José Adolfo Macías, conocido como "Fito", es el jefe de Los Choneros, una banda que ha ayudado a establecer una poderosa industria de narcotráfico en Ecuador.

El líder de la banda más poderosa de Ecuador, cuya fuga de prisión desencadenó una oleada de violencia en todo el país el año pasado, fue procesado el lunes en Brooklyn por cargos de tráfico de drogas y contrabando de armas.

El líder, José Adolfo Macías, conocido como "Fito", es el jefe de Los Choneros, una banda que ha ayudado a establecer una poderosa industria de narcotráfico en Ecuador al infiltrarse en las filas del gobierno y aterrorizar a los ecuatorianos.

Macías, de 45 años, fue capturado por las autoridades ecuatorianas en junio y extraditado a Estados Unidos el domingo. Se había fugado de prisión en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, en enero de 2024, lo que llevó al gobierno a declarar un estado de excepción durante 60 días mientras las autoridades lo buscaban.

Macías, de barba canosa y vestido con una camisa verde, escuchó el juicio el lunes a través de un intérprete. Se declaró no culpable. El 19 de septiembre tiene programado volver a comparecer ante el tribunal; si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

Ecuador ha experimentado un estallido de violencia relacionada con el narcotráfico. Desde 2020, Los Choneros han desempeñado un papel central en la agitación, al secuestrar, asesinar a ciudadanos y apoderarse de las cárceles, con la ayuda de la corrupción pública, según la fiscalía general.

Los fiscales afirman que Macías, quien tomó el mando de Los Choneros en 2020, ha utilizado una extensa red delictiva, que incluye grupos como el Cártel de Sinaloa, para facilitar el traslado de toneladas de cocaína de Sudamérica a México y, finalmente, a Estados Unidos. En abril, los fiscales anunciaron la imputación de Macías en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn por cargos de contrabando internacional de drogas y armas.

"Su alcance era amplio y extenso", dijo el lunes Chand Edwards-Balfour, ayudante del fiscal estadounidense, ante el tribunal.

Ecuador, a diferencia de su vecina Colombia, no había sido un foco de violencia relacionada con las bandas y la droga hasta hace relativamente poco. En la última década, grupos locales empezaron a asociarse con cárteles mexicanos y albaneses para producir y distribuir grandes cantidades de cocaína, lo que contribuyó a convertir a Ecuador en el principal exportador de la droga a Europa. Las bandas han desatado la violencia en un país que antes se consideraba un caso atípico en una región inestable. Asesinatos políticos, secuestros y asesinatos de periodistas y civiles se han relacionado con Los Choneros.

El sistema penitenciario de Ecuador, desde el que Macías seguía dirigiendo las operaciones de la banda, ha servido como incubadora para gran parte de la violencia, afirman los expertos. La población carcelaria del país aumentó como respuesta a políticas que endurecían el castigo para los traficantes de drogas de bajo nivel y mantenían a los acusados encarcelados hasta el juicio. Pero esos esfuerzos resultaron contraproducentes, pues proporcionaron a las bandas un terreno fértil para el reclutamiento.

Macías no es el primer capo internacional de la droga que es recibido y procesado en Brooklyn este año. Rafael Caro Quintero, el narcotraficante mexicano conocido por su participación en el asesinato de un agente de la DEA en 1985, fue expulsado de México y procesado en Brooklyn por cargos de narcotráfico en febrero.

Al igual que el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, Macías se fugó dos veces de prisión antes de su extradición. Fue detenido por cargos de narcotráfico en Ecuador en 2011 y se fugó en 2013, mientras cumplía una condena de 34 años en la cárcel. Fue recapturado unos meses después.

Según los fiscales, Macías sobornó a funcionarios de las cárceles para que permitieran a los reclusos controlar el sistema penitenciario y se celebraban fiestas con mariachis y fuegos artificiales. En 2023, apareció en un video musical que se grabó parcialmente en la cárcel y en el que se mofa del gobierno por su incapacidad para frenar a las bandas y glorifica a Macías. El líder de la banda aparece acariciando a un gallo en la cárcel, mientras su hija monta a caballo en un rancho y canta.

