Fernando Aramburu ha expresado su preocupación por la falta de conocimiento entre los jóvenes sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, afirmando que muchos “no tienen ni idea de quién era”. Esta afirmación se enmarca en el contexto de su más reciente obra, ‘Maite’, según informó Europa Press. La novela, editada por Tusquets, se centra en el secuestro y muerte en 1997 del concejal del Partido Popular, víctima de la organización armada ETA, y pretende contribuir a que nuevas generaciones conozcan los hechos que marcaron la historia reciente en España.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Aramburu compartió su expectativa de que el libro logre reactivar la conversación pública sobre aquel episodio. Relató que encuestas realizadas entre adolescentes en distintas regiones, incluyendo País Vasco, han evidenciado el desconocimiento sobre la figura de Miguel Ángel Blanco. El autor sugirió que su novela podría servir, aunque sea modestamente, para devolver este nombre al espacio cultural y despertar inquietudes entre quienes ignoran lo que ocurrió en las mismas calles que hoy consideran seguras. “Quizá modestamente pueda contribuir a poner este nombre de nuevo por lo menos en las páginas de Cultura y a que algún chavalillo que no sabía nada se interese y sepa qué ocurría en las calles donde ahora él pasea tranquilamente y juega”, señaló Aramburu, citado por Europa Press.

Europa Press también reportó que, en la visión del escritor, mientras la sociedad vasca parece esquivar el debate sobre la violencia política del pasado, el Congreso de los Diputados muestra una dinámica diferente. Aramburu describió el parlamento como un lugar donde se intercambian reproches y descalificaciones relacionadas con hechos históricos, buscando rédito electoral. “La idea (de los políticos) es, naturalmente, que el votante después me favorezca. Entonces ahora doy una imagen negativa del otro, lo asocio con hechos históricos que son negativos, que fueron violentos y, de esa manera, lo desacredito”, sostuvo, ejemplificando con referencias a Bildu, Franco, la guerra civil, Venezuela y episodios como la Dana.

El escritor dedicó parte de su intervención a criticar la presencia de una diputada en las listas de Bildu que fue condenada anteriormente por apología del terrorismo. Aramburu afirmó que actos como estos dificultan que se deje atrás el recuerdo de las acciones de ETA. “Su coordinador general también estuvo en la cárcel. Y tienen en las listas gente que ha estado en ETA. Ellos mismos (Bildu) se exponen a que se les recuerde en algunas actuaciones. Y si hubiera un gesto verdaderamente humano y claro de reconocimiento o de petición de perdón para darle a toda esta puñetera y cruenta historia un cierre ético, no estaríamos como están las víctimas. Estarían ahí, pues entristecidas y abandonadas”.

La novela ‘Maite’, como señaló su autor en la presentación reportada por Europa Press, relata la historia desde una perspectiva íntima. Se trata de una narración enfocada en una familia vasca: dos hermanas y una madre que, durante los cuatro días del secuestro y posterior asesinato de Blanco, experimentan el silencio y la dificultad para expresar pensamientos y sentimientos frente a la tragedia. Aramburu enfatizó que el libro pone en primer plano las vivencias y el impacto emocional en las mujeres cercanas al caso.

El autor de ‘Patria’ abordó, además, las críticas que ha recibido desde sectores independentistas acerca del foco de su obra. Narró que le han reprochado no abordar en profundidad la violencia sufrida por personas afines al independentismo, algunas de las cuales fueron detenidas, maltratadas o asesinadas, además de los episodios perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Aramburu subrayó que su intención pasa por analizar la realidad vasca de una forma ecuánime: “Voy a mirar la realidad de mi país natal con dos ojos, no con uno”, puntualizó, aunque también lamentó la tendencia a politizar cualquier discurso e insistió en que el debate ético y estético queda desplazado por una confrontación política permanente.

