Destinar millonarias sumas de dinero a la financiación de campañas fue una constante para ocupar una curul en el Congreso de Colombia. Los informes oficiales muestran que la inversión puede superar incluso a la de una candidatura presidencial, pero el gasto millonario no siempre garantiza la obtención de un puesto.

En las elecciones legislativas para el periodo 2026-2030, los congresistas y candidatos que más aportaron recursos provinieron del Senado y la Cámara de Representantes. La lista incluye a Jhony Besaile (Partido de la U), que invirtió $1.289.000.000 para obtener 107.469 votos; Wilmer Carrillo, con $1.252.000.000 y 125.256 votos; y Juan Carlos Garcés (Partido de la U), que destinó $1.210.000.000, apoyado en recursos propios y familiares, reveló Cambio.

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También sobresalen Óscar Sánchez (Partido Liberal), Jhon Amaya (Alianza Verde) y Edgardo Espitia (Cambio Radical), que, tras gastar $1.137.000.000, logró ser el más votado de su lista. Estos montos reflejan la influencia del dinero y la desigualdad en la política colombiana, pero algunas campañas costosas no se tradujeron en un escaño en el Congreso, mientras otras, con menos recursos, sí lo consiguieron.

El desembolso destinado a campañas legislativas, en algunos casos, rebasó el de aspiraciones presidenciales, según el medio citado. Entre quienes lograron escaño resalta Besaile, heredero de un clan de Córdoba, que obtuvo su tercer periodo parlamentario bajo investigación judicial. Por su parte, Carrillo centró su inversión en propaganda y enfrenta un proceso legal por presuntas irregularidades en la gestión pública. Garcés consolidó su candidatura con el apoyo de la estructura de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca.

En Antioquia, Jaime Alfonso Cano (Partido Conservador) gastó $1.488.000.000 y se ubicó como el más votado de su departamento gracias al respaldo local. En Sucre, Milene Jarava (Partido de la U) invirtió $1.439.000.000 y capitalizó el apoyo familiar y político. En Meta, Milton Virgilio Carreño destinó $1.170.000.000 a materiales de campaña y publicidad, consolidando su victoria.

En la Cámara de Representantes, la mayor inversión estuvo a cargo de María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico, Bogotá), que reportó $3.442.000.000 en ingresos y $2.994.000.000 en gastos. Una parte significativa se asignó a actos públicos como el Pacto Fest en la Plaza de Bolívar. En el departamento de Bolívar, María Camila Salas (Partido Conservador) invirtió $600.000.000, principalmente en propaganda, apoyada por su entorno político y familiar. Además, Jota Pé Hernández (Alianza Verde) se destacó al aportar $400.000.000 de su patrimonio y sumar el resto mediante aportes privados.

Candidatos que más gastaron sin obtener curul

En la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, la derrota de aspirantes con inversiones millonarias evidenció que el gasto no garantiza un escaño, de acuerdo con los registros analizados por Cambio. Katherine Miranda, candidata al Senado por Alianza Verde, destinó $1.346.000.000 a su campaña, de los cuales más de $1.154.000.000 provinieron del partido; solo podrá recuperar $253.000.000 por reposición de votos.

En el Partido Liberal, Horacio José Serpa gastó $1.216.000.000 y pudo sumar solo 65.469 votos; recibirá $552.000.000 a modo de reposición, lo que no cubre la totalidad de su aporte personal. Otras aspirantes, como Alix Yirley Vargas y María Paz Gaviria, también quedaron fuera del Congreso tras invertir más de $1.100.000.000 y $875.000.000, respectivamente, y recuperar apenas la mitad mediante reposición.

El caso de Lina Garrido (Cambio Radical) llamó la atención: destinó $808.000.000 y solo obtuvo 30.000 votos. Mauricio Parodi, con $732.000.000 invertidos en Medellín y apoyos privados, no logró repetir periodo legislativo. Richard Aguilar, exgobernador, gastó $1.182.000.000 financiados totalmente por privados y únicamente podrá recuperar $625.000.000. Estos ejemplos muestran que una alta inversión económica no asegura representación parlamentaria.

El consumo en los hogares cayó en el cierre de 2025, con 5 meses consecutivos a la baja. Un estudio privado midió la magnitud del retroceso y detectó cambios en la forma de comprar: los argentinos no dejaron de consumir, pero empezaron a hacerlo de otra manera. Menos visitas al súper, canastas más chicas y la elección de segundas marcas marcaron el final del año y anticipan una tendencia que, aseguran, se profundizará durante 2026.

Según el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, durante el último trimestre de 2025, mientras la frecuencia de compra de los hogares argentinos descendió un 8,2%, el volumen de productos adquiridos cayó un 4,7% respecto al mismo periodo del año previo.

El reporte precisó que el 41% de las categorías registró baja en volumen durante el año, mientras que el 39% dejó de ser una prioridad en los hogares y solo el 17% logró crecer de forma sostenida.

Esta baja, señala el estudio, es resultado de una menor frecuencia de visitas a los puntos de venta, canastas reducidas y una polarización notoria tanto en la elección de marcas como de canales comerciales. El análisis anticipa que 2026 estará signado por un consumidor aún más cauteloso, obligado a ajustar cada vez más sus decisiones ante la presión sobre los ingresos.

Según Esteban Cagnoli, director general de Worldpanel by Numerator en la Argentina, “los hogares evitan resignar categorías y lo hacen ajustando otras variables de compra, con canastas más pequeñas y visitas más espaciadas al punto de venta”. Entre las excepciones, alimentos secos, lácteos y productos refrigerados mostraron mayor resistencia, apalancados en su carácter esencial.

El comportamiento del consumo minorista en 2025 estuvo marcado por una administración rigurosa del gasto, la reorganización del stock en los hogares y estrategias tendientes a evitar gastos elevados. La contracción, en tanto, no se explica por una desaparición de compradores, sino por la reducción del tamaño de cada compra y una frecuencia menor en las visitas.

Esta tendencia es clara: la mayoría de las familias preservó las categorías usuales, ajustando en cambio cantidades adquiridas y postergando reposiciones, una tendencia que reflejó el impacto de la inflación y de los ajustes presupuestarios.

Polarización de marcas y fragmentación del consumo según nivel socioeconómico

No todos los hogares reaccionaron igual ante el nuevo escenario. El informe destaca una marcada fragmentación: mientras los niveles socioeconómicos altos sostuvieron su volumen de compra, los segmentos de menores ingresos redujeron drásticamente sus hábitos de consumo.

Cagnoli puntualiza que “los hogares jóvenes y pequeños muestran una mayor capacidad de adaptación dentro del contexto actual”, adaptándose a la coyuntura con más flexibilidad.

Una transformación clave fue la acentuada polarización de marcas. Por un lado, las marcas premium crecieron en volumen sustentadas en promociones y estrategias de diferenciación. Por otro, las llamadas value for money (relación calidad-precio) se consolidaron como refugio por su propuesta de precio y racionalidad. En contraste, las marcas mainstream resultaron las más perjudicadas, desplazadas por una “tendencia binaria: diferencial o ahorro”, señaló el estudio de Worldpanel by Numerator.

Canales de venta: auge del autoservicio y contracción del mayorista y el hipermercado

El cambio de hábito modificó la dinámica de los canales comerciales. El relevamiento indica que el consumidor argentino privilegió compras menos planificadas y reposiciones cotidianas, con menor almacenamiento en el hogar. En este contexto, los canales de cercanía se consolidaron como modalidad predilecta, gracias a su capacidad de absorber la demanda de surtido básico de manera ágil y con precios competitivos.

El informe da cuenta de un cambio relevante: el autoservicio emerge como el formato más resiliente de 2025, enfrentando mejor que otros la presión sobre el poder adquisitivo. Los supermercados e hipermercados, pese a estrategias comerciales más agresivas, intensificaron su caída con una baja interanual del 8,9% en el último trimestre. El canal mayorista, incluso, retrocedió un 12,7% interanual en ese mismo periodo, según Worldpanel by Numerator.

Panamá invierte por debajo del promedio regional en investigación agropecuaria y muy por debajo de países líderes como Brasil, Uruguay Argentina, México, Chile y la vecina Costa Rica, lo que limita la generación de evidencias sobre el retorno de la investigación.

Pese a la capacidad demostrada en la generación de tecnologías agropecuarias, el país no cuenta con evaluaciones exhaustivas de sus beneficios económicos, lo que contribuye a que la investigación y desarrollo (I+D) sea percibida como gasto y no como una inversión estratégica que garantice la seguridad alimentaria.

A esta conclusión llegó un grupo de investigadores agropecuarios, para quienes la evidencia demuestra que los recursos asignados por el Estado al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) han sido históricamente bajos y con marcada variabilidad, representando apenas una fracción del Producto Interno Bruto Agropecuario.

“Esta limitación ha restringido la capacidad institucional para responder de manera sostenida a los desafíos tecnológicos del sector”, afirman en el documento Investigación agropecuaria, na inversión rentable: impacto económico de tecnologías de IDIAP en seis rubros productivos.

Para este 2026 la entidad cuenta con un presupuesto recomendado de $31.4 millones, de los cuales $15.6 millones corresponden a funcionamiento y $15.8 millones a inversión.

La institución gubernamental informó que estos recursos estarán dirigidos a programas de investigación agropecuaria, apoyo a la innovación, productividad y sostenibilidad de los sistemas productivos, conservación de recursos naturales e innovación institucional, con el propósito de impulsar la agricultura familiar y fortalecer la seguridad alimentaria.

De manera global, para el sector agropecuario el presupuesto asignado para la vigencia fiscal de 2026 asciende a $279.6 millones.

Al desglosar la cifra se tiene que $130.8 millones corresponden al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, $31.4 millones al IDIAP, $6 millones al Instituto Técnico de Agro Tecnología, $54.6 millones al Instituto de Mercadeo Agropecuario, $45.4 millones al Banco de Desarrollo Agropecuario y $11.1 millones al Instituto de Seguro Agropecuario.

Aun con una inversión modesta, los investigadores agropecuarios afirman que la investigación desarrollada ha generado beneficios económicos significativos, conclusión a la cual llegaron luego de analizar seis de los más de 30 rubros productivos en los que el Instituto aseguran ha innovado.

El desarrollo de variedades mejoradas, junto con tecnologías de manejo agronómico y la introducción de pasturas de mayor calidad, fueron estrategias clave para superar limitantes, como plagas, enfermedades, deficiencias en la fertilización, escasez de semilla y deficiencias de manejo agronómico.

Los investigadores insisten en que hay evidencia de que los retornos superan ampliamente la inversión, como lo confirman los indicadores de valor actual neto y la relación beneficio/ costo.

En 2024, por ejemplo, los beneficios totales fueron por $184 millones, de los cuales $71,6 millones corresponden a investigación, con una tasa de descuento del 10%. El valor actual neto fue de $354 millones -$138 atribuibles a la investigación- y la relación beneficio/ costo registró que por cada dólar invertido retornaron $22,1, de los cuales $9,24 se explican por las labores de investigación.

Estos resultados, destacan, respaldan la necesidad de incrementar y estabilizar el financiamiento destinado a la entidad, reconociendo la investigación agropecuaria como una política estratégica para fortalecer la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria del país.

La publicación revela que el mayor impacto se estimó en arroz y pasturas mejoradas, mientras que las investigaciones en maíz, papa, poroto y tomate, aunque menores en escala, aportaron a la diversificación y seguridad alimentaria.

En conclusión, reafirman que la inversión en investigación agropecuaria en Panamá es rentable y estratégica, al mejorar productividad y sustentabilidad agrícola.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) informó que el déficit primario del Gobierno Nacional Central de Colombia en 2025 fue, en forma preliminar, del 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra representa una desviación de un punto porcentual frente a la meta fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

De acuerdo con el informe de la entidad, el déficit fiscal total cerró en el 6,3% del PIB, un resultado mejor a la proyección oficial y 0,8 puntos porcentuales (pp) por debajo del tope contemplado en el MFMP, que era del 7,1%. La reducción también implicó un dato inferior al registrado en 2024, cuando el déficit total alcanzó el 6,7% del PIB.

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Según el Carf, “se estima preliminarmente que el déficit primario acumulado en 2025 fue 3,4% del PIB, deteriorándose 0,2 puntos porcentuales frente a noviembre y desviándose frente a la meta del MFMP en 1% del PIB”. El resultado, demás de que se mantuvo alejado del objetivo oficial del 2,4%, también fue mayor al cálculo propio del organismo, que lo proyectaba en 3%.

Los datos, para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, reflejan que “la dimensión del tema fiscal es descomunal”. Anotó que el déficit primario de 2025 será más de diez veces mayor al déficit primario que se tenía en 2023. Lamentó que en solo dos años el derroche fiscal se multiplicó por diez veces y cuando esto sucede, obviamente, se aumenta la deuda a cifras récord.

“Los dos hechos, sumado a más riesgo país y con ello más costo de deuda, significan en la práctica menos espacio en el presupuesto nacional para la inversión social y productiva (hospitales, escuelas, vías, cultura, vivienda social)”, puntualizó en X.

Dijo que, desde el 8 de agosto de 2026, debe darse un significativo ajuste fiscal que reduzca de nuevo diez veces ese derroche de gasto público.

Déficit primario empeoró

Y es que la evolución mensual reveló que el déficit primario empeoró hacia el final del año. Pasó de -2,4% del PIB en octubre a -3,2% en noviembre, y concluyó en -3,4% en diciembre. Tal como señaló la entidad, la tendencia refleja un deterioro constante durante el último trimestre de 2025.

En cuanto al recaudo tributario, el desempeño estuvo por debajo de las proyecciones establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El recaudo bruto fue de $296 billones, con un crecimiento del 11,2% respecto a 2024, pero presentó un desfase de $9,5 billones frente a la meta oficial, lo que situó el cumplimiento en el 96,9%.

Mientras tanto, el recaudo neto, al descontar devoluciones y recaudo en papeles, alcanzó $270,4 billones. La cifra quedó $9,9 billones por debajo de la meta definida en el MFMP y fue $1,6 billones menor a la estimación mensualizada del Carf. Mientras el IVA interno y los impuestos externos superaron lo proyectado por la Dian, con excedentes de $0,9 billones y $0,7 billones, respectivamente. El impuesto sobre la renta registró el mayor retraso, al ubicarse $11,2 billones por debajo del objetivo.

Con relación al gasto fiscal, reportó que el gasto fiscal total del Gobierno Nacional Central ascendió en 2025 a $422 billones (22,9% del PIB). Por su parte, el gasto fiscal primario alcanzó $368 billones, equivalentes al 20% del PIB. El monto total superó la barrera de $400 billones por segundo año consecutivo y posicionó a 2025 como el tercer año con mayor gasto fiscal total como proporción del PIB, después de 2021 y 2024.

Recorte del presupuesto

El informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal resaltó que “el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno llevó a cabo un recorte presupuestal por valor de $16,2 billones, de los que $9,6 billones correspondieron a funcionamiento y $6,6 billones a inversión. La apropiación vigente al cierre del año fue $510,5 billones”. El impacto fiscal de la medida se calculó en $14,9 billones.

Al cierre del año, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) alcanzó el 87,8%, lo que representó una mejora de 4,7 puntos porcentuales (PP) respecto al año anterior. Aunque la eficiencia en los desembolsos aumentó, el apartado de inversión mantuvo el menor nivel de ejecución en comparación con otros sectores.

En materia de deuda pública, el Carf señaló que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central finalizó 2025 en el 64,7% del PIB, un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto a noviembre y de 4,8 puntos en relación con diciembre de 2024, lo que marcó un máximo histórico. El detalle muestra que la deuda externa subió 1,3% entre noviembre y diciembre, es decir, $4,4 billones más, y la deuda interna avanzó 1,4% en ese periodo, lo que significó un alza de $11,9 billones.

Disminución del gasto en intereses

Un aspecto relevante en la reducción del déficit fiscal total fue la disminución del gasto en intereses. En diciembre, los pagos por intereses representaron el 19,7% de los ingresos tributarios, muy por debajo del 30,3% alcanzado el año anterior. Como explicó el Comité, “el ajuste contable a la baja de los intereses relacionado con las operaciones de manejo de deuda (OMD) explica la reducción”. El gasto en intereses se situó en el 2,9% del PIB y cerró 1,4 pp por debajo del nivel contemplado en el MFMP, resultado en gran parte de la estrategia de OMD implementada en el segundo semestre de 2025.

Con miras a 2026, el presupuesto aprobado para el Gobierno Nacional Central asciende a $547 billones, mientras la apropiación fiscal se fijó en $472,5 billones. Estos recursos se distribuyen en $396,2 billones para gasto primario, $68 billones para intereses, $3,7 billones dirigidos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y $4,5 billones en bonos pensionales.

Panamá cerró el año fiscal 2025 con una reducción histórica del déficit fiscal, una mejora en la prima de riesgo país y un descenso sostenido en las tasas de interés, resultados que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reflejan un proceso de ajuste que permitió ordenar las finanzas públicas sin frenar el crecimiento económico ni recortar el gasto social.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, destacó que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.

El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional.

Según detalló, el desempeño superó las metas establecidas por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y estuvo por debajo de las proyecciones que manejaban los mercados y las calificadoras, que anticipaban un déficit superior al 4.4%.

Para el Gobierno, este comportamiento permitió enviar una señal de seriedad financiera y responsabilidad presupuestaria en un contexto internacional marcado por alta volatilidad, dijo el funcionario.

Uno de los impactos más relevantes de esta corrección fue la reducción de la prima de riesgo país, que cayó en más del 54%, así como la baja en el costo de financiamiento de la deuda pública.

Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias para empresas y ciudadanos.

Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.

De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.

“Estamos demostrando de dónde salen los recursos”, sostuvo, al referirse al impacto directo del orden fiscal en la sostenibilidad del sistema.

El balance fiscal también mostró una mejora sustancial en el resultado primario, que pasó de un déficit de -3.32% del PIB a -0.67%, reflejando un esfuerzo genuino basado en mayores ingresos y una gestión más eficiente del gasto.

Paralelamente, el ahorro corriente del Gobierno Central pasó de negativo a positivo, cerrando el año con un superávit equivalente al 0.04% del PIB, lo que indica una menor dependencia del endeudamiento para financiar las operaciones del Estado.

En materia de ingresos, las cifras oficiales muestran un crecimiento cercano al 6.9%, impulsado principalmente por un aumento del 9% en los ingresos tributarios.

Los impuestos directos registraron un alza del 14.4%, resultado atribuido a procesos de fiscalización más estrictos, mayor uso de tecnología, digitalización de trámites y aplicación de herramientas de análisis de riesgo. Chapman destacó que estas medidas fortalecieron el cumplimiento voluntario y ampliaron la base de contribuyentes.

La reducción del gasto también fue uno de los pilares del ajuste. El gasto total del Sector Público No Financiero disminuyó un 5.3%, mientras que el gasto del Gobierno Central se redujo en 9.4%, sin afectar, según el Ejecutivo, la prestación de servicios esenciales.

Más del 80% del presupuesto continuó destinándose a salud, educación y protección social, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables durante el proceso de consolidación fiscal.

Otro aspecto clave fue la disminución de las cuentas por pagar del Estado, que pasaron de 1,976 millones de dólares en 2024 a 1,034 millones en 2025, una reducción cercana al 48%.

El Ministerio explicó que estos saldos corresponden al ciclo normal de ejecución presupuestaria y reflejan mejoras en planificación financiera, control institucional y transparencia en la gestión de compromisos.

En paralelo, la economía panameña mantuvo un crecimiento aproximado del 4% durante 2025, ubicándose por encima del promedio regional.

Este desempeño fue impulsado por los sectores de transporte, logística, servicios financieros, comercio y construcción, incluso en medio de reformas al sistema de pensiones y un entorno global desafiante. Para el Gobierno, esta combinación de crecimiento y ajuste fiscal confirma la capacidad de la economía para absorber cambios estructurales sin perder dinamismo.

Chapman sostuvo que la estrategia adoptada evitó políticas de austeridad extrema, como despidos masivos o eliminación de subsidios, que habrían tenido un impacto social negativo.

En su lugar, se optó por un enfoque gradual orientado a alcanzar el equilibrio fiscal hacia el final de la década, manteniendo la estabilidad social y fomentando la inversión privada como motor de generación de empleo.

El ministro subrayó que el principal objetivo del proceso ha sido recuperar la confianza, considerada un factor clave para atraer inversión local y extranjera. Según explicó, sin certidumbre institucional y estabilidad financiera no es posible sostener el crecimiento, ni estimular la creación de empleo, ni mejorar de forma permanente el ingreso de los hogares.

Finalmente, el Gobierno aseguró que los resultados de 2025 marcan un punto de inflexión en la gestión fiscal del país. La combinación de menor déficit, reducción del riesgo país, ahorros en intereses y crecimiento económico, sostiene el Ejecutivo, sienta bases más sólidas para enfrentar los desafíos fiscales y sociales en los próximos años sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

A pesar de estos resultados macroeconómicos, distintos analistas advierten que los avances fiscales todavía no se traducen de forma uniforme en mejoras en la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Panamá mantiene niveles elevados de pobreza, especialmente en áreas rurales, comarcas y zonas urbanas periféricas, donde el acceso a empleo formal, servicios básicos y oportunidades productivas sigue siendo limitado, lo que refleja una brecha persistente entre el crecimiento económico y el bienestar social.

A ello se suma el impacto del desempleo y la informalidad laboral, que continúan afectando a una parte importante de la fuerza laboral. Miles de trabajadores dependen de actividades sin estabilidad, seguridad social ni ingresos predecibles, una situación que debilita el consumo interno y limita la capacidad de las familias para enfrentar aumentos en el costo de vida.

Aunque las cifras oficiales muestran una recuperación gradual del empleo, el mercado laboral aún no absorbe plenamente a los jóvenes ni a quienes perdieron puestos durante la pandemia.

En paralelo, la inseguridad y la delincuencia siguen siendo una preocupación central para amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en comunidades vulnerables. La combinación de pobreza, falta de oportunidades y debilidad institucional en algunos territorios alimenta dinámicas de violencia que impactan la actividad económica, el turismo y la percepción de estabilidad.

Para diversos sectores, el desafío del Gobierno no solo es consolidar el orden fiscal, sino convertir ese equilibrio financiero en políticas sostenidas que reduzcan desigualdades y fortalezcan la cohesión social.

La comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Ángel Pichetto, comenzará desde las 13 de hoy a tratar la Cuenta de Inversión 2020, es decir, los gastos del Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández durante dicho período, cuando estalló la pandemia del Coronavirus.

El cuerpo que preside Pichetto consiguió, en los últimos meses, reacomodar parte del zafarrancho que dejaron gestiones anteriores y, de a poco, vuelve a funcionar como el enlace predilecto del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN), que es la encargada de realizar los controles externos de los gastos del Estado. El organismo que hace los internos es la Sindicatura General de la Nación.

La AGN es manejada por el fili K Juan Manuel Olmos. Como Diputados y el Senado no logran consensuar a los auditores que le corresponden a las Cámaras baja y alta, la sensible institución quedó en manos de una sola persona.

Semanas atrás, la bicameral mixta dictaminó de manera favorable la Cuenta de Inversión 2019, el último de la era Cambiemos. Un sector de la oposición prefirió un despacho de minoría. Durante la jornada de hoy, la lupa pasará a estar direccionada sobre la de Fernández.

En agosto de 2021, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) emitió un comunicado y un informe sobre el tema, en el que señaló que “en la comparación de la ejecución con el crédito inicial aprobado, se observó que los ingresos totales y los gastos totales registraron desvíos del 50,7% y del 44,1%, respectivamente”.

Luego, la OPC recordó: “Dada la falta de sanción parlamentaria de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2020, durante ese ejercicio fiscal debió regir la prórroga de la Ley de Presupuesto del ejercicio 2019 (Ley 27.467), en los términos del artículo 27 de la Ley 24.156. Las rentas de la propiedad constituyeron la principal fuente de incremento de los ingresos corrientes, con variación real positiva de 198,1%, debido a las transferencias de utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por $1.606.982 millones. Sin esa transferencia, los ingresos totales hubiesen caído 16,6%”.