Su fuga del año pasado, realizada justo cuando los funcionarios iban a trasladarlo a una prisión de máxima seguridad --y semanas después de que la fiscala general de Ecuador lanzara una campaña para erradicar la corrupción generalizada que ha protegido a las bandas--, desató más violencia. Hubo motines en varias cárceles, en los que reclusos tomando a casi 200 guardias como rehenes, y hubo atentados con bombas y más secuestros en todo el país.

Según fiscales federales, las autoridades ecuatorianas encontraron a Macías escondido en una villa de lujo en Manta, una ciudad portuaria ubicada a unos 190 kilómetros de Guayaquil.

En respuesta a la creciente violencia, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha tomado medidas enérgicas contra las bandas, lo que ha generado comparaciones con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, así como acusaciones de autoritarismo. Noboa fue invitado a la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump y se reunió con él en Mar-a-Lago.

Sin embargo, Noboa, quien ganó la reelección en abril, ha tenido dificultades para reducir la violencia, a pesar de sus tácticas de mano dura. Los homicidios disminuyeron al principio de su presidencia, pero han aumentado más recientemente, lo que ha llevado a algunos ecuatorianos a pedir una represión aún más dura contra las bandas.

Santul Nerkar es reportero del Times y cubre las cortes federales en Brooklyn.

José Adolfo Macías, conocido como "Fito", será extraditado a Estados Unidos, donde se le busca, acusado de tráfico de drogas y contrabando de armas, dijo el presidente de Ecuador.

Autoridades de seguridad ecuatorianas capturaron el miércoles al líder de una pandilla, conocido como "Fito", cuya fuga en 2024 desencadenó la violencia en todo el país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la captura del líder de la banda, José Adolfo Macías, en las redes sociales. "Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos, estamos a la espera de su respuesta", escribió Noboa.

Macías es buscado por Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y contrabando de armas.

Macías, de 45 años, dirige la poderosa pandilla de Los Choneros, una de las organizaciones delictivas más violentas de Ecuador. El fiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York lo imputó a principios de este año por siete cargos, incluida la distribución de cocaína.

Se fugó de la cárcel de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, en enero de 2024, cuando los funcionarios que habían llegado para trasladar a Macías a una prisión de máxima seguridad descubrieron que había desaparecido de su celda. El gobierno declaró el estado de excepción durante 60 días mientras lo buscaban, lo que desencadenó motines en varias prisiones, ataques de pandillas, secuestros y atentados con bomba en todo el país.

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a Macías y a Los Choneros en febrero de ese año.

El miércoles, las autoridades lo encontraron escondido en un búnker subterráneo en Manta, ciudad situada a unos 194 kilómetros de Guayaquil, dijo a la prensa el ministro del Interior, John Reimberg. El ejército hizo público un video de la operación, en la que participaron la policía y las fuerzas armadas ecuatorianas, en el que se ve a Macías sin camisa y esposado mientras los agentes lo empujan hacia un suelo de baldosas.

En el video, los agentes introducen a Macías en un vehículo blindado y lo suben a un avión de la Fuerza Aérea con destino a Guayaquil. En otro video, tomado por The Associated Press, lo bajan del avión con una camisa azul oscuro, pantalones cortos grises y chancletas. Lo llevaban a prisión, dijo Reimberg.

La fuga de Macías se produjo dos meses después de la elección de Noboa. Durante su campaña a la presidencia, Noboa prometió acabar con las pandillas que habían perturbado la seguridad de Ecuador.

"Caerán más, recuperaremos el país. Sin tregua", escribió Noboa en las redes sociales el miércoles.

La embajada estadounidense en Quito, capital de Ecuador, felicitó a las autoridades por la captura de Macías en una publicación en redes sociales.

Francesca Regalado es una reportera del Times que cubre noticias de última hora.

International Relations Federal Bureau of Investigation Justice Department Kent, Joe (1980- ) Maduro, Nicolas Trump, Donald J National Security Agency Tren de Aragua (Gang) El Salvador Venezuela

El resto de las agencias de inteligencia no están de acuerdo con el análisis del FBI que vincula a la banda, el Tren de Aragua, con el gobierno de Venezuela.