Al analizar la situación actual, Aramburu describió la persistencia de la violencia en el mundo, argumentando que su carácter no ha cambiado con el tiempo, aunque ahora resulta más visible por los avances tecnológicos en armamento y la desaparición de los campos de batalla tradicionales. “Lo novedoso son los avances tecnológicos en materia de armas y la definitiva desaparición del campo de batalla donde iban los soldados a matarse”, dijo el escritor, según indicó Europa Press.

El panorama europeo también formó parte de las reflexiones del autor. En sus palabras, Europa se encuentra en un estado de debilidad dentro del contexto internacional, caracterizada por un clima pacífico, institucional y burocrático, que, a su juicio, ha modificado la posición del continente en el tablero de la geopolítica global.

La publicación de ‘Maite’ representa un intento deliberado de Aramburu por invitar a las nuevas generaciones a recoger el testigo de la memoria colectiva, particularmente al poner en foco el caso de Blanco, asesinado por ETA. Según consignó Europa Press, el escritor desea contribuir a que los jóvenes interroguen y conozcan el pasado que definió la convivencia en España, al tiempo que pone sobre la mesa la complejidad que entraña el debate público sobre las heridas abiertas por el terrorismo y la violencia de Estado.

Las demandas de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, centraron el debate parlamentario en la persistencia del secretismo en torno a documentos sobre episodios controvertidos de las décadas pasadas en España. Aizpurua destacó que, aunque el Ejecutivo ha liberado recientes expedientes del intento de golpe de Estado del 23F de 1981, otros archivos que se remontan a sucesos como la represión policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, las cargas en los Sanfermines de 1978, la muerte bajo tortura de Mikel Zabalza en 1985, así como las actividades del Batallón Vasco Español y el GAL, permanecen protegidos por la actual legislación. El medio El País detalló que la oposición considera insuficiente la apertura parcial y exige la desclasificación total, reclamando más avances en materia de transparencia institucional.

En medio de la presión ejercida desde la oposición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo en la sesión de control en el Congreso que es necesario reformar en este semestre la Ley de Secretos vigente desde 1968. Según publicó El País, Sánchez exhortó a las formaciones políticas a colaborar para actualizar el marco legal, elevándolo, en sus palabras, “al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales”. No obstante, el presidente evitó concretar si accederá a desclasificar documentos anteriores incluso al fallido golpe de Estado de 1981. De acuerdo con lo reportado por El País, Sánchez centró su intervención en la necesidad de culminar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Información Clasificada, una iniciativa aprobada por el Gobierno en julio del año anterior pero actualmente bloqueada en el Congreso ante la falta de mayorías suficientes.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Presidencia, según detalló El País, prevé derogar la normativa preconstitucional de 1968, estableciendo criterios más precisos, plazos y procedimientos de revisión para el acceso y la desprotección de documentos considerados secretos oficiales. Para el Ejecutivo, la propuesta busca dotar de mayor rigor y claridad las reglas para gestionar la información sensible, siguiendo el ejemplo de las legislaciones democráticas más recientes en Europa. Sin embargo, grupos como EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco han reiterado sus reproches, señalando que cualquier reforma debe evitar la prolongación injustificada de los períodos de secreto, que en el nuevo texto podrían extenderse hasta 60 años.

Durante el debate parlamentario, la portavoz de EH Bildu sostuvo que la apertura de los papeles del 23F exhibe que la voluntad política del Consejo de Ministros puede remover restricciones sobre documentación relevante, sin depender necesariamente de una reforma legislativa. En palabras dirigidas al presidente, recogidas por El País, Aizpurua argumentó: “Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad”. De acuerdo con El País, la portavoz insistió en que los secretos de Estado todavía pesan sobre episodios que marcaron la Transición y los primeros años de la democracia, lo que dificulta el acceso a la verdad para los investigadores, víctimas y familiares.