Seguido a ello, se reflejó que “los gastos primarios aumentaron 17,1% durante el 2020”. En esa línea, se agregó: “Dicha variación se explica principalmente por el conjunto de medidas asociadas al COVID 19, que implicó un gasto devengado de $921.623 millones, sin el cual las erogaciones primarias hubieran presentado una leve expansión de 0,2%”.

“Descontando la incidencia de las utilidades del BCRA, el déficit primario se ubicó en $2.001.768 millones (7,3% del PBI) con un deterioro de 6,6 puntos porcentuales (p.p.) respecto al déficit 2019 (0,7% del PIB). En tanto, el resultado financiero implicó un desequilibrio de $ 2.626.584 millones (9,6% del PIB), reflejando un deterioro de 4,6 p.p. con relación al año anterior”, sumó la OPC.

El organismo, entonces liderado por el experimentado Marcos Makón, expuso: “Las operaciones de Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos totalizaron $3.432.609 millones, lo que representó una cifra 30,1% ($1.476.065 millones) inferior al presupuesto inicial, mientras que las erogaciones por Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos totalizaron $1.828.731 millones, ejecutando un monto 46,6% ($1.597.286 millones) por debajo crédito inicial”.

Por último, la OPC subrayó: “El stock de deuda pública nacional, medido en pesos, mostró un incremento de $8,9 billones durante el año, explicado en gran parte por un incremento de 40,5% en el tipo de cambio. Entre las operaciones de deuda, se destacó la reestructuración de deuda denominada en moneda extranjera, tanto bajo legislación local como bajo legislación extranjera. Como resultado de ambas operaciones, se produjo una caída de deuda neta de USD2.431 millones”.

Durante los meses más calurosos el uso del aire acondicionado es frecuente. La preocupación por el consumo eléctrico y el impacto en la factura mensual motiva una de las dudas más comunes: ¿es más económico apagar y encender el aire acondicionado según las necesidades o conviene dejarlo encendido todo el día a una temperatura constante?

La respuesta, lejos de ser intuitiva, depende de múltiples factores que afectan al rendimiento y la eficiencia del aparato. Expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, ofrecen una serie de pautas para quienes buscan optimizar el uso del aire acondicionado y reducir el gasto energético.

Según el análisis de la OCU, el consumo no depende únicamente de las horas que el aparato permanece en funcionamiento, sino de cómo se utiliza y de las condiciones del ambiente.

Qué influye más: el tiempo de uso o la forma en que se utiliza el aire acondicionado

Para la OCU, lo determinante no es solo el número de horas que el aparato está encendido, sino el modo en que se gestiona. Un uso adecuado implica evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una programación estable, lo que puede derivar en una reducción del consumo.

El abuso de apagados y encendidos obliga al aparato a funcionar a máxima potencia para recuperar la temperatura deseada, mientras que una temperatura constante permite que la máquina trabaje de forma más eficiente.

Además, la tecnología inverter, presente en la mayoría de electrodomésticos actuales, permite que el compresor ajuste su velocidad y mantenga la temperatura deseada sin picos de consumo, lo que se traduce en un ahorro potencial frente al encendido intermitente.

Cuál temperatura es la más eficiente para el aire acondicionado

La OCU sugiere regular el termostato entre 24 y 25 grados Celsius, siempre que sea posible. Cada grado por debajo de ese rango supone un aumento del 10% en el consumo eléctrico. Si la temperatura exterior marca 33°C, ajustar el aire a 25°C es suficiente para garantizar el confort sin provocar un gasto excesivo.

Mantener la diferencia térmica respecto al exterior en márgenes razonables no solo ahorra energía, sino que previene problemas de salud asociados a cambios extremos de temperatura. Además, el uso sostenido y moderado se considera más eficiente que alternar el encendido y apagado varias veces al día.

En qué momento conviene encender el aire acondicionado y cuándo apagarlo

El momento de encender el aire acondicionado influye en el consumo. La OCU sugiere activarlo durante las primeras horas del día, cuando el calor aún no ha alcanzado su punto máximo, para enfriar la vivienda de manera más rápida y con menor esfuerzo por parte del electrodoméstico.

Durante la jornada nocturna, lo mejor es programar el apagado automático aprovechando el descenso natural de la temperatura exterior. Las madrugadas suelen ser más frescas, lo que hace innecesario mantener el aire encendido y permite reducir el consumo eléctrico sin perder el confort térmico.

Qué otras medidas ayudan a ahorrar energía con el aire acondicionado

Existen estrategias adicionales que contribuyen al ahorro energético. Activar el modo ECO en los aparatos que lo permiten puede traducirse en una reducción de hasta el 30% en el consumo eléctrico. Mantener los filtros limpios y revisar la carga del refrigerante son acciones clave para asegurar un funcionamiento eficiente.

Asimismo, el uso de ventiladores de techo para distribuir el aire frío, cerrar puertas y refrigerar por zonas, así como evitar la orientación directa del flujo de aire hacia las personas, forman parte de las pautas de la OCU.

Apagar completamente el aparato cuando se prevé estar fuera de casa varias horas resulta fundamental, porque incluso en modo de espera los dispositivos consumen energía.

Un error frecuente en los hogares durante el verano es calibrar de manera incorrecta la temperatura del aire acondicionado. Esta práctica, lejos de mejorar el confort, puede provocar un aumento en el consumo energético y, como consecuencia, en el importe de la factura eléctrica.

Además, establecer la temperatura por debajo de ciertos valores sugeridos por expertos como Repsol impacta en la salud y en la eficiencia del aparato. La diferencia excesiva entre el exterior y el interior puede generar molestias físicas y contribuir a un mayor consumo energético.

Por este motivo, se explica todo lo que hay que saber de la temperatura adecuada del aire acondicionado, sumado a otras pautas de ahorro.

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado en verano

La temperatura ideal del aire acondicionado en verano se sitúa entre los 24°C y los 26°C. Colocar el termostato por debajo de estos valores implica un sobreesfuerzo para el dispositivo y una subida en el consumo de electricidad.

Según Repsol, una diferencia de más de 12°C respecto a la temperatura exterior puede derivar en molestias físicas, como síntomas de resfriado, y en un gasto innecesario de energía.

La autoridad experta sugiere dirigir el flujo de aire frío hacia arriba, porque el aire frío es más denso y baja de manera natural, lo que permite una mejor distribución en la habitación. De esta forma, se potencia la eficiencia del aparato sin la necesidad de reducir la temperatura por debajo de los valores recomendados.

Por qué aumenta el consumo y el gasto si se baja mucho la temperatura

Colocar el aire acondicionado a una temperatura inferior a 24°C obliga al compresor a funcionar durante más tiempo y a máxima potencia. Según datos de Repsol, cada grado menos puede suponer un incremento de hasta un 8% en el consumo energético. Esta diferencia se refleja de manera directa en la factura mensual.

Asimismo, esta práctica tampoco garantiza mayor confort, porque provoca un ambiente excesivamente frío y diferencia térmica perjudicial con el exterior.

Qué riesgos tiene para la salud una temperatura mal ajustada

Una diferencia térmica superior a 12°C entre el interior y el exterior puede provocar molestias en las vías respiratorias, sequedad ocular e incluso síntomas similares a los de un resfriado.

Mantener el aparato a temperaturas muy bajas durante períodos prolongados favorece la aparición de estos síntomas, sobre todo en niños y adultos mayores.

Cuáles medidas permiten ahorrar energía sin perder confort

La utilización del modo “ECO” que incorporan la mayoría de los modelos actuales optimiza el rendimiento del aire acondicionado, reduciendo el consumo eléctrico sin sacrificar la sensación de frescor.

Según Repsol, este modo ajusta el funcionamiento del compresor, evitando picos de consumo y manteniendo temperaturas más estables. Esta opción suele estar incluida en modelos más recientes, así que es necesario revisar las especificaciones antes de comprar un electrodoméstico.

Otra estrategia eficaz consiste en combinar el uso del aire acondicionado con ventiladores. Este recurso ayuda a distribuir el aire frío por toda la habitación, lo que permite elevar uno o dos grados el termostato sin perder confort, reduciendo así el gasto energético.

De qué forma aprovechar la programación y los termostatos inteligentes

La programación y el uso de termostatos inteligentes es una herramienta eficaz para ajustar el funcionamiento del aire acondicionado según las necesidades reales. establecer horarios concretos y limitar el uso durante las horas de menor ocupación reduce de gran manera el consumo anual.

Estos dispositivos ofrecen la posibilidad de adaptar la climatización a los hábitos de la vivienda, evitando que el aparato permanezca encendido cuando no es necesario. Así, no solo se disminuye el consumo, se prolonga la vida útil del aparato eléctrico.

Con la llegada del frío, muchas familias optan por poner la calefacción durante el tiempo que pasan en casa. No obstante, algunos no terminan de ser conscientes del impacto en la factura. Por ello, cuando salen de la vivienda para hacer un recado puntual deciden apagarla, aunque solo sea media hora. Sin embargo, esto es uno de los errores más comunes que propicia un aumento del coste de la calefacción.

Utilizar los radiadores de forma intermitente, apagándolos por completo durante ausencias cortas, puede incrementar el consumo energético. En algunos casos, este hábito puede llegar a duplicar el gasto en comparación con una gestión más constante.

El problema no está en apagar la calefacción en sí, sino en lo que ocurre dentro de la vivienda mientras tanto. Cuando la temperatura interior baja de forma brusca, el aire de la estancia se enfría. En consecuencia, al volver a casa y subir la calefacción al máximo, el sistema tiene que trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad para recuperar una temperatura de calor. Este esfuerzo adicional se traduce en un mayor consumo.

Alternativas que maximizan el calor y minimizan los costes

La alternativa es más simple de lo que parece. Si la ausencia va a ser breve, lo más eficiente no es apagar la calefacción, sino bajar ligeramente la temperatura. Reducirla uno o dos grados permite mantener el equilibrio térmico de la vivienda sin disparar el gasto. Mantener una temperatura estable, en torno a los 19 o 20 grados, suele ser la mejor alternativa.

El uso de termostatos de ambiente y válvulas termostáticas también ayuda a evitar estos picos de consumo. Estos sistemas permiten regular la temperatura sin necesidad de encender y apagar manualmente los radiadores.

Otro error frecuente es obstruir los radiadores sin darse cuenta. Cortinas gruesas que los cubren, sofás colocados demasiado cerca o ropa tendida encima impiden que el aire caliente circule. El calor queda atrapado y no se distribuye por la habitación. Esto produce, en ocasiones, la sensación que el hogar no se calienta. Cuando esto sucede, las personas suelen tomar la decisión de aumentar la temperatura del calefactor.

En estos casos, la pérdida de eficiencia puede ser muy elevada, llegando en algunas situaciones al 40 o 50 %. Es decir, se paga energía que no llega a aprovecharse. La recomendación básica es dejar al menos diez centímetros libres delante del radiador.

Sobre la importancia del mantenimiento

El mantenimiento es otro aspecto que suele ignorarse. Un síntoma habitual de un sistema ineficiente es notar que los radiadores están calientes en la parte inferior y fríos en la superior. Esto suele indicar la presencia de aire en el circuito. Cuando ocurre, el sistema sigue funcionando, pero lo hace peor y consume más energía.

Por otro lado, la presión de la caldera también influye. En muchos hogares, el rango recomendado se sitúa entre uno y dos bares. Si la presión está fuera de esos valores, la eficiencia puede verse afectada, aumentando el consumo. Es recomendable dedicar unos minutos a una revisión básica: comprobar si todos los radiadores calientan de forma uniforme y verificar la presión de la caldera.

Por último, está el desperdicio más invisible: ventilar con la calefacción encendida durante largos periodos. Abrir las ventanas es necesario, pero hacerlo durante demasiado tiempo provoca una pérdida directa de calor. Además, cada grado por encima de los 20 puede incrementar el consumo entre un 5 y un 7 %.

La estrategia más eficiente consiste en ventilar de forma rápida (durante cinco o diez minutos) creando corriente de aire, y cerrar después para que el sistema funcione sin esfuerzos adicionales.

A pesar de la caída de la recaudación por el nivel de actividad y las medidas de alivio para el campo en la previa de las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió tener superávit fiscal y financiero en noviembre y, a un mes de que termine el año, ya cumplió con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que era del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI). De todos modos, resta conocer la cifra de diciembre, un mes que suele ser deficitario.

“En noviembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones”, escribió en la red social X. Así, en los primeros once meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PIB.

Un resultado al que se llegó con una reducción del gasto primario en un 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024. Mientras que a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% i.a.

“Además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación”, afirmó Caputo entre los que se destacan el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

En termino de los ingresos, el mes alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +16,3% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.).

Mientras que los gastos alcanzaron los $9.274.641 millones (+12,7% i.a.), en lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $6.497.181 millones (+17,5% i.a.) y las remuneraciones alcanzaron los $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

En cuanto al financiero, el equipo económico, decidió compararlo con lo que sucedía en noviembre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y candidato a presidente. En ese momento se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación.

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Esto se observó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% que registró el Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre”, comentó el ministro.

El dato fue festeja por integrantes del equipo económico como el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Martín Vauthier, quien remarcó que el gasto primario se redujo un 14,2% en términos reales en el anteúltimo mes del año. Lo que habla de que el orden macroeconómico es un compromiso absoluto que logro proteger a la población del efecto del colapso de la demanda de dinero en los meses previos a las elecciones. También por su par, Felipe Núñez, quien marcó que estamos el Gobierno acumula 22 de 23 meses de superávit fiscal.

El desafío de diciembre

En la última revisión con el FMI, Caputo se comprometió a acumular un superávit fiscal primario del 1,6% del PBI durante el 2025. Pero en el último bimestre del año, el equipo económico enfrenta mayores gastos. Uno de ellos es el pago de los aguinaldos en diciembre-enero, una variable que en el pasado le ha hecho tener déficit.

El director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, definió a diciembre como el mes complicado por el pago de los aguinaldos tanto a empleados como jubilados. Que se sumará a la tensión por la quita de retenciones de septiembre, que tuvo un costo fiscal de 0,19% del PBI. Aunque del el gasto habrá factores que juegan a favor como la actualización de tarifas que reduce el gasto en subsidios

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó ligeramente en septiembre, lo que sugiere una pérdida de impulso de la economía al final del tercer trimestre, ya que un deslucido mercado laboral y el aumento del costo de la vida frenaron la demanda.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,3%, tras un aumento del 0,5% revisado a la baja en agosto, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un avance del gasto de los consumidores del 0,3%, tras el aumento del 0,6% previamente informado para agosto.

El reporte se retrasó debido al cierre récord del Gobierno, que se prolongó por 43 días.

La desaceleración del gasto se produjo después de tres meses consecutivos de sólidos aumentos, atribuidos por los economistas a los hogares de altos ingresos cuya riqueza se vio impulsada por el repunte del mercado bursátil.

El estancamiento del mercado laboral ha afectado a los hogares de ingresos medios y bajos, que también están siendo presionados por los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones, dijeron los economistas, creando lo que llamaron una economía en forma de K.

Los economistas de Goldman Sachs en una nota esta semana estimaron que el débil aumento de los ingresos debido al tibio crecimiento del empleo y los recortes a los programas de asistencia gubernamental como Medicaid y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, anteriormente conocidos como cupones de alimentos, pesaran sobre el gasto de los hogares de bajos ingresos en 2026.

A pesar de la pérdida de impulso en septiembre, el gasto de los consumidores creció probablemente a buen ritmo en el tercer trimestre, apuntalando la economía en general.

La Reserva Federal de Atlanta estima que el Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada del 3,8% en el trimestre julio-septiembre, lo que igualaría el ritmo del segundo trimestre. La BEA publicará su estimación retrasada del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre.

Aunque los aranceles han elevado los precios para los consumidores, el aumento ha sido gradual, ya que algunas empresas absorbieron los derechos de importación o vendieron las existencias acumuladas antes de que entraran en vigor los gravámenes.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en septiembre, tras haber subido un 0,3% en agosto, según la BEA. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el Índice de Precios PCE avanzó un 2,8% tras ganar un 2,7% en agosto.

Excluyendo los volátiles componentes de alimentación y energía, el Índice de Precios PCE aumentó un 0,2% tras subir un 0,2% en agosto. En los 12 meses hasta septiembre, la denominada inflación subyacente avanzó un 2,8% tras subir un 2,9% en agosto. La Fed hace un seguimiento de las medidas de precios PCE para su objetivo de inflación del 2%.

El dato de inflación PCE desfasado probablemente no tendrá ningún impacto en la decisión sobre las tasas de interés del banco central estadounidense el próximo miércoles. Los mercados financieros casi han descontado un recorte de tasas de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME Group.

(Con información de Reuters)

El uso del aire acondicionado se ha convertido en una necesidad en muchas viviendas y oficinas durante las olas de calor, pero su funcionamiento puede tener un impacto alto en el consumo energético y en la economía familiar, sobre todo cuando las temperaturas exteriores aumentan.

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) advierte que ciertas prácticas habituales al utilizar estos electrodomésticos pueden incrementar tanto la factura eléctrica como el gasto general de recursos.

De acuerdo con la OCU, el funcionamiento ineficiente de los aires acondicionados no solo agrava el desembolso mensual de los usuarios, contribuye al desgaste ambiental vinculado al uso excesivo de energía.

Por qué no se debe regular el aire acondicionado por debajo de los 20°C

Colocar el termostato a una temperatura inferior a los 20°C resulta una decisión poco efectiva y costosa. Según la OCU, “ajustar el aire acondicionado a 20°C no hará que la habitación se enfríe más rápido”.

El sistema tardará el mismo tiempo en llegar a los 24°C, pero una vez alcanzada esa temperatura, la máquina continuará trabajando para descender hasta los 20°C, generando mayor consumo eléctrico. Además, mantener el aparato en valores tan bajos puede llevar al usuario a necesitar ropa de abrigo dentro de su propia casa.

Datos del OCU señalan que cada grado que se baja la temperatura del aire acondicionado por debajo del óptimo es un incremento mínimo del 7% en el consumo energético, lo que repercute en la factura.

Para lograr el equilibrio entre confort y coste, el organismo sugiere programar el aparato a 24°C cuando la temperatura exterior ronda los 32°C . También, resalta la utilidad de las funciones “Turbo” o “Power cool” en aparatos que las incluyen, porque pueden brindar un enfriamiento rápido, aunque temporalmente menos eficiente.

Qué pasa si no se limpian los filtros del aire acondicionado con regularidad

El mantenimiento del aire acondicionado ocupa un lugar clave en la eficiencia del electrodoméstico. La OCU recuerda que la acumulación de suciedad en los filtros dificulta el flujo de aire, fuerza el funcionamiento del sistema y consume más energía. Un filtro obstruido eleva el gasto eléctrico entre un 5% y un 15%.

Asimismo, la OCU aconseja realizar una limpieza y revisión anual del electrodoméstico, de igual modo que se revisan otros artefactos antes del cambio de estación, porque una unidad bien mantenida prolonga su vida útil y mantiene controlados los costos.

En este sentido, la falta de limpieza, más allá de cuestiones sanitarias, implica mayores gastos y un uso menos sostenible de la energía doméstica.

Con qué aparato complementar el uso del aire acondicionado para mayor ahorro

En jornadas de intenso calor, la tendencia suele ser recurrir de inmediato al aire acondicionado y no aprovechar alternativas más sencillas. La OCU destaca que los ventiladores son una solución más accesible y económica.

Un ventilador utilizado diez horas al día durante el verano supone un coste inferior a 15 euros en muchos casos, mientras que el funcionamiento de un aire acondicionado durante el mismo período se sitúa alrededor de 300 euros, dependiendo del modelo y la potencia instalados.

Por esta razón, el uso combinado de ventiladores y aire acondicionado está sugerido. “Un ventilador de techo mueve el aire frío hacia el área de estar, incrementando la sensación de frescor”, detalla la OCU.

Por qué conviene reforzar el aislamiento de puertas y ventanas del hogar

El control del intercambio térmico con el exterior influye en la demanda energética del aparato. La OCU aconseja mantener cerradas puertas y ventanas y asegurarse de que cierren de forma adecuada.

Las fugas por malos sellados aumentan la pérdida de aire frío, y requieren un esfuerzo extra por parte del electrocoméstico, hecho que eleva la factura eléctrica y minimiza la eficacia de los sistemas de climatización.

El informe sugiere instalar burletes en las puertas y ventanas que no ajustan bien o recurrir a soluciones temporales, como colocar toallas para bloquear corrientes de aire.

La capacidad de gasto por habitante de cada provincia muestra diferencias claras. Un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por Nadin Argañaraz, cuantifica cuánto puede gastar cada jurisdicción según tres fuentes: recaudación propia, ingresos por regalías y transferencias no automáticas que envía la Nación. El análisis compara los años 2010, 2023 y 2024, y pone el foco en cómo evolucionó la disponibilidad real de recursos en cada territorio.

El documento revela que los ingresos por transferencias no automáticas por habitante —uno de los componentes centrales de la capacidad de gasto provincial— descendieron con fuerza en los últimos años. “Entre 2010 y 2023 bajaron 55% y entre 2023 y 2024 tuvieron un nuevo descenso del 70%”, señala el informe. En términos acumulados, estos recursos fueron “87% menores a los de 2010”.

La caída no afectó a todas las provincias por igual. El estudio detalla que, de las 24 jurisdicciones, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un incremento de las transferencias no automáticas entre 2010 y 2024. Ese aumento estuvo explicado por la decisión de la Corte Suprema que elevó el coeficiente de coparticipación para el distrito. En palabras del informe, los envíos extraordinarios “transformaron a CABA de la jurisdicción con menores transferencias por habitante en 2023 a la de mayor nivel en 2024”.

Cómo se compone la capacidad de gasto

La medición integral del Iaraf considera tres elementos: recaudación tributaria propia, ingresos por regalías y transferencias no automáticas. La suma de estas fuentes muestra cuánto puede gastar cada provincia sin contar las transferencias automáticas del sistema de coparticipación (que se analizarán en próximos informes).

De acuerdo con el informe, el promedio de ingresos reales por habitante “descendió 6% entre 2010 y 2023”. En 2024 volvió a caer y resultó “18% menor en términos reales que en el año previo”. En el período completo, la baja fue de 23,2%.

Solo dos jurisdicciones lograron mejorar su capacidad de gasto real por habitante en los catorce años analizados. “Neuquén (+53,5%) y CABA (+26,2%) fueron las únicas con crecimiento”, reporta el Iaraf. En el extremo opuesto se ubicaron Formosa, con una caída del 80,6%, y La Rioja, con un descenso del 78,7%.

Qué pasó con las transferencias no automáticas

En 2010, las provincias con menos ingresos por transferencias no automáticas por habitante fueron CABA, Santa Fe, San Luis, Chubut y Buenos Aires. Las que más recibieron fueron Santa Cruz, La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa y Jujuy.

Para 2023, el ranking cambió, pero se mantuvo la fuerte dispersión. Las jurisdicciones con menor nivel de ingresos fueron CABA, Chubut, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las que quedaron arriba fueron La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Santa Cruz. El informe registra un dato estructural: “El promedio de las 24 jurisdicciones fue de $193.000 por habitante en moneda de mayo de 2025”.

En 2024 se produjo un cambio abrupto: CABA pasó al primer lugar en transferencias por habitante debido a los envíos asociados a la sentencia de la Corte. La Pampa, Neuquén, San Luis, Río Negro y Formosa quedaron en la parte baja del ranking. El promedio nacional cayó a $58.000 por habitante.

La dispersión entre provincias

El estudio muestra que, aun cuando los recursos totales se redujeron, la brecha entre las provincias se amplió.

El coeficiente de variación —indicador que refleja la dispersión relativa de los ingresos entre jurisdicciones— pasó del 65% en 2010 al 106% en 2024 para la medición que incluye recaudación, regalías y transferencias no automáticas. Ese incremento refleja que, incluso cuando se suman estos mecanismos compensatorios, la diferencia entre distritos se mantuvo alta.

La brecha entre la provincia con más recursos y la que tiene menos también creció. “En 2010, Santa Cruz tuvo una recaudación por habitante equivalente a 7,6 veces la de Corrientes”, explica el informe. En 2024, esa diferencia se amplió: “Neuquén tuvo una capacidad de gasto por habitante equivalente a 21 veces la de Santiago del Estero”.