Un memorando de inteligencia del FBI desvelado el miércoles ofrece nuevos detalles sobre por qué la agencia concluyó que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente tuvieron alguna responsabilidad por las acciones de una pandilla criminal en Estados Unidos, lo cual la enfrentó a otras agencias de inteligencia en una acalorada disputa sobre el uso de una ley de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El memorando, cuyas conclusiones han sido rechazadas por las demás agencias de inteligencia, fue presentado por el gobierno a un juez federal de Texas antes de una audiencia celebrada el jueves. Forma parte de una serie de demandas cada vez más numerosas sobre el uso que hace Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas acusadas de ser miembros de esa banda, el Tren de Aragua, a una conocida prisión salvadoreña sin el debido proceso.

"El FBI considera que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente faciliten la migración de miembros del TdA de Venezuela a Estados Unidos para promover el objetivo del régimen de Maduro de socavar la seguridad pública en Estados Unidos", decía el memorando, utilizando una abreviatura de la banda.

Añadía que el buró también cree que algunos funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "probablemente utilizan a miembros del TdA como apoderados".

La presentación del memorando abre la puerta a un mayor escrutinio judicial de un fundamento clave para la afirmación de Trump de que puede invocar la ley, rara vez utilizada, para deportar sumariamente a personas acusadas de ser miembros de la banda. También ofrece un atisbo de las afirmaciones de varios migrantes detenidos que sirvieron de base para la evaluación del FBI.

En marzo, Trump proclamó que el gobierno de Venezuela controla la banda --una premisa clave para su uso de la ley de deportación de tiempos de guerra-- mientras enviaba aviones cargados de hombres a El Salvador. Desde entonces, los tribunales han paralizado tales traslados en virtud de dicha ley, dictaminando que es probable que no aplique para la cuestión de migrantes indocumentados en lugar de una situación de tiempo de guerra.

A pesar de la valoración del FBI, la mayoría de las agencias de inteligencia del país, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, creen que la afirmación de Trump es inexacta. El Consejo Nacional de Inteligencia, un grupo de análisis interno de élite al que las personas responsables de políticas pueden encargar proyectos especiales, ha redactado dos evaluaciones en ese sentido, aunque también ha señalado que el FBI discrepaba en parte.

Las opiniones minoritarias del FBI eran conocidas, en parte porque uno de los memorandos del consejo fue desclasificado y publicado este mes en respuesta a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Entre otras cosas, aclaraba que el FBI había basado su opinión en las declaraciones de varios migrantes detenidos en Estados Unidos.

Pero no estaba claro en cuántos migrantes se había basado el FBI para su análisis; el memorando decía que la opinión de la agencia se basaba en las declaraciones de siete fuentes.

Sin embargo, el memorando detallaba lo que había dicho solo una de ellas. "Según una fuente humana con acceso indirecto", afirmaba el memorando, la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de la banda por parte del gobierno venezolano pasaba por el presidente Nicolás Maduro, "quien utilizaba a confidentes como intermediarios para aislarse de la afiliación pública" con la banda.

Al mismo tiempo, el memorando decía que el FBI había considerado que funcionarios venezolanos de alto rango no estaban implicados en las "actividades diarias" de la banda.

También decía que había considerado "más o menos igualmente plausible" una hipótesis alternativa según la cual los miembros de la banda emigraban y cometían delitos por su cuenta, pero decía que el FBI consideraba "más probable" su opinión.

El FBI situó su evaluación en un nivel de confianza "medio" y dijo que estaba considerando pasarla a un nivel de confianza más bajo "debido a las fuentes primarias, que eran contactos únicos con acceso indirecto y que podrían haber estado motivados por haber percibido la posibilidad de una decisión favorable en materia de inmigración".

El Consejo Nacional de Inteligencia, que realizó un análisis a partir de las evidencias disponibles de todas las agencias de inteligencia, dio más peso a ese escepticismo. La "mayoría" de la comunidad de inteligencia "juzga que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen están dirigiendo o posibilitando la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble", escribió.