El presidente Sánchez, por su parte, subrayó que el Ejecutivo celebra la desclasificación de documentos del 23F, valorando la medida como un “gran día para la democracia”. Según afirmó el mandatario y consignó El País, esta decisión responde a una “deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía”. Sin embargo, Sánchez no precisó si la política de transparencia adoptada en el caso concreto del 23F se extenderá de inmediato a otros sucesos cuyos expedientes siguen bajo secreto estatal.

De acuerdo al medio, el actual bloqueo del proyecto de ley en el Congreso se explica por la falta de acuerdos suficientes para aprobar modificaciones profundas respecto a la clasificación y el acceso a información reservada. Tanto los partidos nacionalistas como varios grupos de la oposición insisten en eliminar toda continuidad legal con prácticas de opacidad que consideran provenientes del franquismo, reclamando condiciones claras para la retirada de restricciones a la información sobre hechos sensibles del pasado democrático y de la Transición.

El debate sobre el acceso a archivos históricos y de seguridad tiene lugar en un contexto de demandas crecientes de la ciudadanía y de los colectivos de víctimas por conocer el contenido de documentos todavía protegidos por la norma de 1968. El diario El País agregó que la reforma legislativa, de concretarse en el actual periodo de sesiones que concluye en junio, podría modificar los parámetros sobre los cuales se decide qué información se considera secreta y durante cuánto tiempo lo sigue siendo, en línea con las prácticas de otros estados europeos. Varias organizaciones sociales también han hecho pública su postura en favor de la visibilidad y el acceso a la documentación para fortalecer los principios democráticos de rendición de cuentas y memoria histórica.

Paralelamente, los argumentos de los grupos que rechazan la actual propuesta gubernamental se centran en la posibilidad de que una nueva ley mantenga la opacidad sobre determinados hechos, prolongando la ausencia de información pública varias décadas más. Estos partidos destacan que una reforma que resultara insuficiente supondría una oportunidad perdida para democratizar la gestión de los secretos oficiales y saldar cuentas con episodios aún por esclarecer, según viene recogiendo El País. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene su defensa del texto como una herramienta necesaria para acabar con una normativa obsoleta, aunque sin confirmar cambios inmediatos en su política de desclasificación más allá del marco legislativo en discusión.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, aludió a los próximos 50 años de los sucesos de Vitoria como una oportunidad para revisar otros episodios cuya información oficial continúa catalogada como secreta. Según publicó Europa Press, además de señalar el caso de los cinco sindicalistas fallecidos en el marco de la intervención policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, la representante de Bildu recalcó la necesidad de desclasificar datos relativos a la represión en los Sanfermines de 1978, al caso de Mikel Zabalza —quien perdió la vida bajo tortura en 1985— y a los crímenes cometidos por los GAL en tiempos del Gobierno de Felipe González. Este señalamiento se produce tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien informó que el Ejecutivo prevé desclasificar este martes la totalidad de la documentación referente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del suceso.

Tal como reportó Europa Press, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) cuestionaron que el Ejecutivo sólo aproveche fechas simbólicas como el aniversario del 23F para abrir expedientes reservados, instando al presidente Sánchez a que la memoria histórica se aborde de modo exhaustivo. Ambos grupos insistieron en que existen numerosos documentos oficiales —anteriores a 1981— cuya confidencialidad no se ha levantado, pese al interés social e institucional en esclarecer aquellos hechos.

El medio Europa Press detalló que el PNV lleva más de diez años promoviendo una reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, norma que actualmente regula el acceso y reserva a la documentación sensible del Estado. Esta formación ha presentado hasta cinco iniciativas legislativas en cada legislatura para modificar la ley, sosteniendo que la reserva documental no puede convertirse en obstáculo para la memoria democráctica. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, afirmó a través de la red social X: "Hagamos memoria de verdad. Con todo". En esa línea, la dirigente nacionalista requirió al Gobierno la desclasificación de los expedientes relativos a los sucesos de Vitoria y al caso Zabalza, ampliando el enfoque del ejercicio de memoria a todos los expedientes históricos con implicaciones relevantes.

