) y cerrará la ronda la semana próxima con Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

“Manuel dio la cara y es uno de los imprescindibles. No tiene nada que ocultar. La prensa actúa con total mala leche y los ruidos internos responden a gente de mierda que siempre estuvo. En todo caso dará las explicaciones que tenga que dar en la justicia”, se sinceró un funcionario ante este medio. Por estas horas, son más los integrantes de la administración que creen que algunas acusaciones son direccionadas “desde adentro”.

En varios despachos de Balcarce 50 sostienen que el funcionario debiera hacer frente a los cuestionamientos -que se multiplican con el correr de las horas- con mayor exposición. El propio Adorni parece coincidir en la estrategia y prepara una nueva conferencia para el miércoles próximo. Además, ultima detalles para dar inicio a la instancia preliminar de los proyectos legislativos que presentará cada cartera para cumplir con la promesa de ser el Gobierno más reformista de la historia.

Un dirigente libertario trajo a colación, casi sin recordar, un tuit de Milei del 13 de octubre de 2022 que podría calificarse como vaticinador de esta situación. El Presidente escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes".

Claro, no sabía que, casi cuatro años más tarde, sería la estrategia propuesta para rescatar a su jefe Gabinete en las semanas más complejas para la Casa Rosada.

Con el objetivo de continuar atrayendo inversiones, el Gobierno participará de un evento organizado por el Atlantic Council al que asistirá también John Jovanovic, presidente del ExIm Bank, una de las más grandes e importantes entidades financieras públicas de los Estados Unidos.

El funcionario norteamericano llegará a Buenos Aires para ser uno de los oradores principales del encuentro que se realizará el próximo 7 de abril, desde las 14:00, en el Palacio Libertad (ex CCK).

En una muestra más de la buena sintonía con la administración de Donald Trump, los organizadores invitaron incluso al presidente Javier Milei, quien todavía no confirmó su presencia, ya que su equipo está ultimando los detalles de su agenda para esa fecha.

Quien sí avisó que irá es el canciller, Pablo Quirno, quien recientemente se cruzó con Jovanovic en el marco de la Argentina Week que se llevó adelante a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

El ExIm Bank (acrónimo en inglés para Banco de Exportaciones e Importaciones) es la institución oficial de crédito para el comercio internacional del gobierno de los Estados Unidos.

Su misión es facilitar la exportación de bienes y servicios norteamericanos, apoyando especialmente a empresas que no pueden acceder a financiamiento privado para sus operaciones.

Sus principales funciones incluyen la provisión de seguros, garantías de préstamos y financiamiento directo para ayudar a exportadores e importadores de productos de ese país.

Asimismo, la entidad busca fomentar el empleo y la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global, además de apoyar a pequeñas y medianas empresas, por lo que se vuelve un actor clave para las inversiones.

Su funcionamiento está respaldado por el gobierno federal y regulado bajo una carta estatutaria renovable por el Congreso, siendo una agencia independiente, aunque con fuertes vínculos con la Casa Blanca, que nombra a los miembros principales de la junta directiva con acuerdo del Senado.

La conferencia en cuestión llevará el título de “Punto de inflexión de Argentina: aceleración del despegue económico” y contará con la participación de algunos oradores presenciales y otros que expondrán de forma remota.

El encuentro es organizado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina, una de las áreas del Atlantic Council que se enfoca en temas políticos, económicos y estratégicos que definen el rumbo de la región.

Al respecto de este evento, se detalló que reunirá a altos funcionarios argentinos, responsables de políticas de los Estados Unidos, inversores internacionales, líderes empresariales y expertos globales, para evaluar el trayecto de las reformas del gobierno de Milei y definir la próxima etapa del despegue económico durante su gestión.

“A medida que Argentina incrementa su presencia en los mercados internacionales y avanza en un año decisivo de reformas legislativas y económicas, la conferencia servirá como plataforma de diálogo sobre estabilización macroeconómica, atracción de inversiones, crecimiento de exportaciones, modernización regulatoria y sectores estratégicos para la competitividad a largo plazo”, indicaron.

El Atlantic Council anticipó que “también se analizarán oportunidades para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Argentina en innovación, minería, energía y comercio”.

El evento y la llegada del funcionario norteamericano a Buenos Aires se da luego de que las autoridades nacionales firmaran con sus pares de Washington un acuerdo de libre comercio que alcanza a varios productos.

Si bien tiene que ser aprobado ahora por ambas Cámaras en el Congreso local y el Gobierno tiene que cumplir con algunas medidas formales, Milei quiere que el tratado comience a regir lo antes posible.

Por su parte, el Presidente viene de participar hace algunas semanas del Argentina Week, durante la cual dio un discurso en el que insistió con la idea de la apertura comercial y reiteró que los que “defienden la industria nacional son unos chorros”.

“Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de... bueno, pongan ustedes el título. Están reclamando por cazar en el zoológico”, sostuvo el mandatario nacional en aquella oportunidad.

Durante su exposición, el líder libertario volvió a apuntar contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a los que acusó de beneficiarse durante años de un sistema de protección estatal.

En esa cumbre estuvo también el presidente del ExIm Bank, quien conversó durante un largo rato con su par del Banco Central, Santiago Bausili, y destacó la importancia para ambas partes de construir una relación “duradera y exitosa” con Estados Unidos.

“Qué punto de inflexión tan increíble para el Hemisferio Occidental. Si solo retrocediéramos el reloj dieciocho a veinticuatro meses, pensar que estaríamos en esta situación hoy, con las oportunidades que tenemos, es simplemente extraordinario”, enfatizó Jovanovic.

La reciente designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno se produjo tras varias semanas de tensión entre su ministerio y Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. Esta decisión del presidente Pedro Sánchez reorganizó la estructura gubernamental, situando a Cuerpo, hasta entonces ministro de Economía, Comercio y Empresa, al frente de la vicepresidencia primera y asignando a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, la cartera de Hacienda en lugar de María Jesús Montero, según consignó la agencia Europa Press.

Tras el anuncio, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, transmitió públicamente su felicitación a Carlos Cuerpo, expresando mediante la red social Bluesky su deseo de que el nuevo vicepresidente trabaje desde el compromiso con la ciudadanía para afianzar los logros ya alcanzados y para encarar con decisión los próximos desafíos del Ejecutivo. Urtasun también extendió la bienvenida a Arcadi España al nuevo gabinete, en un contexto marcado por el cambio de altos cargos.

De acuerdo con publicaciones de Europa Press, la etapa inmediata anterior al nombramiento de Cuerpo estuvo marcada por desencuentros con Sumar, especialmente en torno a ciertas políticas laborales. El grupo político liderado por Yolanda Díaz cuestionó que el Ministerio de Economía mostrara reticencias a medidas impulsadas desde Trabajo, en particular la reforma para digitalizar y facilitar el acceso al registro horario. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, indicó que su formación percibe una actitud reiterada de oposición por parte del departamento de Cuerpo hacia propuestas del Ministerio de Trabajo, e incluso calificó de "vergonzosa" esa postura, asegurando que “no se entiende que el Ministerio de Economía esté mandando informes al Consejo de Estado como un loco para conseguir tener una resolución al respecto. Es vergonzoso. Pero ya estamos acostumbradas, no es nuevo: antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo”, según difundió Europa Press.

Otras voces de Sumar también se sumaron a las críticas. Aina Vidal, dirigente de Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional en el Parlamento, consideró “injustificable” la actuación del Ministerio de Economía y sostuvo que Carlos Cuerpo tiene la obligación de desarrollar normas que amplíen y profundicen las disposiciones existentes en el Estatuto del Trabajador, en referencia a la regulación del control horario laboral.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reafirmó la determinación de su Ministerio para sacar adelante el Real Decreto de control horario, remarcando que la norma será aprobada "aunque sea lo último que haga", tal como recogió Europa Press. Esta legislación busca reforzar los mecanismos de control y fiscalización de los horarios de los trabajadores mediante la digitalización total del registro, una de las prioridades para Yolanda Díaz en la actual legislatura.

La llegada de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia coincide, por tanto, con la necesidad de limar asperezas dentro del Gobierno y con el reclamo de Sumar de mantener abiertos los canales de diálogo para evitar obstáculos en la agenda social-laboral. Mientras tanto, la nueva composición del gabinete gubernamental asume la tarea de dar continuidad a las políticas sociales y económicas en un entorno político caracterizado por la pluralidad de posiciones dentro de la coalición, según destaca Europa Press.

El relevo en la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda responde a la salida de María Jesús Montero del Ejecutivo, quien ahora será la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Según informó el medio que cubrió la declaración institucional desde Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero, mientras Arcadi España, hasta entonces secretario de Estado de Política Territorial, asumirá el cargo de ministro de Hacienda.

De acuerdo con el mismo medio, la decisión obedece a la necesidad de garantizar continuidad y estabilidad institucional en áreas clave de la Administración, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Andalucía. Sánchez elogió la trayectoria de Cuerpo y remarcó su experiencia como economista del Estado, así como su paso por organismos europeos como la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), además de la Secretaría General del Tesoro. Según detalló el presidente, Cuerpo ha desempeñado su trabajo en Economía de manera destacada y se mostró convencido de que “será un fantástico vicepresidente primero de Economía”.

El nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y un máster en Dirección y Gestión Pública. El medio consignó que España ha desarrollado su carrera tanto en la Administración central, en diversos ministerios, como en la Generalitat Valenciana, donde ocupó puestos de conseller de Política Territorial y de Hacienda. Sánchez resaltó sus condiciones de compromiso y formación, e indicó que su nombramiento busca mantener la línea seguida en el Ministerio y garantizar la gestión responsable de las cuentas públicas.

El presidente subrayó, según publicó el medio, que estos cambios se enmarcan en un Gobierno cuyo perfil lo conforman la experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia. El objetivo pasa por consolidar la transformación económica y la responsabilidad fiscal iniciada por el Ejecutivo hace ocho años. Sánchez también remarcó la importancia de la transición sin sobresaltos y la continuidad en la gestión, aspectos prioritarios en el actual contexto político.

Ambos nombramientos llegan tras la decisión de María Jesús Montero de dejar el Ministerio de Hacienda para centrarse en la candidatura socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. El medio destacó que Montero ha ocupado roles de alta responsabilidad tanto en el Gobierno central como en el ámbito autonómico, y su marcha requiere redistribuir funciones entre figuras con acreditada solvencia.

Carlos Cuerpo, al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha participado en la dirección de políticas económicas en escenarios europeos y nacionales, aportando conocimiento técnico y experiencia acumulada en distintos organismos. El medio agregó que Cuerpo, como economista del Estado, ha ejercido funciones relacionadas con la gestión de la deuda, la coordinación económica y el asesoramiento estratégico desde diversas posiciones públicas.

Arcadi España, por su parte, llega al Ministerio de Hacienda tras un recorrido por áreas claves de la gestión territorial y financiera. Según consignó el medio citado, España ha trabajado en la coordinación de políticas públicas, planificación económica y administración presupuestaria, tanto a nivel central como autonómico, lo que según el Gobierno le otorga una visión amplia para asumir la cartera de Hacienda.

El presidente del Gobierno reafirmó, en palabras recogidas por el medio, su confianza en que ambos responsables permitirán mantener la senda de prosperidad y de transformación económica, insistiendo en que la elección de Cuerpo y España está orientada a reforzar la estabilidad del gabinete y a responder a los retos institucionales derivados de los cambios políticos previstos.

El ascenso de Cuerpo y el acceso de España a Hacienda representan una apuesta por la continuidad de la estrategia económica y presupuestaria del Gobierno central. Sánchez concluyó su intervención describiendo a ambos cargos como figuras que encarnan la integridad y la capacitación técnica necesarias para afrontar los próximos desafíos del Ejecutivo.

El día después de su reaparición en las conferencias de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra activo y protagoniza una serie de reuniones individuales con ministros y legisladores con las que intenta dejar atrás los trascendidos de su salida al cargo. Esta mañana, recibió en su despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada a Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, con intención de mostrarse cercano a la exfuncionaria luego de los ruidos internos a raíz de su silencio virtual en el marco de la coordinada defensa en redes del Gobierno.

La reunión con Bullrich tuvo lugar a las 11, y culminó pasado el mediodía. “Todo amor”, resumió una importante fuente a este medio al término del intercambio. Al término, recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien conversó sobre el envío de los pliegos de los 62 jueces al Congreso de la Nación.

El ministro coordinador utilizó sus redes sociales para viralizar el retrato de las dos instancias. “En la primera foto, se lo ve cercano a la senadora que estuvo en el ojo de la tormenta semanas atrás, cuando desde el interior de la administración libertaria la señalaban por no haber salido a respaldar con suficiente fuerza a Adorni en medio de la polémica por los viajes y las presuntas propiedades sin declarar.”

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, sintetizó el exvocero presidencial. Lo cierto es que hay quienes admiten que semanas atrás, hubo un cruce de reclamos que tomó temperatura, pero que finalmente desescaló con el pasar de los días.

Por su parte, la legisladora esta vez se mostró en sintonía y destacó la coordinación de la agenda que el Ejecutivo prepara el año 2026. “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!“, se expidió.

Activo desde el fin de semana, el ministro coordinador estuvo a cargo de la coordinación de la conferencia de prensa que brindó el pasado miércoles, una idea que propuso para intentar aclarar su situación y dejar atrás el tema. Bajo esos fines, intercambió contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien puso a disposición sus equipos y trabajó en el reajuste de la comunicación desplegada hasta entonces.

En paralelo a lo discursivo, el oficialismo se esmera por correr de agenda el tema que persiste en los principales medios de comunicación desde hace semanas. “Para eso, el plan del funcionario es mostrarse activo, con una serie de reuniones que estilaba encabezar desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete, y que este jueves protagoniza.”