Los problemas legales de los detenidos, dijo el consejo, podrían "motivarlos a hacer acusaciones falsas sobre sus vínculos con el régimen venezolano en un esfuerzo por desviar la responsabilidad de sus crímenes y reducir cualquier castigo proporcionando información exculpatoria o por lo demás 'valiosa' a los fiscales estadounidenses".

Pero el consejo y las otras agencias también tenían otros problemas con los alegatos. Examinaron si los detenidos "podían tener acceso de forma creíble a la información reportada" y si habían ofrecido detalles que pudieran corroborarse. La coordinación del tipo que los migrantes habían relatado requería casi con toda seguridad comunicaciones y transferencias financieras que el gobierno estadounidense esperaría recopilar, pero no había visto.

Al final, la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que "el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo los movimientos y operaciones del TDA en Estados Unidos", dijo el consejo en su memorando.

El Departamento de Justicia no parece haber presentado el memorando del consejo que resume el análisis más amplio de todas las demás agencias de inteligencia.

La Casa Blanca encargó un análisis sistemático de las pruebas sobre el gobierno de Venezuela y la banda en febrero, cuando Trump consideraba utilizar la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a venezolanos.

El Consejo Nacional de Inteligencia elaboró un memorando el 26 de febrero que concluía que el gobierno de Venezuela no controla la banda. El memorando señalaba que el FBI sí creía que existían algunos vínculos basados en información que el resto de la comunidad de inteligencia no consideraba creíble.

Aun así, el 15 de marzo, Trump firmó una proclamación en la que decía lo contrario.

Días después, The New York Times informó sobre el memorando del 26 de febrero, lo que llevó al Departamento de Justicia a anunciar una investigación penal por filtración. Joe Kent, uno de los principales colaboradores de la directora de la inteligencia nacional, también pidió al entonces jefe en funciones del consejo, un analista de carrera llamado Michael Collins, que elaborara una nueva evaluación.

En correos electrónicos, Kent exigió más tarde que se "reescribiera" un borrador de la nueva evaluación para que no pudiera "utilizarse contra" Trump. Pero la versión final seguía concluyendo que el gobierno de Venezuela no controla la banda y que la opinión del FBI de que algunos funcionarios la estaban utilizando como subsidiaria no era creíble.

Desde entonces, Collins ha sido despedido.

Julian E. Barnes y Maggie Haberman colaboraron con reportería.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Julian E. Barnes y Maggie Haberman colaboraron con reportería.

DeportationUnited States Politics and GovernmentPresidential Power (US)United States International RelationsGangsAlien Enemies Act (1798)Immigration and Customs Enforcement (US)Tren de Aragua (Gang)Trump, Donald JUnited StatesEl SalvadorVenezuela

Familiares y los abogados de inmigración sostienen que no todos los deportados enviados a una prisión de El Salvador el fin de semana tenían vínculos con el crimen.

En los días transcurridos desde que el gobierno federal envió a cientos de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador, Washington ha estado debatiendo si la Casa Blanca realmente desafió a un juez federal que ordenó que los vuelos de deportación dieran media vuelta y regresaran a Estados Unidos.

Pero más allá de la evidente animadversión del gobierno del presidente Donald Trump hacia el juez y el tribunal, hay cuestiones más básicas que siguen sin resolverse y, en gran medida, sin respuesta: ¿Eran en realidad todos los hombres expulsados a El Salvador miembros de bandas, como afirma Estados Unidos? y ¿cómo llegaron las autoridades a esa determinación sobre cada una de las aproximadamente 200 personas que fueron expulsadas del país incluso cuando un juez federal estaba sopesando su destino?

La Casa Blanca de Trump ha dicho que la mayoría de los migrantes deportados eran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que, como muchas organizaciones delictivas transnacionales, tiene presencia en Estados Unidos. En medio del número récord de migrantes que llegaban a la frontera sur en los últimos años, la presencia de la banda en algunas ciudades estadounidenses se convirtió en un grito de guerra para Donald Trump mientras hacía campaña para volver a la Casa Blanca, alegando que los migrantes estaban invadiendo el país.