Fuentes del PNV indicaron a Europa Press que, cuando la formación nacionalista ha reclamado al PSOE una actualización de la ley vigente desde 1968, la justificación oficial ha sido la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes. No obstante, los nacionalistas advirtieron que la decisión del Gobierno de desclasificar los documentos del 23F demuestra que un Ejecutivo con voluntad política puede actuar, aprobando en el Consejo de Ministros la apertura de archivos sin esperar una reforma legal integral.

Europa Press consignó que, de acuerdo con el planteamiento del PNV, el Ejecutivo central podría comenzar por levantar la reserva sobre expedientes previos a 1981 mientras busca o no los consensos necesarios para renovar el marco normativo del secreto oficial. La formación subrayó que existe información relevante sobre numerosos acontecimientos anteriores cuya desclasificación sigue pendiente y que la negativa a acceder a esos datos perpetúa la falta de esclarecimiento en casos como el de Vitoria, los GAL o la muerte de Zabalza.

Por su parte, Aizpurua, en declaraciones recogidas por Europa Press, consideró positiva la medida anunciada sobre el 23F, pero insistió en que esa decisión debería facilitar el acceso a verdad y justicia en otros episodios que continúan sin aclarar. “La desclasificación de los documentos del 23F es una buena noticia que debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave y que la sociedad vasca reclama y merece conocer”, afirmó la portavoz de Bildu.

El proyecto de ley que elevaría de forma definitiva el periodo máximo de reserva documental a 45 años fue presentado por el Ministerio de la Presidencia, pero su tramitación permanece paralizada en el Congreso, según informó Europa Press. La propuesta del Gobierno coincide con el límite temporal para levantar el secreto decretado en dictamen gubernamental tras el golpe de Estado de 1981, hecho que encuadra la decisión presidencial en el calendario, pero no resuelve la situación de archivos cuyo candado legal data de años anteriores.

Tanto Bildu como el PNV remitieron públicamente el mensaje de que la memoria histórica abarca más etapas que la del 23F y que la apertura de otros históricos reservados permitiría a la ciudadanía conocer en profundidad episodios que hoy se mantienen sin esclarecer ante la ausencia de acceso oficial a la documentación completa. En las últimas legislaturas, ambas formaciones han reiterado la reclamación de revisión normativa y han puesto como ejemplo la prolongación del secreto sobre los sucesos de Vitoria, que está cerca de cumplir medio siglo sin que hayan salido a la luz todas las pruebas oficiales sobre lo acaecido.

Europa Press refirió que, según los nacionalistas vascos, si el Gobierno central no dispone de mayoría política para renovar la legislación sobre secretos oficiales, podría avanzar de forma sectorial en la apertura de documentos históricos aprovechando la potestad del Consejo de Ministros. Esta estrategia permitiría al menos desclasificar expedientes centrales para la memoria vasca en tanto se debate una reforma integral de la ley en el Parlamento.

“Y a partir de ahí, todos los demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo”. Este fue el mensaje publicado en la red social X por la portavoz nacionalista Maribel Vaquero, quien expresó la postura del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y que sirve de punto de partida para la demanda realizada por esta formación y por EH Bildu al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informó Europa Press, ambas formaciones han reclamado al Ejecutivo la desclasificación de archivos oficiales previos al golpe de Estado de 1981, subrayando que existen documentos más antiguos que aún permanecen ocultos y que contienen información fundamental sobre episodios controvertidos de la historia reciente de España.

El anuncio realizado por Sánchez de desclasificar la documentación relativa al 23F coincide con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981. Según detalló Europa Press, este plazo se ajusta al límite máximo de reserva que prevé el proyecto de Ley de Secretos Oficiales presentado por el Ministerio de la Presidencia, una iniciativa actualmente paralizada en el Congreso de los Diputados. No obstante, tanto el PNV como Bildu han manifestado que la apertura de estos archivos referentes a la intentona golpista debería extenderse a otros sucesos anteriores y posteriores que siguen bajo secreto oficial.

