Lo que comenzó como un video y fotos circulando en redes sociales terminó por convertirse en uno de los temas más comentados. Las imágenes, captadas desde el Zócalo capitalino, mostraban a una mujer recostada tomando el sol en uno de los balcones de Palacio Nacional, el recinto que alberga la sede del Ejecutivo federal y que forma parte del patrimonio histórico de México.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse hasta que, ante nuevas grabaciones desde varios ángulos y la presión pública, reconoció la veracidad de las imágenes y aclaró que no existe un reglamento que prohíba este tipo de conductas en el recinto. InfodemiaMx, que inicialmente había descartado las imágenes como falsas, terminó por rectificar y ofrecer una disculpa pública cuando la información oficial confirmó que el episodio sí ocurrió.

La identidad: una directora general de Hacienda

Según publicaciones difundidas por el usuario Vampipe y retomadas por diversos medios, la mujer captada en el balcón sería Florencia Melany Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adscrita al área del subsecretario Edgar Amador. Franco Fernández es también, de acuerdo con las mismas fuentes, esposa del exsubsecretario Gabriel Yorio.

Es importante señalar que, hasta el momento de publicación de esta nota, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente su identidad.

Lo que revela la Nómina Transparente

Con la presunta identidad circulando en redes, la atención viró hacia otro dato: ¿Cuánto gana esta funcionaria? La respuesta está en la reciente investigación de Infobae, en la plataforma: Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, que publica el sueldo bruto mensual más reciente de las personas servidoras públicas activas.

Una búsqueda en dicho portal arroja los siguientes datos para Florencia Melany Franco Fernández:

• Institución: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Puesto: Eventual Director General
• Sueldo bruto mensual: $150,822.00
• Sueldo neto estimado: $104,821.29

Es decir, la funcionaria recibe una remuneración neta de poco más de 104 mil pesos al mes, cifra que, una vez hecha pública, no tardó en generar reacciones en redes sociales y alimentar el debate ya encendido por el episodio del balcón.

El contexto salarial: ¿es mucho o poco para el cargo?

El puesto de directora general en la administración pública federal corresponde a uno de los niveles más altos dentro de la estructura del Servicio Profesional de Carrera. De acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, cuyo sueldo neto ronda los 172 mil pesos mensuales.

En ese contexto, el salario de Franco Fernández se ubica dentro del rango esperado para el nivel de directora general eventual en una secretaría de Estado. Sin embargo, la combinación entre el cargo, el sueldo y el video viral fue suficiente para que el nombre de la funcionaria dominara la

Tras un accidente vehicular que dejó inutilizado el coche oficial asignado, el funcionario designado como conductor bajo sospecha de adjudicación irregular se vio inmerso en una denuncia por presunta manipulación del proceso de selección, según informó la Cadena Ser, citando fuentes confirmadas posteriormente por Europa Press. El caso gira en torno al jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, quien debe comparecer como investigado el 24 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, al enfrentar acusaciones relativas a un presunto delito leve de prevaricación administrativa en el contexto de la convocatoria para el puesto de chófer.

De acuerdo con lo reportado por la Cadena Ser y Europa Press, las imputaciones iniciales de la querella incluían tráfico de influencias y prevaricación, aunque la investigación judicial solo ha mantenido, por el momento, la sospecha sobre una supuesta infracción administrativa. La presencia del jefe de Gabinete ante la jueza surge tras una serie de denuncias, promovidas por un funcionario del cuerpo de conductores del Govern, por presuntas irregularidades en la adjudicación del puesto, que finalmente recayó en un familiar de aquel alto cargo. Las fuentes gubernamentales citadas por los medios refrendaron la legalidad del proceso, asegurando que se siguió la vía de la libre designación regulada y argumentaron que todos los procedimientos internos fueron respetados, como ya afirmara el portavoz oficial en diciembre, al anunciar la interposición de la denuncia.

El Ejecutivo autonómico, según consignó Europa Press, aportó a la autoridad judicial toda la documentación correspondiente al expediente de selección, asegurando su disposición a clarificar cualquier aspecto y subrayando su confianza en la corrección administrativa del proceso. Sostienen que el jefe de Gabinete acudirá a declarar a fin de colaborar plenamente con la instrucción.

De acuerdo con los datos recogidos en la denuncia, el denunciante –funcionario con antigüedad en el Govern desde el año 2008 y chófer de carrera desde 2003– acusa al jefe de Gabinete y a otros implicados de alterar las bases del concurso público una vez iniciado el proceso. El funcionario relata que todo empezó en otoño de 2023, cuando se abrió una vacante tras la baja laboral de un compañero. En ese momento, esperaba que se promoviera a algún miembro de la plantilla habitual de conductores, dada su experiencia y la costumbre administrativa del Govern. No obstante, la publicación de las bases en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) estableció el concurso como una oferta genérica, lo que amplió el abanico de candidatos hasta más de doscientos, incluido el hijo de un primo del jefe de Gabinete, que finalmente recibió la designación a pesar de no haber encabezado las listas de méritos.

El funcionario denunciante sostiene, según detalló la Cadena Ser, que tras la valoración inicial de los candidatos, las bases del concurso fueron modificadas para imponer la obligación de presentar currículum vitae y habilitar que la decisión última recayera en la Secretaria General, abriendo la puerta a una designación discrecional. Pocos días después, el 21 de noviembre, se emitió una instrucción específica que fijaba los criterios para la selección de personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, lo que llevó al denunciante a calificar el proceso como manipulado en beneficio de un candidato concreto que no había superado el concurso de méritos. El escrito judicial plantea que esa modificación resultó arbitraria y carente del soporte legal propio de una plaza que, a su juicio, debía adjudicarse por concurso de méritos y no por designación libre.

Uno de los argumentos presentados en la querella destaca que el candidato seleccionado carecía de la experiencia y competencias necesarias, puesto en evidencia por el siniestro total que sufrió el vehículo poco después de asumir el puesto. Otro elemento de la denuncia relata las consecuencias laborales para el denunciante y otro compañero, quienes tras la designación controvertida fueron reasignados desde el área de la Presidencia a la Conselleria de Presidencia, interpretación que el funcionario vincula al deterioro de su salud mental, ya que afirma padecer un cuadro ansioso depresivo desde hace dos años a raíz de estos hechos.

La trayectoria profesional del denunciante aporta contexto adicional, según publicó Europa Press. El chófer comenzó su carrera tras aprobar las oposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1992, estableciéndose inicialmente en Ibiza y desplazándose posteriormente a Mallorca, donde consolidó su plaza como funcionario de carrera en el área de la Hacienda, antes de sumarse al equipo presidencial en 2008. Durante la última década, formó parte de un núcleo de cinco conductores, tres de ellos dedicados directamente al servicio de la presidencia y los otros dos asignados a incidencias u otras instituciones del Govern. A partir de 2013, pasó a servicio directo de los presidentes José Ramón Bauzá y Francina Armengol.

Mientras avanza la instrucción, el Govern mantiene su defensa pública respecto al procedimiento elegido para la cobertura del puesto, señalando que la libre designación responde a la normativa vigente y que el proceso cuenta con los respaldos documentales necesarios. Tal como ratificaron las fuentes del Ejecutivo a Europa Press, su objetivo consiste en facilitar la investigación judicial y aportar transparencia en cada una de las fases del concurso público cuestionado. El desarrollo del calendario procesal contempla la declaración del jefe de Gabinete el próximo 24 de marzo, fecha en la que deberá aportar su versión de los acontecimientos bajo la condición de investigado.

Las protestas a favor de Palestina, registradas en Bogotá el jueves 2 de octubre de 2025, provocaron daños severos en un CAI de la Policía, afectaciones a comercios de la zona, la suspensión de servicios de TransMilenio y motivaron una advertencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la violencia desatada durante la manifestación.

En ese contexto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció en su cuenta de X que “Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ayer en Bogotá, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, amigos del gobierno antiempresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’”.

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La denuncia de Briceño incluyó la presentación de la certificación periódica de actividades correspondiente a los contratistas por prestación de servicios, donde consta que Villalobos Forero mantiene un contrato vigente con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hasta el 31 de diciembre de este año, para prestar servicios en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

El concejal también reveló que el funcionario percibe más de $9.000.000 mensuales, y que en el informe de ejecución contractual se adjuntó una imagen que, según Briceño, “literalmente los colombianos le pagan por hacer activismo pro-Palestina”.