Después de que Trump volvió al poder en enero, el Tren de Aragua siguió siendo un tema de conversación habitual para él y sus asesores de inmigración, y los vuelos de deportación de la semana pasada fueron la medida más significativa del gobierno para cumplir su promesa de perseguir a la banda. Pero los funcionarios han revelado muy poco sobre cómo identificaron a los hombres como miembros de la banda y qué debida diligencia, si la hubo, se les concedió antes de embarcarlos en vuelos con destino a El Salvador, donde el gobierno autoritario, aliado de Trump, ha acordado retener a los presos a cambio de un pago multimillonario.

El lunes, el Departamento de Justicia se negó a responder a las preguntas básicas sobre las deportaciones planteadas por el juez federal de Washington, DC, quien había ordenado que el vuelo de deportación regresara a Estados Unidos. El martes por la tarde, este ordenó al Departamento de Justicia que presentara antes del mediodía del miércoles un expediente sellado en el que se detallaran las horas a las que los aviones habían despegado, abandonado el espacio aéreo estadounidense y finalmente aterrizado en El Salvador.

Más de la mitad de los migrantes deportados durante el fin de semana fueron expulsados utilizando una oscura autoridad conocida como Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que el gobierno de Trump afirma haber invocado para deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas mayores de 14 años sin apenas garantías procesales. Esta ley, rara vez invocada, concede al presidente amplia autoridad para expulsar de Estados Unidos a ciudadanos de países extranjeros a los que defina como "enemigos extranjeros", en casos de guerra o invasión.

En un documento judicial que presentó el lunes por la noche tras la audiencia, Robert Cerna II, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, afirmó que se había investigado y aprobado a cada una de las personas y que esos esfuerzos habían incluido datos de vigilancia, una revisión de las transacciones financieras y entrevistas con víctimas.

Pero la presentación de Cerna planteó una serie de interrogantes, ya que dijo que una base de datos del ICE mostraba que algunos de los enviados a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros habían sido detenidos y condenados en Estados Unidos "por delitos peligrosos" y que otros tenían condenas fuera del país.

Sin embargo, Cerna también reconoció que "muchos" no tenían antecedentes penales en tribunales estadounidenses, aunque dijo que eso no significaba que "supusieran una amenaza limitada". Se dijo que otros habían estado cerca de miembros del Tren de Aragua durante redadas de las fuerzas de seguridad en vehículos y residencias cuando fueron detenidos en la operación de captura.

Un coro cada vez mayor de familias, funcionarios electos y abogados especializados en migración han empezado a aparecer en los medios de comunicación para rechazar o poner en duda las acusaciones. Algunos abogados --encargados de buscar frenéticamente a sus clientes en centros de detención de todo el país-- creen que sus defendidos han sido señalados simplemente por sus tatuajes. Los abogados de migración de Nueva York consiguieron detener la deportación de al menos un venezolano que, según dijeron, no tenía vínculos con la banda.

Lindsay Toczylowski, abogada del Centro Jurídico de Defensores de los Inmigrantes, dijo que su cliente era un joven profesional de unos 30 años que trabajaba en el sector artístico y que había estado detenido desde que intentó entrar en Estados Unidos el año pasado, cuando solicitó asilo utilizando una aplicación gubernamental en línea, CBP One. Dijo que su cliente había sido objeto de sospechas por sus tatuajes, pero que sus abogados no habían tenido la oportunidad de rebatir los alegatos en una audiencia judicial.

A principios de mes fue trasladado de California a Texas, dijo, y el sábado había desaparecido del localizador de detenidos en línea.

"Nuestro cliente es la prueba de que no actuaron con la debida diligencia para saber a quién enviaban a El Salvador", dijo, negándose a dar el nombre del joven por temor a su seguridad.

Algunos demócratas no solo han acusado al gobierno de Trump de violar una orden judicial, sino que también han cuestionado a quién envió el gobierno a El Salvador para ser encarcelado.

"El gobierno de Trump está deportando a inmigrantes sin el debido proceso con base únicamente en su nacionalidad", dijo el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, en un comunicado el lunes. "Los tribunales determinan si las personas han infringido la ley. No un presidente que actúa en solitario".