Luego de Bullrich, que se retiró de Balcarce 50 a las 12, el exlegislador electo se prepara para recibir a las 14 a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a las 15 al ministro del Interior, Diego Santilli. Dos de los nueve integrantes del Gabinete que estuvieron ausentes de la conferencia del pasado miércoles de la que participaron Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). También confluyeron en la misma sala el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Al término de la declaración, recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Para este viernes, la agenda continuará con encuentros con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), pero además con una nueva foto con el libertario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando lo escolte en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano a cargo de Pettovello.

Una abrumadora mayoría de peruanos considera que el sistema político debe reformarse de manera urgente, de acuerdo con los resultados más recientes del Barómetro de las Américas. El estudio, que cada dos años mide las percepciones políticas en todo el continente, revela que el 93% de la ciudadanía demanda cambios, ya sea completos (27%) o significativos (66%), en la estructura política nacional.

El respaldo a la democracia en Perú se mantiene en el 50%, según la encuesta difundida esta semana. Esta cifra sitúa al país por debajo del promedio histórico de América Latina, donde el apoyo suele ser más alto. El Barómetro de las Américas, elaborado en la ronda 2025/26 con el apoyo de instituciones como Lapop Lab, el Centro por la Democracia Global y el Instituto Kellogg, evidencia que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia es baja: solo el 20% de los participantes considera que los gobernantes se interesan por la opinión de la ciudadanía.

Frente a la pregunta central sobre la confianza en el sistema, el 17% de los peruanos expresa confianza en las elecciones, aunque el 82% sostiene que los resultados deben respetarse, independientemente del candidato o partido que resulte vencedor. El Barómetro también destaca una persistente desconfianza interpersonal y hacia las instituciones, fenómeno que se repite desde hace varias ediciones.

Corrupción y percepción negativa de los políticos

Al analizar la imagen de los representantes públicos, el informe detecta que el 82% de la población cree que la mitad o la totalidad de los políticos están involucrados en corrupción. Además, el 76% considera que muchos reciben financiamiento de organizaciones criminales. Esta percepción negativa refuerza la demanda de una reforma política integral y explica el desgaste institucional que atraviesa el país.

Durante la presentación de los resultados, Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Julio Carrión, profesor de la Universidad de Delaware, subrayaron el impacto de estos datos en la estabilidad democrática del Perú. El evento contó también con los comentarios de Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio, y Rodrigo Gil, investigador principal del IEP.

Inseguridad y desconfianza: los mayores desafíos ciudadanos

La inseguridad se consolida como el problema más grave para los peruanos. El 57% identifica la inseguridad como el principal desafío nacional, la cifra más alta desde que se realiza el Barómetro, hace 20 años. De acuerdo con el estudio, el 34% de los entrevistados admitió haber sido víctima de algún delito, mientras el 60% manifestó sentirse inseguro en su barrio o localidad, con temor a asaltos o robos.

El trabajo de campo de la encuesta se llevó a cabo en todo el territorio nacional entre el 13 de octubre y el 19 de diciembre de 2025. La muestra incluyó a 1.048 personas y reportó un margen de error de ±3,02%. La participación del Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto Bicentenario resultó clave para el levantamiento de los datos en el país.

Instituciones participantes y contexto metodológico

El Barómetro de las Américas es una iniciativa regional coordinada por Lapop Lab y el Centro por la Democracia Global, con el respaldo del Instituto Kellogg. En el caso de Perú, la ejecución estuvo a cargo del Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto Bicentenario, quienes garantizaron la representatividad y solidez metodológica de la encuesta.

El estudio confirma que, pese a la baja confianza en las instituciones y los representantes políticos, la mayoría de los peruanos sigue valorando la democracia y exige reformas profundas para mejorar su funcionamiento y enfrentar la crisis de inseguridad y corrupción que afecta al país.

En mayo, durante las negociaciones políticas entre el PSOE y Junts, ambas formaciones establecieron un acuerdo que permitiría a Cataluña asumir la gestión de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Este compromiso se concretaría mediante una disposición incluida en un real decreto ley. El tema central del acuerdo se refería al régimen aplicable al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña. Tras la formalización de esta medida, más de cincuenta diputados del Partido Popular (PP) interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que, según reportó el propio TC a través de una nota de prensa difundida este jueves, ha decidido ahora admitirlo a trámite para su análisis en el Pleno.

De acuerdo con la información comunicada por el Tribunal Constitucional y publicada por diversos medios, la impugnación del PP sostiene que la medida podría contravenir la Carta Magna. Entre los argumentos principales presentados por los parlamentarios de la oposición figura la “posible vulneración” de varios preceptos constitucionales. Entre las cuestiones destacadas, el PP señala la ausencia del “presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad”, condición indispensable para la adopción de medidas por la vía del real decreto ley y cuya inexistencia consideran lesiva para la constitucionalidad del procedimiento.

El PP también alega que la transferencia de las competencias sobre la gestión de estos funcionarios locales hacia la administración catalana podría afectar al esquema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Según lo descrito en el recurso citado por el Tribunal Constitucional, los diputados opositores argumentan que la medida supone una alteración de los mecanismos de cesión o transferencia competencial establecidos y, a su entender, infringe el principio de “proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

A estos planteamientos se suma la preocupación por el respeto al principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos. El PP considera que la disposición impugnada podría vulnerar este derecho fundamental, recogido en la Constitución, por el trato particular que representaría para los funcionarios municipales de Cataluña en comparación con el resto del territorio nacional. Según informó el Tribunal Constitucional, estos puntos forman parte central del debate jurídico que analizará el Pleno del órgano.

Tal como publicó el Tribunal Constitucional, la decisión de admitir a trámite el recurso no implica pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que inicia un proceso de deliberación en el que se estudiarán los argumentos presentados. El recurso se dirige expresamente contra la disposición incluida por el Gobierno en el real decreto ley producto de su pacto parlamentario con Junts, en especial porque otorga a la Generalitat la administración directa de funcionarios locales que, hasta ahora, dependían del ámbito estatal.

Según detalló el medio a partir de la nota oficial del TC, serán evaluados por el pleno tanto los requisitos legales para la utilización del real decreto ley como los posibles impactos que el traspaso de competencias podría acarrear sobre el equilibrio institucional del modelo autonómico. Por tanto, el análisis se centrará en asuntos relacionados con la configuración constitucional de la administración local y en la protección de los derechos de acceso a la función pública de manera equitativa.

El proceso abierto por el Tribunal Constitucional se suma al debate político que suscitó el acuerdo entre PSOE y Junts, tras anunciarse la disposición incluida en la normativa que afecta al personal funcionario de administración local en Cataluña. La admisión a trámite del recurso supone que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el alcance legal y constitucional de la medida. De acuerdo con la información disponible y reportada por el tribunal y los medios, el estudio del recurso se llevará a cabo en los próximos meses en el marco de las competencias de la corte de garantías.

Fuentes del Partido Popular han señalado que la legislación propuesta por el Ejecutivo incorpora una serie de bajadas tributarias que el PP viene impulsando desde hace tiempo, aunque consideran que el texto queda lejos de cumplir con todas sus demandas, según publicó el medio original. El partido de la oposición ha matizado que su decisión de no rechazar el decreto ley destinado a aliviar el impacto económico de la guerra en Irán facilitará el avance de la propuesta en el Congreso de los Diputados, algo que resultará clave en la votación prevista para este jueves.

De acuerdo con lo señalado por el medio, el PP se abstendrá durante la votación sobre el nuevo decreto de medidas fiscales, lo que permitirá al Gobierno sumar los apoyos necesarios para convalidar la normativa en la cámara baja. Esta postura del principal partido de la oposición también responde, según fuentes internas citadas por el medio, al hecho de que la propuesta incluye algunas de las rebajas fiscales que el PP ha reclamado sistemáticamente en los últimos tiempos. No obstante, los portavoces del partido insisten en que la ley no contempla otras peticiones centrales en sus reclamaciones, como sería la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según publicó el medio, el PP aclaró que, aunque la norma recoge parte de sus sugerencias en materia tributaria, no obtendrá su voto afirmativo mientras no se incluyan todas las modificaciones que el partido considera indispensables para afrontar los efectos económicos derivados del conflicto en Irán. El partido trasladó su posición en los siguientes términos: “Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra. Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor”.

El Ejecutivo diseñó el nuevo decreto con el propósito de compensar algunos de los efectos negativos que la guerra en Irán ha provocado en la economía española, fundamentalmente a través de incentivos fiscales y reducciones de tributos. El medio original detalló que, gracias al anunciado voto positivo de los partidos aliados de izquierda que sostienen al Gobierno en el Congreso y la abstención del PP, la aprobación del decreto resulta prácticamente garantizada. En este escenario, la posición final que adopte Junts pierde relevancia, ya que los votos favorables previstos bastarán para sacar adelante el texto legal.

El PP ha insistido en que mantiene su reivindicación de que el Gobierno asuma la rebaja del IRPF, advirtiendo que la ausencia de este compromiso impide al partido respaldar activamente la propuesta. Así, la postura de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se sitúa entre el rechazo a una negativa rotunda y la exigencia de mayores concesiones fiscales por parte del Ejecutivo.

La decisión del PP genera un impacto directo en el resultado parlamentario. Según el medio, el bloque gubernamental podrá consolidar apoyos suficientes en la cámara baja sin depender de otras formaciones como Junts. Ese margen de maniobra resulta posible por la suma de votos de los socios de izquierda del Gobierno y la abstención del primer partido de la oposición, tal como detalló el medio.

En la argumentación pública, las fuentes populares insisten en que la norma propuesta por el Ejecutivo al menos incorpora algunas peticiones históricas del partido en el terreno de la rebaja de impuestos, aunque subrayan que el decreto continúa resultando “insuficiente” para afrontar la actual coyuntura económica. La exigencia de la deflactación del IRPF sigue figurando en la lista de prioridades del PP, que tampoco ha confirmado si apoyaría un eventual compromiso adicional en ese sentido.

El contexto político en el Congreso muestra hasta qué punto las posiciones estratégicas de los grandes partidos pueden inclinar la balanza en votaciones clave sobre temas económicos. Según el mismo medio, el voto positivo de los socios del Gobierno y la abstención del PP despejan el camino para que las nuevas medidas fiscales propuestas salgan adelante, independientemente de otras posiciones minoritarias que hasta ahora han sido consideradas decisivas en otras ocasiones.

En medio de semanas complejas, el gobierno nacional ordenó retirar la replica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón ubicada en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la decisión de descolgar la obra responde a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que determinó además el retiro del ploteo del glaciar Perito Moreno exhibido en la pared frontal del mismo pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso.

El argumento formal para el desmontado de las copías de las obras de Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición. Además, en la administración libertaria alegan que la exposición a cambios de temperatura producto de los aires acondicionados del pasillo podrían “afectar” la estética de las piezas.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, se sinceró un funcionario ante este medio. El retrato de la familia Perón es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de “desperonización” tras el golpe de Estado de 1955 y que refleja al Primer Mandatario, con la banda y sonriente, acompañado por “Evita”.

Ante la desnudez de las paredes, la administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún procer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

Con intención de canjear paisaje por paisaje, en el Poder Ejecutivo meditan la chance de replicar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, lindantes con Brasil. La explicación a la elección la vinculan a la proximidad del espacio vacío con el despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

A finales de febrero, Helmut Ditsch, el autor de la obra “El hielo y la eternidad transitoria, la más valuada en la historia del arte argentino, se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Glaciares, una de las claves del Poder Ejecutivo para el año legislativo 2026, y pidió que legisladores y funcionarios “estén a la altura de las circunstancia”. “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial“, argumentó el argentino en la carta abierta que publicó en El Destape.

Con intención de respetar la “historicidad y coherencia del espacio”, las copias removidas fueron enviadas al Museo de Bicentenario de Casa Rosada a la espera de un proceso de preservación. Algo similar ocurrió con la pieza original del francés, el pintor oficial de la familia Perón, que en 2020, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, el equipo de Conservación Restauración de Patrimonio Cultural sometió a una serie de estudios preliminares de laboratorio y fotografía para avanzar con su restauración.

Con la quita del cuadro, el Ejecutivo suma una nueva acción a la tendencia que inició el Ministerio de Capital Humano, que tiene a Sandra Pettovello al frente, en 2024 luego de que ordenara un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que implicó la quita afiches, fotos y bustos de la figura de Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner de las dependencias de ANSES.

La lógica fue replicada en febrero de 2025 con la quita de la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA en la que se observaba al expresidente Kirchner aquella jornada del 24 de marzo de 2004, cuando resolvió bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. La determinación fue adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada en aquel entonces por Alberto Baños.

El accionar forma parte de un nuevo capítulo de la batalla cultural que encarna Javier Milei, quien se define profundamente crítico de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, pero que replican además sus funcionarios, legisladores, referentes y exponentes en redes sociales. “Me encataría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, metaforizó el mandatario en una síntesis de sus deseos por dejar atrás el populismo y todo lo que representa.

Tal vez como nunca antes desde la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno completo se alineó detrás de una misma defensa cerrada para sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien continúa respondiendo a las críticas por los inmuebles que habría adquirido mientras se encuentra en la gestión y los viajes privados que involucran a otros actores cercanos.

“Para nosotros es un tema terminado, listo. Ya se explicó todo lo que era necesario aclarar y ahora hay que mirar para adelante, siempre para lo que viene”, buscó instalar una de las personas más cercanas al funcionario, luego de la conferencia de prensa que brindó este miércoles en la Casa Rosada.

A pesar de que el ministro coordinador no mostró todas las pruebas de su inocencia, argumentando que si lo hacía podía “interferir con las investigaciones que están en la Justicia”, para su entorno la reaparición fue “un éxito” y su exposición “salió perfecta”.

En Balcarce 50 entienden que Adorni aprovechó el espacio para despejar dudas sobre su patrimonio, en medio de los cuestionamientos por una casa en un country que habría adquirido en 2024, sumado a un departamento en el barrio porteño de Caballito en el que reconoció que estaba viviendo.