Grupos de ingresos y densidad

El IARAF organizó a las 24 jurisdicciones en cuatro grupos para facilitar la comparación: altos ingresos–alta densidad, altos ingresos–baja densidad, bajos ingresos–alta densidad y bajos ingresos–baja densidad.

En 2010, tres de los cuatro grupos recibieron niveles similares de transferencias no automáticas, mientras que el grupo de altos ingresos y alta densidad recibió alrededor de 50% menos. Ese orden cambió en los años siguientes. Entre 2023 y 2024, todos los grupos mostraron fuertes descensos en las transferencias, excepto CABA por la situación específica mencionada.

Al analizar la sumatoria total de recursos (recaudación propia + regalías + transferencias no automáticas), el grupo de altos ingresos y baja densidad —integrado por siete provincias patagónicas y cuyanas— se mantuvo como el de mayor capacidad de gasto por habitante. Lo siguieron el grupo de altos ingresos y alta densidad, el de bajos ingresos y alta densidad, y por último el de bajos ingresos y baja densidad.

Cambios al ranking de capacidad de gasto

Entre 2010 y 2024, las posiciones relativas de las provincias se modificaron parcialmente.

Neuquén pasó del tercer puesto al primero en capacidad de gasto por habitante. La Ciudad de Buenos Aires subió del quinto al segundo lugar. Santa Cruz, que en 2010 lideraba el ranking, quedó tercera. En el extremo inferior, Santiago del Estero retrocedió del puesto 20 al 24, mientras que Formosa cayó del décimo al penúltimo. Corrientes, que en 2010 se ubicaba última, mejoró dos posiciones.

El informe también calcula el efecto específico de sumar las transferencias no automáticas a las otras fuentes de ingresos. En 2024, el impacto fue especialmente alto en Jujuy (44,4%), Santiago del Estero (17,9%) y Catamarca (15,6%). “Al considerar el consolidado de las 24 jurisdicciones, el incremento de capacidad de gasto al incorporar estas transferencias fue del 6%”, concluye el documento.

La radiografía fiscal muestra así un panorama de recursos más acotados y con disparidades crecientes, al tiempo que permite observar cómo cada provincia combina sus fuentes de financiamiento para sostener la capacidad de gasto en el tiempo.

Quizá hayas oído que la inteligencia artificial es una burbuja a punto de estallar. Quizá hayas oído que no lo es. (Nadie lo sabe realmente, pero eso no impedirá que los bros hablen de ello sin parar).

Pero puedo decirte con confianza que el dinero que se está invirtiendo en la IA es tan enorme que los números han perdido todo significado. Las empresas que están invirtiendo dinero son tan ricas y tan hambrientas de poder (en múltiples sentidos de ese término) que nuestros cerebros humanos no pueden realmente comprenderlo.

Así que intentemos dar algo de significado y contexto a las cifras estratosféricas de la IA. ¿Es una burbuja? Quién sabe. Pero es completamente una locura.

• Solo en el último año, las cuatro empresas más ricas que desarrollan IA —Microsoft, Google, Amazon y Meta— han gastado aproximadamente 360.000 millones de dólares en conjunto en grandes proyectos, que incluyeron la construcción de centros de datos de IA y su equipamiento con chips y equipos informáticos, según mi análisis de los informes financieros.

Esa misma cantidad de dinero podría pagar aproximadamente cuatro años del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa del gobierno federal que distribuye más de 90.000 millones de dólares anuales en asistencia alimentaria a 42 millones de estadounidenses. Los beneficios de SNAP están en suspenso por ahora durante el cierre del gobierno.

• ¿Cómo pagan las empresas las enormes sumas que están destinando a la IA? Principalmente, estas empresas ganan tanto dinero que pueden permitirse volverse locas.

Un ejemplo: las ventas de Google por mostrarnos anuncios digitales, 212.000 millones de dólares hasta ahora en 2025, superan los ingresos anuales de Texas provenientes de todas las fuentes, incluidos todos los impuestos estatales, ingresos del gobierno federal e ingresos por tierras.

• Ocho de las 10 empresas más valiosas del mundo son gigantes corporativos estadounidenses centrados en la IA o relacionados con la IA —Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Broadcom, Meta y Tesla. Esto según los recuentos de S&P Global Market Intelligence basados en el precio total de las acciones de las empresas en manos de los inversores.

Mi análisis de los datos de S&P muestra que el valor colectivo de esos ocho gigantes, 23 billones de dólares, es mayor que el valor de las siguientes 96 empresas estadounidenses más valiosas juntas, que incluyen muchos nombres aún muy ricos como JPMorgan, Walmart, Visa y ExxonMobil.

• El número 1 en esa lista, el vendedor de chips informáticos de IA Nvidia, la semana pasada se convirtió en la primera empresa de la historia en alcanzar un valor de mercado de 5 billones de dólares.

Eso por sí solo era más que el valor de los mercados bursátiles completos de la mayoría de los países, informó Bloomberg News, excepto los cinco más grandes (en Estados Unidos, China, Japón, Hong Kong e India). Por desgracia, Nvidia había bajado a unos modestos 4,4 billones de dólares hasta la mañana del viernes.

• Todos los centros de datos anunciados o en construcción para alimentar la IA consumirían aproximadamente tanta electricidad como 44 millones de hogares en Estados Unidos si funcionaran a plena capacidad, según un análisis reciente del banco de inversión Barclays citado por el Financial Times.

Para ponerlo en contexto, eso es casi un tercio del número total de unidades de vivienda residencial en todo el país, según las estimaciones de viviendas de la Oficina del Censo de EE. UU. para 2024.

• Nvidia prometió este otoño invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, como parte de su insaciable hambre de efectivo y recursos. (The Post tiene una alianza de contenidos con OpenAI).

O bien, casi la misma cantidad podría gastarse en policía, bomberos, tribunales, escuelas públicas y hospitales, servicios sociales, parques y más para 8,5 millones de personas. El gasto gubernamental de Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, fue de 118.000 millones de dólares en el último año fiscal.

© 2025, The Washington Post.

El Buen Fin 2025 está por llegar y, con él, una de las temporadas más esperadas por consumidores y comerciantes en el país. Para la edición de este año, que se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México (Sedeco), Laura González Hernández, prevé una derrama económica superior a los 28 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento del 12 por ciento en comparación con las ventas registradas durante 2024.

Este crecimiento estará impulsado, principalmente, por la extensión de un día adicional en el programa, con el objetivo de fortalecer el mercado interno, incentivar el consumo y estimular la economía en la entidad.

“Hecho en México”, protagonista del 15 aniversario

El Buen Fin celebrará este 2025 su 15 aniversario, por lo que se sumará una novedad: el sello “Hecho en México”, que será integrado por primera vez en los productos participantes.

La iniciativa busca reforzar la identidad de marca país y motivar el consumo de artículos nacionales, beneficiando así a las empresas y productores mexicanos.

La secretaria de Desarrollo Económico, explicó que las empresas interesadas realizaron su registro a través de la plataforma oficial www.elbuenfin.org y se estima que cerca de 20 mil negocios mexiquenses ofrecerán ofertas y promociones especiales.

Los sectores más demandados durante esta campaña serán: televisores, equipos de sonido, computadoras, tablets, celulares, moda, muebles, decoración, viajes y transporte.

Consumo responsable y gasto promedio por familia

Aun cuando se proyecta que el gasto promedio por hogar supere los 5 mil pesos, la Sedeco recomendó a los consumidores planear sus compras de manera responsable, comparar precios y evitar sobreendeudarse.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), El Buen Fin se mantiene como la campaña con mayor atractivo para comprar, especialmente en plataformas digitales.

Actualmente, 9 de cada 10 internautas han participado en ediciones anteriores y se estima que 8 de cada 10 realizarán alguna compra este año, ya sea de productos o servicios.

La preferencia por el comercio electrónico sigue en ascenso, integrando precio, confianza y conveniencia en una sola experiencia. Los artículos más solicitados en línea serán moda, electrónicos, celulares, belleza, cuidado personal y juguetes; mientras que las tarjetas de crédito se consolidan como el método de pago más utilizado, gracias a meses sin intereses y beneficios adicionales.

Con estas expectativas, los comercios mexiquenses se alistan para una edición del Buen Fin que reforzará su papel como motor del consumo y la digitalización en México.

El trabajo estatal tiene un peso destacado en la ocupación en Argentina y presenta grandes contrastes entre provincias. La mayoría de los empleados públicos trabaja en los niveles provinciales y municipales, con fuertes diferencias en cantidad de personal y salarios según la zona.

En regiones patagónicas y algunos distritos del norte el empleo público resulta más numeroso, en tanto que en las provincias con economías más grandes predomina el sector privado y hay menos presencia estatal.

Según datos del Indec, al segundo semestre de 2025 el 15,8% de los ocupados trabaja en el sector público. De ese total, un 21% pertenece al ámbito nacional, un 66% al provincial y un 13% al municipal.

“Esto refleja el alto grado de descentralización del empleo estatal en el país, donde los gobiernos subnacionales son responsables de la mayor parte de los servicios estatales como educación, salud y seguridad, por lo que concentran la mayor dotación de personal”, señaló un informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Tierra del Fuego encabeza el ranking, con 130 empleados cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104)

De acuerdo con la información más reciente de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), en diciembre de 2024 se registraron 50 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes en Argentina.

Este promedio nacional esconde notorias diferencias: Tierra del Fuego encabeza el ranking, con 130 empleados cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104).

En el otro extremo, Córdoba (33 cada 1.000 habitantes), Buenos Aires (37), Santa Fe (42) y Mendoza (44) son las provincias con menor peso del empleo público sobre la población.

Ecosur destacó que, de este modo, el top 5 de provincias con más peso del empleo público cuentan con entre 3 y 4 veces más trabajadores provinciales por habitante que las últimas del ranking.

Factores estructurales y políticos

“Estas diferencias responden tanto a factores estructurales (como la densidad poblacional o la estructura productiva), como a las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales a lo largo del tiempo. Provincias menos pobladas, como las patagónicas, La Rioja o Catamarca, registran una elevada cantidad de empleados públicos por habitante, pero también se destacan otras del norte y noreste argentino que, pese a tener mayor densidad poblacional, mantienen una fuerte presencia del Estado como empleador”, subrayó el informe.

En cambio, las jurisdicciones más grandes en términos de producción (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) presentan una menor proporción de empleo público sobre la población, reflejando economías mayor participación del sector privado.

Gasto en empleo público y salarios

En línea con lo que sucede con la cantidad de trabajadores del sector público, existe una amplia dispersión del gasto en personal entre provincias. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz fueron las de mayor gasto per cápita en 2024.

En contraste, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubican entre las provincias con menor gasto en personal por habitante.

La brecha entre ambos extremos es amplia: mientras estas últimas gastaron menos de un millón de pesos anuales per cápita (a precios de agosto de 2025), todas las patagónicas gastaron el triple o más.

A partir del gasto total en personal y la cantidad de empleados públicos, Ecosur estimó el costo laboral promedio de cada administración provincial. Aclararon que, aunque los valores no equivalen al salario promedio por incluir aportes patronales y otros conceptos vinculados a distintas formas de contratación, representa una estimación válida del ingreso medio en el empleo estatal provincial y facilita comparaciones entre diferentes jurisdicciones.

En ese sentido, se evidencian fuertes diferencias entre jurisdicciones. Neuquén y Santa Cruz son las de costo laboral más alto, con un gasto mensual promedio de $3,1 y $2,8 millones por empleado, seguida por CABA ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones). En base a estas cifras, se tratarían de las provincias con los niveles salariales más altos del sector público provincial.

Además, “Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz se destacan por combinar elevado costo laboral y alta dotación de personal por habitante, lo que las posiciona entre las provincias con mayor gasto en personal en relación con su población”, resaltó Ecosur.

Por el contrario, La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones) registran los costos laborales más bajos del país.

“Todas estas provincias presentan una proporción de empleo público superior al conjunto de las 24 las jurisdicciones, aunque con remuneraciones significativamente menores. Se destacan particularmente La Rioja y Jujuy, que ocupan el segundo y séptimo lugar, respectivamente, entre las provincias con mayor cantidad de empleados públicos por habitante”, analizó el reporte.

El cruce entre cantidad de empleados públicos y nivel de remuneraciones muestra que las provincias patagónicas reúnen tanto una gran dotación de personal como salarios elevados, lo que implica un mayor gasto estatal por habitante.

En tanto, distritos como Jujuy y La Rioja presentan alta presencia de empleo público, aunque con sueldos bajos. A su vez, las jurisdicciones de mayor tamaño, excepto la Ciudad de Buenos Aires, exhiben una proporción reducida de trabajadores estatales por habitante y niveles salariales próximos al promedio nacional.

Evolución de la última década

Desde 2012, el empleo público provincial se mantuvo en una tendencia de crecimiento estable y moderado, con una tasa promedio anual del 1,2%, apenas por encima del aumento poblacional (0,9%). En cambio, el empleo público nacional exhibió una evolución más irregular, marcada por fuertes contrastes según las decisiones de cada gobierno.

Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la cantidad de trabajadores en la Administración Nacional aumentó un 34%; bajo Mauricio Macri cayó un 10%; con Alberto Fernández creció un 4%; y en lo que va del gobierno de Javier Milei se redujo un 16 por ciento.

Aunque el empleo provincial no varió de manera significativa en función del signo político del gobierno nacional, el gasto en personal de las provincias sí replicó, en parte, la dinámica del sector público nacional.

En términos reales, alcanzó su punto máximo en el segundo mandato de CFK, con un incremento acumulado del 20%; avanzó 4% durante la gestión de Fernández; retrocedió 11% en el período de Macri; y, en el primer año del gobierno de Milei, se contrajo un 15%, baja similar a la del gasto total provincial.

En el ámbito nacional, el costo laboral se mantuvo relativamente estable durante el segundo mandato de CFK, pero registró una fuerte reducción entre 2015 y 2020. Tras la salida de la pandemia, repuntó un 32% hasta diciembre de 2023, aunque volvió a caer un 21% a lo largo de 2024.

En el plano provincial, el indicador aumentó un 11% entre 2011 y 2015, pero luego inició una tendencia descendente sostenida. Así, en diciembre de 2024 el costo laboral promedio fue 15% inferior al nivel de diciembre de 2011 en el conjunto de las provincias, y 40% menor en la Administración Nacional.

Esta evolución se corresponde con la caída del salario público reflejada en el Índice de Salarios del Indec, que muestra una disminución real del 39% en el mismo período, superior a la registrada en el salario privado formal (-23%).

Una investigación del medio Fuerza Informativa Azteca, complementada con información de una prestigiosa revista médica británica, ha puesto en evidencia el programa de contratación de médicos cubanos en México. Según las cifras reportadas, el gobierno mexicano ha destinado la cuantiosa cifra de 24 millones de dólares entre 2022 y 2024 para cubrir la necesidad de personal de salud en el país, lo que ha generado una gran polémica en la comunidad médica nacional. Este gasto contrasta con la situación de los doctores mexicanos, quienes, a pesar de tener un nivel de preparación y habilidades clínicas superiores, continúan sin acceso a plazas laborales.

Durante el seguimiento del programa, se documentó el caso de Carlos Bicet, un médico general de origen cubano, a quien se encontró en el hospital del IMSS-Bienestar en Temixco, Morelos. Bicet, quien refirió haber llegado al país un año y 15 días antes, en agosto, no se encontraba en un área de consulta, sino desempeñando labores administrativas.

La presencia de este personal médico extranjero no ha estado exenta de críticas. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Morelos, Gil Magadán, relató la situación con el primer grupo de 30 médicos cubanos que llegó a la entidad en enero de 2023. Magadán señaló que dicho grupo no contaba con cédula profesional en aquel momento y describió su desempeño como deficiente. “No traían experiencia, capacidad, visión, eran groseros, majaderos; se salían, no querían atender”, afirmó, mostrando una gran preocupación por la calidad del servicio ofrecido a la población.

La falta de transparencia en la ejecución del programa ha sido una de las mayores constantes. Con el objetivo de obtener información sobre salarios, los estados participantes y el desempeño de los médicos cubanos, Fuerza Informativa Azteca presentó una solicitud de transparencia en junio de 2025. La respuesta de las autoridades se convirtió en un proceso burocrático, que evidenció la opacidad del programa.

En primera instancia, la Secretaría de Salud respondió declarándose incompetente para proporcionar la información y remitió la solicitud al IMSS-Bienestar. Posteriormente, el 25 de junio, el IMSS-Bienestar se declaró “notoriamente incompetente” y dirigió el requerimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Finalmente, el 3 de julio, esta última dependencia también se declaró “notoriamente incompetente”, devolviendo la solicitud a la Secretaría de Salud. Este “círculo vicioso” dejó las preguntas sin respuesta y puso en evidencia las dificultades para fiscalizar los recursos públicos destinados a este proyecto.

Expertos en el sector de la salud han manifestado su gran preocupación, señalando que el gasto de 24 millones de dólares no tiene la garantía de que el servicio prestado a la población mexicana tenga la calidad adecuada. Además, se argumenta que con esa misma cantidad se pudieron haber cubierto miles de plazas nacionales que son indispensables. Cada año, de las universidades mexicanas egresan más de 16 mil médicos especialistas y más de 15 mil médicos generales, quienes, según se indica, poseen un nivel académico y de habilidades clínicas superior al de los médicos cubanos que han llegado al país.

A pesar de la disponibilidad de un gran número de profesionales de la salud capacitados en México, la política de contratación federal parece continuar apostando por la importación de personal médico extranjero, dejando a miles de doctores nacionales sin la oportunidad de ejercer su profesión.

La educación financiera no es un lujo; es una necesidad. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2023, solo el 36% de los adultos en México cuenta con conocimientos financieros básicos, y apenas el 25% planifica sus gastos y ahorros de manera regular. Estas cifras muestran que gran parte de la población enfrenta decisiones económicas sin herramientas claras, lo que limita su bienestar y el desarrollo del país.

Iniciar desde la infancia puede marcar una gran diferencia. Estudios internacionales, como los del Banco Mundial, indican que los niños que reciben educación financiera temprana desarrollan hábitos de ahorro más sólidos y mayor comprensión sobre el crédito y la inversión en la adultez. Enseñarles conceptos simples —como la diferencia entre ahorro y gasto, la importancia de un presupuesto y la noción de intereses— puede sembrar semillas que florezcan en autonomía y seguridad financiera.

No es necesario esperar a tener grandes ingresos para aprender a manejar el dinero. El aprendizaje práctico y cotidiano, con ejemplos simples como administrar una mesada, calcular precios o comparar costos, es más valioso que la teoría compleja. Entender cómo funciona el sistema financiero —bancos, créditos, impuestos— permite que las personas usen las herramientas disponibles a su favor, tanto en México como en otros países, transformando el dinero en un recurso y no en una fuente de estrés.

Además de la enseñanza en casa, el sistema educativo formal podría jugar un papel decisivo. Incluir una materia de educación financiera desde primaria hasta preparatoria no busca sustituir otras asignaturas, sino complementar la formación integral de los estudiantes con conocimientos que impactan directamente en su vida diaria. Si se logra, en dos décadas podríamos ver una generación capaz de tomar decisiones financieras inteligentes, reduciendo de manera significativa problemas como endeudamiento excesivo o dependencia económica.

Para los adultos, existen recursos prácticos para fortalecer la educación financiera:

*Planificar un presupuesto personal o familiar mensual.

*Ahorrar de manera constante, aunque sea un porcentaje mínimo del ingreso.

*Entender y comparar productos financieros antes de contratar créditos o inversiones.

*Usar aplicaciones o herramientas digitales que permitan simular escenarios financieros y crear planes personalizados.

El objetivo no es acumular riqueza de forma inmediata, sino dotar a las personas de conocimientos y hábitos que generen estabilidad y oportunidades a largo plazo. La educación financiera no solo transforma vidas individuales, sino que, aplicada de manera generalizada, puede cambiar el rumbo económico de México, una generación a la vez.

* Dra. Araceli Villanueva León. Autora de Crea Fortunas | Creadora de estrategias de libertad financiera

@creafortunas

@araceli_bella

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 arrancó en las comisiones económicas del Congreso con un monto inicial de 557 billones de pesos.

Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que esa cifra representa un aumento del 5,9 % frente a la apropiación de 2025.

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Según el funcionario, gran parte de ese valor está destinado a cubrir gastos que no pueden modificarse, como las transferencias del Sistema General de Participaciones, los intereses de la deuda, la nómina del sector judicial, las pensiones, la salud y los salarios de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la proyección oficial, los compromisos inflexibles equivaldrán al 93,7 % del presupuesto en 2025 y al 91,4 % en 2026. Esto significa que solo un pequeño margen quedará disponible para inversión y programas nuevos. No obstante, las cuentas del Ministerio de Hacienda señalan que de los 557 billones planteados para 2026, únicamente habría certeza sobre 530 billones, por lo que se necesitaría una nueva ley de financiamiento para completar los 26,3 billones restantes.

La iniciativa tributaria que acompañaría el presupuesto incluiría cambios en el IVA para bienes y servicios consumidos por personas de altos ingresos, así como modificaciones en los impuestos al consumo de tabaco y licores. También contemplaría ajustes para aumentar la progresividad en renta y patrimonio, además de mayores gravámenes ambientales y de salud pública, conocidos como “impuestos verdes” y “saludables”.

En representación de la Contraloría, Alejandro José Ovalle, director de Estudios Macroeconómicos de la Delegada de Economía y Finanzas Públicas, intervino en el debate y subrayó que el presupuesto del próximo año, al igual que el de 2025, se discute en medio de un amplio margen de incertidumbre. Recordó que el de este año ya enfrentaba un faltante de 12 billones de pesos, mientras que el de 2026 presenta un desbalance superior a los 26 billones. “Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la capacidad de hacer una buena planeación en el gasto del Estado”, advirtió el funcionario.

Ovalle añadió que el proyecto contempla un crecimiento de los ingresos de apenas 3,3 % anual, siempre que se apruebe la reforma tributaria. Sin esa ley, el incremento proyectado sería del 8,4 %, cifra que no coincide con el ritmo esperado de la economía, estimado en 2,7 % para 2025 y 3 % en 2026. Según la Contraloría, durante la primera mitad de 2025 el Producto Interno Bruto avanzó 2,4 %, por lo que alcanzar la meta oficial requerirá un repunte considerable en la inversión.

Otro punto señalado por el organismo de control es la falta de coherencia entre el presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), presentado dos meses atrás. En dicho documento se proyectaba que los ingresos tributarios pasarían de 281,4 billones en 2025 a 321,6 billones en 2026, lo que implicaría un aumento del 14,3 %. Sin embargo, en el proyecto de ley radicado en el Congreso se estipula que los ingresos por impuestos serían de 307,3 billones en 2025 y de 301,8 billones en 2026, lo que en realidad representaría una caída del 1,8 %.

“Ese desfase no permite tener certeza para determinar si el presupuesto es o no consistente. Además, en esas cuentas no está claro el efecto del incremento de las autorretenciones decretadas en mayo de 2025″, indicó Ovalle.

A la incertidumbre se suma el aumento de 52 % en la proyección de deuda externa, que pasaría de 37 a 57 billones de pesos. En contraste, los “otros recursos de capital” disminuirían 5,7 %, al pasar de 144,5 billones a 136,3 billones. Según la Contraloría, estos dos rubros, sumados a los ingresos de la reforma tributaria aún no tramitada, generan un nivel de riesgo en el financiamiento del presupuesto por 34,5 billones de pesos.

De esa suma, 26,3 billones corresponden a la expectativa de la nueva ley de financiamiento y 8,2 billones al descenso de los recursos de capital. Para el ente de control, esta situación refleja un escenario de fragilidad en la planeación de las finanzas públicas y un reto adicional para el Congreso, que deberá evaluar las cuentas con rigurosidad durante los debates.

Mientras avanza la discusión legislativa, el Ministerio de Hacienda insiste en que el presupuesto busca mantener la sostenibilidad fiscal y garantizar recursos para el gasto social, a pesar de las limitaciones que impone la rigidez del gasto público. La Contraloría, en cambio, recalca que el proceso debe acompañarse de mayor coherencia técnica entre las proyecciones económicas y el plan de gastos del Estado, con el fin de evitar vacíos que dificulten el cumplimiento de las metas fiscales en 2025 y 2026.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha informado el incremento en materiales escolares, uniformes para los estudiantes y material de limpieza que llegan a necesitar en las instituciones académicas para el nuevo Ciclo Escolar 2025-2026.