La Procuraduría General de la Nación desplegó el 3 de octubre de 2025, a las 2: 00 p. m., un equipo especial en las instalaciones del Dapre, tras las recientes denuncias que involucran a un funcionario del Gobierno Petro en la organización de protestas a favor de Palestina.

El detonante de esta intervención fue la escalada de una manifestación inicialmente pacífica por la situación en Gaza, que derivó en disturbios y episodios de violencia, con graves daños en el CAI de la Policía en la avenida Chile (calle 72) y afectaciones a propiedades privadas en el norte de Bogotá.

De acuerdo con información de Semana, los funcionarios de la Procuraduría buscan esclarecer el posible nexo entre la Presidencia y Juan Camilo Villalobos, señalado como uno de los convocantes del “hostigamiento” contra la Andi ocurrido horas antes.

Ahora el organismo se propone determinar la naturaleza de la relación entre Villalobos y la Presidencia de Gustavo Petro, así como establecer si existió alguna falta disciplinaria en la supuesta convocatoria de las movilizaciones pro-Palestina, tal como lo denunció el concejal del Centro Democrático.

Alcalde de Bogotá reclama al Gobierno claridad sobre vandalismo en marchas

La ausencia de una postura oficial del Gobierno nacional frente a los recientes episodios de violencia en las protestas de Bogotá generó inquietud en la administración local. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, señaló que, hasta el momento, no ha recibido respuesta del Ejecutivo central por estos hechos. “No he conocido ninguna respuesta”, afirmó, subrayando la falta de pronunciamiento institucional.

A su vez, explicó que la administración distrital se encuentra en la obligación de garantizar el derecho a la protesta, pero también debe intervenir cuando se presentan situaciones violentas. Detalló que, hasta la fecha, se han realizado 123 intervenciones con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que equivale a una acción aproximadamente cada cinco días.

El alcalde precisó que la instrucción a la fuerza pública solo se emite cuando los gestores de diálogo informan que se han agotado todas las instancias de mediación. “Ayer a las 16:40 dimos la instrucción a la Policía de actuar, y así se hizo con tanquetas”, relató a La FM.

Sobre los límites legales de la protesta, Galán recordó que la Corte Constitucional determina que estas movilizaciones pueden implicar alteraciones del orden público, aunque las autoridades deben actuar siempre dentro del marco legal. “No podemos llevar a la Policía a situaciones donde se les acuse de abuso de autoridad”.

De igual manera, el mandatario distrital insistió en la responsabilidad de quienes convocan las marchas de rechazar cualquier acto violento que se produzca durante su desarrollo. Según sus palabras, “si no los rechazan, generan una dinámica de connivencia con esos hechos de violencia”.

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como Comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme". EFE

Un funcionario del Municipio de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, fue denunciado por violencia de género. Luego de que la Policía de Neuquén emitiera un pedido de captura activo, el hombre se presentó ante las autoridades y fue notificado de las medidas cautelares que debe cumplir. Frente a esto, desde la administración local, informaron que fue separado del cargo.

Se trata de Carlos Humberto Fuentes, ahora ex secretario de Gobierno, Turismo y Patrimonio del Municipio. Según informó el medio local Diario de Río Negro, Fuentes enfrenta una causa penal por lesiones leves agravadas.

La Fiscalía, bajo la dirección de Rocío Rivero, notificó formalmente a Fuentes sobre la investigación y le solicitó que designe un abogado defensor. El hombre se presentó de manera espontánea en la Policía durante le fin de semana y ahora deberá cumplir medidas cautelares.

Se prevé que en los próximos días se convoque a una audiencia para la formulación de cargos, una vez que se completen las diligencias procesales pendientes.

En paralelo a la causa penal, un juzgado de familia dictó medidas cautelares que restringen los movimientos de Fuentes respecto a la presunta víctima.

Entre las disposiciones, se le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la persona denunciante, realizar cualquier acto de intimidación y acceder al domicilio familiar. Estas restricciones buscan garantizar la seguridad de la víctima mientras avanza la investigación judicial.

De igual forma, la Municipalidad, en su comunicado, enfatizó que la revocación de la designación de Fuentes no constituye un juicio sobre los hechos denunciados, sino una decisión administrativa orientada a preservar el funcionamiento institucional y permitir que el proceso judicial siga su curso sin interferencias.

La gestión municipal subrayó que la Justicia será la encargada de determinar las responsabilidades y que la medida adoptada responde a la necesidad de mantener la transparencia y la confianza en la administración pública local.

Detuvieron a un hombre en Córdoba por abusar de una menor: fue funcionario municipal y candidato a intendente en San Juan

La Policía de Córdoba detuvo en junio a un hombre, oriundo de Caucete, San Juan, por haber sido denunciado por abusar de una menor de 13 años en la localidad cordobesa de Canals. El detenido fue identificado como Daniel Olivares, un conocido hombre de la política en la provincia de San Juan que ocupó cargos públicos entre 2015 y 2019 en la ciudad de Caucete.

Olivares, conocido por su apodo “El Gringo”, es camionero, dueño de una empresa transportista y desembarcó en la política sanjuanina durante el mandato de Julián Gil, ex jefe comunal de Caucete. En su período, el hombre —que ahora está detenido en Río Cuarto— se desempeñó como secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad.

Durante sus años en la gestión pública ya había recibido graves denuncias por abuso sexual agravado, corrupción de menores y promoción de la prostitución infantil en su provincia.

En 2019 su carrera política se vio interrumpida tras ser detenido y trasladado al Penal de Chimbas, San Juan, por una de estas causas. Pero recuperó su libertad en diciembre de 2022, cuando se le venció el plazo de la prisión preventiva.

Pese a ese antecedente, al año siguiente volvió al ruedo político y pudo presentarse en 2023 como candidato a intendente de Caucete. Lo hizo por el partido Desarrollo y Unidad, que no alcanzó la cantidad de votos necesarios.

Olivares volvió a ser detenido a comienzo de junio y quedó a disposición de la justicia cordobesa. El caso fue tomado por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que ordenó rápidamente la captura. La investigación avanzó en pocas horas y el hombre fue arrestado en General Deheza.

Desde allí, las autoridades policiales procedieron a su traslado a la ciudad de Río Cuarto, donde permanece privado de su libertad.

La orden de captura se emitió luego de que se radicara la denuncia y de que las primeras averiguaciones lograran identificar al presunto agresor. Efectivos policiales realizaron el seguimiento del vehículo de carga que conducía el hombre y lograron interceptarlo en la localidad de General Deheza, mientras circulaba en ruta.

El operativo, desarrollado en cooperación entre distintas unidades policiales, culminó sin que el acusado opusiera resistencia, según comunicaron las fuentes de seguridad.

Tras su detención, la Fiscalía lo imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal, una figura penal prevista en el Código Penal y que contempla severas penas para quienes la cometen, especialmente cuando la víctima es menor de edad.

Mientras tanto, las autoridades informaron que avanzan con el proceso de recolección de pruebas para poder seguir con la instrucción del caso. Por esto, se tomarán declaraciones testimoniales, se analizará material digital y se espera el informe médico legal que confirme los hechos denunciados.

Varios funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han sido señalados por presuntos actos de corrupción en el manejo de devoluciones fiscales, una práctica que, de comprobarse, afecta directamente a contribuyentes y al erario. Uno de los casos más graves involucra a Justino Raúl Muñoz Téllez, actual Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del SAT en el estado de Querétaro.

De acuerdo con la columna En primera fila, del periodista Atzayaelh Torres, Muñoz Téllez enfrenta al menos dos denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR. Los señalamientos abarcan presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, extorsión y resoluciones arbitrarias que habrían afectado a contribuyentes, especialmente en trámites de devolución de saldos a favor.

Uno de los expedientes, identificado con el folio DC042400039936, señala que un trámite fiscal solo avanzó después de una reunión directa entre el contribuyente y el funcionario, lo que refuerza las sospechas de prácticas discrecionales. El documento también apunta a una serie de incumplimientos en los plazos legales, decisiones tomadas sin fundamentos jurídicos claros y presuntas presiones indebidas hacia los ciudadanos.

“Existen señalamientos de que su actuar se caracteriza por ejercer presión aprovechándose de la urgencia de los contribuyentes, lo cual ha derivado en la sospecha de que se condiciona el avance de trámites a la búsqueda de beneficios indebidos”, cita el columnista Torres.

A raíz de la denuncia por extorsión, la Fiscalía ha comenzado la recolección de información en varias dependencias federales, lo que indica que el caso ha escalado y cuenta con indicios suficientes para una investigación formal.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Muñoz Téllez continúa en funciones dentro del SAT, despachando desde una oficina estratégica con impacto directo en resoluciones fiscales de alto valor económico. Además, esta no es la primera vez que el funcionario es cuestionado por su proceder.

