La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por un enfrentamiento callejero sino por un oficio. Un documento firmado el 2 de marzo en el que notificó al Congreso de la Ciudad de México su ausencia temporal del 3 al 6 de ese mes llegó a su destino con dos días de retraso, lo que desató las burlas del grupo parlamentario de Morena en la capital.

La legislación es clara: el artículo 65 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México obliga a las alcaldesas y alcaldes a informar formalmente al Congreso local cuando se ausentarán del cargo, designando a un encargado del despacho. Rojo de la Vega cumplió con el trámite —nominando a Obdulio Ávila Mayo, titular de la Dirección General de Gobierno, como responsable durante su ausencia— pero el timing del documento encendió las alarmas.

Fue el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX quien disparó primero en redes sociales. Con tono sarcástico, publicaron en su cuenta de X: “¿Alguien sabe de un trabajo donde te dejen avisar que te vas de vacaciones cuando ya andas allá? También nos explican ¿cómo un oficio se tarda dos días en llegar de Buenavista al Centro? No queremos pensar que hizo el oficio cuando ya andaba en Madrid”.

La insinuación es directa: que la alcaldesa habría firmado o enviado el aviso una vez que ya se encontraba en España, convirtiendo el trámite legal en una formalidad resuelta a destiempo y a distancia.

Una funcionaria que acumula frentes abiertos

El episodio no llega en el mejor momento para Rojo de la Vega. A mediados de febrero protagonizó un incidente ampliamente documentado en video en la avenida Ribera de San Cosme, donde confrontó a comerciantes informales vinculados a la diputada de Morena Diana Sánchez Barrios. Las imágenes mostraron a la alcaldesa increpando a los vendedores con lenguaje agresivo, en un zafarrancho que dejó tres colaboradoras de la alcaldía con fracturas y lesiones.

De igual manera el 16 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum desaprobó dicho operativo en su conferencia matutina, calificándolo como un “show” tras las agresiones reportadas, resaltando que ese tipo de gestión pública exige dialogo y acción institucional.

El patrón que preocupa a vecinos y opositores

Para los vecinos de la Cuauhtémoc, la disputa por el espacio público en la alcaldía no es nueva. Desde el año pasado exigen la liberación de calles y aceras, pero señalan que tanto organizaciones del comercio informal como autoridades locales instrumentalizan el tema para ganar simpatizantes políticos, sin resolver el problema de fondo.

Con este nuevo episodio del oficio tardío, la alcaldesa suma otro capítulo incómodo a una gestión que, pese a su perfil mediático y confrontacional, enfrenta cada vez más cuestionamientos sobre su manejo institucional.

El 20 de junio de 2025, el avión con matrícula PNC-042 habría salido de Valledupar transportando a familiares y amigos de una presunta funcionaria del Ministerio del Interior. Este hecho, según las primeras indagaciones, se habría producido con fines personales, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La entidad inició una indagación previa contra funcionarios para determinar la responsabilidad del Ministerio del Interior ante la sospecha de uso indebido de una aeronave de la Policía Nacional.

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La denuncia se centra en Juliana Andrea Guerrero, que, de acuerdo con la información recabada, habría utilizado un avión de la Policía para viajar junto a un familiar a Valledupar. La Procuraduría busca esclarecer si el vuelo realizado al día siguiente, el 20 de junio, desde la capital del Cesar, también involucró el traslado de allegados de Guerrero, utilizando la misma aeronave oficial.

Cabe recodar que la funcionaria había sido halagada por el presidente de la República, Gustavo Petro, en un Consejo de Ministros, señalando que era una mujer joven y rebelde.

Las pesquisas preliminares apuntan a que el desplazamiento no obedeció a razones institucionales, sino a intereses particulares. Por este motivo, la Procuraduría solicitó pruebas documentales que acrediten el cargo de la funcionaria, los motivos del vuelo, la tripulación, los pasajeros y la carga transportada. Esto con el fin de determinar si la funcionaria violó la ley colombiana, o, por el contrario, hay manera de justificar el viaje.

La investigación se mantiene abierta para determinar la responsabilidad de los funcionarios implicados y el alcance del posible uso irregular de recursos públicos.