Lo cierto es que la conferencia de prensa, que hasta la publicación de esta nota tenía más de 19 mil vistas, generó un fuerte impacto también en el ecosistema digital.

Según un estudio de la consultora Ingob, el asunto tuvo más de 4,5 millones de impactos y superó las 62 mil menciones en apenas unas horas.

De acuerdo con este informe ”flash”, la conversación en redes sociales estuvo marcada por un marcado sentimiento negativo del 70%, con una audiencia compuesta mayoritariamente por hombres (58%) y un núcleo etario predominante de entre 25 y 34 años.

El análisis destaca que 7 de cada 10 menciones corresponden a réplicas (RTs), en una curva de conversación que se mantiene en ascenso y refleja una intensa cobertura de los medios nacionales sobre los textuales del funcionario.

El documento señala que la negatividad en torno a la figura de Adorni fue traccionada por influencers opositores y usuarios de perfil peronista, quienes lideraron la crítica y coordinaron la difusión de mensajes contra las declaraciones del ministro.

La dinámica de los posteos mostró una aceleración constante con el correr de los minutos, consolidando un clima de opinión adverso impulsado por la viralización de contenidos críticos en las plataformas digitales.

Antes de la conferencia, el jefe de Gabinete se preparó en profundidad con el asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien llamó 24 horas antes y con quien se reunió previo a salir para someterse a las preguntas de la prensa.

Esto demuestra que, a diferencia de otros casos, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo dejó de lado la interna y desde todos los sectores del oficialismo hay una decisión de respaldarlo.

De hecho, según pudo saber este medio, a través de un grupo de WhatsApp en el que están los principales funcionarios fue que se pidió el respaldo en las redes, la semana pasada.

Ese apoyo continuó a lo largo de este miércoles, con una publicación nueva de la secretaria general, Karina Milei, reiterando que confía en la integridad de Adorni.

En el equipo de Caputo, en tanto, consideran que todo este escándalo “no afecta a la imagen” ni del jefe de Gabinete ni del resto del Gobierno.

“No es lo mismo hacer uso del avión presidencial para hacerte traer los diarios que tener una actividad oficial y estar acompañado por tu pareja”, consideraron en Casa Rosada, apuntando nuevamente contra el kirchnerismo.

Asimismo, en la cúpula libertaria tratan de diferenciar esta situación con la de José Luis Espert, que al principio también fue respaldado y luego terminó renunciando a su candidatura, al remarcar que en esa oportunidad “se trató de un avión propiedad de un narcotraficante condenado”, mientras que ahora el único vínculo es con Marcelo Grandio.

Al respecto, en el entorno del jefe de Gabinete sostienen que “terminó todo mal“ a nivel personal con el periodista, a quien no se le renovó su contrato en la TV Pública.

Si bien Adorni no estaría molesto con su amigo, sí lo están algunos que tienen diálogo fluido con el funcionario, ya que consideran que no tuvo un buen accionar cuando se conoció el viaje a Punta del Este.

Sobre este punto, justifican que el ministro coordinador no tiene la factura de ese vuelo privado porque “su parte se la pagó en mano“ y, presuntamente, en efectivo.

“Es como cuando vas con alguien en la ruta y le pasás lo que te corresponde por la nafta del auto. No le pedís un recibo o un comprobante”, indicaron.

Además, una de las quejas que esgrimieron es que “se hayan metido con la familia” del ex vocero: “Eso es lo que más le duele, que hayan mostrado a sus hijos y que esté la cara de su esposa las 24 horas en la televisión”.

En este contexto, Adorni continuará normalmente con su agenda y este viernes se reunirá con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mientras que el viernes compartirá un acto junto a Milei.

“Estábamos muy a la defensiva, cuando no teníamos por qué estarlo. El juez Ariel Lijo pidió algunos papeles que estamos preparando para presentar”

El presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje a su gabinete durante un consejo de ministros en el que dejó claras tensiones internas y decisiones clave de su gobierno, según información obtenida por Revista Semana. El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, estuvo marcado por llamados de atención directos a varios funcionarios y por definiciones políticas en medio de un contexto de presión institucional tras la tragedia del avión Hércules en Putumayo.

El mandatario no solo reprendió a varios ministros, sino que también dejó clara su intención de gobernar hasta el final del periodo y exigió compromiso total con su proyecto político, en un momento en el que han surgido cuestionamientos desde distintos sectores sobre el rumbo de su administración y la estabilidad de su equipo de gobierno.

Además, Petro abordó temas estructurales como la necesidad de fortalecer el sector defensa, impulsar reformas y garantizar la continuidad de su visión política más allá de su mandato, lo que ha generado reacciones en el escenario político nacional.

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Durante el consejo de ministros, el presidente lanzó un mensaje contundente a quienes hacen parte de su gabinete, al cuestionar la falta de enfoque de algunos funcionarios en medio de la coyuntura actual. “Ministros de aquí que se van a otras vainas… Yo gobierno hasta el 6 de agosto. Quien no quiera, se puede ir”, afirmó, dejando ver incomodidad con la actitud de algunos miembros de su equipo.

El jefe de Estado insistió en que cumplirá su mandato conforme a la Constitución, desmarcándose de las críticas de la oposición que han planteado dudas sobre su permanencia en el poder. En ese sentido, reiteró que su responsabilidad es gobernar hasta el final del periodo, pero también dejó claro que espera disciplina y alineación total dentro de su gabinete.

En medio de su intervención, Petro volvió a poner sobre la mesa la importancia de su proyecto político, al señalar que este debe continuar más allá de su administración. Esta postura ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos como la Procuraduría, que han advertido sobre la participación en política de un presidente en ejercicio.

El mandatario también hizo referencia a decisiones pasadas en Bogotá, como el cambio del modelo del metro, para ejemplificar cómo las decisiones políticas pueden afectar el desarrollo del país a largo plazo. Con esto, buscó reforzar su argumento sobre la necesidad de mantener una línea de continuidad en las políticas públicas.

Uno de los ejes centrales del consejo de ministros fue la tragedia del avión Hércules en Putumayo, que dejó más de 60 uniformados muertos y ha generado un fuerte debate sobre el estado de los equipos militares y las decisiones en materia de defensa. Petro utilizó este contexto para insistir en la urgencia de fortalecer las capacidades del país en este sector.

En ese sentido, anunció la intención de impulsar una reforma tributaria que permita destinar mayores recursos a la defensa, argumentando que el país necesita mejorar sus condiciones para enfrentar amenazas internas y externas.

Además, el presidente hizo un llamado directo a la Policía Nacional para que priorice la compra de armamento producido en Colombia, en lugar de adquirir equipos en el exterior. “La Policía… no me hacen compras por fuera… Hay que fortalecer la capacidad de hacer armas por parte de Colombia”, señaló.

El mandatario explicó que desarrollar capacidades propias en materia de defensa es clave para garantizar la soberanía y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo. También advirtió que depender de proveedores internacionales puede limitar la autonomía del país en momentos críticos.

En ese mismo tono, Petro cuestionó prácticas internas relacionadas con la adquisición de equipos y planteó la necesidad de transformar la manera en que se gestionan estos procesos dentro de las instituciones.

El consejo de ministros también dejó en evidencia un momento de tensión dentro del Gobierno, en el que el presidente busca consolidar su equipo y alinear a sus funcionarios en la recta final del mandato.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS), bajo la órbita del Ministerio de Salud, experimentará una reestructuración sustancial a partir del 25 de marzo de 2026, según se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina. El decreto firmado por el presidente Javier Milei incluye la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y la fusión de otras dependencias técnicas.

Esta decisión sucede en el marco de una política gubernamental orientada a la reducción y reorganización de entidades dentro del sector público nacional, con el objetivo de “optimizar el aprovechamiento de capacidades técnicas y operativas”. El decreto dispone la disolución definitiva del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, teniendo en cuenta que sus competencias habían sido “progresivamente asumidas por otras áreas de la Administración Pública Nacional”, lo que justificó esta resolución.

Además, el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias (CEDIE) será fusionado con el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, y el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos se integrará con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos. Todas estas dependencias funcionan bajo la gestión de ANLIS, en la órbita del Ministerio de Salud.

Con estas decisiones, el gobierno central remarca un proceso que comenzó al inicio de su “gestión destinada a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una administración eficiente de los recursos disponibles”, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina. Desde la misma publicación, se detalla que la concentración de funciones es una estrategia para “valorizar las acciones del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos”, permitiendo que el control de calidad recaiga sobre el Instituto Nacional de Producción de Biológicos y optimizando las capacidades técnicas y operativas.

Los detalles del decreto y la modificación de los Anexos

La resolución fue revisada y validada administrativamente por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Subsecretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, según indica el texto oficial publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. Los servicios jurídicos prestaron también su intervención previa.

El decreto se aclara que la medida entra en vigencia con su firma, el 25 de marzo de 2026, conforme a lo dispuesto por el artículo 104 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Además se establece que esta reestructuración no incrementará la cantidad de unidades organizativas en la Administración Pública Nacional.

La estructura organizativa original databa del Decreto 1688/92, que tenia su origen en reorganizaciones de los años noventa. Ahora derogado, junto con sus modificaciones y anexos, la medida anunciada en el texto del Boletín este jueves implica transformaciones en organismos. Según la publicación, la reestructuración también implica una actualización de los anexos organizativos de la ANLIS.

En el Boletín Oficial se establece la modificación de los Anexos I, II y III del artículo 1° del Decreto N° 1688/92, que regulaban la estructura previa del organismo público. Estos nuevos anexos determinan la organización actualizada de los institutos y laboratorios dependientes de la administración, eliminando las referencias a los organismos que resultaron disueltos o fusionados. El texto señala que las funciones, el personal y los bienes de los centros afectados serán reasignados conforme a la nueva estructura.

La disolución y fusión de estos organismos técnicos representa un cambio relevante en la gestión e investigación en salud pública dentro de la estructura estatal nacional argentina, consolidando menos sedes físicas y administrativas, al mismo tiempo que redistribuye tareas y responsabilidades entre los institutos restantes.

Representantes de gremios del transporte público de pasajeros y transporte de carga a nivel nacional acordaron junto a una comisión de alto nivel del gobierno panameño mantener los precios de las tarifas a los usuarios.

La medida se tomó luego de que el gobierno se comprometiera a lograr una pronta solución para que los trabajadores del volante puedan enfrentar el alto costo del combustible.

En el encuentro, se estableció que este jueves los transportistas aportarán información y cifras del volumen de consumo de combustible, rutas, y subdivisiones, para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice corridas para presentar una alternativa de consenso, antes del primero de abril, cuando se debe conocer la nueva variación en los precios del combustible.

En Panamá el combustible aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 1 de abril.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA), Jorge Dimas Collado, favoreció la disponibilidad del gobierno en escuchar las propuestas del sector y buscar paliativos al incremento del precio del combustible, hasta tanto se normalice el mercado.

En representación de los transportistas del interior del país, el dirigente Elpidio Batista coincidió con Collado al manifestar su satisfacción por la reunión, al tiempo que ponderó la voluntad del gobierno de atender la situación que enfrenta el país, atendiendo la preocupación de la población por el alza de los derivados del petróleo.

“Lo que estamos haciendo es buscar la forma para evitar el alza, porque los usuarios están preocupados y no queremos que esto recaiga hacia el usuario”, destacó.

Transportistas de diferentes puntos del país habían amenazado con tomar medidas, entre la que no descartaban la paralización del transporte, si el gobierno no buscaba una alternativa para enfrentar la situación.

En su oportunidad, la representante de los transportistas, Dorina Pérez, destacó la búsqueda de alternativas para no trasladar al usuario los efectos de esta crisis. Dijo, según una nota de prensa oficial, y que han encontrado en la comisión del Ejecutivo la voluntad de apoyar al sector pensando de igual manera en no afectar a los panameños que utilizan el transporte, ya sea colectivo, selectivo y otros.

En tanto, la representante gubernamental, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sostuvo que el objetivo es lograr pronto una solución temporal para aliviar el impacto de esta crisis internacional en el sector transporte, que según se informó reconoció en la reunión que se trata de un problema exógeno que impacta en todo el mundo.

“De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población, para que el servicio de transporte se siga prestando y para que no se desmejore el servicio de entrega de producción a nivel nacional. No está en mesa ningún aumento de tarifa y no es conversación, sino cómo podemos ayudar para enfrentar la crisis sin afectar a los usuarios”, destacó Montalvo.

Además de la funcionaria, la comisión de Gobierno que atendió a los transportistas también la integraron la viceministra de Economía, Eida Sáiz, el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolas Brea, y los asesores presidenciales José Ricardo Fábrega y Ventura Vega.

La Secretaría de Educación de Honduras anunció la suspensión temporal de las clases presenciales en escuelas gubernamentales de varias ciudades. Esta medida estará vigente del miércoles 25 al viernes 27 de marzo de 2026, como respuesta al impacto económico provocado por los recientes aumentos en los precios de los combustibles

Según el comunicado institucional firmado por la secretaria del sistema Ivette Arely Argueta, la transición a la educación virtual tiene como objetivo aliviar el gasto familiar en transporte y evitar la interrupción educativa de miles de estudiantes, informó la Secretaría mediante un comunicado oficial.

El incremento sostenido en los carburantes ha sido el factor determinante en la adopción de esta medida. Datos de la Secretaría de Energía difundidos por la Secretaría de Educación indican que ya se suman ocho semanas consecutivas de subas en los precios, con aumentos que, para la semana del 23 al 29 de marzo, oscilan entre 1.20 y 12.77 lempiras por galón, según el tipo de combustible.

El gobierno dispuso que durante estos tres días, los estudiantes de zonas priorizadas no acudan a las aulas y reciban clases mediante plataformas en línea o tareas especialmente diseñadas, según lo detallado por la Secretaría de Educación.