Durante su gestión previa en el SAT de Aguascalientes, también se reportaron inconformidades por parte de contribuyentes, lo que provocó su traslado a Querétaro, aunque sin consecuencias visibles en términos de responsabilidades administrativas o legales.

Hasta ahora, ni el SAT, ni la Secretaría de Hacienda, ni la dirigencia nacional de Morena han emitido postura sobre el caso. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, no han respondido públicamente a los señalamientos que pesan sobre uno de sus funcionarios de alto nivel.

Un alto funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación fue cesanteado de su cargo porque se determinó que se hacía pagar un sueldo como si fuese juez de la nación y que se descontaba menos de los aportes jubilatorios de los que en realidad debería hacer.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que se trata de Federico Vincent, quien tenía a su cargo la subadministración general y la dirección de Recursos Humanos del Consejo. Desde allí manejaba la administración de los sueldos, las liquidaciones y el personal de todo el Poder Judicial de la Nación. A partir de una serie de irregularidades, el Consejo le abrió un sumario el año pasado que terminó con su cesantía que ya le fue comunicada.

El Consejo de la Magistratura de la Nación es el órgano encargado de la acusación y selección de jueces nacionales y federales, de investigar a los magistrados por mal desempeño y de la administración de todo el Poder Judicial. Lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

La investigación contra Vicent -quien fue defendido en el sumario por José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner- estuvo a cargo de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, hoy presidida por el represente del Poder Ejecutivo en el organismo Sebastián Amerio -viceministro de Justicia de la Nación, y votada por todos los integrantes de la Comisión.

La investigación contra Vicent estuvo a cargo del Cuerpo de Auditores que citó a declarar a testigos y analizó seis informes que se abrieron en contra del funcionario por distintos desmanejos.

En uno de los sumarios se determinó que Vicent modificó el porcentaje de descuento jubilatorio a su favor. El propio funcionario ordenó a sus inferiores modificar el descuento jubilatorio que históricamente se hacía sobre su sueldo sin seguir ningún procedimiento, sin haberse excusado, sin contar con dictamen jurídico que lo avalara y cuando aún estaba pendiente una respuesta que él mismo había generado.

Lo que dispuso que, en lugar de descontársele el 18 por ciento en concepto de retención jubilatoria como sucede con el sueldo de los funcionarios judiciales, se pasara a descontar el 11 por ciento y con un tope. Eso le significó un incremento extra de 6.932.807 de pesos en su salario final al mes de mayo de 2024.

Otra de las irregularidades fue que Vicent cobró de manera indebida un extra en su sueldo por subrogancia -una suplencia- como si fuera un juez nacional. Se trata de un 33 por ciento más de su sueldo. Lo hizo desde marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2022 como Director General de Recursos Humanos y desde esa fecha hasta fines de febrero de 2024 con el cargo de Secretario Letrado de la Corte Suprema.

La investigación determinó que no hubo ninguna disposición administrativa para habilitar la percepción de ese suplemento en favor de Vincent ni tampoco pasó a tener el cargo de secretario de Corte que justificara esa decisión.

Otra de las acusaciones en contra de Vicent fue porque permitió que dos empleados judiciales pudieran eludir la cuota alimentaria que judicialmente les correspondía pagar. Así, el Cuerpo de Auditores consideró que “el Dr. Federico Arturo Vincent, a cargo entonces de la Dirección General de Recursos Humanos, habría tenido un manejo arbitrario y discrecional de la oficina”. Asimismo, “tomar decisiones y dar instrucciones susceptibles de perjudicar a terceros, en el caso de los menores cuyo interés superior se encuentra constitucionalmente protegido, como así el interés del Consejo de la Magistratura afectando su transparencia, contrario a los principios de ética pública”.

Vincent ingresó a tribunales en 1996 como auxiliar y llegó al Consejo pocos años después cuando fue creado y comenzó a funcionar. Allí pasó por distintos cargos quedar al frente de la dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial y, en paralelo, de la subadministración general del organismo.

La sentencia emitida, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge la ampliación del derecho de la empleada pública a gozar de las semanas previstas por la Ley para el progenitor diferente a la madre.

Esta decisión judicial llega tras el recurso interpuesto por la interesada, funcionaria de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, contra una resolución que desestimaba esta concesión.

Esta cuestión había sido resuelta por el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 15 de octubre el pasado año en la que se reconocía el derecho de las familias monoparentales a gozar de los permisos de maternidad del otro progenitor, con el "interés superior del menor" como principal argumento.

Según el alto tribunal, "no resultan entendibles las razones por las que unos menores recién nacidos puedan recibir durante más tiempo la atención y los cuidados de alguno de sus progenitores, empleados públicos y otros no".

En esta línea, el texto de la sentencia apunta que los niños nacidos en familias monoparentales "se ven privados de la estancia con el progenitor el mismo tiempo que si tuviera un progenitor diferente al de la madre biológica".

Para su resolución el TS ha tenido en cuenta el supuesto contemplado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público por el que en caso de fallecimiento de uno de los progenitores, el otro puede hacer uso de la totalidad del permiso del fallecido.

Por todo ello la jueza ha declarado nulas las resoluciones emitidas por la Junta de Castilla y León contra el derecho de la madre a gozar de las semanas adicionales de permiso y ha reconocido el derecho a las mismas.

Además, "teniendo en cuenta la jurisprudencia diversa de los Tribunales Superiores de Justicia y la reciente sentencia del TS", evita imponer las costas a la Administración demandada. En su lugar, cada parte abonar las costas causadas a su instancia.

El artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) señala que "la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la función pública", y reserva las compatibilidades para otros casos, como por ejemplo la docencia universitaria.

Lobato aún no ha registrado una solicitud en el Senado, según han informado a EFE fuentes parlamentarias a primera hora de la tarde de este lunes.

Su petición de reincorporarse a su puesto en la Agencia Tributaria tendría que pasar por la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que tras declarar la incompatibilidad le daría "ocho días naturales para optar entre el escaño y el cargo incompatibles", según marca el artículo 17 del Reglamento de la Cámara Alta.

Lobato es senador por designación autonómica de la Asamblea de Madrid, en la que es también diputado, ya que en esta comunidad autónoma solo se designan senadores de entre sus diputados.

No puede cobrar al mismo tiempo la retribución como parlamentario de ambas cámaras y, como es habitual entre ellos, eligió la del Senado.

No obstante, de la Asamblea ha seguido percibiendo una "indemnización de no exclusividad" que alcanza los 1.271 euros brutos mensuales, según se refleja en su nómina, al igual que en la de los demás senadores por designación autonómica, que están disponibles en la web del parlamento madrileño. EFE

Madrid, 28 ene (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes modificar las condiciones de la licitación del concierto sanitario de Muface con una financiación adicional de 330 millones de euros que eleva a 4.808,5 millones el presupuesto total para los próximos tres años.

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con este cambio la prima media ponderada aumentará acumuladamente durante los tres años de vigencia del convenio en un 41,2 %.

Con esta mayor dotación, el Gobierno busca zanjar la crisis abierta después de que la primera licitación para la asistencia que ampara a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, quedara desierta.

Así, el importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente, detallan las mismas fuentes.

La modificación de la licitación mantiene la duración de tres años del concierto, con el fin de garantizar un horizonte de estabilidad en la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, y también la nueva estructura de primas aprobada en la licitación del pasado mes de diciembre, incrementada en función de los tramos de edad.

Este pasado sábado, Muface comunicó que dejaba sin efecto el plazo de presentación de ofertas para el concierto de asistencia sanitaria, que acababa ayer, y que iniciaba el proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del mismo.

No obstante, dejaba claro que, mientras se resuelve este asunto, "todos" los mutualistas, tanto titulares como beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales.

Precisamente hoy, el sindicato CSIF ha convocado a más de medio millón de funcionarios a una jornada de huelga el próximo jueves 13 de febrero ante la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario de Muface.

Por otra parte, en cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha informado de que se ha presentado una oferta en la licitación convocada con las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 17 de diciembre, así que el proceso prosigue su tramitación con el análisis de viabilidad de la oferta presentada. EFE

Madrid, 28 ene (EFE).- El sindicato CSIF ha convocado a más de medio millón de funcionarios a una jornada de huelga el próximo jueves 13 de febrero ante la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario de Muface.

