El Ministerio Público de Panamá se encuentra en la etapa decisiva del caso contra José Gabriel “Gaby” Carrizo, exvicepresidente de la República (2019-2024) y excandidato presidencial.

El proceso, que investiga el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado, avanza tras el cierre formal de la investigación, lo que obliga a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un escrito de acusación para su revisión judicial.

La defensa de Carrizo, representada por el abogado Víctor Orobio, confirmó a TVN que había recibido la notificación oficial sobre el cierre de la investigación.

“Ya nos notificaron del cierre de la investigación. Estamos esperando la presentación del escrito de acusación y de la fecha de la audiencia intermedia”, detalló Orobio.

El cierre de la investigación responde a la expiración del plazo legal para las pesquisas, después de que los tribunales rechazaran la solicitud fiscal de extender el periodo bajo la figura de “investigación compleja”.

Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción debe ahora solicitar formalmente la audiencia y presentar el escrito de acusación, en el que se expondrán los hechos, la calificación jurídica y las pruebas reunidas.

Posteriormente, la defensa tendrá la oportunidad de contestar e introducir sus propias pruebas para la audiencia intermedia.

La causa se originó tras un informe de la Contraloría General de la República, que identificó un supuesto incremento patrimonial injustificado de Carrizo por $1,9 millones durante su gestión pública.

Como consecuencia, el contralor Anel “Bolo” Flores dispuso en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias pertenecientes al exvicepresidente hasta por $1,3 millones.

El secuestro de bienes, anunciado públicamente el 6 de noviembre, se implementó, según se dijo, como medida cautelar para asegurar fondos en caso de una eventual condena y resarcimiento al Estado panameño.

La decisión de la Contraloría, bajo la gestión de Flores, intensificó la presión sobre Carrizo, quien ya era objeto de dos investigaciones distintas por presuntas irregularidades durante su periodo como vicepresidente entre 2019 y 2024.

La intervención de la Contraloría en este caso marcó la segunda ocasión en la que se aplica una medida similar contra un miembro de alto perfil del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Esta reiteración provocó en su momento especulaciones y aumentó la controversia pública sobre la transparencia y la gestión de los recursos estatales.

El presunto enriquecimiento injustificado constituye una infracción que afecta de manera directa la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Las autoridades buscan determinar si Carrizo obtuvo ventajas económicas ilícitas aprovechando su cargo, un aspecto central para la integridad de la función pública.

La medida de secuestro de bienes tiene como finalidad principal garantizar la posibilidad de reparación al Estado en caso de condena. Los bienes afectados permanecerán bajo custodia judicial hasta que se resuelva el caso en las instancias correspondientes.

El caso de Carrizo se suma a una cadena de escándalos que han sacudido el escenario político panameño, profundizando el malestar social y la desconfianza en la administración pública.

La lucha contra la corrupción se impone como un reto permanente para Panamá, que requiere acciones decididas de todos los sectores para fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad.

El desenlace del proceso judicial contra el exvicepresidente será determinante para definir el alcance real de la política anticorrupción en el país y marcará un precedente sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en la gestión de los recursos públicos.

El testimonio del hijo menor de Juana Rivas, programado en un nuevo proceso judicial en Italia, se enmarca dentro de una disputa legal prolongada por la custodia y el contacto familiar tras su regreso al país alpino con su padre, Francesco Arcuri, luego del periodo navideño pasado. Según publicó Europa Press, la intervención del menor responde a la denuncia que el equipo jurídico de su madre presentó hace unos meses. En ella se acusa a Arcuri de impedir cualquier comunicación tanto entre el menor y Juana Rivas como con su hermano mayor desde el 25 de julio, fecha a partir de la cual el niño se encuentra residiendo en Italia.

De acuerdo con Europa Press, este procedimiento es independiente del juicio que actualmente enfrenta Francesco Arcuri en Cagliari, donde es investigado por supuestos malos tratos físicos y psicológicos hacia sus hijos. Durante la reciente sesión judicial, celebrada el 26 de marzo, se presentaron como testigos dos psicólogas y una enfermera propuestas por la Fiscalía. Una de las psicólogas afirmó que el hijo menor, Daniel, le proporcionó relatos contradictorios sobre los presuntos malos tratos, retractándose en algún momento de las acusaciones contra su progenitor. Aunque la profesional no pudo determinar la veracidad de los hechos narrados por el menor, precisó que algunos elementos citados escapan a su memoria actual, según reportó Europa Press citando las declaraciones registradas en el tribunal.