El objetivo es disminuir la presión sobre la economía de los hogares, en especial en zonas densamente pobladas, donde la mayoría de los alumnos depende a diario del transporte público o privado, lo que ha elevado el gasto familiar en las últimas semanas.

La escalada de precios, atribuida por la Secretaría de Energía a factores internacionales que repercuten en el mercado local, llevó a la suspensión de clases presenciales como parte de una política integral. Entre las estrategias implementadas figura también el teletrabajo para empleados públicos, ambas orientadas a reducir la movilidad y, por ende, el consumo de combustibles, ante el difícil contexto económico nacional.

Se solicitó a los directores departamentales identificar y priorizar las regiones con mayor dependencia del transporte escolar, a fin de asegurar que la medida se aplique en las zonas más perjudicadas por el encarecimiento de los carburantes.

Al mismo tiempo, el personal docente debe ajustar sus metodologías al entorno digital, a través de recursos virtuales, tareas a distancia y seguimiento regular del aprendizaje para que el currículo no se vea afectado durante la contingencia.

El GLP destinado al uso doméstico se ha mantenido estable por efecto del subsidio estatal, un alivio parcial que, según la Secretaría de Energía, no compensa los incrementos experimentados por otros combustibles clave en el transporte escolar y familiar.

Este diferencial motiva la focalización de las disposiciones educativas en el traslado estudiantil, donde el impacto económico es más inmediato.

La administración central estableció que, pese a la suspensión presencial de actividades, directores, secretarios y personal administrativo deben continuar con sus funciones en los centros educativos. Esta disposición, reiterada por la Secretaría de Educación, persigue mantener la operatividad institucional y evitar retrasos en procesos en marcha, como el nombramiento de docentes.

El mandato ministerial exige a los docentes no solo adaptar los contenidos al entorno digital, sino también garantizar que los alumnos mantengan el ritmo académico previsto durante el período de suspensión.

La Secretaría de Educación instruyó además a los directores escolares a notificar cualquier situación excepcional o dificultad en el desarrollo de la virtualidad, con la finalidad de ajustar la transición y preservar la continuidad del proceso educativo.

El paso a la virtualidad busca amortiguar el uso del transporte en zonas donde la dependencia es mayor, así como reducir el impacto del alza en los costos sobre las familias hondureñas.

En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.

Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.

Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.

En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.

El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.

La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.

El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.

El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.

El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.

La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.

La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.

“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.

En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.

La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.

El presidente Javier Milei tiene intenciones de presenciar el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Lo confirmó a través de su cuenta de X, y fue ratificado por fuentes oficiales que sostuvieron además que no se descarta la presencia de integrantes del Gabinete.

“No me lo pierdo. Ahí estaré”, publicó el mandatario en sus redes sociales, luego de que la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete anunciara que el 29 de abril será la fecha designada para el primer informe en Congreso de la Nación, conforme lo establece la Constitución Nacional. Se trata de un accionar sin precedentes, dado que, de concretarse, será la primera vez que el Presidente siga la sesión, un acto de baja relevancia, desde uno de los palcos.

Como contó este medio, por estos días, la Jefatura de Gabinete centraliza las preguntas que los distintos espacios presentan para luego distribuir entre los nueve ministerios y sus consecuentes equipos técnicos para ordenar los temas y receptar las respuestas. En la tarea está la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que lidera Ignacio Devitt, y que absorbió a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentaria e Institucionales.

Pese a los ruidos internos y externos a raíz de la polémica por los viajes del ministro coordinador, el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dieron muestras de apoyo al funcionario cuyo futuro fue puesto en duda en la plana de los principales medios de comunicación. Esta mañana, con intención de despejar los trascendidos, el exvocero volvió a la sala de conferencias y brindó una declaración a la prensa acreditada con la que intentó dejar atrás los reclamos de la oposición.

Asimismo, luego de postergar por diez días el informe, esta mañana anunció que asistiría por primera vez al Congreso, a responder las preguntas de los 19 bloques. “Les cuento que el 29 de abril estaré yendo a presentar mi informe al Congreso Nacional, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional. Por todos los expuesto hoy, sumado a todo lo que aún queda por hacer, este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país”, aseveró ante el grueso de los ministros.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 201 que el jefe de Gabinete podrá concurrir acompañado de los ministros y secretarios de Estado, pero no hay aclaración alguna respecto a la presencia del mandatario. “Tiene un palco permanente. No necesita invitación”, sostuvieron ante este medio fuentes legislativas.

Luego de haber sido respaldado por los Milei, Adorni se prepara para dar cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el ministro coordinador debiera concurrir al menos una vez por mes al Congreso, alternando su presencia en las dos cámaras, con el objetivo de dar detalles y precisiones del rumbo de la gestión. La norma es adaptara por todas las gestiones y se cumple de manera parcial y de forma más espaciada en el tiempo.

La idea del oficialismo es que ese mismo jueves, además del protagonista, esté presente el mandatario, quien anticipó su asistencia en la sesión, y no se descarta que integrantes del Gabinete, que se mostraron en respaldo del funcionario esta mañana, asistan a escucharlo.

La decisión del mandatario de anunciar su asistencia no es azarosa. Se da en el marco de la jornada en la que el grueso del equipo de gobierno hizo público su apoyo al ministro coordinador. Si bien ninguno de los Milei estuvo presente en la sala de conferencias, se mostraron elogiosos en redes sociales y siguieron la conferencia por televisión.

Se espera que la alocución se extienda varias horas y que, además de cuestiones propias de la gestión, se vea obligado a responder preguntas relativas a los viajes y la declaración de sus propiedades que surjan de las inquietudes de la oposición. En las formas, el equipo que lo rodea trabaja en imprimirle la impronta mediática que caracterizó al exvocero presidencial durante los dos primeros años en los que en los que brindó conferencias de prensa que fueron perdiendo cotidianidad. “No va a faltar su toque personal”, prometieron desde su entorno.

El último informe del Ejecutivo data del 27 de agosto del 2025 y lo brindó el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien protagonizó cinco en lo que va de la administración libertaria, mientras que su antecesor, Nicolás Posse, solo acudió una única vez al recinto el 15 de mayo de 2024.

Con la intención de dar por terminado el debate, el gobierno nacional ensayó hoy un reajuste en la comunicación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la que aspiran a cerrar la polémica abierta por los vuelos.

Escoltado por el grueso de los ministros, el funcionario retomó esta mañana las conferencias de prensa que solía dar como vocero. Comenzó con una breve aclaración del tema y continuó con un detalle pormenorizado de la hoja de ruta legislativa en un intento de retomar la agenda de gestión.

En 19 minutos de exposición y más media hora destinada a preguntas, el ministro coordinador evitó ahondar en detalles al argumentar que temía interceder en la causa judicial que lo investiga y se mostró duro contra la prensa acreditada y la oposición. Su postura que pasó de ser ordenada a ríspida ante las preguntas se asemejó un poco más a la que interpretaba en su antiguo traje de portavoz presidencial.

Según supo Infobae, luego de que el propio Adorni determinara la necesidad de retomar las conferencias de prensa, el asesor presidencial, Santiago Caputo, puso a disposición a sus equipos para coordinar de manera conjunta la estrategia que desplegó este miércoles. Luego de una conversación virtual entre los actores que tuvo lugar el pasado lunes, y con un intercambio de ambos equipos, el Poder Ejecutivo dio curso a la idea que llevó al ministro coordinador apostarse frente al atril ubicado en el salón de conferencias de Casa Rosada.

En primera fila, los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, siguieron de cerca la alocución que duró 48 minutos.

De manera virtual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se mostró expectante y lo sintonizó por televisión. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, subrayó desde sus redes sociales.

A los laterales, en un intento por descescalar la tensión interna, se lo vio al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y también al asesor presidencial que reafirmó cada palabra que pronunció el jefe de Gabinete. Incluso, se lo vio celebrar más de una respuesta ante las consultas de la prensa acreditada. “Perfecto”, lanzó silenciosamente al aire, luego de que Adorni reafirmara que repetiría su viaje vacacional con su familia.

Pasada la conferencia, en las filas oficialistas se mostraban conformes con el desempeño del jefe de Gabinete que fue ratificado por el presidente Javier Milei, quien se expidió a través de su cuenta de X, y por Karina Milei. “La ignorancia es atrevida...Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...”, sostuvo el mandatario.

La ignorancia es atrevida...
Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...

— Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

“Hasta entonces teníamos una actitud innecesariamente a la defensiva cuando no teníamos por qué. Hoy se mostró mucho más firme”, admitió ante Infobae una fuente que participó del reajuste comunicacional. Luego de la declaración y de la vuelta a las cámaras, la plana de funcionarios presentes se acercó a felicitarlo, aunque algunos aseguran que hubieran minimizado el nivel de confrontación con la prensa. “Faltaba ser claro y desmentir categóricamente las operetas”, sumó otro funcionario en declaraciones a este medio.

La idea era sencilla: iniciaría con una breve aclaración del tema, sin brindar detalle, apuntaría contra la oposición y la prensa por “atacar” al Gobierno y retomaría la agenda de gestión con detalles de los proyectos de ley que enviaría al Congreso. Además, utilizaría corbara roja y no azul. El objetivo, además de aclarar, fue “llevar calma al Gabinete” en medio de los rumores de salida y desmentir la danza de nombres expuesta en los medios de comunicación para sucederlo.

“La conferencia era para la sociedad. La idea era comunicar la agenda legislativa y los avances. Eso es lo que Manuel hizo. Aclaró para dar por terminado el tema. Lo logró”, especificó una importante voz con acceso al despacho presidencial. En Balcarce 50 rechazan que la polémica haya perjudicado la imagen del mandatario o del Gobierno.

“Lo vi concluyente, descriptivo, con buen tono. En los últimos días se empezó a decir cualquier cosa, era necesario ponerle un límite al tema. Nos agarramos de eso para exponer las mentiras”, expresó un integrante del entorno del ministro coordinador.

En la previa a la conferencia que se celebró a las 11, luego de más de un mes y medio de silencio, la última data del 6 de febrero, el asesor presidencial llegó a Casa Rosada y se trasladó directo al despacho del ministro coordinador que se preparaba desde temprano en sus oficinas. Del último repaso participaron admeás el secretario de Prensa, Javier Lanari, y el director de Estudios de la Gestión Gubernamental de la Jefatura de Gabinete, Julián Ross Hampton. Como todas las mañanas, Adorni llegó a las 9 y se recluyó con sus colaboradores para revisar los detalles finales del discurso que ya estaba escrito.

Antes de subir a la sala ubicada en el segundo piso, se fotografió con los ministros e ingresó escoltado por los integrantes del Gabinete. Con este accionar, la administración libertaria busca dar por finalizado el tema y concentrar la atención en la agenda de gestión. “Queremos dar vuelta la página. Lo que se tiene que explicar se hará en la justicia”, concluyó un funcionario ante este medio.

El ex primer ministro liberal Lars Lokke Rasmussen lidera actualmente a Los Moderados, grupo que obtuvo 14 escaños en el Parlamento danés y que se encuentra en una posición estratégica para decidir la orientación de la futura mayoría gubernamental. Tras la victoria del bloque de izquierdas, liderado por Mette Frederiksen, y la necesidad de alcanzar los 90 escaños necesarios para controlar el Parlamento, el peso decisivo de Los Moderados en las negociaciones y la formación de gobierno se vuelve fundamental. Según informó la agencia de noticias, el rey de Dinamarca, Federico X, ha encargado formalmente a la socialdemócrata Mette Frederiksen, actual primera ministra en funciones, que encabece las negociaciones para la constitución de un nuevo gobierno.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, el monarca recibió a los representantes de los distintos partidos políticos luego de la celebración de las elecciones legislativas. En esas consultas, concluyó que Frederiksen representa la opción con mayor respaldo para conformar una mayoría parlamentaria sólida. El bloque liderado por Frederiksen ha obtenido 84 escaños en el Parlamento, resultado que le sitúa a tan solo seis representantes de la mayoría necesaria para gobernar, lo cual la obliga a buscar apoyos en otras formaciones.

El comunicado emitido desde la Casa Real especifica que “el Rey ha solicitado a la primera ministra en funciones, Mette Frederiksen, que lidere las negociaciones para la formación de un gobierno con la participación del Partido Popular Socialista y el Partido Social Liberal Danés”. Esta declaración oficial también menciona expresamente la relevancia de Izquierda Verde y el Partido Social Liberal como socios potenciales en las negociaciones. El documento evidencia el interés del monarca en la estabilidad parlamentaria y en la formación de una coalición que asegure la gobernabilidad del país.

Frederiksen, como líder del Partido Socialdemócrata, cuenta con el apoyo de partidos que forman parte del bloque progresista. No obstante, la suma de estas fuerzas no alcanza los 90 escaños que confieren mayoría absoluta en el Parlamento danés. Tal como publicó la agencia de noticias, para lograr dicho objetivo será imprescindible lograr algún tipo de entendimiento con Los Moderados, formación que ha manifestado su preferencia por la formación de una coalición de centro.

Los Moderados, al mantenerse como grupo bisagra, pueden optar por colaborar tanto con la izquierda de Frederiksen como junto al bloque opositor que integran el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal y los Conservadores. La decisión final de Los Moderados acerca de a qué bloque otorgar su apoyo determinará tanto la composición como la orientación política del futuro ejecutivo danés. Según consignó el medio, los representantes de Los Moderados han reiterado que favorecerían la configuración de una coalición de centro, lo cual introduce una variable relevante en las negociaciones.

Luego de las primeras consultas del Rey y el encargo a Frederiksen, comienzan las negociaciones formales entre los partidos, durante las cuales se intentará articular una mayoría funcional. El procedimiento institucional establece que tras la fase de consultas y la designación de la persona a cargo de negociar, se abre un periodo para conformar propuestas de gobierno que reflejen los acuerdos entre las fuerzas parlamentarias. El bloque progresista, liderado por Frederiksen, buscará consolidar alianzas para incrementar su número de apoyos y superar la barrera de los 90 escaños, mientras tanto, los partidos del centro y la derecha evalúan sus propias estrategias.