Entre las más de 260 personas deportadas a El Salvador durante el fin de semana había 137 expulsadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Otros 101 eran venezolanos y fueron expulsados en virtud de los procedimientos normales de inmigración, según funcionarios del gobierno de Trump.

Abogados y expertos jurídicos dijeron que, incluso en condiciones de guerra, los detenidos tienen derecho al debido proceso.

"La Ley de Enemigos Extranjeros prevé expresamente 'un examen y una audiencia completos' antes de que los no ciudadanos puedan ser expulsados en virtud de la ley", dijo en un correo electrónico Stephen Vladeck, profesor de derecho del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown. "Incluso en plena Segunda Guerra Mundial, los tribunales federales realizaban audiencias para determinar si los supuestos enemigos extranjeros eran, de hecho, ciudadanos de países con los que estábamos en guerra".

El gobierno de Venezuela ha condenado enérgicamente el traslado de venezolanos a El Salvador y el uso de la autoridad en tiempo de guerra por parte del gobierno de Trump. En un comunicado emitido el domingo, el gobierno de Nicolás Maduro denunció lo que calificó de "amenaza de secuestro" de menores de tan solo 14 años al calificarlos de terroristas, afirmando que son "considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos".

Mariyin Araujo, de 32 años, dijo que el padre de sus dos hijas, de 2 y 6 años, había huido de Venezuela tras participar en dos manifestaciones contra el gobierno autoritario de Maduro. En la segunda ocasión, él y otros manifestantes fueron capturados y torturados, con descargas eléctricas y asfixia. Se registró a través de la aplicación CBP One en México y fue detenido en San Diego cuando se presentó a su cita, dijo Araujo.

Era jugador y entrenador de fútbol profesional, y tenía un tatuaje en el brazo de una corona encima de un balón de fútbol. Araujo dijo que los funcionarios de inmigración asociaron la corona con la banda venezolana y que ellos habían presentado documentos que demostraban que su exmarido no tenía antecedentes penales, junto con fotografías y cartas de su empleador para demostrar que era un ciudadano respetuoso con la ley. Pero antes de que se decidiera su caso, él la llamó para decirle que lo trasladaban a un centro de detención de Texas.

Ella no sabía dónde estaba hasta que lo reconoció en una foto de las redes sociales, dijo. Estaba sentado en el suelo con la cabeza inclinada hacia abajo, con un uniforme blanco de presidiario, junto con otros detenidos en El Salvador. Intentó ponerse en contacto con los funcionarios de prisiones, pero se enteró de que el centro donde está recluido es conocido por no permitir las llamadas telefónicas ni las visitas familiares.

"Había algo dentro de mí que tenía esperanza de que no fuera él, pero sí era él", dijo "No es un delincuente".

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní colaboraron con reportería.

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. Más de Jazmine Ulloa

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca, cubre al presidente Donald Trump y su gobierno. Más de Zolan Kanno-Youngs

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní colaboraron con reportería.

HaitiGangsPolitics and GovernmentUnited States International RelationsDoctors Without BordersState DepartmentUnited NationsPort-au-Prince (Haiti)Airport SecurityHumanitarian Aid

La situación de seguridad del país se ha deteriorado aun más desde el lunes, cuando al menos tres aviones fueron tiroteados, lo que obligó a cerrar el aeropuerto principal.

El pasado fin de semana, los líderes de las bandas haitianas acudieron a las redes sociales y prometieron problemas.

Los cumplieron.

"Si son imprudentes en las calles, pagarán las consecuencias a partir de mañana", dijo el domingo Joseph Wilson, líder de una banda conocido como Lanmou Sanjou, en un mensaje grabado que circuló ampliamente.

Habló en nombre de Viv Ansanm --una coalición de bandas con el apodo eufemístico de "Vivir Juntos"-- que ha sembrado el terror en Haití durante los últimos meses, y juró que estaría "en las calles".

En 48 horas, al menos tres aviones estadounidenses habían sido tiroteados, lo que obligó a cerrar el aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y dejó varados a pasajeros de todo el mundo.