En este contexto, el PNV, que ha venido solicitando de forma reiterada la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 e impulsando diferentes proposiciones legislativas en cada periodo parlamentario, insiste en la necesidad de una revisión que permita acceder a todos los documentos históricos restringidos. Según publicó Europa Press, la formación vasca ha puesto el foco en la represión ocurrida en Vitoria el 3 de marzo de 1976, un operativo policial que provocó la muerte de cinco sindicalistas. Los representantes del partido sostienen que la verdad de estos hechos permanece inaccesible, pues los archivos relacionados con el operativo siguen siendo confidenciales a casi medio siglo de los sucesos.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, consideró que la decisión del Gobierno de levantar el secreto sobre el 23F representa “una buena noticia”, pero matizó que la medida debería ser solo el principio de un proceso más amplio enfocado en esclarecer otros casos de especial gravedad que continúan sometidos a reserva oficial. Según reportó Europa Press, Aizpurua mencionó específicamente los sucesos de Vitoria, los hechos violentos ocurridos durante los sanfermines de 1978, el caso de Mikel Zabalza, que falleció bajo custodia policial en 1985, así como los crímenes atribuidos a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) durante el mandato de Felipe González.

La dirigente de Bildu subrayó, según consignó Europa Press, que “este paso demuestra que con voluntad política es posible levantar los secretos”, instando a que la apertura de los archivos del 23F facilite el acceso a la información relacionada con otros acontecimientos aún oscuros en la historia reciente del país.

Además, ambas formaciones enfatizaron la importancia de que la memoria no permanezca “bajo llave” y reclamaron acciones concretas y coherentes con el objetivo de garantizar el derecho ciudadano a la verdad. El medio Europa Press señaló que, tanto el PNV como Bildu, argumentan que sólo un proceso integral de transparencia permitirá esclarecer tanto la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en distintos periodos como las decisiones gubernamentales relacionadas con episodios de represión y violencia institucional.

Entre los casos cuya documentación sigue reservada se encuentran los relacionados con la represión de Vitoria, que el próximo año cumplirá 50 años, los hechos ocurridos durante las fiestas de los sanfermines en 1978, el fallecimiento de Zabalza y los crímenes atribuidos a los GAL. Europa Press detalla que, desde la perspectiva de los partidos nacionalistas vascos, la desclasificación efectiva de estos expedientes resultaría esencial para avanzar en el reconocimiento y reparación de las víctimas y en el esclarecimiento histórico de los hechos.

Para los defensores de la apertura de estos archivos, la reforma de la ley vigente de secretos oficiales supondría una herramienta determinante para superar el manto de silencio y opacidad que consideran que, hasta ahora, ha impedido la revisión objetiva de episodios clave ocurridos tanto durante la Transición española como a lo largo de la democracia.

La demanda de Bildu y el PNV se produce justo cuando el Ejecutivo ha anunciado su intención de desclasificar la documentación relacionada con el golpe de 1981, lo que ha sido interpretado, según ha recogido Europa Press, como una oportunidad para abordar la gestión de la memoria histórica de manera más exhaustiva. Las formaciones nacionalistas reiteran que este paso debe verse como el inicio de un proceso continuado que abarque todos los documentos públicos sujetos a reserva y que puedan arrojar luz sobre actos controvertidos de la reciente historia política y social española.

De acuerdo a lo que ha publicado Europa Press, los portavoces vascos subrayan que la transparencia en este tipo de archivos repercute no sólo sobre el derecho a la información de la ciudadanía, sino sobre la resignificación de la memoria histórica colectiva, la valoración y reconocimiento de quienes resultaron afectados por las actuaciones policiales y la identificación de responsabilidades tanto a nivel individual como institucional. Las reivindicaciones se extienden así a una reforma legislativa profunda que aborde todas las limitaciones existentes respecto al libre acceso a los archivos oficiales relacionados con episodios de violencia política o institucional en España.