El proceso abierto en Dinamarca tras los comicios refleja la fragmentación y el equilibrio de fuerzas en el actual Parlamento, lo que hace imprescindible alcanzar pactos para garantizar la estabilidad. Según la información difundida por la agencia de noticias, el papel de las fuerzas menores y en particular de Los Moderados será determinante en el desenlace de este escenario político. De acuerdo a las declaraciones publicadas por el medio, los líderes de los principales partidos han sido recibidos por el monarca, quien, tras escuchar sus posiciones, ha ratificado la confianza en Frederiksen para guiar las conversaciones orientadas a conformar gobierno.

Con el nuevo mandato conferido por el Rey, Frederiksen inicia una ronda de negociaciones en la que tendrá que armonizar intereses dentro del propio bloque progresista, así como sentarse a dialogar con formaciones centrales como Los Moderados. Mientras tanto, el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal, y los Conservadores esperan el resultado de esas negociaciones para definir su propio papel en el futuro Parlamento. La situación exige superar los desacuerdos y buscar fórmulas de compromiso que hagan viable un ejecutivo estable, conforme a lo detallado en los comunicados oficiales dados a conocer por el medio.

El encargo formal del Rey a Frederiksen marca un paso clave en el procedimiento democrático danés posterior a las elecciones legislativas, reafirmando el papel institucional de la jefatura del Estado en el proceso de formación de gobierno. Los próximos días serán decisivos para definir si se configura una coalición amplia encabezada por la actual primera ministra en funciones o si existe una reorientación de apoyos que modifique el equilibrio de fuerzas dentro del Parlamento danés, como lo ha ido explicando el medio a lo largo de su cobertura.

Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y su partido centrista decidan quién liderará el próximo gobierno del país escandinavo después de que las elecciones parlamentarias del martes terminaran sin una mayoría clara para ningún partido o bloque.

La primera ministra de centroizquierda, Mette Frederiksen, podría ser reelegida para un tercer mandato, a pesar de los resultados decepcionantes. Sin embargo, deberá negociar un acuerdo con el influyente ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, si quiere liderar una nueva coalición.

La campaña se centró en cuestiones cotidianas en lugar de en la crisis generada por las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia.

El gobierno saliente dimitió el miércoles. Los líderes de cada partido debatieron sus posturas en una mesa redonda y se espera que posteriormente se reúnan con el rey danés Federico X para discutir el futuro del país.

El parlamento unicameral de Dinamarca, el Folketing, es elegido para un mandato de cuatro años. Los legisladores daneses ocupan 175 de sus escaños, mientras que dos corresponden a representantes de Groenlandia, un país escasamente poblado, y dos al otro territorio semiautónomo del reino, las Islas Feroe.

Más de 4,3 millones de personas tenían derecho a voto en un país de 6 millones de habitantes. Casi el 84% del electorado emitió su voto.

Ningún partido obtuvo la mayoría

Los resultados oficiales mostraron que los socialdemócratas de centroizquierda de Frederiksen perdieron terreno en comparación con las últimas elecciones de 2022, al igual que sus dos socios en el gobierno saliente.

Ningún partido obtuvo la mayoría en el parlamento, algo que ya se preveía. El sistema de representación proporcional de Dinamarca suele dar lugar a gobiernos de coalición, tradicionalmente formados por varios partidos del «bloque rojo» de izquierda o del «bloque azul» de derecha, tras semanas de negociaciones.

El gobierno saliente de Frederiksen fue el primero en décadas en tender puentes entre la izquierda y la derecha, y ella afirmó estar dispuesta a continuar como primera ministra por un tercer mandato. Su partido, los socialdemócratas, siguió siendo el más grande con una amplia ventaja, pero el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, el rival de centroderecha mejor posicionado frente a Frederiksen, dejó claro que ni él ni su partido liberal tienen intención de volver a formar gobierno con los socialdemócratas.

Aún así, el experto electoral danés Rune Stubager cree que Frederiksen sobrevivirá como primer ministro.

“Si se formará una nueva coalición centrista o un gobierno basado principalmente en los votos del bloque rojo, eso dependerá de las negociaciones”, dijo el miércoles Stubager, codirector del Estudio Nacional de Elecciones de Dinamarca.

Frederiksen, de 48 años, es conocido por su firme apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa y por su enfoque restrictivo hacia la migración, continuando así una tradición en la política danesa.

El “hacedor de reyes” decide los próximos pasos

Dado que ni el bloque de izquierda ni el de derecha obtuvieron la mayoría, Løkke Rasmussen se ha convertido en el árbitro de la situación. Su partido centrista, el Partido Moderado, con 14 diputados en el parlamento de 179 escaños, está en posición de determinar si Frederiksen puede cumplir un tercer mandato al frente de este país miembro de la Unión Europea y la OTAN. Se necesitan 90 escaños para formar la mayoría.

Løkke Rasmussen hizo un llamamiento a sus rivales de izquierda y derecha para que cedieran en algunas de las posturas que adoptaron durante la campaña y “vinieran a jugar con nosotros”.

Ninguno de los bloques puede formar una mayoría sin el apoyo de los Moderados, lo que los convierte en los únicos verdaderos vencedores de las elecciones. Stubager afirmó que podrán forzar concesiones en las promesas electorales de cada partido para alcanzar su objetivo: un gobierno de centro.

“Por lo que veo, no es posible formar un gobierno si todos estos obstáculos siguen vigentes”, dijo Stubager. “Así que alguien tendrá que incumplir una promesa para que pueda haber un gobierno”.

Groenlandia le ofreció un escenario al ministro de Asuntos Exteriores

Parte del éxito de los Moderados se puede atribuir a Trump y a Groenlandia, dijo Stubager. A finales del año pasado, el partido tenía malos resultados en las encuestas, pero luego recibió un gran impulso gracias a Løkke Rasmussen, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno, por su labor diplomática para calmar las tensiones con Estados Unidos, que incluyó un viaje a Washington que acaparó titulares.

“Donald Trump le brindó a Lars Løkke la oportunidad de actuar, y a ojos de la mayoría de los daneses, su actuación fue buena”, afirmó.

Frederiksen también contaba con Groenlandia. Sus propias encuestas a principios de año mostraban un aumento de apoyo, lo que la llevó a convocar elecciones en febrero, varios meses antes de lo previsto. Al parecer, esperaba que su imagen de firmeza durante el conflicto la ayudara a ganarse el voto.

La celebración de elecciones anticipadas no fue necesariamente una apuesta fallida, ya que el apoyo a los socialdemócratas era menor antes de que la crisis se agravara.

En enero, Frederiksen advirtió que una anexión estadounidense de Groenlandia equivaldría al fin de la OTAN. Pero la crisis se ha calmado, al menos por ahora.

Trump dio marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a Dinamarca y otros países europeos que se oponían a que Estados Unidos tomara el control de la vasta isla ártica, y Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciaron conversaciones técnicas sobre un acuerdo de seguridad en el Ártico. Las conversaciones continúan.

(con información de AP)

Luego de unas semanas de polémicas que lo envolvieron, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reaparecerá hoy públicamente y dará explicaciones sobre las cuestiones de las que se lo acusa, antes de mostrarse nuevamente acompañando al presidente Javier Milei en un actividad oficial, en lo que será un nuevo signo de respaldo.

Desde que se conoció que el funcionario sumó a su esposa a la comitiva oficial que viajó a los Estados Unidos a principios de este mes, quedó en el centro de las críticas, pero en el Gobierno salieron rápidamente a respaldarlo.

Este miércoles, luego de los feriados por un nuevo aniversario del último golpe militar, el ministro volverá a ponerse el traje de vocero, cargo que supo ocupar anteriormente, y brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Durante el 24 de marzo, las autoridades nacionales se mantuvieron al margen de las movilizaciones, que llegaron hasta la Plaza de Mayo, y aseguraron que “ni siquiera pudieron ver” el acto central.

Tampoco emitieron opinión respecto de la participación en estas marchas de sectores de la oposición, principalmente del kirchnerismo y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por el contrario, mientras frente a Balcarce 50 los manifestantes leían un comunicado por los 50 años del inicio de la dictadura, Milei compartía en las redes sociales algunas cifras económicas.

“Feriado récord. Viajaron más de 1 millón de turistas (+48,8% versus 2025). El gasto total se ubicó en torno a $ 231.000 millones. CABA, Bariloche, Iguazú, Salta y Mendoza, los destinos más elegidos”, destacó el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que fue reposteado por el mandatario.

A partir de las 11, Adorni responderá las preguntas de los periodistas acreditados y ya da por descontado que varias de las consultas estarán vinculadas a los vuelos con su pareja -uno de ellos en un avión privado a Punta del Este- y a los inmuebles que tendría a su nombre.

El objetivo del jefe de Gabinete es dar por terminado los cuestionamientos y retomar la agenda, con reuniones con los principales ministros, empezando este miércoles por Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El domingo, en tanto, el funcionario tiene previsto volver a mostrarse en un acto junto al Presidente, cuando ambos compartan una recorrida por el Centro de Formación de Capital Humano, que presentó la titular de la cartera homónima, Sandra Pettovello.

El factor Villarruel y el mensaje de “traición” de Milei

Por otra parte, en el oficialismo se retomó en las últimas horas la pelea con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, después de que aparecieran nuevamente carteles en los que se la menciona como posible candidata por el PJ.

“Vuelve el peronismo de Perón”, rezaban los afiches que circularon en algunos barrios del conurbano, con el nombre de la dirigente y el año 2027, junto al logo del Partido Justicialista.

En la cúpula libertaria remarcan que “no sorprende” la posición de la titular del Senado, a la que consideran como “una infiltrada desde siempre”, porque “los miembros de la antigua ‘Guardia de Hierro’ están con ella”.

En este sentido, señalan que, por ejemplo, uno de sus asesores en la Cámara Alta, Mario “El Pato” Russo, habría trabajado en el pasado para Guillermo Moreno, quien abiertamente reconoció la posibilidad de incorporar a Villarruel a su espacio.

Para algunos referentes del oficialismo, “son muchas las cosas que tienen en común” la vicepresidenta con este sector de la oposición, principalmente su fuerte postura nacionalista y católica.

Una de las figuras dentro de La Libertad Avanza que viene cuestionando la actitud de la ex compañera de fórmula de Milei es la diputada Lilia Lemoine, quien en su cuenta de X suele compartir los presuntos vínculos entre estas partes.

“En 2024, cuando Villarruel hizo el homenaje a Isabel de Perón junto a su amiga y colaboradora, Claudia Rucci, y a la vez aparecieron carteles en la vía pública apoyándola desde esa agrupación, nos parecía increíble. Pero era exactamente lo que parecía”, comentó la legisladora ante este medio.

En el entorno del Presidente hay quienes creen que la Vicepresidenta “busca instaurar un causal de Juicio Político, como viene queriendo hacer incluso desde la época de la campaña”.

“El kirchnerismo habla con Elizabeth Warren, la senadora que le armó el “impeachement” a Donald Trump en los Estados Unidos. Es calcado a lo que intentaron hacer acá“, agregó una persona del círculo íntimo del mandatario argentino.

En los últimos días, un posteo en las redes sociales de Milei sobre la traición abrió el debate y generó especulaciones.

Si bien en un primer momento se pensó que podría estar dirigido a la interna del Gobierno, luego el mandatario se encargó de negarlo y en su entorno aclararon que, en realidad, se refería a Villarruel.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso restricciones de concurrencia administrativa vinculadas a episodios de violencia en la Plaza del Congreso. Durante una protesta por la reforma laboral se registraron incidentes que derivaron en ataques a efectivos policiales, bienes públicos y privados, así como en la obstrucción del tránsito. La medida fue publica el 25 de marzo en el Boletín Oficial y responde a la necesidad de neutralizar posibles situaciones de riesgo en eventos deportivos.

El operativo policial, ejecutado ese día en la Plaza del Congreso, permitió la detención de los agresores luego de que arrojaran proyectiles, objetos punzocortantes y bombas molotov contra fuerzas de seguridad y particulares, conforme detalló la Policía Federal Argentina. Entre las conductas registradas se incluyen ataques a agentes, daños contra vehículos oficiales y obstaculización de la circulación, con consecuencia de lesiones de diversa consideración sobre el personal policial.

La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva firmó la resolución a partir de los informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Estas restricciones, según se especifica en la normativa de referencia, pueden adoptarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados.

En el Boletín Oficial, se detalla que el 12 de marzo de 2025, se realizó una modificación a la Resolución N° 354-E/2017 para ampliar el alcance normativo. La norma endurece las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.

La decisión, que rige por plazo indeterminado desde su publicación, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo. La resolución resalta que este protocolo de exclusión representa un recurso preventivo para garantizar que quienes tengan antecedentes de violencia en eventos no participen en futuros.

Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional busca consolidar una estrategia integral de prevención frente a episodios de violencia en entornos deportivos y movilizaciones públicas, otorgando a las autoridades herramientas para neutralizar la presencia de individuos que puedan alterar el desarrollo seguro de estos eventos y, eventualmente, habilitando la actuación complementaria de la justicia penal.

Prohibieron la entrada a eventos deportivos a un hincha de Mendoza

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de acceso a todos los eventos deportivos organizados en Argentina durante los próximos veinticuatro meses para Flavio Fernando Sosa, luego de que protagonizara un episodio de violencia en el estadio del Club Atlético Argentino de Mendoza el 5 de enero de 2026. La medida, dictada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada el 25 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El organismo nacional adoptó esta decisión tras recibir el 10 de marzo una solicitud formal de la Dirección de Planeamiento Operativo del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que informó mediante la nota N° 56/2026 sobre la participación de Sosa en disturbios durante el encuentro correspondiente al Torneo Regional Amateur, donde el equipo local enfrentó a la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP). Según la documentación, Sosa fue detenido tras sustraer el cubre cabeza a un efectivo policial y causar disturbios junto a otros individuos, para luego ser trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La sanción impuesta consiste en una “restricción de concurrencia administrativa” en virtud de lo dispuesto en la Resolución MS N° 354/17 y el Decreto N° 246/17, que facultan al Ministerio de Seguridad Nacional a restringir el acceso a espectáculos futbolísticos a personas consideradas potencialmente peligrosas para la seguridad pública.