“Identificación del vehículo aéreo. Nombre e identificación de la tripulación abordo (se deberá dar datos exactos de contacto de estas personas, teléfonos y dirección electrónicas). Nombre e identificación de los pasajeros, del vuelo del 19 de junio de 2025, Bogotá - Valledupar, como también los nombres e identificación de los pasajeros del vuelo de regreso del 20 de junio de 2025, Valledupar - Bogotá”.

Y agregó: “Informar si entre la Policía Nacional y ese Ministerio, existe algún convenio para el traslado aéreo de funcionarios del Ministerio del Interior, remitiendo copia de este convenio y copia de los documentos que acrediten la prestación de este servicio y los documentos de legalización del mismo”.

La influencia de la ‘nueva Laura Sarabia’ del Gobierno Petro

Juliana Guerrero Jiménez, pese a no tener la suficiente experiencia para ostentar cargos públicos y no tener sus estudios profesionales completados, se posicionó como una persona fundamental para el Gobierno nacional.

A sus 22 años ha ocupado al menos tres cargos simultáneos de alto nivel: jefatura de gabinete presidencial, asesora del Ministerio del Interior y encargada de la oficina de despacho de la Presidencia. Las funciones atribuidas a estos roles van desde coordinar agendas institucionales hasta influir en nombramientos claves.

Documentos conocidos por medios nacionales y divulgados por la revista Cambio dan cuenta de cómo, por ejemplo, el ministro Armando Benedetti delegó a Guerrero la representación oficial ante instancias del Fondo de Igualdad, ente que administra recursos superiores al billón de pesos.

“Juliana Guerrero asistirá en mi lugar y tendrá las facultades necesarias”, dice un correo remitido por Benedetti al entonces director del fondo, Ricardo Suárez; comunicación a la que tuvo acceso la revista citada.

La red de vínculos de Guerrero alcanza también al Ministerio de Igualdad, donde su cercanía con el entonces director del Fondo de Igualdad, Ricardo Suárez, es ampliamente documentada. Él fue directivo de la Universidad Popular del Cesar, acogió a las hermanas Guerrero en Bogotá y fue pieza clave en la designación de personal en esa cartera.

La funcionaria municipal del Ayuntamiento de Guadalajara Naomi Sofía Figueroa Álvarez confesó en una transmisión en vivo haber participado en el sacrificio de un perro durante un ritual de santería —religión orisha— “para quitar enemigos del camino”. “Tuve que hacer un sacrificio muy grande… le cortaron a un perro. Era para que me quitaran a mis enemigos del camino. Todos van a caer”, declaró ante decenas de espectadores, desatando indignación en redes sociales y la exigencia inmediata de sanciones.

Según documentos obtenidos por Grupo Reforma, Figueroa Álvarez figura como colaboradora especializada en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Fue contratada el 18 de marzo de 2025 con un salario bruto mensual de 18 mil 400 pesos, incluyendo apoyos de despensa y transporte.

La polémica se amplifica por el vínculo familiar de la servidora pública. Figueroa es hija de Susana Priscila Álvarez Hernández, exdirectora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), sancionada en 2019 por un viaje no autorizado y señalada en un presunto desfalco. Álvarez Hernández labora actualmente en el gobierno estatal con una percepción que supera los 50 mil pesos mensuales, reveló el mismo grupo editorial.

Exigencias y marco legal

Organizaciones como Animal Héroes y Proyecto S.O.S. demandan la separación inmediata de Figueroa y la apertura de una carpeta de investigación. El Código Penal del Estado de Jalisco castiga con seis meses a tres años de prisión y multas de 200 a 1,000 UMA a quien cause la muerte o lesiones graves a un animal. A su vez, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco prohíbe, en el artículo 17, causar la muerte sin causa justificada y, en el artículo 25 fracción XII, “usar animales para celebrar ritos o tradiciones en las que se afecte su bienestar”, sin excepciones religiosas.

Contradicción institucional

El objetivo principal de la dependencia donde labora Figueroa es “promover la convivencia, el respeto y el bienestar social” en las comunidades tapatías. Su confesión pública de crueldad animal confronta los principios de la institución y cuestiona la coherencia del Ayuntamiento al mantenerla en el cargo.