La segunda psicóloga compareciente siguió el caso del hijo mayor, Gabriel, durante el periodo en el que residía en Italia siguiendo indicaciones del juzgado. Europa Press detalló que la especialista otorgó "total credibilidad" a los episodios relatados por Gabriel sobre presunto maltrato físico y psicológico sufridos, según declaró ante la autoridad judicial. Entre los episodios descritos, Gabriel mencionó agresiones directas recibidas, tales como golpes en zonas vulnerables de la cabeza contra estructuras del hogar y amenazas, sumado a casos en los que su padre le sujetó bruscamente por el cuello. En su testimonio ante el tribunal, reproducido por Europa Press, Gabriel sostuvo: "Situaciones en las que, al ser una persona pequeña y vulnerable, crees que tu vida puede acabar ahí".

Los relatos también incluyeron episodios referidos a su hermano menor, Daniel, quien habría sido arrastrado por las escaleras, según el mayor de los hermanos, recibiendo golpes que le dejaban llorando indefenso en el suelo. Además, una enfermera también testificó ante el tribunal sobre incidentes en el hospital de Cagliari. Europa Press relató que la profesional indicó haber solicitado la intervención del personal de seguridad del hospital tras sentirse amenazada por Arcuri durante un ingreso de los niños debido a la actitud del italiano.

La comparecencia del hijo menor de Juana Rivas, anunciada para este jueves, ha suscitado solicitudes de medidas de protección por parte del entorno de la madre, quien pide que el menor disponga de garantías para declarar sin temor. El entorno jurídico de Rivas lamenta que el niño no haya podido comunicarse con ningún miembro de su familia desde su retorno a Italia y subraya la necesidad de salvaguardar su bienestar ante el tribunal.

Según agregó Europa Press, la causa abierta en Italia respecto a los acusaciones de maltrato físico y psicológico contra Arcuri continúa de forma paralela a la investigación que se sigue en España. En ese país, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada mantiene activa una causa penal contra Juana Rivas, quien fue denunciada por presunta sustracción de menores después de que el hijo pequeño no regresase a Italia en el plazo establecido tras las vacaciones navideñas. Europa Press especificó que Rivas prestó declaración por este asunto el 30 de octubre pasado, sin que a la fecha el juzgado haya decidido sobre la petición de archivo solicitada por su defensa.

Juana Rivas —oriunda de Maracena— había sido previamente condenada por un caso similar. Europa Press recordó que, en 2016, Rivas trasladó a sus dos hijos a España desde Italia sin el permiso del padre, alegando que escapaba de un contexto de violencia doméstica. Tras un mes en paradero desconocido en 2017, el Tribunal Supremo de España redujo su condena de cinco años a dos años y medio de prisión, sanción que luego fue objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno español en 2021, condicionado a que no reincidiera en el mismo tipo de delitos durante un periodo de cuatro años.

Madrid, 22 ene (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha dicho este miércoles que le parece "anecdótico" que Banco Sabadell regrese a Cataluña, de donde se marchó en 2017 en busca de seguridad jurídica ante la posibilidad de que el Parlament llevara a cabo una declaración unilateral de independencia.

En los pasillos del Congreso, Rufián ha señalado que este asunto "forma parte de una campaña en la que participó la Casa Real" y que "ahora con (Salvador) Illa en el Gobierno parece que conviene vender esa supuesta normalidad".

El consejo de administración del Banco Sabadell tiene previsto reunirse hoy para ejecutar el cambio, con lo que el Sabadell se convertirá en la primera gran cotizada que regresa a Cataluña tras la salida de empresas que se produjo durante el procés independentista.

También en declaraciones en el Congreso, el diputado del PSC José Federico ha replicado a Rufián que "es evidente que en Cataluña se esta normalizando la política", que "hay estabilidad y un Gobierno responsable" y que la política de Salvador Illa "está dando resultados, porque da garantías de estabilidad y de hacer bien las cosas".

A su juicio, es "bueno para todos" la vuelta de Sabadell, como también "de otras empresas que han vuelto a Cataluña".

Además, el diputado del PSC ha apuntado que otra muestra de "normalidad política" en Cataluña son los "entendimientos entre Feijoo y Junts", algo que ha animado a ver "con toda naturalidad".

"Que Feijoo esté dispuesto a llegar a acuerdos con Junts demuestra que la normalidad política ha llegado a Cataluña y eso es una victoria de Salvador Illa como presidente de la Generalitat", ha defendido. EFE