En un comunicado emitido este martes, el sindicato ha valorado el acercamiento de posturas con Adeslas y la voluntad de modificar las condiciones ofrecidas a las aseguradoras, pero exige la inmediata firma de un acuerdo que garantice la cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares.

La convocatoria afecta a más de medio millón de personal funcionario de todo el país en distintos ámbitos: personal docente universitario y no universitario, centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y personal funcionario de Correos.

Según CSIF, el sindicato de la Policía Nacional Jupol también apoya esta convocatoria, aunque los policías no tengan reconocido el derecho a la huelga.

Durante la jornada se prevé la convocatoria de una concentración para que la ciudadanía pueda adherirse a la protesta.

Paralelamente, CSIF elevará a la Fiscalía General del Estado las situaciones de desatención a las que se enfrentan los mutualistas, y afea el "doble juego" que otras organizaciones están haciendo para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario mientras siguen exigiendo una solución.

La central sindical afirma haber intensificado la interlocución tanto con Muface como con los demás agentes implicados "reclamando responsabilidad a unos y otros". EFE

El funcionario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Mario Enrique Oñate Galván, está reportado como desaparecido. Fue visto por última vez en la mañana del 14 de abril cuando se dirigía a su oficina en Cuernavaca.

Información de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), revela que la familia del funcionario presentó la denuncia tras intentar localizarlo sin éxito. Según fuentes cercanas a Oñate Galván, de 40 años, el funcionario se dirigía a su oficina ubicada en la calle Cuautla, colonia El Miraval, en Cuernavaca, Morelos.

Detalles de la ficha de búsqueda emitida por la FGE, informa que el funcionario vestía al momento de su desaparición una playera negra tipo polo acompañada de una playera de cuello redondo del mismo color, pantalón azul marino de mezclilla y tenis blancos.

Como accesorios portaba un arete arracada negro en la oreja izquierda, un reloj negro grande digital de caucho y una mochila negra de lona.

¿Quién es Mario Enrique Oñate Galván?

Oñate Galván es el director de normatividad en la Dirección General de Legislación de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, anteriormente colaboró con Edgar Maldonado Ceballos durante su gestión como titular de dicha dependencia.

La última actividad pública documentada del funcionario desaparecido, ocurrió el 28 de marzo donde la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado difundió una nota en la que se le destacó a Oñate su participación como ponente en una capacitación dirigida al personal jurídico.

Según la nota del estado, se le destacaba al funcionario por “proporcionar herramientas que garanticen una administración pública eficiente” y recalcó su participación al impartir una capacitación sobre Reglamentos Interiores del Poder Ejecutivo Estatal dirigida a servidores públicos a través de la Consejería Jurídica que encabeza Dolores Álvarez Díaz.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido un comunicado oficial, no obstante, la Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero del funcionaro.

La Policía de Chaco detuvo a dos hombres acusados de haber ejecutado un millonario robo en la vivienda de un funcionario, a plena luz del día. Se llevaron 60.000 dólares y una notebook.

Mientras las autoridades continúan buscando al tercer sospechoso, trascendió que los dos individuos fueron capturados luego de una serie de allanamientos que fueron ordenados por la División Delitos Contra la Propiedad. Los trabajos se realizaron en varios puntos de Gran Resistencia.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el robo ocurrió alrededor de las 9.30 de la mañana del lunes 31 de marzo, en una vivienda ubicada la calle García Merou, de la localidad de Fontana. Los tres individuos ingresaron al domicilio luego de forzar el portón del garaje. En pocos minutos, se apoderaron de la abultada suma en dólares, el dispositivo y dos discos externos.

Tras concretar el robo, escaparon en un vehículo Peugeot 208, cuyos datos fueron identificados a través de las cámaras de seguridad de la zona. A partir de la información obtenida, los investigadores lograron localizar el automóvil tres días después del hecho en un taller mecánico situado en Pasaje Salta de la capital chaqueña. Aparentemente, uno de los implicados habría dejado el rodado en ese lugar.

Ese 3 de abril, uno de los presuntos autores del asalto fue detenido por otra causa también caratulada como “Supuesto Robo”, lo que aceleró el despliegue de nuevos procedimientos. A partir de esa detención, y con información recabada en las primeras etapas de la investigación, el personal policial efectuó cinco allanamientos simultáneos que abarcaron el barrio Atlántico Sur, Villa Barberán, el complejo 170 Viviendas en Fontana, un domicilio ubicado en la calle José Hernández al 1000 y en avenida Mac Lean al 1100. Estos operativos resultaron en la detención del segundo sospechoso, así como en la incautación de diversos elementos de interés para la causa.

Entre los objetos secuestrados, se encuentran dos baldes de albañil, una pala de punta, un destornillador, prendas de vestir, varias herramientas y un teléfono celular. Todo será sometido a las pericias correspondientes para establecer su vinculación con el hecho investigado. Las tareas de inteligencia continúan activas, dado que aún resta localizar al tercer implicado, cuya identidad ya estaría establecida, y recuperar los bienes sustraídos.

Robo millonario a una empresa en Córdoba

El caso se conoció a pocas horas de la detención de tres empleados de una reconocida empresa vial de Córdoba por un delito de robo millonario.

Los hombres están acusados de haber participado en una maniobra delictiva que derivó en el robo de maquinarias, herramientas y cables valuados en 100 millones de pesos. La operación fue conducida por la Dirección General de Investigaciones Criminales, que concretó más de 30 allanamientos en distintos domicilios para dar con los responsables.

Según los informes policiales, los implicados habrían sustraído elementos clave para las obras viales —correspondientes a la empresa Caminos de las Sierras—, que luego eran vendidos en el mercado negro o utilizados para ejecutar trabajos presentados falsamente como si fueran oficiales, bajo el nombre de la firma. Durante los procedimientos, se logró recuperar parte del material robado e incautar armas de fuego. Por otro lado, no descartan la posibilidad de que haya más personas implicadas.

La acusación indica que los individuos, con conocimiento preciso de los movimientos internos de la empresa, habrían colaborado con el acceso a los predios, el retiro de equipamiento y su posterior comercialización, conforme a lo que detalló el portal CBA24N. La causa quedó en manos de la Fiscalía de la Dra. Daniela Maluff, que ahora se encarga de coordinar las acciones judiciales necesarias para profundizar las líneas de investigación abiertas y determinar con precisión el grado de implicación de los detenidos.

Un artefacto colocado debajo de un vehículo ha explotado este lunes de madrugada en el barrio iraquí de Al Shaab, en el este de la capital de Irak, Bagdad, sin que las autoridades hayan confirmado víctimas con motivo del suceso.

Fuentes de seguridad consultadas por el portal de noticias Shafaq han señalado que el vehículo que ha explotado pertenece a un funcionario del Ministerio de Electricidad.

La información preliminar recabada por el citado portal de noticias apunta a que el incidente se debió a disputas personales entre el empleado de la cartera ministerial y los atacantes.

Málaga, 29 oct (EFE).- Un policía local ha denunciado al alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), al que acusa de agredir sexualmente a él y a su pareja sentimental bajo la amenaza de que podía perder su puesto de trabajo como funcionario, ya que dependía de él.

Según la denuncia, que consta de siete folios y a la que ha tenido acceso EFE, el regidor contactaba a diario con el agente policial para satisfacer sus deseos sexuales.

La supuesta víctima comenzó a trabajar en el Ayuntamiento en marzo de 2022 como funcionario en prácticas y desde el primer momento sintió que el alcalde le tenía un trato especial y que "buscaba una intención libidinosa hacia él".

El denunciante mantiene en la denuncia "que no le quedó otra salida que acceder a las pretensiones sexuales del alcalde" ya que tenía "miedo a perder su trabajo", porque García Urbano supuestamente siempre se lo dejaba claro.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha incoado diligencias previas por dicha denuncia y próximamente el instructor va a tomar declaración al denunciante. EFE

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El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, tal y como solicitaba la Fiscalía, ha condenado a 8 años de inhabilitación absoluta y a un año de prisión al funcionario del Centro Penitenciario de Asturias acusado de un delito de tortura. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación, según ha informado la Fiscalía.

La sentencia recoge que el interno R.F, que se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Asturias cumpliendo sentencia firme de 9 de agosto de 2022 por delitos de robo con violencia e intimidación y delito leve de lesiones, a las 13.25 horas del día 17 de noviembre de 2022, se presentó en la cabina de vigilancia de los funcionarios del centro penitenciario y sin motivo ni justificación trató de agredirlos con una cuchilla que llevaba en la boca, por lo que tuvo que ser reducido y, en cumplimiento del régimen reglamentario, fue sancionado y recluido en una celda de aislamiento donde se le encontró otra cuchilla oculta en su ropa interior.