El decreto que dio orígen al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas se publicó en octubre de 2024 y tenía como objetivo saldar las deudas de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y viceversa. A partir de una nueva normativa publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió el plazo para las jurisdicciones que quieran inscribirse.

Así, mediante el artículo primero del decreto 171/2026 establecieron que los interesados “podrán manifestar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de la máxima autoridad de la jurisdicción, su voluntad de participar del Régimen, en el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el que podrá ser ampliado -por única vez- por la Autoridad de Aplicación”.

Con la reciente publicación, el Poder Ejecutivo realizó una serie de cambios sobre los primeros artículos, además del mencionado período. Los nuevos procedimientos para facilitar la compensación y cancelación de deudas entre jurisdicciones, incluyen además el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que las jurisdicciones presenten la documentación respaldatoria de las obligaciones que deseen incluir, en línea con lo dispuesto en el artículo 4° reformulado.

Al respecto, indicaron que los organismos y dependencias competentes de la administración central deberán elaborar informes técnicos sobre la verosimilitud, cuantificación y conveniencia de incorporar las obligaciones al régimen, y que toda presentación requerirá intervención previa del servicio jurídico del Ministerio de Economía. Se incorpora la figura del artículo 5° bis, que asigna a cada parte -es decir las provincias, CABA y el Estado Nacional- la responsabilidad de validar y proponer las deudas y acreencias que serán negociadas y consensuadas en los acuerdos respectivos.

En caso de discrepancias que puedan surgir de los informes, se procederá con una “instancia de negociación, que deberá ser llevada a cabo en el marco de los principios de buena fe y lealtad federal, a efectos de arribar a un consenso entre las partes” en un plazo máximo determinado previamente, el cual podrá prorrogarse “si la Autoridad de Aplicación lo estime pertinente”.

El decreto también adapta el procedimiento para los casos en los que las obligaciones estén sometidas a litigios judiciales o arbitrales, requiriendo la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, conforme a la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Cuando el Gobierno avanzó por primera vez en este punto, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicaba en conferencia de prensa que para los distritos será opcional adherir y el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.

“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo el entonces minsitro y actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.

Este proceso planteó como principal objetivo “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.

En ese momento, se le otorgaban a los interesados 30 días hábiles para ejecutar las presentaciones en donde explicaban que buscaban “ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provinciasy que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”.

Tras la publicación de la medida ocho gobernadores decidieron adherirse al régimen, entre ellos, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Con el objetivo de terminar de definir los detalles del proyecto para un nuevo Código Penal que se enviará al Congreso, el presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión clave con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó esta tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Después del mismo, se informó que finalmente se decidió avanzar en la redacción de un nuevo texto que esté “a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó Mahiques.

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

Desde que asumió en el cargo, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

“Es lógico que lo revise, porque él no firma nada sin antes mirarlo”, habían anticipado desde el entorno del ministro, que durante los últimos días conversó con varios expertos en la materia para recopilar recomendaciones.

De hecho, incluso cuando se reunió el martes pasado con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia les comentó esto y les pidió que lean la propuesta que tenía en mente Cúneo Libarona para que opinaran al respecto.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

En este marco, el funcionario fue convocado por el Presidente a la Quinta de Olivos para repasar en persona toda la información que recopiló hasta el momento y definir cómo quedará redactado el proyecto final.

Recientemente, Manuel Adorni, confirmó que el nuevo Código Penal va a ser una de las propuestas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en esta primera etapa de sesiones ordinarias.

Así lo decidió hace algunas semanas la mesa política del oficialismo, encabezada por el propio jefe de Gabinete, durante una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para planificar la próxima estrategia legislativa.

Según pudo saber este medio, a pesar de los cambios, se insistirá con una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

La marcha de este 24 de marzo, a 50 años del golpe cívico militar de 1976, concentró a varios sectores políticos opositores al Gobierno Nacional que atraviesa semanas complejas. Apostados en una Plaza de Mayo rodeada de efectivos policiales y en las zonas aledañas, un centenar de personas recordaron a los desaparecidos por la última dictadura impulsada por las Fuerzas Armadas, lo que contrastaba con una Casa Rosada completamente vacía y sin actividad.

Desde la administración libertaria, si bien admitieron que se trató de una instancia de adhesión, le bajaron el precio al número de participantes, que estimaron en alrededor de 100 mil asistentes. La cifra fue resistida por los convocantes que hablaban de un millón de personas en los distintos puntos e incluso sostuvieron que fue más grande que las movilizaciones llamadas en defensa del aborto legal. “Hoy se vivió un jornada histórica contra Milei que muestra que en Argentina no hay espacio para el autoritarismo. Más de un millón de personas colmaron las calles. Hay un consenso social mayoritario de que son 30 mil y fue genocidio”, planteó a Infobae Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, al finalizar la jornada.

“Siempre los 24 de marzo congregan a mucha gente, pero no hubo más de 100 personas. Hablamos de organizaciones y ciudadanía en general”, expresó una voz del Gabinete a Infobae. En sintonía, otro funcionario marcó la asistencia, aunque evitó hablar de masividad. “Hubo bastante gente, pero no sé si llamarla multitudinaria”, se cuidó. “Para ser el 50° aniversario y haberla movido como la movieron eran pocos", se expidió un interlocutor legislativo.

Este martes, el presidente Javier Milei, como cada Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, evitó actividades públicas y se resguardó en la Quinta de Olivos. Lo propio hicieron sus ministros y funcionarios que evitaron sus despachos ubicados en Balcarce 50, que a diferencia de otros días, no abrió las puertas de la explanada.

Para la ocasión, y en otro intento por cuestionar la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos que pregonan los organismos de derechos humanos, la cuenta oficial de Casa Rosada publicó un nuevo video de una hora y cuarto bajo el título “Las víctimas que quisieron esconder”.

La pieza audiovisual, compartida por el mandatario en redes, fue elaborada por el cineasta presidencial, Santiago Oria, y el director de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, e incluye el testimonio de Miriam Fernández, la nieta recuperada 127, y Arturo Larrabure, hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, que en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quienes abonaron a la “teoría de los dos demonios” que sostiene el Poder Ejecutivo en lo que denomina “Memoria Completa”.

A través de su cuenta de X, el libertario que se mostró activo a la hora de responder a varios usuarios que criticaban su política económica y sorprendió con un mensaje contra el expresidente Néstor Kirchner en el que incluyó una especie de elogio a Raúl Alfonsín, a quien repudió en más de una oportunidad. “Discrepo... El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra. En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más...”, sentenció Milei ante una publicación que recordó la decisión de Kirchner de retirar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de El Palomar.

La histórica movilización tuvo lugar en una semana de debilidad para el oficialismo que resiste los cuestionamientos de la oposición por la causa $Libra y busca blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó en el ARG 01 a Estados Unidos. Sin embargo, en Balcarce 50 descartan que la masiva movilización afecte a la imagen de la administración.

Un integrante de la mesa política remarcó la presencia de dirigentes opositores como el excandidato presidencial del Frente de Todos, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para hablar de la politización de la manifestación y cargó contra el peronismo al que acusó de estar “rompiéndose a pedazos”. “Que critiquen. Votamos hace 5 meses. Cómo nos van a marcar la agenda los que destruyeron la Argentina, acaban de perder por paliza y se están rompiendo en pedazos”, subrayó ante la consulta de este medio.

Asimismo, otra fuente del ecosistema violeta cargó contra La Cámpora, que desvió el habitual recorrido de su kilométrica procesión desde la ExEsma para pasar por San José 1111, residencia donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena, y apuntó contra la izquierda por “banalizar” los sucesos para “hacer uso” partidario. “Lo mismo de siempre, la utilización de la política partidaria de este día. El 80% de los referentes que hay en la marcha, hace agua a la hora de hablar de este tema en profundidad”, planteó un legislador.

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Damian Arabia aseguró que se trató de una movilización “completamente politizada” y cuestionó las consignas en oposición al Gobierno. “Me llama la atención ver gente que en el Día de la Memoria, dice ‘Andate Milei’. Es un poco contradictorio porque la idea es precisamente defender la democracia. Habría que preguntarles si es que efectivamente marchan por eso”, se preguntó ante este medio.

Varios fueron los funcionarios y legisladores que admitieron no haber seguido el descenlace de la jornada. “No vi nada. Esta marcha solo le importa a ellos. Que se diviertan”, ironizó otro referente del espacio.

La introducción de una mayor protección de los datos personales en el sistema de registro horario formará parte de los cambios contemplados por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de evitar litigios futuros y responder a las preocupaciones expresadas por la patronal española. Así lo adelantaron fuentes del ministerio a raíz del informe negativo emitido por el Consejo de Estado sobre el Real Decreto que regula la vigilancia de las jornadas laborales, subrayando que el texto normativo será ajustado únicamente en puntos concretos y sin modificar su esencia. Según informó el medio, el Gobierno mantendrá el compromiso de garantizar que el control de horarios siga siendo digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

De acuerdo con el reporte, el Ministerio de Trabajo detalló que los cambios previstos buscarán reforzar el respeto a la protección de datos derivados del registro horario, anticipando posibles disputas legales que, según la CEOE, podrían presentarse en el futuro. Además, el texto normativo deja abierta la posibilidad de que la negociación colectiva contribuya a la adaptación de los mecanismos de registro en distintas áreas, lo que permitiría cierta flexibilidad en la implementación, siempre dentro de los requerimientos centrales.

Las mismas fuentes aclararon que no se prevén modificaciones para relajar las obligaciones de registro en las pequeñas empresas. Señalaron que un diferenciado tratamiento generaría una situación de discriminación respecto a las grandes compañías. Según consignó el medio, el Ministerio sostiene que el reglamento actual ya incorpora medidas de acompañamiento y apoyo para las pymes con el fin de facilitar la transición al nuevo sistema de registro horario, en respuesta a declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la necesidad de ayudar a las pymes en la aplicación de la normativa.

El Ministerio de Trabajo remarcó que la propuesta impulsada por el Ministerio de Economía, que pretendía introducir más facilidades para las pymes, no será considerada, ya que el objetivo principal de la nueva regulación radica en garantizar el cumplimiento efectivo del límite de 40 horas semanales y prevenir el abuso de las horas extraordinarias en el ámbito laboral. Las fuentes también aseguraron que la norma no incluye cambios que puedan suavizar los requerimientos para las pequeñas empresas, recalcando así su postura igualitaria en todo el sector.

El informe emitido por el Consejo de Estado resultó ampliamente crítico con el proyecto de Real Decreto, poniendo el foco en la falta de adaptación sectorial del sistema de registro y en la carga adicional que representaría para las pequeñas y medianas empresas. Además, el órgano consultivo cuestionó que se haya optado por la vía del Real Decreto, en lugar de emplear un instrumento legislativo con mayor rango de ley. Según publicó el medio, el Ministerio de Trabajo consideró que dicho informe replica los argumentos del Ministerio de Economía y de la patronal, y utiliza el derecho a la intimidad y la protección de datos como justificación para manifestar su desacuerdo con el control horario.

El registro horario, tal como destacó el Ministerio de Trabajo y socializó el medio, es obligatorio desde hace más de una década, y cerca del 90 por ciento de las empresas dispone ya de mecanismos de control digitalizados. A pesar de las observaciones del Consejo de Estado, desde la cartera liderada por Yolanda Díaz confirmaron la intención de mantener la nueva regulación en el calendario normativo. Recordaron que, en catorce ocasiones anteriores, el Gobierno ha continuado adelante con reales decretos aunque el Consejo de Estado hubiera presentado reparos en sus dictámenes.

Sobre el procedimiento dentro del Ejecutivo, fuentes del Ministerio de Trabajo informaron que existe acuerdo dentro del Gobierno de coalición respecto a la reforma del registro horario. Subrayaron que la discrepancia exhibida previamente por Carlos Cuerpo en el marco de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas quedó resuelta tras la intervención del presidente Pedro Sánchez. Reportó el medio que, aunque no se ha comunicado una fecha precisa para la aprobación del texto en el Consejo de Ministros, se mantendrá el trámite administrativo habitual y la norma podría ver luz verde en cuestión de semanas.

El Ministerio también restó importancia a si el proyecto debe pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), bajo control del Ministerio de Economía, asegurando que ese requerimiento sólo aplazaría la aprobación aproximadamente una semana respecto al calendario trazado.

Respecto a los plazos de adaptación, el texto señala que una vez entre en vigor la nueva regulación, las empresas dispondrán de seis meses para ajustarse a las normas técnicas que se establezcan para el registro horario, descartando el límite anterior de veinte días. Según destacó el medio, este margen busca facilitar la implementación y dar tiempo suficiente a las organizaciones para adecuar sus sistemas internos.

En suma, informó la fuente, el Ministerio de Trabajo mantiene sus líneas prioritarias: garantizar la digitalización y la fiscalización oficial del control de la jornada laboral, introducir mayores garantías en materia de protección de datos y preservar la igualdad de condiciones entre distintos tamaños de empresa, mientras la normativa avanza en su proceso de aprobación a pesar de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado y otros actores gubernamentales y empresariales.

El grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha decidido respaldar la proposición no de ley (PNL) presentada por Junts para eximir del Impuesto al Valor Añadido (IVA) a los autónomos cuyos ingresos no superen los 85.000 euros, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. Según la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, la medida formaba parte de un conjunto de 31 propuestas que la formación vasca trasladó al Ejecutivo.