Según lo informado por la Alianza el gasto promedio para las familias sera de hasta $10,916.02 por estudiante, lo que significa un incremento de 12.66% en comparación con 2024.

Conforme lo analizado, los incrementos con mayor relevancia se observan en la lista de útiles escolares, que presenta un aumento de 16.66%, y en los artículos de limpieza solicitados por las escuelas, con un alza de 15.10%. En cuanto a los uniformes y el calzado, el encarecimiento alcanza el 10%, mientras que la cuota escolar registra un incremento del 12%.

Cuánto podría costar el material escolar en este regreso a clases

La ANPEC ha destacado que la lista de útiles escolares compartida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) es muy básica y no representa el material total que implica comprar cuando los estudiantes retoman las clases en las aulas de cada institución.

El costo de la lista de útiles podría llegar hasta los $3,386.03; el calculo promedio contempla los siguientes materiales:

Seis cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas $240.67;

Dos cuadernos de rayas profesional con cien hojas $83.47;

Caja de lápiz del número 2 $62.92;

Caja de bicolor $45.69;

Caja de bolígrafos $69.28;

Paquete de marcatextos $82.48;

Sacapuntas $27.49;

Gomas para borrar $37.81;

Tijeras de punta Roma $30.62;

Caja de lápices de colores de madera $70.72;

Lápiz adhesivo $68.53;

Paquete de cien hojas blancas $72.25;

Juego de geometría $90.41;

Calculadora básica $75.13;

Mochila $700.00;

Guía de apoyo de actividades $291.00;

Papel autoadherible $311.36;

Diccionario $99.69;

Cartulinas blancas $63.87;

Cartulinas fosforescentes $67.93;

Papel cascarón $60.29;

Fomi de colores $101.61;

Hojas de colores $110.00;

Estuche de pinturas $167.85;

Cuaderno de dibujo $84.26;

Folder $29.41;

Corrector de pluma $74.30;

Pintarrones $118.43;

y pegamento blanco $48.98.

Por otro lado, la ANPEC también toma en cuenta el costo de uniformes, los cuales este año podrían superar los 4 mil pesos:

El uniforme diario (camisa y pantalón/falda) cuesta alrededor de $1,100.00;

El deportivo (playera, pants y chamarra) $1,350.00;

Zapatos $800.00;

Tenis $800.00;

Y calcetas $350.00.

Entre otros gastos también podría estar la cuota escolar, que siempre ha generado debate entre padres de familia y las instituciones, por el monto que cada escuela impone, tan solo este año se ha reportado que podría llegar a 2 mil 500 pesos.

Los artículos de limpieza también entran entre lo solicitado por las escuelas al iniciar el curso, sumados podrían representar un gasto adicional de 330 pesos.

Enfrentar el regreso a clases sin descuidar la economía familiar

El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, recomienda no irse por el viejo y conocido “lo barato sale caro”, ya que al poco tiempo de esta maniobra que solo podría subsanar gastos de momento, pueden representar pérdidas significas a lo largo del curso.

“Saber decir que no”, hace referencia a saber poner limites y dejar en claro lo que está dentro de las posibilidades de la economía familiar; también destacan el “no sobrendeudamiento”, evitar pedir prestado para comprar el estándar de los estudiantes y comprar a medida del bolsillo de cada familia.

Durante los meses de verano, el uso del aire acondicionado se convierte en un recurso habitual en muchos hogares y oficinas. Las altas temperaturas y las olas de calor impulsan a prolongar el tiempo de funcionamiento de estos electrodomésticos para conseguir ambientes confortables.

Asimismo, el tiempo de uso continuo de este aparato eléctrico impacta directamente en la factura eléctrica, una preocupación recurrente entre los consumidores.

Ante este escenario, aparecen varias dudas sobre cuánto puede aumentar el gasto de energía con el aire acondicionado encendido durante jornadas completas. Conocer estos datos, junto a consejos sobre uso eficiente, permite calcular el coste real y adoptar medidas para optimizar el consumo eléctrico.

Cuánta electricidad gasta un aire acondicionado si se mantiene encendido durante 8 horas

El consumo de energía de un aire acondicionado depende de diversos factores, como la potencia del electrodoméstico, su eficiencia y la configuración del termostato.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), un modelo promedio puede consumir unos 1.000 Wh al estar encendido ocho horas al día. Traducido en términos mensuales, esto equivale aproximadamente a 72 euros en la factura de electricidad, siempre bajo las tarifas y precios actuales.

Este gasto puede elevarse considerablemente si el aparato tiene menor eficiencia energética o si la temperatura fijada es muy baja. Un uso intensivo en los meses de más calor puede suponer unos 250 euros durante toda la temporada, una cifra que impacta directamente en los hogares con presupuestos ajustados.

Cómo influye la eficiencia energética en el gasto de este electrodoméstico

La eficiencia del aparato es un elemento determinante en el consumo eléctrico. La OCU indica que la diferencia entre comprar un aire acondicionado con etiqueta energética A++ en lugar de A+++ puede representar un 30% más de consumo en modelos menos eficientes.

Elegir un aparato de última generación permite un ahorro considerable a largo plazo. Además, la tecnología inverter, presente en la mayoría de los aparatos actuales, contribuye a disminuir el desperdicio energético.

Esta tecnología ajusta la potencia del compresor según la necesidad, en lugar de funcionar siempre a máxima capacidad. De esta manera, regula mejor la temperatura sin descensos bruscos y evita picos de consumo innecesarios.

A qué temperatura se debe configurar el aire acondicionado para ahorrar recursos

La temperatura seleccionada en el termostato tiene incidencia directa en el gasto eléctrico. Solo con reducir la diferencia entre la temperatura exterior e interior para ver reflejado un ahorro en la factura.

Por cada grado de diferencia menos entre el interior y el exterior, el consumo baja un 10%. Así, en un día con 33°C fuera, es indicado fijar el aire acondicionado en 25°C, y no en una cifra inferior, como 19°C.

Jugar con esta diferencia puede traducirse en menores costes. Si se elige una temperatura de 24°C en lugar de 20°C, el ahorro es tangible y se evita el impacto negativo sobre la salud por ambientes excesivamente fríos. Una temperatura de confort racional supone bienestar y mayor eficiencia.

Qué ventajas ofrece el modo ECO del aire acondicionado

El modo ecológico o ECO, disponible en muchos modelos, permite reducir el consumo hasta en un 30%. La OCU estima que con un consumo estándar de 1.000 Wh durante ocho horas, el coste mensual ronda los 72 euros.

Si se activa el modo ECO, el gasto puede bajar hasta 50 euros mensuales, representando un ahorro significativo sin renunciar al confort. El uso inteligente del aire acondicionado se refuerza si se cuenta con tecnologías “Smart”.

Estas opciones permiten apagar o programar el equipo a distancia, evitar olvidos y optimizar aún más el consumo. Elegir sistemas que amplían el control sobre el funcionamiento facilita una gestión eficiente y ajustada a las necesidades reales.

Donald Trump celebró lo que considera un logro largamente perseguido: que la Organización del Tratado del Atlántico Norte acuerde elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país miembro.

“Llevo varios años pidiendo que suban al 5% y van a subir al 5%”, proclamó el presidente de Estados Unidos, al llegar a la cumbre de La Haya junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La noticia, que marca un giro en la política de defensa de la alianza, fue presentada por Trump como una “victoria para todos”, subrayando la importancia de igualar el esfuerzo de gasto entre los aliados. Según el propio presidente, este avance responde a una demanda que ha mantenido durante años y que, en su opinión, había quedado estancada durante la administración de Joe Biden.

El contexto de este anuncio es la cumbre de líderes aliados celebrada este miércoles en La Haya, donde el único tema en la agenda fue la senda de inversión en defensa para la próxima década.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la propuesta que se discute implica que todos los países de la OTAN se comprometan a destinar el 5% de su PIB a defensa, una cifra que representa un salto considerable respecto al umbral anterior del 2% pactado en la cumbre de Gales.

Trump no dudó en recalcar la magnitud de este cambio: “Es un cambio importante teniendo en cuenta que muchos aliados no alcanzan el anterior umbral del 2% pactado en la cumbre de Gales. Así que creo que va a ser una gran noticia. La OTAN va a ser muy fuerte con nosotros”.

La insistencia de Trump en este asunto no es nueva.

Desde el inicio de su mandato, el presidente ha presionado a los socios europeos para que incrementen su contribución al presupuesto militar de la alianza, argumentando que la carga recae de manera desproporcionada sobre Estados Unidos.

En sus declaraciones junto a Rutte, Trump defendió el trabajo de su administración para establecer un nuevo listón de gasto, y aprovechó la ocasión para criticar a su predecesor. “Cuando Biden estuvo aquí, simplemente murió, como todo lo demás. Y ahora va a aprobarse, supongo”, sentenció Trump, en una referencia directa a la falta de avances en este tema durante la presidencia de Biden.

La respuesta de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, no se hizo esperar.

Rutte intervino para asegurar a Trump que su “absoluta convicción” es que los 32 aliados darán el visto bueno al nuevo horizonte de gasto. Según detalló Europa Press, la propuesta de Rutte contempla destinar el 3,5% del PIB a gasto en defensa puro y un 1,5% adicional a inversiones relativas a seguridad, sumando así el 5% que Washington reclama desde hace meses.

El debate sobre el gasto en defensa ha sido una constante en la historia reciente de la OTAN. El compromiso del 2% del PIB, acordado en la cumbre de Gales en 2014, ya supuso un desafío para muchos países miembros, especialmente aquellos con economías más pequeñas o con prioridades presupuestarias distintas.

Según la publicación, “muchos aliados no alcanzan el anterior umbral del 2%”, lo que pone de manifiesto la dificultad de cumplir con los objetivos establecidos. La nueva meta del 5% representa, por tanto, un reto aún mayor y plantea interrogantes sobre la capacidad de los países para adaptarse a este incremento.

La posición de España ilustra las complejidades que enfrenta la alianza. Aunque el resto de líderes de la OTAN han asumido el nuevo compromiso de gasto, el gobierno español ha optado por una interpretación particular del acuerdo.

El país ha señalado que cumplirá los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto concreto.

El impulso de Estados Unidos para elevar el gasto en defensa no es un fenómeno aislado. Desde hace años, la administración estadounidense ha insistido en la necesidad de que los socios europeos asuman una mayor responsabilidad en la seguridad colectiva. Trump ha sido especialmente enfático en este punto, llegando a cuestionar en ocasiones el compromiso de algunos países con la defensa común.

El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los más influyentes de Alemania, ha arremetido contra Pedro Sánchez por su negativa a destinar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto militar, una medida propuesta por la OTAN. En un artículo de opinión publicado este lunes, el periodista Thomas Jansen ha cuestionado la viabilidad de la actitud española frente a los compromisos de la Alianza Atlántica, además de cuestionar la postura de Sánchez de “fanfarronería”.

Jansen comienza su crítica con una reflexión sobre la distancia estratégica de España respecto a las amenazas inmediatas: “Desde Madrid, Moscú parece muy lejos: las dos capitales están a aproximadamente 3.500 kilómetros de distancia, con tres países de por medio. España no tiene por qué temer que Vladimir Putin convierta la Costa del Sol en la Riviera rusa ni que la Flota del Mar Negro asuma la supervisión de las playas”. Sin embargo, el periodista aclara que esto no justifica la actitud “fanfarrona” de Sánchez al negarse a aceptar el nuevo objetivo de gasto militar.

Recordemos que en su carta a la OTAN, Sánchez confirmó que España no estaría sujeta al 5% de gasto militar propuesto en la próxima cumbre de la Alianza. Según el presidente, el compromiso español se limita a cumplir el “Objetivo de Capacidad a tiempo y en su totalidad” sin necesidad de adherirse a un porcentaje fijo del PIB. El ejecutivo defiende que “no tiene sentido comprometerse” y argumenta que, para el Gobierno español, “la clave no es gastar más, es gastar mejor”. Aunque, en las últimas horas, la OTAN ha pedido que España debe destinar al menos un 3,5% de su PIB en al gasto en defensa, Sánchez opina que el 2,1% que propone es más que suficiente para cumplir con los compromisos de la Alianza Atlántica.

“¿Qué valor tendría la OTAN si el comportamiento de Sánchez se generalizara?”

El artículo del medio alemán también recuerda las dificultades internas de Sánchez, quien enfrenta un escándalo de corrupción dentro de su círculo político. Jansen advierte que “no cabe la posibilidad de que España sacrifique su Estado de bienestar a los excesos de Trump, como afirma Sánchez”, en alusión a las críticas del presidente estadounidense sobre las bajas aportaciones de España a la OTAN. En este sentido, el periodista señala que el Estado de bienestar en España ha prosperado en gran parte porque “la defensa pudo quedar en manos de Estados Unidos”.

Asimismo, plantea una pregunta clave sobre el futuro de la OTAN: “¿Qué valor tendría la OTAN como alianza de defensa si el comportamiento de Sánchez se generalizara?” Y continúa: “Entonces, en una emergencia, la alianza, en el mejor de los casos, estaría luchando contra molinos de viento. Sánchez tampoco puede querer eso”. Esta reflexión pone en duda la efectividad de la Alianza si varios países siguieran el ejemplo de España y se desentendieran de los compromisos de defensa colectiva.

El acuerdo entre España y la OTAN otorga flexibilidad al país para diseñar su propio plan anual de inversión militar sin tener que adherirse a un porcentaje fijo del PIB. En su misiva, Sánchez expresó que este plan se revisará en 2029, en función del “entorno estratégico y los Objetivos de Capacidad de la OTAN actualizados”, lo que sigue generando controversia entre los miembros, entre ellos Donald Trump.

Las críticas del presidente estadounidense han sido particularmente duro con España por su “baja” aportación a la Alianza Atlántica. De esta forma, Trump ha advertido que “la OTAN tendrá que lidiar con España” y destacó que el país ha “pagado muy poco” en comparación con otros aliados.

Por este motivo, Jansen señala el comportamiento de Sánchez como una muestra de desinterés por los esfuerzos colectivos, lo que podría tener implicaciones serias para la imagen y eficacia de la Alianza: “Si otros países adoptaran la misma actitud que España, la OTAN se debilitaría y su capacidad de respuesta ante emergencias se vería comprometida”, asegura.

Sánchez, por su parte, ha defendido su postura asegurando que el gasto militar en España es necesario para mantener el equilibrio entre la defensa y los demás desafíos sociales, económicos y ambientales del país. En su comparecencia desde Moncloa, el presidente español reiteró que su país no está dispuesto a comprometer el modelo de bienestar social por cumplir con una cuota arbitraria.

Madrid, 28 ene (EFE).- La Seguridad Social ha abonado este martes la nómina de la pensiones de enero con la revalorización del 2,8 % prevista en el decreto ley ómnibus que estuvo en vigor hasta el pasado miércoles, cuando decayó en el Congreso, con lo que la subida no se aplicará en la nómina de los próximos meses.

En total se han abonado 10.294.786 pensiones a 9,3 millones de personas por un importe de 13.432,4 millones de euros, lo que supone un incremento del gasto del 6,17 % respecto a la nómina de enero de 2023.

A la revalorización con carácter general del 2,8 % se suma la subida de entre el 6 y el 9 % para las pensiones mínimas. EFE

Durante Semana Santa 2025, 2,7 millones de turistas recorrieron distintos puntos del país y generaron un impacto económico estimado en $733.128 millones, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gasto se concentró en alojamiento, gastronomía, transporte, actividades recreativas y compras. La circulación fue elevada en múltiples destinos, con eventos religiosos como eje principal de las agendas locales.

Según CAME, el desembolso diario por persona promedió los $87.590, mientras que la estadía media se ubicó en 3,1 días. En términos acumulados, cada visitante gastó en promedio $271.529 durante el fin de semana largo. Las cifras presentaron diferencias marcadas según el lugar elegido. En Tierra del Fuego, el gasto diario alcanzó los $320.000 por persona, mientras que en Tucumán se ubicó en torno a los $72.000 y en Mendoza en $75.000.

La comparación interanual mostró una disminución de 16% en la cantidad de turistas respecto de Semana Santa 2024. En ese año, el feriado se había extendido a seis días por coincidir con el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El impacto económico también resultó inferior frente a ese período. No obstante, frente a Semana Santa 2023, los registros de CAME indicaron un aumento de 1,9% en el número de personas movilizadas. En contraste, la estadía media descendió 9%, aunque el gasto total —medido a precios constantes— superó en 14,9% al del mismo feriado de 2023. En aquel año, el gasto diario por persona fue de $10.650, muy por debajo del promedio actual.

Todos los destinos nacionales ofrecieron una agenda nutrida de propuestas, donde las celebraciones litúrgicas convivieron con festivales culturales, ferias gastronómicas y competencias deportivas. Las condiciones climáticas durante los cuatro días se caracterizaron por su variabilidad: en distintos puntos del país hubo lluvias intensas, jornadas soleadas y amplitudes térmicas considerables.

En el plano del transporte, CAME indicó que Aerolíneas Argentinas movilizó a 210.000 pasajeros, con una ocupación promedio de 80% en sus vuelos. Además, los servicios de ómnibus de larga distancia registraron ocupación total en la mayoría de los viajes del miércoles 16, previo al inicio del feriado.

Turismo emisivo

El informe también destacó el movimiento hacia países limítrofes. Muchos argentinos eligieron viajar a Chile, Uruguay, Brasil o Paraguay. En los pasos fronterizos, se registraron demoras considerables. En Mendoza, el cruce por el Paso Internacional Cristo Redentor presentó filas de hasta 5 kilómetros y tiempos de espera de hasta 4 horas. Cabe destacar, sin embargo, que la provincia cuyana también se llenó de turistas argentinos y chilenos. Durante jueves y viernes más de 19.700 personas cruzaron el paso Cristo Redentor en ambos sentidos.

En el Litoral, el paso hacia Paysandú concentró hasta 2 kilómetros de vehículos en la jornada del jueves.

Según la entidad empresaria, el comportamiento turístico observado se mantuvo dentro de los márgenes previstos por el sector, considerando la coyuntura económica. El informe señaló que, si bien la duración del feriado influyó en la comparación con el año anterior, los niveles de gasto por persona crecieron de manera significativa.

En lo que va del año, se acumularon dos fines de semana largos. De acuerdo con CAME, en ese período viajaron 5.507.990 turistas y se gastaron $1.434.192 millones. Esa cifra equivale a unos USD 1.261 millones, calculados al tipo de cambio oficial. Estos datos consolidan el rol del turismo como dinamizador de las economías regionales, según destacó la entidad.

Destinos locales

En la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata se posicionó como uno de los destinos más concurridos, con una ocupación hotelera del 70%, en línea con las expectativas. A pesar de las temperaturas frescas, los turistas asistieron a las playas y participaron de propuestas culturales y recreativas. En la costa atlántica, localidades como Mar de las Pampas, Pinamar y Cariló alcanzaron entre 70% y 80% de ocupación.

Córdoba registró una ocupación hotelera promedio del 80%, con localidades como La Cumbrecita y Villa del Totoral al límite de su capacidad. Según la Agencia Córdoba Turismo, los visitantes aprovecharon beneficios como cuotas sin interés en hotelería y descuentos en gastronomía.

En la Ciudad de Buenos Aires, se contabilizaron más de 108.000 visitantes y un impacto económico estimado en $30.000 millones, de acuerdo con datos del Entur. La ocupación alcanzó el 68%, con alta demanda en hoteles de 3 y 4 estrellas. Entre las actividades destacadas se incluyeron el Vía Crucis por la Avenida de Mayo, espectáculos en plazas públicas, ferias de emprendedores y recorridos por circuitos vinculados al Papa Francisco.

En la actualidad, la eficiencia energética en dispositivos electrónicos es una preocupación creciente. Aunque muchas veces se presta atención al gasto asociado a refrigeradores o aires acondicionados, el consumo de los televisores también forma parte de estas inquietudes. Sin embargo, estos dispositivos incorporan funciones destinadas a reducir el consumo eléctrico sin comprometer significativamente la calidad de imagen.

En este artículo se explica cómo los usuarios pueden reducir el consumo eléctrico de sus televisores inteligentes a través de funciones disponibles en los propios dispositivos, así como mediante el uso de herramientas adicionales.

Modos de Ahorro de Energía en diferentes televisores

• LG: los televisores LG ofrecen el ‘Modo Ahorro de Energía’, que ajusta el brillo de la pantalla para disminuir el consumo eléctrico. Para activarlo, se debe presionar el botón ‘Configuración’ en el control remoto, seleccionar ‘Todas las configuraciones’, luego ‘Imagen’ y, finalmente, ‘Ahorro de Energía’, donde se puede elegir el nivel deseado.

• Sony: esta marca también incorpora la función ‘Ahorro de Energía’, que permite reducir el brillo de la pantalla y, por ende, el consumo energético. Para acceder a ella, se presiona el botón ‘Inicio’, se selecciona ‘Configuración’, luego ‘Preferencias del sistema’, ‘Eco’ y finalmente ‘Ahorro de Energía’.
• Panasonic: los televisores Panasonic cuentan con configuraciones que ajustan el brillo y otros parámetros de imagen para reducir el consumo eléctrico. El usuario puede acceder a estas funciones en el menú ‘Configuración’, dentro de ‘Opciones de energía’.
• Philips: Algunos modelos incluyen la opción ‘Mute Screen’, que apaga la pantalla mientras se mantiene el audio activo, lo cual reduce el consumo energético en situaciones donde no se necesita la imagen.

• Samsung: La función ‘AI Energy Mode’ utiliza inteligencia artificial para analizar el entorno y ajustar de manera automática el brillo y otros parámetros. Según la compañía, este modo puede lograr una reducción de consumo de hasta un 30% en condiciones específicas de uso.

Recomendaciones para reducir el consumo energético

Además de activar los modos específicos de cada marca, existen otras prácticas que pueden contribuir a un uso más eficiente de los televisores:

• Ajuste manual del brillo y contraste: reducir estos parámetros de manera manual puede ayudar a disminuir el consumo sin depender únicamente de los modos automáticos.
• Uso del temporizador de apagado: configurar el televisor para que se apague automáticamente después de un periodo de tiempo previene que permanezca encendido innecesariamente, especialmente durante la noche.

• Desconexión de dispositivos en modo de espera: muchos equipos continúan consumiendo energía aunque estén apagados pero conectados a la corriente. Desconectarlos completamente evita este gasto y prolonga la vida útil de los aparatos.
• Actualización de equipos antiguos: los televisores más recientes suelen ser más eficientes que los modelos anteriores. Considerar su reemplazo puede representar una mejora en términos de consumo energético y compatibilidad con nuevas tecnologías.

Además de las funciones integradas en los televisores, existen dispositivos externos que permiten optimizar el consumo. Algunos enchufes inteligentes ofrecen medidores de energía que registran el gasto eléctrico en tiempo real. Estos dispositivos, vinculados a aplicaciones móviles, ayudan a identificar hábitos de uso y ajustar el consumo según las necesidades del hogar.

En regiones con tarifas variables dependiendo del horario, también es posible programar el uso del televisor en franjas horarias con menor costo. Esta estrategia puede ser útil para reducir el impacto económico sin modificar los hábitos de consumo.

Otra posibilidad es integrar estos dispositivos a un sistema de automatización del hogar que permita encender o apagar el televisor según rutinas previamente establecidas, lo que agrega un nivel adicional de control sobre el uso de energía.

Activar los modos de ahorro de energía y adoptar prácticas complementarias puede generar una reducción significativa del consumo eléctrico asociado al uso del televisor. Aunque el impacto varía según el modelo y los hábitos del usuario, se estima que estas medidas pueden disminuir el gasto hasta en un 30%, lo cual se refleja tanto en la factura mensual como en la huella ambiental del hogar.

Luego de que Germán Ávila fue nombrado como ministro de Hacienda por el presidente Gustavo Petro, en reemplazo de Diego Guevara, empezó a especularse entre los expertos en el asunto que el ajuste fiscal propuesto para 2025 no se consolidaría como se había dicho desde la cartera a comienzo de año en el Plan Financiero, algo que generó muchas preocupaciones.