Activistas advierten que, de no haber acciones inmediatas, presentarán denuncias ante la Fiscalía del Estado y organizarán protestas para visibilizar el caso.

El incidente subraya la urgencia de reforzar políticas de bienestar animal y mecanismos de rendición de cuentas en el servicio público, especialmente cuando prácticas personales —alegando creencias religiosas— entran en conflicto directo con la ley y el interés colectivo.

El secretario general y letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos H. M-T, declarará este jueves, 14 de noviembre, en sede judicial en calidad de investigado como presunto autor de un delito de acoso laboral a una funcionaria, jefa del Servicio de Gestión Administrativa hasta que en mayo de 2022 fue apartada de dicho cometido y desde entonces sometida a actuaciones que, según ella, estaban dirigidas a buscar su humillación y aislamiento laboral.

La denuncia de los hechos ante la Fiscalía de Valladolid fue interpuesta por la funcionaria, estando ya de baja laboral psicológica como consecuencia de estos supuestos hechos, y la misma ha llevado a su máxima responsable, Soledad Martín Nájera, a ponerlos en manos de un juzgado de instrucción para que incoe las correspondientes diligencias por si fueran constitutivos de un delito de acoso laboral en el ámbito funcionarial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Una vez efectuado el reparto oportuno, las diligencias han recaído en el Juzgado de Instrucción número 4, que, entre otras medidas, ha acordado ya la declaración del denunciado, en calidad de investigado, este mismo jueves, 14 de noviembre.

La denunciante accedió al puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes a partir del nombramiento efectuado el 21 de mayo de 2018 por la Secretaría General del Parlamento autonómico, por la fórmula de adscripción provisional, y desde entonces había venido desempeñando funciones propias del cargo hasta mayo de 2022 en materia de contratación, personal y formación en dicha institución.

POR TELÉFONO Y CUANDO ESTABA DE VACACIONES

Fue a partir de finales del mes de mayo de ese año, al poco de que el nuevo secretario general tomase posesión de su cargo, cuando se revocó la adscripción provisional de la funcionaria como jefa del Servicio de Gestión Administrativa en una decisión que le fue comunicada por el ahora investigado vía telefónica y cuando ella se encontraba de vacaciones, momento a partir del cual, según recoge la denuncia, fue privada de todos los permisos informáticos, aplicaciones, accesos a unidades de red y certificados de firma electrónica, de forma que no pudo siquiera recibir la resolución de cese, de fecha 26 de mayo de 2022, que se le mandó por correo electrónico.

Es desde entonces cuando, como así sostiene la denunciante, todas las acciones adoptadas por el investigado no han tenido otra finalidad que humillarla, aislarla laboral y sociolaboralmente, a la vez que perjudicarla en su carrera profesional, realizando además actuaciones encaminadas a que el único puesto de trabajo que pueda obtener en las Cortes de Castilla y León carezca de funciones, se encuentre al margen de las tareas de administración y económicas y tenga un nivel y un salario inferior al que le corresponde y al del resto de sus compañeros del mismo cuerpo.

Por todos los medios, siempre según la denuncia, se trata de impedir que la funcionaria pueda acceder a puestos relacionados con la gestión administrativa, la contratación pública y también a la nueva Escala Económico Financiera, para lo que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se crean convocatorias que por sus requisitos impiden la participación de la denunciante, actos que considera una auténtica represalia.

La situación denunciada se habría producido presuntamente en un marco facilitado por el hecho de que las Cortes de Castilla y León carecen de protocolo alguno frente al acoso laboral, Inspección de Trabajo, representación sindical o cualquier otro órgano interno con funciones similares ante el que poder denunciar de forma interna los hechos narrados, ni tampoco se ha realizado actuación alguna para el establecimiento de los mecanismos obligatorios, según la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones.

El denunciado, en declaraciones a Europa Presss, ha rechazado cualquier implicación en los hechos y ha declinado entrar en más detalles. "Niego tajantemente las acusaciones, el tema está judicializado y me defenderé cuando y como corresponda en el proceso", se ha limitado a indicar Marcos H. M-T.