En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, Vaquero confirmó que su partido votará a favor del real decreto de carácter económico elaborado por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la crisis generada por el conflicto en Irán. La portavoz justificó el apoyo señalando que el decreto incorpora "bastantes" de las iniciativas promovidas por el propio PNV ante el Ejecutivo. Además, explicó que el texto recoge medidas similares a las incluidas en la proposición no de ley debatida en la misma jornada, la cual busca fortalecer la competitividad y la resiliencia del sector siderúrgico y de la industria electrointensiva.

Según consignó Europa Press, Vaquero expresó que resulta relevante para su formación que el Gobierno haya recogido parte de sus propuestas en la normativa económica de urgencia. No obstante, su posicionamiento respecto al decreto ley sobre vivienda y alquileres permanece en suspenso. La portavoz explicó que, aunque ya conocen el contenido del real decreto ley número 8, su grupo ha pospuesto la decisión final sobre el voto, ya que la norma no se votará esta semana.

La portavoz nacionalista manifestó dudas sobre algunos aspectos del decreto de vivienda, en especial la propuesta de limitar el incremento de los alquileres a un 2%. Vaquero recordó que ya existe el índice IRAV, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que regula los aumentos de los precios de alquiler, y cuestionó la utilidad de fijar otro límite adicional.

Vaquero también criticó el modo en que se procesó la elaboración de ambos decretos legislativos. Según declaró y citó Europa Press, "Aquellos grupos que han propuesto o que han impulsado estos decretos no han hablado ninguno con el Partido Nacionalista Vasco, han presentado las medidas y ahora es 'o lo tomas o lo dejas'. No hay un punto intermedio". Aunque reconoció que sí existió cierto diálogo con el Gobierno respecto al paquete económico, indicó que con relación al decreto de vivienda únicamente recibieron el texto final y no contaron con margen para analizarlo en profundidad ni proponer modificaciones.

En cuanto a los próximos pasos del PNV sobre la regulación de los alquileres, Vaquero adelantó que esperan evaluar las consecuencias que estas medidas puedan suponer tanto para los inquilinos como para el funcionamiento del mercado inmobiliario antes de emitir un voto definitivo. Sostuvo que su decisión dependerá de si llegan a la conclusión de que las medidas "son buenas o no lo son", según recogió Europa Press.

Durante la misma jornada, la portavoz reafirmó el interés del PNV en promover propuestas que protejan a sectores industriales estratégicos, matizando que el Gobierno ha dado cabida a varias de sus iniciativas en el decreto de urgencia económica. La postura del grupo vasco mantiene el foco en la negociación y el análisis detallado de las medidas, especialmente cuando considera que las decisiones gubernamentales puedan tener repercusión directa sobre los sectores productivos y los ciudadanos a quienes representa.

Europa Press reportó que la posición reservada del PNV ante el decreto sobre vivienda se debe, en parte, a la percepción de que su partido no fue consultado durante la redacción y elaboración del texto normativo. Al recalcar la necesidad de negociación, el grupo nacionalista pidió mayor interlocución a la hora de tramitar futuras medidas que afecten a sectores sensibles y a amplias capas de la población.

El debate sobre la regulación de los alquileres y la política de vivienda continúa abierto en la Cámara Baja. La formación vasca mantiene su exigencia de transparencia y capacidad de influencia en la configuración de las nuevas normativas, mientras procede con el análisis de cómo estas regulaciones inciden en el equilibrio entre protección social y dinamismo económico.

Luego de una sucesión de días complejos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra dispuesto a dejar atrás la polémica por los viajes que lo llevó a la plana de los principales medios de comunicación y se prepara para protagonizar una intensa agenda de actividades que iniciará este miércoles, con una nueva conferencia de prensa prevista para las 11, según confirmaron a Infobae fuentes de su entorno.

Durante el primer día hábil de la semana, el funcionario volverá a la sala de conferencias de Casa Rosada, práctica que repetía con mayor cotidianidad en traje de vocero presidencial. Allí deberá hacer frente a las preguntas del periodismo acreditado, tras verse envuelto en una gran polémica ppr el viaje con su esposa en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Estados Unidos y que se profundizó con un viaje a Punta del Este en un avión privado.

Por estas horas, sus equipos trabajan en preparar la dinámica de una nueva declaración a la prensa que se dará a poco más de un mes de la última: la anterior fue el viernes 6 de febrero. En aquella oportunidad, Adorni se mostró junto al canciller Pablo Quirno para anunciar el Acuerdo de Comercio e Inversión con Estados Unidos. Desde entonces, no hubo nuevos anuncios ni comunicaciones del estilo.

Asimismo, y como anticipó este medio, luego de la matutina conferencia, el funcionario retomará las reuniones individuales con los ministros, algo que adoptó al desembarcar en el cargo con intención de supervisar la gestión de cada cartera. Según supo este medio, iniciará con los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), en el primer contacto del estilo que iniciará tras suceder a Mariano Cúneo Libarona, y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) el día miércoles; y Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) el viernes.

De no mediar imprevistos, también figuran en la agenda para el jueves intercambios con Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior). Esta lógica se replicará además, el mismo día, con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, que tendrá lugar días después del ruido interno que generó la ausencia de un mensaje personal en sus redes, luego de que el Gabinete completo se plegara a la defensa virtual de Adorni con la venia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De esta forma, culminará los contactos con Mario Lugones (Salud), que quedará pendiente para principios de abril dado que Carlos Presti (Defensa) y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, iniciaron la ronda la semana pasada.

En medio de las versiones de su salida del cargo, lo que dio lugar a la danza de nombres que suena para sucederlo, el mandatario volverá a mostrarse escoltado por el exlegislador libertario. Lo hará el viernes, a las 10.15, en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que se realizará en La Paternal y que encabezará Pettovello.

Los hermanos Milei intentan descartar un nuevo cambio en la coordinación de los ministerios y brindarán este viernes otro gesto de respaldo al funcionario que resiste los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones de la oposición. Ante este escenario, se espera que brinde su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados a finales de abril y no a mediados de mes como estaba previsto originalmente. “Media cámara va a estar de viaje. No tenía sentido ir sin la mitad de los actores”, explicaron desde la Jefatura de Gabinete.

El parate producido por los feriados del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, le dio aire al oficialismo, que atravesó complejas semanas a raíz de las filtraciones en los viajes de Adorni, pero también con los movimientos de la causa $Libra, luego de que se conocieran los peritajes del teléfono celular del empresario Mauricio Novelli. En Balcarce 50, responsabilizan a la oposición de las filtraciones judiciales.

“La idea es ir contra el Gobierno. El tema había desaparecido, pero la oposición lo volvió a instalar porque quiere afectar al Gobierno. Ayer fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana puede ser cualquiera”, justificó ante este medio una importante voz del Gabinete.

Hace días, que el Poder Ejecutivo se esfuerza por intentar recuperar el control de la agenda que gira en torno a los dos sucesos que involucran a más de un representante de la administración libertaria. Para eso, y pese a que esta semana solo cuenta con tres días hábiles, habrá un intenso cronograma de actividades que intenta disipar las dudas sobre el plantel que acompaña a Javier Milei.

Ángel Gabilondo indicó este martes que la firma del acuerdo de reparación para personas afectadas por abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica podría concretarse poco antes del Jueves Santo. De acuerdo con lo publicado por El País, el Defensor del Pueblo expresó que, tras meses de negociaciones entre la Iglesia, el Gobierno y la institución que dirige, las partes han avanzado en la elaboración del documento que hará posible poner en marcha mecanismos de reparación para las víctimas.

Tal como consignó El País, durante la comparecencia ante los medios ofrecida tras la entrega del Informe Anual de la Defensoría a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, Gabilondo expuso el estado de las gestiones en curso: “No es lo mismo estar a la espera que estar a la expectativa. Y nosotros no estamos a la expectativa, estamos a la espera. Estar a la espera es crear las condiciones para que eso pueda suceder. Yo sí espero que antes del Jueves Santo o el Viernes Santo, podamos haber firmado eso. Pero es que ya ven que yo me dedico a esperar. Pero no espero con ignorancia, espero un poco por el tipo de trabajo que estamos haciendo. Si no fuera así, yo además de estar a la espera sentiría alguna decepción porque creo que se ha trabajado y se ha avanzado para que eso pueda hacerse antes de esa fecha”.

El medio El País detalló que la fecha límite que se plantea para la firma del convenio es el 2 de abril próximo, coincidiendo con el martes previo a la Semana Santa. La proximidad de este plazo obedece a la intención de comenzar cuanto antes un proceso formal para ofrecer respuesta institucional y reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Según el periódico, la llegada a este punto es el resultado de múltiples gestiones sostenidas y diálogos con las autoridades eclesiásticas y estatales.

La declaración de Gabilondo, según reportó El País, refleja la disposición de la Defensoría a mantener una postura activa en la creación de un marco adecuado para la ratificación del acuerdo. El Defensor del Pueblo diferencia entre dos actitudes: esperar de manera pasiva, sin acciones concretas, y estar a la espera generando las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo. Esta última es la que, según sus palabras, define el trabajo que la institución ha llevado adelante en los meses recientes.

La posible firma del acuerdo, de acuerdo con la información recogida por El País, se produce tras un periodo de trabajo coordinado entre representantes del Gobierno, la Conferencia Episcopal y la propia Defensoría. El proceso ha requerido negociaciones avanzadas para determinar el alcance, el contenido y los instrumentos previstos para la reparación de los afectados. El objetivo central es que la iniciativa establezca mecanismos efectivos y homologables en cuanto a indemnización, acompañamiento y reconocimiento institucional, con el respaldo explícito de la autoridad eclesiástica.

El informe anual entregado al Congreso, en cuya presentación se refirió Gabilondo a estos avances, coloca especial atención en el esfuerzo colaborativo que ha derivado en el texto del acuerdo, según recogió El País. Tanto la Iglesia como los responsables gubernamentales y la Defensoría asumieron el compromiso de coordinarse para que el documento esté concluido antes del inicio de la Semana Santa, periodo considerado simbólico dadas las características de los casos abordados.

El País informó que, de concretarse la firma antes del 2 de abril, el convenio marcaría un precedente en el contexto español, al instaurar un sistema institucionalizado de atención y reparación para quienes han sido víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El proceso, según explicaciones de la Defensoría, se ha gestado procurando acuerdos sólidos que permitan la implementación real y efectiva de las medidas comprometidas.

Si bien Gabilondo reconoció el valor de la espera activa, también manifestó ante el Congreso que la existencia de avances le permite mantener la confianza en que la firma será posible en el corto plazo, según reportó El País. Apuntó que la decepción solo surgiría si, después del trabajo realizado y lo avanzado en las negociaciones, el acuerdo no pudiera formalizarse en el plazo previsto.

Entre los aspectos destacados, El País señaló que el acuerdo no solo representaría un compromiso político sino también una acción concreta respaldada por los principales actores implicados. La reparación a las víctimas de abusos resulta un asunto de notoriedad en el debate público, y la participación conjunta de la Iglesia, el Gobierno y la Defensoría busca ofrecer una respuesta institucional coherente y tangible frente a las demandas sociales.

El proceso de elaboración y concertación del acuerdo ha implicado, de acuerdo con El País, consultas y ajustes constantes, reflejando la complejidad de conciliar los intereses y competencias de las distintas partes. El Defensor del Pueblo ha asumido un papel articulador, facilitando el consenso necesario para que la iniciativa alcance su objetivo antes del inicio de la Semana Santa.

La rueda de prensa, reflejada por El País, mostró a Gabilondo transmitiendo el mensaje de que la espera mantenida por la Defensoría tiene sustento en el trabajo efectivo realizado, y no en la inacción. Subrayó que este enfoque proactivo resulta determinante para que las condiciones favorezcan una firma inminente, dando paso a la etapa de ejecución del acuerdo orientado a la reparación de las víctimas.

La exclusión de las mujeres en la participación de cofradías religiosas no solo genera debate social, sino también consecuencias a nivel institucional, como la reciente decisión del Gobierno de iniciar el proceso para retirar a la Semana Santa de Sagunto su estatus de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Según informó Europa Press, esta medida surge tras la votación de doscientos sesenta y siete miembros de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, quienes se opusieron a la inclusión femenina en las manifestaciones religiosas de la localidad valenciana.

De acuerdo con Europa Press, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se refirió a este caso en una rueda de prensa después de presentar el Informe Anual de su institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo subrayó que “las mujeres deben poder tener los mismos derechos que los hombres a la hora de procesionar o participar en una cofradía”. Señaló que el debate sobre la equidad de género dentro de las agrupaciones religiosas debe centrarse en la igualdad de derechos, aunque aclaró que no es “ningún experto en cofradías” y no ha formado parte de ninguna, por lo que evitó pronunciamientos categóricos contra las tradiciones locales.

A pesar de la prudencia en sus declaraciones, Gabilondo defendió que la tradición no puede justificar la permanencia de prácticas discriminatorias. “Algo no es bueno solo por el hecho de haber sido bueno alguna vez”, expresó el Defensor del Pueblo, quien también mencionó su inquietud por la justificación basada en que “siempre se ha hecho así”. De acuerdo con Europa Press, la institución que encabeza no ha recibido quejas específicas sobre el caso de Sagunto, pero el Informe Anual presentado recoge situaciones similares en otras regiones de España.

En el documento citado por Europa Press, se detalla el caso ocurrido en Cartagena, donde una cofradía negó a una madre y su hija menor de edad la posibilidad de participar, no solo en actividades religiosas, sino también en una banda de música, por el hecho de ser mujeres. El Defensor del Pueblo remitió una solicitud de información al Ayuntamiento de Cartagena para obtener detalles sobre medidas implementadas por la administración local que permitan detectar situaciones discriminatorias y garantizar la igualdad en la distribución de subvenciones, y en el respaldo institucional a las actividades impulsadas por la Junta de Cofradías.