Sin embargo, tras conocerse la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener estable, en 9,5%, la tasa de interés, el funcionario, entre otros puntos, en rueda de prensa se refirió a la situación y dejó claridad de las finanzas del Gobierno. También se refirió a la nueva ley de financiamiento o reforma tributaria y el gasto del Gobierno.

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Precisó que que los resultados que ya entregó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sobre el recaudo tributario son buenos, ya que al final de marzo se están cumpliendo las metas previstas para finales de este mes y, sin completar el informe de los últimos días, ya se tienen un mayor recaudo en cerca de $300.000 millones.

Sin embargo, advirtió que es necesario hacer un énfasis especial e incrementar los ingresos tributarios y para eso hay una estrategia bastante importante que aplica la Dian con la búsqueda de asegurar un incremento en el recaudo y ya se empiezan a sentir en marzo los primeros resultados positivos.

Ley de financiamiento o reforma tributaria

Seguido, confirmó lo que ya había adelantado hace unos días sobre la nueva reforma tributaria que se avecina para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, cuyo monto es de $511 billones, pero está desfinanciado en $12 billones.

“No hemos descartado que para lograr una mayor financiación de la brecha fiscal sea necesario proponer una nueva ley de financiamiento. Esto lo estamos estudiando, lo estamos analizando, y estaría próximo a definirse este tema, próximo a definirse este tema, de acuerdo a la evolución que tenga en el Congreso de la República la presentación de una propuesta en este sentido”; explicó.

Precisamente, dijo a Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia que “vamos a presentar una Ley de Financiamiento, se va a focalizar en unos sectores específicos y en unas tributaciones muy controladas y lo que vamos a buscar es que esto nos contribuya a equilibrar fiscalmente la situación del Gobierno”.

Ajustes en el gasto

De otro lado, habló del gasto del Gobierno. Puntualizó que también se considera la necesidad de hacer unos ajustes en este,

Al respecto, dejó entrever que en esa materia también se presentará una propuesta y “será el resultado de una evaluación rigurosa y detallada, siempre teniendo como norte que los programas estratégicos del Gobierno, los programas fundamentales del Plan de Desarrollo no deben ser alterados, sino que se deben mantener y las metas deben estar así, y la prioridad del gasto está en el cumplimiento del Plan de Desarrollo”.

Política monetaria del Banco de la República

Luego, al ser consultado sobre lo que podría pasar con las finanzas del Gobierno en caso de que haya una diferencia en el déficit fiscal, pero no por los ingresos, sino por el gasto y sus efectos en la política monetaria, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aclaró que lo que es fundamental es el nivel del déficit, el equilibrio macroeconómico y las necesidades de financiamiento.

En ese sentido, argumentó que “el banco, tradicionalmente, no se ha metido en la discusión de que si el tamaño del Gobierno debe ser mayor o menor. Por lo tanto, no opina sobre si el problema es que si el gasto y los impuestos, ambos, son muy altos o son muy bajos”.

Asimismo, explicó que eso es una decisión de política monetaria, donde hay muchos elementos a considerar. Según él, lo que sí afecta la política monetaria es el hecho de que haya diferencias entre ingresos y gastos, que eso requiera financiamiento y eso pueda afectar la percepción de riesgo del país.

De igual manera, anotó que en la medida en que el déficit sea alto la percepción de riesgo del país puede aumentar, lo que afecta las tasas de interés a las cuales se endeuda la economía colombiana en el exterior, afecta las tasas de interés internas y tiene implicaciones para las tasas de interés de política monetaria.

“Afortunadamente, el ministro Ávila nos ha comentado sobre los planes de avanzar en programas para reducir ese desequilibrio entre ingresos y gastos para enfrentar las inquietudes que existen sobre el cumplimiento de la regla fiscal en 2025″, remarcó Leonardo Villar. Y aclaró que,” obviamente, en la medida en que se avance ese frente se darán elementos que ayuden a que en un futuro se puedan llegar a consensos, más fácilmente, de llegar a moverse con tasas de interés más bajas”.

En un contexto de tensión por los montos de los haberes jubilatorios y de crisis del sistema previsional, el gasto en jubilaciones, que acapara el 40% del total, podría crecer un 11% real en 2025, luego de que el año pasado el recorte en esta partida haya explicado buena parte del ajuste presupuestario. La clave para financiarlo se encuentra en los subsidios a la energía.

Así surge de una proyección realizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). “Tras un comienzo de año en 2024 con bajas reales significativas en el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, el nivel de gasto se estabilizó después del cambio en la movilidad. Posteriormente, debido al esquema de actualización de haberes, la baja de la inflación permitió una cierta recuperación del gasto real, ya que, en noviembre de 2024 el gasto mensual en jubilaciones con bono incluido resultó prácticamente igual en términos reales al de noviembre de 2023″, explicó su informe.

En ese marco, las proyecciones del gasto en jubilaciones y pensiones contributivas (con bono incluido) se basan en el gasto realizado en los primeros dos meses del año y en el mantenimiento del bono de $70.000 durante todo el año.

En la primera parte se esperan variaciones interanuales reales elevadas, debido a la baja base de comparación de 2024. Sucede que en los primeros meses del año pasado se produjo una fuerte licuación del gasto por la escalada inflacionaria tras la devaluación de diciembre de 2023.

Luego, “el crecimiento se ralentizaría hacia la última parte del año, terminando en diciembre con una suba del 3,5% respecto al mismo mes del año 2024. Como resultado de las proyecciones para cada mes, en 2025 el gasto ascendería a $49.000.000 millones en moneda de febrero, lo que implicaría un incremento real del 11% respecto al año 2024. Le pone un piso de crecimiento real no menor al gasto primario”, indicó el IARAF.

“Un aspecto importante que surge, es la capacidad de financiamiento del aumento del gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, por parte de la reducción del gasto en subsidios a la energía. En efecto, una baja real del 34% de subsidios a la energía, permite financiar el 59% del incremento del gasto en jubilaciones. Por ende, si los subsidios se redujeran en un 58% real respecto al año previo, situación poco probable, se financiaría el 100% del incremento del gasto en jubilaciones”, destacó el informe.

De todos modos, el gasto de este año se mantendría un 7% por debajo del gasto de 2023. Por el lado del gasto en subsidios a la energía, de darse la baja interanual del 34% en 2025, terminaría el año con un nivel un 57% menor al del año previo. Cabe destacar que en el primer bimestre, los subsidios energéticos arrancaron con una caída real interanual del 43%.

Qué pasó con el bono de $70.000

Por otro lado, en abril los jubilados de la mínima volverán a cobrar el bono de $70.000, sin actualización. Este plus se encuentra congelado desde hace un año y si se buscara mantener su poder adquisitivo debería ser poco más del doble.

Si el bono se hubiera actualizado por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), al igual que los haberes, debería ubicarse en $148.800. Es decir, unos 5 millones de jubilados y pensionados resignan $78.800 por mes en comparación con marzo de 2024, cuando se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria.

El Centro de Economía Pública Argentina (CEPA) calculó que las jubilaciones con bono quedaron -13,8% por debajo respecto del último trimestre del gobierno anterior. Inclusive, la jubilación sin bono se mantendrá 1,9% por debajo.

En paralelo, el Gobierno puso fin a la moratoria, que permitía jubilarse con un plan de pagos a aquellos que no habían cumplido los 30 años de aportes.

Nueva York, 6 ene (EFE).- Los cerca de 65 millones de turistas que visitaron Nueva York el año pasado, encabezados por los del Reino Unido, se dejaron más de 51.000 millones en "gasto directo", lo que significó más 6.800 millones de dólares en ingresos fiscales para la ciudad, informó la compañía de turismo de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado de la New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción de destinos para los cinco condados, el impacto económico total estimado de los visitantes fue de 79.000 millones para la ciudad y el estado en su conjunto, que incluye alojamiento, gastronomía, entretenimiento, deportes, teatro, artes y atracciones culturales, comercio minorista y transporte, entre otros sectores.

Esa actividad respaldó más de 388.000 empleos en la industria de turismo y hospitalidad, lo que representa alrededor del 9 % de la fuerza laboral de la ciudad.

El 2024 se destacó por un aumento de turistas nacionales y un repunte de los viajeros europeos, con 13 millones de visitantes internacionales que representaron aproximadamente el 50 % del gasto total en los cinco distritos durante el 2024.

De acuerdo con los datos de la compañía de turismo, la ciudad experimentó un alza de visitantes de mercados históricamente fuertes desde el Reino Unido, Canadá, México y Europa Occidental.

El Reino Unido lideró los viajeros internacionales, con 1,1 millones de visitantes, seguido por Canadá, con aproximadamente un millón y Francia, Brasil e Italia, con más de 700.000 visitantes cada uno.

China fue el sexto mayor mercado, con 609,000 visitantes; Alemania, México y Australia aportaron más de 500,000 visitantes cada uno y de España llegaron 494.000 visitantes.

Mientras que la cifra de los turistas nacionales fue de 51,3 millones, solo dos millones del nivel de referencia de 2019, y en su mayoría provenían del área metropolitana de Nueva York, Filadelfia, Washington, DC, Boston y Los Ángeles.

"Con casi 65 millones de visitantes en el 2024, la segunda cifra más alta en la historia de nuestra ciudad, Nueva York ha reafirmado una vez más su posición como el principal destino del país y uno de los lugares más destacados para viajar en el mundo", destacó el alcalde de la ciudad, Eric Adams en un comunicado conjunto.

En cuanto al transporte público, el metro mostró "una notable recuperación" con 1.000 millones de viajes antes de culminar el 2024, con octubre como el mes más ajetreado desde la pandemia, con casi 114 millones de viajes y más de 40 millones de viajes en autobús.

Las ganancias de los espectáculos de Broadway en 2024 se estiman en 1.500 millones de dólares, un incremento del 6 % respecto a 2023, pero un descenso del 5 % en comparación con 2019.

La NYC Tourism + Convention indicó además que ya reservó más de 1.200 reuniones y eventos en la ciudad hasta el 2030, lo que representa más de 295,000 pernoctaciones en los hoteles.

Se estima que Nueva York recibirá 67,1 millones de turistas en el 2025. EFE

Los hogares españoles situaron en el tercer trimestre su tasa de ahorro en el 7,1% de su renta disponible bruta, frente a la tasa del 5,5% de igual periodo de 2023. En valores desestacionalizados, la tasa de ahorro de las familias españolas alcanzó el 14,2%, su valor más alto desde el tercer trimestre de 2021, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el tercer trimestre del año, los hogares gastaron menos de lo que ingresaron. Así, su renta disponible aumentó un 8,2% interanual, hasta los 237.811 millones de euros, mientras que su gasto en consumo totalizó 221.243 millones de euros, un 6,6% más.

Como consecuencia de todo ello, los hogares ahorraron en el tercer trimestre 16.997 millones de euros, cifra un 42,1% superior a la del mismo trimestre de 2023.

Al poder financiar con su ahorro la inversión que realizaron en el tercer trimestre del año, los hogares mostraron una capacidad de financiación de 398 millones de euros, en contraste con la necesidad de financiación por valor de 3.217 millones que registraron en el tercer trimestre de 2023.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Madrid, 20 dic (EFECOM).- Los españoles realizaron entre julio y septiembre 60,4 millones de viajes, un 0,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior, si bien el gasto total subió un 4,2 % y superó los 24.544 millones de euros, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional se redujeron un 2,2 %, en tanto que los realizados al extranjero aumentaron un 15,5 %.

En cuanto al objeto de los desplazamientos, los de ocio, recreo y vacaciones cayeron un 2 %, mientras que las visitas a familiares o amigos crecieron un 3,8 %. EFECOM

Mientras en la región del Catatumbo se está registrando una crisis humanitaria por la oleada de violencia que protagoniza el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente Gustavo Petro visitó Haití, en donde pidió perdón por el magnicidio de Jovenel Moïse.

“Por eso estoy aquí, para agradecerles en primer lugar el que nos hayan ayudado en nuestra libertad, y para pedirles perdón, porque colombianos, oscuros en su corazón, blancos en su piel, pagos como mercenarios con intereses en el estado de la Florida, decidieron venir a estas tierras a asesinar. Yo les pido perdón porque no quiero venir a estas tierras a revivir la historia”, indicó el mandatario.

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Además, el mandatario sudamericano aprovechó su presencia en Haití para señalar de manera negativa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que criticó por las medidas que ha anunciado para expulsar a migrantes de su territorio.

“No quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Pues dejémoslos un rato solo, a ver cómo les va, porque creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar, entre nosotros”.

Visita de Petro generó malestar en Haití

A pesar de que Gustavo Petro agradeció por la forma en que fue recibido en Haití, la población de la isla no se mostró feliz con la llegada del colombiano, principalmente porque su visita representó una inversión gubernamental de más de 3.8 millones de dólares.

Medios como Diario Libre, Le Nouvelliste, Listín Diario o Houston Chronicle indicaron que para la llegada de Gustavo Petro al país del Caribe se tuvieron que hacer gastos millonarios para que el mandatario pudiera estar a gusto.

“Disgusta a haitianos enorme gasto gubernamental en breve visita del líder colombiano”, “Haitianos rechazan elevado gasto gubernamental en visita de Gustavo Petro” o “Malestar en Haití por enorme gasto gubernamental en breve visita del líder colombiano”, son algunos de los titulares al respecto.

El dinero utilizado para la visita de Petro se gastó en la ampliación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Jacmel, restaurar la electricidad de poblaciones que no tenían este servicio desde hacía tres años, reparar calles en mal estado y renovar el ayuntamiento y otros gastos menores.

A los ciudadanos no les molesta el dinero, sino que en el pasado, el gobierno ha negado ayudas a campamentos de refugiados, inversión para mejorar la seguridad y otras problemáticas, por falta de recursos.

“¿El gobierno no tiene dinero para sacarnos del campamento o proporcionar seguridad en el país, pero sí tiene 500 millones de gourdes para gastar en sí mismo durante un par de días?”, declaró a Diario Libre Antoine Jean-Baptiste, un electricista de 44 que lleva varios meses desempleado y vive en un refugio con otros habitantes de Puerto Príncipe, una zona destruida por las pandillas.

“No pueden pagar a los maestros. Los hospitales están cerrados. ¿Era necesario gastar todo ese dinero por un presidente que estaba de visita?”, se cuestionó Baptiste.

Sobre la inversión, el ministro de Economía de Haití, Alfred Métellus, indicó que era un esfuerzo para extender e impulsar el crecimiento de Jacmel, en donde la prisión será remodelada como una muestra de que la seguridad está volviendo a consolidarse para que los turistas vuelvan a la isla.

“Hace aproximadamente una semana, no había actividad. Vemos que hay una posibilidad de hacer resurgir a Haití”, declaró Métellus durante una rueda de prensa que se llevó a cabo el martes 21 de enero.

El exlegislador de Puerto Principe Wilner Content indicó a Le Nouvelliste que varios trabajadores han denunciado que no reciben su salario hace varios meses, por lo que no entiende por qué si hay recursos para una visita de cuatro horas de un mandatario extranjero.

“No pueden ni siquiera cuidar de su propia gente, pero quieren lucir bien frente a otros gobiernos”, indicó el político; mientras que Jean-Pierre, un refugiado de 40 años, aseguró que Gustavo Petro no tiene intención de ayudar a la isla, ya que él “tiene sus propios problemas”.

“Los 500 millones de gourdes podrían haber sido útiles para proporcionar seguridad, reforzar el ejército y reclutar a más jóvenes haitianos devotos para servir al país, no para una miserable visita de un presidente que tiene sus propios problemas”.

Caracas, 13 nov (EFECOM).- El gasto de los hogares en Venezuela creció un 13,3 % de enero a septiembre de este año respecto al mismo período de 2023, según cálculos independientes recogidos en una nota publicada este miércoles por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

El consumo ha subido, principalmente, en los sectores alimentos, salud, hogar, higiene personal, bebidas alcohólicas e "impulsivos", en referencia a golosinas, de acuerdo a la consultora Atenas Grupo Consultores -citada en la nota-, que registró también un alza del 5,7 % en el número de unidades compradas.

Por otra parte, estimaciones independientes apuntan a un crecimiento del producto interior bruto (PIB) superior al 5 % este año en comparación con el anterior, lo que "repercutirá favorablemente" en el comercio, sector que, además, tiene un "gran potencial" para aumentar a través de innovaciones y la adopción de nuevas tecnologías, según el texto.

Consecomercio y otras organizaciones gremiales han pedido a las autoridades un aumento de la capacidad de la banca para otorgar créditos a los hogares, con el fin de mejorar el consumo.

En el país, cada vez más comercios ofrecen a los consumidores la posibilidad de acceder a un bien o servicio mediante una modalidad de pago financiado conocida como 'compra ahora, paga después', o a través de un sistema de 'apartado', con el que el cliente hace un pago inicial y el resto en un plazo determinado, para luego poder retirar el producto.

Según expertos, esta "forma de financiamiento" es "resultado de la prolongada ausencia de crédito bancario al consumo" en la nación. EFECOM

El Gobierno Nacional decidió eliminar el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, junto con el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), a través del Decreto 1077 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según las autoridades, la medida responde a la necesidad de optimizar el gasto público y alinear las prioridades administrativas con la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en diversas áreas.

Esta decisión implica también la derogación de los decretos 915/10 y 716/20, normativas que sostenían la creación y financiamiento de infraestructura en parques industriales a través de aportes no reintegrables (ANR) y créditos a tasa bonificada.

“El Decreto 915 había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario con el supuesto objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos a través del otorgamiento de ANR y Créditos a Tasa Bonificada. Posteriormente, se había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales; el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) y el Observatorio Nacional de Parques Industriales”, precisó la Secretaría de Comercio.

A su vez, repasó que el RENPI apuntaba a recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas allí radicadas, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas. En tanto, con el objetivo de profundizar la implementación de las políticas públicas vinculadas con el tema se había impulsado, mediante el Decreto Nº 716, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

Según el Gobierno, el programa, inicialmente ideado para promover la planificación territorial y el desarrollo industrial, sufrió diversas irregularidades. Según cifras oficiales, se otorgaron 309 ANR, pero menos de la mitad presentaron una rendición de cuentas adecuada. En muchos casos, los fondos no fueron destinados a cumplir los objetivos previstos, como la mejora de la infraestructura intra y extramuros de los parques. Además, gran parte de los proyectos asociados a estos fondos quedaron inconclusos, mientras que otros se habrían utilizado con fines políticos, favoreciendo a distritos específicos, precisó el Gobierno.

Gastos no prioritarios

El Gobierno justificó la eliminación del programa argumentando que estos gastos no eran prioritarios en el actual contexto económico. La medida se enmarca en un plan más amplio de estabilización macroeconómica y aumento de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

De acuerdo con el decreto, el programa no logró cumplir su función de fortalecer las capacidades productivas de los parques industriales ni beneficiar sustancialmente a las empresas radicadas en ellos. Por otro lado, la administración destacó que parte de los fondos destinados al programa no fueron utilizados para promover el desarrollo industrial, sino para obras menores y desvinculadas del fortalecimiento de los parques.

Preocupación de los industriales

Si bien los industriales admiten, por lo bajo, que esos programas habilitaban un “despilfarro de fondos que no tenían justificación”, y que es correcta la decisión de derogar todo para barajar y dar de nuevo, no deja de generar preocupación acerca de cuál será ahora la política de parques industriales, y si efectivamente la habrá. Para muchos, es una medida más que blanquea cuáles son las prioridades del Gobierno, que según ellos, claramente no es la actividad manufacturera.

Desde la UIA anticiparon que la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, está trabajando en un nuevo plan, que se lo haría saber en los próximos días a los industriales. Pero lo que está claro es que no incluirá subsidios.

La relación entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha tensado recientemente debido a la ausencia del presidente Javier Milei en la 30ª Conferencia Industrial organizada por la central fabril. Esta inasistencia fue interpretada por los industriales como una señal de desinterés hacia el sector productivo, especialmente en un contexto donde se discuten políticas de apertura económica que podrían afectar la competitividad de la industria nacional.

Además, la implementación de medidas como la reducción de aranceles a las importaciones generó una fuerte preocupación en varios sectores. Los industriales argumentan que, sin una reducción concomitante de impuestos locales y ajustes en la política cambiaria, estas decisiones podrían perjudicar a la producción nacional al no poder competir en igualdad de condiciones con los productos importados.

Poseer un automóvil va mucho más allá del precio de compra inicial. Con el paso del tiempo, los costos de mantenimiento y reparación se convierten en una parte esencial de los gastos asociados a un vehículo.

Una encuesta reciente realizada por Consumer Reports arroja luz sobre cómo varían estos costos según el tiempo y la marca del automóvil, revelando diferencias notables que pueden sorprender incluso al conductor más experimentado.

El mantenimiento de un automóvil no es uniforme durante su vida útil. En los primeros años, muchas marcas ofrecen mantenimiento gratuito, lo que reduce considerablemente los costos iniciales. Por ejemplo, fabricantes como BMW y Toyota incluyen este beneficio, mientras que la mayoría de las garantías cubren reparaciones durante al menos tres años.

Sin embargo, una vez que termina la garantía y los períodos de mantenimiento gratuito, los gastos comienzan a dispararse. A medida que los automóviles envejecen, las necesidades de reparación se vuelven más frecuentes y costosas, especialmente en los vehículos que superan los cinco años.

Los autos más baratos en cuanto a mantenimiento

Las diferencias entre marcas son notables. Según los datos acumulados, el ranking del menor costo de mantenimiento y reparación por marca es el siguiente:

• Tesla

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 730

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.320

Total relativo a los 10 años: USD 5.050

• Lincoln

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 850

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4350

Total relativo a los 10 años: USD 5.200

• Buick

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.000

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.350

Total relativo a los 10 años: USD 5.300

• Toyota

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.100

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.200

Total relativo a los 10 años: USD 5.300

• Hyundai

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.130

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.550

Total relativo a los 10 años: USD 5.680

• Nissan

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.340

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.595

Total relativo a los 10 años: USD 5.935

• Vado

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.100

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.850

Total relativo a los 10 años: USD 5.959

• Mazda

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.500

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.520

Total relativo a los 10 años: USD 5.950

• Chevrolet

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.200

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.850

Total relativo a los 10 años: USD 6.020

• Honda

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.545

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.585

Total relativo a los 10 años: USD 6.130

• Jeep

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.220

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 5.250

Total relativo a los 10 años: USD 6.470

• Kia

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.700

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.800

Total relativo a los 10 años: USD USD 6.500

• Volkswagen

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.200

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 5.440

Total relativo a los 10 años: USD 6.640

• Lexus

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.750

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 4.895

Total relativo a los 10 años: USD 6.640

• Chrysler

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.595

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 5.150

Total relativo a los 10 años: USD 6.645

• Cadillac

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.175

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 5.520

Total relativo a los 10 años: USD 7.270

• Subaru

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.750

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 5.520

Total relativo a los 10 años: USD 7.270

• GMC

Costo aproximado del primer al quinto año: USD 1.500

Gasto aproximado del sexto al décimo año: USD 5.850

Total relativo a los 10 años: USD 7.350

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México ha escalado 0,18 puntos porcentuales en octubre respecto al mes anterior, hasta ubicarse en el 4,76% interanual, dejando atrás la tendencia a la baja que había recuperado en los dos meses anteriores.

El índice lleva todo el año anclado en este entorno, con vaivenes al alza y a la baja, mostrando cierta persistencia para retroceder al rango meta que marca el banco central del país (el Banxico).

En este contexto, cabe recordar que la entidad se reunirá la próxima semana para tomar una nueva decisión de política monetaria. En su último encuentro, el banco apostó por un recorte de 25 puntos básicos de los tipos, hasta el nivel del 10,5%.

Según ha divulgado este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, la inflación mensual también se ha incrementado en octubre, hasta el 0,55%, frente al 0,05% de septiembre.

El índice subyacente, por su parte, repitió en el 0,28% mensual, al tiempo que se desaceleró frente a septiembre en algo más de una décima, hasta el 3,8%.