Al día siguiente, 18 de noviembre de 2022, cuando el interno se encontraba cumpliendo la sanción disciplinaria en la celda de aislamiento, sobre las 09.10 horas, comenzó a mostrarse muy violento, gritando, golpeando la puerta de la celda en que se encontraba; cuando se personaron en el lugar los funcionarios de vigilancia, les amenazó de muerte reiteradamente y trató violentamente de agredirles por lo que tuvieron que emplear la fuerza necesaria para su contención.

El interno fue incrementando su actitud violenta a lo largo de la mañana lo que motivó que a las 13.05 horas fuera necesario aplicar sujeción mecánica con correas homologadas para su contención en aplicación del protocolo previsto para estas situaciones. Cuando el interno ya estaba reducido y sujeto por el resto de funcionarios presentes y con las sujeciones mecánicas por los brazos, tobillos, cintura y piernas, el funcionario condenado, que no había intervenido en las maniobras de sujeción, "sin necesidad ni justificación, golpeó con la defensa reglamentaria sujetándola con ambas manos y colocándola en posición vertical sobre el cuerpo del interno alcanzándolo en la parte baja del vientre y tras abandonar la habitación donde estaba sujeto el interno, volvió de nuevo y utilizando idéntico mecanismo de agresión, le golpeó impactando el golpe en la entre pierna a la altura de la zona testicular.

Entre ambas agresiones realiza toques con la defensa a modo de golpecitos en pecho, pierna derecha y pie del interno. R.F. a consecuencia de estos hechos no sufrió lesión aparente ni precisó asistencia médica ya que el mismo no curso denuncia por éstos.

Tokio, 23 oct (EFE).- Un funcionario de la Bolsa de Tokio es sospechoso de haber filtrado información privilegiada a un familiar sobre una oferta pública de adquisición, recogieron este miércoles medios locales.

Dicho funcionario habría filtrado información sobre el parqué tokiota a un familiar en varias ocasiones este año, según dijeron fuentes cercanas al caso a la agencia de noticias Kyodo, y se cree que el familiar habría obtenido beneficios en la negociación de acciones utilizando dicha información, aunque el funcionario no realizó ninguna transacción.

La Comisión de Supervisión de Valores y Bolsa japonesa realizó una redada el mes pasado, donde visitó la casa del funcionario y el familiar y completará una investigación antes de presentar una denuncia ante la Fiscalía.

"Algunos medios de comunicación han informado hoy de que se está investigando a un empleado de la Bolsa de Tokio por sospecha de tráfico de información privilegiada. Podemos confirmar que este es el caso", dijo la matriz del parqué tokiota, Japan Exhange Group (JPX), en un comunicado.

En dicho texto, JPX se comprometió a hacer "todo lo posible por cooperar plenamente con esta investigación" y también pidió disculpas por los inconvenientes y la preocupación que la noticia ha podido generar a las empresas cotizadas y otras partes.

El viceportavoz gubernamental, Kazuhiko Aoki, se refirió hoy al caso en una rueda de prensa y dijo que "es necesario realizar un esfuerzo para garantizar la credibilidad del mercado financiero de Japón". EFE

Madrid, 19 oct (EFECOM).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el anuncio de licitación para la renovación del concierto que da asistencia sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios, que ya estaba publicado en la plataforma de contratación del sector público.

La fecha límite para que las aseguradoras presenten sus ofertas es el 5 de noviembre a las 10:00 horas.

El Consejo de Ministros autorizó el 8 de octubre una subida del 17,2 % de la prima por asegurado para la renovación del concierto de mutualidad de los funcionarios civiles del Estado (Muface).

En el BOE publicado este sábado se recogen dos anuncios de licitación, el primero de ellos para la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional durante los años 2025 y 2026, por un importe estimado, según los pliegos de contratación, de 3.217,9 millones de euros.

El segundo de los anuncios es para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y demás beneficiarios destinados en el extranjero durante los años 2025/2026, por un importe estimado de 54,65 millones de euros. EFECOM

León, 1 oct (EFE).- El Ayuntamiento de León deberá pagar una indemnización de 150.000 euros a un funcionario que ejercía como abogado de la asesoría jurídica del Consistorio por sobrecarga de trabajo entre los años 2014 y 2022.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha fallado que se le abone dicha indemnización en atención a que durante años se estuvo ocupando del trabajo que debían realizar tres personas, según ha avanzado el diario El País en su edición de este martes.

En su demanda, el funcionario, de 66 años, precisó que 2014 fue el último año en el que trabajaron tres personas en el departamento jurídico y que desde entonces estuvo solo excepto ocho meses en los que se cubrió una de las plazas vacantes.

La sentencia considera culpable al Ayuntamiento por "daños continuados" y por "pasividad" ante lo que estaba sucediendo a pesar de que el abogado advirtió de su situación "verbalmente y por escrito".

Además, considera probado que se multiplicó su carga de trabajo, motivo por el que el Ayuntamiento vulneró su derecho a recibir protección eficaz de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre la sentencia, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha precisado que considera que es recurrible y ha agregado que "habrá que esperar a ver lo que determina al respecto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".

Sobre los argumentos que esgrime la sentencia, el regidor ha declinado opinar sobre lo que dicen los jueces y ha insistido en que cuando el fallo sea firme "se podrá valorar".

Diez ha dicho desconocer si realmente se produjo esa sobrecarga de trabajo denunciada por el funcionario, motivo por el que -ha asegurado- el Ayuntamiento ha decidido recurrir para esclarecer lo sucedido. EFE

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso en el marco de la causa en la que se investiga la participación necesaria de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el funcionamiento del local Stavros, en el barrio porteño de Recoleta, donde se practicaba la explotación económica de la prostitución ajena. En otra causa, el dueño del boliche fue condenado a cuatro años de prisión.

Gabriel Roberto Trovato es investigado por haber colaborado, en calidad de funcionario público, mediante el ejercicio de sus influencias y a cambio de dinero, en el funcionamiento de un local en el que se explotaba sexualmente a, por lo menos, una mujer. Trovato era integrante de la Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad e hijo del entonces jefe de Habilitaciones de la Ciudad.

Trovato habría posibilitado el funcionamiento ininterrumpido del bar Stavros, propiedad de Nicolás Gabriel Athanassopoulos, a pesar de que el inmueble estaba clausurado y de saber que allí se explotaba la prostitución ajena. De hecho, Athanassopoulos, “el Griego”, fue oportunamente condenado a cuatro años de prisión por trata de personas.

Al declarar, Trovato negó conocer al “Griego”, aunque los investigadores apuntaron a un vínculo entre ellos: en Facebook se encontraron fotos en las que se los veía festejando con una bandera que llevaba sus nombres en 2014, antes de un partido de Argentina en la semifinal contra Holanda en el Mundial de Brasil. De acuerdo con esa hipótesis, Trovato le habría permitido al “Griego” que su boliche funcionara aunque estuviera clausurado. La causa se subdividió: una, con la investigación del “Griego”; la otra, por las conexiones que mantuvieron para mantener activo el negocio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, por mayoría, hizo lugar a la excepción de falta de acción presentada por la defensa y sobreseyó a Trovato. La fiscalía, sin embargo, interpuso un recurso de casación y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que la decisión del tribunal oral había sido prematura.

Entonces, la defensa de Trovato solicitó al TOF 3 que lo sobreseyera por el delito de trata de personas y remitiera las actuaciones a la justicia de la Ciudad. El Ministerio Público Fiscal también se opuso a este pedido, invocando que no había un cambio en los hechos que se le atribuían a Trovato, pues siempre se lo acusó por su vinculación como funcionario público con la maniobra por la que fue condenado Athanassopoulos, que es de competencia federal.

En consonancia, el 8 de junio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 resolvió no hacer lugar al sobreseimiento ni a la declaración de incompetencia. La defensa planteó un nuevo recurso de casación y, ante su rechazo, un recurso extraordinario federal. Rechazado también este, planteó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte entendió que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, y lo desestimó.

El miércoles pasado, el Juzgado de Garantías Nº 2 de la ciudad de Resistencia ratificó la prisión preventiva de David Enrique Díaz Pacce (56), ahora ex director de la Región Sanitaria N°8 Metropolitana del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, quien fue acusado de drogar y abusar sexualmente de un albañil de 35 años que contrató para refaccionar su casa de fin de semana.

