Luego de que Gabriela Nahir Fernández (34) fuera acusada de presunto abuso sexual en contra de siete detenidas en el penal de Bouwer, la Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa. Se trata de la presidiaria que cambió de género y en 2018 pidió el traslado hacia el pabellón de mujeres. Desde entonces, habría violado a 7 mujeres.

Según la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, la detenida enfrentará un juicio como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

Entre los cargos formulados en contra de la acusada, el fiscal remarcó que, en uno de los episodios, fue considerada como “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas. Además, sumaron una agravante por “el uso de arma en grado de tentativa”.

En la misma resolución, Ávila Echenique imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”. De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, la coautoría sería respecto de una sola víctima.

En línea con el expediente, su caso comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel, y un año después recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”.

En noviembre de 2018, Fernández manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de su identidad de género y su solicitud de traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.

A partir de ese momento, la Justicia la reconoció oficialmente como Gabriela Nahir Fernández. Mientras cumplía su condena, en abril de 2019, se le imputó un nuevo delito en perjuicio de una mujer, que incluyó “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas”. Poco después, obtuvo la libertad condicional.

Hacia finales de 2019, Fernández enfrentó una nueva denuncia, aunque el caso fue archivado. Una situación similar se repitió a finales de 2022, cuando una ex pareja la acusó, pero la causa también fue desestimada. Ya en libertad, en 2023, volvió a ser denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”. A estas acusaciones se sumó otra por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que llevó a la Justicia a ordenar su detención y, en 2024, dictarle prisión preventiva.

Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se conoció el abuso cometido contra una compañera de celda. Tras acumular sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal “con el objetivo de resguardar a la víctima”.

Las tres acusadas permanecen detenidas y, en el caso de Fernández, se encuentra en un régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer. La medida se tomó luego de que se diera a conocer el caso a nivel nacional, que fue repudiado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

“Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel, es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”, ejemplificó Bullrich con el caso Fernández.

A partir de este antecedente, la provincia de Córdoba evalúa sumarse a la resolución nacional que restringe los traslados de personas privadas de libertad a cárceles que correspondan a una autopercepción de género manifestada después de la condena. De esta manera, la persona debería cumplir condena en el penal correspondiente al género que tenía al cometer los hechos.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba imputó este miércoles a Gabriela Fernández, también conocida como “Gaby”, por el delito de abuso sexual contra otras internas del penal de mujeres de Bouwer. El caso tomó relevancia y se volvió polémico tiempo atrás, al conocerse que la acusada había solicitado el traslado a la cárcel de mujeres por autopercibirse de dicho género, habiendo ingresado bajo el sexo masculino. Estando allí, abusó de una interna y la dejó embarazada.

Según informó el diario La Voz, el Ministerio Público Fiscal, en el último tiempo “Gaby” acumuló una serie de acusaciones en su contra por situaciones de abuso. Además, señaló que la identidad de género en este caso está siendo evaluada en el marco de la causa.

Gabriela ingresó a prisión por primera vez en octubre de 2016, cuando aún se identificaba como Gabriel. Un año después, la Justicia dictó su condena a tres años de cárcel por los delitos de lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Pero en noviembre de 2018, el recluso dijo autopercibirse mujer, cambió su identidad de género y pidió ser trasladada al sector femenino del penal de Bouwer. Además, rechazó las condenas por violencia de género por no ser compatibles con el género al que actualmente estaba arraigada.

Desde ese entonces fue reconocida como Gabriela Nahir Fernández. Mientras cumplía la condena, en abril de 2019, se le imputó otro delito en perjuicio de una mujer, que incluyó privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas; aunque poco después, obtuvo la libertad condicional.

Hacia fines de ese mismo año, una nueva denuncia cayó en su contra; sin embargo, el caso fue archivado, al igual que otra acusación similar hecha por una ex pareja a finales de 2022. Un año después, ya en libertad, volvió a ser denunciada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas. Al poco tiempo se sumó una nueva acusación por violación de domicilio, coacción y desobediencia, lo que llevó a la Justicia a ordenar su detención. Finalmente, en 2024 le dictaron prisión preventiva.

En ese momento salió a la luz el abuso cometido contra una compañera con quien estaba alojada en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3. Tras acumular sanciones disciplinarias, las autoridades dispusieron su traslado a otro penal con el objetivo de resguardar a la víctima.

Este episodio provocó una rápida respuesta por parte del Gobierno y desató varias repercusiones, como fue el caso de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien señaló en sus redes: “No podemos dejar que nos engañen para repetir el delito que cometieron en la calle”.

El tema escaló cuando se conoció que "Guille" Cantero —el líder de la banda de Los Monos condenado por narcotráfico y otros delitos— había presentado 10 habeas corpus, entre ellos uno en el que se declaraba bisexual y poliamoroso para recibir la visita de dos supuestos novios y una novia. La situación generó también la reacción del presidente, Javier Milei, que en ese entonces prohibió este tipo de solicitudes. “Sólo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”, afirmaba el jefe de Estado durante un discurso.

También aseguró la existencia de otros casos como este, donde los convictos argumentan autopercibirse del género femenino “ya sea para aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”.

En las últimas horas, el Gobierno oficializó la eliminación de traspasos de cárcel para los reclusos que cambien de género. “La administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”, detalla el Decreto 61/2025 publicado en el Boletín Oficial.

En el cuerpo de la publicación se aclaró que la autoridad competente de cada establecimiento penitenciario “deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743”.