Por divisiones de gasto, otros servicios ha repetido como el grupo con el mayor incremento interanual, del 5,85%. Le sigue de cerca la partida de educación (5,79%). Mientras, alimentos, bebidas y tabacos ha llegado al 3,81%, frente al 3,92% de septiembre.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, celebrados el pasado verano, costó unos 100 millones de euros, según los documentos presupuestarios del Parlamento francés publicados este jueves por varios medios de comunicación nacionales.

Los elevados costes se debieron también al hecho de que la ceremonia no se organizase por primera vez en la historia olímpica dentro de un estadio, ya que se realizó a lo largo del río Sena, en el centro de la ciudad, con los deportistas de cada delegación navegando en barcos.

La suma de dinero no incluye los costes de la presencia policial para garantizar la seguridad. Por lo demás, los gastos e ingresos de los JJ.OO. están equilibrados acorde al documento parlamentario y ascienden a unos 4.400 millones de euros. El presupuesto es un 15,5% superior a lo calculado en la candidatura presentada por París en 2015.

Después de 24 meses de ajuste, el gasto de los hogares, medido desde la canasta de Raddar, tiene un crecimiento casi igual a cero (-0.04%), muy posiblemente consolidando una tendencia de crecimiento de gasto.

Es así que, en septiembre de 2024, el gasto de los hogares, desde la medición de Gastometría de Raddar, fue de $87,2 billones. Esto, luego de que en el mismo mes de 2023 se ubicó en $82,4 billones, lo que significa un crecimiento en términos corrientes de 5,76% continuando con el cambio de tendencia. Sin embargo, en términos reales, el crecimiento anual del gasto fue de -0,04%, con lo que se acumularon siete meses de nuevo ajuste, o 23 meses desde noviembre de 2022.

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La colocación crediticia, sumando la causada con tarjeta de crédito, consumo - libre destinación e hipotecaria, tuvo un crecimiento anual de 4,9%, debido, mayormente, a la dinámica en colocación de crédito hipotecario frente al año pasado solamente 12,4%. El salario mínimo real vigente tuvo un aumento anual de capacidad de compra de 5,92% y de salario por ocupado de -1,7%.

“A nivel trimestral, el gasto de los hogares decrece -1,1%, dato que seguramente no estará alineado con el dato de PIB y de gasto de consumo de hogares en el PIB (como ya ocurrió en 2008 y 2016); esperamos tenga un crecimiento real y donde el producto crecería más que la cuenta de gasto de hogares”, expresó la entidad que dirige Camilo Herrera Mora.

Inflación en alimentos

La misma anotó que, desde agosto, el gasto de los hogares muestra un cambio positivo en su tendencia, impulsado por la desaceleración de la inflación en alimentos, bienes durables como electrodomésticos y semidurables como el vestuario y calzado. Esta dinámica sugiere una recuperación hacia el último trimestre del año, donde muchos hogares desde septiembre podrían adelantar compras para las próximas temporadas festivas y promocionales.

De igual manera, dio a conocer que el consumo se ve favorecido también por la lenta, pero progresiva recuperación de la colocación crediticia y el auge de remesas en los últimos meses, lo que inyectó recursos adicionales en algunos hogares del país. Sin embargo, el mercado laboral presenta un menor crecimiento en la generación de empleo, lo que incrementa los niveles de desocupación y podría limitar la recuperación del gasto en algunos segmentos más vulnerables.

En este contexto, aunque el gasto muestra señales alentadoras, la reactivación aún es frágil y desigual.

Recuperación en septiembre

Por otro lado, Raddar explicó que, en septiembre, la dinámica del gasto real mostró signos de recuperación tras la fuerte contracción registrada en 2023.

“Si bien aún no alcanza los niveles del promedio histórico, la mejora se apalanca en la desaceleración de la inflación, que ha permitido una leve recuperación en la capacidad de compra de los hogares. Este desempeño también contribuyó a que la caída en el tercer trimestre de 2024 fuera menos pronunciada, compensando parcialmente la contracción observada en julio, un mes que tradicionalmente impulsa el gasto, pero que este año se vio afectado por una lenta reducción de la inflación”, remarcó.

A su vez, puntualizó que, a lo largo de 2024, el gasto de los hogares se mantiene en terreno negativo, aunque cerca de una posible recuperación, con el último trimestre perfilándose como clave gracias a las festividades, promociones y temporadas de descuento. No obstante, señaló que la lenta reacción del consumo durante el año, con una mayor cautela en los hogares y cambios significativos en algunos ciclos de compra.

Contracción interanual

Este mes, agregó, el gasto de los hogares volvió a contraerse de manera interanual, pero mostró un cambio de tendencia, acercándose nuevamente al terreno positivo. Al analizar la dinámica por niveles de ingreso, se observa, según Raddar, que este repunte fue impulsado principalmente por el crecimiento del gasto en los hogares de ingresos altos, que en septiembre volvió a registrar cifras positivas.

“A esta mejora en el gasto de los hogares de ingresos altos se suma el reciente buen desempeño que empiezan a mostrar algunos indicadores, como las ventas de vivienda nueva y de vehículos, destacando la todavía positiva evolución de las ventas de vehículos eléctricos”, explicó la firma.

Este panorama se da a pesar de que Colombia se encuentra en plena temporada de pago de impuestos de renta para personas naturales, lo que probablemente ejerce mayor presión sobre los bolsillos de los hogares de ingresos medios y altos.

Tokio, 16 oct (EFECOM).- Japón recibió en septiembre 2,87 millones de turistas, lo que supone un incremento interanual del 31,5 %, con una cifra récord de gasto para los primeros nueve meses del año, según datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Turismo (JNTO, por sus siglas en inglés).

Se trata del octavo mes consecutivo en que el país asiático registra un récord de visitantes para el mismo mes, con 2.872.200, aunque es el segundo, desde el marzo pasado, en que Japón no supera los tres millones de turistas.

Respecto a cifras prepandémicas, los números de septiembre de 2024 superan en un 26,4 % a los del año 2019, cuando visitaron el país 2.272.883 personas.

El gasto de los visitantes extranjeros en Japón alcanzó los 5,8 billones de yenes (36.000 millones de euros) durante los primeros nueve meses de 2024, superando el récord anual anterior de 5,3 billones de yenes (33.000 millones de euros) alcanzado el año pasado, según las cifras publicadas también hoy.

En lo que va de año, el país asiático recibió cerca de 27 millones de turistas, respecto a los más de 17 que visitaron el país entre enero y septiembre de 2023, lo que supone un aumento interanual del 54,7 %.

De mantenerse la tendencia de crecimiento del turismo en Japón, el país podría batir un récord anual este 2024, año en que los retos derivados del sobreturismo llevaran a varias ciudades niponas a aplicar restricciones o a aumentar precios para los no residentes, entre otras medidas para mitigar su impacto negativo.

Por países, Corea del Sur aportó en septiembre el mayor volumen de turistas a Japón con un total de 656.700, seguido de China (652.300), Taiwán (470.600), Estados Unidos (191.900) y Hong Kong (170.200).

Un total de 19.000 turistas visitaron desde España, lo que supone un incremento del 44 %.

Factores como el levantamiento de las medidas anticovid o la debilidad de la divisa local, el yen, que reduce los costes del viajero, impulsan que Japón viva un auge turístico del que derivan retos logísticos que algunas regiones atajaron mediante medidas restrictivas para aliviar la congestión.

El último libro blanco anual nipón sobre Turismo refleja que los visitantes extranjeros permanecen y gastan dinero principalmente en las tres áreas metropolitanas del país (Tokio, Osaka y Nagoya), y defiende la idea de atraer a los turistas también hacia áreas rurales. EFECOM

El Gobierno volvió a anunciar superávit financiero en septiembre por 0,4% del PBI y, con ello, la lupa volvió a quedar en cuáles fueron los rubros que más aportaron al ajuste de 25% en términos reales. Al tope del ranking volvieron a quedar las transferencias a provincias y también los gastos de funcionamiento del Estado, rubros que no siempre lideraron el recorte. Lejos de eso, las prestaciones sociales, por la licuación de las jubilaciones, fueron el gasto que más aportó al superávit en los primeros meses del año. Eso dejó de ser así a partir de abril, por lo cual ahora el pago de los haberes previsionales y otras prestaciones quedan relegadas al segundo lugar junto con los propios gastos del Estado a nivel nacional.

En tanto, el torniquete al envío de fondos para los gobernadores -en quienes el Gobierno deberá apoyarse para sacar el Presupuesto adelante-, contribuyó en 16% al resultado positivo de las cuentas nacionales, 2 puntos más de lo que aportó el propio Estado nacional recortando gastos de su propio funcionamiento. Esos recortes explican otro 14% del ajuste, lo mismo que las jubilaciones.

Otros 4 rubros completan el ranking de gastos con podas significativas, entre ellos, las transferencias a universidades, aunque en último lugar.

El menor gasto en planes sociales explica 11% del saldo positivo mientras que la reducción de subsidios económicos implicó apenas 4% mientras que “otros gastos corrientes” hizo un aporte mayor de 9% del superávit. En séptimo lugar quedaron las transferencias a universidades, motivo por estos días del fuerte conflicto que mantiene a muchas casas de estudio en todo el país tomadas, además de marchas y paros de los docentes.

En contrapartida, existen dos gastos específicos que crecen, a contramano del resto. Por un lado, la Asignación Universal por Hijo, es un rubro que aumenta por encima de la inflación, con un incremento de 308% entre diciembre último y septiembre.

El otro gran rubro que crece es el de los intereses de la deuda. “Pese a la caída de los ingresos en términos reales (-6.6% interanual.), desde el lado del gasto la contracción, considerando inflación, fue del 25%. Incluso considerando que los intereses crecieron de forma interanual un 167%, el resultado financiero también arroja un superávit de $467.000 millones”, analizó la consultora Aurum que desglosó el ránking. “Evaluando la caída del gasto, los rubros con mayor ajuste fueron los relacionados con el Estado y su funcionamiento (provincias y gastos) y prestaciones sociales (principalmente jubilaciones y jubilaciones familiares, dado que el AUH es la excepción al ajuste del gasto”. detalló.

Esas cifras están detrás del anuncio del Ministerio de Economía respeto del superávit financiero, por $466.631 millones, producto de un superávit primario de $816.447 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $349.816 millones.

“Este resultado primario es consistente con el sendero de gasto considerado sostenible, y se genera en ingresos que respondieron a situaciones puntuales como los recursos obtenidos a partir del Régimen de Especial de Ingreso sobre el Impuesto a los Bienes Personales (REIBP)”, se explicó a nivel oficial.

Con esas cifras, el sector público Nacional acumuló en los primeros nueve meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB). Los ingresos totales en el mes alcanzaron los $9.114.215 millones (+197,3% interanual). En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de +197,3% interanual. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+219,6% i.a.), los Derechos de Exportación (+379,3%), y Bienes Personales (+1.536,0% i.a.)

El gasto de la secretaría de Educación se redujo 56,1% interanual real en septiembre, y en los primeros nueve meses la caída es del 48,6% comparando con el mismo período de 2023. A su vez, el gasto en personal acumulado entre enero y septiembre cayó 37%. El dato se conoce a días de que el Congreso decida blindar o no el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y luego de marchas multitudinarias en todo el país.

Según detalló un informe de la consultora Analytica, el programa más relevante es “Desarrollo de la Educación Superior” que representa el 77% del gasto total de la secretaría. El mes pasado tuvo una caída interanual real del 30,5% y en lo que va de 2024, del 30,4%. El 99% del programa se compone de las transferencias corrientes a las universidades.

Por otro lado, y por fuera del programa, las universidades también reciben transferencias de capital, las cuales son marginales en comparación a las corrientes. La partida más importante hace referencia al pago de salarios de los docentes universitarios cuya contracción fue del 30,3%.

Al mismo tiempo, se destacan caídas pronunciadas en otras actividades, como en el caso de “Fortalecimiento de la actividad extensión universitaria” que no registró transferencias en lo que va del año. En tanto, el “Fondo Universitario para el Desarrollo Regional” tuvo un ajuste del 94,7% en los primeros 9 meses del año, seguido por “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades” con una reducción del 87,2%, “Desarrollo de Proyectos Especiales” con una baja del 87% y “Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional”, con 82,1%, entre otros.

En conjunto, las transferencias devengadas al programa “Desarrollo de la educación superior” en el acumulado de enero a septiembre pasaron de representar el 0,5% del PBI en 2023 al 0,4% en 2024.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a desmentir recientemente en su cuenta de X una serie de afirmaciones que comenzaron a circular, algunas dichas por el mismo Gobierno, en medio del conflicto por el recorte.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades públicas de “inventar alumnos”. La CIN respondió: “En Argentina el presupuesto universitario no se asigna por estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para Ciencia y Tecnología”.

Además, frente a la controversia acerca de la supuesta falta de auditoría en la administración de las universidades dijeron: “Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden. Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas, incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”.

Por otro lado, desde Analytica señalaron que “debido a que la educación en el nivel inicial, primario y secundario tiene jurisdicción provincial, gran parte del gasto en el resto de los programas de la Secretaría de Educación está asociado a las transferencias a provincias y municipios. En particular, las transferencias para educación representan el 33% de las transferencias totales devengadas a las provincias y tuvieron una caída real interanual del 70,5% en los primeros nueve meses”.

“Uno de los programas más relevantes de la cartera educativa en 2023 era el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que representó un 14% del gasto total del ministerio y un 76% de las transferencias devengadas a provincias con fines educativos. Su finalidad era asistir a los gobiernos provinciales para mejorar los salarios docentes. Con el decreto 280/20242 el programa quedó suspendido y desde junio no se registran gastos devengados, así en los primeros nueve meses en términos reales se redujo 90,4%”, agregó.

Sin embargo, no fue el único gasto de la cartera de Educación que sufrió recortes importantes en lo que va del año. Por caso, Infraestructura y Equipamiento tuvo una caída del -95,4%, Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, del 86,8%, Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, 83,6% y Conectar Igualdad, 84,3%. En total, el gasto devengado de la secretaría en programas entre enero y septiembre pasó de representar el 0,8% del PBI en 2023 a 0,5% este año.

En general, en septiembre el gasto primario real devengado tuvo una caída del 29,7% interanual y en los primeros nueve meses, la contracción fue del 30,1%. Entre las partidas devengadas con mayores ajustes respecto a septiembre de 2023 se encuentran la obra pública (-73,1%), las transferencias a provincias (-58,1%) y el gasto en programas sociales (-47,4%).

Por otro lado, se destaca el aumento del 8,6% en el gasto en asignaciones familiares y AUH. Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): en septiembre no se registró ninguna transferencia bajo este concepto, y en lo que va del año la caída es del 74,2% interanual en términos reales.

Moscú, 1 oct (EFE).- El Kremlin defendió hoy el incremento en casi un 25 % del gasto en defensa para el próximo año en el nuevo presupuesto estatal presentado por el Gobierno ante la Duma o cámara de diputados.

"Se trata de un presupuesto cuidadosamente equilibrado y ajustado. El Estado mantiene todas sus obligaciones sociales", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa diaria.

Peskov subrayó que el presupuesto busca crear las condiciones para que la economía nacional siga creciendo "a un ritmo bastante alto".

Según se supo el lunes, el Gobierno ruso asignará el próximo año a defensa nacional un total de 13,5 billones de rublos (unos 145.000 millones de dólares), partida que representará un 6,31 % del Productor Interior Bruto (PIB).

Además, Moscú dedicará 3,5 billones de rublos (37.600 millones de dólares) a seguridad nacional, cifra que irá en aumento en 2026 y 2027.

Esa cifra -Defensa+Seguridad- representará más del 41 % % del gasto total del presupuesto ruso y superará el dinero asignado conjuntamente a educación, sanidad, economía y política social.

Esto se contradice con los planes del Gobierno que tenía previsto reducir el próximo año ese gasto desde los actuales 111.000 millones de dólares hasta los 91.000 millones de dólares al cambio actual.

En 2024, el tercer año de guerra en Ucrania, el presupuesto de defensa asciende al 6,7 % del PIB, similar al de los últimos años de la Unión Soviética.EFE

Madrid, 1 oct (EFECOM).- La subida del precio de los alimentos es el principal problema para un tercio de los consumidores, según el informe "NielsenIQ Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025" de la consultora NIQ.

La directora para Iberia de esta consultora ha explicado en un comunicado que esta situación preocupa más, según este informe, que otros aspectos como el incremento de los recibos de los suministros, una posible desaceleración económica o los conflictos bélicos.

Por eso un 51 % se declara de los encuestados se declara "cauteloso" a la hora de gastar a pesar de que su situación económica no ha empeorado.

Contrasta esta opinión con los datos que ha remitido la consultora sobre el comportamiento del gran consumo en agosto, pues según sus datos los precios de los alimentos solo han subido un 1,7 % en agosto respecto al año anterior; es, de hecho, el menor incremento de los últimos dos años.

En términos generales, el presupuesto de bienes de consumo en las cestas de la compra españolas en el mes de agosto de 2024 se incrementaron un 3,9 % respecto a lo que nos gastamos un año antes; en volumen, sigue un mes más en volúmenes positivos, creciendo un 2,2%. EFECOM

Sídney (Australia), 30 sep (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este lunes que el presupuesto del año fiscal 2023-2024 alcanzará un superávit de 15.800 millones de dólares australianos (10.951 millones de dólares estadounidenses o 9.809 millones de euros), una revisión al alza respecto a la estimación de mayo.

El resultado final del ejercicio fiscal, que comprende entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, se debe a "las mejoras en los ingresos bancarios y la contención del gasto (público)", apuntó hoy en un comunicado el Ministerio del Tesoro de Australia.

Este ahorro se tradujo en una reducción en las partidas para los gobiernos regionales y territoriales, entre otros recortes.

El superávit, el segundo consecutivo, también se logró a pesar de la alta inflación que registra Australia desde el año pasado, la reducción en los ingresos tributarios, y la caída los precios de las principales materias primas australianas, en un contexto de incertidumbre económica mundial, agregó el comunicado.

Inicialmente el Ejecutivo de Camberra esperaba que el superávit del presupuesto de 2023-24, que actualmente equivale al 0,6 % del producto interior bruto (PIB), fuera de 9.300 millones de dólares australianos (6.448 millones de dólares estadounidenses o 5.774 millones de euros), según el anuncio de mayo.

Este es el segundo superávit del actual gobierno laborista, en el poder desde mayo de 2022, tras el registrado en el presupuesto de 2022-2023 con un ahorro de 22.100 millones de dólares australianos (15.326 millones de dólares estadounidenses o 13.722 millones de euros), equivalente al 0,9 % del PIB.

"Aunque hemos sido capaces de lograr estos superávits, sabemos que las presiones estructurales sobre el presupuesto se están intensificando en lugar de aliviarse", remarcaron hoy el ministro del Tesoro, Jim Chalmers, y la ministra de Finanzas, Kathy Gallaher.

Algunos se conforman con recibir a final de mes un dinero que les permita vivir y pagar sus facturas. En cambio, otros luchan por tener el trabajo de sus sueños. En este segundo grupo se encuentra Paula Pant. La joven sabe con certeza lo importante que es no acomodarse en un empleo y tratar de conseguir un mejor salario y condiciones laborales. Y es que pasó de ganar casi 21.000 dólares al año (19.169,85 euros) a más de 500.000 (456.425 euros). Para ello, necesitó solo unos meses.

Hace tiempo que se puso de moda el término side hustle, un concepto que hace referencia a los trabajos secundarios, es decir, los adicionales al principal, que permiten completar el sueldo que se cobra cada mes. Pant tiene claro que esta es la mejor forma de ganar dinero, tal y como ella misma experimentó. La historia de la joven, periodista de profesión, empezó cuando, tras conseguir algo de ahorros, fue capaz de dejar su trabajo para irse de viaje.

Una vez que regresó, retomó su carrera laboral pero, esta vez, como freelance. De esta forma, pudo percibir unos ingresos que después invirtió en comprar una vivienda, de la cual alquiló una parte. Tiempo después, dio comienzo a la que ha sido la mayor aventura de su vida: creó su propio negocio. Aunque, como es habitual en estas situaciones, la incertidumbre le abordó en sus inicios, pronto empezó a registrar unas ganancias que le han hecho colmarse de éxito.

De trabajar para otros, a tener un negocio propio de éxito

En la actualidad, Paula Pant es la presentadora del podcast Afford Anythings, cuyos consejos son seguidos por miles de personas. Su situación económica de ahora contrasta significativamente con la de hace algunos años. A pesar de las advertencias de sus familiares, que consideraban un error que abandonara su primer trabajo, decidió perseguir su sueño.

En una entrevista con The Sun, Pant revela que tras regresar de un viaje que marcó un punto de inflexión en su vida, se vio obligada a recortar gastos. Sin embargo, sus esfuerzos pronto comenzaron a dar frutos. Como freelance, logró generar ingresos de 4.000 dólares mensuales, lo que la motivó a dejar de trabajar para otros y a emprender su propio camino con el podcast.

La periodista encontró una gran fuente de inversión

Apenas un año después, su emprendimiento ya generaba ganancias anuales de 100.000 dólares. Con esta estabilidad financiera, Paula Pant decidió diversificar sus ingresos e invirtió en propiedades para alquilar, lo que le permitió generar ingresos pasivos.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Pant, quien cursó un máster en periodismo económico y negocios en la Universidad de Columbia, inicia las entradas de su blog reconociendo las dificultades financieras que afectan a diversos sectores y proponiendo soluciones específicas. En sus escritos, enfatiza que aunque se puede permitir cualquier cosa, no se puede tener todo. Por ello, subraya la importancia de elegir y priorizar aquello que se está dispuesto a sacrificar para alcanzar otros objetivos.

La clave para ganar dinero

Según explica, cualquiera puede replicar su éxito siguiendo sus consejos. En sitios como The Financial Independence Show, recomienda elegir una actividad que genere emoción personal. Pant argumenta que escoger algo que realmente apasione aumenta las probabilidades de éxito, en lugar de optar por una actividad solo por su potencial financiero, especialmente si no se tiene interés en esa área.

Independientemente de si el área escogida suele tener remuneraciones bajas, Pant sugiere que se pueden aprovechar las habilidades adquiridas en ese sector para iniciar un negocio propio. Esto puede conducir a un aumento de salario y a la creación de nuevas oportunidades. En resumen, según la joven, cualquier pasión puede ser un camino hacia la independencia financiera.

Cerca de un mes después de la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024, el documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal del Gobierno nacional, este último publicó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 en el que, de forma similar al de 2024, cuenta con alto riesgo de presentar un desfinanciamiento y se requeriría de políticas de ajuste en el gasto público para honrar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB).

En especial, se resalta que, mientras los ingresos podrían sorprender a la baja, los gastos podrían hacerlo al alza. En ese sentido, el PGN cuenta con una retadora situación para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Para la siguiente vigencia, el equipo de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá, que lidera Camilo Pérez Álvarez, alertó de una posible sorpresa a la baja en los ingresos de la Nación por $40 billones si el Congreso de la República no da el visto bueno para adelantar el período de transición de la regla fiscal o la aprobación de la ley de financiamiento (reforma tributaria). Además, en el cálculo también se incorpora un posible incumplimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en la meta de recaudo tributario tanto por una eficiencia administrativa menor a la proyectada, como en el recaudo de impuestos si el crecimiento económico se ubica por debajo de lo esperado.

Presiones en el gasto son altas

Así, de materializarse los riesgos expuestos, el Gobierno tendría que recortar su gasto. No obstante, las presiones en el gasto son altas si se tiene en cuenta la posible entrada en vigor de la reforma pensional.

“La publicación del PGN de 2025 vino acompañada de importantes cambios en el Plan Financiero de 2025. En particular, la expectativa de ingresos de la Nación se revisó al alza (con casi un mes de diferencia) en $31,1 billones, de los cuales $26,6 billones son explicados por una mayor meta de recaudo de la Dian. Así, además de los $12 billones de la propuesta de reforma tributaria que depende de una aprobación en el Congreso de la República, el PGN contempla un recaudo por eficiencia de la Dian de $29 billones para el siguiente año, una meta difícil de alcanzar”, precisó la entidad.

Acá, IE destacó que en su momento el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que, con una meta de eficiencia de $14 billones, $8 billones podrían no darse. Es decir, que de los $29 billones propuestos en este momento, como máximo $9 billones podrían darse y significaría un hueco fiscal de $20 billones.