Respecto al procedimiento para la revocación del reconocimiento a la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional, Europa Press reportó que la decisión parte del cumplimiento de la Orden Ministerial ICT/851/2019. Esta normativa exige, en su artículo 3d, que las fiestas declaradas como tales demuestren un arraigo popular y fomenten la participación colectiva de la ciudadanía. El Ejecutivo analizará cómo las restricciones estatutarias que impone la cofradía podrían afectar este requisito, dado que la exclusión de las mujeres limita la integración global de la comunidad.

La noticia, difundida por Europa Press, también señala que la solicitud para retirar el reconocimiento responde a la presentación de quejas formales de la ciudadanía. Las autoridades competentes estudiarán el impacto real de las limitaciones impuestas por la cofradía y sus posibles repercusiones tanto en la consideración institucional de la festividad como en la percepción pública sobre la equidad en el acceso a prácticas religiosas y culturales de interés nacional.

El debate en torno a la igualdad de género dentro de las cofradías religiosas y su relación con el acceso a reconocimientos y apoyos oficiales sigue generando reacciones tanto en los colectivos afectados como en las instituciones públicas. Según consignó Europa Press, las decisiones administrativas y las recomendaciones del Defensor del Pueblo se enmarcan en la normativa vigente y buscan avanzar hacia una participación más inclusiva en manifestaciones culturales y religiosas de profundo arraigo en diferentes localidades españolas.

Desde que llegó al Gobierno, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se planteó revisar todas las medidas que había dejado listas su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre todo aquellas más urgentes, como los pliegos para cubrir vacantes en los tribunales o el nuevo Código Penal, sobre el cual pidió realizar algunas modificaciones para hacerlo más corto y técnico, aunque manteniendo la esencia original.

De acuerdo con lo que señalaron a Infobae fuentes del entorno del funcionario, “es lógico” que haya tomado la decisión de estudiar esta reforma, ya que el fiscal porteño en uso de licencia “no firma nada ni envía nada sin mirar antes”.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de las redes sociales las iniciativas que el oficialismo va a impulsar en esta primera etapa de las sesiones ordinarias y en el listado está incluido este proyecto.

En este contexto, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

El martes pasado, cuando se reunió con los miembros de la Corte Suprema, el ministro también conversó con ellos sobre el Código Penal y les pidió que le envíen algunas recomendaciones u opiniones.

Luego de ese encuentro, en la cuenta oficial de X de la cartera se precisó que ambas partes expresaron la “voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

De todas formas, las modificaciones que se van a hacer, y que quedarían, aunque dentro de artículos ya existentes, son las mismas que pensó la comisión de especialistas, por lo que se mantiene la idea primaria.

Qué reformas se mantendrían en el proyecto

En este sentido, a pesar de los cambios, se suma una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En este sentido, se incluye un régimen penal específico para esta área, completo e integral, con sanciones para inside trading, agiotaje (especulación y manipulación de precios), balances falsos, intermediación sin autorización y cohecho financiero.

La iniciativa plantea, además, el combate al terrorismo y la criminalidad organizada, dentro de un esquema que contemplará asociación ilícita, adoctrinamiento, adiestramiento y encubrimiento autónomo.

Según pudo saber este medio, el abordaje de la violencia en espectáculos deportivos sumará penas por dopaje, corrupción y actos asociados a agrupaciones ilícitas en ese ámbito.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

Por otra parte, y cupliendo con lo que a Argentina se comprometió en el marco del acuerdo comercial con los Estados Unidos, el texto prevé cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual e industrial y sumará previsiones de crimen organizado en la fiscalización (controles judiciales más duros).

En materia de delitos informáticos, el texto trabajará la tipificación de hackeo, difusión no autorizada de imágenes, acceso ilegítimo, hurto informático y ataques contra sistemas esenciales.

Entre las normas que sobrevivieron a la revisión, están aquellas para castigar el accionar de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, una medida de especial interés para la administración libertaria.

Por último, se introduce figuras penales para la crueldad animal, daños al patrimonio arqueológico, paleontológico y la fauna silvestre; para la discriminación y para el ingreso y permanencia ilegal de migrantes en territorio nacional.

La dirigente de Podemos, Irene Montero, afirmó que la clave para que las formaciones progresistas releven al actual gobierno andaluz radica en la voluntad política y la convicción de que Andalucía merece un Ejecutivo dedicado a defender los servicios públicos. Montero destacó que si existe unidad de objetivos y claridad en las tareas, las alianzas entre partidos progresistas surgirán de manera natural. Con este planteamiento, la eurodiputada insistió en la participación de Podemos en las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, aunque evitó posicionarse respecto a una eventual repetición de la coalición “Por Andalucía”, que actualmente incluye a Izquierda Unida en el Parlamento autonómico. Según consignó Europa Press, la responsable de Podemos llamó a la izquierda andaluza a mostrar determinación y “ganas de pelear” para lograr un cambio en la Junta, encabezada por el actual presidente, Juanma Moreno.

Durante una entrevista con el programa 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Montero subrayó que ve al candidato del Partido Popular al frente de la Junta, Juanma Moreno, confiado por el calendario electoral y sin temor a un posible castigo electoral tras su gestión en asuntos como la crisis de los cribados de cáncer de mama y la respuesta ante incendios forestales. La eurodiputada consideró que estas cuestiones han puesto vidas en riesgo y señaló que Moreno Bonilla no parece preocupado por una reacción negativa del electorado. Al abordar las negociaciones para posibles coaliciones de cara a los próximos comicios regionales, Montero remarcó que Podemos “va a estar presente en estas elecciones” y precisó que quienes deseen una izquierda “valiente” encontrarán esa opción en la candidatura morada, más allá de los acuerdos formales con otras fuerzas.

Montero puso el foco en la cercanía del plazo para la presentación de coaliciones electorales, recordando que “quedan unos días” para que las fuerzas progresistas definan sus posturas. A su juicio, la labor de la izquierda no se limita a cuestiones internas o pactos, sino que el objetivo compartido y la claridad en las tareas determinarán la conformación de alianzas automáticas. En ese sentido, resaltó la importancia del acto que protagonizará junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuyo objetivo será transmitir certeza sobre la necesidad de una izquierda fuerte que impulse el avance político en España.

En otro plano, Montero se refirió al decreto de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros para paliar la subida de los precios energéticos derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según publicó Europa Press, la número dos de Podemos anticipó que su partido solo respaldará el decreto si incorpora la intervención directa en los precios. Montero calificó las actuales medidas como “de derechas”, sosteniendo que benefician únicamente a unos pocos y aumentan las ganancias de las grandes empresas energéticas. En sus palabras, “si hace medidas de derecha tendrá que pedirle el voto a la derecha”, dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien recomendó negociar con el bloque conservador si busca ese enfoque en la gestión de la crisis.

Europa Press recogió declaraciones de Montero donde asegura que el reciente decreto no impide que “un cuarto de las gasolineras hayan decidido subir los precios antes de la entrada en vigor” de la medida, responsabilizando a las compañías del sector por aprovechar la situación en su propio beneficio. Según su análisis, la política económica liderada por la parte socialista del Ejecutivo provoca que “crezca la extrema derecha” y contribuye a la decepción del electorado progresista, dado que “se hacen muchas de las cosas que también haría la derecha”, opinó Montero según reportó Europa Press.

Con relación a la estrategia electoral y la composición de candidaturas, Montero evitó detallar si Podemos busca reeditar la coalición con Izquierda Unida o explorar otras alianzas. La eurodiputada reiteró que aquello que realmente fortalecerá a la izquierda andaluza es un compromiso firme con el cambio político y la defensa de los intereses sociales frente al actual gobierno de Juanma Moreno, en lugar de centrarse en cuestiones partidistas o debates internos sobre las alianzas previas a los comicios.

Finalmente, Europa Press reflejó que Podemos mantiene su postura de exigir una intervención de los precios como condición indispensable para apoyar las medidas del Gobierno en materia de energía, al considerar insuficiente el enfoque actual para proteger a los consumidores ante la volatilidad ocasionada por el contexto internacional. Además, Montero subrayó que la responsabilidad de negociar y alcanzar acuerdos recae sobre el Ejecutivo, quien debe buscar consensos en función de la naturaleza de sus políticas.

En el contexto de la convocatoria de elecciones autonómicas prevista en Andalucía para el próximo 17 de mayo, el presidente andaluz Juanma Moreno declaró que la actitud del Gobierno central influirá directamente en el respaldo del Partido Popular al decreto de ayudas destinado a mitigar los efectos derivados de la crisis provocada por el conflicto en Irán. Según informó Europa Press, Moreno manifestó que, únicamente si el Ejecutivo adopta una postura "mucho más honesta, mucho más transparente y de buena fe", el grupo popular podría considerar al menos la abstención durante la votación para convalidar el mencionado paquete de medidas en el Congreso de los Diputados.

El medio Europa Press detalló que Moreno, durante una entrevista concedida a Onda Cero, subrayó las dificultades de confianza existentes entre el PP y el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. El presidente andaluz señaló que la escasa credibilidad otorgada al Ejecutivo tiene raíces en situaciones anteriores, donde, según sus palabras, el PP se ha sentido engañado en reiteradas ocasiones por decretos presentados con condiciones que dificultaban el apoyo parcial y obligaban a aceptar o rechazar el texto en su totalidad.

Durante la entrevista, y según publicó Europa Press, Juanma Moreno explicó que la evaluación final sobre la posición que adoptará el Partido Popular respeto al decreto depende fundamentalmente del grupo parlamentario en el Congreso. Afirmó que, en este momento, los integrantes de dicho grupo se encuentran analizando la cuestión "de una manera serena", valorando tanto el contenido del texto como las enmiendas y sugerencias formuladas por el propio partido, algunas de las cuales han sido incorporadas al borrador de ayudas mientras que otras quedaron excluidas.

Moreno reiteró, de acuerdo con Europa Press, que la ayuda resulta necesaria ante la crisis que atraviesa el país por la guerra en Irán, lo que ha motivado la elaboración de este nuevo paquete económico por parte del Gobierno central. Sin embargo, expresó que la confianza del PP hacia el Ejecutivo se mantiene limitada, y vinculó cualquier posibilidad de abstención a una modificación en las formas y procedimientos de actuación del Gobierno, exigiendo claridad y colaboración con la oposición durante la tramitación parlamentaria.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Moreno reafirmó la importancia de que el Gobierno defina claramente su propuesta final, destacando que el debate acerca de la convalidación del decreto se extenderá durante la semana. Apuntó que la disposición del Partido Popular a colaborar depende de los movimientos y ajustes que el Ejecutivo esté dispuesto a realizar, así como de su capacidad para acercar posturas y responder a las demandas del grupo opositor.

El presidente de la Junta insistió en que la experiencia previa condiciona fuertemente la disposición del Partido Popular a apoyar o abstenerse en la votación, dado que la percepción de falta de transparencia y la presencia de cláusulas poco claras en anteriores decretos han sido, para ese grupo, motivo de desconfianza. Según consignó Europa Press, Moreno concluyó que solo un cambio significativo en la actitud del Gobierno permitiría avanzar hacia fórmulas de colaboración más estables y mayor respaldo a las iniciativas destinadas a paliar los efectos del conflicto internacional en la economía nacional.

Con intención de dar curso al año legislativo, el Gobierno Nacional revisa el proyecto de Código Penal, anunciado en diciembre como una de las claves del período, y el paquete en defensa de la propiedad privada, que girarán al Congreso en el primer envío del período ordinario. Según supo Infobae, el oficialismo analiza insistir también con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones.

Luego de la reunión de mesa política del pasado martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo insitirá con la modificación del Código Penal, en el que trabajó el saliente tándem de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con intención de implementar algunos cambios, y el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A los anunciados proyectos, podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes, y que fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024, cuyo tratamiento no prosperó. El funcionario argumentó que la normativa “busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones”.

Con tan solo tres días hábiles en la semana, luego del fin de semana XLL por el 24 de marzo, que conmemora el 50° aniversario del último golpe cívico militar de 1976, el reducido equipo que coordina Adorni, bajo supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a verse las caras la próxima semana. Sin embargo, este miércoles accederán al detalle de las normativas anunciadas a ser enviadas en la primera tanda, que hasta entonces permanecen en las oficinas de un puñado de funcionarios.

Asimismo, en el oficialismo destacan la Ley de Glaciares, prevista para ser tratada durante las extraordinarias, pero finalmente postergada para ordinarias, como una de las prioridades de la Casa Rosada. El cronograma legislativo incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con un cupo de solo 200 expositores.

Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week, y configura una cuenta pendiente que quedó del temario de la prórroga veraniega.

Por estas horas, hay quienes sostienen que podría discutirse en el recinto el próximo 8 de abril, y si bien estaba previsto que ingresara por la Cámara de Senadores, aún no hay garantías de que eso ocurra. Es que, según expuso un integrante de la mesa política a este medio, varios legisladores cuestionan la determinación al sostener que “(Patricia) Bullrich quiere absorver todo y llevarse los laureles”.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir en Balcarce 50. En este grupo figuran las modificaciones en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad que prometieron impulsar para contener la bronca de los sectores involucrados, pero también la reforma política que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discruso de la apertura de sesiones ordinarias.

Los cambios en el sistema democrático actual también son materia de debate interno. Como contó este medio, el oficialismo resolvió postergar para “más adelante” el envío al Congreso con intención de tantear los respaldos con los que cuenta antes de su tratamiento. Varias voces del ecosistema libertario promente que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, luego de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las posturas, delimitadas en función de la composición del Congreso, son diversas. “Nosotros queremos la eliminación porque es un gasto inmenso para el contribuyente”, argumenta un habil negociador violeta. Sin embargo, la realidad parece empañar los deseos del mandatario y limitar su alcance: algunos piensan en repetir la suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025, y otros en eliminar su caracter obligatorio. Con el correr de los días, y feriados mediante, deberán ajustar la línea antes de enviar los proyectos.