De acuerdo con la denuncia a la que accedió Infobae, el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en una propiedad ubicada a unos 30 kilómetros de la capital chaqueña, en Colonia Amadeo, departamento de Margarita Belén. Hasta allí, la víctima había ido a hacer trabajos de albañilería y de pintura por pedido de Díaz Pacce.

Según relató la víctima, llegó a primera hora de la mañana y cuando decidió tomarse un descanso para ir a su domicilio a almorzar, el médico presuntamente ideó un plan para concretar el abuso. Primero lo convenció de que se quedara a comer y que él después lo llevaría hasta su casa. El trabajador aceptó la invitación después de que el hombre de 56 años le insistiera varias veces.

Después que terminó el almuerzo, el médico le ofreció un vaso de licor de quinoto casero que él mismo había hecho y luego le pidió que lo ayudara con más tareas en la planta alta de la casa. Sin embargo, a los pocos minutos, cuando subían la escalera, el albañil comenzó a sentirse mal hasta que se desmayó. Según dijo ante la Justicia, le había colocado un sedante en la bebida.

Es muy poco lo que la víctima recuerda, según fuentes del caso. Son imágenes borrosas las que se le vienen a la cabeza pero suficientes para saber que el médico, según su denuncia, lo abusó. Al otro día se despertó adolorido, mareado y con moretones y sangre en varias partes. No se ubicada en tiempo y espacio.

Fue el propio Díaz Pacce quien lo llevó hasta su casa. En el camino le pidió que no contara lo que había pasado. Al llegar al domicilio, la esposa del albañil vio el estado en que se encontraba, comenzó a preguntarle qué le pasaba, hasta que finalmente lo llevó al hospital Julio C. Perrando, donde constataron -entre varias cosas- desgarros en zona íntimas. Las pruebas toxicológicas corroboraron que tenía un miorelajante en sangre, aunque por la cantidad de horas que pasaron desde que ingirió el licor de kinoto, no se pudo establecer cuál sustancia fue.

Sin dudarlo, la víctima -representada por el abogado querellante Paulo Zeniquel- hizo la denuncia ante la Policía y con las pruebas que tenía a su favor, el funcionario del Ministerio de Salud fue detenido.

Según fuentes del caso, el médico no negó el encuentro con el trabajador de la construcción aunque dijo que se trató de “algo consensuado”. Lo cierto es que la Justicia no le creyó y a pedido de la fiscal del caso, Candela Valdez, el acusado seguirá preso hasta el comienzo del juicio por jurados. Fueron clave las pericias tanto toxicológicas como psiquiátricas, que corroboraron los dichos del albañil.

Respecto a la víctima, el hombre, padre de dos chicos, actualmente sigue un tratamiento psicológico debido a los traumas que le causó el presunto abuso. Pérez Pacce, que asumió como funcionario de Salud en febrero bajo el gobierno de Leandro Zdero, fue removido de su cargo apenas se dio a conocer el caso.

Está casado con una mujer también funcionaria del Ministerio de Salud y es papá de hos hijos. Está imputado hoy por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La calificación definitiva con la que llegará el debate oral todavía puede cambiar.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que no es la primera vez que el médico se ve envuelto en un posible delito sexual: fue condenado en diciembre de 2019 por corrupción de menores, en un juicio abreviado en el que le dieron tres años de cumplimiento condicional, suspensión de seis meses de la matrícula y cuatro años de pautas de conducta. La víctima fue un varón de 17 años.

Un funcionario municipal de la provincia de Córdoba fue detenido en las últimas horas luego de ser descubierto por la policía cuando intentaba robar mercadería de un supermercado, ubicado en el barrio Irupé.

El hombre fue identificado como Guillermo Kraisman, un dirigente de 60 años que hasta este lunes se desempeñaba como director general de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos del distrito cordobés. Un cargo del que fue desplazado por el propio intendente luego del escándalo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió durante la tarde del domingo en una sucursal de la cadena Mariano Max, que se encuentra en la Av. Vélez Sarsfield de la mencionada localidad cordobesa.

El conflicto se desató cuando el sospechoso paso la línea de cajas sin abonar los alimentos que se estaba llevando. Un accionar que fue rápidamente detectado por el personal de seguridad que se encontraba vigilando el lugar.

En consecuencia, los agentes detuvieron a Kraisman y procedieron a retirarle la mercadería que robaba. Se trataba de un blíster de bondiola, uno de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de vidrio de cereza. Todo quedó secuestrado por la policía.

Sin embargo, el procedimiento contó con una complicación: al momento de la captura, el ahora exfuncionario se enojó, insultó a los efectivos y los agredió lanzándoles uno de los frascos que tenía en sus manos.

Una vez que lograron reducirlo, el dirigente fue trasladado junto a lo incautado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia, bajo la orden del fiscal José Mana. Quedó imputado por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas.

Según informó el medio local Cadena 3, tras enterarse de lo sucedido, el intendente cordobés Daniel Passerini tomó la decisión de despedir al funcionario, quien formaba parte del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Quién es Guillermo Kraisman

En su descripción de redes sociales, Kraisman se presentaba como “Convencional constituyente municipal, concejal, presidente del Club Avellaneda, secretario bloque Hacemos por Córdoba y dirigente político y social”. Sin embargo, tras su detención, todo este detalle fue eliminado.

Luego de que se conociera este hecho, medios locales hicieron un repaso por la carrera del exfuncionario, quien tiene una amplia trayectoria en el ámbito público, ocupó distintos puestos como representante del PJ cordobés y ya cuenta con otros antecedentes penales desde hace al menos 20 años.

El primer escándalo en el que estuvo envuelto ocurrió en el año 2006, cuando se vio obligado a dejar su banca como concejal, adquirida en 2003. El abandono ocurrió porque el cuerpo deliberativo decidió suspenderlo a causa de tres imputaciones en su contra. Eran por amenazas, agresiones y lesiones leves.

Según detalló Cadena 3, uno de estos hechos fue por agredir a un pintor en 2001 y otro por una situación similar ante un integrante de un centro vecinal en 2003.

Años más tarde volvió a la actividad política, pero tampoco fue en paz: lo denunciaron por robar energía eléctrica del Club Avellaneda de Córdoba, del que es presidente actualmente. La causa tuvo intervención de la Justicia, que accionó dándole una probation.

Por este episodio, Kraisman fue obligado a darle una compensación tanto a los damnificados como a la compañía de servicios públicos de electricidad, cuyos servicios robó. Además, debió cumplir tareas comunitarias durante un tiempo prolongado.

El último caso que se conoció de él antes del robo de este fin de semana fue una causa por intento de soborno a un árbitro. Sin embargo, a pesar de su amplio repertorio, en el año 2013 Kraisman volvió al ruedo: fue concejal hasta 2019, cuando asumió como secretario del bloque del peronismo en el Concejo. En los últimos meses, había sido trasladado al área de Deportes de la Municipalidad.

Funcionario del Inpec fue víctima de un atentado en la mañana del sábado 17 de agosto en el municipio de Cartago en el departamento del Valle del Cauca.

El hombre fue identificado como el dragoneante del Inpec, Miguel Paz, y recibió cuatro impactos de arma de fuego que lo tienen en grave estado de salud.

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El presidente de la unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) Oscar Robayo, explicó cómo ocurrieron los hechos e informó que un sicario interceptó a Paz y le disparó en repetidas oportunidades impactando en el tórax y en un brazo.

En la cuenta oficial del director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, se repudiaron los hechos: “Hoy unidos como INPEC, rechazamos todos los hechos que tratan de enlodar el buen trabajo de los funcionarios que luchan contra el accionar criminal en el país, como es el atentado ocurrido contra el Dragoneante Miguel Paz, adscrito al ERON de Cartago”.

Una de las hipótesis que se manejan de este ataque son las amenazas de las que han sido blanco algunos miembros del Inpec vía panfletos que tendrían como procedencia las estructuras delincuenciales ‘Los Flacos’ y ‘Nueva Generación’, que buscan coaccionar a los uniformados.

En el papel queda en evidencia este tipo de hostigamientos: “A la guardía que hoy trabaja para los flacos y que se presentan para el maltrato y los abusos de nuestros muchachos, hoy les hacemos el llamado ya que si reciben dinero de los flacos se vuelven objeto militar por prestados los siguientes: cabo Botero, Cabo Castaño, dragoneantes Granados Santibañez Motas, Bedoya Serna. los tenemos plenamente identificados en Pereira, Obando, Cartago, Armenia”.