Ruido político

Por su parte, en un escenario de difícil gobernabilidad ante el ruido político que experimentó el país en las últimas semanas, el espacio fiscal para el Gobierno relacionado con la aprobación del Congreso de adelantar el período de transición de la regla fiscal ($5 billones) y la reforma tributaria ($12 billones), corren riesgo de no darse. Si este escenario se materializa, se tendría un hueco fiscal adicional de $17 billones.

Si al descalce fiscal de $37 billones se le adiciona un posible incumplimiento de la meta de recaudo de impuestos ante un escenario económico más retador al planteado por el Gobierno, los cálculos de IE indican que el descuadre total rondaría los $40 billones. En efecto, si el crecimiento económico de 2025 se ubica más en un nivel de 2,6% (como espera el Banco de Bogotá) y no de 3% como espera el Gobierno, el recaudo de impuestos podría ubicarse cerca de $3 billones por debajo del objetivo.

“Si bien el escenario de un desfase en ingresos de $40 billones es uno de los más adversos que podría enfrentar el Gobierno, existen altos temores que, de aprobarse el proyecto de ley del PGN para el siguiente año, este se encuentre desfinanciado. El escenario es aún más desafiante si se incorpora que la entrada en vigor de la reforma pensional le genera una presión de gasto al Estado por $4 billones”, indicó la entidad.

Poco margen de maniobra

No obstante, IE resalta que en esta oportunidad el Gobierno revisó a la baja su meta de déficit fiscal primario de 0,5% del PIB en el MFMP a 0,1% del PIB en el PGN. En otras palabras, dejó un margen de maniobra ante posibles eventualidades. Sin embargo, el margen es de apenas $7,3 billones. Por lo tanto, si bien la solución sería un recorte del gasto, la inflexibilidad del presupuesto hace que esta sea una tarea difícil para las autoridades.

De igual forma, se observa que, de los $523 billones del proyecto de PGN para 2025, en cerca de $360 billones (incluso un poco más), no hay margen para que el Gobierno haga un recorte. Así, de llegar a evidenciarse una nueva política de austeridad, esta posiblemente se haría en el rubro de inversión, que ya cuenta con una reducción anual en su asignación de 17,4%.

Así, un nuevo recorte en inversión podría afectar el crecimiento económico dada la relevancia de la inversión pública en la infraestructura del país.

En conclusión, IE subraya que, pese a que existen riesgos de desfinanciamiento del PGN en 2025, el margen de maniobra para las autoridades es bajo dada la inflexibilidad del presupuesto. Es por esto que Fitch Ratings, pese a confirmar la calificación crediticita de Colombia, señaló que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende de reformas estructurales en los ingresos o en el gasto. Dado el panorama descrito, el debate de la aprobación del PGN de 2025 es un buen momento para debatir y discutir dichas reformas.

La puesta en marcha de la Fase 2 del plan económico mostró ayer el primer indicio de encarrilarse hacia el objetivo buscado: aunque de manera tímida, el riesgo país retrocedió algunos puntos básicos -aunque se sostiene cómodo por encima de los 1500 puntos- al mismo tiempo que la brecha cambiaria acusó una reducción más marcada con cotizaciones en el mercado financiero que perforaron los $1.300. Pero el éxito de la segunda etapa del plan no depende sólo de la eficacia de las últimas medidas anunciadas sino también del sostenimiento de las medidas -y los resultados de las mismas- implementadas durante la primera parte del programa. Esencialmente, el superávit fiscal.

El desafío no es menor, con nivel de ingresos que no se recuperan en términos reales dada la profundidad de la recesión y una tasa inflacionaria que se reduce a una mayor velocidad que la imaginada, con lo cual pierde la capacidad de “licuar” o alivianar el gasto sobre las arcas públicas.

Con esa perspectiva, de acuerdo a un informe reciente del IARAF que analizó con detalle la posible dinámica del gasto primario en el segundo semestre, el ajuste debería alcanzar poco más de 20% respecto del mismo período del año pasado para obtener el equilibrio fiscal. Pero para lograr un resultado equivalente al resultado del primer semestre, es decir, un saldo financiero positivo de 0,4% del PBI, el ajuste del gasto debería ubicarse en torno al 24% respecto del nivel de 2023. En ambos casos, se trata de un recorte algunos puntos por debajo de los que se podaron en los primeros seis meses del año, cuando el apretón fiscal implicó una caída del gasto de 32,2 por ciento.

En el informe, el Instituto de Argentino Análisis Fiscal (IARAF), detalló que consideró el supuesto de una caída en los ingresos totales igual a la del primer semestre, es decir, de 5% interanual, y de un gasto anual en intereses de deuda similar al del año pasado, en el contexto además de una caída real en el producto bruto interno del 3,5%, que es la proyección oficial de PBI para este año.

Con ese marco, desarrolló dos escenarios posibles, En el primero, el gasto primario desciende interanualmente en términos reales hacia fin de año de manera tal que el año cierra con un resultado fiscal de equilibrio (cercano a 0) en términos de PBI. En el segundo escenario, en tanto, el gasto primario desciende en términos reales para que en el año el resultado fiscal sea superavitario por 0,4% del PBI, es igual al superávit acumulado en el primer semestre del año.

En el primer escenario, el gasto primario debería caer un 20,6% en el segundo semestre para que se logre el equilibrio fiscal, dado el ajuste realizado en los primeros seis meses del año. “Una caída real interanual menor en el segundo semestre implicaría incurrir en déficit fiscal”, advirtió el IARAF. “Como resultado, en el año 2024 el gasto primario caería en términos interanuales un 26,4% real. En el segundo escenario, el gasto primario real debería caer un 24,2% interanual en el segundo semestre para que se logre un superávit de 0,4% del PBI. En consecuencia, en términos anuales el gasto primario real caería 28,2% interanual”

La conclusión del instituto es clara: tanto para lograr el equilibrio fiscal como para sostener el nivel de superávit alcanzado durante el primer semestre, el Gobierno podrá aflojar en la intensidad del ajuste del gasto, dado el fuerte apretón realizado hasta junio.

“Proyectando el gasto en jubilaciones para el segundo semestre y utilizando para el resto de los gastos su participación durante el primer semestre, prácticamente todos los gastos verían reducido el ritmo de descenso interanual, comparando el segundo semestre con el primero. Los gastos con mayor reducción de intensidad de ajuste serían: jubilaciones, subsidios a la energía, transferencias a universidades, masa salarial, entre otros”, detalló la entidad que consideró que la reducción de la intensidad del ajuste estaría centrada principalmente en el gasto corriente, manteniendo una alta presión sobre el gasto de capital.

Del “rómpase en caso de incendio” al “rómpase en caso de gasto imprevisto”. La primera es la señalización que suele acompañar a los equipos contra incendios. La segunda, a los fondos de emergencia, que son vitales ante un problema grave. En esta señal, debería añadirse algo más: “Y acceda a este dinero”. Este es el mantra que tendría que regir la vida de cualquier persona. Pero, para ello, es fundamental algo obvio: debe haber dinero. Y es aquí donde entra en juego la importancia del ahorro en el día a día. Al menos, así lo cree Lucía Aguilar, experta en finanzas personales y directora de una agencia de marketing.

Acaba de publicar en Argentina Sin miedo al dinero (Planeta), que espera que llegue pronto a España, el país en el que reside desde hace años. Se ocupa de dar unos consejos financieros que considera “básicos”: lo principal es saber cuánto se gana y cuánto se gasta. Parece sencillo, pero no lo es. La parte más compleja es la siguiente: “La clave es ahorrar cuando empieza el mes, antes de comenzar a gastar, no lo que sobra al final”. Recomienda separarlo en otra cuenta bancaria, sobre todo, “para no verse tentado a usarlo”. A ello le sigue fijarse un objetivo. Para la experta, nada de esto es posible si no hay orden y no se determina hacia dónde se dirigen las finanzas y se trabaja para ello.

“Toda la vida me gustó ayudar a la gente”, reconoce. Desde que tenía 17 años, era ella la que colaboraba con sus amigas para que se hicieran presupuestos y alcanzaran sus objetivos financieros. Por eso, precisamente, decidió abrirse camino en las redes sociales en 2019: con su cuenta @luliinvierte encuentra la vía para llegar a mucha más gente y que estos sean capaces, gracias a ella, de administrar de una forma más eficaz y eficiente su economía.

En ocasiones, la subida de los precios y los bajos salarios pueden generar una mala relación con el dinero, algo que se identifica con facilidad cuando esto “genera tanta preocupación, que no deja vivir la vida”. Otra de las señales de alarma es caer en las apuestas o la ludopatía. En el caso opuesto, pero igual de preocupante, se encuentran quienes no tienen control de lo que ganan o gastan, lo que puede llevar a contraer deudas. De ahí la importancia de conocer los consejos que da Aguilar y que conviene aplicar cada día.

Cuál es la clave para organizar bien la economía de un hogar

Igual que convivir en pareja no es sencillo, organizar la economía de un hogar, tampoco lo es. Pero todo depende del acuerdo al que se haya llegado, cuáles sean las expectativas, si la unión es ganancial o no, si hay hijos en común o de relaciones anteriores… “Es un tema muy complejo y no hay una única recomendación, lo único es que deben hablar abiertamente de ello, sin tapujos”, explica la argentina. Asimismo, es fundamental que ambos expresen “lo que quieran lograr y llegar a acuerdos que les permitan alcanzar sus metas para desarrollarse”.

Como ocurrió en muchos otros países, la pandemia disparó la inflación en España, que se situó en el 3,4% el pasado mes de junio, dos décimas menos que en mayo. Esto tiene un impacto directo en la situación económica de las familias, que ven cómo el aumento de precios se ha trasladado, entre otros, a los alimentos. “Sabiendo, más o menos, cómo varía el IPC cada mes, podemos ir ajustando nuestro presupuesto para comida a partir de ello”, señala Aguilar, al tiempo que avanza que, “aunque ahora no se vaya a notar tanto, de un año a otro, sí”.

Algo que puede ocurrir es que el incremento del salario no vaya acorde al de la inflación y, por ende, al de la comida, el gas, el agua o la electricidad. Si esto es así, Aguilar aboga por “ver de dónde se pueden disminuir un poco los gastos”. Aunque reconoce que, “en los últimos años, ha subido todo, lo que ha maximizado los presupuestos, casi sin capacidad de ahorro para muchas familias”

“Hay que probar y no afligirse si se gana poco al principio”

Por lo general, la capacidad de gestión del dinero va asociada a la edad, en especial, por la falta de educación financiera que tienen los jóvenes durante su formación. “Tampoco muchos adultos saben sobre ese tema y no pueden transmitirles ese conocimiento”, lamenta la experta. Esto explica que buena parte de las nuevas generaciones desconozcan cómo pedir una hipoteca, hacer una factura o presentar impuestos. “No es culpa de ellos que no sepan gestionar su dinero, sino más del sistema educativo”, matiza.

Aguilar no duda cuando le preguntan qué consejo le daría a los jóvenes: “Que intenten tener experiencias laborales para descubrir qué es lo que les divierte hacer”. Esto se debe a que la argentina es partidaria de que no es necesario tener que dedicarse toda la vida a aquello que se ha estudiado, ya que “hay que probar y no afligirse si se gana poco al principio”. Con el tiempo, descubrirán así en qué son buenos y dónde son felices lo que, a su juicio, se traduce en un aumento de las ganancias.

Una de las principales partida de gasto que suele tener este sector de la población es en viajes, por lo que lo ideal es estudiar a fondo el presupuesto individual para que los costes no se disparen. A pesar de que Aguilar asegura que no les diría que no pueden viajar o que tienen que ahorrar para su futuro, piensa que “cada uno tiene que elegir el precio que va a pagar por la vida que quiere tener”. Y recuerda que esto es una cuestión “muy personal”.

Pero si hay algo que de verdad preocupa a los jóvenes es la vivienda, cuyo precio ha ido batiendo máximos históricos cada mes, lo que ha hecho que su compra sea un lujo al alcance de muy pocos. “Siendo extranjera, me impresiona mucho que haya gente de 30 años viviendo con sus padres porque no pueden comprar: mi generación salía de su casa a alquilar para poder vivir solos”, reflexiona.

A su vez, alude a las ayudas que han puesto en marcha el Ejecutivo central y diversas autonomías para facilitar la adquisición de una casa lo que, a su vez, impulsa el ahorro, por lo que duda que sean los viajes lo que dificulta su acceso. “Creo que aquí va a pasar como en Argentina y, a menos que te ayude el Gobierno o tus padres, no va a haber forma de entrar en una propiedad”, recalca. Y es que confía en que “se puede tener vida, antes de tener casa”, en especial, en los primeros años de inserción en el mundo laboral, cuando los salarios son más reducidos.

El secreto de las finanzas personales: que son personales

Las finanzas personales son precisamente eso, personales. “No existen las reglas de ahorro que dicen los gurús financieros, cada familia tiene que hacer su presupuesto”, reivindica Aguilar. Las personas deben analizar su realidad y, en base a ello, fijarse metas. Por ejemplo, a una madre o padre soltero que tiene dos trabajos para poder mantener a sus hijos, “es ridículo pedirle que ahorre un 30% de su salario”. Por el contrario, alguien que vive con sus padres y no tiene grandes costos es probable que sí tenga la posibilidad de guardar hasta un 50 o 60% de su dinero.

No obstante, hay algo que considera “saludable”: “Como mínimo, hay que ahorrar un 10% y, si se puede más, mucho mejor”. Entiende que la mejor forma de alcanzar este propósito es tener dos cuentas bancarias y empezar a guardar dinero desde principio de mes, de manera que se evite llegar al final y comprobar que se ha gastado más de lo debido.

Pero, en el ámbito de las finanzas, no hay que olvidarse de que son muchos los que afirman no poder ahorrar porque ganan poco, o de aquellos que no son partidarios de guardar dinero en la actualidad porque confían en que, en el futuro, ganarán más. “Si no lo hacen ahora, luego tampoco lo harán. El ahorro es una disciplina que se aprende y se practica, por lo que hay que ir ahorrando más a medida que se va ganando más”, reflexiona. Por tanto, invita a quienes tienen esta mentalidad a pensar en los famosos gastos hormiga, aquellos que se realizan de forma cotidiana y que, pese a que se pueden considerar insignificantes, su acumulación puede tener un impacto negativo.

Son varios los estudios que confirman que, a partir de cierta cantidad, el dinero ya no importa tanto, sino tener la base cubierta. “Sí, da un poco de felicidad y ayuda bastante porque hay problemas que uno no tiene cuando tienes dinero y cierta tranquilidad en el día a día”, reconoce la argentina. Aunque hay circunstancias como enfermedades o dificultades personales, que van a generar infelicidad, cuando se cuenta con el fondo de emergencia en el que hace tanto hincapié, el panorama se vislumbra con más claridad.

El acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación implicaría un costo de entre 0,073% y 0,081% del PBI en los últimos 5 meses del año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Luego de más 3 años de discusión entre el gobierno nacional y CABA por la coparticipación de la Ciudad, se llegó a un acuerdo. El Ejecutivo se comprometió a volver entregarle el 2,95% de la coparticipación federal, cumpliendo con la cautelar de la Corte Suprema.

Hay destacar que esta participación extra (del 1,4% al 2,95%) de CABA no altera la distribución de recursos de las 23 provincias, sino que implica una menor participación del gobierno nacional.

“A partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y dijo que acordó volver al máximo tribunal para establecer un esquema definitivo para la devolución total de los recursos que fueron retenidos. “Son alrededor de 80 mil millones de pesos por mes”, detalló Macri al salir de la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El reclamo de CABA se aceleró con la eliminación de la posibilidad de seguir cobrando el impuesto a los ingresos brutos a los intereses de los pasivos remunerados. Si no se llegaba a un rápido acuerdo con el gobierno nacional, CABA debía subir o crear nuevos impuestos o bajar el nivel de gasto público.

Cabe recordar que el gobierno de la ciudad había tomado en su momento dos medidas para contrarrestar la pérdida de ingresos luego de que, mediante el Decreto 735/2020, el gobierno de Alberto Fernández le redujera 1,18 puntos porcentuales su participación distribución de recursos nacionales. Posteriormente, mediante la Ley 27.606, se introdujo una nueva modificación, retrayendo el coeficiente de coparticipación en 0,92 puntos porcentuales hasta el 1,4%, y asignando a la jurisdicción un monto fijo con actualización trimestral por inflación a otorgar como transferencia no automática. Esto generó una disputa judicial entre Nación y CABA.

Dichas dos medidas incluyeron la implementación del impuesto de sellos al resumen de tarjetas de crédito con una alícuota del 1,2%, el cual fue derogado a principios del año 2023 y no será parte. Además, aplicó la extensión de la imposición de ingresos brutos al cobro de intereses de los bancos por la tenencia de Leliqs y pases bancarios.

Con el nuevo acuerdo con el gobierno nacional, según estimaciones del IARAF y considerando el impacto en la recaudación coparticipable de la reforma del Impuesto a las Ganancias del paquete fiscal, entre agosto y diciembre de este año, CABA recibiría entre 0,073% y 0,081% del PBI, lo que equivale a un monto de entre $450.000 millones y $500.000 millones.

“Este ingreso implicará un menor superávit fiscal nacional en la medida en que el gobierno nacional no obtenga un ingreso adicional o no reduzca otro gasto previsto en igual cantidad. Al anualizarlo, el monto puede elevarse hasta el 0,17% o 0,19% del PBI”, señaló el informe de instituto.

“Dichos recursos por el 0,073% del PBI equivalen por ejemplo al 106% de la baja del gasto en programas sociales durante el primer semestre, al 151% de la baja del gasto en subsidios al transporte, al 145% de la baja en el gasto de masa salarial, al 122% de la baja en el gasto en bienes y servicios, al 51% de la baja en el gasto en transferencias corrientes a provincias y al 110% del gasto en transferencias a universidades. Respecto de la baja en el gasto primario, la mayor coparticipación a CABA implicaría un 5%”, agregó el Iaraf.

Un reciente informe del Banco de Bogotá generó preocupación en torno al déficit fiscal del Gobierno Nacional Central. Entre enero y abril de 2024, el déficit alcanzó el 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), el peor margen registrado desde 2006.

El análisis del área de Investigaciones Económicas del banco, que lidera Camilo Pérez Álvarez, resaltó la urgencia de que el Estado enfoque sus esfuerzos en cumplir con la meta de recaudo tributario y supervise de cerca la ejecución presupuestal para contrarrestar la situación.

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Según el análisis, para respetar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), el Gobierno necesita recortar $50,8 billones. El informe destaca que “desde ahora, los reflectores pasarán de estar puestos únicamente en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario y ahora los datos de ejecución presupuestal tendrán un mayor peso”.

Caída del recaudo tributario

La caída en el recaudo tributario dejó las finanzas públicas en una situación ajustada, por lo que está en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal para 2025, según alertó un informe anterior del Banco de Bogotá. Este documento indicó que el desfase en la estimación de crecimiento del PIB real (3,0% vs. 2,6% del consenso) podría afectar negativamente la meta de recaudo tributario.

“Para 2025, teniendo en cuenta que el desfase persiste en la estimación de crecimiento del PIB real, la meta de recaudo tributario podría verse afectada también a la baja”, explicó el informe.

En cuanto a la ejecución presupuestal, los datos de junio ya evidenciaron un esfuerzo significativo por recortar el gasto, con un cierre por debajo del 50% de los recursos implementados. En mayo, la contracción ya era notable, cerrando en 31,6%. Este ajuste ha permitido un margen de error pequeño pero crucial para el Gobierno en su intento de sanear las finanzas.

“La publicación confirma que, desde ahora, los reflectores pasarán de estar puestos únicamente en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario y ahora los datos de ejecución presupuestal tendrán un mayor peso”, declaró el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

El balance de la entidad concluye que la consolidación fiscal para 2025 demanda que el Estado priorice tanto el recaudo tributario como una estricta vigilancia en la utilización de los recursos públicos. Los déficits persistentes complican la situación, y el equipo de Investigaciones Económicas del banco ha insistido en la necesidad de ajustar las proyecciones económicas a las realidades actuales para evitar riesgos mayores en el futuro.

Meta de cumplimiento de la regla fiscal para 2023

Sobre las finanzas del Gobierno, el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) emitió el 9 de julio un pronunciamiento. Al respecto, aseguró que el Gobierno nacional cumplió con la meta definida por la regla fiscal para 2023.

“Produjo un Balance Primario Neto Estructural (BPNE) de -1,2% del PIB; 0,2% del PIB menos negativo que la meta de transición de -1,4% del PIB establecida por la Ley 2155 de 2021, para el año pasado”, precisó.

Además, que consistente con el BPNE, el Balance Total del Gobierno Nacional, de 4,3% del PIB, fue un punto porcentual menor que en 2022, con lo cual se completaron tres años consecutivos de reducciones del déficit fiscal. De igual forma, en 2023, el Balance Primario se redujo a -0,3% del PIB (desde -1.0% en 2022).

Según la entidad, estos resultados, y la apreciación nominal, permitieron que la deuda neta se situara en 53,8% del PIB, nivel que está por debajo del ancla determinada para esta variable en la Ley de la Regla Fiscal, de 55% del PIB.

También, el Carf indicó que “cerca del 40% de la deuda neta del GNC está denominada en dólares. La apreciación que se observó en 2023 contribuyó de forma importante (en cerca del 60%) a la reducción de la relación deuda neta a PIB”.

La central de abastos de Bogotá, Corabastos, dio a conocer una actualización de los precios de diversos alimentos, entre los que destacan algunas frutas que tienen costos accesibles para los capitalinos. Entre las más económicas se encuentra la naranja armenia a $1.200 por kilo, según informó Corabastos en su boletín más reciente.

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En la lista de frutas económicas también figura la papaya redonda, a $1.556 por kilo. Los consumidores pueden encontrar esta opción a buen precio, perfecta para quienes buscan ahorrar en su mercado. Asimismo, el mango chancleto está disponible a un precio de $1.636 por kilo.

Otra variedad de papaya, de tipo maradol, se cotiza a $1.667 por kilo, igual que la papaya melona. Estas frutas ofrecen buenas alternativas para los compradores que buscan diversidad en su dieta a costos reducidos. De igual manera, el limón común tiene un precio accesible de $1.714 por kilo.

Por otro parte, el banano Urabá se vende a $1.900 por kilo. Esta fruta, conocida por su popularidad y beneficios nutricionales, está incluida en la lista de opciones más baratas. Finalmente, otro tipo de naranja, la valencia, tiene un precio de $2.000 por kilo, también destacada en el boletín de precios.

Además de las frutas, Corabastos también reportó los precios de la papa en bultos. La papa R12 roja y la papa suprema se venden a $150.000 el bulto (alrededor de 45 kilos, 100 libras), mientras que la papa criolla lavada está a $400.000 el bulto.

Otros productos a la baja

En el mercado colombiano, otros productos como el tomate de árbol, una fruta originaria de los Andes peruanos y ampliamente cultivada en países como Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia, ha experimentado una reducción significativa. La canastilla de 25 kilos de tomate de árbol ahora tiene un precio de $80.000.

Además del tomate de árbol, otros productos han registrado disminuciones considerables en sus costos. El melón, por ejemplo, se vende a $2.000 por kilo, mientras que la piña gold tiene un precio de $3.000 por kilo. El cilantro, cuyo atado de 10 kilos cuesta $40.000, también ha visto una baja en su valor.

Estos descensos en los precios no solo afectan a las frutas ya mencionadas, sino también a otros productos de consumo regular en la cocina colombiana. El maracuyá, en bolsa de 10 kilos, se comercializa a 45.000 pesos y la alcachofa, en una docena de 10 kilos, cuesta $75.000. Estos movimientos en los precios reflejan variaciones en la oferta y demanda de estos productos esenciales.

El panorama colombiano

La situación económica de Colombia en 2024 presenta varios desafíos significativos. El más reciente informe económico revela que el Producto Interno Bruto (PIB) del país experimentó un crecimiento modesto del 0,6% durante 2023. Este bajo crecimiento refleja la necesidad urgente de incentivar la inversión y reactivar varios sectores de la economía nacional.