La Administración Federal de Aviación suspendió todos los vuelos estadounidenses a Haití durante 30 días, y American Airlines dijo que no volvería al país hasta febrero como mínimo. Incluso se suspendieron los vuelos humanitarios de las Naciones Unidas.

Los estragos no se limitaron al aeropuerto: Deborah Pierre, uróloga, murió tiroteada el martes al entrar en su coche en Puerto Príncipe, y su padre, dentista, resultó herido, dijo su antiguo jefe en el sur de Florida, Angelo Gousse.

Médicos Sin Fronteras anunció que la policía detuvo a sus empleados el lunes y que una turba de vigilantes les arrojó gases lacrimógenos. Los pacientes heridos que transportaban en una ambulancia --supuestos miembros de una banda-- fueron asesinados.

En medio de toda esta agitación, el lunes por la tarde un nuevo primer ministro juró su cargo para sustituir al que fue destituido el domingo, tras menos de seis meses en el cargo.

Casi seis meses después de que cientos de policías kenianos llegaran a Haití en una misión patrocinada por Estados Unidos para restablecer el orden, la crisis ha empeorado repentinamente.

Las bandas del país, de forma descarnada, han demostrado que son una fuerza a tener en cuenta y que los esfuerzos por acabar con ellas han sido en gran medida inútiles.

Con un nuevo presidente estadounidense que ha hecho comentarios despectivos sobre Haití a punto de tomar posesión, la situación es cada vez más grave e incierta.

"No estamos como al principio, sino peor", dijo la hermana Paésie Philippe, monja francesa que dirige escuelas para niños de la calle en Cité Soleil, un barrio pobre de la capital. "Más zonas han sido tomadas por las bandas, más personas han tenido que marcharse y huir de sus casas y se han quedado sin hogar. La situación no es mejor".

Casi 4500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares solo en los dos últimos días, según la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU.

La hermana Paésie regresaba a Puerto Príncipe de un viaje a Boise, Idaho, cuando el lunes se produjeron disparos contra un vuelo de Spirit Airlines de Fort Lauderdale a Puerto Príncipe, y su vuelo de conexión fue cancelado. Ahora está varada en Nueva York, pero decidida a llegar a casa para asistir a una ceremonia de comunión este fin de semana.

"Mis niños me esperan allí", dijo.

Haití lleva más de tres años sumido en el caos, desde que su último presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa. Las bandas llenaron el vacío de poder, apoderándose de carreteras y puertos, matando y secuestrando a su antojo.

La crisis empeoró este año, cuando bandas rivales unieron sus fuerzas y atacaron comisarías, liberaron a presos de las cárceles y se apoderaron de barrios enteros. Naciones Unidas ha dicho que las bandas controlan el 85 por ciento de la capital.

Se creó un consejo presidencial de transición de nueve miembros para gobernar el país hasta que puedan celebrarse las elecciones previstas para finales de 2025, pero la frágil coalición formada para gobernar ha empezado a desgastarse.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, hizo pública una declaración que incluía una crítica apenas velada de los juegos de poder a los que se achaca ampliamente la agitación política.

"Las necesidades agudas e inmediatas del pueblo haitiano exigen que el gobierno de transición dé prioridad a la gobernabilidad por encima de los intereses personales contrapuestos de los actores políticos", dijo Miller.

Leslie Voltaire, presidenta del consejo de transición, dijo que las bandas habían actuado tras el despido del primer ministro, percibiendo un vacío de poder y una oportunidad.

"Pensaron que había un vacío, así que intentaron llenarlo", dijo Voltaire en una entrevista el miércoles por la noche. "Pero en cuanto vean que hay un nuevo primer ministro, que hay un nuevo sheriff en la ciudad, creo que serán menos agresivos".

Voltaire añadió que espera trabajar con la FAA para conseguir la reapertura del aeropuerto y que el gobierno planea "enormes represalias" contra las bandas haitianas.

En un comunicado emitido el martes, el consejo que dirige declaró que "Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la justicia", en referencia al tiroteo de los aviones, la quema de propiedades y los recientes asesinatos en la capital.