SENTENCIAS DEL TSJ FAVORABLES A LA DENUNCIANTE

La denunciante ya recurrió en su momento la revocación de su nombramiento por parte del investigado y logró que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en sentencia de fecha 22 de abril de 2024, anulara la misma por entender que, además de haberse dictado por órgano incompetente, sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin motivación y justificación alguna, "vulneró los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo".

Pero además, la introducción del requisito de dos años de experiencia en el seno de las Cortes de Castilla y León para lograr la conversión de la plaza de la funcionaria denunciante en una plaza de Cuerpo Técnico, Escala Económico- Financiera, todo ello en el marco de una modificación de la RPT, también fue anulada por el mismo tribunal, en sentencia de 20 de julio de 2023.

En este caso, la Sala constató que la parte demandada, "con su proceder (que hemos dicho supone una represalia ante la actuación previa de la actora), ha vulnerado su derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad".

La resolución añadía que con la exigencia de la experiencia (de dos años) en la propia Cámara, "que está desprovista de un criterio objetivo y razonable en el marco del art. 23.2 de la CE, ha igualmente lesionado su derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a la función pública (en lo que hace al desenvolvimiento de la carrera profesional), en relación con el artículo 14 de la CE".

Desde la representación legal de la funcionaria denunciante se apunta además que la citación como investigado del secretario general y letrado mayor supone una situación que la Mesa de las Cortes debería valorar, ya que el Estatuto del Personal prevé en su art. 54.2 la posibilidad de suspender provisionalmente a quien se encuentre sujeto a la tramitación de un procedimiento criminal.

La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente, durante la tramitación del procedimiento criminal o expediente disciplinario que se instruya, por la autoridad competente para ordenar la incoación del expediente, previo informe de la Junta de Personal.

Quito, 27 sep (EFE)- El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó este viernes de que anoche falleció la funcionaria de prisiones que resultó herida, la semana pasada, en un atentado por parte de sicarios en la capital ecuatoriana, Quito.

En un comunicado, el SNAI, la agencia penitenciaria del Estado, identificó como Katherine Lizbeth Mazón Moreta, a la funcionaria que el 19 de septiembre fue víctima de un ataque armado en Quito.

"A pesar de haber recibido atención médica y estar bajo un estricto cuidado especializado, su situación de salud se complicó", indicó.

Agregó que, en colaboración con la Policía y la Fiscalía se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos "y garantizar que se haga justicia".

La funcionaria era una de las dos víctimas del ataque ocurrido aproximadamente a las 7:10 hora local (12:10 GMT) en el sector El Trébol, de la capital ecuatoriana,.

El vehículo en el que se trasladaban fue interceptado por una motocicleta con dos hombres, uno de los cuales disparó repetidamente contra los dos ocupantes.

Información policial difundida el día del atentado señalaba que la funcionaria recibió un impacto de bala a la altura del cuello que, supuestamente, no puso en riesgo su vida, pero el hombre que la acompañaba recibió dos balazos en el tórax, por lo que tuvo que ser intervenido en quirófano.

El atentado se produjo menos de una semana después del asesinato de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la portuaria ciudad de Guayaquil (suroeste).

En total son al menos tres los directores de prisiones que han sido asesinados por el crimen organizado en este año en Ecuador.

En abril, durante la celebración de un referéndum convocado por el Gobierno para fortalecer la lucha contra las bandas criminales, fue asesinado el director de la cárcel de El Rodeo, de la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí, y a inicios de septiembre ocurrió lo mismo con el director de la prisión de Lago Agrio, en la amazónica provincia de Sucumbíos.

Pese a que las masacres carcelarias que se sucedían en los últimos años parecen haber terminado, los funcionarios de prisiones continúan siendo uno de los objetivos de las bandas criminales que, hasta inicios de este año, controlaban los recintos carcelarios.

La militarización de las prisiones ordenada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el marco del estado de excepción y "conflicto armado interno" declarado contra el crimen organizado, dio paso a unos meses de aparente estabilidad en las cárceles, más no en sus alrededores, especialmente en zonas donde operan determinadas bandas criminales. EFE