Las reformas gubernamentales, actualmente en discusión en el Congreso, generan incertidumbre entre las empresas y los gremios. La incertidumbre en torno a las reformas propuestas es un tema crucial. Este ambiente de inseguridad obstaculiza la toma de decisiones y reduce la confianza de los inversores.

En términos de inflación, la tasa anual en mayo de 2024 se mantuvo en un desafiante 7,2%. Los principales componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia incluyen vivienda y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas, y transporte. Además, otros factores como restaurantes y hoteles, educación e información y comunicación también han influenciado la inflación. “Estos sectores son claves para entender la dinámica inflacionaria en el país”, indican economistas del Banco de la República.

El consumo de los hogares es otro factor importante que está siendo impactado por la situación económica actual. Debido al estancamiento en el empleo y la alta inflación, las familias colombianas están reduciendo sus gastos, lo que a su vez afecta a la economía en general. Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), “el poder adquisitivo de los hogares ha disminuido considerablemente, reduciendo el consumo en varios rubros”.

El sector agrícola, por su parte, enfrenta complicaciones debido a los efectos del cambio climático y la variabilidad en los precios internacionales de los productos básicos. Esto ha llevado a una reducción en la producción y exportaciones, afectando negativamente la economía rural. Los agricultores han manifestado la necesidad de políticas de apoyo que les permitan enfrentar mejor estos desafíos.

En medio del debate de la Ley Bases, que incluye la privatización total o parcial de 11 empresas públicas, un informe reveló que el 96% de los déficits operativos de las compañías estatales no se deben a ineficiencias o mal desempeño propios, sino que a las políticas de subsidios.

Un estudio del Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE) elaborado por Alejandro Einstoss indicó que en los últimos 16 años el Estado nacional destino a las transferencias corrientes y de capital para las empresas públicas USD 96.980 millones, es decir un promedio anual de USD 6.000 millones.

El 95% de dichas transferencias y el 96% de los déficits operativos de las empresas públicas, lo explican empresas que tienen sus tarifas congeladas o que las aumentan muy por debajo de la inflación de costos o bien que venden en el mercado local importaciones de energía por debajo del precio de importación.

Es decir, los déficits no necesariamente se explican por problemas de ineficiencias o mal desempeño propio de las empresas, sino por una política pública de subsidios a la energía, al transporte o al acceso al servicio de aguas y saneamiento.

No obstante, cabe preguntarse en este punto por el rol de las empresas públicas. Si bien hay margen para eficientizar los subsidios económicos, las compañías de administración estatal tienen entre sus funciones llegar a donde el mercado no llega. En un país donde la pobreza supera el 50%, la ayuda del Estado a los sectores más vulnerables se vuelve una necesidad.

En detalle

Por administración, en 2007 se destinaron USD 576 millones a transferencias totales a empresas públicas, en el primer gobierno de Cristina Kirchner se destinaron en promedio USD 3.300 millones, en su segundo mandato se destinaron en promedio USD 10.700 millones (con pico en 2014, USD 13.500). Durante la administración Mauricio Macri el promedio anual cae a USD 4.600 millones, y durante la administración de Alberto Fernández el promedio ascendió a USD 5.600 millones.

En puntos del PBI, si bien el promedio anual indica que en los últimos 16 años se destinó un promedio de 1,1% del producto, las transferencias totales en 2007 representaron 0,2% del PBI, en 2014 alcanzaron el 2,4%, 0,6% en 2019 y 0,9% en 2023.

Pero si la mirada es en términos de la incidencia de las transferencias en el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN), en 2014 se destinaron a las empresas públicas el 10,5% del gasto total, mientras que en 2023 esta participación se redujo a la mitad 4,9%, es decir $4,9 de cada $100 gastados por la APN se destinaron al financiamiento de las empresas públicas.

Gastos por sector económico

Por sector económico 2023, el sector energético demandó el 46% del total de las transferencias en 2023, explicadas en un 95% por IEASA (Integración energética Argentina S.A) / ENARSA, y el sector de transporte recibió el 28% de las transferencias. Al interior, el 60% se destinó a ferrocarriles, compuesto por Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE), Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF), Belgrano Cargas, y el 37% Aerolíneas Argentinas. AYSA recibió el 12%, mientras que comunicaciones e infraestructura recibieron el 7% y el 2%, respectivamente.

Ahora bien, más en detalle, el CECE precisó que si se distingue entre gastos corrientes y de capital, la distribución sectorial cambia.

Las transferencias corrientes a empresas públicas en 2023 alcanzaron los $1,7 billones. El 44% del total de estas transferencias se destinaron al sector energético, que se explican en un 95% por la demanda de fondos de la empresa lEASA (Integración energética Argentina S.A) /ENARSA ($700 mil millones), destinados a cubrir la diferencia entre el precio de importación del gas natural y el precio al que luego la empresa vende en el mercado local.

El 39% de las transferencias corrientes se destinaron al sector transporte, explicadas por dos rubros: SOFSE con $335.145 millones, (51% de las transferencias al sector), destinadas a compensaciones tarifarias y Aerolíneas Argentinas con $252.420 millones (38%), destinado a cubrir déficits de operación.

Por su parte, las transferencias de capital a empresas públicas del 2023 alcanzaron los $772.794 millones. El 26% se destinó al sector Agua y Saneamiento, ($198 mil millones) destinados a cubrir inversiones de la empresa AYSA.

El 50% se destinaron al sector energético ($384.800 millones) y el 96% de estos fondos ($370 mil millones) se destinaron a lEASA / ENARSA para financiar el gasoducto Néstor Kirchner en el tramo Tratayén - Saliqueló.

El sector Transporte demando el 5% de las transferencias de capital ($35.500 millones). El 67% de dichos fondos se destinaron a la empresa ADIF, para cubrir inversiones en infraestructura ferroviaria.

Por otro lado, si bien la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA) no es considerada como una empresa pública y no se consideró en el análisis, el informe destacó que en los últimos años se convirtió en el principal pagador de subsidios de la economía.

CAMMESA cubre mediante transferencia corrientes de la APN la diferencia entre el costo promedio de generación de energía eléctrica y el precio que paga la demanda. Sólo el año pasado recibió transferencias por $1,76 billones (1% del PBI) que representan el 70% de los subsidios a la energía (1,5% del PBI).

“Si medimos el impacto de estas transferencias en términos de porcentaje del gasto primario de la APN, observamos que la inclusión de CAMMESA, duplica el impacto sobre el gasto primario En 2023 las transferencias a empresas públicas alcanzan a 5% del gasto, que pasan a 10% con la inclusión de las transferencias a CAMMESA”, sostuvo el informe.

En conjunto, las empresas públicas presentaron en 2023 un déficit operativo neto de $1,55 billones. Este resultado es calculado como la diferencia de ingresos corrientes (propios) y gastos corrientes, sin considerar las transferencias

“La insuficiencia de fondos en muchos casos no solo responde a problemas de gestión, escasa productividad o ineficiencias, sino a la aplicación de políticas públicas de subsidios y de congelamiento tarifario que impactan de forma directa en las empresas de energía, transporte y agua, que son las reciben el mayor volumen de transferencias / subsidios”, consideró el CECE.

Esta situación la explica que 4 empresas (ENARSA, SOFSE, AYSA Y Aerolíneas) representan el 99% del déficit operativo.

Entonces, si bien empresas como SOFSE o ENARSA son de las que mayor volumen de fondos públicos generan, al mismo tiempo son las que mayores transferencias requieren y por lo tanto, también se ubican entre las empresas de mayor dependencia financiera de fondos públicos.

En este sentido, el 97% de los ingresos corrientes de SOFSE dependen de las transferencias del Tesoro y el 54% en el caso de ENARSA.

Las dos empresas con mayor dependencia de transferencias fiscales son del área ferroviaria: Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (Decahf), con 98%, y la Operadora Ferroviaria (97%). A ellas les sigue Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) con 93%, el portal Educ.Ar (87%), y Ferrocarriles Argentinos SE (FASE), con 86 por ciento. Por detrás se alinean Radio y Televisión Argentina (RTA), con 84% y la Administración de Infrastructura Ferroviaria (ADIF)., como puede apreciarse en el gráfico de abajo.

No obstante, algunas empresas públicas muestran resultados operativos positivos,. Tal es el caso de Nucleoelectrica Argentina S.A (NASA), que es la encargada de la operación de las tres centrales nucleares y que recibe un precio por energía vendida suficiente para cubrir la totalidad de sus costos, Es decir, tiene una suerte de reaseguro que garantiza el equilibrio financiero de la compañía

Dentro de este grupo, el CECE también mencionó a la Administración General de Puertos S.E. (AGP), empresa del estado encargada de la regulación, control y mantenimiento de las terminales del Puerto de Buenos Aires, único puerto bajo jurisdicción nacional, y el mayor operador de contenedores del país. El cobro de tasas a las cargas genera ingresos que permiten resultados operativos positivos.

De esta manera, el informe concluye que existe un círculo no virtuoso en las empresas públicas:

1. Políticas públicas que pisan ingresos de las empresas públicas que enfrentan costos crecientes en un entorno de alta inflación,

2. Entran en déficits crónicos y crecientes

3. Los déficits deben cubrirse con transferencias del Tesoro, transferencias que pasan a formar parte de los ingresos corrientes de las empresas públicas de forma poco transparente.

“Por lo tanto, es evidente que lo que está detrás es la decisión de las sucesivas administraciones de subsidiar la energía, el transporte, infraestructuras y no necesariamente el subsidio a las empresas públicas por un desempeño ineficiente”, explica el informe.

Por cantidad de empleados

En tanto, la dotación de personal de las empresas públicas es heterogénea, donde se pueden encontrar empresas como Playas Ferroviarias S.A con 18 empleados y SOFSE con más de 23.800.

La dotación total de las empresas públicas del año 2023 fue de 110.464 empleados (Indec), lo que representa una dotación 8% superior a la del año 2019, que a su vez era 10% menor a la del año 2015. Y por lo tanto entre 2015-2023 la dotación de empleados aumentó 2%.

El Gobierno anticipó que no planea frenar la motosierra en el gasto público y luego de los recortes previstos para los próximos meses, sostener el superávit fiscal implicaría mover piezas que aumenten los ingresos del Estado, como la eliminación de los regímenes especiales y exenciones impositivas.

En el primer trimestre, se ajustó el gasto primario en 35% interanual real, lo que representa el mayor recorte en 30 años.

Si bien las jubilaciones y pensiones soportaron gran parte de la reducción (35%), 15 de las 16 partidas cayeron, según datos del Iaraf. Esto derivó en un superávit fiscal del 0,2% del PBI y en un sobrecumplimiento de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A excepción de las asignaciones universales para la protección social (aumentó 10,6% real), se redujo el gasto principalmente en inversión real directa, transferencias a provincias, subsidios y salarios.

Por el momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, postergó la quita de subsidios para evitar una nueva aceleración de la inflación. Sin embargo, se planea seguir avanzando en este sentido ya que los subsidios a la energía representan 4,8% del gasto primario, los subsidios al transporte, 2,7% y “otras funciones”, 0,3 por ciento.

“La motosierra es eterna, no hay fin de motosierra. Es para siempre. El camino que estamos transitando recién empieza”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Por supuesto que hubo tal vez un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gastos, traducido en motosierra, por las circunstancias con las que nos encontramos el 10 de diciembre. Pero la motosierra es parte de la filosofía de este Gobierno. Es que cada vez el peso del Estado sea menor y que cada vez los bolsillos de los argentinos sufran menos por la presencia del Estado”, agregó.

En este contexto, el director de análisis económico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, sostuvo: “La reducción del gasto del primer trimestre es de alguna manera el máximo del ajuste, porque ya en el segundo trimestre, con el DNU para indexar el aumento de las jubilaciones a la inflación, por ejemplo, el Gobierno busca compensar un poco y creo que también es correcto desde el punto de vista social. El gasto de capital quizás se puede recortar más, pero tampoco lo puede frenar eternamente”.

Por su parte, Soledad Perez Duhalde, economista de Abeceb, dijo a Infobae: “La licuación del gasto de seguridad social no va a seguir siendo tan grande. Es insostenible seguir licuando. Queda mucho por hacer en materia de reducción del peso del Estado. El impacto de un ajuste radical depende de cómo se implemente. Pero es de esperar que la reducción del gasto público libere recursos para el sector privado y mejore la eficiencia si se acompaña de reformas más estructurales que fomenten la inversión y la competitividad”.

Por dónde puede seguir el recorte

Guido Zack, director económico de Fundar, consideró que “hasta ahora la consolidación fiscal ha sido muy regresiva y si la sociedad soporta, evidentemente va a haber margen para seguir ajustando. Pero el ajuste se hizo mal ya que no arrancó por donde uno pensaría que debería arrancarse, que es de la manera más progresiva posible. Hay muchas partidas presupuestarias e impuestos que afectan principalmente a la población de mayores ingresos que actualmente no están siendo atendidas. Sigue habiendo margen para consolidar”.

En este sentido, Zack mencionó también que no se analizaron los regímenes de excepción y los regímenes especiales, los cuales en algunos casos pueden estar justificados y en otros no.

Al respecto, en los últimos días se retomó el debate sobre el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tras el discurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Quilmes. La quita o reducción de los beneficios fiscales de este tipo de programas podrían ser una opción para seguir consolidando las cuentas públicas cuando el Gobierno se tope con los límites políticos y sociales del recorte del gasto y suba de impuestos.

Sucede que la estimación total del gasto tributario, es decir los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamientos impositivos especiales, es de 2,08% del PBI (Iaraf).

De hecho, en el paquete fiscal de la Ley Bases, que tiene media sanción en Diputados, se incluyó un artículo para modificar las exenciones tributarias del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Este incluye excepciones al IVA, impuesto a las ganancias, derechos de importación y alícuotas reducidas de impuestos internos a productos electrónicos. Según el IARAF, es largamente el más significativo ya que tiene una participación del 16% en el gasto tributario y representa 0,33 puntos porcentuales del PBI.

Ahora bien, si se continúa apelando a la “motosierra”, el Poder Judicial representa una parte importante en el gasto, mencionó Rafael Flores, economista y ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Por caso, la participación del Poder Judicial dentro del presupuesto para la Administración Gubernamental es del 36,1%, apenas por detrás de relaciones interiores (36,52%). En el total, tiene un peso del 2,12%. Pero por el momento parece que no es un sector que el Gobierno tenga planeado ajustar ya que es la segunda partida que más se aumentó para este año (71,1%), luego de Obligaciones del Tesoro (81,8%), según datos de ASAP.

Los límites y efectos

Zack resaltó que si bien la consolidación fiscal es necesaria, la composición importa. “Como el ajuste se hizo de manera regresiva, el efecto sobre la actividad es muy fuerte. Mientras se siga eligiendo esta composición y no una más progresiva, el sector privado se va a ver seriamente afectado”, sostuvo el economista.

Esto, a su vez, repercute sobre las cuentas públicas ya que produce una caída en los ingresos del Estado y, por lo tanto, mantener el superávit fiscal requerirá que el ajuste sea cada vez mayor. Por caso, en los primeros cuatro meses del año la recaudación tributaria cayó 10% interanual en términos reales. Si se excluyen los tributos relacionados al comercio exterior, la baja alcanza el 19%, estimó el Iaraf.

Rafael Flores, por su parte, dijo: “La motosierra claramente no es eterna, esto es, hay límites en cuanto al ajuste. Me parece que el problema es que el Gobierno considera que el Presupuesto es el gasto del Estado, y por lo tanto, siempre se puede recortar y reducir a una mínima expresión. Lo que no toma en cuenta es que el presupuesto no es solo lo que el Estado gasta, sino es lo que el Estado hace. Es decir, atrás de cada gasto hay una acción que se lleva adelante”.

“Creo que no están avanzando hacia una eficientización del gasto. No están buscando hacer que el Estado funcione de mejor manera, sino que gaste menos, y punto. Hay cuestiones en donde la misma sociedad va a poner un límite y decir con esto no se puede avanzar, y en otros casos, si se avanza con el criterio de bajar el gasto sin análisis de eficiencia y eficacia, vamos a ver las consecuencias de las acciones que deja de hacer el Estado dentro de algunos años”, añadió Flores.

La economista de EcoGo Rocío Bisang sostuvo: “Hay un límite que tiene que ver con lo que la sociedad permite, hasta donde se puede recortar sin perder gobernabilidad. Si bien una reducción del gasto puede significar más lugar para la inversión privada en algunos aspectos y tener efectos positivos por la mayor disciplina fiscal, también es cierto que en muchos otros aspectos el Estado es necesario: se generan sinergias entre lo publico y privado, permite garantizar la provisión de servicios esenciales como salud o educación, regula mercados imperfectos, entre otros. Difícilmente un recorte fuerte en el Estado impulse una reactivación privada de forma inmediata, el freno a la obra publica, el recorte en los ingresos reales (jubilaciones y salarios) implican también un efecto sobre lo privado que no es menor”.

El arranque de año para las finanzas públicas no ha sido el más alentador. Además de la actualización del Plan Financiero que trajo consigo la suspensión de la senda de ajuste del déficit fiscal que empezó en 2021, los ingresos tributarios se ubican por debajo de la meta del Gobierno, con ambos sucesos acentuando los temores de incumplimiento de la regla fiscal en 2024.

Si bien esta situación la podría resolver el Gobierno más adelante en el año con un recorte en el gasto, en la actualidad, debido a la alta apropiación de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) que ronda los $502 billones, el Gobierno presenta problemas de caja que derivan en una reducción importante los depósitos de la Tesorería Nacional en el Banco de la República y un aumento no despreciable de la oferta de títulos de deuda pública (TES) mediante mecanismos diferentes a las tradicionales subastas y colocaciones a entidades públicas.

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Así lo explica Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá, que en informes pasados destacó que el ritmo con el que el Gobierno ha llevado a cabo la ejecución del presupuesto se encuentra en los niveles más bajos desde 2016 (año desde el que se tienen cifras mensuales). Es decir, que mientras en los primeros tres meses del periodo entre 2016 y 2022 el gobierno de turno ya había logrado comprometer 35,6% del total PGN sin el rubro de servicio de deuda (el gasto que está determinado por la gestión del Gobierno), en 2024 ha sido de apenas 27,3%.

No obstante, en términos nominales, la entidad explica que el gasto del Gobierno sí incrementó de manera notable, consecuencia de la alta apropiación de recursos.

“En particular, dado que el PGN pasó de $423 billones en 2023 a $502 billones este año, los pagos realizados por el Gobierno por concepto de gasto de funcionamiento e inversión crecieron 22% anual en lo corrido del año a marzo”, indicó la misma. Esta remarcó que, si la ejecución fuera la histórica, el gasto habría crecido casi 40% anual. Sin embargo, en el mismo período el recaudo de impuestos aumentó en apenas 4%.

Así, un nivel de gasto aumentando más de lo que lo hacen los ingresos, se ha traducido en una menor caja para el Gobierno, lo que se ha hecho evidente los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) en el Banco de la República.

“Si a inicios de abril este saldo (caja del Gobierno) cayó a un mínimo de $4,1 billones, cuando por esta época del año se ubicaba en $25,9 billones para la mediana entre 2002 y 2022, el resultado de 2024 es bastante inferior al de 2023, cuando el Gobierno contaba con $14,8 billones”, precisó.

Mayor ritmo de emisión

Enfatizó que el Gobierno ha optado por acelerar su ritmo de emisión de deuda pública interna, la cual, según el Plan Financiero, está presupuestada en $53,4 billones en 2024. Según los cálculos de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el saldo de TES pasó de finalizar 2023 en $497,9 billones a situarse al cierre de marzo en $503,7 billones, es decir, un incremento de $17.8 B.

Dicho aumento se dio en $11,9 billones por medio del habitual mecanismo de subastas primarias competitivas y no competitivas, $1,8 billones en emisiones hacia entidades públicas, $0,8 billones en el lanzamiento del ETF (exchange traded funds o fondos cotizados) de deuda pública local y $8,7 billones destinados a las operaciones de recompra para redención anticipada.

Cabe recordar que esta estrategia se viene implementado desde hace varios años para reducir los vencimientos de TES del año en curso y el siguiente, a cambio de emisión de títulos de mayor plazo.

“Esta operación acarrea un costo por el alargamiento del plazo. Es decir, la emisión de TES de $8.7 billones solo permitió recomprar $5,2 billones de TES con plazo 2024 y 2025, a lo que se suma el costo antes mencionado por $2,5 billones y un residual que por falta de información no puede ser identificado”, anotó la entidad al recordar que las emisiones nuevas de TES se concentraron en las referencias de 2029 (UVR), 2033, 2037 y 2042.

Problemas de caja

De esta forma,concluyò el Banco de Bogotá, los problemas de caja podrían continuar presionando la implementación de esta estrategia de redención anticipada, con una emisión de TES acelerada, que terminaría por finalizar anticipadamente el esquema de subastas, lo que podría interpretarse como una buena noticia, pero abriría espacio para financiaciones anticipadas y en definitiva mayor emisión de TES por mecanismos menos transparentes.

Tras el dato de la balanza comercial, que cerró con un superávit por encima de los USD 2.000 millones, el Gobierno se apresta ahora a anunciar el cierre del primer trimestre con superávits gemelos. Será la primera vez en más de 15 años que se alcanza este resultado para un período de tres meses seguidos.

Esto ocurrirá aún cuando las cuentas fiscales de marzo volvieran al rojo, tal como indica un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) que indica que el mes pasado se reinstaló el desequilibrio fiscal tanto primario como financiero. Los cálculos de la ASAP, sin embargo, tienen una metodología en base “devengado”, es decir, que computa gastos que se realizan pero que no necesariamente se pagan en ese período. Según ese reporte, “en marzo de 2024, y por primera vez en lo que va del año, la ejecución del presupuesto arrojó déficit financiero y primario, aunque en niveles muy inferiores a los correspondientes a marzo de 2023, cuando se registró un déficit financiero de $893.794 millones y uno primario de $705.643 millones”. El organismo agrega que “como consecuencia de los saldos positivos acumulados en enero y febrero, durante el primer trimestre de 2024, el resultado financiero fue superavitario por un monto de $670.848 millones”.

Sin embargo, el Fondo Monetario y, por ende, también el Tesoro nacional, aplican una metodología diferente para computar el resultado de las cuentas, que se basa, precisamente, en lo efectivamente pagado versus los ingresos efectivamente disponibles. Se denomina “base caja”.

Con ese enfoque, fuentes oficiales anticiparon a Infobae que el lunes, según estipula el calendario, se difundirán los detalles de las cuentas públicas nacionales y que, nuevamente, arrojaron un saldo positivo Es probable que, aun estando de viaje en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipe la información en las próximas horas, como lo hizo en enero y febrero. En definitiva, se trata de datos que estimulan el buen humor de los mercados.

De hecho, la firme convicción del Presidente Javier Milei, y su correlato con los números oficiales, es el motivo principal que sostiene el buen clima de los mercados respecto de la Argentina. A tal punto que, al menos por el momento, están más que dispuestos a hacer la vista gorda a los medios con tal de lograr el fin. Es decir, hay conciencia entre los inversores de que la licuadora no es eterna ni sostenible pero “mientras tanto” es demostración de la vocación inquebrantable de Milei de alcanzar el superávit fiscal.

Con las cifras de marzo, el Gobierno coronará el trimestre con saldo positivo fiscal y también comercial, superando con holgura los objetivos consensuados con el Fondo Monetario. De hecho, en el primer bimestre el superávit acumulado alcanza ya el 0,13% del PBI. Si se computa sólo el superávit primario, es decir, sin contar el pago de intereses, el resultado fue de 0,5% del PBI, lo que contrasta con un déficit de -0,2% en igual período de 2023.

En cuanto al frente comercial, el derrumbe de las importaciones permitió alcanzar un abultado resultado positivo de la balanza, lo que permitirá sostener la bandera de la recuperación de los superávits gemelos, esta vez, en un trimestre por primera vez en más de una década. Eso después de que se conociera ayer que el Intercambio Comercial Argentino (ICA) registró en marzo un saldo positivo de USD 2.059 millones, tal como informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de un dato mucho mejor a lo esperado por los analistas, que también puede indicar la profundidad de la recesión.

Así, el Gobierno logró cuatro meses consecutivos de superávit comercial, mientras que en el primer trimestre del año asciende a un total de USD 4.250 millones.