Este hecho despertó la molestia del Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) contra la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro. Por medio de su cuenta de X acusa a la funcionaria de desentenderse de las medidas de seguridad y no apoyar a la entidad en su territorio: “Repudiamos el atentado criminal en #cartago donde cuatro impactos de arma de fuego tiene en grave riesgo la vida de nuestro compañero Miguel Paz @DilianFrancisca un fracaso sus medidas de seguridad para apoyar ERON de @INPEC_Colombia”.

Otro de los que se pronunció fue el coronel Santiago Garavito, hombre encargado de la policía del departamento, aseguró que los diferentes organismos continúan con la investigación.

Soldado fue enviado a la cárcel por abuso sexual a su hijastra

Un miembro del Ejercito activo fue enviado a la cárcel luego de que un juez de control de garantías dilatara sentencia tras incurrir el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años que era su hijastra.

La situación comenzó en el año 2018 en una vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde este soldado abusaba de la menor y la amenazaba con retirar a su progenitora del servició de salud, pues la mujer se encontraba con una enfermedad terminal.

La oportunidad para que este tipo de actos ocurrieran con regularidad era cuando la mujer se encontraba hospitalizada debido a la gravedad de la enfermedad, y de esta manera el agresor lograba someter a la menor para no contar los hechos.

Para el año 2020 la mujer fallece y la pequeña se traslada a vivir con su padre biológico, sin embargo, los hostigamientos continuaron, el soldado logra establecer comunicación con ella con la excusa de visitar a su hermana, otra pequeña que fue fruto de la relación entre la madre y este hombre, nuevamente logró accederla carnalmente, desafortunadamente, estos hechos continuaron hasta el pasado mes de abril, donde finalmente la menor que hoy tienen 14 años le contó lo ocurrido a su padre, y este fue quien interpuso la denuncia ante las autoridades.

A pesar de la incertidumbre acerca de si Juan Ruiz Orrico asistiría a los tribunales de Concepción del Uruguay en el marco de su citación a indagatoria, el ex funcionario entrerriano -que está acusado de atropellar y matar a cuatro personas cuando manejaba borracho- finalmente se presentó este viernes ante las autoridades judiciales, pero se negó a declarar. No obstante, según indicaron fuentes del caso a Infobae, manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y se puso a su disposición de ellos. Este lunes pedirán su prisión preventiva.

El dirigente es investigado por el homicidio culposo agravado de los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; Leandro Almada (33); y Axel Rossi (23). Los cuatro fallecieron el pasado 20 de junio cuando fueron embestidos por él en la Ruta Nacional 39. Tras el hecho, Orrico sufrió una hemorragia cerebral por la que debió ser internado y posteriormente trasladado a un hospital de Luján, en Buenos Aires, donde permaneció recuperándose hasta esta última semana.

Su estado de salud era uno de los motivos por los que se creía que quien se desempeñaba como director del Instituto Portuario en el gobierno de Rogelio Frigerio se podría ausentar a la cita convocada por el fiscal Eduardo Santo, a cargo de la causa. Sin embargo, según señalaron a este medio, el ex funcionario llegó a la audiencia en estado de lucidez, caminando por sus propios medios y con un brazo en cabestrillo. Él mismo dijo al arribar que tenía una quebradura en la columna lumbar y cervical.

Más allá de haberse mostrado físicamente bien y estar en medio de un proceso judicial, su abogado adelantó que Orrico no se quedará en la provincia de Entre Ríos y regresará a la ciudad bonaerense, donde se instalará por un tiempo. De acuerdo a la justificación brindada por su equipo, el cambio temporal de residencia lo hará a fin de estar cerca del centro de salud y continuar con su tratamiento.

Por este motivo es que desde la querella insistirán en el pedido de prisión preventiva, cuya solicitud la realizará este lunes el abogado de las familias de las víctimas, Mario Arcusin, en el marco de una audiencia otorgada para las 11.30.. La petición será presentada alegando que existe peligro de fuga y porque creen que otra persona en esas mismas condiciones, es decir, sin vínculos en la política, ya estaría en la cárcel. En caso de que la medida sea otorgada, esta podría cumplirse tanto en prisión como de manera domiciliaria.

En diálogo con Infobae, el fiscal Santo agregó que ese mismo día dará la orden para concretar la pericia con la que buscan determinar la velocidad a la que conducía Orrico, la cual estaba frenada porque la computadora del VW Passat, el vehículo oficial que manejaba, estaba dañada. En este sentido, si se determina que el acusado cuyo test de alcoholemia dio 1,59, además circulaba con exceso, se podría complicar su situación.

Arcusin dijo que va a esperar los resultados de esta prueba para luego proceder a pedir el cambio de carátula. “En principio, mi idea es pedir el homicidio simple, el de 8 a 25 años, pero tengo tiempo. Si yo agrego la velocidad al alcohol, que ya está determinado, y a la muerte de cuatro personas, a la temeridad de inteligencia y al uso de un auto oficial sin autorización para uso privado... Si agregamos todo esto, puedo pedir el cambio de carácter. Pero no voy a apurar”, explicó el abogado de las víctimas.

Hasta ahora solo se sabe que el velocímetro del auto marca un poquito menos de 150 km/h. No obstante, los técnicos de Volkswagen explicaron que la aguja no es un testigo idóneo, dado que el golpe puede haberlo hecho mover, tanto para abajo como para arriba. Por esto es necesario el análisis de los datos de la computadora para saber con exactitud la velocidad.

Para el martes 6 de agosto quedó definida la audiencia en la que se definirá el futuro de Herlinda Vanessa Toscano Mejía, quien según las autoridades que adelantan el proceso judicial en contra de la hoy detenida, sería la presunta autora intelectual del homicidio en contra del líder social y funcionario de la Defensoría del Pueblo seccional La Guajira, Néstor Enrique Martínez Brito.

Por este caso, que se presentó el 15 de marzo de 2023 en Riohacha, ya fue condenado César Miguel Pérez Díaz, alias César Laguna, quien fue el encargado de accionar el arma de fuego cuando Martínez Brito se movilizaba en una motocicleta por el barrio Ranchería, justo cuando iba rumbo a la vivienda donde iba a recoger a su hija para llevarla al colegio.

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Sin embargo, el caso que generó repudio a nivel nacional, en su momento, ha vuelto a cobrar relevancia luego de la captura de Toscano Mejía, la cual se realizó mediante orden judicial por las autoridades al norte de Barranquilla.

Varios agentes llegaron hasta la habitación número 16 de un hotel situado en inmediaciones al barrio El Prado, donde la mujer fue notificada de la orden que emitió el Juzgado Segundo Bacrim del Distrito de Riohacha, y de ahí fue trasladadas hasta el Centro de Detención Preventivo de la capital de La Guajira, que se conocía antes como la sede del antiguo Caimeg, destacó el Diario del Norte.

La aprehensión se hizo el jueves 25 de julio, pero solo hasta la noche del miércoles 31 de julio un juez con función de control de garantías de Riohacha hizo la imputación de cargos por ser la presunta determinadora del delito de homicidio agravado. No obstante, la diligencia judicial no se pudo concluir y quedó establecido que el martes 6 de agosto se conocerá la decisión final por parte del togado, quien la cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Uno de los hechos que se conocieron durante las pesquisas que siguieron luego de la condena en contra de alias César Laguna, es que la mujer figura con antecedentes por los delitos de daño a bien ajeno y hurto calificado. Además de esto, el material probatorio arrojó que Toscano Mejía habría mantenido una relación sentimental con el hoy fallecido.

Sumado a todo esto, desde el momento en que se supo del crimen de líder social y funcionario de la Defensoría, ser perdió el rastro de la mujer, quien gracias al trabajo adelantando por las autoridades en Barranquilla, concluyeron que la mujer frecuentaba el parque Tomás Suri Salcedo, ubicado a pocas cuadras del hotel en donde dieron con la detenida, quien se hospedaba junto a una amiga, explicó el mismo medio local.

La condena contra alias César Laguna por el homicidio del líder social

Las autoridades no tardaron en reaccionar luego de que se conoció el crimen de Néstor Enrique Martínez Brito, y el lunes 27 de marzo se confirmó que la Fiscalía General de la Nación logró que un juez enviara a prisión a César Miguel Pérez Díaz, conocido como César Laguna, quien fue señalado como el responsable del homicidio.