"Creo que las bandas están mostrando su poder para ver hasta dónde pueden llegar sin que Estados Unidos haga nada al respecto", dijo Wolf Pamphile, fundador de Haiti Policy House, instituto de investigación en Washington.

Subrayando el poder que las bandas ejercen en Haití, los analistas señalaron que incluso el embajador estadounidense, Dennis Hankins, reconoció que la embajada de Estados Unidos está en comunicación con ellas.

"De vez en cuando, hay contactos con las bandas, y para nosotros se trata de controlar la seguridad en la región de la embajada", declaró Hankins recientemente a Haitian News TV Metropole.

En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense dijo que los comentarios del embajador han sido "objeto de malinterpretación".

"Desde luego, no negociamos con las bandas", decía el comunicado. "Estamos centrados en combatir a las bandas y promover la seguridad en Haití mediante apoyo logístico y financiero a la Policía Nacional de Haití y a la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad". (La misión es el nombre formal de la fuerza dirigida por Kenia).

Debido al fuerte aumento de la violencia esta semana, la embajada está actualmente cerrada al público. El embajador se encontraba fuera del país cuando se cerró el aeropuerto, y no ha podido regresar.

Estados Unidos sigue siendo, de lejos, el mayor financiador de la fuerza internacional enviada para ayudar a restablecer el orden. La fuerza, compuesta en su mayor parte por agentes de policía kenianos, ha estado infradotada de fondos y personal, lo que ha dejado a la población decepcionada por sus resultados.

Los expertos afirman que el hecho de que la fuerza de seguridad multinacional no consiguiera grandes victorias de inmediato, como retomar los barrios controlados por las bandas, dio a estas la confianza necesaria para resurgir, tras una breve retirada.

Los ataques del lunes contra aviones estadounidenses fueron probablemente un esfuerzo de la coalición de bandas para demostrar su potencia y ganar influencia, dijeron los expertos.

"Creo que esencialmente están intentando conseguir el poder o, al menos, negociar para conseguirlo", dijo Robert Fatton Jr, profesor de gobierno y asuntos exteriores de la Universidad de Virginia. "En última instancia, si la situación se deteriora aun más, estarán en condiciones de negociar, les guste o no".

Un portavoz de la misión policial no respondió a las solicitudes de comentarios. El comandante de la misión, en un comunicado de prensa emitido el lunes, dijo que sus fuerzas estaban saliendo de su "fase de despliegue".

La misión, según su comandante, puede señalar algunos logros, como la recuperación de carreteras y la interrupción de las actividades de las bandas.

"Nos comprometemos a que Haití recupere su gloria", escribió el comandante Godfrey Otunge.

Se esperaba que otros 600 policías llegaran pronto a Haití, pero no está claro si sus desplazamientos se verán obstaculizados por el cierre del aeropuerto.

Louis-Henri Mars, quien dirige una organización de consolidación de la paz, Lakou Lapè, en Puerto Príncipe, dijo que la Policía Nacional de Haití no tenía capacidad para derrotar a las bandas, y coincidió en que la misión keniana había esperado demasiado para empezar a actuar con firmeza.

"Estoy muy preocupado", dijo Mars. "No podemos salir de la ciudad por tierra ni por aire. Ahora mismo estamos en una prisión al aire libre".

Con los vuelos cancelados en un futuro próximo, las organizaciones sin fines de lucro que prestan asistencia sanitaria y alimentos a millones de haitianos temen que la crisis de seguridad estalle en una emergencia alimentaria y sanitaria.

Con 700.000 personas obligadas a abandonar sus hogares por la violencia en los últimos años, Naciones Unidas ya ha advertido de la existencia de focos de condiciones "similares a la hambruna".

Tras el ataque del lunes contra su personal y sus pacientes, Christophe Garnier, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en Haití, dijo que la organización estaba evaluando seriamente sus operaciones.

"Todo el mundo tiene miedo", dijo Garnier. "Si todos los países extranjeros, como el mío o el tuyo, decidieran prestar el apoyo adecuado, la estabilidad podría funcionar. Esto dependerá de la política internacional".

David C. Adams y André Paultre colaboró con reportería.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región. Más de Frances Robles.

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