La noticia fue confirmada por Diana María Núñez Forero, directora de la seccional Guajira de la Fiscalía, quien aseguró que alias César Laguna aceptó no solo su participación en el asesinato de Martínez Brito, sino también otros delitos relacionados. “Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de César Miguel Pérez Díaz, alias César Laguna, presuntamente responsable de la muerte de un funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Riohacha en el departamento de la Guajira”, informó Núñez Forero.

Los cargos imputados incluyen homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravados, todas acusaciones aceptadas por el imputado durante las audiencias preliminares.

La captura del homicida fue posible gracias a un meticuloso trabajo investigativo. “Las labores de policía judicial, los videos de cámaras de seguridad, cotejos balísticos y la información suministrada por testigos fueron determinantes para la identificación y captura del imputado”, añadió Núñez Forero. La detención se llevó a cabo luego de un operativo de allanamiento y registro realizado el 16 de marzo de 2023 (un día después de la muerte del líder social), en el que también se incautaron un arma de fuego y una motocicleta.

Más allá de este crimen puntual, se supo que alias César Laguna ya tenía una orden de captura pendiente por otro asesinato ocurrido en febrero de 2023 en Riohacha.

Néstor Enrique Martínez Brito no era un simple funcionario; su trayectoria en la Defensoría del Pueblo se extendía por más de 20 años. Su papel en la defensa de los derechos humanos lo convertía en un pilar para muchas comunidades locales. Su asesinato no solo es una pérdida personal y profesional, sino también un golpe a la defensa y promoción de los derechos humanos en la región.

Lo que más llamó la atención por parte de las autoridades en la terminal aérea tras solicitarle al hombre una requisa fue que, además de llevar consigo un total de 76 placas, no iba a tomar un vuelo, sino que, al parecer pretendía pasárselas a otro funcionario dentro del aeropuerto, debido a que se confirmó que el hoy detenido también trabajaba como supervisor en El Dorado, situación que ha puesto en alera a las autoridades.

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Frente a este resultado que se informó la mañana del sábado 6 de julio, el teniente coronel Wilson Torres, comandante de la estación de Policía Aeropuerto, confirmó que “este hombre de 34 años de edad pretendía evadir los controles de ingreso al área internacional, pero gracias a la pericia y el seguimiento de cámaras, los uniformados logran detenerlo en uno de los filtros”.

Tras seguir los pasos del capturado a través de las cámaras de seguridad y llevarlo hasta una de las salas dispuestas para esta clase de procedimientos, uno de los uniformados le solicitó al hombre que se quitara sus prendas de vestir, con lo cual se halló una especie de chaleco que contenían las dosis de estupefacientes.

Al momento de indicarle al hombre que se realizaría el narcotest frente a él para poder verificar si la sustancia que se halló era algún tipo de droga, el frotar el polvo el resultado arrojó positivo, motivo por el que fue aprehendido de inmediato y la mercancía fue incautada.

El coronel Torres agregó que, sumando las 76 placas, el total de dosis de estupefacientes que se hallaron fue de 5.800 dosis. De igual forma, añadió que “esta ofensiva va dirigida contra las redes de microtráfico, que utilizan la modalidad de adheridos para enviar o recibir sustancias psicoactivas y pretenden evadir los controles de las autoridades”.

Lo anterior se debe a que las pesquisas seguirán adelantándose en el aeropuerto El Dorado en pro de establecer si hay más implicados que estén relacionados en esta empresa criminal, dado que el detenido iba a entregarle la mercancía a otra persona, razón por la cual la Policía aumentará sus acciones en la terminal con el fin de desmantelar esta posible organización que estaría operando dentro del lugar.

Por último, el ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En El Dorado incautaron 22 kilos de marihuana ocultos en una cabina de sonido

Esa misma semana, pero el 4 de julio, las autoridades colombianas lograron otro decomiso de drogas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en medio de los operativos de rutina que se hacen a diario en las bodegas de carga.

En dicha ocasión, fueron incautados 22 kilogramos de marihuana camuflados dentro de una cabina de sonido gracias a un agente canino que detectó el olor de la sustancia en uno de los paquetes. El teniente coronel Wilson Torres Torres, comandante de la estación de Policía del aeropuerto, confirmó que tras abrir el aparato encontraron 43 paquetes de marihuana.

El cargamento había llegado a Bogotá procedente de Cali y tenía como destino final Leticia, de acuerdo lo que informó por el coronel Torres. Esta operación logró retirar de circulación aproximadamente 22.000 dosis de marihuana.

Adicional a lo anterior, el coronel también destacó que estos operativos se realizan con el fin de combatir el envío de drogas desde la terminal aérea y se suma a otra incautación efectuada el 30 de junio, cuando la Policía encontró 15 kilogramos de marihuana escondidos en extintores. En ese entonces, la droga tenía Leticia como destino y fue detectada mediante un escáner y el olfato de los perros entrenados.

En otro de estos operativos, pero que desarrolló la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos, se capturaron a once individuos en acciones que se realizaron entre el 29 de junio y el 1 de julio.

Los detenidos intentaban viajar a Francia, España y Panamá con más de 25 kilos de estupefacientes, valiéndose de métodos como maletas con doble fondo y cápsulas ingeridas.

Un grave accidente de tránsito se registró en Barrancabermeja, Santander, y el principal afectado es un funcionario de la Alcaldía.

El joven que se accidentó en una motocicleta fue identificado como Kevin Lozada Meza.

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Bajo pronóstico reservado está el funcionario de la Alcaldía de Barrancabermeja tras sufrir este percance reportado pasadas las nueve de la noche del jueves 27 de junio de 2024.

De acuerdo con la información que se conoce por el momento, los hechos ocurrieron cuando el joven se dirigía a la terminal de transportes de esa ciudad para acompañar a su madre. El joven quería despedirse pues su progenitora se iba de viaje.

Sin embargo, en el camino, se reportó el accidente. De acuerdo con lo que se observa en el video captado por cámaras de seguridad, el joven pasó muy cerca de un separador ubicado por el carril rápido del corredor vial en el que se movilizaba.

Al rozar el elemento, el conductor perdió el control y cayó al suelo. Por la velocidad en la que se movilizaba, se deslizó varios metros.

Ciudadanos que estaban en el sector y observaron el accidente se acercaron a auxiliarlo, pero desde ese momento se sabía que su estado de salud era complicado debido al impacto. Al lugar llegaron las autoridades y una ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja.

Hasta ese lugar también llegó la madre del funcionario de la Alcaldía, luego de ser alertada por las autoridades sobre el accidente de tránsito que sufrió su hijo.

“Lamentablemente no pudo llegar a despedirla. A su mamá le informaron del accidente cuando se movilizaba por el sector de Campo 23, inmediatamente se bajó del bus y se devolvió para atender la emergencia de su hijo”, señaló un allegado citado por el diario local Q’Hubo.

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, Kevin Lozada Meza fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde se debate entre la vida y la muerte. Medios de comunicación locales y nacionales como El Tiempo aseguraron que su pronóstico es reservado.

Así mismo, señalan que el joven funcionario de la Alcaldía de Barrancabermeja podría ser trasladado a un centro médico de mayor complejidad en Bucaramanga, capital de Santander.

Accidente de tránsito por presunta imprudencia deja una víctima fatal en Sibaté

Un accidente de tránsito en Sibaté, Cundinamarca, cobró la vida de Karen Martínez, una joven de 20 años, en la madrugada del viernes 28 de junio.

La motocicleta en la que viajaba junto a su novio fue embestida por un grupo de motociclistas.El siniestro ocurrió cuando Karen y su pareja regresaban de encontrarse con amigos en el municipio vecino de Soacha, hacia el sur de Bogotá.

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que fueron desestabilizados por una de las motos. Al caer al suelo, varios motociclistas que realizaban maniobras peligrosas los arrollaron, según reportaron en Noticias Caracol.

Karen, que trabajaba hasta las 10 de la noche, había decidido reunirse con amigos en Sibaté, cuando ocurrió el trágico incidente, relató su padre al medio mencionado.

Las autoridades están empleando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los motociclistas involucrados. Según testigos, estas maniobras peligrosas son una actividad regular en ese municipio.

La comunidad ha expresado su consternación y ha utilizado redes sociales para intentar identificar a los responsables. “Por favor, si ustedes los reconocen, por favor, devuélvanse. Ustedes fueron los responsables de un accidente y se escaparon”, dice uno de los mensajes con los que se busca ubicar a los involucrados en el accidente.

Así mismo, se supo que varios grupos de motociclistas estarían planeando redadas para intentar identificar a los sujetos que le causaron la muerte a la joven de 20 año.